La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, desistió de la demanda en la que pidió la medida cautelar que prohibía la difusión en medios de comunicación de los audios donde se la escucha y que habrían sido grabados en la Casa Rosada.

La funcionaria y hermana del presidente Javier Milei informó su decisión al juez en lo civil y comercial Patricio Maraniello, al responder a una apelación contra su decisión que presentó Poder Ciudadano, informaron fuentes judiciales.

En el escrito presentado ante la Justicia, Milei negó que la medida hubiera buscado “censura previa” o evitar difundir información sensible.

“La medida cautelar no fue solicitada como una censura previa y, mucho menos, con fundamento en que pudiese existir algo incriminatorio como pretendieron hacer creer y sostuvieron varios operadores”, explicó en la presentación.

Al recordar que hay abierta una denuncia penal a cargo del fiscal federal Carlos Stornelli por el origen ilegal de esos audios, advirtió que “están manipulados y editados con una finalidad propia de crear una operación en contra de mi persona y de mi familia”.

“La libertad de prensa no puede utilizarse ni convertirse en un escudo o protección para la realización de campañas de manipulación de la opinión pública y, mucho menos, para la utilización de audios, escuchas, videos o fotografías obtenidas ilegalmente”, agregó.

Pero a la hora de referirse en concreto a esos audios, explicó al juez que su contenido no afecta su seguridad “ni los derechos de terceros ni la seguridad nacional, al menos con la información con la que se cuenta actualmente”.

El 1° de septiembre pasado el juez Maraniello hizo lugar de manera parcial a la medida cautelar que había pedido la hermana del Presidente y prohibió difundir los audios en medios de comunicación.

Los audios de Spagnuolo

En tanto, el vocero presidencial, Manuel Adorni, descartó la veracidad de los audios filtrados en los que el extitular de ANDIS Diego Spagnuolo confesaba un circuito de pedido de coimas de parte del Ejecutivo, y reafirmó en el cargo a los funcionarios involucrados.

“El Presidente ha dejado trascender que todos los funcionarios del Gobierno están confirmados y ratificados. No sólo públicamente, sino en privado también”, destacó en la conferencia de prensa semanal. 

En la misma línea, afirmó: “El que efectivamente elige a los funcionarios, al menos los de primera línea, es el Presidente de la Nación. Luego, a los de primera línea les permite libremente elegir a sus funcionarios, de acuerdo a la capacidad de ellos o a cómo ellos se sientan cómodos con las personas trabajando” 

“Por lo tanto, no hay nadie que pueda opinar sobre las decisiones del Presidente desde dentro del Gobierno, porque las decisiones del presidente se respetan”, sostuvo luego de que militantes de militantes de Las Fuerzas del Cielo cuestionaran a los armadores Sebastián Pareja y Eduardo “Lule” Menem.

Asimismo, remarcó que el mandatario tiene “plena confianza” en su equipo, aunque aseguró que mantiene respeto de “la instancia judicial”. “Tiene el deseo de que la Justicia termine determinando cuál es la explicación de por qué existen esos audios, si son o no son editados y si, más allá del que el contenido es falso, de punta a punta para entender cuál es un poco la razón de por qué se dijo lo que se dijo”, aclaró.

“El contenido de los audios es falsos, pero deberá determinar la Justicia cómo surgieron, de qué manera, si están o si no están editados”, aclaró, y subrayó: “El Presidente no tolera ningún acto de corrupción de ninguna índole, por lo tanto tomará las medidas correspondientes de acuerdo a cómo avanza la investigación. Si hay alguien comprometido con la corrupción, siempre ha sido el Presidente”.

Con información de la agencia NA

La Cancillería de Rusia convocó al embajador argentino en Moscú, Enrique Ignacio Ferrer Vieyra, tras los señalamientos que la ministra de seguridad, Patricia Bullrich, dirigió recientemente a Moscú, informó la prensa de aquel país.

Patricia Bullrich acusó a la inteligencia rusa de haber participado en una grabación ilegal en la Casa Rosada, informa el sitio Actualidad RT, tras conocerse audios filtrados del extitular de ANDIS, Diego Spagnuolo, y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

“Se le informó al embajador de la Argentina que la parte rusa rechaza firmemente las acusaciones” de la ministra, que considera “infundadas”, en tanto en cuanto “no tienen pruebas”, reza un comunicado del Ministerio de Exteriores.

Además, “se señaló la existencia del Tratado entre Rusia y la Argentina de asistencia legal recíproca en materia penal, que establece un procedimiento para la interacción correspondiente de las estructuras competentes de los dos países”, indicó la Cancillería.

Añadió que las declaraciones de Bullrich “no ayudan a mantener relaciones constructivas de amistad que existen” entre ambas naciones.

En este sentido, Moscú “lamenta que Buenos Aires no esté dispuesto a avanzar en el camino de su desarrollo progresivo”, señala el Ministerio en su comentario. Finalmente, la Cancilleria rusa confía en que recibirá de la parte argentina “una explicación detallada” de las “inaceptables declaraciones” de la ministra “lo antes posible”.

Actualidad RT cita luego que “en una entrevista con Radio Rivadavia, Bullrich” declaró “el pasado lunes que el Gobierno denunció a personas ligadas a exservicios de inteligencia rusos por la filtración de audios de Karina Mieli, la secretaria general de Presidencia y hermana del mandatario Javier Milei”.

“Si bien el contenido de dichos audios era inocuo, otra grabación atribuida a Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), asegura que ella y su asesor, Eduardo ‘Lule’ Menem, cobran sobornos del 3 al 8 % a las empresas farmacéuticas privadas, a cambio de otorgarles millonarios contratos de compra de medicamentos para instituciones públicas”, completa el medio.

El comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso

El pasado 8 de septiembre, el MAE de Rusia invitó al Embajador de Argentina en Moscú, Enrique Ignacio Ferrer Vieira, para informarle que Moscú tomó nota de las declaraciones públicas de la Ministra de Seguridad de la República Argentina, Patricia Bullrich, alegando a que Rusia estaba involucrada en la escucha de llamadas telefónicas en el palacio presidencial con tal de desestabilizar la situación política en Argentina.

Se ha informado al Embajador argentino que la parte rusa refuta decisivamente dichas afirmaciones de la Ministra del Gobierno argentino, y que las mismas carecen de pruebas algunas y, por consiguiente, son infundadas.

Además, se ha indicado que está en vigor el Tratado entre la República Argentina y la Federación de Rusia sobre Asistencia Legal Recíproca en Materia Penal. El documento prevé un procedimiento de interacción correspondiente entre las estructuras de referencia de los dos Estados. Las declaraciones mencionadas de la oficial de Argentina no ayudan a mantener las relaciones de amistad constructivas entre nuestros países. Moscú lamenta que Buenos Aires no se muestre dispuesta a seguir el camino de su desarrollo.

