Argentina ardía en 2002 tras aplicar la receta económica dictada por el Consenso de Washington en los 90 y el economista surcoreano pero doctorado y profesor de la Universidad de Londres Ha-Joon Chang publicaba su primer best-seller, Patear la escalera. Por qué unos países crecen y a otros no los dejan crecer, en el que explicaba que las naciones ricas se habían desarrollado con políticas industriales que después habían desaconsejado al resto del mundo. En 2010 vendría otro éxito editorial, 23 cosas que no te cuentan sobre el capitalismo. Ahora la editorial Granica ha vuelto a publicar Patear la escalera en castellano y su autor, uno de los principales referentes de la heterodoxia económica mundial, dialogó por Zoom con elDiarioAR desde la capital británica, antes de un viaje de visita a su Seúl natal.

–Por qué Patear la escalera, sigue siendo relevante después de más de 20 años?

–Escribí este libro en 2001. Se publicó en 2002. Y ese fue literalmente el punto más alto del neoliberalismo. En los 80, los programas de ajuste estructural empezaron a afectar a casi todos los países en desarrollo. Los obligaron a liberalizar su comercio. Muchos abrieron sus mercados de capitales. Privatizaron empresas estatales y desregularon varios mercados, como el laboral e industrial, y así sucesivamente. Luego vino el colapso del bloque soviético a principios de los 90. Y entonces se declaró el “fin de la historia”, se lanzó la Organización Mundial del Comercio en 1995. Y sí, estas políticas neoliberales estaban arrasando el mundo. Pero yo estaba muy desconcertado porque sabía que muchos de estos países ricos, Estados Unidos, Japón, Corea, que luego promovían el libre comercio, la libre inversión y demás, habían usado altos niveles de proteccionismo, subsidios, regulaciones sobre empresas extranjeras, etc. Y muchos de ellos también usaron empresas estatales de manera muy intensiva para desarrollar sus economías. Y estos países argumentaban que los países en desarrollo no debían hacer lo mismo. Entonces empecé a investigar la historia del capitalismo más a fondo. Y la evidencia no era difícil de encontrar. No es que tuve que hackear alguna base de datos secreta en el sótano del FMI (Fondo Monetario Internacional) o viajar a un monasterio italiano en los Alpes para leer manuscritos del siglo XVIII. La evidencia estaba ahí. De hecho, encontré mucho más de lo que esperaba porque me di cuenta de que Gran Bretaña había sido mucho más proteccionista de lo que pensaba. Estados Unidos fue la economía más protegida del mundo durante 120 años hasta la Segunda Guerra Mundial. Y básicamente descubrí que todos los países ricos de hoy, en combinaciones ligeramente diferentes, se enriquecieron usando políticas que recomendaban a los países en desarrollo no usar. Luego encontré un pasaje en el libro del economista alemán del siglo XIX Friedrich List, quien decía que los ingleses les pedían a alemanes y estadounidenses adoptar el libre comercio. Pero cuando mirás la historia inglesa, llegaron a donde estaban, esto es mediados del siglo XIX, usando un grado muy alto de proteccionismo, subsidios y otras formas de política industrial. Es como alguien que sube hasta la cima y luego patea la escalera para que otros no puedan seguirlo. Ahora soy un país fuerte que se beneficia del libre comercio, que no necesita proteccionismo. Así que ahora les digo a otros países que no usen estas políticas.

–Pero hoy el mundo vuelve al proteccionismo...

–Hoy esto es aún más relevante, irónicamente, por Donald Trump. Hasta hace poco, los países ricos fingían que se desarrollaron con libre comercio, libre mercado. Y aún intentaban persuadir a los países en desarrollo de no usar proteccionismo ni subsidios. Pero ahora estos países están desesperados porque China los alcanzó mucho. Quiero decir, ahora es competitiva en todas las industrias. En algunas industrias podrías argumentar que incluso están por delante de los países occidentales. Ahora, los países occidentales están usando proteccionismo y subsidios ellos mismos. Así que ahora ni siquiera pueden ser hipócritas porque tienen que usar estas políticas. Estamos viviendo un momento muy interesante porque estos países contaron mentiras sobre su propia historia. Probablemente muchas personas de esos países ni siquiera sabían que estaban mintiendo porque siempre creyeron en esa historia mítica en la que todo se hacía por la mano invisible y el libre mercado y libre comercio. Ahora se dan cuenta de que, como en los viejos tiempos, necesitan estas políticas. Aunque, en mi opinión, la forma en que lo están haciendo no va a tener éxito.

–¿Por qué no van a tener éxito?

–Hay diferentes razones para diferentes países. En el caso de Estados Unidos, básicamente no hay una política real. Lo que Estados Unidos está haciendo es explotar su posición como el mercado más grande del mundo para amenazar a otros países con acceso limitado a su mercado mediante barreras arancelarias y forzar a otros países a no competir con empresas americanas o a invertir en EE.UU. para construir capacidades manufactureras allí. Podría decir que esto es una versión geriátrica de la protección de la industria infantil. La protección de la industria infantil es la idea de que, de la misma manera que necesitamos proteger y nutrir a nuestros hijos hasta que crezcan y puedan competir en el mercado laboral, los gobiernos de países en desarrollo necesitan proteger y nutrir sus industrias jóvenes antes de que puedan desarrollarse y competir en el mercado mundial. No podíamos competir con lo mejor, no sé, las empresas automotrices coreanas en los 70 o las empresas textiles americanas en los 1850, pero teníamos que hacerlo algún día. Y vamos a proteger nuestras industrias para que puedan invertir, aumentar la productividad y eventualmente volverse internacionalmente competitivas. Lo que está haciendo Trump es como tener un hijo de 55 años que fracasó en su negocio porque no estaba invirtiendo, estaba gastando dinero en jets privados, yates y casinos en Las Vegas. Ahora su negocio está en problemas. Entonces su padre llega y dice: “OK, te voy a ayudar porque quiero hacerte grande otra vez. Voy a impedir que empresas extranjeras compitan contigo poniendo muros arancelarios. Y también voy a forzar a algunos de estos tipos, coreanos, japoneses, alemanes, a invertir en tu empresa”. El problema es que este tipo no tiene incentivos para mejorar su desempeño porque no hay condiciones. En los últimos 25, 30 años, las empresas americanas han dejado de invertir. Distribuyeron el 90-95% de sus ganancias a accionistas en forma de dividendos muy altos y recompras de acciones, lo que significa que la empresa compra sus propias acciones para que suban los precios y los accionistas puedan obtener ganancias extra vendiendo sus acciones. Perdieron la capacidad de invertir. Entonces, a menos que hagas que estas empresas vuelvan a invertir, no van a poder revivir su competitividad.

–¿Cuál sería una política industrial adecuada?

–La política industrial tiene que ser focalizada. La protección general no funciona. Tenés que elegir sectores específicos que querés desarrollar y luego brindarles apoyo dirigido. En algunos casos puede ser protección. En otros casos, tal vez no querés esa protección, pero subsidiás directamente a la empresa, directa e indirectamente, invirtiendo más en investigación y desarrollo básico que cree nuevas tecnologías que estas empresas puedan usar. Deberías proveer la infraestructura adecuada para la industria. Si estás invirtiendo en construcción, en lugar de construir apartamentos de lujo, deberías construir carreteras, puertos, etc. para apoyar tus industrias. Deberías invertir en formación de trabajadores, educación, ciencia básica. Necesitás una estrategia coherente. En este momento, la estrategia en EE.UU. es totalmente aleatoria. Protegemos a todos y vemos quién se beneficia. Esto es exactamente el tipo de protección que Estados Unidos criticaba a países como Argentina. Sustitución de importaciones: ponés protección general y esperás que algo pase. Algo pasa, pero no es tan efectivo como una política muy focalizada con condiciones. Si recibís protección, si recibís subsidios con dinero de los contribuyentes, tenés que rendir cuentas. Por eso la política industrial en países como Japón, Corea, China ha sido muy exitosa: no solo proveen protección y dinero, sino que ponen condiciones sobre lo que tenés que hacer.

–Mientras el mundo se vuelve proteccionista, Argentina está abriendo su economía. ¿Cuál es su opinión sobre el experimento libertario de Milei, que todo el mundo está mirando?

–Desgraciadamente, en la historia no hay ningún país que haya tenido éxito con este tipo de políticas liberales que está implementando el gobierno del señor Milei. Argentina ya lo intentó, bajo la dictadura militar, con Carlos Menem. No funciona. No existe un país que se haya hecho rico a través de estas políticas liberales. Cuando digo esto, la gente dice: “Pero ¿qué pasa con países como Singapur?”. Bueno, déjenme decirles sobre Singapur. Tienen una política de libre comercio y actitud acogedora hacia inversores extranjeros. Pero el 90% de la tierra en Singapur pertenece al gobierno. El 85% de la vivienda es provista por el gobierno a través de su corporación de vivienda, y más del 20% del PBI es producido por empresas estatales. Y dicen: “Singapur tiene bajos impuestos”. Sí, tal vez tiene una alícuota máxima del 24%. Pero también tiene este esquema de ahorro forzoso llamado Central Provident Fund, que obliga a la gente a ahorrar el 30% de sus ingresos y usarlo solo para salud, educación y jubilación. Así que los que ganan más en Singapur no controlan el 60% de sus ingresos. Porque el 20% va a impuestos, el 37% va a esta cuenta personalizada pero de ahorro forzoso. Entonces, incluso Singapur no es una economía liberal. Decime si hay alguna otra economía que haya tenido éxito por esta ruta. Esta idea de que bajos impuestos y baja regulación es el camino a la prosperidad es absurda. Si el bajo impuesto a las ganancias de las empresas fuera tan bueno, ¿por qué no todos van a invertir a Paraguay? Porque allá el impuesto a las ganancias corporativas es del 10%, el impuesto a las ganancias personales también. ¿Por qué no se mudan todas las empresas ricas del mundo allá? El problema es que hay que hablar del valor de los servicios gubernamentales. En Paraguay podés pagar bajos impuestos, pero lo que recibís a cambio no es tan bueno. Infraestructura pobre, seguridad no tan buena, trabajadores no muy bien capacitados. Muchas empresas prefieren pagar 30% de impuesto a las ganancias corporativas y hacer negocios en Alemania. Esta idea de que cuanto menos gobierno, mejor, es absurda. Hay que debatir exactamente qué debería hacer el gobierno. ¿Debería gastar más en investigación y desarrollo o infraestructura? ¿O enfocarse en aumentar la productividad en el sector biotecnológico o ayudar a las pymes exportadoras? Las experiencias históricas son muy claras: el gobierno hace estas cosas, sea una política industrial más agresiva como en Corea o China, o incluso las más pasivas, proporciona todos estos insumos públicos: ciencia, investigación y desarrollo. Durante los 50, 60, hasta los 80, dos tercios de la investigación y desarrollo americana estaba financiada por el gobierno americano

–El libre comercio no funcionó en Argentina en el pasado, pero tampoco una economía muy cerrada...

–Exacto. No estoy a favor de tener el tipo de economía cerrada que tenía Argentina. El punto es que si sos un país en desarrollo, necesitás generar suficientes exportaciones para desarrollar la economía porque necesitás importar máquinas, tecnologías, insumos intermedios inteligentes para crecer y desarrollar tu economía, porque no producís esas cosas. Necesitás divisas. Desgraciadamente, países como Argentina no desarrollaron la capacidad de exportar más allá de commodities primarios, cuya demanda siempre fluctúa y no crece muy rápido a largo plazo. Por eso Argentina sigue teniendo crisis macroeconómicas cada vez que empieza a crecer un poco. Porque una vez que comenzás a crecer, absorbés todos esos insumos. Necesitás máquinas para el sector agrícola, fertilizantes. Si querés construir una industria manufacturera, necesitás importar nuevas máquinas y tecnologías, pagar consultorías técnicas, traer gente para enseñar habilidades avanzadas a tus trabajadores, etc. Y no generás suficientes divisas para pagar esas cosas. Así que apenas crecés unos años, tenés crisis de balanza de pagos. Y para resolverla imponés políticas de austeridad, que pueden bajar la inflación por un tiempo, pero apenas la economía empieza a crecer, tenés el mismo problema.

–Acá en Argentina la gente ahora tiene esperanza en la minería, petróleo y gas de Vaca Muerta, que pueda resolver el problema de falta de divisas y todos los problemas...

-En el corto plazo puede ayudar. Pero acordate que el petróleo va a ser un activo varado. El mundo, guste o no a Argentina, está haciendo una enorme transición hacia energías verdes. Especialmente con la última guerra con Irán. Los países se dieron cuenta de que depender de combustibles fósiles es muy riesgoso, incluso si no creés en el cambio climático. La demanda de petróleo va a bajar. Hay enormes esfuerzos para desarrollar tecnologías de energías renovables. Petróleo y gas se usan como insumos industriales más que como fuentes de energía. Para hacer fertilizantes artificiales usás gas natural, carbón coque para acero. Pero ahora hay mucha investigación y nuevas tecnologías para hacer estas cosas sin combustibles fósiles. ¿Pensás que para Argentina tener litio es genial? Los chinos ya están desarrollando baterías de sodio. Cuando eso pase, la demanda de litio va a colapsar. No podés depender de estas cosas. Y encima estos sectores basados en recursos naturales tienen inherentemente bajo crecimiento de productividad.

–¿Por qué tantos ricos están fascinados con Milei en países desarrollados?

-El neoliberalismo, el libertarianismo son sistemas buenos para los ricos, especialmente los súperricos. En los países ricos, los súperricos quieren instalar el tipo de sistema que está instalando el señor Milei porque se beneficiarían más. Desgraciadamente, en los países ricos hay resistencia a estas cosas porque hay partidos de izquierda, aunque en declive, que todavía son fuertes comparados con los de países en desarrollo. Y hay derechos sociales más establecidos en educación, salud, servicios básicos. Entonces les cuesta implementar estas reformas que quieren. Y ahora hay este hombre que lo está haciendo. Claro que quieren que tenga éxito para decirle a su gente: “Mirá, el señor Milei lo hizo. Deberíamos hacerlo en nuestro país también”. Pero América Latina siempre ha sido el laboratorio experimental para estas políticas. El primer régimen neoliberal se instaló en Chile, luego la dictadura argentina lo siguió, después de experimentar allá lo llevaron a EE.UU., Europa. Están repitiendo lo mismo otra vez.

