La licencia por paternidad en Brasil comenzará a ampliarse de forma progresiva tras la promulgación de una nueva ley impulsada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. La norma llevará el descanso para los padres desde los actuales cinco días hasta un máximo de veinte en 2029, con el objetivo explícito de promover la corresponsabilidad en las tareas de cuidado desde el nacimiento o adopción de un hijo.

La decisión vuelve a poner en evidencia el contraste con la Argentina, donde el régimen de licencias familiares prácticamente no cambió en décadas. La Ley de Contrato de Trabajo mantiene una licencia por paternidad de apenas dos días, mientras que la licencia por maternidad es de 90 días. El esquema se sostuvo incluso después del debate legislativo que acompañó la reciente reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei.

La ampliación aprobada en Brasil reglamenta finalmente un derecho que ya estaba reconocido en la Constitución de 1988, pero que nunca había contado con una legislación específica que estableciera su duración.

Con la nueva norma, el Estado brasileño buscó consolidar un modelo de cuidado compartido desde el inicio de la vida familiar, una política que en la región viene ganando peso en los debates sobre igualdad de género y condiciones de trabajo.

Un esquema progresivo hasta 2029

El nuevo régimen brasileño establece un calendario gradual de ampliación de la licencia. Según la ley promulgada por Lula, el beneficio se extenderá de forma escalonada en los próximos años.

El cronograma previsto es el siguiente:

La ampliación alcanzará a los trabajadores en casos de nacimiento, adopción o guarda judicial, lo que incorpora también situaciones familiares diversas dentro del régimen de licencias.

Además, la norma introduce un mecanismo de financiamiento que busca evitar resistencias empresariales. El sistema crea el denominado “salario-paternidad”, mediante el cual los empleadores pagan inicialmente el salario durante el período de licencia y luego recuperan ese monto a través de compensaciones en sus aportes a la seguridad social.

De ese modo, el costo del tiempo de cuidado se traslada al sistema de seguridad social y no queda exclusivamente a cargo de las empresas, una decisión que busca garantizar la aplicación efectiva del derecho sin generar presiones económicas sobre la contratación laboral.

La ley también contempla situaciones excepcionales. Si la madre fallece, el padre accede a una licencia equivalente a la de maternidad. Además, el inicio del descanso puede postergarse cuando el recién nacido o la madre permanecen internados, y se prevén extensiones específicas en casos de discapacidad, prematuridad o complicaciones médicas.

El objetivo: repartir el cuidado desde el nacimiento

El fundamento político de la reforma se apoya en una discusión que se consolidó en los últimos años en el mercado laboral: la distribución desigual de las tareas de cuidado entre varones y mujeres.

Según explicó el propio Lula al presentar la ley, el objetivo central es evitar que la maternidad se transforme en un factor de discriminación en la contratación laboral. Cuando el cuidado recae exclusivamente sobre la madre, la inserción laboral femenina suele verse afectada por ausencias prolongadas o responsabilidades domésticas que el sistema productivo no reconoce.

En ese sentido, la ampliación de la licencia para los padres busca equilibrar la carga del cuidado desde el primer momento de la vida familiar, algo que distintos organismos internacionales y especialistas en políticas laborales vienen señalando como un paso clave para reducir brechas de género.

La reforma brasileña se inscribe así en una tendencia regional que comenzó a incorporar licencias parentales más amplias y flexibles, entendidas no sólo como un derecho familiar sino también como una política laboral.

El contraste con la Argentina

En la Argentina, el régimen de licencias familiares permanece prácticamente congelado desde hace décadas. El trabajador tiene derecho a dos días corridos de licencia por nacimiento de hijo, según establece la Ley de Contrato de Trabajo.

El plazo, además, no contempla mecanismos de extensión automática cuando el nacimiento ocurre en días no laborales. En la práctica, si el parto sucede durante un fin de semana, la licencia puede reducirse aún más.

Para las madres, en cambio, la ley fija una licencia de 90 días, dividida entre un período previo y posterior al parto. Ese esquema tampoco sufrió modificaciones durante el debate de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei.

La legislación aprobada mantuvo intacto el régimen histórico de licencias familiares, pese a que diversos especialistas y organizaciones laborales señalaron que el debate parlamentario era una oportunidad para actualizar el sistema.

El único capítulo del proyecto original que generó una discusión relevante sobre licencias fue el vinculado a las enfermedades o accidentes no laborales. En su versión inicial, la iniciativa proponía modificar el régimen salarial durante ese período y reducir la duración máxima de las licencias médicas.

Sin embargo, ese punto —conocido como artículo 44— generó una fuerte resistencia sindical y política durante el tratamiento parlamentario. Finalmente fue eliminado o modificado durante la negociación legislativa, lo que dejó sin cambios el esquema vigente de licencias médicas.

Un debate pendiente

Mientras Brasil avanza en la ampliación de derechos vinculados al cuidado, el régimen argentino continúa apoyado en un modelo laboral diseñado en un contexto social muy distinto.

Las transformaciones en la estructura familiar, la creciente participación de las mujeres en el mercado de trabajo y el reconocimiento de las tareas de cuidado como parte de la organización económica reabrieron en los últimos años la discusión sobre el sistema de licencias. Pero la Argentina de hoy parece no hacerse eco de las últimas tendencias, al menos en lo que respecta a los derechos de los trabajadores.

JJD

Creación de 1,7 millones de puestos de trabajo, pleno empleo (5,1%, la menor tasa de paro desde 2012), récord histórico de la capacidad adquisitiva per cápita mensual (3.613 reales, unos 600 euros), crecimiento económico (2,3% en 2025), inflación controlada (3,99%), inversión extranjera directa sólida (15.000 millones de dólares), déficit de las cuentas públicas bajo control (0,4%). Por si fuera poco, la bolsa de San Pablo (Bovespa) registró en enero un récord de capital extranjero: 26.000 millones de dólares, superando la cifra de todo el 2025 (25.000). La economía brasileña toca el cielo en el cuarto año de gobierno de Lula da Silva. El legado del ministro de economía Fernando Haddad, que acaba de dejar su cargo para ser candidato a gobernador de San Pablo en las elecciones de octubre, sorprendió incluso a sus detractores del mercado financiero, que auguraban la hecatombe económica si la izquierda volvía a gobernar.

Sin embargo, el pesimismo económico de los brasileños cotiza en alza. La última encuesta de Datafolha reveló que el 46% de los brasileños consideran que la economía empeoró en los últimos meses, frente al 24% que piensa que mejoró y el 28% que estima que todo sigue igual.

¿Cómo se explica el aumento del pesimismo de los brasileños si su poder adquisitivo toca techo? André Braz, coordinador de los Índices de Precios del Instituto Brasileiro de Economía (FGV IBRE), explicó en conversación con elDiario.es, que el pesimismo económico de los brasileños está relacionado con el aumento acumulado del precio de los alimentos. “Desde 2020, varios eventos han presionado mucho el precio de los alimentos, que subieron el doble que la inflación. Aunque en 2025, su precio fue estable, no borra lo que ocurrió estos años. Esto explica el malestar de las familias, incluso con indicadores económicos tan buenos”, afirmó Braz.

El experto argumentó, además, que el cambio climático disparó la demanda mundial y afectó directamente al precio del café, del cual Brasil es el principal exportador mundial: “El clima no fue bueno y el grano no creció satisfactoriamente. Tuvimos una reducción de oferta nacional fuerte y eso provocó un aumento del precio”. No es casual que la encuesta de Datafolha muestre que el 33% de los entrevistados consideran que su economía personal empeoró en los últimos meses (en diciembre era apenas un 26%).

Por otro lado, aunque el trabajo informal se redujo a un mínimo histórico (37,2%), todavía 38,7 millones de brasileños no tienen empleo formal. La tasa de informalidad subió hasta un 71,1% entre el sector de entregadores de moto (conocidos en Brasil como motoboys), según un informe de ESG Insights. Al mismo tempo, el 57,3% de los trabajadores y el 68% de los jóvenes entre 18 y 24 años relatan dificultades para encontrar empleo, segundo datos del informe Sondagem do Mercado de Trabalho.

¿Son suficientes estos factores para explicar el pesimismo económico de los brasileños en el momento más dorado de su economía? La letra pequeña de la encuesta de Datafolha sugiere que la principal explicación está en otro lugar: en la polarización política.

La ceguera económica de la polarización

La última encuesta de Datafolha reveló que el 77% de quienes van a votar al candidato de extrema derecha Flávio Bolsonaro en las elecciones de octubre piensa que la economía empeoró en los últimos meses, frente al 14% de los votantes del izquierdista Lula.

Para 35% de los entrevistados, la economía va a empeorar en los próximos meses. En este punto, la polarización también marcó la tendencia perceptiva: el 51% de los electores de Lula prevén una mejora de la economía, frente al 14% dos que pretenden votar a Flávio Bolsonaro.

El pesimismo también predomina entre la derecha tradicional (solo el 16% de los votantes de Romeu Zema (Novo) y 17% entre los de Ratinho Junior confían en una mejora económica). Además, la percepción negativa de la economía es del 57% entre votantes evangelistas (más inclinados a votar a la derecha), frente al 41% de los católicos.

No obstante, ni siquiera en un país en el que el 90% admite haber creído en fake news y en el que la extrema derecha las produce en tamaño industrial, la polarización política no acaba de explicar del todo el pesimismo económico.

El punto de inflexión de la percepción económica ocurrió en julio de 2025, después de que Donald Trump anunció un tarifazo del 50% a Brasil. La encuesta realizada por Datafolha los días 29 y 30 de julio de 2025, tras el anuncio del tarifazo estadounidense, recogió que el 45% de los brasileños consideró que la economía iba a empeorar. Unos días antes, Eduardo Leite, gobernador del estado de Rio Grande do Sul, uno de los más ricos de Brasil, afirmó que las “tarifas del 50% que los Estados Unidos aplicaron a Brasil son el reflejo de una polarización, que solo nos divide”. Leite, del sector de la derecha tradicional, echó la culpa al gobierno Lula: “(la polarización) también es consecuencia de un gobierno brasileño que siempre apostó en la misma polarización”.

A pesar de la percepción económica de la derecha y la extrema derecha, el gobierno Lula consiguió el mejor desempeño de la economía de la última década. El ministro saliente Fernando Haddad realizó la proeza de eximir de pagar impuestos a quienes ganan menos de 5.000 reales al mes (unos 850 euros), de aprobar el Impuesto sobre Operacões Financeiras (IOF) y de aumentar un 10% los impuestos a los más ricos.

El Supremo Tribunal Federal condenó este miércoles a los hermanos Chiquinho y Domingos Brazão a 76 años y 3 meses de prisión por planificar y ordenar el asesinato de la concejala y activista social Marielle Franco y su chofer Anderson Gomes en marzo de 2018 en Río de Janeiro.

Según la Fiscalía, la ejecución de Franco y Gomes fue motivada por acciones políticas de la concejala destinadas a obstaculizar los intereses de los hermanos Brazão, incluida la regularización de áreas controladas por milicias en Río de Janeiro, reportaron Globo.com y Agencia Brasil.

Según la Procuraduría General de la República, no hay duda de que los hermanos Brazão fueron los autores intelectuales de los crímenes.

En el pronunciamiento de la Sala Primera del STF, votaron a favor: el juez Alexandre de Moraes, relator del caso; los jueces Cristiano Zanin, Carmen Lúcia y Flávio Dino, presidente del tribunal.

Rivaldo Barbosa, exjefe de la Policía Civil de Río de Janeiro, fue condenado a 18 años de prisión por los delitos de obstrucción a la justicia y corrupción. A pesar de ser imputado por los asesinatos de Marielle y Anderson, Barbosa fue absuelto de dicho cargo.

Ronald Alves de Paula, mayor de la Policía Militar, fue condenado a 56 años de prisión. Robson Calixto, expolicía militar, fue condenado a 9 años.

Franco fue acribillada el 14 de marzo de 2018 cuando regresaba de un acto político en el centro de Río de Janeiro, mientras se desplazaba junto a su chofer, Anderson Gomes, que también murió poco después del atentado, y su asesora Fernanda Chaves, quien sobrevivió.

Tenía 38 años y se había convertido en una poderosa voz en la denuncia contra las milicias en la ciudad carioca, bandas paramilitares integradas en su mayoría por expolicías y elementos con experiencia en seguridad.

Estos grupos se integraron originalmente en los años 80 para defender a los habitantes de las favelas de las pandillas de narcotraficantes, pero con el tiempo comenzaron a tener cada vez más participación en negocios inmobiliarios irregulares, beneficiándose de la confiscación ilegal de tierras.

La oposición a este tipo de negocios terminó costándole la vida de Franco, una mujer afrodescendiente, lesbiana, nacida en una favela de Río de Janeiro y militante del Partido Socialismo y Libertad (PSOL).

