Milei recibió a un alto funcionario de Trump entre gestos de respaldo y tensiones por Malvinas

Javier Milei recibió este viernes en la Casa Rosada a Christopher Landau, el número dos del Departamento de Estado de Donald Trump, en una reunión que buscó exhibir la sintonía política entre ambos gobiernos, pero que llegó atravesada por una discusión incómoda para el oficialismo: las objeciones de Washington a la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, el proyecto impulsado por el propio Gobierno para sancionar a las empresas que explotan recursos naturales en las Islas Malvinas sin autorización argentina.

El encuentro se desarrolló durante la mañana en Balcarce 50, con la participación del canciller Pablo Quirno; y el embajador argentino en Washington, Alec Oxenford. Por la delegación estadounidense estuvieron el embajador Peter Lamelas, el secretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, y la asesora principal para esa misma región, Viviana Bovo. La Casa Rosada había confirmado la composición de la audiencia recién a última hora del jueves, después de varios días de reserva sobre las actividades de los enviados de Trump.

La reunión también dejó un gesto simbólico de los enviados de Trump hacia Milei. La delegación estadounidense le entregó al Presidente una bandeja de bronce con la inscripción “Happy Birthday America!”, el número 250 y una reproducción de la firma del mandatario republicano. El obsequio conmemora el 250° aniversario de la independencia de Estados Unidos, celebrado el pasado 4 de julio, y funcionó como una nueva expresión de la cercanía política que ambos gobiernos buscan exhibir.

La presencia de Landau tuvo un peso político particular. El funcionario ocupa el segundo lugar en la estructura del Departamento de Estado, inmediatamente por debajo de Marco Rubio, y llegó a Buenos Aires después de una escala en Paraguay, donde se reunió con el gobierno de Santiago Peña, otro de los aliados regionales de la Casa Blanca. Su desembarco forma parte de una estrategia que combina el respaldo a gobiernos ideológicamente cercanos con la búsqueda de oportunidades comerciales, acuerdos de seguridad y una mayor influencia estadounidense sobre las decisiones estratégicas de América Latina.

Pero la agenda encontró un primer punto de fricción en Malvinas. El jueves, durante una conferencia de prensa junto a Quirno en el Palacio San Martín, Landau reconoció la preocupación de las empresas norteamericanas por el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. “Nosotros estamos obviamente viendo los intereses de nuestras empresas. Es natural que cualquier país se preocupe por eso”, afirmó. Aunque enseguida aclaró que Washington respeta el proceso legislativo argentino, su intervención confirmó que la administración Trump sigue de cerca el destino de la iniciativa.

El proyecto, enviado al Congreso el 17 de septiembre, establece sanciones para las compañías que participen de la explotación de recursos naturales en las islas sin autorización argentina. Entre las principales involucradas aparecen la británica Rockhopper y la israelí Navitas, responsables del proyecto petrolero Sea Lion. Sin embargo, el alcance de las penalidades también podría afectar a empresas asociadas en otros emprendimientos, incluidos grandes grupos económicos y fondos de inversión estadounidenses.

Allí se concentra la preocupación de Washington. El embajador Peter Lamelas ya había transmitido a funcionarios argentinos las objeciones de empresas de su país por la amplitud de las sanciones previstas. En la Casa Rosada sostienen que no existe una exigencia formal para retirar el proyecto, aunque su redacción todavía está sujeta a negociaciones. El oficialismo postergó su tratamiento en comisiones mientras busca acordar modificaciones con los bloques aliados, que también plantearon diferencias sobre los capítulos vinculados con la seguridad nacional, la defensa y la inteligencia.

La controversia plantea una dificultad política para Milei. El Presidente convirtió su alineamiento con Estados Unidos en uno de los pilares de su política exterior, pero ahora debe impulsar una iniciativa que podría perjudicar a empresas del país cuyo respaldo considera fundamental. ¿Hasta dónde está dispuesto a avanzar el Gobierno con una ley sobre Malvinas si su aplicación puede afectar los intereses de Washington? Quirno intentó quitarle dramatismo al conflicto: sostuvo que la reforma “no va en contra de nadie en particular” y planteó que las compañías deberán elegir entre participar de operaciones cuestionadas en las islas o invertir en el territorio continental, especialmente en Vaca Muerta.

La discusión sobre Malvinas tampoco se agotó en las petroleras. Landau defendió la propuesta de la administración Trump de eliminar el Comité Especial de Descolonización de Naciones Unidas, uno de los ámbitos donde la Argentina presenta anualmente su reclamo de soberanía sobre el archipiélago. El funcionario argumentó que se trata de una reforma general de los organismos multilaterales y pidió que no fuera interpretada como una posición específica sobre la disputa con el Reino Unido.

En paralelo, la visita estuvo acompañada por una serie de anuncios de cooperación bilateral. Estados Unidos aprobó alrededor de US$13 millones para programas de lucha contra el narcotráfico, de los cuales US$7,5 millones financiarán proyectos en la Argentina. Además, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, firmó con Landau un acuerdo para la protección de la infancia que contempla asistencia de hasta US$10 millones destinada a combatir la trata de menores.

Otro de los anuncios fue un aporte no reembolsable de US$15 millones para la creación de un centro de operaciones de ciberseguridad. El proyecto se vincula con una de las prioridades geopolíticas de la Casa Blanca: reducir los riesgos que Washington atribuye a la presencia de tecnología china en infraestructuras estratégicas. Quirno negó que exista una política de discriminación contra empresas de ese origen, aunque advirtió sobre la necesidad de evaluar cuidadosamente quiénes están a cargo de los sistemas tecnológicos utilizados en sectores sensibles.

Los enviados estadounidenses también participaron de actividades vinculadas con el Corredor Andes-Atlántico, una iniciativa para conectar las zonas mineras y Vaca Muerta con los puertos mediante obras ferroviarias, energéticas y logísticas. El esquema contempla posibilidades de financiamiento de hasta US$7.000 millones del Export-Import Bank estadounidense hacia 2027, junto con una propuesta indicativa y no vinculante de hasta US$6.000 millones para Argentina LNG, el proyecto que impulsan YPF, ENI y XRG. Por ahora, se trata de perspectivas de financiamiento que todavía deberán traducirse en acuerdos concretos.

La agenda incluyó además el seguimiento del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíprocos, firmado en febrero, las conversaciones para avanzar con el ingreso de la Argentina al programa de exención de visas y los preparativos para una posible visita del vicepresidente estadounidense, J. D. Vance, durante noviembre. La reunión presidencial tuvo también una antesala política: el miércoles, Karina Milei había recibido al embajador Peter Lamelas para repasar el estado del vínculo bilateral y las oportunidades de inversión.

PL/CRM