El juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Carlos Mahiques, padre del ministro Juan Bautista Mahiques, defendió este jueves su continuidad en el cargo ante el Senado en una audiencia atravesada por el escándalo del viaje a Lago Escondido que apadrinó el Grupo Clarín en 2022. El magistrado buscó relativizar el episodio al afirmar que se trató de “un viaje de distracción con amigos”, mientras el oficialismo avanzó con su pliego y dejó encaminada su renovación por cinco años más, en lo que fue leído como un guiño político para su permanencia.

La exposición se dio en la Comisión de Acuerdos, donde Mahiques respondió preguntas de senadores sobre su trayectoria y sobre el viaje realizado en octubre de 2022 a la estancia del empresario británico Joe Lewis, en Río Negro. Allí coincidió con otros jueces federales, funcionarios y directivos vinculados al conglomerado de medios. Frente a los cuestionamientos, el camarista insistió en que se trató de una actividad privada: “Fue un viaje de distracción con amigos”, sostuvo, y negó que hubiera existido algún tipo de contraprestación o vínculo indebido con su función judicial.

Las respuestas no lograron disipar las críticas de la oposición. Desde el peronismo, varios senadores remarcaron que el traslado se hizo en un vuelo privado y que la estadía fue en una propiedad de Lewis, lo que dio lugar a denuncias por presuntas dádivas. En ese sentido, plantearon que no se trata de un hecho menor sino de un episodio que pone en discusión la independencia y la transparencia de integrantes de uno de los tribunales más importantes del país. Las consultas fueron planteadas por la mendocina Anabel Fernández Sagasti y el rionegrino Martín Soria.

Con Mahiques viajó Julián Ercolini –juez federal que avanzó sobre Cristina Kirchner–, Marcelo D’Alessandro –entonces ministro de Justicia y Seguridad de Horacio Rodríguez Larreta–, y hasta el ex jefe de Legales de la SIDE Leonardo Bergroth. Incluso fue Juan Bautista Mahiques, actual ministro, que propuso falsificar facturas para intentar tapar el presunto delito de dádivas, según la filtración de los chats del grupo de Telegram.

Mahiques explicó: “Me cuide muy bien de verificar, cuando hicimos ese viaje de amigos, que no me financió ninguna empresa”. También reiteró que “no pedí licencia porque el único tribunal que tiene jurisdicción en todo el país es Casación Federal y en consecuencia, de algún modo, seguí trabajando”. Agregó, en ese sentido, que participó “de un seminario que está grabado en la Universidad Austral durante el viernes y el sábado, y el domingo me volví”.

Pese a esa polémica, el oficialismo avanzó con el tratamiento del pliego enviado por el Poder Ejecutivo para renovar su mandato. Mahiques cumple 75 años en noviembre de 2026, el límite constitucional para ejercer como juez, por lo que necesita un nuevo acuerdo del Senado para permanecer en el cargo por otros cinco años. La continuidad en Casación —tribunal clave para revisar causas penales de alto impacto— convierte la decisión en un movimiento de peso dentro del esquema judicial.

Fernández Sagasti recordó dos impugnaciones que recibió el pliego de Mahiques por parte de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) porque fue beneficiado con el cargo actual por una decisión de Mauricio Macri en 2017, pese a que su cargo original era el de juez de la Cámara Nacional de Casación Penal: “Los traslados fueron un elemento excepcional y necesario, ortodoxos y compatibles con la interpretación constitucional”, y cerró al respecto que “el Consejo de la Magistratura evaluó el pedido y el Ejecutivo convalidó y lo envió a este Senado que también lo aprobó”, dijo Mahiques.

El senador Soria cargó contra el magistrado y recordó que “fue trasladado a dedo por el expresidente Mauricio Macri” y sostuvo que “pertenece a un grupo selecto de magistrados contrario a la Constitución y al Reglamento sin concursar a la máxima instancia”. “¿Usted cree que esto no lo afecta su independencia judicial? ¿No es falta de idoneidad moral?”, lo inquirió.

“No me hago cargo ni acepto de ninguna de las denuncias de sus imputaciones que hizo en general a un selecto grupo que nunca pertenecí. He servido al Estado en donde fui convocado no por razones ideológicas, sino por aportes técnicos”, se defendió Mahiques. Al finalizar la audiencia pública, tras casi cuatro horas de reunión, el pliego del juez Mahiques obtuvo dictamen de comisión.

MC

El doctor Esteban Mahiques, hermano de Juan Bautista, fue oficializado este jueves como titular de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia de la Nación, cargo que, según se indicó, será “ad honorem”.

“Desígnase con carácter ‘ad honorem’, a partir del 6 de marzo de 2026, en el cargo de Titular de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia al doctor Esteban Mahiques”, señaló el decreto 251/2026 publicado en el Boletín Oficial.

Esteban se desempeñaba como director general de Relaciones Institucionales de la Cancillería y hasta hace poco integraba el Tribunal de Disciplina de la AFA, puesto al que renunció en las últimas semanas tras los cuestionamientos por incompatibilidades después de la avanzada del Gobierno contra el titular de la casa madre del fútbol argentino, Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino.

La oficialización de la designación fue firmada por el presidente Javier Milei y el titular del Ministerio de Justicia y la misma señaló que la función de Esteban Mahiques comenzó a regir el pasado 6 de marzo de 2026 debido a que Juan Bautista Mahiques asumió en el cargo a comienzos de dicho mes.

El ministro y el ahora designado jefe de asesores en Justicia tienen otro hermano, Agustín, fiscal de instrucción porteño, conocido por su rol como adjunto del fiscal Gerardo Pollicita en la causa “Vialidad” contra Cristina Fernández de Kirchner, que terminó con la condena a la expresidenta a seis años de prisión.

“Coco” Mahiques, ante el Senado, para defender su pliego

Carlos “Coco” Mahiques, padre de Juan Baitista y Esteban, defiende este jueves su pliego para acceder a la prórroga por cinco años más en su cargo en la Cámara Federal de Casación Penal. Lo hará en el Salón Illia del Senado frente a los miembros de la Comisión de Acuerdos que preside el riojano Juan Carlos Pagotto.

“Coco” Mahiques cumplirá los 75 años, edad límite para ser juez establecida en la Constitución Nacional (artículo 99, inciso 4), en noviembre próximo. Sin embargo, puede recurrir a un nuevo nombramiento por cinco años más, a propuesta del Poder Ejecutivo.

Al pliego se le dio ingreso formal en la sesión del 18 de marzo pasado, mientras que el 7 de abril culminó el plazo para recibir respaldos e impugnaciones a su candidatura, las cuales tendrá sobre la mesa la Comisión de Acuerdos.

Es camarista de la Casación Federal, el principal tribunal penal del país. Por encima solo está la Corte Suprema. El juez acaba de correrse de la causa que investiga la supuesta malversación de fondos en la AFA porque se reveló que festejó su cumpleaños a fines de 2025 en la quinta que se le atribuye a Pablo Toviggino, mano derecha de Claudio “Chiqui” Tapia.

Tras integrar tribunales orales y de casación en la provincia de Buenos Aires, en 2015 fue designado como ministro de Justicia bonaerense durante la gestión de María Eugenia Vidal al frente de la gobernación, cargo al que renunció cinco meses después. En 2017, durante la presidencia de Mauricio Macri, llegó a la Cámara Federal de Casación Penal, trasladado desde la Casación porteña. Como parte del tribunal, firmó la resolución que en 2024 atribuyó el atentado a la AMIA a Hezbollah con apoyo iraní y lo clasificó como crimen de lesa humanidad; un año antes, en 2023, confirmó 54 condenas por torturas, desapariciones y “vuelos de la muerte” en la ESMA. Además, Carlos Mahiques es profesor universitario, autor de libros de derecho penal, recibió la Orden al Mérito de Italia y sendas condecoraciones de Francia y Malta, y premios de la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas) y la ADL (Anti-Defamation League -Liga Antidifamación-), por su rol en la causa AMIA.

Con información de NA y El Parlamentario.

“Tenés que sacar un crédito del Nación. ¿Querés el contacto?”. La voz, segunda línea en un ministerio, narra el diálogo de un año atrás y da cuenta de un reparto que define como “una locura” de los préstamos hipotecarios del principal banco público, ése que Javier Milei propuso cerrar o privatizar. “Lo ofrecían por los pasillos”, recuerda ahora, cuando en los despachos oficiales repasan de memoria quiénes aceptaron y quiénes se perdieron la oportunidad.

La cartera más comprometida es —una vez más— la de Luis “Toto” Caputo. Allí se anotan como receptores el secretario de Finanzas, Federico Furiase (US$280.000), y el asesor y director del BICE, el picante Felipe Núñez (US$315.000), entre otros. Una y otra vez, se demuestra que un plantel “exitosísimo” en el mundo privado llega a la función pública y exprime al Estado. En este caso, se hace entregar un crédito a tasa subsidiada, que cubre un porcentaje de la “primera vivienda” mucho más alto que cualquier entidad privada.

Si pueden y quieren, los tribunales deberán evaluar si los créditos a decenas de funcionarios y diputados transfugas al oficialismo cumplieron con las exigencias de ingresos, o si se trató de un favoritismo a la hora de darles prioridad sobre ciudadanos de a pie, o nada de eso. El listado de violetas que usufructuaron la línea del Banco Nación habla por sí solo de la anormalidad en curso.

En el Palacio de Hacienda se vive un clásico: tirria contra Sandra Pettovello, la ministra de Capital Humano que se desprendió de su jefe de Gabinete, Leandro Massacessi, apenas veinte minutos después de leer un tuit que lo sindicaba como beneficiario de una hipoteca del Banco Nación por unos US$ 300.000. Pettovello le pidió explicaciones por teléfono al hijo del “Menem Rubio” Horacio Massacessi, éstas fueron insatisfactorias y dispuso su despido inmediato.

“Los dejó reexpuestos a todos, están recalientes”, razona un testigo de la pelea con Caputo. Ayer, inmerso en la realidad paralela en la que se autopercibe domador del universo, Milei se desgañitaba en X para aclarar que el despido del jefe de Gabinete de Pettovello nada había tenido que ver con el crédito del Banco Nación, contra lo obvio explicado por el propio expulsado y por múltiples fuentes oficiales.

La rivalidad entre Pettovello y el ministro de Economía se remonta a comienzos de la gestión ultraderechista, cuando la ministra trataba de destrabar partidas urgentes para asistencia social, salud y educación, y se encontraba con la negativa tajante de su colega, porque “no hay plata”. Aquellos tironeos derivaron en al menos una renuncia de la ministra, finalmente retirada.

Núñez o el jefe de campañas digitales de Casa Rosada, Juan Pablo Carreira (Juan Doe, US$76.000), caen bajo el mismo tipo de daño autoinfligido que padece Manuel Adorni. Fueron tan agraviantes, abusaron tanto de la injuria y la calumnia, que ahora, cuando quedan expuestos por avivadas, corruptelas o corrupción a gran escala, se acumularon los enemigos y son pocos los dispuestos a dar la cara por ellos. Señalados por los vecinos del consorcio del edificio al que se mudaron o los tribunales, nada los incrimina tanto como el goce expresado en redes ante el dolor social generado por la motosierra.

Aunque los oficialistas beneficiados con los créditos que detectó el diseñador gráfico y experto en datos Andrés Snitcofsky pertenecen a las distintas tribus, el escándalo no escapa a la interna. Unos trataban de hilvanar explicaciones y otros buscaban salir por arriba, con imposturas que decían no entender “qué está mal” de solicitar un crédito.

La misma fuente gubernamental antes citada acotaba ayer: “Qué barato le está saliendo a Darío Wasserman. ¿Por qué nadie lo nombra?”. Se trata del presidente del Banco Nación, responsable principal de un esquema de créditos canalizado por el método de la casta voraz enquistada en el Estado. Además de administrador de una pauta publicitaria generosa, Wasserman es esposo de Pilar Ramírez, una ex filocamporista que se volvió inseparable de Karina Milei, la terminal donde conducen casi todos los indicios de corrupción en el Gobierno del Soez.

Territorio Mahiques

El martes tuvo lugar una reunión clave y reveladora entre el nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y ocho de los nueve jueces de la Cámara de Casación Federal. El único ausente entre los magistrados fue Alejandro Slokar, quien prefirió ahorrarse la foto de una cita convocada sin agenda. En un dato elocuente, el lugar central en la foto protocolar lo ocupó el décimo participante del encuentro, Santiago Viola, el viceministro de Justicia, proveniente de la línea SIDE y otro de los adoptados por Karina.

El comienzo de la cita tuvo un tono emotivo. El más veterano de los jueces, Carlos Mahiques, no es el presidente de la máxima instancia penal del sistema judicial, pero ofició como anfitrión. Se mostró movilizado por el hecho de ser visitado por el ministro Juan Bautista. No fue ni de cerca el primer encuentro semipúblico del que participan padre e hijo. Por caso, ambos compartieron el inolvidable viaje a Lago Escondido organizado por el Grupo Clarín, en 2022, periplo de lujo que incluyó a jueces, espías, directivos del conglomerado mediático y funcionarios del entonces gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta.

La filtración oral y escrita del Telegram del grupo de Lago Escondido, en plena efervescencia por esconder el hecho, alumbró el papel de Mahiques padre caracterizado por la irascibilidad y la promesa de venganza, mientras que a Mahiques hijo le tocó pergeñar el invento de “una facturita” para justificar gastos y el diseño para trasladar la investigación a Comodoro Py, donde consiguió un éxito rotundo meses después, cuando la causa fue archivada.