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El presidente Javier Milei llegó molesto y se la pasó golpeando el atril en el cierre de la cumbre anual de la Cámara de Comercio de Estados Unidos (AmCham, según sus siglas en inglés) en la Argentina, este martes en el Centro de Exposiciones de Buenos Aires. “Odio la inflación, el dato me repugnó”, dijo después de que dos horas antes el Instituto de Estadística (Indec) informara que en marzo la inflación saltó a 3,4%, el nivel más alto desde hace un año y medio, en septiembre de 2024 (3,5%).

Milei le echó la culpa a un supuesto intento de golpe de Estado después de que “Manuel (Adorni) hizo esa extraordinaria elección”, en referencia al comicio porteño de 2025. Fue su manera de reivindicar al jefe de Gabinete cuestionado por sus compras de inmuebles y viajes caros. Es decir, la culpa es de la oposición. “Desde entonces hubo ataque feroz al corazón del modelo, hubo más de 40 de leyes intentando romper el equilibrio fiscal... no lo lograron”, dijo entre aplausos permanentes de un grupo de empresarios entregados a su líder, aunque no todos estaban tan entusiastas sino más bien preocupados por la continuidad de un modelo que les gusta.

Milei opinó que aquellas leyes de la oposición, incluidas las incumplidas de financiamiento universitario y a la discapacidad, provocaron una tremenda caída de la demanda de dinero, lo que derivó en subas de la tasa de interés y del tipo de cambio en ese entonces. “Este mes impactó la educación, todo lo que tiene que ver con guerra, el transporte, y por una cuestión estacional, la carne. Estamos purgando todavía la caída de la demanda de dinero más los efectos estacionales”, dio su explicación.

“La política monetaria no cambió, por lo que no es inflación estrictamente, es un salto de precios”, ensayó Milei, que se jactó de trabajar 16 horas por día, de hacerlos laburar a la par a sus ministros y de que sus “valores morales dicen que mentir y estafar está mal”. Más de uno de los empresarios no quiso recordar su promoción de la criptomoneda $LIBRA.

“Superado esos efectos, la tasa de inflación va a caer”, prometió. “Tenemos que terminar de acomodar los precios relativos. Lo único que hay que hacer es tener paciencia”, volvió a pedirla en menos de una semana. “La demanda de dinero ha empezado a crecer. Menor tasa y menor tipo de cambio significa que volvió a subir demanda de dinero. En marzo la actividad económica empezó a rebotar, empezó a revivir”, dijo quien en 2024 había pronosticado que la economía iba a “crecer como pedo de buzo”. “La economía va a retomar el fuerte sendero de crecimiento que teníamos previo al ataque de la política”, dijo Milei.

“Estamos en récord de PBI, consumo, exportaciones, el RIGI (Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones) está volando”, enumeró el presidente, aunque las ventas minoristas no registran semejante afirmación. “El crédito está creciendo fuertemente”, sorprendió el libertario mientras se derrumban los créditos hipotecarios en 2026, tras un 2025 que bien aprovecharon sus funcionarios para tomarlos con condiciones preferenciales para los empleados públicos. “Cuando se recomponga el capital de trabajo, la Argentina vuelva a crecer”, mareó Milei... ¿ya crecemos o hay que esperar?

El presidente rechazó el supuesto planteo del “círculo rojo”, es decir, el establishment, así como de los periodistas y los “econochantas” de que él debe elegir entre crecimiento y empleo o desinflación. “El círculo rojo hace una hipótesis de que si queremos crecer, tenemos que aceptar tener más inflación. Entonces deberíamos relajar la política fiscal y monetaria. Así podamos crecer y ganar una elección. Desde mi visión me parece inmundo, repugnante. El camino de la inflación lleva al infierno”, dijo el economista al que Lali Espósito parodió como fanático.

Milei dijo que emitir dinero implica “dinamitar la reputación, no ser creíbles, así no van a lograr expandir, van a ir para atrás y eso nos va a castigar en las urnas”. Por eso, prometió: “Vamos a mantener el equilibrio, seguir apretando, la motosierra no se detiene. Di la orden expresa en la reunión de gabinete, vamos a seguir bajando impuestos porque los impuestos son un robo”, bramó ante el aplauso de quienes más se beneficiaron con esas reducciones, los que más tienen.

“Vamos a continuar con la política monetaria apretada, vamos a sacar todos los pesos de la calle”, siguió profesando su fe. “No vamos a ceder un ápice en la desregulación”, continuó con su credo, más allá de que sus liberalizaciones hubiese provocado un fuerte alza de alquileres, prepagas y telefonía. “Vamos a seguir abriendo la economía, porque se amplía la economia, libera más rendimientos crecientes”, aseveró, aunque la baja de precios no necesariamente se traduce en una mejora para quienes pierden el empleo a costa de la apertura.

“Después la gente podrá elegir otro camino, será responsabilidad de los argentinos”, advirtió. “Cuando vean cómo cae la inflación, la pobreza, la economía se recupera, suben los salarios, probablemente nos acompañen”, auguró. “Si no nos acompañan, nos volvemos a casa”, bramó antes de volver sobre su nuevo discurso de moral, que arrancó casi en simultáneo con el caso Adorni, y sobre la reivindicación de los “valores judeocristianos”. Hasta a algunos empresarios elogiosos del giro libertario de la Argentina les pareció demasiado.

AR/CRM

“Si avanzan los despidos, los profesionales no van a poder producir información. Y el resultado va a ser un apagón meteorológico”. La advertencia de Silvina Romano, delegada de ATE en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), resume el escenario que atraviesa el organismo, donde avanza un plan de reducción de personal que podría afectar a más de 200 trabajadores sobre una dotación de 787. Esta situación se da en línea con el recorte que el Gobierno viene aplicando en distintas áreas del Estado: en dos años destruyó 63.000 empleos públicos y para 2026 se propuso reducir el 10% de todo el sector (entre 5.000 y 6.000 puestos).

Sin embargo, la discusión alrededor del SMN excede lo laboral. ¿Qué implica, en la práctica, un servicio meteorológico debilitado? Menos datos en tiempo real, menos estaciones operativas y menor capacidad de anticipar eventos. En un aeropuerto, por ejemplo, un despegue podría depender de información incompleta sobre viento o visibilidad. En el campo, un productor podría decidir sembrar o fumigar sin conocer con precisión las condiciones que afectan su cosecha. En una ciudad, una alerta podría llegar tarde o no emitirse.

El SMN produce y distribuye información clave para la aviación, el agro, la energía y la gestión de emergencias. También sostiene el sistema de alertas tempranas ante tormentas, olas de calor o inundaciones. “Es un servicio que muchas veces no se ve, pero se usa todo el tiempo”, señaló Romano. Y explicó que la pérdida de personal impacta directamente en esa cadena. Es decir, menos observadores implica menos datos, y menos datos reducen la calidad de los pronósticos.

Un servicio invisible, con impacto directo

Las consecuencias combinan riesgos cotidianos y efectos económicos. “Un vuelo sin información sobre el estado del tiempo o de las pistas no debería salir por razones de seguridad”, advirtió Romano. A la vez, remarcó que el agro depende de esos reportes para planificar. “El pequeño productor necesita del Servicio para manejar sus cultivos”, sostuvo. Lo mismo ocurre con sectores como la energía o la construcción, que utilizan proyecciones meteorológicas para definir operaciones.

El deterioro se arrastra desde 2023. En ese período, el organismo perdió alrededor de 200 trabajadores entre despidos, jubilaciones y renuncias asociadas a salarios que, según denuncian, no superan los 800 o 900 mil pesos. El impacto ya es visible en estaciones que funcionaban las 24 horas redujeron su cobertura, otras cerraron y algunas operan con dotaciones mínimas. Un nuevo ajuste podría llevar la planta a unos 500 trabajadores, lejos de los 1.200 que un relevamiento interno consideraba necesarios.

El riesgo sobre la red de observación

El Centro Argentino de Meteorólogos (CAM) advirtió que un recorte de esa magnitud podría derivar en un “colapso operativo”. La preocupación está puesta en la red de observación, base de todos los pronósticos. “Podría dejar a ciegas a gran parte del territorio”, señaló su presidenta, Carla Gulizia, al describir el efecto de perder estaciones en distintas regiones.

Un comunicado del cuerpo de delegados de ATE en el SMN plantea un escenario similar, con cierre de estaciones, menor cobertura territorial y dificultades para sostener servicios esenciales. Entre los puntos críticos mencionan la seguridad aérea –por la falta de datos en tiempo real–, la emisión de alertas tempranas y el seguimiento de fenómenos extremos. También advierten sobre el impacto en zonas donde el organismo es la única fuente de medición meteorológica.

Tecnología, ajuste y límites operativos

En paralelo, crece la tensión interna. Trabajadores señalaron que, durante visitas al organismo, el subsecretario de Reforma Estatal, Alejandro Tamer (manos derecha del ministro de Desregulación Federico Sturzenegger) planteó que se reemplazarán a observadores por sistemas automáticos. La hipótesis incluye reducir la red de estaciones de unas 125 a cerca de 80, lo que implicaría menos puntos de medición en el territorio.

Especialistas advierten que ese cambio no es lineal. “La tecnología puede ayudar, pero no reemplaza la interpretación”, explicó el investigador del Conicet, Juan Rivera. La diferencia, plantean, no es solo operativa. “Un dato aislado no alcanza sin alguien que lo valide, lo compare y lo integre en un sistema más amplio”, señala. Además, la reducción de estaciones interrumpe series históricas que permiten entender cómo cambia el clima a lo largo del tiempo.

El SMN forma parte de redes internacionales y aporta información que se utiliza dentro y fuera del país. Su trabajo está detrás de decisiones que van desde la suspensión de un vuelo hasta la activación de un protocolo de emergencia. En un contexto de eventos climáticos más frecuentes e intensos, esa información gana peso, avisan los especialistas.

En ese marco, la discusión sobre el ajuste suma otra dimensión. No se trata solo de cuántos trabajadores quedan, sino de qué capacidad conserva el Estado para medir, anticipar y advertir. Si esa cadena se corta, el impacto se traduciría en decisiones tomadas con menos información y, en algunos casos, en riesgos que podrían haberse evitado.

“Estamos frente a una problemática muy grande, con impacto directo en la población y en la economía”, concluyó Rivera.

LN/MG

Mientras Estados Unidos e Israel bombardeaban hasta matar al ayatollah Alí Jamenei, cabeza del régimen totalitario y cruel de Irán, y a 175 personas en una escuela -la mayoría niñas-, en la ciudad iraní de Minab, había en la Argentina quienes se ilusionaban con que la guerra sobre esta potencia petrolera elevara la cotización del crudo y del gas y así mejoraran los ingresos de Vaca Muerta. Pocos se acordaron que en la crisis del petróleo de 1979, que se desató con la revolución islámica de Irán, el precio del barril se disparó, también la inflación mundial, lo que estancó la economía de los países ricos y elevó su desempleo, mientras el resto del mundo se contagió.

Sólo zafaron los exportadores de crudo, entre los que entonces no estaba la Argentina, y se desató el descalabro de deuda del Tercer Mundo, incluido este país y el resto de los latinoamericanos. Aunque ahora esté Vaca Muerta, si el nuevo conflicto de Medio Oriente se prolonga, impactará de forma negativa en la actividad argentina y se sumará a otros dos factores que la amenazan: la profundización de la motosierra fiscal y el abaratamiento del dólar, que componen la receta antiinflacionaria de Javier Milei.

“El 20% de la producción de petróleo y del gas natural licuado (GNL) salen del Golfo Pérsico y hoy no salen, no porque Irán haya cerrado el Estrecho de Ormuz, porque no lo cerró, sino porque las los reaseguradores en Londres no aseguran más el costo de hundimiento petrolero”, comenta el consultor energético Daniel Gerold, en diálogo con elDiarioAR. “Entonces los buques están paralizados. Los que estaban dentro del golfo y los que estaban por entrar. En el corto plazo, no hay un efecto porque hay stocks mundiales”, aclara Gerold sobre porqué el barril Brent -el de referencia en la Argentina- saltó de 70 a 79 dólares por los bombardeos pero no trepó a los US$112 como cuando la petrolera Rusia invadió Ucrania en 2022 y Occidente la sancionó.

“Pero si esto se prolonga en el tiempo, la inflación mundial va a subir y no va a tardar mucho tiempo en aumentar la tasa de interés para contrarrestarla. Esto va a ser una disrupción en la economía”, se refiere el consultor sobre a la idea de que cuando se eleva la tasa se enfría la economía. Justo cuando Donald Trump presionaba para que bajara, lo que hubiese beneficiado el regreso de la Argentina a los mercados internacionales de crédito.

“Esto no le conviene a nadie”, continúa Gerold. “Si esto tiene un shock en la economía mundial, no es bueno para la Argentina”, dice, y alude al principal comprador del crudo iraní: “Algunos que dicen que esto perjudica China”. Y completa: “Si se ralentiza la economía china, la economía del mundo se va a ralentizar y eso no es bueno para la Argentina”, un país exportador de soja, carne, cuero y litio al gigante asiático.

En uno de los principales bancos norteamericanos, un analista aclara que le resulta lamentable que mueran niños, pero admite que una guerra corta beneficiaría a la Argentina, no por el encarecimiento de los hidrocarburos, que sería pasajero, sino porque posicionaría al país como proveedor seguro, alejado de conflictos. Pero reconoce que una beligerancia mayor, incluso nuclear, elevaría la inflación mundial, las tasas y el dólar como refugio internacional. Eso siempre llega acompañado de un abaratamiento de las materias primas, en este caso no el petróleo, pero sí los granos, que la Argentina exporta. Incluso especula con que una contienda así podría llevar a repartir el mundo entre dos imperios, el estadounidense y el chino, lo que resultaría negativo para Vaca Muerta, que sólo podría venderle a un cliente, Occidente, que impondría el precio, lo que se llama un monopsomio.

“Si la guerra dura dos semanas, como prevemos, le sirve a la Argentina, pero si se extiende, se va a sentir en la actividad económica”, advierte Mauricio Monge, economista de la consultora Oxford Economics con residencia en México. Advierte que en el país gobernado por Claudia Sheinbaum, a diferencia de la Argentina, hay margen fiscal para aminorar el aumento del petróleo y el gas con subsidios.

