Por unas horas, prácticamente toda la cúpula de la inteligencia argentina se concentró en una oficina del quinto piso del edificio anexo del Senado. Cristian Auguadra llegó este martes al Congreso para presentarse por primera vez ante la Bicameral de Inteligencia, pero no fue quien más habló durante el encuentro. Ese lugar quedó para José Lago Rodríguez, subsecretario de Inteligencia y virtual número dos de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), el funcionario que por la estructura actual del organismo oficiaría como el “Señor 8”, la denominación con la que históricamente se identificó al segundo de la central de espías.

Auguadra, el “Señor 5”, había llegado acompañado por Lago Rodríguez y por buena parte de la plana mayor del organismo: el subsecretario de Operaciones, Diego Kravetz; el director de la Agencia Nacional de Contrainteligencia (ANC), Alejandro Cecati; el titular del Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), Alejandro Colombo; y el responsable de la Agencia Federal de Ciberinteligencia, Héctor Casas. La magnitud de la delegación anticipaba que la primera comparecencia del jefe de la SIDE no sería una visita meramente protocolar.

Del otro lado de la mesa los esperaba la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, que desde hace poco más de un mes preside Sebastián Pareja, uno de los principales armadores de Karina Milei. La composición de las dos delegaciones terminó por darle a una reunión que debía permanecer reservada una dimensión política adicional: el hombre que responde a Karina quedó al frente del primer examen parlamentario de la conducción de la SIDE que el asesor Santiago Caputo terminó de ordenar después de la salida de Sergio Neiffert.

Durante varias horas, los funcionarios respondieron preguntas sobre el crecimiento de los gastos reservados, el Centro Nacional Antiterrorista (CNA), la cooperación con agencias extranjeras y las amenazas que actualmente identifica el sistema de inteligencia. Según pudo saber elDiarioAR, Lago Rodríguez tomó buena parte de las respuestas y se convirtió, de hecho, en la principal voz de la SIDE frente a los diputados y senadores. Auguadra intervino también durante el encuentro y asumió un compromiso concreto: las preguntas que no pudieran contestarse allí tendrían una respuesta por escrito el próximo lunes.

La explicación fue que la batería de preguntas preparada por los integrantes de la comisión había llegado a la SIDE con poco margen antes de la presentación. Por eso, Auguadra se comprometió a responderlas en su totalidad por escrito, además de remitir documentación e informes complementarios sobre algunos de los asuntos que concentraron buena parte de la reunión. El encuentro de este martes funcionó así como una primera ronda de explicaciones de un interrogatorio que finalizará la semana próxima sobre el papel.

Uno de los datos más llamativos apareció durante la discusión presupuestaria. Los legisladores preguntaron por el peso creciente de los gastos reservados dentro de los recursos asignados a la SIDE, una tendencia que comenzó a profundizarse durante la administración libertaria. Según se explicó durante la reunión, esas partidas pasaron de alrededor de $19.000 millones a unos $27.000 millones.

Auguadra dio una explicación particular para justificar los aproximadamente $8.000 millones adicionales: la futura visita del papa León XIV a la Argentina. Los funcionarios vincularon el incremento con las necesidades operativas y de seguridad que demandará la llegada del pontífice, cuya organización comenzó a ocupar durante las últimas semanas a distintas áreas del Gobierno.

La discusión sobre el dinero ocupó una parte importante del encuentro. Los integrantes de la Bicameral reclamaron precisiones no sólo sobre cuánto gasta la SIDE, sino también sobre cómo puede el Congreso controlar efectivamente la utilización de partidas cuyo carácter reservado restringe el acceso público a su destino. La conducción del organismo informó que hasta el momento se ejecutaron alrededor de $12.019 millones en gastos reservados y prometió enviar el lunes un detalle sobre su utilización.

Otro capítulo estuvo dedicado al CNA, que se puso en funcionamiento en abril pasado. Allí aparecieron preguntas sobre su financiamiento, su funcionamiento y, especialmente, sobre los mecanismos mediante los cuales la SIDE comparte información con organismos extranjeros como el FBI. Los legisladores buscaron conocer, además, cómo se articula ese intercambio con una institución estadounidense que no forma parte del sistema argentino de inteligencia.

Pero uno de los intercambios políticamente más sensibles ocurrió cuando la conversación se desplazó hacia las amenazas terroristas que identifica actualmente el sistema de inteligencia. Ante las preguntas de los legisladores, la conducción de la SIDE sostuvo que no detecta actualmente la existencia de una amenaza de terrorismo de extrema izquierda en la Argentina.

La definición resulta particularmente significativa por el contraste con el discurso que distintos integrantes del oficialismo utilizaron durante los últimos meses. La cuestión había ganado relevancia a partir de los contactos recientes en Washington y de la decisión del Gobierno de profundizar la cooperación internacional contra distintas expresiones de extremismo. Frente a las inquietudes planteadas en la Bicameral, los funcionarios aseguraron además que la SIDE no realizará tareas de persecución contra personas por sus posiciones políticas.

El límite está escrito en la propia Ley de Inteligencia 25.520. Durante la reunión se recordó el artículo 4, que prohíbe producir inteligencia o almacenar información sobre personas por sus opiniones políticas, su adhesión partidaria, sus creencias religiosas o por el desarrollo de actividades lícitas. El señalamiento adquiere especial importancia después de las controversias que generó el Plan de Inteligencia Nacional (PIN) elaborado originalmente durante la gestión de Neiffert y las sospechas opositoras sobre la amplitud de algunos de sus objetivos.

La evaluación que transmitió la SIDE sobre otra de las amenazas bajo seguimiento también llamó la atención. Los funcionarios calificaron como “bajo” el riesgo actual de que se produzca un atentado de inspiración yihadista en la Argentina, una caracterización más moderada que las advertencias públicas que durante distintos momentos formuló el Ministerio de Seguridad.

Auguadra y sus colaboradores buscaron transmitir, al mismo tiempo, una imagen de normalidad hacia adentro del organismo. La conducción negó que existan internas dentro de la SIDE, después de un período atravesado por desplazamientos y cambios en las principales áreas de la estructura. El mensaje no resulta menor: Auguadra llegó al cargo en diciembre tras la salida de Neiffert y desde entonces avanzó una reorganización que terminó de exponer el objetivo de Santiago Caputo de transformar el organismo en una suerte de CIA “a la criolla”.

PL/MG

La Corte Suprema de Justicia de la Nación aprobó la creación de un protocolo médico para evaluar las condiciones de salud de las personas detenidas y determinar si pueden recibir tratamiento dentro de los establecimientos penitenciarios. La medida podría tener impacto en los pedidos de prisión domiciliaria de represores condenados o investigados por delitos de lesa humanidad.

A través de la Acordada 21/2026, firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal encomendó al Cuerpo Médico Forense la elaboración de un “Protocolo médico sobre el estado de salud de los internos penitenciarios y las posibilidades de su tratamiento en el establecimiento en el que se encuentran alojados”.

El objetivo, según establece la resolución, es “sistematizar los criterios” y proporcionar a los jueces “mejores elementos de juicio” al momento de resolver si corresponde otorgar una prisión domiciliaria por razones de salud.

La medida no dispone por sí misma el beneficio para ningún detenido en particular, pero establece nuevos criterios para las evaluaciones médicas que pueden ser consideradas por los magistrados al analizar este tipo de pedidos.

Qué deberá evaluar el protocolo

De acuerdo con la acordada, el protocolo deberá contemplar un examen médico general de cada persona detenida, además de una evaluación de las condiciones concretas en las que cumple su detención.

También deberá determinarse cuáles son las posibilidades de tratamiento disponibles dentro del establecimiento penitenciario en el que se encuentra alojado cada interno.

De esta manera, los informes médicos deberán aportar elementos tanto sobre el estado de salud de la persona como sobre la capacidad del sistema penitenciario para garantizar el tratamiento que necesita.

La Corte fundamentó la decisión, entre otros argumentos, en lo establecido por la Constitución Nacional respecto de las condiciones de las cárceles. En particular, recordó que la Carta Magna establece que “las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas”.

Cuántos represores están detenidos

La decisión adquiere particular relevancia en las causas por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.

Según datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, actualmente hay 519 personas investigadas en causas por delitos de lesa humanidad que se encuentran detenidas.

De ese total, 440 cumplen arresto domiciliario, mientras que 18 permanecen alojadas en establecimientos del Servicio Penitenciario y otras 61 se encuentran en la Unidad Penitenciaria N° 34 de Campo de Mayo.

Entre los represores que continúan detenidos en establecimientos penitenciarios se encuentran Alfredo Astiz, conocido como “el Ángel de la Muerte”; Jorge Eduardo “El Tigre” Acosta y Christian Federico von Wernich, entre otros.

La elaboración del nuevo protocolo abre así una nueva instancia para la evaluación de las condiciones de salud de las personas privadas de su libertad. En los casos de represores detenidos por delitos de lesa humanidad, esos informes podrían ser utilizados como elemento de análisis ante eventuales pedidos de prisión domiciliaria.

La decisión de conceder o rechazar esos beneficios, de todos modos, continuará correspondiendo a los jueces que intervengan en cada caso, a partir de las circunstancias particulares de cada detenido.

Con información de la agencia NA

La mesa política del Gobierno volvió a reunirse este martes en la Casa Rosada con dos presencias que concentraron buena parte de las miradas: Sandra Pettovello se incorporó al encuentro para exponer sobre la gestión de Capital Humano y Santiago Caputo volvió a sentarse con la conducción del oficialismo después de haber faltado un día antes a la reunión de gabinete encabezada por Javier Milei. La ausencia del asesor presidencial había sido atribuida oficialmente a una cuestión de agenda “impostergable”.

El encuentro comenzó pasadas las 13, apenas 24 horas después de que Milei reuniera a sus ministros por primera vez desde el 9 de julio. Esta vez, además de Santiago Caputo y Pettovello, alrededor de la mesa estuvieron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

La presencia del asesor presidencial adquirió particular relevancia después de su ausencia del lunes. Caputo no había participado de la reunión de gabinete pese a que suele formar parte de esos encuentros y mantiene un lugar central en el esquema de toma de decisiones del Gobierno. Consultado este martes durante su conferencia de prensa por los motivos de la ausencia, el vocero Adrián Ravier buscó quitarle cualquier lectura política a la situación, aunque reconoció que la comunicación digital estará ahora en manos de Santiago Oría. Sin embargo, Ravier definió a Caputo como una persona “central” para Milei y ratificó su intervención en el diseño de la estrategia política del Gobierno.

La otra novedad fue Pettovello. La ministra de Capital Humano tampoco había estado el lunes junto al gabinete debido a una actividad oficial en Salta, pero su participación de este martes tenía otra lógica. Llegó como invitada para presentar ante la mesa los principales lineamientos de su gestión, con especial atención sobre educación, trabajo y las distintas áreas que permanecen bajo la órbita del megaministerio.

Su incorporación forma parte de una dinámica que la conducción política comenzó a ensayar durante las últimas semanas: sumar a funcionarios que no integran regularmente la mesa para discutir iniciativas que pueden tener consecuencias políticas o parlamentarias antes de avanzar con ellas. El primer caso había sido Federico Sturzenegger, convocado después de que crecieran los cuestionamientos internos por algunos de los proyectos impulsados desde el Ministerio de Desregulación y Reforma del Estado.

En aquel encuentro, Sturzenegger debió explicar distintas iniciativas de su cartera después del traspié que sufrió el Gobierno con el capítulo referido a la venta de tierras rurales a extranjeros dentro de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La experiencia terminó de convencer a la conducción de la necesidad de introducir un filtro político más amplio para algunas decisiones que hasta entonces podían avanzar directamente desde los ministerios hacia Milei.

El caso de Pettovello es diferente. Su presencia no respondió a un cuestionamiento puntual sobre alguna medida, sino a la intención de institucionalizar esa dinámica: que cada semana un ministro pueda sentarse frente al núcleo político del Gobierno para explicar qué está haciendo, cuáles son sus próximos pasos y qué dificultades encuentra en su área.

Agenda parlamentaria

La reunión de este martes tuvo, de todos modos, un asunto más urgente. La sesión que Diputados realizará este miércoles volvió a colocar al Congreso en el centro de las preocupaciones de la Casa Rosada. La mesa repasó el estado de los proyectos, los apoyos comprometidos y los números con los que trabaja el oficialismo antes de una votación que funcionará como una nueva prueba de su capacidad para construir mayorías.

En La Libertad Avanza aseguran que esta vez “están los votos” y transmiten confianza en los acuerdos alcanzados con aliados que consideran sólidos. El optimismo convive, sin embargo, con un antecedente demasiado reciente: el tratamiento en el Senado de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, cuando el Gobierno también confiaba en reunir los respaldos necesarios y terminó obligado a resignar parte de su proyecto.

La mesa política busca ahora evitar que esa experiencia se repita en Diputados. El temario incluye cinco iniciativas. Las dos principales para el Gobierno son la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la nueva versión de Inocencia Fiscal, consideradas piezas centrales de la agenda económica que Milei pretende consolidar antes de ingresar de lleno en el calendario electoral de 2027.

A ellas se sumarán el Acuerdo de Libre Comercio entre el MERCOSUR y Singapur y la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), una iniciativa que generó discusiones por su posible impacto sobre la industria nacional y especialmente sobre el sector farmacéutico. El Gobierno decidió avanzar con una reserva sobre parte del tratado para mantener herramientas locales de evaluación y patentamiento.

