Manuel Adorni, el jefe de Gabinete, designó en el Correo Argentino y en APESAU, la Agencia de Publicidad del Estado Sociedad Anónima Unipersonal, a personas de su más estrecha confianza. Se trata de personas que se desempeñan junto con él en el área de coordinación ministerial y que siempre se mueven tras sus pasos.

Aparece Federico Sicilia, de la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa de la jefatura, un hombre con pasado en el ministerio de Modernización de la Ciudad de Buenos Aires en 2026 y en la cartera de Desarrollo Económico porteña durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta que conducía un radical, José Luis Giusti.

Ian Lionel Vignale, de la Secretaría Ejecutiva de jefatura de Gabinete, tuvo recorrido en el Instituto de la Juventud desde los tiempos de Mauricio Macri como presidente y es otro de los directores de Correo Argentino. Este último funcionario tiene la particularidad de tener otro cargo público extra: es desde el 25 de julio de 2025 miembro titular del directorio de la Agencia de Publicidad del Estado Sociedad Anónima Unipersonal (APESAU), la compañía que reemplazó a Telam.

No es el único que posee doble rol en el equipo de Adorni. El abogado Pablo Leandro Ciocchini actúa desde el 21 de enero de 2026 como vicepresidente del directorio de la administración de Parque Nacionales, que depende de jefatura de Gabinete, y además mantiene un puesto en el directorio de APESAU.

Un dato: los miembros del directorio de Correo Argentino tienen sueldos que superan al de Javier Milei. Hoy, un integrante de la compañía en dicha posición cobra casi $6 millones de pesos. Fuentes oficiales, ante la consulta de Agencia Noticias Argentinas sobre las personas con dos roles dentro del Estado gracias a Adorni, evitaron hacer comentarios.

Paralelamente, la Justicia sigue indagando sobre los inmuebles y viajes del ministro coordinador. Este lunes, el fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó un “historial completo de dominio” de inmuebles vinculados al ex vocero presidencial y envió oficios a la Dirección Nacional de Migraciones para que se amplíe información vinculada a las salidas del país del funcionario.

Además, citó a declarar al ex jugador de fútbol de Huracán y de Lanús Hugo Morales por haber sido anterior dueño del departamento en el barrio de Caballito que adquirió en 1996 y que Adorni compró el año pasado. El jefe de Gabinete reside ahí en la actualidad, y lo habría sido comprado por un valor inferior al de mercado y a través de una hipoteca no bancaria que generó sospechas.

Con información de NA.

Como anillo al dedo o como regalo de Papá Noel. El 27 de diciembre último, la Corte Suprema de Justicia tomó una decisión en el expediente de la quiebra de Correo Argentino SA, empresa de la familia del expresidente Mauricio Macri y principal dolor de cabeza en los tribunales para el exmandatario, ya que puede costarle la extensión de la quiebra a las principales compañías del grupo: Socma y Sideco.  

La empresa Correo Argentino SA tiene a la familia envuelta en denuncias de presunto fraude a los acreedores y los Macri estaban desde 2021 a la espera de una resolución clave para el futuro judicial del conglomerado económico. A instantes de perder los tres votos necesarios para beneficiar con un fallo a Correo, la Corte Suprema actuó y decidió hacer lugar a un planteo de los Macri: que la causa pase a la órbita de un tribunal amigables con el expresidente: el Supremo Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, máxima instancia judicial porteña.

En este artículo, elDiarioAR repasa el estado del caso Correo, sus implicancias para los Macri, el peso de la decisión de la Corte y su timing. Estas son algunas de las claves sobre un fallo que sacudió al sistema judicial en territorio porteño.

El caso: antecedentes y presente

Correo Argentino SA es una empresa fundada por Franco Macri que tenía a su cargo la concesión del servicio postal del Estado Nacional, cuando se privatizó durante el menemismo. En 2001, la empresa entró en concurso de acreedores. Su principal acreedor era y sigue siendo el Estado Nacional. La deuda con el Estado era entonces de 300 millones de pesos/dólares.

En 2003, Néstor Kirchner ordenó la estatización del servicio portal y el correo regresó a manos del Estado. Correo Argentino SA pierde entonces la concesión. Para entonces, seguía el trámite de su concurso de acreedores para resolver sus deudas sin supuesta solvencia económica. 

El primer juez del caso firmó un decreto de quiebra, pero sería revocado por la Cámara de Apelaciones en lo Comercial.

En 2016, la empresa reclamó ante la Justicia que el Estado le pague por la estatización y la falta de pago de servicios postales durante los años 90. Mientras tanto, en junio, el gobierno de Macri firmó un pre-acuerdo con Correo Argentino SA para el pago de la deuda del Estado por la falta de pago del canon de la concesión. Acuerdan que los Macri paguen sólo $296 millones.

En octubre de 2016, el expediente ingresó a la fiscalía general ante la Cámara Comercial, a cargo de Gabriela Boquin. En diciembre, Boquin firmó su primer dictamen en contra del acuerdo entre el Ejecutivo y Correo. En un informe contable, el Ministerio Público Fiscal estableció que el acuerdo garantizaba una quita del 98,87% de la deuda de la empresa, ya que ascendería en 2017 a $4.000 millones.

En febrero de 2017, sale a la luz en el diario La Nación el segundo dictamen de la fiscal, en el que se opuso al acuerdo por “abusivo” y contrario a los intereses del Estado. Ante el escándalo mediático, Macri ordenó volver a “foja cero” y renegociar la deuda. 

En abril, Boquin denunció el supuesto vaciamiento de Correo Argentino SA por parte de los administradores de los Macri ante el supuesto desvío de fondos hacia Socma y Sideco, empresas del grupo familiar. Los responsables de Correo, Socma y Sideco niegan las acusaciones.

Desde entonces, comenzó un derrotero judicial en torno al caso, en el que la jueza no definía la quiebra y los Macri intentaban apartar a la fiscal del caso. Tras la orden judicial de intervenir la compañía, intentaron también apartar a la jueza. 

En 2021, Socma cambia de estrategia: aunque presentaba recursos ante la Corte Suprema de la Nación, decide acudir al Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires para insistir con el apartamiento de la fiscal Boquin. La decisión es controvertida porque el tribunal porteño no tiene competencia sobre la Justicia Nacional, donde tramita la quiebra. Es como si un correntino acudiera a un tribunal de Chaco para pedirle que intervenga en un expediente que tramita en Corrientes. Con una salvedad en la que hizo hincapié el grupo Macri: está pendiente el traspaso de los tribunales nacionales (no federales, como el fuero penal ordinario, el civil, el comercial) a la órbita de la Justicia porteña.

Sin embargo, el traspaso dista mucho de estar en condiciones de decretarse, advirtieron desde abogados, magistrados y hasta los gremios judiciales en sendos comunicados realizados en los últimos días. 

Mientras Socma planteaba al Tribunal Superior de la Ciudad que debía intervenir para apartar a Boquin del caso, el Ministerio Público Fiscal sostenía que la deuda de la empresa con el Estado Nacional ya se acercaba a los $5.000 millones. También intenta apartar a la jueza ante algunas decisiones contrarias a sus intereses.

Si la compañía no llegaba a un acuerdo con sus acreedores, entonces la jueza debía decretar la quiebra.

El 5 de julio de 2021, la jueza dictó la quiebra de la empresa. Los representantes de la firma apelaron la decisión, recusaron a la fiscal y a la jueza e interpusieron otros recursos para dilatar la concreción de la quiebra.

El 4 de mayo de 2022, dos juezas de la Sala B de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial –Matilde Ballerini y María Elsa Uzal– resolvieron suspender el trámite de la quiebra, haciendo lugar a lo solicitado por los representantes de Correo. Ante dicha decisión de la Cámara, la fiscal Boquín interpuso un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Los Macri también acudieron a la Corte, pero con otro objetivo: plantearon al tribunal que la causa no era competencia de la Corte sino del Tribunal Superior de la Ciudad.

El Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, rechazó la intervención de ese tribunal y sostuvo que el expediente de la quiebra debía seguir tramitando en la Justicia Nacional y en la Corte.

¿Qué decidió la Corte Suprema a fines de diciembre?

Unas 72 horas antes de que finalizara 2024 y cuando el juez Juan Carlos Maqueda estaba a punto de jubilarse, la Corte, por mayoría tomó una decisión a favor de Correo: envió el expediente de la quiebra al Superior Tribunal de la Ciudad. Pero primero sentó las bases para poder hacerlo: el tribunal dictó un fallo en otra causa, del fuero civil, en el que una de las partes sostenía lo mismo que Correo: que en su caso, el tribunal revisor de las decisiones tomadas en el expediente por el tribunal de apelaciones es el Superior de la Ciudad y no la Corte. 

El caso civil no está relacionado con el expediente de los Macri pero la Corte se encargó de que así fuera. Tras la Navidad, los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Maqueda establecieron que en el caso civil correspondía la intervención del tribunal porteño. Luego, con la jurisprudencia establecida, la Corte remitió el expediente de Correo a dicho tribunal.

De esta manera, tres de los jueces supremos establecieron que el tribunal superior y última instancia judicial de las causas que tramitan ante la Justicia Nacional ordinaria situada en esta ciudad de Buenos Aires es el Tribunal Superior de Justicia porteño y no la propia Corte Suprema de la Nación, como venía siendo.

La Corte se basó en “la existencia de una situación anómala” en la Ciudad de Buenos Aires, donde aún coexisten la Justicia local y la nacional con competencia ordinaria (civil, comercial, laboral y penal). Es decir, los fueros que no son federales.

Los jueces argumentaron que su decisión va en sintonía con lo establecido en el artículo 129 de la Constitución Nacional, que garantiza la autonomía local de la Ciudad; en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires; y en los compromisos asumidos por las autoridades legislativas nacional y local para traspasar las competencias judiciales de Nación a Ciudad.

La Corte decidió que esta nueva jurisprudencia se aplique a los “casos pendientes de decisión en los cuales ya se hubiera planteado un conflicto análogo y a las apelaciones dirigidas contra sentencias de cámaras nacionales […] que fueran notificadas con posterioridad a este fallo”. El caso Correo entra en estas categorías.

El juez Carlos Rosenkrantz, en disidencia, sostuvo que la decisión de sus colegas implica que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad pase a revestir, aunque sea transitoriamente, el carácter de tribunal nacional, “transformación que no registra precedentes, pues no existe en el ordenamiento constitucional argentino la posibilidad de que un tribunal local revise decisiones de tribunales nacionales”.

¿Por qué el caso Correo Argentino SA es central para la familia Macri?

Si Correo no puede pagar la deuda millonaria establecida por la Justicia, la quiebra podría extenderse a Socma y Sideco, principales accionistas de la compañía en las últimas décadas. 

Además, Macri, representantes de Correo y dos exfuncionarios de Cambiemos tienen abierta una causa penal en el juzgado del juez federal Ariel Lijo por presunto fraude al Estado por el pre-acuerdo entre el gobierno macrista y la empresa de la familia Macri.

Además, tienen también una investigación en su contra por el presunto vaciamiento de la compañía Correo Argentino en la fiscalía de Boquín.

¿A quién beneficia esta decisión de la Corte?

La Corte venía fallando en contra de los planteos de la compañía de los Macri hasta diciembre último. La decisión favorece a Correo y le da la razón a Socma, principal accionista. Beneficia a la familia Macri.

Ahora, el fiscal general que intervendrá en el caso como instancia superior es Juan Bautista Mahiques, exfuncionario de Macri en el ministerio de Justicia, representante de su gobierno ante el Consejo de la Magistratura e hijo de Carlos Mahiques, el ex ministro de Justicia de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires.

El Superior Tribunal de la Ciudad tiene jurisdicción en el distrito gobernado por el primo de Macri, Jorge Macri.

¿Cómo influye la decisión de la Corte en el caso Correo Argentino SA?

El objetivo de Correo en todos los movimientos que realiza en el expediente es el mismo: desplazar a la fiscal. Luego se sumó un segundo objetivo: desplazar a la jueza. De fondo, hay un tercer objetivo: evitar pagar una deuda multimillonaria al Estado y la extensión de la quiebra a Socma y Sideco.

Lo que suceda en el expediente de la quiebra y en el del vaciamiento de Correo también es central en el destino de la causa penal que tiene el juez Lijo y en el que Macri está imputado.

Ahora, los accionistas de Correo podrán plantear sus reclamos ante un tribunal integrado por algunos jueces de estrecha relación con Macri cuando era jefe de Gobierno porteño. Una de las juezas del Superior Tribunal porteño es Inés Weinberg, candidata del expresidente de Cambiemos a la Procuración General de la Nación. Otro es Santiago Otamendi, exsecretario de Justicia del gobierno de Macri. Marcela De Langhe asumió en el tribunal en junio de 2019, durante el mandato de Horacio Rodríguez Larreta, entonces aliado de Macri. Estos tres jueces ya habían votado a favor de Socma en 2021, cuando la empresa de los Macri pidió al Superior de la Ciudad que intervenga en el caso.

ED/MG

El Poder Ejecutivo de la Nación emitió un nuevo decreto, el 1005/2024, que introduce cambios significativos en la regulación del servicio postal, afectando tanto a los operadores actuales como a nuevos actores interesados en ingresar al negocio. Esta normativa, que modifica el Decreto Nº 1187/1993, “busca fomentar la competencia, simplificar procesos burocráticos y adaptarse a los avances tecnológicos”. Al respecto, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anticipó este lunes que la intención final del Gobierno es la privatización del Correo Argentino.

“En el caso del Correo es evidente, por ejemplo, en encomiendas tiene solo un 17% de participación del mercado por lo que queda clarísimo que es una actividad que puede hacer el sector privado”, dijo el funcionario en diálogo con radio Mitre. “Se privatizará, o se concesionará, o se transferirá a los empleados, cualquiera de las formas en que pueda hacerse”, agregó.

El Decreto 1005/2024 se centra en la liberalización del mercado postal, eliminando las barreras regulatorias que anteriormente dificultaban la entrada de nuevos competidores. “Esta sobrerregulación de la actividad postal generó barreras de ingreso al mercado, restringiendo la competencia, lo que derivó en un servicio de peor calidad y mayores precios, perjudicando al usuario del servicio”, se menciona en los considerandos del decreto.

Con esta nueva disposición, los operadores postales podrán inscribirse de forma simple, electrónica, gratuita y declarativa, facilitando el proceso y eliminando la necesidad de trámites presenciales. 

El mismo Sturzenegger había explicado horas antes en redes sociales que, para el Gobierno, “el correo ya no tiene valor estratégico, por lo que desde ahora permitiremos que cualquiera pueda participar del negocio”.

Además, elogió “la onda desreguladora de los ´90 y Domingo Cavallo con el decreto 1187/93”, quien “suprimió el monopolio y amplió los jugadores del sector. Sin embargo, persistían restricciones al ingreso a la actividad a través de complicados sistemas de registración y habilitación. Como siempre estos sistemas son eminentemente anti pymes y anti innovación. El Decreto 1005/24 elimina estas trabas”.