Con información de la agencia NA

Kleber Mendonça Filho se sintió en un momento de su vida como si fuera un agente secreto. Con el gobierno de Bolsonaro los artistas se convirtieron en enemigos de Brasil. La extrema derecha les atacaba y se les señalaba en las redes sociales. Un día tuvo que viajar a Francia para un ciclo en el que era el invitado de honor. El embajador brasileño en Francia no le tenía permitido entrar, y era parte de aquellos que habían convertido a los cineastas en enemigos. El embajador ni siquiera fue invitado al acto al que si fue Mendonça Filho, que cuando apareció con su traje se sintió como un agente de su país. “Pero un agente corrupto para ellos”, recuerda entre risas mientras cuenta la anécdota.

Esa anécdota fue uno de los puntos de partida de El agente secreto, su nueva película con la que opta a cuatro premios Oscar, incluidos el de Mejor película, Mejor película internacional y Mejor actor para Wagner Moura, conocido por su papel de Pablo Escobar en Narcos y que aquí borda el de un profesor universitario que huye a Recife para esconderse por su pasado activista y reencontrarse con su hijo mientras un asesino a sueldo le busca para asesinarle. El filme, que ganó el premio al Mejor director y al Mejor actor el pasado Cannes es un impresionante thriller setentero. Una obra que juega con los géneros, que coquetea incluso con el terror fantástico, y que se convierte en un filme sobre la memoria y, sobre todo, lo que ocurre cuando la memoria no se rescata. Cuando el olvido convierte la Memoria en sitios vacíos y los muertos siguen sin tener nombre.

Una muestra, además, del poder del cine brasileño, que el año pasado ganó el Oscar con otro filme sobre la dictadura, Aún estoy aquí, y que confirma que el apoyo público de Lula, tras los recortes de Bolsonaro, han inyectado un éxito global al cine del país. También a las ganas de mirar al pasado. Un tiempo que para Kleber Mendonça Filho estaba “lo suficientemente lejano para hacer una película de época, pero lo suficientemente cerca para darle un toque personal”.

Sus recuerdos de la dictadura son los de un niño en los años 70 y están “borrosos” en su memoria. “Son una niebla, pero es una niebla con olores y una atmósfera, y eso es también por el cine, porque yo era un pequeño cinéfilo muy joven. Luego estaba mi situación familiar en el 77. Mi madre tuvo una crisis de salud fuerte, y eso me hace recordar esa época en particular, cuando mi tío nos llevaba a mi hermano y a mí al cine muchas veces para que saliéramos de casa. Solo años después entendí lo que pasó. Así que tengo un recuerdo muy fuerte de esa época. Lo que significa que la película no es una reconstrucción de un incidente histórico, sino más bien una reconstrucción de una sensación de tiempo”, dice el cineasta.

También una sensación del recuerdo suyo como un niño viviendo la dictadura. Por eso su acercamiento se aleja de otras películas que “entran en la violencia de la dictadura y hay escenas de tortura, o ves un grupo de jóvenes robando un banco para financiar la resistencia”. Él “no quería hacer nada de eso”, pero la sensación de un país putrefacto, violento y corrupto se nota en una excelente primera escena donde un policía llega a una gasolinera con una camisa manchada de sangre y le da casi igual que haya un cadáver en el suelo.

De la dictadura recuerda estar jugando en casa y ver “a los adultos hablando en susurros”. “Luego volvían a hablar normal, era un instinto humano, porque no había micrófonos en mi casa, pero ellos bajaban la voz”, rememora y se refiere también a cómo en las escuelas, aunque no fueran colegios militares, les obligaban a “marchar todos los viernes como soldados en el patio de la escuela”. “Era ridículo. ¿Por qué harías eso a los niños? Para mí, eso es casi suficiente para querer escribir una película sobre ello”, asegura.

Esta película no es una reconstrucción de un incidente histórico, sino más bien una reconstrucción de una sensación de tiempo

Kleber Mendonça Filho — Cineasta

El agente secreto también habla de las salas de cine como lugares de refugio. En los cines es donde se reúnen, donde escapan de las miradas, y también donde la fantasía de un niño empieza a crecer. Unos cines que ya había mostrado Filho en Retratos fantasmas, su excelente documental sobre los cambios urbanísticos en Recife y cómo cada vez hay menos salas de cine en su localidad natal.

Quizás por esa influencia del cine, esta es una película, muy película. Sabe que es cine, y sabe que es género. Por eso recurre a una estrella mundial para ello. “Me gusta mucho la idea de hacer una película para el cine. Y creo que el papel de la estrella es históricamente importante en el desarrollo del cine. Y abracé esto por primera vez en Aquarius cuando entendí que iba a trabajar con Sonia Braga. Fuera de cámara ella era una hermosa señora mayor, pero cuando mirabas por el visor, ella era algo más. Ese carisma. Hay algo en su rostro que simplemente resalta. Y estoy fascinado por eso. Y esto pasa desde la era del cine mudo”, analiza.

Por eso cree que es “un gran privilegio tener una estrella de cine” en sus películas. También porque quería que su protagonista fuera “la idea popular del héroe clásico”. Eso sí, le impuso una norma moral mientras escribía: “No quería que él apuntara con armas a la gente en la película. Ese fue el único obstáculo que me impuse”. El resto lo pone un Wagner Moura al que describe como “tan atractivo como interesante”.

Que el personaje de Wagner Moura no empuñe un arma no significa que no haya violencia. La hay. Y es seca y destroza los cuerpos. Mendonça Filho confiesa que pensó “mucho en Cronenberg” porque cree que “la violencia en el cine debe ser muy desagradable”. “En las películas todo suele parecer simple. Pero una bala es violenta y genera mucho daño a un cuerpo humano, y quería reflejar eso en la película, la cualidad orgánica de violencia y del cuerpo humano es algo que creo que debía estar presente en la película. Y debería ser parte de cualquier narrativa que respete nuestra condición humana de ser pedazos de materia orgánica andantes”, opina. Por ello su película desprende una sensación de país que se cae a trozos, que huele a podrido mientras su protagonista se refugia en esa casa de exiliados. 

La Justicia brasileña ordenó la liberación de Agostina Páez, la abogada argentina de 29 años que fue imputada por realizar gestos racistas, según confirmó el defensor Sebastián Robles a la Agencia Noticias Argentinas.

La joven de 29 años, oriunda de Santiago del Estero, había sido trasladada a una comisaría en la ciudad de Río de Janeiro tras ser notificada de la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público Fiscal.

Sin embargo, esa medida fue revocada y Páez volverá a tener arresto domiciliario en el marco de la causa que la investiga por el delito de injuria racial, cuya pena contempla entre dos a cinco años de prisión, según las leyes brasileñas.

La imputación contra Páez surgió después de que un video de ella en un bar de Ipanema, en Río de Janeiro, se viralizara el pasado 14 de enero. En el material, se la veía imitando a un mono y realizando gestos ofensivos hacia los empleados del local, lo que desató la denuncia por racismo. Por eso se inició una investigación penal en su contra.

En el marco del proceso judicial, las autoridades brasileñas ya habían dispuesto medidas cautelares como el secuestro de su pasaporte y la colocación de una tobillera electrónica. Sin embargo, el Ministerio Público consideró que estas disposiciones no eran suficientes para garantizar su presencia en el proceso, ya que no residía de forma estable en Brasil.

Si es hallada culpable de los cargos de insultos raciales, Páez podría enfrentar una pena de entre 2 y 5 años de prisión, conforme a la legislación brasileña en materia de delitos raciales.

A través de un video, difundido este jueves, Páez consideró que “se están vulnerando” todos sus derechos, habida cuenta que en todo momento mostró su predisposición ante las autoridades brasileñas, pero al mismo tiempo advirtió que está “muerta de miedo”.

“Necesito ayuda. Tengo miedo de verme perjudicada haciendo este video, que se me vulneren todavía más mis derechos, sobre los hechos no puedo hablar, solo decir que hay un contexto que está en la causa y que no son tenidos en cuenta sólo para perjudicarme. Espero que todo se aclare”, añadió.

Si bien la abogada no lo dijo explícitamente, su reacción se habría producido en respuesta a una serie de burlas obscenas por parte de un grupo de hombres que estaban en el bar.

Con información de la agencia NA

La relación entre los gobiernos de Argentina y Brasil atravesó un nuevo episodio de tensión luego de que el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, resolviera dejar de representar los intereses argentinos en Venezuela. Ante esa decisión, la Cancillería argentina inició gestiones para designar a Italia como nuevo país encargado de esa función diplomática ante Caracas.

La determinación de Brasil se produjo tras una publicación difundida por el presidente argentino, Javier Milei, en redes sociales, vinculada a la situación política venezolana y a la figura de Nicolás Maduro. El contenido incluyó un video con fragmentos de un discurso de Milei durante la última cumbre del Mercosur, en el que se refería al rol de Estados Unidos frente al gobierno venezolano. El material audiovisual incorporaba además imágenes del mandatario brasileño.

Luego de ese episodio, la diplomacia brasileña comunicó que no continuaría con la representación de los intereses argentinos en Venezuela, una tarea que había asumido meses atrás en un contexto de distanciamiento entre Buenos Aires y Caracas.

Brasil había comenzado a ejercer esa representación luego de que el gobierno argentino desconociera los resultados de las elecciones presidenciales venezolanas de 2024, lo que derivó en la expulsión de los diplomáticos argentinos del país. A partir del 1° de agosto, y con la aceptación inicial de las autoridades venezolanas, Brasil quedó a cargo de la sede y de los asuntos consulares argentinos. Sin embargo, en septiembre, el gobierno venezolano cuestionó esa delegación y planteó objeciones a su continuidad.

Este nuevo capítulo se suma a una relación bilateral marcada por diferencias políticas y declaraciones públicas cruzadas entre Lula da Silva y Javier Milei desde el inicio de la actual gestión argentina. La decisión brasileña abre ahora un período de redefinición en el esquema de representación argentina en Venezuela y plantea interrogantes sobre el impacto que el episodio pueda tener en la dinámica regional y en la relación de otros países sudamericanos con ambos gobiernos.

Brasil cerró 2025 con un récord histórico de turismo internacional impulsado, en gran medida, por la masiva llegada de visitantes argentinos. Entre enero y noviembre, más de 3,1 millones de argentinos viajaron al país vecino, lo que representa un aumento del 82,1% en comparación con el mismo período de 2024, según datos oficiales del Ministerio de Turismo brasileño.

Gracias a este fuerte flujo desde la Argentina -principal país emisor de turistas-, Brasil alcanzó este año la cifra inédita de nueve millones de visitantes internacionales, superando ampliamente el récord previo de 6,7 millones registrado en 2024 y rebasando de forma anticipada la meta fijada en el Plan Nacional de Turismo para 2027.

Detrás de la Argentina se ubicaron Chile, con 721.497 ingresos y un crecimiento interanual del 24,4%; Estados Unidos, con 677.888 llegadas y una suba del 5,8%; Uruguay, que aportó 487.514 turistas (+37,2%); y Paraguay, con 454.327 visitantes (+14,4%).

El aumento del turismo extranjero tuvo un impacto directo en la economía brasileña. Entre enero y noviembre de 2025, los visitantes internacionales dejaron 7.170 millones de dólares, un 8,41% más que en el mismo período del año anterior y muy cerca del total registrado en todo 2024, que había sido de 7.300 millones, según el Banco Central de Brasil.

Las autoridades atribuyeron estos resultados a las inversiones en infraestructura turística, la ampliación de la conectividad aérea y una estrategia sostenida de promoción internacional. A través del Ministerio de Turismo, el Gobierno destinó recursos a estados y municipios de todas las regiones, lo que permitió finalizar más de 270 obras vinculadas al sector.

El crecimiento del turismo también impactó en el empleo: solo en 2025, la actividad turística registró más de 1,5 millones de contrataciones formales, con un saldo positivo de alrededor de 90.000 nuevos puestos de trabajo.

Con información de la agencia Xinhua

Descabezada desde que su figura emblemática fue encarcelada por intento de golpe de Estado, la extrema derecha brasileña acaba de encontrar a un nuevo enemigo: las sandalias Havaianas. La marca ha sido “cancelada” por los seguidores de Jair Bolsonaro a raíz de un anuncio de televisión.

La polémica surgió por la frase que pronuncia en un anuncio de Havaianas la actriz Fernanda Torres. En él, la protagonista de ‘Aún estoy aquí’ (ganadora del Óscar a la mejor película internacional) pide no empezar el año 2026 “con el pie derecho” sino “con los dos pies”.

Los seguidores de Bolsonaro han interpretado la frase como una burla contra la derecha y están llamando al boicot contra Havaianas, como antes hicieron los simpatizantes de Donald Trump con la cerveza Bud Light, las máquinas Keurig, los cereales Kellogg's, y hasta Beyoncé.

