La Cámara Federal de Casación Penal ordenó hoy dar marcha atrás en la Causa Hotesur-Los Sauces y resolvió revocar el  sobreseimiento de Cristina Fernández de Kirchner. Así, la vicepresidenta, junto a su hijo, Máximo Kirchner, y unos treinta imputados serán juzgados en un juicio oral y público por los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero en el alquiler de propiedades y hoteles que pertenecían a la familia. 

Los jueces resolvieron también sobreseer a Florencia Kirchner.

Pero además, la Cámara también decidió que la ex presidenta deberá someterse a otro juicio oral, en la causa que investiga el Memorándum de Entendimiento con Irán.

Con los votos de los jueces Diego Barroetaveña y Diego Petrone, el máximo tribunal penal del país dejó sin efecto los sobreseimientos dictados por los tribunales orales respectivos.

Cristina Fernández tiene como último recurso la posibilidad de poder apelar las resoluciones ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Hotesur-Los Sauces podría ser el segundo juicio oral y público contra la vicepresidenta, quien ya fue condenada en diciembre de 2022 a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en el caso Vialidad. Esta vez, su hijo y su sobrina, Romina Mercado -hija de Alicia Kirchner- también deberán sentarse en el banquillo de los acusados.

El caso se basa en supuestas maniobras de lavado de activos de la corrupción a través de los negocios hoteleros (Hotesur) e inmobiliarios (Los Sauces) de la familia Kirchner. Además de lavado de activos, se investigó a Fernández de Kirchner, sus hijos -la Cámara entendió que no había elementos para enjuiciar a Florencia- y el resto de los acusados por supuesta asociación ilícita y negociaciones incompatibles.

Sobre la situación de Florencia, los jueces entendieron que al momento de constituirse las sociedades “ella tenía doce años e ingresa a las compañías tras el fallecimiento del padre”.

La causa gira en torno a los alquileres pagados por los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López a las empresas Hotesur y Los Sauces, propiedad de la familia Kirchner, mientras las constructoras de los empresarios obtenían licitaciones y contratos de obra pública. Fernándes de Kirchner y el resto de los acusados fueron sobreseídos por dos de los tres jueces del Tribunal Oral Federal número 5 en noviembre de 2021. Los jueces debían realizar el juicio oral y público pero antes de fijar fecha de inicio analizaron una serie de planteos de las defensas, entre ellas, la de CFK, y decidieron hacer lugar a los sobreseimientos anticipados por presunta inexistencia de delito.

Antecedentes recientes

El caso tenía una tercera jueza en la Sala I, Ana María Figueroa, pero tras varias semanas de idas y vueltas por la falta de aprobación de su pliego en el Senado tras haber cumplido los 75 años el último 8 de agosto, la Corte Suprema ordenó que la magistrada dejara su cargo. El capítulo no está cerrado y se analiza en el Consejo de la Magistratura.

Figueroa dejó su voto sobre el caso Hotesur-Los Sauces, que venía analizando desde diciembre último, pero los jueces Petrone y Barroetaveña no lo incorporaron al fallo. Tampoco recurrieron a un tercer juez para desempatar ya que sus votos son coincidentes. 

Fernández de Kirchner ya evitó atravesar el juicio oral y público en la causa Dólar Futuro, por presunta administración fraudulenta. La Sala I, integrada por los mismos jueces -Figueroa, Barroetaveña y Petrone- fallaron a favor de la defensa por inexistencia de delito en abril de 2021. Este también era un caso cuestionado por propios y ajenos.

Los sobreseimientos

“El objeto procesal de los presentes actuados -Hotesur- comprende el armado de una organización criminal con la finalidad de realizar conductas de lavado de activos, a través de una sociedad anónima constituida por Néstor Kirchner, Cristina Fernández y su hijo, Máximo Kirchner; así como las operaciones concretas por las cuales el dinero proveniente de las maniobras defraudatorias antes aludidas o de otras empresas pertenecientes a concesionarios y contratistas del Estado, ingresaba al patrimonio de los ex presidentes a través de dicha sociedad”, había establecido el Tribunal Oral Federal número 5 en un fallo de 2019.

En el mismo escrito agregó: “En definitiva, estas investigaciones develan que habrían existido distintos circuitos para el obrar delictivo, uno de ellos dirigido al apoderamiento de fondos públicos destinados a la obra pública en la provincia de Santa Cruz y el otro destinado al reciclaje de las ganancias ilícitas derivadas del anterior y de otros hechos ilícitos”. 

Sin embargo, Daniel Obligado, uno de los jueces del tribunal, cambió su parecer sobre el caso en 2021 y junto con un tercer juez, Adrián Grünberg, fallo a favor de Fernández de Kirchner y el resto de los imputados, entre ellos la sobrina de la vicepresidenta Romina Mercado y los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López, acusados de pagar los alquileres a las empresas de los Kirchner con fines delictivos. La jueza Adriana Pallioti votó a favor de la realización del juicio, pero quedó en minoría.

Las razones que llevaron a los jueces Obligado y Grünberg a sobreseer de manera anticipada a la vicepresidenta fue la supuesta incorporación de nuevas pruebas a su favor en la causa, desde pericias contables a fallos antiguos en otras causas. El fiscal Diego Velazco recurrió la decisión y el fiscal Mario Villar solicitó la realización del juicio ante la Cámara Federal de Casación, que debía tomar una decisión desde fines del año pasado.

Pacto con Irán

La misma Sala I de Casación penal ordenó también que Cristina Fernández deberá ser juzgada en la causa por la firma del Memorándum con Irán. Es la causa que inició en 2015 el fiscal Alberto Nisman, quien consideraba que este acuerdo buscaba encubrir a los acusados del atentado a la AMIA ya que de esta manera perdían vigencia las las alertas rojas de Interpol contra los involucrados iraníes.

En su fallo, los jueces de la Cámara señalaron: “Ante la excepcionalidad de la solución prevista en la norma antes citada y teniendo en consideración que, una vez elevada la causa a juicio, el debate oral y público es el ámbito natural de discusión donde tratar las cuestiones de hecho y prueba, cabe concluir que la decisión recurrida se ha sustentado en afirmaciones dogmáticas acerca de la verificación en el caso de las exigencias contenidas en el art. 361 del CPPN y la pretensión de agotar el examen acerca de la responsabilidad penal de las personas acusadas en esa etapa intermedia contradice, no solo las reglas de la sana crítica, sino del debido proceso y desnaturaliza la instancia en la que se encuentra la causa”.

ED/MG

Tras la salida de la jueza Ana María Figueroa, ordenada por la Corte Suprema el miércoles último, los jueces de la Sala I de la Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal del país, darían a conocer el fallo pendiente por el caso Hotesur-Los Sauces antes de fin de mes, mientras avanza en paralelo otro caso central para Cristina Fernández de Kirchner que la misma sala debe definir: memorándum con Irán, un segundo expediente pendiente en el tribunal, confirmaron a elDiarioAR fuentes judiciales con conocimiento directo de la causa.

En ambos casos la decisión gira en torno de si la vicepresidenta debe o no ser juzgada en juicios orales y públicos por dos causas en las que estaba procesada, fue sobreseída de manera anticipada al inicio del juicio y evitó así atravesar los procesos.

Los casos son muy diferentes pero intervienen los mismos jueces, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña. Este medio pudo confirmar que los jueces prescindirán del voto que dejó firmado la jueza Figueroa, que se esperaba a favor de CFK, lo que significa que Petrone y Barroetaveña tienen votos en el mismo sentido y no necesitan convocar a un nuevo juez para desempatar. 

En la causa memorándum con Irán, el juez Barroetaveña ya emitió su voto y el juez Petrone se encuentra analizando su posición en el caso, que tiene en su despacho desde hace un mes. Aquí también prescindirían del voto que dejó firmado Figueroa, al menos por ahora, y deberán analizar pronto si requieren convocar a un tercer juez en caso de estar en desacuerdo entre ellos.

En el primer caso, Hotesur-Los Sauces, la expresidenta debía ser juzgada por supuestas maniobras de lavado de activos de la corrupción a través de sus negocios hoteleros (Hotesur) e inmobiliarios (Los Sauces), supuesta asociación ilícita y negociaciones incompatibles. La causa gira en torno de los alquileres pagados por los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López a las empresas Hotesur y Los Sauces, propiedad de la familia Kirchner, mientras las constructoras de los empresarios obtenían licitaciones y contratos de obra pública. Fernándes de Kirchner fue sobreseída por dos de los tres jueces del Tribunal Oral Federal número 5 en noviembre de 2021.

En el segundo caso, la vicepresidenta también fue sobreseída antes del juicio, unas semanas antes de la decisión del TOF 5. El fallo que la benefició fue dictado en octubre de 2021 por el Tribunal Oral Federal número 8, que debía encarar el juicio oral y público por el memorándum con Irán pero estableció la inexistencia de delito en el caso por presunto encubrimiento del atentado a la mutual judía AMIA. Este expediente es uno de los más cuestionados contra la expresidenta y el resto de los acusados.

Fernández de Kirchner ya evitó atravesar el juicio oral y público en la causa Dólar Futuro, por presunta administración fraudulenta. La Sala I, integrada por los mismos jueces -Figueroa, Barroetaveña y Petrone- fallaron a favor de la defensa por inexistencia de delito en abril de 2021. Este también era un caso cuestionado por propios y ajenos.

Hotesur-Los Sauces

“Mientras que el objeto procesal de los presentes actuados -Hotesur-comprende el armado de una organización criminal con la finalidad de realizar conductas de lavado de activos, a través de una sociedad anónima constituida por Néstor Kirchner, Cristina Fernández y su hijo, Máximo Kirchner; así como las operaciones concretas por las cuales el dinero proveniente de las maniobras defraudatorias antes aludidas o de otras empresas pertenecientes a concesionarios y contratistas del Estado, ingresaba al patrimonio de los ex presidentes a través de dicha sociedad”, había establecido el Tribunal Oral Federal número 5 en un fallo de 2019.

En el mismo escrito agregó: “En definitiva, estas investigaciones develan que habrían existido distintos circuitos para el obrar delictivo, uno de ellos dirigido al apoderamiento de fondos públicos destinados a la obra pública en la provincia de Santa Cruz y el otro destinado al reciclaje de las ganancias ilícitas derivadas del anterior y de otros hechos ilícitos”. 

Sin embargo, Daniel Obligado, uno de los jueces del tribunal, cambió su parecer sobre el caso en 2021 y junto con un tercer juez, Adrián Grünberg, fallo a favor de Fernández de Kirchner y el resto de los imputados, incluidos sus hijos, el diputado y entonces jefe de la bancada oficialista, Máximo Kirchner, y Florencia. También sobreseyeron a la sobrina de la vicepresidenta Romina Mercado y a los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López, acusados de pagar los alquileres a las empresas de los Kirchner con fines delictivos, entre otros procesados en el caso. La jueza Adriana Pallioti votó a favor de la realización del juicio.

Las razones que llevaron a los jueces Obligado y Grünberg a sobreseer de manera anticipada a la vicepresidenta fue la supuesta incorporación de nuevas pruebas a su favor en la causa, desde pericias a fallos antiguos en otras causas. El fiscal Diego Velazco recurrió la decisión y el fiscal Mario Villar solicitó la realización del juicio. 

Memorándum

Este caso se basó en la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman por la firma de un memorándum de entendimiento con Irán en 2013, que buscaba que la Justicia argentina indagara a los acusados iraníes en un país neutral que, de acuerdo al fiscal, habría implicado el presunto encubrimiento de los imputados por el atentado a la mutual judía AMIA, ocurrido en 1994. 

El fiscal de juicio, Marcelo Colombo, planteó que el juicio debía realizarse más allá de los planteos de las defensas sobre inexistencia de delito. Sostuvo que la decisión de una eventual absolución debía ser una decisión que el tribunal debía tomar después de analizar pruebas y testimonios en el juicio. Sin embargo, a diferencia del caso Hotesur-Los Sauces, el fiscal Javier de Luca planteó ante la Casación la inexistencia de delito por el memorándum. 

Si el máximo tribunal penal confirma el sobreseimiento de Fernández de Kirchner, la querella, representada por los padres de dos víctimas de ataque terrorista, podrán acudir ante la Corte Suprema. Pero si Casación revoca el sobreseimiento, la vicepresidenta deberá eventualmente enfrentar otro juicio oral y público.

ED/JJD

Con las elecciones primarias a la vuelta de la esquina, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner volverá a ser eje de la agenda judicial en los tribunales federales de Comodoro Py. La feria de invierno finaliza este viernes y el lunes los jueces y fiscales retoman la actividad, y aunque la intensidad de los expedientes en su contra ha mermado desde la condena por el caso Vialidad, hay cuestiones pendientes que, en algunos casos, se vienen demorando desde hace meses, de acuerdo a las fuentes consultadas por elDiarioAR.

La resolución central en torno a la expresidenta que aún sigue sin resolverse es si la Justicia hará o no el juicio oral y público por los casos Hotesur-Los Sauces. Fernández de Kirchner fue sobreseída de manera anticipada por el Tribunal Oral Federal número 5 en noviembre de 2021. Los recursos de los fiscales Diego Velazco y Mario Villar impidieron que esa decisión quede firme. La causa llegó a la Sala I de la Cámara Federal de Casación para su revisión.

Además de este caso, hay otras causas alrededor de Fernández de Kirchner en las que se esperan decisiones. Además de una decisión clave en la causa por el Memorándum con Irán, la vicepresidenta aguarda que la Cámara Federal de Apelaciones porteña tome una decisión en la causa por el atentado en su contra. Los jueces de la Sala I deben decidir si ordenan secuestrar el teléfono celular del diputado Gerardo Milman, vicejefe del bloque de Juntos por el Cambio en la cámara baja. 

El aliado de Patricia Bullrich, precandidata presidencial por el principal partido de oposición, quedó involucrado por un testigo en la causa y desde hace meses la querella que representa a CFK viene solicitando el secuestro de su dispositivo celular para un peritaje informático. Nadie cree que los jueces den a conocer la decisión antes de las PASO del 13 de agosto.

En la ruta del dinero K, los jueces de la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones porteña también deben tomar una decisión, aunque menor: una organización vinculada a Juntos por el Cambio solicitó que se la acepte como querellante en la causa conocida como “la ruta del dinero K”. 

En este expediente, el empresario y ex socio de los Kirchner Lázaro Báez ya fue condenado por lavado de activos pero CFK fue sobreseída a pedido del fiscal Guillermo Marijuan, un capítulo que hizo ruido político porque coincidió con la proclamación de Sergio Massa como precandidato a presidente por Unión por la Patria. Massa es cercano a Marijuan y CFK bendijo a Massa en el contexto del dictamen fiscal a su favor. Sin embargo, en el despacho de Marijuan aseguran que el fiscal no tiene contacto desde hace años con Massa.

