La fiscalía que investiga la muerte del fiscal Alberto Nisman ratificó que se trató de un homicidio vinculado a su investigación del atentado a la AMIA y a su denuncia por la firma del Memorándum con Irán, en un informe sobre el estado de la causa penal publicado a ocho días del décimo aniversario del hecho.

“El fiscal federal Natalio Alberto Nisman fue víctima de un homicidio y que su muerte estuvo motivada en su labor en la UFI- AMIA y, concretamente, con su accionar vinculado al Memorándum de Entendimiento con la República de Irán”, concluye el informe de 56 carillas en la investigación que lleva adelante el fiscal federal Eduardo Taiano.

Los investigadores remarcan que a la fecha “se encuentran en curso la producción de medidas tendientes a determinar la identidad de aquellos que ejecutaron el hecho y de quiénes lo ordenaron, conforme a la hipótesis de la fiscalía”.

La investigación está delegada en la fiscalía de Taiano por decisión del juez del caso, Julián Ercolini y según el informe difundido hoy se apunta entre otros aspectos al rol de los servicios de inteligencia en el gobierno de Cristina Kirchner además del desarrollo de medidas de prueba para dar con los autores materiales y con quienes ordenaron el crimen.

“La vinculación de los servicios de inteligencia con la investigación del atentado a la sede de la AMIA fue algo que se verificó desde sus albores. Esta relación tomó mayor relevancia luego de la creación de la UFI-AMIA por orden del Presidente Kirchner y el mandato de colaboración de la entonces SIDE al fiscal Nisman”, recordó el documento.

Pero, la fiscalía advierte que, en relación a esa colaboración, “se incorporaron constancias indicando que con posterioridad al fallecimiento del Presidente Kirchner la situación cambió”, explica en el informe difundido por el sitio web de la Procuración General de la Nación.

“Aproximadamente para finales del año 2010 y principios de 2011, el Poder Ejecutivo Nacional, en cabeza de Cristina Fernández de Kirchner, decidió un viraje en su política exterior respecto de la República Islámica de Irán, que se tradujo en una orden a la Secretaría de Inteligencia para que cese en la investigación del atentado a la sede de la AMIA y su colaboración con el fiscal que llevaba adelante la causa”, asegura la fiscalía.

Ante ello, hubo una “negativa de un sector del organismo dedicado a la inteligencia nacional de cumplir esa orden, se dio comienzo a una fractura entre este grupo y las máximas autoridades nacionales y las dependencias de la Secretaría de Inteligencia que continuaban respondiéndole”. En ese período ubicó la fiscalía la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán por el atentado y “la labor desplegada por Nisman para sostener su inconstitucionalidad”.

Taiano y su equipo de investigación ubican en ese lapso medidas del Poder Ejecutivo para “favorecer y fomentar” la labor de inteligencia del Ejército Argentino, uno de los aspectos que se investiga en la causa por la muerte de Nisman, encontrado con un disparo en la cabeza en el baño de su departamento en las torres Le Parc el 18 de enero de 2015, cuatro días después de denunciar a la entonces presidenta Cristina Kirchner y otros imputados por encubrimiento agravado a raíz de la firma del Memorándum.

En la investigación se “han solicitado nuevas medidas de prueba a distintas dependencias. Se libraron nuevas órdenes de presentación a empresas telefónicas a los efectos de obtener los registros entrantes y salientes de abonados que siguen surgiendo en la trama descripta, que se traducen en cerca de 100 nuevas líneas telefónicas que serán incorporadas a las actividades de entrecruzamiento y análisis de comunicaciones que se encuentran en trámite”.

“Se imputó a Luis Alberto Heiler -prefecto general de la Prefectura Nacional Argentina-, Román Di Santo -jefe de la Policía Federal Argentina-, Sergio Berni -secretario de Seguridad del Ministerio de Seguridad de la Nación- y Darío Ruiz -secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas del Ministerio de Seguridad de la Nación-, quienes intervinieron en el procedimiento llevado a cabo en el complejo Le Parc Puerto Madero a raíz de las irregularidades detectadas en el ámbito de su accionar”, recordó además la fiscalía.

En la actualidad sigue la declaración como testigos de agentes de inteligencia que mantuvieron “comunicaciones relevantes” el fin de semana de la muerte de Nisman y continúa el entrecruzamiento de la información.

El informe completo

Con información de agencia NA

IG/MC

Minutos después de que decidiera expulsar al peronista aliado del gobierno de Javier Milei Edgardo Kueider, el Senado se pronunció de manera opuesta respecto de otro de sus integrantes: salvó al ultrakirchnerista Oscar Parrilli de la suspensión en su banca, tema que había sido incorporado a la sesión.

El legislador por Neuquén y exsecretario general de la Presidencia de Cristina Fernández de Kirchner está procesado en la causa del memorándum con Irán y por eso un pedido de suspensión realizado por el oficialismo se habían sumado a los asuntos a tratar en el recinto este jueves.

El procesamiento de Parrilli es por encubrimiento agravado y estorbo de un acto funcional en la causa por el encubrimiento de Irán en el atentado a la AMIA que denunció el fiscal Alberto Nisman. Por esta misma causa está procesada Fernández de Kirchner.

Para la suspensión de un senador de la Nación, al igual que para sy expulsión, se necesitaban los dos tercios. Sí los hubo para echar Kueider —detenido in fraganti en Paraguay trasladando cientos de miles de dólares en efectivo sin declarar—, no para suspender al procesado Parrilli.

A las 16.30, la votación sobre la suspensión terminó 34 afirmativos, 31 negativos y una abstención, con lo cual la solicitud fue rechazada. Tras la lectura del resultado, de inmediato pidió la palabra el senador Francisco Paoltroni, de Formosa, que fue echado del bloque La Libertad Avanza por oponerse —sobre todo— a la candidatura de Ariel Lijo a juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y responde a la vicepresidenta, Victoria Villarruel.

“Hola, creo que les cabe la inhabilidad moral a todos los senadores de Unión por la Patria, que sí sancionan a Kueider y no quieren sancionar al delincuente de Parrilli”, dijo Paoltroni, mirando al sector del hemiciclo de la Cámara alta donde se sientan los senadores que responden a Fernández de Kirchner.

La autoría del proyecto para suspender a Parrilli es del senador de La Libertad Avanza Bartolomé Abdala, quien se desempeña como presidente provisional del Senado, y hace tres meses dijo en televisión, y con total desparpajo, que tiene 15 asesores, pagados por el Estado, que lo ayudan a cumplir un sueño electoral: ser gobernador de su provincia, San Luis, por el espacio de Javier Milei.

Villarruel después atendió a periodistas ante quienes se jactó de haber pedido que en la misma sesión se trata la sanción a Parrilli, “procesado por encubrimiento agravado por el asesinato de 85 argentinos en el atentado de la AMIA, pero desgraciadamente los senadores han decidido que hay que protegerlo y que continúe en su banca”. La vicepresidenta dijo que se trata de “una de las tantas hipocresías del kirchnerismo”

JJD

La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó este martes una serie de recursos presentados por la defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en diversas causas.

En una de ellas, conocida mediáticamente como “ruta del dinero K” por lavado de dinero, los abogados de la expresidenta habían planteado la recusación de los jueces Martín Irurzun y Mariano Llorens, quienes integraban la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional.

El pedido estaba motivado en que esos magistrados, el pasado 31 de agosto de 2018, hicieron lugar a un pedido de la Unidad de Información Financiera y dispusieron que se convoque a Fernández de Kirchner a prestar declaración indagatoria.

El juez Leopoldo Bruglia había rechazado el pedido de apartamiento de sus colegas, y luego la defensa de la vicepresidenta recurrió dicha resolución hasta llegar al máximo tribunal.

Ya en la Cámara de Casación se le había dicho que, por regla general, la resolución que decide sobre recusaciones no es susceptible de ser impugnada en esa instancia, ya que no se trata de una sentencia definitiva ni equiparable.

El máximo tribunal, con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, también desestimó el planteo porque no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal.

En tanto, en el marco de la investigación por la denuncia por la firma del memorándum de entendimiento con Irán, la defensa de exmandataria por un lado, y la de Oscar Parrilli por otro, recusaron al juez Juan Carlos Gemigniani, integrante de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal.

En ese caso, el tribunal rechazó los pedidos de apartamiento al entender que las defensas no habían demostrado la concreta vulneración de garantías constitucionales o que se hubiera configurado alguno de los supuestos previstos en la ley para separar de una causa a un magistrado.

Por el contrario, los jueces supremos señalaron que los pedidos se limitaron a plantear conjeturas que no se encontraban debidamente acreditadas en el expediente. Por otra parte, dijeron que los peticionantes ya habían tenido conocimiento de la integración del tribunal en anteriores pronunciamientos, sin que hubieran presentado planteos como éste.

Tanto Kirchner como su exfuncionario habían presentado sendos recursos, por considerar que se había afectado la garantía de imparcialidad del juzgador. Tras ser rechazados sus planteos, llevaron esos reclamos ante la Corte.

Con las mismas firmas que el otro fallo, el tribunal desestimó las quejas por no haber dado cumplimiento al reglamento correspondiente aprobado por la Acordada 4/2007 del tribunal.

En una cuarta causa, donde se investigaba la posible comisión del delito de ocultamiento de documentos históricos, tras el hallazgo de una carta autógrafa del 26 de diciembre de 1835 del General San Martín a Bernardo de O’Higgins y un ‘prontuario’ de Hipólito Yrigoyen con sus actividades desde 1906 a 1910.

Dichos documentos fueron secuestrados en el marco de la causa 9608/2018, mediáticamente conocida como “Cuadernos”, en el inmueble ubicado en la intersección de las calles Padre de Agostini y Los Tehuelches, en El Calafate, Santa Cruz.

Aquel allanamiento fue ordenado por el juez Claudio Bonadio, quien fue recusado por la defensa de Cristina Kirchner en las sucesivas instancias hasta llegar a la Corte. Al día siguiente de ingresado el expediente, Bonadio falleció. De allí que Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda entendieron que la cuestión traída a estudio del Tribunal se había tornado abstracta.

LC con información de agencia NA

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner apeló este lunes los fallos emitidos por la Cámara Federal de Casación Penal en los que le habían revocado el sobreseimiento en su favor en las causas conocidas como “Hotesur-Los Sauces” y “Memorándum de entendimiento con Irán”.

Según las presentaciones, la defensa de la expresidenta planteó, entre otros argumentos, que esas resoluciones fueron dictadas sin la intervención de la jueza Ana María Figueroa, que había cesado en sus funciones por disposición de la Corte Suprema por haber alcanzado el límite de 75 años.

La ausencia de la magistrada en esos fallos, que se definen por el voto de tres jueces, fue considerado como de “dudosa constitucionalidad” por la exmandataria.

Si bien la ley “hablita a la Cámara Federal de Casación Penal a dictar sus pronunciamientos con el voto concurrente de dos de sus jueces”, resulta de “dudosa constitucionalidad”, expresó la defensa de la vicepresidenta.

Y cuestionó que los magistrados “no tienen una prerrogativa discrecional para acotar el marco de deliberación y excluir del debate a un tercer juez que, según la ley y los reglamentos dictados en consecuencia, también debe discutir con sus colegas e intercambiar opiniones para luego dictar sentencia”.

“La Sala que dictó el fallo quedó indebidamente constituida sólo por dos jueces, habiendo sido excluida de la resolución del caso la tercera magistrada a través de una decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que no registra antecedentes similares y que resulta contraria a la práctica seguida con relación a otros magistrados que se encontraban en idéntica situación a la de la jueza Figueroa”, sostuvieron en las apelaciones los abogados Alberto Beraldi y Ary Llernovoy, que representan a la Vicepresidenta.

La Cámara Federal de Casación Penal había dispuesto el 18 de septiembre que se realicen los juicios orales por las causas Hotesur-Los Sauces, por supuesta asociación ilícita y lavado de dinero, y otro por el Memorándum de entendimiento con Irán para volver a analizar la actuación de la Justicia en la investigación por el atentado a la AMIA, por presunto encubrimiento, en los que está imputada Cristina Kirchner, revocando así los sobreseimientos de la vicepresidenta en ambas causas.

El jueves último, el Senado aprobó el pliego de la jueza Figueroa, en una votación en la que debió desempatar la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala de Zamora.

Con información de Télam.

IG

Tras la salida de la jueza Ana María Figueroa, ordenada por la Corte Suprema el miércoles último, los jueces de la Sala I de la Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal del país, darían a conocer el fallo pendiente por el caso Hotesur-Los Sauces antes de fin de mes, mientras avanza en paralelo otro caso central para Cristina Fernández de Kirchner que la misma sala debe definir: memorándum con Irán, un segundo expediente pendiente en el tribunal, confirmaron a elDiarioAR fuentes judiciales con conocimiento directo de la causa.

En ambos casos la decisión gira en torno de si la vicepresidenta debe o no ser juzgada en juicios orales y públicos por dos causas en las que estaba procesada, fue sobreseída de manera anticipada al inicio del juicio y evitó así atravesar los procesos.

Los casos son muy diferentes pero intervienen los mismos jueces, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña. Este medio pudo confirmar que los jueces prescindirán del voto que dejó firmado la jueza Figueroa, que se esperaba a favor de CFK, lo que significa que Petrone y Barroetaveña tienen votos en el mismo sentido y no necesitan convocar a un nuevo juez para desempatar. 

En la causa memorándum con Irán, el juez Barroetaveña ya emitió su voto y el juez Petrone se encuentra analizando su posición en el caso, que tiene en su despacho desde hace un mes. Aquí también prescindirían del voto que dejó firmado Figueroa, al menos por ahora, y deberán analizar pronto si requieren convocar a un tercer juez en caso de estar en desacuerdo entre ellos.

En el primer caso, Hotesur-Los Sauces, la expresidenta debía ser juzgada por supuestas maniobras de lavado de activos de la corrupción a través de sus negocios hoteleros (Hotesur) e inmobiliarios (Los Sauces), supuesta asociación ilícita y negociaciones incompatibles. La causa gira en torno de los alquileres pagados por los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López a las empresas Hotesur y Los Sauces, propiedad de la familia Kirchner, mientras las constructoras de los empresarios obtenían licitaciones y contratos de obra pública. Fernándes de Kirchner fue sobreseída por dos de los tres jueces del Tribunal Oral Federal número 5 en noviembre de 2021.

En el segundo caso, la vicepresidenta también fue sobreseída antes del juicio, unas semanas antes de la decisión del TOF 5. El fallo que la benefició fue dictado en octubre de 2021 por el Tribunal Oral Federal número 8, que debía encarar el juicio oral y público por el memorándum con Irán pero estableció la inexistencia de delito en el caso por presunto encubrimiento del atentado a la mutual judía AMIA. Este expediente es uno de los más cuestionados contra la expresidenta y el resto de los acusados.

Fernández de Kirchner ya evitó atravesar el juicio oral y público en la causa Dólar Futuro, por presunta administración fraudulenta. La Sala I, integrada por los mismos jueces -Figueroa, Barroetaveña y Petrone- fallaron a favor de la defensa por inexistencia de delito en abril de 2021. Este también era un caso cuestionado por propios y ajenos.

Hotesur-Los Sauces

“Mientras que el objeto procesal de los presentes actuados -Hotesur-comprende el armado de una organización criminal con la finalidad de realizar conductas de lavado de activos, a través de una sociedad anónima constituida por Néstor Kirchner, Cristina Fernández y su hijo, Máximo Kirchner; así como las operaciones concretas por las cuales el dinero proveniente de las maniobras defraudatorias antes aludidas o de otras empresas pertenecientes a concesionarios y contratistas del Estado, ingresaba al patrimonio de los ex presidentes a través de dicha sociedad”, había establecido el Tribunal Oral Federal número 5 en un fallo de 2019.