El excongresista Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente, se grabó en un vídeo tirando a la basura un par de Havaianas (su cargo en el congreso brasileño fue revocado recientemente, después de que viajara a Estados Unidos para convencer a Trump de que tomara represalias contra Brasil por el juicio a su padre). “Pensaba que esto era un símbolo nacional”, se le escucha decir en el vídeo mientras señala la pequeña bandera brasileña que llevan las Havaianas como sello distintivo. “Me equivoqué; han elegido como portavoz de las sandalias a alguien que es abiertamente de izquierdas”.

Ni Torres ni la marca han hecho comentarios sobre la polémica.

“Le voy a decir al equipo de marketing [de Havaianas] que pida consejo al departamento de marketing de Budweiser aquí en Estados Unidos, ellos también perdieron el contacto con la realidad y sufrieron pérdidas por mil millones de dólares”, dijo Eduardo Bolsonaro en referencia a la reacción sufrida por Bud Light tras emitir un anuncio protagonizado por la estrella transgénero de TikTok Dylan Mulvaney (Bud Light fue “perdonada” después por Trump).

Se estima que el valor de mercado de la empresa Havaianas retrocedió unos 23 millones de euros este lunes, primer día del boicot a las sandalias.

La reacción desde la izquierda ha incluido llamamientos sinceros a los seguidores de Bolsonaro para que donen sus sandalias y también burlas, como la oferta de cambiar sus sandalias por una tobillera electrónica con los colores de la bandera nacional.

El dispositivo de la tobillera se ha vuelto un chiste recurrente desde que Bolsonaro fue sorprendido tratando de destruir la suya con un soldador, una acción que le hizo perder el arresto domiciliario para regresar a la celda donde ha comenzado a cumplir condena tras ser hallado culpable de un complot para anular el resultado de las elecciones de 2022.

Traducción de Francisco de Zárate

“¿Para qué sirvieron todos esos avances tecnológicos, entonces?”, se preguntó Luiz Inácio Lula da Silva ante el Consejo de Desarrollo Económico y Social Sostenible (CDESS), al proponer reducir la jornada laboral en Brasil. El mandatario defendió el fin de la jornada 6 por 1 —seis días de trabajo y uno de descanso— y llamó a pensar una redistribución del tiempo laboral como respuesta a los incrementos de productividad.

“La producción aumenta, pero los salarios caen. Eso no tiene sentido”, argumentó. Lula no presentó un proyecto de ley, pero instó al Consejo —integrado por empresarios, sindicatos y movimientos sociales— a analizar la viabilidad de bajar la jornada legal, actualmente de 44 horas semanales, a 40. El debate se da en simultáneo con una propuesta de enmienda constitucional que apunta en esa dirección y ya circula en el Congreso Nacional.

El planteo del presidente brasileño se suma a una corriente regional que pone en discusión la duración del trabajo en contextos de automatización, concentración de la riqueza y crisis de bienestar. Apenas un día antes, México oficializó una iniciativa legislativa con alcance histórico: reducir progresivamente la jornada de 48 a 40 horas semanales sin baja salarial ni pérdida de derechos.

“Es un paso firme hacia una vida laboral más justa, digna y equilibrada”, expresó la presidenta del Senado mexicano, Laura Itzel Castillo, al presentar el proyecto de Claudia Sheinbaum. La reforma será gradual —dos horas menos por año entre 2027 y 2030— y fue diseñada tras cinco meses de foros con más de 2.000 actores sociales, incluyendo sindicatos, empresas y académicos.

Mientras Brasil y México avanzan hacia una reorganización del tiempo de trabajo en clave de bienestar, en la Argentina el Gobierno impulsa una reforma laboral en sentido contrario. El presidente Javier Milei, con el respaldo de Patricia Bullrich en el Senado, propone flexibilizar convenios colectivos, facilitar despidos y eliminar derechos adquiridos. Los gremios rechazaron el proyecto por considerarlo “inconstitucional, antisindical y regresivo”.

En México y Brasil, el foco está en distribuir mejor el tiempo generado por el crecimiento tecnológico. En Argentina, en cambio, la reforma oficialista busca reducir costos laborales sin contemplar el impacto social. Lula recordó que, cuando era sindicalista, 40.000 trabajadores producían 1.200 autos; hoy 12.000 fabrican el doble. “¿Por qué no se redujo la jornada?”, preguntó. Su respuesta: redistribuir ese excedente en tiempo libre para el pueblo.

El Consejo asesor convocado por Lula elaborará propuestas que luego pueden ser tomadas como base legislativa. Aunque sin fuerza de ley, el gesto presidencial instala el tema en la agenda pública y consolida una perspectiva común con México: priorizar la salud mental, el equilibrio vital y los derechos laborales en el marco de un nuevo contrato social.

JJD

La Policía Federal de Brasil detuvo este sábado de forma preventiva al expresidente brasileño Jair Bolsonaro, condenado por un intento de golpe de Estado. La decisión de la Corte Suprema del país pone fin así al arresto domiciliaro del ultraderechista, que ya llevaba más de 100 días en prisión en su residencia, según apuntan medios locales y la agencia EFE.

Un grupo de policías acudió a la residencia de Bolsonaro, en Brasilia, y arrestado al dirigente de extrema derecha, que fue trasladado inmediatamente después a dependencias policiales. La Corte Suprema brasileña decretó la prisión preventiva del exmandatario para “garantizar el orden público”, después de que, aseguran los jueces, el expresidente intentara romper la tobillera electrónica que controla sus movimientos. Pretendía fugarse durante una manifestación convocada frente a su casa por uno de sus hijos, según afirmó la Corte.

El líder ultraderechista, condenado a 27 años de cárcel por golpismo y quien ya se encontraba en prisión domiciliaria desde agosto, fue arrestado y conducido a instancias policiales para “garantizar el orden público”, según justificó el Supremo en su decisión.

Bolsonaro fue condenado el pasado mes de septiembre a 27 años y tres meses de prisión por el Supremo Tribunal Federal por planear un golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022 contra el progresista Lula da Silva. La justicia brasileña concluyó que Bolsonaro había sido líder y principal beneficiario de un plan para impedir que Lula asumiera el cargo en 2023.

Se trata de la primera vez en la historia del país que un expresidente se enfrenta a penas de prisión por haber atentado contra la democracia tras haber perdido las elecciones en 2022.

Bolsonaro permaneció bajo arresto domiciliario estricto por violar medidas cautelares. Este mismo viernes, la defensa del expresidente había pedido a la Corte Suprema que el ultraderechista pudiera cumplir la condena entera bajo el régimen de prisión domiciliaria, alegando motivos de salud. Sin embargo, la petición no ha sido escuchada, y sus abogados no se pronunciaron todavía sobre su arresto.

Aun así, se espera que su defensa solicite de nuevo el permiso para permanecer bajo arresto domiciliario. Durante estos 100 días, Bolsonaro tenía prohibido acceder a redes sociales, aunque pudo disfrutar de otros beneficios, entre otros las visitas o llamadas de líderes y compañeros internacionales, como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha calificado su juicio en varias ocasiones de “cacería de brujas”.

Según medios locales, la prisión preventiva de Bolsonaro de este sábado no se trata del inicio de la ejecución de la pena, que se espera que comience durante las próximas semanas, después de que el Supremo haya rechazado los primeros recursos de apelación contra la sentencia.

En el marco del proceso por golpismo, el Supremo también ordenó este viernes la prisión preventiva para el diputado Alexandre Ramagem, gran aliado de Bolsonaro que también ha sido condenado en el mismo juicio del expresidente, tras supuestamente haberse fugado a Estados Unidos. Las investigaciones apuntan a que el parlamentario dejó Brasil en septiembre pasado a través del estado de Roraima, fronterizo con Venezuela, y continuó de forma clandestina hacia ese país o hacia la Guayana Francesa, antes de poner rumbo a Estados Unidos.

Ramagem, exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia, recibió una condena de 16 años de prisión en régimen cerrado, por los delitos de organización criminal, golpe de Estado y abolición violenta del Estado Democrático de Derecho.

Durante las próximas dos semanas, representantes de cerca de 200 gobiernos tratarán de lograr consensos en la versión 30 de la conferencia anual de cambio climático de Naciones Unidas, COP30.

Es la primera conferencia del clima que tiene lugar en la Amazonía, específicamente en la ciudad de Belém, Brasil, un bioma vital por su rica biodiversidad pero amenazado por actividades extractivas.

Es también el décimo aniversario del Acuerdo de París, el tratado climático global acordado en 2015 para evitar que las temperaturas medias globales aumenten más de 2 °C por encima de los niveles preindustriales y, en el mejor de los casos, mantener este aumento por debajo de 1.5 °C. Sin embargo, la trayectoria actual es que, para finales de siglo, el planeta se calentará entre 2,3 y 2,5 °C, incluso si los planes que los países se han fijado hasta ahora se cumplen al 100%.

“Estamos perdiendo peligrosamente el límite de 1,5 °C. Vamos en la dirección correcta pero demasiado despacio”, sostuvo Christiana Figueres, ex secretaria ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), en una conferencia de prensa la semana anterior al inicio de la conferencia mundial.

La COP30 ocurre en medio de un contexto geopolítico convulsionado y cuestionamientos al estado del multilateralismo. Brasil, como presidente de la conferencia, tendrá el desafío de balancear esas tensiones.

A diferencia de años anteriores, esta edición no tiene como objetivo principal alcanzar un acuerdo o emitir una declaración. El gobierno de Brasil y analistas la han definido como “la COP de la implementación”.

Para ello, los países presentarán sus nuevos planes climáticos nacionales, aunque hasta el domingo, víspera de la cumbre, solo 81 de 198 lo habían hecho. Especialistas coinciden en que se esperan avances en diversos temas, como financiamiento a países en desarrollo, transición energética y adaptación a los efectos del cambio climático.

América Latina, sede de la COP luego de 11 años (la COP20 se realizó en Lima, Perú, en 2014), ya atraviesa impactos visibles y crecientes del cambio climático. Por ejemplo, los científicos han dicho que el reciente huracán Melissa, que afectó especialmente a Jamaica, fue más intenso por efecto del cambio climático.

“La región llega a la COP30 en un punto de inflexión”, dijo Jorge Villareal, director de política climática en la ONG de México Iniciativa Climática. “Estamos fuertemente impactados por la crisis climática, deuda y desigualdades”.

La cumbre de líderes

Días antes del comienzo de la COP, el jueves 6 y el viernes 7 de noviembre, cerca de 60 jefes de estado llegaron a Belém para participar de la Cumbre de Líderes, un segmento previo que pretende dar un impulso político a las negociaciones.

El secretario general de la ONU, António Guterres, criticó duramente a los gobiernos por su incapacidad para limitar el calentamiento a 1,5 °C. “Están cautivos de los intereses de los combustibles fósiles”, dijo en su discurso.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva advirtió que “la ventana de oportunidad que tenemos para actuar se está cerrando rápidamente” y afirmó que “no hay mayor símbolo de la causa medioambiental que la selva amazónica”.

Diversos líderes de América Latina también estuvieron presentes. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de “conducir a la humanidad al abismo” por su negacionismo climático y cuestionó el “lobby de los combustibles fósiles” en las conferencias del clima.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, pidió poner “a la ciencia y la evidencia científica en el centro de las decisiones” y avanzar en la implementación, mientras que el presidente de Guyana, Irfaan Ali, defendió el multilateralismo. “No hay otro foro donde los países sean considerados iguales y puedan buscar una respuesta para el planeta”, agregó.

En la lista de asistentes faltaron los líderes de algunas de las economías más contaminantes del mundo, como India, Rusia y Estados Unidos, que se retiró recientemente, y por segunda vez, del Acuerdo de París. China, hoy el principal emisor, envió a su viceprimer ministro, Ding Xuexiang, quien pidió que los países desarrollados tomen la delantera en la acción climática y se respeten los principios de justicia y equidad.

El foco puesto en los bosques

Brasil presentó en la Cumbre de Líderes el Fondo Bosques Tropicales para Siempre (TFFF por sus siglas en inglés), su iniciativa estrella en la COP30. Se trata de un mecanismo voluntario que dará financiación a largo plazo a los países que protegen y gestionan de forma sostenible sus bosques tropicales.

A diferencia de los fondos de conservación tradicionales, que dependen de subvenciones temporales o basadas en proyectos, el TFFF es un fondo de inversión permanente y autofinanciado. Los fondos se colocarán en una cartera diversificada para reembolsar a los inversionistas y recompensar a los países por conservar sus bosques, teniendo en cuenta que en 2024 se perdieron 6,7 millones de hectáreas de bosques tropicales.

