A media mañana del miércoles, en el edificio de 25 de Mayo 11, varios empleados de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) descubrieron que sus huellas dactilares ya no abrían las puertas. El mensaje era inequívoco: estaban despedidos. La purga alcanzó a 130 funcionarios de la gestión de Sergio Neiffert, el ahora ex Señor 5 cuya salida el Gobierno anunció el martes y que ayer quedó formalizada con la designación de Cristian Auguadra, contador con vínculos históricos con la familia de Santiago Caputo. El recambio fue inmediato: el personal que había llegado con Neiffert quedó fuera en cuestión de horas, en lo que en el organismo ya describen como un movimiento quirúrgico para desmontar su estructura interna.

La magnitud del operativo dejó un clima de shock dentro de la SIDE, pero no necesariamente de desorientación. Según coincidieron ante este medio fuentes con recorrido en la central, el organigrama permanecería prácticamente igual. La nueva conducción no moverá a las figuras con trayectoria ni alterará las áreas estratégicas. “Todo va a continuar así, pero habrá que trabajar mejor”, resumieron cerca de una figura que conservó su puesto. Otro agente, más directo, apuntó que “había gente sin experiencia ni criterio; esto ordena”. El mensaje interno, al menos por ahora, es continuidad con depuración selectiva.

Auguadra fue visto el martes en la Casa Rosada, pocas horas antes de que se anunciara su nuevo cargo. Su presencia reforzó la idea de que su desembarco fue diseñado en el corazón de la conducción libertaria. Al día siguiente, reapareció, pero acompañado por el subsecretario administativo del organismo José Francisco Lago Rodríguez. Para algunos fue la confirmación de que las redes internas siguen activas. Para otros, un recordatorio de que el reordenamiento aún no está del todo cerrado.

El desplazamiento de Neiffert no fue repentino. Como reveló elDiarioAR, la noche en que se le pidió la renuncia tuvo como protagonista no solo a Lago Rodríguez, sino también al propio Auguadra, en ese momento al frente de la Divisón de Asuntos Internos (DAI). Ambos se presentaron en el domicilio del por entonces titular de la SIDE, el pasado 7 de noviembre, para transmitirle la decisión política que ya estaba tomada, pero todo terminó en escándalo. El episodio, que dejó al descubierto el deterioro total de la relación de Neiffert con Caputo, marcó el principio del fin para un jefe de inteligencia que había empezado a moverse por cuenta propia, a abrir canales paralelos y a reunirse con Karina Milei sin informar a quien lo había impulsado.

Su salida se produjo en paralelo a una ampliación presupuestaria de más de $26.000 millones para la SIDE, un refuerzo que el Gobierno atribuyó a la reconducción presupuestaria pero que dentro del organismo fue leído como parte de la misma reconfiguración política en marcha. No es casual que ocurriera justo cuando el nombre de Auguadra ascendía: elDiarioAR ya había puesto la lupa sobre él el domingo pasado, cuando sus movimientos internos anticipaban un nuevo equilibrio de poder.

Pulseada interna

Pese a la conmoción inicial, la SIDE transita una transición que, en apariencia, busca más estabilidad que ruptura. La instrucción no escrita es ordenar, no refundar. “El problema no era la institución, sino quienes no entendían dónde estaban”, justificó un viejo agente que participó de múltiples gestiones. Por eso, las distintas agencias conservarían a sus responsables.

En el plano político, el entorno de Caputo intenta instalar que el desplazamiento de Neiffert confirma que mantiene el control pleno de la inteligencia y que desbarató una supuesta “operación mediática” motorizada por el ala karinista. Pero lo cierto es que el plan de desembarco de la hermanísima y los primos Menem en la SIDE ya estaba en marcha, solo que no llegó a efectivizarse. Un desenlace distinto al ocurrido en otras áreas sensibles del Estado, donde la secretaria general de la Presidencia avanzó sin resistencia efectiva y expuso los límites de la capacidad de incidencia del asesor presidencial.

Ese contraste dibuja el escenario que deberá administrar Auguadra: un organismo que se depura pero no se reestructura, un asesor presidencial que recupera terreno pero pierde espacio en otras zonas del Gobierno, y una interna libertaria donde el poder cambia de manos más rápido que los organigramas.

En ese contexto, el interrogante final es inevitable. Aunque llegue con respaldo político y conocimiento interno, Auguadra también carga con el riesgo que marcó el declive de su antecesor: ser un titular de la SIDE sin experiencia en inteligencia, sin la cintura que exige el ecosistema y sin una autoridad consolidada frente a cuadros que sobreviven a todos los gobiernos. En esas condiciones, Javier Milei podrá haber cerrado un conflicto, pero no necesariamente la dinámica que lo produjo. Y acaso, en germen, el nuevo jefe ya enfrente el mismo problema que terminó sepultando al anterior.

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La escena que terminó de sellar el recambio en la cúpula de la inteligencia argentina ocurrió este martes en la Casa Rosada. Cristian Auguadra, hasta ahora titular de la División de Asuntos Internos (DAI) de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), cruzó el Patio de las Palmeras algo perdido, sin lograr encontrar la salida, tras haber pasado por las oficinas del primer piso. Fue en ese sector donde, minutos antes, se había terminado de definir su ascenso como nuevo Señor 5, en reemplazo de Sergio Neiffert.

La secuencia coronó un proceso que elDiarioAR había adelantado hace dos semanas, cuando reveló que en el mundo de los espías ya se hablaba de plazos concretos para la caída del funcionario. “Para los primeros días de diciembre”, advirtió entonces un agente con acceso a la cúpula del organismo. La decisión fue comunicada anoche por la Vocería Presidencial.

Auguadra, de 55 años, contador público y oriundo de Morón, llega al quinto piso de 25 de Mayo 11 tras una trayectoria marcada por la discreción y sin antecedentes en el área. Su única exposición pública previa se remonta a 2005, cuando el entonces jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, derogó el decreto que lo nombraba como director del Banco Ciudad, en medio de una puja política histórica por el control del organismo y tras un fallido intento del macrismo por impulsar a otro candidato. Desde entonces, su carrera transcurrió lejos del radar mediático.

En Asuntos Internos, Auguadra manejó los sumarios más delicados del organismo, incluidos expedientes que alcanzaron tanto al ala administrativa como a sectores operativos. Su nombre ganó peso en los últimos meses no solo por su conocimiento microscópico de la estructura, sino también por un dato que este medio reveló el domingo pasado: las sospechas, arraigadas en distintos estamentos del sistema, de que mantiene vínculos fluidos con el juez federal de Morón, Jorge Rodríguez, una figura con fuerte gravitación en el conurbano judicial y cuyo nombre llegó incluso a mencionarse hace un año para el mismo puesto que hasta hoy ocupó el flamante jefe de la SIDE. Ese posible lazo, nunca confirmado pero muy comentado en el circuito, se convierte en un punto de atención inevitable al momento de su ascenso.

Aún así, la lectura política dominante en Balcarce 50 es otra: Auguadra no sería ajeno al universo de Santiago Caputo. En la central es visto como un cuadro técnico que nunca convalidó el acercamiento de Neiffert a la órbita de Karina Milei y cuya promoción recompone el equilibrio de poder para el asesor presidencial. Su llegada se inscribe en una doble señal: preservar el control estratégico del Salón Martín Fierro sobre la inteligencia y cerrar una etapa de conducción fracturada.

El dato encaja con el clima del día: Agustín Romo, otro hombre cercano a Caputo, logró retener la jefatura del bloque libertario en la Legislatura bonaerense, a pesar de los intentos del karinismo por desplazarlo. Dos movimientos simultáneos que, puertas adentro del Gobierno, se leen como la recuperación de posiciones clave para el asesor que maneja la arquitectura política del mileísmo.

La caída de Neiffert

La salida de Sergio Neiffert se precipitó en un clima de aislamiento creciente. En las últimas semanas, el exjefe de la SIDE intentó buscar respaldo político en la secretaria general Karina Milei, un giro defensivo que fue leído en el organismo como admisión de debilidad: la constatación de que su relación con el entorno de Santiago Caputo estaba rota y que su margen de maniobra se estrechaba día tras día.

La señal más contundente llegó con la primicia publicada por elDiarioAR: la irrupción nocturna del subsecretario administrativo José Francisco Lago Rodríguez, cruda y fuera de protocolo, en el domicilio de Neiffert con la intención de forzar su renuncia en nombre del asesor presidencial. Lo que permanece en terreno de versiones —y que agita al mundo de los espías— es si Auguadra también fue visto esa noche, cuando aún dirigía Asuntos Internos. Su eventual presencia alimentó la percepción de que el reemplazo se estaba negociando mientras Neiffert seguía ocupando formalmente el cargo y que sectores clave de la SIDE ya operaban bajo otra conducción.

Pero la embestida final tuvo otro detonante claro: el viaje en primera clase a Azerbaiyán protagonizado por el propio Lago Rodríguez y Alejandro Colombo, el titular del Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), que terminó con ambos en el Gran Premio de Bakú de la Fórmula 1. Un episodio que expuso el desorden interno del organismo, además de poner a prueba la capacidad de conducción de Neiffert y dejar al descubierto la autonomía creciente de Lago Rodríguez, un joven abogado que en tiempo récord pasó de cuadro técnico a actor con poder propio dentro del área operativa.

El desplazamiento derivó en un sumario administrativo que, en vez de ordenar, terminó de desnudar la fractura interna. La pregunta no era qué había pasado en Azerbaiyán, sino cómo había podido pasar sin el aval directo del titular de la SIDE. Para cuando la investigación se abrió, la autoridad política de Neiffert estaba ya erosionada. La jefatura del técnico mecánico, amigo de la vida de Claudio Caputo —padre fallecido del asesor presidencial—, quedó políticamente desahuciada, incluso mientras él continuaba en su despacho. La interna se reconfiguró sin él y el desenlace pasó a ser solo una cuestión de calendario.

PL

El Gobierno de Javier Milei volvió a expandir este lunes el presupuesto de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE): otros $26.118 millones por Decreto 849/2025, destinados tanto a incrementos salariales como a gastos generales que van desde cubiertas para autos hasta prendas de vestir y utensilios de cocina. La decisión reactualiza la discusión por el manejo de los fondos del espionaje estatal en un organismo que atraviesa una interna creciente , acaba de cambiar a su titular (Cristian Auguadray reemplaza a Sergio Neiffert) un sumario abierto por el llamativo viaje a Azerbaiyán realizado por dos de sus funcionarios.

El exdiputado Alejandro “Topo” Rodríguez alertó en X que la planilla anexa del decreto detalla compras por $350 millones en cubiertas, $300 millones en ropa y $40 millones en utensilios. “Los gobiernos deben ser evaluados por lo que hacen, no por lo que dicen. Milei sigue exprimiendo a los jubilados y financiando con generosidad el espionaje estatal”, escribió.

Pero dentro del propio ecosistema de inteligencia conviven otras miradas. Funcionarios en actividad y exintegrantes del organigrama sostienen que la SIDE arrastra un desfinanciamiento estructural desde, al menos, los años posteriores a la sanción de la Ley 27.126, en 2015, la misma que creó la extinta Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Hablan de “equipamiento obsoleto”, “tecnología atrasada” y “falta de presupuesto real para tareas básicas”, situación que se habría profundizado con la llegada de La Libertad Avanza al poder.

Desde ese ángulo, ven los aumentos del Gobierno como una recomposición necesaria, incluso si su ejecución abre debates políticos. “Otros países invierten cifras siderales en seguridad estratégica. Acá se subejecutó durante años. La Argentina dejó de tener capacidades elementales”, resume ante la consulta de elDiarioAR una fuente con acceso al organismo. “Otra discusión es qué se hace con el dinero, pero que hace falta invertir, hace falta”, añade otra.

En paralelo, especialistas del área advierten que el problema del sistema no se resuelve solo con partidas más voluminosas. Señalan que la inteligencia argentina arrastra déficits de profesionalización, rotación permanente de cuadros, dependencia del clima político de la Casa Rosada y ausencia de planes estratégicos sostenidos. “Podés aumentar diez veces el presupuesto, pero si no hay continuidad institucional, no hay inteligencia estratégica”, sintetiza un exfuncionario del sector.

Aumentos

Hasta mayo, el organismo que comandó hasta ahora Sergio Neiffert había recibido tres ampliaciones presupuestarias desde el inicio de la gestión Milei. Ese mes, el Presidente autorizó $25.250 millones adicionales, incluidos $8.000 millones para gastos reservados. Fue, a su vez, la segunda ampliación de 2025. A diferencia de las anteriores —dictadas por DNU—, la de mayo se hizo mediante una decisión administrativa del Jefe de Gabinete, que no requiere revisión del Congreso.

Con esos movimientos, el presupuesto de la SIDE para 2025 —prorrogado ante la falta de aprobación parlamentaria— saltó de $48.253 millones a $80.872 millones en cinco meses, un incremento del 68%. Pero el rubro más explosivo fue el de los fondos secretos, que pasaron de $3.794 millones en enero a $13.436 millones en mayo: un crecimiento del 254% y ya equivalentes al 17% del total del organismo.

La curva ascendente venía de 2024. El año pasado, la SIDE había arrancado con $15.557 millones, pero en julio Milei dictó el DNU 656/2024 que agregó $100.000 millones para gastos reservados. El presupuesto saltaba así a $136.741 millones, con un incremento del 778% y gastos secretos que pasaban a representar el 75% del total. El Congreso rechazó ese DNU en agosto y septiembre —un hecho sin precedentes— y obligó a devolver los fondos. El Ejecutivo lo formalizó con otro DNU en diciembre, recortando $97.186 millones y compensando parcialmente con aumentos menores para personal y bienes de consumo.

Para 2026, el Presupuesto prevé que la SIDE reciba $97.135 millones, un aumento del 20,1% respecto de 2025. De ese total, $5.666 millones irán a gastos que no necesitan ser justificados, un salto del 42% en este rubro. Los fondos reservados, que en 2023 eran el 4,1% del presupuesto, pasarán a representar 19,6%. En términos nominales, durante la gestión Milei el ítem habrá crecido 2.838%.

Interna abierta

La escalada presupuestaria vuelve a poner bajo la lupa el funcionamiento de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia, encargada de controlar el uso de los fondos confidenciales. El órgano legislativo atraviesa un cuadro de cierta parálisis política, con reuniones espaciadas y escaso acceso a la documentación sensible. Su titular, Martín Lousteau, está a punto de cumplir mandato. Y quien tiene todas las fichas para asumir en ese lugar es el senador misionero Martín Goerling, que acaba de formalizar su pase del PRO a La Libertad Avanza.