Mahiques padre se juega mucho en las próximas semanas. En noviembre próximo cumple 75 años, edad de retiro para los jueces, pero Javier Milei quiere que permanezca en esa silla. La conexión con el ministro será fundamental en la instancia penal por la que pasan todas las investigaciones de corrupción de funcionarios nacionales y que además interviene en los procesos inferiores, reasignando causas entre juzgados, separando jueces, vetando pruebas o atrayendo expedientes a Comodoro Py.

El 3 de febrero, el Gobierno envió al Senado el pedido para extender el acuerdo de Mahiques padre hasta sus ochenta años, lo que tiene altas chances de prosperar. El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) ya impugnó el proyecto. Esa organización menciona los antecedentes de Lago Escondido y el festejo de la familia Mahiques en el predio de la AFA como razones para que el patriarca efectivice su jubilación de una vez por todas, pero se basa en un argumento de mayor peso.

En 2013, Mahiques fue designado por concurso como juez de la Cámara de Casación Penal (fuero ordinario, no federal). Tras un interregno como ministro del Gobierno de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, Mahiques volvió a tribunales, pero fue trasladado por decreto de Mauricio Macri a la estratégica Casación federal, sin concurso, en 2017. Al año siguiente, ante las quejas por esa práctica de la que abusó el Ejecutivo de Cambiemos, el Senado votó el nombramiento, pero —recuerda INECIP— ello no salva la falta de concurso establecida en la ley. En esa línea, la extensión del mandato de Mahiques con la que ahora pretenden premiarlo los Milei sería la prolongación de una ilegalidad. Si el Senado consigue los 37 miembros que levanten la mano, les tocará al Presidente y a Mahiques hijo firmar la extensión. Otro brindis emotivo.

El encuentro en la sala de Acuerdos de Casación Federal no fue sólo camaradería, emoción y protocolo. El juez Guillermo Yacobucci —otro veterano del fuero— aprovechó para reforzar la idea de que no es necesario completar las cuatro vacantes de la Cámara (son trece asientos y hay nueve ocupados). Según dos fuentes al tanto del contenido de la reunión, varios de sus colegas y el ministro Mahiques celebraron la idea, que podría materializarse en un proyecto de ley para reducir el número de integrantes del tribunal o, más sencillo, con la simple inacción del Ejecutivo. Si no propone a nadie, las sillas siguen vacías. Son varios los jueces de Casación que enfrentaron pedidos de juicio político, algunos de ellos con mucho cuerpo, pero todos fueron anulados o hibernados. Mejor dejar todo como está y ganan todos.

El frente de Casación Federal parece despejado con la influencia de los Mahiques, mientras la Corte Suprema reducida a tres miembros tampoco presenta mayores problemas para el Gobierno ultraderechista. Ninguno de los supremos supone un desafío para los deseos de Karina, y la mala relación entre los cortesanos contribuye a neutralizar algún intento individual de salirse del guion.

Más abajo, en la segunda y primera instancia del fuero criminal federal de la Ciudad de Buenos Aires, parece estar en curso un tránsito desde un esquema que en la última década y media pareció orbitar en el macrismo, sea por adhesión ideológica o comunidad de intereses, a otro de impronta mileista. Hasta ahora, el Ejecutivo de La Libertad Avanza convivió a gusto con esa trama dominada por la mesa judicial constituida en el Gobierno de Macri, estamentos tradicionales del fuero federal y la SIDE. Algo está cambiando bajo la dirección de la dupla Mahiques-Viola. Una terminal propia permitiría a los Milei moverse con soltura sin tener que pedir lealtades prestadas.

Vetos

Los movimientos alcanzan a la Cámara Federal, dividida en dos salas de tres miembros cada una. Martín Irurzun también tiene 74 años y aspira a lograr una extensión de su designación como camarista federal. Uno de los más veteranos de Comodoro Py y considerado afín a la UCR, fue el autor de la doctrina que sirvió para encarcelar a varios funcionarios de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, bajo el argumento del peso residual que podrían conservar para entorpecer el proceso judicial. El concepto se restringió exclusivamente a funcionarios peronistas, que pasaron meses y años en la cárcel sin sentencia. La relación con el macrismo de Irurzun, considerado propio por la UCR, fue inmejorable, pero por algún motivo —acaso ése— el tándem Mahiques-Viola no muestra intenciones de enviar al Senado la solicitud de extensión del mandato.

Milei tiene la oportunidad de congelar la foto actual de Casación, designar a tres de los seis jueces que integran la Cámara Federal porteña, unos cuantos de la primera instancia, además de magistrados federales en todo el país.

Meses atrás, Irurzun tuvo una intervención que dio que hablar en el expediente de las presuntas coimas asociadas a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), conocida como “el 3% de Karina”. En línea con las defensas de los lobistas y empresarios imputados, el camarista puso el foco en la necesidad de constatar la legalidad de los audios del amigo de Milei Diego Spagnuolo. El argumento está en el aire y podría definirse en los próximos días.

A la vacante que dejaría Irurzun en la Cámara, se podrían sumar las de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. Ambos fueron trasladados, en 2018, sin concurso por Macri a Comodoro Py, al igual que Mahiques padre, pero sin siquiera contar con el acuerdo posterior del Senado. La Corte Suprema ya estableció que su designación fue ilegal, aunque permitió su permanencia hasta que la Cámara alta nombre a sus reemplazantes. En el edificio de Retiro se narra que el hoy viceministro Viola les hizo la cruz por su intervención en un expediente de inteligencia ilegal contra el juez Sebastián Casanello. Bruglia y Bertuzzi votaron por procesar a Viola, quien oficiaba como abogado de los hijos de Lázaro Báez y había armado una operación con sello de la SIDE. El interinato de Bruglia y Bertuzzi se da por acabado.

De tal manera que Milei tiene la oportunidad de congelar la foto actual de Casación, designar a tres de los seis integrantes de la Cámara Federal porteña, unos cuantos de la primera instancia, además de jueces y fiscales federales en todo el país.

Apellidos permanentes

El concepto de “familia judicial” es más viejo que la democracia argentina. Hay un montón de Mahiques en diferentes cargos judiciales. Por aludir a otro apellido ya mencionado en la nota, el camarista de Casación Yacobucci —un juez muy receptivo a los pedidos de las defensas de los represores de la dictadura— tiene a su hijo, Ignacio, como secretario de la vocalía de su colega Javier Carbajo. La endogamia es ley, pero se avizora una nueva escala.

En la primera tanda de 62 propuestas de designación de jueces, fiscales y defensores oficiales, Mahiques se propuso agrandar la familia. Entre ellos, el hijo del fallecido fiscal ultramenemista y macrista Germán Moldes, Juan Andrés Moldes, para cubrir un puesto de juez penal económico; Ana María Juan, esposa de Marcelo Martínez de Giorgi, el juez federal que tiene paralizada la causa $LIBRA, como titular de un juzgado federal en Hurlingham; y Emilio Rosatti, hijo del supremo Horacio Rosatti, para el Tribunal Oral Federal de Santa Fe. De unos cuarenta jueces propuestos en esta instancia, al menos el 10% tienen relaciones de parentesco primario con apellidos de primer orden de la magistratura.

Los problemas de Emilio Rosatti con el alcohol —en dos oportunidades, 2021 y 2022, fue hallado al volante con más de 2 gramos de alcohol en sangre, unas cinco veces lo permitido, en caminos de su provincia, Santa Fe— y una denuncia por un divorcio turbulento que en el pasado lo obligaron a retirarse de un concurso, parecen zanjados para la vara moral de los hermanos Milei.

Una voz con peso en Comodoro Py define el mapa que quedará con los movimientos, remociones y designaciones que lleva adelante la sociedad Mahiques-Viola. “Con un promedio de edad de unos cincuenta años y horizonte de jubilación a los 75, se están asegurando un cuarto de siglo de dominio de Comodoro Py mediante un clan asociado al Gobierno”.

Procesión sin resurrección

En el corto plazo, los reacomodamientos en curso dejan capítulos a dilucidar. Uno de ellos es la investigación por las coimas en ANDIS. El fiscal Franco Picardi, quien instruyó una primera parte de la causa que derivó en 19 procesamientos, acaba de solicitar otras treinta indagatorias. El juez Ariel Lijo recibió en febrero la causa de manos de su colega Sebastián Casanello y debe decidir ahora si da curso a las indagatorias en una causa que, si escala, tocaría las puertas de la Presidencia.

Entre Martínez de Giorgi y el fiscal Eduardo Taiano tienen estaqueada la investigación por la criptoestafa $LIBRA, pero las pruebas difundidas por medios periodísticos que apuntan directamente a los hermanos Milei son tan contundentes, que enterrar ese expediente no será tan fácil.

Cada vez que sale un posteo con la foto y a Adorni le surge otra propiedad, otro viaje, otra trapisonda.

En cuanto a José Luis Espert y el financiamiento por parte de un presunto narco, la causa está radicada en un juzgado federal de San Isidro. El último movimiento del exdiputado fue para mudar la investigación a Comodoro Py.

La causa que aportó más color y efervescencia en las últimas semanas es la de los gastos desmesurados y la expansión de bienes de Adorni, verdadero monotema puertas adentro de Casa Rosada. Sin voz, el exvocero y jefe de Gabinete petrificó su sonrisa para sacarse selfies con ministros que se acercan para mostrarle su apoyo y darle el pésame. Cada vez que sale un posteo con la foto y a Adorni le surge otra propiedad, otro viaje, otra trapisonda.

El miércoles deberá prestar declaración testimonial la escribana Adriana Nechevenko, en apariencia, la armadora del pase de manos, hipoteca sospechosa y subfacturación del departamento en la calle Miró 550, barrio de Caballito, y de la casa en el country Indio Cua. El fiscal Gerardo Pollicita, en quien Lijo delegó la investigación, prepara más citaciones a testimoniales para encontrar la punta del ovillo. Dilucidar los pasos de Lijo en pleno reacomodamiento de Comodoro Py y tras haber sido rechazado para ocupar una silla en la Corte Suprema despierta múltiples elucubraciones en despachos oficiales.

Nechevenko conoce bien a Adorni, a quien frecuentó en Casa Rosada. Tienen un punto en común. El jefe de Gabinete no pagó las expensas de enero, febrero y marzo de la calle Miró, por lo que acumula una deuda de $3 millones. Nechevenko, por su parte, debería siete meses de expensas en su oficina del edificio de Luis Sáenz Peña 259, unos $2,2 millones.

El jefe de Gabinete designó abogado en la causa por los vuelos a Punta del Este y el presunto enriquecimiento ilícito. Su letrado es Matías Ledesma, hijo de un juez que condenó a las Juntas militares. Entre varios clientes famosos, Ledesma representó a Rosatti en un juicio por enriquecimiento ilícito en Santa Fe, que no prosperó, y a Silvio Robles, mano derecha de Rosatti en su vocalía de la Corte Suprema. En este caso, lo defendió por su indebida asesoría a Marcelo D’Alessandro, ministro de Justicia de Larreta y pasajero de Lago Escondido, en el marco de una disputa entre Nación y Ciudad. Para sorpresa de nadie, la causa tampoco avanzó.

El hijo de Robles es el community manager de Martín Menem.

slacunza@eldiarioar.com

SL

La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal notificó este lunes a las partes la integración del tribunal que revisará el desprocesamiento de Mauricio Macri en la causa por presunto espionaje a familiares de las víctimas del naufragio del ARA San Juan. Es luego de que el magistrado Carlos Mahiques fuera desplazado del caso, por presunta cercanía con el expresidente.

“Hágase saber a las partes que este Tribunal se encuentra integrado para intervenir en las presentes actuaciones por los doctores Angela E. Ledesma, Alejandro W. Slokar y el suscripto”, detalló la resolución firmada por Guillermo Jorge Yacobucci.

Slokar reemplaza al camarista Mahiques, apartado tras una recusación de la querella conformada por familiares de los submarinistas representada por los abogados Valeria Carreras y Luis Tagliapietra, quienes le atribuyeron amistad con el exmandatario y haber compartido con él un espacio en un estadio durante la Copa del Mundo en Qatar.

El submarino de la Armada Argentina se hundió el 15 de noviembre de 2017 frente al Golfo de San Jorge, cerca de Comodoro Rivadavia, cuando viajaba desde Ushuaia hacia la Base Naval de Mar del Plata.

Macri había sido procesado por Martín Bava, el juez federal de Dolores, pero luego la Cámara Federal revocó esa medida, la cual fue apelada y llevó el sumario a la Sala II de Casación. Al momento de dejar sin efecto el procesamiento, los camaristas Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens consideraron que el acercamiento de personal de seguridad de Macri a los familiares o averiguaciones sobre sus actividades tenía que ver con la seguridad presidencial.

Por el hundimiento están procesados el marino Luis López Mazzeo (Comando de Adiestramiento y Alistamiento), Claudio Villamide (Comando de la Fuerza de Submarinos), Héctor Alonso (Jefe del Estado Mayor del Comando de Fuerza de Submarinos y Oficial Evaluador de Alistamiento) y Hugo Correa (Jefe del Departamento Operaciones) por incumplimiento de los deberes de funcionario público y estrago culposo agravado.

