El contratista Matías Tabar se presentó este viernes de manera espontánea ante la Justicia para ampliar su declaración en la causa por presunto enriquecimiento ilícito en la que se investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

En su comparecencia, el empresario aportó nueva documentación y detalles sobre las obras realizadas en una propiedad del funcionario, en un intento por reforzar su testimonio previo.

Según trascendió, Tabar entregó facturas, remitos y capturas de pantalla de conversaciones, todos elementos vinculados a las tareas de refacción ejecutadas en una vivienda ubicada en el country Indio Qua. Además, ratificó el monto total de la obra —estimado en US$245.000— y aseguró que los pagos se realizaron en dólares y en efectivo, según pudo saber la Agencia Noticias Argentina.

La presentación del contratista se produjo en el marco de una investigación que busca determinar si existió un crecimiento patrimonial incompatible por parte de Adorni. En este contexto, la nueva documentación aportada por Tabar apunta a justificar los gastos asociados a la obra y explicar el origen y circuito de los pagos.

De acuerdo con su testimonio, el contratista actuó como intermediario entre el funcionario y otros actores vinculados a la ejecución de los trabajos. En ese sentido, precisó que el presupuesto inicial de su intervención fue de US$94.000, cifra que correspondía a una primera etapa de la obra y que fue abonada mediante un anticipo en efectivo.

“El presupuesto es de 94.000 dólares. Eso me lo pagó con un anticipo. Yo era el intermediario entre Manuel y el administrador. Esa sumatoria terminó en los 245.000 dólares”, explicó Tabar, en referencia al monto final declarado.

Uno de los puntos centrales de la investigación gira en torno a la modalidad de pago. Tabar confirmó que recibió dinero en efectivo y en moneda extranjera, aunque sostuvo que se trataba de una práctica habitual en el sector de la construcción en el contexto económico de los últimos años.

“Está declarado que fue en dólares billete, porque el contexto de hace dos años era bastante distinto al de ahora. Es la única forma que el constructor trata de resguardar”, afirmó.

El contratista también buscó relativizar las interpretaciones sobre la operatoria financiera, al señalar que los montos totales incluyen distintos rubros y proveedores, y no corresponden en su totalidad a honorarios propios. Según detalló, su retribución profesional fue de aproximadamente US$20.000, mientras que el resto del dinero se destinó a materiales, mano de obra y servicios asociados a la obra.

“Una cosa es lo que me paga a mí, otra es lo que declaro que termina costando la obra. En ningún momento vinieron ni bolsos de dólares ni cajas de zapatos llenas de dólares”, añadió, en referencia a versiones que circulaban sobre el caso.

En su presentación, Tabar también incorporó capturas de pantalla de chats que mantenía con Adorni, con quien, según indicó, tenía contacto frecuente durante el desarrollo de los trabajos.

“Teníamos conversaciones siempre, dos o tres veces por semana. La obra se terminó en ese tiempo y se siguieron haciendo un montón de cosas: arreglos, pintura, carpintería”, explicó.

El contratista destacó que el presupuesto inicial fue ampliándose a medida que se incorporaban nuevas tareas y modificaciones sobre el proyecto original, un proceso que calificó como habitual en el rubro de la construcción.

“Le pasé un presupuesto, él lo aceptó, empezamos a trabajar y se empezaron a pedir nuevas cosas que terminaron desembocando en el total de la obra”, señaló.

Horas antes de presentarse ante la Justicia, Tabar brindó declaraciones públicas en las que manifestó su respaldo a Adorni y expresó confianza en que el funcionario podrá justificar su situación patrimonial.

“Yo lo adoro a Manuel, estoy convencido de que es honesto y creo que va a poder justificar todo”, afirmó en una entrevista.

En la misma línea, el empresario relativizó las acusaciones y cuestionó la interpretación pública del caso: “Parece que los únicos que evadimos fuimos Manuel y yo”, ironizó, al referirse a la discusión sobre los pagos en efectivo.

En qué estado está la causa

La causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete continúa en etapa de recolección de pruebas y testimonios. La presentación de Tabar se suma a otros elementos incorporados en el expediente, en el que los investigadores buscan determinar la correspondencia entre los ingresos declarados y los gastos realizados en la propiedad.

El eje del caso está puesto en el origen de los fondos utilizados para financiar las obras y en la legalidad de las transacciones efectuadas, en particular aquellas realizadas en efectivo y en moneda extranjera.

Hasta el momento, desde el entorno del funcionario han sostenido que todas las operaciones pueden ser justificadas y que no existe irregularidad en su patrimonio.

El avance de la investigación ha generado repercusiones en el ámbito político, en un contexto donde otros casos vinculados a la transparencia y la gestión pública también ponen bajo presión al oficialismo.

La ampliación de la declaración del contratista representa un nuevo capítulo en el expediente y podría ser clave para el análisis judicial, ya que aporta documentación concreta sobre la ejecución y financiación de las obras.

En las próximas semanas, se espera que la Justicia evalúe el material presentado y determine si corresponde avanzar con nuevas medidas de prueba o eventuales imputaciones formales.

Mientras tanto, el caso continúa bajo seguimiento tanto en el plano judicial como político, en una investigación que combina aspectos técnicos de la actividad constructiva con cuestionamientos sobre la transparencia en el manejo de fondos privados por parte de un alto funcionario del Gobierno.

Con información de Noticias Argentinas

JIB

Matías Tabar, el contratista que trabajó para el jefe de Gabinete Manuel Adorni, reconoció públicamente que parte de los pagos vinculados a las obras se realizaron “en efectivo” y justificó las maniobras irregulares al asegurar que la evasión “es muy normal” dentro del rubro de la construcción.

“Acá parece que los únicos dos que hemos evadido seríamos Manuel y yo”, afirmó Tabar durante una entrevista con Radio Rivadavia, en medio de la causa judicial que investiga al funcionario nacional por presunto enriquecimiento ilícito.

El contratista sostuvo que el sistema de construcción en Argentina hace “imposible” blanquear todos los gastos de una obra y negó que la iniciativa de manejar dinero no declarado haya partido exclusivamente de Adorni. “No es que a mí vino él y me propuso ‘hagamos esto y tiene que ser en negro’”, explicó.

En ese sentido, aseguró que los pagos del funcionario fueron realizados en efectivo y reveló además que Adorni “no exigía las facturas” durante el avance de la obra. Sin embargo, indicó que sí existieron comprobantes parciales y prometió presentarlos ante la Justicia.

Las declaraciones de Tabar se producen en el marco del expediente que tramita en el juzgado federal de Ariel Lijo, con intervención del fiscal Gerardo Pollicita.

Durante la entrevista, el contratista admitió que sabía a lo que se exponía al declarar judicialmente. “Tampoco me quedaba mucha alternativa”, reconoció.

Pese al escándalo, Tabar defendió su vínculo personal con el funcionario libertario y aseguró que mantiene afecto por él y su entorno familiar. “Lo adoro. A él y a su familia. Entiendo también que el tiempo vaya a poner las cosas en su lugar”, sostuvo.

“Es una persona con la cual conviví casi un año y medio”, agregó el empresario, antes de cerrar con una frase que resumió el impacto del caso: “Es una cagada tener que transitar todo esto”.

Con información de la agencia NA

La causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, incorporó un testimonio que complica su situación judicial. Leandro Miano, hijastro de una de las jubiladas que intervinieron en la compraventa del departamento de Caballito, declaró que el funcionario se comprometió a pagar US$65.000 en efectivo por fuera de la operación formal.

Según su declaración ante el fiscal Gerardo Pollicita, Miano —quien aparece como uno de los nexos en la operación inmobiliaria— sostuvo que ese monto formaba parte del acuerdo con el vendedor, pero no fue incluido en la escritura. El testimonio se suma a otras evidencias que buscan reconstruir cómo se estructuró la compra del inmueble.

La propiedad fue escriturada por unos US$230.000, con un esquema de pago que también está bajo análisis judicial: un anticipo en efectivo y el resto financiado sin interés. En ese contexto, la Justicia intenta determinar si existieron montos no declarados y si las condiciones de la operación son compatibles con los ingresos del funcionario.