En paralelo, en el Gobierno circulan borradores para actualizar el andamiaje normativo del sistema de inteligencia, con eventuales reformas que podrían redefinir funciones entre organismos y centralizar tareas en la SIDE. El debate todavía es incipiente, pero en 25 de Mayo 11 lo interpretan como una señal de que Milei busca un esquema más ordenado, o más controlado, según la mirada de cada facción.

La ampliación presupuestaria también reordena la disputa interna: las áreas operativas ganan volumen con los fondos destinados a bienes de uso y tecnología, mientras que la expansión de las partidas confidenciales refuerza la gravitación de la jefatura política en un momento de tensión por la eventual salida de Neiffert. A ese clima se sumó el viaje a Azerbaiyán del subsecretario administrativo, José Lago Rodríguez, y el titular del Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), Alejandro Colombo, que derivó en un sumario cuya letra chica sigue siendo motivo de sospechas.

Todo ocurre mientras el Presupuesto 2026 será debatido en un Congreso donde el oficialismo llegará más robusto tras la renovación de bancas de diciembre. En Balcarce 50 creen que, a diferencia del año pasado, la arquitectura fiscal de Milei atravesará la discusión parlamentaria con menos sobresaltos y sin las correcciones que frenaron su hoja de ruta original. Si eso se confirma, el Presidente habrá asegurado el mayor refuerzo para la inteligencia desde que llegó al poder.

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La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) no encuentra un punto de equilibrio y, lejos de estabilizarse, volvió a quedar envuelta en una espiral de acusaciones internas y maniobras de supervivencia. A la pelea entre el titular Sergio Neiffert y su segundo, José Lago Rodríguez, —la ya célebre escena de la visita nocturna revelada por elDiarioAR— ahora se suma un nuevo capítulo: la apertura de un sumario interno contra el subsecretario administrativo por un viaje a Azerbaiyán, financiado con fondos reservados y disfrazado de misión oficial.

Según confirmaron fuentes del organismo, Lago Rodríguez estaría siendo indagado por la División de Asuntos Internos (DAI), dirigida por el contador Cristian Auguadra. La pesquisa nació tras la revelación del viaje a Bakú que el joven abogado realizó en septiembre junto al director del Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), Alejandro Colombo, bajo el pretexto de participar de un foro, como relató en su momento el sitio Sección País.

En los hechos, ambos fueron a presenciar el Gran Premio de Fórmula 1, con pasajes emitidos en primera clase a un costo que parte de los $19,6 millones por persona. La misión se pagó con fondos públicos reservados y expuso una contradicción evidente: Lago Rodríguez –“Joey” para los amigos– es, justamente, el funcionario que autoriza el movimiento de esos recursos.

Pero la sorpresiva intervención de la DAI generó dudas que nadie aclara de manera oficial. ¿Auguadra no acompañó también a Lago Rodríguez esa noche a la casa de Neiffert, cuando intentaron forzarle la renuncia por orden de Santiago Caputo? La pregunta circula con insistencia en los pasillos de “la Casa”, pero no es la única. Otra inquietud señala si en aquella visita no habría estado también Ignacio “Nacho” Jiménez, el segundo de Alejandro Cecati en la Agencia de Seguridad Nacional (ASN), una figura con creciente influencia operativa y vínculos aceitados en la Triple Frontera.

En tanto, una tercera versión apunta como miembro de la “patota” a un abogado ligado al juez federal de Morón, Jorge Rodríguez. Una mención que no suena descabellada para quienes siguen de cerca las coordenadas del poder judicial de la provincia de Buenos Aires. El magistrado llegó a sonar, hace un año atrás, como posible director de Asuntos Internos antes de que fuera designado Auguadra, que también es de origen moronense. Esa coincidencia alimenta suspicacias. ¿Será que el actual director responde en realidad a los designios de Rodríguez, un tapado de quien suele decirse que tiene más poder que cualquier intendente del conurbano?

Hasta ahora son más las preguntas que las respuestas. Sin embargo, la mera circulación de esas versiones muestra un deterioro profundo: la DAI, lejos de funcionar como un mecanismo de control, aparece envuelta en la misma red de lealtades, operaciones y sospechas que intenta investigar.

El avance administrativo de Auguadra dispara lecturas disímiles. Para algunos, puede interpretarse como una revancha política por parte de Neiffert. Otros, en cambio, arriesgan una teoría más conspirativa: que el sumario contra Lago Rodríguez podría ser “una fachada para tener por si alguien mete una denuncia penal, así queda excluido de cualquier responsabilidad”, explicó a elDiarioAR una fuente con terminales en el mundo de la inteligencia. El diagnóstico revela la lógica defensiva que rige hoy en la SIDE de Javier Milei: más que ordenar el organismo, se busca blindar posiciones y administrar daños en un ecosistema completamente fracturado.

Clima de transición

El clima interno en 25 de Mayo 11 se volvió una mezcla de incertidumbre y sálvese quien pueda. Neiffert, que llegó al cargo por la relación personal que mantenía con Claudio Caputo —padre fallecido del consultor—, hoy transita una suerte de transición tutelada. Fuentes de la Secretaría aseguran que recostó su supervivencia en Karina Milei, quien le pidió “aguantar” en el cargo hasta encontrar un reemplazo. La decisión buscó frenar el eventual desembarco de otro dirigente de la órbita caputista en la cúspide del organismo.

La crisis ocurre en un momento particularmente sensible por los cruces puertas adentro del Gobierno. Esta semana, el diputado del PRO Gerardo Milman comenzó a agitar un proyecto para reformar la Ley 25.520 y crear lo que denomina como Sistema Nacional de Inteligencia Integral (SINIRA). La iniciativa, que fuera presentada a mediados de año, reordena todo el andamiaje mediante cuatro direcciones especializadas, incorpora a la UIF y establece un régimen severo de control judicial y sanciones por espionaje interno.

En el contexto actual, el gesto adquiere otra dimensión. Milman venía enfrentando rumores sobre un posible desembarco en el Ejecutivo, particularmente en Migraciones, área vinculada a Patricia Bullrich. Cerca del legislador niegan cualquier coordinación política con la futura jefa del oficialismo en el Senado, aunque admiten que su iniciativa apunta a un sistema que hoy luce inmanejable.

Mientras tanto, la disputa entre caputistas y karinistas redefine alianzas y deja al sistema de inteligencia paralizado, sin conducción clara y con un jefe cuestionado que resiste solo gracias al respaldo de la “hermanísima”. En una estructura que debería anticipar amenazas estratégicas, la principal incógnita vuelve a ser la misma: ¿quién manda realmente en la SIDE? Hoy, nadie parece tener la respuesta.

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En los pasillos de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) todavía se comenta, entre ironías y caras largas, el episodio del pasado 5 de noviembre. Ese día, en plena reunión de jefes provinciales de la central en Buenos Aires –un encuentro que congregó a los delegados del interior en el microcentro porteño–, la representante del organismo en Corrientes tuvo que admitir públicamente que había perdido el control de su único WhatsApp: su línea personal había sido vulnerada y debía pedir de urgencia que nadie respondiera los mensajes que salieran desde su teléfono.

Según reconstruyó elDiarioAR, el hackeo –que corrió como un rumor de redes pero que este medio confirmó de fuentes directas– se produjo tras una llamada en la que la delegada cayó en un ardid básico: engañada, llegó a dictar en voz alta el código de verificación de seis dígitos que la app envía para validar el acceso. Minutos después, quien tomó control de la cuenta comenzó a contactar a sus interlocutores con un mensaje típico de estafa, pero que en este caso involucraba a una agente de inteligencia. “Hola, ¿cómo estás? Quería hacerte una consulta, estoy vendiendo 3.000 dólares en efectivo, ¿te interesa? ¿O conocés a alguien de confianza que quiera comprarme algunos?”, pudo leerse incluso en las pantallas de varios de los presentes.

La funcionaria quedó en la cuerda floja. No solo porque la trampa fue demasiado básica para alguien formado en tareas sensibles, sino porque el hackeo quedó expuesto delante de todos los delegados del país, que estaban reunidos con ella en ese preciso momento. La escena generó estupor, pero también chicanas internas. “Es el colmo del espía”, ironizó ante este medio una fuente del área, que describió el episodio como “un papelón de manual” en un organismo que atraviesa semanas de tensión por la sucesión de fallas operativas y movimientos internos.

En esos intercambios subterráneos, el tono era una mezcla de sarcasmo y preocupación. La sensación compartida fue que la cadena de tropiezos no era casualidad sino síntoma: la SIDE de Javier Milei atraviesa tiempos de desorientación, con la conducción nacional puesta en cuestionamiento. Sin ir más lejos, el episodio ocurrió exactamente durante la misma semana en que, según se supo después, el subsecretario administrativo José Lago Rodríguez protagonizara su polémica visita nocturna a la casa de Sergio Neiffert, el viernes 7 de noviembre.

La reunión en la que todo ocurrió, según describieron participantes, ya venía cargada de tensión. Algunos delegados provinciales habían llegado a Buenos Aires con reclamos puntuales sobre recursos, reemplazos demorados y órdenes contradictorias provenientes de la conducción central.

En ese marco, el caso del hackeo, contado casi en susurros, terminó alimentando una línea de interpretación nada menor: si el organismo no puede blindar siquiera a sus delegados territoriales de una estafa telefónica estándar, ¿en qué condiciones está para intervenir en conflictos sensibles o procesos que requieren un mínimo estándar de seguridad y sigilo?

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El ciclo de Sergio Neiffert al frente de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) parece haber entrado en su tramo final. El quiebre con el entorno de Santiago Caputo venía gestándose desde semanas antes, pero el episodio revelado por elDiarioAR dejó expuesta una disputa que hasta ese momento se procesaba bajo estricta reserva. La irrupción nocturna del subsecretario administrativo José Lago Rodríguez, cruda y fuera de protocolo, en el domicilio del Señor 5 con la intención de forzar su renuncia en nombre del asesor presidencial, selló un punto de no retorno entre el director del organismo y su jefe político de hecho.

Fue en esos días posteriores al 7 de noviembre, con la interna ya expuesta y su relación con Caputo en estado terminal, cuando Neiffert decidió buscar cobijo político por fuera del consultor y se acercó a Karina Milei, tal como había relatado Camilo Cagnacci en Sección País. Según fuentes del área, le presentó su renuncia. La secretaria general no la aceptó, pero tampoco lo retuvo: le pidió que esperara hasta que hubiera un reemplazo definido. El gesto consolidó un desplazamiento silencioso del poder dentro del organismo.

Si hasta entonces la SIDE había respondido a la tutoría directa de Caputo —un vínculo que no era meramente político, sino personal: Neiffert era amigo del fallecido Claudio Caputo, padre del asesor presidencial y expresidente del Colegio de Escribanos—, el reacomodamiento post 26 de octubre abrió la puerta para que Karina tenga voz y voto en la designación de la futura conducción: un territorio donde hasta ahora no intervenía.

Desde el entorno de Santiago Caputo niegan tajantemente que haya existido un pedido de renuncia transmitido a través de Lago Rodríguez —un joven abogado surgido de la escudería de la secretaria Legal y Técnica María Ibarzábal— y aseguran que la relación política con Neiffert “no está rota ni en riesgo”. También afirman que el jefe de la SIDE “no corre peligro”. Sin embargo, en el organismo sostienen lo contrario: que el vínculo entre ambos quedó fracturado y que la transición ya es un hecho.

Una imagen puede llegar a valer más que mil palabras. El martes 11, minutos antes de la jura de Diego Santilli como ministro del Interior, en el Salón Blanco, Neiffert y Caputo se cruzaron en un saludo breve y tenso, sin diálogo ni señales de coordinación. Para funcionarios del área fue la postal del momento: distancia política sellada y un vínculo operativo agotado. “Ya no reporta a Santiago. Está buscando salida”, sintetiza una fuente que trajina los pasillos de 25 de Mayo 11.

En el mundo de los espías circulan plazos estimativos para la virtual salida de Neiffert. “Para los primeros días de diciembre”, dice un agente. Otros arriesgan incluso más cerca: “Esta misma semana”. Lo que nadie define es el sucesor, aunque distintos interlocutores hablan de tres perfiles posibles en debate: un cuadro con pasado militar, un funcionario con inserción política y un técnico con respaldo externo y vínculos diplomáticos. ¿Querrá Patricia Bullrich meter también la cuchara? Nada está decidido y el factor común es la incógnita sobre quién tendrá la potestad final para nombrar al reemplazo: todo indica que Karina pretende intervenir en la definición.

Poca experiencia, muchos negocios

Como jefe de la SIDE, Neiffert ocupa un rol estructuralmente más político que operativo. El cargo concentra la conducción del aparato, la firma de las operaciones estratégicas, la relación con la Casa Rosada y la administración de partidas reservadas. En teoría, debía funcionar como articulador entre las tres agencias del organigrama y fijar la línea política general del sistema de inteligencia. Sin embargo, según fuentes del organismo, delegó buena parte de esa tarea en mandos medios y se concentró en tramitaciones administrativas y vínculos personales con sectores del Gobierno. “Actúa más como gerente que como director de inteligencia”, resume un funcionario con rango técnico.

Su falta de experiencia en el ámbito fue percibida como una debilidad desde el inicio y alimentó desconfianzas internas, especialmente en áreas duras como Contrainteligencia. Varias decisiones de alto impacto quedaron sin firma o demoradas porque Neiffert, según describen fuentes del organismo, “prefiere consultar hacia arriba antes que ordenar hacia abajo”. Eso derivó en una situación paradójica: es formalmente el jefe pero no ejerce el mando.

Esa fragilidad abrió espacio a otros actores. Técnicos aseguran que directores como Alejandro Cecati (Agencia de Seguridad Nacional) y Ariel “Wata” Waissbein (Agencia Federal de Ciberseguridad) comenzaron a operar con autonomía funcional, cada uno bajo distintos padrinazgos. Para algunos agentes, la salida de Neiffert implicaría terminar de blanquear esa dinámica y reordenar la estructura con otro mando central. Para otros, aceleraría el proceso de balcanización interna.