De acuerdo a la normativa publicada en el Boletín Oficial, “ya no existe más un proceso de habilitación; cualquier persona jurídica que desee manejar correo podrá hacerlo y solo deberá informar que está involucrado en dicha actividad. En mensajería urbana también lo podrán hacer las personas humanas. No se necesitará entregar documentación ni comprobar la tenencia de vehículos u otras instalaciones; se caen todos los trámites de habilitación: el negocio pasa a ser libre”.

Asimismo, detalla que desde ahora “se permite la plena digitalización de telegramas y documentos certificados, extendiendo los beneficios de la firma digital remota al negocio postal. Esperamos esto abra un nuevo e interesante negocio”, al tiempo que explica que desde el momento en que no hay más “exigencia de comprobar vehículos en mensajería urbana, cualquier actor podrá operar como punto de entrega y repartidor de envíos postales, facilitando el desarrollo del comercio electrónico y generando una fuente de ingresos adicionales para comercios, canillitas, remiseros y operadores de plataformas”.

El comunicado del ministerio de Sturzenegger

Con el objetivo de continuar promoviendo la libre competencia y la eliminación de decisiones burocráticas que restringen la oferta de bienes y servicios, el Gobierno desreguló el servicio de correos y operadores postales, al establecer nuevos lineamientos para el ejercicio de su actividad.

Los objetivos del decreto 1005/24, que se publicó hoy en el Boletín Oficial, son fomentar la transparencia, simplificación, digitalización y mayor seguridad del servicio. Esta importante reforma se trabajó en forma conjunta entre el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado y la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación.

Para ser operador postal las personas jurídicas deberán inscribirse ante la autoridad de aplicación de manera simple, electrónica, gratuita y declarativa. La inscripción se realizará una sola vez al inicio de la actividad y podrán iniciar automáticamente sus actividades a partir de los 5 días desde la fecha de su inscripción. Dicha inscripción constituirá habilitación suficiente para desarrollar la actividad.

Los operadores postales que desarrollen actividades en el mercado postal local e internacional podrán fijar con total libertad la dotación de personal, la modalidad, los tipos de servicios prestados, los equipos, medios de transporte y locales que requieran para su actividad. Van a poder brindar cartas documentos, telegramas, comunicaciones fehacientes y giros postales.

Se habilita que los ejemplares y la constancia de entrega al destinatarios del telegrama y carta documento sean en formato digital, al igual que el respaldo. A su vez, la verificación de identidad se podrá realizar vía RENAPER u otros medios de verificación remota. Esta medida modifica el Decreto N° 1187, junto con la derogación del Decreto N° 151/74 y las Resoluciones Nros. 7/96 y 3123/97 de la Comisión Nacional de Correos y Telégrafos, las Resoluciones Nros. 491/98, 3252/04, 1811/05 y 604/11 de la Comisión Nacional de Comunicaciones, las Resoluciones Nros. 109/20 y 1167/21 de la Secretaría de Innovación Pública.

La sobrerregulación de la actividad postal ha generado barreras de ingreso al mercado, de manera tal que se restringe la competencia, lo que lleva a un servicio de peor calidad y mayores precios. Por ende, se eliminan los listados de requisitos excesivos para llevar a cabo la actividad y los registros que implican mayor burocracia y menor transparencia. La presente medida no innova ni altera las disposiciones sobre secreto postal ni en materia de seguridad.

Con esta decisión se eliminan todos los vestigios de predominio postal y las exclusividades otorgadas a empresas de correo estatales referidas al envío de cartas documento, de telegramas y encomiendas de hasta 50 kilos, al abrir la competencia y facilitar el acceso de otros operadores. Además, a las personas humanas se les permitirá ofrecer el servicio de Mensajería Urbana, con o sin vehículo, en plazos breves y distancias cortas.

Algunos detalles del decreto sobre Correo

El decreto

Con información de agencias.

IG

Cada 14 se septiembre se celebra el Día del Cartero y la Cartera, el cual recuerda la jornada en que Bruno Ramírez, el primer cartero oficial designado en Buenos Aires, tomó posesión de su cargo un 14 de septiembre de 1771. Desde ese momento, aparece en las calles porteñas una figura que con el paso del tiempo se convirtió en un personaje característico del paisaje urbano.

El sevillano Ramírez comenzaba así a ejercer un oficio que no existía en la Gobernación del Río de la Plata -el Virreinato vendría en 1776-, el cual consistía en la entrega de misivas o cartas en los domicilios de la ciudad de Buenos Aires.

La distribución de cartas en las colonias españolas había comenzado más de dos siglos atrás. En 1514, se estableció el primer Correo Mayor con las Indias con sede en Lima, cuyo sistema de comunicación consistía en una serie de postas a caballos, que unían varios puntos de lo que hoy son Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Perú.

En Buenos Aires, el sistema postal era dirigido por Domingo Basavilbaso, quien lo modificó en 1771. Esto fue porque las cartas no llegaban directamente al domicilio, sino cada persona debía ir a retirarlas a lugares determinados y las tardanzas de los envíos eran considerables, de ahí la necesidad de optimizar el sistema. Fue así que se incluyó el rol del cartero.

En balsa, a pie o en bicicleta

Cruzar en balsa para llegar a las islas, montar una mula para ingresar a los lugares más inaccesibles, esquivar perros o poner el hombro al vecino que recibe un telegrama de despido son algunas de las experiencias que siguen transitando las y los carteros a lo largo del país, que transformaron su histórico rol fundamental de entrega de cartas al actual traslado de vacunas, urnas y medicamentos.

Hoy consideradas casi una “reliquia”, las cartas siempre tuvieron una función muy especial: “Desde un fallecimiento hasta un feliz cumpleaños, un aniversario, la carta típica de amor o la familiar que unía a través de un escrito que quedaba para siempre, acercando kilómetros de distancia, hasta entre países”, remarcó a Télam Carlos Serantes (56), prosecretario general adjunto de la Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones (Foecyt) Argentina.

“El cartero repartía no solo la carta de la gente, de doña Rosa por decir un nombre, sino también repartía la publicidad gráfica, revistas, que hoy desaparecieron del mercado obviamente”, recordó.

El trabajo era a pie o en bicicleta, con una mochila de cuero en la cintura que cuando llovía se volvía más pesada y que marcó un caminar más encorvado en quienes dedicaron varios años de su vida a esta labor; mientras la mayoría de ellos, si bien fueron ágiles a la hora de esquivar animales, llevan las cicatrices de mordeduras de perros en sus tobillos.

El cartero, trabajador esencial

Si bien el rubro del correo vivió transformaciones con el avance de la tecnología, sigue siendo “indispensable” para garantizar derechos.

“El Correo Argentino es un correo de bandera federal, que llega a todos los pueblitos y puntos del país. Tenemos en cada localidad una boca de expendio, de recepción, de admisión y de entrega, desde La Quiaca hasta Ushuaia. Es una empresa con 18 mil trabajadores, todos registrados”, destacó Serantes.

Y reconoció que “mermó mucho el trabajo por lo que tuvo que cambiar su idiosincrasia; la paquetería hoy es fundamental”.

“Actualmente hemos tenido también un protagonismo importante con la pandemia. Nosotros hemos sido designados trabajadores esenciales y hemos distribuido vacunas en todo el territorio nacional para el Covid-19”, contó.

Y agregó: “Ni hablar cuando el trabajador de correo entra en un proceso de elecciones donde se brindan a nivel nacional, provincial y municipal la distribución de las urnas y los cómputos a través del telegrama. Es el único trabajador que tiene firmada la declaración jurada del secreto postal”.

MM

En la localidad de Corcovado, en el departamento Futaleufú de la provincia de Chubut, un hombre llora todos los días. Se llama Javier Villoldo, tiene 52 años y durante 27 fue empleado del Correo Argentino. En abril lo echaron del trabajo. Era el único de su sucursal. Ahora espera que lo echen de la casa donde vive, porque es del Correo.

Villoldo está angustiado. No entiende la decisión, por qué a él y a esta altura de su vida. Dice que hizo trabajo de hormiga, que empezó a los 25 años, en 1997, y que desde ese entonces no paró de trabajar. Que pasó por todas las funciones: fue cartero, ventanillero y hasta hizo relevos como tesorero. Se ocupó de la limpieza, de las tareas de maestranza y mantenimiento, de la atención al público y de asuntos administrativos. Cubrió licencias de los jefes de las sucursales unipersonales, como la que él administraba, y nunca sacó una carpeta o cometió una infracción. Aquel día de abril lo llamaron por teléfono y le informaron que había sido desvinculado de la empresa. Todavía no lo puede creer. Repasa la secuencia una y otra vez. Se agota.

Desde que Javier Milei asumió como presidente de la Nación impulsó la privatización del Correo Argentino. Esto se incluyó en el proyecto de ley Bases, pero por una negociación entre el Gobierno y los legisladores para su aprobación el Correo fue eliminado del listado de empresas que pueden ser privatizadas, junto con Aerolíneas Argentinas y los medios públicos. Mientras tanto, durante estos seis meses de gestión, se llevó adelante un plan de reestructuración de la compañía estatal que constó de retiros voluntarios y despidos.

En el Correo Argentino dicen a elDiarioAR que “el 24 de mayo concluyó el programa de retiros voluntarios que el Correo puso a disposición de todos sus empleados”, que “de los 16.892 trabajadores, unos 4.000 se acogieron a este mecanismo que incluye jubilaciones anticipadas o el pago de indemnizaciones más un 30%” y que “hubo, además, 377 despidos a personas que tenían sumarios o registraban incumplimientos”.

Agregan que “en la actualidad, el Correo cuenta con 1.452 sucursales en todas las provincias” y que se proponen llevar a cabo un “nuevo modelo de optimización de la red” con el que se alcanzarán “aproximadamente 5.000 puntos de recepción y distribución, a través de la incorporación de nuevos puntos de atención llamados Puntos Correo”.

Se trata de postas “de recepción y distribución en formato stand, instalados en librerías, estaciones de servicio y oficinas estatales”, entre otros. El objetivo detrás es “lograr una mayor capilaridad en todo el país” y así afrontar “con más herramientas la obligación de prestar el servicio básico universal, que es llegar a todo el territorio nacional, de manera frecuente y a un precio accesible”.

La preocupación de la Cámara Electoral

A principios de junio la Cámara Nacional Electoral (CNE) se reunió con la jueza federal con competencia electoral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires María Servini de Cubría para tratar el tema de la reducción del personal del Correo Argentino, ya que preocupa a los magistrados federales electorales de distintos puntos del país.

En este sentido, también el juez de la provincia de Buenos Aires Alejo Ramos Padilla expresó su inquietud por el impacto que la medida tendría en las actividades que por ley se encomiendan a ese correo para la organización y realización de las elecciones, tales como notificaciones de designación de autoridades de mesa; despliegue y repliegue de urnas, boletas y demás material electoral, entre otras.

Por todo esto, la CNE requirió a la Dirección de Servicios Electorales del Correo que informe sobre el impacto que la reestructuración tiene en la organización de la logística de los procesos electorales.

Las autoridades del Correo aseguran que la reestructuración que llevan adelante no modificará sustancialmente el actual esquema logístico electoral en centros urbanos ni en bases de grandes distritos, que tampoco significará el abandono de la presencia del Correo en el territorio y que para los próximos procesos electorales se prevé recurrir a la contratación de recursos eventuales, que integran una base de datos de personas con experiencia en el rubro.

Neuquén, la primera provincia en inaugurar “Puntos Correo”

El 27 de junio, el Correo Argentino inauguró dos “Puntos Correo” en la localidad neuquina de Vista Alegre, de 3.178 habitantes. Son las primeras pruebas del proceso de “modernización” que quiere implementarse, aunque se hizo a la vieja usanza: con acto de apertura, funcionarios y fotos.

Entre otras autoridades, participaron la secretaria de gobierno de Vista Alegre Mónica Solorza, el gerente regional de la zona Sur Juan Pedro Servidio y referentes de las fuerzas vivas locales. El propósito, dijeron, es “lograr mayor cobertura en el alcance y atención” de los servicios.

Esos puntos serán replicados en distintas localidades de todo el país y persiguen como fin “ofrecer a los argentinos un servicio postal acorde a los mejores estándares internacionales, en términos de tiempos de entrega y alcance territorial, procurando, a su vez, lograr una empresa económicamente equilibrada”, informaron.

MM/DTC

“Cuando me echaron me avisaron de un rato para el otro. Ni siquiera de un día para el otro. El 26 de abril fue mi último día de trabajo. Yo trabajé normal, como siempre”, cuenta a elDiarioAR Javier Villoldo, el único empleado del Correo Argentino de la localidad de Corcovado, departamento Futaleufú de la provincia de Chubut. Tiene 52 años y durante 27 trabajó para la compañía estatal. En abril lo echaron. Ahora vive con la angustia de ser desempleado y a la espera de que lo desalojen de la casa donde vive porque es del Correo.

Villaldo fue cartero, ventanillero y hasta hizo relevos como tesorero. Se ocupó de la limpieza, de las tareas de maestranza y mantenimiento, de la atención al público y de asuntos administrativos. Cubrió licencias de los jefes de las sucursales unipersonales, como la que él administraba, y nunca sacó una carpeta o cometió una infracción. Aquel día de abril lo llamaron por teléfono y le informaron que había sido desvinculado de la empresa. Todavía no lo puede creer. El correo era como su casa.

Su jornada comenzaba a las 8:30, pero él llegaba antes. “A las 7:30 ya estaba con la puerta abierta esperando a mis vecinos que tuvieran que hacer algún trámite”, cuenta y recuerda con lujo de detalles cómo fue el día que lo despidieron. “Había sido un día como todos: había abierto, izado la bandera y trabajado normal. A las 14.20 ya había dejado todo organizado con la gente de Esquel, que son los que me mandaban la correspondencia. Era un lunes, había llegado poca así que acordamos que hicieran el traslado la próxima semana. Diez minutos más tarde me volvieron a llamar. Me pareció raro porque recién habíamos cortado. Insistieron dos o tres veces. Cuando atendí me dijeron que en su bandeja de mail estaba mi telegrama de despido. Así de violento. Así de intempestivo. Inesperado. Diez minutos antes habíamos terminado de organizarnos para la semana siguiente y después me llamaron diciendo que me habían echado”, reconstruye al teléfono con elDiarioAR.

Hace pausas propias de la angustia, se quiebra y repite sobre todo una palabra: horrible. “No había terminado de cerrar la sucursal cuando ya me habían echado”, piensa.

Villoldo tiene dos hijos y “un par de Firulays”, como le dice a sus perros rescatados de la calle; está casado con una docente que hoy es el sostén de la familia. Del futuro a corto plazo le preocupan varias cosas: de qué trabajar, dónde van a vivir, poder seguir manteniendo a su hija de 20 años que estudia en Esquel el profesorado de inglés, la realidad económica del país.