Se ha subrayado que el MAE ruso cuenta con recibir, dentro del plazo más corto, explicaciones oficiales exhaustivas de la parte argentina sobre las declaraciones inaceptables de la Ministra Patricia Bullrich.

Qué dijo Bullrich

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, elevó el pasado 1 de septiembre la tensión en torno a la filtración de los audios de Karina Milei al asegurar que el Gobierno denunció a “personas ligadas a servicios de inteligencia rusos” por el hecho y sugirió que también podría haber “incidencia de Venezuela”.

En diálogo con el programa “Pan y Circo” de Radio Rivadavia, la ministra calificó la grabación ilegal en la Casa Rosada como “algo inédito e increíble” que pone al país en una “situación de indefensión”. Bullrich afirmó que se trata de una “impresionante maniobra de inteligencia” y se comprometió a “trabajar a fondo” para esclarecerla.

La funcionaria describió la estrategia de los responsables como una tortura psicológica, al señalar que planean entregar la grabación “en pedacitos, como si fuese una serie”. Además, enmarcó el episodio dentro de una ofensiva mayor contra el Gobierno.

“No podemos ser ingenuos, nos quieren mover la economía, hacer subir el precio del dólar. Todo es contra el gobierno. Nos tiran piedras en cada acto que vamos. Ahora nos tiran audios grabados en la propia casa de gobierno”, manifestó.

Bullrich también reveló las estrictas medidas de seguridad que ya se toman en el Ejecutivo para evitar filtraciones, al confirmar que “en las reuniones de gabinete ningún funcionario entra con el teléfono”. Finalmente, prometió una dura respuesta del Gobierno ante lo que considera un ataque de “la mafia”. “La verdad no se defiende sola. Vamos a defender la verdad a muerte”, concluyó.

La ministra de Seguridad aseguró que quienes filtraron los audios “no son periodistas” sino parte de una “mafia” que busca desestabilizar al Gobierno.

En una entrevista con el periodista Jonatan Viale, Bullrich explicó por qué, a su criterio, la difusión del material no es un acto periodístico. “Un periodista, si recibe un audio, primero habla con la fuente. Pero si dice: ‘Lo voy a pasar 60 días seguidos’, está siendo parte de un intento de desestabilización”, sentenció la ministra.

Quién es Enrique Ignacio Ferrer Vieyra

El 5 de noviembre de 2024 el Embajador Enrique Ignacio Ferrer Vieyra presentó Cartas Credenciales ante el Presidente Vladimir Putin.

Previo a su designación como Embajador en la Federación de Rusia (Decreto 242/2024), prestó funciones en la Subsecretaría del MERCOSUR y Negociaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina, donde fue Jefe de Gabinete entre los años 2018 (junio) y 2023 (febrero).

Desde 2016 se venía desempeñando también como coordinador nacional de las negociaciones de los capítulos sobre Comercio y Desarrollo Sostenible en el ámbito de los acuerdos comerciales negociados por Argentina/Mercosur.

Antes de desempeñarse en la mencionada Subsecretaría, fue Director de Asuntos Económicos Multilaterales (2016-2018), habiendo sido también miembro, durante ese período, del Punto Nacional de Contacto de la Argentina para las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales.

Entre 2012 y 2016, prestó funciones en la Misión Permanente de la República Argentina en Ginebra, donde fue responsable de coordinar la participación argentina en organismos económicos multilaterales como la OMC, la UNCTAD, la OMPI.

En este último destino estuvo involucrado en las negociaciones conducentes a la X Conferencia Ministerial de la OMC (Nairobi, diciembre 2015), asistiendo a la misma, y en la preparación de la XIV Conferencia Ministerial de la UNCTAD, que tuvo lugar en la misma ciudad en julio 2016, de la cual también participó.

Asimismo, como Director de Asuntos Económicos Multilaterales de la Cancillería Argentina (2016-2018) participó de la XI Conferencia Ministerial de la OMC que se llevara a cabo en Buenos Aires en diciembre 2017.

Entre 2009 y 2012 se ocupó de las relaciones económicas y comerciales bilaterales con la Unión Europea en el Ministerio, y, previo a ello, entre 2001 y 2009, se desempeñó en la Embajada Argentina ante el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, donde fue Jefe de la Sección Económica y Comercial (2007-2008) y luego Encargado de Negocios a.i. (2008-09).

También prestó servicios en la Embajada de Argentina en los Estados Unidos de América (1992-1997), comenzando su carrera en la Dirección de Asuntos Económicos Multilaterales de la Cancillería (1990-92), responsable, por entonces, de las negociaciones de la Ronda Uruguay del GATT. El Sr. Ferrer Vieyra es diplomático de carrera, habiendo egresado del Instituto del Servicio Exterior de la Nación en diciembre 1989, revistiendo actualmente la categoría de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario.

Es también abogado y tiene un Diploma en Estudios Internacionales de la Universidad de Londres. Está casado y tiene cuatro hijos.

Con información de agencias.

IG

La difusión de audios atribuidos al director de la agencia de Discapacidad, Diego Spagnuolo, y a la secretaria general de la Presidencia y hermana presidencial, Karina Milei, activaron los intentos del Ejecutivo para censurar a periodistas y medios de comunicación y reinstalaron el debate sobre la legalidad de las grabaciones privadas.

De acuerdo al Código Procesal y la Ley de Inteligencia Nacional, las escuchas telefónicas sólo son válidas como prueba judicial si son ordenadas por un juez. Sin embargo, existe jurisprudencia que ha sentado precedentes sobre grabaciones realizadas por particulares, como el caso Skanska. 

En cuanto a la censura previa, el penalista Andrés Gil Domínguez, explica a elDiarioAR que no es constitucional ni legal en Argentina y que ningún juez puede ordenarla, como lo hizo el magistrado civil Alejandro Maraniello, ya que viola la Constitución Nacional y los tratados internacionales a los que adhiere el país. Aquí ocho preguntas y respuestas para entender el caso.

¿Cuáles son los audios que el Gobierno pide que no se difundan?

El Ejecutivo pretende frenar la difusión de cualquier audio, pero tiene un especial interés en evitar que se conozcan los audios atribuidos a la hermana del presidente en el canal de streaming Carnaval. Por eso, Karina Milei recurrió a los tribunales civiles y el Ministerio de Seguridad presentó una denuncia penal por presunto espionaje ilegal.

El intento de censura previa se da luego de que la difusión de audios atribuidos a Spagnuolo, quien además de ex director de la agencia de Discapacidad es abogado y amigo del Presidente. De acuerdo con diferentes pedidos de acceso a la información realizados por el Centro de Datos de Chequeado, Spagnuolo es la cuarta persona que más veces ingresó a la Quinta de Olivos: 38 visitas, entre enero de 2024 y marzo de 2025 (último dato disponible).