El quinto proyecto tiene un destinatario territorial mucho más concreto: la reducción del IVA del 21% al 10,5% para la fécula y la harina de mandioca, reclamada por Misiones. Su incorporación al temario funciona también como una señal hacia las provincias en momentos en que la Casa Rosada intenta reconstruir una negociación más fina con gobernadores cuyos legisladores pueden resultar decisivos.

El operativo continuará durante la tarde. Milei tiene previsto recibir en Balcarce 50 a diputados y senadores de La Libertad Avanza para ordenar personalmente a la tropa antes de la sesión. La secuencia de estas 48 horas muestra la atención con la que el Gobierno decidió preparar una votación que, en otras circunstancias, podría haber considerado menos riesgosa.

PL/CRM

El curso era prometedor: aprender de “las estrellas de la consultoría política hispanoamericana” para “ganar” una campaña política. Estaba apadrinado por Dick Morris, el asesor de Bill Clinton que renunció durante una campaña del demócrata por un escándalo sexual y –más acá en el tiempo– trabajó en la campaña presidencial de José Luis Espert y llegó a conocer a su financista, el empresario Federico “Fred” Machado, actualmente detenido en Estados Unidos acusado de lavado. El curso estaba agendado para comenzar el 12 de junio de 2025 –plena campaña legislativa argentina– y entre los “expertos con larga trayectoria en la consultoría política internacional” aparece un nombre que hoy cobra un interés particular: Fernando Cerimedo.

En el aviso Cerimedo aparece junto a los demás expositores del curso: los argentinos Luis Rosales, Andy Rivas (que figura con bandera paraguaya) y Daniel Ivoskus, el colombiano Angel Beccassino y el mexicano Alonso Cedeño. Según supo elDiarioAR de boca de uno de los participantes, el curso no llegó a hacerse. A cada cada expositor lo habría contactado “un secretario de Morris” y lo que cobraba cada uno dependía de su arreglo personal, pero la fuente consultada aseguró que la tarifa se toma por valor/hora cátedra, que en el rubro va de US$100 a US$250, aproximadamente.

Luis Rosales: el eslabón perdido

Del grupo de conferencistas que acompañan a Cerimedo en el aviso hay uno de ellos que marcaría un hilo rojo invisible entre Cerimedo y Espert: se trata del mendocino Rosales, autoreconocido como “periodista” pero que fue candidato a vicepresidente de Espert en las elecciones de 2019. En los meses del 2025 en los que se promociona en Instagram la Dick Morris Academy –entre mayo y junio– “el Profe” era candidato en ciernes a primer diputado por la provincia de Buenos Aires de Javier Milei, aún sin conocerse que había recibido US$200.000 de Machado, lo que le costó finalmente la postulación, como reveló Sebastián Lacunza en elDiarioAR.

Otra foto conecta a Cerimedo con Rosales: estuvieron juntos en enero pasado en una cena donde se festejó el triunfo de Nasry Asfura en Honduras. “Con alto equipo se ganó en Honduras”, celebró el entonces presentador de la CNN. En la cabecera de la comida también se lo ve a Morris, de quien Rosales oficia como “embajador” en Latinoamérica; de hecho, acaban de estar juntos la semana pasada en Santo Domingo, República Dominicana, en el XIX Congreso Internacional de Comunicación Política.

La relación de Rosales con Espert lleva años y fue confirmada incluso por el propio Fred Machado, quien contó públicamente que conoció a Morris en una reunión organizada por el equipo de Espert, durante la última campaña presidencial. “Cuando llegué a la Argentina, ya tenían elegido al vicepresidente para la fórmula: [Luis] Rosales, un periodista de la CNN; yo ni lo conocía. Me avisan entonces que íbamos a hacer una reunión para planear la campaña ‘a lo Dick Morris’, que asesoraba hace 40 años a Clinton”, dijo en diálogo con Radio Rivadavia en un perfil sobre Morris que publicó el diario La Nación el 7 de octubre de 2025, en pleno ascenso del escándalo Espert-Machado. En aquel encuentro estaban –además de Espert–, su vocera Clara Montero Barré, el propio Morris, Rosales, dos jóvenes colaboradores y la diputada Lilia Lemoine. “Era muy bizarro todo”, resumió, cita La Nación.

elDiarioAR le envió mensajes a Rosales pero al cierre de esta nota no había respondido. Una fuente que lo conoce aportó una línea que conectaría aún más a Rosales con Cerimedo: el negocio minero, y no con las mejores intenciones. “Rosales usa la apariencia de la consultoría para meterse en el negocio minero y blanquear dinero”, apuntó la voz consultada.

Las coincidencias son reveladores: Espert declaró que con Machado tenía un contrato para asesorar en la reestructuración de la deuda de una minera en Guatemala, una pantalla que la Justicia ya verificó como falsa. Un informe impositivo de Guatemala que le llegó al fiscal Fernando Domínguez expuso que la empresa de Fred Machado que supuestamente contrató al exdiputado mileísta por US$1 millón no tenía una deuda que justificara la reestructuración, como público elDiarioAR en julio pasado.

Cerimedo, por su lado, también incursionó en la minería. Su esposa argentina, Natalia Basil, constituyó el 30 de julio de 2025 la empresa Australis Energy Group SRL, que tiene como objeto social desde la exploración geológica hasta la explotación de hidrocarburos, minería de recursos como litio, oro o gas, y la generación de energías tradicionales y alternativas. La compañía también contempla actividades industriales, comerciales, de transporte y consultoría vinculadas al sector. La firma apareció luego de que Basil quedará afuera de la Agencia de Discapacidad (ANDIS) cuando estalló el escándalo de los audios de Diego Spagnuolo sobre Karina Milei.

Basil es socia de Cerimedo en la empresa Madero Media Group, que hasta hace días nomás formaba parte de La Derecha Diario con el español Javier Negre.

Quién es quién

Los demás nombres que figuran en el curso de Dick Morris también revelan parte de la cadena de relaciones de Cerimedo. Ivoskus fue parte de la campaña electoral de Espert que quedó trunca por el escándalo con Machado y también compartieron la campaña presidencial de Honduras. Allí, según recogió este medio, los movimientos de Cerimedo fueron acotados. “Quería aparecer en esta lógica de posicionamiento que tiene, buscar tener un rol protagónico, pero hacía nomás algunas cosas operativas y de redes”.

Otro de los contactos de Cerimedo es Andy Rivas, que aparece en el aviso con la bandera de Paraguay, aunque es argentino. Rivas es a quien Cerimedo señala como “socio y amigo” en febrero pasado cuando recibió el premio de “consultor del año” en el evento de Latino Wall Street en el club trumpista Mar-a-Lago. Cerimedo lo presenta como su mano derecha en la victoria hondureña de Nasry Asfura. A ese evento estaba invitado Milei pero no fue, por lo que los organizadores armaron otro para octubre próximo: este lunes elDiarioAR reveló cómo hacen promoción de la participación del libertario con un video donde aparece, justamente, Cerimedo.

También conocido en el mundillo de la consultoría, Rivas es consultor “en las sombras” del canciller paraguayo Rubén Ramírez –del gobierno de Santiago Peña– y pareja de Irma Llano, fiscal paraguaya especializada en delitos informáticos y la lucha contra el crimen organizado, detalló el diario local ABC.

De los otros dos participantes del curso de Dick Morris, este medio supo que el colombiano Angel Beccassino trabajó con los expresidentes Gustavo Petro y Juan Manuel Santos, y que el mexicano Cedeño es uno de los pioneros en redes sociales.

Cómo llegó Cerimedo a codearse con esas “estrellas de la consultoría política hispanoamericana”, consultó elDiarioAR a uno de los participantes que estuvo en la idea de la academia. “Y porque estuvo con Milei, Bolsonaro, etc…. Habría que hacerle esa pregunta a esos presidentes”, respondió la fuente, que cerró: “Era un encantador de serpientes bien pesadas y que no es fácil encantarlas. Pero el humo era muy grande”.

MC

El Gobierno argentino ratificó este lunes que su posición respecto del Estrecho de Magallanes “es la que establecen el Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984”, en respuesta a la polémica generada con Chile por declaraciones del jefe de la Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Javier Valverde.

A través de un comunicado oficial titulado “La posición argentina sobre el Estrecho de Magallanes y la cooperación con Chile en el Atlántico Sur y la Antártida”, la Cancillería señaló que ambos instrumentos “rigen plenamente y son considerados definitivos por la República Argentina”.

La declaración se conoció luego de que el Gobierno chileno anunciara el envío de una nota de protesta a la Argentina por las expresiones de Valverde, quien había mencionado al Estrecho de Magallanes entre las zonas ligadas a la soberanía de la Argentina.

En el comunicado, la Cancillería argentina destacó que “la relevancia estratégica del extremo austral del continente es una perspectiva de Estado” y sostuvo que el país la mantiene públicamente “y en el marco de la defensa de sus derechos e intereses en relación con la Cuestión Malvinas, el Atlántico Sur y la Antártida”.

Esos espacios, remarcó, tienen una “creciente centralidad por sus recursos naturales estratégicos, por su rol en las rutas marítimas y las cadenas globales de suministro”.

Al mismo tiempo, el Gobierno argentino buscó poner en valor la relación bilateral y remarcó “el valor estratégico de la cooperación con Chile”.

“Nuestros países se reconocen mutuamente sus derechos antárticos, coadministran zonas especialmente protegidas, sostienen desde hace más de veinticinco años la Patrulla Antártica Naval Combinada y presentan de manera conjunta la propuesta de Área Marina Protegida en la Península Antártica Occidental y el Arco de Scotia meridional”, sostuvo la Cancillería.

En ese sentido, el Gobierno argentino reafirmó “su compromiso con la relación bilateral con Chile y con el tratamiento de todas las cuestiones de interés común por los canales institucionales establecidos entre ambos Gobiernos”.

La reacción argentina se produjo después de que el canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna, afirmara que la soberanía de su país sobre la totalidad del Estrecho de Magallanes “es indiscutible” y se encuentra fundada en los tratados de 1881 y 1984 suscriptos por ambos países.

El ministro de Exteriores de Chile había realizado además “un severo llamado” a las autoridades de otros países a ser responsables con sus declaraciones y había remarcado: “El Estrecho de Magallanes es indiscutiblemente chileno”.

Las declaraciones de Valverde habían generado críticas de parlamentarios chilenos y motivaron al Gobierno de ese país a anticipar el envío de una nota formal de protesta.

En tanto, el ministro del Interior de Chile, Claudio Alvarado, también había cuestionado los dichos del jefe militar argentino y sostuvo que “el Estrecho de Magallanes en su totalidad es indiscutiblemente chileno”.

La Cancillería argentina, sin embargo, evitó profundizar la controversia y centró su respuesta en ratificar el marco jurídico bilateral vigente y destacar los ámbitos de cooperación entre ambos países en el extremo sur del continente.

El Gobierno buscó este martes despegar a Javier Milei de Fernando Cerimedo, en medio de las derivaciones judiciales de la investigación que involucra al consultor en Bolivia, y volvió a rechazar una intervención directa del Estado frente al crecimiento de la morosidad de las familias. Durante una conferencia de prensa en Casa Rosada, el vocero Adrián Ravier aseguró que el Presidente hace tiempo que dejó de tener vínculo con Cerimedo y sostuvo que las dificultades para afrontar créditos deben resolverse mediante “acuerdos entre privados”.

“Javier Milei no tiene relación con Cerimedo desde 2023”, afirmó Ravier. El vocero reconoció que el consultor registró algunos ingresos durante la primera mitad de 2024, aunque aclaró que “no han sido con el Presidente”, y evitó pronunciarse sobre el fondo de las acusaciones que lo involucran. elDiarioAR reveló la semana pasada que Cerimedo ingresó hasta junio de aquel año al menos 13 veces, y la última fue autorizado por Santiago Caputo. “Este delito se cometió en Bolivia, si es que se cometió. Hay investigaciones al respecto y hay que dejar trabajar a la Justicia de ese país”, planteó.

Ravier sostuvo que Cerimedo tuvo un papel durante la campaña previa a 2023 y que durante la primera mitad de 2024 mantuvo reuniones que “terminaron con su salida del Gobierno en el rol que jugaba”. Es una formulación algo distinta de simplemente decir que Milei no tiene relación con él desde 2023, porque admite que Cerimedo continuó desempeñando algún tipo de rol durante los primeros meses de la gestión, aunque sin precisar cuál.

La segunda definición del vocero llegó alrededor de uno de los problemas económicos que comenzó a ganar espacio en la agenda del Gobierno: el aumento de la morosidad de las familias. Después de haber vinculado días atrás parte de los impagos con la compra de televisores para mirar el Mundial, Ravier relativizó aquella explicación y aseguró que se trataba solamente de “un ejemplo”.

“Hay otros factores que explican las moras”, admitió. Esta vez, el vocero desarrolló una explicación más amplia y atribuyó el fenómeno a la recuperación del crédito iniciada durante 2024 y, especialmente, al incremento posterior de las tasas de interés.

Según la interpretación oficial, durante la gestión de Alberto Fernández buena parte del crédito bancario estaba destinado a financiar al Estado y existían pocas líneas disponibles para familias y empresas. Ravier sostuvo que esa dinámica comenzó a modificarse con el equilibrio fiscal, la desaceleración de la inflación y la baja de las tasas durante el primer año de Milei. “Cuando vuelve el crédito aparecen moras”, resumió.