En el mismo escrito agregó: “En definitiva, estas investigaciones develan que habrían existido distintos circuitos para el obrar delictivo, uno de ellos dirigido al apoderamiento de fondos públicos destinados a la obra pública en la provincia de Santa Cruz y el otro destinado al reciclaje de las ganancias ilícitas derivadas del anterior y de otros hechos ilícitos”. 

Sin embargo, Daniel Obligado, uno de los jueces del tribunal, cambió su parecer sobre el caso en 2021 y junto con un tercer juez, Adrián Grünberg, fallo a favor de Fernández de Kirchner y el resto de los imputados, incluidos sus hijos, el diputado y entonces jefe de la bancada oficialista, Máximo Kirchner, y Florencia. También sobreseyeron a la sobrina de la vicepresidenta Romina Mercado y a los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López, acusados de pagar los alquileres a las empresas de los Kirchner con fines delictivos, entre otros procesados en el caso. La jueza Adriana Pallioti votó a favor de la realización del juicio.

Las razones que llevaron a los jueces Obligado y Grünberg a sobreseer de manera anticipada a la vicepresidenta fue la supuesta incorporación de nuevas pruebas a su favor en la causa, desde pericias a fallos antiguos en otras causas. El fiscal Diego Velazco recurrió la decisión y el fiscal Mario Villar solicitó la realización del juicio. 

Memorándum

Este caso se basó en la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman por la firma de un memorándum de entendimiento con Irán en 2013, que buscaba que la Justicia argentina indagara a los acusados iraníes en un país neutral que, de acuerdo al fiscal, habría implicado el presunto encubrimiento de los imputados por el atentado a la mutual judía AMIA, ocurrido en 1994. 

El fiscal de juicio, Marcelo Colombo, planteó que el juicio debía realizarse más allá de los planteos de las defensas sobre inexistencia de delito. Sostuvo que la decisión de una eventual absolución debía ser una decisión que el tribunal debía tomar después de analizar pruebas y testimonios en el juicio. Sin embargo, a diferencia del caso Hotesur-Los Sauces, el fiscal Javier de Luca planteó ante la Casación la inexistencia de delito por el memorándum. 

Si el máximo tribunal penal confirma el sobreseimiento de Fernández de Kirchner, la querella, representada por los padres de dos víctimas de ataque terrorista, podrán acudir ante la Corte Suprema. Pero si Casación revoca el sobreseimiento, la vicepresidenta deberá eventualmente enfrentar otro juicio oral y público.

ED/JJD

La posibilidad de que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner quede imposibilitada de ser candidata en 2023 por decisión del Poder Judicial es, en el escenario actual, una posibilidad lejana, de acuerdo a las normas vigentes y las fuentes judiciales con acceso a sus expedientes consultadas por elDiarioAR. 

Fernández de Kirchner tiene una sola condena, por el caso Vialidad: seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, por administración fraudulenta en perjuicio del Estado Nacional en la adjudicación de 51 obras viales al empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz. 

Para que la pena impuesta en el juicio oral y público sea ejecutada aún resta que el caso sea revisado por dos tribunales superiores, lo que incluye un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Eso le agrega al expediente un plazo considerable, y aunque no es estrictamente predecible, las fuentes consultadas creen que 2023 terminará sin una sentencia firme en contra de la vicepresidenta. 

“No voy a ser candidata a nada. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo, como en 2015, a mi casa”, aseguró la expresidenta tras escuchar la sentencia en su contra el 6 de diciembre último.

La sentencia dictada por el Tribunal Oral Federal número 2 en diciembre último podrá ser revisada a partir del 9 de marzo próximo, cuando los jueces presenten los fundamentos de su veredicto. A partir de los fundamentos, las partes del juicio (defensas y fiscalía) podrán solicitar a un tribunal superior que revise las condenas y absoluciones. Para ello, cuentan con 10 días hábiles, aunque pueden solicitar una prórroga.

El fiscal Diego Luciani ya anunció que recurrirá (apelará) la absolución dictada por el tribunal a favor de Fernández de Kirchner por el delito de asociación ilícita.

El tribunal que quedará a cargo de revisar la sentencia del caso Vialidad es la Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal del país y la instancia previa a la Corte en los casos de presunta corrupción, contrabando, lesa humanidad, trata de personas y narcotráfico. 

No voy a ser candidata a nada. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo, como en 2015, a mi casa

Cristina Fernández de Kirchner — 6 de diciembre de 2022.

Tribunal de revisión 

La Casación Federal está dividida en cuatro salas y cada una de ellas está compuesta por tres jueces. Cada sala funciona como un tribunal en sí mismo. Su principal rol es la revisión de las sentencias de los tribunales orales federales y de ciertos fallos y decisiones de la Cámara Federal de Apelaciones porteña.

La Sala a cargo del caso Vialidad es la número I, integrada por los jueces Ana María Figueroa, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña.

Incluso si la Casación fallara sobre el caso, e hipotéticamente confirmara antes del cierre de las elecciones 2023 la condena a la vicepresidenta, Fernández de Kirchner podría ser igualmente candidata. 

La condena no será ejecutable hasta que la decisión de los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu quede firme, lo que implica que la sentencia sea revisada también por la Corte Suprema, lo que podría demorar años. Es lo que establecen seis artículos del nuevo Código Procesal Penal que entraron en vigencia en febrero de 2021 de manera anticipada a la totalidad de la norma y por disposición del kirchnerismo en la Comisión Bicameral. 

Los artículos establecen que las penas impuestas a los condenados sólo serán ejecutables una vez que queden firmes. Mientras las partes -sea el fiscal o la defensa- recurran a Casación o a la Corte para pedir la revisión de la sentencia, ésta no quedará firme y Fernández de Kirchner podrá ser candidata. a su vez, tampoco irá a prisión o prisión domiciliaria (cumple 70 este domingo).

Otros casos

Las revisiones de sentencias en juicios voluminosos y de perfil político, con recursos de alrededor de una decena o veintena de involucrados, plantean antecedentes muy diferentes. Además, ninguno incluye a la vicepresidenta en ejercicio y principal referente política del peronismo en la lista de condenados.

En el caso Ciccone, por ejemplo, el tribunal dictó sentencia contra el exvicepresidente Amado Boudou en agosto de 2018 y dio a conocer los fundamentos en octubre de ese año. Casación confirmó las condenas en un período menor comparado a otros casos. Fue en julio de 2019, nueve meses después de los fundamentos. Luego la Corte dejó firme la sentencia en diciembre de 2020, un año y medio después.

El veredicto del caso conocido como la “ruta del dinero K”, que incluyó una condena por lavado de dinero agravado contra el empresario Lázaro Báez y condenas contra otros 20 imputados en el juicio, fue dictado por el tribunal oral en febrero de 2021. Los fundamentos se conocieron en abril de 2021 y las audiencias en Casación comenzaron a mediados del año siguiente, en 2022. El tribunal aún no decidió si confirma o revoca sentencias en este caso, que cumplirá dos años en Casación en mayo próximo.

Fernández de Kirchner también fue sobreseída de manera anticipada en el caso Dólar Futuro. La expresidenta debía atravesar un juicio oral y público por este caso de presunta administración fraudulenta en perjuicio de la Administración pública pero fue sobreseída de manera anticipada en abril de 2021 por la Sala I de Casación.

Tras la queja del fiscal general Raúl Pleé, el caso llegó a la Corte Suprema en junio de 2021, hace 20 meses. El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, presentó su dictamen sobre el caso (solicitando que se revoquen los sobreseimientos de Fernández de Kirchner y el resto de los beneficiados, y se realice el juicio oral y público por Dólar Futuro) dieciséis meses más tarde, el 1° de noviembre último, según consta en los registros públicos. 

En este caso, la Corte no debe decidir sobre el fondo de la cuestión -si los acusados son inocentes o culpables de los delitos que se les imputaban- sino sobre si tiene competencia para revisar los sobreseimientos dictados a Fernández de Kirchner y los otros acusados y si entonces el juicio oral y público debe o no realizarse. Es decir: puede dejar firme el sobreseimiento de la vicepresidenta o revocarlo.

Tiempos de Casación

A partir de la publicidad de los fundamentos de la sentencia, los abogados defensores y la fiscalía de juicio tienen 10 días hábiles para presentar sus recursos y solicitar que la Casación revise condenas y absoluciones. 

Luego, de acuerdo con el procedimiento fijado en el Código, Casación debe fijar fecha de audiencias. También tiene un corto plazo, pero rara vez en casos voluminosos el tribunal cumple estos preceptos.

Por ejemplo, desde hace más de un año, la Sala I de la Casación tiene pendiente revisar los dos sobreseimientos anticipados que la vicepresidenta obtuvo en las causas por el Memorándum con Irán y Hotesur-Los Sauces. Ambos sobreseimientos tienen el mismo carácter de sentencia definitiva de una condena o absolución. 

Las decisiones de Casación en torno a estos casos se esperaban para finales de diciembre o principios de febrero, pero diversas licencias de los jueces de la sala interrumpieron los plazos, que se extendieron para después de esta semana, a partir del 18 y 20 de febrero. Aún así, el tribunal puede tomarse más tiempo del estimado formalmente para fallar en ambos casos.

Estos sobreseimientos anticipados fueron ordenados por los tribunales orales federales número 8 (Memorándum) y 5 (Hotesur-Los Sauces) en octubre y noviembre de 2021. En el último caso fue con el voto en disidencia de la jueza Adriana Palliotti.

Esas decisiones permitieron a la expresidenta evitar el inicio de dos juicios orales y públicos, ya que ambos tribunales determinaron la inexistencia de delitos.

La misma sala que revisará Vialidad en Casación debe decidir si revoca esos dos sobreseimientos y ordena realizar los juicio orales y públicos por los casos Memorándum con Irán y Hotesur-Los Sauces; o si por el contrario los confirma. En ese caso, ambos expedientes llegarán a la Corte, donde no hay plazos para intervenir.

ED

Con el enfrentamiento entre el oficialismo y la Corte Suprema en su pico máximo de tensión, la Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal del país, deberá tomar definiciones clave para el poder político en al menos tres expedientes de alto voltaje electoral: tres sobreseimientos de los dos principales líderes políticos, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner (por los casos Hotesur-Los Sauces) y el expresidente Mauricio Macri (por el presunto espionaje ilegal a familiares de los marinos del Ara San Juan). En ninguno de los tres casos será inminente, pero las decisiones de los jueces se esperan para los primeros meses del año, de acuerdo a las fuentes judiciales consultadas por elDiarioAR.

La Corte seguirá siendo el principal blanco de las críticas y acusaciones del oficialismo, que el próximo jueves 9 de febrero podría votar el informe de admisibilidad para dar apertura formal a la investigación contra los jueces supremos en la comisión de Juicio Político. Mientras tanto, la situación judicial de ambos expresidentes y líderes de sus espacios políticos continuará también en el centro de la escena durante el año electoral.

La Cámara Federal de Casación es el máximo tribunal penal del país y la instancia previa a la Corte en los casos de presunta corrupción, contrabando, lesa humanidad, trata de personas y narcotráfico. Está dividido en cuatro salas y cada una de ellas está compuesta por tres jueces y funciona como un tribunal en sí mismo. Su principal rol es la revisión de las sentencias de los tribunales orales federales y de los fallos y decisiones de la Cámara Federal de Apelaciones porteña.

Desde hace más de un año, la Sala I de la Casación tiene pendiente revisar los dos sobreseimientos anticipados que la vicepresidenta obtuvo en las causas por el Memorándum con Irán y Hotesur-Los Sauces. Las decisiones se esperaban para finales de diciembre o principios de febrero, pero diversas licencias de los jueces de la sala interrumpieron los plazos, que se extendieron para después del 18 y 20 de febrero. Aún así, el tribunal puede tomarse más tiempo del estimado formalmente para fallar en ambos casos.

En el caso contra Macri, la recusación del juez Carlos “Coco” Mahiques también ha demorado las definiciones del tribunal. El procesamiento por el caso de presunto espionaje ilegal a los familiares del ARA San Juan era el único procesamiento a Macri por un caso relacionado con su gestión como presidente.

Sobreseimientos anticipados

El caso Memorándum se basó en la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman por la firma de un memorándum de entendimiento con Irán en 2013, que buscaba que la Justicia argentina indagara a los acusados iraníes en un país neutral que, de acuerdo al fiscal, habría implicado el presunto encubrimiento de los imputados por el atentado a la mutual judía AMIA, ocurrido en 1994. El fiscal Javier de Luca planteó ante la Casación la inexistencia de delito en este caso. Si el máximo tribunal penal confirma el sobresemiento de Fernández de Kirchner, la querella, representada por los padres de dos víctimas de ataque terrorista, podrán acudir ante la Corte Suprema. Pero si Casación revoca el sobreseimiento, la vicepresidenta deberá eventualmente enfrentar otro juicio oral y público.

Hotesur-Los Sauces es el caso de presunto lavado de dinero de la familia Kirchner a través de sus negocios privados en hoteles y propiedades inmuebles con dos proveedores del Estado: los empresarios Lázaro Báez y, en menor medida, Cristóbal López y Fabián De Sousa. Si se confirma su sobreseimiento en Casación, el fiscal Mario Villar podrá acudir ante la Corte Suprema para pedir que se revise la nueva decisión. Si en cambio, el máximo tribunal penal revoca el sobresemiento de Fernández de Kirchner, deberá realizarse el juicio oral y público.

Estos sobreseimientos anticipados fueron ordenados por los tribunales orales federales número 8 (Memorándum) y 5 (Hotesur-Los Sauces) en octubre y noviembre de 2021. En el último caso fue con el voto en disidencia de la jueza Adriana Palliotti.

Esas decisiones permitieron a la expresidenta evitar el inicio de dos juicios orales y públicos, ya que ambos tribunales determinaron la inexistencia de delitos.

Los jueces que deberán revisar estos sobreseimientos son Ana María Figueroa, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, los mismos magistrados que ya intervinieron en la causa Dólar Futuro y ordenaron los sobreseimientos anticipados de Fernández de Kirchner y el resto de los imputados por inexistencia de delito (el caso está pendiente en la Corte Suprema, con un dictamen del procurador general Eduardo Casal a favor de la realización del juicio).

Luego del 9 de marzo, cuando el Tribunal Oral Federal número 2 haga públicos los fundamentos de la sentencia contra Fernández de Kirchner y el resto de los condenados en el caso Vialidad, otra sala de Casación, la IV, comenzará a recibir durante los meses siguientes las apelaciones de las defensas y del fiscal Diego Luciani, quien solicitará que se los condene también por el delitos de asociación ilícita. Pero la revisión de este caso podría pasar para 2024, previó una fuente del tribunal.

Sobreseimiento directo

La Sala II de la Casación debe revisar el sobreseimiento que dictó la Cámara Federal de Apelaciones porteña a favor de Macri, quien había sido procesado por el juez federal de Dolores, Martín Bava, por las tareas de presunto espionaje ilegal realizadas por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de su gestión a familiares de los marinos del submarino ARA San Juan, mientras éstos se organizaban para reclamar y protestar ante el entonces presidente.

Cuando el caso llegó por incompetencia de Dolores a los tribunales de Comodoro Py, los jueces a Sala I de la Cámara Federal (Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi) dictaron directamente el sobreseimiento (otra alternativa era revocar el procesamiento y ordenar que se siga investigando hasta obtener pruebas suficientes), lo que provocó las apelaciones del Ministerio Público Fiscal y de las querellas que representan a los familiares presuntamente damnificados. 

Casación debe entonces revisar ese sobreseimiento y determinar si Macri debe seguir siendo investigado por el presunto espionaje ilegal o si beneficia al expresidente, evitando la reapertura de la causa. En este caso, es clave la integración de la Sala que interviene en el máximo tribunal penal: la querella mayoritaria, que representa la abogada Valeria Carreras, recusó a uno de los tres jueces, Mahiques, exministro de Justicia de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, magistrado cercano a Juntos por el Cambio y a Macri y uno de los protagonistas de los chats del caso Lago Escondido.