El perfil empresarial del Señor 5 tampoco contribuye a estabilizarlo. Más que un cuadro técnico de inteligencia, Neiffert es un gestor de múltiples emprendimientos privados, como describió Rodis Recalt en Revista Noticias: la constructora New Francos SA (que comparte con su esposa, Silvina De Cenzo, pastelera y responsable de las viandas que se venden en edificios de la SIDE y en la Escuela Nacional de Inteligencia), la firma de cartelería “Carteles Ya” y un pasado societario junto al exintendente de Malvinas Argentinas Jesús Cariglino en una empresa de representación deportiva. Su hijo Lautaro —fundador de Segur & Protección SRL, orientada a seguridad tercerizada— actúa como su secretario privado y lo acompaña en viajes oficiales. Sin ir más lejos, estuvo con él en mayo de 2024 en la sede de la CIA, en Langley, en una gira donde también participó Caputo.

Ese entramado personal, sumado al desgaste interno y a la parálisis operativa del organismo, alimenta la percepción de que la SIDE atraviesa un proceso de descomposición más estructural que coyuntural. La disputa ya no es solo por nombres: es por quién conduce y con qué legitimidad política. La posible salida de Neiffert no implica, a priori, el fin de la era caputista en la inteligencia, pero sí representa un retroceso en el único territorio donde el asesor presidencial operaba sin mediaciones. Para Karina, en cambio, es una oportunidad: intervenir en el servicio secreto significa ordenar un espacio donde hoy conviven agendas paralelas, mandos cruzados y poca conducción real.

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La escena ocurrió el pasado día 7, en horas de la noche, en una casa en Martínez. Sergio Neiffert, el llamado “Señor 5” y director formal de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), fue sorprendido por una visita inesperada: José Francisco Lago Rodríguez, su virtual número dos y subsecretario administrativo del organismo. Lo que comenzó como una conversación terminó en discusión y a los gritos. “¡Hijo de puta!”, alcanzaron a escuchar los vecinos antes de que Neiffert, en paños menores, echara al joven abogado.

De acuerdo con lo que pudo reconstruir elDiarioAR de fuentes directas al hecho, Lago Rodríguez había ido a pedirle la renuncia. El mensaje que traía no era personal sino político: un ultimátum transmitido desde el entorno de Santiago Caputo, a quien reporta directamente. En Balcarce 50 aseguran que la tensión venía en aumento desde hacía semanas, cuando Neiffert empezó a dar gestos de mayor autonomía respecto del asesor presidencial y a tomar algunas decisiones sin consultarlo. La respuesta fue inmediata: esa misma noche, Lago apareció en su puerta. Y lo que debía ser una conversación protocolar terminó en una escena digna de un parte interno. “Un papelón”, resumió, sin vueltas, una alta fuente del organismo.

El episodio expuso la fractura más profunda en la cúpula de la SIDE. En las oficinas de 25 de Mayo 11 aseguran que, tras el altercado, Neiffert contraatacó y pidió la renuncia de su subordinado. La pelea coincidió con el malestar que generó en la Casa Rosada el viaje de Lago Rodríguez y del director del Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), Alejandro Colombo, a Azerbaiyán, una misión oficial que terminó en el Gran Premio de Fórmula 1 de Bakú, en septiembre pasado, con pasajes en primera clase pagados por el Estado.

Para el núcleo libertario, el conflicto entre ambos funcionarios simboliza el derrumbe de una estructura que ya venía erosionada por la falta de conducción política y las internas de poder. Neiffert, debilitado, intenta sostenerse en su cargo mientras se multiplica la presión para removerlo tras el recambio de gabiente que habrá en diciembre.

Voces al tanto de la situación reconocen que la SIDE atraviesa un estado de parálisis institucional, con funcionarios que no se hablan entre sí y agentes que reportan por lealtades personales antes que por jerarquía.

En la práctica, lo sucedido se da en el marco de la puja interna entre Santiago Caputo y el ala karinista, con los primos Menem siempre al acecho. A la disputa entre el director y su número dos se suma el rol difuso de Diego Kravetz, virtual subsecretario de Inteligencia y hombre de confianza del asesor presidencial, que intenta contener la crisis. “La SIDE hoy es una selva. Nadie sabe quién da las órdenes ni quién las cumple”, describe un exfuncionario del área.

El affaire de Martínez terminó de sellar esa percepción: el “Señor 5” enfrentado con su segundo y una institución clave del Estado convertida en escenario de enredos domésticos. En el Gobierno algunos lo minimizan como una “pelea de egos”, pero en los pasillos de la Casa Rosada reconocen que hay algo más: la confirmación de que el sistema de inteligencia del país, hoy bajo la órbita del poder libertario, perdió el control de sí mismo. Aunque, quizás, nunca lo haya tenido del todo.

PL/AR/MC

“No se mueve un papel”, resume crudamente un funcionario con conocimiento directo de lo que sucede en los despachos de 25 de Mayo 11, la histórica sede de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). La descripción se repite en boca de otras figuras expertas en el mundo espía: la agencia estaría viviendo una suerte de “parálisis”, que combina déficit de gestión, desconfianza interna y un vacío político que refuerza la tesis de un cambio en la conducción antes de fin de año, según pudo saber elDiarioAR de distintas fuentes consultadas.

Aunque el director formal de la SIDE es Sergio Neiffert, su gestión hace meses que está virtualmente congelada. Hombre de confianza de Santiago Caputo, el asesor todopoderoso de Javier Milei, el “Señor 5” no logró imponer una línea estratégica, ni siquiera un plan de reorganización básico. “Neiffert perdió toda capacidad de dirigir, si es que en algún momento la tuvo”, sintetizó con crudeza una voz consultada. Todas las fuentes coincidieron en que su estilo, hermético y burocrático, colisiona con la necesidad de dar señales de control político en un área que con el correr de la gestión libertaria se convirtió en sinónimo de inmovilismo.

Ese anquilosamiento quedó expuesto con nitidez con el caso Spagnuolo. Cuando estalló el escándalo por los audios del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad —en los que se mencionaban supuestos pedidos de coimas por parte de Karina Milei—, el entorno de Caputo se enteró del material no por los canales formales de la SIDE, sino por información proveniente de fuentes externa. “Eso fue lo más grave: nadie en la Casa supo anticipar nada”, recuerda un colaborador que siguió de cerca las horas previas a la publicación periodística. El episodio fue leído como una evidencia de la desconexión entre la cúpula política y los mandos operativos.

El contraste es notorio si se recuerda el supuesto énfasis con que La Libertad Avanza había relanzado el organismo en julio de 2024. Aquella reestructuración —presentada como el inicio de una “nueva era” de profesionalización y transparencia, y acompañada por el fallido decreto que pretendía aumentar en 100.000 millones de pesos los “fondos reservados”— prometía modernizar la inteligencia argentina bajo un esquema de agencias especializadas. Un año más tarde, las promesas se desvanecieron entre internas y la falta de lineamiento. “Fue una puesta en escena”, sostuvo ante la consulta de elDiarioAR un exdirector técnico que participó de la transición, que hasta se arriesgó a asegurar que hoy “hay menos inteligencia que antes”.

La estructura interna de la SIDE, modificada a través de un DNU, sobrevive con su organigrama. En la cúspide formal se mantiene Neiffert, de quien dependen tres agencias con autonomía creciente: la Agencia de Seguridad Nacional (ASN), la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC) y el Servicio de Inteligencia Argentino (SIA). La ASN, bajo el mando del excomisario Alejandro Cecati, concentra las tareas de inteligencia interior y seguridad estratégica. Es el área con mayor gravitación, sostenida en la protección del histórico Antonio “Jaime” Stiuso y con influencia directa sobre buena parte de las operaciones territoriales. El segundo de Cecati, Ignacio “Nacho” Jiménez, aporta vínculos con esa “vieja guardia” y contactos en la Triple Frontera.

La AFC, dirigida por el especialista en criptografía Ariel “Wata” Waissbein, se encarga del control de sistemas informáticos y vigilancia digital, mientras que el SIA, conducido por Alejandro Colombo —antiguo delegado del organismo en Roma durante los años 90—, mantiene relaciones con embajadas y agencias extranjeras, especialmente con la CIA y el Mossad.

Ese área no está exenta de polémica. A mediados de septiembre, Colombo viajó junto al subsecretario administrativo de la SIDE José Francisco Lago Rodríguez —un joven abogado de estrecho vínculo con Caputo— a Azerbaiyán en una misión oficial que se financió con fondos públicos y pasajes emitidos en primera clase, según publicó Sección País. ¿El pretexto? Participar de una cumbre de inteligencia. Sin embargo, en los hechos, ambos terminaron asistiendo al Gran Premio de Fórmula 1 en Bakú para ver al argentino Franco Colapinto.

Por encima de todos ellos se mueve, en tanto subsecretario de Operaciones, Diego Kravetz. Su designación en diciembre pasado como virtual “Señor 8” agitó las aguas puertas adentro de la central, donde ejerce el rol de coordinador político con capacidad de intervenir sobre las tres agencias y canalizar información sensible hacia la jefatura. Kravetz llegó al cargo por impulso de Caputo, con el mandato de imponer su impronta e intentar mantener cierto equilibrio entre los distintos bloques, pero su relación con Neiffert se fue enfriando con el correr de los meses.

“Existe una rotación constante de funcionarios ante la crisis que produce la interna en la conducción”, confió a elDiarioAR una fuente con terminales directas en el organismo. “Hay espías que no reportan a sus jefes porque pertenecen a otro bando”. La frase ilustra el nivel de descomposición interna que atraviesa la SIDE, donde hace años la lealtad institucional fue reemplazada por la pertenencia facciosa, con capas tectónicas que fueron solidificándose durante décadas.

El diagnóstico se repite con distintos matices, pero idéntico fondo: la inteligencia en la era Milei quedó atrapada entre la inacción y la ausencia de brújula política. La situación diaria lo refleja en dos datos claves: las licitaciones para renovar equipamiento permanecen frenadas, al igual que la fluidez en el vínculo con otros organismos del Estado, como ARCA o la UIF. Por eso, en algunos despachos del Ejecutivo ya dan por hecho que Neiffert dejará el cargo a más tardar en diciembre, una vez concluido el calendario electoral, en sintonía con el recambio de gabinete que ya anunció el Presidente. “No hay ejecución ni presupuesto que alcance si nadie firma nada”, apuntan preocupados en la Casa Rosada.

Dato de color: como reveló elDiarioAR, hasta hace pocas semanas, Caputo se movía con custodia del propio organismo. Una alta fuente de la SIDE justificó el guardaespaladas para el asesor por su rol como íntimo colaborador de Milei. “Se puede por el lugar objetivo que tiene Santiago”, planteó una voz autorizada. Otras, en cambio, rechazaron esa explicación y apuntaron que, de ser así, debería haber habido una resolución secreta ya que el estratega ni siquiera es funcionario.

En definitiva, todo está en veremos, pero prima una certeza: la dinámica interna de “La Casa” no responde a una doctrina ni a una estrategia de Estado, sino a un sistema de confianzas personales que funcionan como microclimas de poder. En ese territorio donde las órdenes se diluyen y la información se fragmenta, la inteligencia parece dejar de ser una herramienta para anticipar los conflictos y se transforma en el espejo más fiel de ellos.

PL

El fantasma del espionaje político vuelve a recorrer el Estado. Facundo Manes presentó este lunes una denuncia penal contra la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Lo hizo tras conocerse que el organismo elaboró un informe interno con detalles sobre sus actividades privadas —incluida una reunión en su domicilio con el exintendente de Lanús, Néstor Grindetti— junto a datos de otros dirigentes opositores, gremialistas y colectivos sociales. El reporte, elaborado por la Agencia de Seguridad Nacional (ASN) y revelado por Hugo Alconada Mon en La Nación, podría constituir, según el diputado radical, una violación a la ley 25.520.

El documento —titulado “Hechos previstos 09JUL25” y fechado el 8 de julio— forma parte de una serie de reportes internos que detallan reuniones, protestas, actos partidarios y hasta actividades culturales previstas para el Día de la Independencia. Todas acciones lícitas, pero relevadas en detalle por el organismo más opaco del Estado. El informe no alude a ninguna amenaza para la seguridad nacional, ni exhibe respaldo judicial.

Desde Casa Rosada intentaron bajarle el tono al escándalo. En reserva, voceros oficiales afirmaron que se trata simplemente de “un clipping” elaborado con “información pública y abierta” que, en algunos casos, “puede servirle al Presidente” para anticipar eventuales focos de conflicto. Pero fuentes de la propia SIDE admitieron que el seguimiento sistemático de actores sociales, aunque sea con datos abiertos, forma parte de una lógica habitual del organismo.

Manes considera que esto no es nuevo ni espontáneo: lo conecta directamente con una causa previa que él mismo impulsó contra el asesor presidencial Santiago Caputo, a quien denunció por amenazas coactivas tras un cruce en los pasillos del Congreso, durante la apertura de sesiones ordinarias. El fiscal Ramiro González había pedido archivar la causa, pero los camaristas Roberto Boico y Martín Irurzun ordenaron su reapertura. Ahora, el diputado presentó el informe de la SIDE como “hecho nuevo” que confirma la existencia de un patrón de hostigamiento.

El escándalo crece con el telón de fondo del nuevo Plan de Inteligencia Nacional (PIN). En junio, el jefe de la SIDE, Sergio Neiffert, justificó ese documento reservado ante la Comisión Bicameral de Inteligencia. Lo hizo en un marco inusual: la reunión se celebró dentro de la propia sede del organismo, en la calle 25 de Mayo 11. Allí, diputados y senadores escucharon a Neiffert exponer los nuevos objetivos, métodos y prioridades del espionaje argentino. Una de las cláusulas más polémicas del PIN habilita a la SIDE a vigilar a “actores sociales que puedan erosionar la confianza en los funcionarios públicos”, un concepto lo suficientemente vago como para legitimar tareas de seguimiento interno. El informe sobre opositores ahora revelado parece responder a esa misma lógica.

En el Congreso, la reacción ya comenzó. Martín Lousteau, presidente de la Bicameral, confirmó que convocará una nueva reunión para tratar el tema. En tanto, uno de los referentes kirchneristas en el Senado, Oscar Parrilli, anticipó que se pedirá al Ejecutivo información formal sobre el funcionamiento de la SIDE bajo el mando de Neiffert. “Esto recuerda lo que sucedió durante el macrismo”, advirtió en una entrevista con AM 530. El senador hizo foco en la selectividad del espionaje: el informe confidencial relevó, además de las actividades de Manes, las de Axel Kicillof, Sergio Massa, Máximo Kirchner y dirigentes de izquierda, además de protestas de jubilados, sindicatos y personas con discapacidad. Ningún funcionario de La Libertad Avanza aparece mencionado. Para Parrilli, esa omisión deja en evidencia el uso político de los recursos de inteligencia.