En los audios que se le atribuyen, Spagnuolo habla de supuestas coimas dirigidas a Karina Milei por el 3% de los montos de los contratos en la dirección de Discapacidad. Por este caso, hay también una investigación penal.

¿Qué investiga la Justicia en torno a los audios?

La primera causa fue iniciada es una causa penal por el contenido de los audios de Spagnuolo. El abogado Gregorio Dalbón –quien suele patrocinar a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner– denunció penalmente a los hermanos Milei, a Spagnuolo y a otros funcionarios y empresarios por el presunto delito de pago de coimas en la compra de medicamentos.

La causa quedó radicada en el juzgado federal de Sebastián Casanello, quien delegó la investigación en el fiscal Franco Picardi. Se dispusieron más de una decena de allanamientos y se dictó secreto de sumario.

La investigación se centra en presuntas coimas que articularía Eduardo “Lule” Menem, funcionario a cargo de Karina Milei.

Luego de los allanamientos y el avance de esta causa, se difundieron audios atribuidos a Karina Milei hablando sobre la crisis institucional y política en el Gobierno. En uno de los audios, la hermana del Presidente dice: “No podemos entrar en la pelea entre nosotros. Nosotros tenemos que estar unidos, imaginate”. En el segundo, agrega: “Entonces, acá ni siquiera. Porque en verdad acá no tienen que estar las 24 horas. Porque yo entro a las 8 de la mañana y me voy a las 11 de la noche de la Casa Rosada”.

A pesar de lo inocuo del contenidos de los audios hasta el momento, el Ejecutivo respondió activando otros dos expedientes judiciales: una causa penal a cargo del juez Julián Ercolini y el fiscal Carlos Stornelli y otra causa civil, que tramita en el juzgado de Maraniello.

¿Qué planteó el Gobierno en la Justicia?

En el fuero civil, Karina Milei presentó un escrito alegando que los audios que se le atribuyen fueron “recabados ilegal e ilícitamente y sin su consentimiento”. Además, hizo alusión a los audios de Spagnuolo, que “habrían sido obtenidos también de manera ilegal e ilegítima y que perjudicarían gravemente su honor, reputación, la actividad profesional que desarrolla y el buen nombre y honor de su familia y del gobierno que integra”.

“Sin reconocer su veracidad y desconociendo el modo en que los medios que los reproducen pudieran haberlos obtenido, requiere que se prohíba su circulación”, planteó la hermana del Presidente, reclamando una acción de censura previa. 

En el fuero penal, el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, solicitó que “se adopten medidas cautelares urgentes a fin de impedir la propagación de nuevas filtraciones ilícitas, disponiendo la prohibición de difundir, propalar o divulgar nuevos registros relacionados con el caso, bajo apercibimiento de incurrir en el delito de desobediencia, y requiriendo a las personas, los organismos, los medios de comunicación y los prestadores de servicios digitales la debida colaboración para hacer efectiva tal decisión”.

La presentación penal fue realizada por el funcionario de Seguridad Fernando Oscar Soto, quien sostuvo que los audios habrían sido grabados y difundidos por una “organización criminal”, mediante el desarrollo de “actividades prohibidas y penadas por la Ley Nacional de Inteligencia”, que habrían consistido en “la captación y obtención ilegal de supuestos audios de conversaciones y/o comunicaciones privadas que corresponderían a la Secretaria General de la Presidencia” mediante prácticas de “espionaje ilegal”, para luego procederse a su “edición, manipulación, tergiversación y difusión clandestina”, a través de redes sociales y medios de prensa. 

Soto dice que estos medios “habrían sido elegidos deliberadamente” con el supuesto fin de “alarmar y desinformar a la población, desestabilizar los principales indicadores de la política económica, influenciar en el proceso electoral en las próximas elecciones legislativas”, por las elecciones de este domingo en la provincia de Buenos Aires. “Lo ocurrido formaría parte de una trama más amplia, que involucra a la oposición kirchnerista en una campaña de desinformación para derrocar al Gobierno”, sostuvo Soto en su escrito. Sin embargo, los audios salieron de la propia Casa Rosada.

El ministerio que dirige Patricia Bullrich solicitó allanar el canal de streaming Carnaval, el primero en difundir los audios, y los domicilios de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, de Pablo Toviggino –principal accionista de Carnaval– y del abogado Franco Bindi, pareja de la diputada Marcela Pagano.

Soto abre camino en su presentación para que la causa se extienda a los audios atribuidos a Spagnuolo: menciona también que lo ocurrido “formaría parte de una trama más amplia y que algunos de los periodistas de los que señala se animan a chantajear a funcionarios espiados ilegalmente”, algo sobre lo que ningún funcionario se manifestó hasta el momento.

En un intento por sentar las bases para involucrarse en el objeto de investigación del juez Casanello y el fiscal Picardo en la causa por las supuestas coimas en la agencia de Discapacidad, el fiscal Stornelli, en base a esa presunción de Soto, sostiene en el dictamen que dio inicio a la causa: “Podemos afirmar que la maniobra que será objeto de estudio no debe limitarse a los audios mencionados de Karina Milei sino en la génesis de la operación que encuentra su puntapié inicial en supuestas grabaciones del mismo tenor efectuadas sobre otro entonces funcionario público”.

¿Qué decidió el juez del caso civil?

El juez federal en los Civil y Comercial Alejandro Maraniello concedió la medida cautelar solicitada por Karina Milei y prohibió la difusión de los audios que se le atribuyen a la funcionaria. 

El magistrado ordenó el “cese de la difusión” a través de “cualquier medio de comunicación de forma escrita y/o audiovisual y/o a través de redes sociales desde todo sitio, plataforma y/o canal web”. Además, ordenó cursar una comunicación urgente al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) para que controle que los medios de comunicación cumplan con la orden judicial.

El objetivo, dijo Maraniello, es “resguardar bienes jurídicos de igual jerarquía constitucional (que la libertad de prensa), tales como la intimidad y el honor de las personas involucradas, así como la seguridad institucional derivada de la eventual divulgación de contenidos sensibles para el funcionamiento del Estado”. “Lo expuesto no importa convalidar la figura de la censura previa, en tanto la medida bajo análisis se circunscribe únicamente a una restricción de carácter provisorio y excepcional al ejercicio de la libertad de prensa”, sostuvo el juez.

Sin embargo, un nuevo audio atribuido a Karina Milei –que involucraría al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem– fue difundido en Uruguay por el streaming Dopamina, donde la orden judicial no tiene alcance.

¿Qué decidió el fiscal del caso penal con respecto a la censura?

