Los investigadores del intento de homicidio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner probarán un último recurso tecnológico para intentar recuperar el contenido del teléfono celular de Fernando Sabag Montiel, el hombre que apuntó una pistola cargada y gatilló a centímetros de la cara de la expresidenta el 1° de septiembre último. La técnica que aplicarán es riesgosa pero es la única alternativa para intentar esclarecer el punto más opaco de la causa, explicaron a elDiarioAR fuentes con acceso directo al expediente. 

El teléfono de Sabag Montiel fue secuestrado de entre las posesiones que el hombre llevaba consigo la noche del atentado. Al comienzo de la madrugada del sábado 3 de septiembre, 19 minutos y 26 segundos después de la medianoche, el Samsung Galaxy A50 quedó restablecido a sus valores de fábrica, es decir, volvió a cero y se perdió el contenido (chats, mensajes, agenda, anotaciones, fotos, videos, archivos) producido por Sabag Montiel. 

Los datos surgen del informe de pericia realizado por la Gendarmería a pedido del fiscal Carlos Rívolo y ordenado por la jueza María Eugenia Capuchetti para establecer qué sucedió con el teléfono y por qué se perdió una prueba central para la investigación. La magistrada denunció a los peritos de la Policía Federal Argentina (PFA) y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que intervinieron en la manipulación del celular en pos de realizar la extracción del contenido.

Gendarmería estableció que el reseteo del teléfono fue debido a una “errónea manipulación del dispositivo”, producto de una supuesta cadena de errores que habría comenzado durante la primera pericia (realizada por PFA), la aplicación de dos softwares que no eran acordes al teléfono, el hecho de que el perito de la Federal no envió un protocolo a los peritos de la PSA sobre qué pruebas y softwares había aplicado en los tres intentos frustrados para abrir el dispositivo y el intento final de los técnicos de la PSA que terminó por restablecer el teléfono a los valores de fábrica.

La PSA realizó otras pericias para recuperar parte del contenido del celular alojado en la nube, pero con las herramientas agotadas y la investigación delegada en sus manos, la fiscalía optó esta semana por la última carta: con la conformidad de la jueza y de los abogados de Fernández de Kirchner, que integran la querella, buscará aplicar una técnica a través del programa UFED Premium.

La herramienta aún no se utilizó y tiene la característica de que ofrece un rango de éxito en el intento de recuperar parte o la totalidad del material del dispositivo pero si fracasa, el contenido se borrará definitivamente, sin posibilidad de aplicar otro intento o tecnología, explicó una fuente directa de la investigación a elDiarioAR.

El protocolo indica que en primer lugar se debe intentar la pericia en un teléfono de la misma marca y modelo que el de Sabag Montiel a modo de prueba, con el objetivo de estudiar el recorrido que debe aplicarse para restablecer el contenido perdido. La jueza Capuchetti ya envió un oficio a la Gendarmería para que la fuerza le informe si cuenta con el programa indicado.

ED

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, sostuvo este viernes que coincide “con la mayoría de las cosas” que fueron planteadas por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner durante el discurso que realizó horas atrás en La Plata en un acto por el Día de la Militancia, pero le respondió los dichos en materia de seguridad y aseguró que en las fuerzas federales a su cargo no existe la visión de “no cumplir con lo que hay que cumplir”.

Durante el acto en el estadio Diego Maradona, la expresidenta recordó que cuando estuvo al frente del Gobierno se desplegaron miles de efectivos federales en territorio bonaerense en el marco del Operativo Centinela. “La gente lo pedía porque tenía más confianza. No sé por qué no podemos volver a hacer lo mismo: desplegar miles de gendarmes en el Conurbano en lugar de tenerlos en medio de la Patagonia nadie sabe haciendo qué”, cuestionó.

En ese sentido, el titular e la cartera de Seguridad aseguró no compartir “lo que dice ella. Las cuatro fuerzas (Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y PSA) no son conducidas per se, son conducidas por un civil y ese civil soy yo. Lo que dice Cristina no es verdad. Esas decisiones las tomamos nosotros y las ejecutan los profesionales. Lo que hacen en la Patagonia está pensado y diagramado”. Y agregó que el territorio que rodea a la ciudad de Buenos Aires “no es jurisdicción nuestra, lo que hacemos es colaborar. Los gendarmes están en el Conurbano. Lo que se dice, a veces se dice sin conocerse”, le contestó a a la vicepresidenta.

Sin embargo, aclaró que el discurso “de Cristina me gustó. Se plantearon cosas importantes y yo no puedo ocultar el amor y el cariño que siento por ella. Es mi familia, vengo de ahí y no me pienso ir de ahí. Coincido con la mayoría de las cosas que dijo”, afirmó el ministro en declaraciones a Radio 10.

En ese sentido, Aníbal Fernández destacó la “vocación” de la exmandataria de “expresarse lo más amplío posible y discutir temas espinosos”.

Por otra parte, al ser consultado por el pedido de la Vicepresidenta de terminar con el debate entre mano dura y garantistas, Fernández sostuvo que coincide “al 100%” con esa postura.

“En los 14 meses que estamos (frente al ministerio) no hemos tenido ni una sola denuncia por violencia institucional. En cuanto al garantismo y lo que quieren insinuar con eso, no tenemos esa visión. Si hay que actuar, se actúa, cumpliendo con lo que dice la ley”, remarcó.

Finalmente, Aníbal Fernández consideró que “todos los días hay algo para cambiar o mejorar” y sostuvo que no existe “la sociedad sin delito” pero señaló que eso no significa que “se permitan cosas que antes no se permitían”.

“Hace 10 días detuvimos, con colaboración de las policía uruguaya y peruana, al narco más buscado de Argentina desde hace cinco años. Lo encontramos nosotros. Si te pones las pilas, lo podes hacer”, completó.

En su discurso de ayer, la Vicepresidenta definió a la inseguridad como una “deuda” de la democracia y postuló avanzar en acuerdos que permitan delinear políticas de seguridad que eviten la “autonomización” de las fuerzas y garanticen su control civil.

“Las fuerzas son una parte de la solución, pero también son una parte del problema si no se subordinan al poder civil”, declaró y se preguntó por qué no desplegar gendarmes en el conurbano bonaerense para poner la mirada en “esos lugares que están sufriendo” la inseguridad, en vez de mantener a los efectivos en la Patagonia, donde “no sabemos qué están haciendo”.

Con todo, marcó como prioridad el “orden de una sociedad con padres y madres que trabajan y con chicos que van a estudiar y vuelven a comer a sus casas, no en las escuelas o en los merenderos”.

Con información de agencias.

IG

Luego que la jueza federal Silvina Domínguez rechazara los pedidos de excarcelación, cuatro de las siete mujeres detenidas por el operativo de desalojo del Comando Conjunto de las fuerzas de seguridad fueron provistas con prisión domiciliaria por su condición de madres. Por otro lado, las restantes tres mujeres permanecen detenidas.

Las tres mujeres que siguen en la sede regional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) son Andrea Despo, Florencia Melo y Débora Vera: en un primer momento, habían sido llevadas en avión a Buenos Aires para ser encarceladas en el Complejo Penitenciario Federal IV de Ezeiza, pero ayer por la tarde fueron trasladadas de regreso a Bariloche, por decisión de la jueza.

Aquellas que recibieron el beneficio de la prisión domiciliaria son Martha Luciana Jaramillo, Betiana Collhuan, Celeste Guenumil y Romina Rosas. En el caso de Rosas, está cursando un embarazo de 40 semanas. Luego de concedérseles la prisión domiciliaria, las cuatro fueron llevadas en un operativo que se prolongó desde las 3 hasta las 5 de la mañana de este domingo hasta un domicilio particular del barrio Lomas de Villaverde, en el oeste de Bariloche.

Los abogados defensores de las siete mujeres, entre otros reclamos procesales, cuestionaron la situación particular de Jaramillo, quien pese a ser madre de dos niños fue llevada a Ezeiza para ser alojada en un establecimiento del Servicio Penitenciario Federal (SPF) ubicado a 1600 kilómetros de su lugar de residencia. “Su situación era conocida desde el primer momento”, advirtió a Télam el abogado Ezequiel Palavecino, quien integra la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), y señaló las “contradicciones” de la jueza por haber decidido en un primer lugar el traslado de Jaramillo a Ezeiza.

En ese sentido, Palavecino indicó que “lo que viene haciendo la jueza (Silvina Domínguez) nos genera toda esta situación de indefensión para ellas, porque es imprevisible lo que va a hacer”. El letrado mencionó también como una segunda “contradicción” de la magistrada que “dictamine el traslado hacia Bariloche de las cuatro mujeres detenidas en Buenos Aires y que, al mismo tiempo, decida otorgar la prisión domiciliaria” en un mismo día.

Ayer por la noche, Andrea Despo, quien había sido llevada a Ezeiza, grabó un video desde la unidad de la PSA de Bariloche. En el mensaje, expresó que “parte de nuestro reclamo de volver a Bariloche se cumplió”, y le exigió a la Justicia que le devuelva la libertad “porque es nuestro derecho”. En esa misma línea, manifestó: “Los procedimientos legales se pueden hacer con nosotras en libertad”.