Un académico argentino, que prefiere el anonimato, recuerda que en la crisis del petróleo de 1979 fue la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) la que irrumpió con fuerza para elevar la cotización del crudo, lo que hubiera perjudicado más a la Argentina de entonces de no ocurrir un freno de la exportación de trigo de EE.UU. a la Unión Soviética por la Guerra Fría. “Ahora, en cambio, porque existe Vaca Muerta, YPF va a ganar más guita, pero vas a pagar la nafta más cara, cuando la economía no está funcionando bien desde hace dos años. Antes funcionaba peor pero ahora atrasan el dólar para que la inflación baje, eso genera déficit de cuenta corriente (compuesta sobre todo por la balanza de comercio de bienes y servicios) y se nota en una economía no en recesión pero con presión recesiva”, apunta la fuente. Y agrega como advertencia: “Encima, hasta ahora estabas atado a un dólar devaluado y por eso la apreciación cambiaria no te perjudicaba tanto, pero cuando hay lío en el mundo, el dólar se aprecia”.

Y si la moneda norteamericana sigue estancada en $1.425 se desalienta la producción de bienes y servicios argentinos, pues se encarecen rápido en dólares con una inflación que roza el 3% mensual.

Con tal de bajar la inflación, el gobierno de Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, sostendrán el tipo de cambio con tasas de interés altas, cepo cambiario para operaciones de las empresas y sin la suficiente acumulación de reservas necesaria para enfrentar shocks externos. Y si eso impacta en encarecimiento de la producción local, cierre de compañías y despidos, su prioridad es la promesa de 0% en el índice de precios al consumidor (IPC) de agosto.

El libertario sabe que lo votaron para domar la inflación. Por algo Caputo y su secretario de Coordinación Productiva, Pablo Lavigne, le espetan a los industriales en audiencias privadas que “algunos quedarán en el camino”, la misma frase que enarboló el mes pasado el presidente de la Cámara Argentina de Comercio, Mario Grinman, defensor del plan económico.

El académico antes citado reconoce que los argentinos no podían seguir pagando caro, por ejemplo, los neumáticos de FATE, como señaló Milei el domingo pasado en el Congreso, pero considera que tampoco puede desentenderse de los más de 900 despedidos con la consigna de que el mercado lo resolverá. El presidente libertario se quedó en las teorías económicas de hace más de 200 años elaboró David Ricardo, uno de los padres de esta ciencia: la de las ventajas comparativas, según la cual los países deben especializarse en la producción y exportación de bienes que pueden producir a un costo de oportunidad menor en comparación con otros, y la de rendimientos decrecientes, o sea la disminución del ingreso marginal de la producción a medida que se añade un factor productivo (capital, trabajo o tierra), manteniendo los otros constantes. 

Pero esas teorías fueron evolucionando y en 1979 el Nobel Paul Krugman revolucionó el entendimiento del comercio internacional con la ley de rendimientos crecientes: el aumento proporcional de los insumos genera un incremento más que proporcional en la producción por las economías de escala y la especialización. Así fue que China se ha desarrollado, con subsidios y salarios bajos, para exportar de todo a todo el mundo y barrer con la competencia. Así es que los países occidentales, antes promotores del libre comercio, ahora vuelven a imponer aranceles a la importación y a hablar de política industrial. Pero la Argentina de Milei camina a contramano. Habrá que ver si logra con éxito lo que no pudieron la dictadura militar que comenzó hace medio siglo ni la década de Carlos Menem. En la Argentina pendular se pasa del proteccionismo más acérrimo a la apertura más ingenua, siempre con desprecio por la moderación.

El Presidente y su gente repiten que es mejor que entre un producto importado más barato, aunque destruya algunos empleos, porque la mayoría de la población podrá gastar menos y destinar el sobrante a otros consumos. Efectivamente, hay un efecto sustitución por el bien más económico y un efecto ingreso, es decir, que el mismo salario mejora su poder de compra. Pero otro padre de la economía, François Quesnay, en el siglo XVIII elaboró la teoría del flujo circular de la renta, que consiste en que el gasto de uno es el ingreso de otro. Vale decir que si los trabajadores de FATE y de tantas otras empresas cerradas dejan de contar con ingresos, gastarán menos y otros también contarán con menos entradas.

En el Congreso, Milei se encomendó al desarrollo de la minería, los hidrocarburos, la agroindustria y los data centers, pero varios de esos sectores sólo comenzarán a producir ingresos ya entrada la década próxima... Mientras tanto, los perdedores de las actividades en descomposición puede que se rebelen, desde operarios de fábricas, obreros de la construcción o empleados de comercio. Ya a fines de enero en Rosario protestaron los choferes de Uber, destino usual de los despedidos, porque la tarifa están planchada ante la mayor cantidad de competidores.

Pero el jefe de Estado en destrucción no sólo arremetió el domingo otra vez contra FATE, de Javier Madanes Quintanilla, sino también contra Paolo Rocca, por el costo del acero del grupo Techint y hasta por supuestamente conspirar contra él junto a la vicepresidenta Victoria Villarruel para reemplazarlo si perdía las elecciones legislativas de medio término. El empresario italiano residente en San Isidro optó por no confrontar de manera directa, pues llevaría las de perder. Tampoco buscar armar ninguna alternativa opositora, como hizo “la T” -por Techint- contra el final de la convertibilidad o el último kirchnerismo.

Pero este martes Rocca mandó a las dos entidades empresarias donde más influye, la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Asociación Empresaria Argentina (AEA), a reclamar “respeto” al presidente soez. En la UIA los hombres de negocios pymes pedían además que se criticara el rumbo económico, pero los grandes lo evitaron. Mastican bronca contra el presidente de la entidad, Martín Rappallini, que acaba de presentar un proyecto de cobre, el mendocino San Jorge, para el Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones, en sociedad con la suiza Zonda Metals, y que además espera que el Gobierno le renueve a su empresa Cerámica Alberdi la medida antidumping contra la importación china, que vence en agosto próximo.

También los ingresos del Estado deberán esperar hasta la década próxima para recibir los beneficios más sustanciales de la minería o el GNL. Para entonces se sentirá fuerte la desinversión actual en educación, en capital humano, con el consiguiente impacto en la economía. Mientras, la recaudación tributaria cae en forma consecutiva desde hace siete meses. Eso afecta tanto a la Nación, donde Milei siempre estará dispuesto a aplicar la motosierra, aunque quede cada vez menos por cortar, y a las provincias, más renuentes a ajustar, sobre todo porque gastan más que nada en educación, salud y seguridad, por más que también derrochen presupuesto político.

Más podas enfriarán aún más la economía. Si bien creció 4,4% en diciembre pasado, influyó la cosecha de trigo y crecen sectores con baja generación de empleo mientras que se contraen los que los más los creaban antes. Monge, de Oxford Economics, prevé una expansión de sólo 2,6% en 2026 y, al igual que la mayoría de sus colegas, desestima que el IPC baje al 0% dentro de cinco meses por la inercia que está cobrando la inflación entre aumentos de tarifas, carnes y colegios privados, entre otros ítems que varían según el mes.

AR/MC

El Gobierno avanzó con el cierre y vaciamiento de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana (SISU), el organismo encargado de ejecutar la política de urbanización de barrios populares creada por la Ley 27.453. La decisión generó un fuerte rechazo de la Iglesia, organizaciones sociales y referentes territoriales, que advirtieron que la paralización de esta área implica dejar sin obras ni acompañamiento estatal a cerca de 5 millones de personas que viven en más de 6.400 villas y asentamientos en todo el país.

El reclamo tiene este martes un protesta hacia el Ministerio de Economía convocada por la Mesa Nacional de Barrios Populares bajo la consigna “Sin integración socio urbana no hay futuro para 5 millones de personas”. La movilización se formalizó en una conferencia este lunes en la que participaron, entre otros, el arzobispo de La Plata y presidente de Cáritas Argentina, Gustavo Carrara; el director ejecutivo de TECHO-Argentina, Juan Maquieyra, y ex funcionarias del área. Todos coincidieron en que la medida implica el desmantelamiento de una política de Estado que había sido aprobada por unanimidad en el Congreso en 2018.

Carrara fue contundente: “Estamos en una cultura de la voracidad y el descarte”. Y agregó: “Urbanizar es garantizar cosas tan elementales como agua potable y electricidad segura. Pero la integración habla de protagonismo”. El arzobispo subrayó además el rol de los propios vecinos en el relevamiento y la ejecución de obras: “El relevamiento no se hubiera podido hacer sin los vecinos y vecinas. Ellos trabajan por la integración de sus barrios y ya aportan muchísimo”. En tono crítico, planteó: “¿Qué adulto que tenga un poco de corazón puede decir ‘que mis hijos coman, pero si otros no comen no hay problema?’”.

Desde TECHO, Maquieyra recordó que el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) y la ley de integración “se desarrollaron de abajo hacia arriba” y se transformaron en “una política de Estado votada por unanimidad”. “Se hizo encontrando a los distintos y se sustentó haciendo: hubo decenas de miles de obras auditadas para que niños y niñas tengan donde crecer”, afirmó. Y lanzó una pregunta que atravesó la conferencia: “¿En qué Argentina queremos vivir? ¿En una donde, si nacés en un barrio popular hoy y no hay obras de integración socio urbana, vas a vivir once años menos?”.

Según los datos presentados, desde diciembre de 2023 se profundizó el desfinanciamiento del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), lo que dejó más de 700 obras paralizadas, más de 11.000 mujeres afectadas por la interrupción del programa Mi Pieza y cientos de barrios sin relevar. También advirtieron sobre procesos de desalojo en curso y más de 98.000 solicitudes de Certificado de Vivienda Familiar pendientes. La ex subsecretaria Fernanda García Monticelli señaló que “no se está desmantelando una oficina pública, sino la pieza ejecutora de la política”, y remarcó que sin estructura ni financiamiento “la ley queda vaciada de contenido”.

El conflicto ya tiene derivaciones judiciales. Vecinos de barrios populares, con el patrocinio del CELS, presentaron un amparo colectivo y la Justicia Federal de Pehuajó dictó medidas cautelares que ordenan garantizar la continuidad de la política y suspenden cualquier intento de disolver el FISU. Para la Mesa Nacional, la paralización no es un mero ajuste administrativo sino “el incumplimiento de una ley vigente y una regresión en derechos reconocidos”.

El documento difundido tras la conferencia reúne cerca de 200 adhesiones, entre ellas Cáritas, TECHO, la UTEP, sindicatos y universidades nacionales. “La integración socio urbana no es un gasto: es una inversión en desarrollo y futuro. No hay libertad posible si el punto de partida es profundamente desigual”, señalaron. Y reclamaron al Poder Ejecutivo que garantice la sostenibilidad y el financiamiento de una política que, aseguran, trasciende gobiernos y partidos.

MC

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En febrero de 2024, Javier Milei llevaba dos meses en Casa Rosada, la consigna “no hay plata” reinaba en el Ejecutivo y Cancillería renovaba un contrato con la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), dirigida por la pareja del entonces asesor en las sombras Federico Sturzenegger, para dar un curso de idioma a más de cien empleados administrativos.

El convenio con la AACI estaba vigente desde 2018, pero la primera renovación bajo el Gobierno ultraderechista marca dos presuntas irregularidades. Primero, el monto creció 398% con respecto a marzo de 2023, muy por encima de la inflación en ese período, que fue 276%. Es decir, un alza de 33% en términos reales, a contramano de lo ocurrido durante los mandatos de Mauricio Macri y Alberto Fernández. Segundo, Sturzenegger, pese a que hacía gala de acceso libre a Casa Rosada y participación en actos oficiales, se excusó en que no estaba formalmente designado para evitar el protocolo que previene conflictos de intereses. Su pareja, Josefina Roulliet, era directiva de AACI desde 2020.

La adjudicación directa a la AACI por $114 millones en diciembre pasado para el curso a 132 empleados del Ministerio de Relaciones Exteriores durante 2026 —dada a conocer por la agencia Noticias Argentinas— despertó críticas sobre Sturzenegger por presuntamente favorecer un negocio en el que estaba involucrada su pareja. El entorno del ministro de Desregulación y el canciller Pablo Quirno respondieron que el convenio databa de 2018, y que para el nuevo acuerdo de diciembre pasado se había activado el protocolo que solicita un dictamen de la Oficina Anticorrupción, por el vínculo Sturzenegger-Roulliet.

El contrato del 27 de febrero de 2024, por $55,3 millones, marca un aumento de 398% sobre el antecedente de $11 millones de principios de marzo de 2023, bajo el Gobierno de Fernández

Sin embargo, el foco no debe ser puesto en la última renovación de diciembre, sino en la firmada en febrero de 2024, cuando Diana Mondino estaba al frente de Cancillería y Sturzenegger se mostraba en redes junto a resmas de papel con cargos y leyes que se proponía eliminar, mientras punteaba el contenido de la ley Bases con borradores que le enviaban estudios jurídicos privados.

El contrato del 27 de febrero de 2024, por $55,3 millones, marca un aumento de 398% sobre el antecedente de $11 millones de principios de marzo de 2023, bajo el Gobierno de Fernández. En ese período, la inflación alcanzó 276%, 122 puntos porcentuales menos. La sobrecarga real es de 32%.

El porcentaje es de por sí inusitado, pero se torna más sospechoso en un contexto en que el Ejecutivo, con Milei y Sturzenegger a la cabeza, justificaban la suspensión de la entrega de medicamentos a enfermos graves y de alimentos a los comedores populares con el argumento de que no había fondos y se imponía realizar auditorías. Para aumentar una adjudicación directa para la enseñanza de inglés a la academia dirigida por la pareja de Sturzenegger, hubo plata.

Cancillería y Desregulación no respondieron insistentes pedidos de este medio para conocer los montos pagados a AACI desde 2018, pero el dato pudo ser reconstruido con información subida al portal público ComprAR. El 23 de febrero, ante la consulta específica sobre los montos recabados, Desregulación aclaró que no estaban a su alcance detalles de contratos firmados por otras carteras.

Allí se consigna que la primera adjudicación directa de Cancillería a AACI fue el 9 de marzo de 2018 por $1,8 millones. Macri era Presidente y Sturzenegger era titular del Banco Central, pero Roulliet no estaba en la AACI, sino como directora de Control del Teatro Colón, en una de las múltiples funciones que ocupó en diversos Gobiernos del PRO.

A fines de noviembre de 2019, días antes del cambio de Gobierno, la administración Macri aumentó un segundo contrato a la AACI hasta $2,7 millones, menos que la inflación desde marzo de 2018 (110,7%). El patrón continuó durante el mandato de Alberto Fernández el 30 de noviembre de 2020 ($4 millones, algo más que inflación de 36%, ya con Roulliet en funciones en la academia de inglés), el 4 de marzo de 2022 ($5,7 millones, bastante por debajo del 82% de inflación), y el 5 de marzo de 2023 ($11 millones, nuevamente por debajo del 103% de inflación en ese período).