Por esa razón, antes de tomar una decisión sobre Macri, los otros dos jueces de la Sala II -Angela Ledesma y Guillermo Yacobucci- deben decidir si aceptar que Mahiques sea apartado del caso, explicó una fuente del tribunal. Puede ser un proceso que tome su tiempo. El primer paso es que la sala fije fecha para una audiencia en la que la querella expondrá sus razones para pedir el apartamiento del juez.

En este caso, el fiscal Raúl Pleé presentó ante la Casación un planteo en la misma línea que la querella: pidió que revoquen el sobreseimiento de Macri y ordenen seguir investigando.

Espionaje, Correo y FMI

Además, Macri tiene otros dos frentes en los tribunales federales de Retiro: fue imputado por otro caso de presunto espionaje ilegal al Instituto Patria y a Fernández de Kirchner y aún hay importantes medidas pendientes; y está abierta -también con medidas pendientes- la investigación por el acuerdo que su gobierno firmó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2018, provocando el endeudamiento por US$40.000 millones.

En el caso por presunto espionaje ilegal al Instituto Patria, sede del kirchnerismo durante el gobierno de Macri, el fiscal Franco Picardi solicitó al juez Marcelo Martínez De Giorgi que pida a la AFI todas las líneas telefónicas institucionales asignadas a Macri, Gustavo Arribas (entonces jefe de Inteligencia), Silvia Majdalani (entonces segunda de la AFI) y otros tres funcionarios de la agencia oficial, entre los meses de junio y noviembre del año 2018, para que sean peritadas por la Dirección de Asistencia en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación (DAJuDeCO) y se crucen las llamadas entrantes y salientes durante los hechos clave del supuesto espionaje ilegal investigado.

El expresidente tiene otro caso penal abierto: Correo Argentino SA. Macri quedó imputado por el fiscal Juan Pedro Zoni en 2017 (lueo desplazado de la fiscalía), pero el expediente continúa abierto en el juzgado federal de Ariel Lijo.

Otros casos relacionados

Tanto Báez como López también tendrán sus propios capítulos en Casación en los próximos meses. Báez está condenado a doce años de prisión por lavado de dinero agravado de la corrupción y a otros seis años como partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, en el caso Vialidad. La confirmación de su condena por el caso de lavado también está pendiente en Casación y se espera para este año, afirmó una fuente del tribunal. A partir del 9 de marzo, su defensa podrá apelar la condena en Vialidad ante el mismo tribunal y la fiscalía presentará un recurso para solicitar que se lo condene por el delito de asociación ilícita, por el que fue absuelto.

Cristóbal López y De Sousa fueron absueltos en el juicio por el caso Oil Combustibles, lo que también está pendiente en Casación, ya que el fiscal del juicio presentó un recurso para que se revise la decisión del tribunal oral. Se fijó una audiencia para junio de este año.

ED

Con el objetivo de desacreditar las principales pruebas en su contra, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner solicitó al Tribunal Oral Federal número 7 que ordene pericias y nuevas medidas de prueba que podrían permitirle a su defensa solicitar la nulidad del juicio oral y público por el caso de los cuadernos de la corrupción en la obra pública, de acuerdo al escrito al que accedió elDiarioAR.

Tras lograr en 2021 los sobreseimientos anticipados y la anulación de los juicios Dólar futuro, Memorándum con Irán y Hotesur-Los Sauces, el único juicio en contra de la expresidenta en pie -además de Vialidad, que llegó a su fin este diciembre- avanza lentamente, aún sin fecha de inicio. 

Carlos Alberto Beraldi y Ary Rubén Llernovoy, abogados de la vicepresidenta, solicitaron el 29 de septiembre último la realización de cuatro pericias y otras tres medidas. En primer lugar, los penalistas pidieron un estudio caligráfico y scopométrico sobre todos los cuadernos originales manuscritos por Oscar Centeno, ex chofer del exfuncionario Roberto Baratta. La medida nunca había sido realizada por el juez de primera instancia, Claudio Bonadio, pero recientemente, fue ordenada en otro expediente por otro magistrado.

En el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi tramita un expediente paralelo en el que el juez ordenó por primera vez una pericia caligráfica oficial sobre tres de los ochos cuadernos que ratificó que estos fueron escritos por el ex chofer Oscar Centeno pero detectó ciertas alteraciones en el texto original realizadas “por otro escribiente” en los cuadernos 7 y 8.

Los jueces del tribunal número 7 deberán analizar si ordenan la primera pericia caligráfica oficial sobre la totalidad de los cuadernos en los que el ex chofer de Roberto Baratta registró reuniones entre el ex funcionario kirchnerista y empresarios para el cobro de dinero ilegal entre 2005 y 2015. La medida, como informó elDiarioAR, ha sido solicitada también por otras defensas de los imputados. Los abogados de Fernández de Kirchner fueron mucho más allá y profundizaron en otras medidas que serán clave.

Manuscritos y videos

Los abogados de Fernández de Kirchner plantearon que las pericias oficiales “deberán determinar si los textos conformados en dichos cuadernos pertenecen o no a un mismo puño escritural, si éste (o en su caso estos) se corresponde con las grafías de Oscar Centeno y si se aprecian sobrescritos, testados o cualquier tipo de alteración y/o modificación en tales escrituras”. 

Además, en caso de encontrar estas posibles alteraciones en los cuadernos, solicitaron “estudiar tales alteraciones y/o modificaciones, individualizándose a cada una de ellas y explicándose detalladamente cómo fueron efectuadas”. “Los expertos intervinientes -agregaron los penalistas- deberán analizar, a través de los medios técnicos correspondientes, si en los referidos cuadernos se han utilizado y/o empleado uno o varios implementos escritores y estilos de tinta, informándose la calidad, la cantidad y las características de sus componentes”.

También solicitaron que los peritos establezcan “la antigüedad que registran todos los textos obrantes en los aludidos cuadernos, precisando si éstos guardan correspondencia o no con las fechas consignadas en los mismos”.

La vicepresidenta también solicitó al tribunal que se realice una segunda pericia oficial para “determinar la fecha en que fueron realizadas todas y cada una de las filmaciones” que Centeno realizó durante las supuestas visitas de Baratta a la Quinta de Olivos y al departamento de Fernández de Kirchner en Recoleta para la entrega de los bolsos con dinero de los sobornos. El exfuncionario siempre ha negado, al igual que Fernández de Kirchner, haber participado de ilícitos.

El teléfono de López

En agosto último, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola expusieron durante las audiencias de alegatos en el juicio oral y público por el caso Vialidad -que le valió una condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua a Fernández de Kirchner- el contenido inédito de los teléfonos de José López, secretario de Obras Públicas entre 2003 y 2015. 

Los mensajes intercambiados por López con el empresario Lázaro Báez y otros fueron parte de la prueba que involucró a la vicepresidenta como parte de una defraudación a la Administración pública a través del direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz.

Semanas después, los abogados de la expresidenta solicitaron al tribunal del caso cuadernos “un estudio pericial sobre los aparatos telefónicos pertenecientes a José Francisco López que fueron secuestrados en el marco de la causa” por los bolsos con US$9 millones en su poder y que fueron ofrecidos como prueba por parte de la fiscal Fabiana León en el juicio de los cuadernos. 

Fernández de Kirchner pidió a través de sus abogados “obtener un listado completo de todos los contactos telefónicos que surjan de tales equipos” y se reservó la facultad de “ampliar el estudio pericial, ante el caso de que una vez efectuada la constatación requerida surja información que pueda resultar útil a los fines de este proceso”.

El juez y el fiscal

La vicepresidente quiere que el tribunal ordene a todas las compañías de telefonía fija y celular del país a fin de que indiquen los números de los abonados registrados a nombre del fallecido juez Bonadio y del fiscal Carlos Stornelli, quienes llevaron adelante la instrucción de la causa.

Luego de que la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado Poder Judicial (DAJUDECO) elabore un informe con la totalidad de los registros de comunicaciones de esas líneas entre el 1° de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2019, cuando ambos llevaban adelante la causa de los cuadernos, para identificar a “todos los interlocutores con los que se hubiesen entablado llamadas entrantes o salientes y/o intercambiado mensajes de SMS o a través de cualquier sistema de mensajería (WhatsApp, Telegram, etc.)” para establecer “la existencia de indebidas interferencias por parte del poder político en el trámite de este proceso, así como también para corroborar irregularidades en los actos de inicio y desarrollo de la causa, en particular, en lo que respecta a la manera en que se obtuvieron las declaraciones de los denominados ‘arrepentidos’”.

Arrepentidos

Durante los últimos años, en los tribunales de Comodoro Py corrió un rumor: la presunta existencia de actas notariales en las que ciertos empresarios que declararon como arrepentidos ante el fiscal Stornelli habrían manifestado en privado, frente a un escribano público, que admitieron el pago de sobornos a Baratta y los Kirchner supuestamente “coaccionados” por el fiscal y el juez. ¿Con qué los habrían “coaccionado”? Con la prisión preventiva. Ese rumor nunca fue comprobado.

Fernández de Kirchner solicitó a los jueces que pidan al Colegio de Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que se requiera todos los escribanos inscriptos ante dicho colegio que informen si alguna las personas que han prestado declaración como arrepentidos “requirió en el período que va desde el 1° de agosto de 2018 hasta el día de la fecha que se protocolizara alguna manifestación vinculada con los dichos que prestaran en estas actuaciones” y que se remitieran las actas correspondientes.

Estrategia

El caso de los cuadernos se encuentra en una etapa previa al debate oral y público, denominada “instrucción complementaria”, en la cual la fiscalía y las defensas pueden solicitar al tribunal que realizará el debate oral y público que ordene la producción de pruebas que no se realizaron durante la investigación en primera instancia. 

Fue en el marco de esta etapa que la defensa de Fernández de Kirchner logró que los tribunales orales ordenaran pericias en las que luego basaron los pedidos de nulidad del inicio del juicio de las causas Dólar Futuro, Memorándum y Hotesur-Los Sauces, aunque en los tres casos esas decisiones están en etapa de revisión en la Corte Suprema y la Cámara Federal de Casación.

El tribunal del caso cuadernos aún debe analizar los pedidos de nuevas pruebas de la fiscalía y las defensas y decidir qué medidas ordena y cuáles rechaza. Los abogados de la vicepresidenta ya adelantaron que ante la negativa, recurrirán a instancias de la Corte y organismos internacionales para reclamar.

ED

La Corte Suprema finaliza 2022 sin haber tratado un caso que fijará un antecedente clave para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner: su sobreseimiento anticipado en el caso Dólar Futuro. La expresidenta debía atravesar un juicio oral y público por este caso de presunta administración fraudulenta en perjuicio de la Administración pública pero fue sobreseída de manera anticipada en abril de 2021.

Tras la queja del fiscal general Raúl Pleé, el caso llegó al máximo tribunal en junio de 2021 pero el expediente ni siquiera circuló por los despachos de los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkranzt y Ricardo Lorenzetti, de acuerdo con los registros públicos del máximo tribunal y las consultas de elDiarioAR a fuentes directas de la Corte. 

¿Por qué es clave para la vicepresidenta? En primer término, por los plazos. ¿Cuánto tiempo se tomará eventualmente la Corte para analizar y dejar firme su condena en el caso Vialidad si aún no ha decidido sobre Dólar Futuro, que lleva dieciocho meses en el Palacio de Justicia?

En segundo lugar, si bien existen diferencias amplias entre Dólar Futuro y los casos del Memorándum con Irán y Hotesur-Los Sauces, una decisión de la Corte podrá fijar precedentes sobre estos otros dos sobreseimientos anticipados que aún están pendientes de revisión. 

El caso Dólar Futuro se centró en una supuesta administración fraudulenta por los valores pactados por el Banco Central en contratos de dólar a término celebrados en 2015. Fernández de Kirchner no había sido denunciada pero el juez Claudio Bonadio la procesó y envió a juicio en la causa. 

En abril de 2021, tras varias idas y vueltas, la Sala I de la Cámara Federal de Casación -el máximo tribunal penal- sobreseyó por inexistencia de delito a la expresidenta y a los otros trece imputados, entre ellos, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; y al titular del Banco Central, Miguel Pesce. 

El fiscal general Pleé solicitó entonces que la Corte revisara los sobreseimientos dictados por los jueces Ana María Figueroa, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña. 

La Corte no debe decidir sobre el fondo de la cuestión -si los acusados son inocentes o culpables de los delitos que se les imputaban- sino sobre si tiene competencia para revisar los sobreseimientos dictados a Fernández de Kirchner y los otros acusados y si entonces el juicio oral y público debe o no realizarse. Es decir: puede dejar firme el sobreseimiento de la vicepresidenta o revocarlo.

Si los jueces hacen lugar a la queja y fallan a favor del fiscal, podrían revocar los sobreseimientos y ordenar la realización del juicio. O podrían rechazar el planteo de Pleé por cuestiones técnicas (si correspondía o no presentarlo).

Una fuente de la Corte informó a este diario que, a priori, los jueces no se reunirían durante la última semana del año para firmar fallos y que el último acuerdo del máximo tribunal fue el del miércoles, cuando los cuatro ministros ordenaron que el Gobierno nacional le pague al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el 2,95% de la masa de impuestos coparticipable. Ese mismo día, los jueces dictaron un total de 273 sentencias y resolvieron 524 causas.

El fallo a favor de la Ciudad, que demoró poco más de dos años, elevó todavía más la ya instalada tensión entre la Corte y el Ejecutivo: el presidente Alberto Fernández anunció este jueves por la noche que no acatará la orden del máximo tribunal.

A diferencia de la demanda de la Ciudad, el caso Dólar Futuro nunca estuvo entre las prioridades de la Corte durante 2022, afirmaron fuentes cercanas a los ministros del máximo tribunal. El estancamiento del expediente lo confirma. Además, el máximo tribunal no tiene plazos y maneja los tiempos de sus decisiones.

Durante el último año, los jueces del máximo tribunal resolvieron 21.366 causas con el dictado de 8.409 sentencias, según los últimos datos de la Corte. La mayoría de estos expedientes son previsionales (jubilaciones y pensiones).

Movimientos

Los sobreseimientos en Dólar Futuro llegaron a la Corte el 16 de junio de 2021, hace más de dieciocho meses y el caso ha tenido desde entonces escasos movimientos. De hecho, ninguno de los cuatro jueces del máximo tribunal han visto o revisado formalmente expediente, ya que éste no ha circulado entre sus despachos o vocalías, de acuerdo con los registros públicos del sitio web del Poder Judicial de la Nación en el que puede seguirse la ruta de los expedientes.

Unas 48 horas después de haber recibido la queja del fiscal Pleé, los jueces de la Corte decidieron enviar el caso a la Procuración General de la Nación para que Eduardo Casal, jefe de los fiscales, dictamine sobre el planteo realizado por Pleé. Este paso es opcional para los ministros de la Corte, quienes sí decidieron que el Procurador interino debía opinar. No le fijaron plazos, como sí dispusieron en otros casos. 

Casal presentó su posición sobre el incidente dieciséis meses más tarde, el 1° de noviembre último, según consta en los registros públicos y en el dictamen publicado por el sitio web del Ministerio Público Fiscal. “Es un plazo intermedio comparado con otros dictámenes que han llegado a la Corte”, dijo una fuente de la Procuración ante la consulta de elDiarioAR por el plazo del dictamen. 

La postura de Casal tampoco es vinculante para los jueces de la Corte, quienes pueden seguir o no la línea planteada por el jefe de los fiscales.

El Procurador interino sostuvo que la Corte debe admitir la queja de Pleé y revocar el fallo de los jueces Figueroa, Petrone y Barroetaveña que terminó los sobreseimientos de la vicepresidente y el resto de los involucrados en la causa. 

