Abril empezó y no es tan bello como cantaban con entusiasmo Fito Páez y Luis Alberto Spinetta, en una canción hermosa y simple, y con un videoclip luminoso que ambos compartieron con Dolores Fonzi, la musa inspiradora del rosarino al componerla e incluirla en su disco Naturaleza Sangre (2003). Este abril, por el contrario, y como cada mes desde hace por lo menos tres años y medio, es otro de malaria en la economía libertaria; malaria para los trabajadores que son, básicamente, víctimas del modelo.

El mes que empezó vuelve a traer aumentos en servicios esenciales que afectan directamente el ingreso disponible de quienes trabajan. El transporte público, las cuotas de medicina prepaga, la electricidad y el agua comienzan el mes con nuevas actualizaciones tarifarias en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en un escenario en el que los salarios no paran de perder contra la inflación.

El calendario cambia, las cuentas también

El transporte público registró uno de los incrementos más inmediatos. El boleto mínimo de colectivo en la provincia de Buenos Aires pasa de $832,57 a $873,37 para los viajes de hasta 3 kilómetros con tarjeta SUBE registrada, según el nuevo cuadro tarifario que comenzó a regir en abril.

La actualización siguió el mecanismo que aplicó la provincia: el índice de precios al consumidor (IPC) de febrero más un 2% adicional. Con esa fórmula, los valores de los distintos tramos también aumentaron: $972,93 para viajes de 3 a 6 kilómetros, $1.047,14 entre 6 y 12 kilómetros, $1.122,90 entre 12 y 27 kilómetros y $1.197,39 para trayectos más largos.

En la Ciudad de Buenos Aires también se aplicó una suba. El pasaje mínimo de colectivo quedó en $715,26, con aumentos escalonados según la distancia del recorrido.

El impacto es directo sobre los trabajadores que utilizan el transporte público para ir y volver del empleo. En muchos casos, el gasto en movilidad es un componente fijo del ingreso mensual y se ajusta de manera más frecuente que las paritarias o los salarios. El ajuste data de por lo menos la gestión de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía y se acentuó con ferocidad al asumir en el poder el tándem de economistas Javier Milei-Luis Caputo.

La presión sobre el transporte se agravó además por una decisión del sector empresario. Las cámaras del autotransporte que representan alrededor del 85% de las líneas de colectivos del AMBA informaron que reducirán la frecuencia del servicio debido al aumento del precio del gasoil y a la falta de actualización de los costos reconocidos por el Estado.

En un comunicado conjunto, las entidades empresarias señalaron que el incremento del combustible y la ausencia de una compensación oficial los colocó en una situación en la que consideran imposible sostener los niveles habituales de prestación. La medida comenzó a regir el 1° de abril y podría afectar los tiempos de espera de los usuarios.

La reducción de frecuencias implica más tiempo de viaje y mayor incertidumbre para quienes dependen del colectivo para llegar al trabajo, en un contexto en el que los costos de movilidad ya venían aumentando de manera sostenida.

Los aumentos de abril también alcanzaron al sistema de salud privado. Las empresas de medicina prepaga comunicaron actualizaciones en sus cuotas de hasta el 2,9%, en línea con la inflación registrada en febrero. Esa suba impactó además en los copagos que deben abonar los afiliados por consultas y prácticas médicas.

Las tarifas de servicios públicos también se modificaron. Las distribuidoras eléctricas Edenor y Edesur aplicaron nuevos cuadros tarifarios. En el área de Edesur, por ejemplo, los hogares de ingresos altos (Nivel 1) comenzaron a pagar un cargo fijo de $1.393,73 para consumos de hasta 150 kWh y un cargo variable de $115,29 por kWh, según el esquema informado para abril.

En el caso de Edenor, el cargo fijo inicial quedó en $1.414,93, con un cargo variable de $115,28 por kWh. Los usuarios con subsidios mantienen valores más bajos dentro de los límites establecidos por el esquema de segmentación tarifaria.

El agua también registró un ajuste. La empresa AySA aplicó el último tramo del aumento del 4% que había comenzado a implementarse a principios de año.

El efecto combinado de estas subas se produce en un contexto en el que el ingreso de los trabajadores sigue deteriorándose frente a los precios. Los datos oficiales del INDEC mostraron que el índice de salarios aumentó 2,5% en enero, mientras que la inflación del mismo mes fue de 2,9%, lo que implicó una nueva pérdida del poder de compra.

La situación se repitió especialmente entre los trabajadores registrados. En ese segmento, el sector privado subió 2,1% y el público 1,8%, ambos por debajo del IPC del mes.

El deterioro del ingreso también aparece en relevamientos sobre la percepción de los trabajadores. Un estudio citado en coberturas recientes registró que el 83,9% de los trabajadores afirmó que su salario no le gana a la inflación, mientras que el 56,4% de los hogares tomó deuda en los últimos seis meses para cubrir gastos básicos.

“Dios Santo que bello abril”, dice el estribillo de la canción. Pero en muchos hogares el mes empezó con una escena más terrenal: el calendario nuevo y una pila de facturas esperando turno sobre la mesa.

JJD

El costo de la vivienda volvió a golpear el ingreso de los trabajadores en febrero. La división Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles registró un aumento mensual de 6,8%, el mayor de todo el índice de precios al consumidor (IPC) publicado por el Indec. La suba estuvo impulsada principalmente por los incrementos en gas, electricidad y agua, junto con cambios en los esquemas de subsidios aplicados en distintas provincias.

El dato se inscribe en un escenario de inflación que continúa deteriorando el salario real. El índice general del IPC subió 2,9% en febrero, mientras que la variación acumulada en lo que va del año llegó a 5,9%, según el organismo estadístico.

Aunque el presidente Javier Milei suele destacar la desaceleración inflacionaria como uno de los principales logros de su programa económico, el primer bimestre de 2026 cerró con un aumento cercano al 6% en los precios, un nivel que sigue impactando con fuerza sobre los ingresos laborales.

El golpe más fuerte aparece en los gastos estructurales del hogar. Dentro de la división vivienda, el informe muestra que los alquileres registraron aumentos interanuales que superan el 100% en algunas regiones del país. La categoría alquiler de la vivienda alcanzó subas de hasta 101,7% interanual, según las variaciones regionales publicadas por el Indec.

Este encarecimiento de los alquileres se combina con el incremento de las tarifas de servicios públicos, que fueron uno de los motores del aumento mensual de la división vivienda. El resultado es un doble impacto sobre el presupuesto de los hogares asalariados: pagar el techo y sostener los servicios básicos demanda una proporción creciente del salario.

El peso de estos gastos fijos vuelve más visible la tensión entre precios e ingresos. La inflación no afecta de la misma manera a todos los rubros del consumo: los aumentos en alimentos, tarifas y alquileres tienen una incidencia mucho mayor en los hogares trabajadores que otros bienes o servicios menos frecuentes.

De hecho, los alimentos y bebidas no alcohólicas también registraron una suba de 3,3% en febrero, la segunda mayor variación entre las divisiones del IPC y la que tuvo mayor incidencia en la inflación mensual en la mayoría de las regiones del país.

El informe del Indec señala que esa incidencia se explicó principalmente por el aumento en carnes y derivados, un componente central de la canasta alimentaria.

El cuadro general muestra que los precios regulados volvieron a crecer por encima del promedio. Dentro de las categorías del índice, los bienes y servicios regulados —donde se incluyen tarifas de servicios públicos— registraron un incremento mensual de 4,3%, por encima de la inflación núcleo.

Este tipo de aumentos tiene un efecto directo sobre los trabajadores porque se trata de gastos difíciles de reducir o postergar: electricidad, gas, transporte o alquiler forman parte de los costos básicos para sostener la vida cotidiana.

Mientras el Gobierno insiste en que la inflación muestra señales de desaceleración respecto de los niveles registrados en años anteriores, los incrementos en vivienda, alimentos y servicios esenciales continúan erosionando el poder de compra de los salarios.

Para los hogares asalariados, el problema no es solo el nivel general de la inflación, sino qué precios suben y en qué proporción lo hacen. Cuando el encarecimiento se concentra en los gastos indispensables —comida, techo y servicios—, el impacto sobre el ingreso real se vuelve inmediato.

En ese contexto, el IPC de febrero dejó un dato claro: la vivienda encabezó los aumentos del mes con 6,8% y los alquileres ya muestran subas interanuales superiores al 100% en algunas regiones del país.

JJD

El cierre total de la planta de Fate en San Fernando dejó a 1.500 trabajadores en la calle y marcó un punto de inflexión en la crisis industrial. Los operarios encontraron los portones con cadenas y un operativo policial, sin aviso previo, según denunció el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna). La paritaria del sector llevaba 13 meses sin actualización salarial en la empresa.

La histórica fabricante nacional anunció el cese definitivo de actividades tras 70 años de producción. La dotación había sido de alrededor de 3.000 trabajadores dos años atrás y quedó reducida a más de 1.500 al momento del cierre. La empresa informó que se trató de una clausura total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente, aunque no comunicó públicamente un cronograma detallado.

En paralelo al conflicto paritario, los trabajadores ya enfrentaban una pérdida de poder adquisitivo. Mientras otras empresas del sector habían adelantado aumentos a cuenta, Fate no había ofrecido anticipos y acumulaba 14 meses sin incrementos, según denunció el gremio.