LC con información de agencia Télam

El juez de la sala segunda de la Cámara Federal porteña, Eduardo Farah, determinó este miércoles que la causa del viaje a Lago Escondido, protagonizado por jueces federales, funcionarios porteños, exagentes de inteligencia y directivos de medios se tramite ante en los tribunales federales de Comodoro Py y no en Bariloche, como fue hasta ahora.

“Hacer lugar al planteo de inhibitoria formulado en el legajo, para lo cual el juzgado instructor deberá solicitar al Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche la remisión de las causas números FGR 17869/2022 y FGR 21086/2022, por las vías pertinentes”, escribió el juez Farah en su resolución, difundida esta mañana.

El lunes pasado, el fiscal ante la Cámara Federal porteña José Agüero Iturbe opinó en ese mismo sentido en un dictamen que evaluó el juez Farah al concluir la feria judicial.

“Se sabe -sin debate o duda al respecto- que todos los agentes públicos que se mencionaron ejercen sus funciones en el ámbito de esta ciudad; todos los asuntos que -se dijeron- conectados a los hechos, se sustanciaron o llevaron adelante en esta sede territorial; si, por hipótesis, existieron los alegados ofrecimientos y aceptaciones de traslados y alojamientos, los incumplimientos de obligaciones ligadas a los oficios de los involucrados, u otras variantes que se trajeron a colación, todo ello también habría sucedido aquí”, explicó Farah.

En ese marco, el camarista indicó que “a los fines de determinar la competencia territorial deviene insustancial cuál habría sido el destino previamente pactado y después concretado de aquellos servicios” y agregó: “Nótese, para reforzar el argumento, que podría haber correspondido a diferentes lugares, e incluso al exterior del país, pero la definición del tema sería la misma que propondré aquí”.

El pase de la causa a Comodoro Py, rechazado en primera instancia, fue solicitado por Pablo Yadarola, el juez imputado en la causa por ser uno de los que visitó Lago Escondido acompañado por los jueces Julián Ercolini y Carlos Mahiques, así como el ministro de Justicia y Seguridad porteño en uso de licencia, Marcelo D'Alessandro, quienes fueron recibidos en Bariloche por los representantes del Grupo Clarín Pablo Casey y Jorge Rendo.

El fiscal recordó en su dictamen de 7 páginas que, en la imputación formulada por la fiscal federal de Bariloche María Cándida Etchepare, se reseñó la “existencia de un viaje de lujo en un avión privado y con destino a una magnánima estancia en el que participaron jueces, un ministro de la Ciudad de Buenos Aires y dos empresarios, quienes se reunieron en esta ciudad con otros dos empresarios con altos cargos en un poderoso conglomerado de medios de comunicación nacional, cuya presencia en la reunión fue evidentemente ocultada, no solo por haber tomado otro vuelo, sino por su omisión en el relato de quien -presuntamente- los alojara”.

“A esto se suma, como hipótesis delictiva a corroborar por la investigación que habrá de llevarse a cabo, que todas las facturas emitidas por los servicios fueron abonadas 'al contado' e, incluso, en el caso del alojamiento, formalizadas con posterioridad, de modo tal que adquiere sustentación (con el grado que requiere esta incipiente instancia) la denuncia del letrado, en cuanto a que el viaje en su totalidad pudo haber sido un ilícito regalo a los funcionarios, extremo que habrá de corroborarse o descartarse a lo largo de la pesquisa”, había sostenido la fiscal federal del distrito patagónico.

La causa se estaba tramitando ante el juzgado federal de Bariloche, que hasta este año subrogó la jueza María Silvina Domínguez, quien anunció recientemente su jubilación, por lo que hubiera sido reemplazada desde el primer día de febrero por Gustavo Villanueva, juez federal de Neuquén.

Los jueces investigados en esta causa son Yadarola (Penal Económico), Ercolini (Criminal y Correccional Federal), Mahiques (Cámara Federal de Casación Penal) y Pablo Cayssials (Contencioso Administrativo Federal). En el caso también se investiga al fiscal general de la ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques; el ministro porteño en uso de licencia Marcelo D'Alessandro; el exagente de inteligencia Leonardo Bergroth y el presidente de Mediabit S.A., Tomás Reinke.

LC con información de agencia Télam

Un dictamen del José Agüero Iturbe, fiscal ante la Cámara Federal porteña, señala que la causa donde se investiga el viaje a Lago Escondido de jueces federales, funcionarios porteños, exagentes de inteligencia y directivos de medios debería pasar de la justicia federal de Bariloche a los tribunales federales de Comodoro Py, tal como reclamaban los propios acusados.

Ahora, deberá ser el juez de la sala segunda de la Cámara Federal porteña, Eduardo Farah, quien determine si efectivamente la causa cambia de jurisdicción, según informaron fuentes judiciales.

El traslado de la causa a Comodoro Py ya había sido rechazado en primera instancia. Fue solicitado por Pablo Yadarola, el juez del fuero penal económico quien está imputado en la causa por ser uno de los que visitó Lago Escondido acompañado por otros jueces, entre ellos Julián Ercolini y Carlos Mahiques, junto al ministro de Justicia y Seguridad porteño en uso de licencia, Marcelo D'Alessandro. Todos ellos fueron recibidos en Bariloche por Pablo Casey y Jorge Rendo, representantes del Grupo Clarín.

“En modo alguno podría considerarse que el hecho se cometió en el lugar donde aterrizó el avión o en el destino final de los encartados conforme a las calificaciones jurídicas en juego escogidas por este Ministerio Público Fiscal, más allá de su carácter provisorio”, sostuvo el fiscal Agüero Iturbe en su dictamen de 7 páginas.

El fiscal recordó que, en la imputación formulada por María Cándida Etchepare, fiscal federal de Bariloche, se reseñó la “existencia de un viaje de lujo en un avión privado y con destino a una magnánima estancia en el que participaron jueces, un ministro de la Ciudad de Buenos Aires y dos empresarios, quienes se reunieron en esta ciudad con otros dos empresarios con altos cargos en un poderoso conglomerado de medios de comunicación nacional, cuya presencia en la reunión fue evidentemente ocultada, no solo por haber tomado otro vuelo, sino por su omisión en el relato de quien -presuntamente- los alojara”.

“A esto se suma, como hipótesis delictiva a corroborar por la investigación que habrá de llevarse a cabo, que todas las facturas emitidas por los servicios fueron abonadas 'al contado' e, incluso, en el caso del alojamiento, formalizadas con posterioridad, de modo tal que adquiere sustentación (con el grado que requiere esta incipiente instancia) la denuncia del letrado, en cuanto a que el viaje en su totalidad pudo haber sido un ilícito regalo a los funcionarios, extremo que habrá de corroborarse o descartarse a lo largo de la pesquisa”, sostuvo la fiscal Etchepare.

Por ahora, la causa se tramita ante el juzgado federal de Bariloche que hasta este año subrogó la jueza María Silvina Domínguez, quien por otro lado anunció recientemente su jubilación, por lo que será reemplazada desde el primer día de febrero por Gustavo Villanueva, juez federal del Neuquén.

Los investigados en esta causa son los jueces Yadarola (Penal Económico), Ercolini (Criminal y Correccional Federal), Mahiques (Cámara Federal de Casación Penal) y Pablo Cayssials (Contencioso Administrativo Federal). También se investiga al fiscal general de la ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques; el ministro D'Alessandro; el exagente de inteligencia Leonardo Bergroth y el presidente de Mediabit S.A., Tomás Reinke.

A principios de diciembre la fiscal federal de Bariloche, María Cándida Etchepare, emitió un dictamen en el que deja en claro que no hay dudas que el viaje que jueces, fiscales, funcionarios porteños y empresarios del Grupo Clarín realizaron a Lago Escondido existió y que además implica un “ilícito penal” . Por esa razón, en un dictamen presentado ante la jueza federal Silvina Domínguez, pidió seguir adelante con la investigación por la posible aceptación de dádivas y que se abran los secretos bancarios de los viajeros.

De acuerdo con el dictamen, los hechos denunciados en un primer momento podrían “implicar un ilícito penal, en particular, la existencia de un viaje de lujo en un avión privado y con destino a una magnánima estancia en el que participaron jueces, un ministro de la Ciudad de Buenos Aires y dos empresarios con altos cargos en un poderoso conglomerado de medios de comunicación nacional cuya presencia en la reunión fue evidentemente ocultada, no solo por haber tomado otro vuelo, sino por su omisión en el relato de quien -presuntamente- los alojara”.

LC con información de agencia Télam

La última vez que la Asociación de Magistrados, principal entidad de jueces del país, había celebrado su cena de fin de año, fue en diciembre de 2019, en el Hotel Plaza, en Retiro, muy cerca de los tribunales federales de Comodoro Py. Alberto Fernández acababa de ingresar a la Casa Rosada. Marcela Losardo, recién asumida como ministra de Justicia, era la invitada de honor, junto al entonces presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz.

Hubo fotos conjuntas, mensaje de conciliación y mesa compartida junto a otros funcionarios y representantes del Ejecutivo, como el ministro de Interior, Eduardo “Wado” De Pedro; y el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena. 

Tres años más tarde, unos 500 jueces, fiscales, defensores oficiales y funcionarios judiciales volvieron a congregarse este jueves por la noche en un salón del Golden Center, en Costanera norte, para el mayor evento social del poder Judicial, aunque en el fondo, siempre es político. Pero esta vez, no hubo funcionarios del Ejecutivo presentes. 

El mensaje fue de unidad hacia adentro, el abroquelamiento frente al kirchnerismo. Aunque el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, hizo una salvedad durante su discurso: la unidad tiene límites. “Los buenos jueces tendrán siempre el apoyo de esta Corte”. Los “buenos”, dijo.

Fue el cierre de un año en el que la tensión entre ambos poderes alcanzó un punto máximo con la condena a seis años de prisión contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por defraudación a la Administración pública y su renunciamiento posterior a la posibilidad de ser candidata en 2023.

En la cena de este jueves, los invitados de honor fueron los jueces de la Corte, aunque sólo acudieron los miembros de la mayoría tripartita del máximo tribunal: su presidente, Horacio Rosatti; Rosenkranz; y Juan Carlos Maqueda, quien asistió al encuentro por primera vez en los 20 años que integra el tribunal. Rosatti pidió durante su discurso un especial aplauso para su aliado y colega.

Faltó Ricardo Lorenzetti, quien había confirmado su asistencia pero a último momento les comunicó a sus colegas que le diagnosticaron Covid-19, según informaron tres fuentes del máximo tribunal a elDiarioAR. Ante la consulta de este medio, los voceros del magistrado aún no han respondido.

Los cuatro jueces habían estado reunidos presencialmente esa tarde para firmar el fallo que confirmó la condena a la dirigente Milagro Sala a trece años de prisión por el delito de asociación ilícita. Es el tercero de los cortesanos que comunica haber contraído recientemente el virus. Los otros dos son Maqueda y Rosenkrantz.

Sin embargo, en el entorno de Rosatti la explicación de Lorenzetti les sonó a excusa, según pudo saber este medio. Es que si bien el mensaje del presidente de la Corte y de sus colegas fue un llamamiento a la unidad, los cortesanos tienen su propia fisura.

“Que no nos hagan perder de vista que nos debemos a la sociedad”, dijo Rosatti a los comensales, y les pidió ser “un poder Judicial fuerte”. “Esta Corte no negocia fallos” y sus “integrantes no se cuecen con el primer hervor”, afirmó.

Hubo otros ausentes que solían acudir a la cena anual de los magistrados. Pocos jueces y fiscales federales de Comodoro Py son activos en la Asociación de Magistrados (ninguno de los jueces de primera instancia acudió y los fiscales tienen su propia entidad, la Asociación De Fiscales Y Funcionarios Del Ministerio Público Fiscal De La Nación). 

El juez federal Carlos Mahiques, integrante de la Cámara Federal de Casación, y uno de sus hijos y jefe de los fiscales de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques, habían sido de los más saludados en la cena de 2019. En pleno rebote del caso Lago Escondido, que los tiene como protagonistas, esta vez, no estuvieron presentes.

El caso fue la comidilla de las conversaciones sottovoce y unos comentaron su pesar por algunos de los involucrados en el viaje a la propiedad del magnate Joe Lewis y el intento por borrar la supuesta dádiva y la denuncia judicial en Bariloche.

Marcelo Gallo Tagle, presidente de la Asociación de Magistrados, dijo durante su discurso: “Ningún juez o jueza puede pretender que se repete su decisión jurídica si no ajusta su conducta a los estándares de ética que la sociedad espera”.

Hubo otros invitados que este año recibieron saludos y felicitaciones: los jueces Jorge Gorini y Andrés Basso, dos de los integrantes del tribunal oral que condenó a Fernández de Kirchner por el caso Vialidad. Los ubicaron en las mesas próximas a los jueces de la Corte.

Rosatti, Maqueda y Rosenkranz compartieron mesa con Gallo Tagle; el procurador general de la Nación y jefe de los fiscales, Eduardo Casal; y los jueces que representan a sus colegas en el Consejo de la Magistratura, uno de los ámbitos de disputa con el kirchnerismo. Entre ellos estaba Javier Barroetaveña, uno de los integrantes de la Sala I de la Casación Federal, que debe decidir si confirma los sobreseimientos de Fernández de Kirchner y el resto de los sobreseídos en los casos Hotesur-Los Sauces y Memorándum con Irán u ordena que los juicios orales y públicos suspendidos en 2021 se ejecuten en pleno año electoral. 