Desde que el expediente regresó a la Corte, hace 53 días, se encuentra en la secretaría número 3, encargada de los casos penales que llegan al máximo tribunal. Allí, el secretario penal de la Corte trabaja con otros secretarios letrados que se especializan en distintos campos del derecho penal y son quienes intervienen para realizar un informe con una propuesta de resolución ante los jueces del máximo tribunal. Este informe tampoco es vinculante y los ministros pueden obviarlo en su análisis. 

Antes de la Corte

¿Cómo llegó el caso Dólar Futuro a la Corte Suprema? El fallecido juez Claudio Bonadio envió a Fernández de Kirchner y al resto de los imputados en el caso a juicio oral y público. El debate debía ser realizado por el Tribunal Oral Federal número 1. Luego de que el expediente llegara a dicha instancia, la defensa de Pesce solicitó que se realizara una medida de prueba complementaria que Bonadio se había negado a hacer: una pericia contable.

El tribunal aceptó el pedido y se la encomendó al Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales de la Corte Suprema. El resultado: las operaciones de dólar futuro celebradas durante el 2015 coinciden con los precios de dos mercados institucionales -el Mercado Abierto Electrónico (MAE) y el Mercado a Término de Rosario SA (ROFEX), tal como lo exige el artículo 18, inc. a) de la Carta Orgánica del Banco Central.

Con esa carta, varias defensas interpretaron que se confirmaba su postura: los funcionarios no habían cometido ningún delito. Entonces solicitaron al tribunal los sobreseimientos anticipados en base a la nueva prueba, pero dos de los jueces del tribunal rechazaron el planteo y siguieron adelante con el juicio.

Las defensas fueron en queja para insistir con los sobreseimientos y la nulidad del juicio ante el tribunal inmediatamente superior al tribunal oral federal: Casación.

En abril de 2021, la Sala I de la Casación, integrada por Figueroa, Petrone y Barroetaveña dictaron los sobreseimientos y anularon la realización del juicio oral y público.

En su dictamen, Casal sostuvo que los planteos de las defensas que llegaron a Casación y terminaron con el sobreseimiento de los acusados nunca debió haberse tratado porque la decisión del tribunal oral de seguir adelante con el juicio oral y público no era equiparable a una sentencia definitiva -circunstancia que amerita la intervención de Casación- y porque no restringía los derechos de los imputados, ya que ninguno estaba privado de su libertad y todos tendrían un juicio acorde a las reglas, sostuvo el jefe de los fiscales.

El jefe de los fiscales también dijo que “la decisión de Casación fue contrario a la conocida doctrina” de la Corte. “Los magistrados apoyaron sus opiniones exclusivamente en la valoración fragmentaria y aislada del informe pericial que se llevó a cabo en la instrucción suplementaria, sin relacionarlo ni cotejarlo con los restantes elementos incorporados al expediente y que constituyeron el sustento del impulso que tuvieron las actuaciones hacia la etapa del juicio oral”, afirmó Casal.

ED

La última vez que la Asociación de Magistrados, principal entidad de jueces del país, había celebrado su cena de fin de año, fue en diciembre de 2019, en el Hotel Plaza, en Retiro, muy cerca de los tribunales federales de Comodoro Py. Alberto Fernández acababa de ingresar a la Casa Rosada. Marcela Losardo, recién asumida como ministra de Justicia, era la invitada de honor, junto al entonces presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz.

Hubo fotos conjuntas, mensaje de conciliación y mesa compartida junto a otros funcionarios y representantes del Ejecutivo, como el ministro de Interior, Eduardo “Wado” De Pedro; y el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena. 

Tres años más tarde, unos 500 jueces, fiscales, defensores oficiales y funcionarios judiciales volvieron a congregarse este jueves por la noche en un salón del Golden Center, en Costanera norte, para el mayor evento social del poder Judicial, aunque en el fondo, siempre es político. Pero esta vez, no hubo funcionarios del Ejecutivo presentes. 

El mensaje fue de unidad hacia adentro, el abroquelamiento frente al kirchnerismo. Aunque el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, hizo una salvedad durante su discurso: la unidad tiene límites. “Los buenos jueces tendrán siempre el apoyo de esta Corte”. Los “buenos”, dijo.

Fue el cierre de un año en el que la tensión entre ambos poderes alcanzó un punto máximo con la condena a seis años de prisión contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por defraudación a la Administración pública y su renunciamiento posterior a la posibilidad de ser candidata en 2023.

En la cena de este jueves, los invitados de honor fueron los jueces de la Corte, aunque sólo acudieron los miembros de la mayoría tripartita del máximo tribunal: su presidente, Horacio Rosatti; Rosenkranz; y Juan Carlos Maqueda, quien asistió al encuentro por primera vez en los 20 años que integra el tribunal. Rosatti pidió durante su discurso un especial aplauso para su aliado y colega.

Faltó Ricardo Lorenzetti, quien había confirmado su asistencia pero a último momento les comunicó a sus colegas que le diagnosticaron Covid-19, según informaron tres fuentes del máximo tribunal a elDiarioAR. Ante la consulta de este medio, los voceros del magistrado aún no han respondido.

Los cuatro jueces habían estado reunidos presencialmente esa tarde para firmar el fallo que confirmó la condena a la dirigente Milagro Sala a trece años de prisión por el delito de asociación ilícita. Es el tercero de los cortesanos que comunica haber contraído recientemente el virus. Los otros dos son Maqueda y Rosenkrantz.

Sin embargo, en el entorno de Rosatti la explicación de Lorenzetti les sonó a excusa, según pudo saber este medio. Es que si bien el mensaje del presidente de la Corte y de sus colegas fue un llamamiento a la unidad, los cortesanos tienen su propia fisura.

“Que no nos hagan perder de vista que nos debemos a la sociedad”, dijo Rosatti a los comensales, y les pidió ser “un poder Judicial fuerte”. “Esta Corte no negocia fallos” y sus “integrantes no se cuecen con el primer hervor”, afirmó.

Hubo otros ausentes que solían acudir a la cena anual de los magistrados. Pocos jueces y fiscales federales de Comodoro Py son activos en la Asociación de Magistrados (ninguno de los jueces de primera instancia acudió y los fiscales tienen su propia entidad, la Asociación De Fiscales Y Funcionarios Del Ministerio Público Fiscal De La Nación). 

El juez federal Carlos Mahiques, integrante de la Cámara Federal de Casación, y uno de sus hijos y jefe de los fiscales de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques, habían sido de los más saludados en la cena de 2019. En pleno rebote del caso Lago Escondido, que los tiene como protagonistas, esta vez, no estuvieron presentes.

El caso fue la comidilla de las conversaciones sottovoce y unos comentaron su pesar por algunos de los involucrados en el viaje a la propiedad del magnate Joe Lewis y el intento por borrar la supuesta dádiva y la denuncia judicial en Bariloche.

Marcelo Gallo Tagle, presidente de la Asociación de Magistrados, dijo durante su discurso: “Ningún juez o jueza puede pretender que se repete su decisión jurídica si no ajusta su conducta a los estándares de ética que la sociedad espera”.

Hubo otros invitados que este año recibieron saludos y felicitaciones: los jueces Jorge Gorini y Andrés Basso, dos de los integrantes del tribunal oral que condenó a Fernández de Kirchner por el caso Vialidad. Los ubicaron en las mesas próximas a los jueces de la Corte.

Rosatti, Maqueda y Rosenkranz compartieron mesa con Gallo Tagle; el procurador general de la Nación y jefe de los fiscales, Eduardo Casal; y los jueces que representan a sus colegas en el Consejo de la Magistratura, uno de los ámbitos de disputa con el kirchnerismo. Entre ellos estaba Javier Barroetaveña, uno de los integrantes de la Sala I de la Casación Federal, que debe decidir si confirma los sobreseimientos de Fernández de Kirchner y el resto de los sobreseídos en los casos Hotesur-Los Sauces y Memorándum con Irán u ordena que los juicios orales y públicos suspendidos en 2021 se ejecuten en pleno año electoral. 

En otra mesa próxima el fiscal Mario Villar, también de la Casación, acompañó al nuevo presidente de la Asociación de Fiscales, Ricardo Rafael Toranzos (fiscal federal de Salta). Villar es el fiscal que solicitó en noviembre que la vicepresidenta y sus hijos, además del resto de los acusados en Hotesur-Los Sauces por presunto lavado de dinero y asociación ilícita vayan a juicio oral y público.

Sólo se escucharon quejas de los comensales funcionarios del poder Judicial, como peritos y auxiliares de los jueces y fiscales, quienes al finalizar la cena cuchicheaban que no habían sido reconocidos por su labor en el discurso de Rosatti y el brindis de Rosenkranz. Será para la próxima.

ED

Sobreseída o nuevamente en el banquillo de los acusados de un juicio oral y público, la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner continuará en el centro de la escena durante el año electoral. Además del inminente veredicto por el caso Vialidad, aún están en  juego los dos sobreseimientos anticipados que la vicepresidenta obtuvo a finales de 2021 en las causas por el Memorándum con Irán y Hotesur-Los Sauces. Las definiciones deberían llegar el 20 y 22 de diciembre próximos, aunque los fallos podrían demorarse hacia febrero o marzo, explicaron a elDiarioAR fuentes judiciales que intervienen en ambos casos.

Estos sobreseimientos anticipados fueron ordenados por los tribunales orales federales número 8 (Memorándum) y 5 (Hotesur-Los Sauces) en octubre y noviembre del año pasado. Le permitieron a la expresidenta evitar el inicio de dos juicios orales y públicos pero ambos expedientes llegaron a la Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal del país que revisa las decisiones que toman los jueces de los tribunales de juicio. Todos los acusados en estas causas siempre han negado la comisión de delitos por los hechos investigados. En el caso de los hoteles, el diputado Máximo Kirchner y su hermana menor, Florencia, hijos de la exmandataria, también fueron sobreseídos y se decidirá si se les revoca ese fallo y deben ir a juicio. En Memorándum, también estuvieron acusados el senador Oscar Parrilli; el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena; el procurador del Tesoro, Carlos Zannini; y Andrés Larroque, ministro de Desarrollo de la provincia de Buenos Aires.

Ambos casos recayeron en la Sala I, integrada por los jueces Ana María Figueroa, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, los mismos que ya intervinieron en la causa Dólar Futuro y ordenaron los sobreseimientos anticipados de Fernández de Kirchner y el resto de los imputados por inexistencia de delito (el caso está pendiente en la Corte Suprema, con un dictamen del procurador general Eduardo Casal a favor de la realización del juicio).

Tras un año en la Casación, los tres jueces están en condiciones de decidir si confirman los sobreseimientos y el cierre de ambas causas o si los revocan y ordenan realizar los juicios orales y públicos.

Figueroa, la única mujer integrante de la Sala, tiene una posición tomada en los casos relacionados con Fernández de Kirchner, en los que suele fallar en consonancia con los planteos de la defensa de la vicepresidenta, por lo que su voto podría ser el más predecible, aunque cada expediente es un mundo.

Los jueces Petrone y Barroetaveña, en cambio, han votado en el caso de los cuadernos en posición contraria a las defensas, aunque a favor en Dólar Futuro. Hay que salvar las diferencias entre determinadas causas y otras, advierten en Comodoro Py ante las consultas de elDiarioAR: Dólar Futuro fue un expediente criticado por muchos juristas, incluso lejanos a las posiciones de los kirchneristas. 

El caso Memorándum tiene un perfil similar, ya que se cuestiona que la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman por la firma de un memorándum de entendimiento con Irán en 2013, que buscaba que la Justicia argentina indagara a los acusados iraníes en un país neutral- no encuadraría la comisión de delitos sino de decisiones de política internacional con intentos de incidencia en el desarrollo de la causa AMIA. 

Otro cantar es Hotesur-Los Sauces, un caso basado en el presunto lavado de dinero de la familia Kirchner a través de sus negocios privados en hoteles y propiedades inmuebles con dos proveedores del Estado: los empresarios Lázaro Báez y, en menor medida, Cristóbal López y Fabián De Sousa. El primero está condenado a doce años de prisión por lavado de dinero agravado de la corrupción y tiene un pedido idéntico de pena en Vialidad como presunto integrante de una asociación ilícita para defraudar al Estado. Los otros dos están sobreseídos por la causa Oil Combustibles y su caso fue apelado por el fiscal de juicio.

Los plazos de Casación vencen el 20 y 22 de diciembre para definir el futuro de los juicios de Hotesur-Los Sauces y Memorándum, respectivamente, ya que las últimas audiencias ante los jueces para que las partes expongan sus argumentos fueron el 23 y 24 de noviembre últimos, y los jueces tienen 20 días hábiles para fallar, aunque estos plazos muchas veces no son cumplidos. Estos son dos los escenarios que enfrenta la vicepresidenta.

Escenario sobreseída

En abril de 2021, esta misma sala de Casación sobreseyó a Fernández de Kirchner y al resto de los imputados por el caso Dólar Futuro y anuló así el comienzo del juicio oral y público. Esa decisión de los jueces Figueroa, Barroetaveña y Petrone fue recurrida (como se define a la apelación en este tribunal) por el fiscal general Raúl Plee, en representación del Ministerio Público Fiscal, quien solicitó a la Corte Suprema que revoque el fallo y ordene la realización del juicio.

El fiscal Pleé pudo acudir ante la Corte porque el fallo de Casación es equiparable a una sentencia definitiva, ya que implicó el cierre de la causa Dólar Futuro. Es en este escenario en el que las partes de un proceso tienen herramientas procesales para solicitar la intervención del máximo tribunal.

En el caso Hotesur-Los Sauces, el fiscal del juicio, Diego Velazquez se opuso al cierre de la causa y llevó el caso a Casación a finales de 2021. En dicha instancia, el fiscal general Mario Villar reclamó la realización del juicio oral y público y tendrá la misma opción que su colega Pleé si los jueces de Casación confirman los sobreseimientos de la vicepresidenta y el resto de los imputados por el presunto lavado de dinero de la familia Kirchner y los empresarios Báez y López. 

El fiscal Villar podrá presentarse ante la Corte para que los jueces del máximo tribunal decidan si confirman los sobreseimientos o los revocan y ordenan la realización del juicio.

En Memorándum la situación es diferente. El fiscal de juicio, Marcelo Colombo, y la querella, integrada por dos familiares de víctimas de la AMIA y representada por el abogado Tomás Farini Duggan, se opusieron a los sobreseimientos anticipados y al cierre de la causa dictados en octubre de 2021 por el tribunal oral federal. Llevaron el caso ante la Casación. Sin embargo, el fiscal general Javier De Luca, que representa al Ministerio Público en dicha instancia, planteó que la firma del acuerdo con Irán no implicó la comisión de ningún delito, es decir, coincidió con la lectura de los jueces del tribunal de juicio. Eso resta posibilidades a la reapertura del juicio, explicó una fuente del Ministerio Público Fiscal.

Aún así, la participación de la querella garantiza que si Casación confirma los sobreseimientos el caso llegará a la Corte, ya que los familiares de las dos víctimas de la AMIA tienen potestad para oponerse al fallo y recurrir al máximo tribunal. 

En este escenario, en el que la vicepresidenta seguiría sobreseída, aún existiendo oposiciones y planteos ante la Corte las causas Hotesur-Los Sauces y Memorándum  seguirán cerradas y los juicios no se realizarían hasta que la Corte decidiera ordenar lo contrario.

Los cortesanos no tienen plazos para intervenir. Tampoco apuro. El caso Dólar Futuro ingresó a la Corte en junio de 2021 y un año y medio después aún no hay fallo.

Escenario a juicio

En el escenario posible de que la Sala I (por voto de la mayoría de los jueces o por unanimidad) revoque los sobreseimientos anticipados dictados por los tribunales orales federales en las causas Hotesur-Los Sauces y Memorándum con Irán y ordene la realización de los juicios, ambos casos no quedarán en la misma situación que Dólar Futuro. 

Revocar los sobreseimientos y ordenar que comiencen los juicios anulados no es equiparable a una sentencia definitiva, explicaron fuentes judiciales de Casación y del Ministerio Público Fiscal ante la consulta de elDiarioAR. ¿Qué implica este escenario para la vicepresidenta y el resto de los imputados en Hotesur-Los Sauces y Memorándum? Si Casación opta por este camino, los acusados deberán atravesar los juicios orales y públicos y no hay posibilidad de frenarlos. Al menos no dentro de las normas.

Este escenario no habilita a las defensas a recurrir el fallo ante la Corte, aseguraron las fuentes consultadas. 

Como caso excepcional, los abogados podrían alegar “arbitrariedad” de los jueces de Casación y presentar un recurso extraordinario ante el máximo tribunal, aclaró uno de los juristas en diálogo con este medio, pero las chances de demostrar realmente que la decisión de los magistrados fue arbitraria es muy baja en estos casos y la Corte suele rechazar de plano los planteos. Además, el máximo tribunal no tiene plazos para fallar.

El hecho de que las defensas recurran a esta vía no implica frenar el comienzo de los juicios, afirmó la fuente, porque el fallo de Casación no se suspende.

Nuevos jueces

Si la Casación optara por este camino en uno o ambos casos pendientes, se reconfigurará el mapa de los jueces en ambos casos: deberán enviar los expedientes nuevamente a sorteo entre los tribunales orales federales de Comodoro Py. 

Los jueces que intervinieron originalmente en estas causas no podrían seguir haciéndolo. El Tribunal Oral Federal número 8 planteó por unanimidad que en el caso del Memorándum no existió la comisión de ningún delito, por lo que los tres jueces ya opinaron y no podrán juzgar el caso. 

Lo mismo sucede con dos de los tres jueces del Tribunal Oral Federal número 5, del caso Hotesur-Los Sauces. De hecho, el fiscal Villar ya solicitó que se aparte a ambos magistrados del sorteo en caso de que se ordene la realización del juicio argumentando que se excedieron al cerrar la causa cuando opinaron sobre el fondo de la cuestión. 

Memorándum sin fiscal

En el caso de que Casación ordene la realización del juicio por el acuerdo con Irán, las posiciones encontradas entre el fiscal de juicio y el fiscal de Casación abren la posibilidad de que el juicio deba realizarse sin la intervención de una fiscalía, aseguraron fuentes directas del Ministerio Público Fiscal. Esto se debe a que el fiscal de Casación, en este caso De Luca, planteó la inexistencia de delito por lo que el fiscal Colombo perdió margen para sostener su acusación.

En ese caso, la acusación quedaría en manos de la querella. 

Tiempos

De ordenarse el inicio de los juicios por Hotesur-Los Sauces y/o por Memorándum, Casación podría apurar o no los plazos en su fallo, indicando celeridad a los tribunales orales federales o, de lo contrario, obviando ese punto, abriendo la posibilidad de que se dilate el comienzo de las audiencias. 

¿Cuánto tiempo más podrá Comodoro Py evitar el inicio de los juicios en este escenario? En ambas causas, las partes ya han presentado sus pruebas y los casos están en condiciones de iniciar las audiencias. 

Sin embargo, hay cuestiones no jurídicas que incidirán, explicaron las fuentes consultadas en los tribunales: 2023 es año electoral y aún resta saber qué rol ocupará Fernández de Kirchner, si será candidata presidencial, armadora política de la sucesión de Alberto Fernández o si se mantendrá al margen.

El veredicto por el caso Vialidad también incidirá, aseguran en los tribunales de Retiro. Los jueces estarán atentos al humor social que cultivará una absolución, condena o condena parcial a la vicepresidenta. Y si los fallos de la Sala I de Casación llegan a término, en decir, a finales de diciembre, ese humor social vendrá de la mano con el rebote que generará en las mismas fechas el desempeño de la Selección argentina en el Mundial de Fútbol y el factor distracción.

ED

Condenada o absuelta, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner marcará a fondo la agenda judicial de diciembre y de los meses subsiguientes, mientras se abre el camino hacia las próximas elecciones presidenciales. El Tribunal Oral Federal número 2 comunicará el veredicto del caso Vialidad los primeros días de diciembre, de acuerdo con estimaciones de las partes que intervienen en el juicio oral y público por presunta asociación ilícita y defraudación a la Administración pública consultadas por elDiarioAR.

Antes y después del veredicto en el único juicio en su contra, otras causas centrales para Fernández de Kirchner tendrán movimientos y definiciones: Comodoro Py debe decidir si se realizarán o no los juicios por dos casos en los que la vicepresidenta y el resto de los imputados fueron sobreseídos de forma anticipada y los debates oral y públicos se anularon. Se trata de los casos Hotesur-Los Sauces y Memorándum con Irán.

Un cuarto caso que va camino al juicio oral y público, la causa de los cuadernos de la presunta corrupción en la obra pública, avanza pero lentamente, y la posibilidad del inicio de las audiencias parece lejano. Aún así, cuadernos se reinstalará en la agenda judicial cuando los ecos de una pericia oficial rebote en el futuro del debate.

Ya no como imputada o sobreseída, sino como querellante, Fernández de Kirchner espera decisiones clave en el expediente en el que se investiga el homicidio agravado en tentativa por el atentado contra la vida. 

Por lo pronto, sus abogados tendrán audiencias este martes, miércoles, jueves y viernes por los cuatro casos mencionados. Este es un resumen de los acontecimientos judiciales que tendrán a la vicepresidenta como protagonista en las próximas semanas, según pudo corroborar elDiarioAR de fuentes judiciales, de los abogados intervinientes, el Ministerio Público y documentos de los expedientes.

Querellante

En la previa al veredicto de Vialidad, la expresidenta espera un fallo de la Cámara Federal porteña en la causa por el intento de matarla, ocurrido el 1° de septiembre último. El camarista Leopoldo Bruglia se encuentra analizando la recusación a la jueza María Eugenia Capuchetti, presentada por los abogados de Fernández de Kirchner en el expediente del atentado fallido, y deberá también definir sobre medidas de prueba solicitadas por la querella. Ambas decisiones marcarán el pulso de la investigación.

Bruglia, integrante de la Sala I de la Cámara de apelaciones, tiene como una de sus prioridades de agenda definir si la jueza Capuchetti seguirá o no a cargo de la causa del atentado. La jueza ya presentó un informe de 43 páginas rechazando su apartamiento del expediente y a partir de este miércoles, cuando se realice una audiencia con la querella, Bruglia estará en condiciones de definir el incidente (al ser una recusación, interviene sólo un juez del tribunal de apelaciones), explicaron dos fuentes con acceso directo al caso.

La querella pidió que la magistrada sea apartada por presunta negligencia y temor de parcialidad, en el primer punto por el reseteo del teléfono del principal acusado, Fernando Sabag Montiel; y en segundo, por considerar que la jueza no profundizó algunas pistas importantes para que la querella, que podrían profundizar sobre más responsables en la planificación del atentado. 

Una de esas pistas en conflicto es la que apunta a Milman y por negarse a secuestrar los teléfonos celulares de las dos asesoras que acompañaba al diputado el 30 de agosto en la confitería Casablanca cuando, de acuerdo con un reciente testigo, Milman habría dicho: “Cuando la maten yo voy a estar camino a la costa”. El diputado negó haber pronunciado la frase en un escrito que presentó ante el juzgado.

La Sala I de la Cámara Federal también deberá definir sobre el secuestro de los teléfonos de ambas mujeres, ya que la querella apeló la negativa de la magistrada, aunque con conocimiento de que tiene pocas chances de ganar (las cuestiones relacionadas a medidas de prueba no son apelables por reglamento).

La jueza afirmó en el informe ante la Cámara revisora que investigó todas las hipótesis, “incluso aquellas sostenidas por la parte querellante que luego fueran desestimadas en mérito al resultado de las diligencias proyectadas y dirigidas a determinar su eventual corroboración”, de acuerdo con el escrito. También sostuvo que los planteos de la querella sobre supuestas irregularidades al inicio de la investigación se plantearon recién dos meses después, lo que ni siquiera es admisible en el Código Procesal Penal.

Bruglia no tiene plazo para tomar una decisión: si confirmar o apartar a la jueza de la causa, pero en la Cámara estima que será pronto. 

Audiencias en Casación

Esta semana, además, se celebrarán las últimas audiencias de dos casos centrales para la vicepresidenta en otra instancia: la Cámara Federal de Casación -máximo tribunal penal del país-, que tiene pendiente resolver si Fernández de Kirchner debe o no afrontar los juicios oral y públicos por Hotesur-Los Sauces y Memorándum con Irán. 

En ambos expedientes, la expresidenta y el resto de los imputados fueron sobreseídos de manera anticipada por “inexistencia de delito” y ambos expedientes están siendo revisados por los mismos jueces de Casación, integrantes de la Sala I: Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Ana María Figueroa.

El expediente en el que se acusa a la expresidenta y otros exfuncionarios y aliados del kirchnerismo por el presunto encubrimiento del atentado a la AMIA en 1994 a través de un pacto con el gobierno iraní tendrá su segunda audiencia este jueves 24 para terminar de escuchar a las partes a favor y en contra del cierre de la causa previo al juicio oral y público que debía desarrollarse este año en el Tribunal Oral Federal número 8. Tras la audiencia, los jueces estarán en condiciones de decidir el futuro de la causa, que ha despertado críticas incluso de juristas ajenos al kirchnerismo.

Este caso se sostiene por el impulso de la querella, integrada por los padres de dos víctimas del atentado de la mutual judía, ya que el fiscal Javier De Luca entendió, al igual que los jueces del tribunal oral, que la firma del memorándum no implicó un delito.

En el caso Hotesur-Los Sauces, el Tribunal Oral Federal número 5 debía juzgar a Fernández de Kirchner, a sus hijos Máximo y Florencia y otros acusados, pero dictó los sobreseimientos anticipados de todos en noviembre de 2021. 

Tras el planteo del fiscal Diego Velazco, el caso llegó a Casación. La segunda audiencia para revisar si el juicio debe realizarse será el martes. El fiscal Mario Villar ya expuso a principios de noviembre y se opuso al cierre de la causa: solicitó a los jueces que ordenen realizar el juicio oral y público por el caso de presunto lavado de dinero a través de los hoteles y propiedades inmuebles de la familia Kirchner.

Los jueces Barroetaveña, Petrone y Figueroa ya intervinieron en un caso de este tipo: en abril de 2021, sobreseyeron a la vicepresidenta y al resto de los imputados del caso Dólar Futuro, antes del inicio del juicio, por inexistencia de delito. 

Este caso -también criticado por juristas no alineados al kirchnerismo y aún pendiente de revisión en la Corte Suprema- es un precedente clave para las causas Memorándum y Hotesur-Los Sauces, pero tanto en Comodoro Py como entre las defensas, saben que el talón de Aquiles de Fernández de Kirchner es su relación comercial con Lázaro Báez, el empresario proveedor de obra pública que comparte banquillo de acusados en el juicio por Vialidad y ya fue condenado a 12 años de prisión por lavado de activos agravado provenientes de la corrupción.

Vialidad

El juicio que lleva adelante el Tribunal Oral Federal número 2 por la supuesta adjudicación irregular de 51 obras viales al empresario Báez, y en el que la vicepresidente enfrenta un pedido de pena de 12 años por parte de la fiscalía, ingresó en su etapa final, previa al veredicto: las palabras finales de los imputados. Los jueces fijaron audiencias para escuchar a los acusados que quieran dirigirse por última vez a los magistrados antes de escuchar el fallo final.

Las primeras dos audiencias de esta etapa serán el próximo viernes 25 para escuchar a Lázaro Báez, Mauricio Collareda, Raúl Daruich, Julio De Vido y Abel Fatala; y el martes 29, para Fernández de Kirchner, Héctor Garro, Carlos Santiago Kirchner y José López. 

Ese día, el tribunal debería fijar fecha para una tercera audiencia, con el objetivo de escuchar a los últimos cuatro acusados y comunicar el veredicto, que se espera para los primeros días o primera quincena de diciembre. Todos los imputados se han declarado inocentes.

Ya sea absuelta o condenada por ambos delitos o sólo por uno de ellos -asociación ilícita y defraudación a la Administración pública-, Fernández de Kirchner podrá recurrir el fallo a la Casación. También podrán hacerlo los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, en caso de una absolución total o parcial. Esto significa que Vialidad no terminará en diciembre, aunque el veredicto será la principal noticia que logre opacar el Mundial de Fútbol.

Cuadernos

El juicio oral y público por el caso de los cuadernos de la supuesta corrupción en la obra pública también ingresó en una etapa clave para el futuro del caso pero muy lejos del juicio de Vialidad. 

En la causa, serán juzgados decenas de los empresarios otrora más poderosos del país, exfuncionarios y la vicepresidenta por presunto cohecho o pago de sobornos registrados en los cuadernos del exchofer Oscar Centeno, quien trabajaba para el funcionarios Roberto Baratta, del ministerio de Planificación. 

Fernández de Kirchner está acusada de haber liderado una asociación ilícita que recaudaba dinero de empresarios contratistas del Estado (obra pública, transporte, energía).

El Tribunal Oral Federal número 7 se encuentra en condiciones de analizar qué pruebas solicitadas por la fiscalía de juicio y los abogados defensores realizará antes del debate oral y público por la causa madre -hay otros expedientes satélites que vienen más atrasados-. 

Esto significa que el caso ya comenzó a moverse en el tribunal. Pero el proceso viene lento. La fiscal Fabiana León solicitó que se suspenda la vista hasta que se termine de digitalizar el expediente de los cuadernos para poder acceder a la totalidad de la causa. Como consecuencia, todo podría demorarse más, pero dependerá de los jueces del tribunal.

El tribunal tiene, además, los originales en papel de seis de los ocho cuadernos de Centeno, y varias defensas han vuelto a solicitar que se realicen pericias caligráficas de los escritos para determinar cuándo se escribieron, ya que algunos abogados sostienen que no habrían sido escritos como un diario, a lo largo de los años, sino que formarían parte de una operación contra el kirchnerismo durante el gobierno de Mauricio Macri.

Los nunca fueron peritados en la causa. Los jueces deberán decidir si ordenan la pericia caligráfica. Ahora tienen un antecedente que algunas de las defensas no dejarían pasar: en los tribunales de Comodoro Py, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ordenó una pericia caligráfica a la Policía Federal Argentina (PFA) a pedido de uno de los empresarios imputados, Armando Losón, del Grupo Albanesi.

La pericia oficial se realizó sobre las fotografías digitalizadas de tres de los ochos cuadernos, que son en los que se menciona a Losón: los cuadernos 4, 7 y 8. Los expertos de la Policía Federal ratificaron que los cuadernos fueron escritos por el chofer Centeno pero detectaron ciertas alteraciones en el texto original realizadas “por otro escribiente” en los cuadernos 7 y 8, de acuerdo al informe pericial al que accedió elDiarioAR.

ED

La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) junto a las querellas, en representación de familiares de víctimas del atentado a la AMIA, le reclamaron hoy a la Cámara Federal de Casación revocar los sobreseimientos y avanzar a un juicio oral en la causa por la firma del Memorándum con Irán. En tanto, las defensas remarcaron que debe confirmarse el cierre del caso por la inexistencia de delito.

La sala I del máximo tribunal penal federal realizó este martes la primera de dos audiencias previstas, previo a resolver la confirmación de la decisión del Tribunal Oral Federal (TOF) 8, la cual en octubre de 2021 sobreseyó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y los demás imputados en el caso por “inexistencia de delito”.

La audiencia se desarrolló virtualmente a través de la plataforma Zoom, ante los jueces Diego Barroetaveña, Ana Maria Figueroa y Daniel Petrone, quienes estuvieron presentes en la sala de audiencias de los tribunales federales de Retiro. Entre las defensas, se conectó la de la Vicepresidenta, que presentará un memorial escrito en la segunda audiencia fijada por Casación, para el 24 de noviembre próximo.

La audiencia abrió pasadas las 10.30 de esta mañana con el abogado Juan José Avila, representante de dos familiares de víctimas del ataque terrorista del 18 de julio de 1994, Mario Averbuch y Luis Czyzewsky. El abogado reclamó la “revocación en todas sus partes del sobreseimiento prematuramente dictado” por el TOF 8, que preparaba el juicio oral en la causa que se inició por la denuncia en 2015 del fallecido fiscal Alberto Nisman.

El letrado remarcó que para llegar al sobreseimiento “se violaron derechos humanos, se privó a las víctimas de su derecho fundamental a ser oídas”. Ante la decisión de no realizar el juicio oral, dijo que “se las privó de conocer la verdad que puede ofrecer la cosa juzgada, que resulta de un proceso penal”, y sostuvo que “el debate no fue evitado, fue escamoteado”.

Después, fue el turno de Mario Averbuch por esa misma querella, quien pidió hablar ante los jueces Diego Barroetaveña, Ana Maria Figueroa y Daniel Petrone, como un “padre que perdió a su hija”. El familiar dijo ante los camaristas: “Hablo en calidad de padre, como siempre lo he dicho, soy el papá de Yanina Muriel, lo mismo en el caso de Czyzewsky, el papá de Paola, ambas asesinadas en el atentado a la AMIA. Acá solamente hay dolor y necesidad de respuestas”.

Tanto Averbuch como Czyzewsky se conectaron para participar de la audiencia de manera virtual. El primero sostuvo que este es “otro capítulo de cierre nefasto, teñido de injusticia e ilegalidad” y que “nadie pensó en darle justicia a los muertos”. Agregó: “Creo que hay traición a la sociedad toda, que quiere saber solamente qué pasó. Es una investigación que no se quiere hacer” y los abogados buscan que sus defendidos “puedan escapar del brazo de la Justicia. Nadie pensó en darle justicia a los muertos. Nosotros estamos luchando por saber por qué mataron a nuestros hijos y el Estado y la Justicia no nos contestan”.

Por su parte, Jorge Knoblovits de la DAIA iba a exponer oralmente en la audiencia, pero terminó presentando un escrito donde también reclamó que se revoquen los sobreseimientos “por inobservancia o errónea aplicación de la ley”. Para la ONG, resulta “evidente que el tribunal de juicio se ha apartado del debido proceso y ha violentado el derecho de defensa de las partes acusadoras”, de acuerdo al documento al que tuvo acceso Télam.

Luego de la intervención de las querellas, fue el turno de las tres defensas previstas para la primera audiencia: la del exvicecanciller y actual embajador en Rusia, Eduardo Zuain, y las de los actuales funcionarios nacionales Carlos Zannini y Juan Martín Mena. En este caso, los tres reclamaron a Casación que se rechacen los recursos de las querellas y confirmen los sobreseimientos por inexistencia de delito.

El abogado del embajador, Martín Arias Duval, remarcó que en la causa se incorporó nueva prueba enviada por Interpol, la cual demostró la imposibilidad del cese de las circulares rojas con pedidos de captura de ciudadanos iraníes por el atentado, a raíz de la firma del Memorándum en 2013. Ese cese había sido la base de la denuncia que en enero de 2015 presentó el fiscal Nisman contra la entonces Presidenta, parte de su Gabinete y otros imputados.

El abogado defensor remarcó que la nueva prueba se presentó en el Juzgado Federal 11, por entonces a cargo del luego fallecido juez Claudio Bonadio, y que tenía parte del caso en trámite luego del envío a juicio oral: “Este informe de Interpol de julio de 2020 fue el valorado por el Tribunal Oral para dictar la resolución que dictó” y que se trató de “información nueva”. Fue el “primero que sintetiza de manera ordenada y cronológica la actitud en relación a las circulares rojas y órdenes de captura”, destacó.

“Uno puede concluir sin temor a equivocarse”, sentenció el letrado, que la decisión “siempre fue mantener las órdenes de captura vigentes” y que esto sólo podía cambiar por orden del juez que llevaba la causa por el atentado. Además, recordó que el Memorandum fue declarado inconstitucional por la Justicia argentina.

También recordó que en 2013 el fallecido excanciller Héctor Timerman “hace saber a Interpol que de ninguna manera el Memorándum de Entendimiento afectaba la vigencia de las circulares rojas”, y explicó que esto ocurrió “un día después de que se notificó a Interpol del Memorándum”. Esta, según conclyó Arias Duval, es “prueba novedosa que echa por tierra de modo absoluto y contundente la posibilidad de pensar que quienes firmaron pensaban tener algún tipo de incidencia en la modificación de las circulares rojas de Interpol”.

Acto seguido, fue el turno del abogado Mariano Fragueiro Frías, por la defensa del procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini. “Me parece casi increíble estar en una audiencia de una causa que jamás debió haber llegado a esta instancia. La verdad que es una suerte de 'deja vu' extraño”, comentó. Fragueiro Frías hizo hincapié en lo “profundísimo” del sufrimiento de los familiares de las víctimas, pero destacó que en esta causa no se investiga el “atroz atentado que cobró las víctimas que todavía hoy lloramos”.

“Estamos en otro proceso y si algún distraído cree que se puede confundir este con el otro, esto es imposible”, advirtió el letrado. “La causa fue desistida, señores jueces, por el impulso de un fiscal valiente que entendió que no podía avanzarse sobre un proceso que nunca fue delito”, dijo en relación al fiscal ante Casación Javier De Luca, quien no mantuvo la apelación fiscal contra el cierre.

Sostuvo también que “el panorama es concluyente para terminar con este proceso”. “Le ruego, le imploro al Tribunal que no case y rechace los recursos de Casación porque este proceso pasó a cosa juzgada”, dijo. Fragueiro también detalló los informes de Interpol incorporados a la causa, que fueron tomados como nueva prueba luego de envío a juicio oral y remarcó que demostraron la inexistencia de delito.

En último lugar, expuso el abogado Marcos Aldazabal, defensor de Mena, el viceministro de Justicia, quien pidió también confirmar los sobreseimientos. “Escuché decir que parecía haber una urgencia por cerrar esta causa. Me gustaría recordar que esta causa lleva siete años en los que creo nadie pensó nunca que podía haber delito”, enfatizó. Dijo además que “se gastaron muchísimos recursos del Estado” en una causa “que siempre se supo que no respondía a ningún delito y que seguramente fue sólo producto de intencionalidades políticas”.

“Es evidente que no hay absolutamente nada que debatir aquí y sería un despendio inútil”, agregó en relación al mencionado informe de Interpol. Para Aldazabal, la firma del Memorándum “fue un acto en el que intervinieron el poder político, también el Legislativo y también el Judicial cuando lo declaró inconstitucional”. Concluyó: “Los pensamientos no se pueden penar y las resoluciones políticas no judiciales tampoco”, reclamando que se confirmen los sobreseimientos sin juicio oral.

Recuento de la causa por el Memorándum con Irán

El 7 de octubre de 2021, antes de celebrar el debate, el Tribunal Oral sobreseyó en un fallo unánime por inexistencia de delito a todos los imputados, pero esa decisión fue apelada por las querellas y está bajo estudio del máximo tribunal penal federal del país. Los jueces del TOF 8 Daniel Obligado, José Michilini y María Gabriela López Iñiguez descartaron el delito de “encubrimiento agravado”, dando por concluidos los preparativos para juzgar el caso, enviado a juicio por el Bonadio en marzo de 2018.

Los sobreseimientos alcanzaron a la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Kirchner; a Carlos Zannini; al senador Oscar Parrilli; a Juan Martín Mena y al ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque, entre otros.

En su denuncia en 2015, el fiscal Nisman sostuvo que la firma del memorándum con Irán buscaba “hacer caer” las circulares rojas de captura internacional pedidas por la Justicia argentina contra ciudadanos iraníes, las cuales siguen vigentes en la actualidad.

LC con información de agencias

En lo que va de 2021, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner logró los sobreseimientos anticipados en tres casos clave -Dolar Futuro, Memorándum con Irán y Hotesur-Los Sauces-, pero no todas las cartas están echadas en los tribunales. Este lunes, el fiscal Diego Velazco presentará un recurso legal para que se revoque el último fallo a favor de la expresidenta por supuestas maniobras de lavado de activos de la corrupción a través de los negocios hoteleros (Hotesur) e inmobiliarios (Los Sauces) de la familia Kirchner, supuesta asociación ilícita y negociaciones incompatibles. Todos, cargos que Fernández de Kirchner y el resto de los sobreseídos han negado.

Estos tres frentes judiciales continúan abiertos por tres razones: dos fiscales y dos querellas se oponen a que sean cerrados antes de la realización de los juicios orales y públicos. Este viernes, durante el acto en Plaza de Mayo por los dos años de gobierno de Alberto Fernández y el Día de la Democracia, Fernández de Kirchner volvió a apuntar en su discurso al Poder Judicial y lo comparó con la persecución de la dictadura militar.

La Corte Suprema, que esta semana fue blanco de las críticas del ministro de Justicia, Martín Soria, aún debe revisar su sobreseimiento y el del resto de los sobreseídos en el caso Dólar Futuro. El fallo a su favor fue apelado por el fiscal de Casación Raúl Pleé. A mediados de año, el máximo tribunal giró el expediente a la Procuración General de la Nación para que dictamine a favor o en contra de la nulidad del juicio contra la expresidenta. La tarea podría quedar a cargo del procurador general interino, Eduardo Casal, cuya renuncia es buscada por el kirchnerismo.

Mientras, la Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal del país, estará a partir de este lunes en condiciones de analizar el caso por el pacto con Irán, por presunto encubrimiento del atentado a la mutual judía AMIA, confirmaron a elDiarioAR fuentes directas de los expedientes. El viernes, los jueces de la Sala I -que intervienen a su vez en Hotesur-Los Sauces, Cuadernos y tuvieron a su cargo Dólar Futuro- rechazaron la recusación contra el fiscal Javier De Luca efectuada por los querellantes Luis Czyzewski y Mario Averbuch, padres de dos víctimas de la AMIA.

Los querellantes recusaron al fiscal De Luca luego de que el magistrado dictaminó -como lo había hecho con anterioridad- que no existió la comisión de ningún delito en la firma del memorándum. Ahora, el expediente se mantiene abierto en Casación por impulso de las querellas de AMIA y DAIA, y los jueces ya están en condiciones de resolver sobre los sobreseimientos anticipados dictados por el Tribunal Oral Federal número 8.

En Hotesur-Los Sauces, Velazco, el fiscal del juicio trunco, pedirá este lunes que la Casación revise los sobreseimientos y busca que los jueces del tribunal revisor ordenen la realización del juicio oral y público contra Fernández de Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia, y el resto de los acusados del caso Hotesur-Los Sauces, entre quienes se encuentran los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López.  

El caso gira en torno a los alquileres pagados por Báez y Cristóbal López a las empresas Hotesur y Los Sauces, propiedad de la familia Kirchner, mientras las constructoras de los empresarios obtenían licitaciones y contratos de obra pública.

Todos los acusados en este caso fueron beneficiados por los jueces Daniel Obligado y Adrián Grünberg, del Tribunal Oral Federal número 5, el 26 de noviembre último, tras hacer lugar a los pedidos de nulidad de las defensas. 

Lunes clave

El plazo del fiscal Velazco para evitar el cierre del caso vence este lunes por la mañana y una fuente judicial con acceso al expediente confirmó a elDiarioAR que se presentará a tiempo. La querella, a cargo de la Unidad de Información Financiera (UIF), no había presentado su oposición a los sobreseimientos anticipados al cierre de esta nota. El organismo antilavado, que depende del Ejecutivo, se encuentra en plena transición tras la salida de Carlos Cruz y la asunción la semana última de su nuevo titular, Juan Carlos Otero, explicaron en el organismo ante la consulta.

La continuidad de este caso no sólo recae sobre las espaldas de Velazco, quien preparó su apelación durante las últimas dos semanas, sino también del fiscal Mario Villar, quien interviene hasta ahora en este expediente ante la Casación. Su función en este tribunal es acompañar o desestimar la apelación de su colega para que sus planteos lleguen a la Sala I del tribunal de revisión.

En Hotesur-Los Sauces, los jueces Obligado y Grünberg basaron los sobreseimientos en dos argumentaron centrales: que los acusados no pueden ser juzgados por presunta asociación ilícita porque los hechos y el delito son los mismos que están siendo juzgados en el juicio por la causa Vialidad por presunta corrupción en la obra pública; y, en segundo lugar, que la acusación de presunto lavado de dinero tampoco puede llevarse a juicio porque debe aplicarse la ley de lavado de activos anterior a 2011, que es la más benigna, y no incluye hechos de autolavado, es decir, de maniobras para blanquear el propio dinero supuestamente mal habido.

Los ejes centrales del recurso que le queda a Velazco para reclamar la realización del juicio deben contradecir estas dos posturas, entre otras. Una de las claves está en la jurisprudencia que analizaron en la fiscalía para rebatir a los jueces del tribunal oral. Los sobreseimientos de Hotesur-Los Sauces tuvieron repercusiones muy diferentes a los de los casos Dólar Futuro y Memorándum, dos causas que desde sus inicios fueron cuestionadas no sólo por las defensas sino por otras voces judiciales que pusieron en tela de juicio la prueba y la supuesta comisión de delitos.

Sin embargo, el caso de los alquileres se basa en las sospechas sobre el patrimonio de los Kirchner y sus relaciones con López y Báez. En la Asociación de Magistrados -la entidad que representa a los jueces del país- recibieron en las últimas dos semanas planteos de jueces pidiendo que se denuncie por supuesto prevaricato a Obligado y Grünberg, un pedido que no registra antecedentes, afirmó un fuente con conocimiento directo de los hechos. Los magistrados del tribunal sostienen que basaron su decisión en fallos de la Corte y de pactos internacionales.

Argumentos

Vialidad es el único de los cinco juicios contra Fernández de Kirchner que fue iniciado en los tribunales, en 2019. El caso es por presunta defraudación a la administración pública, entre otros supuestos delitos, en la concesión de obras viales en la provincia de Santa Cruz a favor de las compañías de Báez. Sin embargo, los alquileres pagados por el empresario a Hotesur y Los Sauces no son parte de este expediente, confirmó una fuente directa del proceso de juicio. Sería un punto a favor de Velazco.

La sentencia contra Báez en el juicio que finalizó en febrero es otra carta de la fiscalía, entre otros tantos expedientes, según confirmaron distintas fuentes del Ministerio Público Fiscal consultadas para esta nota. Los jueces del Tribunal Oral Federal número 4 tomaron el criterio del fiscal: que el delito de autolavado es continuado en el tiempo, ya que las maniobras y sus consecuencias se extienden a lo largo de los años y sobrepasa la barrera temporal de 2011. Los hechos de este caso se extienden hasta 2016.

El juez que instruyó la causa contra Báez, Sebastián Casanello, y el fiscal del juicio, Abel Córdoba, también han sostenido que debía aplicarse la nueva ley de lavado, a pesar de que los hechos habían comenzado con anterioridad a su sanción. 

Sobre tres jueces

En la Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal del país y la instancia previa a la Corte, la revisión de los cuatro grandes juicios contra la vicepresidenta quedaron en manos de los mismos tres jueces. Este tribunal está integrado por doce jueces que se dividen en cuatro salas y un presidente. Tanto Dólar Futuro como Memorándum y Hotesur-Los Sauces terminaron en la Sala I, en la que intervienen los jueces Ana María Figueroa, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña. 

Los mismos tres magistrados también tienen a su cargo la revisión del caso Cuadernos, un expediente sobre el que se espera que los abogados de la vicepresidenta, encabezados por Carlos Beraldi, también planteen nuevas nulidades para evitar el inicio del juicio, que aún ni siquiera tiene fecha. Dos ellos, Petrone y Barroetaveña, ya validaron las declaraciones de los arrepentidos de la causa. 

Sin embargo, en Dólar Futuro, tuvieron otra posición. Los tres jueces de la sala coincidieron a principios de año en sobreseer de forma anticipada al juicio a Fernández de Kirchner y al resto de los acusados, entre ellos el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; y el presidente del Banco Central, Miguel Pesce. 

Ahora, tras haber abierto la puerta con aquel primer fallo, deben decidir sobre los sobreseimientos anticipados dictados por dos tribunales orales: Memorándum con Irán y Hotesur-Los Sauces.

ED

El fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal Javier De Luca desistió este lunes de apelar la decisión de cerrar por inexistencia de delito la causa por la firma del Memorándum con Irán por el atentado a la AMIA, en un dictamen entregado a la sala 1 del máximo tribunal penal federal del país.

En su dictamen, De Luca consideró que el hecho que se denuncia no puede “de ningún modo subsumirse en alguna de las conductas que el ordenamiento jurídico califica como delitos” y ante eso el “deber” de la fiscalía es “hacer cesar la persecución penal”, según el texto al que tuvo acceso Télam.

El fiscal ante Casación resolvió así no mantener en esa instancia la apelación presentada por su colega ante el TOF8 Marcelo Colombo.

De Luca entendió que debe quedar firme el sobreseimiento por inexistencia de delito dispuesto por el Tribunal Oral Federal 8 para todos los imputados en el caso, entre ellos la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el procurador del Tesoro, Carlos Zannini; y el senador Oscar Parrilli, según el dictamen al que tuvo acceso Télam

También fueron sobreseídos por el TOF8 el actual embajador en Rusia, Eduardo Zuain; la exprocuradora del Tesoro Angelina Abbona; el secretario de Justicia, Juan Martín Mena; Andrés Larroque, Luis D Elía, Fernando Estecha, Jorge Khalil y Ramón Bogado.

De Luca consideró que esta decisión que fue apelada por las querellas de la causa debe quedar firme y se remitió a dos dictámenes suyos firmados en 2015 y 2016 donde también sostuvo que en la firma del Memorándum no hubo delito y se trató de una “decisión política”

Un tratado o Memorándum, como es el caso, firmado “entre dos potencias soberanas no puede ser la base fáctica de un delito”, sostuvo en el dictamen de 20 carillas firmado hoy.

“Las motivaciones o ultraintenciones que pudieran haber tenido los distintos actores que intervinieron en las negociaciones previas, redacción, sanción, aprobación o ratificación, tampoco”, agregó.

El “acierto, conveniencia o error no es asunto que incumba al Poder Judicial, porque se trata de cuestiones políticas, no justiciables. Pues, lo contrario implicaría menoscabar las funciones que conciernen a otros poderes”, concluyó el funcionario judicial.

Por otro lado, la querella que representa a familiares de víctimas del atentado del 18 de julio de 1994 que causó 85 muertos en la mutual judía de Pasteur 633 mantuvo el recurso de Casación y además recusó a De Luca por presunta pérdida de objetividad ante los anteriores dictámenes en los que postuló la inexistencia de delito.

La decisión de cerrar la causa sin juicio oral por inexistencia de delito fue tomada el 7 de octubre pasado por el Tribunal Oral Federal 8 a pedido de la defensa de la Vicepresidenta y otros imputados.

Ese fallo del TOF8 está apelado ante la sala I de la Cámara Federal de Casación.

Con información de Télam.

IG

Las querellas de la DAIA y Familiares de víctimas del atentado a la AMIA apelaron los sobreseimientos y el cierre de la causa por la firma del Memorándum con Irán, al pedir a la Cámara Federal de Casación Penal que revoque esa decisión, aparte al Tribunal que la tomó y continúe el camino del caso al juicio oral.

Se trata de la causa originada en la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman, en la cual el 7 de octubre pasado el Tribunal Oral Federal 8 sobreseyó por inexistencia de delito a la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a los restantes imputados, según informaron fuentes judiciales.

Las querellas apelaron ante el máximo tribunal penal federal del país para que “se ordene rechazar o se rechacen los planteos efectuados por las defensas”, en relación a la excepción de falta de acción por inexistencia de delito y “se ordene dejar o se deje sin efecto o se revoquen los sobreseimientos dictados sobre todos los imputados”, según el escrito presentado por la DAIA.

Además, pidieron a la sala I de Casación, que interviene en el caso, que prosigan las actuaciones, continúe la producción de prueba anticipada con miras a un futuro juicio oral y se avance “sin más dilaciones” a esta etapa.

“Se ha incurrido en falta de fundamentación, en fundamentación aparente y en fundamentación contradictoria a los fines de sostener el fallo en crisis”, argumentó la DAIA sobre la decisión del TOF8.

El Tribunal “ha derogado implícitamente el ordenamiento procesal y ha violentado la ley sustantiva, dictando una resolución llamativamente arbitraria”, agregó la querella.

En el escrito firmado por el titular de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, Jorge Knoblovits, se sostuvo que “el tribunal de juicio ha decidido llevar adelante una audiencia no prevista en nuestro Código de rito para tratar planteos de nulidad”

“Dicha misma irregular audiencia, se transformó para tratar excepciones de falta de acción en contravención a lo previsto en el art. 340 del CPPN, violándose el debido proceso y el derecho de defensa en juicio”, agregó.

Por su parte, la querella de Familiares integrada por Luis Czyzewski y Mario Averbuch sostuvo que “como resultado de la errónea aplicación del derecho se pretende frustrar un juicio oral”,

Para ello, se invocó la existencia de nueva prueba, prevista en el artículo 361 del Código Procesal Penal de la Nación “que no se dan en el caso”

“Para ello se valora arbitrariamente prueba producida durante la instrucción y un informe de Interpol que presentan como nuevas pruebas, cuando su contenido no resulta novedoso”, argumentó esta querella.

El 7 de octubre último los jueces Daniel Obligado, José Michilini y María Gabriela López Iñiguez sobreseyeron por inexistencia de delito a todos los imputados por supuesto “encubrimiento agravado”, a raíz de la denuncia de Nisman.

El fallo sobreseyó a la actual Vicepresidenta y a los también imputados procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini; senador Oscar Parrilli; viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, y ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, entre otros.

Los magistrados del Tribunal Oral Federal 8 hicieron extensiva la resolución al fallecido excanciller Héctor Timerman al concluir que “los hechos por los que fueran requeridos no constituyen delito” y dejaron sentado que “el presente proceso no afecta el buen nombre y honor” de quienes estuvieron imputados.

Con información de agencias.

IG

El senador Oscar Parilli, uno de los sobreseídos en la causa por la firma del Memorándum con Irán, aseguró hoy que el fallo conocido el jueves es “un simple acto de estricta justicia” y adelantó que analizará con sus abogados presentar acciones legales contra los funcionarios judiciales y las querellas que “armaron toda esta mentira que no puede quedar impune”.

“Este fallo es un simple acto de estricta justicia que no sé si me pone contento, sino que marca algo positivo: que este fallo se da dentro del Poder Judicial”, dijo Parrilli en declaraciones a Radio 10.

En un fallo unánime del tribunal que preparaba el juicio oral, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue sobreseída por inexistencia de delito junto a los demás acusados en la causa por la firma del Memorándum con Irán por el atentado a la AMIA.

Los jueces María Gabriela López Iñiguez, Daniel Obligado y José Michilini sobreseyeron a la expresidenta y actual Vicepresidenta de la Nación y titular del Senado; al procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini; al senador Parrilli; al viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, y al ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, entre otros, según un fallo de 389 carillas al que tuvo acceso elDiarioAR.

“Por lo menos tenemos un poquito de esperanza que hay sectores de la justicia que piensan en la verdad, en las pruebas y en los hechos y que hay que juzgar a las personas por lo que hicieron realmente y no por conjeturas políticas”, destacó Parrilli en sus declaraciones de esta mañana.

También señaló que “el fallo desnuda con toda claridad, con pruebas y con hechos, toda la gran mentira que se montó alrededor de la firma del memorándum con Irán”.

“Más allá de que uno podría estar de acuerdo o no con la decisión política de firmar el memorándum, está claro que se utilizó como un engranaje más de una estrategia internacional, incluso utilizada por los fondos buitres para desprestigiar a la Argentina y a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner y así presionar para que se le pague lo que se le debía”, subrayó.

Y remató: “Y justamente, en la gestión de Mauricio Macri, estos -los fondos buitres- cobraron con creces”.

Parrilli enfatizó que, “cuando uno lee los fundamentos, se da cuenta de la gran mentira que se montó y la relación entre Olivos, los jueces (Mariano) Borinsky y (Gustavo) Hornos, la DAIA, y los encuentros entre ellos, y el interés de Macri por llevar adelante esta causa junto a la justicia encabezada por (Claudio) Bonadio, (Jorge) Taiano, (Juan Bautista) Mahiques, son todos los personajes que hicieron esto”.

“Esto no puede quedar así”, señaló el senador oficialista que apuntó contra los jueces Hornos, Borinsky, Taiano y las querellas al insistir que “no puede quedar así tan impune porque no pueden mancillar el nombre de tanta gente y provocarle tanto mal con total impunidad”.

Por otra parte, consideró que “este fallo es también una reivindicación a la memoria del -excanciller fallecido- Héctor Timerman porque es un desagravio a su trayectoria y su hombría de bien”.

“Yo creo que la comunidad judía, la DAIA y las organizaciones que intervinieron en esta vergüenza de la causa judicial, deberían pronunciarse y pedirles disculpas a Héctor Timerman. Es lo menos que pueden hacer en memoria de muchos judíos, lo que ha sido la persecución contra ellos, y lo que han hecho en esta causa contra Timerman”, a quien no dejaron viajar a Estados Unidos para tratarse de un cáncer, apuntó.

CB con información de Télam

Con su poder de fuego amortiguado por la pandemia y los movimientos de fichas internas y externas, los tribunales de Comodoro Py se adentran en la campaña hacia las legislativas de noviembre con menos causas de impacto político que elecciones anteriores. Esta vez y por ahora, la campaña grande no se afila en los pasillos de Retiro y al menos dos de los principales frentes se tramitan ya en otros terrenos: el fuero Penal Económico y los tribunales de San Isidro. 

Con el clima electoral ya instalado, Comodoro Py había retomado el protagonismo con el presidente Alberto Fernández en el centro de la escena, pero el caso por el cumpleaños de la Primera Dama en Olivos durante la prohibición de reuniones sociales por la crisis sanitaria migró de jurisdicción diez días antes de las PASO. El expediente quedó radicado en los tribunales federales de San Isidro, donde aún no está claro quién será el juez a cargo de la causa. En esta misma jurisdicción, también quedó radicada, por el momento, la denuncia contra Elisa Carrió y otros miembros de la oposición por la fiesta por su natalicio en diciembre de 2020.

Aún con San Isidro y Penal Económico compartiendo la escena, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri, varios de sus exministros y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, aguardan algunas decisiones de los jueces de Comodoro Py, de acuerdo con el sondeo de elDiarioAR.

Estos son algunos de los casos, por el momento. “La campaña acaba de empezar”, dijo este domingo el Presidente. Es una clásica frase de la política tras las primarias que se escucha también en los despachos judiciales. 

Algunas de las últimas elecciones trajeron consigo nuevos problemas legales: las denuncias por irregularidades y presuntos delitos en la recaudación y rendición de los aportes de campaña, como las que expusieron maniobras de las legislativas de Cambiemos en 2017 o de la presidencial de Cristina Fernández de Kirchner-Julio Cobos en 2007.

Los frentes políticos deben rendir de manera virtual y en tiempo casi real sus gastos ante la Cámara Nacional Electoral. Los informes vienen atrasados, pero ya demuestran mayor austeridad en los fondos destinados a la política, confió una fuente del fuero electoral.

Entre 2015 y 2019, los principales partidos declararon destinar entre el 23% y el 30% de sus gastos de campaña a las redes sociales. Este año, las autoridades prevén que destinen alrededor del 60%. Por la pandemia, la falta de contratos y licitaciones públicas y la escasez de aportes del sector privado, se espera una campaña más austera. Los próximos meses dirán si, además, será una campaña menos penalizada.

Olivos y Bolivia

Entre julio y agosto, la política promovió dos causas judiciales contra contrincantes electorales. La primera fue una iniciativa del Gobierno. A principios de julio, el Ejecutivo denunció a Macri y exmiembros de su gobierno por el supuesto contrabando de municiones a Bolivia, durante el derrocamiento de Evo Morales. 

El expediente tramita en los tribunales de la calle Inmigrantes, sede de los juzgados y fiscalías en lo Penal Económico (el fuero que el Presidente quiere fusionar con los federales en su reforma judicial estancada en el Congreso). Se trata de la causa por presunto contrabando agravado de municiones a Bolivia durante el derrocamiento de Evo Morales. 

La causa, en la que también están imputados los exministros Patricia Bullrich (Seguridad) y Oscar Aguad (Defensa), entre otros exfuncionarios de Cambiemos, tiene ribetes internacionales y acumula supuestas pruebas documentales aportadas por el Gobierno.

Antes de que terminara julio, Abril Fernández Soto y Marcos Longoni, dos miembros de Republicanos Unidos (de Ricardo López Murphy) -uno de los espacios de la oposición que busca ganar bancas en el Congreso- denunciaron al Presidente por los ingresos y egresos a Olivos y la Casa Rosada durante las restricciones de circulación y reunión de 2020, en base a información pública obtenida por ambos dirigentes. Tras la denuncia, se filtró la foto del cumpleaños de Fabiola Yáñez de 2020 y desató la crisis por el Olivos-Gate.

La causa contra el Presidente y la Primera Dama corrió rápidamente de la agenda de los medios al caso de presunto contrabando contra Macri. Incluso pasó casi desapercibido, al filo de los actos de cierre de campaña, que la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico determinó finalmente quién será el juez a cargo del caso: Alejandro Catania, según confirmó una fuente directa del expediente. 

De esta manera, la causa cambia de juzgado. Javier López Biscayart ya no estará a cargo del expediente, pero la investigación seguirá en manos del mismo fiscal: Claudio Navas Rial. La resolución de competencia destraba ahora el camino para que avance el expediente.

En el caso Olivos, el Presidente está formalmente imputado, al igual que su pareja y otros nueve comensales de la cena del 14 de julio de 2020. Fenrández solicitó ser sobreseído por “inexistencia de delito”, ya que entiende que su participación en el cumpleaños de su pareja durante las restricciones del ASPO no causó daño ni propagó el Covid-19, hasta donde pudo probarse. Como segundo planteo ante la Justicia, Fernández propuso una conciliación para acordar con el fiscal una salida que evite una condena penal. La oferta de Fernández fue donar la mitad de su sueldo durante cuatro meses al Instituto Malbrán. El Presidente debió asumir que había incumplido las normas impuestas por su propio decreto.

Aunque se trata de un delito menor -con penas de seis a dos años de prisión y excarcelable-, la especulación en los tribunales era que el daño para Fernández sería electoral y no penal, y que sumaría puntos a un voto castigo contra el Frente de Todos, un panorama que se confirmaba este domingo por la noche. 

El fiscal Ramiro González avanzó con diversas medidas de prueba hasta que a principios de septiembre, el juez Sebastián Casanello declaró la incompetencia territorial para investigar un hecho ocurrido en la provincia de Buenos Aires (Olivos). El expediente contra el Presidente quedó a cargo del juez Lino Mirabelli, titular del juzgado federal número 2 de San Isidro, quien estaba de turno esa fecha, junto al fiscal Fernando Domínguez. 