Stornelli hizo lugar a la apertura de una causa pero no a la censura. “En primer lugar, debo decir que en la investigación no podrá hurgar en las fuentes de algún periodista, merezca el concepto que merezca por parte de quien lo analice, ello por mandato constitucional y sin perjuicio de que alguno quiera voluntariamente, en ese sentido, aportar datos que considere puedan servir al descubrimiento de la verdad”.

También se negó, por el momento, a allanar a los periodistas denunciados por el ministerio de Bullrich: “Esto incluye la inviolabilidad del domicilio, salvo orden fundada de juez competente”.

El fiscal penal también se refirió a la supuesta ilegalidad de los audios: “Estamos frente a una operación de inteligencia ilegal, de factura indudablemente clandestina, elaborada en consabidos y oscuros sótanos, lo que debe ser materia incansable de investigación”.

¿Puede el Poder Judicial censurar a los medios y periodistas?

No, no puede hacerlo porque se lo prohíbe la Constitución Nacional y los pactos internacionales de derechos humanos a los que adhiere Argentina y que tienen rango constitucional, explicó el penalista Andrés Gil Domínguez a elDiarioAR.

El artículo 14 de la Constitución Nacional, ley máxima de Argentina, prohíbe la censura previa y diversos tratados internacionales que suscribe el país sólo restringen la libertad de expresión mediante “responsabilidad ulteriores” a la publicación. Por ejemplo, el Pacto de San José de Costa Rica, en su artículo 13, establece el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, que incluye la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, sin importar las fronteras, y por cualquier medio. Este derecho no puede estar sujeto a censura previa, sino solo a responsabilidades posteriores establecidas por ley y necesarias para proteger derechos o el orden público.

También hay jurisprudencia internacional, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). En el Caso Olmedo, la última tentación de Cristo versus Chile, el tribunal se pronunció en contra del país y eso obligó a Chile a reformar su Constitución y quitar la censura previa como una posibilidad en su sistema.

¿Hay antecedentes de censura previa?

Sí, la jueza María Servini demandó al cómico y conductor Tato Bores en 1992, a través de una acción de amparo para evitar la publicación de un tape en el que se la mencionaba en el programa de Bores. En primera instancia la Justicia rechazó la solicitud por considerar que se trataba de un acto de censura previa.

Sin embargo, al día siguiente, tras la apelación de la jueza, la Cámara en lo Civil y Comercial Federal revocó el fallo de primera instancia y otorgó la cautelar, prohibiendo provisionalmente la proyección de cualquier imagen o concepto vinculado con Servini. 

El tribunal argumentó que la prohibición de la censura previa no es absoluta y que la protección del honor de la jueza justificaba la medida. 

La Corte Suprema revocó el fallo porque la Cámara no había siquiera visto los tapes en cuestión para analizar si correspondía hacer lugar al pedido de la jueza.

¿Pueden utilizarse los audios de Karina Milei y Spagnuolo como prueba judicial?

Las opiniones son disímiles, pero existen antecedentes que avalan el uso de grabaciones telefónicas aportadas por particulares, que se grabaron sin la intervención de un juez. 

En la causa “Skanska”, se utilizaron grabaciones del gerente comercial de la compañía sueca, Javier Azcárate, admitiendo que la empresa pagó coimas a funcionarios del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) y Nación Fideicomisos SA, una empresa del Banco Nación. 

En 2008 la Cámara Federal de Apelaciones declaró la nulidad de esa prueba. Eso desembocó en el sobreseimiento de los acusados. Sin embargo, en 2016, la Cámara de Casación Penal resolvió que las pruebas eran válidas y el juez de primera instancia, Sebastián Casanello, reabrió la causa.

ED/MG

“Viví lo que las mujeres trabajadoras viven en silencio: acoso, humillación y miedo. Escuchar su voz otra vez me llenó de angustia: ‘Nunca vas a llegar a nada’, ‘Si no aceptás te quedás afuera’”. La frase pertenece a una exempleada judicial que decidió romper el silencio con una carta pública para contar lo que sufrió trabajando en el juzgado de Alejandro Patricio Maraniello, el magistrado que la semana pasada dictó la cautelar que prohibió difundir los audios de Karina Milei, atribuidos a grabaciones dentro de la Casa Rosada.

El texto, difundido en primera persona, combina denuncia y catarsis. “La cautelar que frena la difusión de los audios de Karina Milei no es censura previa: es una muestra de cómo el Poder protege a los privilegiados y castiga a los que no lo son. Así funciona una casta protegiéndose entre ellos”, escribió la denunciante, que prefirió preservar su identidad.

“Sí, tengo miedo. Pero entendí que el miedo no es un obstáculo, es una señal de lo importante que es lo que pasa. Hablar aunque sea en la voz de otro también sana. Hablar nos muestra que no estamos solas”. Su testimonio no hizo más que arrojar luz sobre un costado que en los tribunales se conoce bien: Maraniello tiene ocho denuncias en el Consejo de la Magistratura, cinco de ellas por acoso sexual contra empleadas de su propio juzgado.

El juez civil y comercial federal fue notificado el 19 de agosto pasado de los cargos en su contra. El procedimiento se encuentra en la Comisión de Disciplina del Consejo, que evalúa pruebas y testimonios, y que eventualmente podría derivar alguno de los expedientes a la Comisión de Acusación, antesala de un jury de enjuiciamiento. El magistrado tiene veinte días para presentar su defensa, designar abogado y ofrecer pruebas. Según sus allegados, niega todo y sostiene que las denuncias son “falacias”.

Los testimonios que figuran en los expedientes, sin embargo, son contundentes. Una de las trabajadoras relató que a menos de una semana de ingresar al juzgado fue hostigada por Maraniello. Por miedo a perder su empleo, aceptó una cita fuera del ámbito laboral. Allí, según su denuncia, sufrió tocamientos y besos no consentidos, y con el tiempo se vio forzada a mantener relaciones sexuales para poner fin a la situación. Otra empleada declaró que recibió mensajes por redes sociales, comentarios sobre su vestimenta y acercamientos físicos forzados. Cuando se negó a los pedidos, padeció maltratos en la oficina. El hostigamiento continuó durante meses hasta empujarla a medicarse y a desarrollar ideas suicidas.

El gremio judicial también intervino. En septiembre de 2024, la Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial celebró que se dispusiera “una consigna policial en el horario laboral” dentro del juzgado de Maraniello para resguardar a los trabajadores. En sus presentaciones, el sindicato sostuvo que cada vez que entrevistaban a empleados o exempleados surgían nuevos testimonios en distintos momentos y por diferentes situaciones, una suerte de trama repetida de abusos, humillaciones y acosos.