En otra mesa próxima el fiscal Mario Villar, también de la Casación, acompañó al nuevo presidente de la Asociación de Fiscales, Ricardo Rafael Toranzos (fiscal federal de Salta). Villar es el fiscal que solicitó en noviembre que la vicepresidenta y sus hijos, además del resto de los acusados en Hotesur-Los Sauces por presunto lavado de dinero y asociación ilícita vayan a juicio oral y público.

Sólo se escucharon quejas de los comensales funcionarios del poder Judicial, como peritos y auxiliares de los jueces y fiscales, quienes al finalizar la cena cuchicheaban que no habían sido reconocidos por su labor en el discurso de Rosatti y el brindis de Rosenkranz. Será para la próxima.

ED

Los chats supuestamente obtenidos mediante el hackeo al teléfono celular del ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, incluyen una conversación con el empresario del juego Daniel Angelici, ex presidente del club Boca Juniors y ex vice de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), y una conversación con otro contacto sobre un ofrecimiento de dinero. Así consta en las publicaciones realizadas en un foro que puso a la venta el contenido del teléfono de D’Alessandro por 600 dólares y que está bajo investigación judicial. 

El ministro porteño denunció que su línea de teléfono fue hackeada el 19 de octubre último. Casi un mes y medio después, el o los hackers anunciaron la venta del contenido de los chats de Telegram del funcionario porteño por un valor de 600 dólares, de acuerdo con la publicación en un foro en internet en el que suelen realizar este tipo de publicaciones, como informó elDiarioAR este jueves. 

Un usuario creó la publicación para vender el contenido el 1° de septiembre a las 23 horas. “Estoy vendiendo la data completa exportada de Telegram del teléfono del ministro argentino +500MB $600 (nota de la redacción: dólares). Only BTC o Monero” (en referencia a las criptomonedas), publicó en idioma inglés, con una captura de la información del Telegram de D’Alessandro: “908 chats, 4.099 contactos, 24 frecuentes”.

Ante el pedido de distintos usuarios que solicitaban “pruebas de vida” del contenido hackeado, el usuario en poder del material publicó capturas de tres conversaciones de Telegram: la ya conocida sobre el caso Lago Escondido, que involucra a jueces federales, ejecutivos de Clarín y funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires; una comunicación entre D’Alessandro y Angelici; y un supuesto tercer chat entre el funcionario porteño y un contacto agendado como “Fede”. “Estos supuestos chats fueron obtenidos mediante un espionaje ilegal”, afirmó D’Alessandro a elDiarioAR el miércoles por la noche.

Allegados al ministro de Seguridad porteño aseguraron que los chats publicados por el usuario el 2 de diciembre último estarían editados y no coinciden con conversaciones que D’Alessandro haya mantenido con sus contactos. Además, afirmaron que el funcionario utiliza la aplicación Whatsapp para comunicarse y que las supuestas conversaciones filtradas como “pruebas de vida” son un “montaje” y una “operación de inteligencia”.

Sin embargo, Angelici admitió haber mantenido esa conversación por chat con D’Alessandro, según pudo corroborar elDiarioAR. Desde Qatar, el ex presidente de Boca y ex vice de la AFA respondió la consulta de este medio este jueves por la mañana, hora local, a través de una fuente allegada que actuó como intermediario. 

Angelici ratificó que le solicitó al ministro de Seguridad “un favor” para que D’Alessandro permitiera a un custodio del ex dirigente xeneize ascender en el escalafón de la Policía de la Ciudad a pesar de que estaba fuera de término. 

El empresario del juego tenía custodia de la policía porteña debido a amenazas en su contra, de acuerdo con una fuente del ministerio de Seguridad porteño.

En las capturas publicadas por el hacker no figura la fecha del intercambio entre D’Alessando y Angelici. La fotografía del chat de Telegram sólo permite ver que se llaman mutuamente entre las 11:36 y el mediodía, sin poder establecer la comunicación, hasta que lo logran a las 12:01. Luego intercambian mensajes por escrito entre las 15:32 y las 16:38 pero tampoco figura la fecha del chat.

Esta es la transcripción textual de la conversación publicada por los hackers, sin correcciones de puntuación ni de tipeo.

MD: Lo mandé recién así que sale en la orden del día de la semana.

DA: Ok.

MD: Lo de Zarate (sic) es muy muy fundamental para vos??? Por q tengo (sic) que reabrir el sistema de ascensos y forzar mucho.

DA: Es mi custodia y se le murió la madre justo cuando tenía que rendir

MD: No me psicopatees q (sic) soy tano yo también

DA: Pero es la verdad con esta Pandemia de mierda el tipo ni la pudo despedir y justo les tocaba examen para ascender

MD: Por q (sic) no hablan antes estos bolas tristes??? Ahora veo y lo hago. Nos va a tener que hacer un monumento. El mío es más chiquito. Me adelanté a tu chiste malo…

DA: Dale jefecito jajaja

MD: Decile, (sic) porfa que lo mande mañana a las 11 a ISSP para reevaluación. Que pregunte por la licenciada Lucía Signori. Le avisas, no?

DA: Si ya le avisé

Estos supuestos chats fueron obtenidos mediante un espionaje ilegal.

Marcelo D'Alessandro — Ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.

El custodio -que ya no prestaría servicio para Angelici- “había cumplido con todos los requisitos para ascender y había dado todos los exámenes, estaba en condiciones de ascender”, dijo la fuente cercana a Angelici. Descartó la comisión de cualquier ilícito o intento de torcer las reglas del ministerio de Seguridad, y dijo que le habían hecho llegar la captura del chat filtrado, aunque no precisó quién.

“Fede”

En otro supuesto chat extraído del teléfono de D’Alessandro, se registra una conversación entre el ministro y un contacto agendado como “Fede”, entre las 20:39 y 20:43 horas, sin fecha. A su vez, el contacto Fede tiene agendado al funcionario como “Marcelo” o “M”. En el entorno del ministro porteño negaron tajantemente que el chat sea real y afirmaron que D'Alessandro no tiene a ningún contacto agendado como “Fede”. elDiarioAR pudo saber que las capturas de este chat publicadas por el hacker o los hackers el viernes último están en poder y fueron analizadas por personal especializado de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires para intentar determinar el origen de la publicación en línea e identificar a su publicador.

En la captura, “Marcelo” le escribe a “Fede” para contarle de un presunto arreglo de dinero. “Fede” le replica: “50% guille, 50% gata”, pero “Marcelo” le dice que sea “10 para no joder”.

El hackeo

La vulneración de la línea telefónica de D’Alessandro es investigada en los tribunales de Comodoro Py. La denuncia, que también fue presentada de manera individual por el ex ministro de Seguridad Diego Santilli, quedó a cargo de la jueza María Servini, pero recientemente la magistrada se excusó de intervenir por su relación de amistad o conocimiento con ambos denunciantes.  

Tanto en los entornos de D’Alessandro como de Santilli, quien fue ministro de Seguridad justo antes de que asumiera el actual titular de la cartera, sostienen que el hackeo se realizó en el marco de una operación de inteligencia ilegal. Se utilizó la misma técnica y fue con dos días de diferencia. 

También lo atribuyen al momento político y destacan que por las mismas fechas, uno de los jueces que se encontraba juzgando a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el juicio oral y público por el caso Vialidad denunció el hackeo de su teléfono celular con el mismo método. En el oficialismo nadie se hace eco de esas sospechas de la oposición.

Una modalidad utilizada por los hackers consiste en el secuestro de información personal o relevante y la extorsión al usuario hackeado para “devolverle” los datos vulnerados y apropiados a cambio de dinero. Sin embargo, ni Santilli ni D’Alessandro fueron extorsionados por los hackers, de acuerdo a sus denuncias y a las consultas de elDiarioAR a sus entornos. 

El custodio de Angelici había cumplido con todo los requisitos para ascender y había dado todos los exámenes, estaba en condiciones de ascender.

Fuente allegada a Daniel Angelici.

La maniobra de sustracción de la línea telefónica de D’Alessandro se hizo el 19 de octubre a las 15:26 a través del cambio de la tarjeta SIM, mediante la modalidad de autogestión, de acuerdo con la denuncia a la que accedió este medio. 

Los hackers adquirieron un nuevo chip en El Dorado, Misiones, en la frontera con Paraguay. Realizaron un trámite online de autogestión en Movistar en el que debieron responder una serie de preguntas de seguridad que D'Alessandro y Santilli habían configurado. Tras ingresar las respuestas correctas, lograron apoderarse de sus líneas. 

Ambos dirigentes están convencidos de que fueron objeto de una operación de inteligencia. Las preguntas y respuestas de seguridad estaban basadas en información de índole personal de difícil acceso, según allegados. Por eso, en Comodoro Py arriesgan la hipótesis del fuego amigo, en el marco de la interna política y pre-electoral dentro de Juntos por el Cambio.

Canal de venta

La puesta en venta del material de Telegram extraído del teléfono de D’Alessandro es la única publicación del usuario en poder del material en un foro, según pudo corroborar elDiarioAR de una fuente directa del caso.

El foro incluye una sección denominada “Transparency Reports”, donde publica una revisión de los pedidos cursados por fuerzas estatales o privados, aunque según un experto consultado no suele acceder a esas solicitudes. Por ejemplo, entre junio y septiembre de este año, el foro recibió requerimientos del gobierno de la India, Argentina y Pakistán para que entregue información sobre determinados casos (que no se identifican); y el gobierno de Corea le solicitó la remoción de contenido.

Tras una denuncia del juez federal Pablo Yadarola, uno de los jueces que figuran en el chat del caso Lago Escondido, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi consultó a expertos locales de la policía porteña para que le informen cuáles son las vías para bloquear o dar de baja la publicación de los chats filtrados, ya que se trata de material obtenido de manera ilegal.

Denuncias

Yadarola realizó la denuncia el fin de semana último, tras la filtración y publicación de los chats en los que D’Alessandro figura intercambiando mensajes y audios con el propio Yadarola y con otros tres jueces federales, Julián Ercolini, Carlos Mahiques y Pablo Cayssials; dos ejecutivos de Clarín, Jorge Rendo y Pablo Casey (sobrino de Héctor Magnetto, CEO del multimedio); el jefe de los fiscales porteño, Juan Bautista Mahiques; un exdirector de Asuntos Jurídicos de la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Leonardo Bergroth; y el publicista Tomás Reinke. 

La publicación de las conversaciones les valió una denuncia penal del Gobierno y una cadena de la vicepresidenta Fernández de Kirchner. Están sospechados de haber viajado a Bariloche para hospedarse en la exclusiva propiedad del empresario británico Joe Lewis en un vuelo privado supuestamente costeado por ejecutivos de Clarín, que se filtró hace unas semanas cuando Página/12 accedió a la planilla de pasajeros del avión contratado para el viaje.

Luego, se filtraron los chats del teléfono de D’Alessandro en los que los protagonistas del viaje planifican cómo enmascarar la presunta dádiva con facturas falsas y testimonios falsos y presionar a la fiscal y la jueza federales de Bariloche -que investigaban el viaje en cuestión- para que cierren la causa. 

Por instrucción del presidente Fernández, el ministro de Justicia, Martín Soria, presentó la denuncia por “incumplimiento de los deberes de funcionario público y dádivas” y solicitó a la justicia de Bariloche que obtenga “los aparatos de telefonía celular de todos los implicados”. Fue al día siguiente de la condena a seis años de prisión que recibió la vicepresidenta Fernández de Kirchner por administración fraudulenta en el caso Vialidad, que había instruido Ercolini, uno de los jueces denunciados.

ED/MG

La fiscal federal de Bariloche, María Cándida Etchepare, no hay dudas que el viaje que jueces, fiscales, funcionarios porteños y empresarios del Grupo Clarín realizaron a Lago Escondido existió y que además implica un “ilícito penal” . Por esa razón, en un dictamen presentado ante la jueza federal Silvina Domínguez, pidió seguir adelante con la investigación por la posible aceptación de dádivas y que se abran los secretos bancarios de los viajeros.

De acuerdo con el dictamen, los hechos denunciados en un primer momento podrían “implicar un ilícito penal, en particular, la existencia de un viaje de lujo en un avión privado y con destino a una magnánima estancia en el que participaron jueces, un ministro de la Ciudad de Buenos Aires y dos empresarios con altos cargos en un poderoso conglomerado de medios de comunicación nacional cuya presencia en la reunión fue evidentemente ocultada, no solo por haber tomado otro vuelo, sino por su omisión en el relato de quien -presuntamente- los alojara”.

La decisión de la fiscal fue difundida este miércoles pero fechada ayer, el mismo día que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue condenada a 6 años de prisión por corrupción en la obra pública. Desde entonces, desde el oficialismo se buscó trazar una relación entre el fallo contra la vicepresidenta y el escándalo derivado del viaje a Lago Escondido.

Es que entre los viajantes figura el juez Julián Ercolini, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 10, quien tuvo a su cargo la instrucción de la causa Vialidad por la que fue condenada Fernández de Kirchner.

El vuelo en cuestión ocurrió entre el 13 y 15 de octubre y además de Ercolini, también viajaron en un vuelo privado Juan Bautista Mahiques, fiscal general de la ciudad de Buenos Aires; Marcelo Silvio D´Alessandro, ministro de Seguridad y Justicia porteño; Carlos Alberto Mahiques, juez de la Cámara Federal de Casación Penal; Pablo Yadarola, a cargo del Juzgado Nacional en lo Penal Económico número 2; Pablo Gabriel Cayssials, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal número 9; Leonardo Bergroth; Tomás Reinke, presidente de Mediabit S.A.