Miano ya había sido mencionado en el expediente como una de las personas vinculadas a la compraventa del departamento y su testimonio es considerado relevante para esclarecer el rol de las jubiladas que financiaron la operación y de sus familiares en la intermediación. Confirmó la versión que dio Pablo Martín Feijoo, el hijo de la otra jubilada que le vendió el departamento a Adorni.

Lijo ordenó analizar más comunicaciones

En paralelo, el juez federal Ariel Lijo dispuso una medida central: ordenó revisar las comunicaciones de Marcelo Grandio, empresario y periodista cercano a Adorni.

La tarea fue encomendada a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCo), que analizará llamadas, mensajes y registros desde 2023 para detectar posibles contactos relevantes para la causa.

Grandio es dueño de una productora que obtuvo contratos con la TV Pública, lo que abrió otra línea de investigación por posibles negociaciones incompatibles con la función pública. La Justicia busca establecer si existieron vínculos indebidos o beneficios cruzados entre el entorno del funcionario y esas contrataciones.

Con estas medidas, el expediente avanza en dos frentes: por un lado, la reconstrucción de la operación inmobiliaria bajo sospecha; por otro, el análisis de las relaciones personales y comerciales de Adorni, en busca de determinar si hubo irregularidades en su evolución patrimonial.

La causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni sumó un nuevo elemento este lunes, con la declaración de un contratista que aseguró haber recibido USD 245 mil en efectivo por refacciones realizadas en una propiedad del funcionario.

Se trata de Matías Tabar, quien se presentó como testigo ante el fiscal federal Gerardo Pollicita en los tribunales de Comodoro Py. Allí, según fuentes judiciales, afirmó que el pago por los trabajos en la vivienda ubicada en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, fue realizado en mano y sin facturación.

El contratista llegó a la fiscalía con documentación vinculada a la obra y también entregó su teléfono celular para que sea peritado. Según explicó, había borrado mensajes intercambiados con el funcionario, por lo que la Justicia buscará recuperarlos mediante análisis técnico del dispositivo.

De acuerdo a su testimonio, la obra se desarrolló entre octubre de 2024 y mayo de 2025 e incluyó tanto refacciones estructurales como renovación de mobiliario. Entre los trabajos mencionados figuran la construcción de pisos y paredes, la instalación de una pileta con revestimiento, una cascada en el jardín, un quincho y cerramientos nuevos, además de equipamiento para cocina y baños.

Tabar sostuvo que fue contactado por WhatsApp, a partir de recomendaciones dentro del barrio, y que el propio Adorni fue quien abonó los montos. Detalló que una primera parte -unos USD 55 mil- fue pagada a fines de 2024, mientras que el resto se completó durante el año siguiente.

La declaración del contratista se da en el marco de una investigación más amplia sobre el patrimonio del jefe de Gabinete, que también incluye operaciones inmobiliarias y movimientos financieros. En ese expediente ya había declarado la escribana del matrimonio, quien brindó precisiones sobre la compra de la propiedad y sobre un préstamo de USD 100 mil que, según consta en la documentación, habría sido destinado a financiar parte de esa adquisición.

La vivienda en cuestión figura a nombre de Bettina Angeletti, esposa del funcionario, desde noviembre de 2024. Según registros oficiales, se trata de un inmueble de aproximadamente 400 metros cuadrados dentro del country.

El testimonio de Tabar se suma así a otras medidas de prueba que impulsa la fiscalía para reconstruir el flujo de fondos y determinar si existe o no un desfasaje entre los ingresos declarados y los gastos realizados por el funcionario.

En medio de la tormenta que atraviesa desde hace un mes y medio por el incremento de su patrimonio, Manuel Adorni cambió de estrategia para intentar vender su departamento del segundo piso de Asamblea 1132, en el barrio porteño de Parque Chacabuco. Removió como oferente de esa propiedad a su amigo Pablo Martín Feijoo —hijo de una de las jubiladas que le vendió su actual casa en Caballito— y lo puso a disposición de una inmobiliaria, según pudo saber elDiarioAR.

La venta de la excasa de la familia Adorni estuvo a cargo de Feijoo desde el verano, pero desde el lunes pasado se ofrece a través de Zona Activa a un valor de US$285.000. El jefe de Gabinete podría estar dispuesto a aceptar una oferta de entre US$279.000 y US$275.000 por parte de un potencial comprador para concretar la operación, pudo saber este medio.

Este miércoles, Feijoo se presentó en Comodoro Py para declarar como testigo ante el fiscal Gerardo Pollicita en la causa que investiga al ministro coordinador. El amigo, hijo de la jubilada Beatriz Viegas, estuvo relacionado a la compra del departamento de Miro 550 en abril de 2025. En noviembre del año pasado, Viegas y su socia, Claudia Sbabo, vendieron esa unidad a Adorni a US$230.000, unos US$110.000 menos que lo publicado por una inmobiliaria unos meses antes. En un extraño movimiento, Viegas y Sbabo le prestaron al funcionario US$200.000 para la operación. Feijoo declaró ante Pollicita que Adorni acordó pagarle otros US$65.000 por fuera de lo escriturado, según trascendió desde fuentes al tanto del expediente.

El vínculo de Adorni con Feijoo habría nacido en el colegio al que concurren los hijos de ambos. El hombre de 36 años, dueño de una constructora, aseguró a elDiarioAR que que las operaciones con Adorni “están en regla” y que “no hay nada raro”. Este medio también reveló que el desarrollador inmobiliario visitó a Adorni en Casa Rosada, en octubre de 2025, un mes antes de la operación de la calle Miró 550.

La venta del departamento de Parque Chacabuco es clave para las cuentas de Adorni porque tiene dos deudas encima: el inmueble fue hipotecado a dos mujeres policías por US$100.000, quienes aseguraron ante la Justicia que el funcionario aún les debe US$70.000, a pagar hacia fin de año. Adorni, además, tiene que cancelar los US$200.000 que le prestaron las dos jubiladas que le vendieron el inmueble de Caballito.

Según el aviso de la inmobiliaria, el departamento tiene “4 ambientes con dependencia, con una superficie cubierta de 140 m² y total de 200 m², incluyendo un cerramiento tipo quincho de 25 m² y una terraza propia de 40 m², con toldo y aberturas de aluminio con DVH”.

“El departamento se encuentra en muy buen estado general, reciclado con materiales de calidad y pensado para el confort”, señala la oferta. “Tiene aberturas DVH en todos los ambientes, pisos de porcelanato y flotantes, puertas blindadas Pentágono principal y de servicio, y una distribución funcional”, amplía.

Según los detalles del aviso, el inmueble cuenta con:

“El edificio es de buena categoría, con mantenimiento constante y expensas acordes a los servicios que ofrece. Posee disponibilidad de cocheras en alquiler”, cierra el aviso. Las expensas cuestan $500.000.

MC

Los dueños de la inmobiliaria que intervino en la operación del departamento perteneciente a Manuel Adorni declararon este lunes ante la Justicia, en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito por parte del jefe de Gabinete, y aseguraron que el inmueble tenía un valor significativamente mayor al de la transacción llevada a cabo por el funcionario libertario.

La martillera Natalia Rucci y su esposo Marcelo Trimarchi ratificaron que el departamento situado en un edificio del barrio porteño de Caballito se ofrecía originalmente a US$ 340.000, 110.000 dólares más de lo se había declarado Adorni en la operación oficial.

Asimismo, confirmaron que la propiedad había sido remodelada, y que por dicho motivo se elevaba su valor en el mercado. Por otra parte, en su declaración, Rucci calificó de un hecho “poco frecuente” que Adorni adquiriera el departamento en 12 cuotas sin interés, dado que es una modalidad inusual en el sector inmobiliario.

Posteriormente, agregó que ella no estuvo involucrada en la hipoteca vinculada a la transacción, sin embargo, mencionó que le brindó la posibilidad de vender el inmueble al hijo de una de las mujeres relacionadas con la compra-venta, Pablo Martín Feijoo, pero que la respuesta del hombre fue que “ya tenía un interesado”.

Feijoo fue quien contactó a las partes involucradas, es decir, su madre, otra jubilada y Manuel Adorni, y habría llevado a cabo toda la operación donde se escrituró el departamento en US$ 230.000, con la distinción de recibir US$ 30.000 en efectivo y US$ 200.000 en cuotas sin interés, con vencimiento en noviembre de este año.

