El Consejo de la Magistratura resolvió enviar a la comisión de Acusación las denuncias contra el juez civil y comercial federal Patricio Maraniello por presunto abuso sexual y maltrato laboral, tras una votación que unificó los expedientes en su contra. 

La medida fue aprobada por nueve votos afirmativos durante la reunión de la comisión de Disciplina, que comprendió la gravedad de las imputaciones que, de confirmarse, podrían implicar sanciones severas.

La causa había sido postergada la semana pasada, pero finalmente fue girada a Acusación, órgano que deberá avanzar con la investigación. Entre los testimonios figuran no sólo el de la denunciante sino también el de compañeros y hasta jueces camaristas que relataron conductas inapropiadas por parte del magistrado. 

Incluso describieron un “código de vestimenta” que incluía tacos y minifalda para las empleadas, lo que generó el mote de “las azafatas de Maraniello” en los pasillos del juzgado.

La decisión fue acompañada por los consejeros César Grau (presidente de Disciplina), Luis Juez (senador y titular de Acusación), los senadores Eduardo Vischi, Mariano Recalde e Inés Pilatti Vergara, el académico Hugo Galderisi, y los jueces Alejandra Provítola, Agustina Díaz Cordero y Diego Barroetaveña. 

El único consejero que se abstuvo fue el juez Alberto Lugones, quien se opuso a la unificación de denuncias como precedente institucional. Quedó fuera del pase a Acusación una presentación más reciente contra Maraniello por demora en una habilitación de feria vinculada a un amparo de salud, que continuará en Disciplina.

Las acusaciones

Maraniello había sido notificado el 19 de agosto pasado de los cargos en su contra, de acuerdo a lo que informaba Pedro Lacour en su nota para elDiarioAR de septiembre pasado.

Los testimonios que figuran en los expedientes son contundentes. Una de las trabajadoras relató que a menos de una semana de ingresar al juzgado fue hostigada por Maraniello. Por miedo a perder su empleo, aceptó una cita fuera del ámbito laboral. Allí, según su denuncia, sufrió tocamientos y besos no consentidos, y con el tiempo se vio forzada a mantener relaciones sexuales para poner fin a la situación. Otra empleada declaró que recibió mensajes por redes sociales, comentarios sobre su vestimenta y acercamientos físicos forzados. Cuando se negó a los pedidos, padeció maltratos en la oficina. El hostigamiento continuó durante meses hasta empujarla a medicarse y a desarrollar ideas suicidas.

El gremio judicial también intervino. En septiembre de 2024, la Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial celebró que se dispusiera “una consigna policial en el horario laboral” dentro del juzgado de Maraniello para resguardar a los trabajadores. En sus presentaciones, el sindicato sostuvo que cada vez que entrevistaban a empleados o exempleados surgían nuevos testimonios en distintos momentos y por diferentes situaciones, una suerte de trama repetida de abusos, humillaciones y acosos.

El magistrado continúa al frente de su despacho, con una página web personal donde exhibe su currículum, más de veinte libros publicados y un listado de premios académicos que contrastan con el cúmulo de denuncias que enfrenta. Esa continuidad en el cargo es lo que la exempleada denunciante puso en palabras: “Después de todo, él sigue en su cargo protegiendo a los poderosos, y yo me encuentro afuera”.

El trasfondo político refuerza esa lectura. La decisión de prohibir la difusión de los audios de Karina Milei fue cuestionada de inmediato por especialistas en derecho constitucional, que recordaron que la censura previa está expresamente prohibida por la Constitución. Los eventuales daños por la publicación de una información deben repararse después, no impedirse de antemano. Para la autora de la carta, esa decisión confirma la trama de favores entre jueces federales y el poder político: “El verdadero efecto de la medida es proteger al círculo íntimo del Presidente de un escándalo mediático y político. La información de interés público quedó vedada bajo un argumento tirado de los pelos de ‘resguardo de la intimidad’”.

El caso expone la paradoja de un juez que carga con múltiples denuncias por acoso laboral y sexual pero que al mismo tiempo dicta fallos de enorme impacto político. La propia denunciante lo sintetizó con crudeza: “El procedimiento contra un juez es altamente político, por eso los amigos poderosos son tan importantes”. En su carta, recordó cómo el magistrado la hostigaba con frases que hoy resuenan en otro registro: “Yo me acuerdo de los que me acompañan y de quienes no. Yo tengo amigos muy poderosos. Si no entendés que la abogacía se trata de contactos, no entendiste la carrera”.

La mujer eligió publicar su testimonio pese al temor. Lo hizo, explicó, porque “cuando una mujer elige hablar ya no habla sola: habla por muchas, habla para que nadie más tenga que pasar por lo mismo. Y eso puede empezar a cambiarlo todo. Porque aunque tengamos miedo, podemos hacer las cosas con el miedo al lado si tenemos la fuerza de muchas. Tenemos que tener memoria. Es verdad, Marianello tiene amigos poderosos, pero los nadie somos más y más fuertes”.

