PAMI identificó una red de desvíos en prestaciones oftalmológicas y ópticas que se replica en distintos puntos del país, con patrones de sobrefacturación, prestaciones fantasma, circuitos cerrados y cobros indebidos a afiliados.

Los relevamientos, realizados mediante cruces de datos del sistema de Órdenes Médicas Electrónicas (OME) y auditorías prestacionales, demuestran que no se trata de casos aislados, ya que se detectó la repetición de estas maniobras en Santiago del Estero, Buenos Aires, Entre Ríos y La Rioja.

La auditoría identificó al menos cinco modalidades de desvío y la más extendida es la sobrefacturación de anteojos. Según el informe al que accedió Infobae, los prestadores recetaban lentes de baja graduación pero facturaban módulos de alta graduación, hasta cinco veces más caros: “Un módulo real tiene un valor de $4.941, mientras que los módulos facturados llegaron a $27.204”.

A esto se suman las “prestaciones fantasma”, consistentes en consultas y estudios nunca realizados, donde “hasta el 50% de las órdenes carecía de respaldo clínico”.

El esquema también incluyó circuitos cerrados con conflictos de interés y el cobro indebido a los jubilados por lentes que debían ser gratuitos. Los auditores relevaron casos donde se ofrecían productos fuera de cobertura a precios exorbitantes, llegando a detectar pagos de “hasta US$1.500 más $353.500 por lentes que debían estar cubiertos”.

En Santiago del Estero, se confirmaron 606 casos de sobrefacturación con un perjuicio de $10,4 millones, confirmándose un vínculo familiar directo entre el médico derivante y el titular de la óptica.

En Entre Ríos, la situación fue descrita por los auditores como una “facturación sin sustento médico real”, tras hallar 613 casos de sobrefacturación y recetas emitidas sin dioptrías.

Estas maniobras, se enmarcan en un proceso de investigación más amplio sobre el sistema OME que ya cuenta con al menos seis causas judiciales activas. “Esta gestión no encubre, investiga y denuncia. Hay un mandato claro de sanear el sistema y erradicar los abusos”, destacaron fuentes del Instituto.

Uno de los expedientes más avanzados radica en la ciudad de Rafaela, Santa Fe, donde se pidió el juicio oral para un médico y una farmacéutica por confeccionar 636 prescripciones apócrifas. El fraude se constató al rastrear las direcciones IP de las recetas electrónicas, las cuales “correspondían a computadoras ubicadas en el domicilio comercial de la farmacia”.

Otros hallazgos incluyeron volúmenes de atención imposibles, como un cardiólogo que registró 689 órdenes en un solo día, lo que equivaldría a jornadas de hasta “108,7 horas diarias”.

Esta serie de auditorías comenzó bajo la gestión de Esteban Leguízamo, quien al asumir halló un déficit que ascendía a los 92.000 millones de pesos. Como contrapartida, la administración ya “recortó aproximadamente 90.000 millones de pesos en gastos políticos e innecesarios”, eliminando gran parte de la estructura jerárquica y centralizando la compra de insumos para evitar la cartelización.

El organismo implementó ahora controles más estrictos y monitoreos permanentes para asegurar que los recursos lleguen efectivamente a los beneficiarios.

Con información de Noticias Argentinas

JIB

Manuel Adorni construyó su exposición ante la Cámara de Diputados como un relato guionado y casi sin fisuras. Su objetivo fue dar cuenta de un gobierno que corrige desvíos históricos, jaqueado por una oposición que conspira contra ese rumbo y una gestión que, aun con demoras, avanza en la dirección correcta. Pero a medida que el jefe de Gabinete se adentró en los temas más sensibles empezaron a aparecer zonas de tensión que desbordan ese esquema y dejan expuesta una distancia entre el discurso oficial y la dinámica real.

El primer punto aparece en su propia defensa patrimonial. Adorni insistió en que no hubo “ocultamiento alguno” en sus declaraciones juradas y que las denuncias buscan instalar “una hipótesis incorrecta”. Sin embargo, ese planteo convive con inconsistencias concretas: en su presentación como candidato en 2025 omitió consignar su casa en el country Indio Cua, una propiedad adquirida como bien ganancial, junto con la deuda hipotecaria asociada, pese a que la normativa exige declarar ese tipo de activos.

No se trata de un detalle técnico. Es, más bien, un punto que tensiona el corazón del argumento oficial: la idea de transparencia como diferencial político. En ese sentido, la apelación a anexos reservados y a formalidades administrativas aparece más como una forma de encapsular el problema que de resolverlo.