Además, el defensor Palavecino señaló que “la jueza rechazó todos los pedidos” de excarcelación, y planteó que la magistrada tendrá que explicar “cuál es la urgencia de que se obstruya el proceso judicial” para validar las detenciones. En el traslado hacia Buenos Aires, el abogado denunció “vejaciones” hacia las mujeres porque fueron “revisadas estando desnudas cuatro veces mientras estaban con custodia”.

Por otra parte, dijo que en el caso de Romina Rosas, la mujer embarazada, “le denuncié a la jueza al momento de la indagatoria que estaba en una habitación de tres por dos y que a un metro y medio tenía dos oficiales de la PSA que todo el tiempo la estaban grabando con una cámara, sin intimidad”.

El Ministerio de Salud de la Nación informó este domingo que las autoridades están garantizando que se cumpla la ley de Parto Respetado en este caso. La cartera de Estado informó que “tomó conocimiento de un posible incumplimiento de la Ley 25.929 de Parto Respetado que involucra a una mujer de la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu que cursaba un embarazo con fecha cercana de parto y fue detenida, siendo consecuencia de eso su traslado al hospital de Bariloche”.

“En efecto se trata de una gestante cursando la semana 39 que fue internada por razones de salud sin ningún signo de riesgo clínico ni de inicio de trabajo de parto”, añadió en un comunicado. “En atención a lo expuesto, el Equipo de referencia para la implementación de la ley de parto respetado tomó comunicación con integrantes de la comunidad mapuche para que se garantice una atención de la salud perinatal con pertinencia cultural”, explicó.

Y dijo que “en este sentido se solicitó al hospital que se respete el derecho a estar acompañada previsto en el artículo 2 de la Ley 25.929, petición que a su vez ya había sido presentada por las autoridades del hospital al juzgado interviniente, y que redundó en el efectivo ingreso de su püñeñelchefe, partera empírica y una autorización para permanecer acompañada”.

El ministerio que conduce Carla Vizotti reseñó que “desde entonces, el mencionado equipo técnico mantiene comunicación permanente con su par rionegrino y con la comunidad mapuche monitoreando la situación y el estado de la persona para que se dé pleno cumplimiento de la Ley N° 25.929 de Parto Respetado”.

Palavecino señaló que el viernes pasado desde la defensa presentaron una denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por “violación a los derechos humanos”, la cual ya fue consignada bajo el número MC-773-22.

Refiriéndose a la causa, el abogado se quejó: “Todavía desconozco lo que dice el expediente porque continúa con secreto de sumario”, y agregó que “objetivamente no existe ninguna prueba que vincule (a sus defendidas) a los hechos de la indagatoria”.

El martes pasado, las fuerzas federales y provinciales organizadas en un comando unificado desalojaron varios predios en las inmediaciones de la ruta 40, en la localidad rionegrina de Villa Mascardi, en un procedimiento que culminó con la detención de siete mujeres del asentamiento mapuche Lof Lafken Winkul Mapu.

LC con información de agencia Télam

Cómo y por qué una pareja de flamantes vendedores de copos de azúcar terminó protagonizando un intento de magnicidio; cómo pasó Fernando Sabag Montiel de intentar vender un colchón por 2.000 pesos a apuntar y gatillar un pistola a centímetros de la vicepresidenta; por qué Brenda Uliarte mutó de hija de un kirchnerista a presunta instigadora del asesinato de Cristina Fernández de Kirchner; o por qué el acto criminal fue frustrado y la expresidenta logró salvar su vida. 

A un mes del hecho que casi le cuesta la vida a la principal líder política del país, la causa tiene cuatro procesados con prisión preventiva, aunque aún resta responder varias preguntas. Existen pericias informáticas y psicológicas pendientes. En los tribunales de Comodoro Py, una causa de cuatro semanas está en pañales. Pero el expediente por el atentado a Fernández de Kirchner tiene plazos diferentes: se mueve rápido, con tropiezos, pero veloz.

La jueza María Eugenia Capuchetti procesó como coautores de homicidio calificado en tentativa a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte. Este viernes, además, dictó los procesamientos de dos allegados a la pareja, Nicolás Gabriel Carrizo y Agustina Díaz, como partícipes secundarios. Ninguno de los cuatro ha reconocido su autoría en el hecho. Ni siquiera Sabag Montiel, arrestado in fraganti.

Los cuatro acusados pertenecen al mismo estrato social, una clase media baja experta en rebuscarselas en la economía informal. Sabag Montiel y Uliarte tenían algo más en común: mientras buscaban formas de ganar dinero, ambos aspiraban a la notoriedad y al protagonismo entre sus pares. “Aires de grandeza”, “fabulera”, “agrandado”, “mentirosos”, los calificaron algunos testigos e los otros dos imputados. 

Carecían de contención familiar y social. Uliarte desprecia tanto a su padre como a Fernández de Kirchner, a quienes ve reflejados en un espejo, según surge de una de las conversaciones extraídas del celular de Carrizo y a las que accedió elDiarioAR. Sabag Montiel nunca conoció a su padre, por quien también mostró un grado de desprecio, según aclaró en su primera declaración indagatoria, afirmó una fuente directa del caso a este medio.

La causa parece haber entrado en una meseta que, por el momento, gira sobre el entorno de los acusados, con resultados periféricos.

Fernández de Kirchner y el oficialismo insisten en que los detenidos serían sólo los “autores materiales” del atentado. Durante su alegato en el juicio oral y público por el caso Vialidad, la vicepresidenta sugirió que el Poder Judicial y los medios eran instigadores indirectos de sus homicidas -“dan licencia social para cualquier cosa”, dijo en referencia al intento de homicidio-, pero enfatizó que existirían “autores intelectuales”, a quienes no puede identificar. 

La pericia sobre el arma realizada por la Policía federal determinó que la pistola Bersa calibre 32 era apta para el disparo al igual que las cinco balas halladas en el cargador. Si bien, los peritos detectaron una falla en la corredera afirmaron que esa no era la razón por la que la bala no había sido disparada. “Yo sí sé disparar”, dijo Uliarte en una conversación sobre el intento fallido de Sabag Montiel.

En el gatillo, corredera y empuñadura de la Bersa detectaron dos muestras de ADN: una es compatible con el de Sabag Montiel; la segunda pertenece a un segundo individuo no identificado, de acuerdo con el informe citado por la jueza en los procesamientos de este viernes.

Más allá de la oportunidad política que la oposición le pueda adjudicar a esa teoría, los perfiles de los acusados que surgen de las pruebas acumuladas en el expediente generan la sensación de que creer que Sabag Montiel y Uliarte habrían estado al borde de un magnicidio que pondría en riesgo la estabilidad política y social de un país es pecar de inocente. Sin embargo, la Justicia aún no encuentra ningún indicio certero de la existencia de un “cerebro” detrás del intento criminal que supere la figura de Uliarte.

En la última semana, la jueza ordenó una serie de allanamientos al hermanastro de Carrizo y a uno de sus contactos telefónicos, a pedido de la querella que representa a la vicepresidenta. Se secuestraron más teléfonos y dispositivos electrónicos. 

Desde hace tres días, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) se encuentra realizando una nueva pericia del teléfono celular de Sabag Montiel, el Samsung A50 que se le secuestró tras el hecho y que apareció formateado de fábrica y sin poder acceder a su contenido. Sólo se recuperó hasta el momento el material de una tarjeta de memoria externa y del chip.

En otro expediente iniciado por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) tras el atentado, el fiscal Gerardo Pollicita investiga a grupos de libertarios que podrían haber estado vinculados a Uliarte. En las últimas horas, el juez Julián Ercolini ordenó una batería de medidas solicitadas por el fiscal, informaron dos fuentes del caso a elDiarioAR. La causa está en secreto de sumario.

La “banda”

Sabag Montiel vivía de los alquileres de su vivienda familiar en Paternal y de tres autos viejos. Presenta “ideas de tipo delirante” y “relato confuso”, establecieron dos psicólogas de la Policía Federal Argentina (PFA) que lo evaluaron después de su detención. “Fue un flash como si apagaran la luz”, dijo a las especialistas cuando describió el momento en el que intentó matar a la vicepresidenta. “No entiendo nada”, agregó.

Tiene 35 años pero evidencia “inmadurez afectiva la cual compensa con tendencia a la actuación la cual puede afectar la capacidad de reflexión”, explicaron en otro informe la psicóloga Mónica Herrán y Maximiliano Luna, coordinador del Departamento de Psiquiatría Forense del Cuerpo Médico Forense (Poder Judicial), según publicó La Nación. “Está en condiciones de declarar” y descartaron que sea inimputable.

Durante su primera declaración indagatoria, en la alcaldía de la Policía Federal de la calle Cavia, parecía no comprender la gravedad de su escenario. Sabag Montiel quería hablar -es difícil callarlo, aseguran quienes lo trataron en el último mes- pero su defensor oficial, Juan Martín Hermida, le recomendó que no lo hiciera para garantizar su defensa. 

Aún así, tras escuchar la imputación en su contra, el detenido quiso “hacer algunas aclaraciones” ante la jueza y el fiscal Carlos Rívolo: afirmó, ofendido, que no fue ni es chofer de Uber; que no conoce a su padre; y que quería que la Justicia identifique a quienes lo golpearon durante los forcejeos que se produjeron tras el hecho. Tenía un ojo morado. 