El testimonio completo de una denunciante

Fui empleada del Juez Marianello

Fue una experiencia acelerada con el Poder Judicial, que muchas veces se usa para denominar como sinónimo de Justicia. El poco tiempo que pasé me mostró cómo funciona el Poder y Como la injusticia en los lugares donde deberían protegernos.

En ese tiempo viví lo que las mujeres trabajadoras viven en silencio: acoso, humillación y sobre todo miedo. Hablo porque lo que me paso a mi puede pasarle a cualquiera.

Cuando vi la noticia de la cautelar que aplicó censura previa me sorprendió por ser anticonstitucional, pero al ver quien la dictó de alguna manera tuvo más sentido. Vi la foto y en mi cabeza volví a escuchar su voz “Nunca vas a llegar a nada”, “Si no aceptas te quedas afuera”, “Cuando una persona como vos va a tener las oportunidades que podes tener si te quedas conmigo”, “yo me acuerdo de los que me acompañan y de quienes no. Yo tengo amigos muy poderosos”, “Si no entendes que la abogacía se trata de contactos no entendiste la carrera”. Cada frase retumbó nuevamente en mi cabeza llenandome nuevamente de miedo y angustia. Después de todo él sigue en su cargo protegiendo a los poderosos, y yo me encuentro afuera.

La cautelar que frena la difusión de los audios de Karina Milei, no es censura previa es una muestra de cómo el Poder protege a los privilegiados y castiga a los que no lo son. ASI FUNCIONA UNA CASTA PROTEGIENDOSE ENTRE ELLOS. El verdadero efecto de la medida es proteger al círculo íntimo del presidente de un escándalo mediático y político. La información de interés público quedó vedada bajo un argumento tirado de los pelos de “resguardo de la intimidad”.

No, no es una decisión técnica. En términos políticos es un favor del Poder Judicial al Poder Ejecutivo. Refuerza la dependencia entre ciertos jueces federales y la Casa Rosada, algo que históricamente sirvió como moneda de cambio para sostener, impulsar y mantener carreras judiciales.

El proceso contra un juez inicia con la denuncia en el Consejo de Magistratura, puede denunciarse a un juez por mal desempeño, abuso de poder o inconducta. Se efectúa una investigación preliminar La Comisión de Disciplina y Acusación evalúa la admisibilidad de la denuncia, junta las pruebas y puede decidir si archiva o impulsa. Luego en un plenario del Consejo, si la denuncia prospero, pueden elevar el caso al Jurado de enjuiciamiento. El jury de Enjuiciamiento, es el paso que sigue, lo integran jueces, legisladores y abogados. En algunos supuestos debe intervenir e Senado. En criollo el procedimiento es Político, altamente político, por eso los amigos poderosos son tan importantes.

Como trabajadora, como mujer, como ciudadana sentí de nuevo la impotencia de quien observa cómo el abuso se normaliza, como la justicia está ausente.

Sí, tengo miedo. Escribo esta carta como forma de canalizar la bronca, la angustia y la impotencia. La escribo para poder poner mis palabras y mi lectura sobre lo que pasa. Pensé en grabar un video y ponerle una cara a la denuncia pero ellos son tan poderosos y yo cómo él lo decía cada vez que tenía la oportunidad no soy nadie.

Entendí que el miedo no es un obstáculo, es una señal de que soy consciente de lo importante que es lo que pasa. Ahora, con esta medida que dictó quedo sobre la mesa, expuestas las decisiones y los antecedentes de este personaje nefasto qe me toco conocer. Siento que no puedo quedarme callada y solo confiar en un sistema que deja a fuera “a los nadie” todos los días pero no pierdo la fe de que al estar en el ojo público actué la Justicia avanzando, investigando y resolviendo de forma favorable reparando a las víctimas y evitando que otros se expongan a sus garras.

No puedo cambiar lo que pasó, no puedo dejar de ser una víctima de acoso laboral y sexual. Pero puedo elegir ser una víctima responsable. No una que se calla y solo se esconde. Hablar aunque sea en la voz de otro también sana, porque libera, protege y conecta. Hablar nos muestra que no estamos solas. Hablar si alguien escucha desafía al poder.

Mi denuncia está en curso en el consejo de la Magistratura. Muchas veces nuestros representantes no nos representan. Pero este es un momento para mostrar que no nos resignamos.

Están en juego derechos importantes, fundamentales como la libertad de expresión y el derecho a la información pública, el principio de igualdad y no discriminación en el trabajo entre otros esto es un escándalo institucional hay un triple problema JUDICIAL, un juez denunciado por dicta fallos que benefician al poder político. POLÍTICO la medida se traduce en un blindaje para el presidente y su hermana, y DEMOCRATIO se vulneran los derechos básicos de todo el pueblo Argentino.