Pero el vocero introdujo además un responsable político para explicar por qué los problemas de pago comenzaron a hacerse más visibles durante 2025: el Congreso. Ravier ubicó el crecimiento de la morosidad “en concreto, con el ataque político, si se quiere, del Congreso”, al que acusó de haber votado “con mucha irresponsabilidad cantidad de proyectos de ley que no tenían un financiamiento claro”. Según explicó, esa situación “impactó sobre la demanda de dinero, impactó sobre el tipo de cambio, impactó sobre las tasas de interés” y, cuando estas últimas subieron, “llevó a que muchas familias no pudieran pagar los créditos”.

Frente a ese escenario, el Gobierno volvió a descartar una intervención estatal destinada a financiar una salida generalizada para los deudores. Ravier recordó que Milei considera que los créditos constituyen “acuerdos entre privados” y que deben ser renegociados entre quienes tomaron las deudas y las entidades que las otorgaron.

Ravier puso además parte de la responsabilidad sobre los propios bancos y las entidades financieras no bancarias, que, según señaló, otorgaron créditos “en algunos casos con tasas de interés elevadas” para cubrirse de los riesgos que asumían. En ese contexto, advirtió que una intervención estatal para resolver la situación “implicaría tomar recursos de una parte de la población para salvar a los bancos”. Y aprovechó el argumento para cuestionar a los sectores de izquierda: “Nos sorprende que desde la izquierda, que siempre cuestionan esto de salvar a los bancos o ayudar a los bancos, se esté promoviendo una medida” que, sostuvo, terminaría permitiéndoles recuperar el capital que prestaron a riesgo.

La respuesta que propone la Casa Rosada pasa, en cambio, por profundizar el programa de estabilización. Ravier aseguró que las tasas de interés, que ubicó alrededor del 50% a comienzos del año, se encuentran actualmente cerca del 25%, y sostuvo que esa reducción debería facilitar refinanciaciones a plazos más largos y costos menores. Sobre el proyecto que busca establecer un esquema para atender el endeudamiento de las familias, se limitó a señalar que “por ahora es un proyecto de ley que puede entrar al Congreso”, y dio a entender que La Libertad Avanza no acompañará los proyectos presentados por la oposición.

La conferencia también dejó una definición sobre Santiago Caputo y la reorganización de la comunicación oficial. Ravier buscó corregir cualquier interpretación acerca de un desplazamiento general del asesor. Reveló que se reunió con Caputo ayer para preparar temas vinculados con la propia conferencia de prensa y sostuvo que sigue participando de la comunicación. Además, lo definió como una persona “central” para Milei, tanto por su tarea de asesoramiento como por la amistad que mantienen, y ratificó su intervención en el diseño de la estrategia política del Gobierno.

2027

Ravier también comenzó a delinear la estrategia electoral de La Libertad Avanza hacia 2027. Frente a la posibilidad de que el oficialismo relegue sus construcciones provinciales para priorizar las chances de reelección de Milei, aseguró que el partido pretende jugar electoralmente en los 24 distritos, aunque dejó abierta la forma que adoptará esa participación.

“Habrá que definir caso por caso qué rol jugará, si es con candidatos propios, si es negociando con otros partidos”, explicó. La definición supone que la Casa Rosada no descarta acuerdos con fuerzas provinciales allí donde una candidatura libertaria pueda entrar en tensión con la estrategia nacional.

En ese marco, Ravier reconoció que las conversaciones que mantiene el jefe de Gabinete, Diego Santilli, con gobernadores y representantes provinciales no se limitan a conseguir respaldos para los proyectos que el Ejecutivo necesita aprobar en el Congreso. Según admitió, esos vínculos también pueden terminar proyectándose sobre el armado electoral. “Santilli está permanentemente en reunión con las provincias o sus representantes y eso eventualmente va a tener un resultado para la campaña, para las listas, para el escenario electoral”, afirmó.

El Gobierno parte, de todos modos, de un escenario de fuerte optimismo respecto de las posibilidades de Milei. Ravier contrapuso la situación económica actual con la que recibió el libertario en diciembre de 2023, y aseguró que la economía crece actualmente al 3%, con una proyección similar para el próximo año. Sobre esa base, sostuvo que una mayoría de los argentinos no querrá “volver atrás” en las próximas elecciones y utilizó una expresión particularmente explícita para describir la evaluación electoral que realiza la Casa Rosada: “Pensamos que el riesgo kuka es mínimo”.

PL

La Cámara de Diputados vuelve a sesionar este miércoles 26 de agosto con la convocatoria del oficialismo, pero la oposición prepara una maniobra paralela: solicitar un apartamiento del reglamento para votar el emplazamiento de las comisiones que tienen cajoneados los proyectos vinculados al endeudamiento familiar. El mecanismo, que requiere el respaldo de 129 diputados, obligaría a esos cuerpos a dictaminar en un plazo determinado y habilitaría así el tratamiento en el recinto de una agenda que el bloque libertario evita discutir desde hace meses.

La iniciativa es impulsada por ocho bloques —Unión por la Patria, Provincias Unidas, Encuentro Federal, Coalición Cívica, Frente de Izquierda, Innovación Federal, Defendamos Córdoba y Primero San Luis— que además buscan sumar a ese temario la prórroga de la emergencia en discapacidad, vigente hasta fin de este año, hasta el 31 de diciembre de 2027. Las comisiones de Discapacidad, Salud y Presupuesto y Hacienda, las tres presididas por diputados de La Libertad Avanza, son las que mantienen sin dictamen a más de treinta proyectos sobre morosidad familiar.

Los números que sostienen el reclamo opositor describen un cuadro de deterioro sostenido. Según datos del Banco Central correspondientes a mayo de este año, la mora de las familias en el sistema bancario llegó al 12,8%, mientras que en el segmento no bancario la irregularidad trepa al 28,7%, con picos de 34,1 por ciento en préstamos personales y 19,4 por ciento en tarjetas de crédito. A esas cifras se suman las del Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas (IETSE), que calculó en casi seis millones la cantidad de personas en situación de mora o atraso grave, con el 92,3 por ciento de los hogares argentinos sosteniendo algún tipo de deuda y un 44 por ciento que destina más de la mitad de sus ingresos mensuales a pagar obligaciones.

El Gobierno, sin embargo, mantiene su lectura de que el fenómeno no constituye una crisis. En la reunión de gabinete del lunes, Javier Milei sostuvo que los indicadores de morosidad comenzaron a revertirse y volvió a descartar cualquier corrección en la política económica: “Al populismo no se le gana con más populismo”, repitió, al tiempo que argumentó que un cambio de rumbo pondría en riesgo la credibilidad construida hasta ahora. El mandatario había minimizado semanas atrás el fenómeno atribuyéndolo al consumo asociado al Mundial, al señalar que “se compraron televisores para ver el Mundial y después veían si pagaban o no”, una frase que la oposición recuperó como sinónimo de la distancia oficial respecto del problema.

Desde el arco opositor, el diputado de Unión por la Patria Itai Hagman planteó que el Estado debería obligar a una reestructuración de las deudas sin comprometer recursos públicos, y cuestionó tasas de financiamiento que, dijo, llegan a un rango de entre 300 y 500 por ciento anual frente a una inflación que ronda el 30 por ciento. La propuesta resume el eje que la oposición intentará instalar en el recinto: que la discusión no pase por un rescate estatal sino por límites regulatorios a las condiciones de crédito que hoy pagan los hogares endeudados.

El resultado de la maniobra es incierto. Los bloques que impulsan el emplazamiento reconocían estar “más cerca del número” necesario, pero todavía sin confirmarlo, en un Congreso donde la disputa por el temario de cada sesión se volvió un ejercicio recurrente entre el oficialismo, que prioriza los proyectos del Ejecutivo, y una oposición que intenta capitalizar un malestar social que empieza a proyectarse sobre la campaña legislativa de 2027.

Con información de agencia NA

El buque VS Promise, dedicado al transporte de crudo y registrado bajo bandera británica, amarró en el muelle comercial del Puerto de Ushuaia tras realizar operaciones de carga en la terminal de Río Cullen, en el norte de Tierra del Fuego. La embarcación tiene 228 metros de eslora y capacidad para más de 500.000 barriles de petróleo.

La presencia del buque no es un hecho menor: la Ley Provincial 852, conocida como Ley Gaucho Rivero, prohíbe desde 2011 la permanencia, el amarre y el abastecimiento de barcos con bandera británica en puertos fueguinos, en rechazo a la ocupación del Reino Unido sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur.

En este contexto, el gobierno de Gustavo Melella rechazó “enérgicamente la operación de un buque petrolero de bandera del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en el Puerto de Ushuaia, actualmente sustraído de la administración provincial como consecuencia de la intervención dispuesta por el Gobierno nacional a través de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), cuya legalidad ha sido cuestionada por la Provincia ante la Justicia”. Además, anunció que presentará una denuncia formal y apuntó el Gobierno nacional: “Resulta inadmisible que, mientras el Reino Unido mantiene la ocupación ilegítima de una parte integrante del territorio de Tierra del Fuego —las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes—, una embarcación de bandera británica opere en el puerto de la capital de la Provincia a la que esos territorios pertenecen conforme a la Constitución Nacional y a la Constitución Provincial”, remarca el comunicado de la administración fueguina.

El puerto de Ushuaia se encuentra intervenido por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) desde enero, una medida que el Gobierno nacional justificó por su carácter “estratégico” y la necesidad de resguardar la soberanía en el Atlántico Sur. La provincia cuestionó la legalidad de esa intervención y la judicializó.

El episodio ocurre en un contexto donde Tierra del Fuego busca reforzar su rol estratégico en el Atlántico Sur y en la disputa por la soberanía de las Malvinas. La provincia advirtió que no permanecerá “indiferente” ante decisiones del Gobierno nacional que comprometan sus competencias y recursos, y convocó a fuerzas políticas y a la ciudadanía a defender el carácter estratégico del puerto.

Además, funcionarios provinciales investigan qué empresa contrató al petrolero para operar en la zona, dado que el buque realizó maniobras de carga de crudo en instalaciones utilizadas por el consorcio encabezado por TotalEnergies.

La presencia del VS Promise reactivó una tensión histórica: la convivencia entre la política nacional hacia el Atlántico Sur y las normas provinciales que buscan marcar una posición firme frente a la ocupación británica. El amarre del buque británico en Ushuaia, a metros del memorial a los caídos en la guerra de 1982, expuso una grieta entre Nación y la provincia fueguina en torno a la soberanía, el control portuario, el petróleo y el poder político.

El comunicado completo del gobierno de Tierra del Fuego

El Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur repudia y rechaza enérgicamente la operación de un buque petrolero de bandera del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en el Puerto de Ushuaia, actualmente sustraído de la administración provincial como consecuencia de la intervención dispuesta por el Gobierno nacional a través de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), cuya legalidad ha sido cuestionada por la Provincia ante la Justicia.

Resulta inadmisible que, mientras el Reino Unido mantiene la ocupación ilegítima de una parte integrante del territorio de Tierra del Fuego —las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes—, una embarcación de bandera británica opere en el puerto de la capital de la Provincia a la que esos territorios pertenecen conforme a la Constitución Nacional y a la Constitución Provincial.

La gravedad del hecho resulta aún mayor por las circunstancias en que se produce. El Gobierno nacional pretendió justificar la intervención del Puerto de Ushuaia invocando, precisamente, su carácter de activo estratégico y la necesidad de resguardar la soberanía y los intereses nacionales en el Atlántico Sur. Hoy, los hechos dejan al descubierto la contradicción entre aquel argumento y la gestión que el Gobierno Nacional lleva adelante una vez desplazadas las autoridades provinciales.

En suma, se intervino el puerto invocando razones de soberanía y, una vez intervenido, se adoptan decisiones incompatibles con la sensibilidad soberana que exige nuestro territorio y el puerto de Ushuaia en particular.

Ushuaia constituye un punto estratégico de primer orden para la Argentina: por su ubicación, por su proyección sobre el Atlántico Sur y por su condición de puerta de entrada a la Antártida, ocupa un lugar central en la defensa de nuestros intereses soberanos y en la presencia argentina en el extremo austral. Las decisiones que se adopten respecto de su puerto no pueden desentenderse de esa realidad geográfica, constitucional y geopolítica.

La defensa de los derechos soberanos argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes no admite dobles discursos ni contradicciones. Constituye un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino, consagrado en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, y un mandato esencial para todo el pueblo argentino en general y para las autoridades de Tierra del Fuego conforme a la Constitución Provincial, en particular.

Por ello, el Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur:

Reclama al Gobierno nacional que informe de manera inmediata y pública bajo qué criterios políticos, estratégicos y administrativos se autorizó la operación de una embarcación de bandera de la potencia que ocupa ilegalmente parte del territorio provincial en el Puerto de Ushuaia.

Exige el cese de la intervención y la inmediata restitución a la Provincia de la administración de su puerto, sin perjuicio de las acciones judiciales ya promovidas contra una medida que consideramos ilegítima y lesiva de la autonomía provincial.

Advierte que Tierra del Fuego no permanecerá indiferente frente a decisiones adoptadas unilateralmente desde el poder central que comprometan sus competencias, sus recursos y los intereses estratégicos argentinos en el Atlántico Sur.

Convoca a todos los poderes públicos, fuerzas políticas y a la ciudadanía a defender el carácter estratégico del Puerto de Ushuaia y a impedir que la defensa de la soberanía nacional sea reducida a una mera declaración retórica.

La Provincia continuará defendiendo, por todos los medios institucionales a su alcance, sus competencias y los derechos soberanos de la República Argentina en el Atlántico Sur.

La soberanía se ejerce en todos los ámbitos posibles y no se defiende desplazando a Tierra del Fuego del control de su puerto estratégico para después administrarlo de espaldas a los intereses soberanos que se invocaron para intervenirlo.