“Vengo desde hace casi mes y medio pasándola bastante mal. Estamos priorizando hoy con mi mujer poder seguir pagando el alquiler y los estudios de mi hija para que el día de mañana pueda ser una laburante”, cuenta. “Estoy en una situación complicada, no sólo yo como persona, sino como trabajador. Estoy literalmente en la calle, esperando a que me vengan a pedir la casa. Tengo 52 años y, lamentablemente, para el sistema soy viejo. Tengo toda la experiencia, pero mi edad me condiciona. No consigo laburo en ningún lado. Nadie te contrata, nadie te toma. Podés tener toda la experiencia, ser responsable, comprometido y todo lo que vos quieras, pero, lamentablemente, somos viejos. Estoy desempleado y no por mi culpa”, se queja.

Villoldo no tiene un plan. Vive, como dice, “en un desconcierto total”, en un pueblo rural de 1.600 habitantes donde las posibilidades son pocas. Además, la situación económica de país no lo alienta a invertir en nada propio. Mientras tanto, él y su familia viven del sueldo de su esposa, que cobra poco más de $300 mil.

“Estoy desesperado. Tengo toda la fe del mundo, pero uno, por más fe que tenga, se choca con la realidad que dice otra cosa. Llega un momento donde te levantás con muchas ganas de dar vuelta la página y de que esto sea una anécdota o un trago amargo y en el transcurso del día te vas dando cuenta de que la realidad es otra. Y es tremendo. Es algo que no se lo deseo a nadie”, agrega.

La odisea para mandar una carta

Corcovado es un pueblo cordillerano. Desde hace más de dos meses llueve y cae agua nieve casi todos los días. Los caminos son de ripio y se vuelven intransitables. La sucursal de Correo Argentino más cercana está a 100 kilómetros, en Esquel. Llegar hasta allá demanda un gasto de, por lo menos, $30.000. Hoy, los corcovadenses que necesitan mandar una carta, una encomienda o iniciar un trámite que se gestionaba a través del Correo, necesitan ir hasta Esquel. Para muchos es inaccesible, por lo que se organizan para compartir gastos o esperan a la vera de los caminos mientras hacen dedo hasta que alguien los levante.

“Para la gente también es un golpe tremendo. Quedarse sin correo es un atraso de 50 años”, dice Villoldo. “Este Gobierno habla de ajuste y de la casta y nosotros somos trabajadores. Yo lo único que sé hacer es trabajar. Soy un laburante que lo único que quiere es que le restituyan su trabajo. Si hay que ajustar, me parece que hay otros lugares, otras formas, no los trabajadores. No se soluciona este país o su situación económica dejando gente en la calle empobrecida, sin ninguna posibilidad de nada”, reclama Javier.

El reclamo de la gente

Que cierren las únicas sucursales de Correo Argentino de algunos pueblos es un trastorno para la gente. Los vecinos de Corcovado encabezaron varias protestas para que se reabra la de su pueblo mientras trabajan en la presentación de un amparo colectivo. No tienen expectativas de lograr algo, pero no quieren quedarse de brazos cruzados.

Algo similar pasa en Trelew donde echaron a Olga Norambuena, la única trabajadora mujer. Por ella se hizo un abrazo simbólico al Correo y se pidió su reincorporación. Norambuena era ejecutiva de Pymes y asistente de los equipos electorales con 18 años de antigüedad. Fue despedida el 27 de abril, como Villoldo. Es madre soltera de una niña de 9 con síndrome de Down.

Los despidos y las manifestaciones tienen eco en todo el país. Para los ciudadanos, en algunos casos, el correo es vital y cumple una función social clave para el desarrollo de su actividad diaria.

MM/DTC

El plan de privatizaciones del presidente Javier Milei recibió en las últimas horas un golpe letal al revelarse que el bloque Hacemos Coalición Federal que lidera Miguel Pichetto no avalará la inclusión dentro de ese paquete de Aerolíneas Argentinas, el Correo y Radio Televisión Argentina (RTA) en el marco de la discusión de la ley de Bases que se votará el próximo jueves en la Cámara de Diputados.

Además, se conoció que la postura de Rodrigo de Loredo de acompañar esas tres privatizaciones no era tan representativa como parecía al interior del bloque radical, donde conviven posturas contradictorias entre sí, repartidas prácticamente en mitades.

Al avizorar un escenario adverso, el Gobierno habría aceptado ceder en el capítulo de las privatizaciones y habría acordado con los bloques dialoguistas firmar un dictamen unificado aceptando la totalidad de los cambios aplicados por el Senado en la ley Bases.

Si el Gobierno, en cambio, decidiera junto al PRO insistir con esas privatizaciones, la decisión final pasaría a quedar en manos de Unión por la Patria. 

En ese hipotético escenario, el bloque que lidera Germán Martínez se encontraría sin quererlo en una disyuntiva moral, en un callejón sin salida, dado que, para evitar la entrega de Aerolíneas, el Correo y los medios públicos no le quedaría otro remedio, paradójicamente, que apoyar las privatizaciones de otras empresas como Aysa, Nucleoléctrica, Corredores Viales, Belgrano Cargas, SOFSE, YCRT, Energía Argentina, Intercargo.

Esto es así porque si Unión por la Patria, teniendo que optar entre la versión reducida de privatizaciones del Senado y la ampliada de Diputados decidiera abstenerse, muy probablemente ganaría la votación la postura de insistir en la que salió de la Cámara baja.  

Del cónclave que realizó el bloque Hacemos Coalición Federal participaron, además de Pichetto, Emilio Monzó, Nicolás Massot, Oscar Agost Carreño, Margarita Stolbizer, Esteban Paulón, Juan Brügge y Francisco Morchio.

El compromiso de Hacemos Coalición Federal con el Gobierno llega hasta acompañar el rescate de la vuelta de Ganancias y la rebaja de Bienes Personales, dos iniciativas que se encuentran en la Ley de Medidas Fiscales.

Pero en lo que refiere a la ley Bases respetarán los términos de la sanción del Senado y no insistirán con aspectos de la media sanción de Diputados, como quería por ejemplo el PRO. 

HCF justifica su apoyo a insistir en Diputados con la restitución de Ganancias y la rebaja de Bienes Personales en el hecho de que estaban en el dictamen que se aprobó en general en el Senado, antes de que esos artículos específicos cayeran en el tratamiento en particular.

Hacemos Coalición Federal advierte al Gobierno: “Votaremos en contra de la ley Bases”

El diputado nacional de Santa Fe por Hacemos Coalición Federal, Esteban Paulón, manifestó que “le preocupa que el Gobierno, al vivir en su mundo de fantasía, le cueste tanto caer en la realidad”.

En declaraciones a Radio Colonia, sostuvo que su bloque, conformado por las legisladoras Mónica Fein y Natalia de la Sota, “están en contra” de la Ley Bases “y lo van a seguir estando, por más cambios que hagan en el Senado” y añadió que él, particularmente, “no votaría nada” que estuviese relacionado con las privatizaciones.

“Desde Hacemos Coalición Federal votamos en contra del impuesto a las ganancias y de bienes personales y, esta vez, vamos a volver a votar igual”, sostuvo.

Por otra parte, el diputado desmiente que el Gobierno no tenga “ninguna herramienta” para llevar adelante su gestión “cuando tiene el DNU” desde diciembre del año pasado, sobre todo, porque “es una herramienta muy poderosa que hizo desastre estos seis meses”.

Para finalizar, señaló que éste es un Gobierno “con un fuerte temperamento autocrático” debido a que el presidente Javier Milei “se maneja autoritariamente”.

En el día de ayer, y luego de que se liberaran los valores de los co-pagos de las Obras Sociales, desde su cuenta personal en la red social X, Paulón volvió a pronunciarse en contra del Decreto de Necesidad y Urgencia instalado por Milei y aseveró que “es urgente que en Diputados deroguemos el DNU por inconstitucional y abusivo”.

Con información de agencias.

IG

La jueza federal con competencia electoral de la Capital Federal, María Servini, se reunió hoy con miembros de la Cámara Nacional Electoral para hablar acerca de los despidos en el Correo Argentino ya que esta situación preocupa a los magistrados federales electorales de distintos puntos del país por el impacto que tendría en la organización y realización de las próximas elección.

Alejo Ramos Padilla fue uno de los primeros jueces en expresarse al respecto y alertar sobre los riesgos de que continúe el achique en el organismo estatal que, entre otras cuestiones, coordina en tiempos electorales notificaciones de designación de autoridades de mesa, despliegue y repliegue de urnas, boletas y demás material electoral, entre otras.

“La preocupación de la justicia nacional electoral se dirige a observar en qué medida los comicios del próximo año pueden ser llevados adelante con normalidad, sin los agentes más experimentados en la actividad electoral, que adhirieron al retiro voluntario propuesto”, señalaron desde la Cámara Electoral en un comunicado.

En ese contexto, el organismo requirió a la Dirección de Servicios Electorales del Correo que informe sobre el impacto que la reestructuración tiene en la organización de la logística de los procesos electorales. Además, el Tribunal decidió convocar a una Comisión de Gestión, que funciona en la justicia nacional electoral, donde jueces y secretarios electorales de todo el país compartirán sus impresiones sobre la cuestión y el estado de situación en sus respectivas jurisdicciones.

Los despidos en el Correo Argentino forman parte de un severo plan de ajuste del Gobierno. Hasta hace unas semanas había 1.400 sucursales a lo largo y a lo ancho del país, de acuerdo a lo que señala la propia empresa, pero con el correr de los días cada vez son menos y con esas cesantías pueblos y personas quedan aislados.

El achique se puso en marcha desde que asumió el presidente Javier Milei e incluye desafectaciones, con pago de indemnizaciones o a través de retiros voluntarios.

MM

La entrega de urnas en algunas regiones del país requiere de un traslado a través de las montañas, lo que se logra gracias al trabajo y el esfuerzo de 60 mulas.

Esta particularidad se da principalmente en la zona de los valles en la provincia de Jujuy, donde desde esta madrugada desde Tilcara partieron las urnas en mula junto a un dispositivo de seguridad acompañado por las fuerzas armadas a través de las montañas en la Quebrada de Humahuaca.

Desde las 5:00 de este sábado iniciaron un recorrido que llevará 12 horas en total para llegar con las urnas correspondientes a la Escuela N°76 Soldado de la Patria en Molulo, la Escuela N°351 José María Facio en El Durazno, la Escuela N°358 Rosario V. Peñaloza en Abra Mayo, la Escuela N°219 de Yaquispampa y la Escuela N°89 Salvador Debenedetti en Yala Monte Carmelo.

El operativo logístico para la distribución de las más de 100.000 urnas y todo el material necesario para las elecciones generales de mañana continuaba hoy en todo el país, a través del trabajo del Correo Argentino.

Participan del operativo 76.170 empleados del Correo y 16.265 vehículos que transportarán 104.520 urnas para que lleguen a 16.942 locales de comicios, a fin de que los 35.405.013 electores habilitados puedan sufragar mañana.

Los datos para el escrutinio provisorio serán transmitidos desde todo el territorio al Centro de Cómputos del Correo por 15.495 operadores que digitalizarán las actas escaneadas, desde 12.010 locales, donde habrá 2.068 supervisores, para controlar el correcto envío de 91.905 telegramas, según las autoridades.

Además de los vehículos, que comprenden camionetas, autos, utilitarios y colectivos para el traslado de trabajadores para la entrega de urnas, a fin de llegar a los lugares más recónditos del país, se utilizan 15 lanchas para atravesar ríos y lagos, camionetas 4x4 para caminos de difícil acceso, un cuatriciclo en Catamarca, y 52 tractores.

“El Correo Argentino desempeña un rol fundamental, arraigado en su histórica trayectoria de compromiso con la democracia. Desde hace décadas, el Correo Argentino ha sido elegido para llevar a cabo la logística en los procesos electorales, confiando en su experiencia y dedicación en cada instancia electoral”, precisó el organismo en un comunicado.

El Correo, a través de su Dirección de Servicios Electorales, es el encargado del desarrollo de la planificación, dirección, coordinación y control de la logística electoral en todos sus niveles, prestando servicios antes y durante la jornada electoral, de seguridad y contingencia, y también post-electorales.

Entre las tareas que realizan se encuentra la distribución de los padrones electorales a las secretarías electorales y a los lugares estipulados para la exhibición, la distribución de materiales electorales como urnas, manuales de capacitación y kit electoral, el armado y repliegue de cuartos oscuros móviles, la entrega de nombramientos y acuses de recibo, y la recepción y logística de boletas de sufragio.

También realizan el despliegue anticipado de urnas en cada establecimiento de votación; la provisión y distribución de refrigerios para las autoridades de mesa y delegados judiciales; el repliegue de urnas, actas, telegramas y material de rezago; el despacho de telegramas de escrutinio de mesa; la logística para el voto de los electores privados de la libertad; vehículos de contingencia; y la provisión de espacios físicos para el recuento provisional de resultados en cada una de las jornadas electorales y en las pruebas y simulacros correspondientes.

Sólo en la provincia de Buenos Aires se distribuirán unas 40.201 urnas en 6.634 establecimientos para los 13.115.144 electores habilitados.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2.528.223 electores estarán habilitados para votar en 1.096 locales de comicios, de los cuales 817 tendrán transmisión de telegramas directamente para el escrutinio provisorio, representando el 74% de los establecimientos.

En coincidencia con las elecciones nacionales -en las que se dirimirán la Presidencia y cargos legislativos- también habrá este domingo elecciones locales en la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Catamarca y ciudad de Buenos Aires.

En la provincia mesopotámica se distribuirán 3.434 urnas para 1.144.216 electores habilitados que podrán emitir su voto en 662 locales de comicios, mientras que en Catamarca, los 340.478 electores habilitados lo podrán hacer en 220 locales de comicios a los que llegará Correo Argentino con las 1.061 urnas.

De los locales en los que el domingo estarán distribuidas las urnas en todo el país, el Correo Argentino dispuso que, una vez finalizado el cierre de cada mesa, se puedan transmitir los telegramas en 12.010 establecimientos.

Esto significa que para el próximo domingo se incrementó la cantidad de kits de transmisión de los telegramas con respecto a las PASO del 13 de agosto.

Los telegramas serán transmitidos desde equipos informáticos altamente securizados y además de las 1.482 sucursales totales de Correo Argentino a nivel nacional, 1.150 serán sucursales electorales digitales; es decir, estarán aptas para transmitir los telegramas escaneados a la sede central operativa de la elección para su procesamiento; en caso de que exista alguna contingencia en el local de comicios.

CRM con información de la agencia Télam y el Correo Argentino

Más de 76 mil trabajadores del Correo Argentino participarán en el dispositivo logístico de cara a las elecciones generales que se desarrollarán este domingo en todo el país, para el que se utilizarán 16.265 vehículos, desde camiones hasta mulas, con el objetivo de distribuir 108.111 urnas en 16.942 establecimientos habilitados para votar.