Les pido que compartan este mensaje. No lo hago por mí, lo hago por cada trabajadora que alguna vez sintió el peso del poder encima y eligió callar por miedo

Si la justicia no nos escucha hagamos que la sociedad si lo haga. Cuando una mujer elige hablar elige denunciar ya no habla sola habla por muchas habla para que nadie más tenga que pasar por lo mismo. Y eso puede empezar a cambiarlo todo. Porque aunque tengamos miedo podemos hacerlas cosas con el miedo hallado si tenemos la fuerza de muchas tenemos que tener memoria.

Es verdad Marianello tiene amigos poderosos pero los nadie somos más y más fuertes.

Resolución sobre Capuchetti

Por otro lado, la comisión también rechazó el pedido de nulidad del sumario que enfrenta la jueza María Eugenia Capuchetti, cuestionada por su actuación en la causa del atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner. 

Capuchetti había solicitado anular todo lo actuado por no haber sido notificada de la investigación en su contra mediante el artículo 11 del reglamento. Sin embargo, la votación —que terminó empatada— fue definida por el voto doble de Grau en su rol de presidente, dejando firme el avance del sumario.

La reunión también dedicó amplio debate a la situación del juez civil Carlos Goggi, denunciado por declarar inconstitucional la ley 27.423 sobre honorarios profesionales de abogados. La controversia enfrentó a representantes de la abogacía y de la judicatura. Mientras la abogada Jimena Latorre pidió investigar si existía un patrón de conducta del juez, Lugones defendió la potestad jurisdiccional de los magistrados para declarar la inconstitucionalidad de normas si así lo consideran.

Finalmente, se resolvió citar al Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) para que exponga su posición en defensa de la dignidad profesional e intereses colectivos del sector, y se solicitó a la Cámara Civil un relevamiento de los fallos en los que Goggi haya declarado la inconstitucionalidad de la ley, detallando si fueron confirmados o revocados y sus fundamentos.

Con información de agencias.

IG

La difusión de audios atribuidos al director de la agencia de Discapacidad, Diego Spagnuolo, y a la secretaria general de la Presidencia y hermana presidencial, Karina Milei, activaron los intentos del Ejecutivo para censurar a periodistas y medios de comunicación y reinstalaron el debate sobre la legalidad de las grabaciones privadas.

De acuerdo al Código Procesal y la Ley de Inteligencia Nacional, las escuchas telefónicas sólo son válidas como prueba judicial si son ordenadas por un juez. Sin embargo, existe jurisprudencia que ha sentado precedentes sobre grabaciones realizadas por particulares, como el caso Skanska. 

En cuanto a la censura previa, el penalista Andrés Gil Domínguez, explica a elDiarioAR que no es constitucional ni legal en Argentina y que ningún juez puede ordenarla, como lo hizo el magistrado civil Alejandro Maraniello, ya que viola la Constitución Nacional y los tratados internacionales a los que adhiere el país. Aquí ocho preguntas y respuestas para entender el caso.

¿Cuáles son los audios que el Gobierno pide que no se difundan?

El Ejecutivo pretende frenar la difusión de cualquier audio, pero tiene un especial interés en evitar que se conozcan los audios atribuidos a la hermana del presidente en el canal de streaming Carnaval. Por eso, Karina Milei recurrió a los tribunales civiles y el Ministerio de Seguridad presentó una denuncia penal por presunto espionaje ilegal.

El intento de censura previa se da luego de que la difusión de audios atribuidos a Spagnuolo, quien además de ex director de la agencia de Discapacidad es abogado y amigo del Presidente. De acuerdo con diferentes pedidos de acceso a la información realizados por el Centro de Datos de Chequeado, Spagnuolo es la cuarta persona que más veces ingresó a la Quinta de Olivos: 38 visitas, entre enero de 2024 y marzo de 2025 (último dato disponible).

En los audios que se le atribuyen, Spagnuolo habla de supuestas coimas dirigidas a Karina Milei por el 3% de los montos de los contratos en la dirección de Discapacidad. Por este caso, hay también una investigación penal.

¿Qué investiga la Justicia en torno a los audios?

La primera causa fue iniciada es una causa penal por el contenido de los audios de Spagnuolo. El abogado Gregorio Dalbón –quien suele patrocinar a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner– denunció penalmente a los hermanos Milei, a Spagnuolo y a otros funcionarios y empresarios por el presunto delito de pago de coimas en la compra de medicamentos.

La causa quedó radicada en el juzgado federal de Sebastián Casanello, quien delegó la investigación en el fiscal Franco Picardi. Se dispusieron más de una decena de allanamientos y se dictó secreto de sumario.

La investigación se centra en presuntas coimas que articularía Eduardo “Lule” Menem, funcionario a cargo de Karina Milei.

Luego de los allanamientos y el avance de esta causa, se difundieron audios atribuidos a Karina Milei hablando sobre la crisis institucional y política en el Gobierno. En uno de los audios, la hermana del Presidente dice: “No podemos entrar en la pelea entre nosotros. Nosotros tenemos que estar unidos, imaginate”. En el segundo, agrega: “Entonces, acá ni siquiera. Porque en verdad acá no tienen que estar las 24 horas. Porque yo entro a las 8 de la mañana y me voy a las 11 de la noche de la Casa Rosada”.