Cuando la PSA lo trasladó el 23 de septiembre último para ingresar en una cárcel federal, Sabag Montiel todavía llevaba puesta la misma ropa del día de su detención, 22 días antes. “Chau, chicos, gracias por todo”, dijo mirando a la cámara oficial que registró el operativo (ver video en esta nota).

Durante su primera entrevista con su abogado, Hermida le preguntó si tenía a alguien a quien llamar para que le acercara ropa. “Ámbar”, respondió, en referencia al sobrenombre de Uliarte. No tenía a nadie más. Días después, su novia también quedó detenida cuando la jueza la identificó en una imagen que corroboraba que había estado en el lugar y momento del hecho. 

Cuando la policía ingresó al monoambiente que alquilaban en San Martín, encontró el lugar sucio y revuelto. Hallaron restos de placenta y de un cordón umbilical.

“Quiero hablar del Hombre Gris”, dijo a uno de sus interlocutores en las últimas semanas. Del otro lado, lo frenaron. Sabag Montiel no tiene tiempo para teorías esotéricas -enfrenta una posible condena a 15 años de prisión-, pero quería hablar sobre la premonición del artista Benjamín Solari Parravicini: un supuesto “hombre gris” que llegaría para liberar a Argentina.

Uliarte, de 24 años, no terminó el colegio secundario. Vendía contenido sexual por internet y según Carrizo tuvo al menos una vez sexo por dinero con uno de sus colegas vendedores de copitos. Tuvo un hijo, pero según ella, falleció siendo bebé.

En los mensajes extraídos de su celular (que se transcriben en esta nota sin errores de tipeo, puntuación y ortografía, pero se replican las mayúsculas y expresiones coloquiales utilizadas), se adjudica haber sido la ideóloga del intento de magnicidio. La jueza también lo determinó en base a las conversaciones analizadas. Uno de los copitos o vendedores ambulantes que integraba el grupo manejado por Carrizo declaró en la causa que el padre de Uliarte la había echado de la casa, enemistado con su hija porque él es “ultrakirchnerista y ultraperonista”, según el testigo. De los chats también surgen declaraciones de Uliarte contra su padre.

Otro de los copitos, Miguel Ángel Castro Riglos, declaró en la causa que Uliarte tenía convicciones contrarias al kirchnerismo pero que Sabag Montiel carecía de convicciones políticas, “ni tenía intención de agredir a nadie, menos a Cristina Fernández”, dijo el testigo. Uliarte sí tenía “una idea radical contraria al peronismo” y aunque nunca le dijo que quería “matar a Cristina”, hablaba de su deseo de que la vicepresidenta muriera. Otro testigo lo contradijo y contó que en uno de los grupos de Whatsapp que integra, Sabag Montiel había manifestado su deseo de matar a Fernández de Kirchner.

“Fernando tenía aires de grandeza”, “quería el puesto de líder y dar órdenes”, “quería ser famoso”, agregó Castro Riglos.

Carrizo tiene 27 años. Conoció a la pareja a mediados de año en una de las fiestas que el “jefe de los copitos” -así se presentó ante la Justicia cuando fue a declarar como testigo- suele organizar. Maneja el grupo de Whatsapp “Girosos” para las convocatorias. Es quien proveía a Sabag Montiel y Uriarte de algodones de azúcar o copos de nieve para venderlos en las calles.

La jueza lo procesó como partícipe secundario en base al contenido de su teléfono celular y en particular por las conversaciones en las que sostuvo que le había entregado a la pareja un arma calibre 22 -que no es la que usó en el hecho, una pistola calibre 32- y que estaba orgulloso de lo que había hecho Sabag Montiel. También afirmó que su colega se había apurado porque el atentado estaba planeado para la semana siguiente. Ante la Justicia, sostuvo que todo lo que dijo fue en el marco de una broma, un “show”.

Tras el atentado le escribió a Uliarte: “Ya saben todo igual. Lo que hizo Nando. LO APLAUDO. ESTUVO A UN SEGUNDO DE SER HÉROE NACIONAL”. “SI YO TAMBIÉN ME PARECE EL SAN MARTÍN MODERNO. EL QUISO LIBERAR A UN PAÍS DE LA ESCLAVITUD. Lptm como le pudo fallar el tiro”, escribió en respuesta la novia de Sabag Montiel. 

“Amigo te lo digo hoy acá, creo que yo voy a terminar ese trabajo”, le manifestó Carrizo a uno de sus contacto sobre lo que había hecho Sabag Montiel.

Díaz tiene 21 años y cursa el último año de la escuela secundaria. Su madre declaró ante la Justicia que su hija dedica sus días a estudiar, ir al gimnasio, y a sus gustos por la lectura, los gatos, los comics de Marvel y DC y el animé. Conoce a Uliarte porque cursaron el secundario juntas hace años. Díaz también negó cualquier vinculación con el hecho pero la jueza la procesó como partícipe secundaria del intento de homicidio por el contenido de los chats que mantuvo con Uliarte. En especial, por haberle sugerido que descartara su teléfono tras el hecho.

Uliarte le escribió a Díaz tras un supuesto intento fallido de matar a Fernández de Kirchner, a finales de agosto: “Hoy me convierto en San Martín (…). Mandé a matar a la vice Cristina. No salió porque se metió para adentro. Una bronca te juro la tenía ahí (sic). Los liberales ya me tienen re podrida yendo a hacerse los revolucionarios con antorchas en Plaza de Mayo. Basta de hablar hay que actuar. Mandé un tipo para que la mate a Cristi”. Díaz le respondió: “Bank. Buena idea igual. ¿Cuánto te cobró?” Uliarte replicó: “No me cobró, lo hizo porque también está re caliente con lo que está pasando. Te juro que a esa la voy a bajar. Me tiene re podrida que ande robando y quede impune”.

Si llega a pasar me voy a otro país y hasta cambio de identidad. La tengo re pensada“, se ufanó Uliarte. Lo cierto es que nunca existió un plan de salida. 

“¿Sabes cuanta guita necesitas para eso? No es mando a matar y me mudo del país. Te van a buscar de todas formas y la guita que necesites para todos los trámites”, le dijo Díaz. “Tengo algo de money, conocidos. Me voy pero antes quiero hacer algo por el país”, respondió Uliarte.

Tierra de oportunidades

La “banda” se conoció en una fiesta a medidados de este año, organizada por Carrizo. Al día siguiente de la fiesta, la pareja regresó al departamento de Montes de Oca, donde solían reunirse los copitos y donde vive uno de ellos, Sergio Orozco, con la excusa de buscar una campera olvidada, pero según Carrizo fue para que Uliarte tuviera sexo con Orozco a cambio de dinero. Mientras “eso sucedía” Carrizo se puso a hablar con Sabag Montiel y tras un segundo encuentro, semanas después en la casa de una conocida, les ofreció trabajo como vendedores de copos.

El hombre que apuntó con un arma a la vicepresidenta comenzó a trabajar en el rubro de los copitos a finales de julio último.  

Carrizo fue quien les aportó dos certificados falsos de discapacidad supuestamente expedidos por la Junta Evaluadora de Quilmes. La Justicia investiga si la falsificación de estos carnets eran una fuente de financiamiento pero hasta el momento la hipótesis más firme es que los utilizaban para no pagar transporte público.

Carrizo preparaba los copos de azúcar en el departamento de la calle Montes de Oca y los vendedores debían presentarse a retirarlas. Funcionaban como un grupo de trabajo. 

El jefe de los copitos se molestó en alguna oportunidad porque Sabag Montiel y Uliarte llegaban tarde o no llegaban, cuando se habían comprometido a retirar el producto. Les había preparado los palos, que lleva una ranura para insertar cada palito con su respectivo algodón de azúcar. El costo, en agosto, era: “Hasta 50 copos por 600 pesos”, de acuerdo con las conversaciones extraídas de los teléfonos.

A la pareja le tomaba dos horas llegar hasta el departamento de Barracas a retirar el palo de copos.

Sabag Montiel decía tener planes para hacer crecer el negocio de los algodones de azúcar. Brenda Uliarte era su musa para el marketing y su iniciativa parecía generar rispideces entre los copitos, que no era un grupo ameno. “Se pelean mucho”, surge de los mensajes.

“Yo sé que soy un bardo, yo reconozco que llego tarde, pero en ciertas cosas soy estructurado y creo que vamos a impulsar… a… a…. levantar la calidad de trabajo que vamos a tener para que todos estemos bien”, se disculpó Sabag Montiel con Carrizo en un audio de Whatsapp, en agosto último.

La aparición de la pareja en Crónica TV habría sido planificada con fines comerciales, según surge de los mensajes que intercambió con Carrizo. Sabag Montiel y Uliarte aparecen en un supuesto móvil espontáneo criticando la política de planes sociales y Uliarte se cruza con una beneficiaria de un plan social que está siendo entrevistada en otro móvil, discuten en torno al tema y Uliarte dice que prefiere trabajar antes que cobrar un subsidio. 