“El Correo Argentino desempeña un rol fundamental, arraigado en su histórica trayectoria de compromiso con la democracia. Desde hace décadas, el Correo Argentino ha sido elegido para llevar a cabo la logística en los procesos electorales, confiando en su experiencia y dedicación en cada instancia electoral”, precisó el organismo en un comunicado.

El Correo, a través de su Dirección de Servicios Electorales, es el encargado del desarrollo de la planificación, dirección, coordinación y control de la logística electoral en todos sus niveles, prestando servicios antes y durante la jornada electoral, de seguridad y contingencia, y también post-electorales.

Cuáles son las tareas del Correo un día de elecciones

Entre las tareas que realizan se encuentra la distribución de los padrones electorales a las secretarías electorales y a los lugares estipulados para la exhibición, la distribución de materiales electorales como urnas, manuales de capacitación y kit electoral, el armado y repliegue de cuartos oscuros móviles, la entrega de nombramientos y acuses de recibo, y la recepción y logística de boletas de sufragio.

También realizan el despliegue anticipado de urnas en cada establecimiento de votación; la provisión y distribución de refrigerios para las autoridades de mesa y delegados judiciales; el repliegue de urnas, actas, telegramas y material de rezago; el despacho de telegramas de escrutinio de mesa; la logística para el voto de los electores privados de la libertad; vehículos de contingencia; y la provisión de espacios físicos para el recuento provisional de resultados en cada una de las jornadas electorales y en las pruebas y simulacros correspondientes.

Para las elecciones de este domingo, se distribuirá un total de 108.111 urnas en todo el territorio nacional para que 35.405.013 argentinos y argentinas puedan ejercer su derecho al voto, cifra que incluye 104.520 urnas para el ámbito nacional, junto a 3.591 urnas para mesas de votantes extranjeros en la provincia de Buenos Aires.

A nivel nacional, Correo Argentino llegará a los 16.942 locales de comicios habilitados en todo el país por medio del trabajo de 76.170 empleados.

Sólo en la provincia de Buenos Aires se distribuirán unas 40.201 urnas en 6.634 establecimientos para los 13.115.144 electores habilitados.

En la ciudad autónoma de Buenos Aires, 2.528.223 electores estarán habilitados para votar en 1.096 locales de comicios, de los cuales 817 tendrán transmisión de telegramas directamente para el escrutinio provisorio, representando el 74% de los establecimientos.

En coincidencia con las elecciones nacionales -en las que se dirimirán la Presidencia y cargos legislativos- también habrá este domingo elecciones locales en la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Catamarca y ciudad de Buenos Aires.

En la provincia mesopotámica se distribuirán 3.434 urnas para 1.144.216 electores habilitados que podrán emitir su voto en 662 locales de comicios, mientras que en Catamarca, los 340.478 electores habilitados lo podrán hacer en 220 locales de comicios a los que llegará Correo Argentino con las 1.061 urnas.

Para llevar adelante sus tareas, el Correo dispuso una flota de 16.265 vehículos, incluyendo 1.409 camiones, 6.104 camionetas, 4.680 vehículos de bajo porte (autos), 1.498 utilitarios y 2.155 colectivos para el traslado de trabajadores y trabajadoras para la entrega de urnas.

Según se informó, durante los últimos años, el Correo Oficial “centró sus esfuerzos en mejorar y sistematizar los procesos relacionados con su responsabilidad legal”.

Estos avances incluyen la implementación de un nuevo sistema de trazabilidad del material y documentación electoral, así como una estrecha colaboración con todos los actores involucrados, lo que significa que cada urna entregada en los establecimientos es acompañada por un proceso de control que permite visualizar su recorrido desde que sale del centro operativo correspondiente hasta que es entregada a cada mesa electoral.

Lo mismo sucede una vez que Correo retira las urnas desde los locales de comicios una vez finalizada la elección.

De 17.427 locales en los que el domingo estarán distribuidas las urnas en todo el país, el Correo Argentino dispuso que, una vez finalizado el cierre de cada mesa, se puedan transmitir los telegramas en 12.010 establecimientos. Esto significa que para el próximo domingo se incrementó la cantidad de kits de transmisión de los telegramas con respecto a las PASO del 13 de agosto.

“Esto es un hito para Correo Argentino en lo que respecta a la transmisión electoral descentralizada ya que representa un 69% del total de locales de comicios a nivel nacional. Se trata de un récord en el alcance del operativo de transmisión que lleva adelante Correo Argentino al superar el 85% del total de telegramas de escrutinio -91.905 transmitidos desde locales de comicios sobre los 108.111 totales-”, se informó en el comunicado.

Los telegramas serán transmitidos desde equipos informáticos altamente securizados y además de las 1.482 sucursales totales de Correo Argentino a nivel nacional, 1.150 serán sucursales electorales digitales; es decir, estarán aptas para transmitir los telegramas escaneados a la sede central operativa de la elección para su procesamiento; en caso de que exista alguna contingencia en el local de comicios.

NB con información de agencia Télam.

Con el enfrentamiento entre el oficialismo y la Corte Suprema en su pico máximo de tensión, la Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal del país, deberá tomar definiciones clave para el poder político en al menos tres expedientes de alto voltaje electoral: tres sobreseimientos de los dos principales líderes políticos, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner (por los casos Hotesur-Los Sauces) y el expresidente Mauricio Macri (por el presunto espionaje ilegal a familiares de los marinos del Ara San Juan). En ninguno de los tres casos será inminente, pero las decisiones de los jueces se esperan para los primeros meses del año, de acuerdo a las fuentes judiciales consultadas por elDiarioAR.

La Corte seguirá siendo el principal blanco de las críticas y acusaciones del oficialismo, que el próximo jueves 9 de febrero podría votar el informe de admisibilidad para dar apertura formal a la investigación contra los jueces supremos en la comisión de Juicio Político. Mientras tanto, la situación judicial de ambos expresidentes y líderes de sus espacios políticos continuará también en el centro de la escena durante el año electoral.

La Cámara Federal de Casación es el máximo tribunal penal del país y la instancia previa a la Corte en los casos de presunta corrupción, contrabando, lesa humanidad, trata de personas y narcotráfico. Está dividido en cuatro salas y cada una de ellas está compuesta por tres jueces y funciona como un tribunal en sí mismo. Su principal rol es la revisión de las sentencias de los tribunales orales federales y de los fallos y decisiones de la Cámara Federal de Apelaciones porteña.

Desde hace más de un año, la Sala I de la Casación tiene pendiente revisar los dos sobreseimientos anticipados que la vicepresidenta obtuvo en las causas por el Memorándum con Irán y Hotesur-Los Sauces. Las decisiones se esperaban para finales de diciembre o principios de febrero, pero diversas licencias de los jueces de la sala interrumpieron los plazos, que se extendieron para después del 18 y 20 de febrero. Aún así, el tribunal puede tomarse más tiempo del estimado formalmente para fallar en ambos casos.

En el caso contra Macri, la recusación del juez Carlos “Coco” Mahiques también ha demorado las definiciones del tribunal. El procesamiento por el caso de presunto espionaje ilegal a los familiares del ARA San Juan era el único procesamiento a Macri por un caso relacionado con su gestión como presidente.

Sobreseimientos anticipados

El caso Memorándum se basó en la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman por la firma de un memorándum de entendimiento con Irán en 2013, que buscaba que la Justicia argentina indagara a los acusados iraníes en un país neutral que, de acuerdo al fiscal, habría implicado el presunto encubrimiento de los imputados por el atentado a la mutual judía AMIA, ocurrido en 1994. El fiscal Javier de Luca planteó ante la Casación la inexistencia de delito en este caso. Si el máximo tribunal penal confirma el sobresemiento de Fernández de Kirchner, la querella, representada por los padres de dos víctimas de ataque terrorista, podrán acudir ante la Corte Suprema. Pero si Casación revoca el sobreseimiento, la vicepresidenta deberá eventualmente enfrentar otro juicio oral y público.

Hotesur-Los Sauces es el caso de presunto lavado de dinero de la familia Kirchner a través de sus negocios privados en hoteles y propiedades inmuebles con dos proveedores del Estado: los empresarios Lázaro Báez y, en menor medida, Cristóbal López y Fabián De Sousa. Si se confirma su sobreseimiento en Casación, el fiscal Mario Villar podrá acudir ante la Corte Suprema para pedir que se revise la nueva decisión. Si en cambio, el máximo tribunal penal revoca el sobresemiento de Fernández de Kirchner, deberá realizarse el juicio oral y público.

Estos sobreseimientos anticipados fueron ordenados por los tribunales orales federales número 8 (Memorándum) y 5 (Hotesur-Los Sauces) en octubre y noviembre de 2021. En el último caso fue con el voto en disidencia de la jueza Adriana Palliotti.

Esas decisiones permitieron a la expresidenta evitar el inicio de dos juicios orales y públicos, ya que ambos tribunales determinaron la inexistencia de delitos.

Los jueces que deberán revisar estos sobreseimientos son Ana María Figueroa, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, los mismos magistrados que ya intervinieron en la causa Dólar Futuro y ordenaron los sobreseimientos anticipados de Fernández de Kirchner y el resto de los imputados por inexistencia de delito (el caso está pendiente en la Corte Suprema, con un dictamen del procurador general Eduardo Casal a favor de la realización del juicio).

Luego del 9 de marzo, cuando el Tribunal Oral Federal número 2 haga públicos los fundamentos de la sentencia contra Fernández de Kirchner y el resto de los condenados en el caso Vialidad, otra sala de Casación, la IV, comenzará a recibir durante los meses siguientes las apelaciones de las defensas y del fiscal Diego Luciani, quien solicitará que se los condene también por el delitos de asociación ilícita. Pero la revisión de este caso podría pasar para 2024, previó una fuente del tribunal.

Sobreseimiento directo

La Sala II de la Casación debe revisar el sobreseimiento que dictó la Cámara Federal de Apelaciones porteña a favor de Macri, quien había sido procesado por el juez federal de Dolores, Martín Bava, por las tareas de presunto espionaje ilegal realizadas por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de su gestión a familiares de los marinos del submarino ARA San Juan, mientras éstos se organizaban para reclamar y protestar ante el entonces presidente.

Cuando el caso llegó por incompetencia de Dolores a los tribunales de Comodoro Py, los jueces a Sala I de la Cámara Federal (Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi) dictaron directamente el sobreseimiento (otra alternativa era revocar el procesamiento y ordenar que se siga investigando hasta obtener pruebas suficientes), lo que provocó las apelaciones del Ministerio Público Fiscal y de las querellas que representan a los familiares presuntamente damnificados. 

Casación debe entonces revisar ese sobreseimiento y determinar si Macri debe seguir siendo investigado por el presunto espionaje ilegal o si beneficia al expresidente, evitando la reapertura de la causa. En este caso, es clave la integración de la Sala que interviene en el máximo tribunal penal: la querella mayoritaria, que representa la abogada Valeria Carreras, recusó a uno de los tres jueces, Mahiques, exministro de Justicia de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, magistrado cercano a Juntos por el Cambio y a Macri y uno de los protagonistas de los chats del caso Lago Escondido.

Por esa razón, antes de tomar una decisión sobre Macri, los otros dos jueces de la Sala II -Angela Ledesma y Guillermo Yacobucci- deben decidir si aceptar que Mahiques sea apartado del caso, explicó una fuente del tribunal. Puede ser un proceso que tome su tiempo. El primer paso es que la sala fije fecha para una audiencia en la que la querella expondrá sus razones para pedir el apartamiento del juez.

En este caso, el fiscal Raúl Pleé presentó ante la Casación un planteo en la misma línea que la querella: pidió que revoquen el sobreseimiento de Macri y ordenen seguir investigando.

Espionaje, Correo y FMI

Además, Macri tiene otros dos frentes en los tribunales federales de Retiro: fue imputado por otro caso de presunto espionaje ilegal al Instituto Patria y a Fernández de Kirchner y aún hay importantes medidas pendientes; y está abierta -también con medidas pendientes- la investigación por el acuerdo que su gobierno firmó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2018, provocando el endeudamiento por US$40.000 millones.

En el caso por presunto espionaje ilegal al Instituto Patria, sede del kirchnerismo durante el gobierno de Macri, el fiscal Franco Picardi solicitó al juez Marcelo Martínez De Giorgi que pida a la AFI todas las líneas telefónicas institucionales asignadas a Macri, Gustavo Arribas (entonces jefe de Inteligencia), Silvia Majdalani (entonces segunda de la AFI) y otros tres funcionarios de la agencia oficial, entre los meses de junio y noviembre del año 2018, para que sean peritadas por la Dirección de Asistencia en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación (DAJuDeCO) y se crucen las llamadas entrantes y salientes durante los hechos clave del supuesto espionaje ilegal investigado.

El expresidente tiene otro caso penal abierto: Correo Argentino SA. Macri quedó imputado por el fiscal Juan Pedro Zoni en 2017 (lueo desplazado de la fiscalía), pero el expediente continúa abierto en el juzgado federal de Ariel Lijo.

Otros casos relacionados

Tanto Báez como López también tendrán sus propios capítulos en Casación en los próximos meses. Báez está condenado a doce años de prisión por lavado de dinero agravado de la corrupción y a otros seis años como partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, en el caso Vialidad. La confirmación de su condena por el caso de lavado también está pendiente en Casación y se espera para este año, afirmó una fuente del tribunal. A partir del 9 de marzo, su defensa podrá apelar la condena en Vialidad ante el mismo tribunal y la fiscalía presentará un recurso para solicitar que se lo condene por el delito de asociación ilícita, por el que fue absuelto.

Cristóbal López y De Sousa fueron absueltos en el juicio por el caso Oil Combustibles, lo que también está pendiente en Casación, ya que el fiscal del juicio presentó un recurso para que se revise la decisión del tribunal oral. Se fijó una audiencia para junio de este año.

ED

Cada 14 se septiembre se celebra el Día del Cartero y la Cartera, el cual recuerda el día en que Bruno Ramírez, el primer cartero oficial designado en Buenos Aires, tomó posesión de su cargo un 14 de septiembre de 1771. Desde ese momento, aparece en las calles porteñas una figura que con el paso del tiempo se convirtió en un personaje característico del paisaje urbano.

El sevillano Ramírez comenzaba así a ejercer un oficio que no existía en la Gobernación del Río de la Plata -el Virreinato vendría en 1776-, el cual consistía en la entrega de misivas o cartas en los domicilios de la ciudad de Buenos Aires. Desde el siglo XVIII, los carteros cumplen en nuestro país un servicio indispensable para la sociedad.

La distribución de cartas en las colonias españolas había comenzado más de dos siglos atrás. En 1514, se estableció el primer Correo Mayor con las Indias con sede en Lima, cuyo sistema de comunicación consistía en una serie de postas a caballos, que unían varios puntos de lo que hoy son Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Perú.

En Buenos Aires, el sistema postal era dirigido por Domingo Basavilbaso, quien lo modificó en 1771. Esto fue porque las cartas no llegaban directamente al domicilio, sino cada persona debía ir a retirarlas a lugares determinados y las tardanzas de los envíos eran considerables, de ahí la necesidad de optimizar el sistema. Fue así que se incluyó el rol del cartero, el cual perdura hasta nuestros días.