Para ello, Brasil fijó un objetivo de 125.000 millones de dólares para el TFFF y pretende recaudar inicialmente 10.000 millones de dólares de gobiernos y organizaciones filantrópicas. Hasta ahora, se han comprometido 5,5 millones de dólares.

El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) estima que entre ahora y 2030 habrá que cubrir un déficit de 216.000 millones de dólares anuales en financiación forestal. La inversión pública es hoy mayoritaria, con sólo uno de cada diez dólares procedentes de inversores privados.

Mirela Sandrini, directora interina del World Resources Institute (WRI) Brasil, dijo que de contar con suficientes fondos, el TFFF podría hacer que “sea más rentable mantener los bosques de pie que deforestarlos”.

Sin embargo, Teresa Anderson, responsable global de justicia climática de ActionAid, cuestionó en un comunicado que se destinen fondos públicos a “instrumentos financieros complejos” —como el TFFF— en vez de otorgarlos directamente a comunidades.

Gran parte del financiamiento climático pasa por intermediarios, como ONG, consultoras y bancos de desarrollo. Esto ha sido un histórico reclamo de organizaciones indígenas y comunitarias.

Nelson Bastos, pescador e investigador de la isla Marajó en el estado de Pará, Brasil, sostuvo en un comunicado: “¿A quién irá a parar ese dinero? ¿Llegará a las personas que están en el territorio? No. Es solo otra forma que tiene el gobierno de decir que está en el territorio colaborando en la defensa, cuando en realidad está convirtiendo la naturaleza en capital para el mercado financiero”.

El financiamiento climático

En 2024 en la COP29 en Bakú, Azerbaiyán, se acordó que los países desarrollados “tomarían la iniciativa” en la movilización de 300.000 millones de dólares anuales para 2035, triplicando la meta previa de 100.000 millones, acordada en 2015 en el Acuerdo de París, pero alcanzada recién en 2022. Aún no hay datos sobre cómo va el cumplimiento de la nueva meta.

Además, en la COP29 se acordó que “todos los actores” trabajarían juntos para permitir que, también para 2035, se alcance un financiamiento de 1,3 billones de dólares de todas las fuentes públicas y privadas.

Azerbaiyán y Brasil recibieron el encargo de elaborar una hoja de ruta para orientar los esfuerzos destinados a alcanzar los 1,3 billones. La hoja de ruta de Bakú a Belém se publicó en el marco de la Cumbre de Líderes, la cual establece “cinco frentes de acción” para alcanzar la meta de financiamiento: “reponer, reequilibrar, redirigir, renovar y remodelar”.

Dentro de cada frente se detallan medidas como impuestos internacionales al carbono y al transporte aéreo y marítimo, una reforma de la arquitectura financiera internacional y el uso de canjes de deuda por acción climática.

Se sugiere que los 1,3 billones se alcanzarían con financiamiento bilateral (80.000 millones), bancos de desarrollo y fondos multilaterales (300.000 millones), cooperación Sur-Sur, es decir, colaboración directa entre países en desarrollo (40.000 millones), finanzas privadas (650.000 millones) y “nuevas fuentes de financiación de bajo costo” (230.000 millones), un paraguas que incluye, entre otros, a los mercados de carbono, los canjes de deuda y la filantropía privada.

Sandra Guzmán, directora del Grupo de Financiamiento de América Latina y el Caribe (GFLAC), resaltó en un análisis de la hoja de ruta ciertos elementos positivos como la diversidad de instrumentos financieros y la inclusión de áreas temáticas críticas, como adaptación. Sin embargo, Guzmán cuestionó un mensaje débil sobre las obligaciones de los países desarrollados y un tratamiento parcial del problema de la deuda. “Solo se consideran mecanismos de sostenibilidad de deuda y no un tratamiento más apropiado dependiendo de las circunstancias de cada país”, sostuvo.

La transición energética

América Latina y el Caribe generaron el 65% de su electricidad a partir de fuentes limpias en 2024, muy por encima del promedio mundial del 41%, de acuerdo a un análisis de Ember. A pesar de esa matriz energética mayormente limpia, países como Brasil, Argentina y Colombia todavía dependen económicamente de exportaciones de combustibles fósiles.

En la COP28 de 2023, en los Emiratos Árabes, los países acordaron por primera vez realizar una transición gradual de los combustibles fósiles y triplicar la energía renovable para 2030. Desde entonces, la discusión se ha centrado en cómo avanzar y supervisar la aplicación de estos objetivos y el tema volverá a estar sobre la mesa en la COP30.

En un evento sobre transición energética en la Cumbre de Líderes, el secretario general de la ONU Antonio Guterres pidió por una transición “justa, rápida y final”. Mientras que el presidente brasileño Lula da Silva dijo que el mundo “no puede sostener más el modelo de los fósiles” y que se necesita “una hoja de ruta para terminar con su dependencia”.

Claudio Ángelo, coordinador de política internacional en el Observatorio del Clima de Brasil, destacó el mensaje de Lula. “Será difícil avanzar sobre fósiles, pero una COP que no habla de ellos falla en su propósito. Las palabras importan, y Lula, como anfitrión, le dio a la presidencia de Brasil [en la COP30] el mandato que necesitaba”, agregó.

Brasil también presentó en la Cumbre de Líderes una iniciativa para cuadruplicar el uso de “combustibles sostenibles” para 2035, incluyendo hidrógeno, biogases y biocombustibles. A pesar de lo positivo del anuncio, Janet Ranganathan, directora adjunta de estrategia en el World Resources Institute, advirtió en un comunicado que esta meta podría llevar a un aumento de la deforestación.

En la COP30, los países también discutirán sobre los minerales críticos para la transición energética. Previo a la reunión en Belém, el grupo del G77 y China, que hoy reúne a 134 países en desarrollo, pidió que haya un “diálogo específico” sobre el tema, mientras que la Asociación Independiente de América Latina y el Caribe (AILAC), un grupo de negociación que incluye a Colombia, Chile y Perú, advirtió que la expansión de la minería puede llevar a mayor deforestación, contaminación y consecuencias para las comunidades locales.

La COP de la adaptación

Si bien el mundo debe reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero de manera acelerada, también necesita incrementar la resiliencia para adaptarse a los efectos ya visibles del cambio climático. Sin embargo, los avances en adaptación han sido hasta ahora limitados. Brasil espera revertir esto en Belém, en lo que ha denominado “la COP de la adaptación.”

En el Acuerdo de París, los países incluyeron una Meta Global de Adaptación para “incrementar la capacidad de adaptación y resiliencia”, pero sin detalles sobre cómo sería exactamente el objetivo, cómo se lograría y cómo se haría un seguimiento de los avances. En la COP28 se acordó un marco general para la meta, pero aún no hay objetivos cuantificados y medibles, ni medidas para movilizar financiamiento.

En los dos años siguientes a la COP28, los países trabajaron junto a expertos para reducir una lista potencial de más de 9.000 indicadores a solo 100. Se espera que en la COP30 se adopte una decisión final sobre estos indicadores, ya que la mitad de la población (cerca de 3.600 millones de personas), vive en lugares vulnerables a los efectos del cambio climático.

“Para América Latina, el tema número uno es el financiamiento para la adaptación. Los riesgos son cada vez más altos”, sostuvo Isabel Cavelier, directora de la ONG Mundo Común. “Somos una de las regiones más vulnerables del mundo y tenemos que hacer progresos en ese aspecto. Tenemos que asegurar los medios para adaptarnos”.

La necesidad de un tratado por el metano

En su paso por Belém, la primer ministra de Barbados, Mia Mottley, conocida por su pedido de una reforma de la arquitectura financiera internacional, pidió crear un tratado global legalmente vinculante por el metano, un gas de efecto invernadero con un poder de calentamiento 80 veces mayor que el dióxido de carbono. 

“El mundo debe activar el freno del metano. Es un freno de emergencia que puede darnos más tiempo. Los científicos aconsejan que esta es la principal forma en que podemos no solo detener, sino revertir el aumento de temperatura que hemos visto en todo el planeta”, sostuvo en su discurso.

Desde la COP26 celebrada en Glasgow, 159 países y la Unión Europea se han adherido al Compromiso Global sobre el Metano, cuyo objetivo es reducir las emisiones de metano en un 30% para 2030, en comparación con los niveles de 2020. Sin embargo, las emisiones de metano siguen manteniéndose en niveles significativamente altos.

El futuro de las COP

Luego de 30 años de conferencias del clima, se están llevando a cabo amplios debates sobre cómo reformar el proceso de la COP para hacerlo más eficaz y se espera que esta discusión esté presente en Belém.

Las propuestas van desde la introducción de nuevas reglas de votación ―el voto actualmente es por consenso― hasta el establecimiento de criterios para seleccionar a los anfitriones de la COP.

Brasil ha creado un grupo con los ex presidentes de las COP, desde la COP21 en adelante, para buscar soluciones que mejoren la gobernanza climática. Una de las grandes expectativas es, precisamente, la presentación de un reporte con recomendaciones que presentarán durante la COP30.

“Hay gente que le pierde esperanza a este proceso por ser lento o no dar resultados ante evidencia de crisis climática. Pero al ir al detalle es evidente que hemos avanzado. En muchos países de América Latina la deforestación ha bajado y el desarrollo de las renovables es significativo. Brasil quiere mostrar progreso y que estamos implementando el Acuerdo de París”, sostuvo Manuel Pulgar Vidal, presidente de la COP20 y ex ministro de Ambiente de Perú.

La COP30 tendrá lugar del 10 al 21 de noviembre en Belém, Brasil. Lee nuestra cobertura de la cumbre aquí.

Este artículo hace parte de una alianza periodística entre Dialogue Earth y Mongabay Latam. Se ha elaborado en el marco de la 2025 Climate Change Media Partnership, una beca de periodismo organizada por la Earth Journalism Network de Internews y el Stanley Center for Peace and Security.

Josef Mengele murió en 1979, ahogado por accidente en una playa brasileña, rodeado de amigos, durante unas pequeñas vacaciones. El que fue conocido como el Ángel de la Muerte por sus torturas a los presos de Auschwitz acabó sus días eludiendo al Mossad, a la CIA y a célebres cazadores de nazis. El único juicio que se hizo contra él fue uno ficticio que organizaron 122 gemelos que sobrevivieron a los experimentos que llevó a cabo con ellos en pro de mantener y mejorar la raza aria.

¿Cómo puede ser que el que llegó a ser el criminal de guerra más buscado del mundo no pagara? La responsable fue la Kameradenwerk, una red de alemanes diseminados por Latinoamérica que dio cobijo y protección a los nazis exiliados. Sobre ella se ha escrito mucha literatura, pero nunca nadie había abordado los tentáculos que llegaron al Brasil. Hasta que la periodista Betina Anton se sumergió en archivos desembargados y cartas de Mengele que nadie había leído y pudo reconstruir todo el entramado.

La autora ha plasmado su investigación en el libro Tras la pista de Mengele, editado por Plataforma (o Caçar Mengele, en catalán, por Manifest), presentado este miércoles en la librería Finestres de Barcelona. En el manuscrito repasa la historia de todas las personas que ayudaron al nazi a esquivar la muerte. Una de las más importantes fue Liselotte Bossert, nada más y nada menos que la querida profesora de primaria de la misma Betina Anton.

En las primeras páginas del libro habla de una situación que es chocante: describe a Josef Mengele asistiendo a una fiesta en una escuela de São Paulo. ¿Qué hacía el Ángel de la Muerte de Auschwitz en un festival infantil en Brasil?

Iba a recoger a Liselotte Bossert, profesora de esa escuela, con la que iba a hacer un viaje a una finca que tenían en la ciudad de Itapecerica da Serra. En esa época y en esa escuela, era muy normal tener algún pariente alemán, austríaco o suizo, así que a nadie le pareció rara la presencia de un hombre alemán. Pero nadie sabía que él era Mengele.

¿Quién era Liselotte Bossert?

Fue mi profesora, aunque aquello pasó años antes de que yo naciera. Lo que sí pasó mientras yo estaba allí fue que, un día, cuando tenía seis años, Liselotte desapareció. No sabía por qué, pero todos los adultos a mi alrededor empezaron a decir un nombre: Mengele. Por supuesto, no sabía quién era, pero intuía que había hecho cosas terribles.

Liselotte desapareció en mitad de un curso lectivo para no volver jamás a la escuela. Y no volvió porque ella fue la persona que enterró a Mengele con un nombre falso en Brasil en 1979. Ella y su familia le dieron protección y lo acogieron durante los últimos 10 años de su vida. Pero eso no se supo hasta 1985.

¿Qué papel jugó Liselotte Bossert en la vida de Mengele?

La suya era una familia normal y actuaban como buenos amigos, porque lo eran. Es cierto que nunca vivieron en la misma casa, pero los Bossert le visitaban, se iban juntos de vacaciones y eran responsables de su bienestar.