Todos ellos se alojaron en el Lago Escondido, un lugar exclusivo y de difícil acceso que pertenece al empresario británico Joe Lewis. Aunque el viaje trascendió a fines de octubre, este fin de semana, se conocieron los chats entre los integrantes del grupo en los que discutían como esconder las pruebas que los incriminaban. Es que el dato que se conoció fue que el lujoso viaje habría sido financiado por el Grupo Clarín.

Por esa razón, la fiscal también pide investigar a Pablo César Casey, directivo del Grupo Clarín S.A., y Jorge Rendo, CEO del mismo medio de comunicación.

Entre las pueblas aportadas, Etchepare incluye el listado de los ocho pasajeros que abordaron el avión privado de la empresa Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos S.A., con matrícula LV-GCK, que partió del aeropuerto de San Fernando el día 13 de octubre y regresó al mismo lugar el 15.

A pedido de la fiscal, la empresa, que pertenece al empresario aeronáutico Gustavo Fernando Carmona y opera bajo el nombre de fantasía “Flyzar”, entregó copia de las facturas emitidas a los denunciados. Sin embargo, Etchepare remarca que muchas de ellas fueron fechadas “el mismo 13 de octubre por la suma de $120.000, a excepción, de las que corresponden a Bergroth de fecha 17 y 19 del mismo mes por la suma de $120.000 y $60.000, respectivamente. Es decir, estas últimas resultan posteriores a la fecha en que habría viajado y por un monto superior. Llama la atención que en todos los casos los pagos figuran como efectuados en la modalidad ”contado“ y que el pago se realizara el mismo día del vuelo”.

Otra de las pruebas presentadas es la confirmación que los dos directivos del grupo Clarín viajaron por separado en las mismas fechas en que lo hicieron los jueces y fiscales junto al ministros de Seguridad porteño. Y agregó fotos de todo el grupo en el hall del aeropuerto.

Etchpare descarta que al grupo se haya unido el ex presidente Mauricio Macri ya que en ese momento no se encontraba en el país.

En otro tramo de la presentación, la fiscal remarca el conflicto que podría implicar la presencia de funcionarios judiciales en la estancia de Lewis, quien mantiene desde hace años una disputa con grupos mapuches por el acceso al lago. “Teniendo en cuenta los datos de la denuncia formulada, en cuanto a la posibilidad de que los funcionarios hubiesen sido alojados en la conocida estancia 'Lago Escondido', puede advertirse en las filmaciones que se observa que el contingente fue recibido personalmente por Nicolás Van Ditmar, presidente de ”Hidden Lake S.A., circunstancia ampliamente conocida a nivel local principalmente en virtud de los públicos conflictos de la empresa y distintas organizaciones por el acceso al Lago Escondido, ubicado dentro de la citada estancia“, dice el dictamen.

Por último, Etchepare agrega que “a esto se suma, como hipótesis delictiva a corroborar por la investigación que habrá de llevarse a cabo, que todas las facturas emitidas por los servicios fueron abonadas 'al contado' e, incluso, en el caso del alojamiento, formalizadas con posterioridad, de modo tal que adquiere sustentación (con el grado que requiere esta incipiente instancia) la denuncia del letrado en cuanto a que el viaje en su totalidad pudo haber sido un ilícito regalo a los funcionarios, extremo que habrá de corroborarse o descartarse a lo largo de la pesquisa”.

Por esa razón, la fiscal solicitó que se disponga el levantamiento del secreto fiscal y bancario de todos los nombrados junto con el de las compañías “Hidden Lake S.A.” y “Servicios y Emprendimientos”. Además, pidió que se acepte como querellante al abogado Marcelo Hertzriken Velasco, quien presentó la denuncia que originó la causa.

El Gobierno Nacional denunció este miércoles a los jueces federales, al CEO del Grupo Clarín y a otros participantes del viaje a Lago Escondido realizado a principios de octubre pasado el presunto delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público y dádivas”, según se informó oficialmente.

“Por instrucción del Presidente de la Nación Argentina Alberto Fernández, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, presentó una denuncia penal en la Fiscalía Federal de Bariloche para que se investigue los hechos vinculados al vuelo 26917 de la empresa Flyzar y particularmente lo relacionado a su financiamiento”, se indicó en un comunicado oficial.

El comunicado

Por instrucción del Presidente de la Nación Argentina Alberto Fernández, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, presentó una denuncia penal en la Fiscalía Federal de Bariloche para que se investigue los hechos vinculados al vuelo 26917 de la empresa Flyzar y particularmente lo relacionado a su financiamiento.

En el escrito presentado por el Ministerio de Justicia de la Nación, sin perjuicio de que en el devenir de la investigación resulten implicadas más personas, se denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionario público y admisión de dádivas, en los términos de los artículos 248 y 259 del Código Penal, a:

● Julián Ercolini, juez del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 10.

● Carlos Mahiques, juez de la Cámara Federal de Casación Penal.

● Pablo Yadarola, juez del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 2.

● Pablo Cayssials, juez del Juzgado Nacional de 1º instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 9.

● Juan Bautista Mahiques, actual Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

● Marcelo D’alessandro, actual Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.

Mientras que sindica por ofrecimiento de dádivas en los términos del art. 259 del Código Penal a:

● Jorge Rendo, CEO del Grupo Clarín.

● Nicolás Van Ditmar, administrador del inmueble de Lago Escondido perteneciente a Joe Lewis.

● Leonardo Bergroth, exdirector de asuntos jurídicos, de la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

● Tomás Reinke, publicista especializado en publicidad digital y política.

Los hechos a ser investigados tuvieron lugar durante la semana del 13 de octubre, cuando los denunciados compartieron un vuelo en un avión privado, desde San Fernando (Buenos Aires) a Bariloche (Río Negro), con financiamiento desconocido.

Una vez concluido el vuelo, a la comitiva se habría sumado el CEO del Grupo Clarín, Jorge Rendo, y el director de Asuntos Legales e Institucionales del mismo grupo empresario y sobrino de Héctor Magnetto, Pablo Casey, entre otras personas aún no identificadas. Según la información que tomó estado público, una vez concluido el vuelo, la comitiva completa se dirigió en vehículos privados de Joe Lewis hacia la estancia del magnate británico ubicada en Lago Escondido.

El escrito plantea que “en caso de corroborarse que el traslado, alojamiento y/u otras actividades de los funcionarios públicos descriptos, entre ellos magistrados de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires, no fue solventado por ellos mismos, sino por privados, estaríamos ante la existencia de una entrega y aceptación de dádivas, dando lugar a la comisión de diversos delitos que el Ministerio Público Fiscal tiene, además, el deber internacional de investigar y sancionar, en virtud de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción”.

Al mismo tiempo evidencia que “la recepción de las dádivas no solo constituye una afectación repudiable desde el punto de vista de la independencia judicial y de la ética republicana exigible a los mencionados funcionarios; sino que es, esencialmente, un incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos, constitutivo del delito previsto en el artículo 248 del Código Penal”.

Entre las múltiples medidas de prueba solicitadas en la denuncia del Gobierno Nacional, se requiere la entrega de los aparatos de telefonía celular de todos los implicados y, de ser necesario, el secuestro de los mismos aparatos.

El cuerpo de la denuncia argumenta que el escrito “responde al objetivo constitucional de preservar la independencia del Poder Judicial” y, en cuanto a ello, agrega que “se han naturalizado en nuestro sistema de justicia las relaciones indebidas entre actores que, para quienes nos preocupa el resguardo de la independencia judicial, jamás deberían producirse.

Es justamente la falta de reacción por parte del órgano disciplinario –en este caso, el Consejo de la Magistratura- ante hechos similares que reiteradamente se han denunciado, lo que habilita a que jueces y juezas se desentiendan de sus deberes de no participar activamente en política“.

Asimismo, el escrito presentado por el Ministro Soria contiene un pedido de tener al Estado Nacional por parte querellante: “gran parte de los sindicados como autores de los graves delitos ostentan los cargos de magistrados del poder judicial de la nación.

En ese entendimiento, y sin perjuicio que el artículo 4° de la ley n° 17.516 faculta al “estado” en su conjunto asumir el rol de querellante, es el artículo 22 de la ley de ministerios (ley n° 22.520, t.o. 1992 y modificatorias) el que pone en cabeza del ministerio de justicia y derechos humanos, como órgano del poder ejecutivo, la facultad de actuar en todos aquellos asuntos relacionados con el poder judicial y con el ministerio público“. 

Cristina Kirchner cenó con dirigentes y les pidió que “tomen el bastón de mariscal”

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner les pidió a dirigentes del peronismo nacional y bonaerense que “tomen el bastón de mariscal, militen, hagan política y salgan a la cancha para defender el proyecto nacional y popular” de cara a las elecciones presidenciales de 2023, de las que ella se autoexcluyó, en el marco de una cena que compartieron anoche en Ensenada, luego de que se conociera su condena a 6 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Luego de conocerse el veredicto que pronunció el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 en la causa Vialidad y de su discurso en el que afirmó que no será “candidata a nada” en 2023, la Vicepresidenta participó de una cena con un nutrido grupo de funcionarios, ministros nacionales, provinciales, intendentes, dirigentes sindicales y de los movimientos sociales en el Complejo Recreativo “Cristina Fernández de Kirchner” de la localidad de Punta Lara, en Ensenada.

Varios de los dirigentes presentes en ese encuentro confiaron a Télam que, pese al fallo adverso, vieron a la expresidenta “muy entera” y con la firme convicción de que hay que “dar una batalla” contra lo que considera una persecución judicial pergeñada entre un sector de la justicia, de la oposición y de los medios hegemónicos.

Además, todos coincidieron en que Fernández de Kirchner les pidió “usar el bastón de mariscal, militar, hacer política y dar las peleas que haya que dar para defender al modelo y las banderas del peronismo” de cara a las elecciones presidenciales del año próximo.

“Cristina hizo un llamado a la organización y a que tengamos una cuota relevante de coraje ante este verdadero ataque a la democracia. El mensaje que Cristina le dijo a la militancia y a la dirigencia es 'llevan el bastón de mariscal en la mochila, empúñenlo'”, contó el gobernador bonaerense Axel Kicillof, uno de los presentes en la cena de anoche.

“Fue un llamado al activismo para que se entienda la importancia que tiene una proscripción al peronismo y a la persona más importante del peronismo”, dijo el mandatario bonaerense en declaraciones formuladas a El Destape Radio que realizó esta mañana y agregó que “quitando la cuestión electoral, que falta mucho, hay un llamado a la organización y a dar una respuesta muy contundente del punto de vista de lo que está en juego”.

Fuentes partidarias explicaron que se trata de la octava reunión entre dirigentes y referentes de distintos espacios que se reúnen una vez por mes, con la particularidad de que, en este caso, la Vicepresidenta decidió estar presente.

Según varios de los referentes políticos que estuvieron en el encuentro, allí Cristina Kirchner planteó que “existe un desafío colectivo que la trasciende a ella para enfrentar la crisis actual y que va más allá del proceso electoral, por lo que hay que buscar definiciones de fondo”.

Además de Kicillof participaron de la cena en Ensenada el diputado y presiente del PJ provincial Máximo Kirchner; el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro; y el ministro de Desarrollo bonaerense y secretario general de La Cámpora, Andrés Larroque.

También estuvieron el titular de la AFIP, Carlos Castagnetto; la directora ejecutiva de Anses, Fernanda Raverta; los ministros bonaerenses de Gobierno, Cristina Alvarez Rodríguez, y de Trabajo, Walter Correa; intendentes como Mayra Mendonza (Quilmes); Jorge Ferraresi (Avellaneda), Fabián Cagliardi (Berisso), Gustavo Barrera (Villa Gesell) y Pablo Zurro (Pehuajó).

Los legisladores bonaerenses Teresa García, Susana González, César Valicenti, Omar Plaini y Adrián Grana; los diputados nacionales Carlos Heller, Vanesa Siley y Leopoldo Moreau; y la titular del Instituto Cultural, Florencia Saintout fueron otros de los participantes.

De igual modo, estuvieron el subsecretario de Ejecución de Obra Pública, Edgardo Depetri; el secretario general de La Bancaria, Sergio Palazzo; el secretario General de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Abel Furlán; el titular de Suteba, Roberto Baradel; el secretario adjunto de Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), Paco Manrique.

El subsecretario de Articulación y Comunicación Comunitaria del Ministerio de Desarrollo, Lauro Grande; la comisionada del Comité Nacional de Prevención de la Tortura, Diana Conti; y el titular de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar), Martín Sabbatella fueron otros de los que dieron el presente.

En declaraciones radiales, Larroque también confirmó esta mañana que el encuentro en Ensenada se trató de una “reunión habitual de las que se hacen una vez por mes como un espacio de debate donde ayer ella (Cristina Kirchner) decidió participar luego de un día muy especial”.

“Más allá de eso, creo que estamos ante una situación límite, un punto de inflexión. Cristina lo expresó con toda claridad ayer y yo creo que convoca al conjunto del pueblo, a todas las organizaciones sociales, políticas, sindicales y a la dirigencia en su conjunto a asumir cuál es la pelea real en la Argentina”, cerró.

En declaraciones a Télam, Correa aseguró que “pese a este intento de proscripción al peronismo, vi a Cristina muy entera. Está haciendo lo que corresponde, que es conducir el frente nacional” y agregó: “En los '80 y '90 no teníamos conducción, luchábamos como podíamos. Con ese criterio maternal que ella tiene, nos dijo: 'ya están grandes, hagan lo que tienen que hacer”.