El próximo miércoles 22, Feijoo deberá asistir a Comodoro Py ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, que es quien investiga este caso, y deberá poner a dispocición su celular y todos los comprobantes de gastos vinculados a la propiedad y a la transacción.

Con información de agencia NA

MC

Cuando Manuel Adorni se paró por primera vez frente a los micrófonos de la Casa Rosada, en diciembre de 2023, tenía dos departamentos, un auto y poco más de diez mil dólares en el exterior. Dos años y cuatro meses después, ostenta $2,5 millones y más de US$48.000 en ahorros, cuatro inmuebles –incluida una casa en un country–, dos vehículos –entre ellos, una camioneta–, deudas con jubiladas cuya conexión es la amistad con uno de sus hijos –dueño de una constructora–, viajes al Caribe, al menos un vuelo a Punta del Este en un jet privado y una causa judicial abierta por supuesto enriquecimiento ilícito. Las preguntas que hoy instruye el fiscal federal Gerardo Pollicita ante el juez Ariel Lijo son simples y contundentes: ¿puede el actual jefe de Gabinete justificar su patrimonio? ¿De dónde salió la plata?

Diciembre de 2023: lo que declaró al asumir

En su primera declaración jurada como funcionario público, presentada el 29 de enero de 2024, Adorni declaró que tenía dos cuentas en el exterior con un total de $8,2 millones de pesos (unos diez mil dólares al tipo de cambio de entonces), diez millones de pesos en un fondo de inversión y apenas 182 mil pesos en cajas de ahorro locales. En efectivo, tenía 2.400 dólares.

Llegó al Gobierno con dos inmuebles: un departamento de 115 metros cuadrados en la calle Asamblea, en Parque Chacabuco, que informó que tiene desde 2014 y figura a medias con su mujer. Lo adquirió mediante una hipoteca que canceló en 2019. El otro, un departamento de 107 metros cuadrados en La Plata, 100% de él por una donación familiar, que declara como suyo desde 2016. Sus bienes al inicio del período sumaban $11,6 millones de pesos. Era, en apariencia, un funcionario de clase media con propiedades modestas. Pero lo que vino después no encaja con ese punto de partida.

Cierre de 2023: el salto que no cierra

Al comparar su declaración jurada inicial con la anual correspondiente al período 2023 –presentada el 7 de noviembre de 2024, fuera de término–, surge una diferencia enorme: sus bienes pasaron de $11,6 millones a $61 millones. Un incremento patrimonial de más del 500%, según reveló El Destape.

La aparente justificación está en un crédito familiar. Adorni declaró que al final de 2023 incorporó a su patrimonio 42.500 dólares en efectivo, provenientes de préstamos de su madre, Silvia Pais, y de una jubilada de 95 años llamada Norma Zuccolo, presuntamente también familiar suya. Los montos coincidían exactamente con el valor en pesos que el funcionario adjudicó a los dólares.

Exintegrantes de la Oficina Anticorrupción señalaron que simular préstamos de familiares es la maniobra habitual para “blanquear” dinero que no se había declarado con anterioridad y que factiblemente se utiliza para comprar algún bien. El patrón se repetiría, con otras personas, en los dos años siguientes.

2024: camioneta y casa en un country

En 2024, su primer año completo como funcionario, Adorni incorporó a su patrimonio una Jeep Compass Sport 2.4, modelo 2021, valuada en $11,3 millones. Fue en marzo de ese año. En relación con los vehículos, el funcionario informó haber tenido el 50% de un Renault Captur modelo 2019, aunque al cierre del período figura con valor declarado cero, una situación que en el sistema de la Oficina Anticorrupción suele registrarse cuando un bien es vendido entre un período y otro.

El mismo 2024 la familia Adorni llegó al country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz. Al principio alquilaban una vivienda en el lote 2 del mismo predio. El barrio privado –ubicado sobre la Ruta 6 a 82 kilómetros de CABA– tiene 61 hectáreas, cancha de golf de 18 hoyos, caballerizas, canchas de tenis y fútbol. Los precios de venta oscilan entre USD 90.000 y USD 200.000, y el costo de las expensas mensuales varía entre $600.000 y $800.000.

Evidentemente el lugar les gustó y mucho, porque el 15 de noviembre de ese 2024, Bettina Angeletti –esposa del jefe de Gabinete– registró a su nombre la Unidad Funcional 380 en el country. Figura como única titular de desde esa fecha. El documento deja constancia de que está casada con Manuel Adorni.

La fecha es por demás sugestiva: porque ese mismo día de noviembre, Adorni hipotecó el departamento de Parque Chacabuco donde vivía con su familia. Le había pedido a su escribana de confianza, Adriana Nechevenko –que lo conoce hace más de 20 años y lo llama “Manu”– que le buscara gente para que le prestara dinero. Ella le consiguió como financistas a una oficial de la Policía Federal ya retirada y su hija, actual miembro de la fuerza. Así, Graciela Isabel Molina de Cancio le aportó US$85.000 y Victoria María José Cancio, 15.000 dólares. El acuerdo de 100.000 dólares era al 11% anual a pagar en 24 cuotas mensuales. 

Según declaró Nechevenko en sede judicial, una vez recibidos los 100.000 dólares en efectivo, Adorni depositó el dinero en un banco y aportó otros 20.000 dólares propios. Así compró la casa del country, que colocó a nombre exclusivamente de su mujer. El funcionario no informó esta casa en el anexo público de su última declaración jurada. Tampoco lo hizo en su DDJJ como candidato porteño, como reveló elDiarioAR.

Tras concretar la compra, la familia inició una obra de gran magnitud. Antiguos moradores del barrio afirman que la vivienda original era una casa antigua que fue prácticamente demolida y reconstruida desde cero. La Justicia citó a declarar como testigos para los próximos días a Juan Ernesto Cosentino, el vendedor de la casa en el country, y a Matías Tabar, de la empresa “Grupo AA”, que estuvo a cargo de las obras en el lote 380.

Fin de 2024: vacaciones

Mientras Milei pedía a sus funcionarios que evitaran los destinos de lujo y mostraran austeridad, la familia Adorni viajaba a Aruba entre el 24 de diciembre de 2024 y el 10 de enero de 2025. El traslado se habría realizado en vuelos comerciales de LATAM Airlines, con escalas en Perú a la ida y en Ecuador al regreso. La Justicia intenta confirmar que se hayan alojado en el complejo Tamarijn Aruba All Inclusive, bajo modalidad todo incluido. El costo estimado del viaje ronda los 12.000 dólares.

Según informes oficiales, no hay registros de Adorni en la Casa Rosada entre el 27 de diciembre de 2024 y el 6 de enero de 2025, ambos días incluidos. El 31 de diciembre de 2024, Adorni y su mujer publicaron una foto posando frente a una pileta iluminada para recibir el Año Nuevo, con Vancouver como ubicación en Instagram. El problema es que en esa época del año, esa ciudad canadiense está en pleno invierno, con temperaturas bajo cero.

Cuando el escándalo explotó meses después, Adorni dijo que en un año y medio no había tomado vacaciones.

Agosto de 2025: la DDJJ con más preguntas

La declaración jurada correspondiente al ejercicio 2024, presentada el 4 de agosto de 2025, muestra que Adorni declaró más de USD 48.000 en ahorros, dinero en efectivo en pesos, dos propiedades y dos vehículos. 

Sus pasivos también crecieron. A fines de 2024 reportó deudas por $95,4 millones, frente a los $34,2 millones declarados en 2023, un crecimiento del 178% en un año. Se trata de deudas en dólares con cuatro acreedores: su madre Silvia Pais, Victoria María José Cancio, la sucesión de Norma Zuccolo y Graciela Isabel Molina.

La casa del country no figuraba. El departamento de Caballito, que compraría meses después, tampoco. La foto patrimonial que presentó no se condecía con la realidad que ya se estaba construyendo.

Noviembre de 2025: el departamento de Caballito, con una hipoteca que no cierra

El jefe de Gabinete firmó en noviembre de 2025 la escritura de compraventa del departamento de la calle Miró 550, en Caballito, donde vive actualmente con su familia. La operación quedó registrada a un valor de 230.000 dólares que provienen, casi en su totalidad, de una hipoteca no bancaria con dos particulares Esto ocurrió dos semanas después de que fuera confirmado como jefe de Gabinete en reemplazo de Guillermo Francos.

