La Cámara Federal porteña declaró este martes la nulidad del archivo de la denuncia que presentó el diputado de la UCR Facundo Manes contra el asesor presidencial Santiago Caputo por incidentes entre ambos el 1 de marzo pasado, durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso.

El Tribunal de Apelaciones encomendó a la jueza del caso, María Eugenia Capuchetti, que antes de volver a tomar una decisión “se expida respecto de la constitución o no como querellante de Facundo Manes”, según la resolución.

Además pidió que, en caso de aceptar a Manes en ese rol, resuelva sobre “la viabilidad de las medidas pedidas en ese alegado carácter, tendientes a obtener un conocimiento completo de lo acontecido; y cuánto por derecho corresponda en consecuencia”.

La decisión fue de los jueces Roberto Boico y Martín Irurzun, con la disidencia de Eduardo Farah.

La denuncia por supuestas amenazas había sido archivada por inexistencia de delito en una decisión que apeló Manes pero que no hizo la fiscalía del caso.

La Cámara entendió que es necesario “determinar antes si, como se pidió, quien promueve la continuación de la instrucción y la realización de cursos de acción determinados para profundizarla, tiene o no aptitud legal para ejercer las facultades que otorga la ley al particular damnificado”.

En marzo pasado, Manes denunció a Caputo por lo ocurrido el 1 de marzo en el Congreso, cuando según asegura fue golpeado y amenazado.

El incidente tuvo lugar mientras el presidente Javier Milei daba su discurso en la apertura de sesiones y Manes le mostró un ejemplar de la Constitución.

Milei le respondió que él debía leerla y entonces, según Manes, comenzaron a increparlo desde un palco en el que estaba Caputo.

Luego se cruzaron en un pasillo y, según la denuncia, “Caputo se puso a mi lado e hizo un acercamiento cara a cara muyintimidante”.

“Luego levantó su mano derecha y la colocó sobre mi rostro, en otra clara y evidente actitud hostil, para después acercar su boca a mi oído y decirme en tono amenazante: ´Vos para hacer lo que hiciste, tenés que estar limpio´”, denunció Manes en marzo.

MM con información de la agencia NA.

La Cámara Federal de Apelaciones porteña ordenó este jueves la reapertura de la causa por la bomba en el comedor de la entonces Superintendencia de Coordinación Federal de la Policía Federal, ocurrido el 2 de julio de 1976. Además, los jueces ordenaron citar al exjefe de la organización Montoneros, Mario Firmenich, a declaración indagatoria, de acuerdo al fallo al que accedió elDiarioAR. Los jueces sostuvieron que la agrupación se adjudicó públicamente la comisión del atentado.

La decisión es un giro en torno a las causas de crímenes cometidos por las organizaciones armadas en los años 70, que pese a los intentos de reapertura de familiares de las víctimas y organizaciones de abogados han sido cerradas por los jueces. La Justicia hasta el momento sostuvo que los delitos estaban prescriptos por tratarse de crímenes comunes. El fallo de este jueves, sin embargo, plantea que este caso tiene características especiales que lo diferencian de otros, explicó una fuente judicial con acceso al caso.

Montoneros, sostiene el escrito de los jueces, se atribuyó públicamente el hecho. Se sostuvo entonces que en el edificio del comedor funcionaba un centro clandestino de detención. La dictadura operó sobre los sospechosos de colocar la bomba y ordenar el atentado con sus métodos ilegales y violatorios de los derechos humanos: el secuestro, la tortura y el asesinato.

Los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens decidieron tras más de un año de análisis del caso declarar el hecho sucedido en el comedor como una “grave violación a los derechos humanos”, debido a que la Justicia no investigó los hechos durante la dictadura militar y no esclareció lo acontecido a las familias de los fallecidos, sostiene el fallo, en base al análisis del expediente judicial de 1976. Así lo había adelantado este medio en septiembre.

La causa estaba cerrada por orden de la jueza federal María Servini, quien sobreseyó a todos los denunciados por la bomba colocada en el comedor de la Federal por considerar extinguida la acción penal, debido al paso del tiempo. Sin embargo, al calificarlo como una “grave violación a los derechos humanos” por denegación de Justicia, los jueces de la Sala I de la Cámara Federal determinaron que el hecho no está prescripto. 

Además, los magistrados aceptaron tener como querellantes a la “Asociación Defensores de Derechos Humanos de Latinoamérica”, uno de los impulsores de la reapertura del caso y del juzgamiento a jefes montoneros. Existen otros denunciados en el expediente sobre los que no existen elementos de prueba de que hubieran participado del hecho, según una fuente del caso.

Los jueces ordenaron la reapertura del caso en base a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El objetivo de los magistrados es garantizar “la continuidad de la pesquisa, todas las medidas de prueba que, pese al tiempo transcurrido, permitan dilucidar lo que aconteció el 2 de julio de 1976 y establecer quiénes fueron sus responsables, ya sea que tuvieran intervención directa en el hecho o indirecta dentro de la estructura de mando de la propia organización que ideó, planeó y autorizó el accionar ilícito”. 

También ordenaron citar “inmediatamente a prestar declaración testimonial a quienes resulten víctimas en este proceso”.

El hecho

El comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal de la Policía era el centro de congregación de decenas de personas, resaltó el tribunal. El 2 de julio de 1976, en plena dictadura, “policías y civiles, hombres y mujeres, altos jefes o simples empleados habían coincidido en la planta baja del edificio de calle Moreno 1417 para disfrutar del almuerzo, cuando la detonación de una maleta especialmente preparada con material explosivo quebró la calmada cotidianeidad”, sostuvo Llorens.

A las 13.20, casi dos docenas de personas perdieron la vida y más de 100 resultaron con heridas de diferente gravedad. Debido a la cantidad de víctimas, el tribunal lo consideran el tercer atentado más grave de la historia argentina, después de los atentados a la AMIA y a la embajada de Israel, atribuidos al terrorismo internacional en la década de 1990.

Querellantes

Tras el cierre de la causa por parte de Servini, los querellantes se presnetaron ante la Cámara Federal para pedir la reapertura del caso. La presentación fue realizada por los abogados Ricardo Saint Jean -hijo del gobernador bonaerense de facto durante la dictadura- y la también abogada María Laura Olea, por la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia. También participaron de la apelación el abogado José María Sacheri, en su calidad de letrado apoderado de María Alejandra Cepeda, Gabriel Cepeda y María Carolina Cepeda, en representación de su madre, Josefina Melucci de Cepeda, y de Néstor Luis Soria.

Servini había planteado en la causa que “más allá de lo aberrante y reprochable que resultó, no constituía un delito de lesa humanidad, ni un crimen de guerra. Tampoco, un acto de terrorismo –conforme las pautas establecidas en el Convenio Internacional contra la Financiación del Terrorismo-; ni una grave violación a los derechos humanos. Por ello, le eran aplicables las reglas generales sobre la vigencia de la acción, que en este expediente se encontraba ya agotada”, resaltó la Cámara.

Argumentos

En su voto conjunto, los jueces Bruglia y Bertuzzi sostuvieron que la reapertura del caso se basa en “la enorme gravedad y magnitud del evento que constituye el objeto procesal y -con marcada gravitación- la prácticamente nula intervención del Estado en el cumplimiento de su deber de promover e impulsar la acción penal con el fin de dar una respuesta efectiva a los derechos de las víctimas”. “Por ello -afirmaron- resulta imperativo avanzar en el cumplimiento de esta relevante obligación estatal, evitar daños mayores y respetar los compromisos internacionales asumidos”.

“Estamos frente a un expediente iniciado por un acto criminal de una magnitud extraordinaria, considerando para su calificación solo parámetros objetivos tales como número de personas que murieron, heridos y daños causados”, aseguraron. “Por otro lado, el lugar donde se colocó el explosivo (comedor), el día y horario de la detonación, la finalidad de provocar el derrumbe total de edificio (tal como surge del comunicado del grupo que lo ocasionó), son elementos de análisis que dan a entender no solo la envergadura efectiva de la agresión, sino también la enorme carga de intencionalidad criminal, reflejada sobre todo por la indiscriminación de indefensas víctimas que se buscó causar”, afirmaron. “Se buscó, y se logró, otorgar al acto una siniestra carga comunicacional de destrucción y muerte”, dice el fallo.

“El suceso nunca fue siquiera mínimamente investigado por el Estado. Las excepcionales características de este lamentable acto criminal y la omisión por parte del Estado Nacional de investigarlo hasta el día de hoy, sin ofrecer siquiera una mínima respuesta a las víctimas después de más de cuarenta años, constituyen circunstancias que, más allá de aspectos de razonabilidad, principios éticos y razones de justicia, no pueden ser ignoradas a la luz de los actuales estándares de protección internacional de los derechos humanos”, concluyeron los jueces.

“Consideramos que, sin necesidad de un esfuerzo técnico adicional y en virtud de la interpretación amplia proporcionada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es posible calificarlo como una grave violación a los derechos humanos”, dice el fallo.

Resulta imperativo avanzar en el cumplimiento de esta relevante obligación estatal, evitar daños mayores y respetar los compromisos internacionales asumidos

Fallo de Bruglia y Bertuzzi.

“No es necesario abundar en aclaraciones sobre el hecho de que la brutal y trágica violación de los derechos humanos perpetrada por la dictadura que asumió el poder en marzo de 1976 no constituye un obstáculo para la reapertura de la presente causa, ni exime de responsabilidad a los autores del grave hecho que debe ser investigado”, argumentaron los magistrados. “Consideramos que, a pesar del tiempo transcurrido, aún es posible avanzar en la investigación en el presente para esclarecer las responsabilidades en este suceso y poner fin al estado de incertidumbre que afecta a las víctimas y sus familiares”.

El hecho “no debería quedar signado en la historia judicial argentina como un hecho más de impunidad, en el que el paso del tiempo cerró el proceso y confinó en el olvido y en una misma y triste condición a las víctimas, sus derechos y los valores esenciales de justicia de una sociedad democrática”, alegaron.

El voto de Llorens

Si bien la decisión de reabrir la causa fue unánime entre los tres jueces de la Sala I, el camarista Llorens escribió un voto por separado en el que planteó ique el objetivo del fallo era “cuestionar y debatir si (el hecho) fue debidamente investigado por las autoridades competentes del Estado Argentino y, lo que es más importante, si aún hay tiempo para avanzar provechosamente en esa dirección para darle respuesta a las víctimas, principales destinatarios de esta nueva aproximación, aunque no los únicos”.

“Quiero acá dejar absolutamente claro un concepto -escribió Llorens-. La brutal represión ilegal que desplegó la dictadura militar que usurpó el poder a partir de marzo de 1976 fue el episodio más oscuro, cruel y aberrante de la historia argentina. No hubo porción de la historia argentina previa a ese período que se le compare. Pero, aun así, su barbarie no absuelve ni exculpa a quienes planearon el atentado -la conducción de la organización ”Montoneros“-; a las distintas células encargada de su logística y realización -los integrantes del denominado ”Pelotón de Combate Sergio Puigros“-; ni a los que lo ejecutaron materialmente. Las atrocidades de unos, no neutralizan los crímenes de los otros”.

“El destinatario directo fue cualquiera. No importó su jerarquía, su género, sus creencias ni su origen. Tampoco importó si eran hostiles al movimiento o simples trabajadores. Si los afectados eran unos pocos, o muchos. Lo importante nunca fueron los muertos o los lesionados, sino el mensaje concreto, claro y tangible. Lo importante fue lo que el hecho iba a comunicar a la Policía Federal Argentina, a las fuerzas de seguridad y al resto de la sociedad”, afirmó Llorens. “La seguridad en su punto más vulnerable, la calma estremecida, el terror espoleado. ¿Qué lugar ocuparon aquí las vidas y los destinos de esas personas? Ninguno. Sólo simples instrumentos en el camino de las metas de la organización”, agregó el magistrado.

El juez aseguró que grupos como Montoneros “exhibían una típica estructura militar, al menos la habitual para la época. Su cantidad de miembros, su armamento y su control sobre cierto territorio” y que buscaban no sólo “tomar por las armas la soberanía del Estado dejando de lado los principios y valores de una recuperación constitucional, sino dominar la razón y la emoción de muchos que compartían un mismo espacio”.

“La reacción de las autoridades de facto fue el silencio y la represión indiscriminada, desde todos los ángulos posibles”, dijo Llorens.

ED/JJD

La Cámara Federal de Apelaciones porteña analiza si reabrirá la causa por la voladura del comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal de la Policía Federal Argentina (PFA), sucedido el 2 de julio de 1976 por una bomba atribuída a la organización guerrillera Montoneros, informaron a elDiarioAR dos fuentes judiciales con acceso al expediente. 

El avance de la causa se da en paralelo con el objetivo de la vicepresidenta Victoria Villarruel de reabrir las causas judiciales por atentados y secuestros adjudicados a Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), ocurridos en su mayoría entre 1969 y 1979, de acuerdo al Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), que preside la funcionaria desde hace casi dos décadas.  

El estudio del caso está a cargo de la Sala I: los tres jueces que la integran, Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia debaten desde hace meses si declararán a este hecho como una grave violación a los derechos humanos y, por ende, imprescriptible.

Llorens tiene una postura clara sobre el caso: considera que es uno de los atentados terroristas más importantes de la historia del país, una lista que encabeza el atentado a la AMIA. La bomba detonada en el comedor de la Federal causó 24 fallecidos y al menos 60 heridos (algunos medios hablan de 23 muertos y más de 100 heridos), por lo que supera a las víctimas fatales del atentado a la embajada de Israel en 1992 (22 muertos y 242 heridos). 

El caso

El 2 de julio de 1976, una bomba tipo vietnamita estalló en el comedor de la dependencia policial, ubicado en Moreno al 1400, a una cuadra del Departamento Central de Policía. Murieron tres oficiales de la Policía Federal, 20 suboficiales y una mujer civil. En el edificio trabajaban varias mujeres como empleadas administrativas, según informó La Nación. Montoneros se atribuyó el ataque horas después de la explosión en un comunicado en el que definió al atentado como “un hecho de guerra”, de acuerdo a lo publicado por dicho medio. 

El responsable de colocar la bomba en el comedor habría sido José María Salgado, de 21 años, quien había cumplido el servicio militar en la Policía. Fue secuestrado y se encuentra desaparecido. Montoneros sostenía que allí funcionaba un centro clandestino de detención, lo cual luego se corroboró: se denominó Coordinación Federal.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) planteó en los últimos días en respuesta al objetivo de la Vicepresidenta: “Los delitos cometidos por las organizaciones armadas que no fueron juzgados en su momento, no pueden serlo ahora porque están prescriptos”. “Los únicos delitos que no prescriben son los de lesa humanidad o contra la humanidad. Crímenes de tal magnitud que la humanidad decidió exhibirlos, juzgarlos y no repetirlos, como los del nazismo o de la última dictadura”, sostuvo la ONG que representa a víctimas de los militares y el caso AMIA ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)

Sin embargo, ninguno de los jueces del tribunal considera este caso como un expediente de lesa humanidad, ya que no hay intervención del Estado en el hecho, pero la clave está en si determinarán que se trata de una grave violación a los derechos humanos, una categoría utilizada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para reconocer la imprescriptibilidad de ciertos crímenes y la responsabilidad del Estado para dar respuesta a las víctimas e investigar los hechos, afirmaron las fuentes consultadas.