Hotesur-Los Sauces

Desde hace casi un año y medio los jueces de la Sala I del máximo tribunal penal, Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Ana María Figueroa, tienen pendiente revisar dos sobreseimientos anticipados que la vicepresidenta obtuvo en las causas por el Memorándum con Irán y Hotesur-Los Sauces. Este último es el más avanzado. Los tres jueces ya escribieron sus votos, pero éstos son proyectos que deben discutirse entre ellos para intentar llegar a un fallo, deben fijar una fecha de reunión y ordenar los fundamentos, explicaron en el tribunal. Luego si no hay consenso entre los tres magistrados, debe haber un voto de mayoría: dos contra uno.

En ambos casos, deben decidir si la expresidenta fue correctamente sobreseída o si, por el contrario, revocan los sobreseimientos y ordenan la realización de los juicios. Los expedientes son muy distintos entre sí, pero están en la misma sala y misma situación. 

Hotesur-Los Sauces es el caso de presunto lavado de dinero de la familia Kirchner a través de sus negocios privados en hoteles y propiedades inmuebles con dos proveedores del Estado: los empresarios Lázaro Báez y, en menor medida, Cristóbal López y Fabián De Sousa. No sólo CFK está sobreseída de manera anticipada: también sus hijos, el diputado Máximo Kirchner y Florencia Kirchner. Además de los empresarios y socios de la familia Kirchner en el negocio hotelero/inmobiliario. Es el caso más sensible para la vicepresidenta.

En un principio, las decisiones en ambos casos se esperaban para finales de diciembre o principios de febrero, pero diversas licencias de los jueces de la sala interrumpieron los plazos, que se extendieron, pero luego se volvieron a extender y se volvieron a extender. La jueza Figueroa el expediente bajo estudio entre principios de diciembre y mediados de 2023. Actualmente, la causa está en el despacho de Barroetaveña, nuevamente.

Ahora rige una fecha clave para la definición que poco tiene que ver con la causa. Es la fecha de cumpleaños de Ana María Figueroa, presidenta de la Casación y una de las juezas que debe votar si debe o no realizarse el juicio oral y público por Hotesur-Los Sauces.

Figueroa cumplirá 75 años este 9 de agosto. Si para esa fecha el Senado no se aprueba nuevamente su pliego, no podrá seguir en el cargo y deberá jubilarse, como rige en la Constitución. Figueroa exteriorizó su voluntad para continuar ejerciendo como jueza, envió su pliego nuevamente al Senado -ya había sido tratado para su nombramiento- y no recibió ninguna impugnación, explicaron en la Casación a elDiarioAR, pero si el Senado no logra sesionar y luego aprobar su pliego con ese fin, la jueza pondrá su renuncia a disposición del presidente de la Nación, Alberto Fernández, como marca la ley. Entonces, el Presidente tendrá la última palabra. 

Existen precedentes de jueces que no renunciaron, siguieron en el cargo y recibieron la aprobación de su pliego con fecha posterior a su cumpleaños número 75, pero Figueroa no es cualquier juez y lo sabe. Está en el ojo de los medios y la oposición. 

El natalicio de la jueza es, entonces, una fecha límite para la Sala I: antes del 9 debería emitir el postergado fallo, que algunas fuentes directas de la causa entienden que ni siquiera es un fallo complejo porque no deberían pronunciarse necesariamente sobre el fondo de la cuestión. Bastará con que determinen si en el expediente se produjeron pruebas nuevas que habilitaban esos sobreseimientos a CFK y al resto de los imputados en el caso. 

Si los jueces de Casación determinan que no había pruebas nuevas para justificar los sobreseimientos, los revocarían u ordenarían realizar el juicio. Se espera un voto dividido. 

Tiempo electoral

El cumpleaños de la magistrada está muy cerca de las elecciones primarias del 13 de agosto y pocos creen que el tribunal fallará tan cerca de una definición electoral en un caso de alto voltaje político, a pesar de que la vicepresidenta no es candidata. 

Antes de la feria de invierno se sumó un nuevo capítulo político: el Senado, presidido por Fernández de Kirchner, debía tratar el pliego de la jueza Ana María Figueroa para ahorrarse esta disyuntiva y no sólo liberar de las trabas temporales al tribunal sino asegurarse la continuidad de la magistrada para su intervención en otras causas sensibles: Memorándum con Irán y Cuaderno son dos de ellas. 

La sesión en el Senado fracasó por falta de acuerdo y Juntos por el Cambio se encargó de que no pudiera llevarse adelante. Ahora, se negocia una nueva sesión para antes de las PASO con el único objetivo de intentar llegar al 9 de agosto con el pliego de la jueza aprobado. 

El voto de la magistrada no cambiará aprueben o no su pliego. Nadie puede discutirle a Figueroa su coherencia y ella suele reírse cuando los medios anticipan sus votos y fallos porque saben que es “predecible”: es una detractora del lawfare o guerra judicial y está convencida de que se practicó en los tribunales federales durante el gobierno de Mauricio Macri para perseguir a sus detractores políticos en el kirchnerismo. Por lo tanto, se vaticina un voto de tres a favor del sobreseimiento de CFK.

Si se confirma su sobreseimiento en Casación, el fiscal Mario Villar podrá acudir ante la Corte Suprema para pedir que se revise la nueva decisión. Si en cambio, el máximo tribunal penal revoca el sobreseimiento de Fernández de Kirchner, deberá realizarse el juicio oral y público.

ED

Un tribunal debe decidir si la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos afrontarán un nuevo juicio oral y público por el caso Hotesur-Los Sauces y el presunto lavado de dinero proveniente de los negocios hoteleros e inmobiliarios de la familia. 

La expresidenta y el resto de los acusados, entre ellos el diputado Máximo Kirchner y los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa, se encuentran sobreseídos por decisión de la mayoría del Tribunal Oral Federal número 5, que a finales de 2021 hizo lugar a los planteos del abogado Carlos Beraldi y anuló el inicio del juicio oral y público por supuesta inexistencia de delito. 

Los plazos formales de la Cámara Federal de Casación para expedirse en este caso están vencidos, ya que las últimas audiencias se realizaron en noviembre de 2022, pero el tribunal que revisa las sentencias de juicios no se maneja con tiempos perentorios y los plazos suelen extenderse. Aún así, algunos de los jueces de la Sala I consideran que están dadas las condiciones para que el fallo vea la luz a partir de esta semana, confiaron fuentes directas del caso.

El expediente ya tiene dos votos, los de los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, pero no se conocen aún sus posiciones: si revocarán los sobreseimientos anticipados y ordenarán la realización de un juicio o si, por el contrario, confirmarán la decisión a favor de los imputados. 

La jueza Ana María Figueroa -actualmente, presidenta de la Casación Federal- debe presentar el tercer voto. La magistrada tiene el caso en estudio desde el 12 de diciembre último, de acuerdo con los registros del sistema. 

Una vez que los tres votos estén disponibles, los jueces se reunirán para poner argumentos en común y debatir el fallo final. Puede ser una decisión unánime o dividida. Se requieren dos votos en el mismo sentido para confirmar los sobreseimientos y evitar el juicio o bien revocarlos y ordenar que se realice un debate oral y público en un nuevo tribunal de juicio. 

En el tribunal esperan que la presidenta de la Casación Federal presente su voto a sus colegas de la Sala en los próximos días, pero, podría incluso seguir en estudio. La jueza viene de participar en un seminario sobre neocolonialismo en el Vaticano, en el que el lawfare fue uno de los temas planteados por la comitiva argentina, informó la agencia oficial Télam.

Figueroa es una convencida de la existencia del lawfare o guerra judicial con fines políticos y económicos, uno de los argumentos de la defensa de Fernández de Kirchner para replicar el avance de las causas contra la vicepresidenta durante el gobierno de Mauricio Macri (entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019) y solicitar el sobreseimiento de la expresidenta. 

Hacia atrás y hacia adelante

El caso llegó a Casación por los planteos del Ministerio Público Fiscal. Cuando la defensa de Fernández de Kirchner y otros imputados en Hotesur-Los Sauces, planteó en 2021 que los acusados debían ser sobreseídos antes del inicio del juicio oral y público por inexistencia de delito y otros argumentos en el Tribunal Oral Federal número 5, el fiscal del juicio, Diego Velázquez, se opuso al cierre de la causa. Sin embargo, los jueces Daniel Obligado y Adrián Grunberg le dieron la razón a las defensas.

El fiscal llevó el caso a Casación a finales de ese año. Ante el máximo tribunal penal del país, el fiscal general Mario Villar acompañó el planteo de su colega y reclamó la realización del juicio oral y público. Villar sostuvo que hubo “arbitrariedad” en la decisión de los jueces Obligado y Grunberg al dictar los sobreseimientos de los imputados, ya que el expediente no cuenta con “una prueba clara” que se imponga sobre la ya existente para demostrar los planteos de las defensas. 

Este último argumento es central para que un tribunal decida cambiar el rumbo de un expediente que está en etapa de juicio. Debe aparecer una nueva prueba que demuestre que los acusados no cometieron los delitos de los que se los acusa. Este fue el argumento de los jueces Petrone, Barroetaveña y Figueroa para sobreseer a Fernández de Kirchner y el resto de los acusados en el caso Dólar Futuro, explicó entonces el fiscal Villar ante esos mismos jueces, que ahora deben decidir sobre Hotesur-Los Sauces. Se refirió así a una pericia realizada luego de que la causa fuera elevada por el juez Claudio Bonadio a juicio oral y público.

Hotesur-Los Sauces, un caso basado en el presunto lavado de dinero de la familia Kirchner a través de sus negocios privados en hoteles y propiedades inmuebles con dos grupos empresarios proveedores del Estado: los de los empresarios Báez, Cristóbal López y De Sousa. 

Fernández de Kirchner ha atravesado un único juicio oral y público hasta el momento, que le valió una condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por defraudación a la Administración pública en la adjudicación de obras viales a Báez.

El ex dueño de Austral Construcciones ya tiene dos condenas en su haber: la Cámara Federal de Casación bajó su condena de primera instancia (12 años) a diez años de prisión por lavado de dinero agravado por el caso conocido como “la ruta del dinero K”; y tiene otra sentencia de seis años en su contra por el caso Vialidad, por su participación en una defraudación a la Administración pública liderada supuestamente por la entonces presidenta y socia del empresario, que debe ser revisada en el mismo tribunal superior. 

López y De Sousa fueron absueltos por el voto de la mayoría de los jueces en el juicio por la causa Oil Combustibles, con apelación mediante del fiscal, que espera que Casación revoque esa sentencia a favor de los empresarios del Grupo Indalo, quienes fueron juzgados por presunta defraudación a la Administración pública. El Tribunal Oral Federal (TOF) número 3 condenó al ex titular de la administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a cuatro años y ocho meses de prisión por el mismo delito en este mismo juicio.

Escenarios

Si la Casación confirma por unanimidad o por el voto de la mayoría los sobreseimientos en Hotesur-Los Sauces, el fiscal Villar podrá presentarse ante la Corte Suprema para que los jueces del máximo tribunal vuelvan a analizar el caso.

En este escenario, la vicepresidenta seguiría sobreseída, aún existiendo oposiciones y planteos ante la Corte, y la causa Hotesur-Los Sauces continuará cerrada.

En otro escenario posible, en el que los jueces de Casación (por voto de la mayoría o por unanimidad) revoquen los sobreseimientos anticipados, Comodoro Py deberá realizar un nuevo juicio contra Fernández de Kirchner. 

Revocar los sobreseimientos y ordenar que comiencen los juicios anulados no es equiparable a una sentencia definitiva, por lo que los acusados verán restringidas sus opciones para acudir ante la Corte Suprema y seguir dilatando el inicio de un juicio oral y público, aseguraron fuentes judiciales con conocimiento del caso. 

Los abogados defensores pueden, igualmente, recurrir de manera excepcional a un planteo de “arbitrariedad” de los jueces de Casación y presentar un recurso extraordinario ante la Corte Suprema, pero la Corte suele rechazar de plano este tipo de planteos. 

El hecho de que las defensas recurran a esta vía no implica frenar el comienzo del juicio porque el fallo de Casación no se suspende. Además, la Corte no tiene plazos para fallar.

Si la Casación ordena realizar el juicio, Fernández de Kirchner deberá ser juzgada por un nuevo tribunal. Los jueces que intervinieron originalmente en la causa no podrían seguir haciéndolo. El fiscal Villar incluso solicitó que se aparte a los magistrados Obligado y Grunberg del sorteo, argumentando que se excedieron al cerrar la causa cuando opinaron sobre la inexistencia de delito en el caso. 

ED

Fue uno de los argumentos centrales del oficialismo y de la defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola habían sostenido la frase de la discordia: la entonces presidenta “no podía no saber” que en su gobierno los funcionarios que manejaban la adjudicación de la obra pública estaban supuestamente incumpliendo leyes y reglamentos oficiales para favorecer al empresario Lázaro Báez.

En los fundamentos de la sentencia contra la vicepresidenta a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu sostuvieron que Fernández de Kirchner es penalmente responsable de una defraudación a la administración pública, a pesar de no haber sido la funcionaria que adjudicó las 51 obras viales cuestionadas durante el juicio por el caso Vialidad.

Los abogados de Fernández de Kirchner, encabezados por Carlos Alberto Beraldi, sostienen dos cosas: que no existieron irregularidades ni delitos en la adjudicación de la obra pública durante los gobiernos de la expresidenta y que, en último caso, si hubiera sospechas de que así fuera, la exmandataria no puede ser penada por hechos en los que no participó, ya que las obras se licitaron en el área de Vialidad y la secretaría de Obras Públicas. 

De hecho, los jueces del Tribunal Oral Federal número 2 absolvieron al ex ministro de Planificación, Julio De Vido, superior directo del entonces secretario de Obras Públicas, José López, pero condenaron a López y a Fernández de Kirchner.

“No podía no saber” fue la frase más criticada por las defensas públicas de sus abogados y aliados políticos desde que la pronunciaron los fiscales durante su alegato en agosto último.

Sin embargo, los jueces ratificaron su significado y sentido en los fundamentos de la sentencia que se dieron a conocer este jueves al resaltar una “realidad” que definieron como “curiosa e igualmente innegable: por qué ninguna de las alertas activadas durante el período en cuestión (2007-2015), relativas a la ‘corrupción en la obra pública en Santa Cruz’, logró inquietar a la imputada -en referencia a la vicepresidenta- para, como mínimo, esperar alguna acción interruptiva del iter criminis de su parte”.

La defensa de la vicepresidenta sostiene que esas “alertas” no tenían peso porque no existieron irregularidades o ilegalidades en la adjudicación de la obra pública y porque argumentan que los negocios entre los Kirchner y Báez eran “legales”.