LC

El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, jefe interino de los fiscales del país, envió este jueves una carta al presidente Alberto Fernández “a fin de poner en su conocimiento la profunda preocupación que desde el punto de vista institucional han provocado sus expresiones en el programa A Dos Voces, emitido por la señal TN en la noche de ayer, acerca de la actuación del doctor Diego Luciani, Fiscal General, al pronunciar su alegato ante el Tribunal Oral Federal n° 2” y también “en relación con el comunicado oficial de su gobierno del 22 de agosto último”, según el texto al que accedió elDiarioAR.

“Más allá del derecho a expresarse libremente de cada ciudadano en un ámbito de respeto y sin que esto implique una opinión sobre el fondo de la cuestión, es mi deber constitucional e institucional advertir que la vinculación que usted realiza entre ‘una persecución judicial y mediática’ y el debido cumplimiento de la representación que en nombre de este Ministerio Público ejerce por mandato legal el señor fiscal, implica una clara perturbación en el ejercicio de sus funciones”, afirmó Casal. 

Luego Casal escribió que, a su entender, esa “clara perturbación” también “se ve incluso agravada por las referencias peyorativas con que ha calificado su condición profesional”. 

Durante la presidente de Mauricio Macri, la fiscal general Gabriela Boquin había sido blanco de declaraciones, entrevistas y críticas de similar tenor por parte del entonces mandatario y de miembros de su gabinete de ministros frente a las acusaciones en la causa Correo Argentino SA. Pero esta es la primera vez que Casal envía una misiva de estas características al jefe de Estado, en clara señal de tensión entre los poderes. El propio Procurador ha sido objeto de denuncias del kirchnerismo y pedidos de juicio político, que no han prosperado.

El jefe interino de los fiscales aseguró en la carta a Fernández: “Corresponde exclusivamente al tribunal interviniente, al momento de dictar sentencia, juzgar acerca de la procedencia de la pretensión acusatoria por lo que, además, esas expresiones no sólo importan un menoscabo a la independencia y autonomía de este Ministerio Público Fiscal, sino que constituyen una injerencia indebida en el trámite de un proceso por cuya legalidad esta misma Institución también debe velar” y que “al mismo tiempo afecta el principio republicano de división y respeto de poderes”. 

Casal afirmó estar “convencido” de que “la adecuada ponderación” del contenido de su misiva al Presidente “contribuirá al fortalecimiento de las instituciones que rigen nuestra vida en sociedad”.

Luciani solicitó el lunes que Cristina Fernández De Kirchner sea condenada a doce años de prisión e inhabilitación perpetua al acusarla de haber sido la jefa de una asociación ilícita organizada para defraudar al Estado nacional a través del direccionamiento de 51 obras viales en la provincia de Santa Cruz, que fueron adjudicadas entre 2003 y 2015 al empresario Lázaro Báez de manera irregular, siendo éste socio de la familia Kirchner.

Durante la entrevista del miércoles, el jefe de Estado dijo: “Le recomendaría (a Luciani) leer tratados de derecho penal. Por mucho que grite justicia o corrupción, lo único que hizo fue decir un sinfín de disparates”.

Y continuó: “Realmente alentar que le pueda pasar lo que le pasó a Nisman...hasta acá, lo que le pasó a Nisman es que se suicidó. Hasta acá no se probó otra cosa. Espero que no haga algo así el fiscal Luciani”.

Luego, subrayó nuevamente que lo hecho por Luciani le “pareció de una debilidad jurídica asombrosa”, al mismo tiempo que añadió: “Espero que la Justicia encause esta situación”.

“Es preocupante el grave avasallamiento de las instituciones por parte de un presidente de la Nación o el ministro de Seguridad, que deberían ser los primeros en practicar los valores republicanos. No deben olvidarse de que representan a toda la ciudadanía”, dijo Luciani a elDiarioAR este jueves tras las declaraciones del Presidente. En medio de la tensión con el ejecutivo, el fiscal se encontraba este jueves al mediodía reunido con el jefe de los fiscales del país, el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, y con su colega Sergio Mola, quien se sumó a su equipo para llevar adelante un alegato de nueve audiencias en el juicio contra Cristina Fernández de Kirchner y otros doce acusado por presunta asociación ilícita y defraudación a la Administración pública.

Fernández de Kirchner siempre ha sostenido que se trata de “una causa fraguada” y que no ha cometido delitos.

ED

La fiscal ante la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquin, le reclamó a la Corte Suprema de Justicia que anule el fallo que había suspendido el trámite de la quiebra del Correo Argentino para que la causa pueda seguir adelante.

En el recurso extraordinario presentado ante la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, y al que tuvo acceso Télam, Boquin solicitó la “nulidad” de la sentencia previa por “impedir la intervención del Ministerio Público Fiscal” y denunció “gravedad institucional”, “denegación de justicia” y “desnaturalización de la garantía de plazo razonable”, además de plantear la “irregularidad” del voto de la jueza Matilde Ballerini del fallo del 4 de mayo último.

“En legal tiempo y forma vengo a interponer recurso extraordinario contra la resolución dictada por la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial atento resultar nula, contraria a derecho y arbitraria”, expresó Boquin, en razón, dijo, de “haberse avocado a decidir un pedido formulado hace casi nueve meses por Correo Argentino SA, por el cual solicitó se suspendiera el proceso e incidentes y se dejara sin efecto la vista cursada a este Ministerio”.

“De esta presentación no se me corrió vista para dictaminar. Así, el decisorio recurrido fue dictado luego de haberse emitido el correspondiente dictamen sobre la cuestión principal y sustanciadas las observaciones de la concursada sobre el mismo”, añadió la fiscal, en una presentación que tiene fecha del 19 de mayo último pero se conoció en las últimas horas.

Para Boquin, el fallo del 4 de mayo que suspendió el trámite de la quiebra del Correo Argentino fue “carente de todo sustento fáctico y fundado en normas que no corresponden ser aplicadas al caso, contrariando decisiones anteriores del Tribunal y aún los pedidos de la propia concursada, quien -luego de pedir la suspensión ahora concedida- exigía insistentemente la emisión del dictamen y el dictado de sentencia por parte de la Cámara”.

“Lo expuesto afecta el principio de congruencia, la garantía del debido proceso y atenta contra la legalidad del trámite”, señaló la fiscal y añadió que “el fallo es nulo pues se omitió otorgar, previo a decidir, vista al Ministerio Público Fiscal del pedido de suspensión formulado”.

Así, insistió, “se soslayó la función que ejerce el Ministerio Público Fiscal por mandato constitucional y se afectó el debido proceso legal por el cual debo velar”.

Por eso, Boquin reclamó que “se conceda el recurso extraordinario interpuesto por cuestión federal por nulidad (atento a la omisión de vista al Ministerio Público) y arbitrariedad de sentencia, nulidad del voto de la Dra. Ballerini por arbitrario e incongruente, gravedad institucional y violación de la garantía de plazo razonable”.

La fiscal solicitó que “oportunamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación deje sin efecto el pronunciamiento del 4/5/2022”.

El 4 de mayo último, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la capital suspendió el trámite del concurso preventivo del Correo Argentino SA hasta que la Corte Suprema de Justicia defina una serie de planteos realizados por el Grupo Macri.

La quiebra del Correo Argentino fue dictada en julio pasado, pero las presentaciones del Grupo Macri derivaron finalmente en esta instancia de virtual suspensión del proceso, hasta que se expida el máximo tribunal del país.

CRM con información de la agencia Télam

A once meses de la quiebra de Correo Argentino SA, dos juezas de la Cámara Comercial suspendieron el proceso a pedido de la empresa de la familia Macri, cuando el tribunal se aprestaba a tomar la decisión final que dejaría firme la situación de la compañía: debía confirmar o rechazar la bancarrota, según el fallo analizado por elDiarioAR y publicado en el sitio oficial del Poder Judicial de la Nación. 

El giro inesperado en la causa seguirá dilatando un expediente que acumula el récord de más de 20 años sin resolución (cumplirá 21 en septiembre próximo). El fallo de las juezas Matilde Ballerini y María Elsa Uzal fue firmado este miércoles, con un crítico voto en disidencia de la tercera integrante de la Sala B del tribunal de apelaciones, María Guadalupe Vázquez. 

En julio último, la jueza comercial Marta Cirulli decretó la quiebra de Correo Argentino SA. La magistrada de primera instancia basó su fallo en supuestas maniobras fraudulentas para evitar la quiebra de la compañía -que venían siendo advertidas por la fiscal general Gabriela Boquin desde finales de 2016- y en la imposibilidad de Correo para cumplir con los requisitos legales que podrían haber garantizado el salvataje de la sociedad anónima, según la sentencia.

Aunque resulte paradojal, la solución -temporaria, por cierto- que aquí se postula, resulta una forma de aventar el riesgo de mayores demoras posteriores, que derivarían de futuras eventuales nulidades.

Matilde Ballerini — Jueza de la Cámara Comercial de la Nación.

La principal accionista de Correo es Socma (Sociedades Macri), cuyos accionistas son los hermanos y dos sobrinos del expresidente. En 2001, Correo entró en concurso de acreedores. La deuda original con el Estado nacional por el no pago del canon era de 300 millones de pesos/dólares, que actualizada a 2017, alcanzaba los $4.000 millones, según el cálculo del Ministerio Público Fiscal.

Desde febrero de 2021, Socma intenta que el caso pase de la Justicia nacional a la porteña. Tras los intentos fallidos ante la cámara Comercial de la Nación para apartar a la jueza Cirulli y a la fiscal general Gabriela Boquin por “parcialidad”, la empresa acudió al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad -que vendría a funcionar como una corte suprema local- y le solicitó que intervenga como tribunal superior de la Cámara Comercial de la Nación para revisar sus fallos (que habían rechazado las recusaciones de las magistradas).

El tribunal porteño hizo lugar a los planteos de Socma pero las camaristas rechazaron la competencia de los jueces capitalinos y reafirmaron que el único tribunal superior de su fuero es la Corte Suprema de la Nación. Desde entonces, existe un planteo de la empresa de los Macri en el máximo tribunal del país para que se pronuncie sobre la disputa de competencia entre ambos tribunales.

En agosto último, Correo solicitó a las juezas de la Cámara Comercial que suspendan el proceso hasta que la Corte se pronunciara sobre el conflicto de competencia con el Tribunal Superior de Justicia porteño. 

La decisión de este miércoles hizo lugar a ese planteo de Correo. Fue, además, el primer fallo en la causa de la nueva integrante de la Sala B: la jueza Uzal, quien asumió el caso tras ser sorteada el 8 de abril último. Uzal sustituye a la jueza María Gómez Alonso de Díaz Cordero, quien alcanzó los 75 años y perdió un planteo legal para seguir en el cargo de camarista sin el aval del Senado.

Uzal torció la balanza a favor de Correo. La jueza Ballerini estaba a favor de suspender el proceso mientras que la jueza Vázquez se oponía. 

En su voto, Vázquez sostuvo que “la suspensión de la totalidad del proceso de quiebra no firme y de sus incidentes no tiene sustento legal; contradice las normas y principios de la Ley de Concursos y Quiebras, en particular la celeridad de un proceso que data de más de veinte años; y no tiene fundamento en el riesgo cierto de futuras y eventuales nulidades”.

La magistrada enumeró normas, jurisprudencia de la Corte Suprema, un dictamen específico de la Procuración General de la Nación sobre el caso y artículos de la Ley de Concursos y Quiebras y del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación que contradicen la decisión tomada por sus colegas de la Sala B.

La jueza Ballerini reconoce en su voto que “se trata de una situación casi inédita” y que “aunque resulte paradojal, la solución -temporaria, por cierto- que aquí se postula, resulta una forma de aventar el riesgo de mayores demoras posteriores, que derivarían de futuras eventuales nulidades”. 

La suspensión de la totalidad del proceso de quiebra no firme y de sus incidentes no tiene sustento legal.

María Guadalupe Vázquez — Jueza de la Cámara Comercial de la Nación.

“Continuar un proceso falencial -en el que además y justamente debe examinarse la viabilidad del decreto de quiebra- ignorando los riesgos señalados, lejos de exhibir celeridad podría derivar en una mayor demora futura, con los consiguientes perjuicios para todos los intervinientes en este proceso universal”, afirmó Ballerini.

En cambio, Vázquez aseguró que “el pedido de suspensión (de Correo) no solo no fue fundado en alguna norma de la Ley de Concursos y Quiebras, sino que contradice su principio fundamental, por lo que su concesión podría postergar los distintos derechos e intereses afectados por la cesación de pagos”.  

Vázquez también resaltó que los planteos de Correo que generan ahora la suspensión se plasmaron en el expediente como “incidentes” para que se desarrollaran de forma separada al proceso central de la causa y que el artículo 176 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación dispone que “los incidentes no suspenderán la prosecución del proceso principal”. Excepcionalmente, el juez puede resolver la suspensión “cuando lo considere indispensable por la naturaleza de la cuestión planteada”, una excepción “que debe ser evaluada de forma restrictiva”.

ED

Con las disputas en Juntos por el Cambio por las candidaturas 2023 y un mayor protagonismo en la escena política, el expresidente Mauricio Macri adosó un buen pronóstico judicial en los últimos días. Su único procesamiento vigente quedó cerca de la nulidad y en las principales causas en las que está formalmente imputado o investigado no se han tomado decisiones trascendentales, por ahora, según las consultas realizadas por elDiarioAR a fuentes judiciales con acceso directo a los expedientes.

El presunto espionaje a un grupo de familiares de los tripulantes del submarino Ara San Juan; el expediente penal por el acuerdo de su Gobierno con la empresa de su familia, Correo Argentino SA; el supuesto contrabando de municiones a Bolivia en el marco del derrocamiento del expresidente Evo Morales; y la querella criminal por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de 2018 son las principales causas en las que Macri está formalmente imputado o investigado. También tiene una causa por supuestamente haber presionado al empresario Cristóbal López.

En todos los casos, Macri ha negado las acusaciones. Las cinco causas se encuentran actualmente en los tribunales federales de Comodoro Py 2002, Retiro, y se suman a una lista de expedientes que rozan al exmandatario por las acusaciones a algunos de los funcionarios de su mayor confianza y que en algunos casos están relacionados con beneficios y negocios del Grupo Macri.

Antecedentes

Macri estuvo procesado como jefe de Gobierno porteño por las supuestas escuchas ilegales pero fue finalmente sobreseído en diciembre de 2015. El juicio oral y público que debía llevarse adelante contra el resto de los procesados nunca comenzó. El principal era su padre, Franco, fallecido en marzo de 2019. 

En 2001, mucho antes de ingresar en la política pero ya como presidente de Boca Juniors, Macri había afrontado un procesamiento por el presunto contrabando durante su gestión en la empresa Sevel. Al igual que su padre, fue acusado de evadir unos 14 millones de pesos de aquel momento (equivalentes a 14 millones de dólares) por supuestamente cobrar reintegros por exportaciones e importaciones simuladas de autopartes de la empresa automotriz de su familia durante 1993. El caso no llegó a juicio. Ante los planteos de las defensas, la Corte Suprema presidida por Julio Nazareno absolvió a padre e hijo.