El 17 de agosto último, Sabag Montiel le envió un audio de Whatsapp a Carrizo para comentarle que a raíz de la aparición de Uliarte en el móvil de televisión tenía el presentimiento de que la nota televisiva iba a rebotar en una “venta masiva en Corriente y el Obelisco cuando la reconozcan a Brenda estos días”, según surge de la transcripción en el expediente. Le ofreció a Carrizo pagarle “cinco veces” más de lo habitual: en lugar de 40 copos, 200 copos. “Debemos estar preparados ante algo masivo”, le comentó, y quería regalar copitos en entrevistas televisivas que vendrían en el futuro.

Carrizo no le dio entidad. Le respondió el audio recién al día siguiente: “Amigo, yo te cobro por persona, si te llevas un palo son 600, hasta 50 copos son 600. Después de eso ya son 600 más. Lo que necesites te lo armo. Ojalá eso de Brenda te sume mucho”.

Sabag Montiel, “Nando” o “Tedy”, como lo llaman, no calificaba como amigo de los copitos. De los mensajes extraídos del teléfono de Carrizo surgió que no lo incluían en las reuniones sociales y limitaban su relación a lo laboral. 

A veces conversaban de cuestiones cotidianas. El 21 de julio, Sabag Montiel y Carrizo conversaron sobre un colchón, que Nando vendía a dos mil pesos. El jefe de los copitos dijo que le interesaba comprarlo pero que primero quería pasar a verlo y Sabag Montiel le pasó la dirección del monoambiente que habitaba en la calle Uriburu, en San Martín.

Carrizo y Uliarte sí hablaban de cuestiones políticas. El 23 de agosto último, al día siguiente del pedido de doce años de prisión solicitados por el fiscal Diego Luciani contra Fernández de Kirchner en el juicio por Vialidad, el jefe de los copitos le escribió a la mujer (se transcribe la versión presentada por los técnicos de PSA en el expediente):

-Ya se les acabó la joda.

-Sí, que la saquen a la mierda. No puedo creer que hay gente que todavía la defiende -, respondió Uliarte.

-Y bueno, date cuenta cómo les va y el modelo educativo que ellos quieren. O sea, siempre en el fondo hay bajeza, envidia y choreo.

Inmediatamente después, Uliarte criticó a su padre por ser “peroncho”, le propinó calumnias y lo comparó con la vicepresidenta: (Éñ ss) como Cristina“.

-La verdad nosotros vamos a salir adelante con el trabajo y esfuerzo -afirmó Carrizo.

-Sí, así se sale adelante -confirmó Uliarte para después aseverar: “Hace falta que alguien vaya con un fierro y le pegue un corchazo a Cristina”.

-Sí, ¿no? -reaccionó Carrizo.

-Si, re hace falta.

Carrizo cambió de tema: “Decile a Nando que invente una bebida”.

Faltaban nueve días para el intento de homicidio.

ED/MG

Lo dos principales acusados del intento de homicidio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner planificaron el atentado del 1° de septiembre, tenían intención de darle muerte y estudiaron el momento y lugar preciso para concretar su cometido, pero aunque la Justicia llegó a estas conclusiones, aún intentan determinar otros puntos clave para cerrar el caso. Así surge del procesamiento dictado por la jueza federal María Eugenia Capuchetti contra Fernando Sabag Montiel (35) y Brenda Uliarte (23) y la consulta de elDiarioAR a los investigadores.

Sabag Montiel fue detenido in fraganti la misma noche del hecho, tras apuntar y gatillar un arma de fuego a centímetros de la cara de la vicepresidenta. Uliarte participó de la planificación y asistió a su cómplice la noche del atentado, según la jueza, por lo que ambos quedaron este jueves procesados como coautores de homicidio calificado en grado de tentativa y con prisión preventiva.

Los mensajes de Whatsapp extraídos del teléfono de Uriarte fueron centrales para reconstruir el hecho y definir los roles de cada uno de los acusados. Fue en base a los mensajes que la mujer intercambió con Sabag Montiel y al menos otros tres contactos que permitieron a la jueza determinar que fue quien compró la pistola Bersa calibre 32 y que participó activamente de la planificación del hecho. 

A pesar de que esta semana circularon en las redes sociales transcripciones corregidas de algunos de los mensajes que escribió Uliarte, lo que despertó suspicacias de algunos usuarios sobre la detallada corrección ortográfica de la mujer, los mensajes originales están escritos sin tildes ni comas, ni otras reglas ortográficas, según pudo corroborar elDiarioAR de la prueba directa.

El principal hueco en el procesamiento es la falta de acceso a los mensajes del teléfono de Sabag Montiel. La jueza dedicó varias páginas del escrito firmado este jueves para explicar por qué no cuenta con esa prueba: por primera vez se pronunció ante las partes sobre la pericia fallida del dispositivo Samsung A50 realizada por un perito de la Policía Federal Argentina (PFA) y el borrado de fábrica del teléfono, que provocaron un enfrentamiento entre la magistrada y la fuerza de seguridad. El fiscal Carlos Rívolo le solicitó ordenar una pericia para determinar qué falló en la apertura del teléfono. 

El arma

El segundo hueco en la investigación, si bien para la jueza es secundario para establecer la responsabilidad de Sabag Montiel y Uliarte en el hecho, es explicar las razones de por qué si la intención -tras tareas de inteligencia, vigilancia y estudiada planificación- fue dar muerte a Fernández de Kirchner, el atentado no logró concretarse. 

La pericia balística realizada por la Policía Federal dio un indicio de lo que podría haber sucedido pero lo cierto es que los investigadores aún no tienen claro por qué o cómo la vicepresidenta salvó su vida. Creen que la respuesta sólo puede darla Sabag Montiel, quien se ha negado a declarar en tres oportunidades, dijo una fuente directa de la causa ante la consulta de elDiarioAR. 

La pistola semiautomática, marca Bersa, secuestrada tras la detención de Sabag Montiel -con rastros de su ADN en gatillo, empuñadura y corredera- resultó ser “apta para producir disparos, de funcionamiento anormal”, sostuvo la pericia, debido a una falencia en la pistola: “Falta de retención de corredera”. La pericia sostiene que “el retén de la corredera no se eleva correctamente y no retiene a la corredera al estar el estuche cargador sin munición, debido a un desgaste de la pieza elevador de cartuchos del mencionado cargador”. Es decir, que “luego de efectuar el último disparo, la corredera queda cerrada, cuando debería quedar abierta/retenida por dicho retén de corredera”, explicó la jueza en el procesamiento de Sabag Montiel y Uliarte. 

Sin embargo, esa falencia en la pistola “no afecta el ciclo de disparo de arma (alimentación de munición en recámara, disparo, extracción y eyección de vaina servida resultante)”, según el perito que analizó la Bersa. El experto probó uno de los cartuchos secuestrados a Sabag Montiel y Uriarte y también resultó “apto para fines específicos”. 

“Todo lo expuesto permitió concluir a los expertos de la División Balística de la Policía Federal Argentina que ‘el uso conjunto del arma y munición bajo estudio, resultan aptos para producir disparos en forma conjunta’”, dijo la jueza. Esto es lo que saben hasta el momento los investigadores.

Tampoco está claro el origen de la pistola, otro dato secundario pero puede terminar de esclarecer el rol de cada uno de los imputados.

La investigación determinó que el “plan criminal” para matar a la vicepresidenta comenzó el 22 de abril, según el texto del procesamiento. Ese día, Uliarte “habría adquirido la pistola semiautomática, de acción simple, calibre 32 auto, marca Bersa, modelo Lusber 84, con la numeración 25037 en el lateral izquierdo del cañón, luego utilizada para cometer el hecho investigado”, según surge de las conversaciones en su teléfono celular peritado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). 

Es la primera vez que se informa que fue la acusada y no su cómplice quien adquirió la pistola utilizada en el atentado. La pistola Bersa estaba registrada a nombre de un hombre fallecido que fue vecino de Sabag Montiel en el barrio de Paternal, según los registros del arma, pero hasta el momento no se ha precisado si fue robada a su dueño original o comprada. 

Uliarte le contó a un contacto identificado como “Serena” que había adquirido un arma de fuego: “Si tengo un fierro lo compre porque mi ex está jede” (sic). El mismo día también le informó esa circunstancia a otro contacto agendado como “Fran”, a quien le afirmó: “Tranqui no va a pasar nada. No careteo nada. Es mio (sic) el fierro. Lo compré para asustar a un ex que bardio (sic). Se burló de mi hijo”. 

El plan

Sin embargo, la primera referencia de Uliarte sobre querer dar muerte a Fernández de Kirchner apareció en julio, según los mensajes.

Tras haber dicho que tenía consigo el arma, pasaron más de dos meses hasta que Uliarte se comunicó con otro contacto, agendado como “Amor de mi vida”, para manifestar su intención de asesinar a la vicepresidenta. Ese contacto fue identificado por los investigadores como Agustina Díaz, detenida esta semana e indagada el miércoles.

Fue el día 4 de julio último, cuando Uliarte le dijo a Díaz: “Voy con el fierro y le pego un tiro a Cristina… me dan los ovarios para hacerlo … el tema es como (sic) porque la vieja tiene seguridad” (sic).  

“Para esa época, Uliarte ya había tomado la decisión de atentar contra la vida” de Fernández de Kirchner, “iniciando así el curso del plan al cual solo le bastaba definir las circunstancias de modo, tiempo y lugar de su ejecución, lo cual ocurrió posteriormente a partir de la inteligencia que tanto ella como Sabag Montiel realizaron en días previos al atentado”, estableció Capuchetti. 