“Anoche Cristina fue muy concreta, nos dijo: ustedes son peronistas, así que saquen el bastón de mariscal” y detalló: “tenemos el Poder Ejecutivo, diputados, senadores, gobernadores, intendentes, dirigentes sindicales: hagamos lo que tengamos hacer para defender la patria”.

Correa interpretó que Fernández considera “que debe haber un recambio generacional: Evita fue Evita a los 26, Perón fue Perón a los 42” y graficó: “Nuestro gobernador tiene 51 años, Máximo, Wado y el Cuervo son cuarentones largos”.

“Es muy difícil que ella de marcha atrás con lo que dijo sobre no ser candidata. Ella nos interpela hacia adentro y también hacia afuera. Ella piensa a futuro, en el desafío que tenemos como peronistas para resolver los problemas de los argentinos”, resaltó.

En igual tono se expresó Saintout ante esta agencia al contar que en el encuentro de anoche la titular del Senado convocó a los presentes “a hacernos cargo de encontrar una salida, de organizarnos y luchar por eso” y añadió: “Nos tenemos que hacer cargo de defender y reconstruir la democracia que la mafia de Héctor Magnetto intenta destruir, tenemos que decidir si estamos con la mafia o con la democracia”.

En sintonía con ello, Secco dio detalles a Télam sobre la charla de anoche: “Charlamos con sinceridad con los compañeros. Ella es una mujer extraordinaria con un coraje tremendo. Nos pidió que nos hagamos cargo, todos los que estábamos allí tenemos la responsabilidad de salir a pelearla, y eso es lo que haremos porque están lastimando la democracia”.

Por su parte, Barrera también coincidió en que Cristina Kirchner “está bien y entera a pesar del fallo”, calificó al encuentro como “emotivo” y coincidió con el resto de los dirigentes en que les dijo “que cada uno tenemos ahora el bastón de mariscal”.

Destacó que Fernández de Kirchner les dijo a los presentes “que hay que salir a jugar y a bancar porque esto que le pasa a ella, perjudica a todo el pueblo” y añadió: “Hay que salir a explicarlo para que todos lo entiendan. Está en riesgo todo el sistema democrático. Hay un antes y después de esta sentencia”.

El apoyo de Diputados y Senadores del FdT

Este miércoles, referentes del Frente de Todos de las Cámaras de Diputados y Senadores dieron una conferencia de prensa para respaldar a Cristina Kirchner. “No hay Poder Judicial, fue reemplazado por una mafia judicial empleada de los poderes económicos”, denunció la senadora Juliana Di Tullio, tras conocerse el fallo de la causa Vialidad

El contacto con los medios se celebró en el Salón Pasos Perdidos de la Cámara baja y Di Tullio se refirió a la filtración de chats donde funcionarios judiciales, empresarios de medios y políticos, presuntamente planifican su desvinculación del escándalo que se desató tras trascender un viaje que realizaron en un avión privado a la estancia del magnate Joe Lewis, en Lago Escondido, cerca de Bariloche. 

Para la senadora, acompañada de unos 50 legisladores nacionales, la “mafia judicial no solamente afecta al peronismo; afecta a todo el pueblo argentino. Y toda la sociedad va a tener que hacerse cargo de esta mafia judicial”. 

Asimismo, aseguró que con el fallo de la causa Vialidad, la Justicia condenó a la Vicepresidenta por ser “la única dirigente política capaz de pelearse con el poder económico más importante” y recordó que en la década del '90, “el poder se sintió impune y mandó a matar a un periodista”, en alusión al fotógrafo José Luis Cabezas.

Con información de agencias.

IG

Hace ya tres décadas que la multiplicación de las comunicaciones, primero en computadoras y luego en celulares, tiene un correlato en el almacenamiento infinito de esos intercambios y archivos digitales. Antes, las cartas, los diarios y los documentos se volvían amarillentos en algún cajón del placard o en un estante de una hemeroteca. Podía ser difícil acceder a ellos, pero todos sabíamos que estaban allí; bastaba con conseguir la llave o gestionar el permiso del bibliotecario.

En el siglo XXI convivimos con una presunción que equivale a autoengaño. Los metadatos van y vienen, vaciamos el chat, nos olvidamos de nuestras vidas pasadas, cambiamos el celular, pasamos a Telegram cuando WhatsApp comete alguna torpeza, creemos que ganamos la batalla cuando logramos quitarle un permiso al fisgón irredento Google. Alivio, el pasado se evapora. Y sin embargo, la misma tecnología que habilitó el intercambio instantáneo e infinito es la que permite que millones de terabytes conservados en estado gaseoso en alguna galaxia regresen a Tierra como dagas prestas a cortar cabezas. La distancia del rescate, que Samantha Schweblin pensó para otro relato, no está en manos del dueño del archivo —hasta el siglo XX, el receptor de la carta— o el bibliotecario municipal. Hoy, los verdaderos dueños de la nube son los servicios de Inteligencia estatales o paraestatales, Google, Facebook, Elon Musk, las grandes corporaciones, un data entry traidor o, cada vez menos, los hackers quince-veinteañeros que operan desde un garage en algún pueblito de Córdoba, Sicilia o el Kurdistán.

Bienvenidos a la era de las filtraciones: cambió el periodismo.

Los últimos quince años se vieron sacudidos por leaks globales que dieron cuenta de lógicas y tramas del poder. El submundo de dinero negro y realpolitik que marcha a contramano de las cumbres del G20 quedó expuesto, por ejemplo, en los 251.287 documentos del Departamento de Estado dados a conocer por WikiLeaks (2010) o los Panamá Papers sobre la caja B de los millonarios (2016).

Las filtraciones de WikiLeaks, Panama Papers, los audios de Majul, la lista de blanqueadores que publicó Horacio Verbitsky y el Telegram de Lago Escondido tienen distintos alcance, naturaleza y contenido, pero todos nacieron de alguna ilegalidad

Esas megafiltraciones conmovieron al mundo, pero hay otras, más caseras, que suelen alterar la vida de los países incluso con mayor intensidad. Por ejemplo, el periodista Luis Majul narró que el 23 de febrero de 2017, mientras corría por los bosques de Palermo, se le acercó una persona y le entregó audios de aparentes conversaciones privadas entre Cristina Fernández de Kirchner y el senador Oscar Parrilli. Este fin de semana, Tiempo Argentino, El Cohete a la Luna y Perfil publicaron el supuesto intercambio en Telegram entre el ministro de Seguridad de CABA, cuatro jueces, dos directivos de Clarín, dos exagentes de Inteligencia y un fiscal para fraguar pruebas y apretar gente con el fin de desmentir una invitación del grupo periodístico a una estancia en la Patagonia propiedad de Joe Lewis, magnate amigo de Mauricio Macri. El chat habría sido creado el 17 de octubre, día en que Página 12 informó sobre la excursión.

Las filtraciones de WikiLeaks, Panama Papers, los audios de Majul, la lista de blanqueadores que publicó Horacio Verbitsky y el Telegram de Lago Escondido tienen distintos alcance, naturaleza y contenido, pero todos nacieron de alguna ilegalidad. La soldada Chelsea Manning hizo más por la integridad moral de Estados Unidos que todos sus últimos presidentes, pero no dejó de vulnerar una norma cuando rompió la confidencialidad que suponía su puesto y entregó los documentos del Departamento de Estado a la organización WikiLeaks.

No espiarás

Las nuevas prácticas que enfrenta el periodismo disparan varias preguntas. La central: ¿Qué debe hacer un medio de comunicación cuando recibe una filtración producto de un delito que cometió un tercero, sea la violación de la intimidad o la confidencialidad de un documento?

En primer lugar, no participar del delito. Grabar con cámara oculta un testimonio privado, comprar contenido producto del espionaje, incorporar al equipo periodístico a un agente de la SIDE y participar de una extorsión con información privada en tándem con un fiscal o un juez no sólo son faltas éticas, sino que vulneran la ley. Parece obvio, pero el periodismo argentino, sobre todo el más premiado por sellos que dicen defender la libertad de expresión, ofrece un reguero de ejemplos recientes sobre esas prácticas.

Segundo, corroborar que la filtración sea tal y no un mero artificio. Cuando Clarín informó en marzo de 2015 que Máximo Kirchner y Nilda Garré compartían una sociedad radicada en Bélice que tenía depositados US$ 41 millones, la nota en cuestión contenía códigos, nombres y fechas. Todo falso. Similar fue el derrotero cuando el kirchnerismo agitó en octubre de 2005 la denuncia de cuentas en el exterior del entonces candidato a diputado del ARI Enrique Olivera. Y lo mismo ocurrió diez años después, días antes de la elección presidencial de 2015, cuando Laura Alonso y Patricia Bullrich dijeron haber recibido un listado de políticos, jueces y periodistas que eran espiados por el Gobierno de Cristina desde una central ubicada en San Cristóbal, con amplia repercusión en Infobae y Clarín. Un listado con nombres impactantes que, después de la victoria presidencial de Macri, quedó en la nada.

La confirmación de un indicio forma parte de la tarea periodística más básica, como hizo Perfil el fin de semana cuando consultó al entorno de D’Alessandro sobre el chat de Lago Escondido y éste ratificó la existencia de las conversaciones al declararse víctima de un hackeo.

Separados los tantos, si hay legítimo interés público, hay noticia.

Ciertas obligaciones corresponden al Estado, como el secreto fiscal, pero ningún periodista está obligado a dejar de develar la identidad de un coimero o de un evasor que blanqueó decenas de millones de dólares. El público tiene derecho a ser informado sobre la doble faz de los poderosos que se amparan en artilugios legales o se valen de su capacidad de influencia.

La confirmación de un indicio forma parte de la tarea periodística más básica, como hizo Perfil el fin de semana cuando consultó al entorno de D’Alessandro sobre el chat y éste ratificó la existencia de las conversaciones y repudió el hackeo

Lo mismo cabe para cualquier delito, real o tentativo, que quede expuesto en un diálogo de Telegram, como la intención de fraguar facturas para eludir una acusación por dádivas, “limpiar a un mapuche” o prenunciar la detención ilegal de un funcionario al que consideran molesto, como habrían discutido, sin que nadie presentara la más mínima objeción, el ministro de Justicia y Seguridad de CABA, Marcelo D’Alessandro, los hombres de Clarín Jorge Rendo y Pablo Casey, el fiscal general de CABA, Juan Mahiques, y los jueces Julián Ercolini, Pablo Cayssials, Pablo Yadarola y Carlos Mahiques, entre otros imprudentes del Lago Escondido.  

El runner de Palermo

El derecho del ciudadano a acceder a la información no se sobrepone al derecho a la privacidad. Aquí entra a jugar la edición periodística.

El intercambio del grupo “Operación de Página 12” que creo Casey, sobrino de Héctor Magnetto y organizador de la excursión, quedó transcripto en un link abierto en internet. Allí aparecen presuntos delitos como los mencionados, pero también datos privados y opiniones sobre terceros descerrajadas por los integrantes del chat. Hay insultos y expresiones en su literalidad racistas, homofóbicas y machistas que cobran un sentido distinto si son proferidas en público que si forman parte de un diálogo cerrado entre compinches. Nadie habla con los mismos términos en la cocina de su casa, la cancha, la oficina o la Sala de Conciertos de Estocolmo en la ceremonia del Nobel. En las formas del decir, el contexto es un montón. Aunque el morbo sea grande, la divulgación de opiniones reservadas meramente valorativas equivale a traicionar el derecho a la privacidad.

Esta variante lleva a las conversaciones entre la vicepresidenta y Parrilli que le acercaron a Majul en 2017. El trato (“soy Cristina, pelotudo”) que se dispensan personas que se tienen máxima confianza, como los hoy senadores, forma parte de su acuerdo mutuo. Lo único que probó la filtración es que Cristina es malhablada en la intimidad. Transcribir las opiniones y elucubraciones entre la jefa de la oposición con su principal ladero no es ni más ni menos que espionaje político, y alguien podría pensar que un Gobierno presidido por Macri, con maestrías y doctorados en inteligencia ilegal sobre propios y ajenos, pudo haber estado vinculado al runner que alcanzó a Majul en Palermo.

No recortarás

No corresponde publicar filtraciones truchas, ni opiniones meramente valorativas, ni información privada, ni recortar el contenido para beneficiar a los propios y perjudicar a terceros.

WikiLeaks, Swiss Leaks y Panama Papers fueron muestras de cómo La Nación, el medio argentino que encabezó las filtraciones, recortó el contenido más de la cuenta, incluso pese a la intención de los periodistas que trabajaron arduamente en dilucidar los datos. Luego, otros medios incurrieron en prácticas similares en sentido contrario, y muy pocos se animaron a tocar el tabú de los empresarios periodísticos, en un acuerdo transversal. Si la filtración queda atrapada en uno o un grupo de medios, como solía decir Majul, conviene leer todo lo posible y desconfiar de todo lo que se lee.