A pesar de lo inocuo del contenidos de los audios hasta el momento, el Ejecutivo respondió activando otros dos expedientes judiciales: una causa penal a cargo del juez Julián Ercolini y el fiscal Carlos Stornelli y otra causa civil, que tramita en el juzgado de Maraniello.

¿Qué planteó el Gobierno en la Justicia?

En el fuero civil, Karina Milei presentó un escrito alegando que los audios que se le atribuyen fueron “recabados ilegal e ilícitamente y sin su consentimiento”. Además, hizo alusión a los audios de Spagnuolo, que “habrían sido obtenidos también de manera ilegal e ilegítima y que perjudicarían gravemente su honor, reputación, la actividad profesional que desarrolla y el buen nombre y honor de su familia y del gobierno que integra”.

“Sin reconocer su veracidad y desconociendo el modo en que los medios que los reproducen pudieran haberlos obtenido, requiere que se prohíba su circulación”, planteó la hermana del Presidente, reclamando una acción de censura previa. 

En el fuero penal, el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, solicitó que “se adopten medidas cautelares urgentes a fin de impedir la propagación de nuevas filtraciones ilícitas, disponiendo la prohibición de difundir, propalar o divulgar nuevos registros relacionados con el caso, bajo apercibimiento de incurrir en el delito de desobediencia, y requiriendo a las personas, los organismos, los medios de comunicación y los prestadores de servicios digitales la debida colaboración para hacer efectiva tal decisión”.

La presentación penal fue realizada por el funcionario de Seguridad Fernando Oscar Soto, quien sostuvo que los audios habrían sido grabados y difundidos por una “organización criminal”, mediante el desarrollo de “actividades prohibidas y penadas por la Ley Nacional de Inteligencia”, que habrían consistido en “la captación y obtención ilegal de supuestos audios de conversaciones y/o comunicaciones privadas que corresponderían a la Secretaria General de la Presidencia” mediante prácticas de “espionaje ilegal”, para luego procederse a su “edición, manipulación, tergiversación y difusión clandestina”, a través de redes sociales y medios de prensa. 

Soto dice que estos medios “habrían sido elegidos deliberadamente” con el supuesto fin de “alarmar y desinformar a la población, desestabilizar los principales indicadores de la política económica, influenciar en el proceso electoral en las próximas elecciones legislativas”, por las elecciones de este domingo en la provincia de Buenos Aires. “Lo ocurrido formaría parte de una trama más amplia, que involucra a la oposición kirchnerista en una campaña de desinformación para derrocar al Gobierno”, sostuvo Soto en su escrito. Sin embargo, los audios salieron de la propia Casa Rosada.

El ministerio que dirige Patricia Bullrich solicitó allanar el canal de streaming Carnaval, el primero en difundir los audios, y los domicilios de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, de Pablo Toviggino –principal accionista de Carnaval– y del abogado Franco Bindi, pareja de la diputada Marcela Pagano.

Soto abre camino en su presentación para que la causa se extienda a los audios atribuidos a Spagnuolo: menciona también que lo ocurrido “formaría parte de una trama más amplia y que algunos de los periodistas de los que señala se animan a chantajear a funcionarios espiados ilegalmente”, algo sobre lo que ningún funcionario se manifestó hasta el momento.

En un intento por sentar las bases para involucrarse en el objeto de investigación del juez Casanello y el fiscal Picardo en la causa por las supuestas coimas en la agencia de Discapacidad, el fiscal Stornelli, en base a esa presunción de Soto, sostiene en el dictamen que dio inicio a la causa: “Podemos afirmar que la maniobra que será objeto de estudio no debe limitarse a los audios mencionados de Karina Milei sino en la génesis de la operación que encuentra su puntapié inicial en supuestas grabaciones del mismo tenor efectuadas sobre otro entonces funcionario público”.

¿Qué decidió el juez del caso civil?

El juez federal en los Civil y Comercial Alejandro Maraniello concedió la medida cautelar solicitada por Karina Milei y prohibió la difusión de los audios que se le atribuyen a la funcionaria. 

El magistrado ordenó el “cese de la difusión” a través de “cualquier medio de comunicación de forma escrita y/o audiovisual y/o a través de redes sociales desde todo sitio, plataforma y/o canal web”. Además, ordenó cursar una comunicación urgente al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) para que controle que los medios de comunicación cumplan con la orden judicial.

El objetivo, dijo Maraniello, es “resguardar bienes jurídicos de igual jerarquía constitucional (que la libertad de prensa), tales como la intimidad y el honor de las personas involucradas, así como la seguridad institucional derivada de la eventual divulgación de contenidos sensibles para el funcionamiento del Estado”. “Lo expuesto no importa convalidar la figura de la censura previa, en tanto la medida bajo análisis se circunscribe únicamente a una restricción de carácter provisorio y excepcional al ejercicio de la libertad de prensa”, sostuvo el juez.