Sin embargo, los jueces del tribunal enumeraron algunas de ellas: “la denuncia sobre cartelización en la obra pública efectuada por el ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, en el año 2005 ante el auditorio de la Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción (por cuanto fue anterior a los dos mandatos presidenciales correspondientes a la imputada)”, ya que el hecho sucedió cuando era senadora y primera dama y gobernaba Néstor Kirchner. Luego, existieron, según el tribunal, otros “múltiples avisos dando cuenta de lo que sucedía en Santa Cruz, precisamente, con relación a las maniobras aquí investigadas”.

“Entre ellos, vale destacar la denuncia formulada por un grupo de diputados del espacio CC-ARI, del 12 de noviembre de 2008”; “el informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) aprobado por Resolución número 33/2010, elaborado a partir del examen realizado por ese órgano de control en el ámbito de la Dirección Nacional de Vialidad”; y “la nota publicada en el diario La Nación el día 28 de abril de 2013, que indicaba que el ex gobernador de Santa Cruz, Sergio Acevedo, ‘advirtió que la Casa Rosada le pidió que firmara un anticipo del 30 por ciento sobre el costo total de las obras para las empresas allegadas al gobierno”. También, un informe de la AGN de 2013 sobre irregularidades en la adjudicación de las obras.

“A la luz de los hechos develados se explica por qué, pese a las alertas judiciales, administrativas y mediáticas, la ex Presidenta no tomó ni una sola medida en dirección a dilucidar aquello que se denunciaba con tanta insistencia. Hoy podemos observar que ello habría implicado investigarse a sí misma o a sus secuaces”, aseguraron los jueces.

“Incluso para peor, sobre finales de su primer mandato, Cristina Fernández fue más allá y mediante el Decreto número 299, de fecha 10 de marzo de 2011, designó en el cargo de sub-administrador general de la Dirección Nacional de Vialidad nada más y nada menos que al Ingeniero Carlos Joaquín Alonso, hombre del riñón del Grupo Austral, persona de confianza de Lázaro Báez y actor relevante en el cese ejecutivo de la maniobra”, afirmaron los magistrados. 

Judiciable o político

Los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner se caracterizaron por lo que Carlos Zannini, actual procurador del Tesoro Nacional y ex secretario de Legal y Técnica de ambos exmandatarios, explicó cuando declaró como testigo en el juicio oral y público. Destinar fondos nacionales a la expansión de la red vial de la provincia de Santa Cruz fue una política de Estado para el matrimonio que vino, dijo el funcionario, a remediar décadas de olvido y desinversión en dicho territorio.

Entonces, dicha decisión no puede entenderse judicialmente sino políticamente, sostuvo Zannini, entre otros testigos que declararon en el juicio a favor de los imputados. Sin embargo, el tribunal argumentó que cuando los hechos del caso se analizan como una “película completa” y no se aíslan unos de otros “podemos observar perfectamente cómo la decisión de implementar una gestión de desarrollo vial especialmente centrada en la provincia de Santa Cruz, política pública del gobierno nacional de la ex Presidenta que a nuestro modo de ver integra a priori la categoría de cuestiones políticas no judiciales, frente a los hallazgos del juicio, toma otro cariz”.

“La política pública que su gobierno pregonaba presagiando un beneficio sin precedentes para la extensa provincia patagónica, en verdad escondía, cual caballo de Troya, al presupuesto indispensable para el desarrollo exitoso de la empresa criminal y sus múltiples aristas”, afirmaron los jueces.

Hotesur y Los Sauces

La “película completa” incluye un segundo capítulo que no fue juzgado en este juicio pero sí contemplado por los jueces: Fernández de Kirchner garantizó el beneficio de “las empresas comandadas por el sujeto con quien la propia ex presidenta y su familia realizaban negocios inmobiliarios y hoteleros mientras, en forma simultánea, se ejecutaba la maniobra de defraudación en perjuicio de los fondos públicos nacionales destinados a dichas obras públicas”.

“Los beneficios indebidamente obtenidos por el empresario a raíz de la maniobra defraudatoria tenían como destino final, en parte, las empresas familiares de la ex Presidenta”, en referencia a las contrataciones realizadas en paralelo a la adjudicación de las licitaciones entre el empresario Báez y dos empresas privadas de la familia Kirchner: Hotesur (hoteles) y Los Sauces (inmobiliaria).

El “interés personal sobre el plan criminal de parte de Cristina Fernández de Kirchner” quedó “evidenciado”, dicen los jueces, “en la participación de la nombrada en el producto del delito a través de múltiples operaciones comerciales con el empresario detrás de las sociedades ilegalmente beneficiadas (incluso en forma paralela y concomitante a la adjudicación de las obras licitadas y ejecutadas en perjuicio de la DNV)”.

Socios

Los jueces afirmaron que existió una “maniobra ilícita inicial” en la adjudicación de las 51 obras a Báez de manera irregular, garantizando el flujo de fondos “de manera discrecional” mediante un decreto de Fernández de Kirchner de 2009 y sin control en la ejecución de las obras. 

La “ultrafinalidad” de la entonces presidenta en esa “maniobra ilícita ilegal” era beneficiar primero a Báez y luego a sí misma, según los magistrados, “sin margen a segundas interpretaciones”. “Los beneficios indebidamente obtenidos por el empresario a raíz de la maniobra defraudatoria tenían como destino final, en parte, las empresas familiares de la ex Presidenta”, en las que Fernández de Kirchner participaba “en forma personal, a través de sociedades en las que era accionista o a consecuencia de negocios heredados de su difunto esposo”.

“Este esquema de corrupción en la primera línea del Estado, producto de la codicia por el beneficio personal, proyectó sus aciagos efectos sobre las contrataciones públicas realizadas en materia vial en la provincia de Santa Cruz, sobrepasando todo límite ético para constituir, lisa y llanamente, una infracción penal”, concluyeron en uno de los párrafos más duros entre las 1.616 páginas del fallo.

Los fundamentos completos

ED

Con el enfrentamiento entre el oficialismo y la Corte Suprema en su pico máximo de tensión, la Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal del país, deberá tomar definiciones clave para el poder político en al menos tres expedientes de alto voltaje electoral: tres sobreseimientos de los dos principales líderes políticos, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner (por los casos Hotesur-Los Sauces) y el expresidente Mauricio Macri (por el presunto espionaje ilegal a familiares de los marinos del Ara San Juan). En ninguno de los tres casos será inminente, pero las decisiones de los jueces se esperan para los primeros meses del año, de acuerdo a las fuentes judiciales consultadas por elDiarioAR.

La Corte seguirá siendo el principal blanco de las críticas y acusaciones del oficialismo, que el próximo jueves 9 de febrero podría votar el informe de admisibilidad para dar apertura formal a la investigación contra los jueces supremos en la comisión de Juicio Político. Mientras tanto, la situación judicial de ambos expresidentes y líderes de sus espacios políticos continuará también en el centro de la escena durante el año electoral.

La Cámara Federal de Casación es el máximo tribunal penal del país y la instancia previa a la Corte en los casos de presunta corrupción, contrabando, lesa humanidad, trata de personas y narcotráfico. Está dividido en cuatro salas y cada una de ellas está compuesta por tres jueces y funciona como un tribunal en sí mismo. Su principal rol es la revisión de las sentencias de los tribunales orales federales y de los fallos y decisiones de la Cámara Federal de Apelaciones porteña.

Desde hace más de un año, la Sala I de la Casación tiene pendiente revisar los dos sobreseimientos anticipados que la vicepresidenta obtuvo en las causas por el Memorándum con Irán y Hotesur-Los Sauces. Las decisiones se esperaban para finales de diciembre o principios de febrero, pero diversas licencias de los jueces de la sala interrumpieron los plazos, que se extendieron para después del 18 y 20 de febrero. Aún así, el tribunal puede tomarse más tiempo del estimado formalmente para fallar en ambos casos.

En el caso contra Macri, la recusación del juez Carlos “Coco” Mahiques también ha demorado las definiciones del tribunal. El procesamiento por el caso de presunto espionaje ilegal a los familiares del ARA San Juan era el único procesamiento a Macri por un caso relacionado con su gestión como presidente.

Sobreseimientos anticipados

El caso Memorándum se basó en la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman por la firma de un memorándum de entendimiento con Irán en 2013, que buscaba que la Justicia argentina indagara a los acusados iraníes en un país neutral que, de acuerdo al fiscal, habría implicado el presunto encubrimiento de los imputados por el atentado a la mutual judía AMIA, ocurrido en 1994. El fiscal Javier de Luca planteó ante la Casación la inexistencia de delito en este caso. Si el máximo tribunal penal confirma el sobresemiento de Fernández de Kirchner, la querella, representada por los padres de dos víctimas de ataque terrorista, podrán acudir ante la Corte Suprema. Pero si Casación revoca el sobreseimiento, la vicepresidenta deberá eventualmente enfrentar otro juicio oral y público.

Hotesur-Los Sauces es el caso de presunto lavado de dinero de la familia Kirchner a través de sus negocios privados en hoteles y propiedades inmuebles con dos proveedores del Estado: los empresarios Lázaro Báez y, en menor medida, Cristóbal López y Fabián De Sousa. Si se confirma su sobreseimiento en Casación, el fiscal Mario Villar podrá acudir ante la Corte Suprema para pedir que se revise la nueva decisión. Si en cambio, el máximo tribunal penal revoca el sobresemiento de Fernández de Kirchner, deberá realizarse el juicio oral y público.

Estos sobreseimientos anticipados fueron ordenados por los tribunales orales federales número 8 (Memorándum) y 5 (Hotesur-Los Sauces) en octubre y noviembre de 2021. En el último caso fue con el voto en disidencia de la jueza Adriana Palliotti.

Esas decisiones permitieron a la expresidenta evitar el inicio de dos juicios orales y públicos, ya que ambos tribunales determinaron la inexistencia de delitos.

Los jueces que deberán revisar estos sobreseimientos son Ana María Figueroa, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, los mismos magistrados que ya intervinieron en la causa Dólar Futuro y ordenaron los sobreseimientos anticipados de Fernández de Kirchner y el resto de los imputados por inexistencia de delito (el caso está pendiente en la Corte Suprema, con un dictamen del procurador general Eduardo Casal a favor de la realización del juicio).

Luego del 9 de marzo, cuando el Tribunal Oral Federal número 2 haga públicos los fundamentos de la sentencia contra Fernández de Kirchner y el resto de los condenados en el caso Vialidad, otra sala de Casación, la IV, comenzará a recibir durante los meses siguientes las apelaciones de las defensas y del fiscal Diego Luciani, quien solicitará que se los condene también por el delitos de asociación ilícita. Pero la revisión de este caso podría pasar para 2024, previó una fuente del tribunal.

Sobreseimiento directo

La Sala II de la Casación debe revisar el sobreseimiento que dictó la Cámara Federal de Apelaciones porteña a favor de Macri, quien había sido procesado por el juez federal de Dolores, Martín Bava, por las tareas de presunto espionaje ilegal realizadas por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de su gestión a familiares de los marinos del submarino ARA San Juan, mientras éstos se organizaban para reclamar y protestar ante el entonces presidente.

Cuando el caso llegó por incompetencia de Dolores a los tribunales de Comodoro Py, los jueces a Sala I de la Cámara Federal (Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi) dictaron directamente el sobreseimiento (otra alternativa era revocar el procesamiento y ordenar que se siga investigando hasta obtener pruebas suficientes), lo que provocó las apelaciones del Ministerio Público Fiscal y de las querellas que representan a los familiares presuntamente damnificados. 

Casación debe entonces revisar ese sobreseimiento y determinar si Macri debe seguir siendo investigado por el presunto espionaje ilegal o si beneficia al expresidente, evitando la reapertura de la causa. En este caso, es clave la integración de la Sala que interviene en el máximo tribunal penal: la querella mayoritaria, que representa la abogada Valeria Carreras, recusó a uno de los tres jueces, Mahiques, exministro de Justicia de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, magistrado cercano a Juntos por el Cambio y a Macri y uno de los protagonistas de los chats del caso Lago Escondido.

Por esa razón, antes de tomar una decisión sobre Macri, los otros dos jueces de la Sala II -Angela Ledesma y Guillermo Yacobucci- deben decidir si aceptar que Mahiques sea apartado del caso, explicó una fuente del tribunal. Puede ser un proceso que tome su tiempo. El primer paso es que la sala fije fecha para una audiencia en la que la querella expondrá sus razones para pedir el apartamiento del juez.

En este caso, el fiscal Raúl Pleé presentó ante la Casación un planteo en la misma línea que la querella: pidió que revoquen el sobreseimiento de Macri y ordenen seguir investigando.

Espionaje, Correo y FMI

Además, Macri tiene otros dos frentes en los tribunales federales de Retiro: fue imputado por otro caso de presunto espionaje ilegal al Instituto Patria y a Fernández de Kirchner y aún hay importantes medidas pendientes; y está abierta -también con medidas pendientes- la investigación por el acuerdo que su gobierno firmó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2018, provocando el endeudamiento por US$40.000 millones.

En el caso por presunto espionaje ilegal al Instituto Patria, sede del kirchnerismo durante el gobierno de Macri, el fiscal Franco Picardi solicitó al juez Marcelo Martínez De Giorgi que pida a la AFI todas las líneas telefónicas institucionales asignadas a Macri, Gustavo Arribas (entonces jefe de Inteligencia), Silvia Majdalani (entonces segunda de la AFI) y otros tres funcionarios de la agencia oficial, entre los meses de junio y noviembre del año 2018, para que sean peritadas por la Dirección de Asistencia en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación (DAJuDeCO) y se crucen las llamadas entrantes y salientes durante los hechos clave del supuesto espionaje ilegal investigado.

El expresidente tiene otro caso penal abierto: Correo Argentino SA. Macri quedó imputado por el fiscal Juan Pedro Zoni en 2017 (lueo desplazado de la fiscalía), pero el expediente continúa abierto en el juzgado federal de Ariel Lijo.

Otros casos relacionados

Tanto Báez como López también tendrán sus propios capítulos en Casación en los próximos meses. Báez está condenado a doce años de prisión por lavado de dinero agravado de la corrupción y a otros seis años como partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, en el caso Vialidad. La confirmación de su condena por el caso de lavado también está pendiente en Casación y se espera para este año, afirmó una fuente del tribunal. A partir del 9 de marzo, su defensa podrá apelar la condena en Vialidad ante el mismo tribunal y la fiscalía presentará un recurso para solicitar que se lo condene por el delito de asociación ilícita, por el que fue absuelto.

Cristóbal López y De Sousa fueron absueltos en el juicio por el caso Oil Combustibles, lo que también está pendiente en Casación, ya que el fiscal del juicio presentó un recurso para que se revise la decisión del tribunal oral. Se fijó una audiencia para junio de este año.

