A Javier Milei le queda todavía un tercio de mandato presidencial, pero el país que dejará el 10 de diciembre de 2027 —quizás a sí mismo, si es reelecto— ya está configurado en sus líneas centrales.

Rápidamente se esfumaron las fantasías de “mejores 18 meses de la historia” o, aunque sea, de una reactivación modesta producto de la “confianza” de los mercados en la reelección del ultra. La resignación alcanza al elenco oficialista y queda implícita en la promesa del Presidente de que el paraíso recién llegará en 2028, cuando inicie su segundo mandato. Hasta entonces, ajo y agua.

El país del primer Milei será el de una industria reducida a la mínima expresión en décadas. Ciertas capacidades quedarán desmanteladas para siempre, producto de la famosa “transición”. Por ahora, está claro lo que se destruye, se desconoce lo que se construye. Lo nuevo por venir queda en proclamas megalómanas de inversiones por decenas de miles de millones de dólares de las que no se habla más allá del anuncio. La contracara real y tangible del declive de los sectores que más emplean en las grandes ciudades es una primarización acentuada en el petróleo y el agro, con récord de exportaciones.

Se sabe —se vive— que esos sectores primarios son mucho menos demandantes de mano de obra que la industria, la construcción y el comercio, y su “cadena de valor” es acotada. El Estado verá pasar buena parte de los beneficios del auge de Vaca Muerta, porque el régimen impositivo para grandes inversiones (RIGI) se encargará de que los ingresos fiscales sean de pobres a exiguos.

“Escándalo” es la palabra que más se repite entre economistas tanto ortodoxos como heterodoxos, e incluso ejecutivos de la industria de gas y petróleo, a la hora de describir los beneficios del RIGI tan abarcativos, de tal trazo grueso, para sectores que ya venían con un acelerado crecimiento y ahora pasarán a tributar bastante menos que en países de América Latina, lo que es decir un montón. Con tantos intereses en juego, esa palabra sólo se desliza en privado. En público, existen eufemismos decibles, como “quizás el RIGI es demasiado generoso”.

Sólo un Presidente tan desaprensivo de la realidad de sus representados, que todavía no visitó un tercio de las provincias que gobierna, puede celebrar la aniquilación de la obra pública como un objetivo de su mandato.

Si la “estabilidad macro” no desbarranca por alguna crisis social interna, porque el “plan financiero” se cae como un castillo de naipes o por un cisne negro del exterior, Milei se irá en diciembre de 2027 con equilibrio fiscal. En el caso de que se compute lo que Economía esconde mediante creatividad contable; sobre todo, la capitalización de intereses de los bonos locales; será un déficit manejable, o de lo contrario, será superávit. Es “el” logro que se atribuye el mandatario de La Libertad Avanza. Con ese frente bajo control, el consenso de los economistas dice que la inflación puede mantenerse en el orden del 2% mensual o por debajo, que es menos traumático que el 6% del primer semestre de 2023, con el tándem Fernández-Cristina-Massa en convivencia disfuncional.

La contracara de “la meta fiscal” —tan elogiada por los medios y hasta un sector de la oposición— es un haber jubilatorio mínimo con una caída de 20% en su poder adquisitivo, un sistema científico y universitario dañado como pocas veces en su historia e infraestructuras en estado calamitoso. Sólo un Presidente tan desaprensivo de la realidad de sus representados, que todavía no visitó un tercio de las provincias que gobierna, puede celebrar la aniquilación de la obra pública como un objetivo de su mandato.

Todo ello configura un mercado laboral acorde. Unos 74.000 empleados públicos nacionales menos (CEPA base INDEC), 181.000 puestos de trabajo perdidos en las pequeñas y medianas empresas (3,5% del total) y una caída porcentual todavía mayor en la industria. El crecimiento de puestos informales y cuentapropistas en su versión precaria —trabajadores que se las arreglan como pueden para no caer al abismo— no compensa la pérdida de trabajo registrado. Desde que se reglamentó la reforma laboral, se perdieron 36.000 puestos formales y la tasa de informalidad creció a 45%, y no paran de cerrar empresas (Instituto Argentina Grande, base INDEC).

Al balance en profundidad de Milei I lo redactará la historia. Tres aspectos son elocuentes:

A — Una política exterior más propia de un microestado del Caribe que de un país soberano. El jefe de Estado argentino se colocó como la figurita de animación de la fiesta de la ultraderecha y tiene entre sus exponentes centrales a unos cuantos iliberales retardatarios y algún autor de crímenes de lesa humanidad.

B – Como síntoma cultural, el cine nacional quedará hegemonizado por lo que produzcan grandes plataformas de streaming y el puñado de directores que le gustan a Milei.

C —En el legado más doloroso, un quiebre de una tendencia de dos décadas en el descenso de la mortalidad infantil, ya evidenciado en 2024.

Corresponde hablar de ganadores con nombre propio.

Consagrados y aventureros

Están los aventureros que pasan por Casa Rosada, ofrecen un negocio y van esa misma noche a festejar a Puerto Madero. Por mencionar dos casos, la banda de los hermanos Novelli y Hayden Davis, mentores de la presunta criptoestafa $LIBRA, y las consultoras Henley & Partners, Latitude y AMIGO, que celebraron como propio el anuncio de Luis Caputo sobre la venta de la ciudadanía a cambio de US$350.000. No había terminado de hablar Caputo en la Embajada argentina en París, que esos estudios cazafortunas en busca de “pasaportes dorados” ya estaban ofreciendo sus servicios, como informó elDiarioAR días atrás.  

Ese chiquitaje no oculta la mayor ganancia. El RIGI para gas y petróleo tiene a empresas nacionales como beneficiarias en casi todos los casos. Poco nuevo bajo el sol: la inversión extranjera no cesa su caída.

El Grupo Clarín logró lo impensable. Ya tenía Telecom Argentina desde los días de Mauricio Macri en el Ejecutivo y ahora se quedará con Movistar (ex Telefónica). El Estado gobernado por el Presidente cuyo posteo fijado en X reza “Clarín: La gran estafa argentina” aprobó esa absorción a cambio de una módica desinversión. Se proyecta en cuestión de días la marca Tuenti como tercer operador de telefonía móvil de Argentina (además de Telecom y Claro, del mexicano Carlos Slim). La firma Metrotel, razón social de Tuenti, tiene al fondo Beacon LLC, liderado por Ralph Booth (un viejo conocido de Clarín), con el 49% de las acciones, y el fondo Nippur Fiber Holdings LLC, con el mayoritario 51%.

¿Quiénes integran Nippur Fiber? Sebastián Caputo, sobrino de Nicolás Caputo, otrora “hermano del alma” de Macri, y Luis María Blaquier, extitular del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES durante el primer año de Cambiemos en Casa Rosada.

El paso de Blaquier por la función pública despertó varias polémicas, pero ninguna tan estridente como cuando fiscalizó para Macri en las primarias presidenciales de 2019 en una escuela de José C. Paz y terminó arrestado por romper el telegrama, porque no le gustó el resultado. Tuvo sus motivos. En la mesa que le tocó, la fórmula Fernández-Cristina obtuvo el 77,94% de los votos, mientras que Macri-Pichetto apenas cosechó 10,64%.

¿Quiénes integran Nippur Fiber? Sebastián Caputo, sobrino de Nicolás Caputo, otrora “hermano del alma” de Macri, y Luis María Blaquier, extitular del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES durante el primer año de Cambiemos en Casa Rosada.

La biografía capitalista de la era Milei aporta apellidos conocidos, como Manzano-Vila, que apalancados en el grupo mediático América (América TV, El Cronista, La Red, Uno) y Edenor, se expandieron en el último par de años a Metrogás, las estaciones de servicio de la marca Shell y Telefe, y profundizaron la presencia en litio y petróleo. AySA quedó para Filiberti, su socio en Edenor. Otros que estaban en segundo plano pegaron el salto. Allí están los Neuss, confidentes de Santiago Caputo. De buenas a primeras, los hermanos Patricio y Juan se transformaron en accionistas de la empresa central de la transmisión eléctrica en el país, Transener, centrales de generación hidroeléctrica en Río Negro y distribuidoras de electricidad en Tucumán, Jujuy y Mendoza.

Nadie debería pensar que los cuantiosos aportes de los Neuss —Patricio, casado con María Blaquier— a la Fundación Faro, el sello organizador de cenas pagas que dirige el siempre furioso Agustín Laje, están relacionados con su repentina reactivación económica.

Los ascensos, descensos y nombres empresariales que trascienden cualquier era son un clásico de los ciclos políticos argentinos.

Los Hermanos Milei, por lo pronto, muestran que no dejan a nadie a gamba. A Manuel Adorni, quien para la psiquis presidencial fue víctima de los periodistas corruptos, al igual que José Luis Espert, le mantienen el chofer y la custodia. ¿Y algo más?

Semanas atrás salió eyectada de la Quinta de Olivos Belén Agudiez. Bajo la pantalla de la subsecretaría de Planificación General de la Presidencia, Karina le había encargado a su amiga Agudíez y al cuñado de ésta, Osvaldo Sosa, la administración y el control de la residencia presidencial.

Fue una salida intempestiva. Como informó Pedro Lacour en este diario, el vínculo entre Karina y Agudiez se fortaleció en 2022 por la devoción mística de ambas y se frustró por algo del rubro: rastros de magia negra que despertaron la ira de la hermana presidencial. La diputada Marcela Pagano siguió la pista de presuntos desvíos de fondos de los insumos que ingresaban a Olivos hacia el emprendimiento de catering Pancitos Caseros, en el que Sosa y Agudiez —apodada “la brujita” por sus detractores— tenían mucho que ver.

Las explicaciones sobre rapiña, magia negra y paranoia de Milei por razones de seguridad se vieron alimentadas por el silencio oficial sobre la limpieza de empleados civiles en Olivos y su reemplazo por personal militar.

Agudiez no quedó en la calle. Testigos afirman haberla visto en la sede central del Correo Argentino, en Barracas. Esa empresa lidera la pérdida de puestos de trabajo entre las firmas con participación estatal, con 5.642 posiciones menos desde que asumió Milei. Pero Agudíez habría encontrado un refugio como gerenta de Responsabilidad Social en la dirección de Relaciones Institucionales, y un sueldo superior al que ganaba en Olivos.

Cabe esperar que Pancitos Caseros no necesite delivery.   

SL

slacunza@eldiarioar.com

Cuando presentó en París la semana pasada el Programa de Ciudadanía por Inversión, Luis Caputo eligió un lugar para fijar su origen: Sun Valley. El ministro de Economía contó que la iniciativa nació “en uno de los primeros viajes que hicimos con el Presidente a Sun Valley hace dos años”, donde, según su relato, empresarios tecnológicos les pidieron a él y a Javier Milei que habilitaran la posibilidad de acceder al pasaporte argentino. Es la única pista oficial sobre quién reclamó el régimen que hoy permite naturalizarse por US$350.000 sin haber vivido en el país. Y remite a uno de los viajes más reservados de la gestión.

Milei viajó a Sun Valley, Idaho, entre el 11 y el 15 de julio de 2024, para participar de la conferencia anual de Allen & Company, el banco de inversión que desde hace más de cuatro décadas reúne cada verano a los dueños de las mayores compañías de tecnología, medios y finanzas de Estados Unidos. La prensa estadounidense la llama “el campamento de verano de los multimillonarios”. La lista de invitados es cerrada, no se permiten cámaras y rige una regla que el empresario argentino Martín Varsavsky, asistente habitual, resumió así: “Todo lo que pasa ahí, queda ahí”.

Esa regla rigió también para el Gobierno. Ese año asistieron, entre otros, Mark Zuckerberg (Meta), Tim Cook (Apple), Sam Altman (OpenAI), Sundar Pichai (Google), Jeff Bezos, Bill Gates y Bob Iger (Disney). La Casa Rosada no informó con cuáles de ellos se reunió el Presidente. La agenda oficial difundida antes del viaje incluía solo un encuentro con la presidenta del Banco Santander, Ana Botín; una exposición de 25 minutos ante los asistentes, y una reunión con Herbert Allen, titular de Allen & Company. Del resto no hubo información ni fotos. Según publicó en su momento el diario La Nación, el vocero Manuel Adorni atribuyó el silencio a las condiciones impuestas por los organizadores, y en Casa Rosada advirtieron que “si se filtra información no renuevan las invitaciones”.

La comitiva estuvo integrada por Caputo y el entonces jefe del Consejo de Asesores Económicos, Demian Reidel, organizador de la gira, además del embajador en Washington, Gerardo Werthein. También estaban en Sun Valley los empresarios argentinos Marcos Galperin (Mercado Libre), Wenceslao Casares y Martín Migoya (Globant), además de Varsavsky, quien afirmó en redes que había tenido un encuentro a solas con el Presidente. En su exposición, según la cobertura de esos días, Milei defendió la reducción del Estado y presentó a la Argentina como destino seguro para las inversiones.

El viaje tampoco fue barato. Como el avión presidencial tenía vencido su permiso de vuelo, la comitiva viajó en un Gulfstream alquilado a la empresa Flyzar. Según la respuesta a un pedido de acceso a la información publicada por el sitio LetraP, el chárter costó US$ 376.000; los viáticos de los acompañantes, $4,1 millones, y el alojamiento, otros $8,3 millones.

La versión de Caputo agrega una pieza a la cronología del “pasaporte dorado”. Diez meses después de Sun Valley, el 28 de mayo de 2025, el Gobierno firmó el DNU 366, que incorporó la ciudadanía por “inversión relevante” a la Ley 346 y creó la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión en la órbita de Economía. Por esas semanas, según los registros de ingreso a la Casa Rosada que ya publicó elDiarioAR, el CEO de la consultora británica Henley & Partners, Juerg Steffen, se reunía en la Jefatura de Gabinete con Guillermo Francos y Lisandro Catalán. La firma asegura haber mantenido reuniones con el Gobierno durante “los últimos 18 meses”. En diciembre, Economía llamó a un concurso internacional para contratar a una consultora que diseñara y promocionara el programa. Henley ofreció hacerlo por hasta US$ 25 millones, perdió, impugnó y el concurso terminó anulado.

La referencia a Sun Valley se cruza con la principal crítica opositora. La diputada Florencia Carignano, ex directora nacional de Migraciones, sostuvo que el régimen “fue pedido por muchos empresarios de Silicon Valley que necesitan venir a comprar tierras argentinas”, en referencia a la desregulación de la venta de tierras rurales a extranjeros dispuesta por el DNU 70/2023.

El Gobierno lo niega y presenta el programa como una herramienta para atraer capitales. Pero el propio ministro ubicó el pedido en un encuentro de magnates tecnológicos. De hecho, el 16 de marzo pasado, Milei y Caputo recibieron a Herbert Allen Jr. en Olivos, titular de Allen & Co. En la edición de este año de Sun Valley estuvo Peter Thiel, dueño de Palantir, el tecnofascista cercano a Milei que se instaló en una mansión en Barrio Parque.

La pregunta que el Gobierno no respondió es la más simple: quiénes pidieron en su momento el pasaporte argentino. Caputo no dio nombres en París, y el carácter reservado de la cumbre, que el Ejecutivo invocó en 2024 para no informar la agenda presidencial, vuelve a funcionar como respuesta.

La senadora y jefa del bloque de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich, se reunió con el presidente Javier Milei durante más de dos horas. El encuentro se produjo en medio de las diferencias que la legisladora manifestó con el Gobierno durante los últimos meses.

“Conversación profunda con el presidente Javier Milei. Hablamos de todo lo que vengo planteando, con total sinceridad”, posteó Bullrich en la red social X. La senadora cerró su mensaje con la sigla TMAP, que significa “todo marcha de acuerdo al plan”.