Por primera vez desde que desde que asumió al frente de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Cristian Auguadra deberá atravesar este martes una instancia de control parlamentario. El funcionario se presentará a las 15 ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia para responder preguntas sobre el funcionamiento del organismo, el nuevo esquema diseñado por el Gobierno y, especialmente, los alcances del decreto con el que Javier Milei volvió a reformular el sistema de inteligencia a fines del año pasado. La reunión será reservada, como establece la dinámica habitual de la comisión.

La visita tiene, sin embargo, una dimensión política que excede el contenido de las explicaciones que pueda brindar Auguadra. Será también el primer examen importante de la Bicameral desde que Sebastián Pareja, uno de los principales dirigentes del esquema político de Karina Milei, asumió formalmente su conducción hace poco más de un mes. Del otro lado de la mesa estará un funcionario que responde a Santiago Caputo, quien conserva el control político de la SIDE pese a los sucesivos movimientos dentro del Gobierno que durante los últimos meses redujeron su influencia sobre otras áreas.

La escena ofrece así una fotografía poco habitual de la interna oficialista: un hombre de Karina Milei estará al frente del organismo encargado de controlar al área más sensible que todavía permanece bajo la influencia directa de Caputo. Pareja ya hizo llegar a la SIDE las preguntas preparadas por los integrantes de la comisión y la expectativa en el Congreso es que el encuentro permita empezar a ordenar una agenda de trabajo que hasta ahora acumuló más interrogantes que respuestas.

La citación había sido acordada el 14 de julio, durante la primera reunión de la comisión encabezada por Pareja. Entonces, los legisladores resolvieron convocar al denominado “Señor 5” para fines de agosto. Auguadra nunca había concurrido al Congreso desde que reemplazó a Sergio Neiffert en diciembre de 2025 —aunque recientemente se lo vio en una reunión de la Fundación Faro, el think tank libertario—, pese a que durante esos meses la SIDE atravesó una nueva reforma normativa, modificaciones internas y un incremento sustancial de sus recursos.

Uno de los principales capítulos de la reunión será el DNU 941/2025, firmado por Milei el 31 de diciembre y publicado los primeros días de enero. La norma modificó nuevamente la Ley de Inteligencia Nacional y reorganizó el sistema creado después de la disolución de la Agencia Federal de Inteligencia. Entre sus puntos más controvertidos incorporó la posibilidad de que agentes de inteligencia puedan aprehender personas ante situaciones de flagrancia o por requerimiento judicial, una atribución cuestionada por sectores de la oposición y especialistas por considerar que desdibuja la frontera entre las tareas de inteligencia y las funciones propias de las fuerzas de seguridad.

Auguadra deberá explicar además cómo se articula la SIDE con las estructuras de inteligencia dependientes de Seguridad y Defensa, otro de los puntos sensibles abiertos por la reforma. La cuestión había aparecido ya durante la reunión de julio, cuando el diputado del PRO Cristian Ritondo planteó conocer más acerca del traspado del la inteligencia militar a la órbita del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.

PIN

Pero buena parte de la presión opositora estará concentrada en otro documento: el Plan de Inteligencia Nacional (PIN). Los diputados de Unión por la Patria remitieron 121 preguntas a Auguadra, muchas de ellas relacionadas con ese programa y con las facultades incorporadas por el DNU de enero. El tema arrastra, además, una discusión que comenzó durante la composición anterior de la Bicameral y que obligó a la propia SIDE a revisar parte de su planificación.

El primer PIN había sido elaborado durante la gestión de Neiffert y provocó fuertes cuestionamientos después de que se conocieran algunos de sus objetivos. El documento contemplaba la posibilidad de “producir información” sobre “actores estratégicos” que buscaran “erosionar el sistema financiero” o provocar una “pérdida de confianza” en las políticas económicas del Gobierno. También incluía entre sus objetivos a quienes difundieran deliberadamente información falsa para “influir o manipular” la opinión pública y a aquellos actores o circunstancias capaces de obstaculizar el relacionamiento estratégico de la Argentina con Estados Unidos.

La amplitud de esas definiciones encendió las alarmas dentro de la oposición y entre organizaciones especializadas en derechos humanos. El principal interrogante era quién podía quedar comprendido bajo la categoría de “actor estratégico”: con una formulación tan abierta, advertían entonces integrantes de la Bicameral, un periodista, un economista crítico, un dirigente opositor o un referente social podía terminar convertido en objetivo de tareas de inteligencia por cuestionar la política económica o intervenir en la discusión pública, pese a que la Ley de Inteligencia prohíbe expresamente el espionaje basado en opiniones políticas, actividad lícita o pertenencia partidaria.

La Bicameral, que entonces presidía el radical Martín Lousteau, plasmó esas objeciones en un dictamen crítico y reclamó modificaciones. La advertencia tuvo consecuencias: dos meses después, según pudo saber elDiarioAR, Neiffert presentó una nueva versión del PIN que eliminó algunos de los puntos que habían generado mayor controversia.

La nueva redacción buscó desplazar el foco desde personas o grupos determinados hacia conductas, procesos y campañas originadas fuera del territorio nacional, una modificación que dentro de la comisión fue interpretada como un intento por cerrar la puerta que la primera versión había dejado abierta al espionaje político. Sin embargo, el cambio no terminó de clausurar la discusión. La oposición quiere saber ahora qué versión del PIN se encuentra efectivamente en ejecución, cómo fueron traducidos sus objetivos generales en directivas operativas y qué ocurrió con las observaciones formuladas por la anterior Bicameral.

Pedidos de informe

Pareja deberá administrar esas discusiones desde una posición parlamentariamente favorable al Gobierno. De los 14 integrantes que debería tener la comisión, La Libertad Avanza controla cinco lugares, tres correspondientes a Diputados y dos al Senado. A ellos se suman cuatro legisladores que habitualmente funcionan como aliados: Ritondo y Martín Goerling, del PRO; Maximiliano Abad, de la UCR; y Edith Terenzi, de Provincias Unidas.

El peronismo tiene como representantes en Diputados a Agustín Rossi, Rodolfo Tailhade y Ramiro Gutiérrez, además de la senadora jujeña Carolina Moisés. Una silla permanece vacante por la decisión de un sector del kirchnerismo de no integrar las comisiones del Senado como protesta por el reparto de lugares acordado entre el oficialismo que conduce Patricia Bullrich y sus aliados.

Esa relación de fuerzas le garantiza a Pareja un margen considerable para conducir la comisión, aunque no necesariamente para evitar los cuestionamientos. De hecho, en su primera reunión al frente de la Bicameral se aprobaron pedidos de información impulsados desde diferentes sectores políticos, una señal de que el nuevo control oficialista del cuerpo no supone que la SIDE vaya a quedar completamente aislada de las preguntas de la oposición.

Tailhade presentó entonces dos pedidos de informes. Uno apunta al equipamiento de inteligencia secuestrado judicialmente en la investigación contra Facundo Leal, expresidente de ARSAT durante las administraciones de Alberto Fernández y Milei, acusado por presuntas irregularidades vinculadas con contrataciones del organismo. El diputado busca determinar el origen y destino de esos equipos y si pudieron haber sido utilizados para tareas de espionaje.

El segundo está relacionado con la situación de Miguel Gómez Goldin, designado como director de Coordinación del Subsistema de Inteligencia Criminal dentro de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DNIC), que depende del Ministerio de Seguridad. La oposición reclama precisiones sobre una designación que todavía no fue formalizada mediante su publicación en el Boletín Oficial, según publicó elDiarioAR.

El interrogatorio a Auguadra se producirá, además, pocas semanas después de que la SIDE recibiera otra fuerte ampliación de recursos. El DNU 594/2026 incorporó $49.261 millones adicionales al organismo, sobre los $97.135 millones contemplados originalmente para 2026. Con la modificación, el presupuesto de Inteligencia quedó por encima de los $146.000 millones, además de una ampliación de partidas destinadas a gastos reservados.

El aumento volvió a colocar el manejo de los fondos de inteligencia en el centro de la discusión política, después de la controversia que había generado en 2024 el otorgamiento de $100.000 millones en gastos reservados mediante el DNU 656. Aquella norma terminó rechazada por el Congreso y obligó posteriormente a la SIDE a devolver buena parte de los recursos que no habían sido utilizados.

PL/CRM

“NUEVAYoL” de Bad Bunny es la música que eligieron en un video para promocionarse los organizadores de la Gala Hispanic Heritage, un evento en Washigton el próximo 14 de octubre donde Javier Milei aparece como “invitado de honor”. Pero un detalle de la pieza audiovisual puede resultar incómodo para el Presidente, cuya participación sigue aún confirmada, según supo elDiarioAR por estas horas de parte de uno de los organizadores: aparece Fernando Cerimedo, el ahora exasesor mileísta detenido en Bolivia acusado de mandar a matar a su pareja Nadia Beller.

Cerimedo aparece en un video que registra la edición del evento del 10 de febrero pasado en Mar-a-Lago, el club privado de Donald Trump, donde fue galardonado como “consultor del año”. Allí Milei estaba invitado pero no fue. Imágenes de esa noche lo muestran junto a Javier Negre, su socio hasta días atrás de La Derecha Diario y parte organizador del evento que busca hacer campaña por el trumpismo en la comunidad hispánica norteamericana. El Presidente aparece junto al republicano en carteles pintados de colores dentro del salón.

En la misma web donde está el video y aparece la cara de Milei como “invitado de honor”, cualquier persona puede reservar su asiento a la gala. En la edición anterior, los asientos VIP costaban unos US$10.000. La Gala Hispanic Heritage está organizada por Latino Wall Street, la plataforma financiera que fundaron Gabriela Berrospi —conocida en redes como GabyWallStreet— y su esposo Tony Delgado, la misma dupla que montó la gala de Mar-a-Lago en febrero.

El sitio hispanicheritagegala.org presenta el encuentro del 14 de octubre como “The Official Hispanic Heritage Gala”: en el marco del Mes de la Herencia Hispana, promete reunir en Washington DC a “líderes distinguidos de gobierno, diplomacia, negocios, filantropía y sociedad civil” para una “celebración formal del logro y el servicio hispano a Estados Unidos”. El acceso es solo por invitación, al que accedió este medio, y exige código de etiqueta formal (“black tie”). La misma página exhibe la foto de Milei saludando, escoltado por seguridad, bajo el título “Guest of Honor” (“invitado de honor”), y usa una batería de cifras para justificar el interés político y comercial del evento: calcula a la comunidad hispana en más de 68 millones de personas en Estados Unidos, con más de 4 billones de dólares de producción económica, responsable —dice— de más de la mitad del crecimiento poblacional del país, con negocios que crecen “al doble” del promedio nacional.

En la sección de “eventos anteriores” (“Our Past Events”), la misma web exhibe fotos de la Hispanic Prosperity Gala de Mar-a-Lago del 10 de febrero, con Berrospi, Delgado y su equipo posando frente a un cartel repleto de logos de auspiciantes —entre ellos, el propio Latino Wall Street— y otra imagen de la ceremonia de premiación de esa noche. Es en ese material de archivo, reciclado ahora para promocionar la cita de octubre, donde reaparece la figura de Cerimedo.

Las conexiones norteamericanas de Cerimedo

El armado detrás de esa gala no es un hecho aislado: forma parte de una red de vínculos que Cerimedo tejió en Estados Unidos en los últimos años, en paralelo a su trabajo como asesor de Milei, Jair Bolsonaro, José Antonio Kast, Rodrigo Paz y Nasry Asfura.

El nodo corporativo de esa red está en Miami. El 24 de mayo de 2023, en pleno desarrollo de la campaña presidencial argentina, Cerimedo constituyó en Florida la firma Numen Advisors LLC, con domicilio en North Miami. Tres meses después, el 4 de septiembre de ese año, firmó como CEO de Numen un memorando con Damián Merlo, socio gerente de la consultora miamense Latin America Advisory Group (LAAG), registrado bajo la ley FARA. El contrato comprometía a LAAG a gestionar prensa, contactar legisladores del sur de Florida y abrir puertas en think tanks como Heritage Foundation, CSIS, el Council on Foreign Relations y el Atlantic Council, según reveló en detalles el diario La Jornada de México. Los expedientes documentan contactos con el hoy secretario de Estado Marco Rubio y la congresista María Elvira Salazar —incluido un encuentro en Mar-a-Lago facilitado por Brad Parscale—, con el congresista Mario Díaz-Balart, con el subsecretario de Estado Christopher Landau, con la funcionaria Ana Quintana, con Joseph Humire del Departamento de Defensa y con Mauricio Claver-Carone, enviado especial de Trump para América Latina.

El propio Parscale, exjefe de campaña digital de Trump, es otro socio de peso: dirige Campaign Nucleus, la herramienta de microsegmentación electoral de la que Cerimedo fue nombrado representante para América Latina en 2025, y Clock Tower X LLC, registrada como agente extranjero de Israel. Cerimedo ofició además de nexo entre Parscale y el consultor Darío Epstein para un proyecto de centros de datos de IA en Argentina que terminó cayéndose.

A esa lista se suman Dick Morris, el histórico estratega republicano que formó a Cerimedo en su academia de consultores y facilitó el mensaje de apoyo de Trump al candidato hondureño Nasry Asfura en 2025, y Roger Stone, el operador trumpista indultado por Trump que trabajó junto a Cerimedo en esa misma campaña.

Negre, hasta ahora socio de Cerimedo en La Derecha Diario, tiene acceso reportado a la Casa Blanca y aparece vinculado con distinto grado de cercanía a figuras como Steve Bannon, el periodista Jack Posobiec, la secretaria de prensa Karoline Leavitt y la exprimera ministra británica Liz Truss.