ED

La Cámara Federal de Casación comenzará a revisar a partir del 10 de noviembre próximo el sobreseimiento de todos los imputados, entre ellos la vicepresidenta Cristina Kirchner, en las causas conocidas como Los Sauces y Hotesur, las firmas que administraban los hoteles y otras propiedades de la ex familia presidencial.

El máximo tribunal penal convocó a una audiencia para analizar las apelaciones contra el fallo que declaró el sobreseimiento de todos los imputados, acusados por el delito de lavado de activos.

La fecha de la audiencia es coincidente con el tramo final de la Causa Obra Pública, en la que los fiscales Diego Luciani y Jorge Mola están terminando con sus alegatos.

La audiencia estará a cargo de la Sala I de la Casación, presidida por el juez Diego Barroetaveña, e integrada también por los vocales Daniel Petrone y Ana María Figueroa.

Las partes pueden optar por una audiencia presencial con exposiciones orales (como ocurrió, por ejemplo, en las causas Dólar Futuro y Memorando de Entendimiento con Irán) o presentar sus argumentos por escrito para la evaluación de los jueces.

Para el caso de que la audiencia fuera oral, el tribunal previó una segunda jornada que eventualmente se celebrará el 22 de noviembre.

Cristina Kirchner y el resto de los imputados, entre ellos sus hijos Máximo y Florencia, llegarán a esta instancia sobreseídos por una decisión adoptada por el Tribunal Oral Federal número cinco, que a fines del año pasado adoptó tal decisión por mayoría.

Del resultado de esa audiencia dependerá que los sobreseimientos sean confirmados o que, en su defecto, la Casación los revoque y ordene que se sustancie el debate oral y público.

En ese caso, lo más probable es que el máximo tribunal penal ordene que se sortee un nuevo tribunal para realizar el juicio, para preservar la garantía de imparcialidad.

Con información de agencias.

IG

El fiscal Diego Velazco, a cargo de la acusación en el juicio oral y público por el caso Hotesur-Los Sauces, prepara un recurso para apelar los sobreseimientos de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia, los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López y el resto de los acusados, confirmó a elDiarioAR una fuente con acceso directo al expediente.

El escrito será presentado ante la Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal del país, para que otros tres jueces revisen los sobreseimientos anticipados que dictó el Tribunal Oral Federal número 5 este viernes.

Los jueces Daniel Obligado y Adrián Grünberg votaron a favor de Fernández de Kirchner y del resto de los imputados. La jueza Adriana Palliotti, la tercera integrante del tribunal 5, votó en contra de los sobreseimientos y planteó que el caso debía ser analizado en un juicio oral y público, como había solicitado el fiscal Velazco.

El fiscal de juicio tiene un plazo de diez días hábiles para plantear sus argumentos contra el fallo del tribunal. Para que su presentación sea tratada por la Casación, deberá ser acompañada por otro fiscal que interviene en el caso ante el máximo tribunal penal.

En el último planteo de la defensa intervino ante la Casación el fiscal Mario Villar pero una fuente del expediente sostuvo que debería intervenir Raúl Pleé. 

Luego los jueces de la Sala I de la Casación deberán analizar los planteos de ambos fiscales y decidir si confirman los sobreseimientos anticipados o los revocan, lo que habilitaría la continuidad del proceso de juicio.

La Sala I está compuesta por los jueces Ana María Figueroa, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone. Son los mismos que dictaron los sobreseimientos de Fernández de Kirchner y el resto de los imputados del caso Dólar Futuro antes del inicio del juicio oral y público.

Los alquileres

La causa Hotesur-Los Sauces se encontraba hasta este viernes en etapa de instrucción complementaria, un periodo entre la elevación a juicio y el inicio del debate oral y público en el que la fiscalía y las partes pueden proponer al tribunal medidas de prueba complementarias. De hecho, por una solicitud de las defensas, se ordenaron dos pericias contables que aún no han finalizado, según explicó la jueza Palliotti en su voto del viernes.  

En el juicio, que ahora fue dejado sin efecto, los acusados debían ser juzgados por supuestas maniobras de lavado de activos de la corrupción a través de sus negocios hoteleros (Hotesur) e inmobiliarios (Los Sauces), supuesta asociación ilícita y negociaciones incompatibles.

Los hechos giran en torno a los alquileres de hoteles y propiedades inmuebles de la familia Kirchner y un supuesto circuito para blanquear dinero de la corrupción en la obra pública. Los Kirchner no niegan la existencia de los alquileres pagados por Báez y López pero sí rechazan que Hotesur y Los Sauces se hayan montado para la comisión de ilícitos.

Hotesur SA era la dueña de los hoteles Alto Calafate y Las Dunas. Valle Mitre, una sociedad de Báez que administró el hotel Alto Calafate entre 2008 y 2013, le pagó a Hotesur al menos $26.514.978 en concepto de “cánones locativos” y otros $6.909.708 por la gerencia de Las Dunas, según los procesamientos dictados por el juez Julián Ercolini. Los contratos se firmaron con Néstor Kirchner en vida pero se prorrogaron en 2011, cuando el expresidente ya había fallecido. 

Los fondos de Valle Mitre que terminaron en el patrimonio de la familia Kirchner provenían a su vez de otras empresas de Báez con contratos de obra pública en Santa Cruz, como Austral Construcciones, Kank & Costilla Sa y Loscalzo y Del Curto SRL, que le pagaban a Valle Mitre por la supuesta ocupación de habitaciones en los hoteles.

La sociedad anónima Los Sauces nació en 2008. Fue creada por Néstor, Cristina y Máximo Kirchner, pero comenzó a tener actividad como empresa inmobiliaria en 2009, cuando compañías de Báez y López comenzaron a girarle fondos, según consta en la confirmación de los procesamientos en la Cámara Federal porteña. 

Para montar esta empresa inmobiliaria, entre 2008 y 2010, Néstor y Cristina cedieron algunas propiedades de su patrimonio a Los Sauces. Luego Néstor y Máximo Kirchner adquirieron otros inmuebles y los inscribieron a nombre de la sociedad.  

Entre 2009 y diciembre de 2016, Los Sauces le facturó $18.554.725 a dos empresas de Grupo Indalo (de López) y otros $6.851.650 a empresas del Grupo Báez por “alquileres para viviendas u oficinas”. Entre ambos empresarios garantizaron casi el 90% de los ingresos de Los Sauces, según la pericia contable realizada durante la instrucción de la causa. 

La mayoría de los contratos de alquiler de las propiedades de Los Sauces no pudieron ser hallados ni se dio con la totalidad de las facturas, según la pericia. La sociedad sólo registró dos empleados: un jardinero y Florencia Kirchner, según el fallo de la Cámara de 2017.

ED

El sobreseimiento de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el caso Hotesur-Los Sauces antes del inicio del juicio oral y público podría resumirse en dos factores recurrentes en los tribunales de Comodoro Py 2002: sintonía y sincronización, según surge de la lectura de los últimos fallos, escritos y dictámenes del expediente que analizó elDiarioAR. Esas dos variables son, paradójicamente, las que también le valieron algunos de sus procesamientos más cuestionados durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando era la principal figura opositora, pero también el avance de algunos de los expedientes en los que la prueba advertía una complicación más judicial que política.

Un fallo de abril de 2019 del Tribunal Oral Federal número 5, que sobreseyó este viernes a la expresidenta, muestra una interpretación muy diferente de uno de los argumentos que tomaron dos de los jueces para fallar a favor de la funcionaria, según los escritos analizados y las consultas a fuentes directas de la causa. Entonces, cuando aquel fallo de hace más de dos años y medio contradijo a los abogados de Fernández de Kirchner, gobernaba Mauricio Macri y el nuevo escenario político que marcarían las elecciones presidenciales aún no podía vislumbrarse. 

¿Qué cambió en el caso Hotesur-Los Sauces entre 2019 y 2021?

La incorporación al tribunal del juez Adrián Grünberg y el cambio de interpretación del juez Daniel Obligado sobre dos puntos clave del fallo: por un lado, su determinación de que los acusados no pueden ser juzgados por presunta asociación ilícita porque los hechos y el delito son los mismos que están siendo juzgados en el juicio por la causa Vialidad por presunta corrupción en la obra pública; y en segundo lugar, el planteo, después de siete años, de que la acusación de presunto lavado de dinero tampoco puede llevarse a juicio porque debe aplicarse la ley de lavado de activos anterior a 2011.

El tribunal 5 decidió sobreseer a Fernández de Kirchner de manera anticipada tras un nuevo planteo de sus abogados, Carlos Beraldi y Ari Llernovoy. La decisión fue por mayoría, dos votos contra uno. La jueza Adriana Pallioti votó en contra de los sobreseimientos y planteó que el caso debía ser analizado en un juicio oral y público. Sus colegas Daniel Obligado y Adrián Grünberg fallaron a favor de Fernández de Kirchner y el resto de los imputados, incluidos sus hijos, el diputado y jefe de la bancada oficialista, Máximo Kirchner, y Florencia. También la sobrina de la vicepresidenta Romina Mercado y los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López, entre otros.

La defensa viene presentando sus argumentos desde hace siete años en distintas instancias, desde planteos de nulidades de la causa hasta pedidos de nuevas pericias contables y recusaciones de jueces. Los Kirchner reconocen el pago de los alquileres de las empresas de Lázaro Báez y Cristóbal López pero sostienen que “Hotesur SA y Los Sauces SA eran negocios legales” y que “los pagos de los alquileres de departamentos y hoteles” realizados por los contratistas del Estado (Báez y López) no fueron dádivas o retornos por las licitaciones y contratos que los empresarios obtuvieron durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

En el tribunal 5 ya habían demostrado flexibilidad con la familia de la vicepresidenta: atendieron las solicitudes en torno a Florencia Kirchner, su estadía en Cuba y su salud; pero también rechazaron en 2019 y 2020 planteos de nulidades que buscaban evitar o dilatar el juicio oral y público. 

Esta vez, el planteo de la defensa de la vicepresidenta y sus hijos se basó en un recurso que habilita el Código Procesal Penal de la Nación para solicitar el sobreseimiento antes del inicio de juicio. Para que la Justicia haga lugar a dicho planteo, deben cumplirse ciertas condiciones. Dos de ellas son que aparezca nueva prueba que demuestre “que el imputado obró en estado de inimputabilidad”, se extinga la acción penal -por el paso de los años- “y para comprobarla no sea necesario el debate”, o “el imputado quedare exento de pena en virtud de una ley penal más benigna”. 

Según el último dictamen del fiscal de juicio, Diego Velazco, ninguna de esas condiciones estaba dada en el expediente. De hecho, resta incorporar los resultados finales de dos pericias contables solicitadas por las defensas y suspendidas por los jueces Obliga y Grünberg este viernes tras el fallo.

Una composición a tiempo

Para conseguir los sobreseimientos anticipados en Hotesur-Los Sauces, los abogados de Fernández de Kirchner tenían dos cartas clave, la temporalidad y la escasez, y dos votos sincronizados y en sintonía. 

Cada tribunal oral federal debe estar compuesto por tres jueces titulares pero la cantidad de magistrados no alcanza para ocupar todas las vacantes y los magistrados van rotando entre tribunales, cubriendo los baches, ya que el poder político no avanza con los concursos de nombramiento desde hace años.

Actualmente, el tribunal oral federal número 5 está integrado por Daniel Obligado, Adriana Palliotti y Adrián Grünberg, quien dejará ese cargo suplente el 30 de noviembre, es decir, este martes, y será sustituido por otro juez. 

Grünberg ya había coincidido con otros planteos de la defensa de Fernández de Kirchner. En otro tribunal, el magistrado entendió que la vicepresidenta y el resto de los imputados debían ser sobreseídos de manera anticipada en la causa Dólar Futuro, tras analizar los resultados de una pericia. Sus colegas en el Tribunal Oral Federal número 1 rechazaron ese planteo de los abogados defensores. La cuestión terminó en la Cámara Federal de Casación con un fallo a favor de los acusados a principios de año.

El martes último, el presidente del tribunal, Obligado, notificó a sus colegas que debían presentar sus votos sobre el planteo de Fernández de Kirchner antes de la mañana del lunes 29.

La jueza Palliotti votó en contra de los sobreseimientos, dijo que no estaban dadas las condiciones que exige el Código Procesal Penal de la Nación para hacerlo y planteó que los argumentos de la defensa debían tratarse en el juicio oral y público. Los jueces Grünberg y Obligado apoyaron la postura de la defensa de la familia Kirchner. 

Interpretación

Uno de los antecedentes centrales en la causa es un fallo del tribunal 5 de abril de 2019. En aquella fecha, los tres jueces que intervenían entonces en el caso Hotesur rechazaron varios planteos de la defensa de Fernández de Kirchner, entre ellos un pedido de nulidad de la causa y los consecuentes sobreseimientos anticipados de los acusados. Entonces, Obligado criticó a las defensas por supuestamente entorpecer el avance del juicio oral y público y rechazó un argumento que ahora le valió a Fernández de Kirchner un fallo favorable: la conexidad con el caso Vialidad. 

En 2019, el tribunal que debía llevar adelante el juicio estaba compuesto por los jueces Obligado, Adriana Palliotti y José Martínez Sobrino. 

El planteo de la defensa ante el tribunal 5 fue sólo por la causa Hotesur, ya que recién en mayo de ese año, los expedientes de Hotesur y Los Sauces serían unificados en un único juicio. 

Los abogados solicitaron a los jueces del tribunal que declaren la nulidad de la elevación a juicio de Hotesur y que se archiven las acusaciones por presunta asociación ilícita, debido a que la expresidenta estaba ya siendo juzgada por ese supuesto delito en el caso Vialidad por el Tribunal Oral Federal número 2 e implicaba una “doble persecución penal”.  

“Los cuestionamientos ensayados por las defensas parten de una visión parcializada y sesgada, dirigida, en nuestra opinión, a entorpecer el normal avance del proceso”, dijeron entonces los tres miembros del tribunal 5, incluidos Palliotti y Obligado, quien también sostuvo, junto con sus colegas, que las resoluciones de la causa Hotesur criticadas por la defensa “lejos están también de carecer de motivación suficiente o de una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos”.

La conexión con la causa Vialidad es una de las claves del fallo de este viernes a favor de la vicepresidenta: es uno de los puntos que los jueces Grünberg y Obligado tomaron como válido para habilitar el pedido de sobreseimientos por el supuesto delito de asociación ilícita en Hotesur, según explicaron en el fallo del viernes. 