Algo similar ocurre con las acusaciones por conflictos de interés. Allí, Adorni negó de manera tajante cualquier irregularidad. Afirmó que es “falso” que haya intervenido para favorecer contrataciones de terceros con vínculos previos y aseguró que no existe contrato alguno entre la TV Pública y su amigo, el periodista Marcelo Grandio. Sin embargo, según publicó la periodista Martina Garbarz, existen seis contratos con la productora Imhouse vinculada a Grandio que suman $97.943.995. Otra vez, el mecanismo fue reducir el debate a su dimensión legal, donde el oficialismo se siente más cómodo.

El caso $LIBRA sintetiza esa lógica con mayor nitidez. Durante su exposición, el jefe de Gabinete volvió a enmarcar las denuncias como parte de una ofensiva opositora, pero omitió un dato clave: el propio Gobierno decidió disolver en mayo de 2025 la Unidad de Tareas de Investigación creada apenas tres meses antes para analizar ese entramado. La unidad había sido concebida como una herramienta para recabar información y asistir a la Justicia. Su cierre, formalizado por decreto presidencial, dio por concluida esa tarea tras la remisión de los datos recolectados.

En materia educativa, el discurso volvió a apoyarse en la idea de reformas estructurales y planificación de largo plazo. Adorni habló de transformación, de cambio de época, de un nuevo paradigma. Sin embargo, en paralelo, el conflicto con las universidades sigue abierto y sin resolución de fondo. La Ley de Financiamiento Universitario continúa sin aplicación efectiva, en un contexto de reclamos persistentes por recursos. La brecha entre la ambición del discurso y la implementación concreta vuelve a hacerse visible.

El caso del PAMI introduce un elemento aún más sensible, porque impacta de manera directa en la vida cotidiana. Adorni sostuvo que las prestaciones continúan con normalidad y buscó transmitir una imagen de estabilidad en el sistema de salud. Pero esa afirmación convive con decisiones recientes del propio organismo, como la eliminación de la cobertura total de medicamentos para más de 1,7 millones de afiliados. Lejos de ser un ajuste marginal, se trata de una modificación estructural que redefine el acceso a prestaciones básicas. En ese marco, la idea de “normalidad” queda tensionada por una política que, en los hechos, recorta beneficios sobre una población particularmente vulnerable.

Algo parecido ocurre en el área de discapacidad, donde el Gobierno sostiene un discurso de ordenamiento y eficiencia, pero la implementación de políticas específicas sigue siendo fragmentaria. La falta de aplicación plena de marcos normativos vigentes y las dificultades en el acceso a prestaciones configuran un escenario que contrasta con la narrativa de reorganización y mejora del sistema.

Incluso en el frente económico, donde el oficialismo construye su principal fortaleza, aparece una tensión interna que el propio Adorni dejó entrever. El jefe de Gabinete reconoció que “algunos de los resultados todavía no muestran un impacto directo en la vida cotidiana” y atribuyó ese retraso a una “operación golpista” durante la campaña. La explicación desplaza la responsabilidad hacia factores externos, pero al mismo tiempo revela la dificultad de traducir logros macroeconómicos en mejoras perceptibles para amplios sectores de la sociedad.

Según su propia exposición, la gestión evidencia resultados “contundentes y positivos”. Y, en efecto, ese es el núcleo del relato oficial. Pero en varios de los temas más sensibles el discurso deja ver una distancia persistente entre esa narrativa de orden y la complejidad del presente. Lo que quedó planteado en el recinto no fue solo una disputa entre oficialismo y oposición. Se trató de algo más estructural: hasta qué punto el Gobierno puede sostener un relato de coherencia y control cuando, en los márgenes de su propia exposición, empiezan a acumularse señales que lo contradicen.

PL/CRM

La crisis del PAMI empezó a desbordar el perímetro de la obra social y ya impacta de lleno en las provincias, donde los gobernadores comenzaron a encender señales de alarma frente a un fenómeno que combina presión sanitaria y tensión fiscal. Lo que hasta hace semanas aparecía como un problema acotado a la relación entre el organismo y sus prestadores hoy escala a un conflicto político más amplio: las jurisdicciones absorben cada vez más demanda sin que la Nación acompañe con recursos en la misma proporción.