Al día siguiente, en otra conversación con un contacto identificado como “Nacho”, Uliarte le dijo que “para limpiar Argentina hace falta que corra sangre… de poder se puede hay que encontrar la manera … no necesito pagarlo yo puedo serlo ... se (sic) usar un fierro, no soy francotiradora, pero algo es algo… hay que encontrar un hueco ser estratega” (sic). Su interlocutor le sugirió que no lo hiciera y le dijo que estaba delirando.

El 23 de agosto, Sabag Montiel le dijo en una conversación: “Otra cosa, me contestó el tipo del alquiler de Recoleta para el sábado tenemos que verlo y dice que no tiene… Eh… No sé, tiene que coordinar varias entrevistas y que le dejen una seña viste que se yo, asique (sic) le dije que íbamos a tener plata para dejarle una seña”. 

Uliarte le contestó: “¿No te gusta el depto.?”, a lo que Sabag Montiel respondió: “No me gusta el depto, el pelo si. Cristina y la gente está reunida en Recoleta. Para pegarle un corchazo” (sic).  

Uliarte le envió entonces un audio: “No amor, laburamos esta semana y el sábado vamos y le dejamos una seña, ya fue…Alto depto ese de Recoleta, amore. Si vieras dónde vive Cristina, entendés. Cristina vive en Recoleta, estamos re cerca de la mina. La podemos hacer pija, eh…Si, hay que ir y pegarle un corchazo. ¿Sabes que hace falta? Un francotirador. ¿Viste que la mina se pone en el balcón? Hace falta ahí y pimba, un tiro en la cabeza, hacerla mierda” (sic). 

El 27 de agosto, Uliarte y Sabag Montiel mantuvieron otra conversación por Whatsapp, que reconstruye el procesamiento:

Sabag Montiel: -No, ya se me… metió adentro y el escenario y el anfiteatro lo sacaron, y estuvo… le toqué la espalda a Axel Kicillof y se metió a un Toyota Etios eh y se fue, un quilombo, y ella está ahí metida arriba, pero no creo que salga así que ya fue, deja, voy para allá, no traigas nada. 

Uliarte: -Estoy llegando a casa. 

Sabag Montiel: -Al pedo q vengas (sic)… No va a salir… Ya se metió adentro. 

Uliarte: -Que hija de puta la Cristi…Se da cuenta. 

Sabag Montiel: -No, no es que se da cuenta, el tema es que hay una cámara de C5N y hay poca gente, y la gente ya se está yendo, y el momento era ese, ahora ya es tarde, o sea ya son las 12 y ella salió a esa hora, y era a esa hora, o sea el escenario era con ella porque la habrán seguido, ¿entendes? Después vamos a ver en la tele a ver qué pasó porque cuando ella se metió acá, la siguieron y ahí tendría que haber sido. 

Fue la noche de un primer intento de homicidio que Sabag Montiel decidió abortar. La conversación continuó. Esta es la transcripción que aparece en el escrito del procesamiento, textual:

Sabag Montiel: -Que gracia me dan todos esos putitos ahí sacándose fotos, cholulos, haciéndose los peronistas con la “V” vos llegas a tirar con el fierro ahí y llegas a arrancar a los tiros ¿Vos sabes cómo salen todos corriendo? Pánico, el caos que se genera. O sea, es muy difícil… O sea, si yo disparo, después de los tiros van a saber que yo tengo el fierro, voy a tener que sacar el cargador y me van a tener que sacar el fierro, pero no van a tener las balas, entonces eh me van a cagar a piñas, pero más de uno, a ver, me pueden agarrar entre varios, pero otros van a correr y va a ser muy difícil que se yo. 

Uliarte: -Ya llegué amor… ¿Vos decís que no te van a agarrar? La onda es que metas el corchazo y te escapes. 

El entorno

Quiénes colaboraron con Uliarte y Sabag Montiel es otro de los puntos que la investigación dejó abierto, por ahora. En la causa hay otros dos detenidos: Agustina Díaz, amiga de Uliarte, y Nicolás Carrizo, quien se presentó en la Justicia como “el jefe” de los “copitos”, el grupo de fabricantes y vendedores ambulantes de algodones de azúcar o copos de nieve que integraban Uliarte y Sabag Montiel.

Sin embargo, ni el juzgado ni la fiscalía descartan que la pareja pueda haber contado con más cómplices y se investiga el círculo social de ambos, el contacto con libertarios radicalizados y al resto de los “copitos”, informaron tres fuentes directas de la investigación. Se espera que Carrizo, quien ya había declarado como testigo sea indagado como imputado este viernes,

Ese mismo 27 de agosto, cuando Fernández de Kirchner habló a la multitud en la puerta de su domicilio, Uliarte intercambió mensajes de Whatsapp con el contacto “Amor de mi Vida”. Este fue el diálogo, textual, sin correcciones ortográficas ni de puntuación: 

Uliarte: -Hoy me convierto en San Martín, voy a mandar a matar a Cristina…Me re pudrí que hablen y no hagan nada. Yo si voy a hacer. Se me metió el espíritu de San Martin en el cuerpo… Que hija de puta se metió adentro antes de que le meta el tiro. 

Amor de mi vida (Díaz): -¿Qué pasó? ¿De qué me perdí? 

Uliarte: -Mandé a matar a la vice Cristina. No salió porque se metió para adentro. Una bronca te juro la tenía ahí. Los liberales ya me tienen re podrida yendo a hacerse los revolucionarios con antorchas en Plaza de Mayo basta de hablar hay que actuar. Mandé un tipo para que la mate a Cristi. 

Amor de mi vida (Díaz): -Bank. Buena idea igual. ¿Cuánto te cobró?

 Uliarte: -No me cobró lo hizo porque también está re caliente con lo que está pasando. Te juro que a esa la voy a bajar. Me tiene re podrida que ande robando y quedé impune.

Amor de mi vida (Díaz): Te das cuenta del quilombo en el que te vas a meter, ¿no? Te van a buscar por todos lados si se enteran de que sos complice de la muerte de la Vicepresidenta. 

Uliarte: -Por eso mandé a alguien. 

Amor de mi vida (Díaz): -Aunque si, pero quien no va a querer meterle un tiro a esa vieja chorea. 

Uliarte: -Si llega a pasar me voy a otro país y hasta cambio de identidad. La tengo re pensada. 

Amor de mi vida (Díaz): -¿Sabes cuanta guita necesitas para eso? No es mando a matar y me mudo del país. Te van a buscar de todas formas y la guita que necesites para todos los trámites. 

Uliarte: -Tengo algo de money, conocidos. Me voy pero antes quiero hacer algo por el país. 

ED

Una amenaza de bomba demoró hoy jueves al mediodía el vuelo AR 1484 de Aerolíneas Argentinas, el cual tenía que volar a las 11:55 desde el Aeroparque metropolitano Jorge Newbery hacia la capital de la provincia de Tucumán.

Momentos antes del despegue del vuelo, un pasajero habría manifestado a viva voz haber despachado una bomba, por lo que fue desembarcado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y el avión fue trasladado a una posición segura para llevar a cabo el operativo antiexplosivos. Fuentes aeroportuarias dijeron que episodio se habría iniciado dentro del avión momentos antes del vuelo, cuando el pasajero se molestó con la tripulación, aparentemente en disconformidad por un cambio de ubicación.

Acto seguido, los 172 pasajeros y los 6 tripulantes fueron desembarcados y la aeronave trasladada a un sector aislado, denominado “sector industrial”, para ser inspeccionada, como así a las personas involucradas por el SAME y los Bomberos. Inmediatamente actuó el Grupo Especial de Control de Explosivos y Armas Especiales (GEDEX) de la PSA, y se inició el procedimiento avalado por la orden judicial pertinente.

La Brigada de Explosivos inició un operativo de búsqueda entre los equipajes, mientras el avión, un Boeing 737 MAX con matrícula LV-GVE, permaneció en la zona cercana a los hangares, alejado del resto de las aeronaves. Con con canes entrenados en la detección de explosivos y un escáner móvil (ScanVan), los oficiales controlaron todo el equipaje y la carga. 

Luego de haber comprobado que se trataba de una falsa alarma en el reconocimiento de los equipajes que se encontraban sobre la pista, los pasajeros volvieron a embarcar, por lo que el vuelo finalmente despegó hacia San Miguel de Tucumán a las 15:56. El avión tenía previsto arribar a esa provincia a las 15:40.

El pasajero sospechoso quedó detenido en calidad de comunicado, a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°5, a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti. Voceros de Aerolíneas Argentinas informaron que la acción de esta persona es un delito y está tipificada como intimidación pública en el Código Penal.

Asimismo, se informó que el pasajero será incluido en la llamada "watch list" de pasajeros disruptivos, y por lo tanto suspendido para volar en vuelos de la aerolínea de bandera.

LC con información de agencias

La investigación por el intento de homicidio de Cristina Fernández de Kirchner quedó nublada por las tensiones que desató la pericia fallida del teléfono del principal acusado, sumado a sospechas sobre la cadena de custodia del dispositivo y las filtraciones a los medios de comunicación, además del apartamiento de la Policía Federal. Así pudo determinarlo elDiarioAR de fuentes directas de la causa. 