Su tercer procesamiento llegó en diciembre de 2021 y es el único por un caso relacionado con su gestión como presidente de la Nación. Macri fue procesado por supuestamente haber ordenado que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que dirigían Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, siguiera, se infiltrara y espiara a un grupo de familiares de los tripulantes del Ara San Juan, que se organizaban para reclamar al expresidente por la desaparición del submarino y su tripulación. En esta causa, también quedaron procesados los entonces jefes de la AFI, quienes declararon que la vigilancia a los familiares de los marinos buscó preservar la seguridad presidencial. Sobre ambos exfuncionarios pesan otros procesamientos por otros casos de supuesto espionaje ilegal. 

El viernes último, el fiscal general José Agüero Iturbe dictaminó que el procesamiento de Macri en el caso de supuesto espionaje debe ser anulado, informó la agencia oficial Télam. En su escrito, presentado ante la Cámara Federal porteña, tribunal de apelaciones, el fiscal dio la razón a los planteos de los abogados de Macri, encabezados por Pablo Lanusse, y determinó que el juez federal de Dolores, Martín Bava, cometió “una vulneración del principio de congruencia que afecta insoslayablemente el ejercicio de derecho de defensa en juicio” al procesarlo por hechos por los que supuestamente no lo había indagado. Bava fue quien procesó a Macri, le prohibió salir del país y lo embargó por una cifra en pesos equivalente a US$1 millón.

El fiscal Agüero Iturbe sostuvo que el actual juez de la causa, Julián Ercolini, debería citar nuevamente a indagatoria al expresidente y luego evaluar si debe o no procesarlo. El expediente comenzó en el juzgado federal de Dolores, pero en febrero último fue enviado a Comodoro Py a pedido de las defensas, que sostienen que debía ser investigado en la Ciudad de Buenos Aires, sede de la AFI y de la Casa Rosada. 

Si bien los jueces de la Cámara Federal porteña no están obligados a cumplir lo dictaminado por el fiscal, la evaluación de Agüero Iturbe dejó a Macri muy cerca de su objetivo inmediato en este caso: que los jueces de la Cámara Federal porteña declaren la nulidad de su procesamiento.

Los camaristas Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi se enteraron del dictamen por los medios y al cierre de esta nota no habían analizado la posición del fiscal, confirmaron dos fuentes del tribunal a elDiarioAR. Tampoco han leído el expediente porque el trámite es reciente, pero será el próximo paso de los jueces antes de que se analicen sus votos y traten los planteos en un acuerdo para decidir si anulan el único procesamiento de Macri.

FMI y municiones

Al igual que el caso de supuesto espionaje a familiares del Ara San Juan, que se nutre de documentos e información aportada por la actual interventora de la AFI, Cristina Caamaño, otros dos expedientes contra el expresidente fueron motorizados por el gobierno de Alberto Fernández: la querella criminal por el acuerdo con el FMI y el presunto contrabando de municiones a Bolivia.

La causa por el acuerdo con el FMI comenzó en 2019 por una denuncia de dirigentes de la izquierda, pero en marzo de 2021 fue reimpulsada por el Ejecutivo, que presentó una querella criminal a través de la Oficina Anticorrupción (OA) que sostenía que los fondos enviados por el FMI se terminaron fugando del país a través del pago a bonistas.

El fiscal Franco Picardi imputó por los presuntos delitos de administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública a Macri y a cuatro de sus exfuncionarios: los exministros Nicolás Dujovne (Hacienda) y Luis Caputo (Finanzas) y los extitulares del Banco Central de la República Argentina (BCRA) Adolfo Sturzenegger y Guido Sandleris. 

De avanzar la acusación, los imputados también podrían ser alcanzados por una demanda civil y el eventual pedido de reparación económica al Estado, cuyos trámites ya inició el procurador del Tesoro, Carlos Zannini.

El fiscal solicitó en 2021 que se realice un peritaje multidisciplinario para intentar determinar si la firma del acuerdo configura la comisión de delitos penales o si se trató de “una mala política económica” que no puede ser penalizada, explicó una fuente del expediente. La jueza a cargo es Eugenia Capuchetti. A pesar del impulso oficial, los investigadores aún esperan información y documentos clave del Banco Central para avanzar con la causa, agregó la fuente consultada. Buscan determinar quiénes son los portadores de bonos que se favorecieron.

En julio de 2021, una denuncia del gobierno de Fernández abrió un nuevo frente judicial para Macri, esta vez, por el supuesto desvío de una parte de 70 mil cartuchos antidisturbios que tenían como destino oficial la embajada argentina en Bolivia y que habrían terminado en manos de las fuerzas bolivianas en noviembre de 2019, en el marco del golpe de Estado contra Evo Morales y las manifestaciones en ese país. 

Además de Macri, el fiscal Claudio Navas imputó a los exministros Patricia Bullrich (Seguridad) y Oscar Aguad (Defensa); al exembajador argentino en Bolivia, Normando Álvarez García; y a ex autoridades y miembros de Gendarmería Nacional. 

Por el momento, la fiscalía continúa con la tanda de testimoniales de los gendarmes que integraron el primer grupo que viajó en el avión de la Fuerza Aérea a Bolivia durante el traslado de las municiones y que se instaló en la sede de la embajada, confirmó una fuente directa del expediente. Además, un juez de Bolivia requirió información sobre el caso argentino.

Correo y Cristóbal 

El caso Correo se divide en distintos fueros: la causa por la presunta quiebra fraudulenta de Correo Argentino SA se encuentra aún en los tribunales comerciales (desde 2001); existe un segundo expediente en el fuero contencioso administrativo federal (un fallo reciente de primera instancia no favoreció a Macri); y el expediente penal, en los tribunales de Comodoro Py, a cargo del juez Ariel Lijo.

Desde febrero de 2017, Macri encabeza la lista de imputados por el fiscal Juan Pedro Zoni (desplazado más tarde de la fiscalía federal por el procurador interino Eduardo Casal), quien solicitó entonces que se lo investigara por los supuestos delitos de administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública por el preacuerdo entre el Ejecutivo y la empresa Correo Argentino SA, propiedad de los Macri. 

En junio de 2016, el ministerio de Comunicaciones aceptó la condonación del 98,87% de la deuda de Correo con el Estado, originada por el no pago del canon del servicio postal privatizado (entre 1997 y 2003). En marzo de 2019, fueron indagados Oscar Aguad, entonces ministro de Comunicaciones; su subalterno, Juan Manuel Mocoroa; y dos representantes de Correo Argentino SA que firmaron el acuerdo con el Ejecutivo. El juez Lijo aún no definió sus situaciones procesales. Entre sus últimas medidas, solicitó vía exhorto información sobre la compra de créditos de la quiebra por parte del denunciado Meinl Bank, entre otros, informó una fuente judicial con acceso al expediente.

La jueza María Servini tiene a su cargo un expediente penal originado por el empresario Fabián De Sousa, exsocio de Cristóbal López, contra Macri y exfuncionarios de su gobierno. Los dueños del grupo Indalo acusaron al expresidente de haberlos “presionado” en 2016 para que los medios de comunicación del grupo participaran en una supuesta “campaña” contra Cristina Fernández de Kirchner, y ante la negativa de los empresarios se habrían originado denuncias de la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y otros organismos públicos en su contra por un supuesto fraude impositivo pergeñado por la petrolera del grupo, Oil Combustibles. 

En este expediente, el exfuncionario Fabián “Pepín” Rodríguez Simón tiene un pedido de captura y se lo considera prófugo de la Justicia. La jueza ordenó analizar las llamadas entrantes y salientes y la geolocalización del teléfono celular del expresidente durante un lapso de dos años.

ED

El juez federal Pablo Cayssials declaró la nulidad de dos decisiones del gobierno de Mauricio Macri que habían impedido que avanzara una investigación interna sobre el caso Correo Argentino SA, según el fallo al que accedió elDiarioAR. El magistrado del fuero Contencioso Administrativo falló así a favor de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo del fiscal general Sergio Rodríguez, que había demandado a Presidencia de la Nación y a la Procuración del Tesoro de la Nación en 2018, cuando la entonces vicepresidenta Gabriela Michetti y el procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, decidieron cerrar de forma definitiva un sumario administrativo sobre el caso, alegando inexistencia de irregularidades.

Como consecuencia del fallo, el actual procurador del Tesoro, Carlos Zannini, debe decidir si apela la decisión judicial o la acepta -esta última postura sería la esperable-. Si acepta el fallo, Zannini quedaría a cargo de reabrir la investigación interna contra el exministro de Comunicaciones, Oscar Aguad; si segundo, Juan Manuel Mocoroa; y aquellos exfuncionarios que considere que hayan tomado decisiones en el caso Correo. 

Para el gobierno de Alberto Fernández, este fallo también abre una puerta. Hasta el momento, Macri sólo ha sido procesado en la causa por supuesto espionaje ilegal a familiares del submarino Ara San Juan y el frente penal por Correo sigue abierto. La conclusión de los investigadores internos del Tesoro sobre cómo el gobierno de Macri actuó en el caso Correo deberá ser presentada ante el juez federal Ariel Lijo. El expresidente está imputado en la causa penal pero nunca fue citado. Aguad y Mocoroa fueron indagados pero  Lijo debe decidir su situación procesal.

“Son actos nulos”, dijo el juez Cayssials sobre las decisiones de Michetti y Saravia Frías, más de dos años después de aquellos actos. El magistrado analizó el expediente en donde quedó registrada la investigación interna y las decisiones de los involucrados y concluyó que “se le cercenó el derecho” de producir prueba al organismo que actuaba en el sumario como parte acusadora, es decir, a la PIA. Este había sido el principal argumento de la procuraduría en su demanda. Por ende, concluyó el juez, no se cumplió con la ley y la investigación se cerró sin analizar las pruebas sobre el presunto accionar irregular de los entonces funcionarios.

El caso

En junio de 2016, el gobierno de Macri y la empresa de su familia acordaron la quita del 98,87% de la deuda de la compañía con el Estado, que inicialmente, en 2001, equivalía a 300 millones de pesos/dólares. La fiscal general Gabriela Boquín se opuso a ese pre-acuerdo a finales de 2016 al considerarlo “abusivo” para las arcas estatales.

Como consecuencia, Macri, los funcionarios y ejecutivos que habían participado de la negociación fueron denunciados penalmente. La causa aún continúa abierta en el juzgado federal número 4, a cargo del juez Lijo. 

En paralelo a la causa penal, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) presentó una denuncia interna en la Administración Pública Nacional para determinar si los funcionarios que promovieron dicho pre-acuerdo con Correo habían cometido irregularidades y conflictos de intereses. El primer procurador del Tesoro de Cambiemos, Carlos Balbín, inició el sumario interno para investigar los hechos. 

Meses más tarde, Balbín ya no estaba en el cargo. En septiembre de 2017, su sucesor, Saravia Frías, recibió las conclusiones de la investigación interna y decidió cerrar el sumario, concluyendo que no se habían detectado irregularidades o conflictos de intereses en el accionar de los funcionarios que negociaron y acordaron la quita de la deuda con Correo.

La PIA se opuso y tras la ratificación del Tesoro en 2018, el fiscal Rodríguez solicitó a la Presidencia que reevaluara el cierre de la investigación. Como Macri se había excusado luego del escándalo por el caso de participar en cuestiones relacionadas con la empresa Correo, fue Michetti la encargada de evaluar el pedido de la PIA y tomar una decisión sobre el sumario. La entonces vicepresidenta volvió a ratificar que debía ser cerrado.

Antes de que finalizara el gobierno de Cambiemos, Saravia Frías presentó la versión de su organismo ante la Justicia, el 20 de noviembre de 2019. Pidió rechazar la demanda de la PIA y sostuvo que “el sumario respetó los principios rectores del régimen disciplinario y que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas ejerció plenamente todas sus competencias y facultades, participando en carácter de parte acusadora, colaborando con el instructor sumariante y presentando pruebas”.

ED

La fiscal general Gabriela Boquin solicitó a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial que confirme la quiebra de Correo Argentino SA, la compañía residual de la familia del expresidente Mauricio Macri, de acuerdo con el dictamen al que accedió elDiarioAR. El caso tiene dos escenarios posibles a partir de la decisión de la fiscal. La situación de Correo podría implicar la extensión de la quiebra al holding familiar y a los accionistas de Socma y Sideco para pagar las deudas en su totalidad.

La principal empresa de la familia del exmandatario, Socma, es la accionista central de Correo (en otra época, ese lugar era ocupado por Sideco, controlada a su vez por Socma), según surge de los documentos contables presentados por ambas compañías ante la Inspección General de Justicia (IGJ). Los hijos del expresidente Macri no son accionistas de Socma (y por lo tanto no tienen participación indirecta en Correo) desde hace más de cuatro años, cuando cedieron sus acciones a su tío Gianfranco Macri, según corroboró este medio con la compañía.

Además, de Gianfranco, quien actualmente es el accionista mayoritario, con el 40% de las acciones de Socma, son accionistas de la empresa Florencia Macri (20%), Mariano Macri (20%) y los hermanos Rodrigo y Franco Valladares Macri (con el 10% cada uno), hijos de Sandra Macri, quien falleció en junio de 2014.

Dos escenarios inmediatos

El dictamen de Boquin fue presentado el 13 de diciembre último, pero no había trascendido. Desde entonces, las camaristas Matilde Ballerini y María Gómez Alonso de Díaz Cordero, integrantes de la Sala B de la Cámara Comercial, deben tomar una decisión en el expediente.

El dictámen de Boquin tiene dos planteos centrales en función de esos dos escenarios posibles. En primer lugar, la fiscal solicitó que las camaristas declaren mal concedido el recurso de apelación de Correo, es decir, que le denieguen a la compañía el derecho a apelar por no cumplir con los requisitos impuestos por la ley para hacerlo. Si las camaristas así lo decidieran, la quiebra debería quedar ya confirmada. 

¿Por qué Correo no puede apelar? Días después de decretar la quiebra, la jueza Cirulli suspendió su propia decisión y le concedió a la empresa la posibilidad de acudir ante la Cámara Comercial. Boquin destacó en su dictamen que “la ley concursal no prevé la posibilidad de apelar” en los casos en los que la deudora haya estado en proceso de salvataje y no haya logrado las mayorías legales entre los acreedores para cerrar un acuerdo y pagar sus deudas, tal cual fue la situación de Correo. Esto mismo fue planteado en el expediente por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), una de las acreedoras de la empresa de los Macri, que se quejó por la decisión de la jueza Cirulli de permitir la apelación.

