Se supone que las conversaciones de los grandes empresarios reunidos en el Foro Llao Llao la semana pasada debían mantenerse en secreto, pero el diario La Nación contó que la exejecutiva de Marvel Studios Victoria Alonso expuso que podría haber sido la desaparecida 30.001 si no se hubiese exiliado en la última dictadura. Entonces Cristiano Rattazzi, dueño del Grupo Modena, de alquiler de helicópteros y concesionario de Ferrari y Maserati, le cuestionó la cifra: “8.001”. Pero fuera de esa anécdota y lo que dejaron las disertaciones, en los pasillos del exclusivo hotel de Bariloche, propiedad del empresario inmobiliario y agricola Eduardo Elsztain, se debatió sobre el futuro del jefe de Gabinete, Manuel Adoni, según pudo reconstruir elDiarioAR de dos fuentes directas que estuvieron en el cónclave.

Las conversaciones permitieron revelar que en el Llao Llao hubo quienes pidieron la cabeza del jefe de Gabinete por considerarlo “corrupto” y otros porque está dañando la imagen del gobierno en el que confían y temen un giro político en 2027. Pero también hubo optimistas inquebrantables que minimizaron la cuestión.

“Hay un consenso de que el caso Adorni es inaceptable”, comentó uno de los más de 150 empresarios que asistieron. “A algunos nos parece éticamente indefendible y a otros les parece que daña al Gobierno, porque hay bastante preocupación de que aparezca un candidato no de mercado”, agregó quien se ubica entre los primeros, mientras Myriam Bregman y Axel Kicillof aparecen como los políticos con mejor imagen en la última encuesta de Atlas Intel.

“Cada vez más se piensa que hay corrupción en este gobierno, no de Toto (Luis Caputo, ministro de Economía) ni de (Federico) Sturzenegger (de Desregulación), pero sí de Caputito (Santiago Caputo, asesor presidencial), sus amigos los Neuss (Juan y Patricio, accionistas de Edison Energía, que ganó tres de las cinco privatizaciones de empresas eléctricas) y Karina (Milei, la secretaria general de la Presidencia). (Javier) Milei critica a (Paolo) Rocca y (Javier) Madanes Quintanilla, está perfecto, pero después aparece con los Neuss y (José Luis) Manzano”, resumió.

Dicho empresario mendocino ahora presentó un proyecto de extracción de hidrocarburos al Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI), que antes excluía a este tipo de actividad por considerarla lo suficientemente rentable y que este año se abrió a admitirla. Una línea que aprovecha Manzano y su petrolera Phoenix, pero también todo el sector de Vaca Muerta lo está haciendo.

Entre los empresarios asistentes al encuentro figuraron Marcos Galperin, Agustín Otero Monsegur, Roberto Murchison, Verónica Cheja, Gonzalo Tanoira, los anfitriones Eduardo y Daniel Elszatin, Tomás Mindlin, Martín, Manuel y Facundo Migoya, Nicolás Aguzín, la venezolana Adriana Cisneros, Andrea Pagani, Verónica y Larisa Andreani, Diego Finkelstein, los también embajadores Alec Oxenford (en EE UU) e Ian Selecki (en Francia), Guibert Englebienne, Manuel Antelo, Gustavo y RosendoS Grobocopatel, Karina Román, Sofía Pescarmona, Matías Woloski, Eduardo Bastitta, Gastón Irigoyen, Nicolás Nocetti, Gastón Parisier, Alejandro Gorodish, Juan Gurfinkiel, Albert Gozzi, Facundo Gómez Minujin, Franco Mignacco, Saúl Zang, Max Cavazzani, Federico Braun, Marcos Bulgheroni y los chilenos Andrónico Luksic Lederer y Manfred Paulmann.

Otro hombre de negocios que asistió al encuentro patagónico negó, en cambio, que en sus conversaciones apareciera Adorni. “Ninguna decisión importante de inversión depende del caso Adorni”, justificó. “Una minera o una petrolera miran a largo plazo y están acostumbradas a los cambios políticos en cualquier país del mundo. En términos generales hay mucho entusiasmo y buenas perspectivas a futuro. Incluso en tecnología hay más apetito de fondos internacionales, desde China a Estados Unidos, por invertir en la Argentina, que antes ni figuraba. Aunque es más caro producir que antes, seguimos siendo baratos, sigue habiendo una buena ponderación del talento argentino y es una industria que está acostumbrada a contratar gente cara, a invertir mucho para un retorno alto”, agregó.

Sin embargo, después admitió: “Los buenos empresarios miran si habrá seguridad jurídica o no”. Entonces se sumó al coro de colegas que admite que las inversiones llegarán de manera gradual. Mientras algunos siguen la consigna de quien no arriesga no gana -y por eso participan de privatizaciones, por ejemplo-, otros prefieren esperar a 2028, una vez que se conozca quién ganará las elecciones presidenciales del año próximo. El empresario consultado, por último, admitió que también hay empresarios “muy preocupados” porque sus sectores no arrancan o cae, como los industriales y los dedicados al consumo interno.

El primer consultado, por el contrario, se mostró más pesimista: “Los sentimientos están muy divididos. Muchos tenemos decepción, frustración y pesimismo. Otros siguen con ganas de defender a Milei”.

El interlocutor quedó desconcertado con la disertación de Luis Caputo en el foro: “No me gustó nada. Otros opinaron lo mismo, que fue un desastre, una depresión. Es un papelón decir que hizo todo bien y que si no funciona es porque en la Argentina no funciona. ¿Cómo puede decirnos que el que piensa que Milei no gana con el 40% debe ir al psicólogo? El Gobierno decía que aplicando esta receta monetaria iba a haber crecimiento, pero la realidad es que todos los países que la aplicaron pasaron muchos años de recesión y eso trae riesgos. Encima fortalece el cepo y se atrasa en la devolución de impuestos... Cada vez hay menos empresarios relevantes que siguen confiando, sólo algunos comprando lo de Toto”, sentenció.

AR/MC

Un ultrarrico –técnicamente alguien que acumuló una fortuna superior a los US$1.000 millones– departía con un empleado, un economista y dos periodistas –por cierto, con patrimonios varias miles de veces inferior– el pasado martes en el Centro de Exposiciones de Buenos Aires, en Recoleta, en la cumbre anual de la Cámara de Comercio de Estados Unidos (Amcham, según sus siglas en inglés). “Las inversiones van a venir, pero gradualmente”, admitió, cuando se le preguntó por la frase que horas antes en ese escenario había dicho el presidente del banco JP Morgan, Facundo Gómez Minujin, en relación a que “hay más proyectos que plata” y“ si la política se sostiene en el tiempo, estos proyectos van a ser financiables”. ¿Entonces hay que esperar a 2028 para invertir?

En el establishment están divididos entre los sectores que van bien –materias primas y finanzas– y los que van mal –industria, comercio y construcción–, pero también entre los que confían en que Javier Milei superará la actual coyuntura de inflación rebrotado del 3,4% mensual y de escándalos de presunta corrupción y logrará la reelección y aquellos que empiezan a dudar de que lo logre. Hace dos meses, cuando se sancionaba la mayor flexibilización laboral de la historia argentina, no quedaban dudas de que el presidente ultra vencería en 2027. En la Argentina pendular, 60 días después comenzaron a surgir dudas también entre los empresarios que más valoran que impulse todas las medidas que siempre que soñaron.

“Estamos invirtiendo apostando a continuidad del modelo, no de Milei”, cuentan en un grupo energético. En las licitaciones de las cuatro hidroeléctricas del Comahue, los Neuss, amigos del asesor presidencial Santiago Caputo, se quedaron a fines de 2025 con dos de ellas como parte del grupo Edison –que se formó a principios de ese año junto a los dueños de Havanna, Carlos Giovanelli, Damián Pozzoli, Guillermo Stanley y Federico Salvai, y los de Newsan, Rubén Cherñajovsky y Luis Galli, cada vez menos pendientes de su negocio de electrónica– y para ello pusieron US$225 millones. Ganaron aquella subasta porque el pliego permitió que empresas con poca experiencia en generación participaran. Además se extendió el plazo de presentación de ofertas después de que rivales como la norteamericana AES pusiera la suya sobre la mesa y recién en el alargue Edison oficializó su propuesta. Central Puerto, de Guillermo Reca, los Miguens Bemberg y Eduardo Escasany (Grupo Financiero Galicia), compraron otra de las cuatro centrales por US$245 millones y el sojero Manuel Santos Uribelarrea ganó la restante contra la italiana ENEL por US$235 millones.

Ahora los Neuss quieren quedarse con las privatizaciones de la mayor transportadora eléctrica del país, Transener, y con Metrogas. Para la primera se presentan con Edison y en sociedad con Genneia, de Jorge Brito (Banco Macro), y se tienen mucha fe. Para la segunda, van en alianza con Mubadala Capital, fondo soberano de Emiratos Árabes. En ambas contiendas enfrenta a los mismos rivales: Central Puerto y Edenor, la distribuidora de José Luis Manzano –que por más que se haya fanatizado con Milei no corta su lazo con Sergio Massa–, Daniel Vila y Mauricio Filiberti.

Inversiones tímidas

“No hay casi empresas internacionales, sólo grupos argentinos que tienen incorporados el riesgo argentino”, continúan analizando en un grupo energético. “Hoy Milei tambalea con la inflación, con un crecimiento heterogéneo... Si hay retroceso en el modelo, estos activos que se privatizan van a valer menos y habrá que esperar tiempo a que recuperen valor”, advierten.

Es más, en otro conglomerado apuntan que todas estas empresas que el Estado vende necesitan inversión para operar y mejorar el ajustado sector eléctrico, que no está recibiendo tantos desembolsos como Vaca Muerta. “Inversiones tímidas”, las definió el CEO de AES Argentina, Martín Genesio, en la cumbre de Amcham. En los pasillos, otro inversor en el rubro rumoreaba con preocupación: “Es hora de bancar a Milei, pero con plata, es decir, con inversiones, y eso es lo que falta”. Más allá de que todas estas privatizaciones implican pagos en dólares al Estado (a YPF, en el caso de Metrogas), la inversión real en maquinaria y construcción cayó 11% en febrero, el último mes medido por el estudio Ferreres, después de bajar 6% en enero.

“La preocupación por la continuidad del modelo va ir inscrecendo más y más hasta las elecciones”, lamentan en el conglomerado de energía. “Este se supone que era el año del crecimiento, de la estabilidad política. Hoy todavía se espera que reelija Milei, pero si esto sigue así, puede surgir algo alternativo para sostener el modelo. (Paolo) Rocca debe estar tratando de buscar candidato, pero en el pasado no le fue bien –recuerda aquel apoyo implícito al radical Ernesto Sanz en la interna con Mauricio Macri en 2015 de quien ahora recibe insultos de Milei por proteccionista–. Si esto cruje, el empresariado va a pensar en una alternativa, pero todavía falta”, concluyen.

Ronda de nombres para 2027

No fue casual que el exdiputado Emilio Monzó se paseara por la reunión de Amcham después de visitar días antes al gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Los empresarios se le acercaban para preguntarle si estaba armando algo alternativo, pero el exjefe de la Cámara de Diputados en el gobierno de Macri negaba que buscara una gran coalición contra Milei o que Kicillof busque un compañero de fórmula presidencial de la centroderecha, como hizo Luiz Inácio Lula Da Silva con Geraldo Alckmin para derrotar a Jair Bolsonaro hace cuatro años. Le contó que busca armar una opción de centro frente a los libertarios y al exministro de Economía como figura asociada al pasado kirchnerista. En ese espacio pretende incluir a peronistas como el exgobernador sanjuanino y diputado Sergio Uñac y a empresarios como Brito, por su experiencia al frente de River, o Daniel Herrero, CEO de Prestige Auto, la licenciataria de los autos y las camionetas Mercedes-Benz. Brito y Herrero son nombres que también menciona el armador del peronismo porteño Juan Manuel Olmos, que repite que se necesita un outsider para desplazar a otro outsider como el economista libertario. Al dueño del Macro le gusta la idea, pero no sabe si en 2027. En cambio, el ex CEO de Toyota carece de ese perfil político.

Sin embargo, hay hombres de negocios que descreen de Monzó y comentan que en realidad quiere armar una primaria abierta (PASO) entre el dueño del Banco Macro y el economista keynesiano al que la derecha apodaba El Soviético. “Kicillof no entiende lo que es el mercado”, decía Jorge Brito padre en 2015 cuando finalizaba su gestión como ministro de Cristina Fernández de Kirchner y días antes del balotaje entre Macri y Daniel Scioli. Todo cambia: ahora su hijo suena como aliado del gobernador, mientras el expresidente de la Nación y de Boca mantiene por ahora el apoyo al gobierno donde Scioli es secretario de Turismo y Ambiente.

Aunque el ministro de Economía, Luis Caputo, haya prometido en la Amcham que los próximos 18 meses serán los mejores de las últimas décadas, en el auditorio sonrían recordando que Milei había prometido en 2024 un crecimiento como “pedo de buzo”. Lo que sí esperan es que surta efecto la baja de tasas de interés que inició el Banco Central en abril para alentar el crédito y así evitar una recesión que sumaba a la inflación del 3% sería estanflación.

En el sector financiero aguardan que el abaratamiento del dinero permita que se refinancien a menor costo las deudas de las familias morosas, en niveles récord en dos décadas, del 13% en el segmento bancario y del 25% en el de las fintech. Sería uno de los métodos de mercado para reducir la mora. El otro es que la menor tasa puede llegar a tentar a personas que no tienen deuda. Por ejemplo, para renovar el televisor antes de la Copa del Mundo. Aunque de momento no hay clima mundialero, entre el consumo deprimido, el financiamiento que estaba hasta hace poco restringido y la falta de ansiedad por conquistar un trofeo que se logró en 2022 después de 36 años de espera. Pero los optimistas del crédito aún no pueden responder por qué mejoraría si persisten los tres motivos por los que se hundió: la inflación medio alta, el salario atrasado y la caída del empleo registrado.

El frente aceitero

Tres factores sumado a la más regresiva reforma laboral en cuatro décadas, mayor a las de Carlos Menem en 1991 y Fernando de la Rúa en 2000, impulsan a Daniel Yofra, secretario general de la Federación Aceitera, a abogar por una huelga por tiempo indeterminado hasta que Milei frene su rumbo. Es lo que reclamará el 1 de mayo en el plenario nacional del Frente de Sindicatos Unidos (Fresu), que integran gremios en posicionas duras como la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), de Abel Furlán, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), de Rodolfo Aguiar, la de Pilotos, de Pablo Biró, y los papeleros de José Ramón Luque.

Se plantan frente a una CGT tibia que marchará el 30 de abril y apuesta a continuar bloqueando parte de la flexibilización laboral por la vía judicial. El Fresu se piensa similar a lo que fue el Movimiento de los Trabajadores Argentinos (MTA) en los 90 frente a una CGT que transó con Menem. Al frente del MTA estaban el camionero Hugo Moyano -ahora acomodado en la CGT y enfrentado a su hijo más combativo, Pablo-, la aeronavegante Alicia Castro y el colectivero Juan Manuel Palacios.

“Estamos en este frente para combatir, no para dialogar. Porque no se puede dialogar cuando te quieren dejar sin nada”, dijo Luque este miércoles en un congreso de delegados de la UOM en Mar del Plata. Aguiar llamó a “enterrar la reforma laboral en los lugares de trabajo” y subrayó: “No la tenemos que cumplir”.

“A este gobierno no lo debilitás con un día de paro”, criticó Yofra a la CGT en un almuerzo con periodistas este jueves en el Hotel Metropolitano, en el barrio de Monserrat. De entrada, picada de fiambres y quesos y el segundo plato, un plato abarrotado de vacío y papas al horno. El aceitero recordó que su gremio paró tres días, aunque se los descontaran del sueldo. Recordó que por esa postura de lucha sus representados han pasado de vivir en villas a tener casa propia. Son de los mejor remunerados, aunque también se desempeñan en una industria ganadora con todos los modelos. “El costo salarial de las aceiteras es el 2% del total”, explica.

Yofra no sólo rechaza la escasez de la huelga de la CGT previa al debate legislativo sobre la reforma laboral sino también que ahora apueste a voltearla en los tribunales. Por ahora lograron frenar 82 de los 218 artículos de la ley. “Si tenemos que depender de abogados y jueces, estamos al horno”, sostiene Yofra, frente a la estrategia de la central que dirigen Jorge Sola, del gremio del seguro, el camionero Octavio Argüello y Cristian Jerónimo, del sindicato del vidro, uno de los promotores de la candidatura presidencial del pastor Jorge Gebel, residente en EE.UU. aunque con muchos pintores de paredes en los barrios populares del área metropolitana.

“Si negociás salario por empresa, te echan a la mierda. Hay fortalecer el sindicalismo como lo era en los 60 y 70”, continúa Yofra, que se reivindica como gremialista que no entra en política partidaria ni se hace empresario sino que sigue dentro de la fábrica. Eso sí, este santafesino critica a Cristina Kirchner y elogia que a Kicillof nunca le encontraron ningún afano, aunque le reclama que recorra el interior. “Sos un pecho frío si no salís a luchar. Que me importa que nos acusen de desestabilizadores, no vamos a decir que hay que esperar si los compañeros se están cagando de hambre ahora. Se viene un estallido social”, pronosticó el aceitero.

AR

En la cumbre anual de la Cámara de Comercio de Estados Unidos (Amcham, según sus siglas en inglés) en la Argentina, el ministro de Economía, Luis Caputo, prometió este martes que “los próximos 18 meses van a ser los mejores que Argentina haya visto en décadas”. Después de que ayer admitió que la inflación de marzo superó el 3% por el aumento del combustible ante la guerra de Irán, pero vaticinó que bajará a partir de abril, en el Centro de Exposiciones de Buenos Aires ante ejecutivos de empresas norteamericanas y de otros orígenes especuló que en la medida en que hay inversión, habrá “crecimiento sostenido” y entonces se generará empleo. Una nueva promesa de que el futuro será mejor, que contrasta con presagios anteriores de este gobierno.

El ministro reconoció que hay sectores en los que baja el consumo y el trabajo, pero sostuvo que son actividades que están sustentadas de manera artificial en el hecho de que antes la gente recibía pesos que no valían nada y los terminaban gastando. Reconoció que por ahora lo que crece es el empleo informal, pero se esperanzó con que las inversiones, que por ahora se centran en la explotación de materias primas, provoquen aumento de la actividad económica que impulse la creación de más puestos de trabajo. Contrastó dos ejemplos: la fabricante de neumáticos Fate, que cerró sus puertas ante las importaciones, y Lumilagro, que por un lado optó por traer termos de China pero aún sigue produciendo parte de sus productos en la Argentina.

“La inflación es un fenómeno monetario que es consecuencia de un exceso de oferta, una caída de la demanda, o una combinación entre ambos”, comentó Caputo. Según su visión, por las elecciones legislativas de octubre pasado, hubo más demanda de dólares y cayó la demanda de pesos. “Generó una suba de la inflación y del riesgo país, además de una caída del crecimiento económico”, agregó. Es decir, la culpa, como siempre en el relato del jefe del Palacio de Hacienda, es el riesgo “kuka”, el temor de los inversores a que vuelva el kirchnerismo al poder.

 “Estamos purgando esa caída en la demanda de dinero”, aseguró Caputo. “La parte positiva es que se empieza a ver recuperación en la demanda de dinero. A partir de abril vamos a ver una desaceleración de la inflación importante”, volvió a vaticinar.

En este encuentro también disertó el embajador de EE.UU. en Buenos Aires y empresario de origen cubano, Peter Lamelas, y harán lo propio el presidente Javier Milei y sus ministros de Salud, Mario Lugones –hombre clave en la discusión sobre la reforma de la legislación de patentes, que exige el gobierno de Donald Trump–, de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, y del Interior, Diego Santilli. Entre las compañías que tendrán oradores en la cumbre figuran la química Dupont, la siderúrgica Acindar, Aeropuertos Argentina, los bancos Citibank y JP Morgan, las eléctricas AES y Central Puerto, Telecom Personal, Amazon Web Services, la auditora PwC, las petroleras Chevron y PAE, el grupo Newsan, las agrícolas Corteva y Cargill, la láctea Danone, las mineras Newmont, Rio Tinto y Glencore, el laboratorio Roche y Bagó, la fabricante de productos de higiene Johnson & Johnson, entre otras.

AR/MG

Un grupo de empresarios y representantes de cámaras de pequeñas y medianas empresas (PyMEs) realizará este jueves a las 11 un encuentro frente al Congreso de la Nación para exponer ante legisladores la situación que atraviesa la industria nacional y advertir sobre el impacto de la actual coyuntura económica en el sector.