Mientras la jueza María Eugenia Capuchetti trabaja en el procesamiento de Fernando Sabag Montiel (35) y en definir la situación procesal de Brenda Uliarte (23), y se investiga al entorno de la pareja y posibles cómplices en el hecho, la fiscalía a cargo de Carlos Rívolo y las defensas trabajan en sus respectiva estrategias en la causa.

El expediente está caratulado como “homicidio en tentativa”. Durante la audiencias del martes, la jueza informó a los detenidos que serían indagados por “haber intentado dar muerte a Cristina Elisabet Fernández de Kirchner” y “haber contado para ello con la planificación y acuerdo previo entre ambos”, según confirmó una fuente directa de la causa. Además, la jueza agregó que Sabag Montiel se había aprovechado del “estado de indefensión” de la funcionaria “generado por la multitud” que rodeaba a la vicepresidenta en su llegada al domicilio de Recoleta.

Los términos utilizados en la indagatoria son centrales para el fiscal Rívolo, quien desde hace más de una semana consulta y mantiene reuniones con sus colegas especializados en homicidios y delitos de género para determinar si el hecho debe encuadrarse en homicidio calificado en tentativa, lo que agravaría una eventual condena contra ambos acusados. 

La diferencia entre un homicidio y un homicidio calificado son las circunstancias y motivaciones del homicida, según el Código Penal, y las penas, más severas en el segundo de los casos, incluso en tentativa.

Los agravantes de la figura dependen de si el hecho se comete con “ensañamiento, alevosía, veneno u otro procedimiento insidioso” o “por placer, codicia, odio racial, religioso, de género o a la orientación sexual, identidad de género o su expresión”. También por “el concurso premeditado de dos o más personas”.

El defensor oficial de Sabag Montiel, Juan Martín Hermida, trabaja en establecer la mejor estrategia posible de defensa para el hombre que fue detenido in fraganti y el arma secuestrada en el lugar tiene rastros de ADN compatibles con el de su defendido en el gatillo, corredera y empuñadura. Tiene una tarea difícil y lo último que necesita son definiciones rápidas.

Por el momento, el defensor encargó una nueva pericia psicológica a Sabag Montiel, a cargo de profesionales del Ministerio Público de la Defensa. Será un informe profundo, aseguró una fuente directa de la causa. 

Los psicólogos de la defensa trabajaban en dos posibles diagnósticos y aunque un cuadro de enfermedad mental no necesariamente puede implicar que el acusado sea inimputable, sí puede amortizar las penas a la hora de un veredicto, explicó una fuente directa de la causa. 

En el expediente ya hay dos informes psicológicos oficiales realizados al detenido que arrojaron resultados disímiles sobre el estado de salud mental del hombre de 35 años, como informó elDiarioAR. 

Uno de los informes fue presentado por un psicólogo del Cuerpo Médico Forense, que depende de la Corte Suprema de la Nación; y el segundo, por dos psicólogas de la Policía Federal Argentina (PFA). El primero sostiene que el hombre se mostró colaborativo con las profesionales y presentó un “pensamiento de curso normal”; y el segundo, asegura que Sabag Montiel presenta “disgregación de pensamiento”, con predominio de “ideas de tipo delirante” y “relato confuso”, de acuerdo con la fuente consultada. Le diagnosticaron “ideación mística con tendencia a la megalomanía”, publicó La Nación este viernes.

Tensiones

El martes fue una jornada tensa en los tribunales de Comodoro Py. A la presión que implicó el traslado con fuerte custodia a los detenidos para sus declaraciones, se sumó una reunión por la tarde entre todas las partes en el despacho de la jueza.

Desde el quinto piso, el fiscal Rívolo y el defensor Hermida bajaron al despacho de Capuchetti en el tercer piso.

Restaban pocas horas para las indagatorias y continuaba el secreto de sumario en el expediente. Eso implicaba que ni la fiscalía ni la defensa tenían acceso al expediente. Ambos solicitaron acceso a la causa.  

Las filtraciones a los medios de parte de la prueba obtenida de los teléfonos de Sabag Montiel y Uliarte también generaron sospechas mutuas entre las partes que intervienen en la causa, según puedo precisar este medio.

El desencadenante

La semana ya venía cargada de tensiones. El desencadenante ocurrió el fin de semana último cuando el teléfono celular secuestrado a Sabag Montiel apareció “reseteado de fábrica” y el contenido del dispositivo no pudo ser recuperado. El fiscal solicitó que se realice una pericia para determinar qué provocó una posible falla en el procedimiento.

El teléfono modelo Samsung A50 fue secuestrado de la campera del hombre que apuntó y gatilló a centímetros de la cara de Fernández de Kirchner el jueves 1° de septiembre por la noche. 

Desde el primer momento, tras el intento de homicidio de la vicepresidenta, la magistrada había dispuesto que las pericias del arma, el teléfono y dispositivos secuestrados, los allanamientos y detenciones estuvieran a cargo de la Policía Federal. Capuchetti confiaba en esa fuerza de seguridad. 

El mismo jueves 1° de septiembre por la noche, el teléfono Samsung fue llevado por al menos un perito de la Federal desde Recoleta hasta el juzgado, donde se realizó la primera pericia. 

Si bien la Federal logró obtener el contenido de una tarjeta de memoria y del chip del celular, lo que buscaban obtener los peritos era el material dentro del dispositivo, que se mantuvo en una caja de seguridad del juzgado. 

Tras los intentos fallidos de la Federal por rescatar la prueba, el juzgado envió el aparato de marca Samsung a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Fue por la noche. El teléfono salió del juzgado en un sobre que contenía el sobre original con el que había llegado el dispositivo al juzgado el jueves. 

Fue trasladado por el custodio personal de la magistrada y el secretario letrado a cargo de la causa. A mitad de camino entre los tribunales de Retiro y la sede de la PSA en Ezeiza, el secretario se bajó del vehículo y el custodio continuó camino para entregar el teléfono a la PSA. 

Al llegar, los peritos de la PSA llamaron al juzgado para informar que el sobre había llegado abierto y sin la correspondiente acta de cadena de custodia, una especie de diario en el que el juzgado debe dejar asentados todos los movimientos de las pruebas. 

“Ninguno de los sobres estaba lacrado. El sobre original se había abierto antes de enviarlo a la PSA para tomar nota de todos los datos de identificación del teléfono y se colocó todo dentro de otro sobre. La cadena de custodia no se violó. El custodio de la jueza es policía federal”, aseguró una fuente directa de la causa.  

“Transición ordenada”

Las críticas en torno a la forma en que el teléfono llegó a la PSA podría permitir que las defensas cuestionen eventualmente la cadena de custodia de la prueba que arroje el contenido del teléfono. Siempre y cuando se logre recuperar porque el teléfono fue borrado.

Otro riesgo es la posibilidad de que si Fernández de Kirchner asume como querellante en la causa pueda recusar a la jueza.

La perita de la PSA que analizó el Samsung A50 declaró en la causa que el borrado puede haber sido por impericia del perito de la Federal o porque Sabag Montiel lo formateó de fábrica antes del hecho u otra persona lo borró de forma remota, según la declaración a la que accedió elDiarioAR.

La jueza aseguró en su entorno que confía plenamente en su personal y que considera que la prueba salió del juzgado y llegó a la PSA sin descuidar la cadena de custodia. Pero a lo largo de los días fue desplazando gradualmente de la investigación a la Policía Federal.

La magistrada se reunió el lunes último con el jefe de la PSA, José Alejandro Glinski, quien también mantuvo un encuentro este martes con el fiscal Rívolo. 

El ministerio de Seguridad coordinó una “transición ordenada” para evitar rispideces obvias entre las fuerzas de seguridad. Este martes, ambas coordinaron los traslados conjuntos de ambos detenidos hacia los tribunales de Retiro, pero tras declarar en indagatoria ambos quedarán detenidos en una dependencia de la PSA.

Las pericias informáticas y algunos allanamientos comenzaron a estar a cargo de la PSA, que cuenta con tecnología más moderna, dijo una fuente de la causa. Para este fin de semana, la Federal apenas intervenía en el expediente. 

ED

La jueza federal María Eugenia Capuchetti trabaja en la redacción del procesamiento de Fernando Sabag Montiel (35) y en terminar de definir la situación procesal de Brenda Uliarte (23), mientras los investigadores avanzan sobre el entorno de ambos detenidos por el intento de homicidio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, afirmaron a elDiarioAR dos fuentes directas del expediente.

En lo inmediato, la jueza y el fiscal Carlos Rívolo buscan completar la investigación sobre el recorrido que hizo la pareja el jueves 1° de septiembre, antes de llegar al domicilio de la expresidenta. También quieren terminar de precisar los movimientos de Uliarte entre la noche del atentado y su detención tres días más tarde, el domingo 4 de septiembre. Ambos detenidos negaron su participación en el hecho el martes último. Sabag Montiel fue detenido infraganti. Su novia, por encontrarse en el lugar y momento del hecho.

A su vez, los técnicos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) colaboran en construir el mapa de relaciones de la pareja: cómo está compuesto el entorno, quiénes podrían haber prestado colaboración con el intento de homicidio y si estos posible cómplices pertenecen o no a organizaciones políticas marginales, explicó una fuente directa de la causa.