¿Cómo llega una “familia normal” a ser responsable del bienestar de un criminal de guerra nazi en Brasil?

Cuando conocieron a Mengele no sabían que era un nazi. Les presentan amigos en común que sí sabían quién era porque necesitaban que alguien estuviera pendiente de él. Y se llegan a hacer grandes amigos. Los hijos de Liselotte llamaban “tío” a Mengele y se convirtió en uno más de la familia. Por eso, cuando se enteraron de quién era, no le denunciaron a las autoridades. Y eso que sobre su cabeza llegó a pesar una recompensa de más de 3,4 millones de dólares.

Liselotte jamás llegó a pensar en Mengele como un criminal. Siempre lo vio como un médico que hacía un trabajo científico en el marco de una ideología concreta que hacía que sus premisas tuvieran sentido. Tenía sentido experimentar con seres humanos para saber más sobre la raza y para garantizar la supervivencia de las personas arias. Tenía sentido intentar esterilizar a gran parte de la población. Y tenía sentido investigar con los presos, aunque supusiera torturarles y dejarles secuelas de por vida.

Mengele decidió ir a Italia y, desde allí, tomó un avión hacia Argentina, donde el presidente era Juan Domingo Perón, quien recibió a los nazis con los brazos abiertos

Se dice de Mengele que era un loco o un pseudocientífico, pero no es verdad. Tenía una formación excelente y sabía lo que hacía. Y, por contra de lo que se pueda pensar, no era una excepción. Él simplemente fue el más famoso, pero los médicos como él eran la norma en el sistema nazi.

Lo primero que hace cuando empieza su investigación, que duró seis años, es buscar a Liselotte Bossert, después de 30 años sin verla. ¿Qué le dijo?

Tuve durante muchos años esta historia en mi cabeza, leí mucho y vi que no había libros sobre la vida de Mengele en Brasil escritos por gente del Brasil. Y la única que podía dar detalles sobre aquello era Liselotte. Me costó encontrarla, porque en Internet no había información sobre ella y las otras profesoras no me decían nada.

Tenía su dirección porque la vi en un informe policial de la época, así que fui allí para hablar con ella. Llamé al timbre y, de la primera planta, se asomó una mujer. Le dije que era periodista y exalumna suya y accedió a hablar conmigo, pero advirtiéndome de que no hablaba sobre el tema de Mengele porque tenía “un acuerdo con los judíos”. Seguí preguntando. Después de media hora me dijo: “¿Sabes?, creo que es mejor que investigues otra cosa. Este es un caso muy peligroso y no deberías seguir. No quiero que hagan daño a una exalumna mía”. Yo empezaba a tener miedo y pensé que nunca llegaría a escribir el libro. Pero aquí estamos.

Y está bien.

Sí, pero he ido recibiendo más amenazas. Gente que me decía que no podía usar sus nombres en el libro, que me denunciarían. Pero tengo documentos, cartas y archivos que demuestran que lo que digo es verdad.

Vayamos a esas cartas. Consigue explicar la vida de Mengele en Brasil a través de unas ochenta misivas que escribió y recibió durante su exilio. ¿Qué encuentra en ellas?

Estaban en el Museo de la Policía Nacional de Brasil. Nadie había estudiado esas cartas porque estaban escondidas. Fue muy difícil acceder a ellas, pero cuando las tuve, vi que hablaban de la vida cotidiana de Mengele, de las cosas que le gustaban. Por ejemplo, le encantaba ver telenovelas, ir a librerías alemanas y encontrarse con compatriotas. Tenía una vida muy cómoda. Lo que no encontré fue arrepentimiento. Ni una palabra sobre lo que hizo en Auschwitz, ni una sola reflexión.

Tanto en esas cartas como en el diario que escribió durante años intenta desmontar la idea que el mundo se había formado de él. ¿Qué sintió cuando vio que intentó justificar lo que había hecho?

Repulsión. Por eso dediqué cinco capítulos del libro a explicar lo que hizo en Auschwitz, las miles de personas que envió a la cámara de gas y los experimentos que realizó. Porque, si no lo hacía, las nuevas generaciones no sabrán quién fue. Si solo explico qué hizo en Brasil, se le podría ver como una persona normal, alguien que era bueno con los hijos de Liselotte, un científico tratado de manera injusta. Una buena persona.

Él explica que sus investigaciones tenían un objetivo que él consideraba noble y tenía la idea de que, después de la guerra, sus aportaciones serían reconocidas y acabaría convirtiéndose en un reconocido profesor de medicina en Alemania.

Pero, en acabar la guerra, cuando los soviéticos liberan Auschwitz, tuvo que huir. ¿Cómo consigue salir del país alguien que estaba en las listas de criminales de guerra más buscados?

Con mucha suerte. Mengele fue detenido dos veces por los americanos en Alemania. Como había tantas personas en búsqueda y captura, detenían sistemáticamente a todos los militares y, cuando los tenían retenidos, intentaban identificar a los miembros de las SS, que eran a quienes en realidad buscaban.

Los identificaban porque, cuando empezó la guerra, les hacían un tatuaje con su grupo sanguíneo en el brazo izquierdo. Pero Mengele entró en las SS antes de la guerra y no tenía la marca. Así que pudo escapar y se mudó a un pueblo cerca de Günzburg, su ciudad natal. Allí estuvo tres años, pensando que el peligro había pasado, pero entonces los americanos pasaron a buscar a médicos y otros profesionales que habían trabajado en los campos de concentración y exterminio.

Muchos de sus antiguos colegas fueron extraditados a Polonia para ser juzgados. Así que decidió ir a Italia y, desde allí, tomó un avión hacia Argentina, donde el presidente era Juan Domingo Perón, quien recibió a los nazis con los brazos abiertos. No sólo a Mengele, sino también a Adolf Eichmann o Wilhem Sasser. Y Hans-Ulrich Rudel, el piloto de la Luftwaffe más condecorado por Hitler y quien tenía muchas conexiones en Latinoamérica.

Dice en el libro que, en Buenos Aires, había un “ambiente nazi”. ¿A qué se refiere?

Fui allí durante la investigación y vi que los nazis vivían muy cerca los unos de los otros, en casas muy grandes en las que se reunían y podían hablar libremente. Mengele volvió a sentirse seguro allí, hasta el punto que empezó a usar su nombre real. Y todo fue bien hasta que, en 1959, se decreta una orden de arresto internacional contra él a raíz de los relatos de los supervivientes del Holocausto.

Entonces huyó a Paraguay, donde también había una gran comunidad alemana amparada por el dictador Alfredo Stroessner. Allí pudo hacer negocios y hasta consiguió la nacionalidad paraguaya bajo el nombre de José Mengele. Pero aquello duró poco, hasta 1960, que fue cuando el Mossad secuestró a Adolf Eichmann, oficial de las SS responsable de organizar el traslado de presos a los campos de concentración. Entonces Mengele vuelve a huir, esta vez hacia Brasil.

La intención del Mossad era secuestrar a Mengele y a Eichmann en la misma operación y llevarles juntos a Jerusalén para juzgarles y generar un gran golpe de efecto. ¿Por qué no lo consiguieron?

Hablé con Rafi Eitan, comandante del Mossad responsable de aquella operación, y me contó que la idea del doble secuestro provocó divisiones internas. Una vez tuvieron a Eichmann, algunos quisieron esperar para encontrar a Mengele para no levantar sospechas. Otros prefirieron asegurar lo que ya tenían y llevar a Eichmann a Jerusalén para reducir el riesgo de que pudiera escapar. Finalmente, hicieron lo segundo y, claro, Mengele se enteró y pudo huir al Brasil.

Allí, Mengele volvió a tener suerte. El Mossad le siguió la pista y hasta llegaron a verlo cara a cara, pero no le detuvieron. ¿Por qué?

Cuando hablé con él, Rafi Eitan tenía 90 años pero lo recordaba todo. Me contó que había reclutado a un brasileño que vivía en un kibbutz. Llegaron muy cerca, tanto que se lo cruzaron a la salida de su finca. Pero no le detuvieron. ¿Por qué? Pues porque el Mossad, que es uno de los servicios de inteligencia más eficientes del mundo, tiene unos protocolos muy rígidos. No es ver a alguien, secuestrarle y ya está.

Tienen tres fases: la primera es el reconocimiento de la persona para saber dónde vive, qué hace, con quién habla… Después, hacen un plan para el secuestro y la huida y, luego, lo ejecutan. En el caso Mengele, no pasaron de la primera etapa. La cuestión es que, en ese momento, Egipto estaba produciendo misiles, con la ayuda de científicos alemanes, que podían impactar en el Estado de Israel en cualquier momento. El Mossad, que en aquel momento era una agencia muy pequeña, llamó a todos sus agentes de vuelta. Así que Mengele volvió a tener una suerte increíble y volvió a escapar.

En Buenos Aires había un “ambiente nazi”. Los nazis vivían muy cerca los unos de los otros, en casas muy grandes en las que se reunían y podían hablar libremente. Mengele volvió a sentirse seguro allí, hasta el punto de que empezó a usar su nombre real

Aparte de la suerte, si Mengele pudo escapar fue gracias a una red de personas, la mayoría de origen alemán, que se organizaron para dar cobijo a nazis en Latinoamérica. Hollywood ha presentado esa red con el nombre de Odessa, pero usted asegura que no funcionaba como nos la presenta el cine. ¿Cómo era, entonces?

El nombre Odessa se empezó a usar a partir del bestseller de Frederick Forsyth en los 70. Pero, en realidad, no existía. Hasta el marido de Liselotte, cuando fue interrogado tras la muerte de Mengele, dijo que no existía Odessa. Lo que sí existía era una red de ayuda llamada Kameradenwerk creada por Rudel, el piloto de las SS. Siempre volvemos a él.

Era un entramado formado por sus contactos por toda Latinoamérica para conectar a amigos que pudieran ayudar a exiliados nazis. Fue Rudel quien puso a Mengele en contacto con Wolfgang Gerhardt, un austríaco que vivía en Brasil. Y, a través suyo, acaban entrando en escena todas las personas que cuidaron de él, entre ellas Liselotte.

Esa red funciona tan bien que Mengele elude al Mossad, a la CIA y a los cazadores de nazis y muere, en 1979, sin que nadie lo sepa. Todo se reactiva en 1985, cuando se emite una nueva orden de detención internacional contra él. ¿Por qué entonces?

Sus víctimas fueron las que se reactivaron. Todo empezó con dos gemelas, Eva y Miriam, que sufrían graves problemas de salud y nadie sabía por qué. Los médicos les pedían sus expedientes, pero ellas no podían entregarlos porque, fuera lo que fuera lo que les pasaba, se originó en Auschwitz a consecuencia de los experimentos de Mengele. Y de aquello no había registros.

La única esperanza que tenían era encontrar a otros gemelos que hubieran pasado por lo mismo que ellas. Llegaron a encontrar a 122 supervivientes y decidieron celebrar un juicio ficticio contra Mengele, en Jerusalén, en 1985. Duró tres días y en las televisiones de todo el mundo se escucharon los testimonios de los supervivientes de Auschwitz. Aquello causó tanta conmoción que diversos gobiernos decidieron que era hora de encontrar al nazi más buscado del momento. Así que Alemania, Israel y Estados Unidos unieron esfuerzos y acabaron encontrándole a través de las mismas cartas que yo he usado para hacer este libro.

Y esas cartas les llevan hasta la casa de Liselotte Bossert.

Correcto. Pero Mengele llevaba muerto seis años. De hecho, murió ahogado en una playa durante una excursión con la familia Bossert, tras la que Liselotte decidió enterrarle con un nombre falso. Así se lo contó a la policía cuando fueron a su casa, pero en un principio nadie la creyó. Así que se procedió a la exhumación del cuerpo.

Aceptar que Mengele estaba muerto era aceptar que todas las agencias de inteligencia y los cazadores de nazis que habían intentado encontrarle habían fallado. ¿Costó mucho que se aceptaran los resultados de las investigaciones forenses?

Bastante, sí. Hubo más prensa en esa exhumación que en el entierro del primer ministro Tancredo Neves, que fue tres meses antes. Así que todo el mundo pudo ver cómo los científicos brasileños manipulaban el cadáver sin guantes y pisaban la tumba. Uno de ellos hasta sostuvo el cráneo ante las cámaras, como si fuera una escena de Hamlet.

Por eso, cuando los científicos brasileños concluyeron, después de semanas de pruebas forenses, que el cadáver era de Mengele, muchos gobiernos no lo creyeron. Especialmente el de Israel, un país en el que corrían muchas teorías conspiranoicas que sostenían que el nazi había fingido su propia muerte.

Las dudas llegan hasta 1992, cuando se desarrolló la tecnología para realizar exámenes de ADN que resolvieron que, efectivamente, Mengele estaba muerto. Y Estados Unidos, Alemania e Israel cerraron sus expedientes del caso. Así, sin más. Sin que nadie pagara por lo que hizo.