Sin embargo, un nuevo audio atribuido a Karina Milei –que involucraría al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem– fue difundido en Uruguay por el streaming Dopamina, donde la orden judicial no tiene alcance.

¿Qué decidió el fiscal del caso penal con respecto a la censura?

Stornelli hizo lugar a la apertura de una causa pero no a la censura. “En primer lugar, debo decir que en la investigación no podrá hurgar en las fuentes de algún periodista, merezca el concepto que merezca por parte de quien lo analice, ello por mandato constitucional y sin perjuicio de que alguno quiera voluntariamente, en ese sentido, aportar datos que considere puedan servir al descubrimiento de la verdad”.

También se negó, por el momento, a allanar a los periodistas denunciados por el ministerio de Bullrich: “Esto incluye la inviolabilidad del domicilio, salvo orden fundada de juez competente”.

El fiscal penal también se refirió a la supuesta ilegalidad de los audios: “Estamos frente a una operación de inteligencia ilegal, de factura indudablemente clandestina, elaborada en consabidos y oscuros sótanos, lo que debe ser materia incansable de investigación”.

¿Puede el Poder Judicial censurar a los medios y periodistas?

No, no puede hacerlo porque se lo prohíbe la Constitución Nacional y los pactos internacionales de derechos humanos a los que adhiere Argentina y que tienen rango constitucional, explicó el penalista Andrés Gil Domínguez a elDiarioAR.

El artículo 14 de la Constitución Nacional, ley máxima de Argentina, prohíbe la censura previa y diversos tratados internacionales que suscribe el país sólo restringen la libertad de expresión mediante “responsabilidad ulteriores” a la publicación. Por ejemplo, el Pacto de San José de Costa Rica, en su artículo 13, establece el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, que incluye la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, sin importar las fronteras, y por cualquier medio. Este derecho no puede estar sujeto a censura previa, sino solo a responsabilidades posteriores establecidas por ley y necesarias para proteger derechos o el orden público.

También hay jurisprudencia internacional, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). En el Caso Olmedo, la última tentación de Cristo versus Chile, el tribunal se pronunció en contra del país y eso obligó a Chile a reformar su Constitución y quitar la censura previa como una posibilidad en su sistema.

¿Hay antecedentes de censura previa?

Sí, la jueza María Servini demandó al cómico y conductor Tato Bores en 1992, a través de una acción de amparo para evitar la publicación de un tape en el que se la mencionaba en el programa de Bores. En primera instancia la Justicia rechazó la solicitud por considerar que se trataba de un acto de censura previa.

Sin embargo, al día siguiente, tras la apelación de la jueza, la Cámara en lo Civil y Comercial Federal revocó el fallo de primera instancia y otorgó la cautelar, prohibiendo provisionalmente la proyección de cualquier imagen o concepto vinculado con Servini. 

El tribunal argumentó que la prohibición de la censura previa no es absoluta y que la protección del honor de la jueza justificaba la medida. 

La Corte Suprema revocó el fallo porque la Cámara no había siquiera visto los tapes en cuestión para analizar si correspondía hacer lugar al pedido de la jueza.

¿Pueden utilizarse los audios de Karina Milei y Spagnuolo como prueba judicial?

Las opiniones son disímiles, pero existen antecedentes que avalan el uso de grabaciones telefónicas aportadas por particulares, que se grabaron sin la intervención de un juez. 

En la causa “Skanska”, se utilizaron grabaciones del gerente comercial de la compañía sueca, Javier Azcárate, admitiendo que la empresa pagó coimas a funcionarios del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) y Nación Fideicomisos SA, una empresa del Banco Nación. 

En 2008 la Cámara Federal de Apelaciones declaró la nulidad de esa prueba. Eso desembocó en el sobreseimiento de los acusados. Sin embargo, en 2016, la Cámara de Casación Penal resolvió que las pruebas eran válidas y el juez de primera instancia, Sebastián Casanello, reabrió la causa.

ED/MG

“Viví lo que las mujeres trabajadoras viven en silencio: acoso, humillación y miedo. Escuchar su voz otra vez me llenó de angustia: ‘Nunca vas a llegar a nada’, ‘Si no aceptás te quedás afuera’”. La frase pertenece a una exempleada judicial que decidió romper el silencio con una carta pública para contar lo que sufrió trabajando en el juzgado de Alejandro Patricio Maraniello, el magistrado que la semana pasada dictó la cautelar que prohibió difundir los audios de Karina Milei, atribuidos a grabaciones dentro de la Casa Rosada.

El texto, difundido en primera persona, combina denuncia y catarsis. “La cautelar que frena la difusión de los audios de Karina Milei no es censura previa: es una muestra de cómo el Poder protege a los privilegiados y castiga a los que no lo son. Así funciona una casta protegiéndose entre ellos”, escribió la denunciante, que prefirió preservar su identidad.