En paralelo, el conflicto sumó en los últimos días un capítulo gremial que expuso el deterioro del sistema: el paro de médicos de cabecera durante 72 horas dejó al descubierto las dificultades para sostener la atención básica y tensionó aún más la relación entre la obra social más grande país y su red prestacional.

En distintas provincias se repite la misma escena, con jubilados que no consiguen turnos o cobertura efectiva en el circuito del PAMI terminan recalando en hospitales públicos. El efecto es acumulativo. En algunos distritos, una porción significativa de los afiliados ya se atiende en el sistema estatal, que empieza a saturarse y a reorganizar sus prioridades. No es solo un problema de volumen, sino de complejidad ya que aumentan las internaciones y los tratamientos de alto costo y las cirugías deben ser absorbidas por estructuras que no estaban diseñadas para ese nivel de demanda. Incluso en distritos con sistemas relativamente robustos, los equipos sanitarios empiezan a advertir sobre la dificultad de sostener ese ritmo sin resentir otras prestaciones.

Ese corrimiento ya empezó a tener nombres propios. El cordobés Martín Llaryora fue uno de los que salió a plantearlo con mayor dureza en los últimos días, en medio de una escalada de reclamos por deudas y prestaciones impagas. “No puede el PAMI estar abandonando a los abuelos, dejándolos en este estado”, se quejó el gobernador durante la presentación de un programa de capacitación provincial. A ese malestar se sumaron otros gobernadores, como el tucumano Osvaldo Jaldo, configurando un frente incipiente que empieza a incomodar a la Casa Rosada. Detrás de esos planteos hay un diagnóstico compartido: la Nación descarga sobre las provincias una responsabilidad que le es propia, sin un esquema claro de compensación. En ese marco, el reciente desembolso que rondó los $150.000 millones para cancelar parte de la deuda con prestadores funcionó como un alivio parcial para el PAMI, pero no logró revertir el malestar ni modificar la dinámica de fondo.

En ese contexto, la idea de “provincializar” el sistema de salud —que circula en los equipos de Federico Sturzenegger y Mario Lugones— deja de ser una hipótesis teórica y empieza a leerse como una dinámica en marcha. No necesariamente como una reforma formal, sino como un proceso de hecho. Nación se repliega en su capacidad de financiamiento y control, y las provincias quedan como última instancia de respuesta. En ese marco, los datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso refuerzan esa lectura: en el primer trimestre, los fondos destinados a prestaciones del PAMI registraron una caída real interanual del 41,3%, en línea con el ajuste general del gasto. El conflicto con los médicos de cabecera, además, dejó expuesta la dificultad del PAMI para sostener un modelo de atención primaria que ordene el acceso al sistema.

El problema es que ese desplazamiento no viene acompañado de un rediseño del esquema de recursos. El PAMI arrastra un cuadro de desfinanciamiento que se agravó en el último tiempo, tanto por decisiones de política fiscal como por cambios en sus fuentes de ingresos. A la par, el endurecimiento de controles y la redefinición de prestaciones reducen la capacidad del sistema privado para absorber la demanda, lo que acelera el traslado hacia el sector público. Aun con la recomposición parcial de pagos en marcha, en el sector advierten que la cadena de prestaciones sigue frágil y que muchas clínicas y profesionales operan con márgenes mínimos.

Así, el conflicto deja de ser sectorial y se vuelve federal. Las provincias no solo discuten el impacto sanitario, sino también el costo político de sostener un sistema que, en los hechos, empieza a reconfigurarse sin coordinación. En la Casa Rosada hablan de normalización y de ordenamiento progresivo, pero en el interior la lectura es otra: la de un Estado nacional que ajusta y un entramado provincial que amortigua, con recursos propios, las consecuencias de ese ajuste. La tregua financiera que buscó instalar el Gobierno en la última semana aparece, en ese sentido, más como un intento de ganar tiempo que como una solución estructural.

Desde el propio PAMI, sin embargo, buscan bajar el tono del conflicto. Su titular, Esteban Leguizamo, relativizó la gravedad del momento y aseguró que no se trata de una crisis. “Quiero llevar tranquilidad a todos nuestros afiliados de que no hay corte de servicios y que la prestación sigue en forma normal”, apuntó esta semana. La distancia entre ese diagnóstico y lo que empiezan a mostrar las provincias, sin embargo, deja expuesto el núcleo del problema: un sistema que, aun cuando niega su crisis, ya empezó a redistribuir sus costos.