El caso Fate no quedó aislado. En La Pampa, el frigorífico General Pico —creador de la hamburguesa Paty y propiedad de Ernesto “Tito” Lowenstein— despidió a 194 empleados y paralizó sus tres plantas ubicadas en Trenel, General Pico y Arata. Semanas antes había suspendido a sus 450 trabajadores.

La firma acumuló deudas por $34.000 millones, de los cuales $22.000 millones correspondieron a bancos públicos, y más de 1.000 cheques rechazados por más de $12.000 millones. También había informado que pasó de faenar 600 cabezas diarias a menos de 50, en un contexto de caída de ventas y retracción de exportaciones.

En Trenel, una localidad de 7.000 habitantes, 79 familias reclamaron el pago de indemnizaciones que, según denunciaron, no se abonaron en la fecha prevista.

El sector textil sumó otro capítulo. Hilado S.A., una de las principales compañías del grupo TN Platex, solicitó la apertura de su concurso preventivo de acreedores para afrontar compromisos financieros y preservar la continuidad operativa. La empresa, perteneciente a la familia Karagozian, atravesó un proceso de reestructuración en un contexto de caída del consumo, aumento de importaciones y elevado costo financiero.

Hilado S.A. contó con alrededor de 800 trabajadores distribuidos en La Rioja, Monte Caseros y Tucumán. En los meses previos, el grupo acumuló cierres y despidos: 190 trabajadores en la planta de Los Gutiérrez, 100 en Las Piedritas, 50 despidos y 12 contratos no renovados en La Rioja, además de 300 reducciones en Monte Caseros durante 2025.

Los casos individuales se inscribieron en una contracción más amplia del entramado productivo. Según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, en noviembre de 2023 el sistema registraba 512.357 empleadores y 9.857.173 trabajadores. En noviembre de 2025, las cifras descendieron a 490.419 empresas y 9.566.571 trabajadores.

En ese período se produjo una caída neta de 21.938 empleadores y 290.602 trabajadores registrados. En noviembre de 2025, el cierre neto mensual fue de 892 empleadores.

La reducción del empleo formal se combinó con pérdida salarial. El índice de salarios del sector privado registrado acumuló una suba de 25,6% entre enero y noviembre de 2025, mientras la inflación alcanzó 27,9% en el mismo período. La diferencia implicó una caída real de más de dos puntos.

En ese marco, ir a trabajar también se encareció. El Poder Ejecutivo dispuso una nueva suba en los colectivos que unen la Ciudad de Buenos Aires con la provincia de Buenos Aires: el boleto mínimo pasó de $494 a $650 en febrero y se anunció otro incremento de 10% para marzo.

El cierre de Fate dejó 1.500 trabajadores sin empleo en un día. En La Pampa, 194 empleados fueron despedidos y las plantas quedaron paralizadas. En el sector textil, 800 trabajadores quedaron bajo la incertidumbre de un concurso preventivo. En dos años, el sistema perdió 290.602 puestos registrados.

Hasta el momento, ni Fate ni el frigorífico General Pico informaron públicamente fechas concretas de pago de indemnizaciones ni abrieron instancias de negociación con intervención efectiva del Estado nacional.

JJD

César, empresario gastronómico, está agobiado por sus empleados. Cuando les paga el sueldo, la tarjeta de crédito les deja la cuenta en cero. Y tampoco tiene margen para remunerarlos mejor porque el restaurante en zona norte del conurbano va para atrás. Encima teme que todo vaya a peor ahora que en enero se quitan los subsidios a la luz y el gas a 7,5 millones de hogares. La clase media está ahogada entre los aumentos de tarifas y el endeudamiento al que recurre hasta para pagar los alimentos en el supermercado.

La morosidad bancaria de las familias alcanzó en octubre pasado el 7,8% de la cartera crediticia, el mayor nivel desde que 15 años atrás el Banco Central estandarizó el dato. En los préstamos no bancarios, que abarca desde billeteras virtuales como NaranjaX y Mercado Pago hasta financieras y casas de electrodomésticos, la irregularidad llega al 20,2%, según un informe de la consultora Eco Go, de Marina Dal Poggetto, sobre la base de datos de la autoridad monetaria.

A su vez, antes de la quita de subvenciones a la energía de enero, el gasto en servicios públicos en general había subido en los últimos cuatro años, entre el final del gobierno peronista y el inicio del libertario, del 4,8% del salario privado registrado al 8,8%, según Eco Go. “Esto está pegándole de lleno a la clase media”, observa Dal Poggetto. De todos modos, señala que en el gobierno de Mauricio Macri este gasto llegó a representar el 13% del sueldo. “Y eso que ahora hay una baja de subsidios más agresiva. Pero el desarrollo de Vaca Muerta te ayudó a bajar los costos locales”, se refiere a la sustitución de la importación de gas y a que, en lugar de asegurar una remuneración del gas en boca de pozo argentino de US$6,50 el millón de BTU (unidad de medida), como quería el ministro de Energía de Macri, Juan José Aranguren, el plan Gas de la anterior administración retribuye US$3,40.

“Tengo un plan de pagos de agua que termina en febrero; deuda con el gas, con envío de telegrama de aviso de suspensión de servicio incluido; dos cuentas pendientes de la luz, el ABL (alumbrado, barrido y limpieza) ni lo puedo pagar...”, lamenta Cecilia Montenegro, vecina de la Comuna 1 de la ciudad de Buenos Aires, que vive con su hijo con discapacidad. Al comienzo del gobierno de Milei perdió la asignación universal por hijo porque una auditoría determinó que el padre del niño estaba trabajando en blanco. Después de una acción legal la recuperó casi dos años después. Pero en el medio debió buscar changas para sobrevivir, pero sin dejar de cuidar a su hijo: desde la limpieza de su edificio hasta el paseo de perros. Tampoco pudo conseguir algo mejor a su edad, a los 57 años. “Lo poco que me entraba fue sólo para comida y cada tanto pagar un puchito de los servicios”, completa Cecilia.

“Dejé de pagar literalmente las tarjetas y préstamos”, cuenta Flavia Pérez, vecina de Claypole de 54 años, que trabaja en un comercio del Microcentro porteño y cobra un sueldo de $1 millón. Tiene un hijo de 14 años y convive en casa de su madre jubilada, que cobra la mínima, y también con su hermana, empleada administrativa. “Comencé pagando el mínimo de la tarjeta, hasta que en un momento me fue imposible seguir pagando, pedí préstamos en el banco y en Frávega”, relata Flavia.

Federico González Rouco, economista de la consultora Empiria, espera, pese a todo, que en 2026 el ingreso disponible, que es el que queda en el bolsillo tras pagar los gastos fijos, mejore levemente respecto de 2025 porque las jubilaciones y otros ingresos están atadas a la inflación pasada con una perspectiva de que a futuro baje de forma paulatina. González Rouco prevé que la quita de subsidios impacte en el ingreso disponible, pero considera que este estaba “artificialmente” inflado por esas ayudas. En Empiria no incluyen el endeudamiento en ese concepto, pero González Rouco observa que el récord de morosidad “es por un motivo positivo, la aparición del crédito, y otro poco por la necesidad de financiar gastos corrientes”.

En cambio, Pablo Moldovan, socio de C-P Consultora, sigue viendo “un escenario dificil para los ingresos”. “No hay muchos motivos para ser optimista, porque el programa de desinflación necesita reprimir ingresos para sostener precios controlados”, advierte sobre las pobres paritarias que están pactándose. Con el proyecto de ley de flexibilización laboral, que prevé que la negociación salarial sea por empresa y no por sector, el poder de los trabajadores disminuirá aún más. En un informe de la consultora que comparte con Federico Pastrana, advierte que cae el empleo formal y crece el informal, donde hay menos salarios, además de peores condiciones de trabajos y sin derechos laborales.

“El escenario es complejo”, coincide Pedro Gaite, economista de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE). “Los salarios están muy bajos en la comparación histórica, el empleo es cada vez más precario, es cada vez más difícil llegar a fin de mes, lo que se refleja en el aumento de la deuda para gastos corrientes y de la morosidad. Es complejo para las personas y para las empresas, sobre todo para las pymes”, apunta a que estas les venden a aquellas. “No hay perspectiva de que mejore significativamente en el corto plazo porque la inflación aumenta desde hace seis meses, el tipo de cambio dejaría de funcionar como ancla (antiinflacionaria), los aumentos de tarifas se van a profundizar en los próximos meses. El salario real va a seguir cayendo. De hecho, el ancla salarial probablemente sea la más importante. Mientras, el empleo se sigue deteriorando porque la industria está destruyéndose y el comercio también”, describe Gaite.

El exdiputado y exministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo viene advirtiendo hace años sobre el endeudamiento, sobre todo con prestamistas en los sectores populares. “La gente se endeuda y reendeuda, toma una deuda para tapar la anterior, por tres cuestiones: los gastos fijos, que son luz, agua, alimento y transporte, y eso es en esencia lo que ha crecido y complica cada vez más a la clase media; sigue siendo caro comer para los argentinos, en especial para las familias pobres; y también son caros los medicamentos, que están desregulados, pesan más si hay jubilados en el hogar y afectan a las clases baja y media. El sobreendeudamiento de las familias va a terminar generando algún conflicto social en la Argentina porque está convirtiéndose en un cuello de botella y no hay ninguna política para desendeudarlas”, vaticina Arroyo.