El inmueble había sido ofrecido a USD 295.000 por la inmobiliaria Rucci en noviembre de 2024. Las compradoras, la jubilada Beatriz Viegas (72 años) y Claudia Sbabo (64 años), lo adquirieron seis meses antes, en mayo de 2025, por US$ 200.000, al ex jugador Hugo Morales, que lo había comprado 20 años atrás por el mismo valor de venta. 

La propiedad, por su alta categoría y ubicación, debería constar en realidad cerca de US$ 450.000. El tasador de Reporte Inmobiliario calculó un valor cercano a los 375.000 dólares. El departamento terminó en manos de Adorni por un valor registrado de US$ 230.000, un 22% más barato que el aviso original. 

Sin vender su departamento en Parque Chacabuco, Adorni pagó un anticipo en efectivo de solo 30.000 dólares y se comprometió a saldar el resto mediante una hipoteca a pagar a noviembre de 2026. Lo curioso es que las jubiladas Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, cuando se lo compraron a Morales y luego cuando se lo vendieron a Adorni, siempre estuvieron acompañadas de dos hombres que no figuran en la compra, pero sí en la reserva.

Uno de ellos es hijo de Viegas, Pablo Martín Feijoo, que elDiarioAR reveló que figura en los registros de ingreso a la Casa Rosada. Entró, autorizado por el propio Adorni, el 22 de octubre de 2025, semanas antes de concretar la venta. El otro hombre detrás de las jubiladas se trata de Leandro Miano. Ambos “muchachos” –como los definió Morales en su declaración ante la Justicia– forman parte de la empresa desarrolladora TJS Group y de la constructora Avda SRL. La escribana de la operación fue, nuevamente, Adriana Mónica Nechevenko de Schuster.

Actualmente, Feijoo ofrece a la venta el departamento de Parque Chacabuco que los Adorni abandonaron cuando se fueron a vivir a Caballito. Es ofrecido a US$289.990, más caro que el de Caballito, que es más grande y de más categoría.

2026, cuando todo estalla

En el feriado de Carnaval, Adorni viajó con su esposa, sus hijos y el periodista Marcelo Grandio en un HondaJet privado con matrícula LVHWA, que salió el jueves 12 de febrero a las 20.21 y aterrizó en Punta del Este 35 minutos después.

El viaje duró cinco días. Al volver, el 17 de febrero, el funcionario solicitó hacer el trámite de migraciones en un hangar de San Fernando para no ser visto. Grandio tiene un programa en la TV Pública, que depende de la Jefatura de Gabinete. La emisora estatal le firmó al menos seis contratos desde 2024.

Adorni dijo que pagó todo de su bolsillo. Pero la secretaria del broker aeronáutico ratificó ante la Justicia que Grandio pagó el vuelo, y que el periodista le dijo que quería “invitar a una familia a Punta del Este”. El vuelo de vuelta también lo pagó Grandio, en efectivo, a través de un intermediario. El vuelo costó ida y vuelta, unos 10.000 dólares.

El expediente Adorni explotó mediáticamente en marzo, cuando se difundió una fotografía que mostraba a Bettina Angeletti junto a la comitiva presidencial en Nueva York, durante la Argentina Week 2026. Adorni confirmó que su esposa había viajado en el avión presidencial. Dijo que ella tenía pasaje comprado por US$5.348 pero que, por un cambio de agenda, él la invitó a sumarse al avión oficial, algo que impide el artículo 2 de la Ley de Ética Pública. Se consideró un “deslomado”. 

Adorni volvió de Nueva York junto a su mujer en el vuelo JFK-EZE, DL 115, del 14 de marzo de 2026, con partida a las 22:25 desde Estados Unidos y arribo a Ezeiza a las 10:15 del día siguiente. El servicio fue directo y sin escalas. El importe total de los tickets superó los US$10.000: el pasaje del jefe de Gabinete se facturó en 4.910,35 dólares, mientras que el de Angeletti en 5.154,55 dólares. En cuanto a la reserva, aparece asociada a “RESERVASPASAJES//JEFATURA.GOB.AR”, Cytric y marcas de “MISIÓN OFICIAL”.

En pocos días salieron a la luz el vuelo privado a Punta del Este, la casa en el country, el departamento de Caballito y el presunto viaje a Aruba. El escándalo ya no tiene retorno. Cada hilo que tira la Justicia lleva a las mismas preguntas: ¿puede el actual jefe de Gabinete justificar su patrimonio? ¿De dónde salió la plata?

MC

La investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó este jueves nuevos elementos que profundizan el escrutinio sobre su situación patrimonial. El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó levantar el secreto fiscal y bancario tanto de Adorni como de su esposa, Julieta Bettina Angeletti, y citó a declarar a cinco nuevos testigos. En paralelo, la Justicia recibió documentación que revela detalles del viaje del funcionario a Nueva York en el marco de la “Argentina Week 2026”: los pasajes de regreso superaron los 10.000 dólares y la reserva quedó registrada a nombre de una casilla oficial del Estado.

Los pasajes de Nueva York

Según informó Infobae, la Justicia recibió información sobre el vuelo de regreso del viaje desde Nueva York de Adorni y su esposa, luego de participar de la comitiva oficial en la denominada “Argentina Week 2026”.

El informe describe que el importe total de los tickets superó los 10.000 dólares: el pasaje del jefe de Gabinete se facturó en 4.910,35 dólares, mientras que el de Angeletti en 5.154,55 dólares. En cuanto a la reserva, aparece asociada a “RESERVASPASAJES//JEFATURA.GOB.AR”, Cytric y marcas de “MISIÓN OFICIAL”.

Ambos figuran como pasajeros en el mismo vuelo JFK-EZE, DL 115, del 14 de marzo de 2026, con partida a las 22:25 desde Estados Unidos y arribo a Ezeiza a las 10:15 del día siguiente. El servicio fue directo y sin escalas.

La documentación que recibió la Justicia, a pedido de la fiscalía, parecería chocar con la versión pública que dio el jefe de Gabinete: que tanto él y su esposa habían pagado su pasaje de regreso, luego de que la ida la hicieran en el Tango-01 junto a Javier Milei. Adorni reconoció haber llevado a Angeletti en el avión oficial y lo consideró un “error y no un delito”, aunque viola el artículo 2 de la ley de Ética Pública, que impide a los funcionarios hacer uso de recursos del Estado para beneficio personal o de sus familiares.

Secreto bancario y nuevas citaciones

En el marco de la misma causa, el fiscal Pollicita solicitó también el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Adorni y Angeletti. La medida apunta a permitir el acceso a cuentas bancarias, plazos fijos, créditos, préstamos, consumos con tarjetas de crédito y posibles vinculaciones con billeteras virtuales.

El objetivo es cotejar la evolución patrimonial del funcionario con los datos declarados ante los organismos de control, para determinar si hubo enriquecimiento ilícito o si las adquisiciones registradas tienen respaldo suficiente en ingresos legítimos.

El fiscal también dispuso la citación de cinco nuevos testigos vinculados a las operaciones inmobiliarias del jefe de Gabinete. Entre ellos figura Pablo Martín Feijoo, amigo de Adorni e hijo de una de las jubiladas que fue propietaria del departamento ubicado en la calle Miró, en el barrio porteño de Caballito, que luego adquirió el funcionario.

Su nombre surgió a partir del allanamiento a la Inmobiliaria Rucci, que comercializó la propiedad; deberá presentarse en los tribunales el 22 de abril. Feijoo visitó a Adorni en la Casa Rosada el 21 de octubre de 2025, un mes antes de que Adorni escriture el inmueble donde vive actualmente.

La investigación busca esclarecer cómo funcionó esa operación desde su origen. Según lo declarado ante la Justicia, Adorni habría adquirido el departamento abonando un adelanto de 30.000 dólares y otros 200.000 financiados a un año, sin intereses.

Los otros cuatro convocados son: la dueña de la inmobiliaria, la martillera Natalia Rucci, y su esposo Marcelo Trimarchi (citados para el 20 de abril); el encargado del edificio de la calle Miró (22 de abril); y Juan Ernesto Cosentino, quien le habría vendido al matrimonio Adorni la casa en Exaltación de la Cruz, dentro del country Indio Cuá (27 de abril).