Liselotte tampoco pagó por dar cobijo a un nazi durante una década. ¿Cómo pudo evitar la cárcel una mujer que protegió al criminal de guerra más buscado del mundo?

Tuvo que responder por el crimen de falsedad ideológica [haber enterrado a Mengele con un nombre falso] porque el crimen por haber dado cobertura a un criminal buscado ya había prescrito. Le pedían dos años de cárcel, pero el juicio fue tan largo que no acabó hasta 1997 y entonces, ¿sabes qué? Que para entonces ese crimen también había prescrito. Así que nadie, ni Mengele ni nadie que le hubiera ayudado, pagó por nada.

En su primera conversación con Liselotte le dijo que no podía hablar porque había llegado a un pacto con los judíos. ¿Llegó a saber de qué se trataba?

En esa conversación me dijo que había mucho dinero en juego. Yo pensaba que se refería al dinero de la familia Mengele, que era muy rica, pero no era eso. Lo supe en 2017, cuando se desclasificaron los archivos secretos del Mossad. Los estaba leyendo y casi caigo de la silla cuando leí el nombre de Liselotte. Resulta que, antes de que se hicieran las pruebas de ADN, Israel quería estar seguro de que el cadáver era de Mengele, así que decidió hacerle la prueba del polígrafo a Liselotte.

Ella se negó durante años, hasta que acabó pidiendo dinero a cambio de acceder. Empezó pidiendo 100.000 dólares, pero le dieron 45.000. Por tres preguntas: “¿El hombre que se ahogó junto a usted en la playa de Betioga era Mengele?”, “¿El hombre que llevó al Instituto de Medicina Legal de Santos era Mengele?” y “¿Mengele está muerto?”. Respondió que sí y así se cerró el caso.

Cuando se da cuenta de que todo el entramado para mantener a Mengele a salvo se urdió y llevó a cabo tan cerca de su casa, en su misma escuela, ¿Qué sensación le queda?

Una de las cosas que me lleva a escribir el libro era saber si mis vecinos eran nazis. Y la respuesta es no. O no sólo. Muchos le protegieron a sabiendas de quién era, pero otros no tenían ni idea. Pero cuando se supo, hubo una gran conmoción. Con este libro no busco justicia, sino explicar o que pasó, porque tengo la sensación de que hay ciertas cosas de esta historia que podrían repetirse.

Actualmente, se están cometiendo crímenes de guerra en diversos lugares. Putin y Netanyahu son solo dos ejemplos. Hay personas contra las que hay órdenes de detención y no pasa nada. Y parece que no importa. La historia se está repitiendo y no puede ser. Creo que las víctimas tienen que unirse, los periodistas no debemos callar para que, entre todos, podamos conmocionar rápido al mundo y no tener que esperar años hasta que se haga justicia.

Entrevista de Sandra Vicente, en Barcelona, para elDiario.es.

París era una fiesta. Al menos, el júbilo estalló en la sala de periodistas cuando el ex ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Laurent Fabius, bajó el martillo y dio por cerrada la conferencia de Naciones Unidas, COP21 en ese diciembre de 2015, y abrochado así el Acuerdo de París como tratado que orienta la acción mundial contra el cambio climático. La alegría parecía algo exagerada porque apenas era un papel, que mostraba voluntades, desde ya, pero no era el final de nada. 

Una década después, y con el cambio climático acechando de manera cotidiana en todo tipo de eventos extremos, llega la hora inevitable de los balances y de pensar cómo serán, por ejemplo, los próximos diez años.

Lo que fue París y lo que es

Para América Latina, en particular, existe un consenso entre los expertos en que “París” no fue todo lo que pudo haber sido; apenas si es una pieza en el tortuoso sendero de poner a 196 países en sintonía a la hora de tomar medidas para proteger sociedades y naturalezas (porque no hay lo primero sin lo segundo). 

Su fragilidad y su fortaleza provienen de ese mismo origen, de la voluntad de los países de detener las peores consecuencias de los cambios que tiene la atmósfera como consecuencia de las emisiones de gases contaminantes que comenzaron con la era industrial (en el lejano siglo XVIII) y el uso intensivo de energía de base fósil (carbón, petróleo y gas). 

Pero la voluntad, como la donna de la ópera de Guisseppe Verdi, è mobile. Y el contexto internacional no parece muy apto para las conversaciones multilaterales, sino más bien para las acciones de hecho, en guerras comerciales o tradicionales. No es precisamente el camino que propone “París”. 

De todos modos, los protagonistas tienen claro que el fantasma que se debe evitar es el fantasma del Protocolo de Kioto, aquel tratado climático pionero de 1997, cuya arquitectura era quizá más justa para los países no desarrollados, a los cuales no se les obligaba reducir sus emisiones, pero que tenía vicios políticos que lo terminaron deshilachando. 

“En general, el Acuerdo de París sigue siendo una frontera y un horizonte. Una frontera para no ir para atrás y un horizonte, un instrumento global para defender el ambiente. El gran problema del Acuerdo son las señales políticas. El límite es la motivación política, que se ve agravado por los gobiernos negacionistas, que ponen interrogantes fuertes”, sintetiza Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) de Argentina. 

De todas maneras, Nápoli cree que para la región latinoamericana “es un buen instrumento” porque la existencia de los compromisos nacionales de reducción de emisiones permite, por ejemplo, reclamar políticas. 

“El Acuerdo es una herramienta desde la cual nuestros países pueden exigir compromisos y justicia, pero –en la práctica– el apoyo ha sido limitado. Las promesas no se han traducido en suficiente acción ni recursos. Pero es algo; pienso que sin este marco común estaríamos aún peor”, coincide Florencia Ortúzar Greene, directora del programa Clima de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).

El tratado en la región

En esta ardua década de negociaciones, que respetaron frecuencia anual salvo durante el año de la pandemia, se avanzó en la forzosa implementación del Acuerdo de París, en cómo conseguir los objetivos de limitar el calentamiento global por debajo de los 2 °C con respecto a los niveles preindustriales, y hacer esfuerzos para que no supere los 1,5 °C . 

En ese transcurrir, la adaptación a las consecuencias del cambio climático ganó espacio: no sólo había que dejar de emitir gases contaminantes sino también adaptarse a las consecuencias que esa inédita atmósfera generaría en los eventos meteorológicos. 

También fueron muy discutidos los números de la financiación, es decir, cuánto dinero deben aportar los países industrializados -que lograron serlo a costa del cambio climático- a los países todavía en vías de desarrollo (los latinoamericanos, desde ya). Y eso ha sido un problema en los últimos diez años (y antes también). 

“Si no fluye el financiamiento, se avanza mucho más lento de lo esperable”, se lamenta Walter Oyhantçábal, ingeniero agrónomo integrante del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), grupo que asesora científicamente a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. 

Oyhantçábal agrega que la reglamentación del Acuerdo de París demoró mucho en operacionalizarse y todavía están en discusión los números y los plazos de esa transferencia de dinero. 

Aún así, el ingeniero agrónomo, que trabajó en el ministerio de ganadería de Uruguay, destaca que “la adaptación se puso en un mismo plano y eso para América Latina es muy positivo. Porque nuestras emisiones son de agricultura, difíciles de reducir. Se puede dejar de usar petróleo, porque hay energía renovable, hay tecnología. No hay dudas. Pero para la agricultura no hay reemplazo… salvo que se puedan implementar cambios en las dietas, pero hay consideraciones acerca de si es posible y qué pasa con los rumiantes en nuestros pastizales en cuanto a la pérdida de diversidad”.

Dado que América Latina, salvo núcleos concentrados sobre todo en Brasil, México y, cada vez menos, en Argentina, es ante todo una región agropecuaria, un foco son precisamente las emisiones del sector. “Estamos emitiendo un poco más, por más stock y más producción”, admite Oyhantçábal. 

A la vez, Oyhantçábal destacó el caso de Uruguay, que logró producir más con la misma cantidad de metano emitido. “Se hace por las vías de buenas prácticas, de mejores dietas, controles en la fertilidad del rodeo, con menos animales que no queden preñados y emiten igual; además se mejoran los ingresos económicos del campo”, agregó, en un ejemplo que podrían extenderse a otra zona agraria de la región. 

Un último punto de análisis es la transición energética, la necesidad de un abandono del tipo de explotación energética que llevó a la humanidad a este escenario. Aquí parece cundir la idea de que los recursos que aún existen bajo suelo latino deben explotarse, sobre todo ante la ausencia de estímulos económicos externos, es decir, de esa transferencia de dinero del Primer Mundo cuya ausencia es brillante. 

Así lo dice Nápoli: “Es cierto que la región está lejos en transición energética, que hay una apuesta a los combustibles fósiles, a nuevas cuencas offshore en el Caribe, en el mar argentino… Faltan decisiones políticas para la región, y establecer políticas de direccionamiento conjunto. La región tiene problemas comunes, en cuanto a biodiversidad, desertificación, con las olas de calor intensas, pero todavía carece de respuestas conjuntas”.

París, Belém y el fantasmal Kioto

En este contexto, a nivel global, no es que “París” está teniendo un suceso que no se acompaña en la región latinoamericana, más bien lo contrario. Taryn Fransen, directora de Ciencia, Investigación y Datos del Programa de Clima Global del World Resources Institute, resumió la situación: “Cuando fue adoptado el Acuerdo de París, en 2015, el mundo iba hacia un desastre de un calentamiento de 4°C (promedio respecto de la era preindustrial)”. 

“Gracias a las energías limpias y a las políticas climáticas que algunas de las grandes economías hicieron al amparo del Acuerdo de París la curva comenzó a doblarse”, manifestó, pese a reconocer que uno de los objetivos del acuerdo, mantenerse a menos de 1,5°C se desdibuja. “En lugar de 4°C vamos a 2,5°C o 3°C, lo que es un gran avance, pero aún así un gran riesgo”, dijo. 

En ese sentido, Fransen reconoce que “las tensiones geopolíticas y la falta de confianza representan desafíos serios. Ahí es donde el proceso de la COP se vuelve crucial. Es el único foro global donde todos los países, especialmente los más vulnerables, tienen un lugar en la mesa. La COP no se trata solo de negociar objetivos; es un espacio vital para alzar la voz de los menos responsables del cambio climático y los más afectados por él”. 

Ese proceso mencionado tendrá en noviembre de 2025 una continuidad cuando se realice la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la COP30, en Belém do Pará en plena Amazonía brasileña. 

Allí se discutirá cómo sigue la agenda, cómo se incentivan más las energías renovables y cómo se logra, en un mundo con tambores de guerra, que se dedique cada vez más dinero para que países y pueblos puedan también adaptarse a las nuevas condiciones del cambio climático. Todo esto para que “París” no se convierta en otro “Kioto”.

Este artículo es parte de COMUNIDAD PLANETA, un proyecto periodístico liderado por Periodistas por el Planeta (PxP) en América Latina, del que elDiarioAR forma parte.  

El Senado de Brasil aprobó este miércoles una histórica reforma fiscal, considerada una de las mayores victorias legislativas del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. La medida, que ya había pasado por la Cámara de Diputados en octubre, exime del impuesto sobre la renta a los trabajadores con salarios más bajos y, para compensar, crea un tributo mínimo para los “ultrarricos”.

“Hoy es un día histórico. Dimos un paso decisivo para un país más justo”, celebró Lula en su cuenta de X (ex Twitter). El mandatario destacó que fue una “victoria de la democracia y de la justicia social” y agradeció al Congreso por la aprobación, que se dio por unanimidad en ambas cámaras. “El nombre de esto es justicia tributaria. Quien gana mucho va a contribuir con su justa parte”, agregó.

Exención para 25 millones de brasileños

La reforma, una de las grandes prioridades del tercer mandato de Lula, establece:

Según el gobierno, esta medida beneficiará a unos 25 millones de brasileños.

“Se trata de hacer valer el principio de progresividad tributaria: quien tiene menos paga menos y quien tiene más, efectivamente, paga más”, declaró el senador Renan Calheiros, relator del proyecto.

El impuesto a los “ultrarricos”

Para compensar la cuantiosa pérdida en la recaudación, la medida establece un gravamen mínimo para las grandes fortunas. Este impuesto afectará a quienes ganan más de 600.000 reales al año (113.000 dólares) y tendrá un máximo del 10% para aquellos con rentas superiores a 1,2 millones de reales anuales (223.000 dólares).

Este nuevo tributo mínimo tendrá en cuenta los dividendos recibidos por participaciones empresariales, que son la principal fuente de renta de los más ricos. Según el Ministerio de Hacienda, este incremento afectará apenas al 0,13% de los contribuyentes.

La reforma fue una de las “promesas estrella” de Lula en la campaña de 2022 y es considerada clave para sus aspiraciones de reelección en octubre de 2026. Ahora, el presidente deberá sancionar la ley para que entre en vigor el próximo año.