Polémica abierta

Pero las sospechas no empezaron este lunes. El 8 de julio pasado, el mismo día en que se elaboró el informe interno de la SIDE, la diputada Lourdes Arrieta se presentó presencialmente ante la Bicameral de Inteligencia para ampliar una denuncia previa, radicada por escrito tres semanas antes. Su exposición, junto a su abogado, apuntó al propio Neiffert, a su hijo Lautaro —de 25 años, accionista de una firma de seguridad que, según registros oficiales, ingresó al menos seis veces a Casa Rosada entre junio y agosto de 2024— y al empresario Leonardo Scatturice, nuevo dueño de Flybondi, por la existencia de una estructura paralela de poder financiada con fondos reservados.

La trama incluye viajes privados, ingreso de valijas sin declarar y la firma de contratos secretos con una empresa estadounidense: Tactic Global LLC, registrada en Florida y dirigida por el propio Scatturice. Según consta en el sistema FARA del Departamento de Justicia de EE.UU., Tactic fue contratada por la SIDE en abril para actuar como “enlace estratégico” entre el gobierno de Javier Milei y sus interlocutores en Washington. Cobra 10.000 dólares mensuales, sin licitación pública ni difusión oficial. Para Arrieta, que formó parte de La Libertad Avanza hasta septiembre de 2024, la firma encabeza una red diplomática paralela que debería estar en manos de la Cancillería.

En su denuncia, Arrieta pidió identificar qué partida presupuestaria financia ese gasto y señaló que tanto Tactic como la fundación CPAC Argentina y una red de empresas satélite —radicadas en Paraná y en Florida— funcionarían como pantallas legales para canalizar gestiones diplomáticas, aportes financieros y campañas políticas sin pasar por las instituciones formales del Estado. En el centro del esquema ubica nuevamente a Santiago Caputo, el asesor más influyente del Presidente.

A comienzos de este año, sin ir más lejos, el propio Caputo viajó a Miami junto a su hermano Francisco y Manuel Vidal, hombre de su extrema confianza, para reunirse con Scatturice. El empresario, con residencia en Florida, no puede salir de Estados Unidos por problemas migratorios. Otros aspirantes a cargos clave en el gobierno también viajaron a entrevistarse con él.

Ahora, con una denuncia penal en marcha, un Congreso movilizado y un sistema de inteligencia en el centro de todas las miradas, el Gobierno enfrenta el costo institucional de un modelo de espionaje interno que ya no puede disimularse bajo la etiqueta de “informes públicos”. Lo que comenzó como un parte administrativo de rutina se convirtió en una señal de alarma sobre los límites —y los excesos— de la SIDE bajo la gestión de Milei. Bajo el mando de un gobierno que prometió destruir al Estado, el organismo que hoy comanda Sergio Neiffert lejos está de desdeñar aquellas viejas prácticas.

PL/MC

Lourdes Arrieta no usa eufemismos. Tampoco parece dispuesta a dar marcha atrás. Hace apenas dos semanas, la diputada presentó una denuncia por escrito ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia: acusó al jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Sergio Neiffert, a su hijo Lautaro y al polémico empresario Leonardo Scatturice de integrar una red de poder paralela. El martes pasado, por primera vez, sostuvo esas mismas acusaciones cara a cara ante los legisladores. Llegó al sexto piso del anexo del Senado acompañada de su abogado y con nuevos documentos bajo el brazo.

La reunión fue a puertas cerradas, sin micrófonos ni registros públicos. Duró poco más de dos horas. Según la versión de un integrante de la comisión, fue “anodina”: Arrieta ratificó cada una de sus denuncias, pero enfrentó una respuesta quirúrgica de los representantes del PRO, que se valieron de los descargos escritos de Neiffert para contrarrestar sus dichos. Desde el entorno de la diputada, sin embargo, afirman que el material presentado fue contundente.

Pero más allá del efecto inmediato, el paso de Arrieta por el Senado dejó en evidencia algo más profundo: en el interior de la SIDE se libra una guerra soterrada entre sectores que se disputan el control del organismo, el manejo de los fondos reservados y la legitimidad política que los respalda. Su denuncia fue, en los hechos, la primera filtración pública de ese conflicto.

Varios espías lo admiten en off: la diputada mendocina actuó como válvula de escape de un sistema que funciona bajo presión. Expulsada de La Libertad Avanza a mediados de 2024, tras el escándalo por su visita a represores detenidos en Ezeiza, pero aún con acceso a información sensible, Arrieta parece haberse convertido en portavoz de una interna feroz que enfrenta a los recién llegados —referenciados en Santiago Caputo— con los resabios del stiusismo, operadores históricos de gobiernos anteriores y técnicos que intentan conservar su lugar en el esquema. Neiffert, como jefe formal de la SIDE, busca contener la crisis, pero hay dudas crecientes sobre su capacidad de mando real.

La guerra secreta

Detrás de la denuncia de Arrieta hay algo más profundo que una disputa puntual. Hay una fractura estructural que atraviesa a la SIDE desde su reconfiguración bajo el mando de Javier Milei. El decreto 614, firmado en julio de 2024, no solo rebautizó la exAFI como la tradición lo indicaba: Secretaría de Inteligencia del Estado. También partió el organismo en cuatro áreas diferenciadas: el Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), la Agencia de Seguridad Nacional (ASN), la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC) y la Dirección de Asuntos Internos. Con esa división, Santiago Caputo intentó concentrar el poder político en la figura de Neiffert, un viejo conocido de su padre, y delegar la administración operativa en cuadros de confianza.

Pero no todo salió como se esperaba. Lo que se diseñó como una estructura eficiente rápidamente derivó en una guerra fría entre alfiles con autonomía relativa y terminales propias. De un lado están los “caputistas”, funcionarios que responden al asesor todopoderoso del Presidente. Son los que llegaron con la ola libertaria y que controlan, entre otras áreas, la ASN. Allí destacan nombres como el de Ignacio “Nacho” Jiménez, número dos del excomisario Alejandro Cecati en esa agencia, con presencia operativa en la Triple Frontera.

Del otro lado, los “stiusistas”: cuadros históricos, técnicos y reciclados del kirchnerismo que supieron operar con el exdirector de Contrainteligencia de la SIDE, Antonio “Jaime” Stiuso, o bajo su influencia, y que todavía sobreviven en algunos sectores. En el medio, una tercera fuerza: los “orgánicos”, operadores con años de trayectoria en inteligencia que no responden a ningún bando en particular, pero ven con preocupación cómo la SIDE se convirtió en campo de disputa entre modelos de poder.

El conflicto se desató cuando los sectores caputistas comenzaron a avanzar con una agenda propia, paralela a los canales diplomáticos formales. La contratación de Tactic Global LLC, una firma radicada en Florida que desde abril actúa como enlace no oficial del gobierno argentino en Washington, fue un punto de quiebre. Se supo que esa empresa, dirigida por el operador Leonardo Scatturice, fue contratada por la SIDE sin licitación ni decreto público. Cobra 10 mil dólares mensuales por representar al país ante actores del poder norteamericano, en tareas que normalmente le corresponderían a la Cancillería.

Según la denuncia hecha por Arrieta, detrás de ese contrato hay una estructura de lobby informal con terminales en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) y en los equipos de campaña de Donald Trump. A ese entramado pertenecerían también los hermanos Caputo —Santiago y Francisco, hombre clave en la Fundación Faro—, el ex PRO Manuel Vidal y la mujer que fue noticia en los últimos meses por haber llegado a la Argentina en un vuelo privado con valijas sin declarar: Laura Belén Arrieta, figura clave de la CPAC Argentina.

Ese episodio, el del avión Bombardier matrícula N18RU que aterrizó el pasado 26 de febrero en Aeroparque con diez valijas de las cuales solo cinco fueron declaradas, terminó de encender las alarmas. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) inició una causa de oficio, pidió los registros del hangar y los videos del desembarco. La publicación de las imágenes por parte del canal TN confirmó que las valijas no pasaron por controles de Aduana, pese a que el Gobierno lo había negado. En paralelo, la diputada incluyó el caso en su presentación ante la Bicameral, como muestra de cómo el oficialismo habría montado una “logística paralela” para mover recursos, operadores y mensajes fuera del radar institucional.

Enemistad histórica

El rol de Scatturice en esta trama también expone una tensión no resuelta en los subsuelos del espionaje argentino. A principios de siglo, el empresario fue señalado por sus vínculos con el mundo de la inteligencia, aunque sus voceros insisten en que jamás fue formalmente un espía. La primera vez que su nombre apareció en los medios fue durante los últimos años del gobierno de Cristina Kirchner, cuando su consultora, C3 Consultings, quedó involucrada en una investigación por presunto espionaje. Su teléfono fue intervenido en el marco de la feroz interna entre Stiuso y Fernando Pocino, jefe de Reunión Interior.

Scatturice mantenía una relación cercana con los agentes alineados con Pocino, lo que lo convirtió en blanco de sus adversarios. El escándalo dejó expuesta una red de vínculos entre espías y empresarios dedicados a la inteligencia comercial. En las escuchas judiciales no solo surgieron nombres como el exjefe del Ejército, César Milani, y operadores de Comodoro Py, sino también conversaciones privadas de Scatturice con algún que otro dueño de medios. Todo ese universo quedó encapsulado en una causa judicial aún abierta, conocida como “Dark Star”, impulsada por Stiuso bajo la denuncia de un presunto espionaje británico.

Aquel episodio marcó un punto de inflexión en la vida de Scatturice. Primero se radicó en Panamá y luego en Estados Unidos, donde contrajo matrimonio con la norteamericana Diana Marquardt y desde entonces busca obtener la green card. Desde el exterior, sin embargo, nunca cortó sus vínculos: amplió su red de negocios, afianzó su influencia en círculos de poder y mantuvo interlocución con exagentes, consultoras y operadores locales que, según diversas fuentes, todavía hoy lo consideran un actor relevante en las sombras.

Hoy, más de una década después de aquella denuncia realizada en 2014, algunas figuras ligadas al stiusismo habrían mutado de bando: en la central afirman que varios cuadros con pasado en la vieja escuela responderían, de forma directa o por vasos comunicantes, a los intereses de Scatturice. La reconciliación entre antiguos enemigos no sería total, pero el pragmatismo —y sobre todo, ciertos negocios en común— habría limado viejas asperezas. Del otro lado, los leales a Stiuso aún ven con recelo esta posible fusión.

Motivaciones

Es en ese contexto donde muchos ubican el germen de la denuncia presentada por Arrieta: no como un intento de saneamiento institucional, sino como un misil lanzado desde adentro del sistema, destinado a forzar una intervención externa que desmonte una red donde los bordes entre lo público y lo privado, lo legal y lo clandestino, se desdibujan cada vez más.

Es que la diputada no es una outsider. Tampoco es una aliada clásica del kirchnerismo ni del radicalismo, los dos espacios que suelen motorizar los controles sobre los organismos de inteligencia. Su salida de La Libertad Avanza tuvo más que ver con una interna de poder que con convicciones. Hace un mes, oficializó su pertenencia a Transformación, el espacio que lidera Eugenio Casielles, un dirigente con línea directa con el exjefe de la SIDE Miguel Ángel Toma.

Alrededor suyo también orbitan algunas otras figuras de peso. Una de ellas es su colega diputada Marcela Pagano, hoy enemistada con el núcleo duro del mileísmo, pese a seguir formando parte del bloque de La Libertad Avanza. Su pareja es el abogado y empresario de medios Franco Bindi, con vínculos en Comodoro Py y una historia cruzada con los servicios de inteligencia y el aparato mediático kirchnerista.

Desde su lugar, Arrieta juega un partido doble: formalmente se muestra como una diputada preocupada por el control parlamentario de los fondos reservados, pero su ofensiva también podría estar alimentada por sectores de la vieja guardia desplazada. En su entorno, sin embargo, niegan cualquier especulación. Aseguran que la diputada está actuando en solitario, con asesoramiento legal propio y con el respaldo necesario de documentación.

La intervención de Arrieta alteró la quietud habitual de la Bicameral de Inteligencia, una comisión que existe por mandato legal pero que rara vez incomoda al poder real de los servicios. Compuesta por catorce legisladores y con funciones limitadas, suele moverse con cautela entre informes reservados y sesiones selladas. En ese clima, su aparición en el Senado fue leída como un gesto inusual. Para algunos fue un acto valiente; para otros, una jugada impulsada por intereses ocultos. Lo cierto es que el sistema parece sacudirse. Y nadie puede asegurar si es apenas un chispazo o el inicio de algo más.

PL/MG

Este martes, la diputada nacional Lourdes Arrieta comparecerá por primera vez de forma presencial ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos de Inteligencia para ampliar y detallar la denuncia que presentó por escrito hace dos semanas. Será en el Congreso, pero la escena estará atravesada por el mismo clima de opacidad que marcó la reunión anterior: aquella sesión inusual que se celebró dentro del propio edificio de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), donde Sergio Neiffert defendió el nuevo Plan de Inteligencia Nacional (PIN) sin despejar los temores sobre tareas de seguimiento interno a actores sociales.

Exintegrante de La Libertad Avanza, hoy parte del monobloque Transformación, Arrieta acusa al propio Neiffert, a su hijo Lautaro y al empresario Leonardo Scatturice de formar parte de una estructura paralela de poder financiada con fondos reservados, que tendría al asesor presidencial Santiago Caputo en el centro. En su presentación inicial, la diputada pidió investigar contrataciones, vuelos privados, vínculos diplomáticos informales y circuitos de negocios que, asegura, se mueven por fuera del control parlamentario.

Arrieta comparecerá junto a su abogado y promete entregar documentación adicional. En su entorno creen que el caso crecerá y podría derivar en un dictamen y eventualmente en una causa penal. Todo dependerá de cómo se muevan las piezas del oficialismo en el Congreso y en Comodoro Py. En paralelo, ya hay contactos entre legisladores peronistas, kirchneristas e incluso algunos radicales que ven con preocupación la opacidad del vínculo entre inteligencia y política exterior.