La convocatoria surgió tras una reunión virtual entre referentes de distintas PyMEs, en la que se analizó la caída de la actividad económica y las dificultades que enfrentan las empresas para sostener los niveles de producción.

Durante ese intercambio también se abordaron problemas vinculados al acceso al financiamiento, el aumento de los costos productivos y las consecuencias que estas variables tienen sobre las pequeñas y medianas empresas manufactureras.

De acuerdo con las entidades organizadoras, del encuentro participarán representantes de la Cámara de la Industria del Calzado (CIC), Industriales Pymes Argentinos (IPA), Fundación Pro Tejer, la Cámara de la Industria Marroquinera Argentina (CIMA), la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ), la Unión Industrial de San Martín (UIGSM), la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC) y la Confederación PyME Argentina, entre otras organizaciones.

En paralelo, los empresarios trabajan en la elaboración de un documento que será entregado a los legisladores y que incluirá un diagnóstico del sector junto con propuestas orientadas a preservar el entramado productivo y los puestos de trabajo industriales. “Las pymes industriales necesitamos ser escuchadas. Representamos producción, inversión y miles de puestos de trabajo en todo el país”, señalaron referentes del sector.

Con la actividad, los organizadores buscan que legisladores de distintas bancadas conozcan de primera mano el impacto de la situación económica sobre la industria y abrir un canal de diálogo institucional para discutir medidas que permitan fortalecer la producción nacional.

Con información de la agencia NA

La flexibilización de la ley de contratos de trabajo ya está vigente. En teoría busca bajar el costo laboral de las empresas para mejorar su eficiencia y, en el mejor de los casos, que contraten más empleados. Pero hace dos meses en este diario el historiador y ensayista Ezequiel Adamovsky se preguntaba por el costo patronal, es decir, cuánto les cuesta a las empresas sostener a sus máximos ejecutivos. Es un interrogante que se formulan las naciones a las que incluso Javier Milei suele presentar como modelo.

En países con mercados de capitales más desarrollados, donde un mayor porcentaje de la población invierte en bolsa, como Estados Unidos o España, las compañías que cotizan de manera pública deben informar cuánto cobran sus CEO y el resto de su primera plana e incluso compararlo con lo que ganan sus trabajadores promedio. De esta manera, tanto los accionistas pueden tomar conciencia de cuánto retribuyen a sus empleados de mayor rango y cotejarlo con las ganancias de la firma, pero esta información también ha alimentado sobre todo debates sociales sobre la desigualdad de ingresos entre los que más tienen, que suelen amasar cada vez más, y los que que menos tienen, que suelen constituirse en variable de ajuste para la ganancia de productividad.

“A nivel global, la remuneración promedio de un director ejecutivo o CEO se ha disparado un 50% en términos reales desde 2019 hasta alcanzar US$4,3 millonesen 2024, según datos de Oxfam”, cuenta el economista de esta ONG británico en su filial de México, Diego Merla. “Esto representa un ritmo de crecimiento 56 veces mayor que el del salario de las personas trabajadoras. Sumado a esto, es cada vez más común que los CEOs sean también ultraricos -es decir, millonarios con más de US$1.000 millones de patrimonio-, por lo que dicho aumento está directamente relacionado con el hecho de que en 2025 la concentración de la riqueza alcanzará un máximo histórico a nivel mundial. La riqueza combinada de los milmillonarios aumentó un 81% desde 2020 hasta alcanzar los US$18,3 billones. En América Latina y el Caribe la situación es aún más crítica: en el último año, la riqueza de los milmillonarios creció cerca de 39%, aproximadamente 16 veces más rápido que la economía regional. Este proceso de acumulación extrema se traduce en mayor influencia política. En Oxfam estimamos que las personas milmillonarias tienen hasta 4.000 veces más probabilidades de ocupar cargos públicos que la población común”, completa Merla su análisis.

Para analizar la cuestión, analicemos las diez empresas argentinas con mayor capitalización de mercado, es decir, las que más valen entre las que cotizan en bolsa. Como Mercado Libre está listada en la plaza tecnológica norteamericana Nasdaq, es la única de las diez que ofrece detalles de los sueldos de sus máximos ejecutivos a la Comisión de Valores de EE.UU. (SEC, por sus siglas en inglés). Su fundador y principal accionista, Marcos Galperin, que renunció al cargo de CEO el pasado 31 de diciembre para pasar al cargo de presidente ejecutivo y pensar más en el largo plazo de la empresa, cobraba por ese cargo en 2024 –último dato disponible– a razón de US$1,1 millones por mes, un 43% más que en 2023. Claro que la firma aumentó ese año 93% sus ganancias. Los accionistas no tienen de qué quejarse.

Donde surge lo más llamativo es la brecha entre el sueldo de Galperin y el empleado medio de Mercado Libre, de US$1.589 por uno, según el reporte de remuneraciones de la empresa. Los trabajadores de la compañía, con fuerte presencia en Brasil, México y la Argentina, cobran en promedio US$720 por mes, alrededor de $1 millón a la cotización actual del peso. El Estado argentino otorga beneficios impositivos por la contratación de personal de la economía del conocimiento: fueron US$83 millones en 2025. En otras empresas de EE.UU. como Amazon la brecha salarial entre CEO y trabajador promedio fue en 2024 mucho menor que en Mercado Libre, de 43 a 1, pero en otras como Starbucks resulto bastante mayor, de 6.666 por uno.

Las otras nueve grandes empresas argentinas sólo deben informar a la Comisión Nacional de Valores (CNV) el total de las remuneraciones de los directores, no cuánto cobra cada uno ni tampoco lo que ganan los CEO y otros máximos ejecutivos. Los directores tienen responsabilidad hasta penal, pero muchas veces su trabajo se limita a una reunión por mes, mientras que otros son los que llevan el día a día de las compañías. En cada firma se manejan con criterios diferentes y por eso la enorme diferencia entre los honorarios del directorio de una y otra.

En 2024 –último año como datos disponibles para la mayoría de las empresas analizadas–, YPF retribuyó en promedio a cada director con US$68.697 por mes, según el informe de remuneraciones remitido a la CNV. En su directorio están representados diversos representantes políticos del gobierno nacional y las provincias petroleras. En la actualidad, se sientan allí el presidente y CEO, Horacio Marín, pero también el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su antecesor en el cargo, Guillermo Francos.

En el Grupo Financiero Galicia se informó que cada director cobra en promedio US$50.107 mensuales. Entre ellos figuran varios de sus accionistas principales, como Eduardo Escasany y Federico y Tomás Braun. En el Banco Macro, que ya reportó la remuneración de 2025, ganan US$53.355 por mes. En la cúpula se sientan varios dueños como Jorge y Constanza y Marcos Brito y Delfín Carballo, otros empresarios como los dueños de Havanna –Carlos Giovanelli y Damián Pozzoli– y exsecretarios de Finanzas de gobiernos pasados –Mario Vicens y Sebastián Palla–.

En Pampa Energía cobran US$83.103. En su directorio se ubican también sus propietarios, Marcelo, Damián y Nicolás Mindlin, pero además otras figuras como la exjefa de asesores del gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta, Julia Pomares. En Telecom, que pertenece a los dueños del Grupo Clarín como los Noble Herrera y Héctor Magnetto, los directores ganan US$19.210. Entre ellos se encuentra su presidente, Carlos Moltini.

Otras firmas, en cambio, optan por relativamente menores remuneraciones a sus directores: Transportadora Gas del Sur (TGS), propiedad de Pampa, US$6.569; BBVA, la filial argentina del banco español, US$3.396; la eléctrica Central Puerto, de los Escasany, Carlos Miguens Bemberg y Guillermo Reca, US$1.427; y la siderúrgica Ternium, del grupo Techint, de Paolo Rocca, US$5.713 para 2025.

Entre los ejecutivos que más ganan en el sector privado, más allá de los CEO, están los CFO, chief financial officer, o directores de finanzas. En su informe de enero pasado, la consultora Adecco reportó que en grandes empresas del área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) embolsaban por mes entre $16,2 millones y 19 millones, el equivalente de entonces de entre US$11.200 y 13.100. En otro relevamiento de su competidora Randstad en la misma región, los CFO de bancos y servicios financieros cobraban entre $16,4/19,4 millones, lo mismo que los de hidrocarburos y minería, tecnología y laboratorios. Los de automotrices y manufacturas, entre $15,7/19,8 millones; los de consumo masivo, cadenas comerciales y servicios, entre 14,6/18 millones, y los de transporte y logística, entre 13,9/17,1 millones.

Los sueldos de directores, gerentes generales y otros ejecutivos en las empresas aumentaron entre 29% y 36%, según cuenta la responsable de búsqueda y selección de talento de Adecco, Alejandra López. La inflación fue del 31%, mientras que el índice de salario del sector privado registrado subió sólo 28%, según el Instituto de Estadística (Indec). “En muchos casos los incrementos de las altas posiciones se ubicaron levemente por encima de la inflación proyectada, lo que demuestra que las empresas priorizan mantener la competitividad salarial en los niveles de liderazgo”, analiza López.

“Además, estos cargos suelen incluir no sólo salarios fijos sino también bonos, incentivos vinculados al desempeño y el resultado del negocio, con lo cual la remuneración puede ser aún mayor, dependiendo de la industria y del tamaño de la empresa”, apunta la ejecutiva de Adecco. Los sectores que más pagan a la alta dirección en la Argentina son los de energía y minería. En Adecco observan que las firmas buscan directores y gerentes con trayectoria y liderazgo, pero también con capacidades de adaptarse a un contexto económico cambiante y de impulsar el crecimiento en ese entorno.

Desde la mirada de Adamovsky, “los salarios y bonos exorbitantes que se llevan los CEOs y ejecutivos vienen creciendo de manera injustificable”. “Pero además de eso hay que sumar toda una cantidad de prebendas gerenciales: comisiones, oficinas lujosas, choferes, pasajes en primera, viáticos, retiros a resorts lujosos, etc., una fortuna en costos que deben soportar las empresas”, agrega. Una discusión pendiente que puede interesar a los pequeños accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, aunque de manera más amplia a aquellos preocupados por la creciente desigualdad social.

AR/MG

En la recta final de su recorrido parlamentario, la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional sumó un nuevo respaldo político y empresarial. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, recibió en la Casa Rosada a los representantes del denominado G6, el grupo que nuclea a las principales cámaras empresarias del país, quienes manifestaron su conformidad con el avance del proyecto y expresaron confianza en el rumbo económico.

El encuentro se produjo mientras el oficialismo se prepara para buscar en el Senado, el viernes, la ratificación definitiva de la iniciativa, considerada una pieza clave dentro del programa de transformación económica que impulsa el presidente Javier Milei. Según trascendió, los empresarios valoraron los cambios propuestos en la legislación laboral y respaldaron el enfoque orientado —según el Ejecutivo— a promover la formalización del empleo, reducir litigiosidad y generar condiciones más favorables para la contratación.

Desde el entorno de Manuel Adorni señalaron que durante la reunión no hubo planteos vinculados a despidos en el sector industrial, y destacaron que los referentes empresariales transmitieron “enorme confianza” en el proceso de reformas. En ese marco, remarcaron la necesidad de fortalecer el perfil productivo de las compañías en la nueva etapa económica.

La reunión coincidió además con la difusión de los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que informó un crecimiento del 4,4% en 2025, cifra celebrada públicamente por el mandatario y por el ministro de Economía, Luis Caputo. Aunque en la Casa Rosada reconocen que la recuperación es dispar según sectores, el oficialismo interpreta estos números como un respaldo al rumbo adoptado.

En paralelo, el Gobierno anticipó que la reforma laboral no será el único eje de su agenda legislativa. De cara a 2026, el Ejecutivo proyecta avanzar también con reformas tributarias y electorales, consolidando así un paquete integral de cambios estructurales.

Con el respaldo empresario explícito y el impulso político del oficialismo, la reforma laboral se encamina a convertirse en una de las principales victorias legislativas del año para la administración Milei.

Con información de medios

JIB

Al igual que hacía el kirchnerismo, el gobierno de Javier Milei impone una pauta salarial para las negociaciones que con el proyecto de flexibilización laboral quiere que sea por empresa y no por sector. Pero como también lo hacía el kirchnerismo, los libertarios también niegan que exista esa pauta.

Sin embargo, si en 2025 alguna actividad pactaba un aumento salarial del 2% mensual o más, la Secretaría de Trabajo, que conduce Julio Cordero, no homologaba el acuerdo. La pauta era entre 1% y 1,5%. El líder de uno de los gremios con más capacidad de daño en caso de paro advierte que en 2026 se bajó al 1%. Claro, en línea con el sueño de Milei de bajar la inflación a menos del 1% para agosto, en contraposición con el pronóstico de la inmensa mayoría de los bancos, consultoras, universidades y think tanks.

“Se pide que se acompañe la baja inflacionaria”, argumentan altas fuentes del Gobierno, pero el problema es que desde junio pasado el índice de precios al consumidor (IPC) subió mes a mes, hasta alcanzar el 2,8% de diciembre. “Se homologan acuerdos si el aumento salarial es genuino, si la actividad lo permite porque muchas veces se usa la paritaria para trasladar a precios”, agregan. El conflicto radica en que con esa lógica los trabajadores ganan cada vez menos en términos reales, ajustados por inflación, que es como se debe medir. Es decir, cada vez pueden comprar menos productos y servicios. Es así que el ancla salarial es una de las principales estrategias del Gobierno para bajar la inflación, de modo de anclar también la demanda, el consumo, pero los hechos demuestran que no han sido suficientes.

En diciembre, el promedio de las paritarias medidas por la consultora C-P, de Federico Pastrana y Pablo Moldovan, aumentó 0,5% después de cinco meses de caída consecutiva. Así es que, lejos de revertir la pérdida, terminó 2025 con una merma del 4,1%. Hasta noviembre, los sueldos registrados perdían 2,1% anual. La mejora de diciembre tuvo que ver con la presión gremial después de varios meses de pérdida y sobre todo con una suma fija extraordinaria de $60.000 que consiguió el sindicato de Comercio, de Armado Cavalieri, el de más afiliados.

Pero claro que ese monto no compensa la pérdida de los seis meses anteriores en que el sueldo de este sector había aumentado apenas 1% mensual y, “al no tener aumentos porcentuales hacia adelante, promete una rápida licuación en los próximos tres meses”, según un informe de C-P. “La imposibilidad de fijar un aumento porcentual en el convenio más importante del país es un síntoma de la inexistencia de una pauta salarial clara”, agrega el reporte.

Entre agosto y diciembre, sólo un quinto de los sectores consiguió convenios que mejoren la remuneración, según C-P. Muchas paritarias debieron reabrirse en los últimos dos meses del año. En 2023, con la inflación galopante que dejó el gobierno peronista anterior, se negociaban sueldos cada mes y ese plazo se fue estirando, pero se ha estancado en tres meses, no se volvió a los acuerdos semestrales de antaño. La experiencia histórica local e internacional recuerda que en los procesos de desinflación ninguna variante debe quedar demasiado atrasada porque después explota, desde el tipo de cambio, que se expresa en la compra de divisas, hasta el salario, que se manifiesta en el malestar de la población.

Salarios cada vez más bajos

Los sueldos del sector privado registrado están entre 0,6% y 0,9% por debajo del de por sí bajo nivel en el que lo dejó en noviembre de 2023 el gobierno de Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa. Uno es el cálculo de C-P y el otro del Centro de Investigación y Formación (Cifra) de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), que coordinan Mariana González y Pablo Manzanelli. Tanto uno como otro se basan en los datos oficiales. En el caso de los trabajadores públicos, la pérdida fue mucho mayor por la motosierra de Milei, 14,4%. Pero eso es un promedio entre los empleados nacionales, que están ganando un tercio de lo que cobraban hace tres años, y los provinciales, que retrocedieron 6,5%, según Cifra-CTA. En la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) reconocen que el mal pago, compensado en parte por bonos, deriva en menor exigencia laboral y más trabajo a distancia, que redunda en un afectación de un servicio estatal que el propio Milei ha prometido venir a destruir. Se agregan las renuncias de quienes prefieren buscar un empleo más cercano a su casa antes que gastar en viajes y la falta de reemplazo de quienes se jubilan.

Todo esto sucede en el contexto de un retroceso del empleo formal privado y público, con personas que, en lugar de ir a parar a la desocupación, terminan rebuscándoselas como trabajadores independientes o empleados no registrados, sin derechos. Los cuentapropistas suelen ganar 60% de lo que cobran alguien en relación de dependencia legal y los que son contratados en la ilegalidad reciben un 40% menos que si estuviesen en norma, según C-P.

Los que más perdieron

A partir de la lectura del último Boletín de Remuneraciones de los Trabajadores Registrados de la Secretaría de Trabajo, con datos hasta septiembre pasado, es decir, antes deterioro por el pico inflacionario del cuarto trimestre de 2025, se puede calcular qué rubros perdieron más contra un IPC que para entonces acumulaba 233% en la era Milei (ahora ya suma 259%).

En el top ten de los de más poder adquisitivo diluido, los más explotados, figuran los servicios para la pesca (con aumento salarial de sólo 106%; venta minorista en puestos móviles, 139%; fabricación de productos de arcilla y cerámica, 151%; transporte ferroviario, 154% (no es extraño que para marzo el sindicato de maquinistas La Fraternidad, que conduce Omar Maturano, evalúe un quite de colaboración, pues si se remunera menos, se debería trabajar menos); los textiles, 155% (bajo la amenaza del despido aceptan lo que hay mientras muchos de sus patrones se reconvierten en importadores); líneas aéreas, 155% también (ante la presión de Milei por cerrar o privatizar Aerolíneas); refinación de nafta y gasoil, 161% (no es lo mismo perforar en Vaca Muerta para exportar que elaborar combustibles para el alicaído mercado interno); fabricación y reparaciones de aeronaves, 162% (otro sector con una empresa estatal en ajuste, Fadea); fabricantes de televisores y teléfonos celulares, 163% (otros bajo la sobre del desempleo ante la importación); y servicios auxiliares a la actividad financiera, 166%, (un rubro en el que la tecnología ha reemplazado al ser humano, por ejemplo, en la concesión de préstamos). Los trabajadores de la edición de diarios también perdieron contra la inflación, pues su remuneración subió 221%. Claro que se trata de promedios y hay quienes percibieron la mitad de eso. En aquel momento, la media de los empleados registrados del país había conseguido un alza del 244%, apenas por encima de la inflación, pero después sobrevinieron los saltos de octubre a diciembre.

Los que más ganaron

Por contraste, las diez actividades que más mejorar su salario en tiempos libertarios son: la minería, 553%; la pesca en sí, 467%; los operarios del acero, 411% (es un rubro que abastece de tubos a Vaca Muerta); la elaboración de pescado, 388%; la fabricación de abonos, 364%; la administración de mercados financieros, 342% (hubo un 2024 de boom bursátil y un 2025 de alta especulación preelectoral); la producción de material ferroviario, otro 342%; la edición de grabaciones, 337%; los peluqueros y los de tratamientos de belleza, 335% (no compiten contra la importación); y los semilleros, 327% (en una actividad favorecida por las bajas de retenciones). En cuanto a los que más ganan en promedio, algunos rubros se repiten en el top ten: petroleros, $8 millones; mineros, 7 millones; transporte por tuberías, 5,9 millones; servicios a la actividad petrolera, lo mismo; transporte marítimo, 5 millones; bancarios, 4,9 millones; generación eléctrica, 4,8 millones; transporte de electricidad, 4,7 millones; acerías, 4,7 millones; y fabricación de abonos, 4,4 millones.

Los peores sueldos

Los peores sueldos se consiguen como empleado de pintura y decoración, $632.000 (no confundir con los trabajadores independientes del área); venta minorista en puestos móviles, 663.000; terminación y revestimiento de paredes, 715.000; demolición y voladura de edificios, 724.000 (en varios de estos ítems se nota la crisis de la construcción); servicios para la pesca, 748.000; peluquería y tratamiento de belleza, 759.000 (pese al aumento en la era libertaria, siguen ganando poco); servicios de espectáculos artísticos, 772.000; limpieza de edificios, 773.000; reparación de calzado y marroquinería, 774.000; y servicios agrícolas, 783.000 (la mejoría del campo no benefició al peón). En la edición de diarios, el salario promedio es de 1.662.000, aunque muchos cobran por debajo de la canasta básica para que una familia tipo no sea pobre, es decir, menos de 1.308.000. El salario promedio de los empleados argentinos registrados es 1.797.000.

No es de sorprender que en este contexto las ventas en supermercados hayan caído 4% en diciembre y 5,2% en el año, después de un mal 2024, es decir, no paran de tocar piso, según los datos de la consultora Scentia. Las de los mayoristas, 0,5% y 5%, respectivamente. Las farmacias vendieron el mes pasado 1,9% menos y en 2025 un 2,3% más. Es decir, la gente compra menos comida y menos remedios.