Mientras tanto, el magistrado continúa al frente de su despacho, con una página web personal donde exhibe su currículum, más de veinte libros publicados y un listado de premios académicos que contrastan con el cúmulo de denuncias que enfrenta. Esa continuidad en el cargo es lo que la exempleada denunciante puso en palabras: “Después de todo, él sigue en su cargo protegiendo a los poderosos, y yo me encuentro afuera”.

El trasfondo político refuerza esa lectura. La decisión de prohibir la difusión de los audios de Karina Milei fue cuestionada de inmediato por especialistas en derecho constitucional, que recordaron que la censura previa está expresamente prohibida por la Constitución. Los eventuales daños por la publicación de una información deben repararse después, no impedirse de antemano. Para la autora de la carta, esa decisión confirma la trama de favores entre jueces federales y el poder político: “El verdadero efecto de la medida es proteger al círculo íntimo del Presidente de un escándalo mediático y político. La información de interés público quedó vedada bajo un argumento tirado de los pelos de ‘resguardo de la intimidad’”.

El caso expone la paradoja de un juez que carga con múltiples denuncias por acoso laboral y sexual pero que al mismo tiempo dicta fallos de enorme impacto político. La propia denunciante lo sintetizó con crudeza: “El procedimiento contra un juez es altamente político, por eso los amigos poderosos son tan importantes”. En su carta, recordó cómo el magistrado la hostigaba con frases que hoy resuenan en otro registro: “Yo me acuerdo de los que me acompañan y de quienes no. Yo tengo amigos muy poderosos. Si no entendés que la abogacía se trata de contactos, no entendiste la carrera”.

La mujer eligió publicar su testimonio pese al temor. Lo hizo, explicó, porque “cuando una mujer elige hablar ya no habla sola: habla por muchas, habla para que nadie más tenga que pasar por lo mismo. Y eso puede empezar a cambiarlo todo. Porque aunque tengamos miedo, podemos hacer las cosas con el miedo al lado si tenemos la fuerza de muchas. Tenemos que tener memoria. Es verdad, Marianello tiene amigos poderosos, pero los nadie somos más y más fuertes”.

El texto completo

Fui empleada del Juez Marianello

Fue una experiencia acelerada con el Poder Judicial, que muchas veces se usa para denominar como sinónimo de Justicia. El poco tiempo que pasé me mostró cómo funciona el Poder y Como la injusticia en los lugares donde deberían protegernos.

En ese tiempo viví lo que las mujeres trabajadoras viven en silencio: acoso, humillación y sobre todo miedo. Hablo porque lo que me paso a mi puede pasarle a cualquiera.

Cuando vi la noticia de la cautelar que aplicó censura previa me sorprendió por ser anticonstitucional, pero al ver quien la dictó de alguna manera tuvo más sentido. Vi la foto y en mi cabeza volví a escuchar su voz “Nunca vas a llegar a nada”, “Si no aceptas te quedas afuera”, “Cuando una persona como vos va a tener las oportunidades que podes tener si te quedas conmigo”, “yo me acuerdo de los que me acompañan y de quienes no. Yo tengo amigos muy poderosos”, “Si no entendes que la abogacía se trata de contactos no entendiste la carrera”. Cada frase retumbó nuevamente en mi cabeza llenandome nuevamente de miedo y angustia. Después de todo él sigue en su cargo protegiendo a los poderosos, y yo me encuentro afuera.

La cautelar que frena la difusión de los audios de Karina Milei, no es censura previa es una muestra de cómo el Poder protege a los privilegiados y castiga a los que no lo son. ASI FUNCIONA UNA CASTA PROTEGIENDOSE ENTRE ELLOS. El verdadero efecto de la medida es proteger al círculo íntimo del presidente de un escándalo mediático y político. La información de interés público quedó vedada bajo un argumento tirado de los pelos de “resguardo de la intimidad”.

No, no es una decisión técnica. En términos políticos es un favor del Poder Judicial al Poder Ejecutivo. Refuerza la dependencia entre ciertos jueces federales y la Casa Rosada, algo que históricamente sirvió como moneda de cambio para sostener, impulsar y mantener carreras judiciales.

El proceso contra un juez inicia con la denuncia en el Consejo de Magistratura, puede denunciarse a un juez por mal desempeño, abuso de poder o inconducta. Se efectúa una investigación preliminar La Comisión de Disciplina y Acusación evalúa la admisibilidad de la denuncia, junta las pruebas y puede decidir si archiva o impulsa. Luego en un plenario del Consejo, si la denuncia prospero, pueden elevar el caso al Jurado de enjuiciamiento. El jury de Enjuiciamiento, es el paso que sigue, lo integran jueces, legisladores y abogados. En algunos supuestos debe intervenir e Senado. En criollo el procedimiento es Político, altamente político, por eso los amigos poderosos son tan importantes.

Como trabajadora, como mujer, como ciudadana sentí de nuevo la impotencia de quien observa cómo el abuso se normaliza, como la justicia está ausente.

Sí, tengo miedo. Escribo esta carta como forma de canalizar la bronca, la angustia y la impotencia. La escribo para poder poner mis palabras y mi lectura sobre lo que pasa. Pensé en grabar un video y ponerle una cara a la denuncia pero ellos son tan poderosos y yo cómo él lo decía cada vez que tenía la oportunidad no soy nadie.

Entendí que el miedo no es un obstáculo, es una señal de que soy consciente de lo importante que es lo que pasa. Ahora, con esta medida que dictó quedo sobre la mesa, expuestas las decisiones y los antecedentes de este personaje nefasto qe me toco conocer. Siento que no puedo quedarme callada y solo confiar en un sistema que deja a fuera “a los nadie” todos los días pero no pierdo la fe de que al estar en el ojo público actué la Justicia avanzando, investigando y resolviendo de forma favorable reparando a las víctimas y evitando que otros se expongan a sus garras.

No puedo cambiar lo que pasó, no puedo dejar de ser una víctima de acoso laboral y sexual. Pero puedo elegir ser una víctima responsable. No una que se calla y solo se esconde. Hablar aunque sea en la voz de otro también sana, porque libera, protege y conecta. Hablar nos muestra que no estamos solas. Hablar si alguien escucha desafía al poder.

Mi denuncia está en curso en el consejo de la Magistratura. Muchas veces nuestros representantes no nos representan. Pero este es un momento para mostrar que no nos resignamos.

Están en juego derechos importantes, fundamentales como la libertad de expresión y el derecho a la información pública, el principio de igualdad y no discriminación en el trabajo entre otros esto es un escándalo institucional hay un triple problema JUDICIAL, un juez denunciado por dicta fallos que benefician al poder político. POLÍTICO la medida se traduce en un blindaje para el presidente y su hermana, y DEMOCRATIO se vulneran los derechos básicos de todo el pueblo Argentino.

