La oposición sigue mantieniendo la presión sobre el jefe de Gabinete, luego de que se conociera su declaración jurada y buscara justificar su patrimonio con la compra de Bitcoins, en una entrevista. El peronismo en el Senado presentó para interpelar de urgencia a Manuel Adorni.

En este contexto, presentó al ministro coordinador. El objetivo final del interbloque Popular del Senado, junto al bloque Justicia Social Federal, es claro: avanzar hacia una moción de censura, el mecanismo constitucional para remover al funcionario de su cargo.

El texto, que ingresó este viernes por Mesa de Entradas, lleva las firmas de referentes clave como José Mayans, Juliana di Tullio, Anabel Fernández Sagasti, Jorge Capitanich y Eduardo “Wado” de Pedro, entre otros.

Los senadores denuncian una profunda “gravedad institucional” debido a las inconsistencias patrimoniales e irregularidades detectadas en las presentaciones de Adorni ante la Oficina Anticorrupción (OA) y la Agencia de Regulación y Control Aduanero (ARCA).

Al tratarse de un proyecto de resolución, su debate es unicameral (se resuelve exclusivamente en el Senado). Tras hacer pública la iniciativa, el bloque conducido por Mayans lanzó un fuerte mensaje en la red social X para presionar al resto de los partidos: “Esperamos e instamos a que todas las bancadas que se dicen identificadas con la democracia, la institucionalidad, el republicanismo y la lucha contra la corrupción acompañen nuestro pedido”.

Denuncia penal: “Falsedad ideológica” y el “olvido” de las Cripto

En paralelo, la presión judicial llega desde la Cámara de Diputados. Los legisladores de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, presentaron una denuncia penal contra Adorni por “falsedad ideológica” y “omisión maliciosa” en sus declaraciones juradas de los períodos 2024 y 2025 (Art. 293 del Código Penal).

La denuncia solicita que, de comprobarse los delitos, el jefe de Gabinete sea condenado y se le aplique la inhabilitación expresa para ejercer cargos públicos.

Los puntos más polémicos del patrimonio de Adorni según la denuncia:

“Malabares” judiciales e impacto institucional

Para los denunciantes de la CC, el argumento del “error” no sostiene la defensa del funcionario. Ferraro y Frade aseguran que el dolo está configurado porque la falsedad sustrajo bienes del conocimiento público por los que debió tributar.

Además, señalaron que las rectificaciones no borran el delito y acusaron a Adorni de intentar una estrategia legal para evitar una causa por enriquecimiento ilícito: autoincriminarse como evasor (pagando las deudas fiscales pendientes) para intentar justificar que su patrimonio es previo a la función pública.

Finalmente, la denuncia penal advierte que el agravante es doble: por un lado, Adorni no es un empleado menor, sino el administrador general de la Nación; por el otro, acusan al funcionario de haber incurrido en falsedad también en su informe de gestión escrito y verbal presentado ante el Congreso el pasado 29 de abril, un documento que tiene carácter público y queda registrado en el Diario de Sesiones.

El peronismo atraviesa una de sus mayores crisis parlamentarias de los últimos años. Al menos tres senadores del bloque Convicción Federal dejarían el interbloque que lidera José Mayans, en un movimiento que expone las fisuras internas y que deja a Cristina Fernández de Kirchner sin capacidad de contener la ruptura.

Según confirmaron fuentes parlamentarias, los legisladores Guillermo Andrada (Catamarca), Carolina Moisés (Jujuy) y Sandra Mendoza (Tucumán) abandonarían el espacio que nuclea al peronismo en la Cámara alta. Los tres integran el bloque Convicción Federal, presidido por Fernando Salino, junto a Fernando Rejal, quienes en principio permanecerían dentro del esquema que conduce Mayans.

La decisión se formalizaría en las próximas horas, en la antesala de la sesión preparatoria del Senado en la que se votarán las autoridades del cuerpo. De concretarse, el Partido Justicialista quedaría con apenas 25 senadores, su representación más baja desde el retorno de la democracia en 1983.

Las diferencias no son nuevas, pero se profundizaron en las últimas semanas. Dentro del interbloque cuestionan la conducción de Mayans y su alineamiento con la agenda que baja desde el Instituto Patria. Con Cristina Kirchner al frente del PJ nacional, las intervenciones partidarias en distritos como Jujuy generaron resistencias.

En ese escenario, Moisés mantiene una fuerte disputa interna con el sector que responde a Máximo Kirchner, lo que tensó aún más su relación con el kirchnerismo duro. El malestar también se vincula con la falta de autonomía que reclaman sectores provinciales frente a la estrategia nacional del partido.

Gobernadores del Norte y nuevo mapa de alianzas

El posible alejamiento de los tres senadores no puede leerse sin el contexto político más amplio. Andrada, Mendoza y Moisés responden políticamente a los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Sáenz (Salta), respectivamente.

Los tres mandatarios del Norte mostraron en los últimos meses una postura dialoguista con la Casa Rosada y fueron clave para que el oficialismo avanzara con proyectos como la reforma laboral. Ese acercamiento al presidente Javier Milei reconfiguró el mapa de alianzas en el Congreso y debilitó la cohesión del bloque peronista.

La eventual salida de los senadores abriría la puerta a la conformación de un nuevo espacio con perfil más cercano al oficialismo, que podría incluir a otras figuras provinciales. De esta manera, La Libertad Avanza quedaría más cerca de alcanzar los dos tercios en el Senado junto a sus aliados del PRO y la UCR.

“Mirá, yo no me voy a endeudar para pagar gastos corrientes. $400.000 millones me deben estos tipos”, masculló un gobernador peronista mientras conversaba con uno de los emisarios de Cristina Fernández de Kirchner. La escena se repite, hace semanas, en distintos despachos provinciales: gobernadores que, cuando los cruzan por acompañar al Gobierno después de hacer campaña como opositores, se quejan de las cuentas en rojo. La conducción peronista lo sabe y, a una semana de que arranque el debate por las reformas de Javier Milei, predomina una estrategia: prolijidad en la ruptura y agenda propia.

Cristina tiene varios operadores que se encargan de dialogar con los gobernadores y jefes territoriales de las provincias. Por lo general son el jefe de bloque en el Senado, José Mayans, y “Wado” de Pedro, pero también dirigentes como Sergio Massa, Cecilia Moreau o el jefe de bloque en Diputados, Germán Martínez, funcionan como interlocutores. Y todos, de alguna manera u otra, coinciden en el mismo diagnóstico: es inevitable que Milei apruebe sus leyes con algún que otro voto peronista, pero el desafío es evitar que esas diferencias se cristalicen en una ruptura en el bloque. 

La partida del catamarqueño Raúl Jalil fue una advertencia. La conducción cristinista en el Congreso intentó matizarlo –afirman que el gobernador de Catamarca hace tiempo que cerró un acuerdo con Milei–, pero la fuga de los tres diputados catamarqueños resonó en el bloque como el preludio de una fractura largamente anunciada. 

Unidad, hasta marzo

La conducción cristinista en Diputados, que responde a la dupla Massa-Máximo Kirchner, acordó dos puntos con los peronistas díscolos de las provincias en la última reunión de bloque. Se ratificaría, por un lado, las autoridades en manos de Martínez, Moreau y Paula Penacca. Y, a cambio, se trabajaría en conformar una mesa federal de trabajo en donde incluir a diputados del interior que vienen reclamando hace tiempo mayor protagonismo en el bloque. 

La propuesta, sin embargo, apenas logró conseguir el objetivo real de la negociación: evitar nuevas rupturas hasta marzo. El compromiso al que intentó llegar Martínez fue que, durante el período de sesiones extraordinarias, el bloque peronista buscará mantenerse lo más unido posible frente a la avalancha de reformas de Milei. Unido, idealmente, en los votos. Pero unido, fundamentalmente, en la formalidad de un mismo bloque. 

“Está todo atado con alambres. Estamos pidiendo un cambio en la lógica de conducción del bloque, un lugar en la mesa de toma de decisiones, y nos ofrecen una mesa de diálogo”, se quejó una diputada peronista que encabeza, junto a los diputados de Ricardo Quintela y Gerardo Zamora, así como varios “sin tierra”, la rebelión interna por un cambio de conducción. 

Se hacen llamar los “federales”, y representan casi un tercio del bloque peronista. Al igual que los catamarqueños, vienen amagando con romper con el bloque hace años. Su reclamo, al igual que en el Senado, es por no poder formar parte de la toma de decisiones. Cuestionan que el cristinismo monopolice la estrategia, la agenda de proyectos y los cargos. Y advierten que, si no hay cambios, más de uno seguirá los pasos de Jalil en marzo. 

La semana pasada, este sector intentó impulsar al tucumano Pablo Yedlin como vice presidente del bloque. Un cargo que no existe, pero que permitiría tener una silla en la mesa chica. “Pero ni eso nos quisieron dar. Ni un caramelo de madera para calmar las tensiones. A este ritmo en marzo explota todo”, advierte uno de los “federales”.  

En el Senado se vive una situación similar. Allí, Mayans está intentando evitar que el catamarqueño Guillermo Andrada, el puntano Fernando Salino y la jujeña Carolina Moises rompan con el bloque peronista. Los díscolos le recriminan que Mayans no ofrece ni lugares ni cargos ni influencia, y amagan con diferenciarse en las próximas semanas.

El formoseño, sin embargo, sí logró contener a Zamora, el ex gobernador de Santiago del Estero, que había armado su propio espacio para diferenciarse de José Neder, el senador peronista que asumió por la minoría en la provincia. Un triunfo, ya que Zamora es un referente para los caciques del Norte que se resisten a la conducción de CFK. Eso sí: su permanencia en el interbloque no es garantía de que no vaya a jugar con el Gobierno. 

A unos días de que comiencen las sesiones extraordinarias, una cosa es segura: nadie puede garantizar que habrá uniformidad en el voto peronista.

Prolijidad en la ruptura

En los bloques peronistas admiten, puertas adentro, que será imposible adoptar una postura de oposición dura 100% homogénea. Hay iniciativas, como la reforma de la ley de Glaciares, que apelan al voto de muchos peronistas. El objetivo, en estos casos, será ordenar el debate de manera que, una votación diferenciada, no derive en una ruptura del bloque. Y ofrecer, a su vez, una propuesta propia con la que disputar la agenda mileísta.

Algunos temas, sin embargo, no serán fáciles. El proyecto de la reforma laboral, cuyo borrador se dio a conocer en los últimos días, tiene al peronismo en estado de alerta y movilización. Ya hay diálogo con la CGT y más de un dirigente sindical advierte que, de avanzar el Gobierno con el proyecto que se dio a conocer -que plantea, entre otras cosas, la ampliación de la jornada laboral, la limitación del derecho a huelga y modificaciones en el esquema de indemnizaciones y vacaciones- podría llevarse a cabo un plan de lucha.

En el PJ se están trabajando dos contrapropuestas. Por un lado, una propuesta de modernización laboral que incluye ampliación de las licencias por paternidad, reducción de la jornada de trabajo y una ley de cuidados para los trabajadores de plataformas digitales. Por el otro, una propuesta de reforma tributaria, que incluye rebajas impositivas para Pymes. 

El objetivo, explican cerca de CFK, es mantener una agenda propositiva, de manera de no quedar relegados a una actitud defensiva cuando comience el debate. Sin embargo, hay un motivo por el cual los borradores todavía no vieron la luz: el peronismo no logra ponerse de acuerdo en algunos puntos clave. Y más de uno teme que, para cuando el recinto abra, se exponga, una vez más, la eterna espiral de la interna peronista.

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“Te empiezan a respetar cuando tenés capacidad de daño. Si delante tenés a dos bebés y uno está llorando, ¿a quién levantás?”, deslizó uno de los emisarios del gobernador catamarqueño, Raúl Jalil, unas horas antes de dinamitar la sesión opositora que el titular de la bancada peronista, José Mayans, estaba preparando para el jueves. No hubo manera: la rebelión de los gobernadores llegó a su punto de mayor tensión y el peronismo ya no logra moverse como un todo en el Congreso. La ruptura está a la vuelta de la esquina y, tras largas jornadas de negociaciones subterráneas, más de un cristinista empezó a gritar: “Que se vayan”.  