Es que uno de los ejes centrales de la denuncia de Arrieta es la contratación directa de la firma estadounidense Tactic Global LLC —dirigida por Scatturice y registrada en el estado de Florida— como “enlace estratégico” entre el Gobierno argentino y sus contrapartes en Washington. La empresa, inscripta en el sistema FARA del Departamento de Justicia, cobra 10.000 dólares mensuales por tareas diplomáticas que, en otras circunstancias, estarían a cargo de la Cancillería o de la embajada. El contrato fue firmado por la SIDE en abril, sin licitación ni difusión oficial.

La diputada solicitó identificar qué partida presupuestaria financia ese gasto y denunció que Tactic forma parte de una estructura más amplia, en la que también aparece CPAC Argentina, la usina libertaria local con terminales en el trumpismo que tuvo su evento en diciembre del año pasado en el Hotel Hilton. Según Arrieta, ambas entidades funcionarían como pantallas legales para canalizar gestiones diplomáticas, aportes financieros y campañas políticas sin pasar por las instituciones formales del Estado.

Con sede en Florida, Tactic Global se convirtió, en los hechos, en un enclave de poder del oficialismo en el exterior. Fue allí donde Scatturice recibió, en enero, a Santiago Caputo, a su hermano Francisco —integrante de la Fundación Faro, órgano “académico” y recaudatorio de La Libertad Avanza— y al dirigente de origen PRO Manuel Vidal, con escala final en la asunción de Donald Trump. La escena se repitió luego con otros postulantes a cargos en inteligencia, que viajaron a Miami a entrevistarse con el empresario. Scatturice no puede salir de Estados Unidos por problemas migratorios: quien quiera verlo, debe ir hasta allá. “El contrato refleja una anomalía: la inteligencia argentina ha contratado una firma extranjera para realizar gestiones políticas ante el gobierno norteamericano”, señaló Arrieta en su escrito, que exige investigar “la trazabilidad” del dinero.

Una línea de trabajo que la diputada ampliará este martes es la de las empresas satélite: menciona firmas radicadas en Paraná y en Florida como parte de una red vinculada a Scatturice, que a su vez es el nuevo dueño de la aerolínea Flybondi, a través del fondo COC Global Enterprise. Según la legisladora, la operación no sólo responde a una estrategia empresarial sino a una lógica de “logística paralela” del oficialismo.

En el Congreso ya se hablaba del avión N18RU, presuntamente propiedad de Scatturice, que habría traído valijas sin control aduanero desde Estados Unidos, y permaneció una semana en Aeroparque antes de partir a París. En las últimas horas, nuevas revelaciones fortalecieron esta línea de investigación. El canal TN publicó imágenes del ingreso a suelo argentino de una decena de valijas pertenecientes a Laura Belén Arrieta, la mujer que arribó en ese vuelo y que está ligada a la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), la organización derechista con terminales en el oficialismo.

Las imágenes muestran cómo el equipaje fue desembarcado sin pasar por controles aduaneros, contradiciendo la versión oficial que aseguraba que las valijas no habían ingresado al país. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), especializada en casos de corrupción, ya había iniciado una causa de oficio y solicitó a la PSA, a Migraciones, a la Dirección de Aduanas y a la ANAC los registros de pasajeros, cámaras de seguridad del hangar, y movimientos del avión entre el 26 de febrero y el 5 de marzo. Según trascendió, el vuelo declaró solo cinco valijas, pese a que transportaba al menos diez. Para Arrieta, este episodio es una muestra más de la existencia de una estructura paralela que combina privilegios logísticos, blindaje institucional y negocios opacos.

Altas conexiones

La oposición quiere saber desde cuándo Scatturice trabaja para el Estado y cómo se conecta con el asesor presidencial Santiago Caputo, figura central en el ecosistema libertario. También por qué el nombre de Lautaro Neiffert —hijo del “Señor 5” y accionista de la firma SEGUR&PROTECCIÓN SRL— aparece en registros de ingreso a Casa Rosada, autorizado al menos en una oportunidad a ingresar al sector de “Asesores SP”.

Otro de los señalados en la denuncia es Ignacio “Nacho” Jiménez, número dos de la Agencia de Seguridad Nacional (ASN), una de las cuatro áreas en que fue reestructurada la SIDE. Arrieta lo acusa de haber organizado una reunión con el comisario paraguayo Nimio Cardozo en el restaurante Il Ombú —del que Jiménez es propietario—, ubicado en Parque Patricios. Según su presentación, ese lugar funcionaría como una suerte de base operativa paralela, sin control ni supervisión oficial.

Según pudo saber elDiarioAR, Jiménez fue designado hace poco más de un mes como jefe de la delegación de inteligencia en la triple frontera, tras ganar una pulseada interna con otro grupo del organismo. Su gestión en la zona de Iguazú, en Misiones, no es menor. Allí confluyen intereses de agencias extranjeras como la CIA, el Mossad y la Policía Federal brasileña, y su rol como articulador informal genera inquietud dentro y fuera del Congreso. En el mundo del espionaje se vincula a Jiménez con el exdirector de Operaciones Antonio “Jaime” Stiuso, a través del abogado Lucas Nejamkis, actual secretario privado del hombre fuerte del espionake en tiempos del kirchnerismo.

La denuncia de Arrieta también alude al exsenador Edgardo Kueider, detenido en Asunción con 200 mil dólares no declarados al cruzar desde Brasil. La diputada sugirió que los fondos podrían estar relacionados con operaciones de la SIDE y mencionó una posible conexión con inversiones inmobiliarias. “Hay demasiadas coincidencias”, dijo en una entrevista con ABC Paraguay. Desde el país vecino, la reacción fue inmediata. El ministro del Interior, Enrique Riera, reconoció los contactos entre Cardozo y la inteligencia argentina, aunque negó que haya habido un cobro de dinero. Para Arrieta, sin embargo, las declaraciones del funcionario exponen una “vulnerabilidad del sistema de inteligencia argentino”.

Por ahora, Arrieta —que dejó La Libertad Avanza en septiembre pasado, tras una fuerte disputa con Martín Menem y denuncias por haber visitado a genocidas en Ezeiza— avanza sola. Pero este martes no lo estará del todo: por primera vez se presentará en persona ante la Bicameral, con las cámaras apagadas y los micrófonos vedados, para exponer en detalle lo que hasta ahora había planteado sólo por escrito.

La comisión, que hoy preside el senador radical Martín Lousteau, está compuesta por catorce legisladores: siete diputados y siete senadores de distintos bloques. Fue creada por la Ley Nacional de Inteligencia (Nº 25.520) y, según su artículo 32, tiene amplias facultades para controlar e investigar de oficio el funcionamiento de los organismos del Sistema Nacional de Inteligencia. Entre sus atribuciones está la fiscalización del uso de los gastos reservados, la evaluación de las actividades que puedan vulnerar derechos constitucionales y el seguimiento de documentos clave como el PIN. Sin embargo, la práctica demuestra que rara vez sus investigaciones trascienden.

Aunque la Bicameral tiene atribuciones amplias, los antecedentes muestran que pocas veces logra traducir sus intervenciones en consecuencias concretas. Un ejemplo reciente fue el caso de Diego Kravetz, designado como jefe de Operaciones de la SIDE, a quien la comisión citó en enero tras la filtración de un video en el que aparecía golpeando a un joven detenido. Las denuncias acumuladas por su pasado como funcionario de Seguridad derivaron en un sumario parlamentario, pero el expediente nunca prosperó. Finalmente, Kravetz fue confirmado como número dos del organismo con más atribuciones que antes: quedó a cargo de todas las áreas operativas de la SIDE, a excepción de Asuntos Internos. “Están emulando la AFI de Stiuso”, advirtió entonces un dirigente opositor, sin que sus advertencias modificaran el curso de los hechos.

PL/JJD

La escena fue tan inusual como reveladora. El martes de la semana pasada, la Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso sesionó dentro del edificio oficial de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), sobre la calle 25 de Mayo 11. Diputados y senadores ingresaron al corazón del organismo más opaco del Estado para escuchar a su titular Sergio Neiffert dar explicaciones acerca del nuevo Plan de Inteligencia Nacional (PIN), el documento reservado que rige los objetivos, métodos y prioridades del espionaje argentino. Su filtración había generado polémica en la opinión pública: el texto autoriza a la SIDE a vigilar a actores sociales que puedan “erosionar la confianza en los funcionarios públicos”, una forma discreta pero eficaz de legitimar tareas de seguimiento interno.

Sin embargo, lo que Neiffert no dijo en su oficina lo expuso afuera un personaje insospechado: la diputada mendocina Lourdes Arrieta, exintegrante de La Libertad Avanza. Pocos días antes, el 18 de junio, había presentado un escrito ante la Bicameral en el que solicitaba investigar al propio jefe de los espías, a su hijo Lautaro y al empresario Leonardo Scatturice, por presunto tráfico de influencias, negociaciones incompatibles, uso indebido de fondos reservados y vínculos oscuros con operadores paraguayos y lobbistas internacionales. También exigía que sean convocados a declarar.

La presentación pone bajo la lupa los movimientos de Lautaro Neiffert, de 25 años, accionista de la firma de seguridad SEGUR&PROTECCIÓN S.R.L.. Según registros oficiales, el hijo del “Señor 5” ingresó al menos seis veces a la Casa Rosada entre junio y agosto de 2024, en ocasiones acompañado por su padre, y otras autorizado por el asesor presidencial Santiago Caputo. El 4 de junio fue su primera entrada, al sector “Asesores SP”; el 6 de agosto, su último ingreso registrado, figura acompañado por una mujer identificada como “Sra. Jenifer”, sin documento, al área “Pre-Privada SP”.

La trama incluye una empresa estadounidense: Tactic Global LLC, registrada en el estado de Florida y dirigida por Scatturice. Según consta en el sistema FARA del Departamento de Justicia de Estados Unidos, la compañía fue contratada por la SIDE para actuar como “enlace estratégico” entre el gobierno de Javier Milei y sus contrapartes en Washington, a razón de 10.000 dólares mensuales. El contrato, firmado en abril de este año, no pasó por licitación ni fue difundido oficialmente. La diputada Arrieta pidió identificar qué partida del presupuesto de inteligencia financia ese gasto.

Consultado en su última conferencia de prensa sobre el tema, el vocero presidencial Manuel Adorni respondió sobre el vínculo entre el Gobierno y Scatturice. El periodista de MDZ Online, Nicolás Palermo, le preguntó por qué una tarea diplomática entre la Argentina y Estados Unidos fue delegada a una empresa privada como Tactic Global, con base en Miami, y no a través de la Embajada. También quiso saber por qué la contratación fue canalizada por la SIDE. Adorni replicó que “todo lo vinculado es materia de seguridad nacional” y sostuvo que “no hay ninguna irregularidad ni motivo para sospechas”. Y cerró con ironía: “Algunas respuestas podés encontrarlas en Google”.

La figura de Scatturice es cada vez más resonante. Empresario argentino radicado en Miami, con pasado en el mundo de inteligencia y conexiones con el trumpismo, su fondo de inversión, COC Global Enterprise, acaba de tomar el control accionario de la aerolínea Flybondi. Para algunos funcionarios, la operación combina capitalización empresarial, red de rutas y logística paralela para el oficialismo.

Su nombre ya había circulado en diciembre de 2024, durante el desembarco de CPAC Argentina en Buenos Aires, cuando fue mencionado por la CEO local, Soledad Cedro. Un mes más tarde, recibió en Florida a Santiago Caputo, a su hermano Francisco (responsable de la Fundación Faro) y al dirigente con pasado PRO Manuel Vidal, en una gira cuyo destino final era la asunción de Donald Trump.

Pero la polémica terminó de estallar en marzo, cuando el diario La Nación señaló a Scatturice como el propietario del jet N18RU que trajo a Aeroparque a Laura Belén Arrieta —exazafata devenida ejecutiva— con valijas que no habrían pasado por controles aduaneros. La aeronave permaneció sospechosamente una semana en Buenos Aires antes de partir rumbo a París.

Un dato no menor en toda esta historia: el empresario con pasado y presente en la SIDE no puede salir de los Estados Unidos por problemas migratorios. Por eso, según pudo saber elDiarioAR, cualquiera que quiera reunirse con él debe volar a Miami. Incluso algunos postulantes a cargos en el organismo de inteligencia están obligados a emprender ese viaje, siempre con el riesgo de finalmente no quedar seleccionados. Lo que se dice toda una apuesta.

Polémica paraguaya

La denuncia de Arrieta sorprende por su nivel de detalle. La diputada no integra la Bicameral de Inteligencia ni había mostrado antes interés público por el funcionamiento de los servicios secretos. ¿Por qué ahora, entonces, y con tanta información? ¿Tendrá algo que ver su flamante incorporación al espacio Transformación, liderado por el legislador porteño Eugenio Casielles, de estrecho vínculo con el exjefe de la SIDE Miguel Ángel Toma y conocido por haber sido uno de los miembros fundadores de La Libertad Avanza?

La mención más sugestiva de toda la trama delineada por la diputada es la que hace refencia al espía Ignacio “Nacho” Jiménez. Arrieta afirma que fue él quien organizó una reunión con un comisario paraguayo de nombre Nimio Cardozo en el restaurante Il Ombú —una trattoria italiana ubicada en el barrio porteño de Parque Patricios, de la que Jiménez es dueño— fuera de cualquier canal diplomático formal. Según las declaraciones de la legisladora, el restaurante funcionaría como una suerte de “base operativa paralela” de “la Casa”, como se conoce al organismo en la jerga del espionaje.

“La SIDE es una estructura civil. No hay razón para que interactúe directamente con policías. Y si lo hace, queremos saber por qué”, cuestionó Arrieta en una entrevista con ABC Paraguay, en referencia al cónclave entre Cardozo y Jiménez, actual número dos en la Agencia Nacional de Seguridad, área de la SIDE dedicada a las operaciones interiores y dirigida por el excomisario Alejandro Cecati. Hijo del otrora vicepresidente de Racing, Miguel Jiménez, el nombre de “Nacho” figura entre los operadores que mantienen línea directa con Santiago Caputo y que, según distintas fuentes, conforman una red informal de poder que se mueve por fuera de los organigramas oficiales.

En su presentación ante la Bicameral, Arrieta pidió que el Congreso tome cartas en el asunto y solicitó a la Comisión que además verifique los viajes al exterior del titular de la SIDE, así como los movimientos del propio Jiménez, a quien señala abiertamente como el nexo con la Policía paraguaya y con otros actores del circuito político y diplomático no formal.