MC

El 22 de octubre del 2025, menos de un mes antes de escriturar como propio el departamento en Caballito donde vive con su familia, Manuel Adorni tuvo en la Casa Rosada una reunión con un personaje clave en la trama sobre sus propiedades: recibió a Pablo Martín Feijoo, hijo de unas de las jubiladas que le vendió inmueble y que le dio una hipoteca por US$100.000. El mismo día también estuvo en la sede gubernamental la esposa del funcionario, Bettina Angeletti.

Feijoo ingresó a Balcarce 50 a las 10.16 de ese día y se retiró a las 21.34, según pudo constatar elDiarioAR en los registros de visitas de la Casa Rosada. Adorni, que por entonces era vocero presidencial, fue el funcionario que le autorizó el ingreso. Feijoo estuvo acompañado por Gisela Kocsis, según la misma planilla. Angeletti ingresó a las 9.58 y se retiró a las 11.25.

Feijoo, de 36 años, es hijo de Beatriz Alicia Viegas, una de las dos mujeres que le vendió el departamento de la calle Miró al 500 a Adorni. La segunda vendedora y también prestamista de otros US$100.000 es Claudia Sbabo. Ambas le dieron a Adorni una hipoteca sin intereses por el 87% del valor escriturado, según declaró este miércoles en Comodoro Py la escribana Mónica Nechevenko.

La figura de Feijoo toma relevancia porque según el primer dueño del departamento de Adorni, el exfutbolista Hugo Morales, cuando él le vendió el inmueble a Viegas y Sbabo, las mujeres estaban acompañadas “por dos chicos”. Esa fue su declaración este martes ante el fiscal Gerardo Pollicita.

Según pudo reconstruir elDiarioAR, el exdeportista profesional accedió a vender el departamento en mayo pasado a US$200.000 porque “quería sacárselo de encima”, pese a que el precio original de venta era por US$340.000. En varios ocaciones en su declaración testimonial indicó la presencia de “dos hombres”.

Este miércoles el diario La Nación reveló la identidad de Feijoo como uno de esos hombres. El otro se trata de Leandro Miano. Ambos forman parte de la empresa desarrolladora TJS Group y de la constructora Avda SRL. Así como Feijoo es hijo de Viegas, Sbabo está casada con Omar Leonardo Miano, mismo apellido que el otro de los miembros de la desarrolladora. Tanto Feijoo como Miano serían citados a declarar como testigos por el fiscal Gerardo Pollicita. Las jubiladas lo iban a hacer este jueves, pero se postergó para la semana próxima.

Adorni, según pudo saber elDiarioAR, relató puertas adentro de la Casa Rosada que una de las mujeres que le vendió el departamento “es madre de un amigo”. Así cobraría sentido la visita de Feijoo en Balcarce 50 menos de un mes antes de la escritura del departamento, que fue el 14 de noviembre. El del 22 de octubre es el único ingreso de Feijoo a la Casa Rosada en 2025.

La escriba Nechevenko también tuvo llamativos ingresos a la Casa Rosada para verse con Adorni en los últimos dos años. La profesional, que intervino en las distintas operaciones inmobiliarias de Adorni, ingresó al menos siete veces a la Casa Rosada entre 2024 y 2025 para reunirse con el funcionario.

La primera visita fue el 30 de julio de 2024 y duró poco más de una hora; luego volvió el 19 de agosto y el 7 de octubre de ese año, en encuentros también registrados con horarios precisos de ingreso y egreso. En diciembre de 2024 se produjo una cuarta reunión, en un período en el que la escribana participaba en la operación de la casa en el country Indio Cuá.

Las visitas continuaron en 2025: el 27 de mayo se registró el encuentro más extenso —casi once horas dentro de la Casa Rosada— en paralelo a la escrituración del departamento de Caballito; luego hubo una reunión breve el 14 de julio y otra el 15 de septiembre, ambas de menos de media hora. Según los registros obtenidos vía acceso a la información pública, estos encuentros se produjeron en los mismos períodos en que se concretaron o avanzaron las operaciones inmobiliarias bajo investigación judicial, lo que puso el foco en el vínculo entre el funcionario y la profesional.

MC

La Justicia ordenó allanamientos en tres sucursales de la inmobiliaria Rucci que intervinieron en la compra de un departamento del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el barrio porteño de Caballito, en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito.

La medida se dispuso luego de la declaración como testigo de la escribana Adriana Nechevenko de Schuster ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, quien busca determinar quiénes participaron en la intermediación de la operación y establecer el valor real de la transacción.

La investigación se enfoca en el financiamiento de la propiedad ubicada en la calle Miró al 500, adquirida mediante préstamos privados otorgados por cuatro mujeres mayores. Según se analiza en el expediente, sus ingresos, en algunos casos como jubiladas o empleadas públicas,no serían compatibles con los montos prestados al funcionario.

Durante su declaración, Nechevenko sostuvo que no tiene injerencia en el origen de los fondos y aseguró que, desde su rol profesional, las operaciones fueron “normales”, motivo por el cual certificó las escrituras.

En paralelo, la Justicia también dispuso el levantamiento del secreto bancario para profundizar la investigación sobre otros movimientos financieros de Adorni, entre ellos gastos vinculados a vuelos privados al exterior, como viajes a Nueva York y Punta del Este.

Con información de la agencia NA

La escribana Adriana Mónica Nechevenko de Schuster aseguró que no hubo irregularidades en las operaciones inmobiliarias del jefe de Gabinete Manuel Adorni, tras declarar durante casi tres horas ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, aunque evitó dar precisiones sobre el origen de los fondos utilizados: “Eso pregúntenle a él”, respondió la profesional al ser consultada por la prensa. Este jueves volvió a presentarse en Comodoro Py para completar su declaración. La profesional llegó sola alrededor de las 8 para entregar la documentación que se le requirió durante la audiencia del miércoles.

“No voy a hacer declaraciones. Vine porque tenía que venir. Si me vuelven a llamar, volveré a venir. La Justicia está haciendo su trabajo. Yo estoy tranquila”, dijo la escribana en declaraciones periodísticas a la salida, pasadas las 9. 

Su declaración del miércoles

Nechevenko fue citada como testigo en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra a Adorni, y su declaración se centró en su intervención en la certificación de dos propiedades: un departamento ubicado en el barrio porteño de Caballito y una casa en un country de Exaltación de la Cruz.

Según explicó, en el caso del departamento de la calle Miró al 500, la operación se realizó por 230.000 dólares y fue financiada en gran parte mediante una hipoteca privada. La escribana sostuvo que este tipo de mecanismos son habituales y que no implican irregularidades. “No hubo préstamo en efectivo, sino una hipoteca normal sin ningún problema”, afirmó.

La investigación judicial también puso el foco en el valor de escrituración del inmueble, que sería inferior al de mercado, y en una serie de visitas de la escribana a la Casa Rosada -al menos siete entre 2024 y 2025-, sobre las que prefirió no dar explicaciones públicas. “A mi cliente no le gustaría que hablar de eso”, dijo.

En paralelo, el fiscal Pollicita ordenó nuevas medidas de prueba y citó a declarar a las mujeres que habrían financiado las operaciones. Entre ellas se encuentran Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, quienes habrían aportado unos 200.000 dólares, cerca del 87% del valor del departamento, mediante un esquema de hipoteca con saldo de precio.

También deberán presentarse Graciela Isabel Molina de Cancio y su hija, Victoria Cancio, vinculadas a otro préstamo destinado a la compra de una propiedad anterior del funcionario.

La causa, que tramita en el juzgado federal a cargo de Ariel Lijo, busca determinar la evolución patrimonial de Adorni y esclarecer el origen de los fondos utilizados en las operaciones inmobiliarias.

Como parte del expediente, en las últimas horas también declaró como testigo el exfutbolista Hugo Morales, quien aportó información sobre la venta previa del departamento de Caballito.