Fuera de Estados Unidos pero dentro del mismo entramado aparece el magnate mexicano Ricardo Salinas Pliego, señalado como socio o financista de La Derecha Diario en México y vinculado públicamente con Cerimedo por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Un último dato ayuda a entender el patrón de fabulación que rodea al personaje: Cerimedo afirmó alguna vez haber trabajado en la campaña de Barack Obama y en la Casa Blanca, tener un posgrado de Harvard y un doctorado de la Universidad de Phoenix, y haber entrenado con los Navy SEALs. Ninguna de esas afirmaciones pudo ser confirmada por medios especializados en chequeo de información como la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

Javier Milei puso este lunes la discusión sobre la morosidad en el centro de la reunión de gabinete y buscó fijar una posición frente a uno de los indicadores que comenzaron a alimentar las dudas sobre la situación económica. Ante sus ministros, el Presidente sostuvo que los números no muestran una situación de crisis, aseguró que el incremento de los atrasos comenzó a revertirse y ratificó que no modificará el rumbo económico para intentar estimular la actividad. “Al populismo no se le gana con más populismo”, planteó.

El tema ocupó una parte importante del encuentro que Milei encabezó desde pasadas las 10 en la Casa Rosada, el primero con todo su gabinete desde el 9 de julio. Según reconstruyeron fuentes oficiales, los funcionarios realizaron un análisis de las principales variables económicas y se detuvieron especialmente en la evolución de la mora, después de que el endeudamiento de las familias y las dificultades para afrontar créditos comenzaran a ganar espacio en la discusión pública.

La conclusión que transmitió el Gobierno fue que los indicadores actuales no permiten hablar de una crisis. En el gabinete sostuvieron además que el incremento de la morosidad registrado durante los últimos meses comenzó a revertirse y que los datos más recientes muestran una tendencia descendente. La lectura oficial apunta así a presentar el fenómeno como un “deterioro transitorio” antes que como el síntoma de un problema más profundo en la capacidad de pago de hogares y empresas.

Frente al diagnóstico oficial, otros relevamientos describen un escenario bastante más crítico, aunque miden un universo más amplio que el de los créditos registrados por el sistema financiero. Casi 6 millones de personas en Argentina se encuentran actualmente en situación de mora o atraso grave en el pago de sus deudas. Según un informe del Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas (IETSE), realizado en las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, el 92,3% de los hogares registra algún tipo de deuda y el 28,4% de los hogares endeudados acumula más de tres obligaciones. Esa última cifra era del 23,5% en marzo y del 12% en mayo de 2025.

El dato más delicado aparece en la capacidad de pago. De acuerdo con el mismo estudio, el 88,9% de las obligaciones relevadas se encuentra impaga o en situación de incumplimiento y apenas el 11,1% permanece en condición regular. El 41,3% ya ingresó además en instancia judicial. La presión de las deudas sobre los ingresos también aumentó: el 44% de los hogares destina más de la mitad de lo que gana mensualmente al pago de obligaciones, frente al 38% que se encontraba en esa situación en marzo.

El relevamiento aporta además un elemento que ayuda a explicar la distancia entre esos números y las estadísticas del sistema financiero utilizadas por el Gobierno. El 49,3% de las obligaciones detectadas queda fuera de los registros tradicionales del Banco Central, ya que incluye atrasos de alquileres, impuestos y servicios, fiado en comercios, préstamos informales y otros compromisos. El endeudamiento también se desplazó hacia consumos básicos: según el IETSE, el 62,5% del uso de las tarjetas de crédito se destina actualmente a la compra de alimentos.

La mirada libertaria

El diagnóstico de Milei estuvo acompañado por una discusión sobre las posibles respuestas. Milei y sus ministros repasaron las medidas que el Ejecutivo viene implementando para mejorar las condiciones de financiamiento y mencionaron entre ellas la reducción de la inflación y del riesgo país. También analizaron las conversaciones con distintos actores del sector financiero para renegociar las tasas y extender los plazos, con la intención de reducir la presión sobre quienes acumularon deudas.

La decisión política, sin embargo, es no responder al problema con medidas que impliquen alterar el programa económico. Milei insistió ante sus ministros en que “al populismo no se le gana con más populismo” y aseguró que no piensa abandonar las ideas que guiaron su gestión para obtener un beneficio electoral. Según fuentes oficiales, sostuvo que “para ganar no se hacen trampas” y que no va a “traicionar” sus convicciones en busca de mejores resultados en las elecciones de 2027.

El argumento utilizado por el Presidente fue también el de la credibilidad. Milei planteó que construirla demandó buena parte de su gestión y que un cambio en las políticas que el Gobierno viene aplicando podría hacerla desaparecer rápidamente. La respuesta frente a las señales de enfriamiento económico será, por lo tanto, intentar corregir problemas específicos sin modificar el esquema general que la Casa Rosada atribuye a la desaceleración de la inflación y al equilibrio fiscal.

Pero la discusión no quedó limitada a los números. Durante la reunión, Milei y sus ministros analizaron también el impacto político que está adquiriendo el debate sobre la situación económica y apuntaron contra los discursos que, según la interpretación oficial, buscan generar “incertidumbre y temor” tanto en la sociedad como en los mercados.

“Efecto mundial”

No es la primera vez que Milei intenta convertir la discusión sobre la morosidad en una disputa política. Apenas tres días antes de la reunión de gabinete, durante su discurso por el 142° aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario, había rechazado que los problemas para afrontar créditos pudieran atribuirse a las políticas de su administración. “El efecto mundial. Si ustedes se fijan, una de las cosas que genera los problemas de créditos, ¿qué pasa? Vino el mundial, ¿saben qué hicieron muchos? Iban a cadenas de venta de electrodomésticos, ¿y qué hacían? Se llevaban televisores para el mundial”, dijo Milei.

“No hay elementos para culpar a la política del Gobierno por el tema morosidad”, afirmó entonces. Milei sostuvo que los indicadores argentinos no resultaban particularmente diferentes de los registrados en otros países y comparó la situación local con Estados Unidos, Chile y Brasil. “Entonces la pregunta es: ¿por qué tanto ruido?”, planteó.

La respuesta que ofreció entonces fue similar a la que atravesó este lunes la discusión dentro del gabinete. Milei considera que el debate económico ya quedó incorporado a la campaña presidencial de 2027. “Las elecciones son el año que viene, la campaña ya empezó”, había advertido en Rosario.

El Presidente fue todavía más lejos y atribuyó la instalación del debate sobre la morosidad a una estrategia para perjudicar al Gobierno. “Quieren retener el status quo prebendario y corrupto”, afirmó. Según su interpretación, el objetivo es generar “todo el ruido y todas las distorsiones posibles” para conseguir que aumente el riesgo país y frenar de esa manera la expansión de la economía.

En aquel discurso también cuestionó la movilización encabezada días antes por la CGT, organizaciones de izquierda y movimientos sociales contra las altas tasas de interés y el endeudamiento. “Me pregunto si quieren salvar a los bancos que están tan preocupados con la morosidad”, ironizó.

PL/MC

El exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentará una prórroga para responder el requerimiento del fiscal Gerardo Pollicita con las 20 dudas sobre las inconsistencias en la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.

El abogado del exfuncionario mileísta pedirá extender el plazo de 15 días que la Justicia le otorgó para entregar la documentación sobre su situación patrimonial.

Dicho lapso vencerá el próximo miércoles 26 de agosto. Sin embargo, adelantaron que el fiscal podría darle 15 días más para que responda las incongruencias que surgieron en la investigación. Luego, definirá si Adorni será citado a indagatoria o no.

Pollicita remarcó que “los incrementos, adquisiciones y desembolsos reconstruidos que, confrontados con los ingresos lícitos comprobados del grupo familiar, no encuentran hasta el momento explicación suficiente”.

En la investigación, el fiscal señaló que Adorni percibió 35 haberes durante el tiempo que se mantuvo en el cargo como jefe de Gabinete, que junto con los ingresos de su esposa Bettina Angeletti suman un patrimonio de $229.752.283,20. Sin embargo, los gastos del grupo familiar registrados en el mismo período fueron de $272.820.832,20, una diferencia de $43.068.549.

Además, se suman gastos en dólares por US$ 402.578,12, que para el fiscal “no encuentran correlato en los ingresos lícitos comprobados”.

También pide que responda sobre los préstamos recibidos por sus familiares Silvia Pais y Norma Zuccolo, la compra de un auto y los gastos en el inmueble en el country Indio Cuá.

Con información de agencia NA

La Libertad Avanza buscará sesionar este jueves en el Senado para aprobar unos 70 pliegos judiciales, entre los que se encuentran las designaciones de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola para la Cámara Federal porteña, un tribunal que deberá intervenir en causas sensibles para el Gobierno.

Para concretar la sesión, el oficialismo deberá convencer a sus aliados de avanzar con una convocatoria destinada exclusivamente a tratar los pliegos judiciales y tratados internacionales, mientras los bloques dialoguistas reclaman incorporar proyectos propios a la agenda.

La definición se tomará en la reunión de Labor Parlamentaria convocada para el miércoles 26 a las 14, donde la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, intentará convencer a los distintos sectores de avanzar con la sesión del jueves.

Como parte de la negociación con los aliados, durante esta semana continuará el debate en comisión del proyecto sobre mercado voluntario de carbono, impulsado por las senadoras salteñas Flavia Royón y Sonia Rojas Decut, y se abrirá el análisis de una iniciativa del senador radical Eduardo “Peteco” Vischi sobre un Régimen de Inversiones Relevantes, pensado como complemento del RIGI para medianas empresas.

Los pliegos judiciales

Una de las principales prioridades del Gobierno es conseguir la aprobación de los pliegos de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, postulados para ocupar cargos en la Sala I de la Cámara Federal en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.

La integración de esa sala es considerada estratégica porque tendrá intervención en la revisión de resoluciones de los tribunales de Comodoro Py vinculadas con delitos económicos, corrupción, lavado de dinero y otras investigaciones de alto impacto institucional.

Entre las causas que podrían llegar a esa instancia se encuentra la causa denominada caso $LIBRA, en la que están investigados el presidente Javier Milei, y su hermana Karina Milei.

La Sala I también deberá intervenir en expedientes relacionados con denuncias por presuntos sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad y otras investigaciones que involucran a funcionarios y exfuncionarios.

Bertuzzi y Yadarola, con el camino despejado

Bertuzzi, quien actualmente integra la Cámara Federal porteña, se presentó al concurso convocado por el Consejo de la Magistratura para cubrir de manera definitiva el cargo que ocupa.

Junto con Pablo Bruglia, Bertuzzi había sido trasladado en 2018 por el entonces presidente Mauricio Macri a la estratégica Sala I de la Cámara Federal. La decisión fue cuestionada por el kirchnerismo y posteriormente generó un conflicto institucional en torno a la permanencia de ambos magistrados en esos cargos.

Por su parte, Pablo Yadarola es juez del fuero Penal Económico y también integró la terna seleccionada por el Consejo de la Magistratura antes de ser elegido por el Poder Ejecutivo para ocupar una de las vacantes.

Yadarola fue además uno de los magistrados que participó del viaje a Lago Escondido junto al actual ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y otros jueces y funcionarios judiciales.

El viaje a la estancia del empresario Joe Lewis, en la Patagonia, generó un fuerte escándalo político y judicial a partir de la participación de empresarios y funcionarios vinculados con distintas causas. También se busca aprobar la postulación de Agustín Rubiero, actual fiscal adjunto de la Ciudad de Buenos Aires y miembro del Tribunal de Apelaciones de la AFA desde 2021.

En la lista de pliegos figuran Facundo Cortés Olmedo y María Soledad Mancini, postulados para Salas de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba.

Javier Milei volvió este lunes a la Casa Rosada después de 23 días y lo hizo para encontrarse con un problema que había quedado pendiente desde antes de su ausencia: cómo conseguir los votos que el Gobierno necesita en el Congreso. Pasadas las 10, el Presidente reunió a sus ministros por primera vez en un mes y medio, en el comienzo de una semana en la que el oficialismo buscará aprobar dos de las iniciativas que considera centrales para esta etapa de la gestión y evitar que se repita el traspié que sufrió con la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

La última vez que Milei había encabezado una reunión de gabinete había sido el 9 de julio, después del Tedeum por el Día de la Independencia en la Catedral Metropolitana. Desde entonces, la dinámica presidencial se trasladó casi completamente fuera de Balcarce 50: viajes al exterior, encuentros privados en la Quinta de Olivos y, durante la última semana, una sucesión de discursos públicos. Este lunes, cuando llegó a su despacho pasadas las 9.20, llevaba más de tres semanas sin pisar la sede del Poder Ejecutivo.

El regreso coincidió con un momento en el que la Casa Rosada necesita volver a concentrar esfuerzos en la política doméstica. El miércoles, Diputados debatirá la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la nueva versión de la Ley de Inocencia Fiscal, dos proyectos que Milei considera piezas fundamentales para blindar algunos de los principios económicos de su gestión, en momentos donde la opinión pública alerta acerca del parate de la actividad. La prioridad que adquirieron ambas iniciativas fue suficiente incluso para postergar las conversaciones que Diego Santilli venía manteniendo con gobernadores y sectores de la oposición por la suspensión de las PASO.

Esta mañana, los ministros y principales referentes legislativos fueron llegando uno detrás de otro, sin hacer declaraciones. Finalmente, del encuentro participaron el equipo de gabinete, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala; y la senadora Patricia Bullrich. La titular de Capital Humano, Sandra Pettovello, tenía previsto viajar a Salta por una actividad oficial, por lo que no estuvo presente. Más que una reunión de gabinete después de una larga pausa, el encuentro funcionó como el punto de partida de un operativo político que tendrá su prueba decisiva apenas 48 horas después, en el recinto de Diputados.

Pero el Congreso no fue el único tema sobre la mesa. Milei aprovechó el encuentro para ratificar ante sus ministros el rumbo económico y descartar cualquier modificación de su programa frente a las señales de enfriamiento de la actividad. Según reconstruyeron fuentes oficiales, el Presidente insistió en que “al populismo no se le gana con más populismo” y sostuvo que no está dispuesto a abandonar las ideas que guiaron hasta ahora su administración en busca de un mejor resultado electoral. También planteó que la credibilidad acumulada durante estos años llevó tiempo y que un cambio de rumbo podría ponerla en riesgo.

La discusión estuvo atravesada especialmente por el aumento de la morosidad, uno de los indicadores que comenzó a ganar espacio en el debate económico durante las últimas semanas. La lectura que hizo el Gobierno puertas adentro es que los números no permiten hablar de una situación de crisis y que el incremento de la mora habría comenzado a revertirse. Los funcionarios repasaron además las medidas con las que buscan mejorar las condiciones de financiamiento, entre ellas la baja de la inflación y del riesgo país y las conversaciones con distintos actores del sector financiero para renegociar tasas y extender plazos.

La preocupación no resulta casual. La morosidad comenzó a convertirse en uno de los indicadores utilizados para describir las dificultades que atraviesan hogares y empresas después de varios meses de actividad estancada, especialmente por el crecimiento de los atrasos en tarjetas de crédito y préstamos personales. En la Casa Rosada buscan desacoplar ese fenómeno de la discusión sobre el rumbo económico: sostienen que se trató de un deterioro transitorio, que los últimos registros ya muestran una desaceleración y que la respuesta debe pasar por mejorar las condiciones de financiamiento antes que por estimular artificialmente el consumo. La inclusión del tema en una reunión encabezada por el propio Milei, de todos modos, revela hasta qué punto la discusión sobre el endeudamiento de las familias comenzó a ocupar un lugar en la agenda política del Gobierno.

El diagnóstico se extendió también al terreno político. En el gabinete atribuyeron parte de la incertidumbre a discursos que, según la interpretación oficial, buscan instalar temor tanto en la sociedad como en los mercados. Frente a ese escenario, Milei pidió insistir en la difusión de los resultados que el Gobierno considera positivos y evitó cualquier señal que pudiera interpretarse como una corrección del programa económico. La conclusión que transmitió a sus ministros fue, en esencia, que las dificultades actuales deben ser atendidas sin modificar el rumbo.

Allí aparece también la apuesta legislativa de esta semana. El oficialismo buscará aprobar y girar al Senado dos proyectos que considera centrales para la agenda económica. El primero es la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, presentada por el propio Milei en cadena nacional y definida por el Presidente como una de las iniciativas más importantes de esta etapa de su gobierno. La intención es llevar a la letra de la ley algunas de las restricciones que la administración libertaria aplicó desde diciembre de 2023 como parte de su programa económico.

El proyecto reduce los objetivos del Banco Central y establece como mandato central la preservación del valor de la moneda. También prohíbe los adelantos transitorios al Tesoro y los préstamos a las provincias, restringe el uso de letras intransferibles y limita la transferencia de utilidades a las ganancias reales obtenidas por la entidad. Para Milei, se trata de convertir en una restricción legal aquello que hasta ahora depende fundamentalmente de una decisión de política económica. En los términos libertarios, impedir que futuros gobiernos vuelvan a utilizar la emisión monetaria como una herramienta habitual de financiamiento del déficit.

La segunda apuesta será Inocencia Fiscal II, una modificación de la ley sancionada anteriormente por el Congreso que amplía el universo de contribuyentes habilitados para ingresar al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias. La iniciativa elimina los actuales topes de ingresos y patrimonio para personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país y extiende hasta el 31 de diciembre de 2027 el plazo para acceder a sus beneficios.

Cambio de dinámica

El propio Milei se involucrará en el operativo legislativo: mañana recibirá en Balcarce 50 a diputados y senadores de La Libertad Avanza. El apuro tiene un antecedente reciente. Desde la última reunión de gabinete, el Gobierno debió resignar la flexibilización de las restricciones para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, incluida originalmente en la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La resistencia que despertó la propuesta obligó al oficialismo a retirar ese capítulo y puso las miradas sobre Federico Sturzenegger, su principal impulsor, quien días después debió explicar esa y otras iniciativas ante la mesa política. De allí surgió la decisión de someter los proyectos con impacto político, parlamentario o territorial a una discusión interna más amplia antes de avanzar.

Milei se encargó, sin embargo, de dejar en claro que ese nuevo filtro no supone un debilitamiento de Sturzenegger. Después de abrazarlo durante el homenaje a San Martín, volvió a respaldarlo públicamente en el Council of the Americas: “Cuando ustedes vean a un sorete, a una mierda humana, criticándolo a Federico, es porque le está tocando un negocio a un prebendario, a un chorro y a un corrupto”, afirmó.

La experiencia también obligó al Gobierno a prestar mayor atención a las negociaciones con las provincias. En la sesión del miércoles se incorporaron iniciativas reclamadas por distintos distritos, entre ellas la reducción del IVA para la fécula de mandioca impulsada por Misiones, mientras Santilli mantiene abiertos canales con los gobernadores. La discusión de esta mañana dejó en evidencia, sin embargo, que mientras la Casa Rosada acepta revisar la forma en que procesa políticamente sus iniciativas, Milei no parece dispuesto a trasladar esa flexibilidad al programa económico: frente a las primeras señales que alimentan el debate sobre un eventual cambio de rumbo, la respuesta presidencial volvió a ser que el rumbo no se toca.

PL/MC

El diario británico The Guardian publicó días atrás un extenso perfil de la parlamentaria del Mercosur y ex diputada nacional Victoria Donda, firmado por la periodista Meaghan Beatley bajo el título “The long shadow of Argentina's dictatorship: she wasn't who she thought she was – neither was her father” (“La larga sombra de la dictadura argentina: ella no era quien creía ser, y tampoco lo era su padre”). Para un público que en su mayoría desconoce los detalles del terrorismo de Estado argentino, el medio eligió la historia de identidad recuperada de Donda como puerta de entrada a un capítulo que en Argentina integra la memoria colectiva, pero que fuera de sus fronteras suele reducirse a cifras.

La nota describe cómo la ESMA —uno de los centros clandestinos más grandes del país, por el que pasaron unas 5.000 personas— funcionó también como maternidad clandestina: allí, en 1977, María Hilda “Cori” Pérez dio a luz a la beba que luego sería Victoria Donda mientras permanecía secuestrada. Beatley detalla, con testimonios de sobrevivientes, el mecanismo de los “vuelos de la muerte”, mediante el cual se sedaba a los detenidos y se los arrojaba, todavía con vida, al Río de la Plata o al Atlántico, el destino final de Cori según el artículo.

El perfil repasa además el plan sistemático de apropiación de bebés —se estima que 500 niños nacidos en cautiverio fueron entregados a familias del régimen o allegadas a él— y recuerda que quien entregó a la beba Donda fue su tío biológico, Adolfo Donda, oficial de inteligencia naval que participó en la detención de su cuñada embarazada. Condenado recién en 2024 a 15 años de prisión por la apropiación de su sobrina, el tribunal calificó lo ocurrido en el parto de Cori como “parto deshumanizado”.

El artículo también repasa las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que garantizaron impunidad a los represores durante casi dos décadas hasta su derogación durante la presidencia de Néstor Kirchner, y cierra con una referencia al escenario político actual: el Gobierno de Javier Milei, cuyo discurso combina el negacionismo sobre el número de desaparecidos con la promesa de derogar la ley de aborto que Donda contribuyó a sancionar en 2020.

La Derecha Diario, el sitio de fakenews del mileísmo, confirmó de manera oficial la salida de Fernando Cerimedo de su estructura societaria, tal como anticipó elDiarioAR la semana pasada. El sitio difundió un comunicado en el que niega que el consultor político detenido en Bolivia haya sido su fundador, su dueño o su director, y confirma que Javier Negre, el periodista español que se quedó con el control del medio, llegó a “un acuerdo por escrito” con Cerimedo y su representación legal para la “desvinculación total” de la empresa.

Hace cuatro días este medio revelara que esa salida ya se había formalizado “en buenos términos” la semana previa al arresto de Cerimedo, aunque su ficha de autor en el propio sitio todavía lo señalaba como “socio”. Este sábado ya en el perfil del exasesor del Presidente aparece solo como “consultor”.

Cerimedo, que supo ser una pieza clave del entorno de Javier Milei, permanece detenido desde el 18 de agosto en una cárcel de máxima seguridad boliviana. Fue arrestado cuando intentaba abordar un vuelo horas después de que su expareja, la abogada y activista política Nadia Beller, recibiera tres disparos de arma de fuego a la salida de un hotel, en un ataque perpetrado por dos personas disfrazadas de repartidores. Beller, que está embarazada de Cerimedo, sobrevivió haciéndose la muerta y señaló desde el hospital a su pareja como quien la había convencido de asistir a la cita donde fue emboscada. La fiscal boliviana Yolanda Aguilera lo investiga como presunto “autor intelectual” del hecho y le imputó tentativa de feminicidio agravado.

En el comunicado, LDD reconstruye además la historia societaria del medio: fue fundado en septiembre de 2019 por “un grupo de jóvenes profesionales” y Cerimedo se incorporó recién a mediados de 2021 como “inversor estratégico”, en una etapa en la que el sitio se sostenía con donaciones de lectores y auspiciantes privados, con una participación que —según el propio texto— “revistió carácter estrictamente patrimonial”. A comienzos de 2024, tras la adquisición de LDD por parte de Negre, Cerimedo redujo su participación y quedó como socio únicamente en la operación argentina. El comunicado pide a las autoridades bolivianas que investiguen “hasta que se haga Justicia” y reclama a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que “rompa relaciones con sus socios del narcotráfico”.

Negre amplió esa versión en una entrevista con Clarín publicada este lunes, en la que confirmó que habló por última vez con Cerimedo antes de su detención en el aeropuerto: “Me llamó por teléfono para anunciarme que aceptaba mi oferta por La Derecha Diario y llegamos a un acuerdo por escrito y de buen entendimiento”, relató. Según su versión, la decisión de desvincularse era anterior al ataque contra Beller y respondía a que Cerimedo estaba “muy centrado” en su actividad en Bolivia, donde había sido presentado como asesor personal del presidente Rodrigo Paz, más allá de que el propio gobierno boliviano negó cualquier vínculo laboral o contractual con él.

El español también reconstruyó el origen del sitio con más detalle del que figura en el comunicado: dijo que LDD fue fundado por Juan Carreira —hoy director de Comunicación Digital del Gobierno argentino— y Ezequiel Acuña —funcionario de la Secretaría de Asuntos Nucleares—, y que Cerimedo entró como inversor estratégico un par de años después. “La dirección editorial sigue en manos de los periodistas, y Fernando era simplemente una inversión patrimonial, no tenía relación con la gestión y la dirección”, sostuvo. Sin embargo, matizó esa distancia al hablar puntualmente de la operación boliviana del medio: admitió que ahí Cerimedo “tenía un poquito más de incidencia” porque “estaba más al habla con el chico que tenemos allí”, en referencia al corresponsal de LDD en ese país, y anticipó que el consultor iba a sumar aún más peso en esa relación al convertirse en asesor de comunicación del gobierno de Paz.

Consultado sobre los señalamientos que llegan desde distintos países de la región —incluidos funcionarios de los gobiernos de Gustavo Petro y de la propia Sheinbaum— que acusan a LDD de operar campañas de desinformación con bots y granjas de cuentas falsas para desestabilizar gestiones de izquierda, Negre lo negó de manera categórica y defendió lo que llamó la “reputación intachable” del medio. Dijo desconocer si Cerimedo comercializaba ese tipo de servicios a través de su otra empresa, la agencia de marketing Numen Publicidad, de la que era CEO. Sobre el riesgo físico de Cerimedo en la cárcel boliviana, fue cauto pero no lo descartó del todo: “No creo que vaya a haber, que quieran matar a Fernando por la información que tiene”, dijo, aunque reconoció que se trata de un penal “muy complicado”, con presencia de “narcotráfico brasileño y boliviano” y “gente muy mala”, y que su temor pasa por que “nadie tome la justicia por su mano”.

UN tramo revelador de la entrevista no tuvo que ver con Cerimedo sino con el propio vínculo de Negre con Milei. Consultado sobre si sigue viendo al Presidente, el español no lo esquivó: “Sí, claro, yo hablo con él bastante. La última vez que vine a Argentina, hace un mes, en su casa, en Olivos, varias horas”, dijo, y agregó que en esos encuentros habla “de política, off the record” porque, remató, “Javier es mi amigo”. Negre buscó además despegar a Milei de cualquier trato directo con Cerimedo: sostuvo que la relación del Presidente con LDD “es solo conmigo” y que el consultor “llevaría años sin hablar” con él, en una definición que contrasta con el registro previo de este medio, que reveló al menos trece ingresos de Cerimedo a la Casa Rosada durante 2024.

La Cámara de Diputados confirmó la convocatoria a sesión especial para el próximo miércoles al mediodía a fin de tratar una serie de proyectos, entre los que sobresalen la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la actualización de la Ley de Inocencia Fiscal y la adhesión argentina al Tratado de Cooperación Internacional en materia de Patentes (PCT).

La sesión fue pedida a través de una nota enviada a la Presidencia de la Cámara baja con las firmas del presidente del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, y referentes de todos los bloques dialoguistas, lo que da a entender que los temas a abordar en el recinto tienen acuerdo previo y no habría contratiempos para su aprobación con media sanción.

Firman el pedido de sesión Javier Sánchez Wrba y Alejandro Finocchiaro del PRO, Pamela Verasay (UCR), Gisela Scaglia (Provincias Unidas), Alberto Arrúa y Oscar Herrera Ahuad (Innovación Federal), Gladys Medina (Independencia - Tucumán), Nancy Picón Martínez (Producción y Trabajo - San Juan), José Luis Garrido (Por Santa Cruz), Karina Maureira (La Neuquinidad) y Karina Banfi (Adelante Buenos Aires).

De esta lista sorprende acaso la firma de Scaglia, quien en lo personal mantiene buen vínculo con el oficialismo pero conduce un bloque cuya mayoría suele ser esquiva a la estrategia del Gobierno nacional.

La rúbrica de la diputada santafesina contrasta con la ausencia de la firma de Sebastián Nóblega, el presidente del bloque Elijo Catamarca, fuerza política alineada al gobernador Raúl Jalil que en los últimos tiempos empezó a diferenciarse de La Libertad Avanza.

Tampoco el pedido de sesión lleva la firma de Eduardo Falcone del MID, quien quedó molesto por una serie de decisiones y destratos recientes del oficialismo.

En la sesión de la Cámara baja, además de los tres proyectos impulsados por la Casa Rosada, se tratará la reducción del IVA a la fécula de mandioca a pedido de la provincia de Misiones, y también una serie de expedientes de carácter simbólico vinculados a la declaración de capitales nacionales en distintos rubros de diferentes ciudades y provincias del país.

La reforma del Banco Central

La iniciativa, definida por el propio Milei como “la más importante” de esta etapa de su gobierno, busca consolidar a nivel normativo lo que considera una batalla cultural ganada: que está mal imprimir moneda sin respaldo y que la emisión cero es un principio innegociable.

En este marco, se prohíben los adelantos transitorios al Tesoro, los préstamos a las provincias, el uso de letras intransferibles y se limita la transferencia de utilidades a ganancias reales obtenidas por la entidad.

El proyecto elimina la multiplicidad de propósitos que se adjudicaba el Banco Central a través de su Carta Orgánica y mantiene como único mandato el de preservación del valor de la moneda, prohibiendo el financiamiento del Tesoro.

“Volver al mandato único implica principalmente reconocer la naturaleza monetaria de la inflación. La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario generado por un exceso de oferta que conlleva una pérdida del poder adquisitivo del dinero. No debiera ser tarea del Banco Central ocuparse de otros objetivos”, se indica.

“De esta forma se remueven del elenco de atribuciones del Directorio las funciones de orientación del crédito hacia destinos determinados y las políticas crediticias diferenciadas, propias de la banca de fomento y ajenas a la misión de una autoridad monetaria, cuya persecución por la vía de la emisión o de la regulación distorsiva ha demostrado ser ineficaz para sus fines declarados y lesiva para la preservación del valor de la moneda”, explica el proyecto.

Por otra parte, se busca fortalecer la independencia del Banco Central, por ejemplo endureciendo los requisitos para remover al presidente y a los directores del organismo, exigiendo una mayoría de dos tercios en ambas cámaras del Congreso nacional para blindarlos de los cambios en los gobiernos.

Nueva ley de Inocencia Fiscal

El proyecto, que modifica aspectos de la ley 27.799 de Inocencia Fiscal, amplía el universo de contribuyentes que podrán adherir al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias, al permitir que todas las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país puedan optar por esa modalidad, sin topes de ningún tipo en cuanto a ingresos y patrimonio.

En la actualidad podían solo adherirse los que tengan un ingreso anual de $1.000 millones y un patrimonio de hasta $10.000 millones.

La nueva iniciativa también extiende el plazo para acceder a los beneficios hasta el 31 de diciembre de 2027.

Otro punto clave es que se mantienen las facultades de fiscalización de ARCA sobre los contribuyentes de mayor capacidad económica o relevancia recaudatoria.

En ese contexto, se redefine el concepto de “discrepancia significativa”, que es el criterio que habilita a ARCA a impugnar una declaración jurada simplificada y revisar las declaraciones del Impuesto a las Ganancias.

Esa discrepancia se configurará cuando la impugnación arroje un incremento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos no inferior al 15 % respecto de lo declarado por el contribuyente.

En tanto, se establece que los contribuyentes que adhieran a este régimen simplificado deberán realizar sus operaciones a través del sistema financiero formal, utilizando medios autorizados por el Banco Central (BCRA) o la Comisión Nacional de Valores (CNV).

En cuanto a los últimos cambios aplicados en el dictamen, se acordó reducir un 25% las multas por infracciones formales a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs).

Ley de adhesión al tratado de patentes

El PCT (Patent Cooperation Treaty) es un sistema internacional -al cual ya adhirieron 158 países del mundo- que permite simplificar el registro de patentes a través de un formulario de solicitud unificado.

Se trata de una suerte de mercado común de patentes que presenta oportunidades para investigadores y empresas argentinas para acceder más fácilmente a otros países y comercializar sus desarrollos y productos.

Sin embargo, también contrae riesgos insoslayables, porque la adhesión argentina al tratado de cooperación internacional también permitirá que multinacionales extranjeras puedan patentar con mayor facilidad y de esa manera perjudicar a la competencia local, encareciendo los costos para el sistema de salud.

El patentamiento de medicamentos estadounidenses podría perjudicar o retrasar la producción de genéricos de laboratorios nacionales, que comercializan drogas a valores considerablemente más bajos.

Esa situación podría eventualmente trasladar parte de esos costos al sistema de salud y encarecer el acceso a medicamentos para la población en general.

Finalmente, el Gobierno resolvió dejar en reserva el capítulo II del tratado, de manera tal que Argentina adherirá al sistema internacional de patentes, pero mantendrá el control local sobre ciertos instrumentos de evaluación técnica y patentamiento de medicamentos.

Con información de NA.

El Gobierno de Javier Milei tendrá una semana atravesada por la actividad política y legislativa, con una reunión de Gabinete encabezada por el Presidente este lunes y un encuentro con diputados y senadores el martes, en la previa del tratamiento en la Cámara baja de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el proyecto denominado Inocencia Fiscal II.

La actividad oficial comenzará este lunes cuando Milei encabece, desde las 10, una reunión del Gabinete Nacional, la primera que realizará con sus ministros desde el 9 de julio, luego del Tedeum celebrado en la Catedral Metropolitana por el Día de la Independencia.

Durante la mañana, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, participará de la apertura del NQN Day, un encuentro de negocios y atracción de inversiones organizado por el Gobierno de la Provincia del Neuquén, que tendrá lugar en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires.

Por la tarde, Santilli firmará junto al ministro de Economía, Luis Caputo, un convenio con el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, para avanzar en el traspaso a esa provincia de ferrocarriles y rutas.

El martes 25, a las 11, el vocero presidencial, Adrián Ravier, brindará su habitual conferencia de prensa y, dos horas más tarde, se reunirá la Mesa Política del Gobierno.

Por la tarde, Milei recibirá a diputados y senadores en un encuentro que se realizará en la antesala de una semana considerada clave para el Congreso y para el tratamiento de las iniciativas impulsadas por el oficialismo.

El miércoles 26 estará concentrado en la actividad parlamentaria. El Senado realizará una reunión de Labor Parlamentaria, mientras que Diputados sesionará para debatir la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el proyecto Inocencia Fiscal II.

En tanto, el jueves 27, Milei brindará un discurso ante alumnos de cuarto y quinto año del Colegio ORT, donde abordará como ejes la ética y la inteligencia artificial.

La agenda oficial se complementará durante la semana con actividades de distintos integrantes del gabinete en el interior del país.

Entre el 27 y el 29 de agosto, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, viajará a Tierra del Fuego para participar en la inauguración de una nueva región de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Por su parte, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, participará en un acto institucional en Posadas, Misiones, con motivo de la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal en ese distrito.

Además, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, encabezará en la provincia de Salta el inicio de las actividades del Tren 25 de Mayo, en el municipio de Campo Quijano.

“Pasó porque hubo dirigentes valientes, pero también porque hubo equipos dispuestos a hacer el trabajo incómodo. El trabajo que muchas veces no se ve. El trabajo de soportar operaciones, ataques mediáticos, causas armadas, campañas de desprestigio y demonización pública”. Las palabras que escribió Fernando Cerimedo el 31 de mayo en su única nota firmada en su propio medio La Derecha Diario, tienen otro sonido ahora que el exasesor de los presidentes Javier Milei, Rodrigo Paz (Bolivia) y Nasry Asfura (Honduras) está tras las rejas. En aquella columna intentó venderse como un eslabón clave en la estrategia de la nueva derecha latinoamericana: “Los consultores no crean el enojo social. Solamente le dan voz”, escribió, y agregó que “la nueva derecha latinoamericana no nació por casualidad”.

Lejos está su detención en Bolivia, acusado de tentativa de feminicidio contra su pareja en aquel país, la abogada Nadia Beller, de ser un mero caso de feminicidio. Tiene fuertes ribetes políticos y hasta diplomáticos. Es que Cerimedo habría sido uno de los operadores centrales detrás de un proyecto que Milei viene alentando desde hace meses: una cumbre de mandatarios de derecha latinoamericanos en Buenos Aires, antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, prevista para el 4 de octubre.

Según pudo reconstruir elDiarioAR de al menos dos fuentes distintas, entre los invitados que Cerimedo ayudaba a coordinar para que aterricen en Buenos Aires figuraban el propio Paz, la peruana Keiko Fujimori, el ecuatoriano Daniel Noboa y el colombiano Abelardo de la Espriella. El objetivo del evento –que nunca se confirmó, pero que todavía no está descartado– no solo es mostrar a Milei como líder de un bloque regional “azul”, como lo pintó el canciller Pablo Quirno, sino que sea la plataforma internacional de la campaña del senador brasileño Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente y retador principal de Lula da Silva en la antesala de la definición electoral brasileña.

En esa trama Cerimedo era una especie de sherpa en las sombras, dado sus contactos continentales. En Cancillería el encargado formal para el armado del bloque sería Juan Navarro, subsecretario de Política Exterior. El funcionario no respondió los mensajes de este medio.

Antes de recalar en Bolivia, Cerimedo estuvo en las campañas de Milei, de los Bolsonaro y de Asfura, aunque con distinta intensidad. “Su inmersión más seria fue la de Bolivia; en Brasil se pegó al hijo de Bolsonaro y en Honduras pululó por varios lados, desde hacer algo de redes a colaborar en la fiscalización”, comentó alguien que trabajó con él fronteras afuera de la Argentina. En el país, aunque el Gobierno dice por lo bajo que no tiene relación con el universo mileísta desde la victoria en 2023, lo cierto es que Cerimedo ingresó a la Casa Rosada al menos 13 veces en el primer semestre de 2024, según reveló elDiarioAR. Además el mandatario libertario nunca dejó de repostear en X las feaknews de La Derecha Diario.

El proyecto de la cumbre no es un hecho aislado. Forma parte de un patrón de acercamientos que el Gobierno viene tejiendo en los últimos meses: en julio, el asesor presidencial Santiago Caputo –el último que autorizó el ingreso de Cerimedo a la Casa Rosada en junio 2024– es también dueño de una agenda diplomática paralela a la Cancillería: recibió en Balcarce 50 a Luis Galarreta, vicepresidente electo del Perú en la fórmula de Keiko Fujimori, para profundizar la alianza regional. Luego Milei viajó a Lima para respaldar a Fujimori y estar en su asunción.

En las próximas semanas el Presidente tiene previsto un nuevo viaje a Estados Unidos para hacer campaña a favor de Donald Trump de cara a las elecciones de medio término norteamericanas. Dicho mitin en Mar-A-Lago está organizado por la empresa norteamericana Latino Wall St, asociada a La Derecha Diario, de la que Cerimedo es socio –o fue hasta hace pocos días– del español Javier Negre. En la primera edición de la Gala Prosperidad Hispana, en febrero pasado, Cerimedo recibió el premio a “consultor del año”. Según organizadores consultados por elDiarioAR, el nuevo evento agendado para octubre con la presencia de Milei sigue confirmado.

¿Contrato con la CAF?

Sobre ese entramado continental se montó, en los últimos días, una sospecha sobre el financiamiento a Cerimedo. Ernesto Giraldes, un abogado boliviano cercano al consultor, había asegurado que la CAF –el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe– pagaba por la consultoría que su cliente le brindaba a Rodrigo Paz. La entidad lo desmintió a través de un comunicado el miércoles: “Ante versiones periodísticas que circulan en medios y redes sociales de Bolivia, CAF aclara que el señor Fernando Cerimedo no ha mantenido ni mantiene ningún vínculo contractual, de consultoría ni de asesoría con la institución”, sostuvo el banco, que remarcó su “respeto a los procesos internos y las decisiones soberanas de cada Estado miembro”.

Pero el viernes la CAF volvió a estar en el foco a partir de un manuscrito de Cerimedo que mostró públicamente su abogada oficial, Margarita Arce. En el documento el consultor dice que el dinero que las autoridades judiciales le secuestraron en su domicilio era en realidad un préstamo para instalarse en Bolivia “mientras se terminaba de concretar el contrato con CAF”, algo que, según el escrito, está “documentado en el correo de su cliente”, y que Cerimedo es, por ahora, asesor del presidente “personal y a modo colaborativo hasta tanto se concrete la contratación como externo con la CAF”.

elDiarioAR consultó al menos a cuatro miembros de la CAF y la respuesta fue la misma: se remitieron a la nota aclaratoria del miércoles. Sin embargo este medio supo que la detención de Cerimedo y la vinculación con el banco de desarrollo continental –que recibe millones de dólares de todos los países para distintas inversiones en obras– tuvo un fuerte impacto interno.

Cerimedo estuvo en contacto con representantes del organismo en reuniones que encabezó el presidente Paz. “Si la CAF hace un acuerdo con una empresa y esa empresa luego contrata a Cerimedo, no lo sabemos”, aclaró un funcionario que conoció a Cerimedo y lo calificó como “un personaje particular”.

A su vez, una fuente gubernamental aseguró a elDiarioAR que Paz le pidió a la CAF armar un contrato de consultoría para poder pagarle a Cerimedo. “No se llegó a firmar el contrato pero está en trámite interno”, recogió este medio sobre esa versión, no confirmada oficialmente.

Otras latitudes

El nombre de Cerimedo aparece en medios chilenos porque su empresa de marketing Neumen fue contratada para estudios de opinión durante el plebiscito 2020 por empresarios partidarios del Rechazo. Ahí comienza un vínculo que lo acerca a José Antonio Kast y le permite participar en sus campañas electorales: en 2021 Kast llegó a segunda vuelta; en 2025, a La Moneda. Una versión indica que en Chile la CAF habría facilitado la triangulación de contratos de consultoría para pagarle a Cerimedo.

En Brasil, Cerimedo fue indiciado en noviembre de 2024 por la Policía Federal local como integrante del “núcleo de desinformación y ataques al sistema electoral”, uno de los seis grupos que la investigación sobre el intento golpista de Bolsonaro identificó como responsables de crear el clima que derivó en el asalto a la sede de los Tres Poderes en Brasilia, el 8 de enero de 2023. Se lo acusó de abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado y organización criminal, por una transmisión en vivo de noviembre de 2022 –vista por más de 400.000 personas– en la que difundió un supuesto análisis sobre fraude en las urnas electrónicas, cuyo contenido fue luego editado y distribuido entre militares y usado como base de un informe del Partido Liberal de Bolsonaro.

Cerimedo fue el único extranjero entre los 37 indiciados por la PF en esa causa. Sin embargo, cuando la Procuraduría General de la República (PGR) presentó en febrero de 2025 la denuncia formal ante la Corte Suprema (STF), no lo incluyó entre los acusados: sostuvo que no había quedado demostrado que supiera que el informe que difundió era falso. Al quedar fuera de esa denuncia, Cerimedo no se convirtió en imputado y no será juzgado por el máximo tribunal brasileño en el marco de esa causa, pese a seguir formalmente indiciado por la Policía Federal.

El caso Cerimedo tiene, además, una derivación en Honduras, donde Cerimedo asesoraba al Partido Nacional y a su candidato presidencial, Nasry Asfura. Tras conocerse su detención en Bolivia, la diputada liberal hondureña Saraí Espinal pidió al Ministerio Público de su país abrir una investigación formal contra Cerimedo por los señalamientos de enriquecimiento ilícito y tentativa de feminicidio, y solicitó además que se investiguen presuntas amenazas contra el excandidato presidencial Salvador Nasralla, la diputada Iroshka Elvir y otros dirigentes liberales.

En Bolivia, el propio Evo Morales había acusado semanas atrás a Cerimedo de operar en su contra durante la campaña de Rodrigo Paz. El expresidente boliviano lo señaló como responsable de una estrategia de desprestigio en su contra y afirmó que, ya en el poder, Cerimedo tenía injerencia directa en el gabinete: “Él decide; ordena quién debe hablar, quién no debe hablar”, sostuvo Morales. También mencionó que Jaime Paz Pereira, el hermano del presidente Paz, trabaja como ejecutivo senior y director de integración transfronteriza en la CAF, con asiento en Bolivia.

El nombre de Cerimedo también apareció en una denuncia del diputado peronista Rodolfo Tailhade, quien lo vinculó con el entramado de lobby que el propio Milei desplegó en Estados Unidos desde su campaña de 2023. Según los documentos que difundió Tailhade –un registro ante el Departamento de Justicia estadounidense bajo la Foreign Agents Registration Act (FARA)--, en septiembre de ese año Milei contrató a la consultora Latin America Advisory Group (LAAG) para hacer lobby con periodistas y grupos de influencia en Washington. El contrato lo firmó, por LAAG, Damian Merlo –a quien Tailhade describió como “el Cerimedo de Bukele”– y, por el lado de Milei, el propio Cerimedo, en su carácter de CEO de la firma Numen.

El acuerdo, según Tailhade, debía vencer el 10 de diciembre de 2023, pero seguiría vigente: el diputado citó como ejemplos la visita a Casa Rosada del presidente de la Heritage Foundation, Kevin Roberts, en marzo de 2025, y la participación de Milei en la gala del Atlantic Council en Nueva York en septiembre de ese año, además de un evento de esa misma entidad en el Palacio Libertad en abril pasado, con el ministro Luis “Toto” Caputo como orador.

Este sábado a la tarde en el perfil de Cerimedo en La Derecha Diario ya su nombre aparecía fuera del medio: solo se lo presentaba como “consultor político”. Si “la izquierda perdió la calle” como él firma en su única nota publicada en su ahora ex medio, él mismo ya perdió la libertad quedando tras las rejas.

MC

“¿De qué habla? Cómo lo extrañamos a Adorni. El Gobierno está cambiando, está débil, y no lo ven”, se ríe, incrédulo, un referente norteño, aliado de Javier Milei, mientras observa en la televisión al vocero Adrián Ravier, quien acaba de decir que el Gobierno se imagina ganando en primera vuelta en 2027. El senador del norte mira encuestas, las mismas que le llegan a su gobernador, que viene de reunirse con Diego Santilli para negociar un régimen de zonas cálidas, y el cálculo no le da: la caída del voto joven, la pérdida de expectativas futuras y la ausencia de respuestas para dramas emergentes –como el de los endeudados– muestran un Milei debilitado y, por lo tanto, susceptible a la negociación.

Los gobernadores le soltaron la mano a Milei con el capítulo de extranjerización de las tierras, pero ahora se preparan para volver a alinearse detrás suyo. Ninguno tiene mucho interés en sumarse al frente anti Milei que propone el peronismo en el Congreso, sino que prefieren aprovechar la debilidad del oficialismo de otra manera: acumulando lo más posible para desdoblar y asegurar el pago chico. La semana que viene se debatirá, en Diputados, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el nuevo régimen de Inocencia Fiscal y la gran mayoría de los mandatarios radicales y “peronistas M” votarán a favor.

El Gobierno identifica que comenzó la etapa pre electoral y que, a partir de ahora, los aliados buscarán arrancarles más que promesas a cambio de su apoyo en el Congreso. Hablan de ir “ley por ley” y negocian zonas cálidas a cambio de votos para reducir las zonas frías: una dinámica que Patricia Bullrich ya empezó a cuestionar en las reuniones de la mesa política. “La estrategia no es buena. Conseguís a los del norte para zonas frías pero perdés a los radicales, que se te enojan y son la base de tus votos en el Senado. No sirve”, se queja la senadora, en privado.

Bullrich también desconfía de los números optimistas del Gobierno, que trabaja sobre la premisa de que Milei, si la oposición está lo suficientemente atomizada, puede ganar en primera vuelta. La ex ministra observa que las encuestas dan un escenario de paridad con una leve ventaja para la oposición y se pregunta, puertas adentro, de qué sirve empujar la eliminación de las PASO si las chances de ganar en primera vuelta son lejanas. Tal vez es por eso que nadie en el Gobierno le pidió aún que abriera las comisiones para empezar a debatir la reforma electoral en el Senado: ni los funcionarios están empujando el tema.

La ex ministra no es la única que advierte que el discurso sobre la eliminación de las PASO es, por ahora, solo eso: discurso. “Con nosotros no habló nadie”, admite una dirigenta salteña, que responde a Gustavo Sáenz. En Catamarca, a donde Santilli viajó la última semana para reunirse con Raúl Jalil y Elías Suárez, advierten lo mismo. “Nadie viene a hablarnos del tema. Milei jode con que no quiere las PASO, pero en el fondo las quiere. Es maniqueo y necesita tener enfrente a alguien a quien decirle zurdo y expropiador, necesita que Kicillof gane esa interna”, desliza un operador catamarqueño, que insiste en que la negociación de Milei con los gobernadores “está pasando por otro lado”.

En Casa Rosada aseguran, en cambio, que son los hermanos Milei quienes quieren eliminar las PASO. Karina quiere atomizar al peronismo, quitarle la posibilidad de resolver sus peleas a través de una interna, y forzar a los aliados a ir detrás de una sola lista de derecha que confeccionará ella y los Menem en cada territorio. Y Milei, mientras tanto, quiere ahorrarse el costo fiscal y evitar un adelantamiento de la campaña que le desestabilice la macro.

Los gobernadores, sin embargo, no les creen. En el último mes, aseguran, ni Santilli ni los primos Menem se han acercado con propuestas concretas para eliminar las PASO. Muchas provincias –como las radicales, Chaco y Corrientes, las del PRO, Entre Ríos y CABA, y varias peronistas, como Salta– buscan cerrar acuerdos políticos que deriven en una alianza electoral o una confrontación simulada. Es decir, el compromiso de que LLA pondrá un candidato débil y que Milei no viajará a la provincia a posicionar a otro candidato a gobernador. Pero de las PASO, insisten, ya casi nadie habla.

Ningunismo y desencanto

“Si estuviéramos ganando por 30 puntos los gobernadores estarían corriendo a cerrar con nosotros. Pero eso no está pasando”, confiesa, en voz baja, una importante voz del Gobierno.

Aunque el Presidente lo niegue, la caída de los ingresos y la baja del consumo son motivos de preocupación en La Libertad Avanza. Casi ninguno se anima a contradecir en público a Milei, aunque algunos, como Bullrich, ya comenzaron a repetir el discurso del establishment económico de que la macro ordenada es positiva pero que si la micro no acompaña no alcanza. “Algo en diciembre se va a tener que hacer, algo de plata se va a tener que poner”, desliza un armador libertario que advierte que, en su provincia, los números le dan bien a Milei, pero no así en el resto del país.

En la mayoría de los sondeos que circulan los despachos opositores y oficialistas se vislumbra una tendencia a la baja del Gobierno, que mantiene su competitividad electoral pero que no logra recuperarse de la caída post escándalo Adorni en abril. Uno de los motivos es el derrumbe de las expectativas futuras de los jóvenes, un sector que fue clave para catapultar a Milei a la presidencia en 2023.

“Los dos primeros años de Gobierno, el oficialismo logró abrir un sentido de futuro. La gente acompañó el ajuste con un sentido del futuro muy consolidado, pero eso hoy está en retracción”, analiza la consultora Shila Vilker, directora de la consultora TresPuntoZero. Según un último informe, las expectativas sobre el futuro de la economía no pararon de caer desde abril de este año. El 76,8% de los encuestados percibe que actualmente hay una crisis económica, con el dato sobresaliente de que es algo que opinan particularmente el 70% de los jóvenes de 16 a 29 años.

El 63% cree que Milei no podrá revertir la situación económica y, además, la mitad de los encuestados advierte que empeoraron sus expectativas respecto al futuro de la economía. Solo el 20% de los consultados respondió que sus expectativas mejoraron.

Este desencanto sobre la realidad económica se traduce, según un informe del Observatorio Pulsar de la UBA, en el auge de algo que llaman “ningunismo”. Es decir, el no sentirse identificado con ninguno de los espacios políticos existentes, ni peronistas ni libertarios, ni del PRO o de la izquierda. Según el estudio, el 42% de los argentinos asegura no sentirse identificado por ninguna de las propuestas electorales existentes. En 2024, sólo el 25% de la población aseguraba no simpatizar con ningún partido político.

En el último año, todos los espacios políticos perdieron adherentes. Pero ninguno tantos como LLA y Juntos Por el Cambio, en donde el estudio aglutina al PRO y a la UCR. “El primer perjudicado por el crecimiento del ningunismo es la oferta política que hasta ahora centralizaba el electorado no peronista, que es LLA. Hay una retracción de quienes se sienten identificados con LLA. Lo mismo sucede con JxC, que hoy es menos del 10%. Hay una transferencia de estas identidades hacia el ningunismo”, explica el analista político que coordinó el estudio, Facundo Cruz.

Según advierte Cruz, el mayor beneficiado por este crecimiento es el peronismo. Por dos motivos: porque es quien más mantiene su base de votantes –que representa un cuarto de la sociedad–, pero fundamentalmente porque Milei está perdiendo a sus votantes originales que lo llevaron a la presidencia en 2023. El espacio que más crece, el centro político, todavía está a la espera de una propuesta competitiva y nítida. Mientras esa propuesta no aparezca, las chances de que la polarización vuelva a adueñarse de la dinámica electoral comienzan a crecer a medida que se acerca 2027.

Pese a la caída de la intención de voto al oficialismo, sin embargo, todas las encuestas muestran a un Milei competitivo, con una base de votantes que equipara a la del peronismo. Incluso en su peor momento, Milei juega con una ventaja: la ausencia de una oferta opositora unificada y organizada.

MCM/MG