Al convenio de febrero de 2024 con 398% de aumento (de $11 millones a $55,3 millones) le siguió el de diciembre pasado, por $114 millones, adjudicado el 23 de diciembre de 2025, nuevamente con un alza superior al 82% de inflación en ese lapso de 22 meses.

Tomadas ambas gestiones de los predecesores de Milei, el contrato con la AACI disminuyó en términos reales. Con la llegada de Milei, la motosierra se desafiló: lleva un alza de 936% desde la última firma de Fernández, frente a 688% de inflación.

El contrato con la AACI desde que Sturzenegger llegó al Ejecutivo se ubica así entre los pocos gastos del Estado que encontraron manos dispendiosas, como los precios admitidos para la compra de medicamentos en ANDIS dirigida por Diego Spagnuolo, los fondos de la SIDE, la seguridad presidencial y los viajes de los Hermanos Milei a Miami.

Aunque hay controversias sobre el efectivo cumplimiento del protocolo que supone la intervención de la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación en caso de conflicto de intereses, el Gobierno exhibió la declaración jurada que reconoció un “vínculo positivo” entre Rouillet y Sturzenegger, tramitada para la última renovación del programa de idiomas para 2026. Las partes firmaron un “pacto de integridad”.

Ese paso se omitió en marzo de 2024. “Para declararse persona expuesta políticamente, la tiene que estar en el cargo”, indicaron en el entorno de Sturzenneger.

Su designación como ministro fue en julio de ese año. En el semestre previo, se dio una situación vidriosa, porque el desregulador exhibía poder en redes, pese a que no tenía poder de firma, situación análoga a la del asesor Santiago Caputo, uno de los hombres que maneja más terminales del Ejecutivo sin un cargo formal que lo justifique. En la comunicación oficial de Presidencia en ocasión de la jura, se indicó que Sturzenegger “colaboró en la agenda de desregulación desde el 10 de diciembre de 2023”.

Las alertas se encendieron dada la sensibilidad y volumen económico de los temas que dependían de Sturzenegger desde el primer minuto de Milei en Casa Rosada. Ahora, el funcionario aprovecha esa laguna para justificar el incumplimiento del pacto de integridad que debió firmar.

SL

slacunza@eldiarioar.com

A las 10.55 del 24 de febrero, la nota fue modificada para informar que el día anterior, ante la consulta específica sobre los montos recabados, Desregulación aclaró que no estaban a su alcance detalles de contratos firmados por otras carteras.

La Cámara de Diputados votó en la madrugada de este jueves en el recinto el primer presupuesto de Javier Milei, el de 2026, después de dos años de gobernar prorrogando el de 2023, el último del peronismo y aprobado por el Congreso, claro que modificado según el parecer de su motosierra para muchos y de sus rebajas tributarias para algunos. Pero “para obtener una perspectiva completa”, la Asociación Civil por la Justicia y la Igualdad (ACIJ) y otras otras organizaciones recomiendan comparar las erogaciones del año próximo con las de hace tres años y el resultado es una disminución del 24,6%, es decir, un cuarto menos que implica amputar directamente determinadas tareas que antes cumplía bien o mal el Estado.

“El proyecto establece un aumento interanual del gasto del 6,4% en términos reales en servicios sociales frente a 2025, pero este incremento resulta insuficiente para compensar las fuertes caídas experimentadas en años anteriores, arrojando una disminución acumulada de 15,9% entre 2023 y 2026”, continúa ACIJ. Las partidas que más se recuperan son la de Seguridad Social, es decir jubilaciones y pensiones, dado que aumentan por inflación, pero el bono para la mínima se mantiene congelado en $70.000, con lo que se reduce 2,8% respecto de hace tres años.

También las de salud suben fuerte, 26,5%, porque se expande 47% el programa de los 1.000 Días, para acompañar los primeros tres años de vida de los niños, y 22% la prevención y el tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual, de modo de contrarrestar la expansión de sífilis del 71% entre 2020 y 2024. Aunque se hará con menos reparto de preservativos: 15 millones de unidades, en lugar de 54 millones, según observó la Fundación para el Desarrollo Humano Integral y su Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (OCEPP), que asisten a los diputados de Unión por la Patria (UP) Itai Hagman y Natalia Zaracho.

A pesar de la intención del Gobierno de derogar las leyes que durante este año aprobó el Congreso para recuperar los presupuestos de discapacidad, universidades y hospitales pediátricos como el Garrahan, la votación en particular finalmente rechazó el Capítulo XI donde de incluían estos ítems, y que también planteaba acotar las zonas frías que reciben subsidios al gas y la electricidad, al tiempo que se prevén más aumentos de tarifas y del impuesto a los combustibles. En cambio, se establece un mecanismo de compensación para las distribuidoras eléctricas que se hayan visto perjudicadas por las leyes de emergencia económica, aquellas que congelaron tarifas tras la crisis de 2001.

En el proyecto, la asignación universal por hijo, que reciben desempleados y trabajadores informales, y las asignaciones familiares, que cobran los empleados formales, dejaban de actualizarse por inflación y aumentaban según el criterio y los tiempos que se le antojen al Gobierno.

En el presupuesto 2026 los gastos tributarios, es decir, las rebajas impositivas para algunos sectores, aumentan 2% en términos reales, lo que representa el 24,1% de toda la recaudación proyectada, según ACIJ. Es decir, de todo los impuestos que se recolectan, un cuarto se escurren para beneficiar a determinadas actividades. “Mientras el gasto total del Estado nacional cayó entre 2023 y 2026 casi un 25% y el gasto social lo hizo en un 16%, los gastos tributarios se redujeron apenas un 10%”, insiste la ACIJ.

Los beneficios impositivos representan el 3,4% del PBI. Más que todo lo recaudado por el IVA, equivalente al 3,2% de la economía. La rebaja de Ganancias a jueces y demás empleados del Poder Judicial suponen 0,09% del PBI; el descuento a la educación privada, 0,1%; a las prepagas, 0,05%; al impuesto a los bienes personales para quienes tienen depósitos bancarios, 0,01%; la minería, 0,06%; la electrónica de Tierra del Fuego, 0,17% y la economía del conocimiento, que beneficia a empresas tecnológicas como Mercado Libre, Globant o Despegar, 0,5%. Estas últimas dos empresas y otras 19 fueron denunciadas por el sindicato informático ante el Ministerio de Economía por recibir el beneficio pese a presuntamente incumplir la contraprestación de mantener el personal.

La Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) apuntó que el Gobierno determina, a su vez, un cupo fiscal o límite máximo de beneficios que el Estado puede otorgar en un período determinado. Y en este sentido señala que el cupo de la educación técnica se reduce 5,1%, el del fomento de las inversiones automotrices, 12,5%, pero el de la economía del conocimiento se eleva 39,1%, mientras se elimina el correspondiente a la promoción de energías renovables.

La ASAP, al igual que otras entidades, menciona que el presupuesto basa sus números en proyecciones macroeconómicas optimistas respecto a lo previsto por el consenso de los economistas de consultoras, bancos, universidades y think tanks relevados por el Banco Central. El proyecto prevé que la economía crezca 5,4% en 2025 y 5% en 2026, con la consiguiente expansión de la recaudación. Pero el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Central marca un 4,4% para este año y un 3,4% para el próximo.

La inflación acabaría 2025 en 31,3% y 2026, en 18,2%, según el REM, lejos del 24,5% y del 10,1% soñados por el Gobierno para ambos periodos, respectivamente. Y el dólar mayorista ya está en $1.449 y el minorista, en $1.480. El presupuesto delira pensando que a fin de año bajará a $1.325 y para dentro de un año, a $1.423. El REM lo pronostica a 1.473 este 31 de diciembre y a 1.668 en noviembre próximo, y eso que esas predicciones se elaboraron antes de que esta semana el ministro de Economía, Luis Caputo, se rindiera ante la evidencia y ampliara la actualización de las bandas cambiarias del 1% mensual a un ritmo igual a la inflación, que el último mes fue del 2,5%.

En el presupuesto no se prevé rebajas tributarias. La reforma prometida a los empresarios deberá esperar a las sesiones ordinarias, que comienzan en marzo. Por ahora se mantienen las retenciones a la exportación, que representa el 7% de lo recaudado, y el impuesto a las transferencias financieras, que son el 18%. Nada se habla de crear un superIVA para reemplazar a los Ingresos Brutos de las provincias.

Por lo pronto, sólo habrá algunos recortes en el proyecto de flexibilización laboral: una merma de la alícuota de Ganancias para empresas, del 35% al 31,5% para las grandes y del 30% al 27% para las pymes; a las entradas de cine y el streaming, los objetos de lujos, los autos, las motos, los barcos y los aviones, los seguros y la telefonía, curiosas rebajas para supuestamente fomentar el empleo, teniendo en cuenta que varios de esos artículos son importados y de que ciertos gravámenes financian el trabajo local. En el presupuesto sí se elimina la exención tributaria a la compra de diarios y revistas.

El diputado de UP Guillermo Michel advirtió que las rebajas impositivas de la reforma laboral no están previstas en el presupuesto. Calculó que la merma de Ganancias para compañías supone el 0,3% del PBI. Nada se dice sobre cómo se compensarán estos jubileos tributarios para algunos.

ASAP señala el incremento del 5,5% del gasto en intereses de la deuda. Eso incluyo los vencimientos por más de US$4.000 millones en enero. Caputo ya dijo que cuenta para ello con 1.000 millones que obtuvo en la colocación de un bono local, otros 7.000 millones que le ofrecen bancos y los swaps (canjes de moneda) con EE UU y China, por 20.000 millones y 18.000 millones, respectivamente.

Pero para el resto del año, Caputo buscará volver a los mercados internacionales de deuda, para refinanciar los bonos de bajísimos intereses que había renegociado en 2020 el entonces ministro de Economía, Martín Guzmán. Teniendo en cuenta eso, el proyecto de presupuesto elimina un artículo de la ley de administración financiera que obliga a que los canjes o reestructuraciones de deuda cumplan con mejoras objetivas para el Estado en términos de baja del capital, extensión de plazos, o reducción de tasa de interés. Se nota que prevé empeorarlas.

El gasto de capital, o inversión pública, caerá 11,8% respecto de 2025, con lo que consolidará una poda del 74,7% en relación a 2023, según ASAP. Entre lo poco que se hará figuran la compra de cuatro helicópteros para la Base Naval Puerto Belgrano; la construcción de un acueducto y dos plantas potabilizadoras en Catamarca y Santiago del Estero, la del sistema de provisión de agua potable en la de Tucumán, todas provincias peronistas pero que el gobierno libertario busca seducir; algunas obras de mantenimiento de la Dirección Nacional de Vialidad -sólo se prevé privatizar un cuarto de la red vial y persisten las críticas opositoras al estado de las rutas- y otras en la Corte Suprema. En el proyecto de 2026 se registra un fuerte aumento (35%), aunque de todas formas la inversión pública sigue quedando en un nivel históricamente bajo, 76% inferior al de 2023, según ACIJ.

En relación a 2025 se ajustan algunas partidas en general: la de inteligencia, una de las pocas que había crecido con Milei, el 3,1%; la de acciones para fomentar el trabajo, 1,3; la de vivienda, 6,9%; la de agua potable, 0,9%; la de agro, que incluye desde el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) hasta la agricultura familiar, el 6,2%; la de ecología, 5,4% y la de comercio y turismo, el 6,1%, ambas áreas bajo control del secretario de Turismo y Ambiente (le quitaron Deportes), Daniel Scioli.

Sin embargo, en comparación con 2023, todos los rubros caen. Así se puede apreciar en el siguiente gráfico:

La ASAP señala que se ponen límites a la hora de incorporar empleados públicos en áreas como ciencia, orquestas, coros y ballet nacionales o Vialidad, pero hay una excepción: la Agencia Nacional de Puertos y Navegación. Es la dependencia que privatizará la hidrovía del río Paraná. También se da de baja las normas que obligaban a invertir el 6% del PBI en educación, entre la Nación y las provincias; el 1% en ciencia a partir de 2032 y el 0,2% de los ingresos corrientes en escuelas técnicas.

En educación se prevé un aumento del 4% en comparación con 2025 empujado por el Plan Nacional de Alfabetización, pero la retracción contra 2023 es del 49%, destacándose la caída del gasto en universidades (-31%), las becas Progresar (-76%), infraestructura y equipamiento (-84%, incluía la construcción de jardines de infante) y formación tecnológica (-88%, contemplaba el plan de reparto de computadoras), según el OCEPP. Continúa el ajuste en el complejo científico y tecnológico al comparar con 2023: el Consejo de Investigaciones, Conicet (-38%), el Banco Nacional de Datos Genéticos, BNDG, clave para recuperar la identidad de los bebes robados por la última dictadura (-55%), el Instituto de Tecnología Industrial, INTI (-48%), el INTA (-46%), la Comisión de Energía Atómica, CNEA (-65%) o la de Actividades Espaciales, CONAE (-95%).

En salud el gobierno se derrumban versus 2023 la atención a consumos problemáticos de la Sedronar (-30%), el control de alimentos y remedios de la Anmat (-31%), el Garrahan (-6%) y otros hospitales como el Carrillo (-28%), el Posadas (-30%) o el Bonaparte (-43%), según la OCEPP. Se observa una reducción del 8% del presupuesto de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), el mismo organismo donde se cobraban coimas por la compra de medicamentos. El proyecto supone un 17% menos de pensiones por discapacidad.

La Tarjeta Alimentar dejó de mejorar en 2025 y junto con las partidas de niñez y adolescencia caen 44% respecto de 2023, al tiempo que se eliminó por completo el programa Economía Social. En infraestructura se quitaron partidas dirigidas a la preservación del medio ambiente; el desfinanciamiento casi total de asistencia a municipios y obras vinculadas al sistema de salud, educativas y de cuidado, se reducen lo destinado a infraestructura hídrica. Desaparecieron programas de vivienda como el Procrear y el Casa Propia, mientras que virtualmente corre la misma suerte de integración sociourbana, o urbanización de villas, así como el de mudanza de los vecinos afectados por la contaminación del Riachuelo. De las 1.365 obras registradas por la Subsecretaría de Integración Sociourbana (SISU), sólo el 37% se completó, mientras que el 63% restante se encuentra paralizado o suspendido. 