A partir del 10 de noviembre, representantes de más de 100 países se reunirán en Belém, Brasil, la ciudad amazónica que será la sede de la cumbre climática COP30. Esta edición de la conferencia ha sido descrita por Naciones Unidas como un hito decisivo para que los países actualicen sus planes de acción climática y avancen en la aplicación de medidas contra el calentamiento global.

Como país anfitrión, Brasil pretende que esta cumbre se caracterice por los resultados. “Ahora es el momento de actuar”, afirmó el presidente de la conferencia, André Corrêa do Lago, en un evento preparatorio celebrado en agosto. “La COP30 será el momento de ajustar los instrumentos y acelerar la implementación”.

Pero las expectativas para la COP30 son tan grandes como los desafíos que la rodean. La conferencia coincide con el décimo aniversario del Acuerdo de París, un hito mundial en la lucha contra la crisis climática. Este tratado histórico impulsó la expansión de las políticas nacionales destinadas a lograr economías bajas en carbono, pero los avances hacia sus objetivos siguen siendo insuficientes: en 2024, la temperatura media del planeta superó por primera vez el objetivo acordado de 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales, un umbral definido por los científicos como el máximo para evitar los peores efectos de los fenómenos climáticos cada vez más graves.

A principios de este año, los expertos advirtieron que el planeta había alcanzado su primer “punto de inflexión”, con la muerte generalizada de los arrecifes de coral en más de 80 países debido al calentamiento de los océanos. Los científicos y conservacionistas responsables del análisis también destacaron el riesgo de colapso de la selva amazónica, un bioma esencial para el equilibrio climático mundial y precisamente el lugar donde se celebrará la cumbre COP30.

El Acuerdo de París puesto a prueba

Con el agravamiento de la crisis climática, la COP30 pondrá a prueba la voluntad de los países de mantener el Acuerdo de París como pieza central de la gobernanza mundial. La COP28, celebrada en Dubái en 2023, supuso el primer balance global y la primera mención en un texto final de la COP a la transición de los combustibles fósiles. Por su parte, la COP29 del año pasado en Azerbaiyán estableció un nuevo objetivo de financiación climática. En Belém, la atención se centrará en la revisión y la aplicación de los objetivos nacionales de reducción de emisiones, las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC), que se actualizan cada cinco años.

Un informe de síntesis reunirá las propuestas para orientar la acción climática hasta 2030 y evaluará el cumplimiento de los países en el marco de las NDC. Sin embargo, hasta ahora,menos de 70 de los más de 190 signatarios del Acuerdo de París han actualizado sus objetivos. En conjunto, los países que ya han presentado sus planes representan más de un tercio de las emisiones mundiales.

“Los planes presentados no nos acercan en absoluto al camino necesario para un futuro seguro”, afirmó Miriam García, directora de políticas climáticas del World Resources Institute Brazil (WRI), una organización dedicada a la investigación de soluciones climáticas.

Señaló que, según estimaciones recientes, el mundo tendría que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en unas 31 gigatoneladas para 2030 a fin de mantener el calentamiento global dentro del límite de 1,5 °C. Sin embargo, incluso teniendo en cuenta las NDC actualizadas y otros compromisos ya anunciados, la reducción prevista no supera las 2 gigatoneladas.

La conferencia también se centrará en la adaptación a los fenómenos climáticos extremos, una transición energética justa y la aplicación de la Hoja de Ruta de Bakú-Belém, un documento que describe el camino para alcanzar 1,3 billones de dólares en financiación climática anual para 2035, un objetivo acordado en la COP29 en Bakú, la capital de Azerbaiyán.

Paralelamente a las negociaciones oficiales, el gobierno brasileño se ha comprometido con una amplia “Agenda de Acción”, con más de 350 eventos en los que participan gobiernos locales, empresas, investigadores y representantes de la sociedad civil.

Sin embargo, el enfoque de esta agenda ha despertado opiniones divergentes, según Karla Maass, asesora de incidencia política de la Red de Acción Climática de América Latina (CAN-LA), la división regional de la coalición mundial CAN, que agrupa a más de 1.900 organizaciones medioambientales. “Algunos creen que es el escenario donde se desarrolla la política y la economía reales, pero otros lo consideran una cortina de humo para desviar la atención de las negociaciones oficiales”, declaró a Dialogue Earth.

Para Maass, los procesos de negociación formales y paralelos “pueden ser complementarios, pero la Agenda de Acción no puede acaparar toda la atención”.

Fortalecimiento del multilateralismo

Además de los impasses técnicos, la COP30 se celebra en un contexto geopolítico “muy delicado”, según García, de WRI Brasil. Afirmó que la creciente falta de confianza entre los países —ya identificada por los líderes mundiales como uno de los principales obstáculos para las negociaciones sobre el clima— ha debilitado las alianzas y reducido la voluntad de cooperar. El regreso a la presidencia de Estados Unidos de Donald Trump, que ya ha impulsado recortes en los programas internacionales de clima y asistencia del país, junto con la reorientación de los recursos gubernamentales hacia cuestiones militares y de seguridad en medio de las guerras en Ucrania y Gaza, ha exacerbado el declive mundial de la financiación climática.

Ante las tensiones geopolíticas que podrían desviar la atención de los debates, los líderes de la COP30 en Brasil, como la directora ejecutiva de la cumbre, Ana Toni, han tratado de reafirmar su compromiso con el multilateralismo. Esta también es la opinión de García, quien lo describió como la única forma posible de abordar la crisis climática. “No hay otro espacio en el que los países más vulnerables puedan expresar sus demandas”, añadió.

Tras tres ediciones de la cumbre en países cuyos regímenes se consideran autoritarios, hay grandes expectativas de que la COP30 marque el regreso de una fuerte participación de la sociedad civil, así como el primer plano de las demandas y ambiciones del Sur Global.

Sin embargo, esta esperanza se ha visto empañada por los exorbitantes precios del alojamiento en la ciudad anfitriona, Belém, que han limitado la presencia de representantes de movimientos sociales y países más pobres. Incluso con el aumentodel apoyo financiero de la ONU, el problema persiste: a finales de octubre, 49 delegaciones seguían sin saber dónde se alojarían durante la conferencia, mientras que más de 130 ya tenían garantizado su alojamiento.

Ante esta situación, el Observatorio del Clima, una de las organizaciones brasileñas que más de cerca ha seguido las conferencias de la ONU sobre el clima, ha advertido que esta podría convertirse en la “COP menos inclusiva de la historia”.

“Sin las delegaciones de los países en desarrollo, se pondrá en duda la legitimidad de las decisiones”, afirmó Stela Herschmann, experta en política climática del Observatorio del Clima.

Incluso entre las delegaciones que han logrado confirmar su asistencia, la tendencia ha sido reducir el tamaño de los equipos, incluso en el caso de la propia ONU y Brasil. Esta limitación, según Herschmann, puede afectar al ritmo y la calidad de las negociaciones.

“Los equipos pequeños tienen que dividirse en diferentes salas, lo que sobrecarga a los negociadores. Como resultado, las ambiciones tienden a disminuir”, explicó.

Estados Unidos fuera y la ambición de China en foco

El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025 provocó una nueva retirada del Acuerdo de París por parte de Estados Unidos, el segundo mayor emisor de gases de efecto invernadero del mundo. “Además de los efectos sobre el objetivo global de reducción de emisiones, esta salida también tiene un impacto en la financiación climática mundial”, afirmó García. Sin embargo, señaló que el país nunca ha cumplido plenamente sus compromisos financieros y añadió que los gobiernos estatales y municipales del país podrían intentar llenar el vacío dejado por la administración federal.

Con la retirada, las NDC presentadas por Estados Unidos en 2024 ya no son válidas. En cuanto a los demás actores clave en el ámbito climático, la Unión Europea recién presentó sus planes y China ha anunciado unos objetivos que, en general, se consideran por debajo de las expectativas.

En un discurso pronunciado en la Asamblea General de la ONU en septiembre, el líder chino Xi Jinping anunció que el país tiene la intención de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero entre un 7% y un 10% para 2035, tomando como referencia el pico registrado en los últimos años.

Los expertos consideraron que este compromiso era vago e insuficiente, sobre todo teniendo en cuenta que China representa alrededor de un tercio de las emisiones mundiales. Sin embargo, Beijing tiene un historial de superar sus objetivos, a veces cautelosos.

Además, con la retirada del liderazgo climático de Estados Unidos y la Unión Europea, crece la presión para que China tome la iniciativa en la agenda climática mundial. A pesar de sus modestos objetivos, el país es considerado el único con suficiente peso político y capacidad tecnológica para desempeñar este papel.

Beijing ha rechazado a menudo la idea de posicionarse explícitamente como líder climático. Según Niklas Weins, profesor del departamento de estudios internacionales de la Universidad Xi’an Jiaotong-Liverpool, China no considera estratégico asumir el papel de “líder único” en cuestiones internacionales, incluido el medioambiente.

“Estados Unidos suele ocupar esta posición, y los chinos comprenden el peso que conlleva esta imagen. Por lo tanto, en el ámbito ambiental, lo que el país desea es un liderazgo distribuido con una cooperación Sur-Sur reforzada”, explicó Weins a Dialogue Earth.

El Sur Global en el punto de mira

Los expertos también abogan por un papel más activo de las economías emergentes en la transición ecológica. Según García, el liderazgo de países de ingresos medios como China, Indonesia, Sudáfrica y Brasil es esencial para hacer posible una economía global con bajas emisiones de carbono.

“Producen aproximadamente la mitad de las emisiones mundiales, un porcentaje que probablemente aumentará. Si no logran reducir estas emisiones y adaptarse a los inminentes impactos climáticos, toda la transición ecológica estará en peligro”, afirmó. 

Al mismo tiempo, muchos consideran que la transición climática mundial está abriendo una oportunidad de desarrollo única para los países del Sur Global, especialmente en América Latina. “Estos países aún tienen una gran oportunidad para ampliar sus mercados [energéticos] y dar a sus poblaciones acceso a energía que ya proviene de fuentes renovables”, afirmó Herschmann. “Es una oportunidad para aprovechar este momento de transformación y corregir las desigualdades e injusticias estructurales”.

Para Corrêa do Lago, América Latina tiene ante sí la oportunidad de asumir un liderazgo sin precedentes en la búsqueda de la justicia climática. Marcada históricamente por posiciones fragmentadas en la agenda climática, la región ha buscado una mayor coordinación en los foros multilaterales, con el objetivo de llegar a la COP30 con una agenda más unificada e influyente.

Tanto Herschmann como Maass comentaron que reforzar la posición del Sur Global en el debate será esencial, pero insuficiente sin la participación de las grandes potencias. “Estamos asistiendo a un fortalecimiento del Sur Global, pero líderes como Estados Unidos y la Unión Europea deben seguir comprometidos y fijar objetivos ambiciosos. Al fin y al cabo, son históricamente responsables del cambio climático”, afirmó Herschmann.

La COP30 tendrá lugar en Belém, Brasil, del 10 al 21 de noviembre. 

Este artículo fue publicado originalmente en Dialogue Earth

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, declaró este martes que la megaoperación ocurrida la semana pasada en Río de Janeiro fue una “masacre”, al referirse a la acción de las fuerzas de seguridad que dejó 121 muertos entre sospechosos y policías en los complejos Alemão y Penha.

La declaración del mandatario brasileño se realizó esta mañana en una entrevista con agencias de noticias internacionales y reflejó CNN Brasil.

Según Lula, “la orden del juez era para que se ejecutaran notificaciones de arresto, no para una masacre; sin embargo, ocurrió una masacre. Creo que es importante examinar las circunstancias en las que sucedió”.

Lula también calificó la operación de “desastrosa”. “La cruda realidad es que, en términos del número de muertos, algunos pueden considerar la operación un éxito. Pero, desde el punto de vista de la actuación del Estado, creo que fue desastrosa”, dijo el mandatario.

Además, Lula dijo que el gobierno federal impulsará una investigación independiente sobre la megaoperación policial que terminó con 121 personas muertas en Río de Janeiro la semana pasada, incluidos cuatro policías.

“Es importante analizar las circunstancias en las que ocurrió”, declaró Lula en la entrevista con la prensa internacional en Belém.

“Estamos llevando adelante esta investigación. Incluso estamos tratando de ver si es posible que los expertos forenses de la policía federal participen en el proceso de investigación de las muertes, cómo ocurrió, porque hay muchos relatos, hay mucha información”, argumentó.

La denominada Operación Contención del 28 de octubre, que tuvo como objetivo a la facción criminal CV (Comando Vermelho) fue la más mortífera de la historia de Brasil .