Se trata de antecedentes de los últimos 20 años, como el caso de Walter Bulacio –que obtuvo una sentencia a favor en la Corte IDH en 2003– o el caso AMIA –por el que el organismo internacional condenó este año al Estado argentino–, que pueden cambiar por primera vez en casi dos décadas la posición de la Justicia sobre un caso atribuido a la guerrilla de los 70. Ninguno de estos casos que ahora están siendo estudiados por la Cámara Federal porteña son por delitos de lesa humanidad y sin embargo la Corte IDH los catalogó como casos de graves violaciones a los derechos humanos. 

Bulacio y AMIA tienen, sin embargo, ciertas características especiales, como la participación de agentes de la Policía Federal en el primero y el encubrimiento del atentado por parte del Estado en el segundo caso.

Los casos Bulacio y AMIA son apenas dos de los antecedentes de la Corte IDH que están siendo analizados por la Cámara Federal porteña. En el caso AMIA, el tribunal internacional ratificó que el Estado argentino violó los derechos humanos de las víctimas y sus familiares y el derecho colectivo a la verdad, y ordenó que se comprometa con la investigación judicial y las medidas de reparación.

En el caso Bulacio, el tribunal internacional determinó que él como víctima y sus familiares vieron violados sus derechos humanos cuando el Estado argentino incumplió los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, o Pacto de San José de Costa Rica, que garantizan a toda persona el derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, además de a la protección judicial.

El juez Llorens pidió copia del expediente judicial del atentado al comedor, tramitado en 1976, durante la dictadura militar, y se encontró con que ningún juez intervino en el caso. Sólo hallaron un sumario policial. En los años de plomo y picana, el Estado acudía a la clandestinidad: el secuestro, la tortura y la desaparición. Como consecuencia, las familias de las víctimas de la voladura del comedor de la Federal nunca tuvieron un juicio ni reparación económica. El Estado no intervino desde la legalidad. Por eso, los jueces debaten si la Justicia en democracia “debe dar una respuesta a las víctimas sin revivir la teoría de los dos demonios”, confío una fuente al tanto de las deliberaciones.

La causa

La causa ha pasado por distintas instancias desde 2003. Los familiares de las víctimas de la bomba del 2 de julio de 1976 y organismos que los acompañan como querellantes en los expedientes sostienen que el hecho no ha prescripto con diferentes argumentos legales. Sin embargo, en dos oportunidades la jueza María Servini determinó que el caso está prescripto y sobreseyó a los acusados en 2007 y 2013, entre ellos a Mario Firmenich y Horacio Verbitzky. Así también lo planteó la defensa oficial de los acusados y el fiscal Guillermo Marijuán. Fue ratificado por la Cámara Federal en una oportunidad y por la Cámara Federal de Casación.

Los querellantes volvieron a presentarse y pidieron la reapertura del expediente, el llamado a indagatoria de los acusados o la realización de un juicio por la verdad, con el argumento de que se trata de hechos de graves violaciones a los derechos humanos, en consonancia con la Corte IDH. Los Juicios por la Verdad fueron una herramienta a la que se recurrió en la década de 1990 para investigar y sacar a la luz los crímenes de la última dictadura cívico-militar mientras estaban vigentes las leyes de obediencia debida y punto final. 

La jueza Servini considera que el caso es cosa juzgada. Los querellantes acudieron entonces a la Cámara Federal. 

Los jueces Llorens, Bertuzzi y Bruglia por el momento rechazan la idea de un juicio por la verdad, explicaron a elDiarioAR dos fuentes con acceso directo a los debates dentro de la Cámara Federal porteña. 

Hasta el momento, ninguno de los casos de crímenes atribuidos a la guerrilla planteados por familiares y ONGs, como el asesinato del sindicalista José Ignacio Rucci o los secuestros y asesinatos de los militares Argentino del Valle Larrabure y Jorge Ibarzabal, han sido declarados imprescriptibles. El argumento de la Justicia hasta el momento es que los responsables de dichos crímenes no contaron con la complicidad o participación del Estado.

Estos últimos tres casos también han sido planteados por los familiares de las víctimas ante el Poder Judicial buscando una equiparación con las causas de violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura cívico-militar. Todos han recibido fallos contrarios.

El caso de Larrabure incluso llegó hasta la Corte Suprema, donde aún está pendiente de resolución.

El estudio del caso de la bomba en el comedor de la Federal por parte de la Cámara Federal porteña plantea “características especiales”, como la cantidad de muertos y heridos, y la afectación a civiles de manera indiscriminada, qué sí permitirían un análisis bajo la categoría jurídica de graves violaciones a los derechos humanos, explicó a elDiarioAR una fuente al tanto del análisis que realizan los jueces.

Esta nota fue actualizada el 01/09/2024 a las 16:00.

ED/MG

La Sala I de la Cámara Federal porteña, integrada por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, ordenó la reapertura de la causa por crímenes de lesa humanidad del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, considerando que corresponde la “jurisdicción universal y la competencia extraterritorial” frente a las “graves violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad”.

El fallo señala que el presidente de Venezuela así como el diputado y expresidente de la Asamblea Nacional de ese país, Diosdado Cabello, y otros cabecillas del régimen venezolano, están investigados como responsables de esos delitos.

En 2003, el Foro Argentino por la Defensa de la Democracia y la Fundación de George Clooney presentaron denuncias en la Justicia de nuestro país por violaciones a los derechos humanos en Venezuela. El fiscal Carlos Stornelli promovió la investigación y el caso llegó al juez Sebastián Ramos quien, sin embargo, archivó el expediente y lo envió a la Corte Penal Internacional.

La decisión del juez Ramos fue rechazada por el Foro Argentino para la Democracia, que le pidió a inicios de este año que mantuviera su competencia, tanto en este caso como en otro similar, sobre Cuba, por la comisión de delitos de la misma índole y tenor por parte del gobierno de Miguel Díaz-Canel, el sucesor de los hermanos Castro.

Bruglia, Bertuzzi y Llorens Ahora dispusieron la reapertura de la causa después de haber recibido la apelación de algunas víctimas de dichos delitos en Venezuela. Los jueves remacaron que es necesario retomar la investigación sin “delación ni demora” ya que se trata de delitos de “extrema gravedad”.

JJD

Durante casi 50 días, el Poder Judicial se negó a intervenir en un hábeas corpus contra el “protocolo antipiquetes” de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Cuando finalmente un juzgado tomó cartas en el asunto, la Cámara Federal de Apelaciones porteña sentó las bases para continuar frenando la actuación judicial que busca poner límites al protocolo de orden público y a la represión desmedida y arbitraria de las fuerzas de seguridad. “El caso roza la denegación de Justicia”, dijo a elDiarioAR una fuente de los tribunales de Comodoro Py.

Al menos cinco juzgados y tres tribunales han intervenido ya en el expediente y sólo uno de los juzgados ha aceptado su competencia para analizar la presentación de la legisladora porteña Celeste Fierro (Movimiento Socialista de los Trabajadores, MST). El caso ya pasó por cuatro fueros distintos durante los últimos dos meses, de acuerdo al análisis realizado por este medio. Actualmente, interviene el juez federal Sebastián Casanello, quien aceptó la competencia pero cuya continuidad la Cámara Federal porteña puso en duda este jueves.

La presentación de Fierro fue realizada el 18 de diciembre. Fue el primer planteo de inconstitucionalidad del llamado “protocolo antipiquetes”. La resolución del Ministerio de Seguridad prevé la actuación de las fuerzas de seguridad “sin que necesariamente medie una orden judicial” cuando una protesta impida el tránsito de personas o vehículos con cortes de calles, avenidas y rutas.

La iniciativa prohíbe que sean cortadas calles y rutas. El protocolo establece que los efectivos de las fuerzas de seguridad “emplearán la mínima fuerza necesaria y suficiente” y que tendrán “especial atención y cuidado ante la presencia de niños, mujeres embarazadas o ancianos”. La fuerza que utilicen los agentes “será graduada en proporción a la resistencia opuesta por los manifestantes o sus apoyos, siempre con empleo de armas no letales”, aclara la normativa.

Lo cierto es que la última aplicación del supuesto protocolo de orden público distó mucho de la letra escrita. Las fuerzas de seguridad que actuaron durante las manifestaciones por el tratamiento de la ley ómnibus en el Congreso actuaron de manera desproporcionada y abusiva, según surge de las imágenes tomadas por camarógrafos y fotoreporteros, además de grabaciones de manifestantes y transeúntes. 

La aplicación del protocolo provocó castigos físicos y lesiones a los manifestantes, puso sus vidas e integridad física en riesgo y terminó con detenciones arbitrarias. Más de 20 periodistas y reporteros gráficos terminaron heridos con balas de goma disparadas de forma directa a sus rostros y cuerpos. 

La medida “amenaza derechos políticos”, sostuvo Fierro en su presentación, quien solicitó a la Justicia que suspenda el protocolo. Este es el derrotero del hábeas corpus:

ED/DTC

La Cámara Federal de Apelaciones porteña favoreció este martes al exsecretario de Finanzas de Cambiemos Santiago Bausili, con una falta de mérito que lo dejó al borde del sobreseimiento. Será el presidente del Banco Central en el nuevo gobierno, según anticipó en la noche del martes el futuro ministro de Economía, Luis Caputo, y confirmaron voceros de La Libertad Avanza a elDiarioAR. Bausili y Caputo son socios en la consultora financiera Anker Latinoamérica.

Bausili estaba procesado por el juez federal Sebastián Casanello por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública en el marco de su intervención en el “megacanje II”. Bausili estaba acusado de haber favorecido a la entidad bancaria Deutsche Bank, que era su empleadora hasta que ingresó en la función pública.

Bausili siempre negó haber intentado favorecer al Deutsche Bank desde su cargo en el gobierno de Mauricio Macri y su abogado, Matías Cuneo Libarona, apeló el fallo del juez Casanello. Los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah le dieron la razón a la defensa. El penalista que representa al exfuncionario es además abogado de Luis Caputo y de su hermano y futuro ministro de Justicia de Javier Milei, Mariano Cuneo Libarona. 

Para la emisión de instrumentos de deuda pública del llamado “megacanje II”, el gobierno de Macri designó en 2016 a seis bancos privados de capitales internacionales como colocadores conjuntos, de acuerdo con el expediente. Una de esas entidades bancarias fue el Deutsche Bank, para el que Bausili había trabajado poco tiempo antes. El fiscal Federico Delgado imputó al exfuncionario haber intervenido en las negociaciones para contratar a esta entidad bancaria. 

Según el fiscal, Bausili además cobró bonos del banco pendientes de pago en “manera simultánea” a las decisiones tomadas en la función pública. El caso fue analizado por la Oficina Anticorrupción (OA) y contaba con un dictamen clave de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo del fiscal general Sergio Rodríguez, quien analizó los límites en las relaciones entre los intereses privados en posible colisión con los del Estado, explicó una fuente judicial con acceso directo al expediente.

No es la primera vez que los jueces de la Cámara Federal porteña, que revisa los actos de los jueces de primera instancia, favorece en este caso a Bausili. El juez Casanello ya había procesado a Bausili por este caso a mediados de 2021, pero los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah le dictaron una falta de mérito, disconformes con las pruebas reunidas en el expediente.

El juez encargó entonces un dictamen a la PIA y la Procuraduría volvió a afirmar el supuesto conflicto de interés y analizó los actos administrativos que habrían interesado a Bausili en pos de favorecer a Deutsche Bank. Hace tres meses, Casanello procesó por segunda vez a Bausili. La defensa volvió a apelar el fallo y la Sala II de la Cámara Federal volvió a analizar la decisión del magistrado, para volver a revocarla este martes.

Ahora, el expediente regresará al juzgado de Casanello pero las chances de que la causa sobreviva tras dos reveses de la Cámara Federal son mínimas, concluyeron fuentes judiciales consultadas por elDiarioAR.

El dictamen

La PIA había concluido que “las actuaciones de Santiago Bausili resultan demostrativas de una clara voluntad de intervenir en distintos cursos de acción en beneficio de su ex empleadora”, como en “la participación en reuniones de gestión de interés con sus autoridades o la emisión y recepción de comunicaciones electrónicas con integrantes del banco”, de acuerdo al fallo al que accedió elDiarioAR. 

Además, afirmó la PIA, “si bien (Bausili) no era la autoridad con competencia para la designación de las entidades financieras, su intervención en tanto Secretario de Finanzas, formaba parte del procedimiento tendiente a lograr la emisión del acto administrativo en tal sentido no siendo su actuación un mero nexo administrativo sino una parte esencial del procedimiento”.

Las negociaciones incompatibles se basan en elementos objetivos que prueben un conflicto de interés. Para el juez, ese conflicto estaba probado y también que Bausili habría actuado interesadamente. Pero Irurzun y Farah sostuvieron que no había pruebas suficientes para sostenerlo.

El caso fue desechado por dos de los tres jueces de la Cámara Federal que intervinieron. El tercero es Roberto Boico, quien le dio la razón al juzgado de primera instancia. “La actividad realizada por Bausili en el marco del expediente

agregado a estudio actualiza la constatación del desvío de la voluntad de la Administración Pública, confirmando así el interés evidenciado por el mismo en favor del Deustche Bank, entidad a la cual se encontraba vinculado tanto desde lo personal -a partir del vínculo que mantenía con sus ejecutivos-, como desde lo económico -dada la tenencia accionaria que se extendió hasta agosto de 2018-. Su participación mantiene el carácter de necesaria para la ulterior elección de la entidad financiera como una de las autorizadas a colocar bonos de deuda pública argentina, excediendo del mero conflicto de interés que ello conllevaba y su deber de abstención en función de lo establecido en la ley“, sostuvo Boico en su voto de disidencia.

Qué afirma Bausili

Durante la primera declaración indagatoria, Bausili accedió a responder 100 preguntas por escrito. Sostuvo que dejó de asistir al Deutsche Bank a fines de noviembre de 2015 y que ya tenía planeada su desvinculación antes de asumir en la función pública porque el banco le había ofrecido un traslado a Nueva York, mudanza que no lo conformaba por razones familiares. Afirmó que un día antes de ingresar a la función pública, se desvinculó formalmente del banco ante escribano, según consta en la causa.