Mayans viene queriendo impulsar una última sesión con la vieja composición del Senado hace un par de semanas. La excusa era darle sanción a la reforma de la ley de DNU, que limita la facultad del presidente a emitir decretos sin control del Congreso, pero el objetivo real era otro: darle un último tortazo al Gobierno antes de que comenzara la era del oficialismo en la Cámara alta. 

El jefe del peronismo en el Senado especulaba con poder sumar el apoyo de varios senadores díscolos que están por abandonar el Congreso -como Pablo Blanco, Guadalupe Tagliaferri o Martín Lousteau- e, incluso, con el de la propia Victoria Villarruel. El formoseño tiene algo que Villarruel necesita y no duda en recordárselo cada vez que se ven: el número para designar al secretario administrativo del Senado. El lugar quedó vacante hace medio año, luego de que Emilio Viramonte Olmos pegara el portazo furioso con Villarruel, y la vice lo quiere para sí. 

Villarruel necesita de Mayans, con quien sabe que tiene mayores chances de negociar que con su propio espacio. Especialmente luego de que Patricia Bullrich desembarque oficialmente y pretenda, como aventuran en el bloque libertario, hacerse con todos los lugares del Senado. En el Gobierno lo saben, y es por eso que están intentando negociar con la vice vía Ezequiel Atauche, quien fue desplazado por Bullrich de la jefatura del bloque y está a la espera de que la ministra cometa su primera equivocación. 

Atauche busca convencer a Villarruel de que se puede votar al secretario administrativo en la sesión del 28 de noviembre cuando juren los senadores electos. Será la misma sesión en la que el peronismo buscará impugnar la jura de la rionegrina Lorena Villaverde, denunciada por tener vínculos con “Fred” Machado, y en la que La Libertad Avanza buscará cobrarse su venganza haciendo lo mismo con el chaqueño Jorge Capitanich y el rionegrino Martín Soria. Una guerra campal que el peronismo no sabe, aún, cómo terminará.

Capitanich está furioso con Soria, que fue el impulsor de la estrategia de impugnar a Villaverde (con quien compitió en las elecciones), y con Mayans por cómo terminó saliendo el plan de querer echar a la senadora libertaria. Llamó por teléfono a un senador peronista y, a los gritos, se quejó de que podría quedar afuera del Senado por culpa de una estrategia mal diseñada. 

Rebelión de gobernadores

El problema de Mayans, sin embargo, comenzó cuando se dio cuenta de que los que no estaban confirmados para la sesión del jueves no eran los radicales, sino los propios peronistas. La rebelión surge dentro del corazón mismo del interbloque de Unión por la Patria, por parte de cuatro senadores que rompieron a principio de año para armar su propio bloque. Son el puntano Fernando Salino, el catamarqueño Guillermo Andrada, la jujeña Carolina Moisés y el riojano Fernando Rejal. 

El enojo de los cuatro senadores es de larga data y siempre por el mismo motivo: la resistencia a la conducción de Cristina Fernández de Kirchner. Ya en junio se habían distanciado del bloque que conducía Mayans, aunque no habían roto con el interbloque. Tras la derrota electoral de Fuerza Patria, sin embargo, el escenario cambió. 

El principal impulsor de la ruptura es el gobernador de Catamarca, Jalil, quien ya adelantó que acompañará las reformas de Javier Milei. El catamarqueño viene amenazando con llevarse a sus diputados y a su senador de los bloques peronistas con el objetivo de armar un gran interbloque con otros gobernadores. El salteño Gustavo Sáenz es otro de los impulsores de este armado, y viene manteniendo conversaciones con el misionero Hugo Passalqcua y el santiagueño Gerardo Zamora.

La principal operadora de Jalil en el Senado es la jujeña Moisés, quien dialoga seguido con la salteña Flavia Royón, la senadora electa que responde a Saénz. Moisés está furiosa con la conducción cristinista, a quien acusa de haber sido responsable de la ruptura y derrota del peronismo en Jujuy. La provincia está intervenida desde los tiempos del Frente de Todos, y la jujeña acusa a La Cámpora de haber querido expulsar a su padre, el referente peronista Julio Moisés, del PJ.

Los senadores díscolos habían sido invitados a la reunión del consejo del PJ que había organizado Mayans el martes -la primera desde la derrota-, pero no fue ninguno. Un gesto en el marco de la interna. Al finalizar la cumbre, sin embargo, Mayans anunció que se unificaría el interbloque de UxP y que pasaría a llamarse bloque “Justicialista”. Se refería a los dos bloques kirchneristas - Unidad Ciudadana y Frente Nacional y Popular- que se habían dividido artificialmente hace unos años solo con el objetivo de conseguir una silla más en el Consejo de la Magistratura.

El anuncio cayó pésimo en Convicción Federal, que lo tomó como una afrenta personal. “Siguen declarando 'unidad' sin convocar a nadie. Siguen imponiendo sin consensuar ni una idea”, se quejó Moisés, a través de sus redes sociales. Como respuesta, 24 horas después, el bloque decidió retacearle el quórum a Mayans: no los habían convocado, no se habían sentado a negociar, entonces no habría sesión.

En el kirchnerismo, sin embargo, denuncian que el motivo de la rebelión es por lugares. Acusan a Convicción de querer una silla en la Auditoría General de la Nación (AGN) y que por eso presionan con romper. “Se quejan de la conducción de Cristina pero no les molestó cuando esa conducción los puso como candidatos. ¿Son solo 4 y quieren un lugar en la AGN?”, se quejó una senadora cercana a la ex presidenta.

La línea de CFK es sostener la unidad de los bloques, por lo que Mayans continúa trabajando para llegar a un acuerdo. Pero día a día cada vez hay más senadores cristinistas que observan irritados las maniobras de Jalil y Moisés y mascullan: “Que se rompa y blanqueamos de una vez dónde está parado cada uno”.

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Lorena Villaverde está en problemas, y no hay un alma en la bancada libertaria del Senado que no lo sepa. La referente de La Libertad Avanza en Río Negro está siendo investigada por un supuesto vínculo con “Fred” Machado, el empresario extraditado a Estados Unidos por narcotráfico, y su desembarco en el Senado es una incógnita. El peronismo está decidido a evitar que asuma como senadora, y está a la caza de los votos que le faltan, en el radicalismo y el PRO, para impugnar su jura. Y en LLA creen que podrán ser exitosos. 

El objetivo del jefe de la bancada peronista, José Mayans, es impugnar la asunción de Villaverde el 28 de noviembre, que es cuando se llevará a cabo la jura de todos los senadores electos. Para lograrlo necesitará hacerse de una mayoría del Senado: un número que, tras el recambio legislativo, no será tan sencillo de conseguir. En el interbloque de Unión por la Patria ya empezaron a hacer cuentas. 

El peronismo contará con 28 senadores propios que, pese a las diferencias internas y el fantasma de una ruptura, votarán todos en contra de la asunción de Villaverde. LLA, mientras tanto, tendrá un total de 20 senadores (aunque Villaverde no podrá votar su “título” en el momento de la jura). El resultado de la votación, por lo tanto, se definirá entre los 24 senadores restantes, cuyo acompañamiento o abstención definirá el futuro de Villaverde.

El objetivo del peronismo es conseguir el apoyo de senadores radicales y del PRO que, según deslizan en UxP, “no quieren saber nada con que asuma”. El motivo es la acusación que pesa sobre Villaverde sobre sus vínculos con “Fred” Machado a través de Claudio Ciccarelli, primo del empresario acusado por lavado de dinero y narcotráfico en Estados Unidos y pareja, según denunció Martín Soria, de la propia Villaverde. 

Villaverde, además, fue acusada por la venta irregular de un terreno en Las Grutas y por la toma de un préstamo irregular de 295 mil dólares del Banco Nación. Ya en 2002 había sido detenida, en Estados Unidos, por llevar casi medio kilo de cocaína: una noticia que Villaverde intentó desmentir, dos semanas antes de las elecciones, publicando un video que la mostraba haciendose una rinoscopia. 

El caso de Villaverde explotó poco después de que José Luis Espert, primer señalado por su vínculo con Machado a raíz de una investigación periodística de elDiarioAR, cayera en desgracia. El Gobierno analizó bajar la candidatura de Villaverde, por temor a que las acusaciones tiraran abajo la lista en una provincia clave, pero finalmente la terminaron ratificando como cabeza de lista. Una decisión que les terminó jugando en contra porque, el 26 de octubre, el corte de boleta en contra de Villaverde fue fatal. 

En las elecciones, Villaverde perdió por sólo 3 mil votos contra Martín Soria, el candidato de Fuerza Patria y su principal denunciante. Soria fue, como Villaverde, diputado nacional durante los últimos dos años y dedicó varios de sus discursos a denunciar a la libertaria por “narco”. Por el contrario, el candidato a diputado de LLA, Anibal Tortoriello, salió primero y le ganó al candidato del peronismo por más de 15 mil votos. 

Todos estos temas explotarán el próximo 28 de noviembre en el recinto, pero habrá también una instancia previa en la comisión de Asuntos Constitucionales. Antes de llevarlo al recinto, el peronismo buscará emitir un dictamen de rechazo contra Villaverde en la comisión que es presidida, hasta la próxima semana, por la cordobesa Alejandra Vigo. 

Ahí sí el peronismo espera tener una mayoría, ya que pone en juego la vieja composición -que le es más favorable- y espera poder conseguir las firmas de algunos senadores díscolos que abandonarán el recinto en diciembre, como la larretista Guadalupe Tagliaferri y el radical Pablo Blanco. Tienen una semana para convencerlos.

Los antecedentes

El último antecedente de un legislador nacional electo que no pudo asumir fue el de Luis Patti. El ex subcomisario de la Policía Bonaerense, condenado luego a prisión perpetua por la tortura y asesinato de un ex diputado peronista durante la última dictadura militar, había sido electo diputado nacional en 2005. El día de la jura, sin embargo, el kirchnerismo impugnó su asunción. Juntó los votos del radicalismo y el ARI, que lideraba Elisa Carrió, y boicoteó su posibilidad de asumir como diputado nacional. 

Seis años antes, la Cámara de Diputados hizo lo mismo con Antonio Bussi, gobernador de facto de Tucumán durante la dictadura y también condenado a perpetua por delitos de lesa humanidad.

El caso de Villaverde, sin embargo, es distinto. No solo por el cariz de los delitos que se le imputan, sino porque no existe aún ninguna causa en curso. Solo una denuncia que está radicada en Comodoro Py. “No hay ninguna cuestión que sea motivo de impugnación. La senadora electa no tiene ningún impedimento legal para asumir”, argumentan en el entorno de Villaverde.

En su bloque, sin embargo, están preocupados. Más de un senador libertario desliza, por lo bajo, que existe la posibilidad de que Villaverde no pueda asumir. Será uno de los primeros desafíos que Patricia Bullrich deberá asumir apenas desembarque en el Senado: antes de asegurarse aliados para que acompañen las reformas de Javier Milei, la flamante jefa del bloque libertario deberá asegurarse que, el día de la jura, no termine en un escándalo.

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Apenas nueve cuadras separan el Congreso de la sede nacional del Partido Justicialista, un trayecto corto que José Mayans recorre casi a diario. El jefe de la bancada peronista en el Senado se convirtió, desde las elecciones de octubre, en el brazo operativo de Cristina Fernández de Kirchner en el PJ. Organiza reuniones, habilita internas y recibe senadores. Trabaja, tras la derrota, en evitar que los pases de factura internos terminen dinamitando la unidad del panperonismo en el Congreso. 

No es una tarea fácil. El peronismo perdió en 6 de las 8 provincias que elegían senadores -en algunas, incluso, no llegó ni a meter un solo senador- y descendió a su piso histórico en el Senado desde el regreso de la democracia. A partir de diciembre solo tendrá 28 senadores, un número muy lejos del quórum de 37, y se verá obligado a reorganizar su estrategia para hacer frente a la segunda etapa del gobierno de Javier Milei.

El Senado no será ya un dominio exclusivo de Mayans, quien aprendió a tejer un buen vínculo con Victoria Villarruel y logró hacerse del control de la Cámara Alta durante los dos primeros años de gestión libertaria. Karina Milei decidió intervenir en el Senado y, con la ayuda de Patricia Bullrich, buscará lavarle la cara al oficialismo. Tienen 20 senadores libertarios que, comandados por Bullrich, buscarán diseñar una nueva hegemonía en el Senado con ayuda del PRO, los gobernadores y la bancada radical. 