Prueba nueva

¿Qué tomaron este viernes los magistrados como “nueva prueba no valorada durante la instrucción” del caso? Las elevaciones a juicio oral y público de los casos Vialidad (o presunta corrupción en la obra pública de Santa Cruz) y Oil Combustible (el juicio en trámite contra Cristóbal López), aunque los jueces Grünberg y Obligado aclararon que no podían interpretarse como tal de manera estricta. Ambos fallos son de 2018, según consta en los archivos del Centro de Información Judicial (CIJ).

Los jueces Obligado y Grünberg sostuvieron que la acusación por presunta asociación ilícita en Hotesur-Los Sauces contra Fernández de Kirchner y Báez “no resulta viable” porque se trataría del “mismo hecho” que está siendo juzgado en el juicio de Vialidad contra ambos acusados. 

Vialidad es el único de los cinco juicios contra Fernández de Kirchner que fue iniciado en los tribunales. El caso es por presunta defraudación a la administración pública, entre otros supuestos delitos, en la concesión de obras viales en la provincia de Santa Cruz a favor de las compañías de Báez. Sin embargo, los alquileres pagados por el empresario a Hotesur y Los Sauces no son parte de este expediente.

Entre 2008 y 2013, la empresa Hotesur -propiedad de la familia Kirchner- recibió alrededor de $33,4 millones de Báez por “cánones locativos” de dos hoteles mientras las constructoras del empresario patagónico ganaban licitaciones y contrataciones de obras públicas, según los procesamientos dictados por el juez Julián Ercolini en base a una pericia contable. Entre 2009 y 2016, Los Sauces SA -otra compañía de los Kirchner- facturó otros $25 millones de empresas de Báez y Cristóbal López, otro beneficiario de la obra pública y negocios con el Estado, de acuerdo con el fallo de la Cámara Federal porteña que confirmó los procesamiento. 

Los cuestionamientos ensayados por las defensas parten de una visión parcializada y sesgada, dirigida, en nuestra opinión, a entorpecer el normal avance del proceso.

Fallo del Tribunal Oral Federal 5, 2019.

A diferencia del fallo de este viernes, en abril de 2019, Obligado había votado junto con el resto de los jueces del tribunal (Palliotti y Martínez Sobrido), en contra de los argumentos de la defensa de que avanzar con Hotesur-Los Sauces implicaría una doble persecución penal a Fernández de Kirchner y Báez. elDiarioAR intentó consultar este viernes y sábado al juez Obligado para ampliar su explicación sobre la diferencia entre los fallos de 2019 y 2021, pero no obtuvo respuesta al cierre de esta nota.

Entonces, Obligado y sus colegas citaron el fallo de la Sala I de la Cámara Federal porteña que había confirmado los procesamientos del caso Hotesur y para rebatir los planteos de los abogados de Fernández de Kirchner y sus hijos y reprodujeron los argumentos del camarista Leopoldo Bruglia, cuyas palabras definieron como “de una justeza y claridad tal, que torna innecesario agregar otros argumentos”.

Esas palabras de “justeza y claridad” sostenían que si bien existe una conexidad entre los casos Vialidad y Hotesur, “se observa que el temperamento adoptado en esas actuaciones -Vialidad- abarca otros extremos fácticos distintos de los que aquí se investigan. Los cuales, si bien podrían estar relacionados, resultan claramente diferenciables”. 

“En la causa citada -Vialidad- se investigan las maniobras tendientes al apoderamiento de fondos del Estado Nacional destinados a la obra pública vial en la provincia de Santa Cruz, mediante el otorgamiento ilegal de contrataciones a las empresas vinculadas a Lázaro Báez; así como la conformación de una organización criminal con el fin de cometer esa clase de actos delictivos”, citaron en 2019 Obligado y sus colegas del tribunal. 

“Mientras que el objeto procesal de los presentes actuados -Hotesur-comprende el armado de una organización criminal con la finalidad de realizar conductas de lavado de activos, a través de una sociedad anónima constituida por Néstor Kirchner, Cristina Fernández y su hijo, Máximo Kirchner; así como las operaciones concretas por las cuales el dinero proveniente de las maniobras defraudatorias antes aludidas o de otras empresas pertenecientes a concesionarios y contratistas del Estado, ingresaba al patrimonio de los ex presidentes a través de dicha sociedad”, continúa el fallo de 2019. 

Luego, el Tribunal Oral Federal número 5 agregó: “En definitiva, estas investigaciones develan que habrían existido distintos circuitos para el obrar delictivo, uno de ellos dirigido al apoderamiento de fondos públicos destinados a la obra pública en la provincia de Santa Cruz y el otro destinado al reciclaje de las ganancias ilícitas derivadas del anterior y de otros hechos ilícitos”, citando al juez Bruglia.

La ley más benigna

Los jueces Obligado y Grünberg también plantearon esta vez que debe aplicarse la ley más benigna y que hasta 2011 -los hechos investigados comienzan en 2008- el “autolavado” -es decir la maniobra de blanquear uno mismo su dinero de origen ilícito- no estaba contemplado por la ley argentina. 

La aplicación de la ley penal más benigna es otro de los argumentos para habilitar el sobreseimiento anticipado, según el Código Procesal Penal. En la sentencia contra Báez, sin embargo, los jueces del Tribunal Oral Federal número 4 tomaron otro criterio: que el delito de autolavado es continuado en el tiempo, ya que las maniobras y sus consecuencias se extienden a lo largo de los años y sobrepasa la barrera temporal de 2011. 

El juez que instruyó la causa contra Báez, Sebastián Casanello, y el fiscal del juicio, Abel Córdoba, también han sostenido que debía aplicarse la nueva ley de lavado, a pesar de que los hechos habían comenzado con anterioridad a su sanción. 

La nueva ley permite juzgar el lavado como delito autónomo, explicó uno de los magistrados especializados en este tipo de delitos ante la consulta de elDiarioAR. Eso implica que no es necesario probar el delito precedente al lavado: sólo bastan presunciones o indicios de un origen ilícito del dinero para avanzar en una condena por lavado de activo, agregaron fuentes judiciales que intervinieron en el caso. Es el mismo criterio que sostiene el Ministerio Público Fiscal y distintos tribunales en casos similares, según distintos fallos publicados. 

ED

Los pasillos de Comodoro Py suelen contar historias apasionantes de amores, odios y traiciones. El viernes a la tarde, cuando se hizo público el sobreseimiento de Cristina Fernández de Kirchner y los demás imputados en la causa Hotesur y los Sauces, recordé una de ellas. 

La historia empieza en el año 2010, cuando el fiscal Alberto Nisman, denunció la existencia de un plan para amedrentarlo de diversas formas. De dicho complot contra Nisman habría participado Carlos Corach, su hijo Maximiliano, el “Fino” Palacios y Claudio Bonadío. El origen de la denuncia era un mail anónimo. En la causa que se abrió a raíz de la denuncia de Nisman, se presentó el entonces jefe de operación de la SIDE, conocido como Jaime Stiusso. La denuncia navegó en la indiferencia hasta el mes de noviembre de 2014, cuando repentinamente Stiusso se presentó y denunció que Bonadío le había hecho visitas al Fino Palacios, entonces preso en el penal de Ezeiza por la causa de escuchas ilegales por parte del gobierno de la Ciudad. Bonadío, como juez, investigaba al Fino Palacios en una causa vinculada al encubrimiento del atentado de la AMIA. De la causa principal de encubrimiento de AMIA, Bonadío ya había sido apartado en durísimos términos por la Cámara Criminal y Correccional, imputándole múltiples irregularidades y la paralización de dicha investigación. Recibida la denuncia de Stiusso, se pidió la prueba de dichas visitas y las mismas se constataron. Por ello se pidió la indagatoria de Bonadío. 

Cuenta la historia que fue una acción un tanto desesperada de Stiusso, quien veía – acertadamente- el fin de su manejo de la SIDE e intentaba congraciarse con el kirchnerismo. En efecto, en diciembre de 2014, la presidenta Cristina Fernández descabezó a la conducción de la SIDE y despidió a Stiusso. Pero para ello todavía faltaban uno días. Cuentan que Bonadío habría interpretado la presentación de la documentación probatoria de sus visitas al “Fino” Palacios como una hostilidad ordenada por el kirchnerismo contra él, sin entender la jugada desesperada de Stiusso. 

Por aquellos días, había sido asignada al juzgado de Bonadío una denuncia de Margarita Stolbizer contra la presidenta Fernández de Kirchner por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abusos de autoridad. La presidenta había declarado su participación accionaria en la empresa Hotesur, que era propietaria del hotel alto Calafate y que era alquilado por Lázaro Báez. Enfurecido por lo que el propio Claudio Bonadio habría considerado una posición de agresión por parte del kirchnerismo, y secundado por Carlos Stornelli, dio impulso a la denuncia más bien deficiente de Stolbizer y ordenó una serie de medidas. La denuncia se basaba en que Hotesur no había presentado sus balances anuales. Era una infracción administrativa que también habían cometido más de 30 mil empresas en el país.

A Bonadío el ímpetu le duró hasta el 16 de julio de 2015, cuando fue apartado por la Cámara Criminal y Correccional de la causa Hotesur por haber ordenado que una serie de peritos realizara un informe sobre los puntos que deberían investigarse en esa causa y todo eso sin darle a las partes participación ni en la designación de los peritos ni en la realización del informe. Esa había sido la venganza de Bonadío. Convertir una intrascendente denuncia por falta de presentación de balances, en una mega causa por lavado de dinero y asociación ilícita. Dijo en aquella oportunidad Bonadío que había solicitado la intervención de los peritos porque para obtener buenas respuestas, necesitaba que lo ayudaran a formular buenas preguntas. Lo cual daba ya cuenta entonces que Claudio Bonadío no sabía que investigar, pero que habría tenido toda la voluntad de hacerlo en esa causa. Por ser la conducta del juez vulneratoria del derecho a defensa Bonadío fue apartado de la causa y la misma se asignó a Julián Ercolini. 

Pero el cántaro volvió a la fuente y en abril de 2016 Margarita Stolbizer volvió a denunciar a Cristina Fernández de Kirchner, esta vez por la empresa Los Sauces invocando presuntas conductas ilícitas que involucraban a la ya ex presidenta, sus hijos y a los empresarios Cristóbal López y Lázaro Báez. En la causa “Los Sauces” Claudio Bonadío hizo dos cosas. Primero procesó a Cristina Fernandez y al resto de los apuntados por la denuncia. Acto seguido, se declaró incompetente. Es decir que, conociendo que ya Julián Ercolini tenía una causa similar, desde el año 2008 Bonadío “investigó” – es un decir, que quede claro- y procesó a los acusados para acto después, declararse incompetente. Una verdadera tropelía judicial que debió haber sido dejada sin efecto por las cámaras de Comodoro Py. Pero corría el años 2017 y la Mesa Judicial Macrista estaba en plena actividad y Gustavo Hornos- juez de casación- ya se reunía con Mauricio Macri.

Finalmente, las causas Hotesur y Los Sauces terminaron acumuladas y declaradas conexas por la Cámara de Casación Federal de Py.

Y en este punto debo detenerme para señalar algo que puede escaparselé a quien me está leyendo. El Poder Judicial funciona con un sistema de controles jerárquicos. Así, si un juez penal federal comete un error o vulnera garantías procesales, lo corrige la Cámara Criminal y Correccional. Si la Cámara Criminal y Correccional se equivoca, el orden jurídico debería reestablecerlo la Cámara de Casación Federal. Y si la Cámara de Casación Penal no reestablece el orden jurídico, es tarea de la Corte Suprema reestablecerlo. 

Ahora bien, una de las mayores anomalías sistémicas que produjo el gobierno de Mauricio Macri fue alterar ese funcionamiento de la justicia federal penal. Así fueron cooptando, mesa judicial mediante, las diversas instancias jerárquicas del poder judicial penal. Interfirieron con la integración de la Cámara Criminal y Correccional, forzando la renuncia de jueces o destituyendo a uno de sus integrantes y designando a dedos a los reemplazantes. También se reunía Macri con los miembros de la Cámara de Casación Federal y, con la designación de dos miembros de la Corte Suprema por decreto, tenía controlada todas las instancias judiciales. Además, luego de forzar la renuncia de Alejandra Gils Carbó y designar a su reemplazante interino, el hoy procurador Eduardo Casal, se aseguró el control de los fiscales, cuya misión es resguardar la legalidad de los actos del Poder Judicial y que con Macri dejaron de hacerlo y convalidaron todas las tropelías de persecución que impulsaban desde el gobierno del ingeniero. Entre ellas, convalidaron el “derecho penal creativo” – léase inventado por voluntad de los jueces- 

La causa “Hotesur- Los Sauces” es una cabal muestra del funcionamiento anómalo del Poder Judicial en aquellos días. Bonadío, Stornelli, Bertuzzi, Hornos. Borinsky y el art. 280 aplicado sistemáticamente por la Corte Suprema – artículo del Código Procesal Civil y Comercial de la Nacion que permite a la Corte rechazar un recurso sin fundar la decisión- dan testimonio suficiente de lo que pasó en esos años y que los abogados y nuestros defendidos supimos padecer. Y denunciar inútilmente.

El poder judicial se encontró con situaciones como las de causas “Dólar Futuro” “Memorándum con Irán” “Qunitas” y “Hotesur- Los Sauces”, entre otras. Causas judiciales elevadas a juicio oral y que tramitaron con tal cumulo de irregularidades que no pueden ser saneadas por el poder judicial en la instancia de juicio oral. Eso es lo que también pasó en la causa “Hotesur- Los Sauces”. La causa estaba en instancia de llevarse a cabo el juicio oral. En una etapa llamada instrucción suplementaria, que implica una investigación que lleva adelante el tribunal de juicio. A título de ejemplo en “Dólar Futuro” y en “Qunitas”, la nueva prueba producida determinó la ausencia de perjuicio fiscal y de los presuntos sobreprecios. En “Memorandum con Iran” las visitas secretas de Hornos y Borinsky a Macri y la inobservancia de los temas probatorios y jurídicos durante la investigación. Todas cuestiones que determinan la inexistencia de delito y el lógico sobreseimiento de los acusados, sin la realización del juicio oral. Todos aspectos previstos en el articulo 361 del Código Procesal Penal de la Nacion que dispone que “Cuando por nuevas pruebas resulte evidente que el imputado obró en estado de inimputabilidad o exista o sobrevenga una causa extintiva de la acción penal y para comprobarla no sea necesario el debate, o el imputado quedare exento de pena en virtud de una ley penal más benigna o del artículo 132 ó 185 inciso 1 del Código Penal, el tribunal dictará, de oficio o a pedido de parte, el sobreseimiento.”

Básicamente el art 361 del CPPN es el que establece que si Juan es acusado de asesinar a Pedro y Pedro aparece vivo, no hace falta hacer el juicio oral para decir que Juan es inocente y no cometió un homicidio. O bien la que determina que si alguien va a ser sometido a juicio por un delito que fue derogado, tampoco debe ser sometido a dicho juicio. 