El exfuncionario declaró que no tenía facultades para designar a los bancos colocadores de deuda y explicó que fue Caputo quien lo hizo. Pero el juzgado buscó ahondar en una serie de reuniones que el entonces funcionario mantuvo con ejecutivos de la entidad bancaria en las mismas fechas en las que se negociaba la contratación de los bancos.

Bausili sostuvo que nunca buscó esconder esos encuentros ni su contenido, y que él mismo dejó constancia en la subsecretaría sobre las reuniones que mantuvo. Agregó que en los encuentros “no se trataron temas relacionados con la deuda, sino cuestiones vinculadas a la situación económica mundial”, y que sus gestiones en relación a la entidad bancaria fueron “cuestiones administrativas”, reconstruyó una fuente que presenció la indagatoria.

Durante la ronda de preguntas, el juzgado preguntó por los ejecutivos del Deutsche Bank que concurrieron a las reuniones.

Bausili comenzó a excusarse de intervenir en cuestiones ligadas al Deutsche Bank luego de que la Oficina Anticorrupción, entonces a cargo de Laura Alonso, le advirtiera que estaba incurriendo en una irregularidad, según informó el organismo de control en el expediente.

Nota: esta nota fue actualizada a las 16:58 del 6 de diciembre de 2023.

ED/JJD

Los tribunales federales de Comodoro Py 2002 regresarán de la feria de invierno a la actividad este lunes y una de las causas clave con temas pendientes a resolver es la investigación por el intento de homicidio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Una de las resoluciones pendientes está en manos de la Cámara Federal de Apelaciones porteña, que dejó antes del receso judicial de julio una decisión difícil que además marcará un precedente clave: secuestrar o no secuestrar el teléfono del diputado Gerardo Milman, vicepresidente del bloque PRO, exjefe de campaña de la precandidata presidencial Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio) y señalado por un testigo que aseguró ante la jueza María Eugenia Capucehtti haber escuchado a Milman decir: “Cuando la maten yo estoy camino a la costa”.

La decisión, cualquiera sea, pero especialmente la eventual orden de secuestrar el teléfono de Milman, tendrá impacto directo en el clima electoral. Bullrich, de quien el diputado supo ser mano derecha, disputa la interna de JxC con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. 

Milman fue corrido de la escena política a finales de 2022 y ya no dirige la campaña de la precandidata, pero fue su mano derecha hasta que el caso de atentado a Fernández de Kirchner abrió un frente inesperado para la oposición: si bien la Justicia descree del testigo que acusó a Milman de tener supuesto conocimiento previo o presunta participación en el atentado a la expresidenta, el caso derivó en un escándalo de supuestos contratos truchos en el despacho del diputado en la cámara baja, adjudicado a mujeres atractivas con pocos antecedentes parlamentarios, en la mayoría de los 30 casos bajo la lupa.

El fallo que se espera

El debate en torno al celular de Milman llegó a la Cámara Federal luego de que el fiscal Carlos Rívolo y los abogados de la querella apelaran la negativa de la jueza. 

Los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, integrantes de la Sala I de la Cámara Federal, son quienes deben tomar la decisión sobre el secuestro del teléfono de Milman. Todo indica que será después de las PASO, es decir, después del 13 de agosto, cuando baje un poco la temperatura electoral por la proximidad de las urnas.

El juez Bertuzzi pidió licencia hasta el 9 de agosto y en el tribunal descartan que den los tiempos para fallar antes del viernes 11. Por lo tanto, la decisión esperada por Fernández de Kirchner quedará para más adelante. 

Además, los jueces buscan llegar a un fallo unánime, sin disidencias, lo cuál no será fácil. Ya hay al menos dos votos definidos de tres, confiaron fuentes directas del tribunal a elDiarioAR.

El secuestro del teléfono había sido pedido por el fiscal Carlos Rívolo, pero fue rechazado por la jueza Capuchetti, para quien no hay indicios suficientes para ordenar una medida que invada el derecho de intimidad del diputado, quien, además, tiene fueros parlamentarios. Es posible que si la Cámara termina ordenando el secuestro del dispositivo, la jueza Capuchetti tenga que tramitar el desafuero de Milman ante la Cámara de Diputados, primero ante la comisión de Asuntos Constitucionales y luego también ante el pleno. No está claro porque no hay antecedente similar pero lo comparan con el allanamiento al departamento propiedad de Amado Boudou por el caso Ciccone, cuando tenía fueros como vicepresidente. 

Los camaristas ya realizaron una audiencia en junio último entre los abogados de la querella, que representan a CFK, y el abogado de Milman, Manuel Barros. Ahora resta que tomen una decisión.

El abogado de Milman sostuvo en la audiencia previa a la feria que en el expediente no hay “elementos objetivos” de una presunta participación o conocimiento de Milman sobre el intento de homicidio y que no habría fundamentos para que se autorice el secuestro y peritaje del teléfono celular de su cliente.

Entre esa “falta de elementos objetivos”, Barros afirmó que del entrecruzamiento de los teléfonos de Milman, sus asesoras y Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Alejandro Carrizo no surgieron contactos ni cruces de llamadas; y comparó las riesgos del posible secuestro del dispositivo para su peritaje con la filtración de fotos del fiscal Alberto Nisman con mujeres jóvenes en la playa y fiestas que salieron de la pericia oficial en la investigación por la muerte del fiscal.

La querella, en cambio, sostuvo en la audiencia que la jueza Capuchetti cometió “mala praxis” al no profundizar la pista Milman. “Milman no me da ni frío ni calor”, dijo Juan Majuel Ubeira, uno de los abogados de la querella, ante los jueces Llorens, Bertuzzi y Bruglia. “No sé si Milman tiene alguna participación respecto de este acto, pero hay cosas no tienen ningún tipo de explicación”, aseguró el abogado.

El abogado Marcos Aldazabal, también de la querella, expuso ante los jueces sobre los indicios que ameritarían el secuestro y análisis del teléfono de Milman.

Argumentos de la querella

El principal argumento de los abogados de CFK es el testimonio de Jorge Alberto Abello, ex diputado provincial en Santa Fe, empleado del bloque del Frente de Todos en la Cámara baja y colaborador del diputado nacional Marcos Cleri (Frente de Todos, Santa Fe). 

Abello se presentó el 23 de septiembre de 2022 ante la jueza Capuchetti y declaró que el 30 de agosto, dos días antes del atentado, se encontraba en el bar Casablanca junto a su cuñado, cuando escuchó que en una mesa cercana Milman decía a dos mujeres jóvenes: “Cuando la maten yo estoy camino a la Costa”. Milman lo denunció por falso testimonio. El diputado siempre negó haber pronunciado esa frase.

Esas dos mujeres terminaron siendo identificadas por cámaras de seguridad como dos colaboradoras de Milman que debieron declarar como testigos. Primero negaron la reunión en Casablanca. Luego de verse en las capturas de las cámaras de seguridad, aportaron información confusa y contradictoria. Ambas negaron siempre que Milman hubiera pronunciado la frase que le adjudica Abello. Las mujeres terminaron entregando sus teléfonos a la Justicia porque la Sala I de la Cámara Federal porteña accedió al pedido de la querella de validar el análisis del contenido de los dispositivos de ambas mujeres debido a la “gravedad institucional” del hecho investigado.

La pericia oficial no halló nada relacionado al atentado. El teléfono de Carolina Gómez Mónaco, asesora parlamentaria, había sido borrado. En el de Ivana Bohdziewicz, secretaria administrativa, no se hallaron elementos relevantes. Bohdziewicz declaró por iniciativa propia y por tercera vez en mayo último, luego de Milman no renovara su contrato. Afirmó ante el fiscal Carlos Rívolo que Milman las citó a ambas colaboradoras a finales de 2022 para que “un perito informático de Patricia Bullrich” borrara sus teléfonos antes de que deban ser entregados a la Justicia, como reveló Página/12. Aún así, aclaró que no sabía nada sobre el atentado a CFK antes del hecho.

Antes de que Sabag Montiel -quien ya fue enviado a juicio oral y público junto a sus supuestos cómplices, Uliarte y Carrizo- intentara dar muerte a Fernández de Kirchner, Milman presentó una serie de proyectos de ley y pedidos de informes relacionados con la vicepresidenta, el juicio oral y público por el caso Vialidad -que estaba en su momento más álgido cuando intentaron matarla- y sobre la custodia de Fernández de Kirchner. Alegó en uno de esos pedidos de informe que podría ocurrir un “autoatentado”. Es otro de los argumentos de la querella.

ED

La Cámara Federal porteña ratificó al juez Mariano Llorens en la causa en la que debe resolver si acepta a una organización social como querellante por la denominada Ruta del Dinero, donde la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue sobreseída.

La expresidenta había recusado a Llorens por “temor de parcialidad”, debido a intervenciones anteriores en expedientes vinculados y por haber pedido -en minoría- su desafuero y detención en la causa por los viajes de aviones presidenciales a Santa Cruz durante su mandato.

Llorens se opuso a la recusación y este jueves su colega, el camarista Eduardo Farah en un fallo unipersonal confirmó su continuidad en lo que resta por resolver del expediente.

Una asociación civil, Bases Republicanas -vinculada a Juntos por el Cambio y que no forma parte del expediente- apeló el sobreseimiento de la titular del Senado y pidió que siga bajo investigación. Llorens había sido objetado para intervenir en la decisión de aceptar o no a Bases Republicanas como querellante, y de admitir en ese caso su apelación.

El camarista Farah desestimó la recusación, argumentando que la toma de posición en otros expedientes “podrá compartirse o no”, pero “ésta no es la vía ni la sede pertinente para discutirlo”. “Lo dirimente, a estos fines, es que no hay en ello -de por sí- un signo claro de parcialidad que habilite la procedencia de una vía restrictiva como la recusación”, subrayó.

El expediente principal es la causa en la que el juez Sebastián Casanello, a instancias del fiscal Guillermo Marijuan y con el consentimiento de la AFIP y la Unidad de Información Financiera (UIF) sobreseyó a la exmandataria tras una extensa investigación.

LC con información de agencia NA

La Cámara Federal porteña confirmó este jueves el rechazo como querellante del Ministerio de Justicia en la causa que investiga el viaje de jueces y funcionarios porteños al Lago Escondido, así como la filtración de chats que revelaron detalles de esa travesía a la estancia del magnate británico Joe Lewis.

Los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah consideraron que “no están dadas las condiciones que fija la ley para obtener legitimación activa con relación a las hipótesis planteadas en esta instrucción”. “Es cierto que se ha aceptado en otros casos a determinadas agencias del Poder Ejecutivo como querellantes”, pero “ello siempre estuvo (y está) supeditado a la necesidad de comprobar la concurrencia de un plus en el interés que representa el Ministerio Público Fiscal”, plantearon los jueces.

El voto de mayoría el -camarista Roberto Boico votó en disidencia- apuntó que para ser aceptado como querellante, el Ministerio debió haber padecido “un perjuicio especial, singular, individual y directo”, y “dichas condiciones no se encuentran reunidas en las circunstancias que exhibe”. Ratificaron así la decisión del juez Sebastián Ramos, quien había desestimado una presentación del ministro Martín Soria.

“Por un lado, se denunció a funcionarios públicos (jueces federales, un ministro de la Ciudad de Buenos Aires y un fiscal de la misma localidad), entre otros, por supuestamente haber aceptado determinados servicios de costo económico, ofrecidos por empresarios en razón de los cargos que ejercían”, recordó el fallo.

“Por otro -añadieron los camaristas-, se denunció el 'hackeo y el espionaje' que habrían conducido -de forma delictiva- a acceder a comunicaciones realizadas desde los teléfonos de aquellas personas”.

“Incluso tomado como punto de partida la hipótesis desarrollada en la solicitud –que pretende deducir eventuales alcances o conexiones de los eventos con actos propios de la actividad funcional de magistrados-, las características de aquellos no permiten observar que pudieran generar un perjuicio directo a las atribuciones o deberes del Ministerio de Justicia”, insistieron.

LC con información de agencia NA

El fiscal federal Carlos Rívolo advirtió que faltan medidas de prueba “indispensables” en la causa que investiga el intento de asesinato contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner antes de dar por concluida la pesquisa y disponer su envío a juicio oral.

Lo hizo en una respuesta enviada a la jueza de la causa, María Eugenia Capuchetti, y en relación a un fallo de la sala I de la Cámara Federal porteña que consideró “indispensable” el pronto envío del caso a la etapa de juicio por entender “agotada” la investigación, según informaron fuentes judiciales.

Capuchetti ofició al fiscal, quien tiene delegada la causa y le adjuntó copia de lo resuelto por la Cámara para ponerlo al tanto de esa directiva, la cual manifestó compartirla con el fin de que procediera para el paso a juicio oral y público, de acuerdo con fuentes del caso.

Rívolo tiene delegada la investigación porque así lo resolvió Capuchetti cuando fue recusada por la querella que representa a Cristina Fernández. De todos modos, la jueza tiene la facultad de reasumirla en cualquier etapa de la misma, como recordó la fiscalía en su respuesta.

“Se están produciendo y llevando adelante numerosas diligencias y medidas de prueba que esta Fiscalía consideró indispensables para el pronto avance y conclusión de la instrucción”, dijo la fiscalía sobre la causa en la que están detenidos el autor material del hecho Fernando Sabag Montiel, su pareja Brenda Uliarte y un tercer acusado, Gabriel Carrizo.

Fue durante un incidente para resolver un planteo de prisión domiciliaria de Carrizo el cual fue rechazado, los camaristas Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi sostuvieron esta semana que la investigación está “agotada” y debe ser enviada a juicio.

El propio Llorens había sentenciado hace días que “luce inadmisible que no se haya elevado a juicio el hecho principal cuando la investigación a su respecto se encuentra agotada y con sus imputados en detención preventiva”. Bruglia y Bertuzzi le le imprecaron a la jueza que “frente a la situación de detención de los imputados y el estado de la investigación a su respecto, se proceda con la celeridad que el caso requiere a fin de avanzar en el estadio procesal”.

Sin embargo, la fiscalía remarcó que hay medidas de prueba pendientes, entre ellas un nuevo peritaje sobre el teléfono celular secuestrado a Sabag Montiel en su detención, luego de disparar sin éxito a la vicepresidenta la noche del 1 de septiembre, en medio de una marcha de apoyo a la funcionaria en el regreso a su domicilio del barrio porteño de Recoleta.

La fiscalía destacó que de poder acceder al contenido del teléfono, el cual fue “reseteado de fábrica” tras ser manipulado por la Policía Federal y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria apenas iniciada la investigación, lograría obtenerse cualquier nueva prueba de importancia en la etapa de instrucción del caso, previa al envío a juicio de los tres detenidos.

Asimismo, este es uno de los planteos de la querella de la vicepresidenta, que sostiene que debe profundizarse la investigación en relación a los supuestos autores intelectuales, antes de darla por concluida.