La ministra de Seguridad ya se puso en campaña. Oficiando ya como la nueva jefa de bloque oficialista, Bullrich dedicó la última semana a encabezar reuniones con aliados. El objetivo es intervenirle el Senado a Villarruel y aceitar el vínculo con la Casa Rosada, de modo de llegar al inicio de sesiones extraordinarias, que es cuando Milei quiere aprobar el Presupuesto, con un panorama más amigable para el oficialismo. Este miércoles organizará, en el Senado, una gran cumbre con representantes de todos los bloques opositores.  

Afuera quedarán Villarruel, que quedó aislada y sin aliados, y el peronismo. Bullrich no tiene planeado organizar, de momento, ningún encuentro ni con la presidenta del Senado ni con la troika kirchnerista que lidera Unión por la Patria en el Senado. Es decir: Mayans y las espadas cristinistas Juliana Di Tullio y Anabel Fernández Sagasti. Su prioridad, antes que nada, es juntar unas 37 voluntades para quitarle al peronismo el control del Senado.

El peronismo, sin embargo, no se queda quieto frente a los movimientos de Bullrich. Buscará intervenir, no solo en la lucha por el control del Senado, sino también en la propia interna libertaria. La primera línea de UxP mantiene un diálogo abierto con el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, quien quiere continuar teniendo un lugar en la línea sucesoria. Karina, en cambio, quiere reemplazar al puntano por la neuquina Nadia Márquez. Por eso, Abdala no escatima en buscar aliados en otros bloques y se le arrima a Mayans, a la espera de poder sumar el apoyo del peronismo. 

La pelea con CFK y la amenaza de la ruptura

Antes que ponerse a jugar con la relación de fuerzas del Senado, Mayans tiene otro desafío: ordenar el frente interno. La derrota reavivó la interna peronista, que en el Senado excede la novela bonaerense entre La Cámpora y Axel Kicillof. En el Senado, como en el PJ, la discusión es más vieja. Y apunta, como hace años, a la tensión de los peronismos provinciales con la conducción de CFK.

Estas diferencias ya se tradujeron en una ruptura el año pasado, cuando la jujeña Carolina Moisés, el catamarqueño Guillermo Andrada, el puntano Fernando Salino y el riojano Jesús Rejal abandonaron el bloque que presidía Mayans para armar “Convicción Federal”. La ruptura, sin embargo, fue a medidas, ya que los cuatro senadores continuaron integrando el interbloque de Unión por la Patria. Ninguno abandonó el paraguas oficial del peronismo, solo se corrieron unos centímetros de la conducción cristinista.

Ahora, tras la derrota, el escenario cambió. Los senadores peronistas mantienen conversaciones con otros senadores que integran oficialismos provinciales y buscan espacios que le permitan negociar con el Gobierno con mayor flexibilidad. Una de las conversaciones, por ejemplo, es con la salteña Flavia Royón, que responde al gobernador Gustavo Sáenz. Royón, a su vez, mantiene conversaciones con los misioneros de Carlos Rovira y los santiagueños de Gerardo Zamora. 

Mayans percibe estos diálogos y, como mediador del cristinismo duro y los gobernadores, interviene para evitar una fractura. Y lo hace desde el PJ, en donde el formoseño se mueve como presidente del partido de facto (ya que CFK, que es la verdadera presidenta del PJ, está con prisión domiciliaria y no puede encabezar las actividades oficiales del partido).

Una de las maniobras fue, por ejemplo, habilitar la interna del partido en Jujuy y evitar la expulsión de Moisés que impulsaba la camporista Leila Chaher. La provincia se encuentra intervenida desde 2023 por orden de CFK y Moisés acusa a la ex presidenta del PJ de haber llevado al peronismo a la ruptura y, así, al fracaso electoral del 26 de octubre. Mayans tuvo que intervenir a las apuradas porque, de haber prosperado la avanzada de La Cámpora en la provincia, Moisés hubiera roto con UxP en el Senado.

La jugada del formoseño sirvió para apagar un fuego que, sin embargo, amenaza con propagarse. Los gobernadores peronistas y los referentes provinciales no kirchneristas reclamaban una agenda federal, menos centrada en la agenda cristinista y más atenta a las necesidades de las provincias. Reclaman, a su vez, flexibilidad para conversar con el Gobierno.

“Acá todavía tenemos que ver qué vamos a hacer. Porque si la postura del partido va a ser todo el tiempo ‘Cristina libre’ vamos a ser muchos los legisladores que no vamos a ir”, advierte un senador peronista, que dialoga con senadores de otros espacios. Está a la espera, como muchos, de una charla real sobre el futuro de la bancada peronista tras la derrota. Una reunión que Mayans espera organizar la semana próxima, antes de intentar sesionar por última vez con la composición actual para sancionar la reforma de la ley de DNU.

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El jefe de la bancada peronista del Senado, José Mayans, pidió este jueves el juicio político para la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por la denuncia que realizó su cartera en la Justicia Federal en la que solicitaron allanamientos a periodistas y el cese de la difusión de los audios. 

“¿Hasta cuándo vamos a permitir que el semejante grado deterioro constitucional? Instamos a la Cámara de Diputados a acusar ante el Senado a la ministra Bullrich”, dijo Mayans en referencia a la denuncia que efectuó Fernando Soto en Comodoro Py, funcionario de Bullrich. 

Además, Mayans pidió por una interpelación para la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei: “Que venga a explicar acá qué pasó con esta denuncia hecha por una persona de alto rango en su propio Gabinete. Esperemos realmente que no termine esto en palabras, esto tiene que ir hasta las últimas consecuencias”. 

“Hay que ponerle un remedio a esto, porque no podemos estar mirando a otro lado. Tenemos que hablar con nuestros representantes en Diputados y acá. La Cámara de Diputados tiene que acusar ante el Senado a la ministra (Patricia) Bullrich por este disparatado acto y, además, por falsa denuncia, poniendo en alerta todo el sistema de seguridad nacional”, dijo el senador.

Además, también pidió la presencia de Eduardo “Lule” Menem para que brinde explicaciones, dado que fue denunciado por quien era el más alto mando de la ANDIS: “Esto tiene que ir hasta las últimas consecuencias”, axigió.

El senador advirtió que el accionar de los apuntados requiere la “complicidad” de la Justicia, y recordó que “una compañera que hoy está detenida (en referencia a Cristina Kirchner) eliminó la figura del desacato, por eso esos periodistas están libres”.

Asimismo, Mayans vinculó la situación actual con el caso Watergate, y recordó que Richard Nixon “lo negó hasta que aparecieron las cintas. Me acuerdo cómo se despidió, yéndose en helicóptero, porque le mintió al pueblo norteamericano. Si algo ha hecho este Gobierno es mentirle al pueblo argentino”.

Con información de agencias.

IG

Este jueves, el Congreso buscará ejecutar la máxima demostración de fuerza frente al gobierno de Javier Milei: le volteará, con una mayoría tajante, el veto a la emergencia en Discapacidad. Mientras los audios de las coimas de Diego Spagnuolo continúan salpicando a Karina Milei, el Senado aprovechará el contexto para insistir en la ley que, de ratificarse, obligará al Ejecutivo a actualizar las prestaciones por discapacidad. Y ya no habrá vuelta atrás: si la oposición consigue los dos tercios, Milei no tendrá otra que abrir la billetera.

El jefe del interbloque peronista, José Mayans, viene trabajando en conseguir los dos tercios desde hace una semana. Los senadores de Unión por la Patria ya están avisados: este miércoles tendrán que estar todos en el Senado para participar de la reunión de bloque y asegurarse, así, que no habrá sorpresas el jueves cuando comience la sesión. Mayans no está solo: mantiene un diálogo fluído con los senadores del radicalismo y el PRO díscolo, que hace ya varios meses decidieron soltarle la mano al Gobierno.

Cuando la ley fue sancionada originalmente en julio, la oposición consiguió 55 votos a favor. Es decir, superó ampliamente los dos tercios necesarios para voltear el veto. Y Mayans, así como el resto de sus aliados, está confiado en que podrá replicar el número. Incluso ampliarlo. “Lo del 3% terminó el relato”, zanjó el senador formoseño, que está decidido a aprovechar la debilidad política y legislativa del Gobierno.

Empezará con la insistencia en la emergencia en discapacidad, pero continuará con los futuros vetos de las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica en el Garrahan (que Milei pretende vetar la semana próxima). Pero no solo eso: el próximo jueves, la oposición planea quitarle otra herramienta a Milei: la de legislar vía decreto sin aval del Congreso.

El objetivo es modificar la ley 26.122 que sancionó Cristina Fernández de Kirchner en 2006 y que reglamenta los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). Hoy en día, los DNU tienen vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial y, si bien deben ser aprobados por una cámara del Congreso para tener el peso de una ley, lo habitual es que nunca se traten y funcionen ad eternum. El proyecto de la oposición, sin embargo, pretende quitarle esta herramienta al Ejecutivo.

Lo hace introduciendo dos cambios. Por un lado, fija un plazo de 90 días para que el DNU deba tratarse en el Congreso y establece que, de no aprobarse, perderá vigencia de manera automática. Por el otro, establece que bastará el rechazo de una cámara para que el DNU sea volteado (y no de las dos cámaras, como establece hoy la ley).

El peronismo buscará, además, convencer a los aliados para interpelar a Karina Milei por el escándalo de las coimas con la droguería Suizo Argentino. Hay un proyecto presentado del salteño Sergio “Oso” Leavy y se necesitarán dos tercios del recinto para aprobarlo, ya que no tiene dictamen. Un número que la oposición viene exhibiendo, con relativa facilidad, en las últimas sesiones.

El Gobierno, en retirada

En Casa Rosada, mientras tanto, predomina la resignación. Sobrepasado por un escándalo de corrupción que no logra controlar, el Gobierno observa que se quedó sin herramientas para evitar que el Senado voltee el primer veto de la era Milei. Algunos funcionarios y aliados del Gobierno lo anticipaban hace un mes, cuando intentaron convencer a Milei de que vetara parcialmente la ley o que, al menos, ofreciera algún tipo de compensación.

En mayo, cuando Diputados estaba por aprobar por primera vez la emergencia en Discapacidad, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, visitó el despacho de Martín Menem para analizar alternativas. Se planteó un plan que actualizara solo el nomenclador de las prestaciones, tal como le venían pidiendo algunos aliados que no querían quedar atrapados votando en contra de uno de los sectores más vulnerables de la sociedad. Milei, sin embargo, se negó.

Finalmente, los aliados se quedaron con nada: solo un tuit del vocero Manuel Adorni que prometía “considerar” un aumento de las prestaciones. Fracasado el plan, el Gobierno dedicó todos sus esfuerzos en blindar el veto al aumento a los jubilados: el tema discapacidad estaba perdido.

Villarruel toma distancia

Victoria Villarruel tampoco puede hacer nada para evitar la sesión opositora. La vice presidenta perdió el control del Senado cuando la oposición demostró que podía conseguir con facilidad el quórum de 37 bancas para abrir una sesión ordinaria todos los jueves. El jueves 4 de septiembre no será una excepción, y la vice ya mantuvo conversaciones con Mayans para organizar una reunión de labor parlamentaria el miércoles y ordenar el temario.

Villarruel se sabe el eslabón débil de La Libertad Avanza en el Senado, y quiere evitar una denuncia por mal desempeño de las funciones. Está decidida a sostener una imagen de institucionalidad, aún cuando el resto del Gobierno se deshace en rencillas internas. Rencillas que, muchas veces, la tienen a ella como principal adversaria.

La semana pasado, incluso, el Gobierno amagó con intentar responsabilizar a la vice por la filtración de los audios de Spagnuolo. Guillermo Francos llegó a afirmar que había sido Villarruel quien había acercado a Spagnuolo a Milei, pero tuvo que desdecirse a las pocas horas: la vice lo llamó por teléfono furiosa y le recriminó que aquel dato era falso. No había sido ella, había sido José Luis Espert.

Tras aquel cruce, Villarruel definió bajar el perfil. Asesorada por “Pato” Russo y Claudia Rucci, la vice viene coqueteando con construir un perfil político escindido de LLA con miras a 2027. Las recorridas por las provincias, como Catamarca o Chubut, así como su diferenciación del Gobierno en temas sociales sensibles, como el aumento a los jubilados, son la antesala de un proyecto político con vuelo propio. Pero con una salvedad: Villarruel no pretende, de momento, romper con Milei ni dejar trunca la institucionalidad de la presidencia del Senado.