“Sí, tengo miedo. Pero entendí que el miedo no es un obstáculo, es una señal de lo importante que es lo que pasa. Hablar aunque sea en la voz de otro también sana. Hablar nos muestra que no estamos solas”. Su testimonio no hizo más que arrojar luz sobre un costado que en los tribunales se conoce bien: Maraniello tiene ocho denuncias en el Consejo de la Magistratura, cinco de ellas por acoso sexual contra empleadas de su propio juzgado.

El juez civil y comercial federal fue notificado el 19 de agosto pasado de los cargos en su contra. El procedimiento se encuentra en la Comisión de Disciplina del Consejo, que evalúa pruebas y testimonios, y que eventualmente podría derivar alguno de los expedientes a la Comisión de Acusación, antesala de un jury de enjuiciamiento. El magistrado tiene veinte días para presentar su defensa, designar abogado y ofrecer pruebas. Según sus allegados, niega todo y sostiene que las denuncias son “falacias”.

Los testimonios que figuran en los expedientes, sin embargo, son contundentes. Una de las trabajadoras relató que a menos de una semana de ingresar al juzgado fue hostigada por Maraniello. Por miedo a perder su empleo, aceptó una cita fuera del ámbito laboral. Allí, según su denuncia, sufrió tocamientos y besos no consentidos, y con el tiempo se vio forzada a mantener relaciones sexuales para poner fin a la situación. Otra empleada declaró que recibió mensajes por redes sociales, comentarios sobre su vestimenta y acercamientos físicos forzados. Cuando se negó a los pedidos, padeció maltratos en la oficina. El hostigamiento continuó durante meses hasta empujarla a medicarse y a desarrollar ideas suicidas.

El gremio judicial también intervino. En septiembre de 2024, la Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial celebró que se dispusiera “una consigna policial en el horario laboral” dentro del juzgado de Maraniello para resguardar a los trabajadores. En sus presentaciones, el sindicato sostuvo que cada vez que entrevistaban a empleados o exempleados surgían nuevos testimonios en distintos momentos y por diferentes situaciones, una suerte de trama repetida de abusos, humillaciones y acosos.

Mientras tanto, el magistrado continúa al frente de su despacho, con una página web personal donde exhibe su currículum, más de veinte libros publicados y un listado de premios académicos que contrastan con el cúmulo de denuncias que enfrenta. Esa continuidad en el cargo es lo que la exempleada denunciante puso en palabras: “Después de todo, él sigue en su cargo protegiendo a los poderosos, y yo me encuentro afuera”.

El trasfondo político refuerza esa lectura. La decisión de prohibir la difusión de los audios de Karina Milei fue cuestionada de inmediato por especialistas en derecho constitucional, que recordaron que la censura previa está expresamente prohibida por la Constitución. Los eventuales daños por la publicación de una información deben repararse después, no impedirse de antemano. Para la autora de la carta, esa decisión confirma la trama de favores entre jueces federales y el poder político: “El verdadero efecto de la medida es proteger al círculo íntimo del Presidente de un escándalo mediático y político. La información de interés público quedó vedada bajo un argumento tirado de los pelos de ‘resguardo de la intimidad’”.

El caso expone la paradoja de un juez que carga con múltiples denuncias por acoso laboral y sexual pero que al mismo tiempo dicta fallos de enorme impacto político. La propia denunciante lo sintetizó con crudeza: “El procedimiento contra un juez es altamente político, por eso los amigos poderosos son tan importantes”. En su carta, recordó cómo el magistrado la hostigaba con frases que hoy resuenan en otro registro: “Yo me acuerdo de los que me acompañan y de quienes no. Yo tengo amigos muy poderosos. Si no entendés que la abogacía se trata de contactos, no entendiste la carrera”.

La mujer eligió publicar su testimonio pese al temor. Lo hizo, explicó, porque “cuando una mujer elige hablar ya no habla sola: habla por muchas, habla para que nadie más tenga que pasar por lo mismo. Y eso puede empezar a cambiarlo todo. Porque aunque tengamos miedo, podemos hacer las cosas con el miedo al lado si tenemos la fuerza de muchas. Tenemos que tener memoria. Es verdad, Marianello tiene amigos poderosos, pero los nadie somos más y más fuertes”.

El texto completo

Fui empleada del Juez Marianello

Fue una experiencia acelerada con el Poder Judicial, que muchas veces se usa para denominar como sinónimo de Justicia. El poco tiempo que pasé me mostró cómo funciona el Poder y Como la injusticia en los lugares donde deberían protegernos.

En ese tiempo viví lo que las mujeres trabajadoras viven en silencio: acoso, humillación y sobre todo miedo. Hablo porque lo que me paso a mi puede pasarle a cualquiera.