Un segundo escenario es que las juezas acepten la apelación de la empresa y analicen la cuestión de fondo: si confirman o no la quiebra ordenada por la jueza Cirulli en julio último. En caso de que las juezas de la Sala B consideren bien concedida la apelación, la fiscal también planteó que se confirme la quiebra de la compañía de los Macri, ya que, sostuvo, no consiguió las mayorías exigidas por la ley, empezando por la del Estado nacional, que, representado por el procurador del Tesoro, Carlos Zannini, rechazó la propuesta.

La fiscal también afirmó que la mayoría de las conformidades de acreedores que Correo sí consiguió son anteriores a 2007 y no pueden validarse porque la ley exige que las conformidades deben ser posteriores a la última oferta de Correo para saldar sus deudas -que data de marzo de 2021-; y, además, esa mayoría de acreedores a favor de firmar un acuerdo fue conseguida “en fraude a la ley”, aseguró Boquin.

Antecedentes y críticas

Correo se presentó en concurso preventivo el 19 de septiembre de 2001. La deuda original entonces equivalía a unos 300 millones de pesos/dólares de la convertibilidad. El cálculo de los intereses, 20 años después, es una de las claves en la disputa legal. El Estado nacional es uno de sus acreedores porque le reclama cánones adeudados durante años por la concesión del servicio postal. En 2003, Néstor Kirchner ordenó la estatización de la compañía.

“A lo largo de estos veinte años la deudora ha ofrecido al Estado nacional once propuestas de pago, demostrando haber tenido más oportunidades que ningún deudor por mí conocido”, afirmó Boquin en el dictamen. La fiscal resaltó que esa extensión en el tiempo fue en gran parte responsabilidad de Correo y que la dilación del proceso la tuvo como única beneficiaria. La compañía culpa al Estado y a la Justicia. “La concursada contribuyó en la extraordinaria y atípica tramitación de estos actuados y a la extensión en el tiempo del expediente”, dijo Boquin.

“Correo Argentino SA ha realizado durante el trámite de su concurso actos en fraude a la ley que impiden al juez homologar la propuesta” presentada en marzo de 2021, continuó Boquin. “Ocultó información respecto de su verdadera situación patrimonial y realizó actos prohibidos o sin autorización judicial, todo ello en perjuicio evidente de los acreedores, con total indiferencia por las normas concursales y eludiendo el control” del juzgado, agregó.

Entre los “actos prohibidos”, Boquin incluyó el “progresivo vaciamiento de su patrimonio, en beneficio -en gran medida- de sus controlantes y/o terceros y en evidente perjuicio de los acreedores”, además de posibles “maniobras de lavado de activos y de trasvasamiento, las que deberán ser objeto de investigación en primera instancia y ante los juzgados penales que correspondan”. 

La fiscal viene sosteniendo denuncias contra Correo desde finales de 2016, cuando intervino en el expediente por primera vez. En su primer dictamen, se opuso al pre-acuerdo firmado entre la compañía y el gobierno de Macri, sosteniendo que implicaba una quita del 98,87% de la deuda y era “abusivo” y “perjudicial” para el Estado. Se basó en un informe de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) del Ministerio Público Fiscal.

En 2021, un informe técnico de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO) -que depende de la Corte Suprema- confirmó en la causa penal contra Macri que en dicho pre-acuerdo, “en todas las alternativas y escenarios presentados, el porcentaje de quita estimado supera el 92%” de la deuda, sostuvo el dictamen.

Correo sostuvo en uno de sus últimos planteos que Socma tiene solvencia de sobra y que “se hará cargo de afrontar el pago” de sus deudas. “A pesar de dicha afirmación -afirmó la fiscal-, ni se ha incluido dicho compromiso en el texto de las propuestas ni en el expediente, ni surge de autos el modo en que Socma habría justificado su solvencia” para cumplir con los acreedores de Correo. 

A lo largo de estos veinte años la deudora ha ofrecido al Estado nacional once propuestas de pago, demostrando haber tenido más oportunidades que ningún deudor por mí conocido.

Gabriela Boquin — Fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial.

“Fraude a los acreedores”

Correo necesitaba conseguir el aval de una mayoría de acreedores fijada por la ley. Si lo hacía, podía acordar con ellos el pago de sus deudas, imponer al resto su propuesta y evitar la quiebra. Pero la legislación establece condiciones. Una de ellas es que sean apoyos o conformidades legítimas. Boquin planteó que unas 360 conformidades “habían sido otorgadas por apoderados y/o por cesionarios vinculados a tres estudios de abogados que se encontraban vinculados con la concursada y al menos dos de ellos poseían miembros de su estudio en el directorio de Correo Argentino SA”, entre ellos, el estudio que integró el diputado de Cambiemos Pablo Tonelli. Es decir que, según la fiscalía, abogados vinculados a la empresa de los Macri compraron las deudas de unos 360 acreedores para manejar las mayoría en el concurso, forzar al resto de los acreedores a firmar un acuerdo y evitar la quiebra, en detrimento de los intereses de los acreedores reales, entre ellos, el Estado, según la investigación que Boquín replicó en el último dictamen.

Correo sostiene que las denuncias de manipulación de las mayorías no fueron probadas y que, con los apoyos a su última oferta de marzo de 2021, ha cumplido con las exigencias de la ley para concretar el salvataje y evitar la quiebra. Sin embargo, la fiscal sostuvo que la última oferta de la compañía a los acreedores (existieron once propuestas entre 2003 y 2021) “diciendo que ofrece el pago del ‘100%’ del crédito verificado en favor del Estado nacional” sería “muy inferior a la ofrecida en la novena y décima” ofertas, realizadas en 2018 y 2019, y las cuales ni siquiera fueron aceptadas por el entonces Procurador del Tesoro de la Nación de la gestión de Macri, Bernardo Saravia Frías. El cálculo se basa en los tipos de tasa de interés, plazos de pago y otras cuestiones técnicas que explicó en el dictamen.

Ocultó información respecto de su verdadera situación patrimonial y realizó actos prohibidos o sin autorización judicial.

Gabriela Boquin — Fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial.

El banco salvador

Boquin también destacó que el salvataje de la compañía de los Macri fracasó por los “acuerdos espurios con el Meinl Bank” (ahora Anglo Austrian). Esta banca de Austria era un apoyo central para la familia del expresidente en el caso y un acreedor clave para evitar la quiebra, incluso más que el Estado nacional. En 2021, elDiarioAR publicó documentos y testimonios que demostraban que la entidad quebró en febrero de ese año y que la Justicia no podía incluirlo en el salvataje, según establece la ley.

El Meinl Bank, una entidad multada en Austria, investigado en Estados Unidos y sancionada en Europa por sus vínculos con el lavado de dinero y la corrupción, acumulaba el 38% de la deuda de Correo y su voto era central para determinar si la compañía de la familia Macri se salvaba o iba a la quiebra.

El 25 de febrero de 2021, el Tribunal de Comercio de Viena ordenó el cierre del banco, según publicó el sitio oficial de edictos judiciales de Austria. Correo había asegurado a este medio que el apoyo del banco estaba garantizado porque apoyó una oferta previa de la compañía en 2007. “Si el Meinl quebró, el poder (que le otorgó el banco a su representante para apoyar la propuesta de 2007) ya no es válido”, dijo el exapoderado del banco austríaco ante la consulta de elDiarioAR. Lo mismo determinó la jueza Cirulli y ratificó Boquin en este último dictamen.

Correo no remedió esta situación y pidió a la Justicia que avale un acuerdo que por ley estaba caído desde hacía más de diez años, pero que además se hacía imposible de ratificar porque el Meinl Bank ya no estaba en poder de sus representantes de 2007 sino a cargo de un liquidador impuesto por la corte en Viena.

Boquin sostuvo que el Meinl Bank cumplió un rol sospechoso en el concurso de acreedores de Correo desde 2005, cuando decidió convertirse en acreedor comprando deudas a dos organismos de crédito y luego actuando en detrimento de sus intereses y a favor de la familia del expresidente Macri. A esta sospecha, se suma la información que surge de una auditoría realizada en diciembre de 2014 por PricewaterhouseCoopers a pedido de las autoridades bancarias en Austria, según publicó La Nación. El informe dedica un capítulo a Socma y sostiene que Franco Macri habría estado detrás de su principal acreedor a través de una maniobra offshore, algo prohibido en la Ley de Concursos y Quiebras. “Existe una sospecha de blanqueo de capital”, sostiene la auditoría de Austria.

Lo que intenta la deudora es introducir la cuestión, tardíamente, para busca demorar aún más el proceso y buscar que un tribunal que considera más ‘amigable’ a sus intereses entre por la ventana a través de lo que la doctrina denomina fórum shopping

Gabriela Boquin — Fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial.

La caja de Correo

Correo siempre ha negado las acusaciones de supuesto vaciamiento. Los movimientos de fondos de sus cuentas bancarias son un punto central del dictamen que pide confirmar la quiebra de la compañía por los presuntos desmanejos de sus administradores. Boquin sostiene desde 2017 el presunto vaciamiento de la concursada por parte de Socma y Sideco. 

Entre los supuestos desmanejos de los administradores de Correo, la fiscal afirmó que en 2007, por ejemplo, Correo le pagó US$2,1 millones a Socma por acciones de la compañía automotriz Neficor, sin que Correo haya pedido autorización a la Justicia -al estar en concurso de acreedores sus movimientos financieros son controlados judicialmente- y sin haber percibido ninguna ganancia del negocio en los años posteriores a la adquisición, entre otras supuestas irregularidades.

En 2012, Correo también firmó un “convenio de prestación de servicios profesionales de asistencia, asesoramiento y locación de bienes y servicios” con Sideco Americana SA, otra compañía de los Macri. Así, se vio obligada “a abonar por dichas prestaciones un canon mensual por la suma de U$S18.000,00 más IVA”. Sin embargo, Correo no tenía ingresos ni actividad comercial y apenas tenía cuatro empleados. El dinero salía de las cuentas bancarias. “Tampoco solicitó la respectiva autorización judicial”, denunció la fiscal. La deuda a favor de Sideco ascendía en septiembre de 2019 a más de $60 millones, sin intereses.

Boquin también observó que durante años Correo pagó anticipos de honorarios a directores por una suma cercana a los $8 millones, infringiendo la ley, ya que la compañía daba pérdida. En gastos por asesoramiento legal concursal y pagos a consultoras y empresas de publicidad, ya estando en concurso y sin actividad, Correo gastó casi $27 millones. También adquirió deudas por más de $58 millones con Sideco y Socma, entre otras irregularidades detalladas en el dictamen.

La pelea con la Ciudad

En 2021, Correo solicitó a la Cámara Comercial que revoque la quiebra, pero, además, Socma viene reclamando que el expediente migre a la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. La empresa ya obtuvo un fallo a favor del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad pero la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial lo desestimó, entendiendo que debe seguir tramitando en la Justicia nacional. Lo mismo dictaminó el procurador general de la Nación, Eduardo Casal. La decisión está ahora en manos de la Corte Suprema.

Boquin entendió que “lo que intenta la deudora es introducir la cuestión, tardíamente, para busca demorar aún más el proceso y buscar que un tribunal que considera más ‘amigable’ a sus intereses entre por la ventana a través de lo que la doctrina denomina fórum shopping”.

ED

A pesar de su peso pluma, Judith König dejó huellas profundas. Nació en Buenos Aires, en abril de 1964, y se despidió de este mundo a los 57, el último sábado de enero. Contadora y licenciada en Economía (UBA), de bajo perfil -también era magister en Derecho Tributario por la Universidad de Barcelona-, cumplió un rol central en un sinnúmero de investigaciones que marcaron la historia judicial de las últimas décadas. 

Trabajó en el Juicio a las Juntas Militares en 1985; asesoró a fiscales de todo el país; intervino en causas icónicas, desde el enriquecimiento ilícito de María Julia Alsogaray hasta el juicio de la Tragedia de Once y Hotesur. Además, realizó el cálculo que demostró que el acuerdo entre el gobierno de Mauricio Macri y Correo Argentina SA le costaría $4.000 millones al Estado Nacional en intereses no percibidos; y desentrañó secretos contables del poder económico, como cuando analizó los libros contables de Loma Negra y descubrió la correlación entre la desaparición de uno de los abogados laboralistas en 1977 y la reducción en la previsión de gastos en indemnizaciones laborales en el 72%. 

En los tribunales, es toda una proeza ser persona entrañable. Entre grietas, conflictos de intereses, competencias y recelos, a veces el afecto es cosa de pocos o entre pocos. Pero König tiene un doble mérito: no sólo se ganó el respeto de los tribunales, también se robó el corazón de muchos en el Ministerio Público Fiscal. Su trabajo consistía en asistir a los fiscales para encontrar las pruebas contables, financieras y económicas en delitos complejos y crimen organizado. 

Su último cargo fue el de directora de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) del Ministerio Público Fiscal, una división clave en la asistencia a las fiscalías de todo el país que ella misma creó. Pero su trayectoría en la Procuración General de la Nación comenzó en 1982, en el edificio de la calle Guido. 

Su primera gran colaboración llegaría tres años después al participar de los preparativos del Juicio a las Juntas Militares. Tenía apenas 20 años, cuando Luis Moreno Ocampo le preguntó si quería integrar el equipo de la fiscalía de Julio Strassera, ad honorem y después de horario. König aceptó de inmediato. 

Le asignaron la producción y logística de todos los testimonios del megajuicio, recuerda Carlos “Maco” Somigliana, quien la conoció como parte del equipo, en diciembre de 1984, y fue desde entonces su amigo entrañable. “Judith era una persona muy práctica, así que le asignaron contactar a cada uno de los testigos, que estaban en distintas partes del país, para coordinar con ellos su llegada a Buenos Aires, sus pasajes, el hospedaje. Era mucho trabajo -la tarea continuó durante toda la etapa de audiencias- y los testigos venían con mucho miedo, pero con su vitalidad y calidez, ella lo hacía muy bien”, afirmó Somigliana en diálogo con elDiarioAR.

Fue muy valiente en el caso Correo y no se equivocó en nada. La vamos a extrañar.

Gabriela Boquin — Fiscal general ante la Cámara Comercial.

Al estar pegada al teléfono, König era también la receptora de las amenazas para el fiscal Strassera, casi siempre, amenazas de bomba. Somigliana recuerda lo que su amiga les contestaba: “Para amenazas tiene que llamar en otro horario”. Llevaba siempre puestos el buen humor y la sonrisa. 

Cálida y humilde, son otras dos palabras que surgen instantáneamente ante la pregunta: ¿cómo era más allá de lo profesional? Lo resaltaron cada uno de los entrevistados. También su valentía, afirmó la fiscal general Gabriela Boquin.

En base al cálculo de König, a finales de 2016, Boquin estableció que el acuerdo entre el gobierno de Macri y la empresa de su familia -Correo- era “abusivo” y “en detrimento para el Estado”; y la fiscal frenó así lo planificado desde el Ejecutivo. “La conocí cuando la convocamos a la fiscalía para pedirle colaboración. La DAFI era la más preparada para hacer las pericias en materia comercial y siempre estuvo solícita, no sólo a brindar la colaboración, sino a explicarle a los integrantes de mi fiscalía y a mí cuestiones que exceden el conocimiento de un abogado”, contó Boquin a elDiarioAR. 