En Seguridad, “a pesar de la retórica del gobierno nacional, se destacan menor presupuesto dirigido a formación y capacitación de las fuerzas, con descensos de entre 37% y 43% respecto de 2023; una desinversión en patrullaje de fronteras o en la prevención de delitos complejos como el narcotráfico, que cae entre un 20% y un 40%”, advierte el OCEPP. Considerando el presupuesto de las cuatro principales partidas vinculadas a la prevención y atención de la violencia de género (Acompañar, Línea 144, Protección de Víctimas de Violencia y ESI), se registra una caída del 89 % entre 2023 y 2026, según ACIJ. La educación sexual integral (ESI) representa apenas el 2% de lo ejecutado en 2023. Se desfinancia la promoción de la salud mental. El Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA) se reduce 85% respecto a 2025, que ya había sido ínfimo, según ACIJ.

AR/MG

El economista y consultor Roberto Cachanosky lleva décadas pregonando contra el gasto público y a favor del libre mercado, antes como columnista del diario La Nación, desde hace ocho años en el portal Infobae. Pero por primera vez en sus 70 años de vida será candidato en unas elecciones, pero en oposición al presidente Javier Milei. Buscará una banca en la Cámara de Diputados en representación de la provincia de Buenos Aires por la llamada Unión Liberal. Su lema es “liberalismo en serio o populismo de Milei y Cristina”, en repudio también a Fernández de Kirchner.

—Usted siempre ha sostenido que Argentina necesitaba un ajuste fiscal y Milei se jacta de haber hecho el ajuste más grande de la historia humana, ¿por qué usted lo critica?

—El ajuste de gasto no fue sostenible. Fue una licuación, similar a la de (Eduardo) Duhalde en 2002 con (Jorge) Remes Lenicov: inflacionaria, ajustando salarios y jubilaciones por debajo de la inflación. No fue que bajó el gasto público rubro por rubro, sino una licuación general. Eso no es sostenible socialmente en el mediano y largo plazo. Además, la falta de mantenimiento en rutas es visible: las nacionales están destrozadas. Se están comiendo el stock de capital, igual que hizo el kirchnerismo con el sistema energético. No te digo abrir rutas nuevas, pero sí mantener las que funcionan. Se financiaron con deterioro del stock de capital. Eso también es insostenible. El caso Garrahan es ejemplo: no pudieron sostener lo básico y debieron dar aumentos, pero no son suficientes.

—¿Cómo usted hubiera encarado el ajuste?

—Hubiese detenido la obra pública nueva, pero mantenido el gasto en mantenimiento de rutas existentes. Hubiese liberado el tipo de cambio, sin licuación. Lo fundamental sería la curva de Laffer: bajar impuestos para incentivar la economía. Sí, tomaría deuda transitoriamente; prefiero que la economía crezca y el gasto sobre el PBI baje. La carga tributaria argentina es de las más altas del mundo, según (el informe) Doing Business del Banco Mundial. Al bajar la carga tributaria, generás atractivo para inversiones, especialmente el campo. A mayor actividad, mayor recaudación por impuesto a las ganancias y otros ligados al crecimiento. El déficit fiscal inicial de la baja se compensa con deuda, como al reestructurar una empresa.

—¿Sobre qué impuestos haría esa baja y cómo lo compensa fiscalmente?

—No me preocupa el equilibrio fiscal tanto como el nivel de gasto público y el crecimiento. Podría haber déficit transitorio por baja de impuestos, pero si lo bajás de verdad, el incentivo de evadir desaparece, termina habiendo más recaudación. La curva de Laffer lo demuestra: bajá impuestos de manera significativa y vas a incrementar ingresos. Hubiese bajado derechos de exportación; el campo motoriza la economía y mejora la recaudación por Ganancias y actividad. Si el déficit por baja de impuestos existiese, lo financiaba con deuda. En una empresa, eso es sanear y estructurar para luego mejorar el flujo de ingresos, y a largo plazo podés pagar la deuda.

—¿No ve riesgo en tomar deuda para bajar impuestos?

—No le tendría miedo a tomar deuda para bajar impuestos. Es distinto que tomar deuda para mantener artificialmente bajo el tipo de cambio. La lógica del actual gobierno fue sostener el dólar bajo con endeudamiento. Además, subieron la tasa de interés, lo que te eleva el gasto público: más intereses por el mismo stock de deuda. El presupuesto estatal argentino son miles de páginas con rubros a revisar: pensiones por invalidez laboral, por ejemplo, donde hay curros desde hace años. Bastaría cruzar datos de beneficiarios con Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) y AFIP (Adminitración Federal de Ingresos Públicos, renombrada como Agencia de Recaudación y Control Aduanero, ARCA) para encontrar miles de casos irregulares.

—¿Por qué el Estado no fue capaz de auditar las pensiones por invalidez laboral?

—En 2017, el gobierno de Macri detectó 150.000 casos irregulares en invalidez laboral. La ley pide dos condiciones: incapacidad de al menos 66% del cuerpo para trabajar, y no poseer patrimonio ni ingresos. Si alguien vive en una mansión, no recibe subsidio. Pero no se audita. Si cruzás bases, salta fácil. En esa época dos amigos de la UCA (Universidad Católica Argentina) administraban ese cruce. Una noche me contaron que iban a poner en la calle 150.000 casos de subsidios que no correspondían, sólo cruzando datos. Sobre ese rubro se podría haber bajado mucho el gasto.

—Usted dice que Argentia es de los países con más impuestos del mundo, pero es de los que tienen más sobre el PBI en América Latina, no frente a la mayoría de los países desarrollados...

—Los países desarrollados tienen mayor presión sobre las personas físicas y menos sobre las empresas. El impuesto a las ganancias promedio en la Unión Europea es 22%. Irlanda tiene 12,5%. Argentina, 35% para las empresas. Los países avanzados cobran más a la persona física y menos a las empresas para atraer inversiones. La persona paga impuestos, pero recibe servicios educativos y de salud de calidad. Acá, la presión impositiva es infinita y el gasto no se traduce en calidad.

—¿Cómo ve la situación económica hasta las elecciones y después?

—Veo el mercado de cambios muy complicado. El Tesoro se está quedando sin dólares para intervenir y evitar la suba. El Banco Central no va a vender dólares del Fondo Monetario, así que el dólar bajo es transitorio. Luego saltará, quedando sin reservas y con deuda del FMI: el peor panorama. También veo más agotamiento social tras las elecciones, por el esfuerzo económico sin retorno. El escenario dependerá de los resultados electorales: si La Libertad Avanza tiene victoria rotunda, tendrá margen para alianzas y reformas laboral, impositiva, previsional. Si hay empate, todo sigue como ahora, con languidecimiento y último año de gestión débil. Si pierde por mucho, será difícil sostener el Gobierno.

—¿Cuál de esos escenarios es más probable?

—No puedo confiar en las encuestas, pero analizando resultados en provincia de Buenos Aires, veo un serio problema en los grandes distritos: ciudad y provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba. Es probable que pierda Buenos Aires y Santa Fe; Córdoba y la capital podrían compensar, pero depende de los márgenes.

—¿Puede repetirse una crisis como la de 2001, con un gobierno demasiado débil para llegar a 2027?

—Institucionalmente sería diferente. En 2001 el déficit fiscal no era tan grave, la economía incluso empezó a recuperarse en el final del gobierno de (Carlos) Menem, después cometieron errores. La actual crisis es distinta, muy marcada por la desocupación, paralización económica y agotamiento social. Políticamente, el peronismo empujó la caída de (Fernando) De la Rúa. Ahora, Milei parece colaborar para que lo empujen por su estilo y decisiones.

—¿El dólar debería cotizar en qué nivel según su análisis?

—No puedo dar un número, porque rechazo fijar el tipo de cambio. Lo que sí afirmo es que el valor actual es artificialmente bajo por la intervención estatal. Cuando deje de intervenir, el dólar irá para arriba. El nivel exacto dependerá del contexto político y de quién gane o pierda la elección. Si el kirchnerismo logra una buena elección, el salto será mayor; si La Libertad Avanza consigue equilibrio o gana con diferencia, será diferente. Todo depende de los resultados.

AR/MG

“El Presidente es enemigo de las infancias, de la salud pública y de la universidad”. La frase no proviene de un opositor partidario, sino de Norma Lezana, secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT), y resume el espíritu con el que miles de trabajadores y trabajadoras marcharán este miércoles desde el Congreso hasta Plaza de Mayo. En la antesala de una jornada clave en la Cámara de Diputados, que tratará los vetos presidenciales a las leyes de Emergencia Pediátrica y de Financiamiento Universitario, los salarios son uno de los ejes de un conflicto que crece.

Según los recibos de sueldo correspondientes a agosto, un enfermero del Garrahan con 35 horas semanales de tareas cobró entre $849.678 y $1.243.283, dependiendo de su categoría y antigüedad. Un técnico del hospital especializado en hemodiálisis, con 42 horas semanales, recibió $1.039.101 de salario neto. Un auxiliar administrativo cobró $958.372, mientras que un auxiliar de jardín obtuvo $849.678. El caso de Gerardo Oroz, delegado de ATE y auxiliar de farmacia, es ilustrativo: “Mi salario es de $960.000 y el inicial en mi categoría es de $800.000. La diferencia, incluso con años de antigüedad, es muy baja”, dijo a elDiarioAR.

No se trata de trabajadores precarizados o contratos temporarios, es personal altamente calificado, profesionales con mucho más de diez años de servicio en un hospital pediátrico de referencia internacional. ¿Cómo llegó a este punto un emblema de la salud pública como el Garrahan?

La respuesta está en el ajuste. Como denunció la APyT, el Gobierno mantiene congelado desde hace un año el ítem de recursos genuinos, que debería actualizarse con la recaudación de prepagas y obras sociales. Actualmente representa $200.000 por trabajador, pero según los gremios debería rondar los $540.000 para equipararse con la inflación del último año. Se trata de un componente clave del salario en el hospital, financiado por el propio sistema y no por el Tesoro Nacional, que el Ejecutivo decidió no actualizar.

La situación de los docentes universitarios no es distinta. De acuerdo con las escalas salariales de febrero de 2025, un profesor titular con dedicación exclusiva y sin antigüedad cobra $1.034.507 brutos. Tras los descuentos, el salario neto queda en aproximadamente $837.950. Para alcanzar los $2 millones, un titular debe contar con más de 20 años de antigüedad, un posgrado de doctorado y dedicación exclusiva. En la mayoría de los casos, los docentes con máxima jerarquía y formación apenas rozan los $1.500.000 de bolsillo.

Un profesor adjunto, con más de diez años en el cargo, percibe entre $1.200.000 y $1.400.000 brutos. Los cargos más bajos, como los auxiliares de primera, apenas superan los $579.000 netos al iniciar su carrera. Además, el Gobierno eliminó el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), que representaba una ayuda complementaria de $16.450 por cargo. Esta decisión redujo aún más el poder adquisitivo de miles de docentes preuniversitarios.

Los datos muestran que la diferencia entre el salario inicial y el alcanzado con años de antigüedad no supera, en promedio, el 20 o 30%. Esto implica una carrera congelada en términos reales. En palabras de Oroz: “La diferencia entre un ingreso inicial y uno con 10 años en el hospital es mínima. El reconocimiento a la trayectoria desapareció”.

Mientras tanto, el Gobierno de Javier Milei defiende su decisión de vetar las leyes votadas en el Congreso con el argumento de que implicarían un aumento insostenible del gasto. En el texto oficial, se afirma que “una expansión del gasto sin respaldo real derivaría en un costo al conjunto de la sociedad, en tanto la emisión presiona sobre los precios y erosiona el poder adquisitivo de salarios”. Sin embargo, los salarios actuales ya se encuentran erosionados, sin necesidad de emisión alguna.

Se trata de dos sectores clave para el funcionamiento del Estado. La salud pediátrica de alta complejidad y la educación superior gratuita son pilares de la democracia argentina. Ningún gobierno anterior, desde 1983, se había atrevido a desfinanciarlos de manera tan brutal. La gestión Milei achica el Estado cada día, pero sigue cobrando a los ciudadanos los mismos impuestos que prometió bajar.

Los trabajadores que hoy marchan no reclaman privilegios, sino salarios acordes a su formación, experiencia y responsabilidad. Mientras atienden a niños con enfermedades críticas o forman a las futuras generaciones, cobran sueldos que apenas alcanzan para llegar a fin de mes. ¿Qué puede esperarse de un país que desoye las demandas de quienes lo sostienen desde sus hospitales y sus aulas?

JJD

Lo usual es que los gobiernos envíen cada 15 de septiembre por mesa de entrada sus proyectos de presupuesto para el año siguiente y que en las semanas posteriores los ministros de Economía los vayan a defender. Pero Javier Milei, el primer presidente que logró equilibrio fiscal sin default en más de 120 años, quiso el año pasado ser la voz cantante de la iniciativa oficial de la ley que establece cuáles serán los ingresos y cuáles los gastos. Fue al Congreso a presentarlo. Este lunes, en cambio, tras la derrota bonaerense, que se suma a otras tantas en el Palacio Legislativo, prefirió evitar ese escenario y presentar el proyecto desde la Casa Rosada, por cadena nacional, sólo custodiado en la imagen por dos granaderos.

Pese a su mala coyuntura política y económica, el presidente quiso ratificar su receta: su “compromiso inquebrantable” y su “principio no negociable” con el equilibrio fiscal, (mientras el Congreso ratificó la ley de discapacidad) y que intentará voltear los vetos a las normas sobre universidades y emergencia pediátrica.

“Ningún país pueden funcionar correctamente sin presupuesto equilibrado”, planteó erróneamente, pues, como después señaló, sólo en el mundo algunos tienen superávit fiscal mientras la inmensa mayoría tiene déficit pero lo puede financiar en general emitiendo deuda sin sobreendeudarse. Milei lamentó que la Argentina sea de los pocos países con equilibrio de las cuentas públicas, pero “los mercados nos castigan”. Lo atribuyó al pasado. La realidad es que el riesgo país está subiendo, porque él no acumuló reservas cuando podía y porque los inversores dudan sobre cómo continuará gobernando los próximos dos años tras la derrota bonaerense.

El presupuesto que Milei presentó para un 2026 es un pantano de dudas. Después de que sólo lo apoyara un tercio de la provincia de Buenos Aires (donde vota el 37% de los argentinos), crece la incertidumbre sobre el resultado de las elecciones que el 26 de octubre renovarán la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. Es difícil que este Congreso, que no le aprobó el presupuesto 2025, convalide el del año próximo.