En esta coyuntura de caída del salario y del empleo registrado y expansión del cuentapropismo y trabajo informal, en tiempos en que las jubilaciones mínimas se siguen licuando por el congelamiento del bono y las ayudas sociales decrecen pese al repunte de la asignación universal por hijo, el Gobierno, tras el respaldo popular de octubre pasado, intentará aprobar este 11 de febrero en el Senado la flexibilización laboral.

Menos derechos

En la CGT están movilizados. Abel Furlán, de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), propone un paro. Este y otros 34 gremios industriales se reunieron este jueves a nivel técnico para elaborar un análisis y que Furlán, Ricardo Pignanelli (Sindicato de Mecánicos, Smata), Hugo Benítez (textil), Agustín Amicone (calzado), Juan Speroni (navales) y otros caciques de las fábricas decidan el 3 de febrero el plan por seguir. Por lo pronto, sus asesores como el exministro de Agricultura Julián Domínguez temen que la negociación salarial por empresa, en lugar de por sector, los límites al derecho a huelga y el debilitamiento del poder de los gremios afecten aún más el sueldo. También advierten por la desorganización vital que puede suponer el banco de horas para las personas, que deberán trabajar cuando la patronal lo desee. Por último, advierten sobre el desfinanciamiento de las jubilaciones porque parte de las contribuciones irán para financiar despidos. Recuerdan que los juicios laborales equivalen a sólo el 1,6% de la cantidad de trabajadores y además suelen durar entre seis y ocho años.

Otros 500 gremialistas se reunirán este viernes en Mar del Plata en el hotel Juan Domingo Perón, de los gastronómicos de Luis Barrionuevo. Allí también se juntarán las juventudes peronista, sindical y, para sorpresa, radical. Allí acudirá Maturano, de La Fraternidad, que propone que el 11 de febrero la CGT se movilice al Congreso y que en las provincias marche a las gobernaciones para reclamar contra una iniciativa que, según su visión, difícilmente cree empleo en blanco. A su vez, para el 12 y 13 sugiere un paro nacional.

Las pymes apoyan lo que el Gobierno llama “modernización laboral”, pero plantean cambios al proyecto. Por eso, la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la Asociación de Industriales Metalúrgicos (Adimra) reclaman que las negociaciones sigan siendo por rama, no por compañía, dado que un cambio de esa naturaleza dejaría bien paradas a las grandes, pero no al resto, y que continúe la ultraactividad, es decir, que los convenios colectivos de trabajo persistan en su vigencia mientras no se negocien nuevos para evitar vacíos legales.

Hasta en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, los grandes empresarios, pese al entusiasmo que les provoca la ley del más fuerte que plantea Milei, también expresaron objeciones. En la reunión del Presidente con 70 hombres y mujeres de negocios, la dueña del Santander, Ana Patricia Botín, celebró que después de 25 años su banco volverá a girar utilidades de la filial argentina a la casa matriz española y lo valoró como una señal alentadora para invertir en el país. Sin embargo, en una encuesta del foro a empresarios criollos, que elaboró la escuelas de negocios IAE, la inflación y la deuda dejaron de ocupar un lugar central de sus preocupaciones y el foco se desplazó hacia la actividad económica y la integración social. Los principales riesgos percibidos por los líderes de la Argentina son los servicios públicos y protecciones sociales insuficientes, incluidas la educación, la infraestructura y el sistema previsional; la falta de oportunidades económicas y el desempleo, el deterioro de la economía en términos de recesión o estancamiento y la polarización social. El establishment parece a la izquierda del Presidente. Por algo el año pasado Milei se quejaba de la agenda woke del foro. Otro cantar es juzgar la sinceridad de las presuntas inquietudes progres de estos empresarios.

 AR/MG

Para los grandes empresarios argentinos que copan Punta del Este y su vecino José Ignacio desde el 20 de diciembre hasta este fin de semana, la agenda de eventos sociales no para. Uno de los más convocantes fue el cumpleaños este martes de Mauricio Filiberti, el dueño de Transclor –proveedora de cloro para AySA y otras operadoras de agua potable y de insumos para fabricantes de artículos de limpieza– y accionista de Edenor, en uno de los restaurantes más reputados de José Ignacio: el parado La Huella, en la zona donde se mudó hace años la movida más top.

Entre bandejas con pez limón, sushi, risotto y vinos de la bodega uruguaya Garzón –del petrolero Alejandro Bulgheroni y su esposa y embajadora de la marca país Argentina, Bettina–, conversaban Alejandro Roemmers –del laboratorio homónimo–, Jorge Brito –del Banco Macro, que no sigue la tradición de su padre de organizar la cita esteña más emblemática en su chacra de Mamá Ganso–, José Luis Manzano –socio del cumpleañero en Edenor, con inversiones petroleras, mineras y en Telefónica del Perú–, el matrimonio Alejandro Gravier-Valeria Mazza –con negocios inmobiliarios, de turismo y moda–, Alejandro Macfarlane –dueño de la distribuidora gasífera Camuzzi y con un proyecto para exportar gas de Vaca Muerta con Brito–, Augusto Marini –propietario de streamings para públicos enfrentados como Carajo y Blender– o Federico Salvai, del fondo Inverlat, con intereses en energía eléctrica –acaba de quedarse con la privatización de dos de las cuatro hidroeléctricas del Comahue– los alfajores Havanna y el gas -desde la compresión del que sale de la formación neuquina hasta la fabricación de tanques de GNC–.

Al igual que en el resto de los encuentros del establishment argentino en estos balnearios uruguayos, reina el optimismo por 2026. Son empresarios con negocios favorecidos por el modelo económico de Javier Milei, incluidos aquellos que desde este mes cobrarán más de 7,5 millones de clientes que pierden el subsidio que recibían. Estaban entusiasmados porque el respaldo popular que consiguió en octubre pasado le permite al presidente seguir con su ajuste, con un bloque más numeroso en el Congreso, aceptando el consejo empresarial de que dialogue con la oposición amigable, con la perspectiva de una reforma laboral primero y otra tributaria después. Sólo admitían interrogantes por si el plan de Milei puede generar más actividad económica, dado que está concentrado en las materias primas, pero no en el consumo masivo, la industria y la construcción. Igual confían en que la economía podría ir de menor a mayor a lo largo de 2026, como para que el líder ultra pueda arribar al año próximo fuerte para ser reelecto. Alguno expresaba sus dudas por la acumulación de reservas en el Banco Central.

Como en otras citas esteñas, la intervención norteamericana en Venezuela daba que hablar. Se mostraban tranquilos porque Milei estuviera “jugado” con Donald Trump. No obstante, compartían la preocupación de que no en el corto plazo pero más adelante se recupere la industria petrolera de este país, el de mayores reservas de crudo del planeta. Eso podría disminuir el precio internacional por debajo de US$60 el barril y afectar entonces las inversiones en Vaca Muerta. Pero por ahora ronda los 61 dólares.

Incluso los proveedores de Vaca Muerta o la minería están relajados por la competencia importada porque por ahora el negocio se agranda. No es como el consumo masivo, donde la torta se achica y hay que compartila con los rivales del exterior. Pero con la mira en el futuro, los inversores financieros ya castigan las acciones de YPF (51% estatal y 49% que cotiza en bolsa), Vista (la petrolera de Miguel Galuccio, que no descansa sino que anda trabajando por Europa) y Pampa Energía (de Marcelo Mindlin).

Al mismo tiempo que Filiberti soplaba las velas, uno de los dueños de Globant y de los millonarios que había emigrado en el gobierno anterior por los impuestos a Uruguay, Guibert Englebienne, reunía sobre todo a colegas suyos de la tecnología en otro de los restaurantes más cotizados de José Ignacio, Mostrador, de la Bodega Oceánica. No estaba el emperador del sector y también vecino oriental, Marcos Galperin, que prefiere las reuniones de trabajo. En el mundo empresarial no se descarta su paso a la política ahora que el 1 de enero dejó de ser CEO –sigue de accionista– de Mercado Libre.

En cambio, armaron sus propios cócteles, siempre bien regados por vino –la bebida de moda también de día en la playa–, Amalia Amoedo –una de las herederas de la cementera Amalia Lacroze de Fortabat, también recolizada en Uruguay–, los vendedores de autos Dietrich –incluido Guillermo, que acaba de lanzarse con la marca china BYD casi al mismo tiempo que la Justicia lo procesaba por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público cuando siendo ministro de Transporte de Mauricio Macri renegoció los contratos de las autopistas de acceso norte y oeste a Buenos Aires–, Macfarlane, Manzano y el empresario retirado Santiago Soldati y su yerno, Darío Turovelzky, CEO de Telefe, en su estancia El Capricho, vecina del emprendimiento inmobiliario Las Garzas de Eduardo Costantini.

El mes pasado, Costantini se quedó con las tierras que el condenado Lázaro Báez llegó a tener en José Ignacio e instalará en ellas con Adolfo Cambiaso unas chacras dedicadas al polo. Algunos ejecutivos se preguntan quién compra tanto desarrollo de propiedades en el Este y si hay lavado de dinero.

A diferencia de las reuniones de rosca política que organizaba Jorge Brito, padre en Mamá Ganso, en la era Milei en las fiestas esteñas se habla más de los negocios que planean, de las empresas privadas por comprar o de las privatizaciones que acelerará el libertario. Francisco de Narváez, dueño de Changomás, vendió sus supermercados uruguayos Ta-Ta –con baja perspectiva de expansión en un país ya estable, con US$22.000 de PBI per capita, frente a los 14.000 de la Argentina– para apostar por Carrefour en esta nación. Compite con el grupo peruano Intercorp. Quedó fuera de combate Germán Coto, el hijo de Alfredo que, a diferencia de su padre, quería reorientarse a la Argentina tras varios desarrollos inmobiliarios en Miami. De Narváez sueña con un crecimiento del consumo a largo plazo, no este año.

Entre la inflación que los bancos privados prevén que persista en el 2% por lo menos hasta marzo o abril incluido, unas paritarias por debajo de estos niveles, el tarifazo de luz y gas de este mes y los altos niveles de endeudamiento y morosidad crediticia, el ex diputado y sus colegas del comercio y la industria de alimentos y bebidas descartan que en 2026 se recuperen unas ventas que se hundieron año a año. En las cerveceras ha habido reducción de turnos de producción y retiros voluntarios. Hay clientes que compran en el súper con tarjeta en cuotas. Unos que recortan hoy gastos por temor a quedarse sin empleo mañana, a la vista de lo que les sucede a otros. Con un panorama así, Milei sueña con la reelección en la medida en que no aparezca una mejor alternativa que un regreso al pasado del 12% de inflación mensual. El Gobierno presupuesta un índice de precios al consumidor (IPC), que a partir de este mes dará más peso a los servicios, del 10% anual, pero las empresas manejan desde un 15% hasta un 27%. Sueña con una expansión del 5%, pero las compañías trazan un 3%.

En una juntada de empresarios de seguros, electrónica y consumo masivo regada por vino rosado uruguayo y en la que se disfrutaron calamares, langostinos y corvinas, los primeros se ilusionaban con extender pólizas al agro, Vaca Muerta y la minería. Los segundos se encomendaban a vender televisores por el Mundial pero en la medida en que bajen las tasas de interés y la morosidad. Mientras, los terceros también se preocupaban por el endeudamiento y la necesidad de bajar precios para liquidar los stocks ante la baja demanda. Achicar costos para competir es el nuevo mantra de los hombres y mujeres de negocios. Claro que también resulta necesario disminuir la irregularidad en los préstamos sobre la base de menores tasas, mejora de la actividad económica y reducción de la inflación, según comentan en un banco de capital local.

Hay charlas esteñas que discurren en otros restaurantes de José Ignacio, como Osaka, Gurisa y La Olada. En alguna se hablaba de que la francesa Veolia aspira a ganar la licitación de AySA. Y pensar que a otra francesa Suez, el gobierno de Néstor Kirchner le había rescindido la concesión de la antecesora de AySA, Aguas Argentinas, por incumplimientos contractuales. El grupo ferroviario mexicano Ferromex aspira a quedarse con todos los trenes de carga. Por el Belgrano, que va al noroeste, enfrentará a un consorcio de cerealeras, Bunge, Louis Dreyfus, Asociacion de Cooperativas Argentinas (ACA) y Aceitera General Deheza (AGD), a la que el Gobierno le renovó por siete años: y eventualmente a la minera Rio TInto. Dreyfus viene de perder en alianza con Molinos Agro –de los Perez Companc– la disputa por hacerse con Vicentin, en concurso preventivo. La Justicia santafesina prefirió a un rival de menor monta, el corredor de granos Mariano Grassi, socio de Gustavo Scaglione, dueño de medios rosarinos y Telefe. Mientras, los tribunales de Comodoro Py embargaron a Javier González Fraga, Lucas Llach y al resto de la cúpula del Banco Nación en la era Macri y a la ex directiva de Vicentin por presunto fraude de US$300 millones por el megapréstamo que la entidad estatal le dio a la aceitera un año antes de entrar en convocatoria de acreedores.

Por el ferrocarril San Martín, que se dirige al oeste, y por el Urquiza, que corre hacia el noreste, no aparecerían más interesados que Ferromex. Habrá que ver si los actuales concesionarios de los trenes al sur, el Ferroexpreso Pampeano, en manos del grupo Techint, y el Ferrosur Roca, en poder de la cementera Loma Negra, se vuelven a presentar, pese a su reticencia al futuro sistema open access (acceso abierto) que permite que otras empresas operen sobre sus vías. Mientras, las constructoras de siempre, las mismas de la causa cuadernos, apuntan a las concesiones de rutas.

En la licitación de la hidrovía del río Paraná, cuya profundidad se aumentará de 34 a 38 pies con opción a llegar a 40, se espera que el actual contratista, el belga Jan de Nul, se enfrente a su compatriota DEME y a la neerlandesa Van Oord. Pero el que gane deberá subcontratar servicios y pueden allí aparecer empresarios amigos de funcionarios. Pero entre las cerealeras están cansadas de las idas y vueltas con el asunto y aspiran a que esta vez la subasta no se caiga como el año pasado. No les importan ya las objeciones a que haya una tarifa mínima, ni que no se obligue a profundizar hasta los 40 pies. Aspiran a que arranque la nueva concesión para cargar más sus barcos con granos, aceites y harinas, así como a una mejora del ferrocarril de cargos. Están envalentonados con la baja de retenciones, aunque aspiran a más. Aunque desearían mejores precios internacionales de los cultivos y del dólar, esperan exportar más, una buena cosecha de maíz, pero rezan para que llueva sobre las plantaciones de soja. Presionan por un cambio de la ley de biocombustibles que fomente los que usarán los aviones, como están haciendo EE UU y Brasil.

De macroeconomía y negocios se habló este miércoles en el evento que organizó el banco JP Morgan en Punta del Este. Merrill Lynch e Itaú armaron los suyos. Esta semana también el economista Damián Di Pace presentó acá su último libro, El futuro de las pymes, en el que pone casos exitosos de pequeñas y medianas empresas que mejoraron su actividad con la adopción de tecnología. Di Pace advierte que las pymes argentinas están complicada por la competencia porque la presión tributaria nacional bajó un poco en estos dos años de Milei, pero subió la de provincias y municipios, porque las tasas altas las dañaron en 2025 y porque las mejoras de competitividad vía reformas o inversión en infraestructura llegarán más tarde que la actual ola importadora. Incluso hay dudas empresariales de qué quedará del proyecto oficial de flexibilización laboral y si responderá a sus necesidades.

En una Punta del Este explotada de argentinos se multiplicaron también las acciones de promoción de marcas exclusivas, incluidas las automotrices. En 2025 se vendieron 48% más vehículos en la Argentina, unos 610.000, pero se produjeron 3% menos nacionales, la segunda caída consecutiva. Sólo se incrementó la fabricación de las pick ups de Toyota y Ford, dado que elaboran modelos que se venden en todo el mundo, no sólo en el Mercosur. Por eso, Prestige Auto, la empresa de Pablo Peralta, Daniel Herrero y Alfonso Prat-Gay que tiene la licencia local de Mercedes-Benz, aspira a crecer exportando no sólo a Brasil sino a nuevos destinos de Latinoamérica y África. Para 2026, la expectativa es que se vendan entre 620.000 y hasta 700.000, si se reactiva el crédito perdido en la campaña electoral y por el arancel cero para importar autos híbridos y eléctricos. Al menos comienzan a acelerarse los proyectos de competidores argentinos sin motor a combustión: Stellantis tomó la delantera el año pasado con los Peugeot 208 y 2008 y para 2027 se aguardan lanzamientos de pick ups de Toyota, Ford, Volkswagen y Renault. El problema es que cada vez los vehículos argentinos cuentan con menos autopartes locales, porque por la carga tributaria, la escala y el acceso al crédito y la tecnología los proveedores nacionales quedan desplazados por la importación. Pero quizás los que gastan divisas en productos foráneos son tan héroes como los que veranean en Punta del Este y otros destinos del exterior, como dice el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

AR/MC

La economía apenas está recuperando la actividad de 2022, después de dos años de caída y con sectores a los que todavía les falta repuntar, como industria, construcción y comercio. La inflación bajó del 12% mensual al 2,5%, al menos el 40% de los votantes lo valoró, pero sigue siendo todavía de las más altas del mundo y los salarios registrados continúan por debajo del poder de compra que en 2023. Sin embargo, en esta economía del libre mercado pero también con empresarios amigos se cuentan ganadores en estos dos primeros años de gobierno de Javier Milei.

Para identificar quienes ganaron, se pueden adoptar varios criterios. Por un lado, analizar qué empresas cotizantes en bolsa se valorizaron más desde noviembre de 2023, cuando Milei ganó el balotaje, teniendo en cuenta que muchas otros emitieron acciones en el mercado de capitales o son multinacionales cuya valuación no depende sólo de lo que pasa en la Argentina. Por otra parte, si se identifican qué empresarios adquirieron grandes compañías en el país, qué firmas recibirán los extraordinarios beneficios del Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI) o cuáles ganaron las primeras privatizaciones o concesiones de la administración libertaria, podemos sumar otros winners.

Si se toma en cuenta la evolución de las acciones en la bolsa porteña, en pesos, el Banco Hipotecario, del grupo IRSA, de Eduardo Elsztain, amigo de Milei, mejoró 1.706% su cotización, seguida por Metrogas (la distribuidora porteña de YPF), 1.078%; Banco Patagonia, del Banco do Brasil, 1.010%; el Supervielle, 1.007%; el Macro, de Jorge Brito, el 883%; la transportadora eléctrica Transener, de Marcelo Mindlin, el 805%: el Grupo Financiero Galicia, de los Escasany, Braun y Ayerza, 756%; la filial argentina del banco español BBVA, 644%; la harinera Morixe, de Sociedad Comercial del Plata (SCP), que dirige Ignacio Noel; e YPF, estatal en un 51% y privada en el restante 49%, que bajo la conducción de Horacio Marín se concentró en Vaca Muerta, la exportación de su gas y se desprendió de áreas en el resto del país. Este es el top ten elaborado por Alejandro Pagliero, asesor financiero de la sociedad Nasini.

Completan del puesto 11 al 20, Transportadora Gas del Sur (TGS), otra firma de Mindlin, con 469%; Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), que preside Carlos Zuchovicki, 444%; Central Puerto, la eléctrica de Guillermo Reca, los Miguens Bemberg y Eduardo Escasany, con el 445%; la firma de los shoppings y los desarrollos inmobiliarios IRSA, con el 423%; Pampa Energía, de Mindlin, con el 342%; A3, otra empresa de mercados financieros, que encabeza Roberto Olson, con el 348%; la fabricante e importadora de calzado Grimoldi, con el 370%; Grupo Clarín, cuyos accionistas –Héctor Magnetto y los Noble Herrera– y dueños de Telecom compraron Telefónica en una operación aún bajo revisión del Gobierno, el 298%; la cementera Loma Negra, que la brasileña Camârgo Corrêa acaba de vender a Mindlin; 261% y Distribuidora de Gas del Centro, que opera en Córdoba, Catamarca y La Rioja y pertenece a Federico Tomasevich, Nicolás Caputo -primo de Luis, ministro de Economía, y tío de Santiago, asesor presidencial- y Reca, el 184%.

En cuanto a las acciones de empresas argentinas que cotizan en Nueva York, la que más se apreció fue Supervielle, un 472% en dólares; seguida por Macro, 412%; BBVA, 373%; Galicia, 370%; YPF, 253%; IRSA, 248%; Edenor, de José Luis Manzano –que supo reconvertirse de massista a libertario–, Daniel Vila y Mauricio Filiberti, un 218%; TGS, 213%; Central Puerto, 212%; Pampa, 153%; Telecom, 145%; Loma Negra, 105%; y Cresud, el holding de Elsztain que incluye el negocio agrícola y el de IRSA, un 104%, según los datos recopilados por Pagliero, de Nasini.