Sin embargo, su colega Sandra Arroyo Salgado, exesposa del fiscal Alberto Nisman y titular del juzgado federal número 1 de San Isidro, tiene una denuncia sobre hechos similares que podría convertirla en la jueza del caso. Si la causa pasa al juzgado de Arroyo, el fiscal será Federico Iuspa.

Tanto ambos jueces como los dos fiscales han intervenido en numerosos expedientes contra acusados de incumplir las restricciones que fijó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de Fernández. En la mayoría de los casos, los cuatro han optado por una resolución que limitó la criminalidad de los actos (como conciliaciones, probation y reparaciones económicas), según las consultas realizadas por elDiarioAR en el fuero de San Isidro. 

Conexiones

San Isidro no sólo se quedó con el principal capítulo del Olivos-Gate. Además de la investigación por el cumpleaños de Yañez, Casanello también envió a su par Mirabelli la totalidad del expediente, que incluye las denuncias originales sobre todos los ingresos y egresos supuestamente irregulares a la quinta presidencial y a la Casa Rosada durante 2020.

El próximo paso deberá darlo el juez Mirabelli, quien tiene el expediente en su despacho desde el martes último, informó a este medio una fuente del caso. El magistrado podría asumirse como el juez de la causa o remitirlo a Arroyo Salgado. La magistrada también podría rechazarla o incluso reclamar la causa y trabar un conflicto de competencia con su colega. Eso podría seguir extendiendo todavía más la resolución del hecho. Luego, el juez del caso deberá analizar el pedido de sobreseimiento del Presidente.

La exesposa del fiscal Nisman y madre de sus dos hijas no sería la opción más amigable para el Gobierno. Arroyo Salgado sostiene que el extitular de la unidad fiscal AMIA fue asesinado tras presentar su denuncia contra la ahora vicepresidenta Fernández de Kirchner por el supuesto encubrimiento del atentado a la mutual judía a través del memorándum de entendimiento con Irán. El caso llegó a la etapa previa del juicio oral y público pero la líder del kirchnerismo busca que sea anulado antes de comenzar. La decisión está pendiente en el Tribunal Oral Federal número 8 y sería dada a conocer en poco tiempo.

La campaña acaba de empezar.

Alberto Fernández.

Memorándum

Este 2021, la principal apuesta de la vicepresidenta en Comodoro Py es que los jueces que deben juzgarla por el Memorándum con Irán declaren la nulidad de la causa por supuestas irregularidades en el proceso y la sobresean de manera anticipada. Entonces, el juicio oral y público no se llevaría adelante. El fiscal del juicio, Marcelo Colombo, se opuso al planteó en las últimas semanas y opinó que el debate debe realizarse, más allá de que finalmente las defensas tengan o no razones para sostener la inexistencia de delito en la firma del acuerdo con Irán en 2013. 

La vicepresidenta ya tuvo un fallo a favor en una situación similar, aunque con un caso diferente. Fernández de Kirchner y el resto de los procesados por la causa Dólar Futuro nunca afrontaron el juicio oral y público. Fueron sobreseídos este año por inexistencia de delito de manera anticipada por la Sala I de la Cámara Federal de Casación. La misma sala que deberá eventualmente revisar la decisión del Tribunal Oral Federal número 8 sobre la nulidad del juicio del Memorándum.

Dólar Futuro no es un capítulo cerrado. El fiscal Raúl Pleé apeló los sobreseimientos dictados en Casación ante la Corte Suprema, que tiene pendiente analizar el caso.  

La Corte no tiene plazos para fallar. “Hace sólo tres meses que ingresó el planteo del fiscal Pleé”, respondió una fuente del máximo tribunal para dejar en claro que no hay apuro entre los cortesanos por revisar el sobreseimiento de Fernández de Kirchner.

La vicepresidenta acumula recursos en la Corte mientras continúa el desarrollo del único juicio oral y público en su contra que logró ver la luz: el caso Vialidad (o presunta corrupción en la obra pública de Santa Cruz).

En 2019, la Corte dejó pendientes el análisis de nueve planteos de la vicepresidenta en el caso Vialidad. La defensa de Fernández de Kirchner había presentado una serie de recursos de queja ante el máximo tribunal que podrían lograr la suspensión o nulidad del único juicio que se está desarrollando contra la funcionaria por presunta corrupción en la obra pública de Santa Cruz.  

Los reclamos de Fernández de Kirchner incluyen desde planteos por “cosa juzgada” y la competencia de la Justicia de Santa Cruz en el caso -que está siendo juzgado en los tribunales porteños- hasta el pedido de que la pericia se amplíe a los 51 obras (se limitó a sólo 5).

Aquel año, la Corte se había aprestado a tratar los recursos justo antes del inicio del juicio. El 14 de mayo de 2019, el máximo tribunal pidió acceso al expediente y la decisión hizo saltar las alarmas de un sector de los medios de comunicación y la oposición. El juicio oral y público tenía fecha de inicio para el 21 de mayo y la medida parecía poner en riesgo el inicio de las audiencias. Tras el aluvión de críticas, la Corte dio marcha atrás y postergó el tratamiento de los recursos, que siguen pendientes. El 18 de mayo, Fernández de Kirchner anunció que sería candidata a la vicepresidencia y que Alberto Fernández encabezaría la fórmula.   

Tras la victoria del Frente de Todos en 2019, ninguno de los otros juicios pendientes de Fernández de Kirchner llegó al debate oral y público.

Otros ritmos

El expresidente Macri tiene varios frentes, algunos en Comodoro Py, enfocados en su patrimonio y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de 2018, pero, por el momento, Macri no ha sido citado a indagatoria ni se han ordenado medidas invasivas sobre sus bienes o su domicilio, como allanamientos.

El exmandatario también arrastra expedientes de escasa antigüedad en los tribunales de Retiro sobre los que sí se esperan definiciones, como la causa penal por el caso Correo Argentino SA -además de la quiebra de la compañía en el fuero comercial- y la investigación que lleva adelante la jueza María Servini sobre el supuesto “desapoderamiento” del grupo empresarial de Cristóbal López y Fabián De Sousa, entre otros. 

Paseo del Bajo es el caso central en los tribunales federales contra el jefe de Gobierno porteño y principal figura de la campaña de los candidatos de Juntos por el Cambio en la Ciudad y la  provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal y Diego Santilli.

El expediente contra Rodríguez Larreta y el exministro de Transporte de Macri, Guillermo Dietrich, lleva casi tres años de disputas entre magistrados. Más de la mitad de ese periodo estuvo cerrada. Se investigaba el supuesto direccionamiento de un tramo de la obra del Paseo del Bajo a favor de Iecsa, que entonces era propiedad del primo del expresidente, Angelo Calcaterra.

A finales de 2019, el juez Claudio Bonadio sobreseyó a todos los acusados sin indagarlos. Los fiscales Alejandra Mangano y Sergio Rodríguez apelaron pero la Cámara Federal porteña confirmó el fallo a favor de Larreta y el resto de los denunciados. Desde julio, los jueces Alejandro Slokar, Carlos Mahiques y Guillermo Yacobucchi, de la Sala II de Casación, tienen pendiente analizar el caso y resolver si los sobreseimientos fueron prematuros, como plantearon ya tres fiscales de distintas instancias.

ED

El fiscal federal Marcelo Colombo rechazó este miércoles ante el Tribunal Oral Federal 8 el pedido de las defensas para hacer caer por inexistencia de delito la causa del Memorándum con Irán por la que están acusados la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner; el procurador de Tesoro de la Nación, Carlos Zannini; el ministro de Desarrollo de la comunidad bonaerense, Andrés Larroque; el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena; el senador Oscar Parrilli; el actual embajador en Rusia y exvicecanciller, Eduardo Zuaín; Jorge Khalil; Fernando Esteche y Luis D'Elia.

Según manifestó Colombo al inicio de la audiencia de este miércoles, “a diferencia de la causa dólar futuro, la instrucción suplementaria había determinado que existía un estudio pericial que dijo que no existía un perjuicio económico para el Estado, uno de los puntos que configuran la administración fraudulenta. Allí Casación aplicó esa regla porque la prueba nueva permitía demostrar que la figura no estaba configurada. Eso no ocurrió aquí, así que vamos a solicitar el rechazo de las nuevas incidencias de la excepción de falta de acción”, comenzó.

Asimismo, el fiscal consideró que el Ministerio Público “no puede en esta instancia determinar si existió delito ya que esa evaluación deberá tomarse de lo que surja del debate oral”, al tiempo que recordó que en agosto de 2018 todas las partes ofrecieron pruebas y testigos y, tras dos años de análisis, los jueces del TOF decidieron habilitar la convocatoria de 300 testigos. Para Colombo, “algunos declararon en instrucción y otros 50 eran testigos nuevos. Mal podemos saber lo que esos testigos tengan para aportar”, reflexionó.

Además, sostuvo que la prueba nueva introducida al debate por las defensas sobre las alertas rojas de Interpol, en parte ya estaban en rigor en la causa o surgían de decisiones de primera instancia en la causa residual que, para el Ministerio Público, no podían generar impacto en esta instancia de debate oral, por lo que ratificó el rechazo a las nulidades solicitadas a raíz de las visitas que los dos jueces de Casación, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, hicieron al ex presidente Mauricio Macri en la residencia de Olivos y la Casa de Gobierno, cuestión que deberá ser resuelta por los jueces Gabriela López Iñiguez, Daniel Obligado y José Michilini. “Las cuestiones novedosas que presentan las defensas para nosotros no lo son”, aseveró el funcionario judicial.

Para el fiscal Colombo, si el tribunal considera que esas visitas a la residencia presidencial y a la Casa Rosada por parte de Hornos y Borinsky estaban vinculadas a la reapertura de la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman o “violaron el principio del juez natural o imparcial, entonces la discusión sobre si el Memorándum fue o no delito no tendrá importancias porque la causa de por sí quedaría en la nada”.

Al término de la exposición de Colombo, comenzó la del abogado Tomás Farini Duggan, en representación de la querella de familiares de las víctimas, quien por primera vez se presentó en la audiencia.

Farini Duggan reclamó el “rechazo” de todos los planteos porque “son propios” del juicio oral y “deben ser resueltos en la etapa del debate”. El abogado reclamó al Tribunal que “fije fecha de inicio al juicio”.

La audiencia

El Tribunal Oral Federal 8 había convocado para este miércoles a una nueva audiencia en el marco de la causa por el Memorándum con Irán por el atentado a la AMIA, luego de que los jueces decidieran incorporar planteos por “inexistencia de delito” en la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman, que podría derivar o no en el cierre del caso con sobreseimientos y sin juicio oral.

De esta manera, los jueces del tribunal que resolverá sobre la nulidad de la reapertura de la causa -María Gabriela López Iñiguez, José Michilini y Daniel Obligado- escuchan las posturas del fiscal Marcelo Colombo y de las querellas de DAIA y dos familiares de las víctimas del atentado.

Hasta el momento estas dos querellas no se presentaron a las cinco jornadas por Zoom que lleva la audiencia en la que se debate la posible nulidad de la causa, a raíz de las visitas al entonces presidente Mauricio Macri por parte de dos de los jueces que la reabrieron en diciembre de 2016, los camaristas de Casación Gustavo Hornos y Mariano Borinsky

Al finalizar la audiencia del miércoles último y tras un cuarto intermedio que se anunció para revisar la grabación y se extendió por más de 40 minutos, los magistrados anunciaron su decisión de incorporar en esta instancia del debate los planteos de inexistencia de delito.

Los jueces aludieron a razones de “economía procesal” después de escuchar a las defensas repetir que “no hubo delito” y fundamentar al respecto, al reclamar sobreseimientos para todos los imputados.

Además de dar sus razones de manera oral, algunos abogados presentaron escritos vinculados a este eje de la cuestión, antes y durante el desarrollo de la audiencia que comenzó el 16 de julio último con la exposición de la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Ante esto, la causa en la que fue enviada a juicio junto a parte del que fue su Gabinete durante su gestión presidencial, podría ser cerrada por dos motivos: la nulidad generada a raíz de la conducta de los camaristas Borinsky y Hornos y la consiguiente violación de la garantía constitucional de juez natural e independencia judicial o por inexistencia de delito.

La denuncia de Nisman por supuesto “encubrimiento agravado” a raíz del tratado firmado en 2013 y que, según sostuvo, habría buscado el cese de las alertas rojas de captura internacional contra ciudadanos iraníes acusados por el ataque del 18 de julio de 1994, fue cerrada por “inexistencia de delito” en febrero de 2015 por el juez federal Daniel Rafecas. En ese momento, el magistrado de primera instancia argumentó que “el presunto delito nunca se cometió”.

Rafecas sostuvo que las evidencias “inhiben el inicio de un proceso penal” al descartar los delitos de “encubrimiento” y/o “entorpecimiento de la investigación” del atentado que causó 85 muertos en la sede de la mutual judía de Pasteur 633.

Esa decisión del juez de primera instancia fue confirmada después por la Cámara Federal porteña y, en mayo de 2016, por Casación, porque el fiscal ante esa instancia, Javier De Luca, no mantuvo la apelación y también evaluó que “no hubo delito”

Sin embargo, el 29 de diciembre de 2019, el máximo tribunal penal federal del país con los votos de Borinsky, Hornos y Ana María Figueroa reabrió la causa tras analizar la supuesta aparición de nueva prueba.

De esta manera, la denuncia de Nisman quedó reabierta, Rafecas fue apartado y quedó unificada con otra que llevaba el fallecido juez Claudio Bonadio por supuesta “traición a la Patria”, un delito que luego quedó descartado.

La intervención completa de la Vicepresidenta en la audiencia del 16 de julio de 2021

Con información de agencias.

IG

El fiscal ante el Tribunal Oral Federal 8, Marcelo Colombo, solicitó este miércoles el rechazo de las nulidades planteadas en la causa por la firma del Memorándum con Irán por el atentado a la AMIA, al comenzar a exponer en una nueva jornada de la audiencia donde se debaten los planteos.

“Adelantamos que voy a solicitar el rechazo de las nulidades planteadas”, sostuvo Colombo al comenzar a exponer en la audiencia que se realiza de manera virtual y ante planteos de nulidad de la causa hechos por defensas de imputados en el caso, entre ellas, la de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

“La declaración de nulidad resultaría prematura, aun admitiendo la enorme complejidad de la cuestión traída a estudio”, agregó el fiscal ante el Tribunal que prepara el juicio oral en la causa abierta a raíz de la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman.

Colombo dio por probadas las visitas al expresidente Mauricio Macri por parte de los dos camaristas que reabrieron la causa a fines de 2016, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, pero evaluó que eso “no alcanza para afirmar que en el caso se ha violado la garantía de juez imparcial”. “Es necesario demostrar que en este caso en concreto esos jueces actuaron con un interés subjetivo, una animadversión, perjuicio para la parte del proceso. Lo cual a mi juicio de momento no está demostrado”, completó.

El pedido de nulidad y de convocar a esta audiencia fue de la defensa de la Vicepresidenta, a cargo del abogado Carlos Beraldi, y de la del ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, que ejerce Lucila Larrandart.

Borinsky y Hornos aparecen en los registros de visitas al expresidente Mauricio Macri en la residencia de Olivos y para las defensas debieron haberse excusado en ese entonces de intervenir en la causa por la firma del memorándum con Irán.

En la causa se acusó a todos los procesados de supuesto “encubrimiento agravado” en base al argumento que el memorándum buscaba hacer caer las circulares rojas de Interpol que ordenan la captura internacional de ciudadanos iraníes acusados del ataque terrorista del 18 de julio de 1994, que causó 85 muertos en la sede de la mutual judía en el barrio porteño de Once.

La audiencia

Con información de agencias.

IG