El Poder Legislativo que asuma el 10 de diciembre difícilmente lo acompañará en forma masiva. La peor elección legislativa de medio término de un gobierno desde 1983 fue la de la Alianza de Fernando de la Rúa en 2001, cuando sacó 22,7% y, a los dos meses, cayó. La segunda peor fue la del peronismo de Cristina Fernández de Kirchner en 2009, con el 28,6%: dos años después logró la reelección con el 54%. Pero hay empresarios que advierten que si La Libertad Avanza (LLA) saca el 30% es “game over”, no porque prevean un derrocamiento, sino porque resultarían impracticables las reformas laboral, tributaria y jubilatoria a las que aspiran.

Milei, que siempre ofendió a la oposición, aunque pactó con ella la ley Bases y el paquete fiscal el año pasado, habló este lunes de “consenso para sancionar la ley de leyes”. Insistió en que el equilibrio fiscal “puede parecer un capricho, pero no”, es la base de sus autoproclamados “éxitos”. “Son el primer paso para desarrollar la obra. Sin estos cimientos, el edificio colapsa”, dramatizó.

“Celebramos la baja inflación, la pobreza, los impuestos y el cepo”, describió los presuntos logros. La merma de la inflación, del 160% en noviembre de 2023 al 33% en agosto último, es una realidad, pero aún puede rebrotar algo, sin volver a los niveles del pasado, por el impacto del tipo de cambio. En cuanto a la pobreza, también es cierto que bajó, aunque mucho menos de lo que él calcula: era del 38% al finalizar el anterior gobierno, subió al 54% pero al inicio de la gestión libertaria y ahora bajó al 31%, menor que la heredada, pero medida de una manera que sobreestima ingresos y subestima el gasto en servicios -no por manipulación estadística, como en la era kirchnerista, sino por metodología-.

Algunos impuestos bajaron, pero no el IVA (que pagan todos). Redujo el tributo a los bienes personales, que abonan los más ricos, y las retenciones al agro. Eliminó el impuesto PAIS y los aranceles a la importación, lo que favorece a los consumidores, aunque también perjudica a los trabajadores de áreas afectadas por la competencia extranjera. Además, subió el monotributo y el impuesto a las ganancias de los empleados que más cobran.

Tampoco es del todo veraz que levantó el cepo. Sí lo hizo para los individuos. No para las empresas, los bancos, los agentes bursátiles, a los que ahora les reforzó las restricciones para controlar el dólar. Si lo liberara en serio, la divisa se dispararía.

“Entendemos que mucho no lo perciben (al éxito) en su realidad material”, concedió Milei, que por primera vez lo reconoce. La evidencia de las urnas, que tiraron abajo el relato del apoyo masivo. “Los años mas duros fueron los primeros”, prometió sobre su plan económico. “Lo peor ya pasó”, dijo una vez más, algo que ya había dicho el año pasado. Pero el prometido crecimiento como “pedo de buzo” se circunscribió a algunos pocos sectores con poca creación de empleo, como finanzas, minería e hidrocarburos, a la vez que la actividad entera se comenzó a amesetar a mediados de 2025.

“Quiero agradecer el enorme apoyo en este primer periodo, el temple de los argentinos es heroico”, elogió que se banquen la motosierra. “No hay otro camino que el orden fiscal, monetario y cambiario”, proclamó, pero los mercados destacan el primero, pero critican el segundo, por las elevadas tasas de interés, y el tercero, por atrasar el tipo de cambio hasta que ahora, bajo presión, saltó. “Todos los demas caminos ya fracasaron rotundamente”, dijo, con razón.

“No es a través del deficit fiscal que vamos a atender a los más vulnerables”, se defendió frente a las leyes que ha impulsado la oposición a favor de jubilados, personas con discapacidad o niños pacientes del hospital Garrahan. “Financiar el déficit con emisión y deuda ya se probó”, descartó con acierto. Es verdad que la Argentina hoy no tiene margen para ser deficitaria, como la mayoría de los países, pero el equilibrio de las cuentas puede financiarse sin bajar impuestos a los que más tienen o recortando los gastos que más suben, como los de las secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) o general de la Presidencia, a cargo de Karina Milei.

“El nivel de gasto de la Nación está por debajo del de las provincias por primera vez desde los 90”, se jactó como si fuera algo deseable. “Si los ingresos caen, se ajustarán partidas”, repitió la regla fiscal del fallido presupuesto 2025. Prometió que subirá los gastos de salud, educación, jubilados y a las personas con discapacidad, aunque aclaró que primero las seguirá sometiendo a auditorías a ver si son truchos. Continuará las colas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), la misma desde donde provenían las supuestas coimas a Karina Milei. El problema es que el gasto se puede recuperar respecto de 2025, pero sigue hundiido en relación a 2023.

También insistió con su idea de dejar de perseguir a pequeños evasores fiscales. El problema es que nunca se persigue a los grandes. “Si al equilibrio fiscal, le agregamos las reformas, llegaríamos a un crecimiento del 7% anual y en diez años nos pareceríamos a los países de altos ingresos”, elucubró. Pero esas reformas están en veremos por el eventual resultado electoral de octubre.

Por las dudas, prometió “trabajar codo a codo con gobernadores, diputados y senadores”, en un intento de mensaje conciliatorio. Además, anticipó que usará el superávit fiscal “para que haya financiamiento para el sector privado en obras fundamentales”. Es decir, en vez de financiar el Estado sus obras contratando a empresas, ahora les prestará a ellas para que construyan. Habrá que ver si así suplen la falta de financiamiento privado que ya se nota para las futuras concesiones de rutas, pero también para proyectos en teoría atractivos como los de Vaca Muerta. El riesgo país alto los ha paralizado.

“Si decidimos abandonar el equilibrio fiscal, volveremos al estancamiento”, dijo Milei, pero la economía ya se estancó desde que se salió del cepo y se intentó controlar el dólar con elevadas tasas. “Menor tasa no se logra emisión sino bajando el riesgo país”, proclamó. Claro que el riesgo país está lejos de descender. Sube.

AR

El topo que vino a destruir el Estado, Javier Milei, pasó la motosierra a los gastos, los altos cargos y la planta estatal de todos los ministerios. Pero usó una tijera de uñas de bebé para cortar el gasto de la Secretaría General de la Presidencia, que encabeza su hermana Karina Elizabeth, apodada por el El Jefe. Es una de las áreas donde menos se ajustó el gasto: sólo un 7,8% en los primeros siete meses de 2025, respecto del mismo periodo de 2023, según datos oficiales recopilados por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

Mientras, en la Secretaría de Educación se podó el 49,5%; en la de Trabajo, el 98,3%; en la de Niñez, el 71,9%; en el Ministerio de Defensa, el 18%; en el de Economía, 53,8%; en el de Relaciones Exteriores, el 19,4% y en el de Seguridad, el 14,7%. Sólo aumentaron los gastos respecto del gobierno anterior el Ministerio de Justicia, de Mariano Cúneo Libarona, un 13%; y sobre todo la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), de Sergio Neiffert, hombre del asesor Santiago Caputo, un 27,2%, según el informe del CEPA, del que participaron economistas como Juan Pablo Costa.

Incluso si se analiza la estructura de altos cargos, se expandió aún más el área de Karina Milei, la funcionaria en la mira por un nuevo escándalo de presunta corrupción en medicamentos para personas con discapacidad. Suma 90 sobre 197 del total de la Presidencia de la Nación, casi tantos como los 103 de un ministerio relevante y de presencia en todo el territorio nacional como el de Seguridad, según un informe de la socióloga Ana Castellani y el politólogo Pablo Salinas en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET). La Secretaría de Comunicación y Medios, de Manuel Adorni, totaliza 54.

La Secretaría General se quedó con la a Fundación Argentina para la Promoción de Inversiones que antes estaba en la Cancillería. En una Presidencia de la Nación que suma 25 secretarios y subsecretarios, más que los 20 del Ministerio de Capital Humano (que fusionó los que eran de Trabajo, Educación y Desarrollo Social) y 12 de Seguridad, Karina Milei cuenta con cinco “subses”: el de Gestión Institucional, el polémica Eduardo Lule Menem, mencionado también en el caso de discapacidad; el de Coordinación Administrativa, Esteban Bruno; la de Planificación General, María Belén Agudiez; el Legal, Juan Manuel Galli, y el de Asuntos Presidenciales, Darío Lucas. Al menos, Castellani y Salinas destacan que el elenco de la licenciada en relaciones públicas de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) es el de los más formados dentro de la Presidencia.

“Ha crecido la Presidencia de la Nación en su estructura en relación a los ministerios”, explica Salinas. El área analizada incluye las secretarías de Karina Milei, Adorni, Neiffert, María Ibarzabal Murphy (Legal y Técnica) y Leonardo Cifelli (Cultura, que antes fue ministerio y con este gobierno había arrancado en Capital Humano). “En Presidencia se ve una expansión constante en función de dos áreas: Comunicación y Medios y Secretaría General de la Presidencia, que ha concentrado muchas funciones que exceden su área. Cuando uno ingreso a la página web del Mapa del Estado, abajo del presidente de la Nación aparece la secretaria general de la Presidencia, por encima del jefe de Gabinete y sin que aparezca la vicepresidenta”, complementa el investigador de la UMET.

En la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), su vicepresidente, Güido Rangugni, recuerda que con Milei la Presidencia se sacó de encima la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), ahora en el foco de la tormenta por la motosierra combinada con las presuntas coimas. La Andis pasó primero a la Jefatura de Gabinete y después al Ministerio de Salud. Para comparar la evolución del área, entonces no tiene en cuenta la Andis que se fue ni Cultura que se incorporó. Finalmente, estos son los resultados: “En 2024, las áreas de Presidencia que ya estaban en 2023 tuvieron una reducción del gasto de 17%, una caída menor al 30% del gasto en general. Y si comparamos el presupuesto de 2025 con lo ejecutado en 2024, hay un aumento del 15%, por encima del promedio general”, agrega Rangugni. La evolución queda en evidencia en el siguiente gráfico elaborado con datos oficiales por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).

En los primeros siete meses de 2025, la Secretaría General de la Presidencia viene gastando 38% más que en el mismo periodo de 2024, según el CEPA. A la SIDE le va aún mejor: 70% arriba. En cambio, Educación está estancada, Niñez cae 37,9%; Defensa, 3,8%; Economía, 28,9%; Cancillería, 12,7%; y Seguridad se recupera sólo 5,8%

AR/MG

Sólo tres empresas estatales zafaron el año pasado de la motosierra del presidente Javier Milei, pero una de ellas más que las otras dos. Fue el portal Educ.ar, que depende de la Secretaría de Educación y el Ministerio de Capital Humano. El portal –creado en la gestión de Fernando de la Rúa–, ofrece contenidos pedagógicos online a todos los colegios que los quieran aprovechar y conecta Internet a las escuelas públicas. Es la compañía que en octubre último contrató de forma directa a OCP Tech, la firma de Leonardo Scatturice que representa localmente a la norteamericana Cisco, para la renovación de licencias para las redes de soporte de conectividad en todas las escuelas estatales a nivel nacional por US$78,6 millones.

En 2024, Educ.ar recibió 302% más de transferencias del Estado ajustadas por inflación, es decir, cuatro veces más que en 2023, por encima del 202% de Ferrocarriles Argentinos, que absorbió a la desaparecida Trenes Argentinos Capital Humano, y del 35% de la Casa de Moneda, pese a que fue excluida de las tareas de imprimir billetes y chapas patente. Las demás 39 compañías estatales pasaron por el ajuste, según datos oficiales analizados en un reciente informe de la Fundación Pensar, del PRO.

En el reporte, que elaboró el economista Nicolás Gadano, se señala que “llaman la atención” casos como los de Educ.ar por el alza de transferencias, YPF por elevar 55% su gasto en publicidad o la agencia Télam, dado que se anunció su cierre pero siguió existiendo con el nombre de APE (Agencia de Publicidad del Estado). Agrega que, así como está explicado la razón del aumento de giros a Ferrocarriles, “el motivo que explica el incremento de las transferencias a Educ.ar es menos claro”. Allí se presenta una evolución de las transferencias ajustadas por inflación año a año.

Justo en septiembre pasado, la Secretaría de Educación, que encabeza Carlos Torrendell y depende de la ministra Sandra Pettovello, acordó con Educ.ar la renovación de licencias. La empresa estatal, que entonces dirigía Eduardo González pero estaba de licencia y era reemplazado por el gerente Matías Honono, recomendó mantener como proveedor a Cisco para evitar una inversión mayor en cambiar la tecnología adoptada en 2017. El único proveedor de la firma estadounidense acá es Scatturice, este contratista estatal y nuevo dueño de Flybondi que vive en el estado de Florida. Así es que se descartaron otras dos propuestas. En octubre, Honono firmó el contrato y al mes siguiente González fue reemplazado como interventor por Gastón Martín.

Las transferencias a Educ.ar crecieron porque se expandió su gasto. Datos oficiales sistematizados por la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) muestra que medido en pesos de junio pasado el presupuesto ejecutado cayó de $20.227 millones en 2022 a $13.088 millones en 2023 y saltó $51.509 millones en 2024, es decir, un 293%, coincidente con los mayores giro. A su vez, en el primer semestre de 2025 subió a $36.775 millones respecto de los $4.700 millones del mismo periodo del año anterior, lo que supone un alza del 682% o una multiplicación por casi ocho.

La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) confirma el salto en su informe de las empresas públicas del primer trimestre. Los ingresos corrientes (para gastos operativos) crecieron 61% y las erogaciones corrientes, un 126%, mientras que los recursos de capital (para invertir) se dispararon de apenas $3 millones a $31.884 millones de un inicio de año para el otro y las inversiones, de $12 millones a $51.631 millones. Así es que el resultado financiero de la compañía arrojó un rojo de $2.430 millones.

“Se explica principalmente por el aumento de los gastos de capital, debido a las transferencias otorgadas por la empresa en el marco del convenio de colaboración con la Secretaría de Educación para el funcionamiento del equipamiento de redes locales de conectividad en establecimientos educativos de gestión pública”, expone la OPC. “Se destaca el incremento de los recursos de capital, los mismos se componen casi en su totalidad por las transferencias otorgadas por el Tesoro Nacional”, agrega esta oficina.