La causa que investiga el presunto enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni tuvo este martes su primera declaración testimonial y una seguidilla de citaciones que marcan el ritmo acelerado de la investigación. Hugo Alberto Morales, exfutbolista de Lanús, Huracán y la Selección nacional, fue el primero en sentarse frente al fiscal federal Gerardo Pollicita para contar los detalles de la venta del departamento de Caballito que hoy pertenece al ministro coordinador. Este martes será el turno de la escribana que intervino en varias de las operaciones clave. Y en los próximos días declararán las cuatro mujeres que aparecen en los registros como prestamistas de Adorni con garantías hipotecarias.

Qué dijo el exfutbolista

Morales participó de la audiencia de manera remota, a través de la plataforma Jitsi del Ministerio Público Fiscal, ya que actualmente reside en la provincia de Corrientes. La declaración se extendió por más de dos horas y contó con la presencia del abogado defensor de Adorni, Matías Ledesma.

El exdeportista confirmó que en mayo de 2024 vendió el departamento de Miró al 500 —que había comprado en 1996 y que durante la última década mantuvo alquilado— por US$200.000 a las jubiladas Beatriz Viegas y Claudia Sbabo. Había pedido inicialmente 250.000 dólares, pero cerró por ese valor porque el inmueble necesitaba refacciones importantes y porque, viviendo lejos, quería resolver la operación rápido.

Un dato que captó la atención de los investigadores: Morales dijo que en la operación, además de las dos jubiladas, participaron “dos chicos” que no pudo identificar ni recordó si figuraban en algún papel, según reconstruyó elDiarioAR. El exjugador también aportó los datos de la inmobiliaria Rucci que intermedió en la venta —la de la esposa de un amigo suyo, también exfutbolista— y los chats de su celular con las personas involucradas.

Seis meses después de comprarle a Morales, en noviembre de 2024, esas mismas jubiladas le vendieron el departamento a Adorni y a su esposa, Bettina Angeletti, por 230.000 dólares, financiado mediante un crédito hipotecario del que Viegas y Sbabo son acreedoras de US$100.000 cada una (la pareja Adorni-Angeletti aportó por su cuenta los 30.000 dólares restantes). En otros términos: las jubiladas fueron a un tiempo vendedoras y prestamistas, y le facilitaron al jefe de Gabinete más del 85% del valor que él les pagó.

Este miércoles, la escribana

Este miércoles a las 10.30 deberá presentarse en Comodoro Py la escribana Adriana Nechevenko, considerada una testigo central de la causa. Intervino en la escrituración del departamento de Caballito, en la hipoteca que Adorni constituyó sobre otro de sus inmuebles —un departamento en Parque Chacabuco— y en la compra de la casa del country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, a nombre de Angeletti.

Tiene que declarar bajo juramento ante el fiscal Pollicita. Será indagada sobre su relación con Adorni y cómo fueron las operaciones inmobiliarias de la familia del jefe de Gabinete.

Las cuatro prestamistas, citadas

El fiscal Pollicita también dispuso la convocatoria de las cuatro mujeres que aparecen en registros oficiales como otorgantes de créditos a Adorni con garantías hipotecarias.

Para este jueves están citadas las propias Viegas y Sbabo, que ya esquivaron ante la prensa dar detalles sobre cuál es su relación con Adorni. Como anticipó elDiarioAR, el jefe de Gabinete aseguró puertas adentro del Gobierno que una de las mujeres es la madre de un amigo suyo.

Por otro lado, el lunes siguiente deberán presentarse Graciela Isabel Molina de Cancio —comisario retirada de la Policía, acreedora por 85.000 dólares— y su hija Victoria Cancio, también uniformada, que habría aportado 15.000 dólares. Ambas aparecen como prestamistas sobre el departamento de Parque Chacabuco, operación que se formalizó el 15 de noviembre de 2024, exactamente el mismo día que Angeletti compró la casa del country.

Según la denuncia de la diputada Marcela Pagano que originó la causa, Adorni habría adquirido esas propiedades sin desprenderse de los inmuebles que ya tenía. La investigación, a cargo del juez Ariel Lijo, también abarca viajes en jet privado a Punta del Este y al exterior. La Fiscalía además ya recibió el anexo reservado de la declaración jurada de Adorni —que incluye los bienes declarados por su esposa entre 2022 y 2025— enviado por la Oficina Anticorrupción.

MC

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volvió a recurrir a un esquema de financiamiento privado para adquirir una propiedad. Según su declaración ante la Oficina Anticorrupción (OA), el 15 de noviembre de 2024, cuando ya se desempeñaba como vocero presidencial, tomó un préstamo de 100.000 dólares otorgado por dos particulares para un departamento ubicado sobre la avenida Asamblea al 1100, en Parque Chacabuco.

La operación, que hasta ahora no había trascendido públicamente, coincide en fecha con otra adquisición familiar: ese mismo día figura la compra de una casa en el country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz, a nombre de su esposa, Bettina Angeletti.

De acuerdo con la documentación presentada, las prestamistas fueron Graciela Isabel Molina de Cancio, quien habría aportado 85.000 dólares, y Victoria María José Cancio, con 15.000. En su declaración jurada correspondiente a 2024, Adorni consignó deudas por 43.860.000 pesos con Molina de Cancio y 7.740.000 pesos con Cancio, aunque especificó que se trata de compromisos nominados en dólares.

Molina de Cancio, según información publicada por el diario La Nación, es comisaria retirada de la Policía Federal y se desempeñó como jefa de la Dirección General de Escuelas de Formación Policial hasta 2021.

Otro elemento que se repite en estas operaciones es la intervención de la escribana Adriana Mónica Nechevenko. La profesional participó tanto en esta hipoteca como en la compra de la vivienda en Indio Cua y en la adquisición de un departamento en la calle Miró al 500, en Caballito. Además, registra al menos siete ingresos a la Casa Rosada desde que Adorni ocupa cargos en el Gobierno.

Nechevenko fue citada a declarar este miércoles por el fiscal Gerardo Pollicita, quien lleva adelante una investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete. El fiscal le solicitó toda la documentación vinculada a las operaciones inmobiliarias del matrimonio Adorni-Angeletti, con el objetivo de analizar los pagos, las deudas asumidas y su encuadre legal.

La operatoria detectada en el departamento de Parque Chacabuco guarda similitudes con la utilizada en 2025 para la compra de un inmueble de 200 metros cuadrados con cochera en la calle Miró. En ese caso, el financiamiento también fue privado: las vendedoras, Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, le otorgaron un préstamo de 200.000 dólares, equivalente a cerca del 90% del valor declarado en la escritura, una cifra que, según operadores inmobiliarios, se ubicaría por debajo del precio de mercado.

Con información de la agencia NA

A poco más de dos años de su desembarco en la gestión pública, el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, vuelve a quedar bajo la lupa. Según los registros de la propiedad inmueble, el funcionario nacional adquirió en noviembre pasado un departamento de amplias dimensiones en el barrio porteño de Caballito, mediante una modalidad de financiamiento que ya despierta interrogantes: una hipoteca no bancaria otorgada por las mismas vendedoras de la unidad.

El inmueble está ubicado sobre la calle Miró, una de las zonas más cotizadas del barrio. Se trata de una unidad de 199,97 metros cuadrados que incluye cochera. La operación se cerró por un monto total de USD 230.000, de los cuales la pareja -Adorni y su esposa, Bettina Angeletti- habría abonado una parte en efectivo, financiando el resto.

Lo llamativo del caso radica en el instrumento de pago. El matrimonio suscribió una hipoteca por US$ 200.000 con dos personas físicas. Estas particulares habían comprado el departamento apenas meses antes, en abril de 2025.

La compra se concretó en un momento político sensible para Adorni, apenas 14 días después de que fuera nombrado jefe de Gabinete de la Nación. Esta adquisición se suma a otros movimientos inmobiliarios recientes de la familia, como la compra en noviembre de 2024 de una propiedad en el country Indio Cua Golf Club, en Exaltación de la Cruz, registrada a nombre de Angeletti.

Actualmente, la Justicia Federal mantiene abierta una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. El foco está puesto en la evolución de los activos del vocero reconvertido en ministro coordinador.

Desde el entorno del integrante del Gabinete sostienen que no existe irregularidad alguna. El funcionario ha reiterado en diversas oportunidades que sus bienes son fruto de 25 años de actividad en el sector privado y que toda su documentación está en regla y a disposición de la Justicia. Y más allá de las versiones que lo dan fuera del Gobierno, en Balcarce 50 juran que el ex candidato a legislador está firme en el cargo

“Adorni no se va, su situación ya no es tema. Está trabajando en la agenda parlamentaria”, expresó una fuente con acceso al despacho presidencial.