Les pido que compartan este mensaje. No lo hago por mí, lo hago por cada trabajadora que alguna vez sintió el peso del poder encima y eligió callar por miedo

Si la justicia no nos escucha hagamos que la sociedad si lo haga. Cuando una mujer elige hablar elige denunciar ya no habla sola habla por muchas habla para que nadie más tenga que pasar por lo mismo. Y eso puede empezar a cambiarlo todo. Porque aunque tengamos miedo podemos hacerlas cosas con el miedo hallado si tenemos la fuerza de muchas tenemos que tener memoria.

Es verdad Marianello tiene amigos poderosos pero los nadie somos más y más fuertes.

PL/MG

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, la diputada nacional Marcela Campagnoli y el legislador porteño Hernán Reyes presentaron una denuncia ante el Consejo de la Magistratura para solicitar el juicio político del juez federal Alejandro Patricio Maraniello, por haber dictado una medida cautelar que permitió la censura previa sobre la difusión de los audios de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

“Con @elisacarrio y @M_Campagnoli presentamos un pedido de juicio para desplazar al juez Maríanello. La libertad de expresión es un límite que nunca debemos atravesar. Defender las instituciones demanda que hagamos los máximos esfuerzos de transparencia, responsabilidad y coherencia en todos los poderes del Estado”, escribió Reyes en su cuenta de la red social X. 

En la publicación, el candidato a diputado nacional de la Coalición Cívica aseguró que “un mal juez empobrece a todo el país, nos vuelve menos confiables”. 

“Las instituciones se defienden cuando te conviene y cuando no te conviene. Ojalá los que abandonaron el republicanismo puedan volver algún día”, cerró el legislador de la Ciudad.

Los denunciantes acusan al magistrado de mal desempeño y posible comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones por haber dispuesto la medida cautelar que para la oposición, juristas y colegios de abogados supone una flagrante violación de un derecho humano como es la libertad de expresión, en el marco del escándalo de presunta corrupción por cobro de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

En el trámite abierto ante el Consejo de la Magistratura se solicita la apertura del procedimiento de acusación, suspensión en el cargo y requerimiento de destitución.

Para la Coalición Cívica, la prohibición de la difusión de chats, fotos, audios y videos de Karina Milei en cualquier medio o red social representa “lisa y llanamente un acto de censura previa contra la prensa y en consecuencia, el avasallamiento del derecho constitucional y convencional a la libertad de expresión y acceso a la información pública”.

Por otra parte, los tres dirigentes opositores señalan una posible relación de connivencia con el secretario de Justicia de la Nación, Sebastián Amerio, para encubrir procesos penales y disciplinarios abiertos contra Maraniello en el Consejo de la Magistratura y la justicia federal, lo que de confirmarse perpetraría una violación de la independencia judicial y de la división de poderes.

Por si fuera poco, Carrió, Campagnoli y Reyes denuncian que Maraniello es socio fundador y presidente de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional (AAJC), una institución que “resultaría formar parte de una supuesta red de tráfico de influencias dentro del Poder Judicial de la Nación”. 

“A tal punto, que cuenta con importantes ‘auspiciantes’ incompatibles con el ejercicio de la magistratura y en particular, con el fuero al que pertenece Marianello, tal es el caso de los Laboratorios HLB Pharma” y “Ramallo”, indicaron en la denuncia.

Estos laboratorios están implicados en otra trama de corrupción vinculada a la producción y comercialización de lotes de fentanilo contaminado, que provocaron cerca de un centenar de muertes.

También detallaron en la presentación que el magistrado acumula cinco denuncias ante el Consejo de la Magistratura y la Cámara Civil y Comercial Federal por abuso moral, sexual y violencia de género, iniciadas por personal de su juzgado. 

“Estamos frente a un magistrado que ha violado su deber de imparcialidad, ha ignorado deliberadamente el derecho vigente, ha abusado de su autoridad en perjuicio de subalternos y ha menoscabado con sus actos la confianza pública en la Justicia”, concluyeron los denunciantes.

Con información de la agencia NA

En los últimos días se divulgaron audios que involucran en un escándalo de presunta corrupción a una figura clave para el gobierno, Karina Milei, hermana de Javier y secretaria general de la Presidencia. También conocida como “El Jefe” –por el rol protagónico que encarna en La Libertad Avanza (LLA)-, quedó implicada en las grabaciones atribuidas a Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), en las que se expone un presunto sistema de coimas del cual ella sería beneficiaria.

En un intento de limitar la divulgación de otros audios de Karina Milei grabados en Casa Rosa, la Justicia -impulsada por el Gobierno- ordenó frenar la difusión de nuevas grabaciones atribuidas a la hermana del Presidente. Más allá del contenido —que sigue siendo un misterio— lo verdaderamente llamativo es la reacción: el pedido de censura previa impulsado por el Ejecutivo y la insólita concesión otorgada por el Poder Judicial. Una decisión que amenaza con allanar medios de comunicación y periodistas en caso de difundir esos audios.

¿Cómo puede ser que, en democracia y con nuestra Constitución Nacional, que en su artículo 14 garantiza el derecho de las personas a “publicar sus ideas por la prensa sin censura previa”, se habilite semejante pretención? Especialmente cuando el artículo 32 prohíbe al Congreso dictar leyes que restrinjan la libertad de imprenta. El principio está escrito con claridad meridiana: la censura previa está prohibida en Argentina.

El marco internacional refuerza esa protección y nuestra Constitución, en su artículo 75 inciso 22, otorga jerarquía constitucional a tratados internacionales de derechos humanos, entre ellos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 13) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 19), en los que se reconoce a todas las personas el derecho a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Sin condiciones. Sin filtros previos. La libertad de expresión, en términos legales, es un derecho robusto, diseñado justamente para proteger al ciudadano frente al poder.

La propia jurisprudencia argentina también consolida esa protección. En el caso Campillay (1986), la Corte Suprema sostuvo que los medios no pueden ser responsabilizados penalmente por difundir información de interés público si citan la fuente o usan el modo potencial. Más de veinte años después, en el fallo Patitó (2008), el tribunal reafirmó que las figuras públicas deben soportar un mayor nivel de escrutinio y crítica porque de eso se trata la vida democrática. Que hoy un juez (Alejandro Maraniello), con varias denuncias en la Magistratura, avance con medidas de censura previa, en contra de esa tradición, no es solo un retroceso jurídico: es un síntoma alarmante de degradación democrática.

Por eso, la decisión judicial no es un trámite menor, es un precedente alarmante. Porque si el poder puede decidir qué se publica y qué no, lo que se erosiona no es solo el trabajo periodístico, sino la confianza en la democracia misma y en nuestras garantías constitucionales.