“Los establecimientos educativos alcanzados por el Plan Nacional de Conectividad Escolar operan desde 2017 con equipamiento de tecnología Cisco Meraki para la conectividad wifi de acceso a Internet en el aula, en 2024 vencían las licencias y OCP Tech, que es partner de Cisco para América Latina, presentó la oferta más barata para renovar esas licencias, sin las cuales todo el equipamiento queda fuera de servicio y sin conectividad”, argumentan en la empresa de Scatturice. “Otras dos compañías realizaron ofertas menos convenientes”, añaden. “OCP Tech tiene presencia en 20 países de la región, en los que brinda servicios de infraestructura e ingeniería tecnológica, a gobiernos y empresas en todo el continente”, completan.

En el año y medio que va del gobierno de Milei, Scatturice con OCP Tech y con su otra empresa Tactic ya consiguió 21 contratos del Estado, algunos de ciberseguridad, según un relevamiento que hizo el diario La Nación a partir de información oficial. El mayor de ellos es el de Educ.ar. En el último año de la gestión anterior, la de Alberto Fernández, había logrado nueve.

Consejo del asesor presidencial Santiago Caputo, el nombre de Scatturice saltó a la fama pública cuando en febrero pasado llegó un avión suyo con valijas desde EE UU y la Justicia comenzó a investigar si la Aduana las controló o no. En junio compró a una Flybondi en crisis, que busca evitar desaparecer como ocurrió con otras líneas locales como Southern Winds, ente otras.

Con aceitado acceso al gobierno de EE UU, hasta se fotografió con Donald Trump, Scatturice lógicamente es socio de la Cámara de Comercio de EE UU (Amcham, según sus siglas en inglés) en la Argentina. Pero también lo de es de la Cámara de Comercio Argentino Israelí, que preside otro empresario del negocio de la tecnología y la seguridad, Mario Montoto.

AR/MG

Trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) realizaron un “ruidazo” en la Parque Tecnológico Miguelete en contra del “desguace y vaciamiento” del organismo tras lo cual se movilizarán al Congreso de la Nación con el fin de apoyar la derogación del DNU impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger que modifica su estructura de manera integral.

La anulación del Decreto 462/25 integra el temario de la sesión solicitada por 39 diputados de diversas fuerzas políticas que se tratará hoy en el Congreso. La normativa dispone la disolución en la práctica del INTI, “eliminando su autonomía y autarquía indispensables para que pueda cumplir con sus funciones de investigación, desarrollo y asistencia a las pymes y industria”.

“El INTI, como otros organismos, es necesario para garantizar la calidad y seguridad de los productos para toda la población”, indicaron sus trabajadores a Noticias Argentinas,

Según los miembros del Instituto, el Decreto firmado por el presidente Javier Milei, el pasado 8 de julio como parte de las facultades delegadas, “pone en riesgo 1140 puestos de trabajo del principal organismo de ciencia y técnica”, ya que se señalan como “prescindibles” dentro del texto de la normativa.

Bajo los lemas “el INTI no se toca” y “agosto sin decreto”, los trabajadores del organismo marcharán hacia la Plaza de los Dos Congresos, donde se unirán junto a otros organismos y colectivos como el INTA, Vialidad Nacional, personalidades de la cultura, profesionales del Hospital Garrahan y universidades nacionales, quienes también les reclamarán a los legisladores que traten sus problemáticas en el temario de Diputados.

NA

El 8 de julio de 2025 marcó el fin de un período clave para el gobierno del Presidente Javier Milei: la conclusión de las facultades delegadas, otorgadas por el Congreso a partir de la sanción de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos (Ley 27742/2024). Durante un año, estas facultades fueron la herramienta principal para una ambiciosa reestructuración del Estado, con el objetivo de “fomentar la libertad económica y reducir el intervencionismo estatal”.

El jueves pasado, ante empresarios, Milei dijo: “hemos hecho 2500 reformas estructurales. Con lo cual, no solo que hemos tenido un programa de estabilización mucho más exitoso que la Convertibilidad, sino que, además, hemos hecho 25 veces más de reformas estructurales”.

Por su parte, Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, explicitó que se implementaron 101 medidas de desregulación y transformación durante el período en que el gobierno hizo uso de las facultades delegadas. Estas 101 medidas fueron comunicadas, representando un "Magical Mystery Tour" que comenzó con la disolución del INADI y culminó con la disolución de Vialidad Nacional. El trabajo implicó más de 65 decretos.

También es cierto que se deben contabilizar otras tantas reformas a partir del decreto 70/2023, que permitió avanzar con recetas digitales, “cierre” de registros automotor, cédula digital, ley de alquileres, cielos abiertos, divorcio exprés y más opciones a la SUBE. Durante 2024 hubo más de 672 reformas regulatorias.

La desvinculación de 50.591 empleados públicos aparece entre los puntos que destaca Sturzenegger. Trenes Argentinos, ARCA y el Correo son las empresas públicas con más bajas.

El capítulo de reforma laboral tuvo idas y vueltas. La justicia puso bajo observación puntos del DNU 70; pero, en cambio, con la sanción de la Ley Bases si hubo avances en el plan oficialista: extensión del período de prueba, fondo de Cese Laboral, regularización de empleo no registrado, creación de la figura de “trabajador independiente” y eliminación de multas por trabajo en negro.

Las 101 medidas: un bisturí sobre el Estado

“Este fue un uso de facultades delegadas como manda la Constitución: acotado en el tiempo, con materias específicas y con un objetivo claro de transformación estructural”, explicó Sturzenegger.

Las medidas adoptadas impactaron transversalmente en la Administración Pública. Entre las que más destaca la administración libertaria están:

* Disolución de entes y organismos: se eliminaron estructuras como la Dirección Nacional de Vialidad, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la CNRT, el INADI, y múltiples institutos históricos.

* Transformaciones institucionales: el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), y el Banco Nacional de Datos Genéticos fueron reestructurados para “volver a sus funciones técnicas esenciales”.

* Fusiones regulatorias: el ENRE y el ENARGAS se unificaron en el nuevo Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENREGEL).

* Reorganizaciones sectoriales: se creó la Administración Nacional de Establecimientos de Salud y se unificaron gestiones hospitalarias.

* Eliminación de fondos fiduciarios: se disolvieron más de 30 fondos, incluyendo el PRO.CRE.AR, el PROGRESAR (como fideicomiso), el FONCAP, el FONDEP y otros considerados “estructuras paralelas sin control efectivo”.

Según el gobierno, estas medidas “permitieron un ahorro fiscal superior a los 2.000 millones de dólares y una menor presión inflacionaria gracias a la contracción del gasto”.

“Había un Estado desbordado, solapado, duplicado y muchas veces inútil. Lo que hicimos fue aplicar el bisturí para reordenarlo”, resumió el ministro Sturzenegger.

Privatizaciones: el punto pendiente

Uno de los ejes centrales de la Ley de Bases era el deseo del presidente Javier Milei de contar con una herramienta para concretar la privatización de empresas públicas. El artículo 7 y sus anexos declararon “sujetas a privatización” a firmas como Intercargo, Energía Argentina S.A. (ENARSA), AySA, Corredores Viales y Trenes, entre otras.

Sin embargo, hasta el cierre del período de facultades delegadas, el avance en esta área fue limitado. Intercargo fue autorizada a ser privatizada mediante el Decreto 198/2025, y se permitió la venta de acciones en CITELEC S.A. por parte de ENARSA (Decreto 286/2025). También se transformó en S.A. a YCRT, con vistas a una participación privada.

El sector ferroviario mostró algunas señales: Belgrano Cargas inició su proceso de privatización, pero sin licitaciones concretas ni definiciones sobre otras concesiones. En contraste, SOFSE no mostró avances, y la eliminación de servicios de pasajeros en el interior generó rechazo.

El gobierno reconoció que la falta de condiciones de mercado y la resistencia de sectores internos complicaron la ejecución.

“La privatización no es regalar activos, es generar eficiencia, calidad de servicio y alivio fiscal, pero hay que crear condiciones que aún estamos trabajando”, afirmó Sturzenegger.

El gobierno concibe estas reformas como una “batalla cultural” que busca achicar el Estado y liberar la iniciativa privada. Según Milei y su equipo, “la motosierra” no es un ajuste ciego, sino una decisión moral: “dejar de sostener una estructura que consideran corrupta e ineficiente”.

“La crueldad no es reducir el Estado, sino mantenerlo gordo y que la gente pague impuestos para financiar ñoquis”, sostuvo el Presidente.

El ministro de Desregulación también fue crítico con administraciones anteriores: “Durante 15 años, el kirchnerismo tuvo facultades delegadas por DNU, haciendo lo que quiso. Esto fue exactamente lo contrario: dentro de la Constitución y con un mandato claro”.

A partir de ahora, cualquier iniciativa de reforma deberá pasar por el Congreso, donde el gobierno no cuenta con mayoría propia. El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), por ejemplo, solo consolidó un par de proyectos aprobados y necesita adhesión provincial para su implementación.

Federico Sturzenegger resume el trabajo: “Lo que hicimos no fue un plan de ajuste, sino una cirugía necesaria. La Argentina no puede seguir con un Estado del siglo XX en un país del siglo XXI”.

Las 101 medidas

En una entrevista en La Cornisa, el programa que conduce Luis Majul por La Nación Más, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quedó un instante sin respuesta al ser interrogado por la reducción de 50.000 empleados públicos y la situación del empleo en general.

Durante la conversación, Sturzenegger defendió la decisión del gobierno de Javier Milei de desvincular a decenas de miles de trabajadores estatales, asegurando que la pregunta por la “crueldad” de esas medidas estaba “remal planteada”. El ministro sostuvo: “No me tienen que preguntar por los 50.000 ñoquis que se quedaron sin trabajo. Me tienen que preguntar por los miles de puestos que se crearon cuando le devolvimos 2.000 millones de dólares a los argentinos porque no tenemos que pagar esos 50.000 puestos de trabajo”.

Sin embargo, Majul lo interrumpió y lo cuestionó: “¿Y dónde están? Si hay más desocupación hoy…”, lo que obligó a Sturzenegger a reafirmar su argumento: “Por supuesto que sí”, aunque sin precisar cuántos ni dónde estarían esos nuevos puestos de trabajo.

Además, el ministro criticó el paquete de leyes que aprobó el Senado la semana pasada, y aseguró que si esas leyes se llegaran a implementar revertirían el superávit fiscal y generarían un nuevo incremento de la inflación y la pobreza.

Sturzenegger calificó la votación como un intento del Congreso de decir en qué se tiene que gastar tanta plata sin decir de dónde sacarla, y lo comparó con “cuando un niño pide un juguete” sin reparar en el costo.

MP

El neurocirujano Mariano Pirozzo asumió como nuevo Director Médico del Hospital Garrahan. Desde el Ministerio de Salud afirmaron que llega “con el compromiso de consolidar una etapa de orden, eficiencia y fortalecimiento institucional”. Pirozzo ya pasó por la Dirección del Hospital Nacional Sommer y fue interventor del Hospital Laura Bonaparte donde hizo reestructuraciones y ajustes.

En el sitio web del Garrahan destacaron que “es médico egresado de la Universidad Maimónides, se formó como neurocirujano en el Hospital Militar Central ”Cosme Argerich“ y es especialista en neurocirugía, reconocido por el Ministerio de Salud de la Nación y la Universidad de Buenos Aires”. Actualmente está cursando una Maestría en Economía y Gestión de la Salud en ISALUD y un MBA en la Universidad de San Andrés.

La presidente del Consejo de Administración, Dra. Mariel Sánchez, quien antes se desempeñaba en el rol que desde hoy asume Pirozzo, destacó su incorporación: “Hoy damos un paso más para reordenar el hospital y sabemos que el Dr. Pirozzo tiene las herramientas para lograrlo”.

En el currículum de Pirozzo también se destaca que coordinador del Servicio de Neurocirugía del Hospital de Alta Complejidad El Cruce-SAMIC (2010-2022), jefe de Neurocirugía de la Clínica Sagrada Familia, director de Servicios Técnicos y Diagnósticos del Hospital Nacional Baldomero Sommer, y jefe de Urgencias Neuroquirúrgicas en OSDE.

Tras la designación del nuevo interventor, la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT) anunció que este jueves, realizará un paro por 24 horas “en contra” de la gestión del presidente Javier Milei y del ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, que tienen como objetivo “vaciar y destruir” la institución. La secretaria general de la APyT, Norma Lezana, declaró que “la unidad de todo el equipo de salud que está firme en defender el hospital”.

En el marco del conflicto salarial y presupuestario que atraviesa la entidad pediátrica hace casi dos años, la nueva medida de fuerza comenzará a las 7.00, pero permanecerá con la atención a pacientes internados y el servicio de guardia, mientras que a las 12 habrá un abrazo simbólico y a las 14 se realizará una conferencia de prensa para detallar la problemática de la entidad y recordar el paro y la marcha del próximo jueves 17.

Asimismo, Lezana remarcó que la crisis que atraviesa la institución “es dramática” y confirmó que ya son 224 profesionales “altamente capacitados”, junto a más de 20 residentes, que renunciaron “por los bajos salarios” que deberían comenzar en 1.800.000 pesos, según la canasta básica.

“El Gobierno Nacional, encabezado por (Javier) Milei y (Mario) Lugones, insiste, junto al Consejo de Administración, en dilatar el conflicto, no hacer ninguna propuesta de aumento salarial y apostar al desgaste y al cansancio. Sin embargo, el resultado es el contrario: el equipo de salud está cada vez más cohesionado y el apoyo social no deja de amplificarse”, indicó.

Por otra parte, y en declaraciones a Radio Splendid – AM 990, Pablo Puccar, jefe de Cuidados Intermedios y Moderados del Garrahan, se refirió a las nuevas autoridades y sostuvo que el director asignado, Mariano Pirozzo, “no es del Hospital”.

“Nunca hemos tenido un director que no sea de carrera hospitalaria porque es un hospital muy complejo. Este director nunca había pisado el hospital, no lo conoce”, expresó Puccar.

Para finalizar, indicó que la Ley de Emergencia sobre salud infantil que se trata en el Congreso de la Nación, “es la última esperanza” que tienen y “ruegan” que antes de las vacaciones de invierno “haya media sanción” en Diputados.

“Este último tiempo sólo recibimos agresiones y mentiras, pedían que se echara gente para la foto, para mostrar que había personal de más. No es una cuestión de puestos de trabajo, el Hospital es importante por la investigación y todo el trabajo que se hace”, concluyó.