“El sector bancario apuntaló el crecimiento de los índices argentinos”, observa Pagliero. “Al tratarse de entidades financieras cuyo valor fundamental recae, sobre todo, en activos intangibles, como la valuación de sus títulos en cartera y la estabilidad para el crédito a mediano y largo plazo, la victoria de Milei en 2023 supuso un cambio de expectativas que revalorizó fuertemente sus activos, empezando a dejar atrás el riesgo de default”, agrega.

“El sector energético acompañó el crecimiento que venía mostrando desde 2022, ya que el mercado venía priceando (poniendo precio) que, en mayor o menor medida, cualquier cambio de gobierno traería consigo la pauta de explotar los recursos en Vaca Muerta”, señala el analista de Nasini. También se agrega el impacto de los tarifazos en el rubro.

Adcap Grupo Financiero añade otras acciones en Wall Street que también subieron: Corporación América, de Eduardo Eurnekian, exempleador de Milei, 102%, en parte por su petrolera CGC; Vista Energy, de Miguel Galuccio, 70%; y Mercado Libre, la empresa de Marcos Galperin, que pasó de macrista a libertario y cuya cotización del resto de Latinoamérica aunque también de los negocios que le habilitó la ola desreguladora, 38%.

“Desde el balotaje de noviembre de 2023, las acciones argentinas muestran subas muy significativas en dólares, en torno al 100% en promedio, aunque ese desempeño es el resultado de un recorrido muy volátil”, analiza Matías Cattaruzzi, analista senior de acciones de Adcap. “Tras el shock inicial del cambio de gobierno, el mercado marcó máximos muy altos entre diciembre de 2024 y enero de 2025, apoyado en la fuerte corrección de tasas, un contado con liquidación relativamente estable y la expectativa de normalización macro. Esa euforia se fue desinflando durante 2025, con una toma de ganancias, volatilidad electoral y dificultad del Gobierno para encontrar el camino con la salida de las LEFI (Letras de Liquidez), etc., que llevó a mínimos en la previa de las elecciones de medio término. Luego, el resultado disparó un nuevo rally que explica buena parte de las ganancias acumuladas a hoy, aunque los precios permanecen levemente por debajo de los picos de enero 2025”, aclara Cattaruzzi.

“Muchas veces el flujo de inversiones va a los papeles más líquidos, de donde es más fácil salir”, aclaran en un banco. “Los grandes ganadores fueron bancos y energéticas. Bancos, por el crecimiento del crédito y la perspectiva hacia adelante. Energéticas, por Vaca Muerta y el ajuste de tarifas”, añaden.

Si se considera ganadores a los dueños de proyectos RIGI, dado que pagarán menos impuestos y aranceles a la importación, no deberán liquidar divisas de la exportación y podrán demandar en tribunales internacionales, podemos mencionar siete iniciativas ya aprobadas: un parque solar de YPF Luz, la división eléctrica de la petrolera; el nuevo oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), de YPF, Pan American Energy (PAE, la empresa de los Bulgheroni, incluida Bettina, designada embajadora de la marca país, la británica BP y la china CNOOC-, Vista, Pampa, Pluspetrol –de las familias Rey y Poli–, la norteamericana Chevron y la angloholandesa Shell; un proyecto de exportación de gas del consorcio Southern Energy, que incluye a PAE, YPF, Pampa, la estadounidense Harbour y la noruega Gola; una siderúrgica de Sidersa, de la familia Spoto; un parque eólico de PCR –de los Brandi y los Cavallo– y la luxemburguesa ArcelorMittal; una mina de litio de la australiana Minera Galán Lithium; otra de cobre de la canadiense McEwen Copper, de la que participa la automotriz europea Stellantis; y un puerto de Terminal Timbúes SA, de Juan Manuel Ondarcuhu.

Las privatizaciones apenas se movieron hasta ahora. El Gobierno vendió la metalúrgica Impsa a la norteamericana ARC Energy, prorrogó por siete años la concesión del ferrocarril Nuevo Central Argentino (NCA) a Aceitera General Deheza (ADG, de Roberto Urquía) y. licitó y adjudicó la Ruta del Mercosur a la constructora mendocina Cartellone el tramo principal y al consorcio de las firmas Obring, Rovial, Edeca, Pitón y Pietroboni, el secundario. También subastó las cuatros centrales hidroeléctricas de la región patagónica del Comahue: dos fueron ganadas por Edison, la empresa de Juan y Patricio Neuss, Rubén Cherñajovsky, Luis Galli –el dueño y el CEO de Newsan, grupo de productos electrónicos y de higiene– y el fondo Inverlat –de Carlos Giovanelli, Damián Pozzoli, Guillermo Stanley y Federico Salvai–, otra por Central Puerto y la restante por BML, firma del sojero y energético Manuel Santos Uribelarrea.

En cuanto a las principales compras de empresas en estos dos años, se pueden señalar:

Ramiro Isaac, director de asesoramiento de este tipo de operaciones y estrategias de la consultora KPMG, opina que “Argentina está generando las condiciones para un crecimiento exponencial de las transacciones de M&A (siglas en inglés de las fusiones y adquisiciones) en el país a partir de la consolidación del programa de estabilización macroeconómica impulsado por Milei”. “En este contexto, la actividad de fusiones y adquisiciones en el país se viene desarrollando al ritmo de esta transformación de la economía, la cual presenta nuevas oportunidades de crecimiento para algunos sectores competitivos como el petróleo, gas, minería y agronegocios, así como desafíos para otros como la manufactura de productos de consumo masivo y el comercio minorista que deben afrontar una desregulación creciente de la economía”, agrega Isaac.

El experto ratifica “un proceso de consolidación de una burguesía nacional que toma el control de activos en ciertos sectores de la economía argentina”. Durante estos dos años, se registraron más de 200 transacciones de M&A en el país por US$16.000 millones.

Todavía quedan por delante más privatizaciones de empresas, concesiones de servicios al sector privado y nuevas aprobaciones de proyectos del RIGI.

 AR/MG

Javier Milei confirmó su intención de impulsar una reforma laboral tras las elecciones legislativas de 2025. Según declaraciones públicas y borradores legislativos vinculados a su espacio, el objetivo oficial es “modernizar” las relaciones laborales para fomentar el empleo privado formal. Sin embargo, la propuesta ya generó un fuerte rechazo de la CGT y una discusión abierta sobre su posible impacto estructural.

Aunque todavía no se presentó un proyecto definitivo en el Congreso, los textos preliminares —como el de la diputada Romina Diez— y las declaraciones de funcionarios como el secretario de Trabajo Julio Cordero permiten delinear los puntos principales de la iniciativa, que también toma elementos del DNU 70/2023 (declarado inconstitucional por la Justicia) y de la fallida Ley Bases.

1. Jornada laboral: más horas, menos extras

Uno de los aspectos más controversiales es la posible extensión de la jornada laboral legal de 8 a 12 horas diarias, algo que, según el borrador, se habilitaría mediante el artículo 197 bis. Este cambio permitiría, además, implementar “bancos de horas” para que las horas extras se compensen con francos en lugar de pagarse con recargo.

Desde el Gobierno, Federico Sturzenegger negó que se planee formalmente ampliar la jornada, pero el texto impulsado por Diez sí lo contempla. Para especialistas del área laboral, como Joan Vezzato de Fundar, esta medida implicaría una transferencia de ingresos desde los trabajadores hacia las empresas.

2. Indemnizaciones: de una vez a cuotas

El proyecto oficial también busca cambiar el régimen de despidos. Se permitiría pagar las indemnizaciones judiciales en hasta 12 cuotas mensuales, lo que abarataría el costo del despido para las empresas. Además, se avanzaría en el reemplazo del sistema actual por un fondo de cese laboral similar al que rige en la construcción, con aportes mensuales, aunque sin claridad aún sobre su financiamiento.

La CGT ya rechazó enfáticamente esta posibilidad, por considerarla un retroceso en derechos adquiridos. Empresarios, en cambio, señalan que estos cambios brindarían previsibilidad y facilitarían nuevas contrataciones.

3. Convenios colectivos: más empresa, menos actividad

Otra modificación sustancial es la posibilidad de negociar convenios por empresa, en lugar de hacerlo por actividad. Esta estrategia busca, según Cordero, adaptar los acuerdos laborales al tamaño y la localización de cada firma, y permitir aumentos por productividad.

Sin embargo, el proyecto también eliminaría la “ultraactividad”, es decir, la vigencia automática de los convenios vencidos hasta que se firme uno nuevo. Esto podría dejar sin efecto beneficios como adicionales por antigüedad, zona desfavorable o títulos académicos, salvo que se negocien nuevamente.

Para los sindicatos, esto fragmenta la negociación colectiva y debilita la capacidad organizativa de los trabajadores. Para las cámaras empresarias, en cambio, se trata de una medida necesaria para que el sistema laboral sea “más realista y competitivo”.

4. Vacaciones: más fragmentadas

El proyecto permitiría que las vacaciones se fraccionen en períodos más cortos, con un mínimo de una semana, en vez de tomarse en bloques más amplios como hasta ahora. La fragmentación flexibiliza la gestión interna de las empresas, pero reduce el descanso continuo de los trabajadores, una cuestión que también genera tensiones entre productividad y salud laboral.

5. Salarios: productividad por encima de paritarias

Finalmente, se propone modificar la lógica de aumentos salariales. En lugar de paritarias nacionales por rama, se plantean aumentos atados al rendimiento individual o por empresa. Esto implicaría la fijación de un piso mínimo, pero con escalas diferenciadas según la productividad de cada trabajador o unidad económica.

Para sectores gremiales, esto aumentaría la discrecionalidad y la presión interna, generando desigualdad entre trabajadores de una misma actividad. Para el Gobierno, en cambio, la medida apunta a incentivar la eficiencia y el mérito individual.

Posiciones enfrentadas

El Gobierno de Milei sostiene que la reforma busca reducir la informalidad y fomentar la contratación formal. La informalidad laboral alcanzó el 43,2% en el segundo trimestre de 2025, según el Indec. Para el oficialismo, el actual marco legal desalienta el empleo privado, especialmente en PyMEs.

La CGT, en cambio, rechaza de plano el proyecto, al que considera una réplica del DNU 70/23. Según Gerardo Martínez (Uocra), se trata de “una reforma que precariza” y que ataca los pilares de la negociación colectiva, las indemnizaciones y los derechos laborales básicos.

El empresariado valora varios de los cambios propuestos. La eliminación de cargas impositivas sindicales obligatorias y la previsibilidad en materia de despidos son, para muchas firmas, medidas esperadas desde hace décadas.

La oposición política mantiene posiciones divididas. Algunos sectores del radicalismo o del PRO podrían acompañar partes del proyecto, mientras que el peronismo, el Frente de Izquierda y otras fuerzas expresaron su rechazo total.

Lo que viene

El texto final aún no fue presentado en el Congreso, pero se espera que el Ejecutivo lo impulse formalmente antes de fin de año, como parte de un paquete más amplio que incluiría también una reforma impositiva. El Consejo de Mayo, que reúne a sindicatos y empresarios, será clave para intentar acercar posiciones, aunque el conflicto parece inevitable.

La reforma laboral de Milei se inscribe en una disputa de fondo sobre el modelo de trabajo en Argentina. Sus efectos dependerán no solo de lo que diga la ley, sino también de su implementación y de la capacidad de organización de los actores involucrados.

JJD

El ministro de Economía, Luis Caputo, llegó este miércoles al Alvear Palace Hotel a almorzar con centenares de empresarios reunidos por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp), que integra a seis entidades de cúpula, la Unión Industrial (UIA), la Cámara de Comercio (CAC), la de la Construcción (Camarco), la Sociedad Rural (SRA), la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba) y la Bolsa porteña. Además de enviar un mensaje optimista por la reducción de la inflación, la eliminación del déficit fiscal y la reciente victoria electoral que le permite ilusionarse con reformas liberalizadoras en el Congreso, intentó justificar por qué, pese a lo que reclaman el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los economistas más ortodoxos, no acumula reservas. Compra, pero las usa para cancelar deudas.

Después de prometer un pronto “acuerdo de libre comercio” con EE.UU., pese a que se trata sólo de un pacto para eliminar algunas barreras, Caputo se refirió a la crítica que está recibiendo por no sumar activos en el Banco Central. “Si no compran US$9,000 millones en 24 horas, Argentina entra en un problema... nos dicen. Es un poco agotador. La acumulación depende de no seguir cancelando deuda. Pagamos intereses, pero para el capital parece que vamos a tener acceso a finaciamiento y entones va a ser mas fácil acumular reservas”, explicó.

“La urgencia de comprar ya no es tal”, insistió. “Cómo vamos a comprar? Vamos a tener en cuenta el aumento de la demanda de dinero y la profundidad del mercado cambiario. Vamos a seguir con la banda cambiaria, no vamos a ir a la libre flotación, no querramos correr más rápido de lo que podemos. Si comprás dólares, debés esterilizar los pesos que emitís para comprarlos y para eso no queremos volver a crear una bola de letras (deuda del Central). Si aumenta la demanda de dinero, no tiene costo esterilizar. Como en 2026 la base monetaria crecería 25%, podríamos comprar US$7.000 millones sin tener que esterilizar”, precisó Caputo.

“Tienen que entrar dólares y lo probable es que entren más por la cuenta capital, en un país que estuvo antes sin inversiones y sin acceso al mercados de capitales”, evaluó Caputo. Es decir, que lleguen inversiones y el Estado y las empresas tomen deuda, antes que lograr superávit de la balanza comercial de bienes y servicios.

Pero antes de tomar deuda en el mercado, Caputo contó que bancos internacionales le ofrecieron un préstamo de entre US$6/7.000 millones“. ”Veremos cuánto tomamos“, aclaró. Lo necesita para afrontar vencimientos de capital e intereses de bonos el mes próximo.

“En los próximos meses y semanas preveo una fuerte baja del riesgo país”, pronosticó. Lo necesita para colocar deuda en los mercados. Cree que la clave pasa por que el Congreso apruebe su presupuesto, las reformas laboral y tributaria y la ley de presunción de inocencia fiscal, que reduce los controles del Estado a los aumentos patrimoniales de los contribuyentes.

Quedan muchas preguntas por hacer: si efectivamente se aprobarán esas leyes, si entonces descenderá el riesgo país y entonces se refinanciará deuda en el mercado y, al final del día, si alcanzará con acumular US$7.000 millones en 2026, como promete Caputo. Entre los comensales estaba el consultor Daniel Marx, que opinó que depende de cuánto se refinancia en el regreso de la Argentina a los mercados internacionales de deuda después de ocho años.

elDiarioAR también consultó a otros economistas por fuera del almuerzo, aquellos incluidos en los rankings de los que más aciertan relevados por el Central y la firma FocusEconomics. “US$7.000 millones puede alcanzar”, opina Orlando Ferreres. “Esto significa que podría tener un tipo más alto de cambio. Hoy la paridad teórica de equilibrio de la cuenta corriente del sector externo (balanza comercial de bienes y servicios) está en $1.750 por dólar. Salvo que Caputo tenga información de que la cuenta de capital tenga un superávit importante y que manteniendo el tipo de cambio oficial cerca de la banda alta le alcance”, calcula Ferreres.

“Argentina tiene vencimientos netos por compromisos externos por aproximadamente US$13.000 millones”; calcula José Francisco Ara Portentoso, de EMFI Group. “Si toman de los bancos US$7.000 millones, cubrirían todos los vencimientos de bonos para 2026 y el mercado estaría más tranquilo, siempre y cuando no sean usados para intervenir. Luego si a eso se suman US$7.000 millones más por remonetización, luce muy optimista pero aseguraría todos los vencimientos para 2026”, agrega Ara Portentoso.

El consultor Hernán Hirsch opina que acumular US$7.000 millones “ayuda, pero no alcanza”. “Debería existir el compromiso de adquirir, al menos, el monto necesario para el pago de los intereses de deuda. Eso sería algo más de US$8.000 millones. Ese debería ser el piso”, añade Hirsch.

Crisis industrial

Caputo también se refirió sin nombrarla a la crisis de las industrias, entre cierres y despidos. Rechazó defenderla con una devaluación del peso “porque implica salarios bajos” ni con “sobreprotección porque trae productos caros y malos”. Dijo que “la mejor política industrial es la estabilidad económica”.

El presidente de la UIA, Martín Rappallini, estaba presente y le reconoció a la prensa que el orden macro es importante. Su par de la construcción, Gustavo Weiss, sumó su apoyo, auguró que no se vuelva al pasado de inflación y emisión monetaria sin control, pero aclaró que la estabilidad es “condición necesaria pero no suficiente”. Rappallini destacó que las reformas laboral y tributaria son parte de una política industrial, aunque admitió que el gobierno de Milei no aplica una receta específica para la industria como EE UU, China, Japón, la Unión Europea, India, Brasil o México.

El jefe de la Rural, Nicolás Pino, le preguntó en público a Caputo sobre la necesidad de mejorar la infraestructura, desde rutas y trenes de carga hasta la hidrovia del Paraná. El ministro prometió que a fines de mes se lanza la licitación de la hidrovia y que en mayo estaría concedida. También para dentro de seis meses quedaría concesionada una red vial de 9.000 kilómetros de rutas. El problema son los otros 31.000 kilómetros de caminos que quedarán sin concesionar, advirtió Weiss. La duda es quién los reparará y con qué fondos. A su vez, para fines de diciembre se prevé la licitación del ferrocarril Belgrano Cargas, que une al norte con la capital, aunque admitió que quizás se demore hasta febrero con el argumento de que despertó “mucho interés”.

AR/MG

En octubre de 2024, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que nombraba a su exsocio en el fondo de inversión Axis y en la construcción del edificio Ola Palermo (ex Paseo Gigena), el constructor Martín Maccarone al frente de una nueva Secretaría de Coordinación de Infraestructura. La secretaría se creó formalmente y bajo su ala están otras dos secretarías, la inactiva de Obras Públicas y la de Transporte, pero desde hace más de un año que Maccarone se mueve como jefe pero nunca fue nombrado en los papeles. No es ni como Santiago Caputo, que tiene contrato de asesor. Maccarone, ni eso. Sin embargo, los negocios se aceleran a su alrededor.

Uno de esos son las son las concesiones viales que empezó a repartir. En una licitación con seis ofertas por los 741 kilómetros de ruta del Mercosur, Cartellone se quedó con el tramo principal y un consorcio integrado por Obring, Rovial, Edeca, Pitón y Pietroboni con el de conexión. Las seis constructoras seleccionadas aparecieron en la Causa Cuadernos, aunque sólo los hermanos Gerardo, José y María Cartellone y Daniel Pitón están sentados ahora en el banquillo de los acusados. En el negocio de la construcción juran que esta vez la subasta fue limpia, pero no descartan que se enturbie el proceso cuando reciban el financiamiento de $56.000 millones del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) para las obras. En el directorio del BICE se sienta el veloz abogado Maximiliano Voss, Evert Van Tooren; dos espadas twitteras de Luis Caputo, Martín Vauthier y Felipe Núñez, y Nicolás Scioli, hermano de Daniel, el incombustible secretario de Turismo, Ambiente y Deportes. Pronto se licitarán otros 1.800 kilómetros, de los cuáles sólo 72 serán de autopistas nuevas.

Después del accidente del tren San Martín, con 90 heridos, el año pasado, se declaró la emergencia ferroviaria para apurar con discrecionalidad los procesos de compras para reparar vías, señales y estaciones y así evitar una tragedia. También se incluyeron sistemas de wifi y cámaras que proveyó OCP Tech, la empresa de Leonardo Scatturice. En los primeros diez meses de 2025 se triplicó la casi inexistente inversión del área en el mismo periodo de 2024, según datos oficiales recopilados por la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP). Sin embargo, se ha ejecutado la mitad del gasto anual previsto cuando falta sólo un mes para que termine 2025. Eso sí, ahora se apuraron en lanzar una contratación directa por compulsa abreviada, es decir, sin los pormenores de una licitación formal, para que antes de que termine el año se adquieran 43 trenes.

A pesar de la alianza vertical con EE.UU., los proveedores chinos parten con todas las de ganar. Hace añares, el argentino de ascendencia china Fernando Lin era quien hacía lobby por los trenes del gigante asiático cuando Franco Macri quería quedarse con el Belgrano Cargas y después fue quien acompañó a Florencio Randazzo, ministro del Interior y Transporte de Cristina Fernández de Kirchner, a renovar el material tras la tragedia de Once. Eran tiempos en los que se hablaba del 15%, ni de diegos ni del 3%. Ahora los nombres de Lin y Randazzo figuran en los cuadernos de Miguel Calvete, exrepresentante de los supermercados chinos y uno de los principales acusados de las supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Maccarone controla todo, aunque también tiene sus hombres de confianza. Uno de ellos es el cordobés Mariano Plencovich, que hasta agosto pasado era subsecretario de Transporte Automotor y como tal era el amo y señor de las autorizaciones de cambios de recorridos de colectivos que cruzan del conurbano a la capital y viceversa. También manejaba la revisión técnica obligatoria (RTO) de ómnibus y camiones que cruzan jurisdicciones –inclusive los que iban a actos de La Libertad Avanza (LLA)– o el pago de subsidios al transporte público para personas con discapacidad y jubilados. Dimitió porque había llegado al Gobierno con el anterior secretario de Transporte, su coterráneo Franco Moggetta, que también se alejó en la previa electoral. Pero Plencovich se reconvirtió y reporta directo –por ahora sin contrato– al poderoso secretario sin nombramiento, que a su vez opera en tándem con su exsocio Caputo.

En otros asuntos se maneja con su secretario de Transporte, Luis Pierrini, y con el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne. Por ejemplo, en los intensos proyectos de la electrónica fueguina Mirgor, de Nicolás Caputo, alias Nicky, primo de Luis y tío de Santiago, un triángulo no exento de tensiones mutuas. Por un lado, el aperturista y antipolítica industrial Lavigne viene abriendo la competencia a Mirgor y sus vecinos de la isla, pero, por otro, esta empresa está en un plan fuerte de reconversión. Planea un hotel y una terminal de cruceros en Ushuaia, un puerto en Río Grande y este jueves consiguió la autorización de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) para probar vuelos turísticos desde Tierra del Fuego a la Antártida. No por nada el CEO de Mirgor, José Luis Alonso, se reunió un par de veces con el ministro saliente de Defensa, Luis Petri. La compañía además comenzó a operar hace dos meses un corredor aéreo de cargas junto con Mercado Libre y Aerolíneas para cubrir una ruta que une Ezeiza con Neuquén y Trelew. Josefina Sanz, que fue secretaria de Simplificación del Estado en el inicio del gobierno de Javier Milei, ahora asesora a Mirgor.

De Calvete a los Neuss

Quienes también metían cuchara sobre Mirgor eran tres funcionarios que pertenecían a la órbita de Lavigne: Esteban Marzorati, Javier Cardini y su novia Ornella Calvete. Marzorati venía de trabajar en la empresa de servicios de comercio exterior Global Trade and Shiping, donde supo tejer lazos con los funcionarios massistas a cargo de autorizar las importaciones, Matías Tombolini y Germán Cervantes, y llegó a ser secretario de Industria y Comercio hasta agosto pasado, cuando de manera repentina dejó el cargo. Ahora consiguió contrato en la Aduana, la dependencia que dirige José Vélis pero que está bajo la órbita de Santiago Caputo y su consejero Scatturice. No por nada los aduaneros no revisaron aquel avión de Scatturice tras un presunto llamado del Organismo Regulador de Aeropuertos (Orsna), que encabeza Facundo Leal. ¿Hará honor a su apellido en su relación con el dueño de Flybondi? Por lo pronto, la desregulación aérea ha multiplicado vuelos internacionales, pero no domésticos, donde Aerolíneas, Flybondi y Jetsmart siguen compitiendo sin nuevos rivales.

Debajo de Marzorati estaban Cardini, subsecretario de Gestión Productiva, y Ornella Calvete, directora nacional de Desarrollo Regional. La pareja de funcionarios tenía bajo su control el régimen de electrónica fueguina y por eso solían viajar seguida a la isla. Las empresas del sector aportan a un Fondo de Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina, que a su vez financia sus incursiones en nuevos negocios como los que planea Mirgor. Habrá que ver quiénes reemplaza ahora a Cardini y Ornella Calvete, que renunciaron tras el hallazgo en su casa de US$700.000 en efectivo en un allanamiento de la causa Andis. En sus declaraciones juradas al 31 de diciembre pasado, estana lejos de acumular tanto dinero. Cardini tenía un patrimonio declarado de US$166.000, de los cuales 34.000 tenía en cash, y su novia, activos por US$45.000, incluidos seis departamentos donados (cuatro al 100%, uno al 50% y otro al 25%), sin contado y con US$1.700 depositados. Su padre está condenado en prisión por regentear inmuebles para la prostitución. Pero no son ellos los únicos que manejaban crocante en el Ministerio de Economía.

Otros negocios bajo la órbita de Maccarone son la desafección de terrenos ferroviarios para que la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) profundice su senda de privatización de inmuebles. El BICE de Voss interviene en las valuaciones. Es de esperar que el secretario sin nombramiento mantenga a sus empresas alejadas de posibles compras. Donde sí mete cuchara es en la prórroga de concesiones de ferrocarriles de carga. Claro que mientras a Ferroexpreso Pampeano, del grupo Techint, y a Ferrosur Roca, de la cementera Loma Negra –recientemente pasó de manos brasileñas a las de Marcelo Mindlin–, sólo se les extendió el contrato por un año, hasta 2026, a Nuevo Central Argentino (NCA), de Aceitera General Deheza (AGD), de Roberto Urquía, se lo alargaron por siete. No por nada después AGD fue la única gran empresa local que blanqueó aportes a la última campaña electoral de LLA.

De todos estos procesos participa Trenes Argentinos Carga, cuyo presidente, Alejandro Núñez, fue antes socio de la familia Neuss, amiga de Santiago Caputo. No es el único funcionario que aportaron los Neuss a la administración de LLA, a cuya reciente campaña también contribuyeron. También sugirieron a Cardini; Osvaldo Rolando, un experto de larga trayectoria que encabezó el Ente Regulador de la Electricidad (ENRE); o Iñaki Arreseygor, jefe de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, otra área bajo la órbita de Maccarone que avanza en un nuevo intento de licitación de la hidrovía del río Paraná. Igual hay que diferenciar al simpático Georgie Neuss de sus primos más voraces por los negocios, Juan y Patricio, que a su vez actúan de manera independiente de su hermano Germán. Sus negocios abarcan sectores como la energía, el campo, las finanzas, la tecnología y los inmuebles.

De industriales a importadores

Pero no todas las actividades prosperan en la Argentina de Milei. La Unión Industrial Argentina (UIA) se parece cada vez más a la Cámara de Importadores de la República Argentina (CIRA). Los empresarios que antes producían manufacturas en el país ahora las traen de afuera, sobre todo de China, el origen que más crece entre las compras externas. Son los casos de la norteamericana Whirpool con sus lavarropas –había hecho una fábrica hace tres años para exportar–, la autopartista sueca SKF, la estadounidense Dana, la metalúrgica santafesina DBT Cramaco, su coterránea fabricante de ollas Essen, la cordobesa de muebles Color Living, la norteamericana de productos de higiene Kenvue, la brasileña de calzado Dass –que fabricaba marcas Nike o Adidas–, la ceramista bonaerense ILVA, su coterránea de termos Lumilagro, la automotriz alemana Volkswagen –el Taos se deja de fabrica en Pacheco y se traerá de México, aunque sigue produciendo acá la pick up Amarok y prepara una sucesora– y la japonesa Nissan. También hay despidos o suspensiones masivas en Mirgor, su rival fueguina Newsan, en la azucarera y papelera Ledesma, las de electrodomésticos Mabe, Briket y Electrolux, la de motos Corven, la textil Mauro Sergio, la de calzado Bicontinentar, las de alimentos Tía Maruca y Georgalos, la de colchones Bedtime, la láctea La Suipachense y la de partes de camiones Scania, según una recopilación propia, del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) y del Instituto Argentina Grande. Mientras, llega la ropa de Shein, Temu o Decatlhon, los autos BYD, Baic, Haval o Foton o los colectivos a gas King Long, que reemplazarán a los Mercedes-Benz o Scania con chasis brasileño y carrozado argentino.

Lavigne pasó vergüenza por no controlar a sus empleados, pero se jacta de haber dejado de controlar el mercado interno y las importaciones. Después de que el dueño de Techint, Paolo Rocca, reclamara una política industrial, el secretario dijo esta semana que “la mejor política pública es la inexistencia”. No es lo mismo que opina Donald Trump con su America First, Xin Jinping con su Made In China 2025, la Unión Europea con su Estrategia Industrial Europea, su Plan Industrial del Pacto Verde o su ley de chips, Japón con su Estrategia de Seguridad Económica, el Make In India, el Future Made In Australia, Lula con su Nova Indústria Brasil o Claudia Sheinbaum con su Plan México. Pero el Peluca y su equipo tienen otra cabeza.

AR/MG

Este jueves comenzó un juicio oral que puede durar tres años, pero que batirá un récord por la cantidad de empresarios sentados en el banquillo de los acusados. Se trata de la causa cuadernos, sobre la que ha habido polémica porque lo hallado inicialmente eran fotocopias con correcciones manuscritas, pero que derivó en una investigación en la que varios hombres de negocios fueron detenidos de forma preventiva en 2018 y algunos de ellos confesaron haber pagado sobornos. Otros lograron zafar en el camino de las acusaciones y por eso no serán juzgados.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ya condenada a seis años de arresto domiciliario por la causa Vialidad, está otra vez imputada en este nuevo juicio como presunta jefa de una asociación ilícita para cobrar coimas en los contratos de su gobierno, pero también en el de su marido –esto es entre 2003 y 2015–, con empresas de construcción, energía y transporte. La juzga el Tribunal Oral Federal número 7 que integran los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, mientras que la fiscal es Fabiana León.

En la instrucción participaron dos personajes polémicos: el fallecido juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli. Ellos fueron quienes después del hallazgo periodístico de Diego Cabot en el diario La Nación detenían empresarios y les proponían acogerse a la figura del arrepentido.

De los 87 acusados, 19 son exfuncionarios, dos choferes –incluido Oscar Centeno, el que escribió en sus cuadernos cómo llevaba y traía el dinero de los sobornos– y 65 son hombres y mujeres de negocios, de los cuales 18 aceptaron convertirse en colaboradores de la Justicia aportando información a cambio de una reducción de penas. Entre los imputados como organizadores de la supuesta asociación ilícita están el exministro de Planificación Julio De Vido, su exsubsecretario Roberto Baratta y el expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) y de la empresa Esuco, Carlos Wagner.

Como miembro de la asociación también será juzgado José López, el exsecretario de Obras Públicas que ganó fama porque fue descubierto en el gobierno de Mauricio Macri revoleando bolsos con millones de dólares en un convento de monjas para esconderlos. Otro presunto integrante de la banda es uno de los llamados empresarios K, que crecieron con el kirchnerismo, Gerardo Ferreyra, dueño de Electroingeniería, que ya era una pyme de volumen pero se expandió en los 12 años que duró aquella etapa política.

Como autores, coautores o partícipes de los delitos de cohecho activo y dación de dádivas aparecen 60 empresarios. Los más renombrados son: 

Unos 16 empresarios se acogieron a la figura del arrepentido, que se creó en el gobierno de Macri. Entre ellos están Calcaterra, Pescarmona, Loson, Roggio, Tasselli, De Goycoechea y Sztenberg. También lo hicieron Centeno y López, entre otros exfuncionarios. En cambio, hay hombres de negocios que sostienen su inocencia: “No tenía de qué arrepentirme si no hice nada malo. Varios de los arrepentidos eran chetos sin calle que no soportaron estar una noche presos”, comenta uno de ellos.

Otros empresarios como Eurnekian y Paolo Rocca, dueño del grupo Techint, quedaron exculpados del juicio por diversos motivos, pese a que reconocieron pagos. En el caso del primero, porque adujo que fueron aportes de campaña. El segundo, porque alegó que abonó para repatriar de Venezuela a ejecutivos del conglomerado cuya siderúrgica local, Sidor, fue nacionalizada por el gobierno de Hugo Chávez, aliado de los Kirchner. Los demás exejecutivos de Techint también se libraron de la acusación.

AR/MG

El mismo miércoles en que en Mar del Plata comenzaba el 61° coloquio del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), el secretario del Tesoro de EE UU, Scott Bessent, redobló su esfuerzo por contener la agitación del mercado financiero argentino al anunciar que se duplicará el financiamiento al país hasta US$40.000 millones. Pero durante las horas previas al anuncio del mediodía algunos inversores comenzaron a comprar el título de deuda GD35: su precio estaba en US$57,50 hasta que la noticia lo disparó a 59,50 dólares. Apenas tocó ese valor se derrumbó de inmediato a 59 y hacia la tarde volvió a 57,75. Así lo muestra un gráfico elocuente.

“Alguien tenía las órdenes de venta puestas para salir con el anuncio de Bessent”, comenta una fuente del mercado bursátil. “La suba vertical del mediodía fue por los US$40.000 millones. Toda variación de ese tipo pricea (valora) una sorpresa, una información no anticipada. Pero en US$59,50 hay una orden de venta. Hay tenedores que usaron los anuncios de Bessent para descargar sus posiciones (deshacerse de los títulos)”, agrega. Si se confirma que recibieron información privilegiada, es un caso que podría ser investigado por la Comisión de Valores de EE.UU. (SEC, según sus siglas en inglés), donde se emitieron estos bonos argentinos.

El Partido Demócrata norteamericano emitió este jueves un nuevo comunicado contra el rescate del gobierno del republicano Donald Trump a su principal aliado en Latinoamérica, Javier Milei. “Primero, Trump y Bessent rescataron la economía argentina con US$20.000 millones. Luego, un informe impactante reveló que el rescate de Trump y Bessent beneficiará al veterano gestor de fondos Rob Citrone, aliado de Trump y Bessent. Ahora, Trump y Bessent conspiran para asegurar otros US$20.000 millones para Argentina, desprestigiando a las familias y agricultores estadounidenses que luchan por llegar a fin de mes”, advirtió la oposición norteamericana, que pretende investigar a Citrone.

En noviembre pasado, tras la victoria electoral de Trump, Milei participó de una reunión en EE.UU. con este inversor y el asesor del actual presidente norteamericano Barry Bennet. En abril, el líder libertario recibió a Citrone en la Casa Rosada. Bennet es el mismo que viene tejiendo lazos con el asesor presidencial Santiago Caputo gracias al lobby de su consejero Leonardo Scatturice.

No sólo algunos inversores con supuesta información privilegiada reaccionaron al enésimo anuncio de salvataje al gobierno de Milei con la venta de activos financieros argentinos. En el mercado cambiario criollo, mientras el Tesoro de EE.UU. seguía comprando pesos y vendiendo dólares, los inversores locales se deshacían de los primeros y se abalanzaban por los segundos. Están verdes. Dólar, una pasión argentina.

En el coloquio de IDEA, los grandes empresarios reunidos lo atribuían, por un lado, a la habitual cobertura que buscan para resguardarse ante cualquier elección en la Argentina, que siempre se plantea como de vida o muerte, y, por otro, porque la mayoría de ellos descuenta que no es sostenible un dólar a $1.450. Son los mismos que piensan que se requerirá un reseteo del plan económico de Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, y una inédita actitud dialoguista del presidente libertario con al menos parte de la oposición.

Uno de los expositores reconocía en el hall del hotel Sheraton, sede del encuentro, lo que nadie quería admitir allí, pero que todos se resignaban a aceptar: que las reformas de flexibilización laboral y rebaja tributaria por las que hicieron lobby estos tres días difícilmente se concreten. Concluye así dada la previsión del resultado electoral del próximo 26. Entonces, decía el expositor por lo bajo, iba a tener que conformarse con recuperar competitividad a fuerza de devaluación del peso y contención de la inflación por una economía estancada que no convalida remarcaciones.

El menor o mayor salto del 27 de octubre dependerá de cómo les vaya a La Libertad Avanza (LLA) y al peronismo, respectivamente. Una duda es cómo se leerá el veredicto de las urnas. Algunos empresarios esperan que al menos Provincias Unidas logre armar un bloque de 30 a 35 diputados que se convierta en un árbitro entre LLA y el PJ.

A Mar del Plata llevaron los gobernadores de Córdoba, Martín Llaryora, y Chubut, Ignacio Torres, para exponer ante los empresarios la intención de su tercera posición a favor de disminuir tributos -eso sí, los nacionales, nada hablaron de los provinciales y las tasas municipales- y de relajar la legislación laboral. Los empresarios se quejan del impuesto provincial a los ingresos brutos, recuerdan que las importaciones no lo pagan, y ahora también arremeten contra sus competidores evasores en tiempos en que Milei elogia a los que incumplen con las obligaciones tributarias. Consideran que además habrá que convencer a algunos mandatarios peronistas para lograr reformas. Nadie aclara qué gastos públicos deberán compensar la baja impositiva: ¿educación, salud o seguridad, que suelen ser los principales ítems de los presupuestos provinciales?

Sólo con un peso más depreciado prevén afrontar la competencia de bienes y servicios del exterior ante un proceso de apertura económica que el secretario de Coordinación Productiva, Pablo Lavigne, prometió profundizar en un almuerzo cerrado que mantuvo este jueves con empresarios en Mar del Plata. De nada sirvió que sus interlocutores le expresaran su preocupación de tener que rivalizar con la importación en un contexto de volatilidad macroeconómica, con elevadas tasas de interés que hunden la actividad y rompen la cadena de pagos, y aumento de la informalidad de las pymes -supermercados chinos recuperan mercado frente a los grandes a base de precios rebajados sin impuestos- y del contrabando. La Aduana, que controla Santiago Caputo con funcionarios de dudosa reputación, se ha transformado en un colador en el que se redobla la obstinación de los inspectores por mejorar sus licuados ingresos, según relatan quienes frecuentan el negocio importador. Hasta ahí se extiende incluso la influencia de Scatturice.

“Con Milei aprendí que no soy tan liberal”, reconocía el dueño de una gran empresa y expositor del coloquio en la intimidad. “No creo en el liberalismo extremo sino en uno que regule y administre”, agrega quien valora, como sus colegas, el equilibrio fiscal y la baja de la inflación, aunque se espantó desde el intento de designación del juez Ariel Lijo en la Corte Suprema hasta el escándalo del diputado José Luis Espert. Desilusionados de la promesa anticasta de Milei.

“Vienen buenas noticias para vos”, le aclaró Lavigne a Martín Beraldi, presidente de Ternium Argentina, la fabricante de aceros planos para la construcción y la industria metalmecánica y automotriz del grupo Techint. Se refirió así al pacto que negocian con supuesto sigilo con el gobierno de Trump para eliminar los aranceles de EE.UU. a los minerales, el petróleo, el acero y el aluminio de la Argentina. A cambio, Washigton pide, como siempre, respeto a sus patentes. No se descarta un acuerdo como el que tiene con Brasil, en el que se protegió la propiedad intelectual de las multinacionales de semillas, pero no la de las farmacéuticas, de modo de resguardar el acceso a medicamentos genéricos.

El ministro de Salud, Mario Lugones, es uno de los defensores de los laboratorios nacionales, frente al afán liberalizador de su par de Desregulación, Federico Sturzenegger, otro orador del coloquio. Es el mismo Lugones que favoreció a las obras sociales y las prepagas pasando un pelotón de remedios de bajo receta a venta libre, sin cobertura del seguro médico.

En el mismo almuerzo expuso el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González. El funcionario reconoció que quisiera ir más rápido con sus múltiples planes reformistas, pero se enfrenta con el problema de que cuenta con un equipo técnico acotado y en parte heredado de la administración pública anterior, poco comprometido con el giro libertario. Las generadoras eléctricas reclaman la liberalización de precios mayoristas, las mineras presionan para acotar la ley de protección de glaciares y las petroleras quieren flexibilizar aún más a los empleados en Vaca Muerta para bajar costos. No bastó con los cambios del convenio colectivo de trabajo de los petroleros de Neuquén en el gobierno de Mauricio Macri.

No obstante, aquella modificación de convenios laborales es puesta como ejemplo por hombres y mujeres de negocios de otros sectores que se quejan de que se manejan con reglas fijadas en la década del 70, cuando el trabajo funcionaba distinto que después de décadas de cambios vertiginosos. En este coloquio citan otros casos. El reciente de la pesca y otro del final del gobierno de Alberto Fernández: entonces los camioneros de Hugo Moyano, ante el riesgo del avance del gremio de carga y descarga creado por Mercado Libre, acordaron con las empresas de logística -como Andreani, OCA o DHL- que los choferes puedan trabajar sábado, domingo y dos días más de la semana por el mismo sueldo que los que lo hacen de lunes a viernes.

Otra de las propuestas empresarias es bajar las contribuciones patronales a la jubilación y las obras sociales o prepagas, según a quien aporte el empleado. Se supone que la menor recaudación de la Seguridad Social se compensaría con el blanqueo de trabajadores y el menor gasto público que eso implicaría en términos de moratorias previsionales y atención de pacientes sin cobertura en hospitales públicos. Una opción sería que las firmas paguen las cargas sociales con créditos a favor del IVA que acumulen, de modo de incentivar la facturación en blanco.

También está la idea de crear un banco de horas. Por ejemplo, si una empresa no requiere que un día su personal trabaje puede compensar ese tiempo en ocho horas extra en otra jornada al mes siguiente.

Además, los empresarios ya protestan contra la reforma laboral incluida en la ley Bases porque, si bien eliminó las multas por trabajo no registrado, numerosos jueces fallaron desde entonces que los empleados sometidos a esas condiciones sin derechos tenían como contrapartida la posibilidad de pedir un resarcimiento por daños y perjuicios. Hecha la ley, hecho el resquicio legal para seguir protegiendo a los trabajadores en la informalidad.

Entre los empresarios del coloquio juran que no saben si estas iniciativas estarán incluidas en el proyecto de reforma laboral que prepara el secretario de Trabajo, Julio Cordero, otro asistente al evento. A su vez, Cordero les rogó a los ejecutivos y sindicalistas que integran el Consejo de Mayo que oculten el borrador de la ley. De todos modos, en la cita marplatense hasta los más fervientes promotores de ese proyecto admitían que sin el apoyo del peronismo, donde abreva el gremialismo, será difícil que se consolide a largo plazo una renovación de la ley de contratos de trabajo.

Hay expertos que sostienen que una flexibilización laboral en tiempos de crecimiento puede facilitar la contratación, pero en uno de crisis como el actual puede ayudar a los despidos. En lo que va del año las compañías han reaccionado a la nueva recesión -hay fábricas de alimentos que están operando al 30% de su capacidad- con ajustes de personal, pero más de uno de los ejecutivos de IDEA no descartan que se recrudezcan si el resultado electoral deriva en una mayor caída económica.

Una devaluación siempre trae aparejada una primera baja de la actividad y sólo después puede impulsar la recuperación de la producción de bienes y servicios, desde el campo, la industria, los hidrocarburos, el turismo o la informática, sobre la base de menores costos en dólares. Por eso, algunos dueños de empresas la esperan. En cambio, sus ejecutivos le temen porque una depreciación del peso a fin de año arruinaría el cierre de sus balances en moneda dura y pondría en riesgo el cobro de sus bonus anuales. Preocupaciones de los pasillos del Sheraton marplatense.

AR/MC

En la edición 2025 del coloquio del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) en Mar del Plata, los gobernadores de Córdoba, Martín Llaryora, y Chubut, Ignacio Torres, ambos de la tercera vía electoral que constituye Provincias Unidas, pronunciaron este jueves cuestionamientos al gobierno de Javier Milei, pero apoyaron las rebajas de impuestos y la flexibilización laboral que planea el Ejecutivo y reclama el establishment. Ambos coincidieron en que la Nación concentra recursos, incumple compromisos con las provincias y mantiene un esquema impositivo que sofoca la producción y el empleo.

Llaryora sostuvo que no ve “desde el Gobierno una actitud clara y honesta en el debate” y afirmó: “Están recaudando mucho más y lo único que nos está pasando es que no cumplen con las obligaciones”. El mandatario del peronismo cordobés advirtió que esta situación afecta directamente al interior: “Ustedes habrán visto también el abandono de los jubilados del interior, se complicaron las prestaciones de salud”. Para el gobernador, el Gobierno debe propiciar una “discusión tributaria franca, equitativa y federal”, con un marco común de políticas productivas y fiscales. “Tiene que haber un modelo de país y sobre ese marco hacer la reforma tributaria y laboral”, propuso, planteando que las pymes hoy enfrentan “juicios laborales que te haen bajar la persiana”. Y agregó: “Todas las reformas tienen que tener una mirada a favor de la inversión y de la producción. Si el modelo no genera empleo, inversión y trabajo, a la larga en los países democráticos se cae”.

Torres, del PRO no libertario, reclamó “sinceridad” y un verdadero federalismo cooperativo. “El Gobierno no hace ahorro fiscal. Es subejecución presupuestaria”, denunció al señalar que las provincias cargan “con la seguridad, la educación, la justicia ordinaria y las rutas nacionales”. A su juicio, “muchas veces desde lo que se dice a lo que se hace hay contradicciones profundas”. El gobernador de Chubut pidió “no caer en la falsa grieta de los estados subnacionales versus el Estado nacional” y planteó que la Nación debe comprender que “no hay forma en que un país crezca si no hay una mirada específica sectorial a nichos que tenemos que cuidar”. Cuestionó además que “el presidente de la Nación se siente con el de Estados Unidos (Donald Trump) y no ponga en la agenda” temas productivos críticos como “los problemas con los limones y el aluminio”, y resumió: “Se trata de defender lo nuestro más allá de cualquier salvataje económico o financiero”.

Tras las críticas, ambos mandatarios y los empresarios presentes coincidieron en que la Argentina necesita una reforma integral que restablezca las condiciones de crecimiento. El Coloquio giró así sobre un mismo eje: cómo aliviar la carga fiscal y modernizar las normas laborales sin perder sostenibilidad social. Eso sí, nadie blanqueó la palabra “flexibilización” al mencionar la ley del trabajo ni aclaró qué gastos públicos deberían podarse para compensar las rebajas de gravámenes.

Torres relató medidas impulsadas en su provincia para favorecer la inversión. “Decidimos eximir de impuesto al sello a la capitalización y a la constitución de empresas para que puedan capitalizarse”, explicó, y destacó que también se lanzó “un esquema de alivio fiscal para nichos estratégicos como el turismo”, que derivó en “tres hoteles cinco estrellas en Chubut”. En la cuenca petrolera, “bajamos las regalías para las áreas marginales” y acordaron con los gremios una reducción del 30% en costos operativos. Con ese respaldo, la provincia propuso a la Nación “bajar retenciones con el compromiso de que ese ahorro fiscal se vuelque íntegramente a inversión”. Torres reclamó: “Cuando Toto (Luis) Caputo (ministro de Economía) dice 'hagamos patria, bajemos impuestos', hagámoslo juntos, pero sinceremos la realidad”.

En materia de empleo y productividad, el gobernador chubutense fue contundente: “Una reforma laboral es necesaria. Si no, no tendríamos la mitad del empleo prácticamente no registrado”. Calificó de “locura” la presión fiscal argentina, “de las más altas de la región”, y pidió avanzar hacia la “revolución de la normalidad”. “El equilibrio fiscal no hay que discutirlo más”, enfatizó. “Eso no es una premisa libertaria. Es discutir que el inodoro tiene que estar en el baño”. Torres planteó que la discusión debe servir para dotar al país de “previsibilidad, seguridad jurídica” y un esquema de “reglas básicas que no cambien cada cuatro años”.

Llaryora, por su parte, profundizó sobre el impacto de la estructura tributaria en las economías locales. “Que cada uno cobre o perciba los recursos necesarios para sostener las funciones que cada sector está sosteniendo”, pidió, ejemplificando que Córdoba cuenta con “leyes de promoción industrial donde los ingresos brutos son cero para una industria que aparece en Córdoba”. Reclamó, sin embargo, “una actitud nacional más sensata y cooperativa”. Resumió su visión: “Nosotros los cordobeses, imaginate cómo no vamos a querer la reforma fiscal. Imaginate lo que sería Córdoba sin retenciones. Imaginate qué sería Córdoba con la plata que pagamos en impuesto al cheque”.

Claro que nada dijo el cordobés de bajar sus propios tributos provinciales, como ingresos brutos, del que tanto se quejan los empresarios. Ellos recuerdan que las importaciones no cargan con este gravamen. Llaryora cerró con un mensaje de moderación: “Necesitamos empezar a llevar gente con sensatez de gestión y que empiece a encaminar un rumbo. No esto de irse a los extremos. Nosotros no somos dogmáticos”.

Evasión y costo impositivo

Antes de las exposiciones de los mandatarios provinciales, empresarios abordaron el debate de la competitividad y el costo impositivo. Andrés Cavallari, CEO de Raízen Argentina, la empresa anglobrasileña que refina y comercializa los combustibles Shell, advirtió: “Cuando hablamos de impuestos distorsivos en la industria, más allá de los debates técnicos, estamos hablando de cuánto le cuesta la vida al argentino”. Recordó que “casi 44 o 45% del precio en surtidor corresponde a una suba de impuestos” y que entre los tributos nacionales, provinciales y municipales “los municipales son un caso paradigmático” por su crecimiento “descontrolado en cantidad y monto”. Ejemplificó con que “una refinería, una estación de servicio y un distrito pueden llegar a pagar hasta ocho causas diferentes”. Cavallari valoró que “el abordaje del Gobierno para revisar todo el sistema es positivo”, y ratificó la voluntad de las empresas de “colaborar para tener un sistema impositivo competitivo, eficiente y que ponga al consumidor en el centro de la discusión”.

Eso sí, ni él ni ningún otro ejecutivo de compañías explica qué gastos deberían cortar la Nación, las provincias y los municipios para compensar el recorte de la recaudación que ellos ansían. Claudio Rodríguez, director de IDEA y socio de la empresa de pinturas Sinteplast, ilustró la pérdida de competitividad argentina con datos comparativos: “Agarramos tres países iguales: Uruguay, Paraguay, Bolivia. La materia prima en todos los países es la misma, la mano de obra cuesta lo mismo. Cuando agregamos impuestos, cambia todo radicalmente”. “Terminamos pagando en Argentina 152, 132 en Uruguay, 123 en Bolivia y 116 en Paraguay”. El resultado es un sobrecosto del “32% más caro que en Paraguay, 24% más caro que en Bolivia y 16% más caro que en Uruguay”. Lo que no contó Rodríguez es que ni el Estado boliviano ni el paraguayo ofrecen servicios de salud y educación, por ejemplo, del nivel del argentino.

Eso sí, Rodríguez fue directo: “Si queremos fomentar los grandes productores de trabajo, tenemos un problema”. Y concluyó que la salida pasa por “bajar el gasto público” y “reducir la evasión”, porque “si no logramos bajar la evasión no podemos bajar la pobreza”. Pese a que Milei elogia a los evasores, a los empresarios de IDEA se los escuchó mucho en este coloquio quejarse de la competencia que no paga tributos.

Martín Ticinese, presidente de Cervecería y Maltería Quilmes, llevó el foco a la presión sobre las firmas formales: “Tenemos comerciantes con 28% de carga fiscal sobre el PBI, ocho puntos más que la región. Si sacamos la evasión, los que están en blanco pagan 45%”. Dijo que “la presión que está puesta en el sector formal es increíble” y que en un contexto de baja inflación “la falta de competitividad que nos genera tanto para el mercado interno como para exportar es ilimitada”. Para graficar el problema, ironizó: “He conseguido un producto con una diferencia de 30 puntos. ¿Quién no cambia de marca de auto por diez o doce puntos?

Nicolás Braun, gerente general de los supermercados La Anónima y director de IDEA, sintetizó que “Argentina hace 15 años que no genera empleo” y reclamó, con una metáfora de hombre de campo, “reformas estructurales, las cuales estamos esperando con ansias para sacarle las riendas del caballo y que realmente corra”. Para el empresario, la distorsión fiscal es parte central de ese estancamiento. “El Estado se toma el 50% de la cerveza que compra el consumidor”, dijo Braun y Ticinese agregó: “Esto es el dos por uno”.

“No se vio reflejado en una baja importante en impuestos –se refirió el supermercadista a la motosierra fiscal de Milei–. Entonces es momento de que el Estado de alguna forma se ponga los pantalones y avance con una mejor fiscalización”, agregó otra vez contra la evasión. Braun planteó que una mayor eficiencia impositiva permitiría “ampliar la base tributaria, lograr equilibrio fiscal y tributario basado en impuestos menos distorsivos, que lo paguemos entre todos”.

AR/MG

Los aportes registrados para las campañas políticas son sólo la punta del iceberg de su verdadero financiamento. El resto, la mayoría de la plata, llega por la vía informal, como demostró el caso del presunto narcotraficante Fred Machado al diputado libertario José Luis Espert o el próximo judicio a los empresarios de la causa cuadernos que supuestamente aportaban a funcionarios del kirchnerismo.

De los 50 mayores millonarios de la Argentina que figuran en el ranking de la revista Forbes, sólo la empresa de uno de ellos aparece en la lista de aportantes en la campaña 2025 que elabora la Cámara Nacional Electoral. Y eso que se sabe que los políticos siempre arrancan las campañas mangueándoles. Claro, suelen poner sin blanquearlo.

El único que figura es Aceitera General Deheza (AGD), de Roberto Urquía, empresario que fue senador peronista cordobés y que antes de las últimas elecciones presidenciales apoyó el plan económico que Carlos Melconian elaboró en la Fundación Mediterránea para ofrecer al gobierno de turno. Melconian se presentaba entonces como asesor de Patricia Bullrich, entonces del PRO. Ahora AGD puso $30 millones a La Libertad Avanza (LLA) porteña, que lleva como candidata a senadora a Bullrich. En julio pasado, consiguió que el Gobierno le extendiera por siete años más la concesión del ferrocarril de cargas Nuevo Central Argentino.

Claro que Marcos Galperin, dueño de Mercado Libre, promociona sin cansancio en la red social X todo mensaje que favorezca al gobierno de Javier Milei. Pero ni él ni otros multimillonarios aparecen contribuyendo con dinero registrado a la campaña de LLA ni de sus rivales, algunos de los cuales comparten con ellos visiones económicas, como los candidatos de Provincias Unidas, de los gobernadores de centro, o Potencia, del diputado Ricardo López Murphy.

AGD, dueña de las marcas de alimentos Mazola, Natura y Cada Día, figura 18° en un ranking de mayores aportantes que elaboró elDiarioAR a partir de los datos registrados en la Cámara Electoral. Puso $30 millones.

De las donaciones por lo bajo de la mesa no hay datos por ahora. Ya se descubrirán o no con el correr del tiempo. También hay que tener en cuenta que en la contabilidad oficial aparecen nombres que en realidad encubren a otros que sí ponen. Son prácticas habituales, como se descubrió con los indigentes que figuraban como grandes contribuyentes de la campaña del PRO bonaerense en las elecciones legislativas de 2017.

Hechas estas salvedades, a la cabeza de la clasificación 2025 aparece María Eugenia Pineda, directora de la oficina en Caucete, provincia de San Juan, de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Puso $246,8 millones a LLA sanjuanina. Se sabe que, al igual que en el kirchnerismo, los libertarios han usado la Anses y el Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI) para colocar punteros y recaudar de ellos fondos para la causa. Lo hicieron tanto los que responden a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, como los que lo hacen con el asesor presidencial Santiago Caputo. Incluso se enfrentaron entre sí en oficinas como las de Santiago del Estero, tierra natal del youtuber Daniel Parisini, alias Gordo Dan.

El segundo puesto es para Sandra Mayol, empresaria de la familia dueña de Lácteos Mayol, exintendenta de San Miguel del Monte, subsecretaria de Transporte Aéreo y Fluvial bonaerense y dirigente del Frente Renovador, de Massa. Ella aportó $187,3 millones al FR, integrante de Fuerza Patria. Así como LLA y el PRO tienen buena llegada al establishment, también el exministro de Economía cuenta con eso.

El podio se completa con Agropez, una pesquera del grupo patagónico Conarpesa, que pertenece al español nacionalizado argentino Fernando Álvarez Castellano. Aportó $137,5 millones a LLA. El cuarto lugar es para la sociedad bursátil GMC Valores, que preside José Ignacio Sáenz Valiente, conocido en la pandemia como “el señor de los barbijos” por un escandaloso contrato con el gobierno porteño y con vínculos actuales con figuras influyentes como la legisladora Pilar Ramírez, la mano derecha de Karina Milei, según contó la periodista Giselle Leclercq en el diario Perfil. Donó $130 millones a LLA en la capital, Córdoba, Corrientes, Formosa, San Juan, Santa Fe y Tucumán.

El quinto puesto está ocupado por una financiera que otorga créditos rápidos y sin papeles solo presentando el DNI y que pertenece a un exdirectivo bancario. Contribuyó con $116,5 millones a LLA. El sexto lugar es para Lucía González, directora del museo nacional Casa Natal de Sarmiento, en San Juan. Aportó $113,3 millones a LLA de su provincia.

La séptima posición para Juan Luis Villarreal, un profesional que presta servicios de contabilidad, auditoría y asesoría fiscal. Puso $60 millones para LLA en Misiones y Tucumán. El puesto ocho es compartido por varios que donaron $50 millones cada uno: Valeria Romagosa, abogada de la constructora Panedile, una de las mayores del país, que se presentó en la primera privatización de rutas del gobierno de Milei, la del Mercosur; Miguel Ángel Jeanmarie, presidente de otra firma del rubro, Semisa Infraestructura; y una tercera empresa de obras, Sermisur, que preside  Pablo Irigoyen Quiroga. Así se completa el top ten.

El ránking de los aportantes

El resto de los 100 principales aportantes son los siguientes, con los montos donados y la fuerza política a la que contribuyeron, entre los cuales aparecen empleados del Grupo Neuss, de la familia amiga de Santiago Caputo, y en el puesto 70° recién figura el primer contribuyente del mayor partido del país, el Justicialista (PJ), el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini:

El listado completo de los aportantes

L.A.U.D.A. Laboratorios Unidos de América, de Alejandro Gil y Carlos Ernesto, también directores de Laboratorios Bagó.

$40 millones

LLA Capital.

Inversora Medrano S.A.

$40 millones

LLA nacional y Mendoza.

Victoria Freire, legisladora porteña de Patria Grande, el partido de Juan Grabois, integrante del Frente de Todos. En esta fuerza, al igual que en las de izquierda, los legisladores suelen aportar parte de sus dietas.

$38,8 millones

Patria Grande, integrante de Fuerza Patria.

Guillermo Pacagnini, diputado bonaerense del Fente de Izquierda y los Trabajadores (FIT).

$34,2 millones

Movimiento Sociales de los Trabajadores (MST)-Nueva Izquierda, integrante del FIT.

Rosalía Guerrero

$33,8 millones

Partido Solidario, integrante de Fuerza Patria.

María Lucila Vera

$31,7 millones

Frente Renovador, de Fuerza Patria.

Magallanes Media SA

$30 millones

LLA Capital.

AGD

$30 millones

LLA bonaerense.

Vanina Biasi, exdiputada del FIT.

$29,7 millones

Partido Obrero (PO), integrante del FIT.

Gabriel Solano, diputado porteño del FIT.

$29,6 millones

PO-FIT.

Prof Fru Ar SA, aseguradora de la familia Pereyra, dueña del grupo de bingos Midas.

$29 millones

LLA.

Promofarma S.A.

$25,8 millones

LLA bonaerense.

Andrea D'Atri, diputada porteña del FIT.

$24,1 millones

Partido de los Trabajadores por el Socialismo (PTS), integrante del FIT.

SIS Servicios Integrales de Seguros

$24 millones

LLA.

Tanacorsa, empresa avícola.

$24 millones

LLA.

Christian Castillo, diputado del PTS.

$23,9 millones

PTS-FIT.

Invernea SA, empresa ganadera cuyos directores son Juan Alberto Pazo, jefe de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), y Martín Voss, hermano de Maximiliano Voss, director del Banco de Inversión y Comercio Interior (BICE).

$23 millones

LLA.

Guido Giana, el funcionario del PAMI que quedó en la mira por presuntos sobreprecios en la compra de lentes.

$22,1 millones

LLA.

Miguel Salerno

$22 millones

LLA nacional y Tucumán.

Francisco Pelegrini, socio de la financiera Pasogin.

$22 millones

Patria Grande, de Fuerza Patria, y LLA. Aunque suene extraño, es usual que empresarios apuesten a dos bandas.

VP Comunicación, otra firma de Pazo y Martín Voss.

$20 millones

LLA.

ELE ERRE S.A.

$20 millones

Unión Federal, la fuerza bonaerense que candidatea a diputado al intendente de Monte Grande, Fernando Gray, peronista disidente.

Direct Group, consultora de Daniel Román, fundador de Urbano Express, compañía de logística que ganó una polémica licitación del PAMI para distribuir pañales.

$20 millones

LLA Capital.

Frigorifico Rioplatense, de Martín Costantini, una empresa acusada de contaminación del río Reconquista.

$20 millones

LLA Capital.

Polo Industrial S.A., que preside Víctor Fera, dueño del mayorista Maxiconsumo.

$20 millones

Unión Federal.

Logico S.A., vinculada a Direct Group.

$20 millones

LLA Capital.

Víctor Fera, de Maxiconsumo.

$20 millones

Unión Federal.

Roberto Goldfarb, dueño de otro mayorista, Diarco.

$20 millones

Unión Federal.

Horacio Marín, presidente de YPF.

$20 millones

Partido Libertario, integrante de LLA.

Infa SA Ingeniería y Construcciones

$ 20 millones

Potencia, Capital.

Lucía Klug, diputada bonaerense de Fuerza Patria.

$16,9 millones

Patria Grande, de Fuerza Patria, a nivel nacional y bonaerense.

Franco Leonardis, analista contable del Grupo Neuss.

$16 millones

LLA Capital y Salta.

Tomás Napadensky, responsable de administración y finanzas del Grupo Neuss.

$16 millones

LLA Capital y Salta.

Agustín Bengolea

$16 millones

LLA Capital y Santiago del Estero.

Jorge Dragneff

$16 millones

LLA Capital y Salta.

RFT Research For Traders, la sociedad bursátil que dirige Darío Epstein, que asesoró a Milei en la campaña de 2023.

$15,6 millones

LLA Capital y Salta.

Tomás Etcheverry

$14,5 millones

LLA Capital y bonaerense.

Nicolas Del Caño, diputado del FIT.

$14 millones

PTS-FIT.

Bonmed, empresa de sanatorios, clínicas y centros asistenciales presidida por Iván Dardick. 

$14 millones

LLA Capital.

Marcelo Bettini

$14 millones

LLA Salta.

Mercedes Trimarchi, diputada porteña del FIT.

$13,5 millones

Izquierda Socialista-FIT.

Itai Hagman, diputado de Fuerza Patria.

$13,4 millones

Patria Grande, de Fuerza Patria.

Juan José López Murphy, hermano del diputado Ricardo López Murphy.

$13 millones

Potencia, Capital.

Vilma Ripoll, diputada del FIT.

$12,4 millones

MST-Nueva Izquierda, del FIT.

Omayra Rocha Aravena, diputada chubutense del FIT.

$12,1 millones

MST-FIT.

Wyler, empresa de logística.

$12 millones

LLA Capital.

Santiago Vasconcelos, diputado chubutense del FIT.

$12 millones

PO-FIT.

Compañía de Infraestructura y Construcción

$12 millones

LLA Capital.

Fernando Peverengo, director de Seguridad en Eventos Masivos de la provincia de Santa Fe.

$11,5 millones

Partido Demócrata Progresista (PDP), integrante de Provincias Unidas, Santa Fe.

Oscar Agost Carreño, diputado del PRO cordobés que no adhirió a LLA y se candidatea con lista propia.

$10,7 millones

PRO, Córdoba, separado de LLA.

Carso Emprende Hoy, expendedora de alimentos.

$10 millones

LLA Capital.

Sebastián Braun, empresario e integrante del consejo de asesores económicos de Milei.

$10 millones

LLA Mendoza.

Joaquín Acuña, presidente de Emova, la concesionaria del subte del grupo Roggio.

$10 millones

LLA Capital.

Alejandro Ohanessian, gerente general de la Compañía Argentina de Gases (Comargas)

$10 millones

Unión Federal.

Lautaro García

$10 millones

Partido Libertario, LLA, Córdoba.

Agustín Spaccesi, diputado cordobés de LLA, candidato a la Cámara de Diputados de la Nación, empresario.

$10 millones

Partido Libertario, LLA, Córdoba.

Fernando Majeras, CEO de Cabaña Don Theo.

$10 millones

Unión Federal.

MCM Mobile Content Management

$10 millones

LLA Capital.

Leonardo Nardini, de Malvinas Argentinas.

$10 millones

PJ.

Francisco Scomardaglia

$10 millones

LLA Capital.

Miguel Schmukler, abogado del Ministerio de Economía en la gestión de Luis Caputo.

$10 millones

LLA Capital.

Juan Ignacio Abuchdid, dueño del Grupo IEB (Invertir en Bolsa) y nuevo socio de la constructora Dycasa.

$10 millones

LLA Capital.

Maximiliano Wagner

$10 millones

Provincias Unidas, Santa Fe.

Marcelo Alonso

$10 millones

Unión Federal.

Julio González

$9 millones

LLA nacional.

Ulises Azar

$9 millones

LLA Tucumán.

Guillermo Alemán, concejal del FIT en Jujuy.

$8,9 millones

PTS-FIT.

Safiar, desarrolladora inmobiliaria de Neuquén.

$8,8 millones

La Neuquinidad, el frente que lidera el gobernador Rolando Figueroa.

Monica Schlottahuer, diputada del FIT.

$8,7 millones

Izquierda Socialista-FIT.

Juan Carlos Giordano, diputado del FIT.

$8,3 millones

Izquierda Socialista-FIT.

Catalina Ariganello, ejecutiva del banco BTG Pactual.

$8 millones

LLA bonaerense.

Gabriel Ferrari

$8 millones

LLA bonaerense y Mendoza.

Gustavo Salerno

$8 millones

LLA Salta.

Elva Uribe Roca, empresaria de servicios petroleros.

$8 millones

La Neuquinidad.

Luis Picat, diputado de LLA por Córdoba, productor rural.

$8 millones

LLA Córdoba.

Juan Cincotta SA, empresa de reparación de neumáticos.

$8 millones

Potencia, Capital.

Priscila Otton Araneda, concejal del FIT en Neuquén.

$7,6 millones

MST-Nueva Izquierda, en el FIT.

Alejandro Achari, dirigente del FIT en Neuquén.

$7,5 millones

MST-Nueva Izquierda, en el FIT.

Flexilog, compañía de logística de Droguería del Sud, de la familia Macchiavello.

$7,5 millones

LLA Jujuy y La Pampa.

Noemí Isasmendi, abogada y diputada jujeña electa por el Frente Justicialista de Jujuy.

$7,5 millones

Fuerza Patria, Jujuy.

Martín Gutierrez, interventor del Gobierno en obras sociales sindicales.

$7,5 millones

LLA Capital.

José Luis Sánchez Rivas

$7,5 millones

Partido Libertario, LLA, Chubut.

BW Group, desarrolladora inmobiliaria de Ariel Wasserman, primo del vicepresidente del Banco Nación, Darío Wasserman, esposo de Pilar Ramírez.

$7,5 millones

LLA Capital y Salta.

Oscar Tamis, diputado cordobés del PRO.

$7,2 millones

PRO, Cordóba, separado de LLA.

Natalia Zaracho, diputada de Patria Grande, Fuerza Patria.

$7 millones

Patria Grande, de Fuerza Patria, en Capital y a nivel nacional.

Mariano Pelayo, concejal del PRO en Tigre.

$7 millones

LLA nacional y Salta.

Pedro Reynal, empresario que figuró en los Panamá Papers.

$7 millones

LLA Capital.

Leandro Ostuni Rocca, escribano.

$7 millones

LLA nacional y Salta.

Yanina Dolabella, subgerenta general de Dienst Consulting Tecnología en Salud.

$7 millones

LLA Tucumán.

AR

Los martes cierra el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba). Sin embargo, este martes abrió, pero no para el público que disfruta de pinturas, esculturas, instalaciones o películas -ahora está proyectándose Historias extraordinarias, de Mariano Llinás-, sino para la segunda edición de RepensAR Summit, una cumbre de grandes empresarios para reflexionar sobre las inversiones a largo plazo en la Argentina. El problema es que la coyuntura siempre invade el debate en este país, y esta vez no fue la excepción.

Americas Capital, la empresa organizadora del evento que se dedica a inversiones inmobiliarias en la Argentina, EE UU, Reino Unido y Brasil, lo planificó para este 9 de septiembre sin prever que iba a transformarse en caja de resonancia de la dura derrota electoral bonaerense de Javier Milei, el mismo presidente que había ilusionado al establishment hasta el año pasado. En los debates públicos de RepensAR Summit se habló del futuro, no del domingo pasado ni de las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, pero en los pasillos no hubo forma de evitar el corrillo.

Arriba del escenario hablaron Luis Perez Companc (Molinos Río de la Plata), Miguel Gutiérrez (Rohatyn Group), Juan Gómez Minujin (JP Morgan), Santos Uribelarrea (MSU Group), Enrique Duhau (AE Duhau S.A), Javier Iguacel (Bentia Energy), Larisa Andreani (arteBA) y el ex puma Juan Martín Hernández sobre el potencial argentino en los ladrillos, el campo, la energía, las finanzas, el arte y el deporte. Pero por lo bajo se habló de la hecatombe electoral.

Milei no era la persona elegida por el grueso de los grandes empresarios para liderar la Argentina. Ellos preferían a alguien del PRO, en cuyo gobierno participaron varios, como Gutiérrez e Iguacel. Casi no tenían ni tienen diálogo con el economista ultraliberal y dogmático que ahora vive en la Quinta de Olivos. Lo veían loco, iracundo y sin equipo. Sin embargo, se sorprendieron de él gratamente al ver que, una vez llegado al poder, fue pragmático para abandonar su idea de dolarización y logró en 2024 un ajuste fiscal inédito que provocó un descenso de la inflación.

El problema, sin embargo, comenzó en la segunda mitad de ese mismo año, cuando el Banco Central dejó de acumular reservas y el peso comenzó a apreciarse. Por algo en 2025 las acciones argentinas empezaron a perder el valor que habían recuperado en 2024, tras seis años de malaria. Ahora, con el resultado electoral de este domingo, todo el panorama financiero empeoró aún más: el dólar saltó el lunes $1.425 y podría estar más arriba de no ser por las ventas de divisas del Tesoro, el estratosférico nivel de las tasas de interés y los encajes bancarios récord que las entidades deben prestar al Estado; el riesgo país subió este martes otro 23%, a 1.100 puntos básicos, lo que refleja dudas sobre la capacidad de pago de la deuda; y las acciones de los bancos argentinos en Wall Street suman un derrape este mes de entre el 23% y el 25% en los casos de Galicia, Macro, BBVA y Supervielle.

Al igual que el resto de la sociedad, los empresarios también se sorprendieron de la abultada victoria peronista sobre La Libertad Avanza (LLA). Como no quieren volver al pasado y tampoco intuyen la viabilidad de una tercera vía, apuestan resignados a apoyar al partido de Milei el 26 de octubre, pero reconocen que el presidente deberá emprender cambios políticos y económicos que dudosamente acometa.

Por un lado, creen que debería modificar su estilo confrontativo con los que podrían ser sus aliados, con los que lo fueron al inicio de su mandato para aprobar la ley Bases y el paquete fiscal, así como para evitar el rechazó a su primer mega decreto de necesidad y urgencia (DNU). Difícil que se lo haga. Pero los hombres de negocios consideran que es el primer paso para comenzar a cambiar el mal clima político y para que a partir de diciembre próximo se aprueben las reformas tributaria y laboral que ellos anhelan. Pretenten menos impuestos y más flexibilización laboral. Lo primero puede encontrar resistencia de los gobernadores del PRO, la UCR y el peronismo antikirchnerista, pues implicaría reducir la recaudación de Ingresos Brutos.

Los empresarios coinciden en que la Argentina necesita ambas reformas para crecer. Agregan que no basta con el orden macroeconómico y ponen como mal ejemplo de ello a Brasil. El socio mayor del Mercosur sí flexibilizó las normas laborales en el gobierno de Michel Temer, tras la destitución de Dilma Rousseff, pero mantiene uno de los niveles más altos de Latinoamérica, junto a la Argentina. Los hombres de negocios se quejan de esos gravámenes, pero también de la corrupción en Brasil.

Es entonces cuando reconocen que en el gobierno de Milei las presuntas coimas también abundan. Uno de los participantes de la cumbre en el Malba reconocía su desilusión con un nuevo elenco político que él esperaba que fuese distinto y que se evidenció adicto a los supuestos negociados en casi todas las áreas. “No todas”, aclara.

A todo eso se suma la falta de acumulación de reservas, necesarias para el pago de la deuda a partir de 2026. Para eso, necesariamente la Argentina debería devaluar el peso para alentar la exportación y desincentivar la importación de bienes y servicios. Una receta no deseada por Milei antes de los comicios, pues impactaría en la inflación, su promesa electoral chamuscada por el deterioro del salario y del empleo.

“No hay riesgo con la deuda ni con los bancos”, intentó tranquilizar un ejecutivo de finanzas. Buscaba despegar fantasmas de crisis de default o bancaria, dada la tensión a la que el equipo del ministro de Economía, Luis Caputo, somete a las entidades financieras para atajar el tipo de cambio.

Eso sí, el mismo empresario reconoció que si LLA no consigue el 30% o el 35% de los votos, entonces “game over”. ¿Acaso prevé que caiga Milei? Él no lo cree y aclara que su expresión “final de juego” se refiere a la esperanza de que haya reformas liberales en la Argentina.

Otro colega confiesa que prefiere ni imaginar un escenario así y espera con preocupación cómo transcurre el próximo mes y medio hasta las elecciones nacionales. De todos modos, rescata que pase lo que pase, gobierne quien gobierne, la Argentina seguirá siendo atractiva por sus recursos naturales: campo, minería y Vaca Muerta. El problema, según él, es que por ahora sólo invierten en agro e hidrocarburos los empresarios nacionales. Los extranjeros sólo vendrían en caso de que un día la Argentina gire en términos políticos, pero no económicos. Y cita como ejemplo a Perú... el mismo modelo del que habla Caputo. Estabilidad económica, pero sin progreso social.

El inicio de la jornada estuvo a cargo de Marko Papic, especialista en macroeconomia y geopolítica y miembro de BCA Research, que comentó que el mundo inversor espera que un cambio radical termine de suceder en la Argentina. Seguidamente, en el primer panel dedicado a inversiones inmobiliairias, Ramiro Juliá, CEO de Americas Capital y cofundador de RepensAr Summit. comentó sobre la situación global del sector: “Lo que diferencia la crisis actual de la de 2008, es que aquella fue una crisis en V corta: caída y recuperación rápida. Esta vez, estamos viviendo una crisis en L extendida, con un piso mucho más largo: y por eso es mucho más transformadora que la de 2008”.

El agro tuvo como exponente a Duhau, presidente de AE Duhau SA. “El agro sigue siendo un buen negocio en nuestro país. Pero no está exento de riesgos. Por lo que es clave la diversificación. Y mencionó que frente a la amenaza del clima, la clave es operar en diferentes regiones, y frente a la volatilidad de los precios, la estrategia es diversificar productos”, opinó Duhau.

Luego, llegó el turno de la energía. Uribelarrea, presidente y quinta generación de MSU, junto a Iguacel analizaron las oportunidades. “En el sector eléctrico, es clave que el Estado se corra y deje actuar a los privados”, opinó Uribelarrea. Iguacel mencionó “las enormes posibilidades que hoy se encuentran en el sector de oil & gas” y que destacó que “existe un consenso político y una política energética adecuada para que la senda de crecimiento continúe”.

Promediando la mañana, la conversación giró en torno a lo que ellos denominaron “digital wealth” (riqueza digital) y el rol de la inteligencia artificial en la administración financiera y la banca privada, con Francisco Sosa del Valle, CEO y fundador de Bunker Invest y también coorganizador del encuentro, junto a Alberto Echegaray, fundador de Newton Capital. En esa misma línea, conversaron Stephanie Cherrin, socio de J.P. Morgan Technology Ventures, y Nicolás Tognalli, gundador y socio directorde Cites VC, que ahondaron sobre inversiones de venture capital (capital de riesgo).

Otro de los puntos novedosos para la temática de las inversiones fue el panel dedicado al arte, donde Andreani, Gómez Minujin y el abogado Eduardo Mallea compartieron con el público aspectos novedosos de este sector de gran potencialidad inversora a nivel mundial. El toque distintivo estuvo a cargo de Hernández, que compartió su experiencia como jugador de la élite del rugby internacional y cómo la construcción de un equipo resiliente y con mentalidad ganadora contribuyó a solidificar la identidad argentina como un sello distintivo en el extranjero.

El último de los paneles, abordado desde la mirada de Luis Perez Companc y su hija Lucila, cristalizó la idea de un legado familiar como eje fundamental del patrimonio empresarial argentino. Para cerrar la cumbre tomó la palabra Gutiérrez: “Como sociedad, tenemos que aprender a que las reformas llevan tiempo y que todos los países tienen problemas. Pero es necesario también que los gobiernos miren el largo plazo y atiendan agendas clave como el acceso al capital, o la logística para que el potencial inversor se desarrolle más”. Justo el problema del financiamiento, agravado por la coyuntura, se comentó en los pasillos como otro factor que ahora inversiones incluso en sectores prósperos como Vaca Muerta.

AR

Hasta este miércoles la Cámara Argentina de Comercio (CAC) mandó mails vendiendo entradas de US$250 para asistir ayer jueves al evento anual en la Argentina del Council of the Americas, organización de empresas norteamericanas en el que suelen disertar el presidente y varios ministros del país anfitrión. En años anteriores no sucedía. Quizás porque no era tan habitual que los gobiernos kirchneristas hablaran tanto en jornadas del establishment y entonces el Council aparecía como una ocasión especial para escucharlos.

Con Javier Milei y sus ministros es distinto. Hablan en numerosos encuentros empresariales. También en los streamings en los que juegan de local. Los grandes empresarios ya conocen su pensamiento y en general están sorprendidamente satisfechos con el giro económico que tanto ansiaban. Sin embargo, muchos prefirieron faltar esta vez al Council. Y, de los que fueron, pocos acompañaron el discurso presidencial con aplausos efusivos como pasaba tal vez con Carlos Menem en los 90. Por supuesto que hay fanáticos como el presidente de la CAC, Mario Grinman, que planteó las próximas elecciones legislativas como un dilema entre “el bien y el mal”, o un Marcos Galperin, que no viene a estas citas y se reserva para el Foro Llao Llao cada abril en Bariloche y a puertas cerradas.

Pero parte del establishment está empezando a cansarse de un gobierno al que percibe errático y corrupto. El encuentro ocurrió un día después de que la hermana de Milei, Karina, la secretaria general de la Presidencia, y su asesor Eduardo Lule Menem -sobrino del expresidente- fueran denunciados ante la Justicia por el audio del despedido director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, en el que la acusa de recibir coimas de la poderosa droguería Suizo Americana, propiedad de Jonathan Kovalivker. No es la primera vez que la apodada El Jefe aparece mencionada en un caso de presunta corrupción. Aparece como armadora de la promoción de la criptomoneda $LIBRA y se la menciona como facilitadora de reuniones de empresarios con su hermano a cambio de supuestos aportes.

El nuevo caso “se comentó en los corrillos del Council, no es gratis para el Gobierno, no tengo pruebas, pero tampoco dudas”, deslizó una de las contadas caras conocidas que asistieron este jueves a la cita en el hotel Alvear. “No sorprende, por algo vino Milei y medio gabinete, pero no Karina”, analizó otro participante del encuentro. Un tercero que no pudo asistir admitía que, así como este gobierno enamora a muchos empresarios que está haciendo buenos negocios pese a que se preocupan por las altas tasas de interés, a la vez reconocen que desde la hermana del Presidente hasta segundas y terceras líneas piden dinero con la misma voracidad del menemismo o del kirchnerismo.

Eso sí, más de uno aclara que hay otros funcionarios como Pablo Lavigne, secretario de Coordinación Productiva, que contrastan con sus antecesores, en este caso Matías Tombolini, porque no piden nada a cambio de facilitar trámites. Aunque tampoco Lavigne ventiló auditorías sobre la gestión pasada, como hizo la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, para demonizar a los movimientos sociales. Quizás pesó el supuesto pacto entre bambalinas entre Milei y el jefe político de Tombolini, Sergio Massa. El tigrense ayudó al libertario a superar a Juntos por el Cambio con la falsa idea de que podría derrotarlo con más facilidad en un balotaje que a la desaparecida alianza de centroderecha. El Presidente fue agradecido y excluyó de la motosierra a muchos massistas que trabajan en el Estado.

Pero más allá de la corrupción, con la que los empresarios argentinos están acostumbrados a lidiar, irrumpe la novedad del cansancio con Milei. “Partes del discurso era más para los jóvenes libertarios que para el círculo rojo”, se quejó uno. “Discursos repetidos, exagerados, poco auténticos, frases repetidas, resultados que no llegan o que se les están escapando”, comentó un consultor.

Entre los industriales están los más críticos, en el menemismo y ahora, porque son víctimas de la importación, aunque también ellos se reconvierten en importadores y los que peor la pasan son sus empleados despedidos. “La gente se aburre del 'riesgo kuka, riesgo kuka'. Están hace casi dos años y hay un quilombo que están cerrando las empresas -más de 15.000, según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo-, hay desempleo, inflación en dólares, economías regionales hechas mierda. La gente está dándose cuenta de que el sacrificio no rinde. Cuando dicen que la economía sube como pedo de buzo y que el dólar bajará a $1.000, y no pasa, la gente se empieza a preguntar si Milei es tan sabio como se cree cuando cita a Hayek, Mises y Rothbard”, cita un industrial sobre los tres pensadores de la escuela de economía ultraliberal austríaca.

Entre el público del Council destacaron Eduardo Eurnekian y Alejandro Bulgheroni -con su esposa Bettina, nombrada por Karina Milei como embajadora de la marca país-, que crecen en los negocios minero y gasífero, respectivamente. El exempleador de Milei zafó de que la desregulación tocara sus aeropuertos. También estuvo Federico Braun (supermercados La Anónima y Grupo Financiero Galicia), Martín Rappallini (Unión Industrial Argentina) y Gustavo Weiss (Cámara de la Construcción), de sectores no tan venturosos en esta etapa.

En la cena de recaudación de campaña de la Fundación Faro, que dirige Agustín Laje, se congregaron hace dos semanas algún miembro de la familia Bulgheroni, Claudio Belocopitt (Swiss Medical), el agropecuario Enrique Duhau y el desarrollador inmobiliario Jorge O'Reilly. Los hermanos Juan y Patricio Neuss, amigos del asesor presidencial Santiago Caputo, organizan estos encuentros de la fundación en su Yacht Club Puerto Madero. Compiten con Galperin por liderar el club de fans del presidente.

Otro que no se queda atrás es Eduardo Elsztain, que también progresa en las actividades inmobiliaria y minera. Hace cuatro semanas publicó en su perfil de LinkedIn a propósito un reciente viaje a EE UU: “En Nueva York muchos me preguntaban por Argentina. No es la primera vez que me pasa, y creo que nos pasa a muchos que viajamos por trabajo. Es emocionante, cada vez que uno va a otro país, escuchar comentarios positivos y dar cuenta de las expectativas de los otros”.

Pero cada vez son más los que piensan como el sojero retirado Gustavo Grobocopatel, en una reciente entrevista con Martín Sivak en el diario español El País: “Ayudemos a Milei y luego que venga un presidente que nos guste más”. Son los que reconocen que el país se hundía en el final de la gestión de Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Massa, celebran que ahora están mejor con el libertario, pero preferirían otro en la Casa Rosada en 2027.

Claro que por ahora no hay alternativa a la dicotomía entre La Libertad Avanza y el peronismo. Por eso, en los comicios legislativos de dentro de dos semanas en la provincia de Buenos Aires apuestan por los primeros. “Esta elección es el último helicóptero que sale de Saigón. Si no, viene el Vietcong”, recurre a la metáfora un empresario que compara la batalla electoral con la guerra de Vietnam entre EE.UU. y el comunismo. Se resigna a apoyar a Milei y espera que venza. O al menos que no pierda por más de 5 puntos porcentuales. Lo mismo opina un banquero.

Si el gobernador Axel Kicillof consigue vencer por más de eso, creen que se pondría en jaque el método rústico del Presidente de frenar el dólar sacando de la plaza todo peso que circule y pateando las tasas bien arriba como si aún fuera el arquero de Chacarita. Se complicaría la doma del dólar. Esa rusticidad ideológica de Milei también se percibió en los bancos el mes pasado cuando quiso eliminar las Letras Fiscales de Liquidez (LEFI), herederas de la deuda del Banco Central, con la idea de sostener el rebote económico, pero acabó teniendo que recular elevando las tasas y frenando el flato de buzo.

No hay grandes empresarios que apuesten por Kicillof, denigrado por Grinman en su discurso de este jueves en el Council. Pero también hay una realidad estructural que empujaría el dólar hacia arriba: el tipo de cambio atrasado y las reservas bajas.

En el peronismo, a su vez, hay quienes sostiene que Massa sigue concitando apoyos del establishment, desde Francisco de Narváez hasta José Luis Manzano -pese a sus elogios públicos a Milei-, desde su socio Daniel Vila hasta el presidente de la Cámara de Comercio Argentino Israelí, Mario Montoto. En los entornos de los cuatro empresarios niegan cualquier respaldo en este proceso electoral con la misma firmeza con la que desmienten vínculos comerciales de Montoto con otro empresario de la tecnología de seguridad, el creciente contratista del Estado y dueño de FlyBondi, Leonardo Scatturice, consejero a su vez de Santiago Caputo.

Así y todo, Massa se las ha arreglado para arruinar el proyecto de una tercera vía apenas se formó. Su mano se nota detrás de la candidatura a diputada de Natalia de la Sota en Córdoba, que pone en riesgo una victoria allí de Juan Schiaretti y su alianza Provincias Unidas entre los gobernadores de su provincia, Santa Fe, Jujuy, Chubut y Santa Cruz.

Por eso, algunos empresarios predicen Milei gobernando ocho años. Y que sólo en el segundo gobierno lograría las inversiones a las que aspira. “No hay oposición capaz de armar y seducir algo serio como alternativa -comenta un consultor de compañías-. No llegan. Ahora bien, eso no quiere decir que LLA pueda imponer su agenda de reformas laboral, impositiva, jubilatoria, contra los sindicatos, a favor de la privatización. Mejora su situación en el Congreso para evitar leyes en contra y sostener vetos, no como ahora, pero no se sabe si le alcanzará para más”, plantea un consultor mientras un banquero también duda que Milei pueda cambiar y buscar consensos, sobre todo cuando los cambios tributarios perjudicarían a las provincias.

El consultor prosigue: “Hay cierto mar de fondo. Nadie lo dice pero por ahora (Luis) Caputo no hace nada para poner en condiciones de igualdad a las empresas con la competencia del exterior. Sufren el aumento fiscal de provincias y municipios. El empleo registrado, por el piso. Así es imposible solucionar el bache previsional. El capitalismo de amigos, como siempre -de los cuadernos de la construcción se pasó a los audios de las farmacéuticas- . Se agiganta la diferencia entre los pudientes y los que la pelean. Sociedad partida. El tipo de cambio y las reservas generan dudas. Hay un plan para llegar a las elecciones, pero no estrategia modelo país”.

Mandriles también hay en el mundo empresario.

AR/MC

El presidente Javier Milei criticó con dureza a la oposición que logró el rechazo al veto contra la Ley de Emergencia en Discapacidad en la Cámara de Diputados, y acusó al kirchnerismo de haber “secuestrado” el Congreso de la Nación, durante su exposición en el Council of the Americas, una organización de empresas norteamericanas que celebra cada año una jornada argentina en el Hotel Alvear. Todos sus familiares y amigos viven desde hace años del Estado, ya sea porque son empleados públicos o porque tienen negocios ilegítimos“, dijo Milei, al día siguiente de que estallara un nuevo escándalo de presuntas coimas de la droguería Suizo Argentina a su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia. No dijo nada al respecto de este caso que se suma al de Libra.

“Ayer asistimos a un espectáculo macabro en el Congreso de la Nación. Nos dejaron bien en claro, una vez más, que enfrente tenemos un Congreso secuestrado por el kirchnerismo, un Congreso que solo responde a sus propios intereses”, inició su discurso el mandatario ante un auditorio que costó llenar -hasta último momento se vendieron entradas y se llamó a los participantes para confirmar su asistencia- y que aplaudió con menos entusiasmo de lo previsto.

“Nos recordaron que ellos tienen una sola agenda legislativa: quebrar al Estado nacional. Es sorprendente escuchar de parte de estos honorables legisladores kirchneristas que su festival de gasto es para frenar la crueldad de este Gobierno”, dijo Milei, en un evento en el que también disertó medio gabinete. Volvió a hablar de “83 héroes” para referirse a los diputados que reafirmaron el veto contra el aumento jubilatorio.

El jefe de Estado planteó que en las elecciones legislativas bonaerenses del 7 de septiembre “la gente va a poder elegir las ideas de la libertad o las socialistas colectivistas”. Entre los empresarios había quienes comentaban por lo bajo que plantear un comicio como de vida o muerte tensaba demasiado el panorama económico.

“Hay mucha gente ilusionada a pesar del esfuerzo de estos años”, dijo Milei, aplaudido cuando lanzó que hay “6 millones de argentinos que hoy sí pueden comer”, aunque la comparación es contra el peor momento de su gobierno, el inicio, y no contra el final del anterior. “Es importante la elección del 7 de septiembre: el kirchnerismo va a intentar todo, el voto cadena, la urna embarazada”, se refirió a métodos de fraude.

“Pero en septiembre veremos el techo del kirchnerismo. Si la gente va a votar, la pelea se va a inclinar a favor nuestro”, esgrimió. “Si les ganamos septiembre, será el último clavo al cajón del populismo decadente que tanto nos agobia. Y en octubre vamos a ganar”, aludió a los comicios legislativos nacionales.

“El tipo de cambio flota”, repitió otra vez, pese a las intervenciones del Gobierno para frenar el dólar sobre la base de tasas de interés siderales y las subas de encajes bancarios. “¿A dónde quieren la tasa de interés cuando del otro lado tienen el riesgo kuka de los que quieren destruir el país? Les pido menos llanto por la volatitlidad de las tasas”, planteó el presidente mientras los empresarios que lo escuchaban se inquietaban por cómo refinanciar las deudas de corto plazo en este contexto.

“El déficit de cuenta corriente está explicado sobre todo por la importación de bienes de capital. Si el déficit es generado por inversión, no es un problema”, se refiriió a la parte de la balanza de pagos de divisas del país que atañe al comercio de bienes y servicios. “Superadas las elecciones, superado el riesgo kuka, vamos a tener más deficit pero generado por el sector privado y se resuelve en el mercado de cambios”, planteó Milei. ¿Acaso entonces prevé una devaluación del peso poselectoral?

“¿Tanto miedo le tienen al sistema de precios?”, se preguntó quien mantiene el cepo cambiario a las empresas e inteviene para controlar el valor del dólar. “Nos desendeudamos en US$50.000 millones”, planteó después, en otra afirmación que es cuestionada por economistas como Haroldo Montagú, de la consultora Vectorial. Este especialista advierte de que la deuda consolidada del Tesoro y del Banco Central subió de US$290.000 millones en diciembre de 2023 a 349.000 millones de dólares en mayo pasado.

Finalmente, los empresarios aplaudieron a Milei cuando concluyó su discurso con un “nunca más al kirchnerismo”.

AR/MC

A poco de asumir el mes pasado como presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini y el resto de la cúpula de la entidad visitaron al secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne, que les prometió que ya no habría más rebajas arancelarias para abrir la importación. Los empresarios desconfiaron porque ven que cada vez que sube algún precio y amenaza el plan electoral de desinflación, el gobierno libertario lo intenta solucionar metiendo competencia extranjera. Lavigne les insistió con que a partir de entonces se comenzaría a aplicar la nueva reglamentación de las medidas antidumping (contra las ventas por debajo del costo, que son catalogadas de desleales en el comercio internacional) y que lo que venga con valores inferiores a los vigentes en Brasil será rechazado.Otra vez los industriales dudaron, en medio de los crecientes costos en dólares que atrae aparejado un tipo de cambio quieto con un índice de precios al consumidor (IPC) que sube menos que antes, pero sube.

Lavigne les prometió que si La Libertad Avanza gana las elecciones legislativas de octubre próximo, podrá encarar reformas tributaria y laborales que abaraten los costos. Los ejecutivos manufactureros rezongan porque les abrieron la economía antes de que esos cambios ocurrieran y agregan por lo bajo que incluso si llegasen a concretarse de poco servirán si el peso se sigue sobrevaluando. Pero planchar el dólar, como planchar el empleo y el salario para contener la demanda, son las tres planchas que se agregan a las dos anclas fiscal y monetaria para cumplir el objetivo primordial que el presidente Javier Milei quiere alcanzar rápido y a como dé lugar: pulverizar la inflación para cumplir su principal promesa electoral y vencer otra vez en las urnas.

Si todo marcha de acuerdo a su plan, el nuevo Congreso votará las reformas, bajará por fin el riesgo país a un nivel adecuado para refinanciar los fuertes pagos de deuda de 2026, llegará por fin la inversión -que se recupera respecto del pozo de 2024, pero no alcanza ni siquiera el pobre nivel de 2023- y se reactivará en serio la economía -de momento rebota por tres sectores que generan poco trabajo: campo, energía y minería, mientras que el comercio y, sobre todo la industria y la construcción, que sí demandan más empleo, siguen deprimidos-. Incluso, la soja por la amenaza de la suba de retenciones el mes próximo, el litio y Vaca Muerta comparten el mismo problema de costos y en los primeros dos casos, el de los bajos precios internacionales. Zafa el petróleo por la guerra de Irán y Israel.

Pero hay quienes hacen negocios en la Argentina de Milei. Y no sólo los que apuestan a la bicicleta financiera de altas tasas de interés en pesos mientras el dólar se mantiene domado. Están los empresarios criollos que compraron compañías que vendieron inversores extranjeros, en una tendencia que continúa pese al giro libertario de la economía argentina. El Grupo Clarín, de los Noble Herrera y Héctor Magnetto, se adelantó a los Werthein, que tienen a su primo como canciller (Gerardo), para quedarse con la filial de la española Telefónica, aunque la Comisión de Defensa de la Competencia avanza para objetar la compra. El Grupo Financiero Galicia, de los Escasany, Braun y Ayerza, se quedó con la subsidiaria del banco británico HSBC. El grupo GST, de Pablo Peralta y Roberto Domínguez, compró la división local de Prudential; Newsan, de Rubén Cherñajovsky, se quedó con la de Procter & Gamble (P&G); el grupo Datco, de Horacio Martínez, con la de Xerox; Pluspetrol, de las familias Rey y Poli, con la de ExxonMobil. Todas estas que se fueron eran de EE UU. Vista, de Miguel Galuccio, se hizo con la filial de la malaya Petronas; y Open Cars, también de Peralta, compró la planta de la alemana Mercedes-Benz.

A la larga lista se sumó ahora Leonardo Scatturice, exespía de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) devenido empresario residente en Miami, consejero del asesor presidencial Santiago Caputo. Scatturice acaba de quedarse con Flybondi, que era del fondo norteamericano Cartesian. Lo hizo un mes después de una firma suya, Tactic, consiguiera un contrato de la SIDE por US$10.000 mensuales -una migaja para los grandes negocios- para que le asista “en el arreglo de reuniones entre oficiales de la Argentina y de los Estados Unidos para temas tales como el comercio y la inversión”, según el contrato registrado en el Departamento de Justicia estadounidense que publicó la periodista Florencia Donovan en el diario La Nación.

La SIDE está a cargo de un alfil de Caputo, Sergio Neiffert. El asesor presidencial también controla la Aduana a través José Andrés Velis, el organismo que debía revisar un avión lleno de valijas que mandó Scatturice en marzo de EE UU a la Argentina. Mientras, el diplomático Luis María Kreckler negocia desde hace meses que Donald Trump flexibilice sus aranceles contra la Argentina a cambio de 16 concesiones, incluida la apertura a la maquinaria usada importada y la persecución de las marcas falsificadas en mercados como La Salada. El contrabando, eso sí, está a la orden del día: llegan hasta cervezas sin control desde Brasil, con marcas como Skol, Corona o Heineken, a los almacenes porteños.

Caputo, integrante del autodenominado Triángulo de Hierro junto con Javier y Karina Milei, fue también quien dio la orden a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) de “vender todo”: son 1.200 inmuebles. Y así lo está haciendo para solaz de su tío, Luis Caputo, ministro de Economía en desesperada búsqueda de dólares para sostener el tipo de cambio bajo y al mismo tiempo incumplir de manera decorosa con la meta de acumulación de reservas que acordó con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La lista de propiedades en venta por la AABE está despertando mucho interés empresario. Incluye un futuro centro de esquí en Mendoza, terrenos en la costa de Mar del Plata y el lago Nahuel Huapi y otros inmuebles como el del hipermercado Jumbo en la avenida Bullrich en Palermo, otro vecino del Ministerio del Interior en la Libertador, la casa del escritor Lucio Mansilla, monumento histórico nacional, en Belgrano, la sede del Correo en Retiro o propiedades militares en diversas localidades.

Los que hacen negocios también son quienes cambian sus dólares a $1.180 para suscribir deuda en pesos, el bono llamado Bonte, con una tasa de interés del 28%, por encima del 20% previsto por consultoras, bancos y universidades relevadas por el Banco Central. Pensar que Milei había dicho que no iba a comprar dólares hasta que la cotización bajara a $1.000, pero eso no ocurrió y apurado por la meta con el FMI optó por, en lugar de adquirirlos en el mercado cambiario a los exportadores, con el consiguiente riesgo de una devaluación inflacionaria, tomarlos con más endeudamiento a la cotización actual. La pregunta es hasta cuándo el mercado financiero seguirá acercando dólares para financiar a un país que se los gasta en productos importados y viajes de hinchas de River y Boca al Mundial de Clubes. Se supone que hasta las elecciones de octubre, sí, ¿y después?

Pero a partir del 10 del mes próximo el Banco Central dejará de renovar las Letras Fiscales de Liquidez (LEFI) a la bola de Letras de Liquidez (Leliq) con el que la autoridad monetaria se había sobreendeudado en el gobierno anterior. Estos títulos serán canjeados por Letras Capitalizables (Lecap) del Ministerio de Economía, esa deuda creciente que en vez de pagar intereses los suma al capital. En los bancos prevén que la tasa de interés de las Lecap sea menor que la de las LEFI, en el intento del Gobierno de ir bajando las expectativas inflacionarias y recreando el crédito privado, y, por tanto, anticipan que parte de los pesos pueden irse a la demanda del dólar. A su vez, para entonces se habrá terminado la cosecha gruesa (la de soja y maíz), con lo que ingresarían menos dólares al país. A eso se suma que la advertencia de que el 1° de julio suben las retenciones está llevando a que el campo liquide ahora en junio.

“Este programa funciona si se le inyectan dólares”, comenta la economista Marina Dal Poggetto, que ganó el premio a la mejor pronosticadora de 2024 por la consultora FocusEconomics. “No importa si el gobierno de izquierda o de derecha, siempre saca conejos verdes de la galera en la previa a octubre en el año impar. Los de izquierda buscan dólares tratando de impulsar el consumo y la actividad por la vía fiscal y los de derecha, con el impulso del consumo y la actividad por la vía crediticia. Eso garantiza que hasta octubre van a llegar. Después, dependerá de qué pase con la demanda de dólares de los particulares frente a la búsqueda de cobertura frente a la expectativa de qué es lo que hace el Gobierno después de la elección. El mercado busca que al Gobierno le vaya bien la elección, para lo cual, el escenario macroeconómico de corto es importante. Quiere que acumulen las reservas, pero la pregunta es si consigue o no dólares financieros y con qué presión cambiaria llega a la elección. Si la economía se expande sin dólares, ¿cómo financia ese aumento en importaciones? Y hasta dónde se puede compensar con crédito la caída de ingresos. No acumular reservas para siempre no es válido. Hay que empezar a comprar dólares. El programa cierra si hay acceso a crédito y se puede empezar a refinanciar los vencimientos de la deuda”, advierte Dal Poggetto.

A corto plazo, el dólar barato estabiliza los precios de los productos, con insumos importados o dolarizados, como el petróleo o el trigo, abarata bienes de consumo durables, desde autos y motos hasta electrodomésticos, cuyos precios subieron 18% menos que el IPC en la era Milei, según la consultora Equilibra. Por ahora se financia con deuda. A mediano plazo, está en duda que el endeudamiento continúe y que con la exportación de energía y minería baste. Además, el tipo de cambio bajo, que en un primer momento es expansivo al permitir a la demanda a acceder a bienes más baratos, después es recesivo, al encarecer la oferta. De hecho, ya está pegando: en dos años creció 17% el número de desocupados, cayó 1,6% el de empleados y subió 6,6% el de cuentapropistas (léase, choferes de Uber, repartidores Rappi o vendedores en Mercado Libre), según Equilibra.

Después de las elecciones, o el Gobierno devalúa o inventa otra alquimia para mantener el peso sobrevaluado. Por ahora, la baja de la inflación y el atraso cambiario son la estrategia para vencer a los comicios a un peronismo unido en el apoyo a la condenada Cristina Fernández de Kirchner, pero dividido a la hora de definir candidaturas. En el establishment disfrutan con que la expresidenta ya no pueda volver a postularse a cargos públicos, pero temen las indescifrables consecuencias sociales de su arresto domiciliario. Por ejemplo, en las multinacionales automotrices, que se ilusionan con este modelo aperturista de Milei, que les está mejorando las ventas de unidades importadas y locales, esperan que la Argentina no dé marcha atrás, pero este miércoles se quedaron sin producir un turno porque el Sindicato de Mecánicos (Smata) se sumó a las multitudes que marcharon a apoyar a la líder de la oposición que obtura por ahora el surgimiento de alternativas. Todo dependerá del humor económico de la sociedad: en qué medida valora que los precios suban poco y cuándo empezará a quejarse por sus ingresos aumentan aún menos porque ni el salario y el empleo arrancan.

AR/DTC