Una actitud que se replica con el escándalo de las coimas. “Villarruel no va a hablar por respeto a la institucionalidad y al presidente. Es la Justicia la que tiene que actuar”, se limitaron a responder, en modo automático, desde la oficina de la vice, que ya ha cambiado dos veces su equipo de comunicación en el último año.

Villarruel no obstaculizará la presidencia de Milei, insisten en su entorno. Pero tampoco hará grandes esfuerzos para evitar las derrotas en el Senado.

MC/MG

El Gobierno no tiene un respiro de la topadora opositora en el Congreso. Menos de 24 horas después de que la Cámara de Diputados le volteó el veto a la emergencia en discapacidad, el Senado avanzó con cinco derrotas consecutivas que atacan directamente el corazón de la pulsión desreguladora de Federico Sturzenegger: el rechazo definitivo de un conjunto de decretos que modifican la estructura del INTA, el INTI, el Banco Nación de Datos Genéticos, el Instituto Nacional del Teatro, entre otros.

Mientras la oposición avanzaba con la emergencia en discapacidad y la reactivación de la comisión $LIBRA, del otro lado de Pasos Perdidos, en el Senado, el peronismo preparaba su propia embestida. Victoria Villarruel no pudo evitarlo: el jefe de la bancada peronista, José Mayans, contaba con el número para volver a forzar la autoconvocatoria de una sesión, así que la terminó habilitando. Sabedora de que, al día siguiente, cuando sonara la chicharra, la oposición podría asestarle 7 nuevas derrotas legislativas al Ejecutivo.

El resultado terminó saliendo 5 a 0, a lo que sumó después la aprobación de una actualización del financiamiento universitariouna y se prepara también para sancionar la emergencia en el Hospital Garrahan. Mientras afuera del Congreso, los trabajadores del INTA, el INTI y Vialidad festejaban, y un amenazador operativo de Seguridad comenzaba a copar las calles, el Gobierno observaba como el Senado le volvía a asestar un tortazo legislativo.

Y, esta vez, a diferencia de lo que sucede con las leyes opositoras, Milei no podrá vetar la derogación de los decretos. No hay vuelta atrás.

Los decretos desreguladores, afuera

Eran cinco decretos publicados en el Boletín Oficial que apuntaban a desregular y vaciar distintas dependencias del Estado. La oposición logró juntar una sesentena de votos entre el peronismo, el radicalismo y las fuerzas provinciales. Una mayoría opositora tajante, inapelable, que decidió aunarse alrededor de una suerte de arrepentimiento colectivo frente a la decisión de haberle cedido a Milei las facultades delegadas en la Ley Bases.

El Gobierno se quedó con muy pocos aliados: solo votaron a favor de los decretos los libertarios y un puñado de senadores del PRO, como Martín Goerling Lara, Carmen Álvarez Rivero o Victoria Huala.

Con distintos tonos, los senadores de la oposición le enviaron un mensaje a Milei: el Estado podía mejorar, pero no se lo podía eliminar. Esta premisa se repitió con insistencia frente a dos decretos desreguladores: el 461/25, que disolvió Vialidad Nacional, y el 462/25, que reestructuró el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). El del INTA se rechazó con 60 votos en contra, 9 a favor y 2 abstenciones (de Juan Carlos Romero y de Carolina Losada).

“El INTI es el organismo que garantiza la certificación de calidad y seguridad de todos los productos en la Argentina. ¿Saben quién certifica que los chalecos antibalas de los policías funcionen? El INTI. ¿Saben quién garantiza que lo que cargamos de nafta en el surtidor sea lo que nos van a cobrar? El INTI. ¿Saben quién garantiza que las piezas de una estufa que prendemos en nuestras casas sean seguras? El INTI”, detalló la larretista Guadalupe Tagliaferri, que este año vence mandato.

Hubo, además, muchos cuestionamientos a la decisión del Gobierno de disolver Vialidad Nacional, incluso de parte de senadores anti kirchneristas que aprovecharon para denunciar la “corrupción K”. El decreto se rechazó con 60 votos en contra, 10 a favor y una abstención.

“Vialidad cumple una enorme función pero la política usó a Vialidad como el centro operativo de la corrupción, por el cual está presa la ex presidenta. Pero por eso no vamos a castigar al organismo. Salgamos de los extremos. La función de los organismos del estado es funcionar”, afirmó el salteño Juan Carlos Romero, aliado del Gobierno que, sin embargo, definió abstenerse en la votación.

Un coterráneo suyo, el peronista “Oso” Leavy, aprovechó para denunciar el estado de las rutas nacionales. “En cualquier rincón de la Argentina tenemos problemas. Hay pozos, falta de señalización, falta de mantenimiento de banquinas. Cada vez que un argentino sale a una ruta pone en riesgo su vida. Por supuesto que había problemas antes. Pero destruir Vialidad es como decir ‘tenemos un problema de hambre en la Argentina entonces cerremos los comedores’”, cuestionó Leavy, que renueva mandato este año, pero quedó por fuera de la boleta que Cristina Fernández de Kirchner acordó con Juan Manuel Urtubey.

El decreto 351/25, que desmanteló el Banco Nacional de Datos Genéticos, fue rechazado con 58 votos en contra, 12 a favor y una abstención. El decreto había sido duramente cuestionado por los organismos de derechos humanos, quienes denuncian que el objetivo era desfinanciar el organismo encargado de encontrar a los nietos y nietas robados durante la última dictadura militar.

“Van a ajustar a un ícono a nivel nacional e internacional que tiene un gasto de funcionamiento de 37 personas. Y esto tiene que ver no con el verso del ajuste, sino con volver a una Argentina de la impunidad”, manifestó el senador camporista “Wado” de Pedro, quien es hijo de desaparecidos.

El decreto 345/25 había reestructurado y vaciado un conjunto de institutos culturales, como el Instituto Nacional del Teatro (INT) y el Instituto Nacional de la Música (INM) o la Comisión Nacional de Monumentos. Fue rechazado con 57 votos en contra, 13 a favor y una abstención.

“La quita de funciones no tiene nada que ver con achicar el Estado. El INT no depende del Tesoro Nacional, es un ente autárquico que tiene financiamiento propio y representa en términos presupuestarios apenas un 0,01% mientras que le agrega al valor agregado anual al PBI un 1,8% anual. Es decir que el Estado va a perder plata cerrando este instituto”, resaltó el presidente del PJ de CABA, Mariano Recalde, que apuesta a renovar su banca este año.

Por último, el Senado rechazó también el DNU 340/25 que había establecido un régimen de excepción para la marina mercante. Fue con 55 votos en contra, 12 a favor y 3 abstenciones. El decreto, entre otras cosas, habilita un “cese de bandera provisorio” que permite a barcos extranjeros pescar y explotar recursos naturales en aguas argentinas. “Esto no existe en ninguna parte del mundo”, masculló Tagliaferri.

“Acá dejan el arco libre y le vamos a meter todos los goles porque estamos decididos hacer lo que tenemos que hacer con este corrupto presidente”, prometió Mayans al final del debate, preparando el terreno para lo que vendría después: la sanción del financiamiento universitario y la emergencia en el Hospital Garrahan.

MC

El jefe del bloque de Unión por la Patria del Senado, el formoseño José Mayans, apuntó contra Javier Milei y contra la panelista y candidata de La Libertad Avanza, Virginia Gallardo, en torno de los sueldos de los legisladores de esa cámara del Congreso.

“Milei atacó al Poder Legislativo, buscando el desprestigio del Poder Legislativo. Miren, hace un año que me están diciendo que voy a ganar nueve o diez millones de pesos y cada vez que voy a revisar mi cuenta me hago el bocho y veo que ni siquiera alcanza la mitad. Es mentira. Ganamos menos que un juez de primera instancia”, sostuvo Mayans. “El presidente dice por todas partes que ganamos diez millones de pesos. Nunca ganamos esa plata. Un mentiroso”, lanzó.

En ese mismo tramo, arremetió contra la modelo y panelista correntina: “Le digo a la tonta esta... ¿cómo es que se llama la chica esta, la actriz esta? La Victoria Gallardo, que habla mal de los políticos porque dice que le enseñó Milei... ¿Cómo se llama? ¡Virginia! Virginia Gallardo, que es de Corrientes. Bueno, ella dice en una mesa ahí tradicional que quiere ganar 9 millones. La verdad es que es una tonta, una estúpida, porque le digo ya que si cree que va a venir acá para ganar esa plata, acá no se gana esa plata. Que se comió la mentira del Presidente.”

El formoseño también refutó las acusaciones de privilegios que agita Milei en cada discurso. “En segundo lugar, dice que somos unos privilegiados porque estamos cuidando nuestras jubilaciones de privilegio. Segunda mentira al pueblo argentino contra el Parlamento. En el Parlamento no existen jubilaciones de privilegio. En 2001 yo voté en contra de las jubilaciones de privilegio, cuando llegué acá. ¿Sabe quiénes se quedaron con jubilaciones de privilegio? El Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. El Parlamento tiene jubilación ordinaria. Señor presidente de la Nación: lea, infórmese y no mienta al pueblo argentino. Mentiroso”, espetó.

Las palabras de Mayans se insertan en un debate que ya había abierto el propio Milei, cuando denunció que los senadores se habían votado aumentos que llevaban sus sueldos brutos a 9 millones de pesos mensuales, lo que calificó como “una traición al pueblo argentino” y “una burla” a los trabajadores.

A esa misma cifra había aludido Gallardo semanas atrás en la mesa de Mirtha Legrand, en un cruce con Elisa Carrió. “A este paso, yo quiero ser senadora, ganan 9 millones, trabajan menos que cualquiera de los que estamos acá, y encima se venden. Den el ejemplo...”, dijo enrostrándole los salarios de los legisladores de la Cámara alta a la líder de la Coalición Cívica, que nunca fue senadora y fue diputada nacional en el pasado pero entonces, y al día de hoy, no ocupa ningún cargo público.

Según los recibos oficiales de julio de 2025 a los que accedió este medio, el salario neto de un senador nacional ronda entre $4,9 y $5,1 millones mensuales, con variaciones según si cada legislador renunció o no al último aumento paritario.

JJD

Cuando la oposición decidió rechazar, por primera vez en la historia, los pliegos de candidatos a la Corte Suprema se cerró un capítulo en el Senado. La estrategia de Santiago Caputo de nombrar a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla por decreto dinamitó las negociaciones del peronismo, y Cristina Fernández de Kirchner, que hasta entonces estaba dispuesta a conversar, mandó a rechazar los pliegos. Tras el fracaso, el Gobierno definió dilatar las definiciones para después de las elecciones nacionales de octubre. Pero el peronismo no quiere esperar y, con la ayuda de un aliado de la Casa Rosada, dio comienzo a un debate por la ampliación de la Corte Suprema con la esperanza de sentar las bases de la nueva negociación.

Los impulsores del debate por la ampliación de la Corte son el salteño Juan Carlos Romero y el jefe de la bancada peronista, José Mayans. Una pareja atípica: Romero, un ex gobernador salteño que funciona como aliado incondicional de Javier Milei en el Senado, y Mayans, un formoseño peronista muy cercano a CFK. Ambos senadores, sin embargo, se conocen hace más de 20 años, y coincidieron que, tras el fracaso de los pliegos de Lijo y Mansilla, había que evitar la parálisis que podría sumir a la Corte, que solo tiene a tres de sus 5 integrantes. 

“Con tres miembros, la única forma de lograr quórum y mayoría es con tres votos. Quiere decir que si no están de acuerdo los tres miembros del tribunal, no hay mayoría y hay que citar conjueces. ¿Y cuál es el riesgo? Uno, es la dilación de las soluciones. Y la otra, más grave, es que al ser gente que viene de otros tribunales, puede llegarse a cambiar la jurisprudencia histórica de la Corte en diversos temas”, advirtió Romero en el plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia en el Senado, este miércoles.

El senador salteño agregó: “Este es un proyecto político. La resolución de cubrir los cargos en este país requiere del diálogo y consenso. Ojala estas reuniones nos permitan tener un diálogo de consenso entre distintos miembros”. Fue un guiño a la Casa Rosada, que salió a despegarse del proyecto presentado por Romero y rechazó impulsar un debate por la ampliación de la Corte. 

