El presidente Javier Milei confirmó que a fines de julio iniciará una gira por Brasil, Ecuador, Perú y Colombia con una agenda que combinará respaldo a dirigentes afines ideológicamente y actividades oficiales. El primer destino será Brasil, donde participará del acto de lanzamiento de la candidatura presidencial del senador Flavio Bolsonaro, hijo del exmandatario Jair Bolsonaro.

“El 25 viajo a Brasil. Lo ungen candidato a presidente a Flavio Bolsonaro. Voy a estar en San Pablo, pero hago un paso por Brasilia para saludar a Jair Bolsonaro”, dijo Milei en una entrevista con Radio Now.

Respaldo al bolsonarismo

La visita volverá a exhibir el alineamiento político del presidente con el bolsonarismo y se producirá en plena campaña electoral brasileña, en la que Flavio Bolsonaro buscará enfrentar al actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva en los comicios previstos para el 4 de octubre.

Tras su paso por Brasil, Milei asistirá el 26 de julio a la inauguración de la Exposición Rural. Según explicó, solicitó al presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, que el acto fuera postergado un día para poder participar luego de su regreso.

La gira continuará el 28 de julio en Perú, donde el mandatario dijo que estará presente en la asunción presidencial de Keiko Fujimori. Más tarde, el 7 de agosto, viajará a Colombia para asistir a la toma de posesión de Abelardo de la Espriella. Durante ese recorrido también tiene previsto reunirse con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, con quien buscará avanzar en un acuerdo bilateral que, según señaló, aún permanece pendiente.

Nueva embestida contra el Congreso

En la misma entrevista, Milei volvió a cargar contra la oposición en el Congreso y la acusó de intentar “hacerle un golpe de Estado” a su Gobierno mediante la aprobación de proyectos que, según afirmó, comprometen el equilibrio fiscal.

“Me parece una irresponsabilidad que el Congreso vote gastos para romper el programa económico e intentar que a un gobierno le vaya mal y hacerle un golpe de Estado, sin decir de dónde se va a financiar”, sostuvo.

El mandatario también reivindicó los resultados de su gestión económica y aseguró que fueron posibles “a pesar de la oposición destructiva, de los periodistas, de los empresarios que quisieron romper el modelo y de los economistas que llamaban al fin del mundo”. Además, destacó el desempeño electoral de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de octubre al afirmar que el oficialismo obtuvo el 41% de los votos y que ese resultado “en una elección nacional hubiera significado ganar en primera vuelta”.

La discusión por la reforma electoral y la interna del peronismo bonaerense sumaron nuevos capítulos este jueves. Mientras la titular del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, cuestionó el sistema de colectoras que negocia el Gobierno y admitió que no tiene los votos para avanzar con el proyecto, un referente de La Cámpora comparó al gobernador Axel Kicillof con el histórico gremialista Augusto Vandor, en medio de la tensión con Cristina Kirchner.

La Libertad Avanza quiere debatir en septiembre la reforma electoral en el Senado, pero no cuenta con los votos para eliminar las PASO ni para aprobar el mecanismo de colectoras que el oficialismo busca ofrecer a otros espacios a cambio de acompañar la reelección de Javier Milei. Bullrich admitió que “no están los votos” para sancionar el proyecto.

La senadora fue especialmente crítica con la alternativa que impulsa Casa Rosada: “Surgió la idea de las colectoras, que deforman el sistema electoral. Es retroceder y llevarse una parte de las PASO a la misma elección”, sostuvo al salir del Senado al hablar con periodistas acreditados del Congreso este miércoles por la noche. Bullrich remarcó que prefiere pelear por la eliminación directa de las primarias antes que discutir una suspensión, como reclaman varios partidos provinciales: “No sirve, necesitamos una solución de fondo”, rechazó.

En esa misma línea se pronunció el gobernador de Jujuy, el radical Carlos Sadir, quien se manifestó en contra de eliminar las PASO, aunque abrió la puerta a una nueva suspensión. “Pensaría que podríamos suspender otra vez, como ya ocurrió, pero no eliminarla”, planteó en declaraciones a Radio Rivadavia. El mandatario jujeño confirmó además que mantuvo conversaciones sobre el tema con el jefe de Gabinete, Diego Santilli: “Hemos hablado bastante de ese tema, pero, obviamente, no hay una definición. Dependerá del Congreso”, señaló, y agregó que el debate “demanda hablar más entre los gobernadores y también con los legisladores para tener una definición clara”.

Se recalienta la interna peronista

En el plano de la interna peronista, el diputado provincial Facundo Tignanelli, referente de La Cámpora y amigo de Máximo Kirchner, comparó implícitamente a Kicillof con Vandor, el gremialista de la UOM que en los años 60 impulsó un “peronismo sin Perón”. “Mis abuelos militaron la Resistencia Peronista creyendo y trabajando para que Perón vuelva. No para ver cómo encontraban una alternativa con Vandor”, dijo Tignanelli en Futurock, en referencia al armado de Kicillof con su espacio Movimiento Derecho al Futuro y su distanciamiento de Cristina Kirchner.

Desde el entorno del gobernador bonaerense calificaron la comparación como una chicana que “no busca construir, sino marcar una división tajante”.

La relación entre Máximo Kirchner y Kicillof está fracturada desde hace meses, en medio de ataques cruzados desde ambos entornos y de la militancia de La Cámpora por una nueva candidatura de Cristina Kirchner. La tensión se profundizó después de que Kicillof impulsara el desdoblamiento de las elecciones provinciales y la suspensión de las PASO en la provincia, medidas que el kirchnerismo interpretó como una estrategia para fortalecer su propio espacio.

El juez Víctor Pesino, de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, presentó una medida cautelar para impedir que el próximo 27 de julio, cuando cumpla 75 años, se active el procedimiento de cese de sus funciones si antes el Senado no aprueba su nuevo acuerdo. Pesino pidió que se ordene al Ministerio de Justicia abstenerse de comunicar al Consejo de la Magistratura la vacancia del cargo que ocupa hasta que finalicen las sesiones ordinarias del Senado de este año.

El magistrado quedó en el centro de la discusión política luego de que su sala dejara sin efecto la medida cautelar que suspendía la aplicación de 81 artículos de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei.

Un día después de ese fallo, el Poder Ejecutivo envió al Senado el pliego de Pesino para extender su permanencia en el cargo por cinco años, una decisión que generó cuestionamientos de la oposición y de la CGT por la cercanía temporal entre ambos hechos. Ahora el pliego de Pesino para habilitar su continuidad está en agenda para una sesión que se espera en el Senado para la semana próxima.

El camino del pliego en el Senado

El 9 de junio, Pesino asistió al Senado para defender su postulación ante la Comisión de Acuerdos. Luego de un debate marcado por críticas de senadores peronistas, el pliego obtuvo dictamen con los votos de La Libertad Avanza y sus aliados. Ese día admitió que se reunió con el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, pero negó recibir favores del Gobierno a cambio de sus fallos.

Sin embargo, el expediente no llegó aún al recinto. La actividad parlamentaria quedó condicionada por el conflicto político generado alrededor del caso Adorni y la sesión prevista para tratar distintos temas finalmente no se realizó.

Ante la posibilidad de que el Senado no avance antes del receso invernal, Pesino recurrió a la Justicia para intentar conservar su cargo mientras espera una definición legislativa. La idea del oficialismo es apurar esa sesión en los días próximos, pero aún no fue confirmada.

El cuestionamiento al límite constitucional

Además de solicitar la cautelar, el camarista anticipó que cuestionará la constitucionalidad del inciso 4 del artículo 99 de la Constitución Nacional, que establece que los jueces deben dejar sus cargos al cumplir 75 años, salvo que obtengan un nuevo acuerdo del Senado y un nombramiento presidencial.

En su presentación, sostuvo que esa norma no establece plazos para que el magistrado solicite la renovación, ni fija tiempos para la actuación del Poder Ejecutivo o del Senado. También planteó que no contempla qué ocurre cuando la demora responde a circunstancias ajenas al desempeño del juez.

El escrito repasa las reuniones que mantuvo con funcionarios del Ministerio de Justicia y el recorrido de su pliego en el Senado. Sobre la falta de tratamiento, Pesino sostuvo que respondió a “razones políticas” ajenas a su responsabilidad.

El antecedente de la Corte Suprema

En su planteo, Pesino también se diferenció de los antecedentes en los que la Corte Suprema analizó el límite de los 75 años para los magistrados, entre ellos los casos de Leopoldo Schiffrin y Ana María Figueroa.

En el caso de Figueroa, la Corte resolvió que la magistrada había perdido su investidura judicial al alcanzar la edad límite sin contar con un nuevo nombramiento con acuerdo del Senado.

El máximo tribunal estableció entonces que, para continuar en funciones, los jueces deben contar con el nuevo acuerdo legislativo y el decreto presidencial correspondiente antes de alcanzar los 75 años.

Pese a esa resolución, el kirchnerismo impulsó posteriormente la aprobación del pliego de Figueroa en el Senado y el entonces presidente Alberto Fernández firmó un decreto para renovar su mandato. Finalmente, la jueza decidió jubilarse luego del cambio de gobierno.

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, presidió este jueves el tradicional Tedeum por el Día de la Independencia en la Catedral Metropolitana, con la presencia del presidente Javier Milei y buena parte de su gabinete. En su homilía, el prelado llamó a dejar atrás el individualismo, la intolerancia y “la mezquindad política”, y volvió a poner el foco en la corrupción como uno de los males que, dijo, “roban” el futuro de los sectores más postergados.

“Caminos en los que algunos aprovechan para dividirnos, para enfrentarnos, robándonos las esperanzas de salir juntos adelante, escondidos, en todas las épocas, en cuevas de corrupción, haciendo que los pobres sean cada vez más pobres, y ellos, escandalosamente, cada vez más ricos”, sostuvo García Cuerva ante Milei, sentado en uno de los primeros bancos. El arzobispo aclaró que ese señalamiento “no es cuestión de ser de tal o cual partido político o gobierno de turno”, sino “de ser o no, honesto y transparente. Ser y parecer, ahora y siempre”.

El mensaje estuvo estructurado a partir de la parábola del Buen Samaritano, que el arzobispo definió como “un ícono capaz de poner de manifiesto la opción de fondo que debemos tomar para reconstruir esta Patria que amamos y nos duele a la vez”. Enumeró los “caminos peligrosos” que, a su juicio, recorre la Argentina: el de la intolerancia, el de los enfrentamientos constantes, el de la descalificación del otro por pensar distinto y el de la discriminación por raza, religión o lugar de origen.

En ese pasaje, pidió no pasar de largo frente a “los heridos del camino de la vida”: los enfermos, los jubilados, los adolescentes y jóvenes víctimas del narcotráfico, los desocupados y las personas con discapacidad. “Hoy queremos hacer presentes en este Tedeum sus vidas, sus rostros, sus historias concretas; no cifras, o diagnósticos, sino sus nombres”, remarcó, y convocó a un “examen de conciencia colectivo” que evite, dijo, “buscar culpables eternos”.

Hacia el final de la homilía, García Cuerva apeló al clima futbolero para reforzar su llamado a la unidad, a poco de la disputa del Mundial 2026. Citó una publicación que el capitán de la selección argentina, Lionel Messi, difundió tras un título deportivo: “Demostramos una vez más que los argentinos cuando luchamos juntos y unidos somos capaces de conseguir lo que nos propongamos (...) es la fuerza de todos peleando por un mismo sueño que también es el de todos los argentinos”. “Sigamos con la camiseta puesta”, pidió el arzobispo, y llamó a trasladar ese espíritu a “gestos concretos de solidaridad” fuera de las canchas.

La ceremonia reunió, además de Milei, al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; al jefe de Gabinete, Diego Santilli; a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; a la titular del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich; al asesor presidencial Santiago Caputo, y al canciller Pablo Quirno, entre otros funcionarios nacionales y porteños. El propio Milei y Macri protagonizaron un gesto que contrastó con la escena del 25 de mayo de 2025, cuando el Presidente le esquivó el saludo al jefe de Gobierno porteño en la puerta de la Catedral: esta vez se abrazaron al llegar y Milei felicitó a Macri por el reciente nacimiento de su hijo, en presencia de su esposa, la periodista Belén Ludueña.