Los fiscales continúan en la búsqueda de una solución tecnológica para acceder al contenido del teléfono de Sabag Montiel, sin correr el riesgo de que quede inutilizable, expresó también Rívolo. “No puede ignorarse la importancia que reviste poder acceder al contenido de ese dispositivo en la etapa instructoria”, subrayó.

La fiscalía añadió que está “a la espera de la información relativa a la posibilidad de realizar sobre el dispositivo celular del imputado un procedimiento conocido como ‘rooteo’ para lograr realizar una adquisición del tipo física, el costo que tendría el servicio, el procedimiento a realizar y las limitaciones y/o riesgos que éste podría conllevar, a efectos de evaluar su viabilidad y concreción en esta etapa del proceso”.

LC con información de agencias

Con el enfrentamiento entre el oficialismo y la Corte Suprema en su pico máximo de tensión, la Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal del país, deberá tomar definiciones clave para el poder político en al menos tres expedientes de alto voltaje electoral: tres sobreseimientos de los dos principales líderes políticos, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner (por los casos Hotesur-Los Sauces) y el expresidente Mauricio Macri (por el presunto espionaje ilegal a familiares de los marinos del Ara San Juan). En ninguno de los tres casos será inminente, pero las decisiones de los jueces se esperan para los primeros meses del año, de acuerdo a las fuentes judiciales consultadas por elDiarioAR.

La Corte seguirá siendo el principal blanco de las críticas y acusaciones del oficialismo, que el próximo jueves 9 de febrero podría votar el informe de admisibilidad para dar apertura formal a la investigación contra los jueces supremos en la comisión de Juicio Político. Mientras tanto, la situación judicial de ambos expresidentes y líderes de sus espacios políticos continuará también en el centro de la escena durante el año electoral.

La Cámara Federal de Casación es el máximo tribunal penal del país y la instancia previa a la Corte en los casos de presunta corrupción, contrabando, lesa humanidad, trata de personas y narcotráfico. Está dividido en cuatro salas y cada una de ellas está compuesta por tres jueces y funciona como un tribunal en sí mismo. Su principal rol es la revisión de las sentencias de los tribunales orales federales y de los fallos y decisiones de la Cámara Federal de Apelaciones porteña.

Desde hace más de un año, la Sala I de la Casación tiene pendiente revisar los dos sobreseimientos anticipados que la vicepresidenta obtuvo en las causas por el Memorándum con Irán y Hotesur-Los Sauces. Las decisiones se esperaban para finales de diciembre o principios de febrero, pero diversas licencias de los jueces de la sala interrumpieron los plazos, que se extendieron para después del 18 y 20 de febrero. Aún así, el tribunal puede tomarse más tiempo del estimado formalmente para fallar en ambos casos.

En el caso contra Macri, la recusación del juez Carlos “Coco” Mahiques también ha demorado las definiciones del tribunal. El procesamiento por el caso de presunto espionaje ilegal a los familiares del ARA San Juan era el único procesamiento a Macri por un caso relacionado con su gestión como presidente.

Sobreseimientos anticipados

El caso Memorándum se basó en la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman por la firma de un memorándum de entendimiento con Irán en 2013, que buscaba que la Justicia argentina indagara a los acusados iraníes en un país neutral que, de acuerdo al fiscal, habría implicado el presunto encubrimiento de los imputados por el atentado a la mutual judía AMIA, ocurrido en 1994. El fiscal Javier de Luca planteó ante la Casación la inexistencia de delito en este caso. Si el máximo tribunal penal confirma el sobresemiento de Fernández de Kirchner, la querella, representada por los padres de dos víctimas de ataque terrorista, podrán acudir ante la Corte Suprema. Pero si Casación revoca el sobreseimiento, la vicepresidenta deberá eventualmente enfrentar otro juicio oral y público.

Hotesur-Los Sauces es el caso de presunto lavado de dinero de la familia Kirchner a través de sus negocios privados en hoteles y propiedades inmuebles con dos proveedores del Estado: los empresarios Lázaro Báez y, en menor medida, Cristóbal López y Fabián De Sousa. Si se confirma su sobreseimiento en Casación, el fiscal Mario Villar podrá acudir ante la Corte Suprema para pedir que se revise la nueva decisión. Si en cambio, el máximo tribunal penal revoca el sobresemiento de Fernández de Kirchner, deberá realizarse el juicio oral y público.

Estos sobreseimientos anticipados fueron ordenados por los tribunales orales federales número 8 (Memorándum) y 5 (Hotesur-Los Sauces) en octubre y noviembre de 2021. En el último caso fue con el voto en disidencia de la jueza Adriana Palliotti.

Esas decisiones permitieron a la expresidenta evitar el inicio de dos juicios orales y públicos, ya que ambos tribunales determinaron la inexistencia de delitos.

Los jueces que deberán revisar estos sobreseimientos son Ana María Figueroa, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, los mismos magistrados que ya intervinieron en la causa Dólar Futuro y ordenaron los sobreseimientos anticipados de Fernández de Kirchner y el resto de los imputados por inexistencia de delito (el caso está pendiente en la Corte Suprema, con un dictamen del procurador general Eduardo Casal a favor de la realización del juicio).

Luego del 9 de marzo, cuando el Tribunal Oral Federal número 2 haga públicos los fundamentos de la sentencia contra Fernández de Kirchner y el resto de los condenados en el caso Vialidad, otra sala de Casación, la IV, comenzará a recibir durante los meses siguientes las apelaciones de las defensas y del fiscal Diego Luciani, quien solicitará que se los condene también por el delitos de asociación ilícita. Pero la revisión de este caso podría pasar para 2024, previó una fuente del tribunal.

Sobreseimiento directo

La Sala II de la Casación debe revisar el sobreseimiento que dictó la Cámara Federal de Apelaciones porteña a favor de Macri, quien había sido procesado por el juez federal de Dolores, Martín Bava, por las tareas de presunto espionaje ilegal realizadas por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de su gestión a familiares de los marinos del submarino ARA San Juan, mientras éstos se organizaban para reclamar y protestar ante el entonces presidente.

Cuando el caso llegó por incompetencia de Dolores a los tribunales de Comodoro Py, los jueces a Sala I de la Cámara Federal (Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi) dictaron directamente el sobreseimiento (otra alternativa era revocar el procesamiento y ordenar que se siga investigando hasta obtener pruebas suficientes), lo que provocó las apelaciones del Ministerio Público Fiscal y de las querellas que representan a los familiares presuntamente damnificados. 

Casación debe entonces revisar ese sobreseimiento y determinar si Macri debe seguir siendo investigado por el presunto espionaje ilegal o si beneficia al expresidente, evitando la reapertura de la causa. En este caso, es clave la integración de la Sala que interviene en el máximo tribunal penal: la querella mayoritaria, que representa la abogada Valeria Carreras, recusó a uno de los tres jueces, Mahiques, exministro de Justicia de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, magistrado cercano a Juntos por el Cambio y a Macri y uno de los protagonistas de los chats del caso Lago Escondido.

Por esa razón, antes de tomar una decisión sobre Macri, los otros dos jueces de la Sala II -Angela Ledesma y Guillermo Yacobucci- deben decidir si aceptar que Mahiques sea apartado del caso, explicó una fuente del tribunal. Puede ser un proceso que tome su tiempo. El primer paso es que la sala fije fecha para una audiencia en la que la querella expondrá sus razones para pedir el apartamiento del juez.

En este caso, el fiscal Raúl Pleé presentó ante la Casación un planteo en la misma línea que la querella: pidió que revoquen el sobreseimiento de Macri y ordenen seguir investigando.

Espionaje, Correo y FMI

Además, Macri tiene otros dos frentes en los tribunales federales de Retiro: fue imputado por otro caso de presunto espionaje ilegal al Instituto Patria y a Fernández de Kirchner y aún hay importantes medidas pendientes; y está abierta -también con medidas pendientes- la investigación por el acuerdo que su gobierno firmó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2018, provocando el endeudamiento por US$40.000 millones.

En el caso por presunto espionaje ilegal al Instituto Patria, sede del kirchnerismo durante el gobierno de Macri, el fiscal Franco Picardi solicitó al juez Marcelo Martínez De Giorgi que pida a la AFI todas las líneas telefónicas institucionales asignadas a Macri, Gustavo Arribas (entonces jefe de Inteligencia), Silvia Majdalani (entonces segunda de la AFI) y otros tres funcionarios de la agencia oficial, entre los meses de junio y noviembre del año 2018, para que sean peritadas por la Dirección de Asistencia en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación (DAJuDeCO) y se crucen las llamadas entrantes y salientes durante los hechos clave del supuesto espionaje ilegal investigado.

El expresidente tiene otro caso penal abierto: Correo Argentino SA. Macri quedó imputado por el fiscal Juan Pedro Zoni en 2017 (lueo desplazado de la fiscalía), pero el expediente continúa abierto en el juzgado federal de Ariel Lijo.

Otros casos relacionados

Tanto Báez como López también tendrán sus propios capítulos en Casación en los próximos meses. Báez está condenado a doce años de prisión por lavado de dinero agravado de la corrupción y a otros seis años como partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, en el caso Vialidad. La confirmación de su condena por el caso de lavado también está pendiente en Casación y se espera para este año, afirmó una fuente del tribunal. A partir del 9 de marzo, su defensa podrá apelar la condena en Vialidad ante el mismo tribunal y la fiscalía presentará un recurso para solicitar que se lo condene por el delito de asociación ilícita, por el que fue absuelto.

Cristóbal López y De Sousa fueron absueltos en el juicio por el caso Oil Combustibles, lo que también está pendiente en Casación, ya que el fiscal del juicio presentó un recurso para que se revise la decisión del tribunal oral. Se fijó una audiencia para junio de este año.

ED

El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, principal objetivo del pedido de juicio político presentado por el presidente Alberto Fernández contra los jueces del máximo tribunal, retomará funciones el próximo lunes 16, cuando regrese de sus vacaciones y quede a cargo de las actividades cortesanas durante enero, de acuerdo con la agenda que dejaron los supremos para la feria de verano. 

Ese mismo lunes se espera que también regrese su vocero y mano derecha, Silvio Robles, explicó una fuente allegada la funcionario de la Corte. Robles ha estado en el centro de las críticas y denuncias del oficialismo por las supuestas conversaciones filtradas en internet tras el hackeo al teléfono del ministro de Seguridad y Justicia, Marcelo D’Alessandro. 

En los tribunales de Comodoro Py, un expediente contra Robles acumula al menos dos denuncias que circulan desde el martes 3 de enero entre distintos jueces y fiscales. Lo inició el abogado Gustavo Marano, defensor de uno de los tres procesados por el atentado a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y ex asesor de la oposición en la Comisión Bicameral de Inteligencia en el Congreso.

La denuncia presentada por Marano contra Robles el martes 3 de enero por “averiguación de delito” entró en un laberinto de excusaciones que la tienen viajando entre despachos de distintos jueces. Aún no cuenta con un requerimiento fiscal que dé apertura formal a una causa debido a que el primer fiscal de turno, Carlos Rívolo, debió excusarse al tomar conocimiento de que según los chat filtrados el magistrado figuraría como “contacto frecuente” del funcionario D’Alessandro, aunque Rívolo negó en un escrito haber tenido más de dos comunicaciones telefónicas con el ministro por cuestiones oficiales.

El segundo fiscal sorteado, Ramiro González, aún no intervino porque los juzgados han trabado un conflicto de competencia, como adelantó el viernes este medio.

La semana última, las juezas María Servini y María Eugenia Capuchetti se inhibieron de intervenir en el caso. El presidente de la Cámara Federal de Apelaciones porteña, Leopoldo Bruglia, ordenó este lunes que el expediente quedará momentáneamente a cargo del juzgado federal número 5 (Capuchetti), de acuerdo al escrito al que accedió elDiarioAR.

En realidad, las denuncias contra Robles por supuestamente haber intercambiado información y el resultado final del fallo que la Corte iba a dictar a favor del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires están radicadas en el juzgado federal de Ariel Lijo, pero como el juez está de vacaciones, la jueza que lo subroga, Servini, se inhibió de intervenir y envió la causa a sorteo. 

Después de Servini, la jueza Capuchetti quedó a cargo del expediente, el mismo día en que el ministro de Justicia, Martín Soria, la criticó por dar clases a la policía porteña. La magistrada también rechazó intervenir. Por eso, el presidente de la Cámara Federal debió decidir quién continuaba a cargo, como sucede en este tipo de conflictos. Bruglia determinó que en febrero, Lijo y Capuchetti deberán volver a discutir quién será el juez de la causa contra el principal colaborador del presidente de la Corte.

Tras las idas y vueltas en el fuero de Retiro, el expediente debía regresar este martes al juzgado de Capuchetti, pero la jueza había comenzado este lunes sus vacaciones de verano y ya había acordado semanas antes que el juez Julián Ercolini la subrogará durante su ausencia, explicó una fuente judicial con conocimiento directo de los hechos. 

Todo indica que Ercolini también deberá inhibirse y sería el tercer magistrado en rechazar el expediente, ya que el juez es eje de otra denuncia del Gobierno, también relacionada con otros chats filtrados tras el hackeo al teléfono del ministro D’Alessandro. El caso tramita en la Justicia federal de Bariloche y se conoce como “Lago Escondido”.

Por lo tanto, y hasta febrero, el juez Sebastián Ramos, tal vez el magistrado de más bajo perfil en los tribunales de Comodoro Py, quedaría esta semana a cargo del caso momentáneamente, hasta que Lijo y Capuchetti retomen sus actividades.

El teléfono y el caso 

No se trata de un expediente político más. El caso contra Robles nació en Santiago del Estero el lunes 2 de enero, luego de que el gobernador Zamora, aliado del kirchnerismo, solicitara al juez federal Molinari, con jurisdicción en su provincia, que ordene a Robles entregar sus teléfonos oficiales para que sean peritados.

El secuestro de los teléfonos de Robles sería para probar si esos chats son veraces o adulterados. El ministro D’Alessandro sostiene que las conversaciones filtradas que lo comprometen a él y a sus interlocutores son falsas. Pero, como daño colateral, implica el acceso a las conversaciones privadas de la mano derecha del juez más enemistado con el kirchnerismo.

El juez Molinari ordenó la medida pero Robles, de vacaciones, no se encuentra en los domicilios donde fue a notificarlo la Policía Federal, por lo que sus teléfonos siguen en su poder.

El magistrado santiagueño luego se declaró incompetente -no tiene jurisdicción sobre los hechos denunciados, que habrían ocurrido en Buenos Aires- y envió el expediente a los tribunales de Comodoro Py, pero aún no llegó al edificio del barrio porteño de Retiro, confirmó una fuente judicial que interviene en el trámite.

ED

La Cámara Federal porteña le encomendó a la jueza María Eugenia Capuchetti ampliar la declaración indagatoria de Nicolás Carrizo, uno de los procesados por el intento de magnicidio a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, luego que se hallaran en su celular mensajes que podrían demostrar un mayor involucramiento del imputado con el ataque fallido.

El tribunal de apelaciones lo resolvió con los votos a favor de los camaristas Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia ante un planteo de la querella de la propia vicepresidenta, que había sido rechazado en primera instancia por la jueza Capuchetti, en una decisión que fue apelada por los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal. Mariano Llorens votó en contrario.

En un fallo de 6 páginas, los jueces resolvieron “encomendar a la jueza de grado proceder conforme los lineamientos trazados en los considerandos precedentes”, refiriéndose a la necesidad de exhibirle a Carrizo la nueva prueba incorporada al expediente, lo que podría derivar en que se amplíen también las indagatorias de los principales imputados: Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, los coautores del ataque.

“Nos encontramos aquí frente a elementos de prueba novedosos, que fueron incorporados -como tales- con posterioridad a la recepción de la declaración indagatoria de los imputados, pues el informe elaborado por la DATIP (Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal del Ministerio Público Fiscal) donde se identifica específicamente a los mensajes en cuestión fue aportado al legajo con fecha 26 de octubre del corriente”, sostuvieron.

“Y si bien es cierto que el ordenamiento procesal vigente no exige que la intimación cursada a los imputados sea ampliada cada vez que se agrega un nuevo elemento de prueba al sumario, las características que exhibe el caso en concreto aconsejan que deba imponerse de dichos elementos a Nicolás Gabriel Carrizo, garantizando así del modo más amplio posible el adecuado ejercicio de su derecho de defensa en juicio”, agregaron los jueces.

“Recordá esta fecha”, “Esta hdp (sic) ya está muerta”, “No sabés qué hicimos con esto”, “Generar miedo”, “Para que el gobierno sepa con quienes se están metiendo”, son solo algunos de los mensajes enviados desde el celular de Carrizo, el jefe del grupo de supuesto vendedores de algodón de azúcar para el que trabajaban los agresores de la vicepresidenta, según surgía de la presentación de la querella a la que accedió Télam.

Hasta el momento, Sabag Montiel y Uliarte están procesados como coautores del homicidio en grado de tentativa, mientras que Carrizo fue considerado partícipe secundario, sin el cual el ataque podría haberse producido de todos modos. Al pedir ampliar las indagatorias, los abogados de la querella reclamaron que se los procesara como integrantes de una asociación ilícita que, además de intentar matar a la exmandataria, buscaban desestabilizar al gobierno.

En relación a ese planteo, los jueces Bruglia y Bertuzzi respondieron: “Con relación a la pretensión del querellante en cuanto a que se modifique el grado de participación originariamente asignado a Carrizo (...) y que se les endilgue la comisión del delito de asociación ilícita, corresponde señalar que tal cuestión se encuentra dentro de la esfera de análisis y decisión de la señora jueza de grado en el momento oportuno y del Ministerio Público Fiscal a quien le fue delegada la instrucción de la causa”.

LC con información de agencia Télam

La Cámara Federal resolvió que la jueza María Servini investigue el reseteo de fábrica del teléfono de Fernando Sabag Montiel, quien está detenido por el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Kirchner.

El camarista Mariano Llorens zanjó así un conflicto de competencia entre Servini y la jueza que tiene a su cargo la investigación, María Eugenia Capuchetti.

Según Llorens, la maniobra que causó la pérdida de gran parte de la información contenida en el teléfono de Sabag Montiel no tiene relación con la investigación por el intento de homicidio sino que se trata de hechos desconectados entre sí.

“De los eventos aquí denunciados surgen aristas particulares que, en principio, no tienen vinculación con las maniobras pesquisadas en el marco de la causa que se pretende de atracción y cuya delimitación deberá efectuarse de manera separada”, sostuvo el camarista Llorens.

La jueza Capuchetti dispuso que otro juez investigara las circunstancias del borrado del teléfono de Sabag Montiel, como una derivación de la causa en la que se investiga el presunto intento de “homicidio agravado con ensañamiento y alevosía”, según reza la carátula del expediente.

La magistrada estableció que se investigue “un posible delito de acción pública vinculado con la colocación del teléfono celular secuestrado al imputado Sabag Montiel en estado de ´reseteo de fábrica´…”.

También, consideró que “tal suceso no guarda relación con el objeto procesal de los autos señalados”, es decir la causa principal por el intento de magnicidio.

Contrariamente, Servini había evaluado que “en esta temprana etapa de la investigación no puede descartarse, ni mucho menos, que los hechos a tratar aquí no estén íntima e indisolublemente vinculados al objeto procesal del proceso en donde se ordenó su extracción”.

“Entre ambos eventos no sólo median razones de conexidad objetivas, relativas a la estrecha relación que existe entre aquello que es objeto de investigación en los dos procesos, sino también otras de raigambre constitucional, afincadas en la economía procesal y mejor administración de justicia”, opinó Servini.

Sin embargo el camarista Llorens coincidió con la postura de Capuchetti y escindió la investigación sobre lo ocurrido con el teléfono del expediente principal por el intento de homicidio ocurrido el primero de septiembre pasado.

Con información de NA.

IG

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner recibirá en los próximos días dos decisiones de la Cámara Federal de Apelaciones porteña. El juez Leopoldo Bruglia decidirá si confirma o aparta a la jueza María Eugenia Capuchetti de la causa por el atentado contra la expresidenta y la Sala I del tribunal comunicará si la magistrada debe o no secuestrar los teléfonos celulares de dos asesoras del diputado Gerardo Milman (Juntos por el Cambio), quien de acuerdo a un testigo conocía las intenciones de Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte de darle muerte entre finales de agosto y el 1° de septiembre.

Ambas resoluciones giran en torno a “la pista Casablanca”, como se bautizó en tribunales a una de las líneas de investigación del expediente, que nació el 23 de septiembre último y terminó con Fernández de Kirchner recusando a la jueza Capuchetti para apartarla del caso por presunta “parcialidad” e “irregularidades” en la instrucción del caso. El miércoles, a la espera de la decisión del camarista Bruglia, Capuchetti delegó las tareas investigativas en el fiscal Carlos Rívolo, reduciendo la injerencia de su juzgado en la causa.

La armonía que el juzgado mantenía con los abogados de la querella se fue resquebrajando cuando comenzaron las diferencias por las pistas que apuntaban a dirigente de la derecha vinculados a Patricia Bullrich, las filtraciones de esas pistas a los medios, la supuesta politización de la causa. 

Mientras la jueza aseguró en un escrito que sigue todas las pistas para llegar hasta los últimos responsables del atentado, los abogados que representan a Fernández de Kirchner creen que la jueza y el fiscal no le han dado la entidad apropiada a estas pistas, como informó a finales de octubre elDiarioAR. Y como si fuera poco, a la pista Casablanca se le sumó un trasfondo que la vicepresidenta nunca se le escapa: el fantasma de los servicios de inteligencia.

elDiarioAR analizó las transcripciones de los testimonios de cuatro testigos, los escritos presentados por dos diputados en la causa, el informe de la jueza ante el camarista Bruglia por su recusación y consultó a fuentes directas del expediente para describir las sospechas de cada una de las partes involucradas en la pelea judicial. 

El testigo tardío

Con los tribunales desolados, por el día y horario, el viernes 23 de septiembre, Jorge Alberto Abello, ex diputado por la provincia de Santa Fe y actualmente asesor del diputado Marcos Cleri (Frente de todos, también santafesino), se presentó a las 17.20 horas en el juzgado de Capuchetti, dijo tener información de relevancia para la causa y solicitó declarar como testigo. 

Habían pasado 22 días desde el atentado a la vicepresidenta y este es uno de los puntos que generó suspicacias en los investigadores: por qué el testigo demoró tres semanas en presentarse ante la Justicia.

La jueza notificó a la fiscalía y a la querella para que asistan a la declaración, pero no había mucho margen para que se presentaran un viernes a última hora. Capuchetti ordenó escuchar al testigo. 

Abello declaró que el 30 de agosto, dos días antes del intento de homicidio a Fernández de Kirchner, se encontraba en el bar Casablanca, ubicado frente al anexo de la Cámara de Diputados, junto a su cuñado, Sebastián Rende, con quien hablaba de fútbol. 

El testigo declaró que entonces observó al diputado Gerardo Milman (Juntos por el Cambio) sentado en una mesa cercana junto a dos mujeres jóvenes y que escuchó que el dirigente decía: “Cuando la maten yo estoy camino a la Costa”. Abello aseguró también que escuchó a una de las mujeres preguntar a Milman por su chofer. Recibió, según la declaración, la siguiente respuesta del diputado: Lo mando a Tucumán porque es un hablador al pedo. 

“Eso fue todo lo que escuche, después siguieron las bromas, los chistes, él se paró, saludó a unas personas por ahí y pagamos nosotros y nos fuimos”, sostuvo el testigo. “Mi cuñado no escuchó nada de lo que él dijo, hicimos algún comentario de la billetera y el galán, y elogiábamos lo bonitas que eran las chicas. Yo cuando sucedió esta conversación que escuché, estaba como mucho a dos metros”, agregó Abello. 

El asesor parlamentario y su cuñado regresaron a sus casas y no volvieron a hablar del tema, dijo Abello a la jueza Capuchetti. “Yo esto no se lo comenté a mi cuñado ni a nadie… al día siguiente -en realidad Abello confunde el 31 de agosto con el 1° de septiembre-, estaba regresando de hacer una compra en el barrio de Belgrano, y recibo una llamada de mi madre, que vive en Villa Cañas. Ella estaba llorando, y me decía que quisieron matar a Cristina. Cuando empiezo a escuchar las noticias, me empezó a caer todo lo que había escuchado en Casablanca”, afirmó.

“A medida que fueron pasando los días, y empecé a seguir a los jugadores, empecé a darme cuenta que podía tener algo que ver” con el atentado a la vicepresidenta, “después de la conmoción, cuando comenzó a bajar la espuma… a los dos días, después me empieza a llamar la atención con el paso de los días, ya que lo veía al legislador en los medios, que después el tipo desapareció de las pantallas, eso me llevó a venir”.

Once días más tarde, el diputado Marcos Cleri, jefe de Abello, presentó un escrito ante Capuchetti. Aportó una constatación notarial de mensajes que Abello le envió por Whatsapp el 1° de septiembre entre las 22:36 y las 22:38 horas, de acuerdo con el texto al que accedió elDiarioAR. Abello había declarado que no se lo había comentado a nadie y no hizo mención a los mensajes a su jefe durante su declaración, lo que generó cierta suspicacia en los investigadores.

El acta ante escribano público se había realizado en Rosario el 23 de septiembre, el mismo día que Abello se presentó a declarar, pero el legislador recién la aportó a la Justicia el 4 de noviembre. 

Para cuando Cleri presentó el escrito, la jueza ya había descartado la pista Casablanca y no tomó estos mensajes como una prueba que reviviera esa línea de investigación, según explicó en el informe que remitió al juez Bruglia por su recusación en la causa. Sin embargo, sí envió copias al juzgado de Ercolini que investiga las filtraciones de pruebas en el expediente, ya que los mensajes habían sido publicados días atrás en Página/12. 

¿Por qué Abello demoró 22 días en presentarse ante la Justicia? “Estaba y está muy asustado”, dijo a elDiarioAR una fuente del caso con conocimiento directo de la situación del testigo. 

La reunión

Ese mismo viernes 23 de septiembre, Capuchetti solicitó al bar Casablanca todas las cámaras de seguridad ubicadas en su interior y exterior para corroborar la presencia del testigo Abello y los nombrados en su testimonio el 30 de agosto. Al día siguiente, solicitó a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que recabe las grabaciones de las cámaras de la Ciudad de Buenos Aires y privadas de los alrededores. El Centro de Monitoreo Urbano aportó 39 soportes ópticos con el contenido de las cámaras correspondientes.

En el informe que presentó al juez Bruglia para rechazar la recusación en su contra, Capuchetti destacó que cinco días después del testimonio de Abello, el 27 de septiembre, “la querella presentó un escrito, en el cual propuso distintas diligencias relativas a otras líneas investigativas que se estaban llevando a cabo, pero nada respecto a lo manifestado por el testigo Abello”.

La querella sí activó días más tarde este pista: se presentó el 5 de octubre y solicitó en un escrito que “se disponga todo lo necesario para corroborar lo expuesto por el testigo” y propuso una serie de diligencias, como identificar el vehículo de Milman y su recorrido; si los autos en los que se mueve fueron captados por las cámaras de seguridad en la autopista a la Costa entre el 29 de agosto y 2 de septiembre; y se identifique a las dos mujeres que  acompañaban al diputado en Casablanca para que “se las cite de modo urgente a prestar declaración testimonial”.

Los abogados de Fernández de Kirchner también solicitaron “el inmediato allanamiento” al domicilio de Milman. La querella solicitó a la jueza que investigue si existen comunicaciones entre Milman y Hernán Carrol, dirigente de Nueva Centro Derecha, quien tuvo contactos con Uliarte y Sabag Montiel semanas antes del atentado, pero negó cualquier vínculo con el hecho.

La jueza tampoco ordenó este cruce y dispuso esperar los resultados de otros cruces telefónicos ya encomendados en la causa. También rechazó otros pedidos de la querella para que se profundice la línea de investigación sobre Carrol y la Nueva Centro Derecha, ya que la magistrada las consideraba “lesivas”.

La jueza sólo ordenó citar al cuñado de Abello, identificar a las dos mujeres y analizar las cámaras de seguridad. Las imágenes corroboraron que Milman estuvo el 30 de agosto por la tarde en Casablanca 

El cuñado del testigo afirmó en el juzgado que estando en Casablanca, Abello “googleó a no sé quién” y luego le dijo que uno de los comensales de otra mesa “había estado trabajando con Macri”. “Uno que estaba enfrente nuestro, estaba con dos chicas, pero yo miraba más a las chicas que a él”, precisó el cuñado.

Mi cuñado no escuchó nada de lo que él dijo, hicimos algún comentario de la billetera y el galán, y elogiábamos lo bonitas que eran las chicas. Yo cuando sucedió esta conversación que escuché, estaba como mucho a dos metros.

Jorge Abello — Asesor parlamentario, testigo.

Las testigos que no recuerdan

La identificación de las dos mujeres demoró casi un mes. El 24 de octubre, la PSA determinó que se trataba de Ivana Bohdziewicz y Carolina Elizabeth Gómez Mónaco.

Bohdziewicz es secretaria asesora de Milman en Diputados, con cargo de secretaria administrativa, fue mismo rol que ocupó en el Ministerio de Transporte de la Nación durante el gobierno de Cambiemos. Es contadora pública. 

Gómez Mónaco es abogada y trabaja en el despacho de Milman. Durante la gestión del diputado como secretario de Seguridad de Cambiemos, fue directora de la Escuela de Inteligencia sobre el Delito de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad. En 2012, fue elegida Miss Argentina.

Estábamos organizando un evento en Mar del Plata y al mismo tiempo, organizamos previas recorridas por distintos municipios que yo realizaría en distintas semanas. Fue así que concurrí, primero a Pinamar y volví al día siguiente a la mañana.

Gerardo Milman — Diputado (Juntos por el Cambio).

La querella solicitó a la juez que no notifique a las mujeres de sus citaciones como testigos sino que las lleve a testificar con la fuerza pública para evitar que puedan “acomodar” sus testimonios. La jueza no hizo lugar al pedido, pero las citó con menos de 24 horas de anticipación y en reserva, sin filtraciones. Ambas se hicieron presentes voluntariamente ante el juzgado. 

Las testigos también generaron suspicacias y sospechas entre los abogados de Fernández de Kirchner que alimentaron las dudas sobre Milman: ninguna de las dos mujeres recordaba la reunión con el diputado en Casablanca durante la tarde del 30 de agosto (casi dos meses antes de sus declaraciones), pero sí recordaban otra reunión que compartieron en el mismo bar en marzo. Hasta que la jueza ordenó mostrarles las imágenes de las cámaras de seguridad que las ubicaban ingresando y saliendo del bar. Además, contradijo a su colega en un punto: “Yo jamás hablé de un viaje a Pinamar. Lo único que hablamos de la costa fue a Mar del Plata” y aseguró que ese evento había sido meses atrás y no en agosto.

Cuando le preguntaron si había escuchado a Milman pronunciar la frase “cuando la maten yo estoy camino a la Costa”, respondió: “No, por Dios que jamás escuché esa frase”.

Tras ambas testimoniales, realizadas el 26 de octubre, el abogado Aldazabal, de la querella, solicitó a la jueza secuestrar los teléfonos celulares de ambas asesoras parlamentarias, medida que Capuchetti rechazó. 

La magistrada basó su decisión en que ninguno de los tres testigos que declararon luego de Abello (las dos mujeres y el cuñado del testigo) ratificaron que Milman hubiese pronunciado la frase en la que supuestamente refirió saber que la vicepresidenta sería asesinada. 

Al día siguiente, Capuchetti se sorprendió con la tapa de Página/12 y la publicación de un mensaje de WhatsApp que el testigo Abello le habría enviado a su jefe, el diputado Cleri, poco después del atentado a la vicepresidenta, en el que le afirmó:  “Marcos, ayer -en realidad sería anteayer, el 30 de agosto- cuando salí de tu oficina fui con mi cuñado a comer a Casablanca. Al lado mío estaba Milman con dos pibas y graciosamente decía cuando la maten yo estoy camino a la costa y se mataban de risa” (sic). “Están las cámaras que no me dejan mentir”, “hdmp (sic) lo escuché” y “créeme estoy temblando”, le escribió a Cleri en otros tres mensajes de chat.

Capuchetti denunció la filtración de los testimonios de las testigos a medios de prensa ante el juez Julián Ercolini, quien ya interviene en una causa por filtraciones del expediente que inició la magistrada.

Yo jamás hablé de un viaje a Pinamar. Lo único que hablamos de la costa fue a Mar del Plata.

Carolina Elizabeth Gómez Mónaco — Asesora de Milman.

El 28 de octubre, Milman se presentó en los tribunales federales y denunció al testigo Abello por “falso testimonio”. En un escrito apurado, con numerosos errores de tipeo y ortografía, dijo que efectivamente había estado en Casablanca reunido ese día con sus asesoras. “Estábamos organizando un evento en Mar del Plata y al mismo tiempo, organizamos previas recorridas por distintos municipios que yo realizaría en distintas semanas. Fue así que concurrí, primero a Pinamar y volví al día siguiente a la mañana”, afirmó Milman, confirmando lo que finalmente declaró su secretaria.

“Ese fue el tema de conversación en dicha oportunidad, siendo que jamás hice una afirmación como la que el ‘Testigo’ ha pretendido imponer como salida de mi boca, quien sabe con qué inconfesados fines políticos”, agregó el diputado de Juntos por el Cambio.

“Los jueces de la sala se encuentran analizando el recurso presentado por la querella para que se secuestren los teléfonos de ambas testigos, la cuestión no está definida aún”, informó una fuente judicial del tribunal ante la consulta de este medio. En cuanto a la recusación de Capuchetti, el juez Bruglia tomará las decisiones en los próximos días tras escuchar los argumentos de la querella en una audiencia y leer las respuestas de la jueza.

ED

Condenada o absuelta, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner marcará a fondo la agenda judicial de diciembre y de los meses subsiguientes, mientras se abre el camino hacia las próximas elecciones presidenciales. El Tribunal Oral Federal número 2 comunicará el veredicto del caso Vialidad los primeros días de diciembre, de acuerdo con estimaciones de las partes que intervienen en el juicio oral y público por presunta asociación ilícita y defraudación a la Administración pública consultadas por elDiarioAR.

Antes y después del veredicto en el único juicio en su contra, otras causas centrales para Fernández de Kirchner tendrán movimientos y definiciones: Comodoro Py debe decidir si se realizarán o no los juicios por dos casos en los que la vicepresidenta y el resto de los imputados fueron sobreseídos de forma anticipada y los debates oral y públicos se anularon. Se trata de los casos Hotesur-Los Sauces y Memorándum con Irán.

Un cuarto caso que va camino al juicio oral y público, la causa de los cuadernos de la presunta corrupción en la obra pública, avanza pero lentamente, y la posibilidad del inicio de las audiencias parece lejano. Aún así, cuadernos se reinstalará en la agenda judicial cuando los ecos de una pericia oficial rebote en el futuro del debate.

Ya no como imputada o sobreseída, sino como querellante, Fernández de Kirchner espera decisiones clave en el expediente en el que se investiga el homicidio agravado en tentativa por el atentado contra la vida. 

Por lo pronto, sus abogados tendrán audiencias este martes, miércoles, jueves y viernes por los cuatro casos mencionados. Este es un resumen de los acontecimientos judiciales que tendrán a la vicepresidenta como protagonista en las próximas semanas, según pudo corroborar elDiarioAR de fuentes judiciales, de los abogados intervinientes, el Ministerio Público y documentos de los expedientes.

Querellante

En la previa al veredicto de Vialidad, la expresidenta espera un fallo de la Cámara Federal porteña en la causa por el intento de matarla, ocurrido el 1° de septiembre último. El camarista Leopoldo Bruglia se encuentra analizando la recusación a la jueza María Eugenia Capuchetti, presentada por los abogados de Fernández de Kirchner en el expediente del atentado fallido, y deberá también definir sobre medidas de prueba solicitadas por la querella. Ambas decisiones marcarán el pulso de la investigación.

Bruglia, integrante de la Sala I de la Cámara de apelaciones, tiene como una de sus prioridades de agenda definir si la jueza Capuchetti seguirá o no a cargo de la causa del atentado. La jueza ya presentó un informe de 43 páginas rechazando su apartamiento del expediente y a partir de este miércoles, cuando se realice una audiencia con la querella, Bruglia estará en condiciones de definir el incidente (al ser una recusación, interviene sólo un juez del tribunal de apelaciones), explicaron dos fuentes con acceso directo al caso.

La querella pidió que la magistrada sea apartada por presunta negligencia y temor de parcialidad, en el primer punto por el reseteo del teléfono del principal acusado, Fernando Sabag Montiel; y en segundo, por considerar que la jueza no profundizó algunas pistas importantes para que la querella, que podrían profundizar sobre más responsables en la planificación del atentado. 

Una de esas pistas en conflicto es la que apunta a Milman y por negarse a secuestrar los teléfonos celulares de las dos asesoras que acompañaba al diputado el 30 de agosto en la confitería Casablanca cuando, de acuerdo con un reciente testigo, Milman habría dicho: “Cuando la maten yo voy a estar camino a la costa”. El diputado negó haber pronunciado la frase en un escrito que presentó ante el juzgado.

La Sala I de la Cámara Federal también deberá definir sobre el secuestro de los teléfonos de ambas mujeres, ya que la querella apeló la negativa de la magistrada, aunque con conocimiento de que tiene pocas chances de ganar (las cuestiones relacionadas a medidas de prueba no son apelables por reglamento).

La jueza afirmó en el informe ante la Cámara revisora que investigó todas las hipótesis, “incluso aquellas sostenidas por la parte querellante que luego fueran desestimadas en mérito al resultado de las diligencias proyectadas y dirigidas a determinar su eventual corroboración”, de acuerdo con el escrito. También sostuvo que los planteos de la querella sobre supuestas irregularidades al inicio de la investigación se plantearon recién dos meses después, lo que ni siquiera es admisible en el Código Procesal Penal.

Bruglia no tiene plazo para tomar una decisión: si confirmar o apartar a la jueza de la causa, pero en la Cámara estima que será pronto. 

Audiencias en Casación

Esta semana, además, se celebrarán las últimas audiencias de dos casos centrales para la vicepresidenta en otra instancia: la Cámara Federal de Casación -máximo tribunal penal del país-, que tiene pendiente resolver si Fernández de Kirchner debe o no afrontar los juicios oral y públicos por Hotesur-Los Sauces y Memorándum con Irán. 

En ambos expedientes, la expresidenta y el resto de los imputados fueron sobreseídos de manera anticipada por “inexistencia de delito” y ambos expedientes están siendo revisados por los mismos jueces de Casación, integrantes de la Sala I: Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Ana María Figueroa.

El expediente en el que se acusa a la expresidenta y otros exfuncionarios y aliados del kirchnerismo por el presunto encubrimiento del atentado a la AMIA en 1994 a través de un pacto con el gobierno iraní tendrá su segunda audiencia este jueves 24 para terminar de escuchar a las partes a favor y en contra del cierre de la causa previo al juicio oral y público que debía desarrollarse este año en el Tribunal Oral Federal número 8. Tras la audiencia, los jueces estarán en condiciones de decidir el futuro de la causa, que ha despertado críticas incluso de juristas ajenos al kirchnerismo.

Este caso se sostiene por el impulso de la querella, integrada por los padres de dos víctimas del atentado de la mutual judía, ya que el fiscal Javier De Luca entendió, al igual que los jueces del tribunal oral, que la firma del memorándum no implicó un delito.

En el caso Hotesur-Los Sauces, el Tribunal Oral Federal número 5 debía juzgar a Fernández de Kirchner, a sus hijos Máximo y Florencia y otros acusados, pero dictó los sobreseimientos anticipados de todos en noviembre de 2021. 

Tras el planteo del fiscal Diego Velazco, el caso llegó a Casación. La segunda audiencia para revisar si el juicio debe realizarse será el martes. El fiscal Mario Villar ya expuso a principios de noviembre y se opuso al cierre de la causa: solicitó a los jueces que ordenen realizar el juicio oral y público por el caso de presunto lavado de dinero a través de los hoteles y propiedades inmuebles de la familia Kirchner.

Los jueces Barroetaveña, Petrone y Figueroa ya intervinieron en un caso de este tipo: en abril de 2021, sobreseyeron a la vicepresidenta y al resto de los imputados del caso Dólar Futuro, antes del inicio del juicio, por inexistencia de delito. 

Este caso -también criticado por juristas no alineados al kirchnerismo y aún pendiente de revisión en la Corte Suprema- es un precedente clave para las causas Memorándum y Hotesur-Los Sauces, pero tanto en Comodoro Py como entre las defensas, saben que el talón de Aquiles de Fernández de Kirchner es su relación comercial con Lázaro Báez, el empresario proveedor de obra pública que comparte banquillo de acusados en el juicio por Vialidad y ya fue condenado a 12 años de prisión por lavado de activos agravado provenientes de la corrupción.

Vialidad

El juicio que lleva adelante el Tribunal Oral Federal número 2 por la supuesta adjudicación irregular de 51 obras viales al empresario Báez, y en el que la vicepresidente enfrenta un pedido de pena de 12 años por parte de la fiscalía, ingresó en su etapa final, previa al veredicto: las palabras finales de los imputados. Los jueces fijaron audiencias para escuchar a los acusados que quieran dirigirse por última vez a los magistrados antes de escuchar el fallo final.

Las primeras dos audiencias de esta etapa serán el próximo viernes 25 para escuchar a Lázaro Báez, Mauricio Collareda, Raúl Daruich, Julio De Vido y Abel Fatala; y el martes 29, para Fernández de Kirchner, Héctor Garro, Carlos Santiago Kirchner y José López. 

Ese día, el tribunal debería fijar fecha para una tercera audiencia, con el objetivo de escuchar a los últimos cuatro acusados y comunicar el veredicto, que se espera para los primeros días o primera quincena de diciembre. Todos los imputados se han declarado inocentes.

Ya sea absuelta o condenada por ambos delitos o sólo por uno de ellos -asociación ilícita y defraudación a la Administración pública-, Fernández de Kirchner podrá recurrir el fallo a la Casación. También podrán hacerlo los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, en caso de una absolución total o parcial. Esto significa que Vialidad no terminará en diciembre, aunque el veredicto será la principal noticia que logre opacar el Mundial de Fútbol.

Cuadernos

El juicio oral y público por el caso de los cuadernos de la supuesta corrupción en la obra pública también ingresó en una etapa clave para el futuro del caso pero muy lejos del juicio de Vialidad. 

En la causa, serán juzgados decenas de los empresarios otrora más poderosos del país, exfuncionarios y la vicepresidenta por presunto cohecho o pago de sobornos registrados en los cuadernos del exchofer Oscar Centeno, quien trabajaba para el funcionarios Roberto Baratta, del ministerio de Planificación. 

Fernández de Kirchner está acusada de haber liderado una asociación ilícita que recaudaba dinero de empresarios contratistas del Estado (obra pública, transporte, energía).

El Tribunal Oral Federal número 7 se encuentra en condiciones de analizar qué pruebas solicitadas por la fiscalía de juicio y los abogados defensores realizará antes del debate oral y público por la causa madre -hay otros expedientes satélites que vienen más atrasados-. 

Esto significa que el caso ya comenzó a moverse en el tribunal. Pero el proceso viene lento. La fiscal Fabiana León solicitó que se suspenda la vista hasta que se termine de digitalizar el expediente de los cuadernos para poder acceder a la totalidad de la causa. Como consecuencia, todo podría demorarse más, pero dependerá de los jueces del tribunal.

El tribunal tiene, además, los originales en papel de seis de los ocho cuadernos de Centeno, y varias defensas han vuelto a solicitar que se realicen pericias caligráficas de los escritos para determinar cuándo se escribieron, ya que algunos abogados sostienen que no habrían sido escritos como un diario, a lo largo de los años, sino que formarían parte de una operación contra el kirchnerismo durante el gobierno de Mauricio Macri.

Los nunca fueron peritados en la causa. Los jueces deberán decidir si ordenan la pericia caligráfica. Ahora tienen un antecedente que algunas de las defensas no dejarían pasar: en los tribunales de Comodoro Py, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ordenó una pericia caligráfica a la Policía Federal Argentina (PFA) a pedido de uno de los empresarios imputados, Armando Losón, del Grupo Albanesi.

La pericia oficial se realizó sobre las fotografías digitalizadas de tres de los ochos cuadernos, que son en los que se menciona a Losón: los cuadernos 4, 7 y 8. Los expertos de la Policía Federal ratificaron que los cuadernos fueron escritos por el chofer Centeno pero detectaron ciertas alteraciones en el texto original realizadas “por otro escribiente” en los cuadernos 7 y 8, de acuerdo al informe pericial al que accedió elDiarioAR.

ED

La madrugada del 1° de septiembre último, horas después de que Fernando Sabag Montiel intentara matar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, se presentó en los tribunales federales de Comodoro Py para seguir de cerca los primeros pasos de la investigación y coordinar lo necesario con los responsables de la causa, confirmaron a elDiarioAR dos fuentes del expediente. Una sintonía ajena a la relación entre el kirchnerismo y Comodoro Py, fundamentada en el extraordinario y preocupante cariz del hecho.

A lo largo de las horas subsiguiente, el funcionario y el jefe de la custodia de la expresidenta, Diego Carbone, coordinaron con la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo el momento, lugar y circunstancias propicias para que Fernández de Kirchner declarar como testigo a catorce horas del hecho. Alrededor de las 11 de la mañana, Capuchetti y Rívolo partieron en sus autos hacia Recoleta para encontrarse con la vicepresidenta en su departamento y escuchar su testimonio.

En cuanto decidió presentarse como querellante, Fernández de Kirchner fue aceptada y sus abogados José Manuel Ubeira, quien lleva adelante la batalla mediatico-judicial, y Marcos Aldazabal tuvieron acceso al expediente sin demoras, incluso a un legajo especial que no estaba incorporado formalmente, informó una fuente con acceso a la causa. La querella solicitó allanamientos, detenciones y testimoniales y se les hizo lugar.

El diálogo entre la jueza Capuchetti y la querella es cordial pero durante las últimas semanas, distintos episodios que no están aislados comenzaron a resquebrajar aquella sintonía inicial. Aunque de ambos lados mantienen las formas, algunos de los investigadores judiciales afirman que las filtraciones del expediente que apuntan a los supuestos vínculos políticos de Sabag Montiel y su principal cómplice, Brenda Uliarte, están perjudicando la investigación a cambió de ganar la batalla mediática.

Otros investigadores creen que el kirchnerismo está politizando la investigación por el atentado, tratando de instalar supuestas evidencias de que Sabag Montiel y Uliarte habrían recibido financiamiento e instrucciones de miembros de la oposición para el homicidio de Fernández de Kirchner.

En el juzgado de Capuchetti aseguran que la jueza investiga todas las pistas pero algunas arrojan resultados positivos y otras negativos. Tiene diez personas abocadas a la causa y solicitó más contratos a la Corte Suprema para sumar personal.

La querella, en tanto, cree que la jueza y el fiscal no le han dado la entidad apropiada a las pistas que apuntarían a esas evidencias, que hasta el momento se centran en dos ejes centrales, unidos a su vez, por un mismo hilo conductor, según el kirchnerismo: Revolución Federal y la empresa Caputo Hermanos SA; y el entorno de la presidenta de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, cuya última incorporación se denomina “la pista Casablanca”. Bullrich ha negado cualquier vínculo con el hecho y las personas investigadas, ante la consulta de elDiarioAR. También el diputado Gerardo Milman, protagonista de dicha pista.

Tanto Capuchetti como Rívolo plantearon en el expediente que la denuncia realizada por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que terminó con las detenciones e indagatorias de Jonathan Morel, Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Sabrina Basile, no está vinculada al atentado, descartando así subir en la cadena de responsabilidad del homicidio calificado en tentativa hacia esa línea.

Carrol

En juez federal Julián Ercolini y el fiscal Eduardo Taiano quedaron a cargo de una denuncia presentada en los últimos días por la jueza Capuchetti para que se investigue la responsabilidad en la filtración a los medios de comunicación de un escrito presentado por Sabag Montiel al que sólo habrían tenido acceso la fiscalía y la querella. Se trata de “la pista Carrol”, que sirvió al kirchnerismo para vincular indirectamente a Bullrich con el intento de homicidio. No es la fiscalía de Rívolo la ocupante de las sospechas de la jueza.  

Hernán Carrol es dirigente de Nueva Centro Derecha, uno de los espacio antikirchneristas que surgió durante la pandemia y buscaron tomar la calle en oposición a la cuarentena por el Covid-19. Carrol participó del espacio de José Luis Espert, coqueteó con Javier Milei y tiene fotos con Patricia Bullrich en actos políticos.

Hace cinco semanas, Sabag Montiel presentó un escrito ante la jueza Capuchetti sosteniendo que quería ser su propio abogado, lo cual fue rechazado por la magistrada. Luego, el acusado sostuvo ante el juzgado que ponía a Carrol a cargo de elegirle un nuevo abogado, algo que nunca sucedió. La defensa de Sabag Montiel sigue a cargo del defensor oficial Juan Martín Hermida.

En dos entrevistas con el periodista Pablo Duggan -por radio y en C5N-, Carrol negó cualquier vínculo con el atentado y con la pareja Sabag Montiel-Uliarte, aunque explicó que se conocían.

Casablanca 

El viernes 23 de septiembre último, en un horario inusual, a última hora de la tarde, Jorge Alberto Abello, asesor legislativo del diputado kirchnerista Marcos Cleri (Frente de Todos, Santa Fe), se presentó en el juzgado de Capuchetti y solicitó declarar como testigo en la causa por el atentado a Fernández de Kirchner. 

Su testimonial tuvo lugar sin la presencia de la fiscalía ni de la querella. Abello sostuvo lo que se daría a conocer la semana última en Página/12, C5N y Télam: que el 30 de agosto último, escuchó al diputado Gerardo Milman, del riñón político de Bullrich, decir la siguiente frase a dos asesoras: “Para cuando la maten, yo voy a estar en la Costa”. La conversación que Abello dijo haber oído mesa de por medio fue en el bar Casablanca, frente al anexo de Diputados.

A partir de ese testimonio, que tuvo lugar 22 días después del hecho -algo que generó suspicacias en los investigadores-, la querella aguardó unos días, a la espera de medidas, pero el 5 de octubre último solicitó una serie de medidas para activar esa pista.

La jueza ordenó entonces reconstruir la escena relatada por el testigo, identificar a las dos asesoras que acompañaban a Milman en la mesa de Casablanca e interrogarlas.

Todo eso se realizó con extrema cautela para evitar la filtración a los medios, pero se filtró igual. 

El acceso a cámaras de video del circuito cerrado de Casablanca y de la Ciudad de Buenos Aires en vía pública corroboraron la reunión de Milman con dos mujeres en dicho bar el 30 de agosto entre las 15.23 y las 16.28. La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) estuvo a cargo de identificar a ambas asesoras.

Se trata de Carolina Gómez Mónaco e Ivana Bohdziewicz, quienes el miércoles último declararon como testigos ante la jueza, el fiscal y la querella. Ambas negaron haber estado en Casablanca en agosto hasta que se les exhibieron las imágenes de las cámaras. Entonces recordaron la reunión, confirmó una fuente con acceso directo a las testimoniales. 

Ambas testigos negaron que Milman hubiera hablado del homicidio de Fernández de Kirchner u otra referencia a los que sucedería dos días después. Bohdziewicz sí confirmó que hablaron de un viaje que el diputado haría al día siguiente a la ciudad balnearia de Pinamar, según confirmó elDiarioAR con dos fuentes de la causa.

Luego de las testimoniales, el abogado de Fernández de Kirchner, Aldazabal, solicitó a la jueza que secuestrara los teléfonos celulares de ambas asesoras de Milman, pero Capuchetti se negó.

La querella presentó un recurso para insistir con el secuestro de los teléfonos e irá a la Cámara Federal de Apelaciones para insistir con la medida, aunque las cuestiones sobre medidas de prueba no son apelables, por lo que los abogados de CFK saben que perderán.

Estábamos organizando un evento en Mar del Plata y al mismo tiempo, organizamos previas recorridas por distintos municipios que yo realizaría en distintas semanas. Fue así que concurrí, primero a Pinamar y volví al día siguiente a la mañana.

Gerardo Milman. — Diputados (Juntos por el Cambio).

El jueves, los investigadores de Comodoro Py se sorprendieron con la tapa de Página/12 y la publicación de un mensaje de WhatsApp que el testigo Abello le habría enviado al diputado Cleri, poco después del atentado a la vicepresidenta en el que le afirmó:  “Marcos, ayer cuando salí de tu oficina fui con mi cuñado a comer a Casablanca. Al lado mío estaba Milman con dos pibas y graciosamente decía cuando la maten yo estoy camino a la costa y se mataban de risa” (sic). “Están las cámaras que no me dejan mentir”, “hdmp (sic) lo escuché” y “créeme estoy temblando”, le escribió a Cleri en otros tres mensajes de chat.

El mensaje no fue aportado por el testigo a la causa, tampoco por Cleri, con quien elDiarioAR intentó comunicarse este viernes, sin éxito.

La contradenuncia

Milman se presentó el viernes último en los tribunales federales y denunció al testigo Abello por “falso testimonio”. En un escrito apurado, con numerosos errores de tipeo y ortografía, dijo que efectivamente había estado en Casablanca reunido ese día con sus asesoras. “Estábamos organizando un evento en Mar del Plata y al mismo tiempo, organizamos previas recorridas por distintos municipios que yo realizaría en distintas semanas. Fue así que concurrí, primero a Pinamar y volví al día siguiente a la mañana”, afirmó Milman.

“Ese fue el tema de conversación en dicha oportunidad, siendo que jamás hice una afirmación como la que el ”Testigo“ ha pretendido imponer como salida de mi boca, quien sabe con que inconfesados fines políticos”, agregó el diputado de Juntos por el Cambio.

La jueza Capuchetti envió su denuncia a sorteo. El caso quedó a cargo del juez Ercolini y el fiscal Taiano, según confirmó una fuente directa del caso a este medio.

ED

El rol de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la adjudicación de obra pública durante sus dos mandatos presidenciales (2007-2015) y el alcance penal de esa responsabilidad es uno de los puntos centrales del juicio oral y público del caso Vialidad, por el que la funcionaria enfrenta un pedido de pena de doce años de prisión e inhabilitación perpetua por liderar una supuesta asociación ilícita para defraudar al Estado a través de la adjudicación ilegal de 51 obras viales al empresario Lázaro Báez, exsocio comercial de los Kirchner.

Uno de los contrapuntos en los alegatos fue el debate sobre “cosa juzgada”, un planteo de las defensas de algunos de los acusados del juicio -entre ellos la de la vicepresidenta- que llegó hasta la Corte Suprema y que refleja la historia de la relación entre el kirchnerismo y el Poder Judicial, que ha oscilado entre la cooptación y el enfrentamiento irreparable. Y el lawfare o guerra judicial, según la versión del oficialismo. 

El máximo tribunal rechazó los argumentos de los abogados, quienes sostienen que la adjudicación de obras a Báez en Santa Cruz y la supuesta cartelización de las mismas a favor del empresario ya fue “juzgada” parcialmente -por el delito de presunta defraudación a la administración pública- tres veces en la Justicia federal de Santa Cruz. 

A partir de 2016, estos planteos de las defensas fueron rechazados desde el juzgado de instrucción hasta el máximo tribunal del país, que se expidió sobre el caso a mediados de este año y con el juicio oral y público cerca del veredicto (se espera para noviembre o antes de finales de año).

La historia del caso Vialidad se remonta a 2008, explicó Fernández de Kirchner durante su alegato, el viernes 23 de septiembre. Efectivamente, en noviembre de ese año, Elisa Carrió denunció al expresidente Néstor Kirchner; al entonces ministro de Planificación, Julio De Vido; y a los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López, entre otros, por presunta asociación ilícita. La denuncia recayó en el juzgado federal número 10, a cargo de Julián Ercolini. El fiscal Gerardo Pollicita requirió que se investigaran los hechos denunciados, que incluían los negocios adjudicados por el Estado Nacional hasta ese momento a ambos empresarios.

“Es necesario que Néstor Kirchner tenga una causa, es necesario que alguna vez alguien vaya preso y devuelva el dinero”, sostuvo Carrió por esas fechas en declaraciones a los medios.   

Entonces, la líder de la Coalición Cívica (CC) afirmó que no buscaba “perjudicar” a Fernández de Kirchner, quien había asumido un año antes como presidenta, pero que la Justicia debía establecer si la mandataria tenía o no responsabilidad en la supuesta asociación ilícita denunciada. “La jefa de la banda seguro que no es -dijo entonces Carrió sobre CFK-, el jefe de la banda se llama Néstor Kirchner y nosotros queremos preservar la autoridad constitucional de la Presidenta de la Nación”.

En 2012, la relación entre el kirchnerismo y el Poder Judicial comenzó a transformarse lentamente de un matrimonio forzado pero conveniente a un divorcio combativo. La fractura tal vez nació con la investigación contra el entonces vicepresidente Amado Boudou por el caso Ciccone, se profundizó con la inconstitucionalidad del memorándum con Irán y se instaló con las causas Hotesur y Los Sauces hasta llegar a los allanamientos a la presidenta en ejercicio en 2014.

Lejos quedaron, entonces, los sobreseimientos apurados a los Kirchner por presunto enriquecimiento ilícito, el desguace de causas como Skanska y los certificados de buena salud judicial que expidieron algunos jueces y fiscales durante los años anteriores. Fernández de Kirchner no habló en su alegato de aquella época, en la que la relación con el Poder Judicial gozaba de armonía, los jueces no eran enemigos, el kirchnerismo no hablaba de lawfare o guerra judicial y ciertos funcionarios garantizaban junto a los servicios de inteligencia del Estado una interpretación muy diferente de los hechos jurídicos.

La denuncia de Carrió terminó dividida en varios expedientes: en 2011, el juez Ercolini concentró una parte de los hechos pero envió a otras jurisdicciones los que correspondían a denuncias de obra pública en las provincias de Chaco, Formosa y Santa Cruz. 

El fiscal Pollicita apeló esa decisión pero su superior, el entonces fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones porteña, Germán Moldes, no acompañó el recurso y evitó así que la discusión continuara. Pocos años más tarde, Moldes sería uno de los principales representantes de Comodoro Py en enfrentar abiertamente a Fernández de Kirchner y miembros de su gobierno, tanto en los medios como en las causas. 

Así nació en 2011 la primera causa por la que Fernández de Kirchner alega que ya fue juzgada por el supuesto direccionamiento de obras viales adjudicadas a Báez en esa provincia y por las que actualmente es juzgada como presunta jefa de una asociación ilícita para defraudar al Estado. Entonces, planteó la defensa de Fernández de Kirchner, que encabeza el penalista Carlos Alberto Beraldi, “se hizo expresa referencia a la existencia de una supuesta asociación ilícita”.

En 2013, una segunda denuncia fue presentada por la diputada Mariana Zuvic (Coalición Cívica) ante el juzgado federal de Río Gallegos, también, por supuesto direccionamiento de obras viales a Báez en esa provincia. 

La tercera causa nació en 2015, en el juzgado de Instrucción número 2 de Río Gallegos.

Los resultados en las tres causas fueron favorables a los funcionarios de la Agencia de Vialidad Provincial y a Báez. Dos de los expedientes fueron archivados y el tercero terminó en sobreseimiento. 

En Comodoro Py, tras varias medidas, la causa original de 2008 quedó en pausa, sin avances significativos. Hasta principios de 2016, cuando tras la llegada de Mauricio Macri a la Casa Rosada, el director de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, presentó con ahínco ante el juez Ercolini una denuncia basada en una auditoría interna del organismo en la que expuso varias de las acusaciones que hoy forman parte del juicio de Vialidad: 

Comenzó entonces la discusión sobre la “cosa juzgada”: ni Fernández de Kirchner, ni Báez ni los funcionarios denunciados podían ser investigados por los mismos hechos dos veces, como garantiza la ley en Argentina. Si bien ella no fue parte de esas tres causas, Beraldi planteó que el objeto procesal sería “sustancialmente idéntico'' y que en las tres causas se determinó la inexistencia de delito.

“Se denunciaron e investigaron supuestas irregularidades advertidas en distintos procesos licitatorios a través de los cuales se asignaron contratos de obra pública vial a las empresas de Lázaro Báez (sobreprecios en las adjudicaciones, incumplimientos contractuales de distinta índole, falta de controles, maniobras de cartelización, etc.)”, planteó la defensa de Fernández de Kirchner. “Cuarenta y nueve de las cincuenta y una obras que son investigadas en esta causa -por Vialidad- ya fueron analizadas en distintos procesos penales que tramitaron en la provincia de Santa Cruz […] las cuales fueron archivadas por inexistencia de delito o bien concluyeron con el dictado de un sobreseimiento” 

Mal puede sostenerse peligro de doble juzgamiento sobre la base de lo que nunca se sometió a juzgamiento en los primeros expedientes.

Fallo de la Cámara Federal porteña.

Desde Comodoro Py hasta la Corte, la interpretación de los jueces fue contraria a las defensas: sostuvieron que para que exista “cosa juzgada” debe haber existido una investigación y no un archivo o sobreseimiento sin medidas de fondo, como se habría dado en Santa Cruz, entre otros argumentos.

El juez Ercolini “realizó un pormenorizado análisis de lo actuado en cada uno de los expedientes” de Santa Cruz y consideró que las denuncias describían los hechos “de forma vaga e indeterminada” y que “los fiscales actuantes en esos legajos, en dos casos, pidieron su desestimación inmediata y, en el restante, delimitaron un objeto procesal genérico, sin realizar una investigación que pudiera siquiera activar el riesgo de una persecución penal múltiple”. “La única medida” realizada por el fiscal del último expediente “fue la obtención de los listados de obras efectuadas en la Provincia de Santa Cruz”, sostuvo Ercolini en respuesta a la defensa. La Cámara Federal porteña, la Cámara Federal de Casación, el Tribunal Oral Federal número 2 y la Corte le dieron la razón al juez.

La Cámara Federal porteña aseguró: “Mal puede sostenerse peligro de doble juzgamiento sobre la base de lo que nunca se sometió a juzgamiento en los primeros expedientes”, radicados en la jurisdicción en la que las acusaciones de lawfare no tienen cabida y en la que los Kirchner moldearon a medida la Justicia local, incluyendo la designación de familiares directos.

Pero si en 2011 Comodoro Py remitió la investigación sobre adjudicación de obras a Báez en Santa Cruz a la Justicia de la provincia, ¿por qué en 2016 se investigó el caso en los tribunales porteños? 

“Esta Corte tiene dicho que frente a casos en los que organismos nacionales remiten fondos a entes provinciales o municipales, ‘una vez que aquéllos fueron recibidos e incorporados al patrimonio local, su presunta afectación o uso indebido solo causaría un perjuicio a sus rentas y no al Estado nacional, por lo que corresponde a la justicia local entender acerca de los hechos presuntamente delictivos que pudieron haberse cometido desde entonces’”, planteó Beraldi ante el máximo tribunal.

“Esta doctrina, sin embargo, no es aplicable” a Vialidad, le respondieron los cuatro jueces de la Corte. Esta es otra discusión central entre las defensas y Comodoro Py, que fue mutando a medida que también cambiaba la relación entre el Poder Judicial y el kirchnerismo. 

Los jueces que intervinieron en el análisis de los planteos de las defensas plantearon que la causa Vialidad implica fondos del Tesoro Nacional orquestados por el ministerio de Planificación Federal y la Dirección Nacional de Vialidad, lo que excluía la jurisdicción de la Justicia santacruceña, incluyendo a la federal con asiento en la provincia porque ambos organismos se manejaban desde la ciudad de Buenos Aires. 

ED

En una escalada que vuelve a profundizar la tensión entre el kirchnerismo y el poder Judicial, la Cámara Federal porteña confirmó este miércoles el procesamiento de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por presunto peculado -malversación de fondos- mientras el presidente del tribunal, Mariano Llorens, a quien la expresidenta criticó hace cuatro semanas por su participación en los partidos de fútbol en la quinta Los Abrojos, de la familia Macri, planteó la “necesidad” iniciar el juicio político contra la funcionario y detenerla para salvaguardar la investigación.

La causa, que había sido instruida por el fallecido juez Claudio Bonadio, tiene dos capítulos: una investigación por la utilización de la flota presidencial para trasladar muebles y otros elementos a los hoteles de la familia Kirchner, en El Calafate; y el transporte de diarios y partes de prensa a través de los mismos aviones a Río Gallegos y El Calafate. 

Por este caso, Fernández de Kirchner enfrenta una posible pena de entre dos y diez años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Los camaristas de la Sala I, Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, confirmaron parcialmente el procesamiento de Fernández de Kirchner, ya que revocaron la medida en su contra por el uso de la flota presidencial para el traslado de diarios y reportes de prensa a Santa Cruz entre 2007 y 2015, al entender que estar informada era parte de sus funciones como mandataria. 

Los jueces también dictaron la falta de mérito del senador Oscar Parrilli, entonces secretario general de la Presidencia, por considerar que no hay pruebas suficientes para mantenerlo procesado como partícipe necesario del delito.

Cada juez del tribunal de apelaciones escribió su fallo. El de Llorens sobresalió por el tono extremadamente crítico hacia Fernández de Kirchner y porque instó al juez de primera instancia, Sebastián Casanello -quien quedó a cargo del expediente-, a notificar al Senado sobre el fallo de la Cámara para que se analice un juicio político contra la vicepresidenta y que considere su prisión preventiva. 

La vicepresidenta y el presidente cuentan con fueros por los que sólo pueden ser detenidos si se encuentra cometiendo un delito (in fraganti) o tras su destitución por juicio político. 

Al mismo tiempo, revocó otro procesamiento por el traslado de diarios en la flota 

Dardos cruzados

A principios de agosto, mientras los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola avanzaban con el alegato de acusación en el juicio oral y público del caso Vialidad, Fernández de Kirchner recusó a Luciani y al juez Rodrigo Giménez Uriburu, integrante del Tribunal Oral Federal número 2 que lleva adelante el proceso.

“Del Liverpool de Los Abrojos salió la banda de Macri”, publicó Fernández de Kirchner en su cuenta de Twitter, luego de que Página/12 publicara fotos en las que se veía a ambos magistrados integrando el equipo de fútbol “La Liverpool” en un torneo en la propiedad de la familia Macri. En una de las imágenes se veía también a Llorens, quien fue nombrado por Macri en la Cámara Federal porteña luego de un concurso.

“A que no sabés a qué equipo le hizo el gol Macri? Siiiii!!! Adivinaste!! A Liverpool! el equipo del Fiscal Luciani, del Pte. del Tribunal Giménez Uriburu y del camarista Llorens, el que sobreseyó a Macri en la causa por espionaje a los familiares de las víctimas del ARA San Juan”, escribió entonces la vicepresidenta.

Llorens, quien ya había firmado fallos duros contra la exmandataria, escribió en el fallo de este jueves que “tanto ella -por Fernández de Kirchner-, como su familia, eran los beneficiarios directos de la utilización de los servicios pagados con el presupuesto nacional”, en referencia a la utilización de la flota presidencial para trasladar mobiliario a los hoteles de El Calafate.

Estos hechos, dijo el juez, “evidenciaron un quiebre permanente de la prudencia, la mesura y la austeridad como guías indiscutibles del comportamiento que deben asumir aquellos a quienes les es confiado el ejercicio de la función pública, y cuyos orígenes pueden reconocerse en nuestra gesta revolucionaria, reveladora de un enérgico repudio por la ambición, la avaricia, la ostentación, el refinamiento, la extravagancia y el lujo por parte de aquellos que tienen a su cargo el manejo de la cosa pública”.

Llorens sostuvo: “Tampoco puede desconocerse que una perspectiva integral y conjunta de todos esos expedientes, pusieron en evidencia la instrumentación de un esquema de corrupción estatal, instaurado entre los años 2003 y 2015 con distintas manifestaciones”. Por este motivo, dijo, “habré de encomendar un análisis conjunto e integral de los elementos de prueba que, recabados en el marco de otras actuaciones- tales como aquellas en las que se investiga el traslado de bolsos o valijas con dinero en efectivo (Vialidad, José López y Cuadernos)-, permitan corroborar comportamientos jurídico-penalmente relevantes que tengan alguna clase de gravitación y vinculación con las conductas analizadas en el presente expediente”.

Estas circunstancias “imponen la obligación de examinar” los posibles “riesgos procesales” para considerar si Fernández de Kirchner debe conservar los fueros que le da su función, afirmó Llorens. Consideró que los hechos investigados forman parte de “una matriz de corrupción especialmente dañina para los destinos de la Nación, que debe ser prevenida, erradicada y sancionada” y por ese motivo encomendó al juez Casanello “analizar si el camino para asegurar las medidas de cautela personal es el juicio que la Constitución Nacional impone para la separación del funcionario del ejercicio del rol con el que fue investido, a fin de tornar efectivo su encarcelamiento provisional”.

“Corresponde poner en conocimiento de las autoridades competentes del Parlamento Argentino esta resolución para que, en el ámbito de su competencia, evalúe el inicio del proceso constitucional en cuyo marco se analice el desempeño revelado por los imputados”, en referencia también al senador Parrilli.

Tanto ella -por Fernández de Kirchner-, como su familia, eran los beneficiarios directos de la utilización de los servicios pagados con el presupuesto nacional.

Mariano Llorens — Presidente de la Cámara Federal porteña.

Mobiliario

Llorens citó a los testigos que declararon durante la investigación. Resaltó que el Tango 01 “se utilizó para trasladar muebles para equipar el hotel que la familia presidencial había construido en la localidad de El Calafate”.

Uno de los citados fue José Alberto Luna, mecánico del avión presidencial Tango 01, quien declaró recordar “un solo vuelo en el que llevamos muebles, televisores y rollos de cables violetas que se usan para enterrar, subterráneos, y equipamientos varios, todo eso fue al Calafate y creo que eran para el hotel de la Presidenta”. 

Gabriel Omar Falaschi,  otro mecánico del Tango 01, sostuvo que “en una oportunidad solo llevamos cosas de mueblería, mesas de vidrio y muebles, que creo que fue para El Calafate”. 

Ángel Alejandro Heitt, comisario a bordo de la misma aeronave oficial, declaró cómo era el procedimiento de carga y descarga del equipaje, refiriendo que “a veces era equipaje y a veces eran muebles, por ejemplo, hacia El Calafate, que estimo que eran para un hotel por la cantidad”.

Otros testigos dijeron haber visto el traslados de “aparatos para gimnasios, como cintas o bicicletas fijas”. 

Nota: este artículo se corrigió a las 20:51 del 20 de septiembre. El juez que está actualmente a cargo del expediente en primera instancia es Sebastián Casanello y no Julián Ercolini, como se había consignado.

ED

En una resolución sobre la causa conocida como la Ruta del dinero K, el juez de la Cámara Federal Mariano Llorens pidió que se consideren otros expedientes que investigan casos de presunta corrupción en los que está involucrada la vicepresidenta Cristina Kirchner. Para Llorens, todas las causas deben ser investigadas bajo lo que considera “un único designio criminal”. Según el temperamento del camarista, deberían investigarse de manera “conglobada” las causas por el direccionamiento de la Obra Pública en Santa Cruz –conocida como Vialidad, actualmente en juicio- , Hotesur y Los Sauces –que investiga lavado de dinero- y la causa por sobornos conocida como los cuadernos de las coimas.

El pedido de Llorens se conoció en  un fallo por medio del cual la Cámara federal rechazó una apelación presentada por los abogados de vicepresidenta, recurso que fue más tarde inesperadamente retirado como parte de una estrategia de la defensa. La apelación, presentada por el abogado Carlos Berladi, buscaba originalmente revertir el rechazo del juez federal Sebastián Casanello al sobreseimiento de la ex presidenta en la causa.

La vicepresidenta había solicitado a finales de junio su sobreseimiento en la causa. Pero el juez Casanello rechazó su pedido al considerar que aún había medidas en curso y que la investigación no estaba agotada. La ex presidenta está imputada en la causa por presunto lavado de dinero: en la causa principal, Báez fue condenado junto con sus hijos por ese delito en febrero del 2021 por el Tribunal Oral Federal 4; el tribunal probó que Báez lavó 55 millones de dólares que provenían de la obra pública.

Tras el rechazo del juez Casanello, loa abogados de la vicepresidenta apelaron a la Cámara, pero desistieron de hacerlo ante lo que anticipaban como un fallo adverso. El fallo de este martes, que lleva la firma también la firma del camarista Eduardo Farah, dio finalmente por desistido el recurso de apelación.

En un apartado de la resolución de la Cámara, el juez Llorens sostiene que “corresponde –de manera urgente– que el juez reasuma la instrucción –en este aletargado proceso– para resolver la situación procesal de Cristina Fernández de Kirchner en lo inmediato”. Y dice que se deberá analizar “la prueba contenida en la presente, la sugerida por el Ministerio Público Fiscal, como así también toda aquella agregada en los expedientes vinculados de manera conglobada recordando que se trata de distintos tramos de conducta asociados a un único designio criminal, como ya fuera expresado reiteradamente en los precedentes citados”.

El fiscal de la causa, Guillermo Marijuan, cree que hay relación entre lavado de dinero por el que fue condenado Báez y la vicepresidenta.

CC