Le asignaron contactar a cada uno de los testigos del Juicio a las Juntas, que estaban en distintas partes del país, para coordinar con ellos su llegada a Buenos Aires, sus pasajes, el hospedaje.

Carlos "Maco" Somigliana — Equipo Argentino de Antropología Forense, amigo y excompañero del equipo.

“Me pareció siempre una persona sumamente íntegra y honesta, que aún ante casos hipersensibles para la opinión pública, trabajó con convicción y brindando lo mejor de su conocimiento. Era una mujer muy sana, muy humilde, a pesar de sus conocimientos y experiencia”, aseguró Boquin.

Otra característica de König que resaltó la fiscal general y repitieron algunos de sus colegas consultados para esta nota es que “siempre estaba dispuesta a considerar la opinión del otro y a reconsiderar lo que ella pensaba”. “Fue muy valiente en el caso Correo y no se equivocó en nada. La vamos a extrañar”, dijo Boquin.

El fiscal Carlos Rívolo resaltó otras cualidades de König ante la consulta de elDiarioAR: “Después de que se recibió de contadora, a medida que desarrollaba un expertise en investigaciones patrimoniales, contables y financieras se fue haciendo su lugar. Judith fue perito oficial -por el Ministerio Público Fiscal- en causas relevantes de corrupción de todos los gobiernos democráticos”. 

“Era clara y contundente”, agregó Rívolo y destacó cómo fue gestando las distintas oficinas especializadas en criminalidad económica hasta lograr la creación de la DAFI. ¿Cómo era como asesora de los fiscales? “Proponía lo razonablemente probable y no se iba por las ramas”, afirmó el fiscal y titular de la Asociación de Fiscales, organización en la que König fue tesorera hasta que enfermó de cáncer y donde ayudó a que los fiscales tuvieran su propio edificio como sede de la asociación. “Se fue una amiga, filosa y aguda, en todo sentido. Demasiado temprano e innecesariamente”, afirmó Rívolo.

Una historia de amor

En 1994, el ahora fiscal Pablo Parenti era un joven meritorio de la fiscalía de Gabriel Cavallo. En un encuentro de empleados judiciales en la casa de Manuel Garrido vio por primera vez a Judith König y fue amor a primera vista. Ella ni lo registró. Era unos años mayor que Parenti, estaba en pareja y tenía un hijo, Juan. Pasaron unos tres años hasta que volvieron a reencontrarse en los tribunales. Almuerzos de por medio, con amigos en común, terminaron concretando una historia de amor de 25 años. Tuvieron dos hijas, Morena y Julieta.

“Ella siempre fue del aquí y ahora, fue una persona muy libre. También pasaba muchas horas sentada en la silla, trabajando en la computadora. Yo le reclamaba que no trabajara los domingos -recuerda Parenti ante la consulta de elDiarioAR-. En diciembre de 2020, le diagnosticaron cáncer de ovario. Pasó por una cirugía y un tratamiento que duró hasta julio de 2021. Entonces se reintegró al trabajo pero con otro equilibrio, más consciente de que la vida es mucho más. Fueron unos meses super felices, hermosos, salíamos a caminar, se juntaba más con sus amigos, viajamos a Villa La Angostura y a Ushuaia. Judith se sentía bien, yo la vi más luminosa, más serena”, contó Parenti.

Pero en diciembre último, volvió a sentirse mal. 

En diálogo con este medio, un funcionario de un organismo de control contó que hace casi un año, König le dijo que estaba “con energía para dar pelea” al cáncer. “La vida te sorprende, ahora me tocó esto”, le dijo por chat. Meses más tarde, en junio de 2021, le respondió: “El tratamiento se hace largo”.

“Palabra santa”

Tras el Juicio a las Juntas Militares, Moreno Ocampo montó un equipo para colaborar en causas de criminalidad económica y sumó a König. También fue la primera contadora del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Fue docente y autora de publicaciones.

Cuando llegó el menemismo hacía años que trabajaba en la Justicia federal realizando investigaciones de delitos económicos y su trabajo no era sólo hallar las pruebas contables, económicas y financieras sino presentarlas de forma tal que los jueces y fiscales las comprendieran.

Entre otros tantos cargos, trabajó como secretaria del juzgado de Martín Irurzun. En 1993, descubrió una serie de supuestas irregularidades en la contabilidad de la empresa Torno, que realizaba las obras de limpieza del río Matanza y que fueron clave para que el juez procesara al entonces embajador en Brasil, Alieto Guadagni, publicó Clarín el 7 de agosto de ese año. 

Se fue una amiga, filosa y aguda, en todo sentido. Demasiado temprano e innecesariamente.

Carlos Rívolo — Fiscal federal y titular de la Asociación de Fiscales.

Ante el avance del caso, en el gobierno de Carlos Menem redactaron un decreto para desplazarla del cargo y nombrarla como defensora oficial en otro juzgado, pero König tenía una amiga que era empleada en la Casa Rosada, quien vio el borrador del decreto y avisó a sus superiores a tiempo: era contadora, no abogada. No le encontraron otro cargo y el decreto nunca se firmó.

“Sufrió situaciones de maltrato, de injusticia, de chocarse con la incompetencia de otros, de ver cómo se intentaron muchas veces forzar pruebas, y eso la amargaba mucho”, contó a elDiarioAR una persona de su máxima confianza. “Pero tenía sus estrategias para protegerse a ella misma y a su equipo. Siempre dejaban un dictamen escrito con su posición”, agregó.

El influyente Alberto Binder, abogado especializado en derecho procesal y proceso penal, recuerda que König “fue siempre una de las personas que estaba presente en la ardua tarea de construir herramientas más eficaces contra la corrupción y la criminalidad financiera. Cumplió un papel importante en el fortalecimiento de la capacidad de investigación en los delitos economicos. No tenemos mucha gente así”, afirmó Binder ante la consulta de este medio.

Ella siempre fue del aquí y ahora, fue una persona muy libre. También pasaba muchas horas sentada en la silla, trabajando en la computadora.

Fiscal Pablo Parenti — Esposo.

“Una de sus innovaciones fue que los fiscales pudieran tener sus propios peritos contables”, resaltó Parenti, quien actualmente lidera la Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado (UFICANTE).

El fiscal general Sergio Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), dijo a elDiarioAR: “Tengo una tristeza enorme porque la pérdida de Judith es una pérdida tremenda. Todos los que la conocíamos realmente estamos muy tristes y todavía estamos buscando explicaciones. Son las injusticias de la vida”. 

“Creo que Judith conoce el Ministerio Público Fiscal como pocos y sin dudas que la institución ha perdido una gran baluarte. Un informe de Judith en una causa penal era palabra santa para todos, para las partes, para los jueces. El rigor con el que conjugaba su lado contable, su lado económico y su lado del derecho”, añadió Rodríguez. “Maravillosa, cálida y con mucho carácter, con firmeza. Si tenía que decirte algo que le parecía mal, no dudaba en hacerlo”. Rodríguez también la va a extrañar, aseguró. 

Generaciones

La vida de König tiene otro costado más: los y las más jóvenes del ámbito de fiscalías, ONGs, centros de estudios y universidades la valoran como referente y recuerdan su generosidad y capacidad docente. Los periodistas también conocimos esa faceta suya, cuando nos ahogábamos en informes contables y financieros y recurríamos a la pitonisa de la DAFI para desentrañar la historia detrás del tecnicismo. 

La fiscal federal Alejandra Mángano también trabajó con König en varios casos de corrupción económica. “Fue una mujer solidaria, sorora, divertida y buena compañera. Su importante trayectoria la hizo también una gran docente y formadora profesional para muchos fiscales, entre quienes me incluyo. La vamos a extrañar mucho”, dijo a este medio la fiscal y cotitular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX).

Un informe de Judith en una causa penal era palabra santa para todos, para las partes, para los jueces.

Sergio Rodríguez — Fiscal general y titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).

“Brillante e inteligente, siempre se anticipaba a los acontecimientos”, afirmó la economista y contadora Magdalena Rúa. “Sabía más de derecho procesal penal que cualquier abogado. Ella era la directora de la DAFI pero nos presentaba siempre como compañeros de trabajo”, agregó.

Martina Cirimele, exdirectora ejecutiva del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE), también resaltó la generosidad de König y su predisposición a compartir sus conocimientos y su tiempo. “Es una referenta en investigación financiera y patrimonial -contó la joven la especialista-. Cuando inauguramos el grupo de género en el CIPCE, ella se reunió con el equipo para aportar todas sus ideas y sus ganas para la incorporación de esta perspectiva al estudio de la criminalidad económica. Siempre con mucho entusiasmo”. 

“No sé si Judith se consideraba feminista, pero lo era”, contó a elDiarioAR una de sus colaboradoras en la DAFI.

“Una pionera en la investigación financiera que dejó una huella en sus colaboradores, siempre luchando por los intereses de los que menos tienen y pueden”, afirmó Magalí Bausset, una de sus colaboradoras en la DAFI. En marzo de 2021, König dejó uno de sus puntos de vista en Twitter, algo que no solía hacer con frecuencia. “No importa qué tributos progresivos quieran imponer los legisladores, siempre va a haber un juez conservador dispuesto a salir en defensa de los ricos que no quieran pagar impuestos. Así se mantiene la regresividad tributaria y los pobres siguen pagando el IVA”, escribió.

Fue una mujer solidaria, sorora, divertida y buena compañera.

Alejandra Mángano — Fiscal federal y cotitular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX).

Un funcionario de un organismo de control que compartió con König diversos casos de investigación en los años ‘90 y 2000, recuerda a la experta pronunciando reiteradamente el nombre “Morena”, su primera hija con Parenti. “La tenía siempre presente”. Más tarde, nació Julieta, su segunda niña. 

Sebastián Narvaja, fiscal de la Unidad de Delitos Económicos de Santa Fe, recalcó que en su provincia, König “fue incondicional colaboradora para capacitar investigadores”. El abogado Pedro Biscay recordó el aporte de la experta en “el cómputo del perjuicio del caso Greco”.

“Habíamos conseguido la detención de un prófugo y eso le costó una apuesta. La llamé contento y me dijo: ‘Prisión preventiva consigue cualquiera. El tema es que esté preso con condena’ -contó a este medio otro investigador del Ministerio Público Fiscal-. Igualmente pagó el almuerzo por la apuesta en un prestigioso club de la Ciudad de Buenos Aires. ‘Acá están todos los que investigás, te traje sólo para que veas que el trabajo termina cuando tengamos condena’. La condena del prófugo llegó en 2019 y me replicó: ‘Aún falta, tiene que estar firme’. Incansable motivadora”, concluyó.

Su esposo, Parenti, recordó una de sus últimas huellas: “Cuando se enfermó y después, en los últimos días, me dijo que ella estaba tranquila, serena. Estaba conforme con su vida y sonreía mucho. La vi con mucha paz, tenía ganas de vivir pero estaba tranquila. Me dijo: ‘Hice todo, tuve una vida hermosa’”.

Este artículo se corrigió a las 15:08. Donde decía Juana debía decir Julieta. König falleció el sábado 29 de enero de 2022 debido a un cáncer de ovario. También se debió quitar un testimonio en on the record a pedido de la autora del testimonio posterior a la publicación.

ED

Las más de 100.000 urnas que se utilizarán en las elecciones legislativas del domingo comenzaron a ser distribuidas hoy en todo el país, en el marco de un operativo para el que se utilizarán desde mulas a tractores y lanchas y que incluye la participación de 90.000 efectivos de las fuerzas armadas y de seguridad para custodiarlas.

Todo el material electoral será transportado en un total de 14.070 vehículos, entre los que se incluyen 57 tractores, 25 mulas y 9 lanchas, que se utilizan en operativos especiales para garantizar que todos puedan ejercer su derecho a elegir a sus representantes, incluso aquellos ciudadanos que viven en las zonas más inaccesibles de Argentina.

Así, un total de 104.419 urnas llegarán a los 17.533 locales de todo el territorio nacional asignados a la votación de mañana, junto al resto del material electoral y los kits sanitarios para prevención de la transmisión del coronavirus.

Jujuy, Salta, San Juan, Catamarca y La Rioja son las provincias con sitios donde las urnas llegan transportadas por mulas, en tanto que en Corrientes, Entre Ríos y en la desembocadura del Delta del Paraná hay mesas a las cuales solo es posible llegar con lanchas, informaron desde el Comando General Electoral (CGE).

El viernes a primera hora comenzaron los primeros recorridos en mula, aquellos que requieren hasta un día de viaje. El coronel José Colombo, jefe de prensa del CGE, precisó que el transporte de las urnas a través de mulas se realizará en Jujuy y Salta, lo cual incluye varios recorridos, y “un lugar en San Juan, otro en Catamarca y La Rioja”.

En diálogo con Télam, Colombo agregó que “el sábado salen los vehículos y a última hora deberían estar en los lugares asignados. Todo el personal tiene como hora tope las 21”. Y precisó que esa hora “le da a cada jurisdicción la posibilidad de que vaya regulando la seguridad de acuerdo a la distancia” que tiene que recorrer el personal afectado a esas misiones para llegar a la escuela que le fue asignada.

En total, son 90.245 los efectivos de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad nacionales y provinciales que participan del operativo de seguridad para garantizar el desarrollo de las elecciones generales que se celebran este domingo, informó el Ministerio de Defensa.

Personal del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea formarán parte de la seguridad en los 24 distritos del país, junto a efectivos de la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval, la Policía Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y las policías provinciales.

El General de División, Martín Deimundo Escobal, es quien fue designado como Jefe del CGE para coordinar las medidas de seguridad.

Además de los efectivos, 4.827 vehículos terrestres, un avión Hércules C-130, 12 helicópteros, 10 embarcaciones, vehículos mecanizados para zonas inaccesibles y ganado mular para transportar las urnas en las regiones montañosas del país, conforman la estructura para la custodia y vigilancia de los comicios.

Según indicaron desde Defensa, el CGE coordina y ejecuta las medidas de seguridad durante la elección, así como la vigilancia de los locales donde funcionarán las mesas receptoras de votos, la custodia de las urnas y la documentación durante su transporte en los vehículos del Correo Argentino, hasta la finalización del escrutinio definitivo en cada distrito.

A lo largo de este año, el Correo Oficial llevó adelante siete ensayos electorales a escala nacional para garantizar el óptimo desarrollo de sus tareas electorales. Durante el último simulacro, realizado el pasado 30 de octubre, se pusieron a prueba tanto el sistema de transmisión de telegramas como el de recuento de votos.

La directora de Servicios Electorales del Correo Argentino, Mariana Aballay, consignó que de las 1.451 sucursales ubicadas en todo el territorio nacional, el Correo abocará sus 1.153 sucursales electorales digitales, especialmente acondicionadas para transmitir los telegramas digitalizados hasta el centro de cómputos durante la jornada electiva.

CB con información de Télam