El salteño blanqueó, así, que el objetivo detrás del debate por la ampliación de la Corte es reabrir las conversaciones para cubrir las dos vacantes existentes del Máximo Tribunal.  Se había fracasado con Lijo y García-Mansilla y había que volver a intentarlo.

Ningún intento, sin embargo, rendirá frutos sin el apoyo de Unión por la Patria, que cuenta con 34 senadores propios. Incluso si en octubre el peronismo tuviera una pésima elección y renovase sólo 10 de las 14 bancas que pone en juego –algo improbable–, la bancada continuaría teniendo poder de veto. Es decir que, aun pateando el debate a diciembre, el Gobierno necesitará negociar con el peronismo. Y lo que el peronismo pide, a cambio de sus votos, es una jueza propia. Y, para ello, es necesario ampliar la Corte.

En el momento del debate, sin embargo, Mayans no dijo nada de esto. Solo optó por apuntar contra la actual Corte, que preside Rosatti, y la calificó de “no estar a la altura de las circunstancias”. “Son jueces ineptos, corruptos y no merecen el cargo de juez de la Corte”, arremetió el senador formoseño.

El radicalismo, mientras tanto, optó por seguir la discusión casi desde afuera. “Me parece muy importante que discutamos si la Corte Suprema tiene que ser cinco, siete o nueve, pero a mí lo que me preocupa es que últimamente este Senado se esté juntando pura y exclusivamente por temas que nos interesan a la clase política”, masculló el fueguino Pablo Blanco.

El radicalismo no era el único escéptico, sin embargo. La neuquina Lucila Crexel, por ejemplo, metió el dedo en la llaga al preguntar: “¿Qué esperan de este debate? Tener bancas para cerrar acuerdos? ¿Cuál es la idea de la discusión?”, apuntó, cuestionando que se debatiera ampliar la Corte solo para cerrar un acuerdo por las vacantes ya existentes.

Crexel, sin embargo, tiene un proyecto de su autoría que propone elevar de 5 a 9 la cantidad de jueces supremos. No es la única: en total, hay unas 8 iniciativas presentadas que se tomarán como base para la firma del dictamen más adelante.

El más resonante, ya que es el que tiene mayores chances de conseguir el acuerdo con el peronismo, es el de Romero. El salteño propone aumentar a 7 el número de jueces de la Corte y fija que no podrá haber más de 5 jueces de un mismo género. 

Este último punto, que es un eufemismo para establecer un cupo mínimo de género debido a la presencia exclusivamente masculina de la Corte actual –Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti–, se replica en todos los proyectos presentados. El de la peronista Silvia Sapag, por ejemplo, establece ampliar la Corte a 15 miembros pero fija que no pueda haber más de 8 de un mismo género. La cordobesa Vigo, mientras tanto, propone mantener la Corte de 5 integrantes, pero establece que debe haber un 30% mínimo de mujeres en el máximo tribunal.

El debate recién comienza. La cordobesa Vigo pretende convocar una nueva reunión con especialistas para la próxima semana, y espera poder convocar, en algún momento, a las autoridades del Ejecutivo para que fijen su postura sobre el tema. Las bases, sin embargo, ya se fijaron, y el peronismo espera poder llegar mejor parado a la mesa de negociación con el Gobierno. Cuando sea que el Gobierno decida reabrirla.

MC/MG

“Nosotros somos personas racionales. Si vienen con cosas razonables atendemos. Pero si aparecés como un emperador, como Calígula, entonces no. Hay un límite”. 

José Mayans le explicó esto a un dirigente libertario la semana previa a que el Senado rechazara, en abril, los pliegos para la Corte Suprema de Justicia. El peronismo nunca escondió lo que exigía a cambio de sus votos para aprobar el nombramiento de Ariel Lijo: una ampliación de la Corte que le permitiera a Cristina Fernández de Kirchner poner a su propia candidata en la Corte. Santiago Caputo, sin embargo, se rehusó, avanzó vía decreto, y dinamitó, así, las negociaciones con Unión por la Patria. Dos meses después, con mucha agua corrida bajo el puente, el peronismo se propone retomar su objetivo originario. 

Este miércoles desde las 13 un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia del Senado comenzaba a tratar una batería de proyectos que proponen ampliar la Corte Suprema de Justicia. Hay iniciativas que proponen que sean 15 jueces –como la de la cristinista Silvia Sapag– y otros que proponen que sean 7, como la del salteño Juan Carlos Romero. Pero todas coinciden en dos puntos: que la Corte de 5 miembros quedó corta y que resulta imprescindible establecer un criterio mínimo de paridad de género.

El proyecto que concita mayor interés es el de Romero. El ex gobernador de Salta no solo es un alfil del Gobierno, sino que sostiene un vínculo aceitado con el jefe de la bancada peronista, José Mayans. Y ambos senadores, que se conocen hace más de dos décadas, se reunieron la semana pasada para trazar un plan de acción que permitiera dar comienzo al tratamiento de la ampliación de la Corte, así como de reformar la Auditoría General de la Nación (AGN).

En esta cumbre, en la que participó también Miguel Ángel Pichetto, los senadores acordaron reactivar la agenda judicial paralizada por la falta de acuerdos políticos. La discusión por la AGN, que es el órgano del control externo del Poder Ejecutivo, era la gran protagonista porque días antes, en la sesión fallida de la Cámara de Diputados, el peronismo había amagado con designar a los tres miembros que le corresponden a la Cámara baja como resultado de un acuerdo político con Emilio Monzó. El objetivo era designar a Monzó, por parte del pichettismo, a Juan Ignacio Forlón, por parte del camporismo, y dejar una vacante vacía a ocupar por La Libertad Avanza. 

La sesión, sin embargo, se cayó por falta de quórum, y el peronismo analiza, ahora, alternativas en el Senado. Mayans encontró en Romero un interlocutor atento y con vínculo con Casa Rosada para reactivar una conversación que naufragó tras el rechazo a los pliegos de la Corte Suprema. El objetivo es volver a traer sobre la mesa la agenda judicial. 

El formoseño, incluso, aspira a incluir una reforma del Consejo de la Magistratura. Es la fantasía revanchista del cristinismo contra Horacio Rosatti desde que, en 2021, la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de la composición del Consejo, que es el órgano encargado de la selección y remoción de jueces. Con este fallo, la Corte retrotrajo la composición al que tenía en 2006 y volvió a colocar, así, al presidente de la Corte, es decir a Rosatti, como su presidente. 

El peronismo intentó sancionar una nueva ley durante el gobierno del Frente de Todos pero, como sucedió con todos las reformas judiciales, Alberto Fernández nunca logró conseguir el número. El peronismo pretende, ahora, volver a intentarlo durante la era Milei.

El efecto de la elección porteña

La mesa de negociación del peronismo con Santiago Caputo para aprobar los pliegos de Corte Suprema siempre incluyeron una diversidad de temas judiciales: el proyecto de Ficha Limpia, las más de 100 vacancias en los juzgados federales, la designación del Procurador General y la ampliación de la Corte Suprema. Tras el derrumbe de los pliegos en el Senado, sin embargo, las conversaciones retornaron al kilómetro cero. 

Guillermo Francos se había comprometido, hace un mes, con un grupo de legisladores peronistas a que volvería a plantear una mesa de negociación con todos los temas. Pero, en el medio, pasaron cosas. Específicamente una: la victoria aplastante de Manuel Adorni sobre el PRO en la elección porteña. La relación de fuerzas, luego de esto, cambió. El Gobierno se sentió empoderado y definió patear las conversaciones para después del recambio legislativo de diciembre, cuando espera contar con una renovada fuerza legislativa en el Senado. 

“Hasta la elección conversábamos. Pero el resultado en CABA le cambió el humor, Milei está embalado”, admite uno de los negociadores del cristinismo. 

Hasta entonces, el compromiso era difuso pero las conversaciones existían. El peronismo, incluso, había llegado a un acuerdo con Romero y había aceptado ampliar la Corte Suprema a 7 integrantes, tal como sostiene el proyecto del salteño. Pero, luego del resultado electoral porteño, el Gobierno se rehusó a hacerse cargo de esa iniciativa y deslizó, puertas adentro, que toda la negociación por la Corte se patearía para fin de año. Los tiempos se habían dilatado. 

Frente a este escenario, este miércoles, el peronismo intentará dar inicio al debate. Saben que el Gobierno no tomará ni una sola decisión hasta las elecciones de octubre, pero esperan, hasta entonces, tantear el terreno y sentar las bases para la ampliación de la Corte. Siguen esperando poder lograr, así, lo que nunca pudieron lograr durante el gobierno de Alberto Fernandez: poner a una juez propia en el máximo tribunal. 

“A este tipo te le imponés con el número, no con el diálogo. Se postergará, pero nosotros vamos a seguir teniendo el número para vetar”, sintetiza un senador peronista, como quien dice: tarde o temprano, Caputo va a tener que sentarse a negociar.

MC/MG

Cristina Fernández de Kirchner está sentada sobre 34 votos para voltear los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, pero espera. Está en un dilema. Teme, por un lado, una rebelión interna: los gobernadores peronistas no le sueltan la mano a Lijo, por lo que el control de la totalidad de los senadores no es absoluto. Hay, a su vez, muchas voces pululando que insisten, todavía, en utilizar el número como amenaza para negociar una ampliación de la Corte Suprema. Hay dudas sobre el número y sobre las intenciones del Gobierno. Por lo que CFK medita, pero el tiempo corre: este miércoles comienza a funcionar el Congreso tras el feriado XXL y más de un opositor desea arrancar con un pedido de sesión. 

La muñeca del titular de interbloque, José Mayans, alcanzó para consensuar un comunicado que rechazaba las designaciones de Lijo y Mansilla por decreto y anunciaba: “Sin acuerdo del Senado, no habrá juez de la Corte”. El documento denunciaba que el decreto era “inconstitucional” pero eso era todo. No convocaba a una sesión para rechazar los pliegos de los dos candidatos -que el Ejecutivo todavía no retiró del Senado- ni comunicaba que avanzaría en su rechazo. Por lo bajo, sin embargo, los senadores cristinistas anunciaban que el objetivo final era el rechazo, pero que primero había que esperar.

Primero había que aguardar a la resolución de la Corte Suprema. El jueves, el presidente, Horacio Rosatti, los sacó de la duda: entre gallos y medianoche, en una ceremonia apurada y secreta, la Corte le tomó juramento a García-Mansilla. A Lijo, en cambio, lo pateó para más adelante. Al primero se lo vio en la Asamblea Legislativa del sábado; al segundo, no.

Recién el 6 de marzo la Corte definirá si le concede el pedido de “licencia extraordinaria” que solicitó el juez federal para asumir, en comisión, como ministro de la Corte Suprema. “Lo van a cagar”, pronostica un excristinista que conoce los pasillos de Comodoro Py.

El kirchnerismo, sin embargo, se repartió entre el silencio cauto y la crítica a García-Mansilla, quien había afirmado, cuando lo convocaron en agosto a exponer en el Senado, que él no estaría dispuesto a aceptar una nominación en comisión. “La idea es voltearlo, pero del dicho al hecho…”, deslizó, irónico, un senador camporista que observa por lo bajo la situación. Nadie quería hablar todavía.

La principal duda es respecto a la voluntad de los propios compañeros de bloque para acompañar una sesión que rechace los pliegos. En la teoría, la bancada de Unión por la Patria está cómoda para rechazar el pliego: necesita solo de 25 votos, dado que con más de un tercio de los votos el pliego queda “caput”. Y Mayans asegura, puertas adentro y en diálogo con la propia Victoria Villarruel, que controla al menos 25 senadores que responden a CFK. El resto es otra historia.

El problema es que UxP necesita, primero, hacerse de 37 senadores para el quórum, y ahí sí debe contar con la mayoría de los propios. Sin embargo, hay varios senadores norteños que respaldan el pliego de Lijo: los que responden al catamarqueño Raúl Jalil y al santiagueño Gerardo Zamora, así como también algunos outsiders, como la jujeña Carolina Moises y el sanjuanino Sergio Uñac. Este último, por ejemplo, firmó el pliego de Lijo junto a la santiagueña Claudia Ledesma Abdala. También lo hizo Lucía Corpacci, pero lo hizo a pedido de CFK: su voto está atado a lo que defina la presidenta del PJ nacional. 