En los bancos consideran que para reducir la morosidad se necesita que bajen aún más las tasas de interés, que se fueron por las nubes en la última campaña electoral, que crezca la economía y que baje la inflación. En esas entidades ofrecen refinanciaciones a los morosos. Pero clientes como Rosa, empleada doméstica de Lanús, se las ve en figuritas para pagar sus múltiples deudas porque si deposita un ingreso para pagar una de sus tarjetas inmediatamente la entidad se la absorbe para saldar otro pasivo.

“En donde nosotros trabajamos, centros de Jubilados de La Matanza, el sobreendeudamiento es moneda corriente y en las peores condiciones, en el circuito informal”, describe Pedro Bussetti, presidente de la organización Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco). “Al no haber más créditos de ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social) a tasa subsidiada y no poder acceder al crédito bancario, por no reunir los requisitos o por estar en el Veraz, se recurre a los financiamientos más usurarios. A esto se le sumó que este mes por decisión del ENRE (Ente Nacional de Regulación de la Electricidad) se implementó el nuevo ciclo de facturación de Edenor y a la gente le llegan facturas con el consumo de 60 dias, abultadísimas. Un nuevo ingrediente para aumentar el sobreendeudamiento”, avisa Bussetti sobre los vecinos de la zona norte de la ciudad de Buenos Aires y del conurbano. Peor estará el clima cuando comiencen a llegar las boletas de enero.

AR/MF

El segundo intento del gobierno de Javier Milei de concesionar la hidrovía del río Paraná Paraguay ha despertado críticas de algunos de los interesados en el negocio, más allá de los ecologistas que advierten sobre el impacto ambiental de las futuras obras de profundización del calado. Entre ellas, se señala que los oferentes no competirán por ofrecer la tarifa más baja posible a los barcos usuarios -sobre todo los usarán el agro, la industria y la importación- sino que habrá una mínima y que deberán satisfacer una serie de servicios que exceden a lo que es el dragado y el balizamiento y que seguramente deban subcontratar con otras empresas. La primera licitación se canceló en enero pasado tras acusaciones de favoritismos a la actual dragadora, la belga Jan de Nul.

Alejandro Bustamante, director de la consultora Amaltea Agro y profesor de la Universidad del CEMA (Centro de Estudios Macroeconómicos), advierte en un análisis sobre el pliego publicado la semana pasada. “La baja del costo unitario de transporte es de importancia medular. Si el diseño de la próxima concesión impide lograr este objetivo, el proyecto pierde su fundamento e interés para los dadores de carga genuinos”, arranca Bustamante, y luego advierte: “Tomando como punto de partida profundidad y tarifa de peaje vigentes hasta 2023, el rango de tarifas y las profundidades objetivo propuestas en el pliego para cada etapa perjudicarán la competitividad del comercio exterior de los países de la Cuenca del Plata por el plazo de la próxima concesión”, se refiere a los 25 años en que se dejará el río, clave para el comercio exterior de Paraguay, Brasil y la Argentina, en manos de una compañía privada.

“La tarifa propuesta para la Etapa 2 (a partir del séptimo año del contrato) prácticamente duplica la tarifa vigente hasta 2023, para llegar a una profundidad que no permite evitar el sobrecosto de la escala de completamiento de cargas de los buques graneleros que transportan más del 80% de los granos y subproductos exportados”, señala Bustamente. Justamente, los exportadores de granos, aceites y harinas pretenden que el río sea más profundo para cargar a tope las embarcaciones, a diferencia de lo que ocurre hasta ahora, porque así se reducirían los costos de transporte.

“Una licitación tiene el propósito de averiguar cuál es el precio ajustado por riesgo más competitivo que los potenciales oferentes están dispuestos a ofrecer, cumpliendo el nivel de prestaciones exigido por el concedente”, señala Bustamante. “El pliego especifica rangos de tarifas admisibles para cada etapa. Ofertas que superen la tarifa máxima del rango o que sean inferiores al mínimo del rango no son admisibles. El esquema de calificación de ofertas propuesto contradice el objetivo de una licitación competitiva. Desafortunadamente, la tarifa mínima definida para cada etapa es muy superior a la que probablemente surja de un proceso licitatorio genuinamente competitivo. Dado que la tarifa queda definida por el concedente, el objetivo implícito del proceso licitatorio es adjudicarle la próxima concesión al oferente que haya obtenido la mejor calificación técnica”, agrega el experto.

También advierte sobre la profundidad del río: “En tanto no se llegue a una profundidad de canales que permita evitar el costo incremental de la escala de completamiento (del barco), cualquier aumento de tarifa de peaje incrementará el costo de exportar o importar. La profundidad requerida para completar bodegas es de 42 pies para subproductos y aceites, y de 44 pies para granos. El concedente no establece ninguna obligación de lograr esas metas de profundización dentro del plazo de la concesión. En caso que el concesionario lo proponga y el concedente lo considere conveniente, la tarifa resultante no surgirá de un proceso competitivo, sino de un acuerdo entre concedente y concesionario, a partir de la información generada por el concesionario”.

Bustamante propone además separar la concesión del dragado de las tareas de balizamiento, que él sugiere licitar aparte y por diez años. A su vez, objeta que el concesionario deba ofrecer nuevos servicios y recomienda “excluir del área de responsabilidad aquellas actividades que no hacen a la navegabilidad”. “Las tareas de salvamento, reflotamiento de buques hundidos y control de derrames son de naturaleza eventual. No deberían generarse nuevos monopolios para el desarrollo de estas actividades, encareciendo innecesariamente la tarifa de peaje, cuando existen alternativas disponibles que han permitido hacer frente a estas eventualidades. Control de derrames: existen mecanismos de respuesta establecidos, y se cuenta con empresas privadas habilitadas y auditadas por la Prefectura. Los puertos tienen planes de contingencia aprobados, los buques tanques que operan también tienen coberturas para la respuesta ante un hecho, además de contar con los seguros correspondientes. Asistencia y salvamento: actividad altamente especializada, con personal capacitado y medios para actuar en siniestros, varaduras, incendio, colisiones, hundimientos totales o parciales. Los costos de las operaciones son pagados por los armadores y/o seguros de los buques y/o carga involucrados. El armador y sus aseguradoras son quienes deciden qué empresa vá a prestar el servicio”, advierte el consultor.

“El pliego requiere equipamientos que van más allá del dragado y balizamiento de la via de navegación”, opina. “Se invaden o superponen funciones propias de Prefectura, Servicio de Hidrografía Naval (SHN), Instituto Nacional del Agua (INA), Servicio Meteorológico Nacional y organismos de medio ambiente. Los centros de monitoreo hidrometeorológico deben estar en manos de la Prefectura, SHN e INA.”

Bustamante observa el fondo de seguridad que se crea: “El desarrollo y la gestión de infraestructura para control de tráfico y prevención de contrabando o narcotráfico corresponden al ámbito de responsabilidad indelegable de la PNA y de la Aduana. Tratándose de una decisión política del gobierno nacional, los costos deberían estar en cabeza de todos los ciudadanos, y no exclusivamente en cabeza de los dadores de carga”.

También rechaza “trasladar a la próxima concesión la deuda generada por el actual concesionario”: “El pliego estipula el pago por parte del nuevo concesionario de un canon inicial por US$35 millones, correspondiendo este importe al saldo de una deuda presunta generada con el actual prestador de servicios de dragado durante la gestión del actual concesionario. El contrato de concesión vigente estipula que el concesionario actual asumió la gestión del dragado a su cuenta y riesgo. No corresponde que el próximo concesionario deba hacerse cargo de las consecuencias del déficit generado durante la actual gestión, ni que se translade ese sobrecosto mediante una mayor tarifa de peaje a los usuarios”.

“El pliego propone adjudicar a un solo concesionario las operaciones de dragado, balizamiento, relevamiento batimétrico e hidrométrico, control de derrames, reflotamiento y salvamento de buques, provisión y mantenimiento de infraestructura para control de tráfico; para los 1.440 kilómetros en un solo bloque”, resume Bustamante. “Una empresa prestadora de servicios de dragado deberá subcontratar todas las tareas que excedan su área de expertise”, advierte y enumera argumentos sobre “la conveniencia de separar la licitación de dragado de la licitación de balizamiento y relevamiento, y fraccionar la traza en más de un tramo concesionado”.

AR/CRM

Sin llegar al 12% mensual heredado del gobierno anterior, el de Javier Milei encuentra cada vez más difícil llegar a la inflación cero que se propone. Desde junio pasado en adelante, el índice de precios al consumidor (IPC) se incrementa mes a mes: del 1,5% de piso de mayo al 1,6% al mes siguiente, al 1,9% en julio y agosto, al 2,1% en septiembre, al 2,3% en octubre y este jueves se conoció el 2,5% de noviembre. Y eso que este último ya no estuvo bajo la influencia de la incertidumbre electoral que presionaba al alza del dólar.