Ese cruce distendido entre los mandatarios, sumado al tono conciliador de la homilía, marcó el clima general de un Tedeum que, a diferencia de otras ediciones, transcurrió sin gestos de tensión visibles entre el poder político y la Iglesia. García Cuerva evitó las referencias explícitas a la gestión de Gobierno y prefirió, como en intervenciones anteriores, hablar en términos de valores compartidos: escucha, compasión y responsabilidad colectiva frente a la desigualdad, dejando la interpretación política de sus palabras -y en particular de la mención a las “cuevas de corrupción”- abierta para funcionarios y dirigentes presentes.

El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) consolidó la política extractiva en el país otorgando beneficios excepcionales a la industria de la minería, hidrocarburos, energía e infraestructura exportadora. El siguiente paso del Gobierno es ampliar y profundizar esos beneficios a lo que denominó, de forma amplia, las “nuevas actividades económicas” dentro del proyecto de Súper RIGI. Se trata de la industria controlada por las denominadas “Big Tech” Alphabet (Google), Apple, Amazon, Meta (Facebook), y Microsoft, y las emergentes del mundo de la Inteligencia Artificial como Open IA y Antrophic, además de magnates tecnológicos con relaciones directas con la Casa Rosada como Peter Thiel.

¿Cuáles son los beneficios para el país? En el informe “Súper privilegios, soberanía debilitada” del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), a cargo de Claudio Lozano y Ana Rameri, define el Súper RIGI como un programa para “privatizar los beneficios, socializar los costos y consolidar una nueva forma de enclave, ahora también tecnológico”. El informe habla de “enclaves” para dar cuenta de cómo los incentivos para grandes corporaciones —el Súper RIGI eleva la inversión de ingreso a 1.000 millones de dólares— “delimita zonas de excepción dentro del territorio nacional, donde las reglas generales de política económica, fiscal, cambiaria y comercial quedan subordinadas a los derechos adquiridos por el inversor”. Y ante un conflicto con el Estado nacional tiene el derecho de resolver en tribunales fuera del país.

La iniciativa —que consiguió media sanción en Diputados con los votos del oficialismo y los bloques aliados del PRO, la UCR, el MID, Innovación Federal y otros bloques provinciales— amplía la lógica del RIGI con incentivos excepcionales a 30 años: estabilidad normativa y seguridad jurídica, beneficios en materia tributaria, aduanera, cambiaria, previsional y jurisdiccional; para proyectos con un piso mínimo de 1.000 millones de dólares y afectados a las indefinidas “nuevas industrias” en infraestructura tecnológica y digital estratégica, que podrán ser desde desarrollos de inteligencia artificial, bases de procesamiento de datos o ‘data centers’ hasta industrias de semiconductores o biotecnología avanzada.

“El RIGI ya consolidó una orientación extractiva, concentrada en minería, hidrocarburos e infraestructura exportadora. El Súper RIGI traslada esa misma lógica a la infraestructura crítica de la economía digital. Un data center no es una ‘nube’ inmaterial: requiere energía, agua, suelo, conectividad y equipamiento; puede generar fuertes presiones sobre las redes y, una vez superada la etapa de construcción, no necesariamente produce empleo significativo, transferencia tecnológica ni desarrollo local”, advierten Lozano y Rameri en el informe.

Las advertencias sobre el Súper RIGI fueron plasmadas durante el debate legislativo también por una amplia coalición de organizaciones de la sociedad civil integrada por Amnistía Internacional, Greenpeace, CELS, FARN, Fundación Biodiversidad, Transnational Institute, Taller Ecologista y Asociación Abogados Ambientalistas (AAdeAA), entre otros.

“El Súper RIGI traslada la lógica del extractivismo a la era digital. Busca transformar a la Argentina en una plataforma de sacrificio para las grandes corporaciones tecnológicas”, denunció Enrique Viale, presidente de AAdeAA, y sentencia que lo hace “sin exigir empleo de calidad, transferencia tecnológica, desarrollo científico nacional ni protección ambiental”.

Ese grupo de organizaciones no solo denunció el Súper RIGI sino que lo calificó como el “contenedor fiscal y regulatorio” de una estructura más amplia que se completa con el proyecto de reforma de la Ley de Sociedades —que comenzó a debatirse en el Senado— y pretende crear la figura de “Sociedad automatizada”, una estructura empresarial sin empleados y manejada por inteligencia artificial.

“Mientras el mundo discute cómo regular el poder de las Big Tech para proteger el interés público, Argentina les ofrece un cheque en blanco y blinda sus privilegios frente a cualquier control futuro. Lo que se presenta como una política de inversiones puede terminar convirtiéndose en una cesión histórica de soberanía, territorios y bienes comunes”, aseguró Viale.

La aparición del debate parlamentario del Súper RIGI, con amplios beneficios para el sector tecnológico, se instaló entonces dentro de un debate global en torno al avance de la Inteligencia Artificial (IA) y las regulaciones estatales para controlar su expansión, su dominio y los peligros que implica en materia de relaciones laborales, sociales y derechos individuales.

Desde la presencia del magnate Peter Thiel en la Argentina, que durante más de un mes se instaló en el país para mantener reuniones en la Casa Rosada y privadas con funcionarios y dirigentes; a la publicación de una columna del presidente Javier Milei en el Financial Times invitando a las empresas de IA a invertir al país con la promesa tributaria del Súper RIGI y la inclusión de las “sociedades automatizadas”. De las preocupaciones volcadas en la encíclica “Magnifica Humanitas” por el papa León X sobre el “paradigma tecnocrático” hasta las recomendaciones del propio CEO de Anthropic, Dario Amodei, solicitando establecer controles ante el “desafío civilizatorio” que implica la IA en su ensayo “La adolescencia de la tecnología”.

“Aunque no corresponda afirmar, sin prueba documental directa, que el proyecto haya sido escrito por o para Thiel, sí debe señalarse que el diseño del régimen es funcional al tipo de inversiones que protagonizan grandes capitales tecnológicos globales”, advierte el informe de IPyPP y resalta la influencia de Thiel, cofundador de PayPal y Palantir, empresa tecnológica vinculada al análisis masivo de datos, inteligencia artificial, defensa, seguridad e inteligencia estatal.

“Cuando un régimen promocional abre la puerta a mega data centers e infraestructura digital estratégica sin cláusulas exigentes de soberanía tecnológica, localización de capacidades, protección de datos, control público, transparencia ambiental y desarrollo de proveedores nacionales, el problema deja de ser meramente tributario. También involucra soberanía digital, política industrial y control democrático sobre infraestructuras críticas”, sentencia.

Un cheque en blanco para el Gobierno y las Big Tech

La definición de “nuevas actividades económicas” fue un punto crítico del debate parlamentario en la Cámara baja debido a que no permitía precisar el objeto de los amplios beneficios que serán otorgados. Sin embargo, el oficialismo se mantuvo firme y dejó una definición amplia que será determinada por “criterios objetivos y parámetros mensurables” del propio Poder Ejecutivo en la reglamentación de la norma. De esta manera, el Poder Legislativo dejó liberado cuál de los sectores de la industria tecnológica serán los beneficiados.

“La aprobación de una ley con objeto indeterminado no configura un problema político abstracto sino un problema jurídico preciso: el Congreso estaría delegando en el Ejecutivo la potestad de definir retroactivamente qué actividades quedan comprendidas en un régimen con beneficios de estabilidad de 30 años”, advirtieron el conjunto de organizaciones de la sociedad civil en el documento “Lo que está en juego con el Súper Rigi” y señalaron que esa indefinición va contra el artículo 76 de la Constitución, que exige que la delegación legislativa establezca bases claras y un plazo definido.

Durante el debate parlamentario, el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González Casartelli, estuvo lejos de dar precisiones sobre quiénes serán los beneficiarios finales: “Esto se propone para la nueva industria; qué industria, no lo sé, lo que no queremos es limitarlo”.

Para adherir al Súper RIGI las empresas deberán conformar un Vehículo de Proyecto Único (VPU) y tendrán de por sí unas pocas limitaciones: presentar una inversión en un sector que “no se desarrollen, produzcan ni presten en el país, o cuyo grado de desarrollo resulte experimental o piloto, en los términos que establezca la reglamentación”, no poder presentar inversiones que ya solicitaron su adhesión al RIGI, comprometer un 20 por ciento de la inversión en los primeros dos años.

El proyecto, negociado por el Gobierno con la mayoría de los mandatarios provinciales, señala, para mantener las formas del federalismo, que se deberá contar con la adhesión provincial y municipal al régimen de la región donde quieran desarrollarlo.

Esa última condición trae un condicionamiento para las administraciones provinciales y municipales, una vez adheridas al Súper RIGI y cuando un proyecto sea aprobado, no podrán dar marcha atrás con los incentivos otorgados durante 30 años, incluso cuando en un futuro decidan dejar de adherir al programa. Además con su adhesión, provincias y municipios se compromete a:

Durante el debate en la Cámara baja sólo se logró torcer al oficialismo la posibilidad de aplicar cánones a “nuevas regalías” en provincias y municipios. Mientras que tampoco podrán aplicarse aumentos sobre tributos ni aplicar nuevos; pero sí podrá beneficiarse el VPU de futuras reducciones o eliminaciones impositivas. El informe de IPyPP define la condición de las provincias y municipios como de “mayor subordinación”.

Tal como ocurrió con el RIGI, los VPU aprobados de estas “nuevas industrias” podrán importar bienes para el plan de inversiones exentos de derechos, tasas y todo régimen de percepción nacional, provincial o municipal; mientras que las exportaciones que surjan del proyecto tampoco pagarán derecho de exportación. Las importaciones y exportaciones no podrán recibir por parte del Estado prohibiciones, cupos, cuotas o prioridades de abastecimiento interno.

Durante el debate solo se consiguió, como en el RIGI, una cuota del 20 por ciento de compromiso mínimo de contratación de proveedores nacionales, pero atados a la oferta local disponible y las condiciones de mercado en cuanto a precio y calidad. En cuánto a los dólares que se generarán en los proyectos, solo se deberá ingresarlos al mercado de cambios local durante el primer año de generar exportaciones. Desde entonces, comenzará un régimen de excepción que alcanzará el 100 por ciento en tres años.

El beneficio que, como con el RIGI, determina que los proyectos se transforman en zonas de enclave supranacionales es la posibilidad de que ante cualquier reclamo legal, la resolución de controversias habilita a los socios o accionistas extranjeros a acudir a tribunales internacionales como la Corte Permanente de Arbitraje y la Cámara de Comercio Internacional o al CIADI. En ese sentido, el artículo 110 del proyecto establece que los derechos del régimen “se consideran inversiones protegidas”, dándole a las empresas el estatus de titular de un derecho protegido internacionalmente frente al Estado.

¿Qué beneficios profundiza el Súper RIGI?

“El Súper RIGI no es simplemente una versión sectorial del RIGI sino también una profundización”, sostiene el informe de IPyPP, que repasa aquellos incentivos y beneficios que profundiza para los grandes capitales —el piso se incrementa de 200 millones a 1.000 millones, solo posible para grandes corporaciones—. Entre ellos, menciona que amplía la ventana de adhesión de dos a cinco años, prorrogables por uno más; y reduce de 40 a 20 por ciento el total de inversión obligada en los primeros dos años.

La alícuota de Impuesto a las Ganancias también se reduce respecto del RIGI del 25 al 15 por ciento, mientras que la alícuota para sobre dividendos y utilidades se reduce a 3,5 por ciento en cuatro años, en lugar de los siete años previstos por el RIGI. También exime los derechos de exportación desde el inicio de las exportaciones del proyecto, mientras que el RIGI establece esa exención luego de tres años.

En cuanto a la libre disponibilidad de las divisas para los VPU que ingresen, el RIGI general habilita la libre disponibilidad progresiva del 20 por ciento, 40 por ciento y 100 por ciento de los dólares generados por exportación luego de dos, tres y cuatro años desde la puesta en marcha. El Súper RIGI reduce esos plazos a uno, dos y tres años.

¿Por qué insiste con la economía de enclave del RIGI?

El informe de IPyPP asegura que los problemas que ya presentó el RIGI, con sus 17 proyectos aprobados, solo se verán profundizados con la aplicación de un Súper RIGI para las Big Tech. “La información disponible muestra que el RIGI no operó principalmente como una herramienta para crear inversiones donde no existían condiciones previas, sino como un régimen de privilegios para sectores que ya contaban con elevada rentabilidad potencial y proyectos previamente anunciados”, apunta el informe.