Cuando vi la noticia de la cautelar que aplicó censura previa me sorprendió por ser anticonstitucional, pero al ver quien la dictó de alguna manera tuvo más sentido. Vi la foto y en mi cabeza volví a escuchar su voz “Nunca vas a llegar a nada”, “Si no aceptas te quedas afuera”, “Cuando una persona como vos va a tener las oportunidades que podes tener si te quedas conmigo”, “yo me acuerdo de los que me acompañan y de quienes no. Yo tengo amigos muy poderosos”, “Si no entendes que la abogacía se trata de contactos no entendiste la carrera”. Cada frase retumbó nuevamente en mi cabeza llenandome nuevamente de miedo y angustia. Después de todo él sigue en su cargo protegiendo a los poderosos, y yo me encuentro afuera.

La cautelar que frena la difusión de los audios de Karina Milei, no es censura previa es una muestra de cómo el Poder protege a los privilegiados y castiga a los que no lo son. ASI FUNCIONA UNA CASTA PROTEGIENDOSE ENTRE ELLOS. El verdadero efecto de la medida es proteger al círculo íntimo del presidente de un escándalo mediático y político. La información de interés público quedó vedada bajo un argumento tirado de los pelos de “resguardo de la intimidad”.

No, no es una decisión técnica. En términos políticos es un favor del Poder Judicial al Poder Ejecutivo. Refuerza la dependencia entre ciertos jueces federales y la Casa Rosada, algo que históricamente sirvió como moneda de cambio para sostener, impulsar y mantener carreras judiciales.

El proceso contra un juez inicia con la denuncia en el Consejo de Magistratura, puede denunciarse a un juez por mal desempeño, abuso de poder o inconducta. Se efectúa una investigación preliminar La Comisión de Disciplina y Acusación evalúa la admisibilidad de la denuncia, junta las pruebas y puede decidir si archiva o impulsa. Luego en un plenario del Consejo, si la denuncia prospero, pueden elevar el caso al Jurado de enjuiciamiento. El jury de Enjuiciamiento, es el paso que sigue, lo integran jueces, legisladores y abogados. En algunos supuestos debe intervenir e Senado. En criollo el procedimiento es Político, altamente político, por eso los amigos poderosos son tan importantes.

Como trabajadora, como mujer, como ciudadana sentí de nuevo la impotencia de quien observa cómo el abuso se normaliza, como la justicia está ausente.

Sí, tengo miedo. Escribo esta carta como forma de canalizar la bronca, la angustia y la impotencia. La escribo para poder poner mis palabras y mi lectura sobre lo que pasa. Pensé en grabar un video y ponerle una cara a la denuncia pero ellos son tan poderosos y yo cómo él lo decía cada vez que tenía la oportunidad no soy nadie.

Entendí que el miedo no es un obstáculo, es una señal de que soy consciente de lo importante que es lo que pasa. Ahora, con esta medida que dictó quedo sobre la mesa, expuestas las decisiones y los antecedentes de este personaje nefasto qe me toco conocer. Siento que no puedo quedarme callada y solo confiar en un sistema que deja a fuera “a los nadie” todos los días pero no pierdo la fe de que al estar en el ojo público actué la Justicia avanzando, investigando y resolviendo de forma favorable reparando a las víctimas y evitando que otros se expongan a sus garras.

No puedo cambiar lo que pasó, no puedo dejar de ser una víctima de acoso laboral y sexual. Pero puedo elegir ser una víctima responsable. No una que se calla y solo se esconde. Hablar aunque sea en la voz de otro también sana, porque libera, protege y conecta. Hablar nos muestra que no estamos solas. Hablar si alguien escucha desafía al poder.

Mi denuncia está en curso en el consejo de la Magistratura. Muchas veces nuestros representantes no nos representan. Pero este es un momento para mostrar que no nos resignamos.

Están en juego derechos importantes, fundamentales como la libertad de expresión y el derecho a la información pública, el principio de igualdad y no discriminación en el trabajo entre otros esto es un escándalo institucional hay un triple problema JUDICIAL, un juez denunciado por dicta fallos que benefician al poder político. POLÍTICO la medida se traduce en un blindaje para el presidente y su hermana, y DEMOCRATIO se vulneran los derechos básicos de todo el pueblo Argentino.

Les pido que compartan este mensaje. No lo hago por mí, lo hago por cada trabajadora que alguna vez sintió el peso del poder encima y eligió callar por miedo

Si la justicia no nos escucha hagamos que la sociedad si lo haga. Cuando una mujer elige hablar elige denunciar ya no habla sola habla por muchas habla para que nadie más tenga que pasar por lo mismo. Y eso puede empezar a cambiarlo todo. Porque aunque tengamos miedo podemos hacerlas cosas con el miedo hallado si tenemos la fuerza de muchas tenemos que tener memoria.

Es verdad Marianello tiene amigos poderosos pero los nadie somos más y más fuertes.

PL/MG

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, la diputada nacional Marcela Campagnoli y el legislador porteño Hernán Reyes presentaron una denuncia ante el Consejo de la Magistratura para solicitar el juicio político del juez federal Alejandro Patricio Maraniello, por haber dictado una medida cautelar que permitió la censura previa sobre la difusión de los audios de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

“Con @elisacarrio y @M_Campagnoli presentamos un pedido de juicio para desplazar al juez Maríanello. La libertad de expresión es un límite que nunca debemos atravesar. Defender las instituciones demanda que hagamos los máximos esfuerzos de transparencia, responsabilidad y coherencia en todos los poderes del Estado”, escribió Reyes en su cuenta de la red social X. 