La censura en democracia es un oxímoron. Una contradicción que revela que algo está podrido en el corazón del sistema. Porque si la democracia es, ante todo, el gobierno de la palabra —del debate, de la pluralidad, de las voces que se contradicen—, silenciar es dinamitar sus cimientos.

Lo más perturbador es que ya no hace falta un gobierno de facto para decretar el silencio. No se necesitan fuerzas paramilitares ni listas negras. Basta un juez. Basta un sello. Basta un oficio judicial que amenaza con allanamientos para disciplinar a periodistas y medios. Así funciona la censura contemporánea: no como un golpe estridente, sino como un goteo burocrático. Una mordaza con membrete.

Y lo más obsceno es el cinismo. Porque quienes nos gobiernan usaron la bandera de la “libertad de expresión” para justificar su violencia cargada de insultos, fake news, discursos de odio, persecuciones digitales. Ese derecho humano fue convertido en una licencia para dañar. La libertad de expresión fue reducida a eso: el derecho a gritar más fuerte que el otro. El derecho a humillar, a degradar, a silenciar con violencia simbólica a cualquier voz disidente. Se la degradó tanto que perdió espesor: la libertad de expresión se transformó en excusa.

Pero ahora que la necesitamos realmente, ahora que la libertad de expresión debería ser la garantía mínima para entender lo que pasa y ejercer nuestra ciudadanía, esa misma bandera se arruga y se tira al tacho. De pronto, las herramientas que ayer se utilizaban para “decir lo que nadie se anima” hoy son “campaña sucia”. Lo que ayer era celebrado como libertad hoy es castigado como delito.

Ahí está la trampa: quienes usaron la libertad de expresión para disciplinar, hoy la niegan para protegerse. El poder siempre fue hábil en ese doble juego: invocar principios universales cuando sirven a su causa, anularlos cuando se vuelven incómodos o peligrosos.

Y el Poder Judicial, lejos de funcionar como contrapeso, se convierte en instrumento. Porque sin división real de poderes la democracia es apenas un decorado. Una puesta en escena donde las instituciones simulan independencia mientras ejecutan la voluntad del Ejecutivo. La historia argentina conoce bien esa mecánica: la censura durante la dictadura fue el extremo del horror, pero en democracia también hubo intentos de acallar voces. Desde periodistas procesados por investigar a la Justicia hasta artistas silenciados por “ofender la investidura”. El método cambia, la tentación persiste.

La censura jamás se presenta como censura. Nunca se reconoce como tal. Siempre se enmascara. Se vende como prudencia, como protección, como seguridad. Pero lo “seguro”, cuando lo define el poder, siempre termina siendo lo conveniente. Y lo conveniente, cuando se trata de controlar la palabra, siempre termina siendo el silencio.

Lo que está en juego no es un audio, una noticia o una operación mediática; ni siquiera una elección legislativa. Lo que está en juego es el precedente: si hoy se callan voces con la excusa de “ordenar”, mañana se pueden desaparecer muchas más. La censura funciona como una bola de nieve: empieza con un caso “excepcional” y termina arrasando con todo lo que incomoda.

La libertad de expresión no es cómoda. Nunca lo fue. Es incómoda, es ruidosa, es molesta. Y ahí radica su valor. Porque si solo sirve para amplificar lo que el poder quiere escuchar ya no es libertad: es propaganda. Y una democracia que teme a las voces críticas no es democracia. Es un simulacro con urnas, un cascarón vacío que conserva las formas mientras vacía la sustancia.

Si una democracia no soporta la palabra, no es la palabra la que sobra. Es la democracia lo que falta.

*Antropóloga y fundadora de @@panopticocultural

ED

El fiscal federal Carlos Stornelli decidió avanzar con una investigación penal sobre la denuncia presentada por el Ministerio de Seguridad, que alega una supuesta operación de inteligencia ilegal contra Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, mediante la difusión de audios privados. Sin embargo, aseguró que no invadirá ni allanará ni las fuentes ni los domicilios de los periodistas involucrados, sin orden judicial válida. La denuncia fue elevada al fiscal por el juez federal Julián Ercolini, que deberá decidir si corresponde avanzar con la causa.

Frente a medidas de prueba pedidas por el Ministerio de Seguridad, que buscaban allanar las oficinas del canal que difundió los audios y los domicilios personales de los periodistas, el fiscal fue tajante: “Ningún domicilio será allanado sin orden fundada de juez competente”, y subrayó el mandato constitucional que protege la inviolabilidad de las fuentes, aclarando que “no se podrá hurgar en las fuentes de algún periodista por mandato constitucional, sin perjuicio de que voluntariamente alguno quiera aportar datos”.

El Gobierno había denunciado ayer ante la Justicia Federal una “operación de inteligencia ilegal” a raíz de la difusión de los audios atribuidos a Karina Milei, en tanto un juez del fuero Civil y Comercial había ordenado el “cese inmediato” de la difusión de ese material. El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó en su cuenta de X que el Gobierno “denunció ante la Justicia Federal una operación de inteligencia ilegal con el fin de desestabilizar al país en plena campaña electoral”.

En su dictamen, Stornelli avaló implícitamente la hipótesis del Gobierno sobre cómo se produjeron las grabaciones a Karina Milei. “Estamos frente a una operación de inteligencia ilegal, de factura indudablemente clandestina, elaborada en consabidos y oscuros sótanos, lo que debe ser materia incansable de investigación, lo que así postulo”, escribió el fiscal, que agregó: “No puede descartarse si no más bien presumirse la ilegitimidad de los audios quizás ardidosamente y de manera equivoca puestos por algunos actores dolosamente a consideración de la opinión pública”.

La demanda fue impulsada por la ministra Patricia Bullrich, quien denunció la filtración y difusión de grabaciones atribuidas a Karina Milei como un ataque político y una violación a la Ley de Inteligencia Nacional. Entre las medidas solicitadas figuraron censura preventiva (“bozal legal”) y allanamientos urgentes.

El Gobierno consiguió el amparo de un juez para evitar que se difundan los audios, pero dicha medida abarca a supuestos audios grabados en la Casa Rosada. La medida chocaría con lo que trascendió esta mañana: de que las grabaciones se habrían producido en el despacho del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Tanto Menem como Karina están involucrados en la causa de las supuestas coimas que reveló en otros audios el ex titular de la agencia de discapacidad Diego Spagnuolo.

La situación ya generó críticas por parte de constitucionalistas de renombre y organismos como ADEPA, que emitió un comunicado advirtiendo que la prohibición preventiva de difundir audios “limita de modo ilegítimo las libertades de expresión y de prensa”, y recordando que estas medidas afectan el derecho ciudadano a informarse, conforme al artículo 14 de la Constitución Nacional.