PL/CRM

“Yo creo que estamos llegando al final”, dice Gastón Arcuchín, jubilado de 72 años. “No tiene sentido vivir así; veo gente llorando en las farmacias porque no pueden comprar medicamentos, veo gente muy deprimida, personas mayores que se abandonan y se dejan morir porque no pueden atenderse y no quieren ser una carga para sus familiares”.

Arcuchín trabajó y aportó 48 años como técnico en reparación de televisores, hasta que el temblor del Parkinson lo obligó a jubilarse. Además tiene hipertensión, artrosis y otras afecciones crónicas. Cobra la jubilación mínima de $450.000 y destina alrededor de $100.000 mensuales a medicamentos. Tuvo que dejar el tratamiento que tomaba tras un cáncer de próstata. En los últimos meses, la quita de descuentos y la suba sostenida de los precios agravaron su situación, en medio de la crisis del PAMI y los cambios en el programa Remediar.

Un sistema colapsado

La situación individual se inscribe en un escenario más amplio. Una huelga nacional de 72 horas de médicos y odontólogos de cabecera profundiza la crisis del PAMI, que cuenta con cerca de seis millones de afiliados. El organismo arrastra una deuda con prestadores que ronda los $500.000 millones y enfrenta recortes presupuestarios en el área de salud.

La modificación del esquema de pagos –formalizada en la resolución 1107/2026– elevó el monto fijo por paciente, pero eliminó adicionales por consultas, lo que en la práctica redujo ingresos y aceleró la salida de profesionales que solo perciben $2.100 por pacientes.

Según cálculos gremiales, un médico debería atender a casi mil jubilados por mes para cubrir costos básicos de funcionamiento. Eso implicaría más de 30 consultas diarias. El impacto se refleja en menos médicos disponibles, demoras en turnos y mayores dificultades de acceso a la atención.

“En lo posible trato de no recortar, pero hay cosas que no puedo sostener”, dice Arcuchín. “El medicamento que tomaba por el cáncer lo tuve que dejar”. También espera desde hace ocho meses una operación de cataratas. “Cada vez hay menos médicos. Acá ya no tenemos especialidades básicas. No tenemos servicios”.

Ingresos en caída y vida cotidiana

El deterioro del sistema de salud se combina con la pérdida de ingresos. Según la Defensoría de la Tercera Edad, la canasta básica de los adultos mayores alcanzó en abril los $1.824.682, más de cuatro veces el haber mínimo que percibe el 64% de los jubilados. El bono de $70.000 se mantiene congelado desde 2024.

El poder adquisitivo de las jubilaciones cayó hasta 29% desde el inicio del actual gobierno, mientras la actividad laboral entre mayores de 66 años creció 11% interanual. En paralelo, el desempleo encubierto alcanza el 13,8%, más del doble de la tasa oficial.

Según el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, el 42% de los jubilados realiza solo una o dos comidas diarias y 7 de cada 10 recortó alimentos. Además, el 86% destina al menos el 40% de sus ingresos al alquiler, y quienes cobran la mínima pueden llegar a gastar hasta el 80% en un monoambiente.

“Yo ya no puedo trabajar, tengo 72 años. Hago algunas artesanías, pero nada más”, dice Arcuchín. “Dividimos gastos con mi pareja, buscamos ofertas. Pero esto ya no es vida”.

Medicamentos y redes de ayuda

El acceso a los tratamientos también se ve afectado por los cambios en el programa Remediar, que redujo su alcance. El vademécum pasó de 79 medicamentos a tres, enfocados en enfermedades cardiovasculares. El programa abastecía a más de 8.000 centros de salud y cubría hasta el 90% de las patologías más frecuentes en la atención primaria.

En ese contexto, Salvador Riquelme, jubilado de 73 años, atravesó una situación similar. Tenía programada una operación de cataratas, pero no podía pagar las gotas previas, con un costo cercano a $100.000. La intervención se suspendió 48 horas antes.

“Me avisaron por mensaje a la noche”. Necesitaba una medicación que finalmente llegó a través de una campaña en redes sociales impulsada por la periodista Lula González, que permitió reunir el dinero necesario.

“En este momento lo único que nos está sosteniendo es la solidaridad de la gente”, dice Riquelme. “Muchos jubilados alquilamos y después tenemos que ver cómo sobrevivir”.

Para sostenerse, combina su precario salario con trabajos informales. “Vendo cosas por internet, lo que puedo. Es la forma de llegar a fin de mes”, explica. La ayuda también llega en alimentos y aportes individuales. “Muchas veces ni sabemos quiénes son los que ayudan. Son gestos anónimos”.