En la publicación, el candidato a diputado nacional de la Coalición Cívica aseguró que “un mal juez empobrece a todo el país, nos vuelve menos confiables”. 

“Las instituciones se defienden cuando te conviene y cuando no te conviene. Ojalá los que abandonaron el republicanismo puedan volver algún día”, cerró el legislador de la Ciudad.

Los denunciantes acusan al magistrado de mal desempeño y posible comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones por haber dispuesto la medida cautelar que para la oposición, juristas y colegios de abogados supone una flagrante violación de un derecho humano como es la libertad de expresión, en el marco del escándalo de presunta corrupción por cobro de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

En el trámite abierto ante el Consejo de la Magistratura se solicita la apertura del procedimiento de acusación, suspensión en el cargo y requerimiento de destitución.

Para la Coalición Cívica, la prohibición de la difusión de chats, fotos, audios y videos de Karina Milei en cualquier medio o red social representa “lisa y llanamente un acto de censura previa contra la prensa y en consecuencia, el avasallamiento del derecho constitucional y convencional a la libertad de expresión y acceso a la información pública”.

Por otra parte, los tres dirigentes opositores señalan una posible relación de connivencia con el secretario de Justicia de la Nación, Sebastián Amerio, para encubrir procesos penales y disciplinarios abiertos contra Maraniello en el Consejo de la Magistratura y la justicia federal, lo que de confirmarse perpetraría una violación de la independencia judicial y de la división de poderes.

Por si fuera poco, Carrió, Campagnoli y Reyes denuncian que Maraniello es socio fundador y presidente de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional (AAJC), una institución que “resultaría formar parte de una supuesta red de tráfico de influencias dentro del Poder Judicial de la Nación”. 

“A tal punto, que cuenta con importantes ‘auspiciantes’ incompatibles con el ejercicio de la magistratura y en particular, con el fuero al que pertenece Marianello, tal es el caso de los Laboratorios HLB Pharma” y “Ramallo”, indicaron en la denuncia.

Estos laboratorios están implicados en otra trama de corrupción vinculada a la producción y comercialización de lotes de fentanilo contaminado, que provocaron cerca de un centenar de muertes.

También detallaron en la presentación que el magistrado acumula cinco denuncias ante el Consejo de la Magistratura y la Cámara Civil y Comercial Federal por abuso moral, sexual y violencia de género, iniciadas por personal de su juzgado. 

“Estamos frente a un magistrado que ha violado su deber de imparcialidad, ha ignorado deliberadamente el derecho vigente, ha abusado de su autoridad en perjuicio de subalternos y ha menoscabado con sus actos la confianza pública en la Justicia”, concluyeron los denunciantes.

Con información de la agencia NA

Alejandro Patricio Maraniello está a cargo del Juzgado Federal en lo Civil y Comercial N° 5 de la Ciudad de Buenos Aires. Fue quien este lunes hizo lugar a un pedido del Gobierno y ordenó el cese de la difusión de los audios grabados en la Casa de Gobierno atribuidos a Karina Milei. Por estos días, el juez tiene otra preocupación, es que recibió seis denuncias en el Consejo de la Magistratura en las que se lo acusa de maltrato laboral, acoso sexual y abuso de poder.

Las denuncias fueron impulsadas por La Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de la Nación (AEFPJN) que ademas reclamó a la justicia que “se adopten medidas tendientes a evitar que el titular del Juzgado del fuero N° 5, doctor Alejandro Patricio Maraniello, siga desplegando un accionar que condicione o ponga en peligro la integridad de eventuales víctimas y testigos,que trabajan allí como subordinados”, a la vez que pidió una consigna policial en el piso 10º de los Tribunales para evitar cualquier situación de violencia de género por parte del magistrado.

Maraniello está en tiempo de descuento para poder ejercer su defensa ante el Consejo de la Magistratura, ya que el 19 de agosto pasado se le comunicaron los cargos en su contra y desde entonces tiene 20 días para presentar pruebas y designar abogado.

Los cargos por los que fue denunciado son buso de poder, acoso laboral y sexual, maltrato a empleados, uso indebido de recursos públicos e incumplimiento del reglamento para la Justicia Nacional y están siendo tramitadas por la Comisión de Disciplina del Consejo, presidida por César Grau,

La denuncia más grave es la de una empleada quien contó que, por temor a perder su trabajo, aceptó una salida fuera del ámbito en la que que se vio forzada a mantener relaciones sexuales con el magistrado. Los acosos, según la mujer, comenzaron a la semana de comenzar a trabajar en el juzgado y se mantuvieron en el tiempo. La joven ratificó la denuncia ante la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres.