Horacio Verbitsky renunciará el próximo 11 de febrero al Centro de Estudios y Sociales (CELS), organización que presidió entre 2000 y 2021, y en la que hoy se desempeña como vocal de la comisión directiva. El día previsto para su alejamiento coincide con su cumpleaños número 80 y los 23 años transcurridos desde que ingresó a la entidad. “Me parece suficiente”, reflexionó Verbitsky, consultado por este diario.

El alejamiento de Verbitsky marca un punto de inflexión para una organización de derechos humanos referente en América Latina. Por su significado, la partida del periodista adquiere para el CELS una dimensión similar al fin del ciclo que marcó la muerte de su cofundador e histórico presidente, Emilio Mignone.

La decisión, que se venía debatiendo hacía semanas, se da después de un año turbulento disparado por el anuncio realizado por el propio director de El Cohete a la Luna de que se había vacunado contra el coronavirus sin esperar el turno correspondiente. Desatada la crisis, el periodista debió pedir licencia como presidente de la entidad en febrero de 2021, para unos meses más tarde regresar como vocal en un cuerpo directivo de doce integrantes. Su presencia, no obstante, seguía siendo decisiva en las discusiones y el diseño de las políticas, fuera por acción u omisión, según varias fuentes consultadas.

Desde el desplazamiento de Verbitsky hacia una vocalía, la presidencia del CELS quedó a cargo de la antropóloga Sofía Tiscornia, exdirectora del área de Investigación y experito ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La socióloga y periodista Paula Abal Medina ocupa la vicepresidencia, y completan la comisión directiva el abogado Damián Loreti, el sociólogo Luis Fara, la socióloga feminista Dora Barrancos, el sacerdote Marcelo Ciaramella, la cofundadora de la ONG Laura Conte, la abogada de derechos humanos María José Guembe, su par y exsecretario de Seguridad Gustavo Palmieri, el sindicalista Victorio Paulón y la integrante de Memoria Activa Diana Wassner.

Desde el desplazamiento de Verbitsky hacia una vocalía, la presidencia del CELS quedó a cargo de la antropóloga Sofía Tiscornia, exdirectora del área de Investigación y experito ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Perfil alto

Verbitsky comenzó a pisar fuerte en el CELS poco después de la muerte de Mignone, el 21 de diciembre de 1998. En sus primeras dos décadas de vida, la organización fundada por los abogados católicos Mignone y Augusto Conte Mac Donell, y sus respectivas esposas, Chela y Laura, se había concentrado en la lucha contra la impunidad de los crímenes del terrorismo de Estado, del cual habían sido víctimas sus respectivos hijos, Mónica Mignone y Augusto María Conte. Si bien las familias fundadoras no eran precisamente de izquierda (Mignone era peronista y Conte, demócrata cristiano), la lucha por los derechos humanos congregó en los primeros años del CELS a abogados de víctimas de ese origen, como los trotskistas Luis Zamora y Marcelo Parrilli.

La lucha histórica de la ONG fue por Memoria, Verdad y Justicia contra las leyes de impunidad de Obediencia Debida y Punto Final, y los indultos, pero la relación de los fundadores con Carlos Menem tuvo sus idas y vueltas. Ello no impidió que la organización ampliara su agenda de reclamos y litigios relacionada a los asesinatos del soldado Omar Carrasco (1994) y del reportero gráfico José Luis Cabezas (1997), y contra la persecución del Gobierno del peronista neoliberal contra dirigentes sociales, sindicales y de desocupados.

En el período inmediato al arribo de Verbitsky, la dirección ejecutiva, a cargo de Martín Abregú, un hombre de confianza de Mignone y promovido por la Fundación Ford, transformó la agenda del CELS desde “la resistencia” a “la democracia”, en la interpretación de los periodistas Santiago O’Donnell y Mariano Melamed, autores de Derechos Humanos ®— La historia del CELS (Sudamericana, 2015). La ONG, en la mirada de Abregú, debía ampliar horizontes políticos y económicos.

El primer reemplazo de Mignone en la presidencia fue Laura Conte, pero el entonces columnista de Página 12 fue convocado para un lugar destacado en la comisión directiva. De inmediato, el CELS comenzó a conocer su carácter.

A esa altura, el perfil de Verbitsky no era una sorpresa para nadie. Llevaba más de diez años a cargo de la columna dominical del diario de izquierda, había escrito best sellers en editorial Planeta que hicieron blanco en el amplio nicho antimenemista como Robo para la Corona (1991) y Hacer la Corte (1993), y había publicado la primera y hasta ahora excepcional confesión del marino de guerra Adolfo Scilingo sobre el mecanismo de desaparición masiva de personas en El Vuelo (1995). Entre los ochenta y fines de los noventa, la figura del cronista y exmontonero había saltado desde el nicho de la izquierda, la militancia política y la intelectualidad a apariciones en almuerzos de Mirtha Legrand y a su papel como columnista en programas televisivos de Jorge Lanata. La ira expresada en su contra por el propio Carlos Menem aportó el plus necesario para que la fama de Verbitsky trascendiera fronteras.

El paso cobró forma en su participación en el sello Periodistas que funcionó a fines de los noventa y agrupó a cronistas famosos sin corte ideológico, desde Mariano Grondona a Santo Biasatti, desde Joaquín Morales Solá a Ernesto Tiffenberg, de Magdalena Ruiz Guiñazú a Fernán Saguier.

“Se consideró que había que pensar una figura que reemplazara a Emilio con un perfil igualmente alto”, explica una persona que pasó por el riñón del CELS sobre el motivo que llevó a Laura Conte y a Chela Sosa de Mignone a optar por el periodista como reemplazo del fallecido fundador.

El influyente

Nombrado presidente en 2000, y con la dirección ejecutiva del hoy procurador fiscal Víctor Abramovich, el periodista pasó a la acción. Por un lado, profundizó la agenda de amparos colectivos y defensas puntuales de líderes sociales y sindicales reprimidos por los gobiernos de Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde. En 2001, la entidad avanzó hacia la participación política y la protesta en las calles al integrar el Frente Nacional de Lucha Contra la Pobreza junto a organizaciones sociales y dirigentes de centroizquierda e izquierda.

Con Néstor Kirchner en la Casa Rosada, el CELS se transformó en un actor en la implementación de políticas. El vínculo táctico entre el entonces presidente y Verbitsky para construir una agenda de derechos humanos y legitimidad trazó un puente entre funcionarios y los objetivos de la organización. Las ideas de la ONG fueron decisivas para la derogación de las leyes de impunidad, el desmantelamiento de resabios de la dictadura en instituciones estatales, una ley migratoria garantista y la reforma de la Corte Suprema, según testigos de la época.

Ese esquema le valió a Verbitsky el cuestionamiento de que era en realidad un asesor presidencial que no se revelaba como tal en su tarea a cargo del CELS y columnista de Página 12. A lo largo del tiempo, el periodista rechazó esa acusación y refirió que se había creado un mito en torno a su figura como un monje negro con una influencia irreal. “Puede ser, pero él mismo se ocupó de explotar ese mito”, dijo la persona del CELS antes citada.

Como mínimo, lo cierto es que Verbitsky hacía un juego anfibio como oenegista y como periodista. Por ejemplo, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, su columna dominical podía transformarse en un veto de hecho a la designación de un funcionario, una alianza política o el ascenso de un militar, y para poner legajos sobre la mesa, solía utilizar el puntilloso archivo y trabajo de campo del CELS.

Incluso sus críticos dentro de la ONG sostienen que la adhesión política de Verbitsky al kirchnerismo y, en particular, a Cristina Fernández de Kirchner no quitó consistencia a la entidad, porque ésta no ahorró cuestionamientos a los vaivenes represivos de los gobiernos nacional y de la provincia de Buenos Aires, sobre todo bajo la jefatura de Daniel Scioli, ni en cuanto a la política carcelaria, ni sobre el hostigamiento a comunidades indígenas, ni sobre la presunta participación del jefe del Ejército César Milani en la desaparición del conscripto Alberto Ledo, cargo del que el militar fue absuelto.

En tiempos de los Kirchner, el CELS mantuvo demandas contra el Estado argentino ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la condena civil impuesta por tribunales locales a Jorge Fontevecchia y Héctor D’amico a raíz de una demanda iniciada por Carlos Menem. El dueño de Editorial Perfil estaba vetado por los Kirchner para contactos periodísticos y repartos de publicidad oficial, decisión que el propio Verbitsky y el CELS cuestionaron.

Las mayores críticas al cronista dentro del CELS radican en un supuesto manejo personalista y no excluyen un término que utilizan sus enemigos: “operador”. Así, los distanciamientos y enemistades variados de Verbitsky afectaron el campo de relaciones de la ONG, y ellas incluyeron nombres sensibles, como Estela Barnes de Carlotto y Hebe de Bonafini. Sin romper puentes, la relación entre el CELS y Abuelas y Madres de Plaza de Mayo encontró severos límites.

Internacionalización

Contra lo que podría suponerse, el excolumnista de Página 12 no objetó sino que potenció la búsqueda de fondos de la “cooperación internacional”, que incluyó a Open Society (de George Soros), la Fundación Ford y la National Endowment for Democracy (dependiente del Congreso de Estados Unidos y señalada como golpista en Bolivia y Venezuela), entre muchos órganos del Primer Mundo ávidos por repartir dólares.

Ello formó parte de una estrategia de expansión internacional que fomentaron Verbitsky y el director ejecutivo entre 2006 y 2020, Gastón Chillier, pese a la relación tirante mantenida entre ambos de comienzo a fin. Al histórico vínculo con Washington cimentado desde los tiempos de Mignone, se sumó el tejido de redes en Ginebra y Bruselas, donde funcionan el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la Comisión Europea, y la elite global de las ONG de derechos humanos. El presupuesto y la nómina de personal del CELS se multiplicaron varias veces a lo largo de lo que va del siglo. Si no lo hizo, Verbitsky lo autorizó.

El CELS y su presidente ocuparon espacios en medios internacionales en ocasión del cónclave papal de abril de 2005, tras la muerte de Juan Pablo II, y el de marzo de 2013, tras la renuncia de Benedicto XVI. La visión de los religiosos jesuitas Orlando Yorio y Franz Jalics de que su superior en la orden, Jorge Bergoglio, como mínimo, no había hecho nada para impedir sus secuestros durante la dictadura generó revuelo. Transformado Bergoglio en Francisco, Verbitsky retomó aquellas versiones basadas sobre testimonios y documentos, y ello mereció una reacción oficial del Vaticano, que denunció un ataque de la “izquierda anticlerical”.

El episodio Bergoglio fue problemático para el CELS. Mignone era un ferviente creyente cuya hija Mónica había desaparecido en mayo de 1976 junto a religiosas y jóvenes católicos que militaban en la villa del Bajo Flores. El propio fundador del CELS escribió sobre la profunda complicidad de la jerarquía eclesiástica con el terrorismo de Estado en el libro Iglesia y Dictadura (Colihue, 1986), pero la abogada Alicia de Oliveira, quien participó de los orígenes del CELS, era enemiga de Verbitsky y una firme defensora de Bergoglio. El giro de 180 grados que emprendió la presidencia de Cristina sobre la figura del Papa en cuestión de horas llevó a que De Oliveira formara parte de la comitiva oficial ante el Vaticano para el acto de asunción del Obispo de Roma. También en el expediente Bergoglio, Verbitsky quedó de un lado y el kirchnerismo, del otro.

Cumbres borrascosas

Los enemigos del periodista se acumularon a lo largo de décadas. Algunos de ellos retomaron una vieja acusación que había agitado el menemismo en su contra por su participación en Montoneros y el señalamiento de que había traicionado a sus compañeros al colaborar con la Fuerza Áerea. Con amplia difusión en los medios del Grupo Clarín, Perfil y La Nación, el periodista Gabriel Levinas publicó el libro Doble Agente (Sudamericana, 2015), en el que señaló que Verbitsky había escrito discursos del integrante de la Junta Militar brigadier Omar Graffigna, en 1979. Sin pruebas sólidas al respecto, la versión se desvaneció tras varias desmentidas, entre ellas las del propio Graffigna, quien se consideró en las antípodas de Verbitsky. Casi nadie en las organizaciones de derechos humanos dio cabida a la especie de Levinas y de la Secretaría de Inteligencia del Estado en la década menemista.

Con Mauricio Macri, el CELS y su presidente aceleraron las críticas y las batallas legales en la Argentina y el exterior. Ello incluyó la derogación relámpago de la ley de medios audiovisuales, el arresto de Milagro Sala, la doctrina de gatillo fácil Chocobar y la represión seguida de muerte de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, entre muchos otros temas. El peso del CELS en estrados internacionales y en la elite global de los derechos humanos fue una piedra en el zapato del Gobierno de Cambiemos, porque, en algún sentido, tenía intenciones de mostrarse liberal antes que conservador.

Adiós a la página

El 28 de agosto de 2017, el columnista publicó en Página 12 la nota “Gianfrancamente hablando”, en la que reveló que allegados a Macri como su hermano Gianfranco, su amigo íntimo Nicolás Caputo, el comprador de su empresa principal Marcelo Mindlin y muchos otros integrantes de la mesa chica habían participado del blanqueo de capitales por montos millonarios que el propio Gobierno de Cambiemos había orquestado.

Días después, el periodista Alejandro Fantino advirtió en el programa Animales Sueltos de la pantalla de América 2 que el Gobierno de Macri había tomado la “decisión política de ir contra las mafias sindicales”, y asoció ese objetivo directamente a la difusión del listado de los blanqueadores. Sus columnistas Mariel Fitz Patrick, Daniel Santoro y Gerardo Young puntualizaron que Víctor Santa María, titular del sindicato dueño de Página 12, era investigado por el fallecido juez Claudio Bonadio por supuesta evasión de impuestos y lavado de dinero sobre la base de “informes de inteligencia”. Fantino advirtió que el sindicalista iría preso.

En consecuencia, Verbitsky terminó su relación de tres décadas con Página 12 y fundó El Cohete a la Luna, en cuyo primer número amplió la lista de blanqueadores, como los empresarios Alfredo Coto, Javier Madanes Quintanilla (Aluar), Marcela Rocca y Daniel Novegil (Techint), y María Bulgheroni (Bridas).

La presunción de que la ofensiva judicial de Macri y Comodoro Py estaba montada sobre la base de extorsiones y compra de voluntades quedó expuesta en una nota publicada en febrero de 2019 titulada “Extorsión”, que reveló las supuestas operaciones del falso abogado Marcelo D’Alessio, habitué del programa de Fantino y las columnas de Clarín, y el fiscal federal Carlos Stornelli. Una vez más, una columna dominical de Verbitsky en su sitio informativo, que sus enemigos desdeñaban como un blog, arrastraba la agenda periodística durante meses.

Vacunados

Rumbo a los ochenta, el periodista que cinco décadas atrás había trabajado en Confirmado y La Opinión cometió una falla ética que generó decepción y perplejidad en quienes lo respetan, y solazó a sus enemigos. En comunicación con el programa en el que era columnista en radio El Destape, Verbitsky contó entre risas que se había vacunado contra el coronavirus, por una gentileza de su “viejo amigo” Ginés González García, entonces ministro de Salud.

Era 19 de febrero de 2021. Hasta entonces, la vacunación contra el virus, de la que había dosis muy limitadas, era para mayores de ochenta y pacientes con comorbilidades. Faltaban días o semanas para que el grupo etario de Verbitsky recibiera la inmunización.

Cayó un vendaval. El dueño de El Destape, Roberto Navarro, lo despidió esa misma tarde y lo acusó de haber perpetrado “una operación”, a la vez que Alberto Fernández echó a González García. En suma, una veintena de vacunados se había saltado la cola por vínculos con la cúpula del Ministerio de Salud. Entre ellos, el procurador del Tesoro Carlos Zannini y su esposa, la familia Duhalde, la familia Aldrey Iglesias (dueña de negocios en Mar del Plata) y el periodista Gabriel Michi.

La discusión en el CELS conmovió los zooms, whatsapps y las paredes de Piedras 547, en San Telmo. En el desenlace que determinó la licencia de Verbitsky cobró peso el reclamo de trabajadores e integrantes de la organización. La dirección ejecutiva, que había asumido Paula Litvachky en reemplazo de Chillier en febrero de 2020, emitió un comunicado en el que expresó que “nada de lo ocurrido representa el trabajo y el pensamiento de quienes integramos y hacemos a la organización en su día a día”. Con otros decibeles, integrantes y trabajadores del CELS utilizaron sus cuentas personales para expresar “vergüenza”.

Verbitsky admitió “el grave error” en una nota en El Cohete publicada dos días más tarde, titulada “Vacunados”. “Asumo sin excusas la parte que me toca y acepto todas las críticas recibidas, así como agradezco las tan numerosas comunicaciones de solidaridad y afecto”, escribió. En público, estas últimas no fueron tantas como otras veces. Una de las muestras de respaldo llegó de buena parte de los periodistas y colaboradores del portal, y otros referentes, pese a que el periodista “debería haber entendido que era un privilegio y que eso, por sí solo, estaba mal”. “Queremos sostener las convicciones que nos trajeron hasta acá, como el compromiso colectivo con la verdad y la información veraz. En ese contexto, no se nos escapa que la mayoría de los ataques esconden intenciones que exceden la persona de Horacio. Aquellos y aquellas que tripulamos El Cohete no queremos ser funcionales al objetivo de colaborar con la destrucción de un periodista”.

“No nos engañemos: Verbitsky no es reemplazable. No hay nadie en el periodismo argentino en condiciones de ocupar su lugar ni de desempeñar su tarea — ni de lejos”, abundaron.

Firmaron Alejandra Dandán, Ricardo Aronskind, Catalina D’Elía, Carlos Ulanovsky, Julia Strada, Pablo Méndez Shiff, Graciana Peñafort, Eduardo de la Serna, Sebastián Premici, Julián Axat, Marcelo Figueras, Adrián Paenza, Jorge Elbaum y otras treinta personas. Entre ellas, tres integrantes de la comisión directiva del CELS: el artífice de la frustrada ley de Servicios Audiovisuales Damián Loreti, el sacerdote de Quilmes Oeste Marcelo Ciaramella y el sindicalista metalúrgico Victorio Paulón.

El paso al costado de la presidencia ayudó a calmar las aguas del CELS, pero las discusiones sobre las decisiones y el perfil político que “obligan a mantener los canales de discusión abiertos” —como dice otra persona del organismo— no cesaron. Hay voces dentro de la entidad que muestran ansiedad por el fin del ciclo Verbitsky y no bajan los decibeles de su ira.

Al menos desde diciembre, la discusión sobre la renuncia del periodista recorre los cuerpos directivos del CELS.

“Hola Sebastián. Sí, decidí dejar el sitio el 11 de febrero, cuando cumplo 80 años de edad y 23 en la comisión directiva. Me parece suficiente”, escribió Verbitsky horas atrás. 

SL

La asunción de Mauricio Macri en la presidencia significó un cimbronazo para el mundo de las organizaciones no gubernamentales (ONG). Directivos, técnicos, políticos en stand-by e interesados en la administración pública sin adhesión partidaria formal que ocupaban sillas en la “sociedad civil” se vieron tentados por habitar un despacho en una OG (organizaciones gubernamentales). En diciembre de 2015, parte de las ONG debieron reordenar sus organigramas y los auditores del tercer sector pasaron a ser auditados. Pasados dos años del fin de esa experiencia, que todavía resuena, el Centro para la Implementación de Políticas Públicas para el Crecimiento y la Equidad (CIPPEC), Poder Ciudadano, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) maniobran entre las incógnitas políticas del momento y repiensan estrategias de recaudación de fondos.

Si existe un establishment oenegístico medido por presupuesto, estructura e influencia, al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) le toca ser la oveja negra en ese club. En las antípodas del mundo Macri, vive su propio período de renovación y cambio. En estos días, la comisión directiva debate el alejamiento definitivo del directorio de Horacio Verbitsky. Tras dos décadas en la presidencia, el fundador de El Cohete a la Luna debió pedir licencia en febrero de 2021 por haberse vacunado contra el coronavirus sin esperar el turno correspondiente. El episodio detonó una crisis en la organización de derechos humanos y resignificó disidencias latentes por el posicionamiento político de Verbitsky. Meses después, el periodista fue repuesto en la comisión directiva con el cargo de vocal, pero diversas fuentes prevén que su relación con el CELS está llegando a su fin en cuestión de días o semanas. “Lo estamos discutiendo”, dijo a elDiarioAR una persona al tanto de los debates.

Nada fue un error

El pase de figuras de la sociedad civil hacia la gestión presidencial de Cambiemos no fue casual. En el comienzo de siglo, cuando el entonces presidente de Boca se metió de lleno en la actividad política, las ONG fueron un pilar de su armado partidario. Junto a Francisco de Narváez, Macri organizó la Fundación Creer y Crecer. A mediados de 2002, apenas un año más tarde de la creación del think tank, con el colapso de la convertibilidad consumado, ambos empresarios habían dividido sus caminos.

El hoy dueño de Walmart procuraba mantener el perfil de una fundación que proveyera cuadros y políticas para entornar —pero no reemplazar— a dirigentes con recorrido partidario, mientras que el socio de Socma entendió que su proyecto debía basarse sobre rostros y formas nuevos, y para ello, un think tank era una buena plataforma, como describió Gabriel Vommaro en La larga marcha de Cambiemos (Siglo XXI, 2017). Macri leyó con acierto que el neoliberalismo cincelado por Carlos Menem a su imagen y semejanza, montado sobre el ideario predemocrático de la Ucedé, no era el más apto para el ciclo surgido con el grito “que se vayan todos”.

En simultáneo, el incipiente político abrió las puertas al Grupo Sophia, creado en la década de 1990, cercano a Domingo Cavallo y con nombres no tan “apolíticos”, como el de Horacio Rodríguez Larreta. La impronta de los think tanks acompañó a Macri en su primera cita electoral por la Jefatura de Gobierno porteño, en 2003. Durante sus experiencias en Ciudad y Nación, lo acompañarían nombres presentes en la fusión de Creer y Crecer y Sophia, como María Eugenia Vidal, Germán Garavano, Eugenio Burzaco, Daniel Chain, Mariano Narodowsky, Gustavo Ferrari y Néstor Grindetti.

Con un primer escalón consolidado y embarcado en un proyecto presidencial, Macri y su amigo Mauricio Devoto apostaron por otro sello, Compromiso para el Cambio, en 2007. Había que alambrar el campo. Se sumaron figuras de otra densidad, abogados de estudios de la city y amigos de Macri de larga data, con una mirada sui generis sobre el manejo de la Justicia: Fabián Rodríguez Simón, Pablo Clusellas y Pablo Torello.  

Nuevas vertientes

Con una década de 1990 difícil para el partido centenario entre la salida precipitada de Raúl Alfonsín y el Pacto de Olivos, exfuncionarios, politólogos y abogados con sintonía UCR habían abrevado en organizaciones como Poder Ciudadano (fundada en 1989) y la Asociación por los Derechos Civiles (1995).

La divisoria de aguas en tiempos de Néstor y Cristina Kirchner y la consecuente cercanía del PRO con la UCR terminó de vincular al macrismo con un sector de las ONG menos dado hacia un empresario de las características del entonces jefe de Gobierno. El operador radical Daniel Angelici coronó uno de los pases más sonoros desde la “sociedad civil” apartidaria al PRO. Laura Alonso dejó la dirección ejecutiva de Poder Ciudadano para ocupar un lugar en la lista de candidatos a diputados del macrismo en 2009. En esos tiempos, la abogada cordobesa Delia Ferreira Rubio, asesora de legisadores de la UCR en los noventa, estaba a cargo de la presidencia de la organización. La pretensión de imparcialidad, un valor por entonces en el tercer sector, resultó mancillada con el pase de Alonso, pero el canal quedó abierto.

María Eugenia Vidal, Germán Garavano, Eugenio Burzaco, Daniel Chain, Mariano Narodowsky, Gustavo Ferrari y Néstor Grindetti, algunos de los nombres que acompañaron a Mauricio Macri y pasaron por Creer y Crecer.

En paralelo, ADC, inspirada en 1995 por el abogado Alejandro Carrió, con un perfil algo más independiente que Poder Ciudadano, no quedó exenta de la deriva de la época. La disputa entre el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y el Grupo Clarín alcanzaba su mayor voltaje y Carrió actuó como abogado de los hermanos Felipe y Marcela Noble Herrera en el litigio por la dilucidación de su identidad como probables hijos de desaparecidos. El caso ocupó la agenda pública durante meses, lo que llevó a Carrió a elevar su perfil. Años después, no bien asumió Macri en la Casa Rosada, otro de los artífices de la organización, Carlos Rosenkrantz, lograría ser designado juez de la Corte Suprema por decreto.

Tras la reelección de Cristina Fernández con 54% de los votos, en 2011, Macri se metió en la carrera presidencial sin más dilaciones. El vehículo volvió a ser una ONG perfeccionada, la Fundación Pensar, usina que combinó figuras con origen oenegístico y empresarial, políticos de la derecha clásica e investigadores académicos con primacía de las universidades de San Andrés y Di Tella.

La afinidad con el macrismo o la aversión al kirchnerismo de Clarín y La Nación marcó el camino para ingreso de una vertiente oenegística-periodística. En diciembre de 2015, parte del entramado de conducción de los medios públicos fue trazado en consulta de Jorge Sigal, secretario del área, con el Foro de Periodismo Argentino. El presidente de esa entidad entonces, Néstor Sclauzero, asumió la dirección periodística de Canal 7 y con él llegaron otros representantes del Fopea a la emisora pública.

Versiones sobre la pluralidad

En la “sociedad civil”, la voz predominante entiende que las identidades partidarias de creadores, financiadores y directivos no determinan necesariamente la orientación de las ONG, y que las trayectorias en las conducciones no son monolíticas. En efecto, incluso en las organizaciones más allegadas a los partidos de Juntos por el Cambio trabajan analistas y responsables que no adhieren en absoluto a ese signo. Quien busque, encontrará críticas a los gobiernos de Macri y Horacio Rodríguez Larreta por parte de Poder Ciudadano, ADC y Fopea. Sus distanciamientos, aunque hayan sido a cuentagotas y con tono ciudado, les merecieron la etiqueta de Corea del Centro disparada por los halcones.

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), creada en 2002 por los abogados Ezequiel Nino (hijo de Carlos), Gustavo Maurino y Martín Sigal, está orientada a los derechos sociales y económicos. No sólo mantiene una agenda pública de tensión con ejecutivos de Juntos por el Cambio sino que ha litigado contra ellos.

El cofundador Maurino dejó la dirección en 2013. Dos años después, fue designado a cargo de Acceso a la Justicia en el Ministerio de Justicia durante la administración Macri. “Es un error hablar de tal cosa como ‘el mundo de las ONG’. Las organizaciones de la sociedad civil somos muchas y diversas”, advierte Sebastián Pilo, director de la entidad que fomenta la democracia participativa. El dirigente concede que el macrismo se nutrió más que el kirchnerismo de la “sociedad civil” para formar sus equipos, “pero otra cosa es el vínculo con los Gobiernos y cuánto afecta la independencia. En nuestro caso, en nada”.

Por caso, ACIJ se encuentra con que el ejecutivo de Rodríguez Larreta suele incumplir sentencias en litigios ganados por la organización, lo que agrega fricción. En una causa en la que se ordenó subsanar el riesgo de electrificación que provocó muertes en la villa 21-24 de Barracas, ACIJ pidió una multa personal contra Larreta, que fue concedida y apelada por el gobernante ante el Tribunal Superior de Justicia. Si ese cuerpo dominado por el macrismo falla a favor de ACIJ, Larreta deberá pagar $ 1,9 millones.

Capítulo CIPPEC

El caso CIPPEC merece un capítulo aparte. Fundada en 2000, produce informes de alto nivel técnico en un amplio rango de áreas. En varias de ellas, como educación, sus abordajes se ubicaron en veredas distantes de las políticas sostenidas por los gobiernos del PRO, Cambiemos y Juntos por el Cambio. Sin embargo, ninguna otra ONG se desprendió de tantos directivos y cuadros técnicos que partieron rumbo al macrismo.

Los tres últimos directores ejecutivos que precedieron a la actual, Gala Díaz Langou, saltaron de la sede de la organización ubicada en Congreso a despachos oficiales bajo el signo del PRO. Nicolás Ducoté dejó CIPPEC en 2010 para pelear por la intendencia de Pilar, objetivo que logró en 2015. Lo sucedió Fernando Straface, hoy secretario general del Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, jefe de campaña de María Eugenia Vidal y blanco de las críticas de Patricia Bullrich, Elisa Carrió y Mauricio Macri. Cuando se fue, Straface pasó la posta en CIPPEC a Julia Pomares, quien es desde hace siete meses jefa de asesores del alcalde porteño y candidato presidencial.

No sólo ello. CIPPEC fue uno de los artífices del sello Argentina Debate que organizó la discusión de candidatos presidenciales de 2015. El último de ellos, entre Mauricio Macri y Daniel Scioli, fue en noviembre. En diciembre, José Octavio Bordón, presidente del Comité Estratégico de Argentina Debate, se mudó a la embajada argentina en Santiago de Chile, y Hernán Charosky, coordinador, comenzó a trabajar en el Gobierno de la Ciudad, donde hoy encabeza el Equipo de Diálogo y Políticas Públicas. La lista no acaba. Miguel Braun, cofundador de la organización, se había integrado al PRO y la Fundación Pensar años antes, y fue asignado a la Secretaría de Comercio. Martín Bohmer, docente en universidades nacionales y extranjeras, fundador del área Justica en CIPPEC y ex vicepresidente de ADC, se hizo cargo de la Dirección Nacional de Relaciones con la Comunidad Académica y la Sociedad Civil bajo la órbita de Garavano, hoy asesor legal de Macri.

¿Hace ruido que analistas, expertos y directivos de la ONG más prestigiosa y con mayor presupuesto, que aboga por políticas sustentables y se presenta apartidaria, hayan optado por integrarse a las estructuras gubernamentales de Macri y Rodríguez Larreta?

Responde Díaz Langou: “Si CIPPEC fuese una organización partidaria, no podríamos cumplir nuestra misión. Es una organización independiente apartidaria, condición imprescindible para propiciar políticas públicas en la Argentina”. La responsable de la organización enumera que, desde la fundación, pasaron 900 personas por Callao 25, “muchas fueron y otras venían de la gestión pública; entre ellas, unas treinta que hoy están en el Gobierno nacional”.

La directora ejecutiva afirma que la diversidad del consejo de administración y los jefes de área de CIPPEC no tiene correlato con la adhesión partidaria que terminaron eligiendo Ducoté, Straface y Pomares. “Las recomendaciones de CIPPEC están basadas en evidencias que siguen protocolos internos y el trabajo de una gama muy amplia de diferentes actores. Tenemos comités de ética y de calidad muy estrictos, y eso se complementa con una enorme variedad de fuentes de financiamiento para un presupuesto de US$ 3 millones anuales. Son 235 fuentes distintas, e incluyen cooperación internacional, individuos y gobiernos con equilibrio partidario y geográfico”, indica Díaz Langou.

Dilemas del CELS

En la misma casona donde funciona Poder Ciudadano, en San Telmo, se asienta el CELS. Como un matrimonio que cohabita el mismo espacio porque deshacerlo sería muy complicado, la que muchos consideran la organización de derechos humanos más influyente de América Latina y la marca fundacional de la “sociedad civil” en Argentina —hoy con fuerte impronta del Grupo Clarín— se ven la cara todos los días desde que la Fundación Ford compró una sede en común en Piedras 547, a fines de la década de 1990.

La entidad que preside la antropóloga Sofía Tiscornia y presidía Verbitsky presentó batalla contra el Gobierno de Cambiemos en Argentina y ante estrados internacionales, fuera por Milagro Sala, la ley de medios, Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, los desmanes de la mesa judicial y los endémicos abusos policiales y carcelarios. Antes de Macri, el establishment de la “sociedad civil” apuntó contra el CELS por su cercanía con el primer kirchnerismo, señalamiento que es rechazado en la oficina que da al frente de la casa de San Telmo, con el argumento de que la ONG alternó elogios y críticas cuando hizo falta. En 2015, la consumación de la seducción de Macri al tercer sector le sirvió al CELS el plato frío de la venganza.

“El tema es la honestidad de asumir la historia de cada uno y de consistencia en la acción. Es legítimo tener posicionamientos; lo que está mal es la pretensión de imparcialidad”, dice la fuente del CELS citada más arriba.

De la organización fundada por Emilio Mignone surgieron funcionarios de los gobiernos de los Kirchner y de Fernández, aunque predominaron las terceras y cuartas líneas. Entre los de mayor rango, con importante recorrido profesional y académica, se encuentran Gustavo Palmieri, exsecretario de Seguridad en la gestión de Nilda Garré, y Andrea Pochak, actual subsecretaria de Enlace Internacional de Derechos Humanos. El exdirector ejecutivo e histórico de la ONG Víctor Abramovich accedió como procurador fiscal ante la Corte Suprema mediante concurso público y antes había sido miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humamos. Todos ellos cuentan con un antecedente de peso, el propio Mignone, representante del Ministerio de Educación ante la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria designado en 1998, durante el Gobierno de Carlos Menem.

La adhesión de Verbitsky y otros referentes del CELS al cristinismo es explícita, mientras que la mayor parte de los estamentos directivos y analíticos “coincidieron con la agenda de Memoria, Verdad y Justicia, libertad de expresión, reforma de la Corte Suprema y migraciones de la gestión de Néstor Kirchner”, evalúa Gastón Chillier, exdirector ejecutivo. Ello no impidió —indica el abogado— que el CELS denunciara y litigara en casos de violaciones a los derechos humanos en las cárceles, la mano dura, derechos de poblaciones indígenas y las acusaciones contra el exjefe del Ejército César Milani, de las que fue absuelto.

En coincidencia con la asunción de Alberto Fernández en la Casa Rosada, Chillier dejó la dirección ejecutiva y asumió Paula Litvachky, antes encargada del área de Justicia y Seguridad. “El CELS decidió realizar una rotación en el equipo de gestión”, comunicó la organización en febrero de 2020. La relación de Verbitsky con Chillier estaba desgastada.

Desde el momento en que fue nombrado presidente, en 2000, cuando gobernaba Fernando de la Rúa, estaba claro que las posiciones políticas y las vinculaciones personales de un periodista de la trayectoria e influencia de Verbitsky iban a jugar un papel inocultable, con lo bueno y lo malo que implicara. Los debates al respecto en el seno de la organización fueron permanentes, y no cesan. “Digamos que nos obliga a mantener los canales de discusión muy abiertos”, concede la persona citada.

La vacunación del histórico columnista de Página 12 marcó un problema de otra naturaleza y disparó críticas más severas dentro de la estructura del CELS. El tiempo parece no haber sanado heridas. Una de las versiones indica que el alejamiento de Verbitsky sería comunicado bajo la forma de una jubilación, y que el anuncio sería en febrero.

Virtud y resquemor

“El paso de la sociedad civil a la función pública debería ser mirado como virtuoso antes que un defecto. No todas las ONG son iguales, pero algunas elaboran trabajos de calidad que le aportan el Estado, y sus analistas tienen una vocación por lo público que hay que valorar. Hay un evidente antiintelectualismo en algunos sectores”, dijo una persona con experiencia en una entidad importante de la “sociedad civil” que hoy ocupa un cargo alto en un gobierno. La coincidencia con el eje central de ese argumento es prácticamente unánime entre las ONG.

El resquemor entre los militantes clásicos y el oenegismo tiene razones de ser. El camino de la asesoría mal rentada en un Concejo Deliberante del Gran Buenos Aires hasta un puesto ejecutivo con despacho propio, sueldo digno y presupuesto a cargo puede durar décadas. En el medio, el militante tiene que soportar al arribista de la tele al que le agarra el berretín de la política, al “hijo de” y al vicario del aportante de campaña, más los bandazos tácticos e impúdicos de las cúpulas. De buenas a primeras, cuando llega la hora del cargo, un oenegista asoma por la puerta con pergaminos de estudioso y prestigio social. Y como los ciclos políticos a veces son efímeros, cuando el cargo se esfuma, el oenegista vuelve a la sociedad civil, la consultoría o parte como scholar a una universidad extranjera. Es injusto.

La otra campana también suena. La carrera en las ONG no es un lecho de rosas. Supone años de empleo precario y zozobra por conseguir fondos. Si la entidad es bien llevada, implica una especialización que, como señala la voz anfibia que hoy ocupa un puesto en un gobierno, no debería ser desdeñable. El saber y la buena praxis de un oenegista ejemplar choca con las trapisondas de la política tradicional y el insano concepto que confunde lealtad partidaria con complicidad. Así, el oenegista con maestría y PhD, cansado de verla pasar, se anima a dar el paso, pero corre el riesgo de la frustración ante la máquina de impedir de la politiquería. Es injusto.

Quién paga

Díaz Langou, de CIPPEC, apuntó a un tema crucial: el financiamiento. Casi todas las ONG mencionadas golpean puertas similares. A saber: Open Society, de George Soros; National Endowment for Democracy (NED), creada en tiempos de Ronald Reagan bajo la órbita del Capitolio, a la que muchos atribuyen vínculos originales con la CIA; la Fundación Ford; USAID; Fundación Avina, de un empresario suizo; las embajadas de Estados Unidos, Canadá, Suiza, paises escandinavos, Países Bajos, Reino Unido, Alemania y la Unión Europea, y las fundaciones partidarias alemanas Konrad Adenauer (demócrata cristiana, centroderecha), Friedrich Naumann (liberal, centroderecha) y Friedrich Ebert (socialdemócrata).

Desde la década de 1990 y por muchos años, cuando se desarrolló el tercer sector con el perfil que conocemos bajo la proclama de perfeccionar la democracia, la “cooperación internacional” de las victoriosas potencias occidentales fue el eje del financiamiento. El modelo sigue vigente, pero en los últimos años, la competencia por los recursos se hizo mayor. Al fin y al cabo, la Argentina tendrá sus problemas pero no es ni tan subdesarrollado, ni tan conflictivo para la agenda de Washington y Bruselas, ni su democracia está tan en peligro, ni es tan dócil como para atraer la bondadosa magnanimidad de Soros, Ford, la embajada de Noruega, la USAID y otros por el estilo.

Históricamente, las empresas que operan en la Argentina no han sido muy propensas a financiar proyectos que no controlan por entero y que no reditúan ganancias en lo inmediato. No obstante, en los últimos años, los fondos privados crecieron de la mano de del Grupo Clarín-Telecom, Telefónica, Pan American Energy, IRSA, YPF, La Nación, universidades, Google, Facebook, Techint, Insud, Aluar, Arcor, Farmacity, Naturgy y Quilmes, entre muchos otros.  

Junto a la denominada “cooperación internacional” y el mundo de los privados, la tercera pata de la financiación son los gobiernos municipales, provinciales y nacional.

El peso de cada fuente de fondeo varía según la ONG. CIPPEC, entre las más activas a la hora de transparentar sus cuentas, obtuvo en 2020 el 42% de sus fondos de la cooperación internacional, el 11% de gobiernos, y el 47% de empresas e individuos, informa en su página web. En 2021, los números (todavía no cerrados) fueron similares.

En los presupuestos de CIPPEC y Poder Ciudadano, el pago de los gobiernos se da en retribución por sus aportes en el diseño de políticas y auditorías. Para Fopea, los fondos de Clarín, Google y Facebook son decisivos, y también recibe apoyo del Gobierno de la Ciudad. Chequeado, el sitio de corroboración de información que actúa en cierta manera como una ONG, financia una parte significativa de su presupuesto vía empresas privadas que donan en su evento anual, mientras que la cooperación internacional representa 95% de los fondos de ACIJ.

En cuanto al CELS, años atrás atinó a reducir su dependencia de la “cooperación internacional”. Cuando se retiró su financiador histórico, la Fundación Ford, la ONG de derechos humanos instrumentó un sistema de aportes individuales que llegaron a representar más de 40% del presupuesto, marca Chillier. La experiencia resultó ambigua, porque en la Argentina no está tan acendrada la propensión a la membresía individual y las sucesivas devaluaciones hicieron que los dólares de la cooperación extranjera volvieron a ganar terreno. En agosto de 2021, la fundación de George Soros comenzó a financiar un proyecto hasta 2025 por un monto de US$ 2.060.500, con lo que se transformó en uno de los principales aportantes.

Bisagra

Voces del tercer sector coinciden en expresar frustración por la experiencia vivida con Macri. Se pudo hacer poco y nada, y los malos resultados económicos dominaron la agenda. De los caballitos de batalla, se registraron avances en el acceso a la información pública, en cuya agencia de implementación desembarcó de lleno la “sociedad civil”. El combo de Gestapo, Falso Abogado D'Alessio, prisiones preventivas abusivas y visitas a Olivos de los jueces no terminó siendo muy edificante para quienes postulan el mantra de “una mejor democracia”, salvo para los oenegistas que se metieron en el barro de la política y comenzaron a arrojarlo a la cara de los adversarios, como Alonso. Otros apuestan a volver mejores, como los exdirectores de CIPPEC que integran la mesa chica de Rodríguez Larreta.