Una de las hipótesis que planteó la diputada es que esa estructura de inteligencia podría estar vinculada al exsenador Edgardo Kueider, hoy preso en Asunción tras ser detenido con 200 mil dólares no declarados al cruzar desde Brasil. “Nos preguntamos si este dinero [por los fondos reservados] va a parar a Paraguay, si está ligado a inversiones inmobiliarias, y qué papel juega la SIDE en todo esto. Hay demasiadas coincidencias”, deslizó Arrieta, que niega que su presentación esté vinculada a algún tipo de interna política. “Yo ya no soy de La Libertad Avanza”, repite, a modo de escudo.

La respuesta paraguaya a sus declaraciones no tardó en llegar. El ministro del Interior del país vecino, Enrique Riera, reconoció públicamente la comunicación entre Cardozo y autoridades argentinas, aunque defendió al comisario. Lo hizo luego de asegurar haber recibido una llamada del propio Neiffert, en un intento de bajarle el tono al conflicto por parte del jefe de la SIDE. Cardozo, por su parte, también se hizo eco del asunto y negó haber cobrado dinero, pero admitió los nexos. “Nunca nos transfirieron fondos. Trabajamos con Argentina porque compartimos investigaciones”, dijo el comisario a medios locales, revelación que Arrieta calificó de “preocupante” al afirmar que deja expuesta una “vulnerabilidad en el sistema de inteligencia argentino”.

Pero Jiménez no es ningún improvisado. Según pudo confirmar elDiarioAR de fuentes del organismo, se trata del funcionario que está al frente de los movimientos operativos de la SIDE en la zona de la triple frontera, en Misiones, una de las regiones más sensibles desde el punto de vista de la seguridad regional y el monitoreo internacional. Quedó a cargo de esa delegación hace poco más de un mes, luego de imponerse en una interna y sacar del juego a otro grupo.

Lejos de las formalidades, su rol trasciende el mero protocolo: “Nacho” es considerado uno de los principales articuladores entre el nuevo esquema comandado por Caputo y actores históricos del submundo de los espías. Es que no faltan quienes lo vinculan con el ex Director de Operaciones Antonio “Jaime” Stiuso, a través del abogado Lucas Nejamkis, secretario privado del hombre fuerte de la Secretaría de Inteligencia (SI) durante el kirchnerismo. En ese entramado de relaciones también aparece el ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff, cuya esposa figura como socia de Jiménez en otro de sus emprendimientos gastronómicos, un circuito donde conviven el fervor culinario y la afinidad por la información clasificada.

Mientras tanto, todo parece irse volviendo cada vez más evidente. En los márgenes del organigrama estatal, algo asoma: es una estructura paralela de favores, contratos reservados y operadores que —como Scatturice y Jiménez— orbitan alrededor del círculo íntimo del poder libertario. La denuncia de Arrieta, más allá de sus motivaciones reales, deja expuesta una trama que combina el secreto y los negocios internacionales con nombres que hasta hace poco se movían en las sombras. Si la Bicameral decide avanzar, no será la primera vez que los integrantes de ese sottogoverno se vean empujados a tener que dar explicaciones. Aunque en la práctica nunca suceda.

PL/JJD

El presidente del bloque Democracia para Siempre, Pablo Juliano, presentó un proyecto de resolución para que comparezca en la Cámara de Diputados el titular de la Secretaria de Inteligencia del Estado, Sergio Neiffert.

Apelando al artículo 71 de la Constitución Nacional que le da la potestad a diputados y senadores de citar a ministros y funcionarios con rango ministerial (como es el caso de Neiffert) al cuerpo, Juliano convocó al jefe de los espías haciéndose eco de una nota periodística del periodista Hugo Alconada Mon, publicada por el diario La Nación, que da cuenta de que en el Plan de Inteligencia Nacional (PIN) se abre la puerta a usar el sistema de inteligencia estatal en contra de periodistas, líderes de opinión, opositores y voces críticas al gobierno nacional. 

“Hoy se presentó el proyecto para que comparezca el titular de la SIDE ante la Cámara de Diputados y explique el PIN (Plan de Inteligencia Nacional) dado que el periodista Alconada Mon accedió a un documento de 170 páginas en donde se darían casos de espionaje interno a periodistas, políticos, ciudadanos y partidos políticos que se opusieran a Milei y a su gobierno”, explicó Juliano. 

“Más allá de que al PIN sólo tienen acceso el Presidente, el titular de la SIDE y la Comisión Bicameral de Inteligencia, aquí no pretendemos vulnerar la ley, sino buscar llevar tranquilidad a la población de que no existe un avance autoritario en el país y no están en el mismo periodistas, opositores, economistas o partidos políticos, como lo confirmó el periodista Hugo Alconada Mon, quien asegura tener dos fuentes contrastadas, lo que hace que cumpla con las normas del periodismo independiente, clave para tener una democracia sólida”, dice el proyecto en sus fundamentos.

Previamente se supo que la Bicameral de Inteligencia, que preside Martín Lousteau, se reunirá la semana que viene para analizar el plan del Gobierno, y no destaca, también, convocar a Neiffert a dar explicaciones. 

La difusión del plan secreto que, según publicó La Nación, habilita a realizar inteligencia y recolectar información sobre “actores estratégicos” que, por ejemplo, generen “pérdida de confianza” sobre las políticas económicas de Javier Milei, hizo disparar las alarmas de la oposición, que alertan sobre la posibilidad de que el Gobierno utilice la SIDE para realizar espionaje interno. 

La Bicameral de Inteligencia, que se encarga de supervisar los organismos de inteligencia, está al tanto de los lineamientos estratégicos de la SIDE desde noviembre del año pasado. Fue el propio Neiffert quien, en una reunión secreta en la sede oficial de la Secretaría, ubicada en frente a Casa Rosada, les detalló a los senadores y diputados que integran la comisión cuál era el Plan de Inteligencia Nacional del gobierno de Milei. 

Reunidos en el edificio ubicado en la calle 25 de mayo, Neiffert dio cuenta de las prioridades del Gobierno en prevención del terrorismo y lucha contra el crimen organizado, asi como los objetivos generales estratégicos de inteligencia y las acciones operativas para llevarlos a cabo. Según pudo constatar elDiarioAR, fue allí que los legisladores comenzaron a elevar las primeras objeciones, de manera informal, respecto a cómo las ambigüedades e imprecisiones del plan podrían derivar en casos de espionaje interno, algo que va en contra de la Ley de Inteligencia.

El Plan de Inteligencia admitía, por ejemplo, “producir información” sobre “actores estratégicos” que pretendieran “erosionar el sistema financiero” o generar una “pérdida de confianza” en las políticas económicas del Presidente. También habilitaba recabar información sobre “actores estratégicos” que difundan información falsa de manera deliberada con el objetivo de “influir o manipular” la opinión pública.

El problema principal es que el documento, al que elDiarioAR pudo acceder indirectamente a través de terceros, no precisa nunca a qué se refiere cuando menciona “actores estratégicos”. 

El Plan de Inteligencia, a su vez, admite recolectar inteligencia sobre “actores, hechos o circunstancias que condicionen, impidan o limiten el relacionamiento estratégico con Estados Unidos”. Admite lo mismo para las relaciones estratégicas con Israel. La ambigüedad es tal que, a propósito o no, el Plan de Inteligencia de Milei abre la puerta al ejercicio de espionaje político. 

Desde su conformación el año pasado, la Bicameral de Inteligencia comisión apenas sí se ha reunido en un par de ocasiones. Hubo un encuentro, hace dos meses, para citar a Patricia Bullrich para que brinde explicaciones sobre el operativo de seguridad en la marcha de los jubilados que terminó con el fotógrafo Pablo Grillo internado por un cartuchazo de gas lacrimógeno que le rompió el cráneo. En ese mismo encuentro, el kirchnerismo y Lousteau –cuya alianza les permitió hacerse con el control de la Bicameral– acordaron citar también a Neiffert. Pero nunca se llevó a cabo. 

La revelación de Alconada Mon en La Nación el fin de semana, sin embargo, sirvió como excusa para que el ala opositora más dura de la Bicameral presione para volver a convocar a una reunión. Si bien el Gobierno salió a desmentir la nota, los legisladores que integran la comisión consultados por este medio confirman que el Plan de Inteligencia es lo suficientemente ambiguo como para abrirle la puerta al espionaje político. Lousteau, incluso, se solidarizó, en tanto presidente de la UCR, con el periodista por las agresiones y los hackeos.

El próximo paso, ahora, será citar a la Bicameral de Inteligencia la semana próxima. 

CRM

La filtración del Plan de Inteligencia Nacional elaborado por la SIDE llegó al Congreso. La difusión del plan secreto que, según publicó el diario La Nación, habilita a realizar inteligencia y recolectar información sobre “actores estratégicos” que, por ejemplo, generen “pérdida de confianza” sobre las políticas económicas de Javier Milei, hizo disparar las alarmas de la oposición, que alertan sobre la posibilidad de que el Gobierno utilice la SIDE para realizar espionaje interno. La Bicameral de Inteligencia, que preside Martín Lousteau, se reunirá la semana que viene para analizar el plan del Gobierno, y no destaca convocar al jefe de los espías, Sergio Neiffert, a dar explicaciones. 

La Bicameral de Inteligencia, que se encarga de supervisar los organismos de inteligencia, está al tanto de los lineamientos estratégicos de la SIDE desde noviembre del año pasado. Fue el propio Neiffert quien, en una reunión secreta en la sede oficial de la Secretaría, ubicada en frente a Casa Rosada, les detalló a los senadores y diputados que integran la comisión cuál era el Plan de Inteligencia Nacional del gobierno de Milei. 

Reunidos en el edificio ubicado en la calle 25 de mayo, Neiffert dio cuenta de las prioridades del Gobierno en prevención del terrorismo y lucha contra el crimen organizado, asi como los objetivos generales estratégicos de inteligencia y las acciones operativas para llevarlos a cabo. Según pudo constatar elDiarioAR, fue allí que los legisladores comenzaron a elevar las primeras objeciones, de manera informal, respecto a cómo las ambigüedades e imprecisiones del plan podrían derivar en casos de espionaje interno, algo que va en contra de la Ley de Inteligencia.

El Plan de Inteligencia admitía, por ejemplo, “producir información” sobre “actores estratégicos” que pretendieran “erosionar el sistema financiero” o generar una “pérdida de confianza” en las políticas económicas del Presidente. También habilitaba recabar información sobre “actores estratégicos” que difundan información falsa de manera deliberada con el objetivo de “influir o manipular” la opinión pública.

El problema principal es que el documento, al que elDiarioAR pudo acceder indirectamente a través de terceros, no precisa nunca a qué se refiere cuando menciona “actores estratégicos”. ¿Se refiere a organismos de inteligencia extranjeros o a cualquier opositor que critique en X las medidas económicas del Gobierno? ¿Se refiere a organizaciones terroristas que sembraban pánico a través de la difusión de fake news o a notas periodísticas que no coinciden con la línea oficial del Ejecutivo?

El Plan de Inteligencia, a su vez, admite recolectar inteligencia sobre “actores, hechos o circunstancias que condicionen, impidan o limiten el relacionamiento estratégico con Estados Unidos”. Admite lo mismo para las relaciones estratégicas con Israel. ¿Significa eso que una movilización en contra de cualquiera de los dos países pueda ser objeto de espionaje interno? La ambigüedad es tal que, a propósito o no, el Plan de Inteligencia de Milei abre la puerta al ejercicio de espionaje político. 

“La Ley de Inteligencia prohíbe producir información sobre la base de ideas políticas, sociales o religiosas. Y el Plan de Inteligencia, según lo que pudimos conocer, tiene como hipótesis de conflicto todas cuestiones asociadas al debate público o a la disidencia política”, explica Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS, y advierte: “El riesgo es que el Plan actúa en base a unas directivas que luego son aplicadas en términos operativos por la SIDE que, después, podrán justificarse por los lineamientos del Plan. Se le suma, además, que históricamente el sistema de inteligencia argentino, y la SIDE en particular, se ha utilizado para la persecución política”.

Palabras más, palabras menos, estas fueron algunas de las objeciones que los legisladores de la oposición le plantearon a Neiffert cuando dio a conocer el Plan de Inteligencia hace unos meses. Desde entonces, la Bicameral que preside Lousteau amagó con citar al “Señor 5”, que es como se conoce al jefe de la SIDE, para que brindara explicaciones sobre cómo fueron las intervenciones operativas del Plan, pero nunca se avanzó.

Desde su conformación el año pasado, la comisión apenas sí se ha reunido en un par de ocasiones. Hubo un encuentro, hace dos meses, para citar a Patricia Bullrich para que brinde explicaciones sobre el operativo de Seguridad en la marcha de los jubilados que terminó con el fotógrafo Pablo Grillo internado por un cartuchazo de gas lacrimógeno que le rompió el cráneo. En ese mismo encuentro, el kirchnerismo y Lousteau –cuya alianza les permitió hacerse con el control de la Bicameral– acordaron citar también a Neiffert. Pero nunca se llevó a cabo. 

La revelación de Hugo Alconada Mon en La Nación el fin de semana, sin embargo, sirvió como excusa para que el ala opositora más dura de la Bicameral presione para volver a convocar a una reunión. Si bien el Gobierno salió a desmentir la nota, los legisladores que integran la comisión consultados por este medio confirman que el Plan de Inteligencia es lo suficientemente ambiguo como para abrirle la puerta al espionaje político. Lousteau, incluso, se solidarizó, en tanto presidente de la UCR, con el periodista por las agresiones y los hackeos.

El próximos paso, ahora, será citar a la Bicameral de Inteligencia la semana próxima. Y un sector del kirchnerismo se entusiasma con poder llevar, finalmente, a algún funcionario del gobierno libertario a dar explicaciones.

MC/MG

Fue una decisión tomada por unanimidad. O casi, porque Cristian Ritondo y los dos libertarios que integran la Bicameral de Inteligencia después se arrepintieron y salieron a querer diferenciarse del kirchnerismo y de Martín Lousteau. Pero en una decisión consensuada y mayoritaria, la Bicameral que se encarga de controlar a los organismos de inteligencia definió citar a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para que dé explicaciones sobre el operativo de Seguridad que terminó, durante la marcha en defensa de los jubilados, con el fotógrafo Pablo Grillo con un disparo de gas lacrimógeno en la cabeza.