Por su parte, el mandatario también utilizó las redes sociales para referirse al encuentro con la jefa del bloque de LLA en el Senado. “Desayuno de trabajo con Patricia Bullrich en Olivos para hablar de todos los temas a fondo: MAGA”, publicó en Instagram.

Además, a comienzos de esta semana, la senadora había participado de la reunión de gabinete que encabezó el Presidente en la Casa Rosada. Al día siguiente, el vocero presidencial, Adrián Ravier, buscó bajar la tensión con la jefa del bloque de LLA en el Senado y sostuvo que la legisladora “apoya la candidatura de Javier Milei para 2027”.

Las diferencias entre Bullrich y el Gobierno

Pese al deterioro de la relación con el Gobierno, Patricia Bullrich conserva un rol central en la negociación de proyectos y en el vínculo con aliados de la Cámara Alta, donde la gestión de Javier Milei necesita ampliar su base para aprobar reformas.

El episodio que abrió la última escalada fue el Presupuesto 2027 y los cambios sobre Discapacidad. Bullrich aseguró que no había sido informada del contenido de esos artículos pese a integrar la mesa política, cuestionó públicamente la coordinación interna y apuntó contra el Ministerio de Economía por haber enviado modificaciones que no habían sido anticipadas a la conducción parlamentaria.

A ese episodio se sumó el video que Bullrich publicó con una canción de Lali Espósito, horas después de sus críticas por Discapacidad. Milei eligió bajar públicamente el tono y sostuvo que no veía un problema en la elección de la artista.

La tensión volvió a crecer con la Ley de Tierras. Bullrich cuestionó la estrategia de avanzar legislativamente mientras continuaba abierta la discusión judicial y planteó que impulsar una ley sin garantizar su aprobación podía terminar debilitando el instrumento que ya tenía el Ejecutivo a través del DNU 70/2023.

Este viernes 9 de octubre, la Corte Suprema suspendió de manera provisoria los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023, que había derogado la Ley 26.737, hasta que la Justicia Federal de Bariloche resuelva sobre la legitimación de los demandantes y analice el pedido de una medida cautelar.

“Es realmente una buena noticia”. La frase, pronunciada por un funcionario con despacho en Balcarce 50, resume el alivio con el que la Casa Rosada recibió este viernes el nuevo fallo de la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras. La decisión de suspender provisoriamente el artículo 154 del DNU 70/2023, que había derogado las restricciones a la compra de campos por parte de extranjeros, le permite al Gobierno descomprimir un conflicto que amenazaba con trasladarse al Congreso el próximo jueves 15 de octubre. En el oficialismo no estaban convencidos de que la oposición consiguiera los votos para rechazar el decreto completo, pero admitían que la controversia se había convertido en un obstáculo para otras negociaciones que consideran mucho más importantes.

El problema no era solamente el DNU, sino todo lo que podía quedar atrapado en esa discusión. El ala política del Gobierno trabaja para reunir apoyos alrededor de dos de las principales prioridades legislativas de Javier Milei: la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y la aprobación del Presupuesto 2027. Ambas iniciativas requieren acuerdos con gobernadores y bloques dialoguistas, algunos de los cuales habían comenzado a reclamar una solución al conflicto por la extranjerización de tierras. La posibilidad de tener que defender el decreto completo en el recinto amenazaba con introducir una nueva tensión en esas conversaciones.

La resolución judicial llegó, además, cuando la oposición intentaba convertir el malestar por la Ley de Tierras en una ofensiva más amplia contra el programa de desregulación libertario. La convocatoria a una sesión especial para el jueves 15, a las 14, había empezado a sumar adhesiones entre legisladores que cuestionaban la eliminación de los límites a la propiedad extranjera, aunque no necesariamente estaban dispuestos a rechazar los demás artículos del DNU 70. Con las restricciones nuevamente vigentes, al menos de manera provisoria, ese punto de encuentro pierde parte de su fuerza.

El respiro oficial, sin embargo, no equivale a una victoria definitiva. La Corte no resolvió la constitucionalidad de la derogación de la Ley de Tierras: dictó una medida cautelar interina y remitió el expediente a la Justicia Federal de Bariloche. La decisión fue adoptada por Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci, con la disidencia de Carlos Rosenkrantz. El conflicto judicial continúa abierto, aunque su impacto inmediato sobre la agenda parlamentaria podría ser muy distinto al que había provocado la sentencia anterior.

El Gobierno venía siguiendo de cerca las conversaciones opositoras para reunir los 129 diputados necesarios para abrir la sesión. Los impulsores de la convocatoria contaban con entre 122 y 124 legisladores, después de sumar el respaldo de los diputados catamarqueños que responden al gobernador Raúl Jalil. La diferencia dependía de un puñado de bloques dialoguistas que compartían las críticas a la derogación de la Ley de Tierras, pero desconfiaban de las consecuencias de hacer caer el DNU completo.

Durante los últimos días, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, habían multiplicado los contactos con aliados del PRO, la UCR y espacios provinciales. Una de las alternativas que se evaluaban consistía en incorporar restricciones a la venta de tierras a extranjeros dentro del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya cuenta con media sanción del Senado. Para avanzar con esa discusión, el oficialismo había convocado a un plenario de comisiones para el miércoles 14.

El fallo modifica las condiciones de esa negociación. Los diputados que reclamaban restablecer las restricciones a la extranjerización ya no necesitan, al menos por ahora, votar contra la totalidad del decreto para conseguir ese objetivo. Eso no garantiza que la oposición desista de la sesión, cuyo temario también incluye otros asuntos sensibles, pero le ofrece al Gobierno nuevos argumentos para convencer a los bloques intermedios de no acompañar la convocatoria.

En la Casa Rosada, la preocupación de fondo pasa por administrar los votos disponibles para las próximas discusiones legislativas. La eliminación de las PASO constituye una de las principales apuestas de la reforma política que impulsa el oficialismo de cara a 2027, mientras que el Presupuesto del año próximo ocupa un lugar central en las conversaciones con los gobernadores. Son dos negociaciones diferentes, pero atravesadas por los mismos interlocutores y por una dificultad compartida: La Libertad Avanza necesita apoyos que no puede garantizar por sí sola.

La controversia por la Ley de Tierras había comenzado a interferir en ese esquema. La actual decisión de la Corte no elimina las dificultades, pero permite sacar momentáneamente una de ellas del centro de la escena. El oficialismo gana margen para volver a concentrarse en las negociaciones que considera prioritarias, mientras la oposición deberá decidir si mantiene su convocatoria del jueves 15 o recalcula su estrategia ante un escenario judicial diferente.

PL

El fallo de la Corte Suprema sobre la ley de tierras parece no haber puesto punto final a la discusión. Por el contrario, desde distintos sectores de la oposición adelantaron que insistirán el próximo jueves en la Cámara de Diputados con la derogacion del DNU 70/23.

Este viernes, el máximo tribunal de justicia resolvió suspender provisoriamente los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023, que derogaba la Ley de Tierras Rurales, mediante una medida cautelar interina dictada en el marco de una causa iniciada por la Asociación Civil Árbol de Pie. Sin embargo, de los distintos bloques opositores anunciaron que el objetivo sigue siendo dar marcha atrás con todo el decreto de necesidad y urgencia, una norma clave con la que el gobierno libertario comenzó su gestión desreguladora. Así lo expresaron desde el peronismo, la Coalicion Cívica, la izquierda y Provincias Unidas.

Cecilia Moreau, diputada de Unión por la Patria, aseguró en declaraciones a Radio 10: “Tenemos que sostener la sesión convocada para el 15. Hay destacar que en una semana la Corte tuvo que recular y hay que decirle no definitivamente a la extranjerización de las tierras”. La bonaerense Agustina Propato agregó que el DNU “no es solamente una amenaza para nuestras tierras. También afecta el bolsillo de los argentinos, profundiza la desregulación de la economía, favorece la concentración económica y mata las PYMES y abre las puertas a la privatización de empresas estratégicas”. Y señaló que “el 15 de octubre tenemos una oportunidad para dar un debate de fondo. No alcanza con proteger nuestro territorio, si dejamos intactas las medidas que comprometen nuestra economía y nuestros recursos estratégicos. Defender la soberanía nacional es defender nuestra integridad territorial, nuestros recursos, y el trabajo de los argentinos”.

Desde la izquierda, Myriam Bregman también ratificó la decisión de mantener la sesión del 15. “Ahora que logramos ponernos de acuerdo y convocar a una sesión para rechazarlo y conseguir que caiga definitivamente -como siempre reclamamos desde la izquierda-, aparecen otras maniobras peligrosas. Una de ellas consiste en desviar toda la atención hacia el artículo referido a la Ley de Tierras, mientras el gobierno intentar avanza con la extranjerización mediante otras normas. No podemos dejar que se burlen de nosotros nuevamente: hay que derogar ya todo el DNU”, escribio en su cuenta de X.

El socialista Esteban Paulón también usó su cuenta de X para cuestionar a la Corte: “RECULANDO EN CHANCLETAS”, dijo sobre el fallo y enfatizó: “La Corte toma nota del moco que se mandó con la ley de tierras y da marcha atrás. Vuelve a poner en vigencia la normativa original. El escenario de rechazo parlamentario al DNU 70 y el repudio social que generaron su decisión le paso factura”, y aclaró: “Más allá de esta decisión, HAY QUE VOLTEAR EL DNU 70 de todos modos”.

Desde la CC-ARI, el presidente del bloque, Maximiliano Ferraro, sostuvo que la decisión del máximo tribunal “se apoya en la tutela judicial efectiva y la protección del ambiente, reconocidas por los artículos 41 y 43 de la Constitución Nacional y el Acuerdo de Escazú. No tengo dudas de que la movilización y el reclamo de organizaciones, comunidades y ciudadanos de todo el país fueron fundamentales para esta decisión. Hasta tanto el juzgado de Bariloche no se pronuncie, ¡la Ley de Tierras vuelve a estar vigente! No nos distraigamos, sigamos alerta”.

Pablo Juliano, de Provincias Unidas, afirmó que las idas y vueltas en torno a la extranjerización de las tierras es “el péndulo jurídico de un país gobernador a decretazos”. Tras ratificar la decisión de mantener la sesión del 15, enfatizó: “10 días después del fallo contra el CECIM, la Corte vuelve a frenar de manera provisoria la derogación de la Ley de Tierras. La protección de nuestra tierra no puede depender de cuánto dure una medida judicial”.

El Gobierno nacional apeló el fallo de la Justicia que declaró inconstitucional el decreto que frenaba la Ley de Financiamiento Universitario y lo obligaba a cumplir con la normativa.

El recurso presentado por el Ministerio de Capital Humano rechaza la decisión del juez Martín Cormick que dejó sin efecto el Decreto 759/2025 por considerar que causa un “gravamen irreparable”.

Para el Gobierno, la sentencia causa “agravios concretos y de significativa gravedad institucional” ya que ordena la ejecución de la ley “sobre la base de una interpretación arbitraria y fragmentaria del régimen presupuestario aplicable y sin dar adecuada respuesta a defensas centrales oportunamente introducidas por el Estado Nacional”.

En ese sentido, apuntan que el cumplimiento de la normativa “proyecta efectos presupuestarios de gran magnitud y compromete el equilibrio de las cuentas públicas”, ya que argumentan que no identifica una “fuente de financiamiento específica y suficiente”.

Desde la cartera comandada por Sandra Pettovello cuestionaron la improcedencia del amparo colectivo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional y la Universidad de Buenos Aires (UBA), dado que no es una “vía idónea para resolver en forma definitiva una controversia que requiere determinar hechos, montos, fuentes de financiamiento y alcances normativos controvertidos”.

Sobre los recursos para su cumplimiento, remarcaron que afecta al equilibrio fiscal, y que la Ley 24.629 debe ser interpretada “armónicamente” junto con las leyes 24.156 y 27.798 que establecen normas para autorizar y ejecutar el gasto público.

“Si los mayores gastos deben financiarse mediante reasignaciones, ello supone necesariamente reducir créditos destinados a otras finalidades”, enfatizaron. En esa línea, aseguraron que la Ley de Financiamiento Universitario “exigiría reasignar el 90,30% de los créditos disponibles para gastos primarios del Estado Nacional”.

Por otro lado, manifestaron que la confirmación del fallo afectaría a la “división de poderes” al “imponer al Poder Ejecutivo la ejecución de gastos sin resolver previamente su compatibilidad con el régimen legal de administración financiera y con la Ley de Presupuesto vigente”.

De esta forma, el Gobierno busca revocar la sentencia que declaró parcialmente inconstitucional el Decreto 759/2025 y diluir los plazos para el cumplimiento de la ley, en medio de los reclamos del sector universitario para que se otorguen las partidas presupuestarias y se avance en la paritaria para docentes y no docentes.

La intimación de la Justicia

El juez en lo Contencioso Administrativo Federal Martín Cormick había vuelto a intimar al Poder Ejecutivo el pasado 30 de septiembre para que cumpliera de manera íntegra con la ley 27.795 de Financiamiento Universitario, al considerar que el Gobierno no acreditó la actualización salarial completa de docentes y no docentes ni la recomposición de todos los programas de becas estudiantiles exigidos por la norma. La resolución, dictada en el marco de una causa colectiva iniciada por universidades nacionales, mantuvo firme la cautelar y ordenaba al Estado a cumplirla en un plazo de cinco días.

Actualización salarial: el juez detectó desvíos respecto del IPC

El primer punto analizado por el magistrado es el artículo 5° de la ley, que obliga al Ejecutivo a actualizar los salarios de docentes y no docentes desde el 1° de diciembre de 2023 hasta la sanción de la norma, en un porcentaje no inferior a la inflación acumulada en ese período. Además, la ley exige convocatorias paritarias periódicas y la incorporación plena de sumas no remunerativas a los básicos.

Según el fallo, el Gobierno acreditó haber convocado a paritarias y haber emitido órdenes de pago, pero no demostró que los aumentos otorgados se ajusten al Índice de Precios al Consumidor (IPC), tal como exige la ley. Cormick subrayó que la inflación acumulada entre diciembre de 2023 y junio de 2026 —fecha en que la cautelar quedó firme— fue del 312,19%, y que las erogaciones informadas por el Ejecutivo “no alcanzan dicho incremento”.

El juez también recordó que los argumentos del Gobierno ya habían sido rechazados en septiembre, cuando se negó el levantamiento de la cautelar. Por eso, sostuvo que “no se ha agotado el alcance de la medida” y que la obligación de actualización salarial continúa vigente.

Becas estudiantiles: el Gobierno solo actualizó un programa

El segundo eje del fallo es el artículo 6° de la ley, que ordena la recomposición automática de todos los programas de becas —Progresar, Manuel Belgrano, Enfermería y otros— según la inflación acumulada desde el 10 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la norma, además del incremento progresivo de beneficiarios.

Cormick señaló que el propio informe del Ejecutivo reconoce haber actualizado únicamente las Becas Manuel Belgrano, bajo el argumento de que las demás no encuadran en la ley. El juez rechazó esa interpretación y afirmó que el cumplimiento informado “no cubre lo decidido cautelarmente”, ya que la norma menciona explícitamente a Progresar, Enfermería y otros programas.

Una cautelar firme y un nuevo ultimátum

Con estos elementos, el magistrado resolvió mantener el criterio fijado en su resolución del 22 de septiembre y volvió a intimar al Estado Nacional a cumplir la cautelar en un plazo de cinco días. El apercibimiento de astreintes —multas económicas por incumplimiento— permanece vigente, aunque aún no se hizo efectivo.

El fallo también desestimó el recurso de apelación en subsidio presentado por el Gobierno, al considerar que no existe un “agravio concreto y actual” que justifique su concesión.