En la causa “Hotesur – Los Sauces.”, las defensas invocaron que la causa no debía ser elevada a juicio por múltiples razones. Y el tribunal le reconoció la razón y determinó el sobreseimiento de los acusados sin la realización del juicio oral. Los motivos del sobreseimiento son los siguientes: a) no existió el delito de lavado de activos: y no existió el lavado de dinero porque nunca hubo dinero negro, Todas las operaciones fueron realizadas en blanco y de modo bancario. Veamos, el lavado de activos se configura cuando alguien comete un delito – llamado delito precedente- y luego para “blanquear ”el dinero que obtuvo de ese delito, hace operaciones para darle aspecto de dinero legal. Está claro que en este caso nunca hubo dinero negro. Todas las operaciones eran en blanco. El origen de los fondos es perfectamente rastreable y también los pagos. 

A ello debe añadírsele la falta de tipicidad de las conductas de los acusados. En materia penal rige lo que los abogados llamamos el principio de tipicidad. Esto es que la conducta tiene que ajustarse al tipo legal descripto, esto es a la acción descripta por la ley. Por ejemplo, cuando me dejó mi novio yo sentí que me moría, que de alguna forma me mataba por dentro. Pero para poder acusarlo de homicidio, esto es lo que el código penal describe como “el que matara a otro”, como conducta típica, yo debería haber muerto, lo que no sucedió. A la imputación de homicidio sobre mi ex novio le falta la conducta típica. Y por eso no constituye delito de homicidio que me haya dejado, por doloroso que me haya resultado. Y voy a señalar que en materia penal, cuando no hay una conducta típica, no hay delito. Y la conducta típica debe estar descripta expresamente por ley. Por eso los abogados hablamos de que es nula la pena si no hay una ley previa que sancione una conducta. Y también tenemos como principio la prohibición de la analogía en materia penal. Por ejemplo, a principios de siglo pasado se puso de moda secuestrar los cadáveres de las familias adineradas de Capital Federal y pedir una recompensa por su devolución. Pero aun cuando el secuestro si estaba previsto como delito, no lo estaba respecto a los cadáveres. La causa quedó impune por falta de ley que tipificara la conducta. Luego se incorpora la conducta secuestro de cadáveres en el código penal.  Tampoco, en este caso, está probado el delito precedente, porque ese delito precedente había sido “inventado” por la Cámara Criminal y Correccional, cuando necesito inventar el delito de Dadivas, como delito precedente, para confirmar el procesamiento que en su momento había dictado el juez de primera instancia, sin fundamentos. Para que haya lavado debe haber un delito previo.  En este caso no existía. El problema de inventar un delito es que no hay prueba de su existencia ni los acusados fueron interrogados por dicho delito. 

En el fallo cobra especial importancia el principio de ne bis in idem que señala que nadie puede ser perseguido penalmente por delitos por los que ya fue investigado. Y en el caso de los delitos por obra pública vial contra Lázaro Báez, esos delitos ya habían sido denunciados ante Ercolini, que se declaró incompetente y remitió la causa a la Justicia de Santa Cruz, donde se dicto el sobreseimiento de los acusados y ese sobreseimiento quedó firme. ¡Lo mismo había pasado con la denuncia sobre delitos que involucraban a Cristóbal López, que habían sido desestimado por el propio Ercolini!

También se cuestiona la multiplicidad de investigaciones sobre los mismos delitos y las mismas personas, esto es sobre los hechos y las personas. Es lo que sucede con las asociaciones ilícitas que tanto le gustaban a Bonadío y Comodoro Py inventa para poder pedir la prisión preventiva de los acusados, porque asociación ilícita no es un delito en principio excarcelable. Es por esta multiplicidad de causas duplicadas es que Cristina Fernández llegó a ser acusada por integrar cuatro asociaciones ilícitas. De hecho, a mí siempre me causó gracia que incluso la acusaron de ser la jefa de una asociación ilícita de modo ad honoren, esto sin ningún beneficio para ella. Fue cuando Bonadío señaló que no tenía dudas que la destinataria final del dinero de “Cuadernos” era CFK aun cuando señala que no ha podido constatar que CFK haya recibido el dinero. Cosas de Bonadío. Que nadie controlo. Porque esa era la instrucción. Perseguir, aun cuando no hubiese argumentos o pruebas.

En conclusión, la causa “Hotesur- Los Sauces” resulto concluida por sobreseimiento de los acusados, por inexistencia de delito, porque no se acredito que exista ni lavado de dinero ni el delito precedente que genero el presunto dinero negro. 

No habían pasado ni 20 minutos desde que se hizo pública la sentencia absolutoria en la causa “Hotesur- Los Sauces”, cuando los medios de comunicación y los miembros de la oposición ya estaban hablando públicamente de impunidad y reclamando que se hiciese de todos modos el juicio oral. Me acorde de la frase “la pena es el proceso”, porque esos dichos quieren impulsar que personas a quien se le han imputado delitos que a la postre no existan, pasen por la situación agraviante de ser sometidos a un juicio oral.  Sé a ciencia cierta que la sentencia absolutoria tiene 375 paginas y que en 20 minutos era imposible que nadie la leyera. Reclamaban el juicio por el juicio mismo. Porque reitero a nadie le importan los argumentos o las pruebas. En este caso se vio claramente. Raudas y sin leer una página de la sentencia absolutoria, dirigentes como Zubic y Carrió anunciaron que pedirían el juicio político de los jueces Carrió que habían dictado esa sentencia. 

A decir verdad, la sentencia se presenta sólida en sus argumentos jurídico, aunque farragosa de leer. Y se toma un par de páginas para explicar la aplicación del art. 361 del CPPN. Que de hecho se aplica en Comodoro Py en muchos casos, que la propia sentencia se encarga de reseñar. Como y porque se pueden cerrar causas sin la realización de juicios orales. Todos casos que no escandalizaron a Zubic ni a Carrió ni a ningún periodista. 

A mi siempre me impresionó el regodeo de los periodistas y de los dirigentes políticos con esta causa. A la que llamaban “la que más preocupa a Cristina”, sin aclarar que la preocupación de la vicepresidenta radicaba en que en esa causa estaban involucrados sus hijos. No era una preocupación nacida de pruebas. Esa causa siempre careció de pruebas y estuvo poblada de defectos procesales que solo hacían prever su inevitable nulidad o sobreseimiento por inexistencia de delito, tal como finalmente sucedió. Pero la fortaleza de afrontar un juicio penal no es para cualquiera y no conozco madre que desee eso para sus hijos. 

Cuando los juzgados que investigan no hacen las cosas bien, esto es lo que pasa. Cuando se construye una acusación sin pruebas esto es también lo que pasa. Cuando no se respetan las garantías de ne bis in idem y de ley mas benigna, esto es lo que pasa. Y cuando se pretende reemplazar los criterios judiciales por criterios mediáticos esto también pasa. Porque ningunas de esas conductas ayudan a hacer justicia ni a investigar ni a reestablecer el orden jurídico. Cuando se reemplaza la presunción de inocencia por la presunción de culpabilidad – prohibida en nuestro ordenamiento jurídico-, esas causas construidas en violación a la propia ley y solo basadas en la voluntad caprichosa de los jueces, sin pruebas y sin garantías durante su tramitación, la única conclusión lógica a la que se puede llegar es a esta conclusión: que así, con esas formas espurias no se pueden probar los delitos. Ni siquiera investigarlos. No hay delito sin ley que así lo determine y esa ley debe ser previa a la conducta que se investiga. 

Espero con toda honestidad que las historias de Py también reflejen las enseñanzas de lo que sucedió durante los años de persecución que supimos vivir. Que registre el sufrimiento que la persecución infundada provoca a las personas. Y la inutilidad final de tanta barbarie. Y el supremo valor del Estado de Derecho.

En el 2014 tuve la primera sospecha sobre Hotesur mirando la declaración jurada patrimonial de CFK donde aparecía esta sociedad y también Los Sauces SA. Las sociedades de la Presidenta de la Nación no cumplían con ninguna normativa ni eran sancionadas por la autoridad de control (la IGJ). No presentaban balances, ni actualizaban directorio, ni pagaban tasas y tenían domicilio falso!! Algo se escondía por detrás de esas pantallas con apariencia societaria: se usaban para disimular el origen ilegal del dinero que la familia recibía por parte de empresarios contratistas del estado: Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Souza.

Ellos recibían negocios millonarios del estado y devolvían sumas igualmente siderales a través del pago de ocupación de habitaciones y salones en los hoteles o de alquiler de inmuebles (justamente los empresarios con demasiadas propiedades como para necesitar otras).

No hay muchos casos de un circuito de pago de coimas que se pueda ver de manera tan explícita. Hotesur administraba el Hotel Alto Calafate adquirido por Néstor y Cristina Kirchner con apenas algunos días de diferencia en relación a su desembarco en el gobierno nacional.

Las maniobras de lavado de dinero a través de hoteles, como casinos y otras actividades, son universalmente conocidas. En este caso lo burdo era que se trataba de un circuito de personas y sociedades muy cerrado, muy cercano, entre quienes circuló mucho dinero durante mucho tiempo.

Luego de presentar la denuncia, las investigaciones judiciales pudieron colectar una enorme cantidad de pruebas sobre la ejecución de esas maniobras. Claro que ellas tenían que ver con otros ilícitos que se investigan en otras causas (Vialidad, Obra Pública, Cuadernos) pero Hotesur y Los Sauces son operatorias independientes de aquellas a través de una asociación ilícita constituída a estos fines y que acumuló negocios por varios años, los que fueron comandados primero por Néstor y Luego por su hijo Máximo. Florencia a partir de la muerte de su padre también participó de manera directa tomando decisiones y retirando dinero; y Ella, Cristina, siempre presente como líder y beneficiaria de todo el accionar ilegal que se investigó.

En estos 7 años la causa transitó por las manos de una gran cantidad de fiscales, jueces y camaristas y así se llegó a un procesamiento -reiteradamente confirmado- sobre la existencia de los delitos y la responsabilidad que se asignó a los imputados.

Al llegar la causa al Tribunal Oral Federal 5 para el inicio del juicio oral no había dudas sobre la procedencia de esta etapa que debía culminar con la condena de los culpables (claro que el tribunal podría declarar la inocencia, muy poco probable frente a todas las pruebas de la causa que llenan varias habitaciones de un edificio militar en Retiro). Sin embargo, el tribunal planchó la causa durante varios años para terminar resolviendo que no se haría, o sea, no se va a poder conocer la puesta en escena de las pruebas ni la posibilidad de la condena.

Se espera ahora la reacción del fiscal que apele esa decisión para que sea revocada por la Cámara de Casación y tengamos la oportunidad de conocer -a través de un juicio que sea oral y público- de qué manera la actual Vicepresidenta, sus hijos y otras personas, se enriquecieron y ocultaron el origen ilegal del dinero que compone su patrimonio.

Este fallo es vergonzoso, nos pone en el peor lugar frente al mundo, porque afecta la igualdad ante la ley y la independencia de la justicia. Y eso se paga con aislamiento, menos inversiones y empleo, más pobreza y la degradación del sistema institucional. Se necesita magistrados que actúen pero también una sociedad que se indigne y no abandone la lucha para recuperar los valores de la moralidad pública.

Presidenta del partido GEN. Diputada electa por Juntos. Denunciante del caso.

WC

Un dirigente experimentado que conoce bien a Mauricio Macri arriesga que el expresidente va a seguir tensionando la interna en Juntos con el fin de mantener la expectativa sobre su candidatura presidencial 2023. A Macri lo fortalece en términos políticos pero también jurídicos, sostiene la fuente ante elDiarioAr: “Si Macri se baja, los jueces se lo van a llevar puesto”.

Este razonamiento podría explicar desde una dimensión política el sobreseimiento de Cristina Kirchner dispuesto por el Tribunal Federal Oral Nro. 5 en la causa por lavado de dinero y asociación ilícita conocida como Hotesur-Los Sauces. La política, todo indica, compone la música que ejecuta la Justicia.

Ante la evidencia acumulada en el expediente durante largos siete años de investigación, en la que intervinieron una docena de funcionarios judiciales, la opinión entre quienes conocen la causa es que, si fuera llevada a juicio, difícilmente la vicepresidenta podría resultar absuelta. 

La primera conclusión a la que puede llegarse es que los jueces en la Argentina han decidido desistir de enjuiciar a la expresidenta. Se trata de un país en el que los jueces desisten de juzgar. Es la tercera vez en ocho meses que esto ocurre.

En abril pasado, la Sala I de la Cámara de Casación integrada por los jueces Ana María Figueroa, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña archivó la investigación contra la vicepresidenta por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública por operaciones con el dólar en el mercado de futuros por inexistencia de delito. Lo hizo con el voto de sus tres integrantes.

En octubre, la ex presidenta fue sobreseída por inexistencia de delito junto a los demás acusados en el trámite por la firma del Memorándum con Irán por el atentado a la AMIA en un fallo unánime del tribunal que preparaba el juicio oral. Los jueces que lo integran son María Gabriela López Iñiguez, Daniel Obligado y José Michilini.

La investigación sobre la responsabilidad de Cristina Kirchner y un grupo de exfuncionarios de su gobierno en torno a las operaciones con el dólar futuro fue controvertida desde el comienzo. Como se sabe, se trata de una herramienta financiera a la que recurrió el gobierno de entonces en un contexto de alta presión cambiaria -con el dólar oficial casi anclado- con la intención de preservar las reservas y evitar una devaluación. La devaluación llegaría con el gobierno de Macri.

La causa por el Memorándum es hija de la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman. La muerte de Nisman amplificó la investigación por encubrimiento del atentado a la Amia contra la ex presidenta y a un grupo de funcionarios de su gobierno. Este expediente también ha sido motivo de controversia. Si bien Cristina Kirchner hubiera tenido mucho para explicar en una instancia oral, la firma del pacto con Irán fue una decisión de política exterior del Poder Ejecutivo, una de sus atribuciones, que además fue ratificada en 2013 por el Congreso de la Nación, con la mayoría oficialista de entonces. Con todo, el hoy presidente Alberto Fernández no dudó en decir entonces que el propio Memorándum era la prueba concluyente de la existencia del delito de encubrimiento.

Junto con el juicio conocido como Vialidad, la causa por lavado es una de las que más compromete a la vicepresidenta en la justicia. Están involucrados sus hijos y empresarios ligados al kirchnerismo, como Lázaro Báez y Cristóbal López. Los jueces buscaron echar luz sobre un entramado de sociedades vinculadas al negocio inmobiliario cuyo fin habría sido encubrir dinero de origen ilegal, según la denuncia original de la hoy diputada electa Margarita Stolbizer. Para el tribunal oral que sobreseyó a la expresidenta ese dinero es de origen lícito.