Aunque las voces de esa entidad suenan convencidas en cuanto a que su independencia no se vio afectada, la mudanza de tantas y tan relevantes figuras al Gobierno de Macri y ahora al larretismo causó innegable impacto en las oficinas ubicadas a metros del Palacio Legislativo. En cierto sentido, el impasse forzado por la pandemia no fue del todo negativo para mitigar la visibilidad de la cena anual de CIPPEC.

En cuanto a ACIJ, la impronta urbana de su agenda, con foco en villas y derechos sociales, deriva en choques frecuentes con el Gobierno de Rodríguez Larreta. Aunque el alcalde cuida al máximo el vínculo con la sociedad civil, la relación con ACIJ es, por momentos, tensa.

Poder Ciudadano aparenta ser la organización que tiene más resuelta la cuestión de su imagen pública. Wortman Jofre, su presidente, es un notorio abogado de Clarín, incluidas las causas menos decorosas. La tesorería de la ONG está a cargo del gerente de Relaciones Institucionales y Comunicaciones del Grupo Clarín y presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la empresarial ADEPA, Martín Etchevers. La clasificación de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, de la cual la entidad es filial argentina, se mantiene como su instancia de mayor visibilidad anual. Pablo Secchi, director ejecutivo de la organización, no pudo responder la consulta de elDiarioAR.

En línea similar, Fopea tampoco parece inhibida a la hora de exponer su rostro tradicional. La ONG que agrupa a unos trescientos periodistas acaba de protagonizar sus primeras elecciones internas por la conducción. Participaron dos listas sin mayores diferencias de fondo. El peso de Clarín y La Nación, y la sintonía con ADEPA siguen delimitando el camino.

Más allá de las disputas internas, en el CELS prevalece la coincidencia entre sus referentes actuales y pasados que las acciones públicas en torno a la agenda de derechos humanos fue mantenida a salvo de la cercanía con el kirchnerismo y, ahora, el Frente de Todos. La verba de Sergio Berni, la omnipresente brutalidad policial y carcelaria y la distancia del dicho al hecho que signa al gobierno de los Fernández le dan la oportunidad de seguir marcando distancia.

De la generación fundadora de 1979, conformada por abogados y familiares de desaparecidos, quedan pocos en actividad. Integran el directorio del CELS, además de Tiscornia, la histórica Laura Conte, Verbitsky y referentes de áreas que van del derecho al feminismo, de la academia al sindicalismo, como Damián Loreti, Paula Abal Medina, Dora Barrancos, Diana Wassner, Gustavo Palmieri, María José Guembe, Marcelo Ciaramella, Luis Fara y Victorio Paulón.

¿El alejamiento de Verbitsky será inmediato? “No confirmo ni desmiento”, responde la persona al tanto de las discusiones de estos días. Tampoco confirmó ni desmintió Verbitsky, porque no contestó el mensaje de elDiarioAR.

SL

El ex ministro de Salud Ginés González García reconoció hoy que “fue una equivocación” el hecho de haber montado un vacunatorio en la sede de la cartera sanitaria, aunque subrayó que “ninguno fue vacunado por amigo”.

Tras varios meses de silencio luego del escándalo del denominado vacunatorio VIP, que le costó el puesto, el ex funcionario nacional contó que el periodista Horacio Verbitsky lo llamó para pedirle ser inmunizado contra el coronavirus: “Me dijo `se ha muerto un pariente mío, estoy muy asustado´”.

En ese sentido, indicó cómo se tomó la decisión de montar un centro de vacunación en la sede del Ministerio de Salud y afirmó que la idea surgió del director del Hospital Posadas, Alberto Maceira. “Fue un accidente. Yo estaba en Entre Ríos. El director del Posadas me dijo que la gente no quería que Verbitsky fuera al Hospital, que está muy politizado y sus trabajadores han tenido duras consecuencias cuando fue la dictadura. Entonces pidió que no lo llevaran ahí y dijo que él iba a cualquier lado, incluso al Ministerio; yo dije que sí y listo”, relató.

Y manifestó: “Quizás me equivoqué y no debería haberlo aceptado. Cuando te hacen preguntas de ese tipo, 50 preguntas, estás en otro lado, con mil problemas... Fue una equivocación mía”.

De todos modos, González García negó tener un vínculo afectivo con el periodista y ex presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

“Yo no soy amigo de Verbitsky. Ninguno fue vacunado por amigo. No vacuné a nadie por afecto”, señaló en declaraciones radiales.

Al referirse a la causa judicial que tiene en su contra y que está en manos de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, el ex embajador argentino en Chile indicó: “Creo haber fundamentado bien, con todos los instrumentos y los marcos que tenía. No hubo ningún delito en lo que hice”.

De todos modos, evitó profundizar en el tema: “Dije que no iba a hablar de esto porque está en la Justicia”.

La denuncia de Bullrich

González García la calificó como “absurda e insólita” a la denuncia de Patricia Bullrich y dijo que ya inició “acciones penales y civiles”. “Este asunto me sorprendió tanto que me obligó a salir a hablar y decir lo que sé y lo que soy y la locura que es acusarme de esa manera”, declaró esta mañana González García en Radio con Vos.

Agregó que “para colmo (Patricia Bullrich) hizo otra declaración ratificando lo que había dicho” y afirmó: “Obviamente, decidí iniciar acciones penales y civiles”.

El domingo por la noche Patricia Bullrich había afirmado, en diálogo con el canal de TV del diario La Nación, que Ginés González García había pedido “sobornos” al laboratorio Pfizer y negociaba con “un intermediario, que es el mismo de AstraZeneca, Hugo Sigman”, situación que el propio laboratorio desmintió.

“Tengo muchos años de funcionario público y jamás me rozó una sospecha”, continuó el exministro e insistió en que ya había “explicado y enviado notas” sobre lo sucedido en las negociaciones con Pfizer.

DA

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) informó este miércoles que el periodista Horacio Verbitsky, quien presidía la institución hasta la semana pasada, “presentó un pedido formal de disculpas y de licencia que fue aceptado por la Comisión Directiva” del organismo, luego de que admitiera haber sido vacunado contra el coronavirus en el Ministerio de Salud, un hecho que derivó luego en la renuncia de Ginés González García.

“Ante los hechos de público conocimiento, Horacio Verbitsky presentó un pedido formal de disculpas y de licencia que fue aceptado por la Comisión Directiva. Sofía Tiscornia, en su condición de vicepresidenta, se encuentra a cargo de la presidencia del CELS”, informó la ONG por medio de su cuenta en la red social Twitter.

Asimismo, el CELS consideró, a través de Twitter, que “la crisis generada por la pandemia debe responderse con solidaridad y políticas igualitarias”. Y destacó que, “durante dos décadas, Horacio, comprometido con el movimiento de derechos humanos, hizo aportes importantes a la vida política del país y a la historia de nuestra organización que, desde 1979, es parte de las luchas por una sociedad justa”

Finalmente, el CELS anunció que su “Comisión Directiva decidió que en las próximas semanas se dé inicio a una transición en las formas de gobierno de la organización”.

El viernes pasado, en su habitual columna en el programa Habrá Consecuencias, de El Destape Radio, Verbitsky reveló que había accedido a la vacuna Sputnik V tras una gestión ante el entonces ministro Ginés González García.

“Decidí vacunarme. Me puse a averiguar dónde hacerlo, llamé a mi viejo amigo Ginés González García, a quien conozco de mucho antes que fuera ministro, y me dijo que tenía que ir al Hospital Posadas”, había contado. De inmediato, fue despedido por Roberto Navarro, director de la emisora.

Pero no todas son malas noticias para Verbitsky. Este martes, Radio del Plata anunció que el ahora extitular del CELS llevará “El Cohete a la Luna”, portal web de análisis que dirige, ahora tendrá formato radial en AM 1030, los domingos a la mañana, desde marzo.

Con información de agencias.

IG

El fiscal federal Eduardo Taiano imputó al exministro de salud Ginés González García y a su exjefe de gabinete, Lisandro Emilio Bonelli, por el caso del vacunatorio VIP en la sede de la cartera de Salud. Taiano también solicitó a la jueza María Eugenia Capuchetti que allane las sedes del ministerio y del Hospital Nacional Posadas, según el dictamen al que accedió elDiarioAR.

Taiano pidió a la magistrada que obtenga el libro de personas que ingresaron al ministerio de Salud y las imágenes captadas por las cámaras de filmación entre los días 1° y 19 de febrero; además de las constancias de los viajes efectuados por los vehículos oficiales desde y hacia el Posadas, el hospital donde recibieron la Sputnik V varios de la lista difundida este lunes por el Gobierno. El fiscal también requirió que se obtenga la nómina de personas que recibieron la vacuna y verificar durante el allanamiento a Salud la existencia del lugar utilizado para la vacunación de privilegio, que funcionaba en el segundo piso del edificio de Moreno y 9 de Julio, según reveló Clarín. 

En cuanto al Hospital Posadas, el fiscal también solicitó obtener las imágenes captadas por las cámaras de filmación de esas mismas fechas; el registro de las partidas de vacunas Sputnik V recibidas por la institución y la nómina de personas inoculadas, además del listado del personal de la institución asignado al plan de vacunación contra el virus Covid-19. Según la lista difundida este lunes por el Ministerio de Salud, algunas de las personas que recibieron la dosis de privilegio lo hicieron en el Posadas. 

Taiano no descartó que la investigación se amplíe a más personas, además del exministro y Bonelli, mano derecha de González García y uno de los beneficiarios de la lista de vacunados VIP. La causa, que quedó formalmente abierta, apunta a la supuesta orden de González García para que “personal del Posadas concurriese a la sede del Ministerio de Salud de la Nación para inmunizar a diversas personas que no cumplían con los criterios de prioridad epidemiológicos y/o el esquema de etapas establecidos” por las autoridades sanitarias en el “Plan estratégico para la vacunación contra la Covid-19”, dictado el 29 de diciembre último. El periodista Horacio Verbitsky es uno de los beneficiados, según reveló en una entrevista a Radio El Destape el viernes último, que provocó la renuncia del saliente ministro.