El IPC acumula en el año una variación de 27,9% y en la comparación interanual, 31,4%. Ya la Argentina no está en el podio mundial de la inflación, pero sigue estando quinta, detrás de Venezuela, Sudán del Sur, Irán y Haití.

El rubro de mayor aumento en noviembre último fue vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4%), seguida de transporte (3,0%) y alimentos y bebidas no alcohólicas (2,8%). Los que registraron las menores variaciones en noviembre fueron equipamiento y mantenimiento del hogar (1,1%) y ropa y calzado (0,5%).

En el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) aumentaron por encima del IPC la carne (6,6%), aceites, grasas y manteca (3,3%), frutas (8,7%), aguas, gaseosas y jugos (5,1%), el alquiler (2,9%, con lo que se sigue derribando el mito de que la desregulación baja el valor), electricidad y gas (4,2%, por otro tarifazo, previo al que se viene en enero próximo), medicamentos (2,8%), autos (3,9%), combustible (3,5%, que las petroleras remarcan en silencio y sin cesar, ya sin informar a la prensa), telefonía e internet (2,9%), recreación y cultura (2,7%), educación (3,1%), restaurantes (2,8%) y ciudado personal (2,8%).

Sólo bajaron los precios de los lácteos, la ropa -por el impacto de la importación masiva por los portales Shein y Temu, entre otros orígenes- y las verduras, sobre todo por el abaratamiento del tomate y las arvejas. También hubo rebajas en arroz, pollo y huevo.

“El aumento del IPC del 2,5% en noviembre termina de dibujar un U observando los últimos 12 meses”, advirtió el economista Roberto Cachanosky por la red social X. “A partir de junio vemos un aumento sistemático del IPC. Un 2,5% de aumento equivale a un 34,5% anual. Pasados dos años de gobierno, no se puede decir que hubo un triunfo en la lucha contra la inflación con una inflación acumulada en los últimos 12 meses del 31,4%”, agregó el excandidato a diputado. Lejos quedó aquella frase del jefe de Gabinete, Manuel Adorni: “Saluden a la inflación que se va”.

Y no sólo eso. También vuelve a complicarse la pobreza. En noviembre subió 4,1% el costo de la canasta básica alimentaria y 3,6% el de la canasta básica total, que incluye también los remedios, el celular, la ropa, la educación y los gastos de la vivienda. En la medida en que se encarecen ambas canastas, se corre el riesgo de que el descenso logrado por el gobierno de Milei en los indicadores de indigentes y pobres se revierta al menos en parte. Y puede complicarse más si, como prevé el presupuesto 2026, la asignación universal por hijo deja de aumentarse al mismo ritmo que hasta ahora.

AR/CRM

Con diciembre vuelven los aumentos. El último mes del año replica la lógica de todo el 2025: subas sistemáticas que erosionan el poder adquisitivo de los trabajadores. Esta vez, el combo incluye transporte, servicios públicos y prepagas. Y lo más fuerte no es lo que sube ahora, sino lo que se viene en enero, con la quita total de subsidios a los hogares de ingresos medios y altos.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el colectivo urbano de Ciudad de Buenos Aires sube un 4,4% y el de provincia, un 14,8%, lo que lleva el pasaje mínimo a $594 en promedio en CABA y $598 en el conurbano. El subte también se ajusta: alcanza los $1.207 por viaje, como parte del mecanismo de revisión tarifaria vigente.

Las cuotas de medicina prepaga aumentan entre 2,1% y 2,5%, según la empresa y el plan. Galeno, Swiss Medical, Avalian, Hospital Alemán, Sociedad Italiana y Sancor aplican ajustes del 2,3%. Un plan individual que costaba $65.000 en noviembre pasa a $66.300, mientras que uno familiar que rondaba los $150.000 se ubica en torno a los $153.300.

En cuanto a los servicios públicos, aunque no se anunciaron nuevas subas en las tarifas base, las boletas de diciembre reflejan aumentos previos. El componente de distribución —que remunera a las empresas— subió en noviembre y se traslada a las facturas del mes siguiente: Edesur aumentó 3,53%, Edenor 3,6% y Metrogas 3,8%.

Pero el cambio estructural llegará en enero, con la implementación del nuevo esquema de subsidios energéticos. El Gobierno eliminó la segmentación por niveles y redujo el universo de beneficiarios. Solo podrán acceder los hogares con ingresos inferiores a tres Canastas Básicas Totales, es decir, $3.641.397 mensuales, y que no posean embarcaciones ni propiedades adicionales.

Quienes queden fuera pagarán el costo pleno de la energía. En luz, se quitará el subsidio del 50% sobre los primeros 300 kWh mensuales en verano e invierno; en gas, se eliminará el descuento del 50% vigente entre abril y septiembre. En las boletas de febrero, ya sin asistencia estatal, el impacto será mucho mayor para millones de usuarios.

Mientras tanto, el ajuste de diciembre se suma al deterioro acumulado. En alquileres, los contratos que se actualizan cada tres meses suben 6,43%, los cuatrimestrales 8,46% y los semestrales 14,1%. Los que se renuevan de forma anual tendrán un aumento del 39,2%.

Con una inflación que, aunque desciende desde que Javier Milei llegó al poder, hace dos años, aún persiste y no perfora el piso del 1,5% mensual, la caída del salario real sigue siendo el telón de fondo. Las subas en salud, transporte y servicios impactan especialmente en los hogares trabajadores, que destinan una porción creciente de sus ingresos a sostener el acceso a bienes esenciales. El 2026 no empezará con alivio, sino con tarifazos.

JJD

“El sistema está al borde del colapso”, alertaron las cámaras empresarias del transporte automotor de pasajeros del AMBA. En una carta dirigida a los secretarios de Transporte, Luis Pierrini, y de Trabajo, Julio Cordero, anunciaron que pagarán los salarios de noviembre en tramos y el aguinaldo en seis cuotas. Atribuyen la decisión a una “gravísima coyuntura económica, financiera y operativa” que, afirman, atraviesa a todo el sector en el país.

El documento lleva la firma de los titulares de las cinco cámaras del sector: AAETA, CEAP, CETUBA, CEUTUPBA y CTPBA. Las entidades empresarias afirman que les resulta “imposible sostener en tiempo y forma el pago íntegro y contemporáneo de las obligaciones salariales del personal”. El comunicado no menciona la reacción de los gremios, aunque se espera una respuesta en los próximos días.

El anuncio coincidió con un aumento del 9,7% en las tarifas de los colectivos que operan en jurisdicción nacional en el Área Metropolitana de Buenos Aires, que empezó a regir este lunes. El boleto mínimo pasó a costar $494,75, tras estar congelado desde julio. Sin embargo, desde la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) aseguraron que el ajuste no mejora la situación financiera de las empresas, ya que se compensa con una reducción proporcional de los subsidios estatales.

“En modo alguno, este ajuste implica una mejora en la economía de las empresas”, señalaron desde AAETA, y advirtieron que el sector perdió un tercio de sus ingresos en la última década. Según el nuevo cuadro tarifario, los pasajes para tramos medios y largos se ubican entre $551,16 y $636,11.

A pesar de los aumentos, persisten fuertes brechas tarifarias entre las líneas nacionales y las provinciales, que desde noviembre aplican un boleto mínimo de $573,09 en la provincia de Buenos Aires.

La decisión empresarial de fraccionar los pagos podría tensionar aún más las relaciones laborales en un sector históricamente conflictivo. Por ahora, el Gobierno no emitió una respuesta oficial al anuncio de las cámaras.

JJD

El Gobierno Nacional, a través de la Secretaría de Energía, publicó este viernes una resolución en el Boletín Oficial en el que convoca a una consulta pública del proyecto de Subsidios Energéticos Focalizados, paso obligado para modificar el esquema de beneficios para usuarios residenciales de electricidad y gas y consumidores de garrafas con la intención de aplicarlo desde enero de 2026, con el consecuente incremento en las facturas para aquellos que a partir de ahora queden afuera de los nuevos criterios que determinen las autoridades.

De acuerdo a la norma, que no detalla cuáles serán los cambios concretos ni a quiénes fectará, la reforma “viene a corregir las distorsiones heredadas del esquema anterior, enfocándose en los hogares más vulnerables y reduciendo los subsidios a sectores con mayores recursos”. Por lo que se desprende que los hogares con ingresos medios y altos, y las empresas, sufrirán cambios y centenares de miles quedarán en el camino.

De acuerdo a estimaciones preliminares, el acceso al subsidio quedará restringido a partir del año próximo a los hogares con ingresos inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT), que hoy equivalen a $3.641.397 mensuales, y no podrán acceder quienes posean 3 o más vehículos con una antigüedad menor a 5 años; 3 o más inmuebles; o poseer una embarcación, una aeronave de lujo o ser titular de activos societarios que demuestren capacidad económica plena.

A partir del nuevo esquema, habrá un solo régimen simplificado y la norma establece que en este período los beneficiarios actuales podrán modificar sus datos mediante declaración jurada en la web de la Secretaría de Energía si lo requieren.