En ese mapa de relaciones aparecen algunos vínculos de Uliarte con libertarios radicalizados y el entorno más cercano o primer anillo de vinculación: hombres entre los 20 y los 30 años, de clase socioeconómica media baja, de economía informal, que en los mensajes y estados de Whatsapp de sus teléfonos manifestaron expresiones de descontento, bronca, hartazgo y odio a la clase gobernante, según pudo precisar elDiarioAR con tres fuentes de la causa. 

Tienen en común varias características: clase social, afinidad con las redes sociales, necesidad de mostrarse en los medios o búsqueda de fama, tiempo libre para realizar tareas de “inteligencia” y manifestaciones recurrentes contra la política de planes sociales. “A priori los miembros de la organización parecen vulnerables e influenciables”, dijo una fuente de la investigación, pero a su vez, estos tomaron ciertos recaudos durante las horas posteriores al intento de homicidio. 

Perfiles falsos

Para los investigadores es central acceder a las comunicaciones entre Uliarte y los vendedores de algodones de azúcar y otros miembros del entorno durante las horas posteriores al intento de homicidio. 

La jueza estuvo el viernes en la sede de Ezeiza de la PSA “para ver el avance de las medidas ordenadas”, informó una fuente del juzgado.

Del análisis de los teléfonos, la PSA determinó que tras el atentado, Uliarte y su entorno se comunicaron a través de cuentas falsas en redes sociales, por lo que intentan identificarlas ya que no están abiertamente relacionadas con sus usuarios y no son mencionadas en las conversaciones analizadas.

Parte central del entorno de ambos detenidos son los cinco vendedores de algodones de azúcar que se presentaron con Uliarte en el canal Telefé para dar una entrevista en vivo con su versión de los hechos.

Algunos de ellos, despertaron más interés por sus manifestaciones, los intentos por “contener” a Uliarte tras el atentado y las constantes sugerencias para evitar que las conversaciones quedaran registradas en los teléfonos. “No hablemos por acá”, decían. Uno de los hombres investigados escribió en su estado de Whatsapp posterior al intento de homicidio de la vicepresidenta: “Alberto vos sos el próximo”.

Testigos en la mira

Los cinco vendedores de algodones de azúcar, conocidos como “los copitos”, que trabajaban con Uliarte en la vía pública se presentaron ante la Justicia a declarar de manera espontánea y entregaron sus teléfonos celulares. Investigan si realmente vivían de la venta ambulante de copos de nieve.

Los investigadores detectaron que eliminaron contenido de los dispositivos e intentan determinar en qué fechas lo hicieron, informó una fuente directa de la investigación.

La PSA finalizó este viernes la descarga de datos y archivos del teléfono de Uliarte. Lograron desbloquear un documento encriptado con audios y chats de Whatsapp y Telegram. Analizan 120 gigabytes de información.

Además, reconstruyen a través de imágenes, geolocalización y comunicaciones la presencia de la pareja y de otros posibles integrantes de la organización en las inmediaciones del domicilio de Fernández de Kirchner.

Sabag Montiel y Uliarte frecuentaron las inmediaciones del domicilio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner desde los primeros días de agosto, como reveló elDiarioAR de una fuente con acceso a la causa.

Viaje a Quilmes

El jueves 1° de septiembre, Sabag Montiel y Uliarte viajaron hasta la localidad de Quilmes, en el sureste del conurbano de la provincia de Buenos Aires. Regresaron por la tarde en el tren de la línea Roca hasta la estación central Plaza Constitución. Supuestamente caminaron por avenida 9 de Julio y abordaron el subterráneo para llegar al barrio de Recoleta.

Llevaban una bolsa de plástico con una manta en su interior. Se intenta determinar si la usaron para transportar el arma hasta las inmediaciones del domicilio de Cristina Fernández de Kirchner. Buscan rastros de pólvora.

¿A qué fueron a Quilmes? La versión de los detenidos es que fueron a entregar parte del pago a un tatuador con quien Sabag Montiel quería hacerse un nuevo tatuaje. 

Antes de ser apartada de la causa, la Policía Federal Argentina (PFA) siguió una pista que ubicaba a la pareja en un local de McDonald's, en Quilmes, en el que los acusados podrían haber intercambiado información con otra pareja. 

Lo que llamó la atención a los investigadores es que al llegar a la zona de mesas del local, Uliarte se agachó rápidamente para levantar un papel del suelo que había arrojado la pareja sentada en esa misma mesa minutos antes. Lo leyó y se lo dio a Sabag Montiel.

Por el momento, se analizaron las cámaras del local de comidas rápidas, se solicitaron más grabaciones de las cámaras del municipio y privados, y se identificó a una posible testigo pero la pista es incierta.

ED

Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte frecuentaron las inmediaciones del domicilio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner desde los primeros días de agosto, informó a elDiarioAR una fuente con acceso a la causa por el intento de homicidio de la expresidenta.

Los investigadores ubicaron los teléfonos celulares de los dos detenidos por el atentado del jueves 1° de septiembre impactando en la antena de telefonía más cercana al departamento de la calle Juncal, en el barrio porteño de Recoleta. 

Para esas fechas, la militancia y seguidores de Fernández de Kirchner aún no estaban manifestándose en la zona y ni siquiera se conocía el pedido de pena de doce años de prisión en su contra por presunta corrupción en la obra pública de Santa Cruz.

La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) cruzó la ubicación de los teléfonos con mensajes y cruces de llamadas entre los imputados por “querer darle muerte” a la funcionaria, y lograron identificar a ambos en lo que presumen que podría haber sido parte de las tareas de inteligencia previa al atentado, explicó la fuente a este medio.

La presencia de Sabag Montiel y Uliarte en las inmediaciones al domicilio de Fernández de Kirchner se dio “con repetición” durante esas fechas y posteriores, agregó la persona consultada. 

Los investigadores continúan cruzando datos y ubicaciones de los teléfonos del entorno de la pareja para intentar determinar si contaron con la colaboración de su entorno. Eso incluye a los cinco vendedores de algodones de azúcar que trabajaban con Uliarte y Sabag Montiel. La hipótesis de que actuaron en el marco de una organización poco sofisticada pero organización al fin, y con la seguridad de que el hecho fue con premeditación es la línea más fuerte hasta el momento pero aún resta confirmarlo, explicó la fuente a elDiarioAR.

Aún no se determinó si los carros y palos de algodones de azúcar o copos de nieve que se detectaron en las inmediaciones al domicilio de CFK son realmente los que utilizaban Uliarte y sus socios, agregó la persona consultada que sigue constantemente las novedades de los hallazgos de los investigadores de la PSA y la Policía Federal. Esta última fuerza fue apartada de las pericias telefónicas e informáticas y de la custodia de los detenidos pero aún continúa realizando algunas tareas para la jueza federal María Eugenia Capuchetti.

En las últimas horas, Sabag Montiel ya había sido identificado muy cerca de la vicepresidenta el domingo 28 de agosto por la noche, a escasos metros de la exmandataria y observándola saludar a los militantes y seguidores que se manifestaban en la puerta de su domicilio tras el pedido de condena del fiscal Diego Luciani en el juicio por el caso Vialidad. Fue cuatro días antes del intento de homicidio.

Uliarte

Fernando Sabag Montiel y Brenda Elizabeth Uliarte quedaron imputados en la investigación caratulada como “homicidio en tentativa” por “haber intentado dar muerte a Cristina Elisabet Fernández de Kirchner” y “haber contado para ello con la planificación y acuerdo previo entre ambos”, según confirmó una fuente directa del expediente. Son los hechos por los cuales fueron indagados el martes último. 

Los investigadores buscan reunir la mayor cantidad de pruebas posibles para confirmar la presunta participación de Uliarte en la planificación y ejecución del atentado. Durante la madrugada del jueves, la jueza ordenó un allanamiento en la casa de un exnovio de Uliarte en la localidad de San Miguel. 

El hombre se comunicó con la Justicia para informar que la detenida había buscado refugio en su casa el jueves 1° de septiembre, tras el atentado. Pasó la noche y partió alrededor de las 5 AM del viernes. Pero antes, Uliarte dejó una bolsa y un paraguas.

La PSA secuestró este jueves ambos objetos y los investigadores ya confirmaron que son los objetos que tenía consigo cuando estaba cerca del domicilio de Fernández de Kirchner, momentos posteriores a que Sabag Montiel le apuntara con el arma y gatillara a centímetros de su cara.  

El martes, cuando Sabag Montiel fue indagado por segunda vez se negó a declarar pero dijo a la jueza y al fiscal Carlos Rívolo: “Brenda no tuvo nada que ver y yo tampoco”, informaron dos fuentes directas de la causa.

A su vez, Uliarte también se negó a declarar pero respondió preguntas de su defensor oficial, Gustavo Kollman. Dijo que no tuvo nada que ver con el intento de homicidio ni con su planificación; que fue hasta la casa de la vicepresidenta el jueves 1° de septiembre para acompañar a su novio; y agregó que lo que hizo Sabag Montiel le pareció “aberrante”, agregó una de las fuentes consultadas.

La PSA realizará pericias sobre la bolsa en busca de rastros de pólvora. De encontrarlos, la fiscalía podría sostener que Uliarte transportó el arma en la bolsa hasta el lugar del hecho luego de que la pistola Bersa fuera disparada a modo de prueba, antes del intento de homicidio. Las pericias balísticas determinaron que el arma había sido disparada recientemente porque se hallaron restos de pólvora.