En ese sentido, el informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) que analiza el alto costo fiscal de los proyectos aprobados por el RIGI —estudio que no figuró ni en el RIGI ni tampoco aparece en el Súper RIGI—, que perjudicarán sobre todo la recaudación de la próxima gestión, precisó que sobre los 12 primeros proyectos aprobados, al menos, siete ya habían sido anunciados públicamente, contaban con estudios avanzados, inversiones realizadas o definiciones estratégicas previas. Por ejemplo, los proyecto Josemaría y Filo del Sol, que fueron unificados dentro del megaanunciando proyecto Vicuña, el más reciente aprobado por el Comité Evaluador del RIGI. Otro ejemplo es el proyecto Vaca Muerta Sur.

Volviendo al punto del costo fiscal, denuncia la opacidad de un programa de incentivos con recursos públicos, que no ofrece ni el costo fiscal del régimen ni publica una estimación oficial del gasto tributario asociado a cada proyecto. Y cita el informe del CEPA que estima que el costo fiscal anual del RIGI, en régimen de plena operación de los proyectos aprobados, en alrededor de 1.813 millones de dólares en un escenario base, con un rango de entre 1.307 millones y 2.362 millones, según el nivel de exportaciones alcanzado.

En el documento realizado por el grupo de organizaciones de la sociedad civil, este punto se señala como el argumento de la “adicionalidad”, que durante el debate en el Congreso el secretario de Coordinación de Energía y Minería definió como: “No hay costo fiscal porque antes estos proyectos no existían.” “Este argumento es metodológicamente insostenible sin evidencia empírica que lo respalde”, sostienen las organizaciones y afirman: “El RIGI se ha convertido más en una suerte de seguro a futuro para los proyectos que en un incentivo de inversión a corto plazo”.

El informe de IPyPP denuncia como otro problema central, desde lo productivo, la reprimarización que impone el RIGI al consolidar “una inserción internacional basada en la extracción y exportación de bienes primarios o de bajo procesamiento relativo” sin “transformación productiva con mayor complejidad tecnológica, integración nacional o agregación local de valor” y lo define como “una dinámica de ‘sustitución inversa’: proyectos extractivos y exportadores con alto componente importado”.

“El proyecto declara entre sus objetivos fomentar cadenas de producción locales, empleo y desarrollo económico, pero no establece obligaciones robustas de transferencia tecnológica, inversión en I+D, compra nacional efectiva, radicación de centros de investigación, formación de trabajadores, reserva de capacidad para el mercado interno”, advierte.

En ese sentido, ambos informes marcan un contrapunto con políticas de países vecinos como Brasil y Chile. El caso brasilero es el del programa Redata que prevé beneficios tributarios, pero asociado a políticas de soberanía digital, mercado interno, I+D, como, por ejemplo, que al menos el diez por ciento de la capacidad de procesamiento, almacenamiento y tratamiento de datos queden para el mercado interno brasileño.

Otra condición impuesta en Brasil para las empresas es que el dos por ciento del valor de los productos adquiridos con beneficios del Redata sean destinados a proyectos de I+D+i vinculados al desarrollo industrial y tecnológico en articulación con instituciones científicas y tecnológicas, universidades, entidades educativas, empresas públicas u organizaciones sociales. En Chile, el Plan Nacional de Data Centers opera sin incentivos fiscales específicos y exige acuerdos con empresas internacionales para reservar capacidad de cómputo para universidades y centros de investigación nacionales.

El Impacto Ambiental y energético

Tanto el informe de IPyPP como del grupo de organizaciones de la sociedad civil pone un alerta sobre los impactos ambientales y energéticos que tendrán estas negocios que están siendo minimizados al calor de la llegada de dólares. De acuerdo a la Agencia Internacional de Energía (AIE), los data centers alrededor del mundo consumieron, en 2025, alrededor de 460 TWh de electricidad, un 1,8 por ciento de la demanda eléctrica mundial.

El peso de esa demanda puede ser relativo a escala mundial, pero su concentración territorial puede generar impactos locales relevantes sobre las redes eléctricas. Por ejemplo, es el equivalente al consumo anual de toda Francia. Y la AIE proyecta que el consumo superé los 800 TWh anuales para 2028, impulsado por la expansión de la Inteligencia Artificial.

El informe elevado por las organizaciones de la sociedad civil pone como ejemplo el caso de Irlanda, donde la alta demanda de energía de los data centers alcanzó a representar el 22 por ciento del consumo nacional, y obligó al Estado a establecer una moratoria de nuevas conexiones e invertir 1.000 millones de euros en generadores de emergencia, que terminaron pagando los usuarios residenciales. En 2025, finalizó la moratoria pero obligó a las nuevas empresas de centros de datos que tengan capacidad propia de generación al 100 por ciento de su demanda, con un 80 por ciento de energía renovable.

Si el consumo de energía es de alta demanda, el de agua no se queda atrás. El centro de datos de Google en Iowa (Estados Unidos), señala el informe elevado al Congreso por las organizaciones de la sociedad civil, consumió alrededor de 3.800 millones de litros de agua en el año 2024. El agua es utilizada en los centros de datos para alimentar los sistemas de refrigeración y, por efecto de la evaporación, el recurso se pierde y deja de estar disponible para otros usos.

Como ya lo hizo público el presidente Javier Milei, la Patagonia y la cordillera de Los Andes son los lugares —por temperaturas promedio y recursos hídricos— en lo que las inversiones en centros de datos pondrían los ojos. A fines del año pasado, tras una reunión con Milei, el CEO de Open IA, Sam Altman, prometió una inversión de 25.000 millones en la Patagonia. Por lo tanto, no habría que dejar de ver el Súper RIGI junto a la ya aprobada modificación de la Ley de Glaciares y la iniciativa de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que habilitaría a los capitales internacionales a comprar tierras sin límites de extensión ni localización.

La pregunta que surge es qué ocurriría en las regiones cordilleranas de Cuyo, Patagonia y el NOA, que atraviesan una situación de estrés hídrico, con la instalación de centros de datos. El Súper RIGI no establece condiciones sobre uso del agua y sí asegura para los VPU que resulten aprobados la garantía de “operación continuada sin interrupciones”. Los representantes del Poder Ejecutivo aseguraron durante el debate que ningún proyecto del Súper RIGI se instalará sin generar su propia energía, “pero esa exigencia no está en el texto de la ley”, advierten las organizaciones.

Chile vivió un caso relevante en febrero de 2024, cuando un tribunal chileno revocó parcialmente la autorización de un proyecto de Google en Santiago por preocupaciones sobre el uso del agua. El Plan Nacional cuenta con la promoción explícita de la sostenibilidad hídrica y energética de las empresas que se instalan. Por su parte, el Redata, en Brasil, condiciona los beneficios a energía 100 por ciento renovable y diez por ciento de capacidad para el mercado doméstico.

Estos puntos surgieron en el debate de la Cámara de Diputados y se consiguieron algunas concesiones por parte del oficialismo. Por ejemplo, se incorporó la exigencia de un estudio técnico sobre el impacto del proyecto en su zona de influencia, incluyendo recursos naturales, transporte, energía, telecomunicaciones, agua, saneamiento e infraestructura de servicios y agregó como causal de rechazo del VPU, la existencia de un impacto negativo sustancial sobre esa área. Pero se enfrentará al mismo problema denunciado durante el tratamiento de la Ley de Glaciares –que dejó en manos de las provincias la decisión de qué cuerpo de agua proteger– la evaluación de la autoridad de aplicación y la capacidad efectiva de control estatal, sin parámetros específicos.

“No se trata de discutir si la Argentina necesita inversiones. La cuestión es bajo qué condiciones se las promueve, qué capacidades conserva el Estado para orientar su desarrollo y quién asume los costos de esa estrategia”, sentencia el informe del IPyPP.

Este artículo fue publicado originalmente en Tierra Viva

Una imagen vale más que mil palabras, dice el refrán. Pero a veces hace falta detenerse cuadro por cuadro para descubrir todo lo que contiene. La semana pasada, elDiarioAR reveló que el ex gobernador de Misiones Carlos Rovira había participado, en enero de 2025, de la celebración organizada para anunciar el sexo del bebé que esperaban Augusto Marini y su pareja. Hasta entonces, la presencia del mandamás en la casa que el joven empresario posee en Portezuelo, Punta del Este, había pasado completamente inadvertida. En el video que el propio dueño de Blender y Carajo publicó en sus redes sociales apenas se lo veía durante un instante, de espaldas, sentado en una larga mesa frente al mar.

Sin embargo, ese mismo segundo de video escondía otro dato que en su momento también pasó inadvertido. Sentado exactamente frente a Rovira se observa a otra figura de gran poder en Misiones: Marcelo Zbikoski, dueño del exGrupo Plaza, y quien controla más del 80% del transporte urbano de pasajeros de la provincia. La imagen constituye, probablemente, el primer registro público de ambos compartiendo un ámbito estrictamente privado. Pero también revela algo más: hasta ahora tampoco existían indicios públicos de un vínculo entre Zbikoski y Marini. ¿Se trata simplemente de una amistad nacida al calor de un mismo círculo social o existe, además, algún proyecto empresarial compartido que permanece fuera del conocimiento público?

La pregunta no resulta caprichosa. Más allá de la presencia de Zbikoski en aquella mesa, el transporte constituye desde hace tiempo uno de los sectores sobre los que Marini decidió expandir su holding. A través de Cale Group desembarcó en el negocio ferroviario de la mano de Motora Argentina, que supo incorporar a su estructura a Alejandro Hibbert —un histórico funcionario del área que atravesó distintos gobiernos nacionales—, comenzó a disputar algunos de los contratos más importantes del sector. Hace apenas unas semanas, Trenes Argentinos Operaciones (SOFSA) le adjudicó a Motora una millonaria compra de repuestos para coches y locomotoras de la línea San Martín, una licitación considerada estratégica dentro del proceso de reorganización del sistema ferroviario impulsado por el Gobierno.

Pero ese contrato funciona apenas como el prólogo de una disputa mucho mayor. La empresa de Marini aparece hoy como una de las principales candidatas para quedarse con la denominada reparación “de media vida” de los 117 coches CSR Puzhen que prestan servicio en esa misma línea, una obra valuada en más de US$ 100 millones en la que compite contra Materfer y la UTE conformada por BRF y Emepa. El proyecto contempla una intervención estructural integral sobre las formaciones, incluyendo la incorporación de aire acondicionado, después de más de una década sin mantenimientos de fondo.

Presencia nacional

De origen misionero, el brazo de Marcelo Zbikoski hace tiempo que alcanza a Buenos Aires. Años atrás, el empresario adquirió buena parte de los activos del histórico Grupo Plaza, el gigante del transporte fundado por los hermanos Cirigliano tras el derrumbe del conglomerado que durante años dominó buena parte de las líneas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). A partir de esa operación rebautizó la compañía como Misión Buenos Aires, que actualmente opera la histórica línea 129 —que une Retiro con La Plata—, además de otros servicios urbanos e interurbanos en territorio bonaerense.

El peso de la familia Zbikoski en el transporte argentino no termina allí. Sus hermanos, Javier y Eduardo, son los propietarios de Metropol, uno de los grupos más importantes del país. La empresa administra decenas de líneas urbanas e interurbanas en el AMBA, además de servicios de media distancia que conectan la Capital Federal con ciudades del norte de la provincia de Buenos Aires. Tras la caída de Plaza y Ecotrans, Metropol fue absorbiendo buena parte de esos recorridos y terminó consolidándose, junto con DOTA, como uno de los actores dominantes del transporte automotor de pasajeros en la Argentina. Entre Misión Buenos Aires y Metropol, los Zbikoski construyeron uno de los conglomerados privados más relevantes del sector.

Ese crecimiento incluso terminó colándose en la discusión política nacional. En julio de 2023, en medio de un paro de colectivos que paralizó el AMBA, el entonces ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa responsabilizó directamente a los hermanos. “Es un paro que forzaron los empresarios”, afirmó, antes de apuntar con nombre y apellido contra dos de los principales jugadores del mercado: “Hay un señor Faija (Dota) y uno Zbikoski, al que le dicen 'el amarillo', que pretenden tener de rehenes a los trabajadores para defender su rentabilidad”. La referencia no fue casual. En el sector se identifica desde hace años a Metropol y a Dota como los dos grupos empresarios que más crecieron tras la desaparición del imperio construido por los Cirigliano y como algunos de los principales receptores del sistema de subsidios.

Fue, probablemente, una de las pocas veces que el apellido Zbikoski irrumpió con fuerza en los medios nacionales. Hasta entonces, la influencia de la familia había permanecido casi exclusivamente asociada al ecosistema misionero.

El zar

La influencia de los Zbikoski es histórica en Misiones. Marcelo heredó y expandió el grupo empresario familiar hasta convertirlo en el principal operador del transporte urbano de la provincia. A través del Grupo Z controla empresas como Don Casimiro, Tipoka y Nuestra Señora del Rosario, responsables de buena parte del sistema de colectivos del Gran Posadas y del interior provincial. El conglomerado también administra el tren internacional Posadas-Encarnación y participa del sistema de boleto electrónico, una infraestructura clave para el funcionamiento cotidiano de la movilidad misionera.

Pese al volumen de sus negocios, Zbikoski siempre cultivó un perfil particularmente bajo. Sus apariciones públicas fueron escasas y durante años evitó convertirse en una figura mediática. “Él siempre buscó pasar por debajo del radar”, resume un hombre del círculo rojo misionero que lo conoce desde hace décadas. Esa discreción, sin embargo, nunca impidió que se convirtiera en uno de los hombres de negocios más cuestionados de la provincia, señalado por competidores y sectores de la oposición como el principal beneficiario del proceso de concentración del transporte urbano.

Una de sus últimas entrevistas ocurrió en diciembre de 2025, cuando dialogó con Radio República sobre la crisis del sector. Allí reconoció que la irrupción de Uber modificó profundamente el negocio. “A nosotros nos ha disminuido la carga en un 40%; es decir, hemos perdido el 40% de los pasajeros”, afirmó al referirse al impacto de la aplicación en Posadas, especialmente a partir del crecimiento de Uber Moto. También sostuvo que, sin subsidios, el boleto debería costar entre 4.000 y 5.000 pesos por pasajero y cuestionó el diseño del esquema nacional de compensaciones. “En estos 23 años las empresas se han portado mal, principalmente en Buenos Aires. Muchas veces las empresas son traviesas, no tienen todo el control que deberían tener y después nos quejamos”, admitió.

El peso del Grupo Z no se explica únicamente por la cantidad de líneas que opera. También es el resultado de un largo proceso de concentración que fue reduciendo progresivamente la competencia dentro del sistema provincial. Uno de los episodios más ilustrativos ocurrió en 2017. Ese año, la empresa Bencivenga, una histórica prestataria del transporte urbano de Posadas, denunció públicamente que el Grupo Z ejercía prácticas monopólicas al impedirle ingresar a la estación de transferencia de la avenida Quaranta y restringir parte de sus recorridos. Semanas después, la firma fue adquirida por el grupo correntino Río Uruguay. La operación desactivó el conflicto político inmediato, pero no modificó el equilibrio del sistema.

Las tensiones reaparecieron tres años más tarde. En 2020, Bencivenga volvió a denunciar que el Grupo Z le impedía utilizar las estaciones de transferencia pese a integrar formalmente el Sistema Integrado de Transporte Urbano y Metropolitano. La disputa ya no giraba solamente alrededor de un predio, sino del control de un mercado donde, según denunciaba la empresa rival, Zbikoski había logrado construir una posición prácticamente dominante.

“Acá quien está detrás de este problema es Marcelo Zbikoski. Él maneja todo el sistema”, llegó a afirmar públicamente Darío Skrabiuk, titular de Río Uruguay y propietario de Bencivenga. La rivalidad nunca terminó de apagarse. Según reconstruyeron distintos medios locales, en julio de 2023 ambos empresarios protagonizaron una pelea a golpes de puño durante una reunión convocada en la sede de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) de Posadas para discutir la crisis del transporte.

Tensión misionera

La revelación del vínculo entre Zbikoski y Marini —advertida inicialmente por el programa Malas Compañías— generó inquietud en Misiones. No por el encuentro social en sí, sino porque se da a conocer en un momento particularmente sensible, cuando recrudece la interna entre Carlos Rovira y el actual gobernador Hugo Passalacqua y se empieza a poner bajo la lupa el mapa de poder económico construido durante las últimas dos décadas en la provincia.

El oficialismo encabezado por Passalacqua amenaza con revisar por primera vez buena parte de la arquitectura de contratos con el Estado que acompañó al largo ciclo político de Rovira. Cada vez más, en reuniones reservadas, ya no se discuten solamente candidaturas o liderazgos. También empezó a ponerse en cuestión la existencia de ciertas estructuras de proveedores que a lo largo de años parecían completamente consolidadas.

El caso de AlegraMed es probablemente el más visible. Mientras la oposición continúa cuestionando el millonario contrato de la plataforma de telemedicina desarrollada por Marini, en la provincia ya circulan versiones acerca de que Passalacqua analiza alternativas para reemplazar ese servicio. Distintas fuentes consultadas por elDiarioAR aseguran incluso que ya existe una empresa identificada como eventual sucesora, aunque hasta el momento no hubo ninguna definición oficial.

Pero AlegraMed no es el único negocio de Cale Group que empezó a quedar bajo la lupa. En las últimas horas también trascendió la participación del holding de Marini en el desarrollo de varios parques solares construidos en Misiones durante los últimos años. Según documentación de la propia empresa a la que tuvo acceso el sitio Caíco Periodismo, Cale Vial obtuvo en 2022 el contrato EPC para el parque fotovoltaico de Silicon Misiones, el polo tecnológico inaugurado por Rovira en 2023, diseñado por la estatal china PowerChina por encargo del Ministerio de Hacienda provincial.

El grupo de Marini también se atribuye la construcción del Parque Fotovoltaico Posadas I, mientras distintas fuentes del sector energético sostienen que también intervino en los proyectos de San Javier, Oberá e Itaembé Guazú, aunque esa participación nunca fue confirmada oficialmente por la Provincia.

Entre dirigentes del oficialismo provincial también aparece, cada vez con mayor frecuencia, el interrogante sobre el futuro de las concesiones del Grupo Z, cuya posición dominante dentro del sistema de transporte misionero resulta uno de los rasgos más visibles del modelo económico que acompañó al rovirismo durante las últimas dos décadas. Nadie sostiene que exista una decisión tomada ni un proceso administrativo en marcha para correr a Zbikoski. Pero el hecho de que esas conversaciones hayan comenzado a producirse refleja hasta qué punto la disputa política ya empezó a proyectarse sobre terrenos más delicados.

Quizás por eso aquella escena registrada en el verano de 2025, durante apenas un segundo, adquiere hoy una dimensión distinta. ¿Cuántas veces se vio públicamente a Carlos Rovira compartiendo una mesa privada con uno de los empresarios más poderosos de Misiones? ¿Y cuántas veces ocurrió, además, frente a un empresario como Augusto Marini, cuya expansión también empezó a cruzarse con algunos de los sectores más sensibles de la economía provincial? Para una provincia donde su mandamás construyó durante más de veinte años buena parte de su poder desde la discreción y lejos de las cámaras, la imagen resulta inédita. Y tal vez sea precisamente esa excepcionalidad la que explique por qué un simple video familiar terminó convirtiéndose en uno de los documentos políticos más reveladores de los últimos tiempos.

PL

Javier Milei encabezó el acto central por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia en la Casa Histórica de Tucumán, en un despliegue que reunió a trece gobernadores aliados y a la plana mayor de los bloques legislativos de La Libertad Avanza. Así, el Presidente logró convertir el festejo por el 9 de Julio en un virtual relanzamiento de su gobierno de cara a la segunda mitad del año y sobre todo luego del golpe que significó la investigación por enriquecimiento ilícito que afronta el ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

“Le queríamos sacar la bota a las provincias que fueron sometidas. Y ese pacto pasó a propuestas concretas. También evitamos una hiperinflación”, dijo durante su discurso. “Hicimos el ajuste más grande de la humanidad, sacamos el cepo, aprobamos el RIGI”, insistió orgulloso de los achiques que su administración viene haciendo a las políticas públicas.

El Presidente llegó a Tucumán alrededor de las 23 junto a su hermana Karina y fue recibido en el aeropuerto por el gobernador Osvaldo Jaldo, a cargo de la organización del evento. De allí partió hacia la Casa Histórica donde encabezó la vigilia patria, cuyo tramo central —el discurso presidencial— se produjo pasada la medianoche, ya en los primeros minutos del 9 de julio, con transmisión nacional. Para el acto se desplegó un operativo de seguridad reforzado que incluyó controles terrestres y aéreos y la prohibición de venta y consumo de alcohol en la plaza Independencia y sus alrededores.

Del acto también participaron el ministro de Economía Luis Caputo y el jefe de Gabinete Diego Santilli.

También estuvo la vicepresidenta, Victoria Villarruel, invitada por Jaldo y con agenda propia. Fue el primer cruce público de ambos desde el desaire mutuo en el Día de la Bandera, en Rosario. En Tucumán el protocolo oficial previó que la vice no comparta el escenario con el Gabinete y de hecho, como era de esperar, no cruzó palabra con su compañero de fórmula.

En un breve encuentro con la prensa, la vicepresidenta cuestionó el discurso presidencial: “El discurso de Milei fue muy político, pero hoy conmemoramos una fecha que trasciende a todos los espacios políticos. Hoy conmemoramos el momento en el que no hay nada mejor para un argentino que otro argentino”.

Villarruel no participó del Tedeum en la Catedral, en cambió se quedó en Tucumán para el acto con Jaldo.

Al hablar ante los gobernadores, Milei arremetió con un discurso anti Estado, al que, dijo “sometió a todos los argentinos, en contra de los valores de la república. Pero los argentinos pusieron al Estado en su justo lugar, como en 2023 y en 2025. A propósito, vale reflexionar sobre lo logrado: hace dos años firmamos el Pacto de Mayo con gobernadores. Puntos claves para sacar a la Argentina de la decadencia”.

También detalló las nuevas reformas que pretende tener listas antes de las elecciones del año próximo. “No tenemos un segundo que perder”, dijo el Presidente para dar cuenta de los proyectos que originó el oficialismo y que buscará discutir en el Congreso en el corto plazo: figuran la reforma electoral, la ley de inviolabilidad de la propiedad privada y el Súper RIGI, entre otros.

También hubo espacio para festejar el giro hacia la extrema derecha que se viene registrando en la región, tras las elecciones Chile, Colombia y Perú: “Es un equipo de verdaderos patriotas”, aseguró sobre los nuevos mandatarios.

Tras el discurso en Tucumán, Milei regresó a Buenos Aires para presidir, ya en la mañana de este jueves, el tradicional Tedeum por el Día de la Independencia en la Catedral Metropolitana, a donde arribó a las 10:52 acompañado por el gabinete. La ceremonia arrancó con la caminata del Presidente y su Gabinete desde la Casa Rosada hasta el templo, donde el arzobispo porteño, Jorge García Cuerva, oficiará la misa y pronunciará un mensaje en el que se espera que remarque la necesidad de superar la polarización y atender la situación de los sectores más vulnerables.

Los ministros patriotas

A lo largo de su discurso, el Presidente trazó una comparación entre la gesta revolucionaria que logró la indepedencia con su propia gestión. De sus ministros dijo que son “los patriotas de 1816″ porque ”pusieron en juego su vida para poner a la Argentina por delante“. Y sumó: ”este momento histórico se asemeja a una segunda independencia“.

“Así como en aquel momento los patriotas rompieron las cadenas que nos ataban a la tiranía de los españoles, nuestro gobierno vino a liberarnos de la tiranía del Estado presente”, insistió.

Postal con gobernadores y Villarruel

Tal como se esperaba, en el acto de Tucumán hubo una nutrida presencia de gobernadores aliados a la Casa Rosada: además del anfitrión, Osvaldo Jaldo (Tucumán), viajaron Alfredo Cornejo (Mendoza), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Marcelo Orrego (San Juan), Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut), Claudio Vidal (Santa Cruz), Leandro Zdero (Chaco) y Elías Suárez (Santiago del Estero), este último por invitación directa de Jaldo. Se trata, en gran medida, de los mismos mandatarios que participaron la semana pasada de la jura de Diego Santilli como jefe de Gabinete, y el Gobierno busca reeditar con ellos la fotografía de consenso de mayo de 2024, cuando se firmó el Pacto de Mayo en la misma provincia.

Antes del acto central hubo un breve encuentro reservado entre Milei y los trece gobernadores, del que también participarán la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; Santilli, y Caputo. Para el flamante jefe de Gabinete, la cita de Tucumán es la primera actividad pública de relieve desde que asumió su nuevo puesto.

La escena buscó cerrar, al menos en el plano de la imagen, semanas marcadas por el escándalo que salpicó a Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y dádivas, y que había resentido el vínculo del Gobierno con buena parte de los gobernadores aliados. La foto con los mandatarios provinciales es, para la Casa Rosada, la prueba visible de que esa relación puede reconstruirse, aunque el desafío excede lo simbólico: el oficialismo necesita el respaldo de esos mismos gobernadores para destrabar en el Congreso la reforma electoral —en particular la eliminación de las PASO— y para empezar a delinear los acuerdos electorales de cara a 2027.

MC

La mesa política del Gobierno volvió a reunirse este miércoles en la Casa Rosada con la participación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y del jefe de Gabinete, Diego Santilli, en el primer encuentro realizado tras la salida de Manuel Adorni del cargo.

Según informaron fuentes oficiales, el espacio funcionará desde ahora con una periodicidad semanal para realizar un seguimiento permanente de las principales iniciativas del Poder Ejecutivo y de la agenda parlamentaria.

La reunión se extendió durante casi dos horas y reunió, además de Karina Milei y Santilli, al ministro de Economía, Luis Caputo; al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; a la senadora Patricia Bullrich; al subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem; al vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; al secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; y al asesor presidencial Santiago Caputo.

Durante el encuentro, los representantes del Congreso repasaron el estado de los principales proyectos impulsados por el Ejecutivo. Entre ellos, analizaron el avance de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, cuyo tratamiento está previsto para el 16 de julio en el Senado, y las modificaciones al proyecto de Inocencia Fiscal, que incorporan aportes técnicos y serán enviadas a Diputados a partir del 20 de julio.

Caputo presentó además un informe sobre la situación económica y destacó los últimos datos del INDEC, que reflejaron un crecimiento de la actividad de la construcción del 6,3% mensual y del 4,1% interanual en mayo. También expuso los avances de las iniciativas que impulsa junto al presidente Javier Milei y al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, entre ellas la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

Otro de los temas abordados fue la cobertura de salud de las fuerzas federales de seguridad y el trabajo preventivo que coordina la Agencia Federal de Emergencias junto al Servicio Meteorológico Nacional ante la posible llegada del fenómeno El Niño.

En su debut formal al frente de la coordinación política del Gobierno, Santilli expuso el estado de las negociaciones con gobernadores de distintas fuerzas para reunir apoyos a las reformas que el oficialismo busca aprobar en el Congreso. Horas antes del encuentro había recibido en la Casa Rosada al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

La principal apuesta legislativa de La Libertad Avanza es avanzar con la reforma electoral que suspende las PASO para las elecciones de 2027. El Gobierno negocia con gobernadores aliados la habilitación de listas colectoras como parte del acuerdo para conseguir respaldo parlamentario.

En paralelo, el oficialismo busca acelerar el tratamiento de los cambios al régimen de Zona Fría, que ya obtuvo media sanción en Diputados y propone reducir subsidios al gas en gran parte del país, manteniendo los beneficios para la Patagonia, la Puna y Malargüe. Según estimaciones oficiales, la modificación permitiría un ahorro fiscal superior a los 270 mil millones de pesos.

Con la nueva conducción política ya definida, el Gobierno apuesta a fortalecer la coordinación interna y llegar con mayor capacidad de negociación a la segunda mitad del año legislativo, donde concentra sus expectativas en las reformas económicas y electorales que considera estratégicas.

El nuevo nuncio apostólico designado por el Vaticano como representante en la Argentina, Michael Wallace Banach, podría arribar a Buenos Aires antes de que termine julio, y su llegada intensifica las versiones sobre una posible visita del papa León XIV, señalan fuentes eclesiásticas locales..

La designación del nuncio, conocida a mediados de mayo, es una condición indispensable para que se pueda planificar y articular una visita papal, ya que sus funciones -debido a su condición de embajador- son las de vertebrar la relación entre el Vaticano y el Gobierno argentino.

Si bien la llegada de un nuevo nuncio apostólico no implica confirmación alguna, es vista como un trámite necesario que puede dar lugar a iniciar la planificación de un posible viaje de León XIV a la Argentina, en el marco de una gira por América del Sur, añadieron las fuentes.

Según publicaron medios de Uruguay, una delegación del Vaticano visitó recientemente Montevideo para analizar un posible itinerario del Papa por ese país, que además de la capital podría incluir alguna ciudad limítrofe con la Argentina y que tendría como fecha probable el mes de noviembre.

La delegación contempló la posibilidad de que León XIV visite Paysandú, ciudad que está unida por el Puente Internacional General Artigas con su vecina Colón, en la provincia argentina de Entre Ríos.

Para la hipótesis de que el pontífice llegue a la Argentina, las alternativas que hoy estudia la Conferencia Episcopal son las de un encuentro oficial con el presidente Javier Milei, un acto multitudinario en la avenida 9 de Julio, una misa popular en la Basílica de Luján y una posible visita a Córdoba.

Monseñor Banach, al igual que León XIV, nació en los Estados Unidos cumple funciones en el servicio diplomático de la Santa Sede desde 1994, en el que cumplió funciones en las nunciaturas de Bolivia y Nigeria, y más recientemente finalizó su tarea como nuncio apostólico en Hungría.

Con información de la agencia NA

El Tribunal Oral Federal que llevó adelante el juicio por el hundimiento del submarino ARA San Juan condenó este miércoles al ex comandante de la Fuerza de Submarinos Claudio Javier Villamide a tres años de prisión de ejecución condicional por los delitos de estrago culposo agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público. En cambio, los otros tres acusados en el proceso -los ex altos mandos de la Armada Luis López Mazzeo, Héctor Alonso y Hugo Correa- fueron absueltos.

La sentencia fue dictada por los jueces Mario Gabriel Reynaldi, Luis Alberto Giménez y Enrique Nicolás Baronetto, quienes analizaron durante más de cuatro meses la actuación de los ex jefes navales en relación con el hundimiento del submarino, ocurrido el 15 de noviembre de 2017, que provocó la muerte de sus 44 tripulantes.

El veredicto puso fin al juicio oral iniciado el pasado 3 de marzo, que se extendió a lo largo de más de 30 audiencias y en el que declararon cerca de 90 testigos, entre ellos especialistas en submarinos, ex comandantes, oficiales y suboficiales retirados de la Armada. Durante el debate se examinó abundante documentación técnica y operativa para determinar si el estado del buque y las decisiones adoptadas antes de la misión tuvieron incidencia en la tragedia.

Villamide fue considerado responsable por las irregularidades vinculadas con la conducción operativa del submarino y por las decisiones adoptadas antes y durante la navegación que culminó con la desaparición de la nave. La pena impuesta es de cumplimiento condicional, por lo que no deberá cumplir prisión efectiva.

En cambio, el tribunal resolvió absolver por unanimidad al ex comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada, Luis López Mazzeo; al ex jefe de Mantenimiento y Arsenales de la Armada, Héctor Alonso, y al capitán de fragata Hugo Correa, al considerar que no existían elementos suficientes para atribuirles responsabilidad penal en los hechos investigados.

Los fundamentos de la sentencia serán dados a conocer dentro del plazo previsto por el Código Procesal Penal. Recién entonces tanto la fiscalía como las querellas y las defensas podrán presentar recursos de apelación si consideran que corresponde revisar el fallo.

Uno de los puntos centrales que deberá desarrollar el tribunal será el vínculo entre los incumplimientos atribuidos a Villamide y el desenlace de la tragedia. Durante el juicio se debatió si las decisiones adoptadas por la cadena de mando influyeron en la pérdida del submarino, cuya secuencia final -desde la avería reportada durante la navegación hasta la implosión de la nave- continúa siendo objeto de análisis.

Antes de este proceso judicial, Villamide ya había sido separado de la Armada tras un procedimiento disciplinario impulsado por el Estado Mayor Conjunto. En ese ámbito, un Consejo de Guerra concluyó que había incurrido en graves incumplimientos, entre ellos no haber ordenado al comandante del submarino, Pedro Fernández, regresar a puerto navegando en superficie luego de que se informara el ingreso de agua en el sector de baterías.

El ARA San Juan desapareció el 15 de noviembre de 2017 mientras realizaba una travesía entre Ushuaia y Mar del Plata. Tras una búsqueda que movilizó a decenas de países y mantuvo en vilo durante meses a los familiares de la tripulación, el submarino fue localizado en noviembre de 2018 a 907 metros de profundidad, en el Mar Argentino Norte, a unos 500 kilómetros de la costa de la península Valdés.

Desde entonces, la investigación judicial buscó determinar si existieron fallas en la planificación, el mantenimiento y la conducción de la misión que pudieran derivar en responsabilidades penales de los mandos superiores de la Armada. El fallo conocido este miércoles representa el primer pronunciamiento de un tribunal oral sobre esas responsabilidades, aunque el proceso aún podría continuar en instancias de revisión una vez que se conozcan los fundamentos de la sentencia.

CRM

La salida de Guido Giana del Ministerio de Salud encontró al Gobierno con una preocupación política adicional. Apenas comenzó a trascender su renuncia este lunes, distintos funcionarios se encargaron de transmitir un mismo mensaje: la decisión no debía interpretarse como un nuevo capítulo de la disputa de poder entre Karina Milei y Santiago Caputo. En una Casa Rosada donde casi cualquier movimiento de nombres termina leído bajo esa lógica, el oficialismo hizo un esfuerzo deliberado por instalar otra explicación: el hasta ahora secretario de Gestión Administrativa se iba por motivos estrictamente personales, en buenos términos con Mario Lugones y sin que eso implicara cambios en el rumbo de la cartera.

El reemplazo elegido apuntala esa interpretación. Rodrigo Sbarra, hasta ahora subsecretario de Coordinación Administrativa, asumirá como nuevo secretario de Gestión Administrativa mediante un decreto que se publicará en las próximas horas. Se trata de un funcionario que integraba el mismo equipo desde el comienzo de la gestión y cuya promoción, aseguran en el ministerio, garantiza la continuidad del esquema de trabajo que Lugones viene construyendo desde su desembarco.

“Se fue bien, internamente, con Mario. Él tiene un vínculo casi de padre e hijo con Mario”, resumieron a elDiarioAR desde el entorno de Giana. Según las mismas fuentes, la decisión estuvo motivada por el fuerte desgaste acumulado durante los últimos meses. Aunque todavía no definió cuál será su próximo destino profesional, no descartan un regreso al Hospital Güemes, donde desarrolló buena parte de su carrera antes de incorporarse al Gobierno.

La aclaración política no fue casual. Giana era considerado uno de los hombres de mayor confianza de Lugones y había llegado al Ministerio dentro del mismo universo de funcionarios vinculados al consultor Santiago Caputo y al círculo empresarial que rodea al ministro. En otro contexto, una salida de esas características probablemente habría alimentado especulaciones sobre un nuevo avance del karinismo sobre áreas identificadas con el asesor presidencial. Esta vez, sin embargo, el oficialismo buscó cortar de raíz esa interpretación. La permanencia del mismo equipo y el ascenso de un funcionario que ya formaba parte de la estructura fueron presentados como la principal prueba de que no existía ninguna reconfiguración política detrás del cambio.

El propio ministerio reforzó esa idea en el comunicado interno con el que anunció la designación de Sbarra. Allí sostuvo que el nuevo secretario “garantiza la continuidad del trabajo que el Ministerio viene llevando adelante desde el inicio de la gestión” y que el equipo seguirá impulsando “la agenda de transformación” orientada a profundizar las políticas de “desburocratización, eficiencia, transparencia y modernización del sistema de salud”. El texto también incluyó un agradecimiento a Giana por un aporte que, según destacaron, “fue fundamental para sentar las bases de esta nueva etapa”.

La salida de Giana termina de cerrar, además, una primera etapa especialmente convulsionada para la cartera sanitaria. Durante abril, el Ministerio de Salud quedó en el centro de una de las mayores crisis internas del Gobierno como consecuencia del conflicto que atravesó el PAMI. A las demoras en los pagos a prestadores, los reclamos de clínicas, farmacias y proveedores y las dificultades financieras de la obra social de los jubilados se sumó una silenciosa disputa por el control político del organismo. Uno de los principales focos de tensión giró alrededor de la figura de Carlos Zamparolo, número 2 del PAMI, cuya continuidad quedó bajo discusión en medio de las críticas por la gestión de la crisis. Mientras desde Salud buscaban avanzar con un esquema de mayor centralización y control del gasto, otros sectores del oficialismo defendían el peso político que el organismo previsional conserva en el territorio.

El desgaste fue tal que durante varias semanas la continuidad del propio Lugones quedó bajo discusión. En los despachos oficiales comenzaron a circular versiones sobre una inminente salida del ministro e incluso algunos funcionarios daban por hecho que Milei terminaría realizando cambios en la conducción sanitaria para descomprimir la crisis. Nunca ocurrió. El Presidente decidió sostener al ministro y, con el correr de las semanas, Lugones logró recuperar margen de maniobra. La tormenta comenzó a ceder a medida que se ordenaron relativamente las cuentas del PAMI, se desactivaron algunos de los focos de conflicto con los prestadores y Zamparolo consiguió atravesar el vendaval sin abandonar su cargo.

En ese proceso, Giana ocupó un lugar central. Desde la Secretaría de Gestión Administrativa coordinaba buena parte del funcionamiento cotidiano del ministerio, supervisaba la ejecución presupuestaria y era uno de los funcionarios que acompañaba a Lugones en las negociaciones más sensibles de aquella crisis. Su salida representa, por eso, la primera modificación de peso dentro del núcleo de mayor confianza del ministro desde que logró superar el momento más crítico de su gestión. Ahora, con la promoción de Rodrigo Sbarra, el Gobierno busca transmitir que aquella etapa quedó definitivamente atrás.

PL/MC

La CGT decidió avanzar con un plan de lucha contra Javier Milei. En las horas previas al inicio del partido de Argentina contra Egipto, el triunvirato de la CGT recibió a organizaciones sociales, a las dos CTA y a representantes de los sindicatos de transporte, alimentación y energía con el objetivo de operativizar una respuesta a la crisis. Las presiones por adoptar una postura más combativa frente a la gestión libertaria venían aumentando desde la sanción de la reforma laboral, y los triunviros aceptaron que era momento de pasar a la ofensiva.

La CGT trabaja, sin explicitarlo, con la misma premisa que el Gobierno y el peronismo: después del Mundial arranca otra etapa. La pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, el cierre de empresas, el endeudamiento familiar y el recrudecimiento del humor social funcionaron como incentivos para salir de la parálisis a la que se había sumido la principal central obrera después de la sanción de la reforma laboral. Los sindicatos más combativos, como la UOM o Aceiteros, venían presionando desde afuera para profundizar las medidas de fuerza, y los triunviros decidieron responder.

“Cambió el clima social. La situación económica está cada vez peor y los reclamos para que la CGT hiciera algo aumentaron. La reforma laboral nos comió mucho la agenda, pero la realidad es que hoy hay más plafón social. La protesta social va a ser mejor recibida”, analizan en la sede Azopardo, en donde los triunviros –Jorge Sola (Seguros), Cristian Jerónimo (Vidrio) y Octavio Arguello (Camioneros)– recibieron el martes por la mañana a los titulares de las CTA, Hugo Yasky y “Cachorro” Godoy, a los secretarios generales de varios gremios, como Juan Carlos Schmidt, y a representantes de organizaciones sociales, como Alejandro Gramajo (UTEP).

En la reunión en la sede central de la CGT se acordó instrumentalizar un plan de lucha que comenzará el miércoles 22 de julio, días después de la Final de la Copa del Mundo, con el objetivo de acompañar la marcha de jubilados que se realiza todas las semanas desde hace dos años. El plan es sostener la presencia de los sindicatos todas las semanas, no solo el 22, sino todos los miércoles a partir de entonces. “La idea es organizar una ingeniería con compañeros de distintos sindicatos, irse dividiendo para evitar los descuentos de horas que hacen en algunas empresas”, explican en la CGT.

La central gremial quiere dosificar la presencia callejera, encadenar medidas sectoriales que deriven, eventualmente, en un gran paro nacional. Nadie habla aún, sin embargo, de una fecha para la huelga general, sino todo lo contrario: la prioridad es sostener la conflictividad callejera semanal con diferentes temas y buscar, así, la solidaridad de otros sectores sociales a los reclamos sindicales.

El motivo, según aducen los triunviros, es estratégico: la aplicación de la reforma laboral, que limitó el derecho a huelga con la ampliación de actividades esenciales, restringe su capacidad de movilización. En la CGT advierten que la adhesión de las bases a las marchas es mucho más limitada, por lo que conviene organizar distintas actividades y acompañar conflictos puntuales, espaciados y limitados.

“La CGT no quiere movilizarse. Jerónimo se formó en Techint”, mascullan, en cambio, en la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), en donde le recriminan a la central sindical no haber acompañado el reclamo por la intervención judicial sobre el sindicato.

Paros “a la francesa”

La expresión no nació en Azopardo, pero en la CGT abrazan el marketing que se le ocurrió a algún sindicalista y lo filtró a los medios: lo suyo serán medidas de fuerza “a la francesa”. Es decir, un estilo de huelga similar al que se instrumentó en Francia contra la reforma jubilatoria de Emmanuel Macron en 2023, con paros sectoriales y secuenciales.

El primer paso será acompañar las marchas de jubilados, pero se buscará hacer lo mismo con muchas de las convocatorias organizadas por otros sectores, como las organizaciones sociales. El 7 de agosto, por ejemplo, la CGT se sumará a la movilización que la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) organiza todos los años por San Cayetano. La bandera, como todos los años, será “Tierra, Techo y Trabajo”.

Se buscará organizar, además, una movilización al Ministerio de Economía para denunciar el endeudamiento de las familias, que alcanzó niveles récord. También, a recomendación de Héctor Daer, se movilizará el 2 de septiembre por el Día de la Industria. La idea es llevar el reclamo por las más de 26.400 empresas que, según recopila el último informe de CEPA, cerraron entre diciembre de 2023 y marzo de 2026.

El objetivo es preparar el terreno para la llegada del Papa León XIV, con quien la CGT mantiene un diálogo informal a través de la Conferencia Episcopal. La Iglesia Católica viene teniendo un rol muy activo en los últimos meses, denunciando la crisis social y advirtiendo sobre las consecuencias de algunas leyes impulsadas por el Ejecutivo, como la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada de Federico Sturzenegger. El peronismo, incluso, ha mantenido diversas reuniones con representantes del Episcopado, confiando en su capacidad de lobby para torcer algunos votos.

La CGT supo tener un diálogo con el Papa Francisco, antes de su muerte, y apuesta a reunirse con el nuevo Papa una vez que llegue a la Argentina. Esperan, según advierten en la central sindical, que sea para noviembre. La idea es llegar a la fecha con las calles movilizadas.

MCM/MG

El juez Luis Armella pidió una serie de medidas contra Priscila Diana Ferrante, la sobrina de Jésica Cirio, con el objetivo de conocer en profundidad su patrimonio y poder establecer si fue testaferro de la mediática, de Martín Insaurralde o de su ex pareja, Ariel Heber Russo.

Fuentes del caso que se solicitó un abanico de medidas sobre el patrimonio de Ferrante con los que se buscará establecer posibles adquisiciones de bienes sospechosos. Estas averiguaciones se lograrán con el levantamiento del secreto fiscal y bancario, que permitirá saber si en algún momento fue testaferro.

Ferrante no está imputada ni investigada en la causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, que tiene en la mira a Insaurralde y Cirio, pero sí estuvo investigada en el caso contra Heber Russo, quien será juzgado por emitir facturas truchas y tener negociados con la Municipalidad de Lomas de Zamora.

En dicha pesquisa la mujer fue sobreseída al determinar que solo tenía un auto que le había regalado quien por entonces era su pareja, pero ahora la profundización de la investigación podría modificar el escenario procesal.

Quién es Priscila Ferrante

La mujer, de 33 años, es hija de Verónica Mestre, la medio hermana de Cirio que fue hallada muerta en su domicilio en 2025. Desde hace años mantiene una relación muy cercana a la conductora y habría sido quien la presentó con Insaurralde, con quien luego se casó y tuvo una hija. Su nombre resonó en el último tiempo y ahora la Justicia analiza si en su poder tiene varios inmuebles que generan sospechosa sobre su adquisición.

Con información de la agencia NA

El ex diputado nacional José Luis Espert se presentó este martes ante los Tribunales Federales de San Isidro para comparecer ante el juez Lino Mirabelli en el marco de la causa que lo investiga por presunto lavado de activos.

El economista optó por no responder preguntas en la indagatoria y, en su lugar, presentó un escrito junto a una serie de pruebas documentales para respaldar su postura.

“No voy a hacer declaraciones, las declaraciones las hice ante el juez”, afirmó de manera escueta Espert al retirarse de la sede judicial minutos antes de las 12, tras haber ingresado poco antes de las 10 de la mañana.

A la par de su salida, la defensa del legislador libertario difundió un comunicado en el que aclaró que la decisión de no prestar declaración oral responde al ejercicio de un derecho constitucional para “reservar su declaración para el momento en que estén garantizadas las condiciones mínimas de un proceso justo”.

En el texto subrayó: “No se trata de silencio, se trata de exigir que las reglas del juego sean las que la ley establece para todos”.

En la presentación escrita, los abogados del ex candidato de La Libertad Avanza aportaron once correos electrónicos intercambiados entre mayo y septiembre de 2019.

Según precisaron, estos correos “documentan la gestación, celebración y ejecución real del contrato de servicios profesionales que dio origen al pago” investigado, calificándolos como documentos de la época “técnicamente inalterables y verificables”.

Por este motivo, solicitaron formalmente al juez Mirabelli que reasuma de forma personal la dirección de la investigación, la cual permanecía delegada en la Fiscalía Federal a cargo de Fernando Domínguez.

El origen de la causa

La investigación se centra en una transferencia de 200.000 dólares recibida el 22 de enero de 2020 en una cuenta del banco Morgan Stanley en Estados Unidos, la cual no habría sido declarada ante el fisco argentino.

Conforme a los datos del expediente, los fondos provinieron de la firma Wright Brothers Aircraft Title Inc., vinculada a la organización del empresario aeronáutico argentino Fred Machado, quien se declaró culpable por lavado de dinero en los Estados Unidos.

Si bien Espert había señalado públicamente que dicho monto correspondía a un asesoramiento para la firma Minas del Pueblo SA en Guatemala, la Justicia mantiene la lupa sobre el destino de los fondos, bajo la sospecha de que pudieron haberse utilizado para la adquisición de vehículos de alta gama y el financiamiento de un fideicomiso inmobiliario en la costa atlántica.

La citación judicial se produjo en momentos en que Espert mantiene sus bienes inhibidos por disposición de la Justicia —medida ratificada por la Cámara de San Martín—, situación que también afecta a su entorno familiar y a firmas asociadas.

Con información de la agencia NA

Manuel Adorni ya no es funcionario público pero tiene custodia policial por decisión de Javier Milei. Así lo reconoció este martes el Gobierno a través del vocero presidencial, Adrián Ravier, en su conferencia de prensa en la Casa Rosada.

El portavoz admitió que el exjefe de Gabinete tiene guardaespaldas “por motivos de seguridad”. La expresión de Ravier fue escueta ante una pregunta periodística: “Por motivos de seguridad por ahora se mantienen la custodia”.

Las preguntas sobre Adorni no terminaron allí. Consultado acerca de si la Casa Rosada había impulsado algún tipo de investigación administrativa tras la salida del exjefe de Gabinete, Ravier negó que exista una pesquisa paralela a la judicial y dejó en claro que el Gobierno no tiene previsto revisar internamente lo ocurrido.

“Estas personas tienen que declarar en la Justicia. No tenemos internamente en Casa Rosada un mecanismo aparte del que lleva adelante la Justicia, que interrogará y llevará adelante todo”, respondió el vocero, que evitó hacer cualquier valoración sobre la causa.

En ese mismo intercambio, Ravier rechazó que la continuidad de la custodia implique un trato de privilegio para quien ya no integra el Poder Ejecutivo. “Este gobierno no es casta. Este gobierno gobierna para la gente”, afirmó, aunque evitó explicar cuáles son los riesgos específicos que justifican mantener el operativo de seguridad dispuesto para su antecesor.

Desde que abandonó el Gobierno, Adorni optó por un perfil extremadamente bajo. Su última aparición pública fue el martes pasado, durante la jura de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Finalizada la ceremonia, dejó Balcarce 50 en una camioneta oficial y, acompañado por su custodia, recorrió los nueve kilómetros que separan la sede del Poder Ejecutivo de su departamento en Caballito.

En la Casa Rosada creen que, mientras avance el expediente por presunto enriquecimiento ilícito, el exfuncionario concentrará buena parte de su tiempo en su casa de Indio Cuá, un country de Exaltación de la Cruz. Esa propiedad también forma parte de la investigación judicial: allí, según la causa, se invirtieron unos US$245.000 en efectivo para realizar refacciones, construir una pileta climatizada y una cascada ornamental.

Adorni dejó su caro hace diez días cuando renunció en medio de la investigación que lleva adelante la Justicia por supuesto enriquecimiento ilícito. Tiene prohibido salir del país. Así lo determinó el juez federal Ariel Lijo a instancias del fiscal Gerardo Pollicita, señalando que el exfuncionario deberá requerir una “autorización expresa” si tiene intenciones de realizar un viaje al exterior. La Justicia ya no confía en Adorni y analiza que hay un fuerte peligro de “fuga inminente”.

Las restricciones continúan

La salida de Adorni tampoco modificó el esquema de restricciones que el Gobierno impuso en la Casa Rosada durante los últimos meses. Las limitaciones para la circulación de periodistas dentro de Balcarce 50 continúan vigentes y el acceso a distintos sectores del edificio sigue sujeto a autorizaciones especiales, una política que comenzó durante la gestión del exvocero y que el equipo de Adrián Ravier decidió mantener sin cambios.

Lejos de marcar un cambio de etapa, el desembarco de actual portavoz consolidó la continuidad del esquema comunicacional que había diseñado Adorni. Aunque cambió el nombre del vocero, la estrategia de control sobre el acceso a la información y sobre la dinámica cotidiana de la Casa Rosada permanece prácticamente intacta.

MC/PL

La Confederación General del Trabajo (CGT) pone en marcha una nueva etapa de su plan de acción contra el gobierno de Javier Milei. Este martes se reúne en la sede de Azopardo 802 la comisión encargada de organizar el esquema de paros sectoriales y rotativos que la central prevé desplegar a partir de agosto, en sintonía con los sectores más combativos del sindicalismo, que vienen reclamando una respuesta más contundente frente a la reforma laboral y el ajuste económico.

La mesa organizativa está integrada por representantes de las principales confederaciones sindicales —industria, transporte, energía, alimentación y comunicaciones— junto con dirigentes de la CGT y de las dos CTA. El esquema que se debate se inspira en el llamado “modelo francés”, aplicado en 2023 contra la reforma jubilatoria de Emmanuel Macron: en lugar de un paro general único, se coordinan medidas de fuerza por sector que se van alternando semana a semana —trenes, energía y refinerías una semana; recolección de residuos, educación y transporte urbano la siguiente— hasta desembocar en una medida de alcance nacional. Entre los ejes que se pondrán sobre la mesa figura también la posibilidad de movilizarse hasta el Banco Central para exponer el nivel de endeudamiento de los trabajadores.

Además de los paros sectoriales, la central busca sumar respaldo a las luchas ya instaladas en la agenda pública, como el reclamo jubilatorio, luego de comprobar la buena recepción que tuvo la participación gremial en esas convocatorias.

También se definió convocar a las regionales del interior y a un plenario de secretarios generales para convalidar las acciones futuras. “Es la continuidad de un plan de acción que inició la CGT hace más de dos años. Llevamos cuatro paros generales y más de quince marchas”, sostuvo el cotitular cegetista Jorge Sola, quien remarcó que la escalada desembocará en un nuevo paro general, aunque todavía sin fecha definida por razones “tácticas”.

La presión sindical se monta sobre un cuadro económico que sigue golpeando al empleo industrial. En las últimas horas se confirmó el cierre definitivo, a partir del 17 de julio, de la planta de calzado deportivo que la firma Dass opera en Eldorado, Misiones, con la consiguiente pérdida de 150 puestos de trabajo, según informó el delegado gremial y representante de la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado (Uticra), Gustavo Melgarejo. La fábrica, que en 2015 llegó a emplear a 1.500 personas en tres turnos, es apenas un caso más entre los cierres y despidos que vienen alimentando el reclamo de los sectores más duros del sindicalismo —camioneros, aceiteros y estatales, entre otros— por acelerar el ritmo de las medidas frente a la conducción cegetista, históricamente más cautelosa a la hora de convocar a un paro general.

El reacomodamiento del plan de lucha se da en paralelo a una batalla judicial sobre la reforma laboral. La Justicia suspendió la aplicación de artículos de la Ley de Modernización Laboral (27.802) que afectaban la denominada “caja sindical” tanto en el convenio del Sindicato de Camioneros, que conduce Hugo Moyano, como en el de la Unión de Trabajadores del Vidrio, que lidera el cotitular cegetista Cristian Jerónimo. Ambos fallos dejaron sin efecto restricciones a los aportes solidarios y a los fondos de capacitación que la reforma había limitado. El Gobierno, sin embargo, ya anunció que apelará ambas sentencias, en momentos en que la CGT extiende esa estrategia de impugnación judicial a otros gremios.

El calendario de las protestas está condicionado por dos hitos que la dirigencia sindical sigue de cerca: el fin del Mundial de fútbol, previsto para el 19 de julio, y la eventual llegada del papa León XIV a la Argentina, esperada para septiembre u octubre. De hecho, trascendieron gestiones reservadas entre la CGT y el Vaticano en las últimas semanas. Con ese trasfondo, agosto aparece como el mes en que las medidas de fuerza sectoriales empezarían a tomar forma concreta.

MC

No es oficial, pero la fecha está marcada en los calendarios electorales de toda la dirigencia política: el 20 de julio, el día después de la final de la Copa Mundial de Fútbol, empieza la campaña. No lo advierte solo el Gobierno, sino que el panperonismo trabaja con la misma premisa. La renuncia de Jorge Ferraresi a la intendencia de Avellaneda, la visita de Sergio Massa a la UNSAM y hasta el recrudecimiento de la interna entre Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof responden a la misma urgencia: comenzó la carrera por la instalación de las candidaturas y ninguno quiere quedarse atrás en la pelea por la última gran trinchera del peronismo, la Provincia de Buenos Aires.

El paso al costado de Ferraresi y su reemplazo por su esposa, Magdalena Sierra, activó el primer movimiento visible en la competencia por la sucesión bonaerense. La madre de todas las batallas y uno de los motivos fundamentales que explican, por estas horas, la guerra declarada del cristinismo a Kicillof. La Gobernación de la Provincia de Buenos Aires representa, para muchos dirigentes kirchneristas, la base de la resistencia a Javier Milei. Ya sea porque concentra el núcleo duro del voto kirchnerista, decisivo para la elección nacional, o porque será la base desde la que el peronismo reorganizará su oposición si Milei logra la reelección.

No es cualquier elección: la disputa por el control de PBA es, para muchos, casi tan importante como la presidencial. Ferraresi es uno de los peronistas de peso que se perfilan para suceder a Kicillof, pero no el único. Ni siquiera es el único kicillofista. Además del histórico intendente de Avellaneda, que fue vicepresidente del Instituto Patria durante ocho años hasta la pelea con La Cámpora, son varios los dirigentes del Movimiento Derecho al Futuro –la agrupación que lidera Kicillof– que se anotan en la carrera.

Uno es el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, quien levantó el perfil luego de encabezar la boleta por la Primera Sección Electoral el año pasado. Katopodis no forma parte del grupo originario de Kicillof, pero supo hacerse un lugar en el círculo chico y hoy es uno de los pocos referentes del kicillofismo que todavía mantiene vasos comunicantes con el cristinismo. Fue el único, incluso, que participó del acto en Parque Lezama que encabezó Máximo Kirchner por el aniversario de la detención de Cristina Fernández de Kirchner.

Los otros dos son el intendente de La Plata, Julio Alak, y el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco. Alak es uno de los intendentes más activos del MDF y es uno de los primeros que presentó a Kicillof como candidato a presidente, aún cuando ni el mismo gobernador se posiciona oficialmente como tal. “Carli” Bianco, mientras tanto, es la mano derecha del gobernador, lo acompaña desde hace años y es una de las representaciones más fieles de la continuidad del proyecto kicillofista.

Pero eso es solo en el kicillofismo: La Cámpora y el massismo también disputan el sillón de la Gobernación, por lo que los postulantes del MDF saben que solo uno de ellos podrá ser el heredero de Kicillof en la interna peronista. “Será quien esté mejor posicionado cuando llegue el día”, desliza uno de los que se anotan en la carrera.

Una cosa es segura: Kicillof está decidido a resolver la discusión con una interna. No solo para la candidatura presidencial, sino que también para quien vaya a sucederlo en PBA. “No hay problema en definir las candidaturas por elecciones”, aseguró el jueves pasado, durante un plenario con toda la militancia del MDF. Allí, con muchos de los postulantes reunidos, Kicillof pidió “no caer en provocaciones” del cristinismo y ratificó su decisión de resolver la candidatura por la Gobernación bonaerense con una PASO.

Kicillof, tal como contó eldiarioAR, se resiste a canjear la bendición de Cristina a su aventura presidencial a cambio de ceder la definición del candidato bonaerense. Esa negativa, sostienen en ambos campamentos, llevó la interna peronista a un punto de no retorno.

“Cristina quiere algo que Axel no le va a dar”, explica un dirigente peronista con diálogo con ambas terminales de la interna kirchnerista. ¿Qué quiere? Que la candidatura por la Gobernación sea para un dirigente designado por ella. “A ella lo único que le interesa es conservar PBA. Es lógico que quiera designar al candidato”, razona una dirigenta cristinista.

El regreso de Massa

Después de varios amagues, Sergio Massa se propone reaparecer en la escena pública por primera vez desde que perdió el ballotage contra Milei en 2023. El ex ministro de Economía del Frente de Todos había planeado volver al ruedo a mediados de 2024 con la presentación de un libro que, finalmente, nunca hizo. Massa creía que, para entonces, la crisis generada por el programa económico de Milei le permitiría retomar sus advertencias durante la campaña 2023, pero los niveles de adhesión al Presidente lo llevaron a optar por el silencio. Hasta ahora.

El tigrense tiene planeado retomar en público la actividad política, que nunca dejó de hacer, una vez que finalice el Mundial. Ya se mostró por la UNSAM el último viernes, a dónde fue a celebrar el recibimiento de su hija y, luego, se quedó para ver el Mundial en una de las aulas de la universidad. El objetivo de Massa es ese: apariciones de bajo perfil, luego difundidas con alguna foto o video, participando de diferentes actividades con representantes de algunos de los sectores más golpeados por la gestión libertaria. “Massa está para escuchar”, explica un dirigente de confianza.

Massa quiere ser candidato en 2027, aunque todavía no tiene en claro para qué. En un asado con dirigentes de La Cámpora y el massismo en abril, Massa bromeó con Federico Otermín y Federico Achaval con que él estaba para ir a una interna por PBA. Pero en su entorno advierten que, si Milei vuelve a caer en las encuestas, buscará ir por la presidencia.

“El candidato de PBA va a ser quien más apoyos entre los intendentes consiga”, señalan en el massismo, desde donde comenzaron a activar los contactos con los jefes municipales en el marco de la discusión por la reforma electoral de la Provincia (y el debate por la reelección indefinida de los intendentes). Su esposa, la referente peronista Malena Galmarini, encabeza la comisión de Reforma Política en el Senado bonaerense y es quien está ordenando las discusiones.

El Frente Renovador se opuso siempre a la reelección indefinida de los intendentes, pero en el massismo dejan abierta la puerta a la negociación. “Massa es un pragmático”, señala un dirigente massista. Una frase que, por estas horas, puede aplicarse tanto a la reforma electoral, la candidatura presidencial o la candidatura a la Gobernación. Eso sí: cualquier aventura, sospecha Massa, necesitará tener el okey (y los votos) de Cristina.

MCM/CRM

La Fiscalía de Paraguay solicitó una pena de dos años y dos meses de prisión para el exsenador nacional Edgardo Kueider y su exsecretaria Iara Guinsel Costa, en el juicio que ambos enfrentan por el delito de tentativa de contrabando.

El pedido fue formulado por el fiscal Ysrael Villalba ante el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos de Asunción.

Según la acusación, la pena solicitada es inferior al máximo previsto para ese delito porque la maniobra investigada no llegó a consumarse. La Fiscalía sostiene que ambos intentaron ingresar al país con dinero en efectivo sin realizar la declaración aduanera obligatoria.

La defensa, en cambio, pidió la absolución. Sus abogados argumentaron que el transporte de dinero en efectivo no constituye el objeto material del delito de contrabando, mientras que Kueider reiteró ante el tribunal que es inocente.

El caso

La causa se originó en diciembre de 2024, cuando Kueider y Guinsel Costa fueron interceptados en el Puente Internacional de la Amistad, mientras intentaban ingresar a Ciudad del Este con US$ 211.000, $646.000 y 3,9 millones de guaraníes en efectivo ocultos en una mochila y sin declarar ante la Aduana, de acuerdo con la acusación.

Desde entonces, ambos cumplen prisión domiciliaria en Asunción. En caso de una eventual condena, el tiempo que permanecieron privados de la libertad será computado a su favor.

En paralelo, la Justicia paraguaya también los investiga por la presunta adquisición irregular de seis departamentos y seis cocheras en Asunción, bienes que fueron embargados en el marco de esa investigación.

La causa en Argentina

Además del proceso que enfrenta en Paraguay, Kueider es investigado en Argentina por presunto lavado de dinero, en una causa a cargo de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado.

La magistrada solicitó su extradición, un pedido que recibió el aval de la Fiscalía paraguaya. Sin embargo, el traslado solo podrá concretarse una vez que concluyan los procesos judiciales que el exsenador tiene pendientes en ese país.

En ese contexto, la Cámara Federal de San Martín rechazó el pedido de eximición de prisión presentado por la defensa de Kueider. Si finalmente es extraditado, quedará detenido al ingresar a la Argentina.

Con información de NA

En la concentración de la Selección Argentina en Dallas no solo hubo lugar para el fútbol. Mientras Andrés Calamaro compartía un encuentro con los futbolistas antes del partido frente a Cabo Verde, otro visitante recorría el predio con un perfil muy diferente. Javier Negre, el periodista español que ganó notoriedad en la Argentina por sus intervenciones en las conferencias de prensa de Manuel Adorni y que hoy integra el ecosistema comunicacional del trumpismo en Estados Unidos, se fotografió con Lionel Messi. Las imágenes recorrieron las redes sociales y volvieron a poner el foco sobre una figura cuya influencia ya excede ampliamente tanto a España como a la Argentina.

“No había mejor regalo de cumpleaños que conocer al mejor futbolista de la historia”, escribió Negre al publicar la fotografía con Messi. “He tenido la suerte de estar con muchas personalidades durante mi carrera, pero nunca antes me había impresionado alguien tanto en las distancias cortas, sobre todo por su humildad.”

Horas después, en una entrevista con América TV, el periodista español buscó despejar cualquier interpretación política del encuentro. “Yo no lo conocía, pero tenemos personas en común y fuimos a un encuentro con patrocinadores y una empresa. Entiendo que le informaron y nadie me puso ningún tipo de filtro”, explicó. También negó haber conversado sobre política con el capitán argentino. “El fútbol tiene que estar por encima de la izquierda y la derecha. Lionel va a seguir siendo el mejor jugador de la historia aunque votase al kirchnerismo”.

En esa conversación, Negre también aclaró que la reunión se produjo en la concentración argentina en Dallas y no en Miami, como inicialmente se especuló. “Estuvimos también con el Dibu, con Leandro Paredes y con distintos futbolistas. La Selección es un ejemplo de perseverancia y responsabilidad”, sostuvo.

Ante la repercusión de las fotografías, fuentes ligadas a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) consultadas por elDiarioAR le bajaron el precio al episodio. Según explicaron, se trató simplemente de una visita a la concentración, como las que habitualmente realizan periodistas, artistas, exfutbolistas e invitados antes de distintos compromisos del seleccionado, y negaron que hubiera existido un tratamiento especial hacia Negre.

La aclaración no resulta menor. La aparición del periodista español en medio del Mundial se produce en un momento especialmente sensible para la AFA. La conducción de Claudio “Chiqui” Tapia atraviesa una fuerte disputa con el gobierno libertario, que en los últimos meses impulsó distintas investigaciones administrativas y judiciales sobre la entidad, en el marco de una ofensiva que tuvo a la Inspección General de Justicia (IGJ) como uno de sus principales frentes.

El escenario, sin embargo, está lejos de ser lineal. La llegada en marzo de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia introdujo un factor adicional en esa disputa. Mahiques mantiene desde hace años vínculos con el universo de la AFA y de la CONMEBOL, una cercanía que incluso fue cuestionada en un principio por el extitular de la IGJ, Daniel Vítolo, quien públicamente puso en duda que la cartera avanzara con la misma intensidad sobre las investigaciones contra Tapia.

Paso por la Argentina

Cuando desembarcó en la Argentina durante 2024, Negre era visto, sobre todo, como uno de los periodistas extranjeros más cercanos a Javier Milei. Acusado de difundir fake news en medio de su país, sus intervenciones en las conferencias de Manuel Adorni lo convirtieron rápidamente en una figura conocida para el público políticamente informado y en uno de los comunicadores más celebrados por el universo libertario. Al mismo tiempo, avanzó en la expansión regional de su estructura mediática y, junto al consultor político Fernando Cerimedo, adquirió el 50% de la empresa propietaria de La Derecha Diario, que en pocos meses pasó a consolidarse como una de las principales usinas comunicacionales del oficialismo.

Ese crecimiento no respondió únicamente al aumento de su audiencia. También estuvo acompañado por un fuerte incremento de los ingresos publicitarios. Entre los principales anunciantes apareció YPF, que durante la gestión libertaria destinó pauta oficial al portal. La situación llamó la atención porque coincidía con uno de los ejes discursivos que el propio Negre repetía en sus presentaciones públicas: la crítica a los medios que, según sostenía, sobrevivían gracias a la publicidad estatal. Mientras denunciaba la existencia de una prensa “ensobrada” por los gobiernos y reivindicaba un modelo supuestamente sostenido por el mercado, una de las empresas controladas por el Estado nacional figuraba entre los anunciantes de su propio medio.

Sin embargo, esa cercanía con la Casa Rosada nunca implicó una subordinación vertical absoluta. Con el paso de los meses, Negre empezó a demostrar que jugaba su propio juego. Mientras muchos lo imaginaban como una pieza más del dispositivo comunicacional libertario, comenzó a construir relaciones políticas y empresariales que no necesariamente respondían a la estrategia diseñada desde Balcarce 50.

Los primeros indicios aparecieron durante la gira que realizó por distintas provincias a fines de 2024 para impulsar la expansión federal de La Derecha Diario. En Misiones sorprendió al elogiar públicamente al exgobernador Carlos Rovira y al Frente Renovador de la Concordia, un espacio ajeno a La Libertad Avanza aunque con fluidos canales de diálogo con el Gobierno nacional. “Hay muchos paradigmas en Misiones, muchas ideas que las llaman libertarias”, afirmó durante una presentación en Posadas, donde incluso destacó aspectos de la gestión provincial y llamó a invertir en la tierra colorada. Sus declaraciones contrastaban con las críticas que apenas unos meses antes había formulado desde una conferencia de Adorni, cuando había cuestionado la creación de una Fiscalía Especializada en Ciberdelitos provincial y la había bautizado como una “ley mordaza”.

La gira continuó en Tucumán, donde compartió actividades con Agustín Laje y el entonces vicejefe de Gabinete Lisandro Catalán, pero también aprovechó para fortalecer vínculos propios con actores del poder provincial. Ese doble juego comenzó a generar incomodidad incluso dentro de algunos sectores libertarios, donde varios dirigentes observaban con recelo que el empresario español construyera una agenda propia utilizando como plataforma la cercanía que mantenía con el Gobierno nacional. Para entonces, Negre ya no aparecía solamente como un periodista afín al oficialismo, sino como un actor que buscaba consolidar una red de relaciones políticas, empresariales y mediáticas con capacidad de sobrevivir incluso a los cambios de humor de la Casa Rosada.

Desembarco en los Estados Unidos

Desde 2025, Negre dejó de gravitar alrededor del Presidente argentino para integrarse directamente al ecosistema político y comunicacional del trumpismo. Cuando el triunfo de Donald Trump abrió nuevas oportunidades en Estados Unidos, Washington pasó a ofrecerle un escenario mucho más amplio que Buenos Aires. Hoy conduce un programa semanal producido por Real America's Voice, la señal que alberga algunos de los principales programas del movimiento MAGA, entre ellos The War Room, de Steve Bannon, además de los espacios de Charlie Kirk y Human Events. El proyecto apunta a consolidar una oferta mediática dirigida al electorado hispano, uno de los segmentos estratégicos para el Partido Republicano, que planea candidatear al secretario de Estado Marco Rubio en las próximas elecciones presidenciales.

La mudanza vino acompañada de un salto institucional. Negre consiguió acreditarse en la Casa Blanca y participa regularmente de las conferencias encabezadas por la portavoz presidencial Karoline Leavitt. Ya no pregunta desde la sala de prensa de Adorni, que ahora quedó fuera del Gobierno. Ahora lo hace desde Washington.

Su cercanía con el poder republicano quedó reflejada en octubre de 2025, cuando integró la reducida comitiva periodística que acompañó a Javier Milei durante un encuentro con Donald Trump. En las imágenes oficiales aparece ubicado detrás del Presidente argentino y junto a Karina Milei, mientras alrededor de la mesa compartían lugar el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, el ministro de Economía, Luis Caputo, y la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La escena anticipaba el lugar que comenzaba a ocupar dentro del entramado conservador internacional.

Pocos meses después, en febrero de este año, Negre tuvo un lugar central en la Hispanic Prosperity Gala organizada en Mar-a-Lago, el club privado de Trump en Palm Beach. El evento reunió a dirigentes, empresarios, comunicadores e influencers de la nueva derecha iberoamericana y tuvo como principales oradores, mediante mensajes grabados, al propio Milei y a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Durante esa misma noche, el periodista distinguió a Alex Bruesewitz, uno de los principales estrategas digitales de Trump, a quien agradeció por haber impulsado la expansión de la denominada “batalla cultural” en países como Argentina y Perú y por promover medios hispanos como La Derecha Diario dentro del ecosistema comunicacional republicano.

Su creciente inserción internacional también comenzó a mostrar matices propios. Semanas atrás entrevistó a la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, una decisión que se produjo en un contexto de apertura de canales de diálogo entre la administración Trump y Caracas por cuestiones vinculadas a la seguridad regional y la migración. La entrevista generó fuertes críticas del sector alineado con María Corina Machado, que cuestionó cualquier gesto que pudiera interpretarse como una legitimación del chavismo. Negre, sin embargo, mantuvo su apuesta, en línea con las prioridades geopolíticas que hoy predominan en Washington antes que con las disputas internas de la oposición venezolana.

PL/MC

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al exfuncionario Martín Insaurralde sumó un nuevo elemento: un informe patrimonial de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) que detalla ingresos percibidos por su exesposa, la modelo y conductora Jésica Cirio, por casi 700.000 dólares y más de 70 millones de pesos.

Según el documento incorporado al expediente, Cirio recibió un total de 693.000 dólares entre 2016 y 2023 de la empresa estadounidense Zumba Fitness LLC, con sede en Miami. Durante ese período, representó a la firma en la Argentina realizando campañas publicitarias y tareas como conductora y modelo. Solo en 2017, los pagos provenientes de esa compañía ascendieron a 234.009 dólares.

El informe también registra ingresos provenientes de empresas vinculadas al sector del juego. Entre 2021 y 2023, Desarrollos Turísticos Victoria S.A., Casino de Victoria S.A. -ambas relacionadas con el empresario Daniel Mautone- y el Hipódromo Argentino de Palermo le abonaron, en conjunto, alrededor de 71 millones de pesos.

De acuerdo con la documentación analizada, esos pagos se realizaron mediante facturas mensuales cuyos montos oscilaron entre 1.210.000 y 1.512.500 pesos.

Uno de los ejes de la investigación apunta a establecer si esas sumas constituyeron retribuciones por servicios comerciales efectivamente prestados, como acciones de publicidad y promoción, o si podrían haber funcionado como retornos encubiertos destinados a beneficiar a Insaurralde.

En ese contexto, la Justicia también tuvo en cuenta la condición de Cirio como Persona Expuesta Políticamente (PEP), derivada de su vínculo matrimonial con quien fuera intendente de Lomas de Zamora y jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires.

La modelo permanece imputada en la causa que investiga a su exmarido por presunto enriquecimiento ilícito. Los investigadores buscan determinar si participó en eventuales maniobras de lavado de activos y si el incremento de su patrimonio tiene un origen lícito.

Como parte de esas medidas, la Justicia ordenó allanamientos en propiedades vinculadas a Cirio con el objetivo de secuestrar documentación y otros elementos que permitan reconstruir el origen de sus bienes e inmuebles.

Además, la conductora entregó su teléfono celular a la Justicia junto con las claves de acceso. El dispositivo quedó bajo custodia de Gendarmería Nacional y actualmente es sometido a peritajes.

La medida fue dispuesta luego de que semanas atrás se difundieran videos en los que se observa a Cirio exhibiendo y filmando fajos de dólares guardados en bolsas plásticas ocultas en el vestidor de una de sus viviendas, material que también pasó a formar parte de la investigación.

Con información de la agencia NA