Hasta el momento, para la asignación de los Subsidios Focalizados se establecen 3 niveles, además del Programa Hogar y la Tarifa Social de Gas: 

Nivel de ingresos altos (N1)

Son hogares que declaran reunir alguna de las siguientes condiciones, considerando a todas y todos los convivientes:

Nivel de ingresos medios (N3)

Son aquellos hogares que no se encuentran dentro del segmento de mayores ingresos y cumplen alguna de las siguientes condiciones:

Nivel de ingresos bajos (N2)

Son hogares que, considerando en conjunto a las y los integrantes del hogar, cumplen las siguientes condiciones:

Serán incluidos dentro de este segmento los hogares que, además de no cumplir las condiciones para formar parte del segmento de mayores ingresos, tengan:

De acuerdo al Gobierno, la revisión que hizo Energía reveló que 2.590.000 millones de usuarios recibían subsidio de ingresos bajos sin cumplir los requisitos, además de detectar que había 370.000 solicitudes a nombre de personas fallecidas. También, se localizaron 15.518 hogares ubicados en countries y clubes de campo que recibían subsidios correspondientes a los hogares de ingresos bajos.

El nuevo esquema

Esta estructura será reemplazada por una que divida a los usuarios en dos sectores: los hogares subsidiados (que abonarán el 50% del costo de la energía durante los meses de mayor consumo y tendrán una bonificación menor el resto del año) y los hogares que pagarán el costo real, sin ninguna bonificación, de acuerdo a lo que publica este viernes Infobae.

En electricidad, los hogares que califiquen recibirán una bonificación base del 50% sobre un bloque de 300 kWh por mes en los períodos de mayor demanda (invierno y verano) y de 150 kWh en meses templados (primavera y otoño).

Para el gas natural por redes, el subsidio estatal cubrirá la mitad del precio solo entre abril y septiembre, meses considerados de elevada demanda, sin bonificación para el resto del año.

El bloque subsidiado de gas natural se definirá según región, manteniendo los criterios de necesidades estacionales vigentes.

En el caso de los usuarios de garrafas y gas propano, se prevé un subsidio directo transferido a través de billeteras virtuales.

Los que ya perciben el Programa Hogar —3.364.065 de usuarios— serán migrados automáticamente al nuevo régimen y mantendrán la protección estatal, con reglas más claras y uniformes.

Quienes utilicen gas propano indiluido por redes y aún no estén inscriptos podrán anotarse a partir de enero en el sitio oficial.

El subsidio para garrafas comprenderá el equivalente a media garrafa por mes durante todo el año y una garrafa adicional en invierno, con el monto acreditado como bonificación directa tras la compra en sistemas de pago electrónico.

La transición será gradual: en enero de 2026 la bonificación extraordinaria será del 25% adicional para ambos servicios, alcanzando una cobertura total del 75% en electricidad y 25% en gas en ese mes. Este plus se reducirá gradualmente cada mes, hasta desaparecer en diciembre de 2026, evitando saltos abruptos en las facturas en los meses de mayor consumo.

Qué dice la resolución

De acuerdo a la resolución 484/2025 que se publica en el Boletín Oficial, “los Subsidios Energéticos Focalizados serán instrumentados por esta Secretaría, en el marco del Período de Transición establecido por el Decreto 465 de fecha 27 de mayo de 2024 y sus prórrogas. La consulta incluye la información referida al precio de gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), al precio del gas propano indiluido por redes y al Precio Estacional de la Energía Eléctrica (PEST), que se prevé trasladar respectivamente a las facturas de los usuarios de gas y energía eléctrica, a partir del 1º de enero de 2026”.

Además, dispone que durante el período “a fijarse para la celebración de la Consulta Pública, los interesados pueden presentar sus observaciones, sugerencias y/o comentarios, a los antecedentes y al análisis realizado por la Autoridad de Aplicación, en el sitio web de Consultas de la Secretaría de Energía”.

Para el Gobierno, “en el contexto actual de transición hacia la reestructuración y focalización de los subsidios energéticos, el mecanismo de Consulta Pública resulta oportuno y compatible con los principios que fundamentan el Decreto N° 1.172/03, cuya finalidad persigue instrumentar procedimientos como las consultas públicas no vinculantes, que involucran a diferentes sectores interesados y a la ciudadanía en general, y que permiten un igualitario acceso a la información para realizar manifestaciones y/o expresar perspectivas individuales, grupales o colectivas respecto de la decisión a adoptarse”.

A tal efecto, habilita “un canal de acceso para la consulta pública a fin de que cualquier organismo, entidad o persona interesada pueda acceder a los antecedentes citados, y especialmente, al análisis realizado por la Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético”.

También ponderó la consulta pública como “un espacio de deliberación entre todos los sectores interesados, con un ordenamiento apropiado que permita el intercambio responsable de ideas en igualdad de condiciones y mantenga en todo momento el imprescindible respeto por el disenso, bajo el connatural presupuesto de que constituye un foro de discusión por un tiempo predeterminado en función de las circunstancias del caso y no de decisión, que se mantiene inalterada en manos de la autoridad pública”.

Y recuerda que la Corte Suprema “ha entendido que en materia tarifaria la participación de los usuarios de un servicio público no se satisface con la mera notificación de una tarifa ya establecida y que es un imperativo constitucional garantizar la participación ciudadana en instancias públicas de discusión y debate susceptibles de ser ponderadas por la autoridad de aplicación al momento de la fijación del precio del servicio”.

 El Gobierno fijó nuevos precios de la electricidad para el verano

Mientras recorre el camino para la quita gradual de subsidios energéticos, el Gobierno Nacional aplicará nuevos precios para la demanda de energía eléctrica de cara al verano 2026, según se informó este viernes en el Boletín Oficial mediante la Resolución 488/2025.

Mediante la Secretaría de Energía se fijaron los nuevos precios para la demanda de energía, el período comenzará el 1° diciembre próximo y finalizará el 30 de abril de 2026.

La Resolución, con firma de la secretaria energética María Tettamanti, establece que, durante ese período, se aplicarán los Precios de Referencia de la Potencia (POTREF), Precio Estabilizado de la Energía (PEE) y el Precio Estabilizado de los Servicios Adicionales (PES) en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).

Se indica además que se deberán utilizar, junto con el Precio Estabilizado del Transporte (PET), “para su correspondiente aplicación en los cuadros tarifarios” de los Agentes Distribuidores y otros Prestadores del Servicio Público de Distribución que lo requieran.

La medida también comprende al Mercado Eléctrico Mayorista del Sistema Tierra del Fuego (MEMSTDF) como “destinada a abastecer a sus usuarios de energía eléctrica, o los de otros prestadores del servicio público de distribución de energía eléctrica dentro del área de influencia o concesión del Agente Distribuidor” la aplicación del POTREF y el PEE mercado eléctrico de la provincia del sur.

Lo mismo ocurre con el Servicio Público de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión y por Distribución Troncal, a los que se les establecen nuevos precios dependiendo la alta tensión y distribución de la energía de cada distribuidora.

Para este caso, se realiza el cálculo de la sumatoria entre los precios de alta tensión y la distribución. El número final es el precio de megavatio por hora hora (MWh) que cada distribuidora pagará.

Noviembre comienza con un doble golpe al bolsillo para los usuarios de Edesur y Edenor: el Gobierno oficializó un nuevo aumento en las tarifas de electricidad y, al mismo tiempo, aprobó un cambio total en la forma de medir el consumo y facturar.

El aumento en las tarifas

A través de las resoluciones 744/2025 y 745/2025 publicadas en el Boletín Oficial, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) dispuso los nuevos cuadros tarifarios que rigen desde el 1 de noviembre:

Las subas impactan en todos los usuarios residenciales, sin importar el nivel de segmentación (N1 -altos ingresos-, N2 -bajos ingresos- y N3 -ingresos medios-).

Adiós a la lectura bimestral: el nuevo modo de facturación

El cambio más profundo viene de la mano de la Resolución 730/2025. El ENRE autorizó a Edesur y Edenor a modificar el período de facturación para todos los usuarios residenciales (Tarifa 1).

Cómo será la transición y qué deben saber los usuarios

El proceso de migración al nuevo sistema implicará un “Período de Transición”, durante el cual se podrán generar ajustes o superposiciones en la facturación. Para proteger a los usuarios, el ENRE estableció una serie de condiciones obligatorias para las distribuidoras:

Asimismo, el Ente rechazó el pedido de las distribuidoras para ser eximidas de multas por “Facturación Estimada” durante la transición, instándolas a cumplir con las obligaciones de lectura de medidores.

Suben gas y combustibles

La secretaría de Energía, a cargo de María Tettamanti, dictó el pasado viernes las normas que rigen los aumentos y de acuerdo a lo expuesto las facturas de gas tendrán un alza de 3,8%.

Los aumentos previstos están por encima de la inflación proyectada de octubre que es de 2,5%. Además superan en promedio los ajustes salariales ya que la mayoría de los convenios vienen con paritarias por debajo de la inflación.

A esto se suma el ajuste en los combustibles, dado que se dispuso un alza parcial del impuesto que tienen incluido. Resta determinar qué decisión tomarán las petroleras para definir el alza.

Cabe recordar que el gobierno les quitó la obligación de comunicar mes a mes los porcentajes de ajuste.

De esta manera se licúa su efecto en la composición de costos que los registran a lo largo del tiempo y no se incluyen previamente en presupuestos o precios finales.