Las autoridades de Río de Janeiro calificaron la acción de las fuerzas de seguridad de exitosa, y el gobernador Cláudio Castro (PL) afirmó que las “únicas víctimas reales” fueron los policías muertos, alegando que todos los demás fallecidos eran delincuentes.

Con información de NA

JIB

La Defensoría Pública de Río de Janeiro solicitó este jueves al Tribunal Supremo que dé acceso a sus peritos para participar en las autopsias de los más de 121 fallecidos en la operación policial del pasado martes en Río de Janeiro, por temor a que no sean “imparciales”.

El organismo público, que ha brindado asistencia legal a 106 familiares de los fallecidos, asegura que con su petición pretende contribuir a una investigación “transparente” de los hechos.

En una petición dirigida al Supremo, la Defensoría afirma que la respuesta de las autoridades de Río de Janeiro “suscitan un temor concreto en cuanto a la imparcialidad y la consiguiente fiabilidad de los peritajes realizados en los cadáveres de las víctimas”.

La Defensoría ha cifrado en 132 el número de víctimas mortales en la acción policial, mientras que el Gobierno de Río solo ha reconocido 121, incluyendo cuatro policías.

La macrooperación policial, que movilizó a 2.500 agentes, tenía como objetivo combatir al Comando Vermelho, una de las mayores bandas de narcotraficantes de Brasil.

El gobernador de Río, Cláudio Castro, ha aplaudido la intervención y la ha calificado como un “éxito”, mientras que el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva ha respondido con cautela adelantando que valorará si se cumplió el respeto a las reglas del Estado democrático de derecho.

El caso ha generado una fuerte polémica en Brasil y ha llevado a la ONU y a organismos de defensa de derechos humanos a pedir investigaciones independientes.

EFE

Un grupo de gobernadores de derecha de Brasil anunció este jueves la creación de un consorcio para integrar sus políticas y estrategias de combate al crimen organizado, tras una reunión en la que dieron un espaldarazo a la cuestionada operación policial del martes que dejó al menos 121 muertos en Río de Janeiro.

El llamado 'Consorcio de la Paz' le permitirá a los gobiernos regionales intercambiar informaciones y experiencias exitosas de seguridad pública, así como compartir recursos humanos y materiales y discutir acciones y estrategias conjuntas de combate al crimen organizado, según explicaron en una rueda de prensa.

“Con el consorcio vamos a integrar (la seguridad pública) con todos los medios: inteligencia, informaciones, contingentes, apoyo financiero, experiencia, materiales... Podemos comprar equipos de forma conjunta, lo que nos permitirá reducir los precios”, explicó el gobernador de Santa Catarina, Jorginho Mello.

La iniciativa reúne inicialmente a los gobiernos regionales de los estados de São Paulo, Minas Gerais y Río de Janeiro, los más poblados y ricos del país, así como a los de Brasilia, Santa Catarina, Goiás, Mato Grosso do Sul y Paraná.

Los impulsores del proyecto, todos pertenecientes a partidos de derecha y algunos precandidatos presidenciales, manifestaron que el consorcio está abierto a todos los 27 estados del país.

El gobernador de Minas Gerais, Romeu Zema, afirmó que la propuesta busca superar la falta de acción del Gobierno nacional, del presidente progresista Luiz Inácio Lula da Silva, en la lucha contra el crimen organizado.

“Vinimos a Río de Janeiro a felicitar a sus autoridades por esa operación que hicieron sin el apoyo de un Gobierno (nacional) que insiste en no combatir la criminalidad e insiste en no considerar como terroristas grupos criminales que controlan territorios, violan la soberanía y usan armamentos exclusivos de las Fuerzas Armadas”, expresó Zema.

Según el gobernador de Minas, las organizaciones criminales como el Comando Vermelho y el Primer Comando de la Capital, con ramificaciones en todo Brasil y hasta en países vecinos, ocupan áreas en donde viven un tercio de las familias brasileñas, a las que les cobran tasas ilegales por servicios públicos como luz, agua, telecomunicaciones y transporte.

El gobernador de Goiás, Ronaldo Caiado, dijo que el consorcio será mucho más efectivo contra el narcotráfico que el proyecto de ley de seguridad pública que el Gobierno de Lula impulsa en el Congreso y que, en su opinión, lo único que busca es quitarle la autonomía a los gobiernos regionales para combatir el crimen.

El respaldo a la operación policial del martes contra el Comando Vermelho en Río de Janeiro en la que murieron entre 121 y 132 personas, según diferentes fuentes, fue unánime entre los gobernadores que acudieron al encuentro en esta ciudad.

Sin embargo, la misma operación ha sido cuestionada por su violencia y mortandad por las organizaciones de derechos humanos y por el mismo Gobierno de Lula.

El gobernador de Río, Cláudio Castro, agradeció el respaldo de sus pares en “momentos de presión y de críticas”, y dijo que todos demostraron preocupación con la seguridad de la población brasileña.

Agregó que, tras la operación del martes, Río puede iniciar una retomada de los territorios actualmente ocupados por bandas criminales y servir como “laboratorio” para el resto de los estados.

EFE.

La operación policial del martes contra una poderosa organización de narcotraficantes en Río de Janeiro que dejó entre 121 y 132 muertos, según diferentes fuentes, hasta ahora la más letal de Brasil, no resuelve el problema de la violencia y tan solo anticipa un debate para las elecciones de 2026, según analistas consultados por EFE.

“Todo indica que la operación tiene fuerte marca política y, considerando que no sirve absolutamente para nada en términos de seguridad pública, está al servicio de las próximas elecciones y de gobernantes que quieren vender la falsa idea de que están combatiendo el crimen”, aseguró Julita Lemgruber, directora del Centro de Estudios de Seguridad y Ciudadanía.

Para esta socióloga y exdirectora del Departamento Penitenciario regional, la operación poco impactó al Comando Vermelho, la mayor y más antigua organización criminal de Río de Janeiro, que “en pocos días repondrá los 100 muertos”.

La directora ejecutiva del Fórum Brasileño de Seguridad Pública (FBSP), Samira Bueno, coincide en que, sin una medida efectiva para reducir el poder financiero y descapitalizar a esta organización y sin el uso de inteligencia para combatirla, el Comando Vermelho sale ileso y repondrá “rápidamente” a los muertos.

“Por eso, todo indica que la operación fue conducida por la gobernación de Río con el fin de reforzar a los que defienden la matanza de criminales como práctica en la actividad policial”, afirmó.

Para Bueno, el elevado número de muertes no “autoriza a ninguna fuerza política a calificar la operación como exitosa”.

No obstante, el gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, afirmó que, “exceptuando por la muerte de cuatro policías”, la operación “fue todo un éxito” y un “duro golpe al crimen organizado”.

Castro, un político de derecha, fue el primero en politizar la operación al asegurar que las fuerzas regionales tuvieron que actuar solas en el combate al Comando Vermelho debido a que el Gobierno nacional, del presidente progresista Luiz Inácio Lula da Silva, se viene negando a apoyar sus esfuerzos para enfrentar el narcotráfico.

Castro, que destacó el arresto de 113 supuestos narcotraficantes y el decomiso de 93 fusiles, rápidamente recibió el respaldo de otros gobernadores de derecha, varios ya en campaña electoral, mientras que los políticos de izquierda salieron en defensa de Lula, que la semana pasada anunció su intención de intentar la reelección en las presidenciales de octubre de 2026.

Pese a que el número de víctimas confirmó la operación del martes como la más letal en Brasil, superando la matanza de 111 presos en el presidio de Carandirú en octubre de 1992, el asunto se convirtió en disputa electoral y dividió inmediatamente a izquierda y derecha en las redes sociales a solo un año de las elecciones.

El debate ignoró las denuncias de violaciones a los derechos humanos de una operación que se concentró en los conjuntos de favelas de Penha y Alemão, una zona empobrecida en la que viven 200.000 personas y cuyos habitantes dicen haber sido masacrados.

Según un estudio del Instituto Democracia en Jaque, la operación generó entre martes y miércoles comentarios en redes sociales de 1.262 políticos e influenciadores de derecha, en su mayoría defendiendo la acción, y de 721 de izquierda, en su mayoría calificándola como “matanza” y “fracaso”.

“La operación se transformó en las redes sociales en un campo de batalla narrativo. Mientras que el campo progresista acusa a la gobernación de Río de defender la vieja política de apilar cuerpos, la extrema derecha instrumentaliza la crisis y responsabiliza al Gobierno de Lula”, dijo el director del Instituto, Fabiano Garrido.

Varios comentarios de la derecha recuerdan las declaraciones de la semana pasada en las que Lula calificó a los narcotraficantes como “víctimas”, pese a que el mandatario corrigió después su comentario.

Edinho Silva, presidente del Partido de los Trabajadores (PT), la formación fundada y liderada por Lula, sintió el golpe y también acudió a las redes para lamentar que los gobernadores, en su intención de atacar al jefe de Estado, “monten un tablado electoral sobre los cuerpos de centenas de muertos y hagan campaña sobre las lágrimas de centenas de madres que aún no enterraron a sus hijos”.

El debate sobre la seguridad ganó fuerza de cara a las elecciones de 2026. Según una encuesta de la firma Genial/Quaest, los electores brasileños consideran la violencia, con un 30 %, es su principal preocupación.

Por Carlos Moreno, para ñla agencia EFE.

La operación más sangrienta en años contra el narcotráfico en Brasil desató una ola de alarma en los países limítrofes. Luego de que al menos 132 personas murieran en un megaoperativo policial contra el Comando Vermelho en las favelas de Penha y Alemão, en Río de Janeiro, las autoridades de la Argentina, Paraguay y Bolivia anunciaron medidas extraordinarias de control y vigilancia en sus fronteras.

En Buenos Aires, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, habló de una supuesta “teoría del desbande” y reveló que este miércoles tuvo contacto con sus pares brasileños y paraguayos. Ya había anunciado desde la Casa Rosda una “alerta máxima” en todos los pasos fronterizos con Brasil, aunque no abundó en detalles.

“La lógica es que haya un desbande de 4 o 5 veces más la gente que fue detenida o asesinada o muerta”, dijo Bullrich en A24, pero rápidamente aclaró: “'Nosotros no tenemos ninguna información ni ningún hecho que preocupe a los ciudadanos argentinos”. Anticipó que la medida no afectará a los turistas. En una orden firmada y publicada en la red X, instruyó a las fuerzas de seguridad a utilizar un “manual de reconocimiento de señas” para identificar posibles integrantes de organizaciones narcoterroristas y a reforzar la cooperación con Brasil y Paraguay. Lo que apuntó la funcionaria es que ordenó a los agentes a revisar si hay viajantes con algunas de las señas características de Comando Vermelho, como tatuajes o marcas en la piel.

En Paraguay, el presidente Santiago Peña convocó al Consejo de Defensa Nacional (Codena), que declaró la “alerta” en la zona de la triple frontera y ordenó “acciones conjuntas y comunicación permanente” con los gobiernos de Argentina y Brasil.

El Codena informó que se reforzaron los controles migratorios, el patrullaje y la inteligencia en los departamentos de Amambay, Canindeyú y Alto Paraná, donde operan células vinculadas históricamente al crimen organizado brasileño. “La idea es reforzar todas las comisarías de los departamentos que están vinculados a la frontera de Brasil”, señaló el ministro del Interior, Enrique Riera, quien confirmó la participación de las fuerzas militares en el operativo.

También en Bolivia se encendieron las alarmas. El presidente electo Rodrigo Paz pidió al gobierno saliente de Luis Arce que disponga medidas inmediatas para evitar el ingreso de criminales provenientes de Brasil. “El resguardo de nuestras fronteras y la protección de la ciudadanía boliviana deben ser una prioridad nacional”, expresó en un comunicado.

Bolivia comparte con Brasil una frontera de casi 3.500 kilómetros y en septiembre pasado se conoció que Sérgio Luis de Freitas Filho, alias “Mijão”, uno de los líderes del Primer Comando de la Capital (PCC), había vivido en el país con identidad falsa, un caso que reavivó las sospechas sobre la presencia de redes del narcotráfico brasileño.

La operación que detonó la reacción regional fue lanzada el martes por unos 2.500 agentes en los conjuntos de favelas de Penha y Alemão, zonas empobrecidas del norte de Río de Janeiro donde viven unas 200.000 personas. Según la Defensoría Pública brasileña, al menos 132 personas murieron —entre ellas cuatro policías— y 113 sospechosos fueron detenidos. Se decomisaron 119 armas, 14 artefactos explosivos y toneladas de droga.

Los enfrentamientos se extendieron durante horas y dejaron escenas de guerra urbana: bosques cercanos amanecieron plagados de cuerpos tiroteados, y vecinos denunciaron ejecuciones extrajudiciales y desapariciones. El Gobierno regional de Río solo ha confirmado oficialmente 119 fallecidos.

Con información de agencia EFE

MC