“El número no está seguro. Hay mucha presión de los gobernadores para que los que iban a acompañar el pliego no lo rechacen ahora”, admiten desde la oficina de una de estas senadoras. La decisión de CFK de intervenir algunos PJs provinciales le hizo ganarse, a su vez, algunos enemigos. 

Hay, por otro lado, otros actores en juego en el peronismo que piden también cautela, pero para negociar. Dirigentes que se codean con CFK confían en poder aprovechar la mayoría de 34 senadores para presionar al Ejecutivo a sentarse a negociar un acuerdo judicial macro, que incluya una ampliación de la Corte Suprema con cupo femenino y que le permita a CFK poner a una jurista de su gusto. El nombre más repetido, por ahora, es el de María de los Ángeles Sacnun.

Hasta ahora, sin embargo, esta estrategia no tuvo éxito. Ninguno de los operadores judiciales de CFK, como Juan Manuel Olmos o “Wado” de Pedro, lograron llegar a ningún principio de acuerdo con Santiago Caputo o, su mano derecha en temas judiciales, Sebastián Amerio. Ambos libertarios compartieron palco ante el discurso de Milei. La fantasía persiste, pero el Gobierno no ofrece ningún incentivo. 

El enojo de los aliados

Mientras que en el kirchnerismo predomina la cautela, el radicalismo y algunos sectores del PRO empiezan a rebullirse frente a la avanzada del Ejecutivo sobre la Corte Suprema. La incomodidad es clara y, si bien algunos aliados están dispuestos a acompañar a Milei hasta el final -o hasta que las encuestas le empiecen a dar mal-, otros ya lo cuestionan puertas adentro.

En las últimas horas de la semana que pasó, incluso, empezó a circular un pedido de sesión para este mismo miércoles 5 para rechazar los pliegos de Lijo y García-Mansilla en el chat del bloque radical del Senado. El autor fue el fueguino Pablo Blanco pero no generó mucho entusiasmo. La mayoría de la UCR, como se atestiguó en el fracaso de la creación investigadora del caso $LIBRA, se mantiene fiel a Milei y no termina de animarse a dar el paso para rechazar los pliegos. 

Blanco, sin embargo, no está solo. Lo acompañan otros radicales como Martín Lousteau y la santafesina Carolina Losada. También el libertario Francisco Paoltroni, que fue expulsado del bloque oficialista debido a su rechazo a la postulación de Lijo, y que salió a cuestionar con dureza la decisión del Presidente de designar a los dos candidatos -no solo Lijo- por decreto. Paoltroni es uno de los nombres que la oposición cuenta a favor en el poroteo para conseguir el quórum. 

El PRO, mientras tanto, es una incógnita. Mauricio Macri salió a instalar un cuestionamiento a la designación de Lijo, pero el reclamo se pierde respecto a si el bloque estaría dispuesto a rechazar el pliego de ambos candidatos. Macri es, después de todo, el más reciente antecedente de los dolores de cabeza que puede generar la designación por decreto de dos jueces de la Corte Suprema de Justicia. 

Milei, sin embargo, no es Macri. El libertario decidió ir a fondo, y la Corte -la misma Corte que aceptó ser nombrada por decreto por Macri- lo avaló. La decisión de Rosatti de tomarle juramento a García-Mansilla despertó todas las alarmas opositoras, que observan en esta decisión un antecedente que habilitará a Milei a hacer lo mismo con el procurador. O, incluso, volver a designar dos nuevos jueces de la Corte por decreto el año que viene cuando venza el plazo de un año. El destino final de la novela que abrió Milei con el decreto, advierten, es la crisis institucional.

MC/JJD

Javier Milei amenazó y, finalmente, cumplió. En un revival de los inicios del gobierno macrista, el Presidente decidió designar a dos jueces de la Corte Suprema por decreto. La fantasía de poder eludir al Senado y designar a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla sin tener que pasar el filtro del Congreso es, sin embargo, eso: una fantasía. El peronismo ya advierte que no se lo dejará pasar y amenaza con llevarle los pliegos al recinto y rechazárselos. Sin acuerdo, insisten, no habrá jueces nuevos en el máximo tribunal. La danza de negociaciones recién empieza.

Es el propio Ejecutivo el que dejó abierta esta puerta al no retirar los pliegos del Senado. Sus aliados, incluso, se lo habían advertido la semana pasada, luego de que fracasaran las negociaciones para convocar una sesión el viernes pasado para tratar los pliegos de Lijo y García-Mansilla: si no iba a convocar la sesión porque no tenía el número, más le valía retirar el pliego. Porque si no cualquiera podría forzar su tratamiento y rechazarlo.

El Gobierno, sin embargo, no solo decidió no retirarlos. Sino que en el comunicado en el que anunció la designación por decreto advirtió: “Durante el mencionado plazo (hasta fin de 2025), esta administración continuará con el trámite legislativo para que la Cámara alta ejerza sus atribuciones y preste correspondientes acuerdos al Senado a los pliegos”. Es decir, contra todas las recomendaciones, el Ejecutivo insistía en sostener los pliegos. ¿Por qué? Porque la negociación continúa, con o sin designación por decreto.

La pelota, ahora, está en la cancha de Unión por la Patria. Los senadores comparan, por lo bajo, a Milei con Jorge Rafael Videla. “Solo la dictadura nombró jueces por decreto. Macri lo entendió. Dijo que lo iba a hacer pero después se sentó a negociar con los gobernadores”, recuerda un peso pesado del peronismo que participó de la mesa de negociaciones con el PRO que, allá por 2016, terminó acordando con un sector del Frente para la Victoria para aprobar el pliego de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. Mauricio Macri, apuntan, comprendrió que no podía avanzar por decreto. Milei, en cambio, es una incógnita.

En el peronismo predomina la cautela. Primero esperarán a ver cómo responden el resto de los integrantes de la Corte Suprema. Si Rosatti, Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti se resisten a tomar juramento a los recién llegados y deciden que su designación tiene que pasar por el Senado, la negociación continúa. El peronismo, en ese caso, tendrá mayor poder de negociación y exigirá abrir una mesa de diálogo más amplia, que involucre no solo las dos vacancias, sino también a la posibilidad de ampliar el número de integrantes de la Corte: el reclamo original de Cristina Fernández de Kirchner, que se esperanza con poder poner a una o dos juristas de su riñón ideológico.

Para el kirchnerismo, el gobierno de Milei se presenta como una oportunidad única para hacer lo que no se pudo ni durante la gestión de Macri ni la de Alberto Fernández: modificar el equilibrio de poder de una Corte Suprema que, hasta ahora, ha sido hostil con la expresidenta. La oportunidad es demasiado atractiva para dejarla pasar. Mucho más si se tiene en cuenta de que el futuro de la causa Vialidad, que ya tiene doble condena y podría inhabilitar a CFK de ocupar cargos públicos, está en manos del máximo tribunal.

Si Rosatti, en cambio, decide tomarle juramento a Lijo y García-Mansilla, UxP está decidido a tomar cartas en el asunto. El presidente del bloque en el Senado, José Mayans, ya lo advirtió en público: “A la persona que acepte ser nombrada por decreto vamos a destituirla en la primera sesión. Esto es una democracia. No es una dictadura”, afirmó el formoseño allá por noviembre, apenas Guillermo Francos confirmó el interés del Gobierno en designar a Lijo García-Mansilla por decreto si las negociaciones fallaban. 

Tres meses después, con el decreto ya sellado y firmado, el plan de UxP continúa siendo el mismo: convocar una sesión apenas comiencen las sesiones ordinarias y rechazar los pliegos de los dos candidatos. 

Los caminos que conducen al Senado

El reloj empezará a correr a partir de la semana que viene, una vez que comiencen las sesiones ordinarias del Congreso. El trámite, en la teoría, es sencillo: UxP debería convocar a una sesión para tratar los pliegos y, de conseguir el quórum, podría hacerla fracasar con solo poco más de un tercio del recinto. Esto es así porque la Constitución exige que haya dos tercios del recinto para aprobar el pliego de un juez de la Corte, por lo que, para que fracase, solo se requiere conseguir 25 votos. Y 25 votos es lo que Mayans presume que tiene asegurados en su bloque.

El desafío, sin embargo, será conseguir los 37 para el quórum. “Con tres dignos podemos hacerlo”, ironizan en el cristinismo, que hacen cálculos como si los 34 senadores peronistas estuvieran dispuestos a bajar para dar quórum para rechazar los dos pliegos de la Corte Suprema. En el caso de Lijo, sin embargo, no está del todo claro, ya que hay varios senadores que responden a gobernadores peronistas que simpatizan con el juez federal y no tienen interés en boicotearlo. En el oficialismo, por ejemplo, están convencidos de poder contar con el apoyo de 10 senadores peronistas para resistir.

En el caso de que el UxP no acompañe en su totalidad, Mayans tendrá que ir a buscar el número en el radicalismo y el PRO. Paradójicamente, son los dos partidos que siempre se resistieron a Lijo y que, en cambio, pugnaban por aprobar el pliego de García-Mansilla, los que podrían terminar torciendo la balanza en contra del Gobierno. La experiencia de las designaciones por decreto de Macri está muy presente y la mayoría coincide en que Milei debería hacer lo que hizo su antecesor amarillo. Es decir: negociar los pliegos en el Senado.

Ya hubo varios senadores radicales, como Martín Lousteau y Pablo Blanco, que se manifestaron públicamente en contra de la decisión del Ejecutivo de designar a los jueces por decreto. La larretista Guadalupe Tagliaferri, a su vez, tuiteó solicitándole a Milei que diera marcha atrás en la decisión: “La decisión del Ejecutivo de nombrar por decreto a los nuevos integrantes de la Corte es absolutamente dañina para el país. Sin acuerdo del Senado, se genera incertidumbre y una inseguridad jurídica inconmensurable para todos aquellos que buscan volver a confiar en la Argentina”, afirmó la senadora del PRO.

En este escenario de incomodidad frente a la decisión presidencial, el peronismo confía en poder pescar los votos que faltan. La incógnita, sin embargo, es qué sucederá si el Senado rechaza los pliegos pero los decretos continúan vigentes. “Si el Senado lo rechaza en una sesión se abre una discusión institucional enorme entre dos poderes del Estado que va a tener que definir el otro poder del Estado, la Corte Suprema de Justicia, que está siendo acusada de ilegitimidad del proceso. Sería un daño enorme a las instituciones”, reflexiona una aliada del oficialismo.

El camino será largo, y ampliamente judicializado. Pero el peronismo está preparado para recorrerlo, con la convicción, en el fondo, de poder forzar al Gobierno a seguir negociando.

MC/MC

El jefe del bloque de Unión por la Patria en el Senado, José Mayans, confirmó hoy que decidieron, a modo de protesta, no asistir a la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación este sábado 1 de marzo. Ese día el presidente Javier Milei ofrecerá su discurso en medio del escándalo generado por su promoción de la criptomoneda $LIBRA.

“Nosotros en el bloque de senadores decidimos no escuchar al Presidente, porque cuando se refiere a nosotros, primero nos trata muy mal, y segundo miente. Y obviamente sabemos lo que pasó en un año de Gobierno, y queremos que el Presidente dé las instrucciones para que se inicie el tratamiento del Presupuesto en Diputados”, explicó.

En declaraciones a C5N, añadió: “Evitaron la comisión investigadora, y es una estafa, al menos por lo denunciado por muchas personas”.

“Después está el tema del Presupuesto Nacional, que no es tratado por el Parlamento, y el tema de la deuda pública, que se niegan a dar explicaciones; y obviamente por estas declaraciones que hace el Presidente, que dice que el Estado es una mafia que hay que exterminar y eso es gravísimo”, detalló Mayans, que no descartó que se sumen los diputados a esta medida.

De acuerdo con el cronograma tentativo, la Asamblea Legislativa comenzará cerca de las 21 horas. Se desconoce cuáles serán los puntos que tocará Milei en su discurso, pero se sabe que tiene pensado incluir una mención al nuevo proyecto de Ficha Limpia, que no llegó a ser tratado durante las sesiones extraordinarias.

No es la primera vez que desde el bloque de Unión por la Patria reclaman debatir el proyecto del Presupuesto 2025. Hasta ahora el Gobierno nacional prorrogó las proyecciones presupuestarias de 2023.