Aumentos en transporte

Noviembre llega con un nuevo aumento en las tarifas de los colectivos y subtes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), junto a los peajes de acceso a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

El incremento del 4,1% impactará en las 29 líneas del primer grupo que circulan únicamente en el distrito porteño, al igual que aquellas que prestan servicios en el Conurbano bonaerense. Mismo escenario se reiterará para el premetro, conforme al guarismo resultante del valor del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre medido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) más un 2% en relación a la tarifa anterior.

¿Cuáles son las líneas de colectivos de CABA que aumentarán el valor de sus boletos desde el 1° de noviembre?

Las siguientes 29 líneas de colectivos que circulan en CABA aumentarán el valor de sus boletos:

¿Cuánto saldrá el boleto de colectivo desde el 1° de noviembre en CABA?

La tarifa mínima plena en las 29 líneas de colectivos de CABA pasarán de $ 546,54 a $ 568,82.

Aumento del boleto de colectivos de la provincia de Buenos Aires

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires oficializó el aumento de 4,1% de las tarifas de colectivos que circulan en el Conurbano bonaerense, por lo que desde el 1° de noviembre el boleto mínimo pasará de $ 550,30 a $ 573,09 para los usuarios con tarjeta SUBE registrada.

¿Cuánto saldrá el boleto de colectivo desde el 1° de noviembre en el Conurbano bonaerense?

La Secretaría de Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dio a conocer los valores actualizados del boleto de subte y premetro que regirá desde el 1° de noviembre.

Tarifa de subte y premetro con beneficios sociales:

El Cuadro Tarifario Único de los peajes en la Ciudad de Buenos Aires de noviembre 2025 quedaron establecidos de la siguiente manera:

Motos

Vehículos Livianos

2 ejes

3 ejes – con remolque

Vehículos Pesados

2 ejes

3 ejes

4 ejes

5 ejes o más

El boleto de los colectivos de jurisdicción nacional, que circulan por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), aumenta un 7% desde este miércoles 18 de junio, como parte del ajuste trimestral aprobado por el Ejecutivo el mes pasado.

El pasaje mínimo en 103 líneas que recorren el conurbano bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires, pero están bajo la órbita del Gobierno nacional, trepa a partir de esta jornada casi $28 al pasar de $397,11 a costar $424,91.

La actualización de las tarifas corresponde al segundo tramo del incremento de 21,52% que dispuso la Secretaría de Transporte nacional en los últimos días de mayo. El primer incremento se realizó el 23 de mayo y la tarifa mínima pasó de $371,13 a $397,11. La tercera alza que completará el reajuste está prevista para el 16 de julio.

Esta serie de aumentos en los colectivos nacionales del AMBA se da después de ocho meses sin actualizaciones, ya que la última suba había sido en agosto del 2024, lo que produjo un desfasaje con las líneas de jurisdicción bonaerense y porteña que circulan por el mismo territorio.

El alza en el valor de los pasajes afecta a 103 líneas que dependen del Ejecutivo nacional y transitan por el AMBA. El resto de los colectivos que recorren la Ciudad o la Provincia, mantienen su esquema de subas mensuales basado en la evolución de la inflación más un 2% adicional. Así, este mes subieron un 4,8% y en julio escalarán un 3,5%.

El boleto de los colectivos nacionales recién se acercará al precio actual que tienen las líneas bonaerenses y porteñas en julio, con la aplicación del último ajuste, pero con la continuidad de las actualizaciones en los de administración provincial o capitalina, la brecha seguirá existiendo.

El incremento que rige desde este miércoles aplica a las siguientes líneas nacionales: 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194 y 195.

Las tarifas desde este 18 de junio

Suburbanas Grupo I (líneas que conectan la Ciudad de Buenos Aires con el primer y segundo cordón del conurbano bonaerense)

Suburbanas Grupo II (líneas que van desde CABA hacia distritos más alejados, como La Plata o Zárate)

El Gobierno autorizó este martes un aumento del 2,82% en las tarifas de luz de Edenor y Edesur, que brinda el servicio en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), mediante las resoluciones 400 y 401/2025 a cargo del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), publicadas en el Boletín Oficial.

La aprobación de los nuevos cuadros tarifarios de junio para las distribuidoras energéticas se da en el marco de la emergencia energética, extendida hasta el 9 de julio de 2026, y de la continuidad del Período de Transición hacia Subsidios Energéticos Focalizados que impulsa el Ejecutivo nacional para avanzar en la reestructuración del régimen de subsidios.

La actualización tarifaria de la luz para el sexto mes del año, fue avalada por el ministro de Economía, Luis Caputo, que por medio de una nota enviada a la Secretaría de Energía estimó “imperioso continuar con la corrección de los precios relativos de la economía, entre los cuales se encuentran los precios y tarifas concernientes a los sectores de gas natural y energía eléctrica”.

En la misiva, recordó que “las tarifas correspondientes al segmento de transporte y distribución de energía eléctrica deberán ser incrementadas conforme los resultados de las revisiones tarifarias quinquenales”.

De esta manera, el ajuste fue calculado en base al mecanismo de actualización aprobado en dicha instancia, que se compone de las variaciones registradas por el INDEC en el nivel general del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM), en un 67%, y en el nivel general del Índice de Precios al Consumidor (IPC), en un 33%.

En este caso, el ajuste de junio fue calculado a partir de las variaciones de abril, que fueron del 2,83% en el IPIM y del 2,78% del IPC, por lo que el porcentaje de ajuste del Costo Propio de Distribución (CPD) de las distribuidoras Edenor y Edesur es del 2,82%.

Con el nuevo esquema en marcha, se mantienen las bonificaciones para los usuarios residenciales Nivel 2 (65%) y Nivel 3 (50%). Los consumos que aún continúan subsidiados tienen topes y luego se paga la tarifa plena: los usuarios de ingresos bajos (N2) tienen un límite de 350 Kwh por mes y los de ingresos medios (N3), de 250 Kwh.

Con información de agencias.

IG

El gobierno de Javier Milei definirá un nuevo esquema de subsidios para las tarifas de electricidad y gas natural para antes de fin de año, luego de haber cerrado el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La idea de reducir los subsidios, principalmente para la clase media, es acelerar el recorte del gasto público y avanzar en la desregulación del sistema energético. La intención es reemplazar la actual segmentación por ingresos en tres niveles por una única asistencia, que sea destinada exclusivamente a hogares vulnerables.

El nuevo sistema excluirá alrededor de 3 millones de usuarios de clase media en la tarifa de luz. Estos mismos son los que empezarán a pagar más cara el precio de la luz.

El proceso de modificación del régimen será gradual. La Secretaría de Energía, a cargo de María Carmen Tettamanti, aplicó una reducción progresiva en los descuentos que reciben los usuarios residenciales sobre el precio de la energía en sus facturas.

Según el esquema vigente, los usuarios están agrupados en tres niveles: Nivel (ingresos altos), Nivel 2 (ingresos bajos) y Nivel 3 (ingresos medios).

Hasta diciembre había 9,5 millones de usuarios de electricidad con tarifa subsidiada (6,3 millones en el Nivel 2 y 3,2 millones en el Nivel 3), sobre un total de 16,2 millones. En el caso del gas, 5,3 millones de los 9,5 millones de usuarios residenciales recibían subvenciones (3,1 millones en el Nivel 2 y 2,2 millones en el Nivel 3), según datos del Registro de Acceso a los Subsisidios a la Energía (RASE).

Tettamanti estará a cargo del nuevo esquema. Según proyecciones del FMI, el gasto en subsidios energéticos pasará del 1,1% del PBI (en 2024) al 0,5% (en el 2025).

Desde la asunción de la administración libertaria, en diciembre del 2023, las tarifas de electricidad aumentaron un 264% y un 622% las de gas, según datos del Observatorio de Tarifas y Subsidios de la UBA-Conicet.

Otra de las metas impuestas en el acuerdo con el FMI es avanzar en la reforma del mercado mayorista de electricidad para noviembre de este año, con el objetivo de mejorar la competencia y aliviar la presión sobre la cadena de pagos del sector energético.

En ese sentido, La Secretaría de Energía dictó la Resolución 21/2025, que habilita a las empresas energéticas a celebrar contratos sin la intermediación de la compañía CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico), con la intención de recuperar un esquema de libre contratación.

MP con información de NA

El objetivo del gobierno de romper la barrera del 2% sigue sin concretarse. En la previa a la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero, que se conocerá este viernes, hay consenso en torno a una suba del índice. Las consultoras pronostican que la inflación se ubicará entre 2,3% y 2,7%, por encima del 2,2% de enero. El principal factor detrás de esta aceleración fue el fuerte aumento del precio de la carne, que subió cerca de 8% durante el mes.

Entre las proyecciones, Eco Go, la consultora que dirige Marina Dal Poggetto, estima una suba de 2,7% para el IPC de febrero. Equilibra, de Martín Rapetti, y PxQ, de Emanuel Álvarez Agis, proyectan un alza de 2,5%, LCG de 2,4%, mientras que la Fundación Libertad y Progreso calcula una suba de 2,3%. 

En la misma línea, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que realiza el Banco Central en base a estimaciones de consultoras privadas, ajustó este lunes su pronóstico a 2,3%, por encima del 2,1% que había anticipado un mes atrás. 