La Bicameral de Inteligencia -que es una comisión integrada por diputados y senadores que tiene la potestad de hacer un seguimiento sobre el accionar de la SIDE y sus integrantes- se reunió, en secreto, durante más de dos horas. Hace varios días que Martín Lousteau, en tanto presidente de la Bicameral, venía recibiendo denuncias de organismos –como el CELS y la Comisión Provincial de la Memoria— respecto a la presencia de infiltrados en las marchas contra el Gobierno. Especialmente en la última marcha en defensa de los jubilados. Por lo que el senador radical tomó la decisión de convocar a una reunión para discutir las denuncias y analizar si se citaría a los funcionarios responsables, tal como reclamaba el peronismo.

El foco estaba puesto en la reunión que Bullrich había tenido con el jefe de la SIDE, Sergio Neiffert, en la oficina de Santiago Caputo hace dos semanas. El encuentro había sido organizado luego del fracaso del operativo de Seguridad que había terminado, hace ya tres miércoles, con Pablo Grillo y la jubilada Beatriz Blanco heridos, así como con decenas de detenidos. Caputo, entonces, había decidido intervenirle de facto el Ministerio y coordinar, junto al Señor 5 de la SIDE, un hombre de su riñón, un nuevo operativo para la nueva marcha en defensa de los jubilados que se estaba organizando para el día siguiente. Fue allí donde se definió vallar los alrededores del Congreso y establecer un control vehicular en los accesos de Capital Federal.

Fue allí, a su vez, donde se definió que habría una participación orgánica de las fuerzas de inteligencia junto a las fuerzas policiales. Esta decisión fue lo que terminó motivando la intervención de la Bicameral de Inteligencia, que aduce que la reunión en el despacho del asesor todoterreno junto al jefe de la SIDE y, luego, la presencia de espías e infiltrados en la marcha rerpesentaba una violación a la Ley de Inteligencia. 

Bullrich y Neiffert al banquillo

Después de un largo debate, la Bicameral resolvió establecer un cronograma de citaciones para que los funcionarios responsables de los operativos de Seguridad brinden explicaciones. El primero no será el más taquillero, pero es la gran apuesta del peronismo en esta investigación: el ex director de Inteligencia Criminal, Ricardo José Ferrer. 

Bullrich echó a Ferrer de la Dirección hace una semana, poco después de la represión que terminó con Grillo herido. Desde el Ministerio se encargaron de señalarlo como el responsable de, por ejemplo, recolectar la información falsa que Bullrich repetiría por televisión poco después de la marcha. Como que Grillo era empleado del Municipio de Lanús o que estaba detenido (cuando, en realidad, estaba internado en el hospital). O el dato de que los 114 detenidos tenían, todos, algún tipo de antecedentes. O que eran todos barrabravas. Todas declaraciones que, poco después, se comprobarían que eran falsas. 

Ferrer, entonces, fue utilizado como chivo expiatorio del Ministerio de Seguridad. Y los legisladores, ahora, pretenden citarlo para que brinde algunas precisiones sobre cómo fue que se organizó el operativo. “Es el eslabón más débil”, coincide la oposición en la Bicameral. 

El plato fuerte, sin embargo, será cuando se cite a Bullrich y Neiffert. Ambos funcionarios están obligados a comparecer y, de negarse, la Bicameral tiene la potestad de forzar su presencia a través de la orden de un juez. Primero convocarán al Señor 5 de la SIDE y, la semana siguiente, a la ministra de Seguridad.

Esta resolución fue adoptada casi por unanimidad por la Bicameral, que viene ya de reunirse, hace un par de meses, para analizar la designación del número 2 de la SIDE, Diego Kravetz. Además de Lousteau, que preside la comisión, el hombre fuerte de la Bicameral es Leopoldo Moreau: el diputado cristinista que encabezó la comisión durante el gobierno del Frente de Todos y que, ahora, impulsa muchas de las investigaciones sobre el accionar del organismo de inteligencia durante el gobierno de Javier Milei. El kirchnerismo sospecha que, en la SIDE, se está gestando un Ministerio de Seguridad paralelo, con mucha influencia de Santiago Caputo, y que la Bicameral debe estar atenta. 

Las citaciones fueron aprobadas por Lousteau, Moreau, Oscar Parrilli (UxP), Wado de Pedro (UxP), Florencia López (UxP), Mariela Coletta (UCR) y Blanca Osuna (UxP). Participaron también Cristian Ritondo y los libertarios César Treffinger y Facundo Correa Llano, que no se opusieron a citar a los funcionarios del Ejecutivo. Pocas horas después, sin embargo, en La Libertad Avanza buscaron diferenciarse, aludiendo que no habían votado a favor. Pero las autoridades de la comisión insistieron: nadie, ni Ritondo ni los libertarios, se habían oponido verbalmente a convocar a los funcionarios.

MC/JJD

Los desmedidos operativos de seguridad del Gobierno contra las últimas marchas de los jubilados de los miércoles sacaron del ostracismo a la comisión bicameral de Inteligenia del Congreso. Ese cuerpo que reúne a senadores y diputados se reunirá este martes por la tarde para evaluar el rol de espías en connivencia con las fuerzas que comanda Patricia Bullrich.

El reclamo de la oposición peronista y de ONGs especializadas en la materia presionaron para que el radical Martín Lousteau convoque a una nueva reunión para hoy, prevista desde las 16, donde se analizará el protocolo de la ministra de Seguridad, pudo confirmar elDiarioAR de fuentes parlamentarias.

Tras la represión que dejó herido al fotógrafo Pablo Grillo hace tres semanas, Bullrich tuvo una cumbre con el jefe de la SIDE, Sergio Neiffert, en la oficina de la Casa Rosada que ocupa Santiago Caputo, asesor todoterreno de Javier Milei. En esa reunión se preparó el operativo que valló por completo el Congreso hace dos miércoles atrás. Allí además se definió hacer seguimiento a ingresos de vehículos en los accesos a Capital Federal.

Desde Unión por la Patria -que a través del diputado Leopoldo Moreau, ostenta la vicepresidencia de la bicameral- reclamarán la interpelación de Bullrich como responsable del protocolo antipiquetes que activa ante cada manifestación. El miércoles pasado otra vez hubo situaciones de represión contra los jubilados y hasta contra los trabajadores de prensa. Las alarmas están encendidas de cara a la semana próxima: para la marcha del 9 se espera una masiva convocatoria por el apoyo explícito de la CGT como previa al paro general del 10.

La cumbre de la bicameral de este martes tiene además en agenda una denuncia al que accedió elDiarioAR de un grupo de organizaciones civiles ante la actuación de los grupos de inteligencia de la SIDE, que comandan Neiffert y Diego Kravetz, dos funcionarios puestos a dedo por el asesor presidencial

“Nos alarma la participación de la Secretaría de Inteligencia en la coordinación de un operativo cuyo objetivo debería ser el asegurar las condiciones para que la manifestación se desarrolle de manera segura”, reza la presentación dirigida a Lousteau y Moreau. El requerimiento fue firmado por la Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia (ICCSI), una coalición de organizaciones integrada por el Centro de Estudios Legales Sociales (CELS), la Fundación Vía Libre y el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED).

“Nos preguntamos por la intervención de la SIDE en la planificación del operativo y eventualmente en su desarrollo, por el nivel de intromisión estatal que implica, la dificultad para controlarla y, por consiguiente, el alto riesgo de violación de la Ley de Inteligencia y de derechos y libertades en general que implica”, concluyeron los denunciantes luego de conocida la noticia de hace dos semanas de la cumbre entre Bullrich, Neiffert, Kravetz y Caputo. Las ONGs no están invitadas a participar de la reunión de hoy.

Si bien las reuniones de la bicameral son secretas, se sabe que el último encuentro fue en enero para analizar la designación de Kravetz como subsecretario de la SIDE. En ese entonces la comisión discutió con dureza el nombramiento del exfuncionario macrista porque hubo una denuncia en su contra tras la filtración de un video en el que Kravetz aparece golpeando a un joven retenido por la policía de la Ciudad en una vereda del barrio de Palermo.

En la Casa Rosada, el aire denso del martes al mediodía se mezclaba con el calor cuando las puertas del Salón Martín Fierro se cerraron con sigilo. Afuera, los pasillos vibraban con el murmullo de secretarios y asesores. Adentro, el clima era otro: el poder se hundía en las sillas, no sin vacilaciones. Sobre la mesa, entre papeles y celulares boca abajo, alguna que otra lata de Speed y los cigarrillos, marca registrada del dueño del despacho: Santiago Caputo.

El asesor presidencial, cerebro estratégico del gobierno de Javier Milei, había convocado a una reunión clave, con un mensaje claro: acá no hay margen para errores. Patricia Bullrich, con su estilo de general en campaña, cruzaba los brazos. Sergio Neiffert, el “señor 5” de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), y su segundo, Diego Kravetz, sostenían la mirada seria de quienes conocen más que el resto. Franco Mogetta, de Transporte, asentía mientras Sebastián Amerio, vice de Justicia, repasaba mentalmente la lista de jueces díscolos que no están alineando con la política de mano dura del Gobierno. El objetivo era uno solo: diseñar un operativo que no solo garantice el orden, sino que también deje en claro quién manda en la calle.

Santiago Caputo escuchaba y asentía. No firma decretos ni da entrevistas, pero su influencia es innegable. Hace tiempo que su rol en el Gobierno se asemeja más al de un jefe de Gabinete en las sombras que al de un asesor presidencial convencional. Coordina, baja línea, es el nexo directo con Milei y, cada vez más, con las áreas de seguridad e inteligencia.

Durante una hora y media, desde poco antes de las 11 hasta las 12:30, se discutió lo que ya no se puede llamar una simple protesta. La marcha prevista para mañana, convocada por jubilados y organizaciones sociales, es tomada por Milei como un desafío a la gobernabilidad. Un termómetro que medirá el nivel de control que el oficialismo realmente tiene sobre la calle. El antecedente inmediato inquieta: el miércoles pasado, la manifestación de hinchas y jubilados terminó en un escenario de caos frente al Congreso, con las fuerzas de seguridad reprimiendo a mansalva y con un fotógrafo gravemente herido. La Libertad Avanza lo tradujo en términos de conspiración. “Quieren voltear al Gobierno”, repiten en privado.

La frase que trascendió desde el hermético encuentro en el Salón Martín Fierro fue que estaban allí para “analizar el cuadro de situación”. Traducción: delinear el operativo con precisión quirúrgica. La SIDE ya trazó un mapa de los accesos a la Capital, con especial atención a los movimientos de colectivos y trenes que ingresen desde el Conurbano, en particular desde La Matanza y Lomas de Zamora, según deslizaron fuentes oficiales. De acuerdo a lo que pudo saber elDiarioAR, la inteligencia previa es la apuesta fuerte: un sistema de monitoreo que permita identificar organizadores, evitar infiltrados y, si fuera necesario, actuar antes de que los focos de conflicto se trasladen al centro porteño.

Bullrich tenía en claro que el operativo debía corregir los errores del último despliegue, pero sin dar señales de retroceso. “Me gustaría que hablen de la violencia de los manifestantes, no de la respuesta de las fuerzas de seguridad”, dijo este lunes en la conferencia que dio en la Casa Rosada, vestida de verde oliva, donde defendió al gendarme que fue identificado como el autor del disparo que hirió a Pablo Grillo. El mensaje era para los medios, pero sobre todo para su propio equipo: la línea es clara y no hay margen para fisuras internas.

El operativo del miércoles repetirá en esencia el esquema de la semana pasada: una “zona estéril” alrededor del Congreso, más de mil efectivos de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y la PSA. Pero habrá ajustes. La presencia de Kravetz en la reunión no fue casual: el nexo con la Policía de la Ciudad será clave para reforzar el control en los accesos. Desde Transporte, Mogetta trabajará en la supervisión de las líneas de colectivo que puedan trasladar contingentes organizados.

La hipótesis de los infiltrados sigue sobre la mesa. En el Gobierno sostienen que la violencia de la semana pasada no fue espontánea, sino orquestada. Y aunque ahora descartan la presencia de barras bravas, la lectura es que será una marcha “política”, con un claro intento de desgaste. Milei lo dice en privado y su círculo lo repite: “Nos están probando”.

Amerio, el vice de Justicia y brazo ejecutor de Caputo en ese área, estaba en la reunión por un motivo evidente. La liberación de la mayoría de los detenidos durante los disturbios de la semana pasada cayó pésimo en la Casa Rosada. La jueza Karina Andrade es el nuevo blanco de la bronca oficialista. “No podemos permitir que la Justicia sea un colador”, deslizó un alto funcionario tras la cumbre. El Gobierno quiere que esta vez los arrestos se sostengan y que los jueces no bajen la guardia.

En la Casa Rosada creen que hay magistrados que, con sus fallos, alientan la conflictividad social. Guillermo Francos fue explícito: “Si es una marcha pacífica, no habrá problemas. Pero si hay violencia, será reprimida”. El mensaje tiene dos destinatarios: los manifestantes y los jueces.

El cónclave terminó a las 12:30, pero la tensión quedó flotando en el aire. Los funcionarios salieron en fila, sin declaraciones, esquivando las miradas de los periodistas apostados en los pasillos. Patricia Bullrich fue una de las últimas en irse. Caputo, en cambio, no se movió de su despacho. Se quedó ahí, como si el verdadero operativo aún no hubiera terminado. Lo que ocurra este miércoles definirá, en buena medida, si el Gobierno mantiene el control o si la calle se convierte en el nuevo escenario de disputa.

PL

La trama que puso a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) en el centro de la atención pública como pocas veces en su historia transita hoy un nuevo camino. Tras la tan esperada visita del jefe del organismo, Sergio Neiffert, a la Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso, y el histórico rechazo legislativo del DNU de Javier Milei que le asignaba $100.000 millones en gastos reservados, la polémica que en los últimos meses cruzó a la central de espías parece haber pasado a otro estadio. En el Gobierno lo saben, por eso reaccionan con un doble movimiento: acelerar la “purga” interna y blanquear, a través del Presupuesto 2025, un considerable aumento de fondos para la secretaría.

Esta semana se supo que las partidas previstas en la “ley de leyes” para la SIDE superarían en monto a los fondos girados por el decreto volteado por ambas cámaras del Congreso. De aprobarse el proyecto, significaría un aumento del 94% para el organismo de inteligencia, cuya asignación actual es de $101.816 millones. “La SIDE tiene muchas cosas en las que invertir y tener finalmente un sistema de inteligencia que funcione”, argumentó ante elDiarioAR una alta fuente de Casa Rosada, que justificó los $197.238 millones que figuran en el proyecto presentado por el oficialismo, un número mayor incluso al previsto para el Ministerio de Justicia.