Horas antes de conocida la decisión del tribunal, y acaso anticipándose a ella, la Cámara de Casación rechazó un pedido de Cristina Kirchner para anular la elevación a juicio de la causa Hotesur-Los Sauces. El fiscal ante el tribunal oral, Diego Velasco, en respuesta al planteo de la vicepresidenta, también se había pronunciado en favor de que el juicio se sustancie.

La resolución se conoce días antes de que el tribunal cambie su composición, con la salida del juez subrogante Adrián Grunberg, quien junto con el titular del cuerpo, Daniel Obligado, conformó el voto de la mayoría favorable al sobreseimiento. Y cuando, lo más significativo según los observadores en los tribunales federales, hay diligencias judiciales -pericias contables- en desarrollo.

La solución perentoria del complejo frente judicial de la expresidenta integra presumiblemente el pliego de compromisos que acompañaron la decisión de delegar la candidatura presidencial del Frente de Todos en la figura de Alberto Fernández. Nunca ha sido desmentida esa presunción.

Fernández poco había podido hacer en ese campo por la expresidenta con sus iniciativas de reforma de la justicia federal, frustradas por la debilidad del oficialismo en la Cámara de Diputados. Este año la vicepresidenta tomó la iniciativa y se aceleraron las definiciones. Incluso de otro orden: semanas atrás, la Anses, manejada por el cristinismo, desistió de apelar el fallo que ordenó devolverle la doble pensión vitalicia a Cristina Kirchner, un beneficio de 2,5 millones de pesos mensuales al que viene accediendo desde abril pasado.

A partir del año próximo veremos un oficialismo condicionado en el Congreso, con pérdida de la mayoría propia en el Senado, que ha sido hasta ahora el lugar de fortaleza institucional de la vicepresidenta. Se insinúa un cambio en los equilibrios internos del Frente de Todos, con la aparición de nuevos actores institucionales como gobernadores y gremios en un escenario de profundo ajuste económico. La apuesta del Presidente para la nueva etapa no parece contemplar el liderazgo de la ex presidenta. ¿Cristina Kirchner se resignará a esta estrategia? Decisiones como la tomada hoy por la Justicia acaso respondan al interrogante.

WC

El Tribunal Oral Federal número 5 sobreseyó de manera anticipada a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner y a los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López en el caso Hotesur-Los Sauces. En el juicio, que ahora fue dejado sin efecto, los acusados debían ser juzgados por supuestas maniobras de lavado de activos de la corrupción a través de sus negocios hoteleros (Hotesur) e inmobiliarios (Los Sauces), supuesta asociación ilícita y negociaciones incompatibles. 

El caso gira en torno a los alquileres pagados por Báez y Cristóbal López a las empresas Hotesur y Los Sauces, propiedad de la familia Kirchner, mientras las constructoras de los empresarios obtenían licitaciones y contratos de obra pública. Este es el tercer expediente en el que la expresidenta es sobreseída este año antes del inicio del juicio oral y público. Ya lo había conseguido en el caso Memorándum con Irán, por presunto encubrimiento del atentado a la mutual judía AMIA, y en la causa Dólar Futuro, por presunta administración fraudulenta. 

La decisión del tribunal 5, que respondió a un pedido de los abogados de la vicepresidenta, Carlos Beraldi y Ari Llernovoy, fue por mayoría, dos votos contra uno. La jueza Adriana Pallioti votó en contra de los sobreseimientos y planteó que el caso debía ser analizado en un juicio oral y público. Sus colegas Daniel Obligado y Adrián Grünberg inclinaron el fallo a favor de Fernández de Kirchner y el resto de los imputados, incluidos la sobrina de la vicepresidenta Romina Mercado y Patricio Pereyra Arandia (pareja de la fiscal Natalia Mercado, otra de las sobrinas de la vice), entre otros.

El Código Procesal Penal admite el sobreseimiento anticipado en casos en los que surja nueva prueba que demuestre la inexistencia de delito, entre otros argumentos, pero este juicio aún tiene dos peritajes contables pendientes, solicitados por la defensa de Fernández de Kirchner, cuyos resultados aún no han sido entregados. 

La defensa de CFK argumentó que la entrega de resultados parciales de una de las pericias es argumento suficiente para plantear nueva prueba a su favor pero la jueza Palliotti resaltó en su voto de este viernes que esos resultados parciales no podían considerarse “prueba nueva” y que aún restaba la conclusión final de ambos informes contables y las declaraciones testimoniales de los peritos para explicar en el juicio el por qué de sus argumentos. Fue uno de los argumentos de la magistrada para oponerse a los sobreseimientos anticipados.   

Los Kirchner no niegan haber recibido dinero de Báez y López por el pago de alquileres Los abogados de la vicepresidenta sostienen que “Hotesur SA y Los Sauces SA eran negocios legales” y que “los pagos de los alquileres de departamentos y hoteles” realizados por los contratistas del Estado (Báez y López) no fueron dádivas o retornos por las licitaciones y contratos que los empresarios obtuvieron durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, según el escrito presentado por la defensa ante el planteo.

El fiscal del juicio, Diego Velazco, se había opuesto a los sobreseimientos anticipados y había solicitado que se permitiera el desarrollo del juicio para determinar luego si los imputados debían ser condenados o absueltos. Además, cuestionó duramente los resultados parciales de una de las pericias contables. En su último escrito, Velazco afirmó que el planteo de la defensa implicaba “una flagrante afectación de principios y garantías constitucionales como ser el debido proceso legal” y sostuvo que pretendía una “ficción de juicio”.

Valle Mitre, la sociedad de Báez que administró el hotel Alto Calafate entre 2008 y 2013 le pagó a Hotesur al menos $26.514.978 en concepto de “cánones locativos” y otros $6.909.708 por la gerencia del hotel Las Dunas, según los procesamientos dictados por el juez Julián Ercolini. Los contratos se firmaron con Néstor Kirchner en vida pero se prorrogaron en 2011, cuando el expresidente ya había fallecido. Los fondos de Valle Mitre que terminaron en el patrimonio de la familia Kirchner provenían a su vez de otras empresas de Báez con contratos de obra pública en Santa Cruz, como Austral Construcciones, Kank & Costilla Sa y Loscalzo y Del Curto SRL.

Los Sauces nació en 2008. Fue creada por Néstor, Cristina y Máximo Kirchner, pero comenzó a tener actividad como empresa inmobiliaria en 2009, cuando compañías de Báez y López comenzaron a girarle fondos, según consta en la confirmación de los procesamientos en la Cámara Federal porteña. Entre 2008 y 2010, Néstor y Cristina cedieron algunas propiedades de su patrimonio a Los Sauces. Luego Néstor y Máximo Kirchner adquirieron otros inmuebles y los inscribieron a nombre de la sociedad.

Entre 2009 y diciembre de 2016, Los Sauces le facturó $18.554.725 a dos empresas de Grupo Indalo (de López) y otros $6.851.650 a empresa del Grupo Báez por 2alquileres para viviendas u oficinas“. Entre ambos empresarios garantizaron casi el 90% de los ingresos de Los Sauces, según la pericia contable realizada durante la instrucción de la causa. La mayoría de los contratos de alquiler de las propiedades no pudieron ser hallados ni se dio con la totalidad de las facturas, según la pericia. La sociedad sólo registró dos empleados: un jardinero y Florencia Kirchner, según el fallo de la Cámara de 2017.

Los argumentos para sobreseer

Los jueces Obligado y Grünberg sostuvieron que los fondos utilizados para pagar los alquileres eran de “origen lícito” porque estaban bancarizados y porque “estuvieron respaldados por normas y decisiones emanadas de organismos oficiales y/o autoridades públicas” que autorizaron las contrataciones a las constructoras de Báez y López. 

“La apariencia de licitud de los activos estuvo dada desde el primer momento; es decir, desde que se realizaran los traspasos de fondos por las contrataciones de obra pública, licencias o concesiones, o se dispusieran beneficios impositivos o de otro tipo; todos ellos respaldados por la normativa de rigor”, afirmaron los jueces Obligado y Grünberg.

Los magistrados también sostuvieron que la acusación por presunta asociación ilícita “no resulta viable” porque se trataría del “mismo hecho” que está siendo juzgado en otro juicio contra Fernández de Kirchner y Báez, entre otros argumentos. Se refirieron al caso Vialidad, el único de los cinco juicios contra Fernández de Kirchner que fue iniciado en los tribunales. El caso es por presunta defraudación a la administración pública en la concesión de obras viales en la provincia de Santa Cruz a favor de las compañías de Báez. Sin embargo, los alquileres pagados por el empresario a Hotesur y Los Sauces no son parte de este expediente.

Los jueces Obligado y Grünberg también plantearon que debe aplicarse la ley más benigna y que hasta 2011 -los hechos investigados comienzan en 2008- el “autolavado” -es decir la maniobra de blanquear uno mismo su dinero de origen ilícito- no estaba contemplado por la ley argentina. 

La aplicación de la ley penal más benigna es otro de los argumentos para habilitar el sobreseimiento anticipado, según el Código Procesal Penal. En la sentencia contra Báez, sin embargo, los jueces del Tribunal Oral Federal número 4 tomaron otro criterio: que el delito de autolavado es continuado en el tiempo, ya que las maniobras y sus consecuencias se extienden a lo largo de los años y sobrepasa la barrera temporal de 2011.

La apariencia de licitud de los activos estuvo dada desde el primer momento.

Jueces Obligado y Grünberg.

Antecedentes

El fiscal Velazco podrá apelar la decisión del tribunal ante la Cámara Federal de Casación. Esta semana, los jueces que eventualmente revisarán el fallo de sobreseimiento anticipado también fallaron ante un planteo de la defensa en Hotesur-Los Sauces. La Sala I, compuesta por Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Ana María Figueroa, rechazó por dos votos contra uno un pedido de nulidad de la elevación del expediente a juicio, según publicó La Nación. 

En el caso Hotesur-Los Sauces, la defensa de Fernández de Kirchner ya había solicitado los sobreseimientos con anterioridad y los jueces Obligado y Palliotti habían rechazado el planteo en abril de 2019, de acuerdo con el fallo al que accedió elDiarioAR.

Las pruebas de Hotesur-Los Sauces están relacionadas con el juicio por el caso Vialidad (que está en pleno desarrollo y debe determinar si existió corrupción en la adjudicación de obras a Báez) y a la sentencia del juicio contra Báez por lavado de dinero de la obra pública (bautizado como “la ruta del dinero K”). En el veredicto anunciado en febrero último, Báez fue condenado a 12 años de prisión por lavado agravado de activos y los jueces de Tribunal Oral Federal número 2 establecieron en sus argumentos que los US$55 millones fugados y blanqueados por el exsocio de la familia Kirchner fue dinero proveniente de la corrupción. 

La particularidad de Hotesur-Los Sauces es que el caso arrastra el mayor peso personal para Fernández de Kirchner: sus hijos Máximo y Florencia integran la lista de acusados por integrar las sociedades comerciales investigadas. A diferencia de Máximo, la menor no tiene fueros, pero el caso en su contra es el más débil, según confió una fuente judicial que se encuentra trabajando en el caso. 

Según la acusación, el actual diputado y jefe de bancada oficialista en la cámara baja, Máximo Kirchner, sí tuvo un rol activo en los negocios familiares, en especial tras la muerte de Néstor Kirchner a finales de 2010. Por ejemplo, era apoderado de una cuenta bancaria de Hotesur y según actas de la compañía, que constan en el expediente, tomaba decisiones con respecto al rumbo de la empresa.

La instrucción complementaria del caso también se centraba en demostrar irregularidades en la forma en la que los Kirchner se capitalizaron para adquirir los hoteles. La fiscalía de juicio tiene en la mira un mutuo hipotecario con Báez; un préstamo del Banco de Santa Cruz (manejado por la familia Eskenazi, que ingresó a YPF justamente en 2008 gracias a la bendición oficialista); y la compra-venta de un terreno de dos hectáreas adquirido por Kirchner a la Municipalidad de El Calafate en unos $150.000 y luego revendido en alrededor de US$2,4 millones al grupo Cencosud (beneficiado más tarde con la demorada aprobación de la fusión de Disco y Jumbo). 

ED

A fines de octubre la defensa de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner y de sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, a cargo del abogado Alberto Beraldi, había pedido la desvinculación de las causas Los Sauces y Hotesur. Finalmente este miércoles el fiscal federal Diego Velasco solicitó que se rechace el planteo de los Kirchner y de otros acusados y que se fije una fecha para el juicio oral.

En una nota del periodista Martín Angulo para Infobae, fuentes judiciales informaron que “Velasco presentó esta mañana su dictamen ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 5 de Comodoro Py que ahora debe resolver si sobresee a Cristina Kirchner y al resto de los acusados o si rechaza los planteos y confirma la realización del juicio oral”.

El fiscal indicó que las prueba se tienen que analizar en el proceso oral para el que solicitó que se pacte su fecha de inicio para juzgar una presunta asociación ilícita y lavado de dinero en el alquiler de hoteles y propiedades.

“Previo trámite de ley, se dicte el sobreseimiento de Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner, Florencia Kirchner, Romina de los Ángeles Mercado y Patricio Pereyra Arandia en orden a los delitos por los cuales fuera acusados, con expresa mención de que la formación de este proceso en nada afecta su buen nombre y honor”, decía la presentación de 65 páginas que hizo la defensa en octubre.

En el caso Hotesur se investiga una supuesta maniobra de lavado de dinero proveniente de sobornos de contratistas de obra pública, como del empresario Lázaro Báez.

Para los investigadores judiciales, los sobornos se habrían pagado a través de la simulación de alquileres de habitaciones del hotel Alto Calafate, administrado por la firma Hotesur, de la familia Kirchner.

La causa se inició en noviembre de 2014 por una denuncia de la entonces diputada nacional Margarita Stolbizer, mientras que la ex presidenta había sido indagada por estos hechos en noviembre del año pasado.

Con información de Infobae.

AB

La vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, y sus hijos, el diputado de la nación Máximo Kirchner, y Florencia Kirchner pidieron su sobreseimiento en “Los Sauces” y “Hotesur”.

En una nota del periodista Martín Angulo para Infobae, fuentes judiciales informaron que la solicitud fue llevada a cabo la semana pasada por el abogado de los Kirchner, Alberto Beraldi, ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 5 que tiene a su cargo el expediente. El abogado además pidió el sobresiemiento de Romina de los Ángeles Mercado, hija de la gobernadora de Santa Cruz Alicia Kirchner, y de Patricio Pereyra Arandia, otros dos acusados del caso.