ED

En los últimos cuatro días, la investigación por el intento de homicidio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner acumuló dos detenidos, al menos una treintena de testigos, el apartamiento en las pericias de la fuerza de seguridad a cargo de la investigación, la confirmación de que el arma secuestrada contiene rastros compatibles con el ADN del principal sospechoso y la posibilidad de perder el contenido de su teléfono celular.  

La jueza federal María Eugenia Capuchetti tomará este martes declaración indagatoria a Brenda Elizabeth Uliarte, supuesta novia del hombre que apuntó y gatilló un arma de fuego a centímetros de Fernández de Kirchner, confirmaron a elDiarioAR dos fuentes con acceso directo al expediente.

La magistrada y el fiscal federal Carlos Rívolo intentan determinar si la mujer de 23 años colaboró con Fernando André Sabag Montiel la noche del jueves, ya que fue detectada en imágenes grabadas minutos después del ataque a la expresidenta y en las inmediaciones del domicilio de la calle Juncal. Uliarte se encuentra detenida desde el domingo por la noche.

La causa continuaba al cierre de esta nota con secreto de sumario y al frenesí de una investigación centrada en determinar en tiempo récord cómo y por qué un hombre casi asesina a la Vicepresidenta frente a su custodia y cientos de militantes se sumó en los últimos dos días un factor de agudizó la tensión entre los investigadores: la pericia fallida -hasta el momento- del teléfono celular de Sabag Montiel.

Entra PSA

Capuchetti decidió que a partir de ahora las pericias estarán a cargo de otra fuerza, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), confirmó a elDiarioAR una fuente central de la investigación. Además, el fiscal Rívolo solicitó que se investigue cómo se manipuló el teléfono de Sabag Montiel durante la pericia de Federal para determinar si hubo impericia de los técnicos de la Fuerza.

Este lunes, Capuchetti y Rívolo tomaron declaración testimonial a los cinco hombres que acompañaron a Uliarte durante una entrevista en el canal de televisión Telefé, el viernes por la noche. Se trata de cinco vendedores de algodón de azúcar, compañeros de trabajo de la joven sindicada como pareja de Sabag Montiel y conocidos o amigos del detenido. Juntos habían montado un empredimiento comercial para la venta de dulce que se vende en la vía pública. 

Cuatro de los jóvenes se presentaron por la mañana de manera espontánea en los tribunales y pidieron declarar. La ausencia del quinto joven, de 25 años, despertó una alerta en el juzgado y la fiscalía, pero el hombre apareció durante la tarde y explicó que su demora se debió a que había estado trabajando.

Durante los últimos días, este grupo de vendedores ambulantes había estado bajo investigación. Sólo Uliarte terminó detenida.

Los cinco jóvenes dijeron estar amenazados y temer por sus vidas desde que se conoció su vínculo con el acusado. Todos entregaron a la Justicia de manera voluntaria sus teléfonos celulares y claves de acceso para que sean analizados. Las pericias quedaron a cargo de los técnicos de la PSA y serán parte del material necesario para poder indagar por segunda vez a Sabag Montiel, quien el viernes se negó a declarar hasta poder analizar la totalidad de las pruebas del expediente. 

Un informe de la Federal determinó que en la pistola Bersa calibre 32 se hallaron muestras de ADN compatibles con Sabag Montiel en el gatillo, la corredera y la empuñadura, como informó elDiarioAR el lunes por la tarde.

Pericia fallida

Este lunes por la noche, los investigadores consideraban que sería posible recuperar el contenido del teléfono de marca Samsung que se le secuestró a Sabag Montiel el jueves por la noche. Al menos, harán todo lo posible para hacerlo y desandar una eventual recusación a la jueza o la pérdida de una prueba eventual para determinar si el hombre de 35 años actuó solo o tuvo cómplices. 

La extracción del contenido del teléfono móvil estaba a cargo de la Policía Federal. Si bien se logró extraer el contenido de la tarjeta SIM y del chip del dispositivo, la información del dispositivo no pudo ser obtenida y el teléfono quedó formateado de fábrica, con riesgo de perder todo o parte de su contenido si no se encuentra alojado en una copia de seguridad virtual. 

Tras los intentos fallidos de la Federal por rescatar la prueba, el juzgado envió el aparato de marca Samsung a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en un sobre que entregó el custodio personal de la magistrada y que generó críticas de los peritos de dicha fuerza por no encontrarse lacrado. Por un lado, eso podría permitir que la defensa cuestione eventualmente la cadena de custodia de la prueba. La jueza aseguró en su entorno que confía plenamente en su personal y que considera que la prueba salió del juzgado y llegó a la PSA sin descuidar la cadena de custodia, pero aún no está claro si el custodio policial que entregó el sobre con el celular estaba o no acompañado de una autoridades judicial y si el sobre en cuestión contaba con las medidas de seguridad habituales en este tipo de procedimientos.

Por otro lado, Capuchetti busca determinar si el contenido del teléfono se perdió por impericia de los peritos de la Federal o por un borrado remoto de un cómplice de Sabag Montiel o del propio acusado antes del hecho.

Uliarte

Ni la jueza ni el fiscal descartan ninguna hipótesis sobre el intento de homicidio de la Vicepresidenta pero la causa llegó a un punto en el que sospechan que Sabag Montiel podría haber tenido la colaboración de un tercero. Aún así, no creen en teorías conspirativas sino en el accionar de uno o más marginales. “Hasta el momento”, aclaran fuentes de la investigación. 

La mujer conocida como la novia de Sabag Montiel se hace llamar Ámbar y permanece detenida en una dependencia de la Policía Federal Argentina (PFA) en la calle Madariaga desde el domingo a la noche, cuando fue arrestada por orden de la magistrada que lleva adelante la causa por el intento de homicidio. La joven mantendría una relación sentimental con Sabag Montiel desde hacía unos cuatro meses y convivían también desde hacía pocas semanas, según dijo ella misma en televisión y una fuente de la causa.

Lo que motivó su detención fue que Uliarte fue identificada en las inmediaciones del domicilio de Fernández de Kirchner en Recoleta en al menos uno de los videos que registraron los momentos posteriores al ataque del jueves 1° de septiembre. Capuchetti decretó el secreto de sumario en la investigación y ordenó su detención. 

Hasta el momento, es la única razón que trascendió por la que estaría arrestada. Este martes se conocerá la imputación en su contra, cuando al momento de la indagatoria se le lean los cargos en su contra. Tiene domicilio registrado en un humilde departamento, ubicado en el partido de San Miguel.

El Estado le asignó a Uliarte un defensor oficial, Juan Martín Hermida, quien está de turno en los tribunales federales de Retiro. Es el mismo abogado que representa a Sabag Montiel.

Tras entrevistarse este lunes por la tarde con la detenida, Hermida se excusó de representarla por posibles conflictos de intereses entre la mujer y el principal acusado en el caso.

ED

Los titulares de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) firmaron un convenio para que en esa fuerza de seguridad se promueva la inclusión, la permanencia y el desarrollo personal de personas con discapacidad en distintas tareas, entre las cuales se contarán las de investigación criminal.

El encuentro fue este lunes y también implicará que los agentes de la PSA se formen en temas vinculados a la discapacidad y garanticen la accesibilidad a toda la ciudadanía. Lo encabezaron Fernando Gallaraga, director ejecutivo de ANDIS, y José Glinski, director nacional de la PSA, que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación.

“Nuestra búsqueda se enmarca en un proceso más amplio de la incorporación de profesionales para tareas que estaban destinadas exclusivamente a personas que provienen de la carrera policial tradicional. Necesitamos, por ejemplo, contadores, abogados, profesionales de las ciencias sociales, para conformar un grupo que se dedique a investigar delitos económicos, que no hay en la Argentina. Gente que entienda de lavado de dinero, movimientos financieros, evasión impositiva, que pueda analizar y cruzar información. También analistas informáticos, especialistas en big data, machine learning, entre otros”, describió Glinski tras la firma del convenio.  Se trata de una iniciativa estrechamente vinculada al cumplimiento del cupo laboral de personas con discapacidad en la Administración Pública Nacional, que según la ley es del 4%.

El titular de ANLIS señaló: “Hay profesionales que buscan por años su inclusión laboral, se multiplica por dos o por tres el tiempo de espera de un estudiante con discapacidad que egresa de la universidad que el de una persona sin discapacidad. Y, además, la evolución después en la carrera cuando ingresan a un puesto laboral es muy reducida, anclada a los niveles más bajos y es una realidad que tenemos que transformar”.

Greta Pena, subdirectora ejecutiva de ANDIS, destacó que “la PSA es una fuerza que tiene una conducción civil y está atravesada profundamente por una perspectiva de derechos humanos, con despliegue en todo el país, que nació con paridad de género. La inserción laboral de personas con discapacidad en estos ámbitos tiene un efecto simbólico y político para toda la sociedad, son espacios donde antes no existía este tipo de relacionamiento a favor de los derechos de las personas con discapacidad”. En ese sentido, por ejemplo, en marzo la institución policial presentó novedades en su indumentaria: es un uniforme no binario.

BJ