En el decreto publicado hace casi dos meses en el Boletín Oficial se especificaba que la decisión de girar $100.000 millones —monto calificado de “razonable” por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, durante su reciente informe de gestión ante el Congreso— respondía a “garantizar la seguridad, defensa e integridad de la República Argentina”, con el fin de acceder a nuevo equipamiento y “fortalecer” así el “diezmado” sistema de inteligencia. Pero la versión que recorrió como un fantasma los despachos oficiales siempre fue otra: que parte de esos fondos eran utilizados, entre otros fines espurios, para financiar los “tanques” digitales de Milei.

El martes pasado, durante su presentación ante los diputados y senadores, Neiffert aclaró que no echó mano a esos miles de millones de pesos adicionales que Milei le asignó a la SIDE el pasado 23 de julio. “Puedo probar con recibos de extractos bancarios que no se gastó dinero y devolverlo”, aseguró el jefe de los espías, que asumió hace dos meses en reemplazo de Silvestre Sívori. El “Señor 5” añadió que su misión es “profesionalizar” el organismo, pero admitió que todavía no tiene listo el plan de inteligencia que piensa ejecutar en su gestión.

La oposición había denunciado que cerca del 80% de ese dinero ya habría sido gastado. Sin embargo, en el Gobierno salieron a decir que ese dato era engañoso: explicaron que cuando el Ministerio de Economía transfiere fondos que son de carácter reservado, estos figuran en el Presupuesto Abierto como “devengados” aunque no hayan sido todavía necesariamente empleados, debido a que no requieren rendición de cuentas ante la Secretaría de Hacienda.

Pero el tema del financiamiento no es el único que desvela por estas horas al oficialismo. Según pudo saber elDiarioAR de fuentes gubernamentales, las autoridades de la SIDE aceleraron el proceso de depuración interna del organismo: desde su llegada, la administración libertaria desplazó a cerca de 150 agentes y evalúa a los 1.200 que aún quedan. Una lista que, aseguran, estaría conformada por empleados que responden a grupos políticos, a personal sin formación en el área y a funcionarios “sin conocimientos e inexpertos”.

La principal premisa de la “purga” apunta a “sacar a toda la gente que tiene terminales políticas fuera del área”. En ese listado de “tribus” mencionan la influencia de la número 2 de la AFI macrista, Silvia Majdalani, al exdirector Fernando Pocino y al exjefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, César Milani. Son capas geológicas que se remontan a más de una década atrás y que cerca de Milei ven como potencial amenaza, aunque sus despidos podrían generar otro problema: tener “en la calle”, como “mano de obra desocupada”, a personas con información sensible y conocimientos en espionaje.

Caputo vs. Macri

Todos los ojos vuelven a posarse ahora sobre Santiago Caputo, el verdadero comando en las sombras de la central de espías, a quien Neiffert desconoció al asegurar que su único “conductor” es el Presidente. Se trata de un argumento formal, pero poco verosímil para cualquiera que esté al tanto de la dinámica cotidiana del Gobierno. La extrema injerencia del asesor estrella de Milei en un área tan sensible como es el espionaje puso en alerta a toda la dirigencia política, que ve con desconfianza el poder que concentra el consultor todoterreno.

Hace tres semanas, durante el primer encuentro de la comisión bicameral que preside el radical Martín Lousteau, además del cuestionario enviado a Neiffert y su citación, se había aprobado también un pedido de informes sobre el accionar de abogados de la SIDE de Milei en causas judiciales que involucran al expresidente Mauricio Macri. Quienes lo motorizaron fueron los representantes del PRO, que sospecharon de una maniobra en contra de su jefe político pergeñada por Caputo.

Cristian Ritondo, integrante de la comisión y jefe de la bancada amarilla en Diputados, fue el encargado de solicitarle al jefe de la central de inteligencia que brinde explicaciones y envíe documentación acerca del tema. “¿Quién le encomendó la presentación en el expediente? ¿Y en qué carácter fue que se presentó? ¿Qué pidió respecto del expediente? ¿Con qué fundamento?”, inquirieron en ese momento los legisladores a través de un escrito, en el que se puso énfasis en la “gravedad de los hechos trascendidos”.

Las consultas de letrados de los servicios de inteligencia en los tribunales había trascendido a la prensa a finales de agosto. Curiosamente, coincidieron con la participación del PRO en los dos reveses legislativos al hilo que sufrió el oficialismo aquella semana: el rechazo de la Cámara baja al decreto de fondos reservados y el voto positivo de los senadores que responden a la nueva fórmula de movilidad jubilatoria que después sería vetada.

Luego de la polémica, con el objetivo de bajar la tensión con el PRO, Neiffert no solo le transmitió al expresidente Macri sus disculpas, sino que también admitió que los dos abogados involucrados trabajaban en su área. Hay voces dentro del Gobierno que aseguran que la “purga” también tiene que ver con este episodio.

PL/MG

El jefe de la SIDE, Sergio Neiffert, pasó este martes por la bicameral de Inteligencia del Congreso, pocos días después de que el Senado rechazara el DNU que le otorgaba una partida extraordinaria de $100.000 millones para gastos reservados. Ante los senadores y diputados, el funcionario aseguró que ese dinero no llegó a usarse y que el organismo lo va a “devolver”, aunque fueron incorporados en el Presupuesto 2025 que Javier Milei envió al Congreso.

Neiffert buscó así cerrar la polémica que motivó que por primera vez el Parlamento rechazara un decreto de necesidad y urgencia presidencial. Según había denunciado la Coalición Cívica a partir de datos abiertos brindados por el propio Gobierno, de esa abultada partida se habían gastado el 80%. El jefe de los espías afirmó que enviará a la Bicameral el documento bancario que acredita que el dinero está intacto, supo elDiarioAR de al menos tres fuentes distintas vinculadas a la comisión.

Pero más allá de ese punto, a los miembros de la bicameral les llamó la atención que Neiffert no presentó el plan nacional de operaciones de la rebautizada Secretaría de Inteligencia. El funcionario explicó que “se está terminando” dicho plan.

La SIDE mileísta fue creada el 16 de julio pasado para reemplazar a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Tiene coordinación y control directo de los ministerios de Defensa y Seguridad, que dependen respectivamente de Luis Petri y Patricia Bullrich, y su estructura se divide en distintos subórganos: el Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), la Agencia de Seguridad Nacional (ASN), la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC) y la División de Asuntos Internos (DAI). También tiene a cargo el control y coordinación de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DNIC) y de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM). Las fuentes consultadas apuntaron que Neiffert no detalló el organigrama de las distintas áreas, sino que se limitó a dar “generalidades” sobre el cuerpo de espías.

La reunión de la Bicameral con el “Señor 5” comenzó a las 16 y duró unas tres horas. El secretario de Inteligencia del Estado fue acompañado por la plana mayor del área: el Director del Servicio de Inteligencia, Alejandro Colombo; el director de la Agencia de Seguridad Nacional; Alejandro Cecati; el director de la Agencia Federal de Ciberseguridad, Ariel Waissbein; el jefe de gabinete, Andrés Spitzer, y el subsecretario de Planeamiento, Mariano Cholakian.

Al grupo lo escucharon los miembros de la comisión, presidida por el senador radical Martín Lousteau, secundado por el diputado kirchnerista Leopoldo Moreau (vicepresidente primero). Entre los demás integrantes están los diputados jefes del bloque del PRO, Cristian Ritondo, y de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, así como otros legisladores de Unión por la Patria, de la UCR y de fuerzas provinciales.

El cónclave en el sexto piso del Senado, según recogió este medio, fue en términos respetuosos y sin cruces ni chicanas. Sí hubo un intercambio cuando desde la oposición le preguntaron a Neiffert para qué el Gobierno había pedido una sesión secreta del Senado la semana pasada si efectivamente aún no existía un plan de operaciones. La intención de la Casa Rosada era que Bullrich y Petri, junto al jefe de la SIDE, den explicaciones a los legisladores para evitar que la Cámara alta termine rechazando el DNU 656/24. La cuestión quedó en el aire.

El jefe de los espías se despegó de la narrativa bullrichista de que ahora el área quedó desfinanciada. Según el proyecto de presupuesto de Milei para el año que viene, la SIDE tendrá un aumento del 94%, pasando de los $101.816 millones actuales a $197.238 millones en 2025. Una fuente anotó que cuando el funcionario criticó a Bullrich, no hubo una defensa tajante en la reunión de los macristas. El titular de espionaje también se desentendió del polémico protocolo de ciberpatrullaje en redes y sitios web de Bullrich.

Otro de los elementos que sobresalieron de la exposición de Neiffert es que afirmó que no fue elegido en la agencia por el dedo de Santiago Caputo, el asesor estrella del Presidente. Planteó que responde directamente a Milei. Y también confió, según una de las fuentes consultadas, que “no viene a hacer espionaje interno”.

Estas dos últimas afirmaciones chocan con hechos que ocurrieron hace apenas semanas cuando se supo del accionar de abogados de la SIDE en causas judiciales que involucran al expresidente Mauricio Macri. En su momento las espadas del PRO sospechaban de una maniobra en contra de su jefe político pergeñada por Caputo. La polémica escaló al punto de Neiffert no solo le transmitió al expresidente sus disculpas, sino que también admitió que los dos abogados involucrados trabajaban en su área, publicó en su momento elDiarioAR.

MC/JJD

El Congreso espera el martes próximo la visita del jefe de la SIDE, Sergio Neiffert, en una presentación de alto voltaje por el golpe que le asestó el Senado este viernes a la madrugada al Gobierno con el rechazo definitivo del DNU que le otorgaba $100.000 millones a la agencia de espías. El “Señor 5”, como es conocido el titular de organismo de espionaje, tiene cita con la bicameral de Inteligencia, que preside el radical Martín Lousteau y que intengran senadores y diputados.

La reunión fue confirmada a elDiarioAR por una fuente parlamentaria al tanto de la agenda oficial, ratificada apenas horas después de la votación en la Cámara alta. Anoche 49 votos en contra sellaron la suerte del decreto de necesidad y urgencia 656/24, que le otorgaba una abultada partida en fondos reservados.

En la bicameral ya esperaba a Neiffert esta semana, en las vísperas de la sesión del Senado, para que dé explicaciones sobre cómo se gastaron ya el 80% de esas partidas reservadas, según datos oficiales. La bicameral le había remitido a la secretaría de Inteligencia una serie de preguntas para que el funcionario responda. Pero el jefe de los espías, con fuertes vínculos personales con el asesor presidencial Santiago Caputo, no asistió.

Si sus explicaciones podrían haber cambiado la definición en la Cámara alta es contrafáctico. Pero sí se supo que el Gobierno intentó a toda costa que la sesión no ocurra: el miércoles el Ejecutivo le envió una nota a Victoria Villarruel para que convocara a una sesión “secreta” para que tanto Neiffert como los ministros Patricia Bullrich (Seguridad) y Luis Petri (Defensa) le den explicaciones a los senadores, propios y ajenos, sobre la estrategia oficial de inteligencia. Ayer, apenas comenzó la sesión, una mayoría opositora integrada por el kirchnerismo y algunos radicales rechazaron esa propuesta, que necesitaba de dos tercios de los votos para que ocurra.

Esa alianza circunstancial entre Unión por la Patria y la UCR determinó el fin del DNU, como terminó ocurriendo a la madrugada de este viernes. Este medio publicó que anoche había presiones de la Casa Rosada para que se posponga la discusión. En la oposición identificaron que uno de los que motorizó la operación oficial fue el senador Juan Carlos Romero (Cambio Federal-Salta). Finalmente el salteño nunca pidió esa moción para patear la votación otra semana. Cerca de las 3 la Cámara alta rechazó el decreto y el Gobierno escaló en su cruzada contra lo que considera “un nido de ratas”.

“La Oficina del Presidente condena el voto irresponsable de un grupo de los legisladores que dejaron al Sistema de inteligencia argentino sin recursos en un momento histórico del país”, indicó a través de un comunicado difundido en las redes sociales. “Fue el Senado el que le falló al pueblo argentino. El kirchnerismo y el radicalismo deberán decidir si es parte de la transformación de la Argentina o es parte de lo peor del pasado rechazaron una ampliación de fondos que simplemente buscaba llevar el presupuesto de la SIDE a nivel de un promedio histórico y que tenía por objetivo garantizar su normal funcionamiento”, agregó el parte oficial.

La narrativa de Bullrich siempre fue que los fondos reservados servían para operaciones de inteligencia secreta, pero desde la oposición cuestionaban que esas partidas podrían haber sido auditadas públicamente, aunque nunca se brinden detalles que pongan en riesgo la seguridad nacional.

Según argumentó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, durante su reciente informe de gestión ante el Congreso, los fondos reservados para la SIDE respondían a “garantizar la seguridad, defensa e integridad de la República Argentina”, con el fin de acceder a nuevo equipamiento y “fortalecer” así el “diezmado” sistema de inteligencia. Pero la versión que recorre como un fantasma los despachos oficiales es que parte de esos fondos serían utilizados, entre otros fines espurios, para financiar los “tanques” digitales de Milei. Con el DNU caído, aún no hay definiciones cómo hará el Gobierno ahora para “devolver” esos $100.000 millones. Es que la declaración que se votó establecía que el decreto era “nulo de nulidad absoluta”, tal como propuso la Coalción Cívica de Elisa Carrió.

En “La Caja”, como se conoce a la sala de reuniones secretas de la bicameral en el quinto piso del Senado, donde no puede acceder la prensa, Neiffert deberá dar explicaciona a Lousteau pero también al kirchnerismo, que ocupa la vicepresidencia, con Leopoldo Moreau, y Oscar Parrilli, secretario. Además tiene algunas respuestas pendientes para el macrismo, a partir de las preguntas que le transmitió otro miembro del cuerpo, Cristian Ritondo.

Durante la primera reunión de comisión, se aprobó también un pedido de informes sobre el accionar de abogados de la SIDE de Milei en causas judiciales que involucran al expresidente Mauricio Macri. En su momento las espadas del PRO sospechaban de una maniobra en contra de su jefe político pergeñada por Caputo. La polémica escaló al punto de Neiffert no solo le transmitió al expresidente sus disculpas, sino que también admitió que los dos abogados involucrados trabajaban en su área. Anoche en el Senado, la bancada del PRO se dividió a la hora de votar sobre el DNU: tres votaron a favor, dos en contra y dos se abstuvieron.

MC/JJD