Para el top 10 de las consultoras relevadas en el REM, el aumento de la inflación no sería algo transitorio de febrero. Ajustaron al alza las proyecciones para febrero (2,3%), marzo (2%), abril (1,9%) y mayo (1,7%).

De confirmarse estos números, se profundizará aún más la situación de Argentina “cara en dólares”. Es que la tendencia al alza se da en un contexto en el que el Banco Central mantiene un ritmo de devaluación del tipo de cambio oficial (crawling peg) de 1% mensual, lo que implica que, si los precios superan ese porcentaje, seguirá deteriorando la competitividad en dólares de la economía. Asimismo, significaría un nuevo parate de la desaceleración de la inflación que festejó el gobierno entre agosto y noviembre del año pasado, que fue interrumpido con un salto en diciembre. 

La carne, cada vez más exclusiva

Si bien la suba pronosticada no sugiere un gran salto en la inflación, comienza a ser preocupante al hacer doble click. Es que las consultoras atribuyen la aceleración de los precios al rubro más sensible para las heladeras de los y las argentinas: los alimentos. 

“La inflación en alimentos se ubicó en 3,8%, 1,7 p.p. por encima de lo registrado el mes anterior. Las subas en el precio de la carne marcaron la tónica del mes, llevando a registrar una marcada aceleración de los precios”, asegura en su informe EcoGo. De acuerdo a la consultora, en febrero el rubro aumentó 7,8%. La carne vacuna 9,5%, el pollo 5,5%, y la carne de cerdo se mantuvo en línea con los aumentos generales, en 2,1%. La consultora asegura que, si se excluyen las carnes de la medición, la inflación hubiera alcanzado el 1,8%.

Para Equilibra, la inflación en alimentos fue de 2,8% en el mes, con un especial salto en el subrubro carnes y derivados de 6,1%. Libertad y Progreso también adjudica el resultado al subrubro carnes, con una suba de más de 7% y LCG de 6,2% en febrero. Como referencia, el informe de enero del Indec asignó un aumento de 1,8% para el rubro alimenticio, pivoteando en un 2% desde septiembre. Para las carnes, el aumento en enero fue de entre 2% y 5% según la región.

“La suba en el precio de las carnes impulsó el indicador al alza producto de la caída en la oferta luego de un 2024 donde la sequía limitó el desarrollo de las pasturas, afectó las preñeces y forzó la venta de hembras y hacienda para consumo sin terminar -forzando un precio artificialmente bajo-”, explica Eco Go. “La baja en el consumo interno y los mejores precios a nivel internacional–que se encuentran cerca de máximos históricos-, impulsan un cambio en la tendencia hacia una mayor retención de vientres, con alargamiento de los tiempos de engorde”, adhiere.

Sin tregua: lo que sube en marzo

Marzo tampoco traerá alivio para los bolsillos. A los incrementos ya anunciados se suman los estacionales, con especial foco en carnes, que no cedió durante la primera semana del mes. La lista incluye subas en transporte, combustibles, colegios, tarifas y servicios.

-El precio de los combustibles subió desde el 1° de marzo un 1,9% en promedio en todo el país, como parte de la actualización por inflación y la suba de impuestos a los combustibles líquidos. 

-También habrá un ajuste en las cuotas de colegios privados con subsidio estatal, que aumentarán 6% tanto en la Ciudad como en la Provincia de Buenos Aires, coincidiendo con el inicio del ciclo lectivo.

-En transporte, tras el aumento sorpresivo en los colectivos de CABA en febrero, se espera en marzo una nueva suba del 10% en el boleto para la Provincia de Buenos Aires, que sumaría 0,1 punto porcentual adicional a la inflación del mes. 

-Los servicios de telefonía, cable e internet también registrarán un alza, estimada en torno al 3%.

Por su parte, las empresas de medicina prepaga aplicarán incrementos diferenciados según el plan. Algunos usuarios no tendrán subas, pero otros podrían ver ajustes de entre 1,9% y 2,7%, según la aplicación de la nueva normativa que habilita a las prepagas a recibir aportes directamente, sin pasar por obras sociales.

-Las tarifas de luz y gas también se moverán: en marzo se aplicarán ajustes discretos de 1,5% para la electricidad y 1,7% para el gas, y a partir de abril comenzará a regir un nuevo esquema de actualización mensual por los próximos cinco años. En tanto, las tarifas de agua subirán 1%, por tercer mes consecutivo.

“La perspectiva para marzo es que la inflación se ubique en niveles similares a los de febrero, en un mes donde la propia dinámica estacional, sumada a los aumentos pactados en transporte, combustibles y colegios, entre otros, traccionaría el índice al alza”, advierte Eco Go.

NR/JJD

Las tarifas de electricidad tendrán un aumento de 1,5% a partir de este sábado en la región metropolitana, mientras que las de gas subirán 1,6% promedio en el resto del país.

Las medidas fueron adoptadas a través de una serie de resoluciones de la secretaría de Energía, del ENARGAS y del ENRE que fueron publicadas este viernes en el Boletín Oficial.

“A los fines de garantizar un suministro de gas y energía eléctrica sostenible y equitativo para todos los usuarios, evitar el desabastecimiento y asegurar la viabilidad económica del sector energético, el Gobierno Nacional actualizó los precios para febrero de 2025. Estos tendrán una actualización en la factura final de usuarios del 1.6% para el gas natural por redes y 1.5% para la energía eléctrica”, señaló un comunicado de la Secretaría de Energía.

El aumento también contempla una nueva reducción de los subsidios, que impactan en los niveles 2 y 3, que incluye a aquellos bajos y medios de la sociedad. El nivel 1 ya no tiene ninguna asistencia estatal y paga el precio pleno de los servicios.

“Por otro lado, se ha decidido unificar y simplificar los descuentos de los porcentajes de bonificación sobre el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) y el Precio Estacional de la Electricidad (PEST) para los consumos base. De esta manera, las bonificaciones serán del 65% para los usuarios de ingresos bajos (N2) y del 50% para usuarios de ingresos medios (N3)”añade el parte oficial.

Asimismo, la Secretaría informó que “en línea con el objetivo de simplificar procesos y desburocratizar al Estado, se decidió cambiar el mecanismo de compensación sobre el precio derivado de la aplicación del régimen de Tarifa Social de gas natural. Ahora, el pago de compensaciones se hará directamente hacia los productores y no a las distribuidoras. De esta manera, quitamos intermediarios y agilizamos la cadena de pagos”.

Esta decisión busca acelerar la quita de subsidios para acercar cada vez más al pago total del costo de la energía y la electricidad con el objetivo de consolidar el superávit fiscal.

La suba dispuesta por el ministerio de Economía se encuentra levemente por debajo de las expectativas de inflación para febrero. La intención es que las tarifas, de fuerte impacto en los presupuestos familiares, ajusten por debajo de la inflación general.

Con información de agencias.

IG

El Gobierno extendió el periodo de transición energética y mantiene el esquema actual de subsidios a la luz y el gas por seis meses más, mediante la Resolución 384/2024, publicada este martes en el Boletín Oficial.

La normativa dispuso prorrogar por “un plazo de seis meses, desde el 1º de diciembre de 2024 hasta el 31 de mayo de 2025, el Período de Transición hacia Subsidios Energéticos Focalizados”.

La decisión se da tras las evaluaciones llevadas a cabo por la Secretaría de Energía “en cuanto a la respuesta de los usuarios a la reestructuración progresiva del régimen de subsidios energéticos, todo ello en el marco de la política de déficit cero y desinflación implementada por el Ministerio de Economía”.

En ese sentido, se expuso que “las medidas adoptadas por esta Secretaría durante el Período de Transición, tanto en materia de subsidios como en cuanto a la actualización de las tarifas, han tenido efectos positivos sobre el equilibrio de las cuentas fiscales, a la par que los usuarios van adquiriendo hábitos de consumo más eficientes, en tanto se van transparentando los verdaderos costos de la energía y poniendo límites a los volúmenes de consumo subsidiables”.

De los informes técnicos, también se desprende que “la evolución de la cobertura de los precios mayoristas por parte de los usuarios muestra un sendero virtuoso de suma importancia para mantener el equilibrio de las cuentas nacionales, estableciendo reglas claras y aportando previsibilidad al sector privado que le permita planificar inversiones”.

De esta manera, las tarifas de luz y gas seguirán teniendo la cobertura actual de subsidios, que comprende la segmentación por niveles de ingresos, hasta abril, cuando el Ejecutivo ponga en marcha un nuevo esquema de subsidios focalizados en el que se encuentra trabajando la responsable del área energética, María Tettamanti.

Al respecto, el texto oficial, Energía aclaró que “durante este período de prórroga corresponderá avanzar gradualmente con las señales que estimulan el ahorro energético y el cuidado de los recursos naturales por parte de todos los hogares del país, al mismo tiempo que se avanza en una aplicación focalizada de los subsidios que implementa el Poder Ejecutivo Nacional”.

En esa línea, precisó que “existen aún ineficiencias en la asignación de los recursos, que distorsionan el objetivo de acompañar a quienes realmente lo necesitan y, en tal sentido, resulta necesario profundizar la ponderación del impacto de las medidas a adoptar a fin de avanzar en forma ordenada, previsible y gradual hacia la reestructuración de los subsidios encomendada a esta Secretaría”.