MP

Los trabajadores de la Agencia de Protección Ambiental estadounidense (EPA) fueron invitados por sus superiores a llevarse a casa alguno de los 20.000 animales de laboratorio con los que trabajan y adoptarlos como mascotas, según adelantaron los diarios The New York Times y The Guardian. “Adoptá amor. Salvá una vida”, dicen los carteles colocados en sus instalaciones. “Nuestro programa de adopción fue aprobado. ¿Te gustaría adoptar?”.

Esta campaña es una de las muchas consecuencias que están teniendo los recortes de la administración Trump en todos los ámbitos de la investigación científica en nombre del ahorro de costos, con especial incidencia en los programas de clima, espacio y salud. En el caso de la EPA, la administración pretende eliminar los puestos de al menos a 1.000 científicos, lo que equivale aproximadamente a tres cuartas partes del personal, decisión que está en suspenso mientras se libra una batalla legal. La medida se conoció en la misma semana en que 144 trabajadores de la EPA fueron suspendidos por firmar una carta acusando a la administración Trump de politizar la agencia.

La oficina actual de la agencia está siendo reemplazada por una mucho más chica y se va a rescindir un contrato plurianual de 8 millones de dólares para servicios de pruebas con animales. Esta situación forzó a sus responsables a lanzar una campaña de adopción, ya que los animales serán sacrificados si no hay financiación, como pasó en otros lugares.

Animales centinela

La EPA utiliza conejos, ratones, ratas y otros animales para probar la seguridad de los productos químicos y otros contaminantes ambientales y proteger la salud de los humanos. De los 20.000 animales alojados en el Research Triangle Park en Carolina del Norte, la inmensa mayoría son peces o larvas de peces. Los dos conejos que estaban en el campus de Carolina del Norte ya fueron adoptados y la mayoría de los roedores son ratas centinela, que viven en sus jaulas y solo son sometidas a análisis de heces o de sangre para detectar contaminantes en el ambiente.

Oficialmente, la agencia asegura que esta campaña se debe a la preocupación por el bienestar animal y no a los recortes. “La EPA de Trump está trabajando para que la mayor cantidad posible de animales encuentre hogares acogedores”, afirmó Brigit Hirsch, secretaria de prensa de la organización, a The New York Times. Un formulario de solicitud que circula entre los empleados enumera los requisitos para los posibles adoptantes de ratas o peces: deben tener el consentimiento de todos los miembros adultos de su hogar, deben establecer una relación con un veterinario que les brinde atención y deben proporcionar el equipo de transporte adecuado para los animales.

Un riesgo para la salud

Los expertos advierten que prescindir de estos animales sin tener una alternativa para medir los efectos de contaminantes podría poner en riesgo la salud pública, al mismo tiempo que hará a los científicos de la EPA más dependientes de la investigación de la industria a la hora de verificar la seguridad de los productos químicos. La medida es una “autolobotomía científica desacertada”, asegura Kyla Bennett, directora de política científica de Peer y ex abogada de la EPA, en The Guardian. “La EPA está abandonando su condición de organización científica de primer nivel”.

La medida es una autolobotomía científica desacertada. La EPA está abandonando su condición de organización científica de primer nivel

Kyla Bennett — Directora de política científica de Peer y ex abogada de la EPA

Estas investigaciones incluyen el estudio de los efectos tóxicos de los químicos plásticos comunes o de sustancias químicas complejas con miles de variaciones, como los PFAs. La reducción de las pruebas con animales “hará que la EPA dependa aún más de la investigación de las empresas químicas, que muchas veces se presenta para enmascarar, en lugar de identificar, los posibles riesgos para la salud y el medio ambiente”, dice Bennett.

Una forma de evitar el sacrificio

El genetista y experto en bioética del CNB-CSIC Lluis Montoliu recuerda que cuando no se puede mantener a los animales en las instalaciones lo que se suele hacer es sacrificarlos, así que adoptarlos es una alternativa más amable. “Esto es posible siempre que los animales que se destinen a esa adopción no generen ni contengan ningún peligro, es decir, que no hayan sido modificados genéticamente o no hayan sido infectados, como es el caso de estos animales centinela”, asegura. En cualquier caso, recuerda, aunque hay muchos de estos análisis toxicológicos que pueden hacerse por otras vías, lo cierto es que para estudiar el efecto de muchas sustancias químicas seguimos necesitando animales.

Javier Guillén, director de AAALAC Internacional, una asociación sin ánimo de lucro que evalúa y acredita los programas de experimentación animal, recalca que los científicos se llevarán los animales a sus casas como mascotas, no para seguir con los experimentos. Además, apunta, estos animales que se van a adoptar están sanos. “Se crían para investigación, están testados de agentes infecciosos de todo tipo, mucho más que cualquiera de la calle”, comenta. “En sí mismos, son los animales más seguros que te puedes encontrar, porque nacen y viven en condiciones controladas”.

Son los animales más seguros que te puedes encontrar. Se crían para investigación, están testados de agentes infecciosos de todo tipo, mucho más que cualquiera de la calle

Javier Guillén — Director de AAALAC Internacional

Este tipo de programas se suelen hacer de forma puntual, pero en el caso de la EPA se trata de una decisión sobrevenida por los recortes que implica muchísimos animales, advierte Guillén. “En ese aspecto yo lo veo positivo”, admite. “Para mí el problema ético es que lo que está haciendo Trump con los recortes en la investigación pública es que va a dejar a medias muchas investigaciones, lo que supondrá que las experimentaciones con esos animales no sirvan para nada y no se puedan justificar por sus beneficios”.

Que todos los gobernadores se hayan juntado a principios de junio fue el síntoma más evidente del malestar con Javier Milei y su motosierra fiscal. Que pocos de ellos preveían ir a pasar la vigilia a la que los convocó el Presidente anoche en la Casa de Tucumán para celebrar el Día de la Independencia, suspendida a último momento con la excusa del mal tiempo, es otro. A su vez, la molestia también contagia a los diputados y senadores que les responden y que ahora amenazan con acompañar las iniciativas opositoras en el Congreso a favor de elevar el gasto en jubilaciones, discapacidad, universidades o el hospital Garrahan. Detrás de tanta tensión está la caída de los fondos de la coparticipación federal de ingresos, esos impuestos que la Nación distribuye directamente y por ley a las provincias y que vienen cayéndose al compás de una economía que rebota pero no crece.

El conflicto comenzó en mayo, cuando el Gobierno nacional envió al consolidado de provincias más la ciudad de Buenos Aires $5,5 billones en concepto de coparticipación, leyes especiales y compensaciones, lo que significó una baja real (ajustada por inflación) del 23,3%, según el reporte del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), que dirige Nadin Argañaraz. A su vez, la coparticipación, es decir las transferencias automáticas menos leyes complementarias y compensaciones, habrían caído un 26,3% real.

Esa baja de la “copa”, como le llaman los expertos, estuvo explicada principalmente por el mal desempeño de la recaudación del impuesto a las ganancias (-41% real interanual) y el descenso de recaudación de IVA (-1,1% real interanual). La merma de Ganancias tuvo que ver con que el periodo base, es decir, en mayo de 2024, la recaudación de este tributo fue récord en términos reales por la significativa devaluación del peso en diciembre de 2023. A su vez, la inferior recolección del IVA se relaciona con un consumo aún recesivo.

Después de una caída real significativa en mayo, las transferencias automáticas habrían crecido alrededor de un 6,3% interanual en junio. Pero la “copa” sola habría caído un 5,3% real, según el IARAF. Esta disminución “se explicaría, fundamentalmente, por la marcada caída real interanual del 20% en la recaudación de Ganancias”, según el instituto. “Incidió de manera negativa en la recaudación del tributo el hecho de que en el periodo base las personas jurídicas pagaron anticipos en junio en base a la recaudación extraordinaria de mayo 2024 y al hecho de que recientemente mediante una resolución administrativa se cambió el esquema de anticipos de personas jurídicas, disminuyendo el importe a abonar en junio e incrementando el de los próximos meses. Este desempeño negativo no logró ser compensado por el incremento real interanual del 6,7% en la recaudación del IVA”, se refiere el IARAF a un repunte del consumo el mes pasado.

A su vez, las proyecciones de coparticipación para todo 2025 no son nada alentadoras: de acuerdo con los valores estimados por la Comisión Federal de Impuestos (CFI), que integra la Nación y las provincias, las transferencias automáticas caerían un 4,2% durante 2025, lo que representa una pérdida de casi $2,5 billones medidos a precios constantes, equivalente al 0,3% del PBI. Si se compara con 2023, la caída sería aún superior, del orden del 12%, lo que equivale a decir que las provincias y la capital recibirían casi $7,4 billones menos que dos años atrás, pérdida que se aproxima a 1% del PBI. Esta fuente de recursos representó el 45% de los ingresos provinciales en 2024, con ratios mayores al 60% para un conjunto de 12 jurisdicciones, las más pobres, por cierto.

Entre las causas que explican esta dinámica de la coparticipación, la CFI señala las siguientes:

Frente a este panorama, las provincias propusieron dos proyectos de ley que el gobierno de Milei por ahora rechaza, pese a que implican un costo fiscal calculado en 0,2% del PBI. Por un lado, se busca regular la distribución de aportes del Tesoro nacional (ATN) para evitar la discrecionalidad del Ejecutivo federal. Por otro, que se coparticipe el impuesto a los combustibles.

Las provincias, además, reclaman cada vez más porque caen sobre sus espaldas las tareas que abandona el Estado nacional por decisión de Milei. Por un lado, crecen las quejas por el estado de las rutas. Por otro, las demandas de los pacientes de enfermedades graves que requieren tratamientos.

AR/JJD

El Gobierno dispuso hoy el cierre “definitivo” de la Dirección Nacional de Vialidad, de la Comisión Nacional del Tránsito y Seguridad Vial y la Agencia de Seguridad Vial, anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa.

Adorni sostuvo que “la corrupción en la obra pública tiene su acta de defunción firmada, y la acaba de firmar el presidente” Javier Milei, en referencia al cierre de Vialidad, que se oficializará mañana en el Boletín Oficial.

Así aludió también a las irregularidades en el área de Vialidad correspondientes los años del kirchnerismo y por las que recientemente la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue condenada a seis años de prisión, que cumple en su domicilio del barrio de Constitución.

El Gobierno tomó la medida en el último día de las facultades delegadas de las que hizo uso el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien destacó que la gestión de Milei no solicitará una prórroga, como era habitual en las gestiones kirchneristas.

“En virtud de todo esto, el presidente Milei, a través de un decreto que se va a publicar mañana en el Boletín Oficial, ordenó el cierre definitivo de la dirección Nacional de Vialidad y la Seguridad Vial y la Agencia Nacional de Seguridad Vial”, remarcó Adorni.

Y agregó que “se reorganizará la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, conocida como la CNRT, que pasará a denominarse Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos del Transporte”.

Además sostuvo que el Gobierno “dará apertura a la licitación de 9.120 kilómetros de ruta que, tras décadas de despilfarro y corrupción, se vieron degradadas como nunca antes en la historia de nuestro país”.

Las facultades delegadas, que permiten al Poder Ejecutivo tomar medidas sin pasar por el Poder Legislativo, habían sido incluidas en la ley Bases, sancionada por el Congreso en junio del año pasado.

“Desde ya que muchas especulaciones se hicieron cuando las facultades delegadas se instituyeron en el mismo Congreso, decían que aprobarlas era inconstitucional, autoritario y poco republicano, que atentaban contra la democracia”, planteó Adorni, aunque aclaró que el actual Gobierno “es de los pocos desde la vuelta de la democracia que no pidió una prórroga” de esas facultades.

“En concreto, los 65 decretos delegados que se promulgaron en este último año implicaron un ahorro de 2.000 millones de dólares anuales en gastos. También fue la primera vez que, al usarlas, el Presidente se apegó a la Constitución y respetó la institucionalidad”, agregó.

Luego, el funcionario hizo un detallado repaso de todas las medidas de desregulación que se hicieron en el marco de las facultades delegadas que utilizó la gestión libertaria, entre ellas disoluciones o fusiones de organismos públicos y eliminaciones de permisos o trámites de carácter burocrático.

“Todo esto es la primera etapa del plan motosierra que es infinito. Les queríamos contar lo que hicimos con las facultades delegadas”, sostuvo Adorni tras utilizar varios minutos de su exposición para enumerar las medidas desregulatorias y de transformaciones en las dependencias estatales.

Recordó que “para el kirchnerismo, extender las facultades delegadas era un mero trámite; sin embargo, hoy se horrorizan frente a un gobierno que las necesita para reparar el daño que ellos mismos causaron”.

Sturzenegger adelantó que el presidente “va a agasajar” a “las 200 personas que trabajaron en este año de facultades delegadas”, una habilitación para el Poder Ejecutivo sancionada en la ley Bases y que vence mañana.

Con información de la agencia NA

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud comandado por Mario Lugones, eliminó el subsidio histórico que financia alrededor del 60% de la Fundación de la Hemofilia, situación que empuja a que la institución cierre.

Mediante una carta pública, el organismo confirmó la decisión de Lugones, respaldada por el Ejecutivo Nacional, y aseguró que se encuentran “en peligro”, debido a este “enorme” recorte presupuestario.

“Nos encontramos con la enorme limitación económica que nos trae la incertidumbre de si podremos continuar. Una de las importantes fuentes de financiación de esta organización es un aporte estatal, más precisamente del Ministerio de Salud de la Nación, que nos permite mantener el funcionamiento de la estructura de atención interdisciplinaria que todos conocemos, indispensable para el tratamiento de la hemofilia”, manifestaron sus integrantes.

Asimismo, indicaron que el subsidio se les “negó de manera abrupta”, situación por la que no pudieron prever esta falta de ingresos y pensar la forma de poder “reinventarse” y suplirlos.

Por ese motivo, se vieron en la obligación de comenzar una campaña solidaria, donde cualquier ciudadano que pueda realice donaciones (alias SOMOS.FUNDACION.FH – cuenta del Banco Nación) y así continuar con el trabajo que vienen haciendo desde el año 1944, cuando el Dr. Alfredo Pavlovsky la creó, y que desde 2002 amplió la atención médica y social de las personas con hemofilia, por el aporte que hacía, hasta ayer, el Estado Nacional.

“Estamos pidiendo ayuda y una reconsideración por parte del Estado porque, además de que es un derecho para nosotros y las personas, sabemos que podemos colaborar y exigimos que, en cuanto a salud, se manejen otros conceptos”, concluyeron.

Con información de la agencia NA