El peronismo huele sangre y aprovecha. Esto ha sido así en el Senado desde que comenzó la batalla interna entre Victoria Villarruel y Javier Milei. A veces negociando con una, a veces con el otro, Unión por la Patria aprovecha su número para presionar y sumar poder en la Cámara alta. Y ahora, con la excompañera de fórmula de Javier Milei bajo asedio y más débil que nunca, la bancada peronista analiza la posibilidad de conseguir su revancha. El ojo está puesto en las autoridades de la Cámara: uno de los pocos lugares en los que la vicepresidenta de la Nación tenía cierto control, pero que ahora se encuentran casi vacantes debido a la intervención depuradora de Santiago Caputo.

“Nos equivocamos cuando elegimos las autoridades. No ofrecimos nada y nos cagaron. Fue un error haber renunciado a todo, esta vez tenemos que ir por todo. Va a haber un vuelto”, advierte un senador de Unión por la Patria que, como muchos, viene presionando puertas adentro para hacerse con el control de las autoridades de la Cámara. No solo la presidencia provisional —tercer lugar en la línea de sucesión presidencial—, sino también el resto de las secretarías. 

Cuando Milei asumió, el peronismo se dio un debate interno: siendo primera minoría le correspondía la presidencia provisional en el Senado, ¿correspondía dejársela al oficialismo como gesto institucional o había que pelear para quedársela para sí? El mismo debate se dio en Diputados con la presidencia de la Cámara. Un poco por trauma histórico —el 2001 estaba presente y ninguno quería que lo llamaran “golpista”— y otro poco por la intervención de Cristina Fernández de Kirchner —que falló a favor de darle el lugar a La Libertad Avanza—, las presidencias quedaron en manos del oficialismo. 

Lo mismo terminó sucediendo con las comisiones, aunque esta vez en contra de la voluntad del peronismo. Ahí maniobró Villarruel, logrando juntar a toda la oposición no kirchnerista para hacerse de una mayoría que dejaba en minoría a UxP. Una maniobra que al día de hoy el peronismo cuestiona y mastica con ansias de revancha.

Estos deseos de venganza coinciden, ahora, con otro factor: la debilidad de Villarruel en el Senado. El operativo de asedio y desgaste de Casa Rosada sobre la vicepresidenta la ha dejado prácticamente sin aliados. Primero le renunció su secretaria de Derechos Humanos, Claudia Rucci, hija del exsecretario general de la CGT asesinado en el 75. Después su secretaria Administrativa, María Laura Izzo, aunque todavía falta el anuncio oficial. Y ahora Casa Rosada dio inicio a un operativo para hacerse con el lugar del secretario parlamentario, Agustín Giustinian, y el prosecretario administrativo, Lucas Clark. “Tiene terror de que se hagan con el lugar de Clark, que es quien se encarga de la Seguridad de la Cámara”, deslizó un senador que se reunió con la vice. 

Debilitada Villarruel, el peronismo observa que es un escenario propicio para intervenir. Cerca de la vice sospechan que UxP colabora con Casa Rosada para hacerse con las autoridades, como parte de un acuerdo más amplio que incluya el pliego de Ariel Lijo para la Corte Suprema y la suspensión de las PASO. Pero en el peronismo lo niegan.

“Ellos tienen un quilombo interno. Villarruel no quiere a Lijo. Hoy tenemos una nueva composición, tenemos más senadores. ¿El Gobierno va a jugar limpio o va a jugar sucio? ¿En qué tiene interés?”, provoca, críptico, un peso pesado del interbloque peronista. La jefatura de la bancada es consciente de las presiones internas y las deja correr a la espera de poder negociar. Con Villarruel o con Casa Rosada. 

La vice, mientras tanto, ya comenzó a hacer números con senadores aliados, a la espera de poder repetir la mayoría que le permitió retener el control del Senado a pesar de contar solo con 7 senadores oficialistas (hoy son 6, luego de la expulsión del formoseño Francisco Paoltroni por cuestionar la postulación de Lijo para la Corte y pelearse, así, públicamente con Santiago Caputo). Tanteando a radicales, PRO y fuerzas provinciales, Villarruel podría llegar a 34 voluntades para reelegir al puntano Bartolomé Abdala. Eso, siempre y cuando la Casa Rosada juegue a favor, algo de lo que Villarruel duda.

Los aliados observan, sin embargo, que la vice quedó golpeada tras la pelea con Casa Rosada, y que no es la misma. “No está con las mismas ganas de antes”, reconoce un senador aliado. Y, frente a esta debilidad, el peronismo actúa para presionar. Cuenta con que los dos senadores santacruceños, Jose María Carambia y Natalia Gadano, aún no se pronunciaron en favor de la vice (como había hecho el año pasado). De sumarlos, el peronismo podría hacerse de un sólido número para amenazar con quedarse con las autoridades y, así, negociar.

La mayoría peronista

Los 33 senadores peronistas —serán 34 cuando jure la Stefanía Cora en reemplazo del expulsado Edgardo Kueider— representan la mayor amenaza a las fantasías libertarias para estas sesiones extraordinarias. No es solo el debate por las autoridades, que se elegirán a finales de febrero, sino por los proyectos que Milei quiere convertir en ley este verano. 

El principal escollo son los pliegos para la Corte Suprema de Justicia. El Gobierno se anotó una victoria cuando logró que Lucía Corpacci, senadora catamarqueña cercana a CFK, firmase el pliego de Ariel Lijo. Lo hizo en el despacho de “Camau” Espínola, el ex compañero de bloque de Kueider que el gobierno designó como responsable del manejo de los pliegos de la Corte. “Camau” estuvo hace un par de días por Casa Rosada y, pese al escándalo desatado por la detención de Kueider en la frontera con Paraguay, ya está diciendo que trabaja para ser gobernador de Corrientes como candidato del oficialismo.

La firma de Corpacci, sin embargo, fue todo. El Gobierno no avanzó mucho más que eso. Las conversaciones, por estos días, vienen congeladas, y en UxP aseguran no tener ningún interés en aprobar el pliego de Lijo sin que haya, a cambio, un acuerdo más amplio que incluya otros jueces y la posibilidad de ampliar la Corte Suprema de modo de poder incluir su propio pliego. “¿Cuál es la ventaja de regalarle Lijo a Milei? Él no es de nosotros”, afirma uno de los senadores del interbloque que preside José Mayans. “Si ellos quieren su hijo de puta, nosotros queremos al nuestro”, sostiene, más brusco, otro senador del espacio.

Pero el problema no es solo la Corte Suprema, sino también los proyectos que tienen que tratarse primero en Diputados. En el caso de Ficha Limpia, por ejemplo, el PRO y el radicalismo están convencidos que, de aprobarse en Diputados, el proyecto nunca pasará el filtro del Senado. Y los senadores peronistas coinciden. 

Lo mismo sucede con la suspensión de las PASO: si el gobierno desea hacerse con una mayoría especial necesitará del respaldo de una parte de UxP. Solo con los aliados no puede. Y el peronismo cuenta con esto a la hora de negociar.

MC/JJD

La investigación por posible lavado de dinero contra el jefe del bloque de Diputados del PRO, Cristian Ritondo, se coló en la sesión del Senado para tratar la expulsión del senador Edgardo Kueider, peronista de Entre Ríos que es aliado de La Libertad Avanza, por haber sido detenido in fraganti en Paraguay trasladando cientos de miles de dólares en efectivo sin declarar.

Fiel a su estilo, campechano y duro, el jefe del interbloque Unión por la Patria, José Mayans, resaltó que Ritondo —de origen peronista y ahora jefe del bloque macrista de la Cámara baja— y Kueider, como presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, iban a ser los encargados de defender, en cada cámara, el proyecto de ley de Ficha Limpia.

Esta iniciativa, que finalmente no reunió el apoyo necesario para debatirse en el recinto de Diputados y avanzar hasta su sanción en el Senado, establece que las personas condenadas por delitos de corrupción no podrán ser candidatas a cargos públicos en elecciones.

Mayans empezó diciendo que Kueider y su colega correntino Carlos “Camau” Espínola —otro peronista que no responde a un gobernador del PJ y que también se fue del justicialismo dominado por Cristina Fernández de Kirchner— forman parte de una “banda” que armó el gobierno de Javier Milei, junto a otros legisladores de las dos cámaras del Congreso, para conseguir votos.

“La comisión de Asuntos Constitucionales le entregaron a esa bandita. Estuvo acá hablando de la Boleta Única, para luchar contra la corrupción. Ese senador (por Kueider) iba a ser la persona que, como presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, iba a defender Ficha Limpia, pero se fue de turismo a la noche y lo encontraron y ya sabemos todo lo que pasó”, dijo Mayans, un histórico legislador por Formosa (asumió en su banca en 2001) y que responde a Fernández de Kirchner y al caudillo peronista Gildo Insfrán.

“Allá —continuó Mayans, en alusión a la Cámara de Diputados— el que tenía que hablar de Ficha Limpia era Ritondo. Imagínense ustedes: los dos que iban a defender Ficha Limpia: Ritondo y Kueider. ¡Ritondo y Kueider!”.

Contra Vidal y Macri

Mayans dijo que Ritondo “era ministro de Seguridad de la diputada” María Eugenia Vidal, que está siendo investigada por la compra en 2019, aún siendo gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, de un departamento en Recoleta, Capital Federal, valuado en medio millón de dólares, tras lo cual declaró un patrimonio de $95.000.

Señaló que “la diputada [Elisa] Carrió lo denunció [a Ritondo] por vínculos con el narcotráfico” y que el jefe de Ritondo es Mauricio Macri, “experto en offshores, experto en contrabando, experto en evasión”.

“Y Macri propone Ficha Limpia...”, señaló el senador por Formosa. Fue el anteúltimo discurso de la caliente sesión por la expulsión de Kueider, en la que la causa contra Ritondo, que surgió de una investigación de elDiarioAR, finalmente formó parte del debate, como prometía.

El senador José Mayans fue el encargado de advertirle a Javier Milei que el peronismo volteará los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla a la Corte Suprema si decide nombrarlos en comisión por decreto. “No hay juez de la Corte sin acuerdo del Senado”, es el título de la carta que el formoseño le entregó en nombre de Unión por la Patria (UP) al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, bajo la amenaza de pedir la destitución de ambos en caso de que los libertarios busquen imponerlos.

Mayans, jefe del interbloque de Unión por la Patria (UP), es un hombre con dos lealtades: responde a su jefe político, el gobernador Gildo insfrán, y también a Cristina Fernández de Kirchner, a quien secunda en el PJ Nacional. El formoseño se convirtió en un planta permanente de la Cámara alta, donde renueva su banca desde 2001. Antes, entre 1987 y 2001, fue diputado provincial. Durante todos esos años fue hábil para tejer vínculos con distintos sectores, siendo hoy un clásico exponente de la “casta” que tanto desprecia Milei. 

La presión por la Corte 

El apoyo de la senadora Lucía Corpacci al dictamen de Lijo se interpretó inicialmente como un aval tácito de Cristina para que el bloque se mueva en la misma dirección. Sin embargo, cuando pasaron las horas, la jugada entró en un territorio gris. Mayans fue el encargado de clarificarla: “Fue un acto de decir que estamos dispuestos a conversar; no están los dos tercios, queremos un acuerdo y poner uno nuestro. Hicimos un gesto”.

Desde que ingresó el pliego de Lijo, el formoseño tuvo algunos movimientos ambiguos. Hace unos meses se atrevió a coquetear con Victoria Villarruel y no descartó un juicio político a Milei, con el argumento de que el Presidente está para el “psiquiátrico”. Esa misma semana recibió un reto de Cristina: “Pericia psiquiátrica a los que dicen que Villarruel es peronista”, escribió en X la expresidenta sin nombrarlo. Mayans se dio por aludido: “A los que pusieron a Alberto Fernández, ¿los mandamos también al psiquiátrico?”, dijo en una entrevista. Fue un cruce duro, que desde el Instituto Patria buscaron acallar con una reunión reservada entre Mayans y sus pares cristinistas Juliana Di Tullio y Anabel Fernández Sagasti. Fue efectiva, porque desde ese día cerraron filas. 

En ese entonces, la interpretación de algunos peronistas fue que —además del desacuerdo frente a un eventual juicio político a Milei— Cristina quiso ordenar al bloque en la previa a la discusión por la Corte Suprema, cuando es sabido que algunos gobernadores peronistas —entre los que podría contarse a Insfrán y el catamarqueño Raúl Jalil— no verían con malos ojos la postulación de Lijo. El senador formoseño Francisco Paoltroni, echado de LLA por sus cruces con Santiago Caputo, fue el primero en oponerse a la postulación de Lijo contra la voluntad de Milei: apunta contra el juez por haber excluido a Insfrán de la investigación en la causa Ciccone, por la cual el ex vicepresidente Amado Boudou terminó preso. 