Con información de la agencia NA

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quedó imputado en la causa por presunto enriquecimiento ilícito, luego de que el fiscal Gerardo Pollicita diera impulso a la acción penal.

Según confirmaron fuentes judiciales a elDiarioAR, el fiscal solicitó la medida para avanzar con la investigación del patrimonio del funcionario y requirió una batería de doce medidas de prueba para analizar la evolución de sus bienes y movimientos económicos.

El objetivo es reconstruir su situación patrimonial y determinar si existen inconsistencias o un eventual incremento no justificado, en el marco de una causa que se encuentra en una etapa inicial.

Entre los requerimientos, se destacan pedidos de informes a registros de la propiedad de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como a organismos nacionales y provinciales, la Oficina Anticorrupción y la Anses. El objetivo es relevar en detalle los activos del funcionario y contrastarlos con sus ingresos declarados.

En particular, el fiscal solicitó información sobre un inmueble ubicado en el Country Indio Cuá Golf Club, con el fin de determinar su titularidad, antecedentes registrales, posibles gravámenes y otras condiciones legales. También pidió conocer quién afronta el pago de las expensas y si se tramitaron los permisos de construcción correspondientes ante el municipio.

A su vez, requirió un informe completo sobre los bienes registrados en la Ciudad de Buenos Aires a nombre de Adorni y de Bettina Julieta Angeletti, incluyendo porcentajes de titularidad, fechas de adquisición y cualquier restricción o inhibición vigente.

La batería de medidas se completa con pedidos de datos migratorios, movimientos laborales y documentación vinculada a operaciones financieras o inmobiliarias, además de información sobre los préstamos familiares mencionados en la denuncia.

Asimismo, se solicitó a la Oficina Anticorrupción el envío de las declaraciones juradas patrimoniales integrales correspondientes a los últimos años, junto con sus anexos reservados, para analizar la consistencia de la información presentada.

La Cámara Federal de La Plata impuso hoy la inhibición general de bienes sobre el ex jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde en la causa por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. La medida alcanza también a su ex pareja Jésica Cirio y la modelo con la que viajó a Marbella, España, Sofía Clerici.

Si bien no participó del viaje que desencadenó una serie de denuncias contra el ex funcionario oficialista, la modelo y conductora televisiva, Cirio están siendo indagada por el millonario acuerdo de divorcio con el ex funcionario del gobierno de Axel Kicillof firmado en Uruguay.

El fiscal Sergio Mola había pedido la inhibición, pero el juez Ernesto Kreplak la había rechazado, lo que llevó a una apelación ante la Cámara que terminó resolviendo a favor de Mola. La fiscalía había justificado la solicitud en la intención de los acusados de ocultar los hechos investigados, la prolongada duración del proceso y las presuntas conexiones internacionales de los tres involucrados.

En este marco, la Cámara evaluó que “la naturaleza de los delitos investigados” y “el incipiente estado de la investigación justifican el dictado de las medidas solicitadas por el Ministerio Público”. De este modo, los imputados no podrán deshacerse de sus bienes, los cuales quedarán cautelados a la investigación hasta que esta llegue a su fin.

Actualmente, el fiscal Mola está trabajando para determinar quiénes financiaron los múltiples vuelos de Insaurralde, dado que ninguno de ellos estuvo vinculado a su ejercicio como jefe de gabinete bonaerense. Aún resta que sean contestado algunos exhortos que el juez Kreplak envió a Estados Unidos, Uruguay y España para avanzar con esta parte de la investigación. En el país europeo, la Justicia cuenta con información sobre quiénes pagaron los hospedajes del último viaje de Insaurralde y Clerici, el día de navegación del yate “El Bandido” en el Mediterráneo y los vuelos a Marbella.

Las sociedades del ex jefe de gabinete de Unión por la Patria también son foco de indagación. Se cree que muchas de ellas están vinculadas a su vivienda en Fincas de San Vicente, que ya había sido allanada en el marco de esta causa.

ACM con información de agencias.

Mientras Martín Insaurralde se mantiene “guardado” y evitó ser allanado por la Justicia la semana última, sus abogados se presentaron este viernes por la tarde ante el juzgado de Ernesto Kreplak y recusaron al fiscal federal Sergio Mola para intentar apartarlo de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Así surge del escrito al que tuvo acceso elDiarioAR. Ahora, el juez deberá dar vista del pedido a la fiscalía para que Mola presente su posición.

El exjefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires argumentó que el fiscal debe ser apartado por “manifiesta enemistad y animadversión” en su contra, afirmaron sus abogados Fernando E. Pinto y Nicolás H. Maciel. Mola viene avanzando en una investigación paralela a la que lleva adelante el juzgado federal de Lomas de Zamora. La defensa sostuvo en un duro escrito que el fiscal actúa “en exceso” al realizar medidas de prueba por su cuenta, lo cual, sin embargo, es permitido por la normativa.

El escrito de los abogados dejó entrever además la tensión que la causa ha generado entre el juez y el fiscal por el criterio de investigación. “El día 4 de octubre de 2023 el señor Fiscal introdujo la recusación por amistad íntima de mi defendido con el señor Juez”, escribieron Maciel y Pinto. “Los términos de la recusación -del fiscal al juez Federico Villena, primer magistrado de la causa- fueron a tal punto hostiles e impropios a la investidura del Magistrado recusado, que éste a la vez que negó la existencia de la causal de recusación invocada, se excusó afirmando haber sufrido violencia moral al punto de afectar su tranquilidad de espíritu para continuar en el proceso”.

Argumentos

Para argumentar la supuesta “enemistad manifiesta y animadversión”, la defensa de Insaurralde aduce que la fiscalía habría informado a la prensa los registros de Miraciones del funcionario. Insaurralde viene siendo protagonista de numerosas publicaciones por su nivel de vida de lujo, su viaje en yate por el Mediterráneo y las sospechas de un presunto enriquecimiento ilícito. 

La defensa sostuvo que los registros migratorios de Insaurralde fueron luego “capitalizada por la fuerza opositora contraria al espacio político que integra nuestro defendido, entonces con un rol funcional de importancia”. 

“La coincidencia de la premura persecutoria del señor Fiscal con los tiempos de las elecciones generales en curso, y de la inexplicable difusión inmediata de información de la causa, obtenida por el señor Fiscal por fuera de la instrucción que él mismo había requerido, hizo virar el eje de las proclamas de la candidata señora Bullrich hacia el llamado ‘yategate’”, sostuvieron los abogados de Insaurralde.

Los resultados electorales del domingo 22 de octubre confirmaron una victoria del gobernador Axel Kicillof por unos 20 puntos de diferencia con el segundo puesto obtenido por Juntos por el Cambio.

“En forma prácticamente simultánea al allanamiento dispuesto en el domicilio de Sofía Clerici, se pudo ver en los diarios fotografía de dinero que le fue secuestrado, con títulos que por supuesto abonaban en beneficio del espacio político de la nombrada candidata”, se quejaron los abogados.

La defensa sostiene que el fiscal estaría actuando al margen de la ley al realizar una investigación paralela. Sin embargo, la normativa permite a los fiscales que no están a cargo de la instrucción de la causa realizar medidas de prueba complementarias a las del juez a cargo de la investigación, siempre y cuando no realicen medidas que sólo puede realizar el juez, como allanamientos, intervenciones telefónicas y embargos.

Bullrich

Los abogados de Insaurralde también argumentaron como parte de su hipótesis de enemistad del fiscal que este haya sido nombrado con la ahora excandidata a la Presidencia “aplaudiendo en primera fila”, cuando Bullrich era ministra de seguridad del gobierno de Cambiemos. “También se muestra un posterior ingreso a la Casa de Gobierno del señor Fiscal con fecha 16 de junio de 2016”, durante la gestión de Mauricio Macri. Así, la defensa de Insaurralde replicó argumentos planteados por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner para recusar jueces en los expedientes en su contra. De hecho Mola fue quien acompañó la acusación del fiscal Diego Luciani contra la ex mandataria en la causa Vialidad.