En el supuesto diálogo del grupo de Telegram creado el 17 de octubre, D’Alessandro, los Mahiques, Rendo y compañía hacen alarde de su influencia para acallar medios. Se los percibe muy conscientes de cómo aplanar la polémica generada por el viaje pagado por Clarín. Rendo y Casey se ocupan del contenido editorial de su diario y sugieren estrategias para condicionar a La Nación. D’Alessandro, integrante de un Gobierno anclado como ninguno en la pauta publicitaria, mapea medios y periodistas. Julián Leunda, jefe de asesores de Alberto Fernández, es citado llamando a varios de los contertulios con el compromiso de mantener a raya al Grupo Indalo. Todos parecen preocupados por Infobae. A los periodistas de El Destape y de Octubre (Página 12, AM 750) los tratan con furia y desprecio. Con el paso de las horas y de los días, los falsos excursionistas de pesca con mosca parecen celebrar el éxito de que el tema no trascendiera mucho más allá de la nota original de Página 12.

Si la filtración queda atrapada en uno o un grupo de medios, como solía decir Majul, conviene leer todo lo posible y desconfiar de todo lo que se lee

Día y medio después de la publicación del supuesto chat de Lago Escondido, el ministro D’Alessandro reaccionó a la filtración y arremetió en Twitter contra la “mafia kirchnerista”, denunció espionaje y concluyó: “Nadie les cree”. Lo respaldó todo el gabinete de Horacio Rodríguez Larreta, al unísono. Patricia Bullrich se tomó su tiempo y emitió un tuit con indignación medida. Margarita Stolbizer se distanció y demandó otras prácticas de los políticos en general. El resto de Juntos por el Cambio, incluido Macri, se mantuvo en silencio, aunque la experiencia indica que esa coalición no se quiebra, ni se dobla, ni se inmuta cuando es atravesada por relaciones indebidas con espías, jueces y periodistas.

Horas después, en la antesala de la sentencia contra Cristina en la Causa Vialidad, Alberto Fernández mencionó la excursión como supuesta prueba del lawfare y anunció una denuncia penal para dilucidar la financiación.

Hasta que habló el Presidente, los tres portales más difundidos eligieron no informar sobre el tema. Como si la coordinación subterránea que trasunta el diálogo en Telegram fuera cierta. 

SL

SL

En un mensaje sorpresivo y en cadena nacional, el presidente Alberto Fernandez habló este lunes por cadena nacional para anunciar que pedirá que se investigue a los jueces, fiscales, funcionarios y empresarios que realizaron un viaje a la estancia de Joe Lewis en Lago Escondido, en la provincia de Río Negro. Para Fernández se trata de “promiscuidad antirrepublicana” que puede recibir una sanción penal por los delitos de “percepción de dádivas” e “incumplimiento de deberes de funcionario público”.

El Presidente habló poco después de que se filtraran chats entre los que abordaron el avión privado que los trasladó hasta aquel paraje paradisíaco de la Patagonia. Pero también lo hizo horas antes de que se conozca la sentencia en la Causa Vialidad en la que su vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, está acusada de liderar una asociación ilícita destinada al manejo irregular de la obra pública a lo largo de los doce años de gestión kirchnerista. Por ese delito, la fiscalía pidió que se la condene a 12 años de prisión más inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

“Lastima la democracia ver la promiscuidad antirepublicana con la que se mueven algunos empresarios, algunos jueces, algunos fiscales y algunos funcionarios. Hasta aquí se han sentido impunes”, dijo el Presidente por cadena nacional. Se refería el viaje que jueces y fiscales habrían realizado a Lago Escondido, en la Patagonia, junto a empresarios del Grupo Clarín.

Fernández anticipó que pidió a su ministro de Justicia que solicite ante el Ministerio Público Fiscal que se investigue el supuesto viaje, mientras que a los legisladores porteños del Frente de Todos les pidió que  evalúen “la conducta de los funcionarios de ese distrito involucrados y, de corresponder, presentar el Juicio Político a los funcionarios de la Ciudad involucrados”. Concretamente, se refirió a Marcelo D’Alessando, ministro de Seguridad de Horacio Rodríguez Larreta; y Juan Bautista Mahiques, jefe de los fiscales de la Ciudad de Buenos Aires.

“Es una operación que empezó el viernes y ayer tomó volumen. De forma falsa e ilegal se realizó un posteo de un supuesto grupo, cosas editadas y armadas, algo muy peligroso que daña a las instituciones, con el fin de dejar entrever que hay una relación para generar el lawfare y afectar a la que denominan la jefa”, se defendió esta mañana D’Alessando al hablar por radio Mitre.

El viaje a Lago Escondido fue consignado por elDiarioAR el pasado 26 de octubre. Ayer,  Tiempo Argentino , el portal El Cohete a la Luna y Perfil, difundieron chats donde los participantes habrían coordinado a través de la aplicación Telegram difundir una versión falsa para justificar su viaje. Según trascendió, el acceso a los mensajes fue por medio del hackeo del celular de uno de los participantes.

Los mensajes que se conocieron fueron de Julián Ercolini (titular del Juzgado federal 10); Pablo Yadarola (Penal Económico 2); Pablo Cayssials (Contencioso Administrativo 9); Carlos Mahiques (Sala II de Casación Penal); el ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D'Alessandro -propietario de la línea-; el procurador de CABA, Juan Batista Mahiques, y el exjefe de Legales de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Leonardo Bergroth.

Otros dos involucrados en la filtración son el director de Asuntos Legales e Institucionales del Grupo Clarín, Pablo Casey, y el CEO del multimedios, Jorge Rendo, quienes -según se desprende de mensajes de voz difundidos- habrían organizado y solventado el costo del vuelo privado y la estadía posterior en Lago Escondido.

Ercolini fue quien tuvo a su cargo la instrucción de la causa vialidad.

“Por vez primera queda expuesto ante nosotros, con enorme contundencia, el modo en que ciertas corporaciones operan sobre funcionarios, jueces y fiscales procurando de ellos favores que, en muchos casos, buscan ventajas indebidas, mientras que en otros simplemente propician la persecución de aquellos que los enfrentan”, dijo el Presidente quien adelantó que pedirá en el Consejo de la Magistratura un sumario ante la Comisión de Disciplina para investigar la conducta de los magistrados federales que participaron del viaje.

En otro tramo de su mensaje, el Presidente dio por descontado que la filtración obedece a un hackeo y explicó que recurrió a un mensaje por cadena nacional ya que “es evidente que gran parte del sistema de medios privados ha decidido no dar cuenta de lo ocurrido en ese singular viaje a Lago Escondido”.

“Todo parece indicar que ha quedado al descubierto, una vez más, el deterioro de la calidad institucional en que han incurrido algunos jueces, fiscales, ex funcionarios y empresarios. Todos ellos involucrados en un perverso juego de cohechos que afecta gravemente el buen funcionamiento del Estado y, en particular, de la administración de justicia”, sintetizó el Presidente.

Mensaje del presidente Alberto Fernández

Desde el inicio de mi gestión he advertido sobre la existencia de sótanos que la Argentina fue sosteniendo a lo largo de los años. Me comprometí a eliminarlos para garantizar una democracia más plena, profunda y auténtica.

Pusimos fin a los operadores y mesas judiciales. Los servicios de inteligencia dejaron de deambular por pasillos de los tribunales. Las escuchas de opositores al poder de turno del Estado desaparecieron por completo. Los órganos de fiscalización y recaudación estatales no volvieron a usarse en perjuicio de eventuales críticos al gobierno.

Todo ese esfuerzo se vuelve vano cuando los factores de poder influyen negativamente sobre las estructuras del Estado. Argentina necesita de una vez y para siempre de funcionarios honestos, jueces probos y empresarios que obtengan sus ganancias sin corromper a otros.

Algunos días atrás, un diario de alcance nacional dio a conocer detalles de un viaje que habría realizado un grupo de jueces, fiscales, ex funcionarios públicos y ex agentes de la Agencia Federal de Inteligencia, en un avión privado, hasta Lago Escondido. Allí, habrían pasado un fin de semana alojados en la mansión perteneciente a Joe Lewis, un empresario británico poseedor de grandes extensiones de tierra en esa zona de nuestra Patagonia.

Parece evidente que el viaje existió. Y todo parece indicar que, sabiendo que el hecho se había convertido en noticia, quienes habrían participado del mismo se inquietaron ante el riesgo cierto de estar incursos en una serie de delitos tales como la percepción de dádivas y el incumplimiento de deberes de funcionario público. Contaban con una certeza: el principal grupo de medios de comunicación de Argentina garantizaría la no divulgación de los hechos. En apariencia, eran a la vez los convocantes al encuentro. Sabiendo eso, todos habrían comprometido sus mejores esfuerzos tratando de evitar que otros medios difundieran lo ocurrido.

Por vez primera queda expuesto ante nosotros, con enorme contundencia, el modo en que ciertas corporaciones operan sobre funcionarios, jueces y fiscales procurando de ellos favores que, en muchos casos, buscan ventajas indebidas, mientras que en otros simplemente propician la persecución de aquellos que los enfrentan.

Todo parece indicar que ha quedado al descubierto, una vez más, el deterioro de la calidad institucional en que han incurrido algunos jueces, fiscales, ex funcionarios y empresarios. Todos ellos involucrados en un perverso juego de cohechos que afecta gravemente el buen funcionamiento del Estado y, en particular, de la administración de justicia.

No dejo de advertir que lo que ha trascendido es, aparentemente, el resultado de la intromisión en una plataforma de comunicación. Pero eso no es obstáculo para indagar cuál ha sido el propósito de ese viaje, quiénes participaron del mismo y quien financió el traslado y hospedaje de los viajantes. Ese hecho se habría verificado con antelación al momento en el que los integrantes del grupo “Operación Página 12” se inquietaran por la difusión de la noticia y dialogaran en ese sitio digital buscando quedar impunes.

He decidido dar este mensaje desde la Casa Rosada, porque es evidente que gran parte del sistema de medios privados ha decidido no dar cuenta de lo ocurrido en ese singular viaje a Lago Escondido.

Espero que todos tomemos conciencia de la gravedad de los hechos. Lastima la democracia ver la promiscuidad antirepublicana con la que se mueven algunos empresarios, algunos jueces, algunos fiscales y algunos funcionarios. Hasta aquí se han sentido impunes. Es hora que empiecen a rendir cuenta por sus conductas.

Convencido de que debemos decir “Nunca Más” a las prácticas que dañan la institucionalidad de la República, he resuelto:

1) Instruir al Ministro de Justicia a presentarse ante el Ministerio Público Fiscal, a fin de solicitar se investiguen penalmente los hechos relacionados al viaje en cuestión, en especial, lo relacionado a su financiamiento.

2) Instruir al representante del PEN ante el Consejo de la Magistratura para que solicite la apertura de un sumario ante la Comisión de Disciplina para investigar la conducta de los magistrados federales. 

3) Solicitar al Bloque de Legisladores del Frente de Todos de la Ciudad de Buenos Aires que evalúe la conducta de los funcionarios de ese distrito involucrados y, de corresponder, presentar el Juicio Político a los funcionarios de la Ciudad involucrados.

4) Una vez más, solicitar al Congreso de la Nación que  avance con el tratamiento de los proyectos de reformas del Poder Judicial pendientes y la necesaria cobertura del cargo de Procurador General de la Nación

Muchas gracias.

La versión de que jueces federales, dos directivos del Grupo Clarín, un ministro porteño, el jefe de los fiscales de CABA y un empresario con pasado en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) habrían coordinado a través de la aplicación Telegram difundir una versión falsa para justificar su participación en un vuelo privado a Bariloche más una estadía en la estancia del empresario inglés Joe Lewis abrió un escándalo sobre la presunta recepción de “dádivas” por parte de magistrados y funcionarios.

El episodio fue difundido hoy por el diario Tiempo Argentino , el portal El Cohete a la Luna y Perfil, en base al hackeo de una línea de celular de uno de los implicados. Los medios accedieron al intercambio de mensajes de audio de Julián Ercolini (titular del Juzgado federal 10); Pablo Yadarola (Penal Económico 2); Pablo Cayssials (Contencioso Administrativo 9); Carlos Mahiques (Sala II de Casación Penal); el ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D'Alessandro -propietario de la línea-; el procurador de CABA, Juan Batista Mahiques, y el exjefe de Legales de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Leonardo Bergroth.

Otros dos involucrados en la filtración son el director de Asuntos Legales e Institucionales del Grupo Clarín, Pablo Casey, y el CEO del multimedios, Jorge Rendo, quienes -según se desprende de mensajes de voz difundidos- habrían organizado y solventado el costo del vuelo privado y la estadía posterior en Lago Escondido.

El juez Ercolini estuvo a cargo de la instrucción de la causa conocida como “Vialidad”, por la que se juzga a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por los presuntos delitos de defraudación al Estados y asociación ilícita en la adjudicación de obra pública a Santa Cruz durante sus dos gobiernos. Este martes el Tribunal Oral Federal 2 dará a conocer su veredicto sobre el juicio.

El viaje de los jueces fue consignado por elDiarioAR el pasado 26 de octubre, dos semanas después de producido. Los jueces fueron denunciados ante el Consejo de la Magistratura porque habrían incurrido en “mal desempeño de sus funciones”, según la denuncia. La acusación fue presentada por el abogado penalista Luciano Almonacid por un “grave desorden de conducta personal”, al haber viajado presuntamente a cuenta y cargo del empresario británico Joe Lewis. A la par, hay una causa contra los jueces por “violación de deberes de funcionario público, admisión de dádivas y tráfico de influencias”, abierta por un abogado de Río Negro, en la Fiscalía Federal de Bariloche.

El viaje se concretó el jueves 13 de octubre, y cuatro días después, tras la filtración del encuentro en Bariloche, de acuerdo con la filtración, los protagonistas crearon un grupo de Telegram para acordar una estrategia de respuesta que incluía planificar una versión unificada para difundir a través de ciertos medios.