La intención del kirchnerismo fue mantener en reserva su posición respecto a Lijo, tensar la cuerda y poder negociar. En ese sentido, el bloque estaría dispuesto a acompañar el pliego del juez a cambio de reemplazar a García-Mansilla —un magistrado conservador, afín a las ideas libertarias— por una mujer más cercana a Cristina; el nombre que suena es el de la santafesina María de los Ángeles Sacnun.  

Si Milei no avanza con los nombramientos de los jueces en comisión, los senadores de UP tendrán la llave de la votación en la que se definirían los pliegos. El oficialismo necesita contar con dos tercios del recinto (48 votos de los 72) para poder nombrar a los jueces, por lo que requiere —como mínimo— el visto bueno de ocho de los 33 miembros de la bancada de Mayans. De lograr mantener unidos a los suyos, Mayans volverá a ser protagonista: tendrá la capacidad de bloquear cualquier pliego. 

Los zigzagueos 

Con el histrionismo que lo caracteriza, Mayans tuvo duros cuestionamientos al Presidente. En una de sus intervenciones más citadas lo chicaneó por desconocer el sentido de la película Terminator, luego de que Milei se comparara a sí mismo con el personaje protagonizado por Arnold Schwarzenegger. “Cuéntenle a este chico que no terminan bien los Terminator”, se rió y le aclaró que “Terminator era el depravado de la película”. Sus críticas no suelen ser igual de lapidarias respecto al resto de los funcionarios del Ejecutivo, sobre todo luego de sus chichoneos con Villarruel, a quien describió como más “próxima” al peronismo que al Presidente. 

Mayans estampó su firma y lleva la voz cantante en la nota donde le anticipan a Milei su “inmediato rechazo del pliego de Acuerdo de cualquier persona que acepte ser designado como juez o jueza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ‘en comisión’”. No tuvo la misma postura en 2016, cuando votó a favor de los pliegos de Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, a quienes inicialmente Mauricio Macri había nombrado por decreto. Aquel procedimiento nunca llegó a completarse, porque luego hubo un acuerdo político y ambos recibieron el voto positivo de la Cámara alta.

El objetivo de Cristina, además de negociar el segundo nombre para la Corte, será también incorporar a la negociación los juzgados vacantes, la Procuración y la Defensoría. Hasta ahora logró su propósito: el interbloque de Mayans puso al Gobierno ante una encrucijada. Aunque digan lo contrario, tarde o temprano deberán negociar con UP para conseguir los votos necesarios para nombrar a los jueces.

La Casa Rosada salió con los tapones de punta contra el kirchnerismo tras las amenazas del senador José Mayans, quien advirtió que rechazarán las designaciones de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla a la Corte Suprema si el presidente Javier Milei los nombra en comisión por decreto, sin esperar la aprobación de la Cámara alta. “No terminan de entender lo que viene pasando en la Argentina. Se creen que somos Macri y que nos pueden amedrentar”, azuzaban este jueves en los pasillos de Balcarce 50.

Un alto funcionario del Ejecutivo explicó ante elDiarioAR que “no existe posibilidad alguna” de que los candidatos, una vez nombrados en comisión, sean volteados por el Senado. “La situación debe quedar así hasta el final del período legislativo”, explicó, como respuesta a lo ocurrido este miércoles en el recinto del Senado cuando Mayans, en su rol de jefe del interbloque de Unión por la Patria, se levantó de su asiento y le entregó en mano al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, una carta en la que su bancada prometía pedir “inmediatamente” la “destitución” de los jueces designados por decreto.

Durante la presentación de su informe de gestión ante el Senado, Francos defendió la posibilidad de que el oficialismo designe en comisión y de manera transitoria por decreto a los dos candidatos postulados por Milei para ocupar un sitial en el máximo tribunal. “No es que el Presidente tenga una decisión sobre esto, pero yo no descarto que pueda pasar que, si la Corte se queda en una situación cercana a la cefalía, el Presidente pueda ejercer esa facultad que está establecida en la Constitución”, sostuvo el ministro coordinador ante la pregunta de uno de los senadores.

En esa línea, Francos aseguró, como lo hizo en una entrevista radial reciente, que la “preocupación” principal del Gobierno está en las vacantes que se abrirán en la Corte en 2025, una vez que el 29 de diciembre próximo Juan Carlos Maqueda abandone su silla al cumplir 75 años, edad límite para ocupar su cargo, dejando al máximo tribunal con apenas tres miembros.

La designación por decreto fue una carta que jugó Mauricio Macri en 2015, cuando el ahora expresidente buscó nombrar a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz en comisión, lo que le valió la crítica unánime de todo el arco institucionalista. Finalmente, ambos obtuvieron el aval de los dos tercios del Senado, con votos peronistas, incluido el del propio Mayans.

Hace tiempo que en Casa Rosada sostienen que la designación de Lijo y de García-Mansilla es de una perrogativa exclusiva del Presidente, por lo que insisten en que el Senado solo tiene voz para decidir acerca de la “ideoneaidad” de los candidatos. “Esto no debería ser una discusión política”, repiten cerca de Milei, pese a que no dejan de mostrarse abiertos, llegado el caso, a negociar con el peronismo una posible ampliación del máximo tribunal a nueve miembros, que incluya una mayor representación femenina.

Pero el objetivo último del oficialismo es otro, algo más inconfesable: lograr garantizarse una mayoría de jueces afines, similar a la que formó Carlos Menem en los albores de su Presidencia, que duraría 10 años, cuando extendió la cantidad de miembros de la Corte y dio nacimiento a la famosa “mayoría automática” de Julio Nazareno. En aquel entonces, para ser juez del máximo tribunal se requería apenas el apoyo de la mayoría simple del Senado, requisito que fue modificado con la reforma constitucional de 1994.

Hasta el momento, el Gobierno logró arrancar las nueve firmas necesarias para poner en marcha el tratamiento del pliego de Lijo en el Senado. Distinto es el caso de García-Mansilla, una figura que es más resistida por las filas opositoras. Ambos necesitan el apoyo del interbloque de Unión por la Patria y sus 33 miembros para alcanzar los 48 votos necesarios (en el caso de que los 72 miembros de la Cámara alta estuvieran presentes en el recinto).

La postura en las filas libertarias es tajante: “serán los dos o ninguno”. Sin embargo, tras meses de mantener esa línea, cerca del Presidente empiezan a considerar un plan alternativo: si el pliego de García-Mansilla no logra destrabarse, evalúan que podría ser designado por decreto. A diferencia del caso de Lijo, que obtendría el visto bueno a través de los votos en el recinto del Senado. Tras el salvavidas inesperado de la kirchnerista catamarqueña Lucía Corpacci, que sumó su firma al dictamen para tratar el pliego del cuestionado juez de Comodoro Py, ahora solo resta el llamado a sesiones extraordinarias. 

PL/MG

“No hay juez de la Corte sin Acuerdo del Senado”. Así se titula una declaración de los senadores de Unión por la Patria, publicada en Twitter (X). El comunicado, firmado por los integrantes de este espacio, es una advertencia al presidente Javier Milei, quien según su jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ante la falta de acuerdo en el Senado para que sus candidatos, Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, sean jueces de la Corte Suprema de Justicia podría nombrarlos a ambos por decreto en comisión.

La declaración de los senadores del peronismo es una obviedad, porque aunque un presidente de la Nación efectivamente sí puede designar jueces de la Corte en comisión, estos pueden asumir en dichos cargos solamente durante un año: para ser nombrados y mantenerse como vocales del máximo tribunal de Justicia del país de manera permanente (hasta los 75 años, cuando deben jubilarse) es un requisito necesario el acuerdo de los dos tercios de los senadores presentes en una sesión pública de la Cámara.

La advertencia de los senadores del peronismo, expresada este miércoles en las redes sociales, además, llega días después de que la senadora Lucía Corpacci, vicepresidenta del PJ que conduce desde este mes Cristina Fernández de Kirchner, apoyara con su firma la designación de Lijo. Es decir que el peronismo advierte que no quiere nombramientos por decreto aunque al menos a Lijo ya está apoyándolo estampando sus firmas al dictamen de la comisión de Acuerdos (por ahora, no pasa lo mismo con el otro postulante de Milei, García-Mansilla: en este caso, el respaldo del peronismo está aún en veremos).

Después de meses de hermetismo, estos movimientos podrían confirmar que Cristina Fernández Kirchner avalará el pliego del juez Lijo para integrar la Corte. El más significativo fue el sinceramiento de Corpacci, senadora catamarqueña muy cercana a la expresidenta de la Nación. El argumento de la exgobernadora es que lo apoyará porque “los que pueden venir son peores”.

El comunicado y el antecedente de 2016, que marca una contradicción

“Las senadoras y los senadores abajo firmantes asumimos el compromiso público de impulsar el inmediato rechazo del pliego de Acuerdo de cualquier persona que acepte ser designada como juez o jueza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 'en comisión' bajo el supuesto amparo de los términos del artículo 99, inciso 19, de la Constitución Nacional, que reza: 'Puede llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima legislatura'”, dice el comunicado de los senadores del peronismo.

La declaración está firmada nada menos que por el jefe del interbloque Unión por la Patria, el formoseño José Mayans, quien sin embargo en 2016 votó a favor de los pliegos de Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti. Aquel año ambos eran candidatos a la Corte Suprema de Justicia del entonces presidente Mauricio Macri (PRO), quien inicialmente los había designado en comisión, por decreto. Ni Rosenkrantz ni Rosatti se expresaron en contra de esa forma cuestionada de haber sido designados. Después obtuvieron el acuerdo de los dos tercios del Senado, con el apoyo de los senadores del PJ, como Mayans, quien ahora también podría votar a favor de Lijo por orden del caudillo al que responde, el gobernador de su provincia, Gildo Insfrán.

El senador Francisco Paoltroni, también de Formosa, echado de La Libertad Avanza por rebelde, fue el primero en oponerse a la postulación de Lijo contra la voluntad de Milei: recordó que Lijo, juez de Comodoro Py —es decir integrante de la Justicia Federal— fue quien remitió a la Justicia formoseña la causa sobre la consultora The Old Fund, contratada por el gobierno de Insfrán y que pertenecía a Alejandro Vandenbroele, señalado como testaferro de Amado Boudou. De esta manera, Lijo salvó a Insfrán de la causa Ciccone, por la cual el ex vicepresidente de CFK terminó preso.

De acuerdo con el comunicado de los senadores peronistas, “como se desprende claramente de la redacción constitucional e interpretación pacífica de la doctrina, el término 'empleos' hace referencia al personal militar y diplomático que depende directamente del PEN (Poder Ejecutivo Nacional), pero que requiere acuerdo del Senado de la Nación. El mecanismo de designación de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en tanto cabeza del Poder Judicial, independiente de los otros dos poderes consagrados en la Constitución Nacional y cuya organización esta dispuesta en la Sección Tercera del texto conspitucional, es único y está previsto en el inc. 4 del art. 99, que, además, establece el proceso de designación de todos los miembros del Poder Judicial. Resulta, por lo tanto, Inaplicable para estos casos, lo dispuesto por el inc. 9 del mismo artículo”, dice el comunicado.

Es por eso, dicen los senadores del peronismo, que la designación “en comisión” de un juez o jueza de nuestro Tribunal Supremo resulta manifiestamente inconstitucional, y constituye una afrenta irreparable al sistema repúblicano, democrático y federal de nuestro pais. “Atendiendo la gravedad institucional que podría provocar semejante ejercicio arbitrario de las facultades del Poder Ejecutivo nacional, quienes suscriben la presente acta se comprometen además a iniciar las acciones constitucional y legalmente necesarias para restablecer el Estado de Derecho”, concluye la declaración.

Mientras el peronismo se rasga las vestiduras denunciando la inconstitucionalidad de los nombramientos “en comisión”, algunos de sus senadores ya usaron su lapicera para avalar a Lijo. A su vez, Milei, que llegó al poder prometiendo romper con las viejas prácticas de la “casta”, parece estar tomando nota del manual kirchnerista: avanzar por decreto cuando los números en el Congreso no cierran. 

JJD