Los abogados también se quejaron porque el fiscal no requirió “medida alguna para confirmar la genuinidad de las imágenes publicadas en las redes sociales” por parte de Clerici, quien expuso al intendente de Lomas de Zamora en uso de licencia a bordo del yate. Insaurralde renunció a su cargo como jefe de Gabinete de la provincia tras la publicación de las fotografías.

La defensa aseguró que “el interés institucional del Ministerio Público Fiscal quedó relegado frente a la interposición de las finalidad de apoyo a la campaña política simultánea que llevaba adelante la señora que lo aplaude en la fotografía en primera fila, al punto de haber hecho la utilización política de las actuaciones que ha sido ya señalada”.

Nota: este artículo se actualizó el 1° de noviembre de 2023 a las 17:59.

ED/MG

El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak aceptó hoy investigar el presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito por parte del ex jefe de gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, la conductora televisiva Jesica Cirio y la modelo Sofía Clerici. Tras declararse competente en la causa, dispuso el levantamiento del secreto bancario, financiero y bursátil de los tres implicados a partir de la solicitud de la fiscal de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona.

El juez también solicitó que la Dirección Nacional de Migraciones “informe la totalidad de los movimientos migratorios” de los tres acusados y que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) entregue sus constancias de la última década sobre “bienes registrables, pagos y declaraciones juradas”, entre otros.

La imputación de Insaurralde, Cirio y Clerici por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero deriva de una denuncia presentada por el diputado Ricardo López Murphy y la candidata a senadora nacional de Juntos por el Cambio, María Eugenia Talerico. Ambos dirigentes pusieron el foco en el divorcio millonario en el que el ex funcionario del gobierno de Axel Kicillof le habría pagado a la conductora de televisión unos 20 millones de dólares.

Esta es sólo una de las tantas denuncias que se presentaron luego de que se viralizara un video de Clerici junto al ex jefe de gabinete en un yate en Marbella, España. Otra de las causas iniciadas es la impulsada por el abogado Gastón Marano ─ex asesor del PRO en la Comisión Bicameral de Inteligencia─ que, tras el apartamiento del letrado Federico Villena, también quedó a cargo del juez Kreplak.

En el marco de ese expediente, ya se acreditó que Clerici e Insaurralde estuvieron fuera del país al mismo tiempo: el ex funcionario bonaerense viajó hacia España el 15 de septiembre en un vuelo de Iberia y regresó al país el 21 a la mañana, el mismo día que la modelo.

ACM con información de agencias.

Tras su viaje millonario a Marbella, avanzan las acusaciones contra el ex jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde. Ahora, la diputada de Juntos por el Cambio Graciela Ocaña lo denunció en Uruguay por presunto lavado de activos. A esto se suma una imputación previa por “enriquecimiento ilícito” que también alcanza a la modelo Sofía Clerici, acusada por encubrimiento, y la ex pareja del funcionario, Jésica Cirio.

Insaurralde acumula ya al menos ocho denuncias en su contra. El abogado Gustavo Marano fue uno de los primeros en llevar adelante una de ellas, en este caso, por presunta evasión. La denuncia quedó en mano del juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, quien, pese a haber negado los supuestos vínculos con el ex funcionario de Axel Kicillof, terminó apartándose de la causa.

“No tengo ni tuve amistad con el Sr. Martín Insaurralde, más allá de la relación protocolar o cordial, que pueda tener con cualquier intendente cuyo municipio se encuentre territorialmente bajo la jurisdicción que corresponde a la Justicia Federal de Lomas de Zamora. Ello en modo alguno podría haber afectado mi objetividad e imparcialidad para llevar adelante la investigación de los hechos que conforman el objeto procesal de estas actuaciones”, argumentó el magistrado.

Se sospechaba que el juez pudiera actuar de manera parcial en tanto la primera pareja del ex jefe de gabinete, Liana Alejandra Toledo, trabaja en su juzgado. En este marco, Villena aseguró que la mujer actualmente está de licencia y no se encuentra trabajando en la secretaría donde quedó radicada la denuncia. Sin embargo, para evitar dañar su reputación como juez ante las dudas suscitadas, decidió dar un paso al costado.

“Ahora bien, sin perjuicio de haber refutado todos y casa uno de los argumentos ofrecidos por el Dr. Mola, la escalada pública de las presentes actuaciones, las dudas generadas, los falsos trascendidos y los reiterados ataques a mi investidura, me colocan en una situación de violencia moral, que condiciona irremediablemente ahora sí mi actuación como Juez natural en el presente legajo y me llevan a tomar la decisión de inhibirme de seguir entendiendo en él”, indicó.

“Justamente, por la responsabilidad con la que asumo esa tarea, y con el único objetivo de hacer prevalecer el valor justicia y la confianza de los ciudadanos en ella, es que de manera excepcional, adoptaré la decisión de excusarme”, agregó.

Ahora, todos los expedientes que tramitan en Lomas de Zamora quedarán a cargo de su colega Ernesto Kreplak, quien subroga el juzgado federal 2. Así, tanto la denuncia realizada por Marano, como la presentada por Ricardo López Murphy y María Eugenia Talerico, permanecerán en su poder.

En el marco de esta denuncia realizada por los dirigentes de Juntos por el Cambio, Insaurralde fue imputado, junto a Sofía Clerici y Jésica Cirio, por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. La fiscal federal de Lomas de Zamora Cecilia Incardona ya solicitó varias medidas de prueba contra los tres, entre las que destacan el levantamiento del secreto fiscal y bancario y, en el caso específico del ex funcionario de Unión por la Patria, la presentación de su declaración jurada de bienes.

Insaurralde había presentado este documento por última vez en 2022, cuando declaró un ingreso de casi $4 millones por su actividad como jefe de Gabinete bonaerense e Intendente de Lomas de Zamora en uso de licencia. La cifra informada por el ex funcionario activó las alarmas luego de que se conociera el acuerdo de divorcio con Jésica Cirio, por el que debió pagarle a la conductora de televisión la suma de 20 millones de dólares en Uruguay. Esta situación fue la que también arrastró a su ex pareja al ojo de la tormenta.

La causa por lavado de dinero también derivó en una investigación de los viajes hechos por el dirigente lomense, según lo solicitado por el fiscal Sergio Mola. Según los registros entregados por Migraciones, el ex funcionario, entre 1999 y 2023, tuvo más de 200 entradas y salidas del país, de las cuales se deberá determinar cuántos son viajes oficiales y cuántos vuelos privados.

Además, se deberá determinar si se trasladaba en vuelos de línea o aviones privados, en tanto los costos de ambas alternativas son diferentes. En este sentido, llama la atención un viaje a Paraguay que realizó en un vuelo privado ─figura como “traslado particular”─ antes de continuar su ruta hacia Estados Unidos, país que visitó cuatro veces entre 2022 y lo que va de este año.

ACM con información de agencias.

La Corte Suprema de Justicia rechazó ocho recursos interpuestos por el ex secretario de Obras Públicas de la Nación, José Francisco López, y dejó firme su condena a siete años y medio de prisión. El ex funcionario fue sentenciado por enriquecimiento ilícito y portación ilegal de arma de guerra.

En la causa por la que hoy está condenado se determinó que López incrementó su patrimonio ilícita e indiscriminadamente durante su ejercicio como secretario de Obras Públicas entre el 28 de mayo de 2003 y el 9 de diciembre de 2015.

En este contexto, también se investigó el hallazgo de bolsos de dinero por parte de la policía durante un operativo realizado el 14 de junio de 2016 en el Monasterio Nuestra Señora del Rosario de Fátima en General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires. Durante el hecho, se secuestró un arma de fuego, lo que condujo a la sentencia contra López el 21 de octubre de 2017.

El 1 de septiembre de 2020, el Tribunal Oral 1 dispuso la unificación de las condenas por ambos delitos: se le impusieron siete años y medio de prisión, inhabilitación absoluta perpetua e inhabilitación especial para portar y tener armas por el plazo de tres años y dos meses y una multa del 60% del valor del enriquecimiento. En este marco, se decidió decomisarle 8.982.047 dólares estadounidenses, 153.610 euros, 159.114 pesos, relojes de lujo y otros valores que quedaron a disposición de los hospitales de Pediatría Juan Garrahan y de Niños Ricardo Gutiérrez.

ACM con información de agencias