Tras la decisión del juez Alejandro Patricio Maraniello,  de hacer lugar a un pedido del Gobierno y ordenar el cese de la difusión de los audios grabados en la Casa de Gobierno atribuidos a Karina Milei, la pelea por las supuestas grabaciones ilegales se trasladó a Uruguay. Con los medios argentinos imposibilitados de poder poner al aire los audios, aparecieron dos periodistas uruguayos que se atribuyeron la tenencia de las grabaciones.

Uno de ellos fue Marcos Casas, del canal de streaming Dopamina, quien difundió una grabación de segundos que supuestamente es de Karina Milei. El audio es breve, está editado y su contenido es tan vago que solo vuelve más inexplicable la decisión del Ejecutivo de censurar las grabaciones. Allí, la voz atribuida a la secretaria general de la Presidencia sólo dice que “Martín es el que tiene la información” y que lo respeta como cabeza.

A pesar de que el audio por sí solo no muestra nada –ni siquiera es comproboble que quien está hablando sea efectivamente la hermana del Presidente–, terminó disparando una largo posteo en su cuenta de X de Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados y a quien supuestamente hace referencia la supuesta voz de Karina Milei.

Sin embargo, todos esos supuestos fueron suficientes para que el propio Presidente reaccionara y acusara a “un grupo de periodistas”, a los que no nombró, de formar parte de una red de espionaje.

Para entonces, los argentinos ya se habían lanzado en masa hacia el océano virtual de Uruguay para dar con los audios censurados. Es que a las 9:30 de la mañana se esperaba el primer anuncio que terminó en la nada. El periodista Eduardo Prevé había prometido el día anterior en su cuenta de X que este martes y a esa hora difundiría por otro canal de streaming, M24, las grabaciones de Karina Milei. Pero apenas comenzó su columna aclaró que en realidad se refería a los audios que no se habían escuchado en Uruguay pero sí en Argentina. Es decir, ahí tampoco había mucha novedad.

El presidente Javier Milei reaccionó este lunes a la filtración de grabaciones que se le adjudican a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. A través de un mensaje en la red social X, el mandatario aseguró que “a cada paso sigue quedando en claro la red de espionaje ilegal de la que un grupo de periodistas ha sido parte”, y advirtió: “No están por encima de la ley. Se creen impunes y no lo son. Fin”.

En paralelo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, adelantó que el Gobierno va a ampliar la denuncia a la vez que confirmó que los audios que se conocieron hoy en un streaming de Uruguay son reales y fueron grabados en las oficinas de Martín Menem en el Congreso.

“El audio que publicaron hoy fue grabado en la Presidencia de la Cámara de Diputados, otro poder del Estado democrático violado”, dijo Bullrich en su cuenta de X.

Los audios en cuestión duran apenas segundos y, en rigor, no dicen mucho. Allí Karina Milei aparece diciendo que siente respeto por Menem y que el es la “cabeza”.

Aunque sin nombrarlos, el jefe de Estado apuntó a los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, señalados desde el oficialismo por difundir los audios cuya publicación fue prohibida por la Justicia. La medida fue dictada por el juez federal Alejandro Patricio Maraniello, quien ordenó el “cese inmediato” de su circulación en cualquier medio o plataforma, con el objetivo de proteger la intimidad de la funcionaria y la seguridad institucional.

La posición de Milei se alinea con la de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, quien también apareció mencionado en las grabaciones. El legislador calificó el episodio como “un intento deliberado de desestabilización en el marco del proceso electoral” y deslizó que, de ser auténticos, los audios “parecerían haber sido grabados de manera ilegal en la Presidencia de la Cámara de Diputados”.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó que el Gobierno ampliará la denuncia judicial. En sus redes sociales sostuvo que se trató de “una operación planificada y concertada en todas sus etapas: grabación, tiempo de espera y ejecución en tiempo electoral, digno de una organización concertada con fines claros de volver al poder dominante de la Argentina que estamos dejando atrás”.

En el oficialismo coinciden en señalar que la difusión de las conversaciones privadas busca erosionar al Gobierno en la antesala de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, previstas para el próximo domingo 7 de septiembre. “El tren fantasma no soporta que un gobierno elegido por mandato popular avance contra sus privilegios, y por eso recurre a operaciones de inteligencia ilegal y campañas de difamación”, cerró Menem.

La oficina de Amnistía Internacional en Argentina alertó este lunes que la prohibición por parte de la Justicia -y a pedido del Gobierno- de la difusión de audios de la hermana del presidente Javier Milei y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, “puede significar un ataque a la libertad de expresión y al derecho a informarse”.

“Un juez prohibió difundir audios de Karina Milei, que habría mantenido reuniones en Casa de Gobierno, en el marco de sus funciones. Este precedente puede significar un ataque directo del Gobierno y el Poder Judicial a la libertad de expresión, y al derecho de la sociedad a informarse, pilares fundamentales de un estado de derecho”, advirtió la organización a través de una publicación en su perfil de la red social X.

“2025. Argentina. Parece irreal pero esto sucede”, añadió el texto.

El comunicado fue publicado horas después de que la Justicia dictara una medida cautelar en la que ordenó “el cese de la difusión únicamente de audios grabados en la Casa de Gobierno de la Nación”.

La decisión fue celebrada por el portavoz presidencial Manuel Adorni, que destacó que la Justicia “reconoció que se trata de una violación grave a la privacidad institucional y no un caso de libertad de expresión”.

Minutos antes, el propio Adorni comunicó que el Ejecutivo había presentado una denuncia sobre una presunta “operación de inteligencia ilegal con el fin de desestabilizar al país en plena campaña electoral”, en alusión a los comicios legislativos en la provincia de Buenos Aires del próximo domingo y en medio de un escándalo de corrupción tras la difusión el pasado 20 de agosto de audios de un funcionario describiendo un esquema de recaudación de sobornos a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

Una de las beneficiarias de dicho esquema sería, precisamente, Karina Milei.

“Se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo. No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido”, agregó Adorni, tras conocerse el pasado viernes nuevas grabaciones, en este caso de Karina Milei.

El propio Javier Milei compartió la publicación de su portavoz junto a un escueto mensaje: “Operación de inteligencia ilegal”.

Si bien los audios de Karina Milei filtrados el pasado viernes no hacen mención al escándalo de corrupción sino a disputas dentro del partido oficialista La Libertad Avanza (LLA), la denuncia del Gobierno precisó que un periodista vinculado con su difusión aseguró contar con 50 minutos de grabaciones.

Ante esto, el Ministerio de Seguridad pidió en la denuncia el allanamiento del domicilio del periodista, Mauro Federico, así como del medio digital Carnaval, que dio a conocer las grabaciones, y de otro de sus conductores, Jorge Rial.

La defensa de los periodistas del stream Carnaval

Con información de EFE.

IG