Un conflicto que escala en el sistema universitario

La resolución de Cormick se inscribe en un escenario de tensión creciente entre las universidades públicas y el Gobierno por el financiamiento del sistema, la actualización de salarios y el sostenimiento de las becas. La ley 27.795, aprobada con amplio consenso parlamentario, fue presentada como un marco de protección frente al deterioro presupuestario y la caída del poder adquisitivo en el sector.

Con este nuevo fallo, el juez reforzó la obligación del Ejecutivo de aplicar los mecanismos de actualización previstos por la ley y de garantizar la recomposición de los programas de becas, un punto clave para la permanencia estudiantil en un contexto de inflación persistente y recortes presupuestarios.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación suspendió provisoriamente los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023, que derogaba la Ley de Tierras Rurales, mediante una medida cautelar interina dictada en el marco de una causa iniciada por la Asociación Civil Árbol de Pie.

La resolución fue adoptada por los jueces Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, junto con los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci. El ministro Carlos Rosenkrantz votó en disidencia.

La suspensión se mantendrá hasta que el Juzgado Federal de Bariloche se pronuncie sobre la legitimación de los demandantes y examine el pedido de medida cautelar presentado por la asociación.

El máximo tribunal consideró necesario adoptar una decisión provisoria para garantizar la tutela judicial efectiva y evitar posibles daños irreparables al ambiente, debido a que los tribunales inferiores no habían resuelto los planteos formulados por los demandantes.

Por qué la Corte suspendió la derogación de la Ley de Tierras

La Asociación Civil Árbol de Pie y otros particulares iniciaron a fines de diciembre de 2023 una acción de amparo colectivo ante la Justicia federal de Bariloche.

En su presentación solicitaron que se declarara la inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023, al considerar que la derogación de la Ley 26.737 comprometía el derecho a un ambiente sano y equilibrado, reconocido por el artículo 41 de la Constitución Nacional.

Los demandantes sostuvieron que la eliminación de esa legislación ponía en riesgo la utilización racional de los recursos naturales, la preservación de la naturaleza y la diversidad biológica.

Sin embargo, el Juzgado Federal de Bariloche remitió el expediente a la Cámara Federal de La Plata, donde tramitaba otra causa vinculada con la misma disposición del decreto.

Posteriormente, el expediente llegó a la Corte Suprema sin que los tribunales anteriores se pronunciaran sobre la legitimación de los actores ni sobre la medida cautelar solicitada.

Las diferencias entre los casos Árbol de Pie y CECIM

El 29 de septiembre de 2026, la Corte Suprema rechazó la demanda presentada por CECIM, que cuestionaba la derogación de la Ley de Tierras a partir de una presunta afectación de la soberanía nacional.

En aquella resolución, el tribunal consideró que la entidad carecía de legitimación activa para impulsar el reclamo, sin pronunciarse sobre la constitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023.

Tras ese fallo, los representantes de Árbol de Pie solicitaron que se aclarara si la decisión también alcanzaba a su presentación y reiteraron el pedido de protección cautelar.

La Corte distinguió ambos expedientes porque el planteo de Árbol de Pie se encontraba vinculado con la protección del ambiente, mientras que CECIM había fundamentado su demanda en cuestiones de soberanía.

El tribunal destacó que el trámite judicial había dejado sin respuesta los pedidos de los demandantes y que estaban comprometidos tanto el derecho a obtener una decisión judicial oportuna como la protección ambiental.

En ese contexto, resolvió suspender los efectos de la derogación hasta que el juzgado competente examine los planteos pendientes.

La disidencia de Rosenkrantz

El juez Rosenkrantz se pronunció en contra de la medida adoptada por la mayoría. Aunque reconoció que la legitimación invocada por Árbol de Pie difería de la planteada por CECIM, consideró que la Corte Suprema carecía de competencia para dictar una medida cautelar o interina en ese expediente.

Por ese motivo, sostuvo que correspondía remitir la causa a la Justicia federal de Bariloche sin disponer ninguna suspensión. Esa posición habría mantenido vigentes los efectos derogatorios del artículo 154 del DNU 70/2023 mientras continuaba la tramitación judicial.

La decisión mayoritaria, en cambio, establece una protección provisoria y no constituye un pronunciamiento definitivo sobre la constitucionalidad de la derogación de la Ley de Tierras.

¿Qué significa el fallo en la práctica?

Que queda suspendida la derogación del artículo 154 del DNU y rige de nuevo el tope del 15% para titularidad extranjera, el límite de mil hectáreas en zona núcleo y la prohibición de vender tierras con agua o en frontera.

¿Por qué ahora sí y antes no?

Porque son dos legitimaciones distintas. En CECIM, la Corte dijo que invocar soberanía no alcanza para ser colectivo. En Árbol de Pie, el derecho a un ambiente sano sí es colectivo y la ONG ambiental de Bariloche más las comunidades Lafkenche y Lof Fvta Anecon tienen legitimación para pedirlo.

¿Qué implica lo de “interina”?

Que la Corte no esperó a que un juez de primera instancia dicte cautelar. La dictó ella misma de forma provisoria y excepcional para evitar que se vendan tierras mientras tramita el amparo, que estuvo paralizado desde diciembre de 2023 por la regla de conexidad.

¿Qué sigue?

El expediente vuelve al juzgado de origen para que analice la constitucionalidad de la derogación. Hasta entonces, Registro de Tierras Rurales no puede inscribir compras que violen la 26.737.

La Corte Suprema vuelve a moverse sobre un terreno que ella misma convirtió en un campo minado. Apenas una semana después de haber dejado sin efecto la medida judicial que frenaba la derogación de la Ley de Tierras, los jueces del máximo tribunal se preparan para intervenir nuevamente en el conflicto, esta vez con una integración ampliada y en medio de diferencias internas que amenazan con quebrar la unanimidad de la semana pasada.

La urgencia no es casual: mientras crecen los cuestionamientos a la decisión de los supremos, la oposición se organiza para intentar rechazar el próximo jueves 15, en la Cámara de Diputados, la totalidad del DNU 70/2023 de Javier Milei. Una jugada que podría transformar una controversia judicial sobre la propiedad de la tierra en una derrota política de dimensiones mucho mayores para la Casa Rosada.

Los tiempos de la Justicia y los de la política comenzaron a correr en paralelo. Este miércoles, la Corte decidió abreviar de 72 a apenas 24 horas el plazo para que las partes puedan recusar a los dos conjueces sorteados para intervenir en un nuevo expediente relacionado con la Ley de Tierras. La resolución invocó las “particulares circunstancias de la causa” y habilitó incluso días y horas inhábiles. Una aceleración poco habitual para un tribunal que no suele caracterizarse por la velocidad de sus decisiones, pero que ahora parece decidido a pronunciarse antes de que la disputa termine de trasladarse al Congreso.

El movimiento expone, además, una fractura entre los tres integrantes de la Corte. Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti estarían dispuestos a avanzar hacia una nueva intervención que podría restablecer, al menos provisoriamente, las restricciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.

Carlos Rosenkrantz, en cambio, se resistiría a modificar el escenario que dejó planteado la sentencia anterior. Así lo describen fuentes al tanto de las conversaciones internas del tribunal. Como los tres ministros no consiguieron ponerse de acuerdo y una Corte de tres necesita unanimidad para resolver, debieron recurrir al sorteo de dos conjueces: Diego Barroetaveña, de la Cámara Federal de Casación Penal, y Juan Ignacio Pérez Curci, de la Cámara Federal de Mendoza.

Una aclaración que abrió otra interna

La nueva controversia llega después de una semana particularmente incómoda para el máximo tribunal. El martes pasado, Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti habían revocado una decisión de la Cámara Federal de La Plata que impedía aplicar el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual Milei derogó la Ley 26.737. Aquella norma establecía límites a la titularidad extranjera de tierras rurales, entre ellos un máximo del 15% a nivel nacional, provincial y departamental. Con la cautelar levantada, esas restricciones dejaron de operar, aunque permanecen vigentes las regulaciones específicas para las zonas de seguridad de frontera.

La Corte no declaró constitucional la derogación de la ley ni se pronunció sobre su contenido. Su decisión se apoyó en un argumento procesal: consideró que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM), que había promovido la demanda invocando la defensa de la soberanía nacional, carecía de legitimación suficiente para impulsar ese reclamo judicial. Sin embargo, el efecto práctico de la sentencia fue inmediato y abrió una discusión que rápidamente excedió los límites del expediente.

La reacción obligó a la Corte a ensayar una explicación pública. Dos días después de la sentencia, el tribunal difundió un documento en “lenguaje claro” destinado a precisar los alcances de su intervención. Allí sostuvo que no había resuelto la cuestión de fondo, que su pronunciamiento se limitaba a examinar la legitimación de los demandantes y que la decisión no afectaba otras medidas cautelares ni impedía la presentación de nuevos planteos judiciales.

Pero la aclaración también dejó al descubierto las diferencias dentro del Palacio de Tribunales. Según pudo saber elDiarioAR, Rosenkrantz no habría participado de la redacción del documento ni habría consentido su difusión. Aunque los tres jueces habían firmado la sentencia original, no existía el mismo consenso respecto de la necesidad de salir a explicar públicamente sus consecuencias.

La explicación llegó cuando la decisión ya había provocado una reacción que difícilmente pudiera neutralizarse con un comunicado. En la Casa Rosada, el pronunciamiento había sido recibido con sorpresa. El Gobierno celebraba la posibilidad de eliminar restricciones a la inversión extranjera, pero al mismo tiempo observaba con preocupación cómo una resolución judicial que, en principio, favorecía su programa económico podía terminar comprometiendo una de las principales herramientas legislativas del comienzo de la gestión de Milei.

De Tribunales al Congreso

La disputa tuvo el martes pasado una primera expresión en la calle. Frente al Palacio de Tribunales, organizaciones sindicales, sociales, ambientales, docentes y vinculadas con la producción agropecuaria se concentraron para repudiar el fallo de la Corte y reclamar la restitución de la Ley de Tierras. Bajo consignas como “La tierra no se vende” y “La soberanía no se negocia”, la movilización reunió a sectores de distintas procedencias políticas que encontraron en la sentencia un motivo común de protesta.

La convocatoria contó con la participación de organizaciones de la CTA de los Trabajadores, agrupaciones ambientalistas, representantes de pequeñas y medianas empresas agropecuarias y sectores de izquierda, que instalaron su propio escenario. Hugo Yasky, uno de los dirigentes que impulsaron la movilización, planteó que la concentración frente a la Corte debía funcionar como antesala de una nueva convocatoria al Congreso el jueves 15 de octubre. Ese día, la oposición pretende realizar una sesión especial para avanzar contra el DNU 70/2023, aprovechando el malestar generado por el fallo judicial para reunir apoyos que hasta ahora no necesariamente coincidían en la necesidad de rechazar el decreto completo.

El problema para la Casa Rosada es que el artículo 154 no constituye una norma independiente, sino que forma parte del gigantesco decreto con el que Milei intentó reformar de una sola vez numerosos aspectos de la economía argentina. En lugar de discutir exclusivamente la derogación de la Ley de Tierras, la oposición busca voltear el DNU completo, que ya fue rechazado en marzo de 2024 por el Senado. Para que pierda vigencia por la vía prevista en la Ley 26.122, debe ser rechazado por ambas cámaras.

Esta semana, el Gobierno hizo una defensa cerrada de su decreto. El vocero presidencial Adrián Ravier sostuvo que la eliminación de los límites establecidos para la venta a extranjeros busca favorecer inversiones de largo plazo y rechazó que implique una pérdida de soberanía. “Vender una tierra en la Patagonia no significa que esa parte de la Patagonia deja de ser Argentina, para que quede bien claro”, afirmó en su habitual conferencia de prensa. El problema es que la controversia ya echó raíces en el Congreso y en la calle.

PL/MG

El programa de “pasaporte dorado” argentino que el ministro Luis Caputo presentó como una propuesta de avanzada de una economía floreciente tenía un negocio de varios millones de dólares detrás.

El estudio británico que se presenta como asesor del Gobierno en la venta de la ciudadanía nacional le ofreció formalmente al Ministerio de Economía hacerse cargo del diseño, lanzamiento y promoción internacional del programa de “pasaportes dorados” a cambio de hasta US$25 millones. La oferta de Henley & Partners consta en el Concurso Público Internacional N° 34-0001-CPU25, que tramitó en el portal oficial de compras del Estado, Compr.ar, entre diciembre de 2025 y abril de este año, según corroboró elDiarioAR.

Ese concurso avanzó, Henley quedó como una de las dos finalistas, pero no llegó a adjudicarse. La firma quedó en segundo lugar, detrás de un competidor mucho más económico. Impugnó el dictamen y, semanas después, Caputo firmó la resolución que dejó todo sin efecto. El viernes pasado —a seis meses de caída de la licitación— el ministro anunció en París la puesta en marcha del programa y la firma británica celebró el lanzamiento como confirmación de que su gestión dio “frutos”. “Contáctenos ahora”, instó Henley & Partners el mismo viernes.

Como informó elDiarioAR, el estudio británico se presenta como líder indiscutido de la venta de pasaportes, una actividad que lo vio envuelto en controversias que involucraron a paraísos fiscales y postulantes provenientes de negocios turbios o directamente delictivos.

La firma con oficina central en Londres fue la concesionaria del programa de ciudadanía de Malta, que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró contrario al derecho comunitario en 2025 por tratarse de una naturalización de carácter “transaccional”. Una investigación del Proyecto de Reporte sobre Crimen Organizado y Corrupción (OCCRP) documentó además que la empresa gestionó ciudadanías caribeñas para clientes que luego fueron acusados de fraude y lavado. Su CEO, Juerg Steffen, ingresó dos veces a la Casa Rosada en 2025, para reunirse con el entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y con Lisandro Catalán: dos semanas después del DNU que creó el régimen y dos semanas antes del decreto que lo reglamentó.

Cobrar por cada pasaporte

El llamado a licitación fue rubricado por el propio Caputo mediante la Resolución 1915, del 3 de diciembre de 2025, a pedido de la Secretaría Legal y Administrativa del ministerio. Buscaba contratar por cuatro años un “servicio de consultoría integral para el diseño, implementación, lanzamiento y promoción de un programa de ciudadanía por inversión” para la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión (APCI), el organismo descentralizado de Economía creado por el DNU 366/2025. El ganador debía armar el programa, escribir sus procedimientos, diseñar la estrategia de difusión internacional y vincularse con los actores del negocio para “asegurar un número suficiente de solicitantes”.

Caputo colocó a su allegado Juan Pazo para monitorear el lanzamiento. Se trata de un funcionario que arrastra problemas por la no declaración de una sociedad en Florida que administra al menos un inmueble pese a que estaba a cargo de ARCA, y por su inscripción en la Inocencia Fiscal, esquema que él mismo motorizó para evitar pagar multas e impuestos durante su paso por el ente recaudador.

En la presentación en París, Caputo resaltó el papel de Pazo en el diseño de la venta de la ciudadanía. Su tarea se formalizó el 1 de octubre y es ad honórem, informaron en Economía.

La propuesta de Henley es elocuente para entender el negocio.

Según las bases de la licitación que no llegó a buen puerto, el Estado no pagaría un honorario fijo, sino una tarifa por cada ciudadanía aprobada. La unidad de medida sería el “informe circunstanciado recomendando la aprobación de la solicitud de ciudadanía por inversión” que emite la Agencia de Ciudadanía por Inversión, con un tope de 5.000 casos y un lapso máximo de cuatro años, lo que ocurriera primero. Los rechazos no se pagarían.

Además, el pliego aclaraba que esa tarifa es “independiente de cualesquiera montos que el oferente pudiera percibir posteriormente de los aplicantes/inversores del programa”: la consultora podía cobrarle al Estado por cada pasaporte otorgado y, a la vez, facturarles a los extranjeros que lo compraran. El único límite era que el Estado no le pagaría por los clientes que ella misma captara.

La firma legal británica se presentó en la licitación a través de Henley & Partners Immigration Services FZCO, su sociedad radicada en una zona franca de Emiratos Árabes Unidos. Cotizó una tarifa creciente: US$2.000 por cada una de las primeras mil ciudadanías aprobadas, US$3.500 por las mil siguientes, luego US$5.000 y US$6.500, y US$8.000 por cada pasaporte en el último tramo. En total, US$25 millones si el programa llegaba a las 5.000 aprobaciones. Respaldó la oferta con un seguro de caución por US$1,25 millones.

¿Diez dólares por pasaporte?

Henley no estaba sola. En la apertura de sobres, el 20 de enero pasado, se presentaron otras cinco ofertas. La más llamativa fue la de Asesorías Legal Advisor Limitada, al frente de una unión transitoria bautizada “Consorcio AAPA” e integrada por Apex, AIM Global, Passport Legacy y Arton Capital, una de las principales competidoras de Henley en el mercado mundial de pasaportes. Cotizó US$10 por cada ciudadanía aprobada, y US$50.000 por todo el contrato, una fracción mínima de lo ofertado por la firma británica. Su negocio, se deduce del propio pliego, no estaba en lo que pagara el Estado, sino en lo que cobraría a los inversores.

También ofertaron Latitude Consultancy Malta, con una propuesta llamada “AMIGO: Argentina Movilidad e Inversión Gran Oportunidad”, por US$7,5 millones; Ancova Associates, de Dubái, por US$100 millones; Hong Kong Qian Cheng Business, por US$25 millones, y Salzburg International For Law, por US$34,5 millones.

El 5 de marzo, el entonces secretario Legal y Administrativo de Economía, José García Hamilton, firmó el informe técnico económico. Descartó cuatro ofertas por fallas en las garantías, la solvencia o modificaciones indebidas, y dejó en carrera al consorcio con Arton, con 88 puntos, y a Henley, con 48.

Sobre la firma británica, el informe elogió su experiencia en “al menos siete países”, su sistema de debida diligencia “de cuatro niveles” y sus conferencias globales como “plataforma de presentación” del programa. Pero advirtió que su esquema financiero resultaba “engorroso” para la administración pública y que “la proyección de costos totales del proyecto resultaría elevada”. Ese mismo día, la Comisión Evaluadora recomendó adjudicar el contrato al consorcio AAPA.

Los siete países con los que operó Henley, ponderados en el dictamen de Economía, son Malta, Antigua y Barbuda, Granada, Nauru, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y —en el único caso de una nación relevante— Turquía.

La impugnación

Henley no aceptó el resultado. Según la Resolución 522/2026, la firma impugnó el dictamen, igual que Latitude. Después de esas presentaciones, la Secretaría Legal y Administrativa produjo un nuevo informe: evaluó que las dos ofertas finalistas eran admisibles, pero sostuvo que subsistían “divergencias relevantes en cuanto a los enfoques propuestos” y que seguir adelante “podría no asegurar el grado de coherencia, integralidad y articulación estratégica requerido”. El 14 de abril pasado, Caputo firmó la anulación del concurso, sin indemnización para los oferentes, y ordenó devolverles a Henley y a Latitude sus garantías de impugnación.

Consultadas por elDiarioAR, fuentes del Ministerio de Economía explicaron que el proceso se dejó sin efecto porque “se reevaluó la pertinencia operativa del proceso a la luz de los objetivos del programa” y se advirtió “una disociación entre las soluciones propuestas por los oferentes y la complejidad sistémica que demanda su ejecución”.

Una semana después de la anulación, el decreto 285/2026 designó a Aixa Granara como directora ejecutiva de la Agencia, también con carácter ad honórem. Trabaja codo a codo con Pazo. Éste es una figura clave del programa, según dijo Caputo en París, pese a que su designación databa del día anterior.

“No actúa en calidad de nada”

Ante la consulta de elDiarioAR, cerca de Caputo dijeron desconocer cualquier reunión o papel relevante de Henley & Partners. Ahora, frente a la evidencia de que la firma fue oferente en un concurso del propio ministerio, evaluada por su Secretaría Legal y Administrativa y alcanzada por una resolución con la firma de Caputo, la respuesta fue: “No existe ningún vínculo contractual con Henley. Por ende, no actúa en calidad de nada”.

Henley coincide en ese punto. En una respuesta enviada por correo electrónico unas 23 horas después de la consulta de elDiarioAR, la responsable global de Relaciones Públicas de la firma, Sarah Nicklin, afirmó que la empresa “no tiene ni ha tenido nunca ningún contrato o mandato remunerado con el Gobierno argentino, y no ha recibido honorarios del Gobierno en ninguna calidad”. La ejecutiva de Henley dijo que la firma “se ha vinculado de manera constructiva con representantes del Gobierno argentino y ha compartido su experiencia internacional y su conocimiento del mercado en relación con el marco propuesto de ciudadanía por inversión de la Argentina”. Y agregó: “Desde el anuncio, hemos visto un fuerte interés de potenciales clientes y asesores a nivel global. Esperamos que ese interés siga creciendo a medida que se publiquen los detalles de implementación pendientes y el programa entre en funcionamiento”.

Es decir: Henley no tiene contrato porque perdió la licitación que buscaba ganar por hasta US$25 millones. Aun así, siguió reuniéndose con funcionarios y, desde el mismo día del anuncio, ofrece el pasaporte argentino a sus clientes.

El pasado 2 de octubre, mientras Caputo y Santilli presentaban el programa en París, la firma difundió que había colaborado con el Gobierno “a través de una serie de talleres y conversaciones”, y publicó en su sitio la oferta “Argentina Citizenship by Investment”, con formulario de contacto y teléfono en Zúrich. Días después subió a Instagram la foto de Steffen en el Patio de las Palmeras: “Durante los últimos 18 meses, Henley & Partners mantuvo numerosas reuniones y trabajó con el Gobierno en Buenos Aires”.

Caputo dijo en París que la idea de la venta del pasaporte argentino surgió de magnates del mundo tecno a los que conoció en Sun Valley, Idaho, Estados Unidos, en 2024, y que a partir de entonces se asesoró con los estudios y firmas que se dedican a ese negocio.

El propio comunicado oficial del anuncio revela que “el Gobierno es asesorado por un grupo de firmas internacionales líderes especializadas en migración por inversión”.

La cartera de Caputo nunca identificó a esas firmas ni explicó bajo qué figura asesoran, dado que no hay contrato ni licitación adjudicada.

MC/SL

El Gobierno argentino que encabeza el presidente, Javier Milei, adhirió a una declaración conjunta de 15 países para cuestionar la sobrecapacidad estructural y la “producción excesiva” en sectores manufactureros.

La noticia fue difundida por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) a través de un comunicado. El acuerdo, según detallaron, se cerró durante una reunión de representantes de comercio del G20 realizada en la ciudad estadounidense de Milwaukee.

El documento oficial advierte sobre economías donde la oferta industrial supera de manera persistente a la demanda global por causa de intervenciones ajenas al mercado.

El texto evita nombrar directamente a China, pero asocia ese fenómeno con políticas estatales que sostienen la producción por encima de las necesidades reales del planeta.

La inquietud del bloque abarca industrias sensibles como la de los vehículos eléctricos, las baterías, los semiconductores y los paneles solares.

Los firmantes alertaron que “la sobreoferta distorsiona los precios internacionales, desalienta nuevas inversiones y castiga el empleo local”.

Para frenar este impacto, los gobiernos acordaron crear plataformas de trabajo técnico que funcionarán en conjunto con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Esta firma consolida la sintonía comercial del país con las principales potencias occidentales frente a los desequilibrios del mercado global.

El comunicado completo

En los márgenes del Comité de Comercio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos convocó una reunión de altos funcionarios de 14 economías para comenzar a trabajar en la abordación de la capacidad y producción estructural excedentes en sectores manufactureros clave. Basándose en las productivas discusiones del Ministerial de Comercio del G20 en Milwaukee, Wisconsin, estas catorce economías se unieron a Estados Unidos para firmar una Declaración Ministerial Conjunta que expresa nuestra determinación colectiva de trabajar juntos en nuevas plataformas sectoriales dedicadas para examinar y tomar acciones efectivas que aborden la capacidad estructural excedente y la producción en varios sectores clave de preocupación. La Declaración Ministerial Conjunta también insta a todos los países a tomar medidas para poner fin al uso de políticas y prácticas no mercantistas que distorsionan los mercados y perpetúan el exceso estructural de capacidad y producción. Los signatarios incluyen a los ministros de Comercio de Argentina, Australia, Canadá, la Unión Europea, Francia, Alemania, India, Italia, Japón, la República de Corea, México, Polonia, Turquía, Reino Unido y Estados Unidos.

“Durante la presidencia del G20 de EE. UU., numerosas economías surgieron casos de exceso estructural de capacidad y producción en economías que persistentemente superaban la demanda global y se sostenían gracias a las políticas y prácticas no mercantil de gobiernos extranjeros”, dijo el embajador Greer. “Si no se controlan, estos problemas seguirán paralizando las industrias nacionales, desplazando la producción local y dificultando nuestra capacidad para elevar el nivel de vida de los trabajadores y sus familias. La Administración Trump continuará dialogando con nuestros socios comerciales para defender nuestras industrias, trabajadores y economía nacionales de las distorsiones derivadas de estas políticas y prácticas generalizadas”.

“Tengo un jefe que de la nada llegó a Presidente de la Nación, y en dos años y medio, cambió la forma de votar de un continente entero. Todo muy normal. ¿Quién no podría haber hecho lo mismo, no?”. El mensaje que Luis “Toto” Caputo publicó este miércoles en X podría pasar por otra muestra de los elogios que el ministro de Economía suele dedicarle a Javier Milei. Pero esta vez dice bastante más sobre el clima que se instaló en la Casa Rosada después de la victoria de Flávio Bolsonaro en la primera vuelta de las elecciones brasileñas: el Gobierno ya no sólo reivindica al libertario como protagonista de un giro regional hacia la derecha, sino que empieza a atribuirle una influencia directa sobre ese movimiento.

Milei compró esa lectura antes que nadie. Llegó exultante a la reunión de Gabinete del lunes, donde definió el resultado brasileño como “un gran triunfo”, y convirtió la elección del país vecino en una nueva confirmación de la denominada “ola azul” que la Casa Rosada viene siguiendo elección tras elección.

El canciller Pablo Quirno ya había ensayado una interpretación parecida el domingo, cuando sostuvo que durante los últimos diez meses se habían celebrado siete elecciones en la región y destacó los resultados obtenidos por candidatos respaldados por Milei. El Gobierno busca construir así una secuencia continental en la que cada victoria de un dirigente ideológicamente cercano funciona también como una ratificación de la influencia internacional del Presidente argentino.

La elección brasileña terminó de alimentar esa narrativa. La Casa Rosada recuerda especialmente el viaje que Milei realizó en julio para respaldar a Bolsonaro cuando el escenario electoral aparecía más adverso. El vocero presidencial, Adrián Ravier, volvió sobre ese episodio esta semana y vinculó explícitamente aquel apoyo con el resultado de la primera vuelta. “En un momento en el que las encuestas le daban derrota a Bolsonaro, el Presidente viajó, brindó su apoyo y el resultado fue el que todos conocen”, sostuvo, antes de expresar el “deseo” y el “anhelo” de que Brasil también elija “las ideas de la libertad”.

El entusiasmo, sin embargo, convive puertas adentro con algunas dudas sobre lo que podría ocurrir si Bolsonaro finalmente se impone en el ballotage. No faltan voces oficiales que advierten, todavía en tono de especulación, que una victoria brasileña podría modificar también el equilibrio dentro de esa constelación de derechas que hoy tiene a Milei como uno de sus protagonistas más visibles. Brasil juega en otra escala por tamaño, peso económico y gravitación regional, y un Bolsonaro instalado en el Palacio del Planalto tendría inevitablemente una plataforma distinta a la que ofrece la Presidencia argentina.

La preocupación, expresada en términos bastante menos diplomáticos por algunos integrantes del oficialismo, es que Milei deje de ser el “niño mimado” de la nueva derecha latinoamericana. La paradoja empieza a asomar detrás de los festejos: el mismo triunfo que la Casa Rosada presenta como una confirmación del liderazgo regional del argentino podría terminar alumbrando a un competidor con mayor peso específico para ocupar ese lugar. Milei quiere que la ola siga creciendo, aunque eso también implique empezar a discutir quién la conduce.

De Washington a Madrid

Las próximas dos escalas presidenciales parecen hechas a medida para volver a mostrarlo en el escenario global. La primera será nuevamente Estados Unidos. Milei viajará la semana próxima a Washington y el miércoles 14 participará como invitado de honor de la Official Hispanic Heritage Gala, que se realizará en el Andrew W. Mellon Auditorium. La actividad es impulsada por Latino Wall Street y reunirá a dirigentes, empresarios e integrantes del universo conservador estadounidense y latinoamericano. Entre los invitados aparecen Matt y Mercedes Schlapp, referentes de la CPAC, y Eduardo Bolsonaro, hermano de Flávio e hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

El jueves 15, la agenda continuará con una reunión con la Cámara de Comercio de Estados Unidos, donde Milei tiene previsto pronunciar un discurso ante empresarios. También aparece entre las posibilidades una actividad en la embajada argentina en Washington vinculada con la lucha contra el antisemitismo, aunque esa escala todavía no estaba confirmada.

Será otro regreso a Estados Unidos apenas semanas después de su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Aquella visita no incluyó una bilateral con Trump, aunque Milei sí mantuvo contactos con integrantes de su administración. La nueva escala vuelve a mostrar hasta qué punto Washington se convirtió en una parada recurrente de la diplomacia presidencial argentina.

Esta vez, además, el viaje quedará enmarcado por el calendario político estadounidense. Las elecciones de medio término se celebrarán pocas semanas después y Milei volverá a presentarse ante un auditorio ideológicamente cercano al trumpismo. Más que una bilateral clásica entre Estados, la escena que busca cultivar el Presidente es la de una comunidad política transnacional en la que pretende jugar como referente latinoamericano.

Después de regresar de Washington, Milei tiene previsto volver a viajar el 19 de octubre, esta vez rumbo a España. El desplazamiento ya estaba planificado antes del adelanto electoral anunciado por Pedro Sánchez, pero el nuevo calendario español terminó otorgándole una dimensión política adicional. El escenario español fue, de hecho, uno de los asuntos que se analizaron durante la reunión de gabinete del lunes pasado en la Casa Rosada, donde el Presidente repasó la convocatoria anticipada a las urnas y confirmó ante sus ministros las fechas de su próximo desembarco en Madrid.

Allí tiene prevista, entre otras actividades, una participación vinculada con el economista liberal Jesús Huerta de Soto. La visita se producirá en plena campaña para las elecciones anticipadas del 29 de noviembre y volverá a colocar a Milei cerca del universo político de Vox y Santiago Abascal, con quien mantiene una relación estrecha desde antes de llegar a la Presidencia. Después de celebrar el resultado brasileño, Milei también tiene motivos para seguir de cerca lo que ocurre del otro lado del Atlántico.

PL/MG

El martes a las 2.45pm, elDiarioAR había realizado consultas específicas por correo electrónico sobre el vínculo de Henley & Partners con el programa de venta de ciudadanía argentina, dado que la propia empresa informó en su web y en redes sociales que había trabajado junto al ejecutivo de Javier Milei durante 18 meses, y comenzó a ofrecer el servicio a clientes. La respuesta de Henley llegó el miércoles a la 1.25pm, luego de publicada la nota.

El texto es el siguiente:

Con más de 25 años de experiencia institucional, Henley & Partners es, por amplio margen, la mayor firma de asesoramiento en residencia y ciudadanía integrada globalmente del mundo. 

Henley & Partners mantuvo un diálogo constructivo con representantes del Gobierno argentino y compartió su experiencia internacional y conocimiento del mercado en relación con el marco propuesto por Argentina para la ciudadanía por inversión.

Henley & Partners no tiene, ni ha tenido nunca, ningún contrato o mandato remunerado con el Gobierno argentino, y no ha recibido honorarios del Gobierno en ninguna capacidad.

Desde el anuncio, hemos observado un fuerte interés de posibles clientes y asesores de todo el mundo. Esperamos que ese interés siga desarrollándose a medida que se publiquen los detalles de implementación restantes y el programa entre en funcionamiento.

A su vez, Sarah Nicklin, directora de Relaciones Públicas y Comunicaciones del Grupo Henley & Partners, consideró que la afirmación de este diario de que la empresa “está detrás” del programa de venta del pasaporte argentino “tergiversa el papel”. También cuestionó la información de que Henley fue investigada por “presunto fraude” en el Parlamento británico.

Como citó la nota original, el Proyecto de Reporte sobre Crimen Organizado y Corrupción (Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP) y la Fundación Daphne Caruana Galizia —nombre de una periodista asesinada en Malta en 2017— revelaron “que la empresa había gestionado pasaportes caribeños para empresarios que resultaron luego acusados o condenados por fraude”. También se consignó que un directivo mantuvo negocios con un cliente al que le tramitaba la ciudadanía en San Cristóbal y Nieves, mientras promovía inversiones de un fondo estatal de ese microestado caribeño en la empresa de ese mismo interesado“.

La nota del FT “no acredita USD55 millones de ganancias empresariales” de la venta de ciudadanía en Malta, que fue cancelada por decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, escribió Nicklin.

En cuanto a la investigación en el Parlamento británico, elDiarioAR informó —citando al FT— que se trato de una pesquisa sobre el trabajo en tándem con la empresa matriz de Cambridge Analytica para presuntamente favorecer a gobernantes de San Cristóbal y Nieves y San Vicente y las Granadinas, que luego habilitarían “cupos para pasaportes”. El texto incluyó la desmentida de la propia Nicklin en cuanto a que “esas acusaciones son falsas y tienen motivaciones políticas”.

También se reprodujeron textuales de Kälin, presidente de la empresa, en honor al equlibrio de las fuentes.

Para la representante de la firma, “el artículo hace después referencia a investigaciones periodísticas sobre determinados clientes históricos y otros asuntos no relacionados, pero esto no sustenta la afirmación de que la propia Henley & Partners haya sido investigada por presunto fraude”.

Ayer, este diario amplió la consulta sobre la intención de Henley de cobrar US$25 millones al Estado argentino a cambio de su asesoría y gestión de interesados en obtener la ciudadanía —una informacion a la que este medio tuvo acceso luego de publicada la nota original—, y cuánto estima que le facturará a sus clientes dispuestos a pagar los US$350.000 que propone el programa del Ministerio de Economía.

Al cierre de esta edición, la firma británica no remitió su respuesta.

SL

slacunza@eldiarioar.com

La encargada de defender el proyecto insignia de Santiago Caputo fue su mano derecha, la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy. Ante el faltazo del ministro de Defensa, Carlos Presti, y el canciller Pablo Quirno, fue Ibarzabal Murphy quien tomó la posta para explicar, ante las acusaciones de los diputados de la oposición, los motivos que llevaron al Gobierno a presentar la ley de “Defensa de la Soberanía Nacional”. La funcionaria negó que el proyecto escondiera una amnistía para las empresas sancionadas por operar en la zona de Malvinas, justificó el cambio de paradigma sobre la noción de “defensa nacional” y rechazó que la iniciativa avanzara contra la libertad de expresión. 

El oficialismo está decidido a avanzar con el proyecto de ley que Javier Milei anunció en cadena nacional poco después de que la sociedad hiciera caer el capítulo de extranjerización de las tierras nacionales. Incómodo tras el fallo de la Corte Suprema, que habilitó el artículo del DNU que derogaba la Ley de Tierras, el Gobierno quiere esperar a que la oposición fracase en su intento de voltear el DNU 70/2023 y, recién ahí, llevarlo al recinto. El objetivo es dictaminar la iniciativa la semana próxima y aprobarlo en la Cámara de Diputados el 21 de octubre, pese a las resistencias que la ley genera en organismos de derechos humanos. 

Ibarzabal Murphy fue al plenario de comisiones de la Cámara de Diputados con el objetivo de mostrar al Gobierno dispuesto a “armonizar” el proyecto de ley con las inquietudes de los bloques opositores. “Vengo con mucha humildad a escuchar. Mi propuesta es que podamos deponer las armas”, afirmó la funcionaria, entre las risas irónicas de varios diputados de la oposición.

El peronismo, la izquierda y la Coalición Cívica denuncian que, detrás de la propuesta soberanista de aumentar las penas para aquellas empresas que exploten recursos en la zona de las Islas Malvinas, se esconde una reforma mucho más profunda. En la oposición aseguran estar de acuerdo con avanzar con la primera parte del proyecto, que endurece las sanciones contra las compañías que operan sobre el Mar Argentino, pero cuestionan el resto de los títulos del texto, que refiere al rol de las Fuerzas Armadas y que crea el Consejo de Seguridad Nacional con facultades extraordinarias. 

“Esto es un bodoque normativo y de reformas que debería tratarse por separado. Hay una preocupación por la militarización y concentración del poder en el Ejecutivo que es grave”, cuestionó el lilito Maximiliano Ferraro, que denunció que el proyecto le abría la puerta a una “amnistía” para aquellas empresas que habían participado de proyectos en las Islas Malvinas. “Incorporar un régimen de desistimiento va a permitir que, bajo determinadas condiciones, se dejen sin efecto consecuencias penales y administrativas. Es un gris peligroso”, aseguró Ferraro. 

La cristinista Lorena Pokoik fue más allá y denunció que el proyecto incluía “un blanqueo del saqueo de los recursos naturales”. Ibarzabal, cuando tomó la palabra, ni se mosqueó: “Lo que necesitamos es que esos proyectos (en las Islas) no sigan, por eso necesitamos generar algún incentivo para que la única respuesta del estado argentino no sea la inhabilitación total. No creemos que sea un blanqueo o amnistía a empresas anteriores”, aseguró.

La mayor parte de las críticas de la oposición giraron sobre el capítulo referido al “fortalecimiento ante la influencia extranjera”. El proyecto incorpora un nuevo tipo penal que castiga con hasta 12 años de prisión a quien, actuando por cuenta o financiamiento de un Estado u organización extranjera, “procure alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva”. “Nada tiene que ver con la defensa a la soberanía, sino que busca la persecución y el disciplinamiento del pensamiento crítico de la oposición y la prensa”, cuestionó Ferraro. 

“El Presidente es respetuoso de la libertad de expresión”, respondió Ibarzabal y, como toda explicación, agregó: “En ningún momento del proyecto se busca afectar la libertad de expresión, sino solo impedir la injerencia extranjera en nuestro territorio”.

“¿Qué tiene que ver la situación geopolítica de la Argentina con la de Estados Unidos que es un país que está todo el tiempo en guerra en algún lugar del mundo? Nosotros tuvimos, en 200 años, un solo conflicto bélico que fue el de Malvinas. ¿Y vamos a crear un Consejo de Seguridad Nacional?”, la cruzó Agustín Rossi, ex ministro de Defensa, quien también cuestionó la habilitación de la ley de derribo en todo el territorio nacional. “Pido que se lo restrinja a una zona área determinada. Porque ley de derribo es una pena de muerte sin juicio previo y se han cometido errores que después que quedan sin reparar”, solicitó.

Ibarzabal, sin embargo, se negó. Hizo lugar a muy pocos pedidos, solo deslizó que el Gobierno estaba dispuesto a crear una bicameral de seguimiento del Consejo de Seguridad. “La definición de Defensa quedó obsoleta, este concepto de seguridad nacional es más abarcativo y cotidiano. No es solo excepcionalidad de la guerra, sino que las amenazas son permanentes. Por eso creemos que tenemos que actualizar nuestro régimen jurídico”, finalizó.

MCM

Por medio de un comunicado difundido las últimas horas en redes sociales, 90 intelectuales, historiadores, sociólogos, politólogos, políticos, filósofos, economistas, cineastas, investigadores y juristas cuestionaron que la cuestión Malvinas “hace mucho que ha dejado de ser básicamente un diferendo para pasar a convertirse en una pretendida causa nacional, algo completamente distinto”.

De acuerdo a los y las firmantes, “esto ocurre en un país que cree sinceramente que todos pensamos lo mismo en este tema y hasta que 'Malvinas es lo único que nos une'. En la Argentina de hoy, la causa Malvinas, el unanimismo de la pretendida causa nacional, lo abarca todo, no admite disensos relevantes en ninguna dimensión, incluyendo la convicción de que ningún argentino puede sentirse ajeno a ella, so pena de ser considerado un mal argentino. Y así decimos que 'las Malvinas son argentinas'.

En la carta pública, el grupo que incluye reconocidas figuras y profesionales del ámbito nacional como Graciela Fernández Meijide, Ricardo Gil Lavedra, Liliana de Riz, Pablo Alabarces, Hinde Pomeraniec, Pablo Avelluto, Natalia Volosin, Roy Hora, Mirta Zaida Lobato, Roberto Gargarella, Patricia Tappatá, Pablo Gerchunoff, Hilda Sabato, Facundo Suárez Lastra, Lucrecia Teixido, Daniel Sabsay, Marcela Ternavasio y Luis Alberto Romero, sostiene que no se precisa tener entre nosotros coincidencia total sobre cada una de sus dimensiones“ y advierten que en la Argentina de hoy, ”la causa Malvinas, el unanimismo de la pretendida causa nacional, lo abarca todo, no admite disensos relevantes en ninguna dimensión, incluyendo la convicción de que ningún argentino puede sentirse ajeno a ella, so pena de ser considerado un mal argentino“.

A través del texto, defienden el derecho al disenso y el debate: “No necesitamos tener entre nosotros coincidencia total sobre cada una de sus dimensiones. Algunos creemos que los actuales habitantes de las islas están bien protegidos por el compromiso constitucional de respetar su modo de vida y otros consideramos que los isleños deben ser parte activa en eventuales negociaciones. Algunos estimamos que la cooperación entre las partes sería conveniente aun cuando sean muy difíciles los avances en la cuestión territorial de fondo, mientras que otros creemos que la negativa de la otra parte en la cuestión de fondo hace aconsejable una consiguiente negativa a cooperar”, ejemplifican.

“Los ciudadanos argentinos firmantes de esta declaración queremos ser enfáticos para expresar nuestra disidencia: no aceptamos ser absorbidos por la sacralización colectiva de la causa, que abusa de nosotros desde el estado y desde la sociedad, cada vez que sus promotores pretenden hablar en nombre de todos los argentinos. Y que se autoriza a tomar decisiones a veces insólitas, siempre desmesuradas, en nombre del unanimismo nacional, de cuya existencia los propios partidarios de la causa se convencen a sí mismos. La causa nacional es, en suma, un abuso de autoridad estatal, política, social, cultural. No es casualidad que en el proyecto de ley de Defensa de la soberanía nacional (cuyo eje es precisamente Malvinas) se pretenda, en su artículo 111, establecer una tipificación penal difusa y la penalización del disenso”, cuestionan desde el texto.

El comunicado completo

La reivindicación de la soberanía argentina en las islas Malvinas es sostenida por una gran mayoría de los ciudadanos. Existen un diferendo jurídico-político y diplomático con el Reino Unido, una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas que insta a ambas partes a negociar sus diferencias y una disposición transitoria de la Constitución Nacional que ratifica nuestra soberanía sobre las islas y los espacios marítimos correspondientes y nos compromete a los argentinos a un esfuerzo pacífico por recuperar las islas.

Los firmantes de esta declaración aceptamos la existencia de este diferendo internacional, y lo consideramos como tal, con sus dimensiones básicamente diplomáticas y jurídicas. No precisamos tener entre nosotros coincidencia total sobre cada una de sus dimensiones. Algunos creemos que los actuales habitantes de las islas están bien protegidos por el compromiso constitucional de respetar su modo de vida y otros consideramos que los isleños deberían ser parte activa en eventuales negociaciones. Algunos estimamos que la cooperación entre las partes sería conveniente aun cuando sean muy difíciles los avances en la cuestión territorial de fondo, mientras que otros creemos que la negativa de la otra parte en la cuestión de fondo hace aconsejable una consiguiente negativa a cooperar. Unos interpretamos de un modo el contenido de la cláusula constitucional transitoria y otros lo entendemos de un modo diferente, etcétera.

No obstante, alertamos que la cuestión Malvinas hace mucho que ha dejado de ser básicamente un diferendo para pasar a convertirse en una pretendida causa nacional, algo completamente distinto. Y esto ocurre en un país que cree sinceramente que todos pensamos lo mismo en este tema y hasta que “Malvinas es lo único que nos une”. En la Argentina de hoy, la causa Malvinas, el unanimismo de la pretendida causa nacional, lo abarca todo, no admite disensos relevantes en ninguna dimensión, incluyendo la convicción de que ningún argentino puede sentirse ajeno a ella, so pena de ser considerado un mal argentino. Y así decimos que “las Malvinas son argentinas”.

En 1982, los militares de la dictadura nos llevaron a la guerra. Pero la condición de esa decisión catastrófica fue que la causa ya estuviera firmemente instalada en la sociedad desde mucho antes. Tanto es así que la ocupación de las islas contó con un impresionante respaldo popular que se mantuvo por semanas como un abrumador triunfalismo. La guerra robusteció la causa. Hoy día se ha extendido a la vida cotidiana en los barrios, en el deporte, en los estudios especializados, en el discurso político y hasta en inquietantes brotes de militarismo. La omnipresencia de la causa quizás explique que el gobierno nacional esté actuando hoy en la cuestión Malvinas con un oportunismo flagrante.

Los ciudadanos argentinos firmantes de esta declaración queremos ser enfáticos para expresar nuestra disidencia: no aceptamos ser absorbidos por la sacralización colectiva de la causa, que abusa de nosotros desde el estado y desde la sociedad, cada vez que sus promotores pretenden hablar en nombre de todos los argentinos. Y que se autoriza a tomar decisiones a veces insólitas, siempre desmesuradas, en nombre del unanimismo nacional, de cuya existencia los propios partidarios de la causa se convencen a sí mismos. La causa nacional es, en suma, un abuso de autoridad estatal, política, social, cultural. No es casualidad que en el proyecto de ley de Defensa de la soberanía nacional (cuyo eje es precisamente Malvinas) se pretenda, en su artículo 111, establecer una tipificación penal difusa y la penalización del disenso.

Los declarantes hacemos una diferenciación muy tajante entre el diferendo, que nos permite discrepar en libertad, y la causa Malvinas, que pretende englobarnos en un colectivo uniforme y en una unanimidad puramente imaginaria.

Nos apegan a la Constitución los valores republicanos, el compromiso con la justicia, la igualdad de derechos y deberes y de oportunidades, todo lo cual supone que hay muchas cosas que hacer, desde lo público, desde la política, desde la vida cultural, desde la controversia democrática, cosas más acuciantes que enredarnos en los mandatos de pasado, presente y futuro que nos propone la causa.

Nuestro país necesita expresar su pluralidad social y política a través de un pluralismo político y cultural realmente vivido. En Malvinas, es todo lo que pedimos: que el unanimismo deje de hablar en nuestro nombre. La disidencia no es tan pequeña ni tan frágil, y espera que la causa no siga pretendiendo hablar en nombre de todos los argentinos.

Firmantes

Pablo Alabarces, Rogelio Alaniz, Mario Albornoz, Lucas Almada, Carlos Altamirano, Nélida Archenti, Mercedes Assorati, Pablo Avelluto, Martín Bauer, Silvia Boniface, María Teresa Brachetta, Beatriz Bragoni, María Braun, José Emilio Burucúa, Marcelo Cavarozzi, Rubén Chababo, Isidoro Cheresky, Nicolás Cherny, Celia Corti, Alejandro Cowes, Carmen Crespo, Liliana de Riz, Mauricio Devoto, Gustavo Dufour, Carlos Erlich, Teresa Fara, Germán Feierherd, Graciela Fernández Meijide, Leonardo Filippini, Emilio García Méndez, Roberto Gargarella, Manuel Garrido, Viviana Gauna, Guillermo Genta, Pablo Gerchunoff, Ricardo Gil Lavedra, Mario Gluck, Lidia Gonzalvo Assorati, Adrián Gorelik, Enrique Groisman, Claudia Hilb, Roy Hora, Ricardo Ibarlucía, Victoria Itzcovitz, Elizabeth Jelin, Zunilda Jotale, Adriana Karszenbaum, Alejandro Katz, Juan Carlos Korol, Santiago Kovadloff, Mariano Llinás, Mirta Zaida Lobato, Andrés López, Federico Lorenz, Carlos Malamud, Lucas Martín, Ricardo Mazzorín, Federico Merke, Guillermo Merlino, Adriana Montes, Carlos Mundt, María José Navajas, Marcos Novaro, Andrea Oelsner, Jorge Ossona, Oscar Oszlak, Vicente Palermo, Victoria Pérez Esteban, Mariano Plotkin, Hinde Pomeraniec, Hugo Quiroga, Carlos Reboratti, María Fernanda Ricci, Jesús Rodríguez, Luis Alberto Romero, Hugo Russi, Roberto Saba, Hilda Sabato, Daniel Sabsay, Gabriel Salvia, Catalina Smulovitz, Nancy Sosa, Facundo Suárez Lastra, Patricia Tappatá, Lucrecia Teixido, Marcela Ternavasio, Cristina Tommasi, Hugo Vezzetti, Natalia Volosin, Carlos Zurita.

De qué trata el proyecto de “Ley de Defensa de la Soberanía Nacional”

El proyecto de “Ley de Defensa de la Soberanía Nacional” que en septiembre pasado el Gobierno envió al Congreso el jueves se presenta como una herramienta para reforzar el reclamo de soberanía sobre Malvinas tiene ocho títulos.

El primero, el que más promocionó el oficialismo, endurece las sanciones a empresas que exploten recursos naturales en Malvinas sin autorización argentina. Pero a partir del Título II el eje cambia: ahí nace el Consejo de Seguridad Nacional, un órgano nuevo que la iniciativa define como “rector” de todo un “Sistema de Seguridad Nacional” que unifica bajo un mismo paraguas la política exterior, la económica, la de defensa, la de inteligencia y la de ciberseguridad.

Lo lidera el Presidente y lo integran el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, el secretario de Inteligencia y la Secretaría Legal y Técnica. Su Política de Seguridad Nacional será, según el texto, “de carácter obligatorio y transversal a todo el Estado”.

El Consejo no solo diseña esa política: también la ejecuta y sanciona. El Título IV lo nombra “Autoridad de Aplicación” de un nuevo régimen de infracciones por “afectación o amenaza a la Seguridad Nacional”, con multas, inhabilitaciones para contratar con el Estado y hasta el congelamiento de fondos o subas de aranceles de hasta el 75% contra un país extranjero. Todas esas medidas —incluidas las que el proyecto llama “urgentes”, pensadas para actuar antes de abrir un expediente— las puede disponer el propio Consejo por acto fundado, con revisión judicial recién después y sin que el recurso frene sus efectos. Es la misma mesa que redacta la política, la que evalúa si alguien la violó y la que aplica el castigo.

El cambio de fondo, sin embargo, está en tres artículos de la Ley de Defensa Nacional 23.554, vigente desde 1988, que el proyecto reescribe de manera directa. La ley define hoy a la Defensa Nacional, en su artículo 2°, como la respuesta al empleo de las Fuerzas Armadas frente a “las agresiones de origen externo” y en su artículo 4° remite la Seguridad Interior a “una ley especial”, la 24.059 de 1992. Fue el decreto reglamentario 727/2006 el que precisó que una “agresión de origen externo” es el uso de fuerza armada por parte de un Estado, y el que prohíbe de forma expresa, en su artículo 3°, que la doctrina, la planificación, el adiestramiento o la inteligencia del sistema de Defensa contemplen “hipótesis (...) pertenecientes al ámbito de la seguridad interior”.

El proyecto de Milei reescribe el artículo 2° de la 23.554 para que la Defensa Nacional cubra amenazas “de carácter estatal o no estatal”, y el artículo 20° para quitarle al empleo de las Fuerzas Armadas el calificativo “estatal” que hasta ahora sólo exigía el decreto de 2006, no la ley. Es decir, la restricción que se corre nunca estuvo blindada por ley, sino por una reglamentación que un decreto pudo ampliar en 2018, otro decreto restituir en 2020, y que este proyecto ahora busca escribir —en sentido ampliatorio— directamente en la norma madre.

La norma, además, habilita a las FFAA expresamente a intervenir en la protección de las Infraestructuras Críticas que identifique el propio Consejo, una categoría que en el texto incluye salud, energía, sistema financiero y redes de servicios esenciales: activos domésticos, no fronteras.

Ese corrimiento hasta ahora se había intentado siempre por decreto, nunca por ley. En 2018, un decreto de Mauricio Macri (683/2018) amplió por primera vez esa doctrina más allá de la agresión estatal convencional y generó cuestionamientos de organismos de derechos humanos por exceder el poder reglamentario del Ejecutivo. En 2020, Alberto Fernández lo derogó y restauró la versión restrictiva de 2006. En diciembre de 2024, ya con Milei en la Casa Rosada y Luis Petri en Defensa, un nuevo decreto (1112/2024) volvió a ampliar el concepto para incluir amenazas de “organizaciones terroristas u otras organizaciones transnacionales”, lo que llevó al CELS a advertir que la medida “estira las posibilidades” de uso de las Fuerzas Armadas hacia tareas para las que no están entrenadas y que la Ley de Seguridad Interior reserva a otros cuerpos. La diferencia con este proyecto es de escala: lo que hasta ahora se jugaba a nivel de decreto —y que cada gobierno pudo revertir con la firma de su sucesor— pasaría a estar escrito en la ley madre de la Defensa Nacional, mucho más difícil de deshacer.

El Título III, sobre protección del espacio aéreo, marítimo y fluvial, agrega otro capítulo a esa misma lógica de mayores atribuciones militares: habilita lo que ya se conoce como “régimen de derribo”. El artículo 62 establece un proceso “secuencial y progresivo” frente a una aeronave que no responda a las órdenes de las autoridades: identificación, declaración como Tránsito Aéreo Irregular con advertencia, declaración como Tránsito Aéreo Hostil y demostración de fuerza con fuego no dirigido y fines intimidatorios. Sólo si esos pasos fracasan, el proyecto habilita el “uso de la fuerza como acción de último recurso” para impedir la continuación del vuelo —es decir, el derribo—, pero únicamente con “la orden expresa e inequívoca” del Presidente, que puede delegarla en el Ministro de Defensa. El Título III prevé un mecanismo equivalente para buques declarados “hostiles” en el mar: el hundimiento, vedado como sanción o método para impedir una fuga, pero habilitado como medida militar de último recurso con autorización presidencial.

El Título VI suma otra pata a la misma arquitectura, bajo el título “Fortalecimiento ante la influencia extranjera”. Incorpora al Código Penal el artículo 225 bis, que reprime con prisión de 5 a 12 años —hasta 15 si median sobornos, amenazas o estructuras criminales— a quien, actuando por cuenta o financiamiento de un Estado u organización extranjera, “procure alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva”. Se suman los artículos 222 bis y 222 ter, que castigan con 5 a 15 años la entrega de secretos a un Estado extranjero y con 3 a 10 años el apoyo material a una operación de inteligencia extranjera clandestina en territorio argentino, y una reforma al artículo 215 sobre traición que agrava la pena cuando el autor es funcionario de las Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad o inteligencia. En paralelo, el proyecto modifica la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos (26.215) para prohibir y sancionar el aporte de campañas por personas extranjeras sin residencia permanente o personas jurídicas extranjeras.

El Título VII crea, además, el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), que funcionará en la órbita de la Unidad de Información Financiera. La sola inscripción —que no requiere condena ni siquiera causa penal abierta, sino “motivos razonables para sospechar”— habilita la inmovilización de bienes y la prohibición de contratar con el Estado, con un mecanismo de exclusión posterior a cargo de la propia UIF.

El Título VIII, de disposiciones transitorias, toca también la Ley de Inteligencia Nacional 25.520. Hoy, su artículo 12 dice apenas que “el Presidente de la Nación fijará los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de Inteligencia Nacional”. El proyecto lo reemplaza: será el Secretario de Inteligencia de Estado quien “elabore y remita para su aprobación” esa política, ya no al Presidente en forma directa sino al nuevo Consejo de Seguridad Nacional —que el propio Presidente preside—. En sentido inverso, el artículo 25 de la misma ley, que hoy delega en el Poder Ejecutivo la facultad de dictar por decreto los estatutos que regulan sueldos, categorías y régimen disciplinario del personal de inteligencia, pasaría a exigir que sea el Congreso quien los fije. Es, dentro de un proyecto que concentra atribuciones en el Ejecutivo, la única cesión de poder hacia el Congreso, aunque acotada a una cuestión administrativa, y llega apenas un día después de que el propio Gobierno, por el Decreto 1021/2026, aprobara el estatuto hoy vigente para el personal de la Secretaría de Inteligencia por la misma vía que el proyecto ahora busca cambiarle a sus sucesores.

El mensaje que acompaña el proyecto sostiene que la iniciativa “no altera la vocación pacífica” del país “ni su compromiso con el derecho internacional”, y que apunta a dotar al Estado de “reglas claras” frente a amenazas que las normas vigentes, dice, ya no alcanzan a resolver. El texto no deroga la Ley de Seguridad Interior ni habilita de forma explícita que las Fuerzas Armadas reemplacen a las fuerzas policiales en tareas de patrullaje o represión de protestas. Pero al borrar el requisito de estatalidad de la amenaza externa, habilitar su despliegue en infraestructura doméstica y concentrar en un mismo Consejo presidido por el Presidente las decisiones de defensa, inteligencia, política exterior y sanción administrativa, redefine con rango de ley una frontera que hasta ahora sólo se había movido —en ambas direcciones— con la firma de un decreto.

Diego Santilli aterrizó este martes en Salta con el objetivo de materializar las negociaciones que inició en París con los gobernadores Raúl Jalil y Gustavo Sáenz. El Gobierno puso un deadline para eliminar las PASO, y el jefe de Gabinete es el responsable de conseguirlo antes de noviembre. Viajó con Karina Milei, como garantía de que cualquier acuerdo electoral tendría el visto bueno de El Jefe, y se fotografió inaugurando una planta de litio en la provincia. Luego, en conversaciones privadas, le insistió a sus aliados para destrabar la reforma electoral. 

“Hay disposición de acompañar”, se jactaban en el equipo de Santilli, quien se reunió durante horas con los gobernadores anfitriones, el salteño Sáenz y el catamarqueño Jalil, luego de participar de la inauguración de la segunda planta de litio del proyecto Sal de Oro, en el Salar del Hombre Muerto. Santilli había sido invitado, junto a Karina y Luis Caputo –que se ausentó–, por la empresa surcoreana POSCO, que acaba de anunciar una nueva inversión en la Puna, y aprovechó la visita para avanzar en los compromisos que se habían hecho en la Argentina Week. 

El jefe de Gabinete está decidido a acelerar las negociaciones para aprobar la reforma electoral, un proyecto que se encuentra empantanado en el Senado desde hace medio año. La Cámara Nacional Electoral advirtió sobre los riesgos de modificar las reglas electorales tan cerca de los comicios, y en el Gobierno quieren cerrar los acuerdos políticos necesarios antes de que termine el año. 

Los gobernadores son quienes manejan la llave para eliminar las PASO y solo piden una cosa a cambio: que les allanen el camino para reelegir en sus provincias. Quieren fondos, pero, sobre todo, que Karina les garantice que les liberará el camino para competir sin injerencia de la Nación. Los mandatarios están convencidos de que, con candidatos libertarios débiles y un Milei ausente, pueden asegurarse el control de sus provincias el año próximo. 

El Gobierno, mientras tanto, está desesperado por quitarle a la oposición una herramienta para dirimir sus disputas internas. Caputo pide, además, que le despejen el camino para evitar sobresaltos cambiarios. El ministro de Economía teme que una campaña excesivamente larga o una eventual derrota en las PASO desaten una corrida cambiaria. Quiere evitar repetir la experiencia de Mauricio Macri en 2019. 

El jefe de Gabinete viene acumulando bilaterales, reuniones y cumbres con gobernadores del PRO, la UCR y el peronismo con la fantasía de sortear, de una vez por todas, las trabas del Senado. En París logró anotarse el acompañamiento de Ignacio Torres (Chubut) y Alfredo Cornejo (Mendoza), quien todavía espera que bajen la candidatura de su competidor interno, Luis Petri, para la Gobernación. “El Gobierno puede ser validado electoralmente en el 2027 en una primera vuelta si hace buenas alianzas con 10 o 12 gobernadores”, deslizó, incluso, el gobernador de Mendoza desde Europa. 

Con 21 senadores propios, Santilli necesita llegar a 37 votos para conseguir la mayoría absoluta necesaria para aprobar la reforma electoral. Espera que, con el apoyo de los gobernadores radicales, al menos 7 de los 10 senadores de la UCR acompañen. Lo mismo con los peronistas, que pueden garantizar otros 3 senadores, y los de Misiones y Neuquén (otros 3 senadores). Solo con eso no le alcanza, sin embargo. Necesita del PRO. 

Necesita, además, que Patricia Bullrich deje de operar contra las leyes de su propio Gobierno. 

El juego de Patricia

La jefa del oficialismo en el Senado ya ni se molesta en ocultarlo: ella no le cierra la puerta a competir por la presidencia el año próximo y, para hacerlo, necesita sostener las PASO. Todavía no tomó la decisión: quiere esperar a ver cómo llega Milei a marzo. Bullrich considera que el Presidente conserva el acompañamiento de un tercio de la sociedad. Aunque intuye que buena parte de ese electorado le pertenece, no está dispuesta a disputarle la candidatura presidencial si cree que puede perder.

Lo ideal, adelantan en su círculo chico, sería competir con Milei en una PASO sin definir de antemano las fórmulas: quien gana conduce y quien pierde acompaña.

Todas las semanas, sin embargo, empresarios, gobernadores y ex aliados de Milei le insisten para que se desmarque del Gobierno y juegue sola. Ella los escucha con cierta distancia: se entusiasma, pero repite que “nunca los candidatos del círculo rojo ganaron una elección”. Pero en los últimos días, algo cambió: ya no son solo los ex aliados del Gobierno quienes quieren que juegue, sino que el kirchnerismo también comenzó a seducirla para que rompa con el Gobierno. 

Bullrich, como jefa del oficialismo en el Senado, conversa con muchos senadores del cristinismo, como Juliana di Tullio, José Mayans o Anabel Fernández Sagasti. No tienen mala relación: Bullrich suele ironizar, en charlas de café, que son “todos peronistas” y que se entienden. Son recurrentes las chicanas sobre su pasado en Montoneros. En las últimas semanas, muchos voceros del cristinismo comenzaron a tantearla para que los ayude a evitar que el Gobierno elimine las PASO. El peronismo sabe que ella las necesita tanto como ellos. 

Preocupados ante la posibilidad de quedarse sin un mecanismo para dirimir la interna fratricida que atraviesa al kirchnerismo bonaerense, el peronismo juega a desarticular a algunos sectores del oficialismo –o el paraoficialismo– para que boicoteen el proyecto. El peronismo no mira sólo a Bullrich, sino también a los senadores del PRO, que se resisten a acompañar, y algunos radicales, que temen quedar fuera de los acuerdos políticos. El peronismo cree que tendrá más suerte con ellos que con los gobernadores propios con los que compartieron boleta allá por 2023 y, tras la victoria de Milei, emprendieron caminos por separado. Es su última bala.

MCM/MG

Luis Caputo y Diego Santilli anunciaron el programa “ciudadanía por inversión” el viernes por la mañana, desde la Embajada argentina en París. La oferta consiste en que un extranjero puede obtener la ciudadanía a cambio de US$350.000, o la suscripción de un bono por US$800.000. “Argentina hoy es un faro de libertad e inversión en el mundo”, celebró el ministro de Economía.

El estudio británico Henley & Partners tenía todo preparado. El mismo día, en simultáneo con el anuncio, la firma publicó en su sitio detalles del programa, con una declaración de su CEO, Juerg Steffen. Valoro “enormemente la oportunidad de colaborar de manera constructiva con el Gobierno argentino a través de una serie de talleres y conversaciones sobre el marco normativo en curso”, dijo.

Sin secretos, la empresa, que se presenta como la más grande del mundo en el negocio de la “ciudadanía por inversión”, publicó en su cuenta de Instagram el mismo viernes estar “lista para comenzar de inmediato el proceso de incorporación de interesados”. “Contáctenos ahora”, instó Henley & Partners, en una publicación acompañada de una cuidada producción gráfica.

En un segundo posteo del lunes sobre el tema ofreció pruebas de su colaboración, con una foto de Steffen y colaboradores en Casa Rosada. “Durante los últimos 18 meses, Henley & Partners mantuvo numerosas reuniones y trabajó con el Gobierno en Buenos Aires. Estamos encantados de ver que nuestras consultas y aportes están dando frutos”. La imagen conlleva reminiscencias de aquélla de Hayden Davis y Mauricio Novelli, los jóvenes contratantes de Milei en un negocio cripto, que terminaron montando la presunta criptoestafa $LIBRA desde Casa Rosada, donde se fotografiaron, en el verano de 2025.

Henley & Partners no es un nombre neutro. En 2025, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea terminó de anular el programa de venta de ciudadanía de Malta a cambio de US$640.000, por la polémica generada sobre los receptores del “pasaporte dorado”. Sólo en ese negocio, la firma británica obtuvo una ganancia de 55 millones de euros, según registros del gobierno de Malta, según el Financial Times. Años antes, Henley se había hecho fuerte en el Caribe. Un informe del Parlamento británico —citado por FT— acusó a la firma de financiar campañas políticas en San Cristóbal y Nieves, un microestado que se convirtió en un laboratorio de ensayo de la venta de ciudadanía con bajísimos requisitos. El negocio se expandió por microestados vecinos.

Los países que venden su ciudadanía a cambio de dinero, como detalla Henley & Partners, son: Antigua y Barbuda, Granada, Malta, Nauru, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y —en el único caso de una nación relevante— Turquía.

El anuncio de Caputo significa sin dudas un hito para Henley & Partners. Como destaca en su página web, el pasaporte argentino brinda tránsito libre por 170 países del mundo y la posibilidad de extender el beneficio “dorado” en la “tercera economía de América Latina” a la familia del interesado, a cambio de US$100.000 por cabeza, o US$25.000 si los hijos son menores de 18 años.

El estatus de libre circulación por el mundo y la condición de una economía mediana es una combinación excepcional entre los países que venden su ciudadanía a cambio de dinero. Henley & Partners los enumera: Antigua y Barbuda, Granada, Malta, Nauru, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y —en el único caso de una nación relevante— Turquía. Otras economías de mayor peso tienen programas a cambio de residencia, no ciudadanía. “Argentina agrega una nueva dimensión” al negocio, se entusiasmó Dominic Volek, director de Clientes Privados de la firma británica.

En el registro de audiencias de Casa Rosada constan dos de las “numerosas reuniones” de ejecutivos de Henley & Partners con funcionarios. Su CEO, Steffen, ingresó dos veces en 2025 a la sede de Gobierno para reunirse en la Jefatura de Gabinete; una con su titular, Guillermo Francos, y la otra con su segundo, Lisandro Catalán. Dichas visitas fueron en fechas sugestivas: dos semanas después de un DNU que creó el sistema de venta de ciudadanía argentina, y dos semanas antes del decreto que lo reglamentó.

(elDiarioAR envió una consulta con preguntas precisas al estudio Henley el 6 de octubre a las 2.45pm. Al día siguiente, 1.25pm, la firma respondió con la aclaración de que “no está detrás” del pasaporte dorado lanzado por Caputo, sino que sólo “compartió experiencias” con el Gobierno, y negó haber sido investigada por “supuestos fraudes”. Una ampliación de la respuesta de Henley será incluida en una futura nota).

“Toda de Caputo”

El Poder Ejecutivo firmó el DNU 366 el 28 de mayo de 2025. El Presidente y los ministros suscribieron una amplia reforma migratoria que, en sus artículos 37 a 42, incorporó a la Ley 346 de Ciudadanía una nueva vía de naturalización por “inversión relevante”, sin requisito de residencia previa, y creó la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, organismo descentralizado del Ministerio de Economía encargado de diseñar, promocionar y gestionar esos programas. Al mismo tiempo, el texto elevó drásticamente los requisitos burocráticos para obtener la naturalización para extranjeros normales, no dueños de un capital extraordinario, que contaban con una ley migratoria considerada un modelo en el mundo por su apertura.

El constitucionalista Sebastián Guidi escribió en Perfil sobre “esta noción empobrecida de lo que significa ser argentino”. Hasta el decreto 366/25 “había varios modos de obtener la nacionalidad: vivir dos años en la Argentina, tener hijos argentinos, practicar la docencia, establecer industrias, servir en las fuerzas armadas, expandir la frontera... Milei eliminó casi todos estos modos de acceso a la ciudadanía y los remplazó por uno solo: haber realizado una inversión relevante en el país”. 

Dos semanas después del DNU 366, el 11 de junio de 2025, a las 17.16, Steffen entró a la Casa Rosada por Rivadavia 250 para una reunión con Francos. Lo acompañaban Olinda Salguerón y Diego Ortiz de Cevallos, y los tres salieron juntos a las 18.11. Tres minutos después de su ingreso entró Lisandro Catalán, entonces secretario del Interior.

El 14 de julio, Steffen volvió, esta vez para ver a Catalán, ya vicejefe de Gabinete del Interior. Entró con Ortiz de Cevallos y Salguero, y con Kyle Pascal Sarkas y Peter Ferrigno. Todos se retiraron a las 11.44. Dos semanas más tarde, el 30 de julio, el Gobierno firmó el Decreto 524/2025, que reglamentó el procedimiento y fijó la intervención de la SIDE, la UIF, el Ministerio de Seguridad, el Registro Nacional de Reincidencia y el Renaper en la evaluación de los solicitantes.

Pese a que la vía registrada de acceso del grupo de Henley & Partners fue la Jefatura de Gabinete, en el Ejecutivo remiten a Caputo como mentor de la iniciativa. Francos y Catalán no respondieron consultas de elDiarioAR; tampoco Santilli. “Es toda de Caputo y de (Juan) Pazo”, dijo una fuente. “Santilli sólo apareció en la foto en la Embajada porque lo llamaron”, resumió otra.

Pazo, ex CEO de las empresas de indumentaria Rapsodia y Caro Cuore, es un hombre de la mesa chica del ministro. Cuando ocupó la silla de la Secretario de Industria, durante 2024, presentó una declaración de bienes que despertó múltiples dudas, informadas en elDiarioAR por Emilia Delfino. En 2025 estuvo al mando de ARCA, pese a que habría omitido declarar una sociedad en el estado de Florida que administraba una propiedad. Pazo fue artífice de la redacción de la ley de Inocencia Fiscal y, tras dejar el cargo en ARCA, se acogió a sus beneficios. Ahora asesora a la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión.

En Economía niegan cualquier contacto con Henley & Partners. En la presentación en la Embajada en París, Caputo dijo que la iniciativa nació “en uno de los primeros viajes que hicimos con el Presidente a Sun Valley hace dos años... (Allí) surgió el pedido desde muchos sectores de la ciudadanía argentina". Según el ministro, en esa localidad de turismo de sky en el estado de Idaho, tecnomillonarios les pidieron a Milei y a él que habilitara el pasaporte argentino.

Si bien un comunicado oficial del Ministerio de Economía admitió que “el Gobierno es asesorado por un grupo de firmas internacionales líderes especializadas en migración por inversión”, en la oficina de Caputo desconocen reunión alguna con Henley & Partners.

El diseño institucional del programa es coherente con la versión de que es una creación centrada en Caputo: la agencia que evaluará las peticiones de ciudadanía dependerá de Economía.

Henley trabaja de los dos lados del mostrador: asesora a los Estados en el diseño de sus programas y cobra honorarios a los países anfitriones y a los migrantes por gestionar el pasaporte. En su sitio web, la oferta del programa “Argentina Citizenship by Investment” está expresada en cuatro idiomas, con formulario de contacto, teléfono en Zúrich y la enumeración de las ventajas.

Las diputadas Florencia Carignano, ex directora nacional de Migraciones, y Paula Penacca, de Unión por la Patria, presentaron un proyecto para derogar los artículos incorporados por el DNU y el Decreto 524/2025. “Acá vos decís le doy al fisco 350.000, dame el CBU, pasás esa plata y te dan el pasaporte. No tenés ni que venir a vivir acá, ni producir, ni generar un solo puesto de trabajo”, dijo Carignano este martes en un comunicado de prensa.

Sospechas de corrupción

Christian Kälin, presidente de la empresa, consideró ante el FT que “Henley se convirtió en el rostro de la migración por inversión porque creó una industria alrededor de eso”, aunque se lamentó del retroceso en Malta.

El programa maltés entró en crisis en 2017, tras el asesinato de Daphne Caruana Galizia, una periodista que investigaba el otorgamiento de ciudadanías compradas.

En 2022, el Proyecto de Reporte sobre Crimen Organizado y Corrupción (Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP) y la Fundación Daphne Caruana Galizia revelaron, a partir de documentos internos de Henley, que la empresa había gestionado pasaportes caribeños para empresarios que resultaron luego acusados o condenados por fraude. La investigación documentó que el citado Christian Kälin mantenía negocios con un cliente al que le tramitaba la ciudadanía en San Cristóbal y Nieves, mientras promovía inversiones de un fondo estatal de ese mismo microestado caribeño en la empresa de ese mismo interesado.

Según OCCRP, entre los clientes de Henley & Partners se encuentran el iraní Ali Sadr Hashemi Nejad, postulante para la ciudadanía de San Cristóbal y Nieves en 2009. Al año siguiente fue arrestado por lavado de dinero en Estados Unidos. Por su parte, Ruben Vardanyan, considerado un “oligarca” ruso, también acusado de lavado, apuntó al pasaporte de ese mismo microestado, junto a ocho miembros de su familia.

El empresario petrolero nigeriano OluwaSeun Ogunbambo contrató a Henley para obtener una ciudadanía en un paraíso fiscal caribeño. Acusado de lavado de dinero y contrabando, se encuentra prófugo desde 2014.

Un comité del Parlamento británico también investigó la relación de Kälin con Alexander Nix, ejecutivo de SCL, la casa matriz de Cambridge Analytica. Según la acusación, SCL incidió en San Cristóbal y Nieves y en San Vicente y las Granadinas para favorecer a sus gobiernos, a cambio de habilitaciones de cupos para pasaportes. “Todas esas acusaciones son falsas y tienen motivaciones políticas”, respondió una vocera de Henley & Partners.

Nix, de Cambridge Analytica, es el mismo ejecutivo que admitió ante el Parlamento británico haber trabajado en 2015 en Argentina para “lograr un cambio político”, contra el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

SL/MC

La nota fue actualizada a las 3pm del 7 de octubre, con la respuesta de Henley & Partners.

La protesta contra el fallo de la Corte Suprema que dejó nuevamente vigente la derogación de la Ley de Tierras tuvo este martes un destinatario imposible de confundir. Frente al Palacio de Tribunales, una enorme bandera mostraba los rostros de los jueces Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, acompañados por sus nombres y una acusación escrita en grandes letras rojas: “Cipayos vende patria”. A pocos metros, sobre las paredes aparecían otros mensajes: “Fuera jueces corruptos”, “Nueva Corte Suprema ¡ya!” y “La Ley de Tierras protege nuestra soberanía”.

La concentración comenzó por la tarde en Plaza Lavalle y reunió a las dos CTA, sindicatos, organismos de derechos humanos, excombatientes de Malvinas y distintas organizaciones políticas y sociales. La convocatoria tuvo, sin embargo, espacios diferenciados. Las organizaciones de izquierda montaron su propio escenario sobre la calle Talcahuano, separado del impulsado por las centrales sindicales y el resto de los convocantes.

La diversidad también podía leerse en los carteles. Entre las banderas sindicales y argentinas circulaban mensajes hechos a mano. Uno llevaba un muñeco de peluche colgado en la punta y decía: “Fuera Milei. A cucha con Conan. Los jueces también”. Otro, pegado sobre una pared, ensayaba un trabalenguas para apuntar directamente contra los tres supremos: “Tres tristes títeres tranzan tierras en un tribunal”.

“Esto no es solamente una discusión sobre quién puede comprar un campo, sino sobre qué hacemos con nuestro territorio y nuestros recursos”, dijo a elDiarioAR uno de los participantes de la movilización, mientras la concentración terminaba de ocupar el frente de Tribunales. La frase sintetizaba uno de los argumentos que atravesó la protesta: que eliminar los límites a la extranjerización de la tierra no puede reducirse a una cuestión de inversiones, sino que involucra, para los convocantes, una discusión más amplia sobre soberanía y control de los recursos naturales.

En el sector de las CTA y los organismos, la consigna que ordenó la convocatoria fue “La Patria no se vende, la soberanía tampoco”. En el escenario de la izquierda, en cambio, el cuestionamiento a la Corte quedó inscripto en una impugnación más amplia al Gobierno y un pedido de huelga general. Sin embargo, las diferencias de pertenencia y estrategia no impidieron que, durante algunas horas, todos terminaran mirando hacia el mismo edificio.

La marcha ocurrió después de que el Gobierno hiciera una defensa especialmente enfática de la decisión cuestionada en la calle. Desde la Casa Rosada, el vocero presidencial, Adrián Ravier, rechazó que permitir una mayor adquisición de campos por extranjeros implique resignar soberanía. “Vender una tierra en la Patagonia no significa que esa parte de la Patagonia deja de ser Argentina”, afirmó durante su conferencia.

Los sectores que convocaron este martes a Tribunales buscan convertir la protesta en el primer capítulo de una movilización más amplia contra el Gobierno. En un comunicado difundido antes de la concentración llamaron a marchar contra el fallo de la Corte que, según sostuvieron, “habilita la extranjerización total de las tierras en Argentina”, pero dejaron en claro que el reclamo no termina en la Ley de Tierras: el objetivo es avanzar por “la anulación de todo el DNU 70/23”.

Desde ese sector también cuestionaron directamente a los tres integrantes del máximo tribunal. “Rechazamos que tres cortesanos elegidos por componendas de palacio definan el destino del país”, señalaron, y vincularon la protesta de este martes con la movilización del 6 de agosto, cuando una marcha acompañó el rechazo a los cambios sobre la Ley de Tierras. La próxima parada será el próximo jueves 15 de octubre, cuando ese espacio convocó a concentrarse desde las 12 frente al Congreso, en coincidencia con la Marcha Federal Universitaria, para exigir que Diputados rechace íntegramente el megadecreto de Milei.

PL/MG

Siete integrantes del Grupo de Tareas 3.3.2 de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), entre los que se encuentran Eduardo Enrique Massera –hijo del excomandante en jefe de la Armada– y el “Tigre Acosta” –uno de los más violentos represores– comenzaron a ser juzgados en una causa que investiga su participación en un plan sistemático de apropiación de bienes de personas secuestradas durante la última dictadura militar. Los hechos que se investigan ocurrieron entre 1977 y 1981 y tuvieron como víctimas a nueve personas.

El juicio está a cargo del Tribunal Oral Federal N° 5 de la Ciudad de Buenos Aires y busca determinar las responsabilidades de los acusados en una estructura que, de acuerdo con la fiscalía, utilizó el aparato represivo de la dictadura para apropiarse del patrimonio de las personas secuestradas y de sus familiares.

Entre las maniobras investigadas figuran el saqueo de viviendas, la utilización de identidades falsas para transferir propiedades, la creación y administración de inmobiliarias para comercializar los bienes apropiados y la imposición de trabajos obligatorios y no remunerados a personas que permanecían secuestradas. Esas tareas incluían la refacción y el mantenimiento de inmuebles, trabajos de contabilidad y actividades vinculadas con la administración de negocios inmobiliarios. La acusación también señala la participación de inmobiliarias y escribanías que habrían facilitado las operaciones fraudulentas.

Los imputados son Jorge Eduardo Acosta, conocido como “el Tigre”; Alberto Eduardo González, alias “Gato”; Jorge Carlos Radice, “Ruger”; Juan Carlos Rolón, “Niño”; Juan Antonio Azic, “Piraña”; Adolfo Miguel Donda Tigel, “Palito”; Ricardo Miguel Cavallo, “Sérpico”, y Massera, abogado e hijo del ex jerarca de la dictadura, Emilio Eduardo Massera.

El juicio, a cargo de los jueces Adriana Palliotti, Adrián Federico Grünberg y Daniel Obligado, comenzó el 30 de septiembre con la lectura de los requerimientos de elevación a juicio de dos causas unificadas, conocidas como “Chacras de Coria” y “Bienes Basterra”. En representación del Ministerio Público Fiscal intervienen el fiscal Félix Pablo Crous y el auxiliar fiscal Mariano Donzelli.

La próxima audiencia está prevista para el 14 de octubre, a las 10, y continuará con la lectura de las acusaciones. Una vez finalizada esa etapa, el tribunal escuchará a los imputados que quieran declarar y luego comenzarán las declaraciones testimoniales.

Una estructura para apropiarse de bienes

En la causa “Chacras de Coria”, la acusación ubica a Acosta como organizador de una asociación ilícita integrada también por Radice, Rolón, González y Massera. En el caso de Eduardo Enrique Massera, la fiscalía sostiene que se incorporó a la asociación ilícita a comienzos de 1977 y que intervino en la estructura jurídica y societaria utilizada para canalizar los bienes obtenidos. La organización habría funcionado, al menos, hasta mediados de junio de 1981, aunque su actividad se remontaría a fines de 1976.

Uno de los principales hechos investigados es la apropiación de 25 hectáreas de inmuebles en Chacras de Coria, en Luján de Cuyo, Mendoza, que pertenecían a la sociedad Cerro Largo S.A.C.I.A. Sus accionistas, Conrado Gómez, Victorio Cerutti, Horacio Palma y Omar Massera Pincolini, habían sido secuestrados en enero de 1977 y recluidos en la ESMA.

La causa también incluye el desapoderamiento de propiedades en la ciudad de Buenos Aires y La Plata, la apropiación de 500.000 pesos en dinero y valores que pertenecían a Marcelo Camilo Hernández, un automóvil Chevrolet de Hugo Abraham Tarnopolsky y la biblioteca de Mercedes Inés Carazo, entre otros bienes.

Extorsiones y documentación falsa

La investigación sostiene que el secuestro de Conrado Higinio Gómez estuvo orientado a obtener beneficios económicos. Durante su cautiverio, integrantes de la asociación ilícita lo habrían obligado, mediante intimidaciones, a entregar diez caballos de carrera pura sangre.

También se investiga la extorsión a personas vinculadas con Cerro Largo S.A.C.I.A. para que pusieran a disposición de la organización la documentación y el patrimonio de la sociedad, integrado por los inmuebles de Chacras de Coria.

Otra de las maniobras denunciadas consistía en obligar a personas secuestradas a confeccionar documentos falsos para acreditar identidades supuestas de integrantes del Grupo de Tareas. Para ello, según la acusación, se utilizaba un laboratorio de fotografía y fotomecánica que funcionaba dentro de la ESMA.

Esos documentos habrían permitido realizar transferencias fraudulentas de propiedades y otras operaciones para despojar a las víctimas de sus bienes. Entre las identidades falsas utilizadas se encontraba la de Juan Héctor Ríos, con la que Radice habría concretado distintas operaciones inmobiliarias.

La causa “Bienes Basterra” investiga el desapoderamiento de un inmueble ubicado en Valentín Alsina, en el partido bonaerense de Lanús, que pertenecía a Aída Lucinda Aguirre de Basterra, madre de Víctor Melchor Basterra, quien estuvo secuestrado en la ESMA.

Según la acusación, Donda Tigel y Azic la habrían obligado mediante intimidaciones a poner la propiedad a disposición de la asociación ilícita. Para concretar la operación, la mujer tuvo que suscribir un poder especial irrevocable que permitió transferir el dominio del inmueble. La transferencia se realizó el 9 de septiembre de 1980.

La Justicia federal declaró inconstitucional el decreto 759/2025, con el que Javier Milei promulgó la Ley de Financiamiento Universitario y, en el mismo acto, suspendió su ejecución. El juez en lo Contencioso Administrativo Federal Martín Cormick hizo lugar este martes a la acción de amparo colectiva presentada por el CIN, un grupo de universidades nacionales y docentes, y al amparo de la Universidad de Buenos Aires, que se tramitaba acumulado en la misma causa. En consecuencia, ordenó al Poder Ejecutivo “el cumplimiento inmediato” de la ley 27.795 y “el dictado de las normas reglamentarias y ejecutorias necesarias a tal fin”.

Cuando el Congreso rechazó con dos tercios en ambas cámaras el veto total del decreto 647/25, el Ejecutivo quedó obligado por el artículo 83 de la Constitución a promulgar la ley. Lo hizo el 20 de octubre de 2025, pero agregó que la promulgación era “sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley N° 24.629”. Esa norma de 1996 establece que toda ley que autorice gastos debe prever expresamente su financiamiento y que, si no lo hace, queda suspendida hasta que se incluyan las partidas en el presupuesto. En los considerandos, el Gobierno atribuyó la suspensión a una “omisión incurrida por el Poder Legislativo” y se apoyó en un dictamen de la Procuración del Tesoro.

Cormick desarmó ese argumento con la propia ley universitaria. Recordó que su artículo 9 manda al Ejecutivo disponer los créditos presupuestarios necesarios, con amplias facultades para reasignar partidas, siempre que no afecte la coparticipación a las provincias ni los aportes del Tesoro. También prevé que la ley “podrá financiarse con los incrementos de ingresos corrientes recaudados por encima de los montos presupuestados (o prorrogados)”. Según el juez, interpretar que dos artículos de leyes anteriores tienen más jerarquía que una ley posterior “presupone que el Poder Legislativo, tanto en sus primeras votaciones como en su insistencia posterior, desconoce el bloque normativo sancionado por dicho cuerpo”. Para el magistrado, la lectura razonable es la inversa: el Congreso consideró cumplido el requisito de la ley 24.629 con el artículo 9. Citó además jurisprudencia de la Corte Suprema según la cual el Poder Legislativo “no se halla vinculado indefectiblemente hacia el futuro por sus propias autorrestricciones”.

El párrafo más duro del fallo apunta a la estrategia institucional del Gobierno. “Ante la imposibilidad legal de emitir un nuevo veto de la misma ley, se habría implementado a través del dictado del decreto cuestionado una promulgación de la ley condicionada solo en su aspecto formal pero supeditando su ejecución a causales de falta de presupuesto”, escribió Cormick. Y concluyó que el decreto “ha funcionado como un mecanismo extraconstitucional” que configura, “en sus efectos concretos, una figura de instancia de veto no prevista en la Constitución Nacional”. El juez también consideró que el decreto tiene un vicio en su motivación, porque repite los argumentos del veto y hace “un uso abusivo del principio de legalidad”.

La sentencia funda la inconstitucionalidad en dos artículos de la Carta Magna. El primero es el 75, inciso 8, que le asigna al Congreso, “y no al Presidente”, la atribución de definir el diseño del gasto público. El segundo es el 83, que obliga al Ejecutivo a “limitarse a promulgar —y no suspender—” una ley insistida con mayorías agravadas. Cormick sumó el contexto: el país no tuvo presupuesto aprobado en 2024 ni en 2025, y en 2025 el Gobierno modificó el presupuesto prorrogado de 2023 seis veces por decreto o decisión administrativa. También recordó que la Oficina de Presupuesto del Congreso estimó el costo de la ley para 2025 en el 0,23% del PBI. “El Decreto 759/25 no supera un test mínimo de razonabilidad”, resumió.

La defensa del Estado, a cargo del Ministerio de Capital Humano, había planteado que no existía un “caso” judicial, que el amparo no era la vía adecuada y que la cuestión debía resolverse en el debate parlamentario del presupuesto. También había pedido que se citara como tercero a la Cámara de Diputados y que se suspendiera el proceso. Además, sostuvo que ejecutar la ley era materialmente imposible por su costo y que ponía en riesgo el equilibrio fiscal. Según las universidades, el Gobierno no demostró que faltaran recursos: se limitó a “consideraciones genéricas sobre política fiscal”. Ese planteo terminó prevaleciendo.

El fallo llega después de un largo recorrido judicial. El 23 de diciembre de 2025, el mismo juzgado dictó una medida cautelar que declaró inaplicable el tramo suspensivo del decreto y ordenó cumplir los artículos 5 y 6 de la ley, que regulan la recomposición salarial y las becas. La Sala III de la Cámara la confirmó el 31 de marzo de 2026 y la Corte Suprema rechazó el recurso extraordinario del Gobierno el 25 de junio, con lo que la cautelar quedó firme. Mientras tanto, el Ejecutivo intentó derogar la ley a través del artículo 75 del proyecto de Presupuesto 2026, pero el Congreso no lo aprobó. Ahora impulsa un proyecto de reforma que, según la UBA, sigue en las comisiones de Educación y de Presupuesto sin tratamiento.

En la resolución también aparecen las actas firmadas el 10 de junio entre la Subsecretaría de Políticas Universitarias, el CIN y los gremios docentes y no docentes. Allí el Gobierno se comprometió a un aumento salarial del 24,33%: 21,33% en junio y 3% en octubre. También acordó actualizar un 20% los gastos de funcionamiento, sumar 50.000 millones de pesos para hospitales universitarios en 2026 y aumentar un 50% las Becas Manuel Belgrano. El juez incorporó esos acuerdos como “hecho nuevo”, pero no los trató como un cumplimiento de la ley. La sentencia impone las costas al Estado y puede ser apelada ante la Cámara Contencioso Administrativa Federal. Con la cautelar ya convalidada por la Corte, el margen del Gobierno para seguir sosteniendo la suspensión por vía judicial parece cada vez más estrecho.

El Gobierno salió este martes a hacer una defensa cerrada de la eliminación de los límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros y buscó despegar la discusión de cualquier posible afectación de la soberanía nacional. Una semana después del fallo de la Corte Suprema que volvió a poner en vigencia el artículo 154 del DNU 70/2023, el vocero presidencial, Adrián Ravier, reivindicó la desregulación, aseguró que el objetivo de la Casa Rosada es atraer capitales para desarrollar la producción y cargó contra la ofensiva opositora para voltear el decreto insignia de Javier Milei.

“De ninguna manera un extranjero, una persona física o jurídica que compre una tierra en Argentina le hace a la Argentina perder soberanía”, sostuvo Ravier durante su conferencia de prensa en la Casa Rosada. El vocero apeló a distintos ejemplos productivos para defender la apertura: habló de extranjeros que puedan adquirir campos para instalar un coto de caza, producir limones en Tucumán, soja y cereales en La Pampa o frutas en Río Negro. Y explicitó cuál es la apuesta oficial: “Estas tierras, en principio, pueden recibir inversión extranjera y eso es a lo que apunta este Gobierno: recibir más inversión de extranjeros en tierras argentinas”.

La contundencia pública de la defensa contrastó con la inquietud que había recorrido algunos despachos oficiales apenas se conoció el fallo de la Corte la semana pasada. La resolución fue, en los papeles, favorable para la Casa Rosada: los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti revocaron la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había impedido aplicar la derogación de la Ley de Tierras. Pero lo hicieron por considerar que el Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM) carecía de legitimación para impulsar la demanda, sin pronunciarse sobre la constitucionalidad del artículo del decreto.

Puertas adentro, sin embargo, la noticia estuvo lejos de ser recibida solamente como un triunfo. “Nadie estaba esperando que saliera esto ahora”, reconocían la semana pasada en un sector del Gobierno. La preocupación era esencialmente política: la discusión sobre la extranjerización de las tierras ya le había provocado dificultades al oficialismo en el Congreso y el fallo volvía a ofrecerle a la oposición una bandera alrededor de la cual intentar reunir votos contra el DNU 70 completo. “Les das una excusa para volver a juntar votos contra el decreto. Además, ¿para qué vamos a salir a defender algo que ya nos trajo problemas?”, se preguntaba otra fuente libertaria.

“Vender una tierra en la Patagonia no significa que esa parte de la Patagonia deja de ser Argentina, para que quede bien claro”, afirmó Ravier este martes. Según explicó, los inmuebles adquiridos por extranjeros continúan sometidos a las leyes, los impuestos y la jurisdicción argentina, mientras que la derogación de la Ley de Tierras no modifica el régimen específico vigente para las zonas de seguridad de fronteras.

El vocero también sostuvo que la apertura no habilita la adquisición privada de bienes que tienen otros regímenes de protección. “Si hubiera alguien queriendo comprar una reserva histórica o un parque nacional, no lo puede hacer. Esto no está en riesgo”, señaló. Para el Gobierno, el debate debe circunscribirse a la posibilidad de incorporar capital extranjero a explotaciones productivas: “Pueden trabajar, pueden producir, pueden contratar personas, pueden exportar también, pueden generar divisas, puestos de trabajo y demás”.

Mucho más que tierras

Pero el mensaje de Ravier buscó rápidamente sacar la discusión del campo. Para la Casa Rosada, lo que está en juego ahora es la supervivencia del decreto madre de la desregulación, después de que la controversia por las tierras le permitiera a distintos bloques opositores volver a ponerlo en la agenda de Diputados.

“Ir marcha atrás con las desregulaciones del decreto que benefician a todos los ciudadanos implicaría un retroceso hacia un pasado calamitoso y al que la mayoría de los argentinos no quieren volver”, afirmó el vocero. Después enumeró qué implicaría, según la lectura oficial, la caída completa de la norma: el regreso de la Ley de Alquileres y de las leyes de Góndolas, Abastecimiento y Compre Argentino, además de restricciones que el Ejecutivo eliminó en materia de prepagas y obras sociales.

“Quien defiende estas leyes defiende que el poder político tenga la última palabra sobre lo que deciden los privados”, sostuvo Ravier. Y cerró la defensa del decreto reduciendo la discusión a una contraposición que forma parte del discurso económico habitual del Gobierno: “Si queremos una Argentina donde para producir, importar o exportar haya que pedir permiso al Estado, o una Argentina donde la regla sea producir, comerciar y competir en libertad”.

PL