“Previo trámite de ley, se dicte el sobreseimiento de Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner, Florencia Kirchner, Romina de los Ángeles Mercado y Patricio Pereyra Arandia en orden a los delitos por los cuales fuera acusados, con expresa mención de que la formación de este proceso en nada afecta su buen nombre y honor”, dice la presentación de 65 páginas que hizo la defensa.

En el caso Hotesur se investiga una supuesta maniobra de lavado de dinero proveniente de sobornos de contratistas de obra pública, como del empresario Lázaro Báez.

Para los investigadores judiciales, los sobornos se habrían pagado a través de la simulación de alquileres de habitaciones del hotel Alto Calafate, administrado por la firma Hotesur, de la familia Kirchner.

La causa se inició en noviembre de 2014 por una denuncia de la entonces diputada nacional Margarita Stolbizer, mientras que la ex presidenta había sido indagada por estos hechos en noviembre del año pasado.

Con información de Infobae.

AB

La estrategia judicial de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner para evitar el inicio de los juicios en su contra volvió a la escena pública con el debate sobre su planteo de nulidad del juicio oral y público por el Memorándum con Irán, que estaba en condiciones de comenzar este año, según confirmó una fuente directa del expediente a elDiarioAR.

En la búsqueda por dilatar o anular el inicio de las audiencias formales de los juicios, los argumentos de su defensa varían según el caso, pero siempre apunta a intentar demostrar que el Poder Judicial supuestamente montó las causas en su contra entre 2014 y 2019, pero especialmente durante el gobierno de Mauricio Macri. 

El lawfare o guerra judicial; la relación entre ciertos jueces con el expresidente de Cambiemos; el presunto accionar en su contra de la “mesa judicial” del macrismo; la cosa juzgada; y el viraje del eje hacia los empresarios y hasta el propio Alberto Fernández, son algunas de las piezas de esa estrategia, según surge de las medidas y planteos realizados por la vice en los principales casos que la tienen como imputada. 

En la causa por el Memorándum con Irán (firmado en 2013), Fernández de Kirchner y exfuncionarios de su última gestión están acusados de encubrir a los iraníes imputados por el atentado de 1994 a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). La causa del memorándum se basó en la denuncia del fiscal Alberto Nisman y todos los denunciados han negado las acusaciones.

La defensa de la vicepresidenta, a cargo del abogado Carlos Beraldi, planteó que el juicio debe ser anulado ante la posible parcialidad de los jueces de la Cámara de Casación Federal Mariano Borinsky y Gustavo Hornos. Ambos magistrados reabrieron la causa en 2016, luego de que la denuncia había sido inicialmente desestimada por el juez Daniel Rafecas. Con nuevas supuestas pruebas aportadas por familiares de víctimas del atentado, los jueces ordenaron seguir investigando el caso en el juzgado de Claudio Bonadio.

El pedido de Fernández de Kirchner se basa en la reciente aparición de Borinsky y Hornos en los registros de visitas al expresidente Macri en la Casa Rosada y la Quinta de Olivos poco antes de ordenar la reapertura de la causa. En los despachos de ambos jueces, en el primer piso de Comodoro Py, rechazan los planteos.

Esta audiencia se inventó para estos imputados en particular y este caso en particular,

Tomás Farini Duggan — Abogado querellante.

“El pedido de nulidad está apoyado sobre la prueba que el tribunal se encuentra produciendo actualmente: los registros de ingresos y egresos a la Casa Rosada y la Quinta de Olivos (durante la gestión de Macri); el contenido del teléfono celular de Darío Nieto (secretario privado del expresidente); y la causa sobre la mesa judicial (del macrismo)”, explicó Beraldi a elDiarioAR.

El tribunal accedió a producir estas medidas de prueba pero no autorizó otra de las solicitudes de la vicepresidenta: citar como testigos a los querellantes del juicio, los familiares de víctimas del atentado, Luis Czyzewski y Mario Averbuch, quienes fueron quienes solicitaron formalmente la reapertura del caso en 2016. 

El objetivo de la defensa era que ambos declaren si fueron asesorados por el juez Borinsky para encontrar la forma de que la denuncia de Nisman fuera reabierta.

La audiencia para tratar la nulidad del juicio ya fue autorizada por el Tribunal Oral Federal número 8 (aunque aún no se fijó fecha) y de su resultado dependerá si el juicio se inicia o se frustra. 

Una fuente directa de la causa analizó que los escenarios son diversos e inciertos: el tribunal puede anular el juicio o sostenerlo al considerar que no hay elementos de nulidad; podría ordenar los sobreseimientos anticipados de los imputados o que el expediente regrese a primera instancia para ser investigado nuevamente por otro juez. Sea cual fuera, el caso, terminará en la Cámara Federal de Casación, por recursos de la defensa o de las querellas.

“Estamos frente a una situación atípica. En primer lugar porque la audiencia que el tribunal ha autorizado a celebrarse está por fuera de la ley, no tiene ninguna lógica y no está prevista en el Código Procesal Penal”, sostuvo Tomás Farini Duggan, abogado de los familiares de la AMIA que actúan como querellantes. 

El pedido de nulidad está apoyado sobre la prueba que el tribunal se encuentra produciendo: los registros de ingresos y egresos a la Casa Rosada y la Quinta de Olivos; el contenido del teléfono celular de Darío Nieto; y la causa sobre la mesa judicial.

Carlos Beraldi — Abogado de la vicepresidenta.

“En segundo lugar, es una audiencia que le permite a los imputados exponer su versión de los hechos sin que nadie los refute, sin contrarrestar sus dichos con testigos y otras medidas de prueba. Es una parodia del juicio porque quieren imitar un juicio sin que exista la posibilidad de condena. Al mismo tiempo medios afines al gobierno anuncian que esta audiencia se hace para que pase lo mismo que sucedió con la causa Dólar Futuro: que los imputados expongan sus argumentos y los jueces los sobresean” antes del juicio.

La vicepresidente ya barrió de su tablero judicial al caso Dólar Futuro, otro de las causas  que estaban en condiciones de comenzar este año en etapa de juicio oral y público. En abril último, la Sala I de la Casación sobreseyó a Fernández de Kirchner y al resto de los imputados (entre ellos el gobernador bonaerense, Axel Kicillof). 

Los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Ana María Figueroa debían definir si la causa llegaba a juicio oral por presunta administración fraudulenta en perjuicio a la Administración Pública o era archivada antes del inicio del proceso. Tras una audiencia virtual con un alegato encendido y político por parte de la principal imputada, los magistrados determinaron que la maniobra investigada respondió a una cuestión política y no delictiva.

En plan de giro

El planteo de Fernández de Kirchner logró torcer el camino hacia el juicio por el memorándum, cuestionado por las defensas y distintos sectores políticos que argumentan que las pruebas son endebles y falsas.

A su vez, el pedido de audiencia para tratar la nulidad generó un efecto en cadena que a su vez ayuda a dilatar el inicio del proceso. 

Luego de que el fiscal apoyara la realización de la audiencia y el tribunal autorizara su realización, se tornó inevitable el enfrentamiento con las dos querellas: los familiares de víctimas del atentado a la AMIA; y Jorge Knoblovits, como presidente de la querella Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA). Ambas recusaron a los jueces y al fiscal para intentar apartarlos del juicio.

No hay ningún argumento para apartar al fiscal del juicio.

Carlos Beraldi — Abogado de la vicepresidenta.

El 25 de junio último, los jueces del tribunal (María Gabriela López Iñiguez, Daniel Obligado y José Michilini) se negaron a apartarse. Las querellas presentarán un recurso ante la Casación, donde además se deberá debatir qué jueces intervendrán esta vez en la causa, ya que Borinsky y Hornos deberían excusarse.

Además, este miércoles 7 de julio, las partes tendrán una audiencia virtual previa a la audiencia que solicitó Fernández de Kirchner. En esta primera cita, se tratará la recusación del fiscal del juicio, Marcelo Colombo, planteada también por las querellas, que consideran que el magistrado debe apartarse del caso por haber hecho lugar a los pedidos de las defensas, como, por ejemplo, la celebración de la audiencia para tratar la nulidad de la causa.

Al menos hasta este viernes, Fernández de Kirchner no iba a participar de la audiencia del miércoles 7, según informó su defensa, que considera que “no hay ningún argumento para apartar al fiscal del juicio”. 

“Esta audiencia se inventó para estos imputados en particular y este caso en particular”, afirma Farini Duggan, abogado de los familiares de la AMIA. “La estrategia de las defensas siempre fue que el juicio no se iniciara”, agregó

La defensa de Fernández de Kirchner también cuestionó que aún no se haya citado en la causa a Ronald Noble, exsecretario General de Interpol (2000-2014) para que declare ante el tribunal como testigo en una audiencia previa al juicio y demostrar que la acusación se basaría en falsedades. El tribunal ordenó la citación a fines de 2020. Según Farini Duggan, ese pedido fue el primer intento de frustrar el juicio. “Eso no prosperó porque Interpol se opone” a que Noble declare, agregó el abogado querellante. 

Una carta demorada

Noble desmintió públicamente la denuncia de Nisman sobre un acuerdo entre el gobierno argentino e Irán para hacer caer las alertas rojas contra los exfuncionarios iraníes acusados por el atentado a la AMIA, base de la acusación del juicio pendiente. Pero ni el tribunal ni siquiera ha podido notificarlo para proceder con su citación, confirmaron dos fuentes judiciales del caso.

El exjefe de Interpol también fue denunciado por este caso y luego sobreseído en octubre de 2020. Los familiares de la AMIA apelaron su sobreseimiento ante la Cámara Federal porteña, pero el tribunal de apelaciones tampoco pudo confirmar o desestimar el sobreseimiento de Noble. 

El caso está en la Sala II, integrada por los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico. En mayo, Boico se excusó de intervenir, ya que fue el abogado de la vicepresidenta en la causa del Memorándum. Además, Irurzun envió nuevamente la causa al juzgado de primera instancia, ahora a cargo del juez Julián Ercolini, y ordenó que se agoten las diligencias para tratar de ubicar a Noble y notificarlo para que designe a un abogado defensor. 

El Estado argentino le ha asignado al defensor oficial Juan Martín Hermida pero Noble nunca ha confirmado su voluntad de que éste sea su abogado o si, de lo contrario, desea nombrar a un defensor particular, informaron dos fuentes judiciales y una fuente directa del caso a este medio.

La estrategia de las defensas siempre fue que el juicio no se iniciara.

Tomás Farini Duggan — Abogado querellante.

La Justicia federal, en distintos momentos, ha intentado notificar a Noble vía Interpol, Cancillería y correo electrónico, pero sin éxito, explicó una fuente directa del caso. En su defensa, un asesor legal de Noble en el país explicó a elDiarioAR que el exjefe de Interpol pasó “de testigo estrella a imputado” luego de presentar “un escrito ante el juez Bonadio (quien instruyó la causa) solicitando declarar y luego de que se supo que testificaría a favor del excanciller Héctor Timerman”.

Esta semana, el juez Ercolini ordenó intentarlo una vez más a través de unos números de teléfono celular que le informó el Tribunal Oral Federal número 8, confirmó la fuente con acceso al expediente. Aún esperan la respuesta de Noble a su notificación vía mensaje de texto. Sin un abogado defensor, el pedido de los familiares de la AMIA para revocar su sobreseimiento no podría ser tratado.

Los Sauces y Hotesur

Mientras que el juicio oral y público por los cuadernos por supuestos cohechos no avanza aún (ni siquiera se dio inicio a la etapa de instrucción complementaria, según confirmaron dos abogados defensores), en el Tribunal Oral Federal número 5 avanzan lentamente los casos Hotesur y Los Sauces por presunto lavado de activos a través de alquileres de sus hoteles y propiedades a los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López.

Se espera que a finales de este año la producción de prueba complementaria esté finalizada, es decir, medidas de prueba que complementen las que ya se produjeron durante la instrucción de la causa, explicó una fuente directa del expediente. En este caso, se realizaron, entre otras medidas, dos pericias contables a pedido de las defensas. Una vez concluida esta etapa, el tribunal número 5 deberá fijar fecha de inicio del juicio oral y público y decidir qué prioridad le da a este debate.

Hotesur-Los Sauces se unificó en un único expediente y tiene entre sus imputados a Fernández de Kirchner y a sus hijos, el jefe de la bancada oficialista en Diputados, Máximo, y la menor, Florencia. 

En este caso, en el que la prueba es considerada sólida por los acusadores, la carta de la vicepresidenta se juega en la Corte Suprema. El máximo tribunal tiene pendientes para resolver varios de sus planteos, cuyos argumentos también podrían ahorrarle a los Kirchner este juicio oral y público.

Uno de esos planteos es que los hechos de la acusación ya se investigaron en las causas por presunto enriquecimiento ilícito del matrimonio Kirchner, cerradas con sobreseimientos anticipados entre 2008 y 2011. Por esa razón, plantean que Hotesur-Los Sauces sería cosa juzgada.

Los testigos de Vialidad

El Tribunal Oral Federal número 2 lleva adelante el juicio por Vialidad o supuesta corrupción en la adjudicación de obra pública en Santa Cruz, pero el veredicto está muy lejos: se espera al menos seis meses más de declaraciones de testigos, según dos fuentes del caso. La acusación que lleva adelante el fiscal Diego Luciani apunta a demostrar que el empresario Lázaro Báez, exsocio de la familia Kirchner, fue beneficiado irregularmente con licitaciones viales, en las que existió supuesta cartelización entre los empresarios y presuntos sobreprecios en las obras.

La estrategia de defensa de Fernández de Kirchner es intentar demostrar que Báez no fue favorecido por su gobierno y que no existieron sobreprecios. En lo inmediato busca dar vuelta el foco hacia los empresarios: solicitó que se cite a declarar a Angelo Calcaterra, exdueño de la constructora Iecsa y primo del expresidente Macri; a Carlos Wagner, otrora cabeza de la compañía Esuco; y a Eduardo Eurnekian, presidente de Corporación América. 

Los tres empresarios licitaron y ganaron obras públicas en la provincia de Santa Cruz y la defensa de la vice quiere interrogarlos para que declaren cómo se efectuaban los procesos de licitaciones en la provincia, según confirmó el abogado de la vice. También explicó que Calcaterra ya planteó al tribunal que no podría presentarse a declarar como testigo porque está imputado en la causa de los cuadernos (como Wagner; un sobrino de Eurnekian admitió también es esa causa pagos indebidos a los Kirchner).

Otros dos testigos solicitados por el abogado de Cristina son dos de sus jefes de Gabinete: el presidente Alberto Fernández y el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich. Sin embargo, la defensa solicitó posponer sus testimonios hasta que las audiencias puedan ser presenciales. Es una onda que abarca y expone a sus aliados políticos.

Este juicio también tiene planteos ante la Corte Suprema que cuestionan las decisiones del tribunal.

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