La medida se da tras la prolongación de la emergencia energética hasta el 9 de julio de 2025, resuelta a mediados de noviembre. La misma lleva casi un año de vigencia y afecta a la generación,el transporte y la distribución de energía eléctrica y gas natural.

Con información de NA.

IG

Diciembre llegará con al menos siete aumentos en distintos sectores. Hasta el momento está confirmado que suban alquileres, prepagas, tarifa de agua, colegios privados, combustibles, VTV porteña y los servicios de cable y telefonía. Se sumarán otras alzas —como las de las tarifas de luz y gas— que presionarán el bolsillo de los argentinos aunque la expectativa del Gobierno es que la inflación no trepe por encima de los últimos indicadores. En octubre, el Índice de Precios al Consumidor que mide el Indec fue del 2,7% y las consultoras privadas estiman indicadores similares para noviembre.

Uno por uno: todos los aumentos que llegan el próximo mes

Alquileres

Para quienes tienen contrato bajo la Ley de Alquileres habrá una suba de aproximadamente el 208,67% ya que se actualiza anualmente a través del Índice de Contratos de Locación que combina inflación con salarios. Esto recaerá únicamente en quienes iniciaron contratos entre el 1 de julio de 2020 y el 17 de octubre de 2023.

Tarifa de agua

Los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires sufrirán un aumento de AySA del 3%. En promedio, desde el domingo, las tarifas de agua y cloaca tendrán un valor de $22.071. Para los usuarios residenciales que solo tengan servicio de agua, la tarifa promedio será de $7645.

El aumento se toma por el método de actualización mensual que toma como parámetros la evolución de los salarios y de la inflación.

Prepagas

Empresas de medicina prepaga ya anticiparon a sus afiliados que instrumentarán subas de entre el 3,5% y el 4,9% para el próximo mes. En este caso, las actualizaciones se ubican por encima de la inflación y sumarán un alza aproximada del 121% en el año. Será el quinto aumento que hagan en 2024.

Colegios privados del AMBA

Los colegios privados del AMBA también aumentarán su cuota. En el caso de aquellos que tienen subvención estal en CABA subirán 4,95% mientras que en la provincia de Buenos Aires lo harán 3,8%. Esto abarca todos los niveles: desde inicial hasta superior.

Combustible

Las compañías analizan de cuánto sería el ajuste, que rondaría el 3%, aunque mucho dependerá de lo que termine haciendo la estatal YPF, que tiene la mayor porción del mercado.

La depreciación del peso del 2% prevista por el Gobierno para diciembre (crawling peg), sumada a un incremento de la cotización del barril de Brent (punto de referencia para la Argentina), explicarían el ajuste, según fuentes del sector privado.

La suba le metería más presión a los precios en un mes que suele ser más inflacionario que el resto, en momentos en que el Gobierno aspira a llevar el costo de vida a niveles del 1 por ciento.

La venta de combustibles no logra hacer pie, en medio de una economía que pugna por salir de la recesión. El despacho de gasoil cayó 5,7% en octubre con relación al mismo mes de 2023 pero, respecto de septiembre, subió 9,4%. En naftas, la caída interanual fue del 4,5%, pero subió 11,8% con relación a septiembre.

VTV en CABA y en la provincia de Buenos Aires

La Verificación Técnica Vehicular en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires costará un 18% más en diciembre. Será el último tramo del aumento del 40% que dispuso el gobierno porteño. El valor pasará a $52.878 para los autos y $19.88,72 para las motos.

En la provincia de Buenos Aires la suba será del 21,83%. La tarifa de auto pasará a $53.819,26 para los autos y a $21.527, 47 para las motos.

Cable y telefonía

Las compañías ya informaron a sus clientes que el incremento para el próximo mes será del 4% como mínimo. Dependerá del tipo de servicio y la empresa.

MM

 El Gobierno nacional dispuso un aumento del 2,5% para las tarifas de electricidad y del 2,7% para las de gas, según se confirmó este viernes a través de la publicación de las resoluciones correspondientes en el Boletín Oficial.

Estos incrementos se suman al alza del 2,75% que se produjo en el precio de los combustibles.

Con estas medidas, el Gobierno busca aprovechar la nueva baja de la inflación de octubre para continuar con el proceso de ajuste tarifario que le permite seguir bajando subsidios y consolidar el superávit fiscal. .

El aumento del 2,5% en la tarifa de electricidad rige desde este 1 de noviembre e incluye una suba del 6% en los cargos de transporte y distribución.

En el caso del gas el alza del 2,7% entra en vigor la semana próxima y se compone del precio del gas en sí que se incrementa a la par del dólar oficial y los cargos de transporte y distribución que subirán un 3,5%.

Desde el Gobierno señalan que estos aumentos son “actualizaciones” para para mantener constantes los ingresos de las empresas.

Las tarifas de gas por cada zona

Buenos Aires Norte: Naturgy BAN S.A.: 3.128

Capital Federal y Buenos Aires: Metrogas S.A.: 3.085

Mendoza, San Juan, y San Luis: Distribuidora Gas Cuyana S.A.: 3.148

Córdoba, La Rioja, y Catamarca: Distribuidora Gas del Centro S.A.: 3.115

Santa Fe y Buenos Aires: Litoral Gas S.A.: 3.108

Entre Ríos y Corrientes: Gasnea S.A.: 3.135

Salta, La Puna, y Tucumán: Gasnor S.A.: 3.094

Buenos Aires, Bahía Blanca, y La Pampa: Camuzzi Gas Pampeana S.A.:

Buenos Aires Sur, Chubut, y Neuquén: Camuzzi Gas del Sur S.A

Santa Cruz Sur y Tierra del Fuego - Camuzzi Gas del Sur S.A.:

Paraná: Redengas S.A.: 3.140

Con información de agencias.

IG

El Juzgado en lo Contencioso y Administrativo Nº 1, a cargo del juez Federico José Gallo Quintian, ordenó a las empresas prestatarias cumplir, en todo el territorio del municipio de La Matanza una medida cautelar que impide efectuar cortes de servicio por falta de pago hasta tanto se resuelva fijar tarifas accesibles, considerada la cuestión de fondo. 

De acuerdo con investigaciones del Conicet y de la UBA, esas tarifas aumentaron este año, en promedio, un 370%, cuatro veces más que la inflación.

“El amparo para proteger a las familias, parroquias, templos evangélicos, comercios, clubes de barrio, empresas, jubilados, trabajadores y profesionales de La Matanza, presentado por el intendente Fernando Espinoza junto con entidades de defensa del consumidor y fuerzas vivas del distrito, obtuvo el respaldo de la Justicia, que lo transformó en una medida cautelar”, afirma un comunicado del municipio.

“Los sucesivos y tremendos tarifazos dispuestos a lo largo del año por las empresas energéticas y de agua, con el apoyo del gobierno nacional, hicieron que la mayoría de los usuarios cayera en situación de Pobreza Energética, es decir que las tarifas insumen más del 10% del ingreso, con facturas que han aumentado hasta el 1.000%”.

 Según fuentes municipales, a partir de los anuncios de aumentos y de que comenzaron a llegar las facturas, creció el reclamo de la comunidad, expresado en las multitudinarias asambleas, a partir de las cuales se coordinó la presentación judicial.

A partir de esta decisión judicial, las empresas prestatarias no podrán cortar el suministro bajo ninguna circunstancia, incluida la imposibilidad de pago por los montos que están llegando con las facturas.

 “El reclamo del Municipio de La Matanza avanza sobre la cuestión de fondo, que es establecer tarifas acordes con las posibilidades de pago de los usuarios, muy afectadas por las políticas de recesión y de pérdida de ingresos de la enorme mayoría de la población, lo que se vio reflejado en un aumento de más de 11 puntos en los índices de pobreza en sólo los primeros seis meses de la presidencia de Milei”, concluye el comunicado.

DM

A partir de este martes 1 de octubre comienza a regir en la Ciudad de Buenos Aires un nuevo cuadro tarifario para el boleto del subte, que se suma a la actualización que también sufrieron los boletos de colectivos. 

El aumento del subte es de un 16,46%, lo que representa un valor de $757 para aquellos que utilizan la tarjeta SUBE registrada.

Este ajuste también alcanza al Premetro, cuya tarifa es ahora de $264,95. La medida forma parte del último tramo de un plan de ajuste tarifario que vio el precio del transporte subterráneo aumentar en un 589% desde principios de 2024. Para quienes no cuenten con la tarjeta SUBE registrada, el boleto tiene a partir de hoy un valor de $859,07, mientras que el Premetro costará $300,67.

Es importante aclarar que continuará vigente el sistema de descuentos para pasajeros frecuentes conocido como Red SUBE, el cual permite bonificaciones de entre el 20% y el 40% según el número de viajes realizados al mes.

Asimismo, se mantendrán los pases gratuitos para jubilados, pensionados, personas con discapacidad, personas trasplantadas y aquellas en lista de espera para trasplantes. También seguirá vigente el boleto estudiantil gratuito para alumnos de niveles inicial, primario y secundario.