La fiscalía concentra unas seis denuncias presentadas en los últimos tres días por el caso del vacunatorio VIP del ministerio. Los diversos denunciantes sostuvieron que las dosis suministradas de forma irregular integrarían “un lote de vacunas Sputnik V que habría sido apartado del circuito oficial de distribución y, por lo tanto, no repartido conforme al plan  delineado por el Gobierno Nacional”, destaca el dictamen del fiscal. 

Una de las primeras denuncias fue presentada por el fiscal federal Guillermo Marijuan. “Esta situación fue una clara manipulación por parte de los funcionarios responsables de la aplicación de la vacuna, quienes contrariando los alcances de las disposiciones dictadas por el Poder Ejecutivo, aplicaron las mismas sobre personas que no se encontraban en la lista de prioritarios, sin ningún tipo de justificación”, dice la denuncia de Marijuan.   

En un escrito que envió a la Cámara vía correo electrónico, el fiscal se centró en el caso de Verbitsky pero sostuvo: “Requiero que la presente denuncia no se limite a los casos en particular que se denuncian, sino que oportunamente se amplíe a todos aquellos casos que se compruebe que no han cumplido con el orden establecido en el Plan Estratégico y de conformidad con lo que se estableciera en cada jurisdicción”, según el texto al que accedió este medio.

ED

El Ministerio de Salud difundió este lunes la lista completa de personas que recibieron dosis de la vacuna Sputnik V a requerimiento de la cartera sanitaria. De la nómina de 70 inmunizados, algunos de ellos forman parte de la denominada “burbuja presidencial” y otros son funcionarios de Cancillería y los ministerios de Economía y Salud. También hay allegados al exministro de Salud, Ginés González García, como la familia de Eduardo Duhalde. Es decir, la lista combina privilegiados, nombres en una zona intermedia y funcionarios abocados a áreas estratégicas.

“Por pedido expreso de la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, se requirió al Hospital Posadas y a las áreas involucradas de la cartera sanitaria nacional, el listado de personas vacunadas a requerimiento del Ministerio de Salud. Asimismo, se instruyó la auditoría del registro nominal”, dijo un informe oficial al que accedió elDiarioAR.

A los nombres ya conocidos de una decena de personas bajo el grupo denominado VIP (Verbitsky, Aldrey Iglesias y otros), el listado ampliado a funcionarios cercanos a Alberto Fernández, la “burbuja presidencial”, como el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello; el vocero presidencial y secretario de Comunicación, Juan Pablo Biondi; el subsecretario, Marcelo Martín; el fotógrafo Esteban Collazo; el responsable de ceremonial Nicolás Ritacco; el vicecanciller Jorge Neme y casi todo el elenco de Salud bajo el mando del renunciado Ginéz González García, excepto la nueva ministra, Carla Vizzotti. Entre los inyectados con el preparado antiviral apareció el jefe de Gabinete de Salud, Lisandro Bonelli, quien renunció hoy a su cargo.

El Gobierno difundió hoy una nota firmada por el titular de la Unidad Médica Presidencial, Federico Saavedra, el 18 de enero pasado, que recomienda la vacunación para el Presdiente y “sus colaboradores más cercanos”, sin especificaciones.

Dos embajadores, Daniel Scioli (Brasil) y Domingo Peppo (Paraguay), también fueron vacuna dos, al igual que el procurador del Tesoro, Carlos Zannini, y su esposa, Patricia Asúa. Se suman el exintendente de 3 de Febrero, Hugo Curto, el veterano sindicalista ferroviario y exdiputado Lorenzo Pepe y el editor Jorge “Topo” Devoto, quien en octubre pasado presentó un libro sobre Néstor Kirchner en el que escribió, entre otros, Alberto Fernández.

Había sido informado que el ministro de Economía, Martín Guzmán, se había inyectado la dosis, no en el marco del privilegio orquestado por González García, sino por sus viajes para negociar el canje de deuda con el FMI. A él se agregaron, según la nómina difundida por Vizzotti, el secretario del Guzmán, Pablo Salinas, su vocera, Vera Voskanyan, la jefa de Gabinete de Economía, Melina Mallamace, y el representante argentino ante el FMI, Sergio Chodos. Éste se encuentra en Washington hace días, en tanto que Guzmán y el resto de los mencionados forman parte de la comitiva en México junto a Fernández. Mallamace no viajó, pero, según fuentes de Economía, tiene previsto hacerlo la próxima semana.

Los Duhalde

La familia Duhalde, de histórica relación con González García, se vio beneficiada. Recibieron la vacuna el expresidente interino, su mujer, Hilda “Chiche” Duhalde, y sus hijas Juliana y María Eva, además del secretario privado del exmandatario, Carlos Mao. Otro Duhalde inyectado, Jorge Marcelo, no es familiar del expresidente sino del fallecido exsecretario de Derechos Humanos, Luis Eduardo.

El periodista del canal de noticias C5N y expresidente del Foro de Periodismo Argentino Gabriel Michi, quien aparece en el listado, admitió en un comunicado que gestionó la vacunación en el Hospital Posadas mediante un conocido antes de emprender un supuesto viaje periodístico a la ciudad de Manaos, noroeste de Brasil, que finalmente no se concretó.

Otros inmunizados son Judit Díaz Bazan, Marcelo Ariel Guille, Mauricio Alberto Monsalvo, Horacio Martín Sabignoso, Arnaldo Medina, Miguel Claudio Damico, el exdiputado José Corchuelo, Héctor Barrionuevo, y Patricia Gallardo.

La nómina incluye, además, a Mariano Alberto Fontela, Andrés Joaquín Leibovich, Horacio Insúa, Eugenio Daniel Zanarini, Analía Rearte, Juan Pablo Saulle, Analía Aquino, Alejandro Costa, Juan Castelli, María de los Ángeles Domínguez, Graciela Miranda, Marta Filomena Burgo, Dalessandro Páez, Irene López, Néstor Mandraccio, Carlos Ariel Gilardi, Yael Morichetti, Carlos Alberto Avella, Juan Souto, Camilo Martelletti, y Miguel Ángel González.

La primera lista de vacunados gracias al favor de González García abarca al senador Jorge Taiana, el diputado Eduardo Valdés (ambos bajados del avión que partió con Fernández a México), el periodista Horacio Verbistky; el empresario Seza Manukian; el dueño del multimedios La Capital de Mar del Plata y La Prensa, y de hoteles en la Costa, Florencio Aldrey Iglesias, y sus parientes Lourdes Noya Aldrey, Matilde Noya Aldret, y Dolores Noya Aldrey. Tambien fueron inmunizados por vía paralela los allegados a González García Eulogio Guille Feliz y Salomón Schachter.

Alberto Fernández se había vacunado frente a las cámaras, como gobernadores e intendentes, mientras que Felipe Solá dijo que lo hizo en el Hospital Posadas ya que tenía más de 70 años y debía emprender el viaje a México.

DA / SL

La denuncias que habían sido presentadas a última hora del viernes para que se investiguen las presuntas irregularidades en la vacunación por coronavirus que salieron a la luz tras las declaraciones del periodista Horacio Verbitsky en una columna radial, estarán a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti.

De acuerdo con el sorteo realizado este lunes, la denuncia formulada el viernes por el abogado Yamil Santoro contra el exministro de Salud, Ginés González García, por presunto abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos, recayó en el Juzgado Criminal y Correcional Federal número 5, a cargo de Capuchetti.

Según las fuentes judiciales consultadas, el fiscal federal que interviene en el juzgado 5 es Eduardo Taiano.

Además, otra de las presentaciones, la de Fernando Miguez, de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático de Argentina, que tiene como denunciado a González García y también al diputado nacional Eduardo Valdés y al periodista Horacio Verbitsky, recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal número 6, el cual estaba a cargo del juez Rodolfo Canicoba Corral, actualmente subrogado por Capuchetti.

La tercera denuncia fue presentada por el fiscal nacional en lo Criminal Federal 9, Guillermo Marijuan, por presunto abuso autoridad y violación de los deberes de funcionario público contra Ginés González García y Verbitsky, y también recayó en el juzgado 6.

A las denuncias presentadas en los tribunales de Comodoro Py se suma un expediente iniciado en la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) del Ministerio Público Fiscal, a cargo de Sergio Rodríguez.

Con información de agencias.

IG

El fiscal federal Guillermo Marijuan presentó en las últimas horas una denuncia penal contra el exministro de Salud Ginés González García, el periodista Horacio Verbitsky y otros eventuales involucrados por el escándalo del vacunatorio VIP que funcionaba en la sede del Ministerio de Salud y en el Hospital Posadas. El funcionario judicial, además, solicitó una serie de medidas de prueba y que las provincias informen a quiénes están suministrando la vacuna Sputnik V como “personal esencial”.

En el mismo sentido, Sergio Rodríguez, quien encabeza la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), abrió un expediente para investigar lo sucedido, tras recibir un informe de la Unidad de Admisión y Detección Temprana, que consideró que estaban dadas las condiciones para la intervención del organismo que conduce. 

La Justicia busca determinar qué alcance tuvo este “vacunatorio paralelo” y a qué funcionarios alcanzó. Este domingo, el diario Clarín publicó una extensa lista de quienes habrían recibido dosis de la vacuna Sputnik V, integrada tanto por personal estratégico como por quienes se saltearon el turno.

Recibieron la vacuna en forma pública, frente a cámaras, de acuerdo al criterio de “personal estratégico”, presidente Alberto Fernández; la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner; el exministro de Salud Ginés González García; el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; su ministro de Salud Daniel Gollan y el vice, Nicolás Kreplak; la vicegobernadora Verónica Magario; los gobernadores oficialistas Oscar Herrera Ahuad (Misiones); Raúl Jalil (Catamarca), junto a los miembros de su Gabinete y todos los intendentes provinciales; Sergio Ziliotto (La Pampa); Gustavo Bordet (Entre Ríos) y Jorge Capitanich (Chaco); El justicialista Juan Schiaretti (Córdoba); Alberto Rodríguez Saá (San Luis); Arabela Carreras (Río Negro) y Omar Gutiérrez (Neuquén), de partidos locales; Gustavo Valdés (Corrientes), de Juntos por el Cambio.

Intendentes

Los intendentes Ezequiel Galli (Olavarría), Javier Iguacel (Capitán Sarmiento), Fernando Espinoza (La Matanza), Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), Gustavo Barrera (Villa Gesell), Julio Zamora (Tigre), Mario Secco (Ensenada), Gustavo Posse (San Isidro), Miguel Fernández (Trenque Lauquen), Sebastián Ianantuony (Miramar), Esteban Sanzio (Baradero), Cristian Cardozo (Partido de la Costa), Gustavo Walker (Pila), Francisco Echarren (Castelli), Adrián Maderna (Trelew) y Juan Pablo Luque (Comodoro Rivadavia).

El presidente de IOMA, Homero Giles; la ministra de Salud de Neuquén, Andrea Peve; el vicegobernador de Chubut, Ricardo Sastre; el ministro de Salud de esa provincia, Fabián Puratich; los diputados nacionales Eduardo Valdés y Juan Benedicto Vázquez; el senador Jorge Taiana; el diputado provincial por Santa Cruz José Bodlovic y las legisladoras Mariana Cané y Laura Branchini.

Los VIP

Además, fueron vacunados, en este caso por un favor presuntamente personal del exministro González García, el periodista Horacio Verbitsky; el empresario de medios de Mar del Plata Florencio Aldrey Iglesias y sus familiares, Lourdes y Dolores Noya Aldrey; los empresarios Seza Manukian y Félix Guille; el canciller Felipe Solá; el dirigente sindical Hugo Moyano, su esposa Liliana Zulet y su hijo menor, Jerónimo Moyano. 

IG

El título fue cambiado el 22 de febrero a las 9.15. Originalmente aludía a “vacunados VIP”, no “estratégicos”

Horacio Verbitsky puso este viernes la piedra fundamental para que un escándalo de proporciones estallara frente a las narices del presidente Alberto Fernández y tuviera como correlato inmediato el despido de Ginés González García al frente del Ministerio de Salud de la Nación. En realidad, el puntapié inicial de la bomba que estalló en el seno del Frente de Todos lo dio el propio exministro, al permitir que amigos personales, funcionarios y políticos accedieran a la vacuna Sputnik V haciendo gala de privilegios especiales, mientras buena parte de la población (esencial, de riesgo o general) espera su turno con recelo, ante la ausencia de dosis suficientes.

En una de sus habituales columnas de El Destape Radio, Verbitsky contó cómo había recibido la vacuna. Desde ese instante, una catarata imparable de consecuencias sacudió al Gobierno de Fernández. La condena de la oposición -y en general- fue contundente y hasta el propio dueño del medio donde habló, Roberto Navarro, decidió no contar más con los servicios de su columnista estrella. Hay denuncias e investigaciones en marcha, con daños incalculables por el momento.

Este domingo, el periodista hizo su descargo en el medio que comanda, El Cohete a la Luna. En su columna titulada “Vacunados”, Verbitsky ensayó un pedido de disculpas frente al “ejercicio de un privilegio”. En su texto, además, asegura que haberse vacunado de esa forma, “debilita mi reclamo de un trato igualitario y de cuidado especial a los más vulnerables. Lo más decente que se me ocurre es reconocerlo y pedir perdón”.

En cuanto a las versiones y teorías que abundaron desde el viernes sobre sus dichos, si se trató de una “operación” política desestabilizadora fríamente calculada o de un acto ingenuo, o quizás un descuido, el periodista argumentó: “Habrá quienes duden, porque a lo largo de tantos años se fue estructurando un estereotipo sobre mí que excluye actos ingenuos o simplemente estúpidos. Se presume que siempre actúo en forma racional y se buscan motivaciones ocultas, que en este caso han llegado a extremos delirantes, como que fue un regalo de cumpleaños a Cristina, para que el gobierno se desembarazara de Ginés”.

Verbitsky también dijo “entender” la decisión de Alberto Fernández de pedir a González García que abandone su cargo, pero aclaró que “deplora” su salida del Gobierno, recomienda “leer su carta de renuncia” y critica la gestión de los “cuatro años de neoliberalismo” de Mauricio Macri.

El texto completo de la columna de Horacio Verbitsky:

“Debo explicaciones a todos los lectores del Cohete y a quienes siguen mi trabajo y mi militancia desde hace mucho tiempo. Mi vacunación en el Ministerio de Salud fue un error grave, del que me arrepiento, y por el que pido disculpas. Asumo sin excusas la parte que me toca y acepto todas las críticas recibidas, así como agradezco las tan numerosas comunicaciones de solidaridad y afecto. Si lo hice y, sobre todo, si luego lo conté sin que nadie me lo preguntara, es porque no advertí que fuera algo incorrecto, el ejercicio de un privilegio.

Habrá quienes duden, porque a lo largo de tantos años se fue estructurando un estereotipo sobre mí que excluye actos ingenuos o simplemente estúpidos. Se presume que siempre actúo en forma racional y se buscan motivaciones ocultas, que en este caso han llegado a extremos delirantes, como que fue un regalo de cumpleaños a Cristina, para que el gobierno se desembarazara de Ginés.

Entiendo el pedido de renuncia que le formuló Alberto, deploro su salida del gobierno y recomiendo leer su carta de despedida. Allí, además de trazar un balance de su gestión, luego del desastre de los cuatro años del neoliberalismo, el ex ministro dice que las personas vacunadas en el Ministerio “pertenecen a los grupos incluidos dentro de la población objetivo de la campaña vigente”. Es lo mismo que me dijo cuando, alarmado ante el noveno contagio en mi familia, que abarcó desde septuagenarios hasta bebés de un año, y con una víctima fatal luego de semanas de sufrimiento, lo consulté sobre si me correspondía. Me dijo que sí y que debía hacerlo en el Hospital Posadas, uno de los tres nacionales, que depende del Ministerio. Días después obtuve el turno.

Pero horas antes, desde la secretaría privada del ministro me indicaron que un equipo ambulante del hospital lo haría en el propio Ministerio. No debí haberlo consentido.

Amigos bien intencionados me sugieren respuestas polémicas sobre los privilegiados que denuncian privilegios, la pésima gestión de la Ciudad Autónoma frente a la pandemia y la vacunación, donde no hay un cronograma y se abren las escuelas sin las condiciones mínimas. También me envían memes simpáticos y frases certeras de Arturo Jauretche.

Todo eso es cierto y mi ex, que tiene más de 70 y es médica, nunca consiguió registrarse ni en los teléfonos ni en la web de la CABA.

Pero nada de eso me justifica. Por el contrario, debilita mi reclamo de un trato igualitario y de cuidado especial a los más vulnerables. Lo más decente que se me ocurre es reconocerlo y pedir perdón.

El único consuelo es constatar cuánta gente digna y pura nos rodea y no nos habíamos dado cuenta“.

IG

El lunes, cuando abran los tribunales, se sabrá si un juez quedará a cargo de las denuncias que recibió Ginés González García por el llamado vacunatorio VIP. Quien se adelantó fue el fiscal federal Guillermo Marijuán, al presentar una denuncia de oficio ante la Cámara contra el exministro por abuso de poder e incumplimiento de los deberes de funcionario público. 

Antes de su judicialización, la vacunación paralela disparó denuncias e impugnaciones públicas a funcionarios públicos, dirigentes sindicales y legisladores por el modo discrecional mediante el que accedieron a la primera dosis de la inmunización contra el Covid-19.    

Un dirigente sindical con domicilio en Capital Federal dijo a elDiarioAR que existe un circuito para vacunarse en el Hospital Posadas y que lo supo porque un intendente del conurbano bonaerense lo llamó para ofrecerle la vacuna y le indicó que debía ir a esa unidad sanitaria ubicada en Morón que depende del Ministerio de Salud de la Nación. La fuente no quiso identificar al jefe comunal porque sostuvo que la oferta fue con buena intención, pero declinó vacunarse porque es menor de 70. 

El secretario general del Sindicato de Choferes de Camiones, Hugo Moyano, desmintió este sábado a quienes lo señalaban como uno de los “vacunados VIP” y afirmó que “para nada” formó parte de “ninguna nómina” especial. Además, explicó que se aplicó la Sputnik V por ser “presidente de dos obras sociales”. Su hijo Jerónimo, de 20 años, que no pertenecía a un grupo de riesgo y quien ya había tenido el virus, también se vacunó.

Taiana y Valdés, “estratégicos”

En tanto, el excanciller y actual senador Jorge Taiana y el diputado nacional Eduardo Valdés publicaron el sábado una carta abierta en redes sociales explicando por qué fueron inyectados con la Sputnik V cuando aún no estaban habilitados para recibirla formalmente. “Nos vacunamos con personal de salud del Hospital Posadas, que es el hospital nacional de referencia, luego de haber sido invitados por el presidente Alberto Fernández a integrar su comitiva en el viaje a México”, señalaron. “Jamás ejercimos un privilegio. Nuestro caso aplica a la categoría prioritaria de 'Personal estratégico: toda persona que desarrolle funciones de gestión y/o conducción y funciones estratégicas necesarias para el adecuado funcionamiento del Estado'”, añadieron.

Por otra parte, referentes de Juntos por el Cambio advirtieron sobre la “inmoralidad oficialista” por la “vacunación VIP” contra el coronavirus y afirmaron que va “en contra de todo protocolo responsable”. De hecho, el Interbloque de diputados de JxC informó que las diputadas Carmen Polledo (PRO) y Jimena Latorre (UCR) no formarán parte de la delegación que acompañará al presidente a México. La decisión se tomó esta tarde dado el escándalo que se suscitó porque legisladores del oficialismo recibieron un trato preferencial para vacunarse antes del viaje oficial. Ni Polledo ni Latorre fueron convocadas para ese fin y no están inmunizadas.

El diario La Nación mencionó cuatro localidades de la provincia de Buenos Aires y dos de la provincia de Santa Cruz, en las que “se vacunaron intendentes y sus familias; empleados públicos, y militantes oficialistas”. El medio señaló que “el propio ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, dijo que los municipios vacunaron a personas fuera de riesgo para no ”tirar la vacuna“. A su vez, el escándalo podría tener una vertiente en Córdoba. Según El Diario de Carlos Paz, hubo una «campaña de vacunación preferencial» que alcanzó a legisladores, intendentes y funcionarios. Los legisladores Marcelo Cossar (UCR) y Aurelio García Elorrio aseguraron que varias personas que no integran los grupos prioritarios recibieron la vacuna contra el Covid-19.

La versión de que el accionista del Grupo Clarín José Antonio Aranda también coordinó con el exministro ser vacunado con el preparado de AstraZeneca saltéandose el turno, como difundiera Verbitsky en su confesión radial, fue ratificada por el entorno de Alberto Fernández al diario Página 12. En ese medio, el periodista Mario Wainfeld citó textuales del Presidente, a quien entrevistó el sábado por la mañana, y consignó que González García se lo transmitió al mandatario el jueves, antes de que el escándalo se hiciera público. Tanto el ministro echado del Gobierno como Aranda negaron esa versión, y el diario Clarín, que dio a conocer una primera lista de vacunados VIP, no lo incluyó en el listado de favorecidos.

En su primera aparición después de la autoincriminación en Radio El Destape, Verbitsky pidió perdón este domingo. “Mi vacunación en el Ministerio de Salud fue un error grave, del que me arrepiento, y por el que pido disculpas”, escribió en el medio que dirige, El Cohete a la Luna. “Asumo sin excusas la parte que me toca y acepto todas las críticas recibidas, así como agradezco las tan numerosas comunicaciones de solidaridad y afecto. Si lo hice y, sobre todo, si luego lo conté sin que nadie me lo preguntara, es porque no advertí que fuera algo incorrecto, el ejercicio de un privilegio”. “Lo más decente que se me ocurre es reconocerlo y pedir perdón”, añadió. Lamentó además que sus declaraciones hayan derivado en el pedido de renuncia al ahora exministro de Salud González García.

Plan Vizzotti

En la lista de los vacunados de la Casa Rosada se encuentran unos 20 funcionarios encabezados por el propio Alberto Fernández. También está el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, el exministro Ginés García y Martín Guzmán. El titular de Economía se vacunó hace más de un mes, antes de su viaje a los Estados Unidos como parte de las negociaciones con el FMI. Durante la noche del sábado, la publicación de una supuesta nueva lista de vacunados de privilegio disparó una serie variadas de rumores. 

Con la designación de Carla Vizzotti, el Gobierno se propone aquietar la crisis y generar una suerte de relanzamiento del plan de vacunación. “Fortaleceremos las acciones que garanticen la equidad en el acceso a las vacunas”, dijo Vizzotti después de asumir en un acto en la Quinta de Olivos antes varios integrantes del gabinete. Convertida en voz comunicacional de la vacunación en general y de especial protagonismo en la importación de la vacuna Spuntik, la intención del Ejecutivo es que la flamante ministra tenga más presencia en los lugares de vacunación y que viaje por el país. En la semana se espera la llegada de una nueva tanda de dosis. 

Con la colaboración de Pablo Ibañez y Emilia Delfino

La Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo del fiscal general Sergio Rodríguez, inició este viernes una investigación preliminar sobre el supuesto circuito de privilegio para recibir la vacuna contra el Covid-19, según el documento al que accedió elDiarioAR. Además, la fiscalía especializada instruyó que se abra un sumario administrativo en el Ministerio de Salud para determinar las responsabilidades en el caso dentro del organismo.

El fiscal Rodríguez ordenó que la investigación preliminar quede a cargo del Departamento de Investigaciones y Litigios de la PIA y se centre en determinar la existencia de “un orden paralelo al establecido prioritariamente en razón de grupos de riesgo o interés epidemiológico para suministrar las dosis de vacunas recibidas contra el virus que generó la actual pandemia mundial”, sostiene el escrito. Además, la PIA indagara en “las serias irregularidades que se habrían verificado al disponerse un ‘vacunatorio vip’ al que se accedía por medio del ‘contacto’ con el ministro (de Salud, Ginés) González García”, lo cual encuadraría en “serios abusos de poder en el cumplimiento de la función pública”. 

González García presentó este viernes la renuncia al cargo a pedido del presidente Alberto Fernández, luego de que el periodista Horacio Verbitsky dijera en una entrevista a Radio El Destape que había accedido a la vacuna Sputnik V gracias a su “amigo Ginés”.

Me puse a averiguar dónde hacerlo, llamé a mi amigo Ginés (González García), a quien conozco hace mucho.

En el documento que da inicio a la investigación preliminar, la PIA dedicó varios párrafos a los dichos del periodista. “Se tomó conocimiento a partir de los propios dichos del señor Horacio Verbitsky que había sido vacunado contra el Covid-19 tras habérselo solicitado al Ministro de Salud, basado en una relación de amistad forjada con anterioridad”, sostiene el documento que dio inicio al sumario. 

La PIA también enfocará la investigación para determinar la veracidad de las “versiones de la existencia de una reserva de vacunas (3.000) para ser aplicadas a funcionarios, familiares de funcionarios, celebridades o personalidades destacadas de la vida política, sindical o pública del país, apartándose así de los lineamientos técnicos para la Campaña Nacional de Vacunación contra el Covid-19”. 

“Me puse a averiguar dónde hacerlo, llamé a mi amigo Ginés (González García), a quien conozco hace mucho. Me comentó que debía ir al hospital Posadas, un lugar muy especial para mí porque allí murió mi padre hace 42  años”, dijo Verbitsky este viernes, según cita la PIA en la apertura de la investigación. “Cuando estaba por ir, recibí un mensaje del secretario de Ginés, que me dijo que iba a venir un equipo de vacunadores del Posadas al Ministerio y que fuera allí a darme la vacuna”, agregó el periodista entrevistado.

Se tomó conocimiento a partir de los propios dichos del señor Horacio Verbitsky que había sido vacunado contra el Covid-19 tras habérselo solicitado al Ministro de Salud.

La PIA también citó otras declaraciones de Verbitsky: “Estando allí, me entero que también iba a venir a vacunarse José Aranda (alto directivo del Grupo Clarín). También se había comunicado con el ministerio para averiguar dónde se podía vacunar. Pero que no iba a venir ayer porque había planteado que no quería la vacuna rusa sino la inglesa”. Clarín publicó poco después un artículo con detalles sobre el “vacunatorio VIP” y los nombres de tres de los beneficiarios del circuito: el diputado Eduardo Valdez y el senador Jorge Taiana. El medio negó que Aranda fuera a recibir dosis de la Sputnik V. 

En el Posadas, una fuente cercana a las autoridades del hospital dijo a este medio que el personal sanitario que aplicó las dosis se trasladó a la sede del ministerio por orden de una autoridad de la cartera. En su carta de renuncia, González García sugirió que fue un error de su secretaria privada.

La fuente del Posada también sostuvo que el hospital tenía un lote extra de vacunas destinadas a las personas que viajarían a México en la comitiva oficial, como Valdes y Taiana. Estos debían dirigirse al hospital para recibir la Sputnik V. Más tarde, Salud cambió la directiva y pidió que el personal del Posadas se traslade a la sede central del Ministerio. Según esta fuente del hospital, Verbitsky no estaba en la lista de personas que debían vacunas en un principio, pero sí lo estaban Valdes y Taiana.

Verbitsky, dice el documento, concluyó que “Aranda quería la vacuna de Oxford AstraZeneca, entonces iba a ir el lunes porque recién están llegando las dosis. Me imaginaba la posibilidad de tener un encuentro en el vacunatorio. Me causaba mucha gracia. Esto demuestra que la vacuna y el virus, sobre todo, no le hacen asco a nada. Le da lo mismo un subversivo como yo que un conchudo como él”. 

Otra denuncia

Por otro lado, el fiscal federal Guillermo Marijuan presentó una denuncia penal contra el saliente ministro de Salud que será sorteada el lunes por la Cámara Federal porteña y, por el momento, correrá por otra vía distinta a la investigación iniciada por la PIA. 

“Esta situación fue una clara manipulación por parte de los funcionarios responsables de la aplicación de la vacuna, quienes contrariando los alcances de las disposiciones dictadas por el Poder Ejecutivo, aplicaron las mismas sobre personas que no se encontraban en la lista de prioritarios, sin ningún tipo de justificación”, dice la denuncia de Marijuan.   

En un escrito que envió a la Cámara vía correo electrónico, el fiscal se centró en el caso de Verbitsky pero sostuvo: “Requiero que la presente denuncia no se limite a los casos en particular que se denuncian, sino que oportunamente se amplíe a todos aquellos casos que se compruebe que no han cumplido con el orden establecido en el Plan Estratégico y de conformidad con lo que se estableciera en cada jurisdicción”, según el texto al que accedió este medio.

ED

La diputada Graciela Ocaña (Confianza Pública) presentó este viernes un pedido de informes al Ministerio de Salud para que indique cómo se están distribuyendo las dosis de la vacuna Sputnik V contra el Covid-19 y solicitó además que el organismo justifique que personas ajenas a grupos prioritarios hayan recibido la inmunización.

El presidente Alberto Fernández le pidió la renuncia al ministro Ginés González García, según confirmaron fuentes oficiales a elDiarioAR, luego de que este viernes el periodista Horacio Verbitsky confesara en el programa de Radio El Destape del que participaba (fue despedido) que se había vacunado en la sede de la cartera de Salud en una especie de circuito de privilegio, por afuera del plan nacional de vacunación. El caso de Verbitsky, director de El Cohete a la Luna, podría no ser el único.

Ocaña también requirió a Salud que informe si existe un padrón nacional de personas en condiciones de recibir la vacuna de acuerdo al Plan Estratégico; cómo se está distribuyendo en cada una de las provincias; y cuál es el criterio para que el Gobierno defina la cantidad de dosis que envía a cada jurisdicción, según el escrito al que accedió este medio. 

En el escrito presentado, también se pide que el Ministerio de Salud indique si una vez recibidas las dosis, cada provincia tiene la potestad de distribuirlas de la forma que considera o si debe acordarlo previamente con el Estado Nacional. Otro punto es si existe un control de la población que es vacunada en cada una de las provincias “para verificar que efectivamente se garantice que las dosis sean proporcionadas según los criterios establecidos en el Plan Estratégico de Vacunación Covid-19”.

Según Clarín, también se vacunaron allí el senador Jorge Taiana, el diputado Eduardo Valdés y el canciller Felipe Solá, entre otros. Otras versiones aseguran que el titular de Exteriores se inmunizó en el Hospital Posadas de Morón, lo que podría no ser ilegal ya que tiene más de 70 años. De acuerdo a La Nación, también habrían sido inyectados el jefe sindical Hugo Moyano, su esposa, la empresaria Liliana Zulet, y su hijo menor, Jerónimo.

ED