Según las filtraciones conocidas hoy, los involucrados intercambiaron audios en el grupo de Telegram para instalar una única explicación -a juzgar por los propios mensajes, falsa- y evitar que prospere la denuncia contra los magistrados por el delito de “dádivas” (recibir regalos o prebendas que son entregadas “en consideración de su oficio” y mientras se está en ejercicio del cargo), que está previsto en el artículo 259 del Código Penal.

Ante una consulta de la agencia oficial Télam en el mismo sentido, desde el equipo de colaboradores de D'Alessandro contestaron que la difusión de los audios de la aplicación Telegram “es un tema muy preocupante” que atribuyeron a un “montaje” o a una “acción de servicios de inteligencia que penetraron el teléfono sin ninguna legalidad”, lo cual configura un “hecho delictivo”, remarcaron.

Según los colaboradores de D'Alessandro, el ministro porteño había denunciado hacía tiempo el robo de su línea de celular -producido el 19 de octubre- a la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas de la Ciudad, que está a cargo de la fiscal Daniela Dupuy. El chat de Telegram hackeado estaba en ese celular.

“En la fiscalía de Cibercrimen se determinó que la línea había sido usada con mensajes en el exterior”, añadieron, y sobre los mensajes de audio filtrados este domingo dijeron que en la reproducción del contenido los nombres que D'Alessandro tenía agendados en su teléfono están escritos de otra forma, como si hubiera existido “una edición”. “Hay grupos que operan así”, señalaron para advertir que el ministro pedirá una investigación “a fondo”.

En los mensajes que se cruzaron por Telegram muestran su confianza en que podrán condicionar a la fiscal federal subrogante de Bariloche, María Cándida Etchepare, para que envíe la causa a los tribunales federales de Capital Federal, en Comodoro Py.

En los mensajes de voz figuran amenazas hacia el titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, José Glinski, a quien algunos de los involucrados en la conversación consideran sospechoso de la filtración del viaje; también hay cuestionamientos con palabras insultantes hacia Fernández de Kirchner y promesas de ejercer violencia física sobre los diputados Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés, ambos del Frente de Todos, en este caso realizados por el titular de la sala II de Casación, Carlos Mahiques, aficionado al boxeo.

Contactados por elDiarioAR, dos de los mencionados en las publicaciones se excusaron de hacer comentarios por el momento. Otros tres aún no habían respondido la consulta. El diario Perfil publicó un descargo que le hicieron llegar colaboradores del jefe de los fiscales de la Ciudad y del ministro D'Alessandro, de acuerdo con la versión, propietario de la línea de celular hackeada que contenía el grupo de Telegram. Ante la consulta de elDiarioAR, en la cartera de Seguridad porteña dijeron que no habrá respuesta por el momento.

Con información de Télam

Cinco jueces que viajaron hace dos semanas en un avión privado a la estancia que el empresario inglés Joe Ted Lewis posee en Río Negro fueron denunciados ante el Consejo de la Magistratura porque habrían incurrido en “mal desempeño de sus funciones”. La acusación fue presentada por el abogado penalista Luciano Almonacid por un “grave desorden de conducta personal”, al haber viajado presuntamente a cuenta y cargo del millonario británico. Los acusados son Julián Ercolini, del Juzgado Federal 10; Carlos Mahiques, presidente de la sala II de Casación Penal; Pablo Cayssials, del Contencioso Administrativo Federal 9 y Pablo Yadarola, del Penal Económico 2. Como agravante, para abrazar a su anfitrión –una vez aterrizados en el aeropuerto de San Carlos de Bariloche, en un vuelo de la empresa Flyzar–, los magistrados pasaron por el camino Tacuifí, que Lewis mantiene cerrado hace décadas y vallado desde la pandemia, pero que sus empleados abren para los visitantes VIP, entre ellos el camarista Mahiques, quien hace pocos meses se pronunció a favor del hijo del poderoso anfitrión en el juicio por la ilegalidad de su presencia en esas tierras.

Desde 1996 cuando Lewis desembarcó en la Patagonia hay dos causas en su contra: fue acusado de comprar de manera fraudulenta las 12 mil hectáreas en esa parte paradisíaca de la provincia de Río Negro –donde contruyó una fastuosa mansión y una estancia que cuenta con una catarata artificial, una pista de karting y un zoológico–, y otro proceso por haber bloqueado un camino público de acceso al Lago Escondido, iniciado hace casi dos décadas por Magdalena Odarda, ex senadora justicialista y ex presidenta del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas). En consonancia con el abogado Almonacid, quien sostuvo que “hay estándares objetivos que se habrían violado a tener en cuenta respecto de las supuestas conductas ejercidas por los magistrados denunciados”, al difundirse el encuentro que sus protagonistas denominaron pretenciosamente “retiro espiritual”, Odarda expresó que “Mahiques debería ser enjuiciado en la Magistratura”. 

Aunque la justicia ordenó abrir en forma permanente el camino al Lago Escondido esto no se concretó, y mientras tanto se sustancia la apelación de la provincia de Río Negro, una vez más del lado de los intereses de Lewis. Detrás de la anécdota, se encuentra la historia de la compra fraudulenta del campo y la violación de legislación argentina, entre otros aspectos, por el aeropuerto inglés que Lewis construyó, ubicado a dos horas de las Islas Malvinas sobre área de frontera.

Lago muy escondido

Junto a “sus señorías'' fueron parte del convite Marcelo D’Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el experto en campañas digitales, Tomás Reinke y el ex jefe de Asuntos Legales de la SIDE, Leonardo Bergroth. 

El Camino de Tacuifí tiene 19.5 km desde la ruta nacional 40 al Lago Escondido. Durante la inspección ocular ordenada por el Superior Tribunal de Justicia de Rio Negro, el día 19 de marzo de 2011, su presidente, juez Alberto Balladín; Eduardo Buzzi, de la Federación Agraria, y la autora del pedido de amparo contra Lewis, la senadora Magdalena Odarda, tuvieron que cruzar los ríos Foyel y Escondido por el agua. El abogado de Lewis les dijo que los puentes pertenecen a la corona británica, que son propiedad privada, y les ordenó que pasaran por el agua caminando. No es que antes no hubiera puentes públicos, Lewis los mandó a dinamitar.

 Desde 1996 esa vía de acceso al Lago Escondido estuvo cerrada con tranqueras, y cuando alguien pretende pasar le responden que usen un extenso camino de montaña muy difícil de recorrer. Desde la pandemia el multimillonario ordenó poner altas vallas con alambres de púa y cámaras de vigilancia que se manipulan desde la estancia. La estructura se puede observar desde la ruta.

El camino está afectado al uso público por sentencia del 2013, pero no se hizo nada para abrirlo. A nivel municipal, el Jefe de Gabinete local, Marcos Barberis, había explicado que se están “observando los accesos para determinar cuáles, catastralmente, están invadiendo zonas públicas o impidiendo el paso”. 

Los tripulantes del avión

 Carlos Alberto Mahiques integra la sala III de la Cámara de Casación que el 15 de septiembre de 2021, junto a Guillermo Yacobucci y Liliana Catucci, dictó el sobreseimiento de Charles Barrington Lewis y los funcionarios implicados en la compra de las tierras del Lago Escondido, 8.063 has. en el paraje rionegrino de El Foyel. La denuncia originaria de la causa los acusaba de fraude a la ley argentina porque se constituyó una empresa nacional, HR Properties Bs Ab, el 19 de junio de 1996, con capitales y un titular argentinos, pero dos meses después se inscribió en la Inspección General de Justicia (IGJ) como Hidden Lake S.A. De esa manera, la autorización de la autoridad nacional se concedió a una sociedad argentina, pero el dominio de las tierras se inscribió a nombre de otra. Además, fue violada la Ley de Seguridad de Fronteras que prohíbe la venta a extranjeros de tierras en sectores limítrofes. 

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) había comenzado una investigación por la denuncia de la agrupación barilochense Tierra Libre, que terminó en una acusación penal. Pero la Cámara de Casación la liquidó al confirmar el sobreseimiento de Lewis hijo, en aplicación de la figura de la prescripción. Los denunciantes insisten en que para los funcionarios públicos los hechos son imprescriptibles. Ahora el asunto está apelado ante la Corte Suprema. “El fraude a la ley estuvo, más allá de que los implicados zafaron por el tiempo transcurrido, y lo más reprochable es que Mahiques ahora acepta la dádiva del dueño de la estancia que se benefició con su resolución de Casación”, sintetiza Odarda. Consultado por este diario sobre el viaje, Mahiques no respondió.

 Durante el macrismo, el Procurador del Tesoro Carlos Francisco Balbín había pedido una “acción de lesividad” para que esas tierras volvieran al Estado. El ex ministro del Interior Rogelio Frigerio no lo aceptó, de modo que el ex senador Fernando “Pino” Solanas y Alejandro Olmos hicieron una denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público. La acusación sigue abierta aunque sin novedades.

Diecisiete para abrir un camino

Diecisiete años lleva la causa para abrir el paso ciudadano que permite llegar al Lago Escondido. El 12 de septiembre la Cámara de Apelaciones de Bariloche confirmó una sentencia que tenía una década de dictada en la causa por el libre acceso al lago, y le dió tres meses a Lewis para la apertura del Camino de Tacuifí. El campo del magnate inglés rodea completamente ese espejo de agua. Los abogados de Lewis junto con la fiscalía del estado provincial de Río Negro apelaron con un recurso de Casación, que fue rechazado por la amparista Odarda, y los abogados Martín Palumbo y Ernesto Montesino, porque “se trata de una sentencia ganada desde hace 13 años que el gobierno de Río Negro no cumple”, según explicaron en su rechazo. En dos oportunidades la Corte Suprema desestimó el planteo de Lewis, de modo que está firme, pero incumplida. 

 Ellos consideran que con las cámaras que puso en el vallado el magnate puede espiar a quienes se acercan al camino, cuyo uso público se ve afectado en sus últimos tres kilómetros que están vedados al argentino de a pie. Es una tradición la marcha por el libre paso al Lago Escondido que se hace cada año, varios de cuyos participantes fueron denunciados ante la justicia. Pero por ahí sí pasaron los jueces que visitaron a Lewis.

Por otra parte, el decreto elaborado durante el macrismo que flexibiliza la ley contra la extranjerización de la tierra habría sido redactado en las oficinas de Lewis en Buenos Aires, según denunció el diputado justicialista Rodolfo Tailhade. De este modo, tanto Lewis como los inversionistas belgas, qataríes y de los Emiratos Árabes –recientemente fue visto en la zona un avión de la fuerza aérea de ese país– estarían en condiciones de seguir ampliando sus propiedades en el sur patagónico. 

 Como viene informando este diario, los empresarios extranjeros de la mano de los locales nucleados en la conservadora agrupación Consenso Bariloche tomaron la ofensiva en sus pedidos de represión y mano dura contra las comunidades mapuches de la zona. En ese contexto, detrás del reclamo por “seguridad” tras una serie de atentados no esclarecidos pero adjudicados a ese pueblo indígena estaría la exigencia de la derogación de la Ley 26.160 de relevamientos territoriales de las comunidades indígenas, que si se llevaran adelante en esa provincia –algo que no sucede– pondría en riesgo sus intereses.

Cambio de viento

En los primeros meses del actual gobierno, durante la gestión de Sabina Frederic y Gabriel Fuks en el ministerio de Seguridad, el Poder Ejecutivo había rechazado el pedido de la gobernadora Carreras para el envío de fuerzas federales, mientras sus funcionarios participaban en el territorio de mesas de diálogo. Nada fue suficiente para evitar el asesinato del joven mapuche Elías Garay en la comunidad de Cuesta del Ternero, a 25 kilómetros de El Bolsón, a manos de privados en la disputa por las tierras. La gestión de Aníbal Fernández, en cambio, envió el Comando Unificado de fuerzas federales (que ni siquiera Patricia Bullrich había obtenido) para el desalojo de la Lof Lafken Winkul Mapu en Villa Mascardi, concretado el 4 de octubre con denuncias de violaciones a los derechos humanos de las mujeres mapuches detenidas.

 El vocero de la Coordinadora Mapuche de Río Negro, Orlando Carriqueo, salió al cruce de la que denominó “una campaña racista para justificar la represión en Mascardi”, y acusó a la derecha, personificada en el gobierno provincial, la Gendarmería, dirigentes del PRO y agentes de inteligencia, de estar detrás de los “atentados de falsa bandera”, es decir, cometidos por ellos para inculparlos. Ante elDiarioAR, Carriqueo afirmó que “en realidad rechazan el diálogo porque no les conviene, tiene de su lado a gobernadores que defienden los intereses de estos grupos de inversión, que pretenden apropiarse de la riqueza y recursos naturales de la Patagonia”.

La frase “los verdaderos usurpadores de la Patagonia son los empresarios extranjeros” suele estar en boca de quienes defienden los derechos de los pueblos originarios, pero de tan repetida puede haber perdido sentido. Sin embargo, alcanza con ver el mapa y detectar quiénes son los poderosos vecinos de las comunidades mapuches de la Patagonia, como lo explica en detalle la vocera de la Lof Quemquemtrew, Soraya Maicoño, donde fue asesinado el joven Garay. En el medio, las denuncias cruzadas se multiplican, quienes “recuperan territorio” están cada vez más criminalizados, los privados ostentan la vulneración de las leyes y así tambalea el estado de derecho.