Protestas y reclamos

El conflicto se traslada a la calle. En las movilizaciones frente al PAMI y el Congreso, jubilados reclaman por medicamentos, prestaciones y haberes. En una de las últimas protestas fue detenido nuevamente Carlos “Chaca” Dawlowfki, de 75 años, quien resultó gravemente herido en su mano y brazo durante la represión.

Entre los manifestantes está Mario, que perdió su trabajo como chofer. “Estuve dos días tomando mate cocido con una galleta”, dice. “En dos meses bajé seis kilos. Vivo en un hotel porque no puedo sostener otra cosa”.

Los testimonios se repiten y abundan en la calle y en redes sociales, mientras se redefine la vida cotidiana de los adultos mayores. “Lo más concreto es esto”, resume Arcuchín. “La gente no puede comprar los medicamentos y se abandona”.

LN/MG

Después de varios días en los que el conflicto en el PAMI escaló desde el terreno sanitario al político, el Gobierno ensayó un primer movimiento para descomprimir uno de los frentes más urgentes, aunque lejos de resolver el problema de fondo. El Ministerio de Salud dispuso el giro de $150.000 millones al organismo con fondos propios, en un intento por empezar a regularizar los pagos atrasados a prestadoras, en un sistema que ya mostraba signos de saturación.

La secuencia no fue casual. Ayer, en la cumbre de AmCham, el ministro de Salud, Mario Lugones, había reconocido públicamente la existencia de una crisis en el organismo. “Sí, hay crisis”, admitió, en una frase que en el Gobierno interpretaron como un sinceramiento necesario después de semanas de tensión acumulada. Pero también buscó llevar calma: “Hoy están pagando”, repitió, como una señal que ahora empieza a materializarse con el desembolso de fondos.

El dinero comenzó a moverse en las últimas horas. Según pudo reconstruir elDiarioAR, el PAMI inició transferencias a prestadoras desde el martes, con la expectativa de continuar durante los próximos días. En la Casa Rosada hablan de cubrir “una buena parte” de los $500.000 millones que el sector privado reclama como deuda, una cifra que se convirtió en el principal factor de presión sobre el organismo.

Ese movimiento apunta a desactivar el frente con clínicas, sanatorios y proveedores, pero no resuelve el conflicto abierto con los médicos de cabecera, que mantienen el paro de 72 horas en rechazo al nuevo esquema de pagos por afiliado. En otras palabras, el giro de fondos busca estabilizar la cadena de prestaciones, pero deja intacta la discusión sobre el modelo de remuneración que detonó la protesta.

Desde el oficialismo, sin embargo, buscan relativizar el volumen de la deuda. “Esos $500.000 millones no son deuda. O al menos no la gran mayoría”, explican desde el organismo. La distinción no es menor: se trata, sostienen, de pagos que en otras gestiones se acreditaban el primer día del mes y que ahora se están demorando algunos días más. “Mucho de este monto es sobre facturación vigente. Si el servicio lo prestaron en febrero, pero lo presentan ahora, nosotros todavía tenemos margen para pagarlo”, agregan.

Esa lectura choca con la percepción de quienes operan dentro del sistema. “Es un baldecito de agua en el incendio de Roma”, grafica a elDiarioAR una fuente con acceso a los movimientos internos del PAMI. “No alcanza ni para cubrir un mes”, agrega, al tiempo que señala que el problema excede largamente la coyuntura financiera. En esa mirada, el conflicto actual sería la expresión más visible de un desorden más profundo, vinculado a la forma en que hace años se toman decisiones dentro del organismo y a la concentración de poder en su estructura, con figuras clave como el actual subdirector Carlos Zamparolo.

Los datos duros confirman un estado de situación. Un informe reciente de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) mostró que el gasto en prestaciones del PAMI cayó un 41,3% en términos reales durante el primer trimestre del año respecto del mismo período anterior. La cifra circula en despachos oficiales y privados como una confirmación de lo que, en el territorio, ya se percibe como ajuste.

Ese trasfondo explica, en parte, la fragilidad del esquema. Aunque el PAMI se financia con aportes de jubilados y pensionados, ese flujo resulta insuficiente frente a la magnitud de prestaciones que debe cubrir para casi seis millones de afiliados. En ese equilibrio siempre inestable, la disponibilidad de recursos dentro del propio sistema es determinante. Por eso, cuando se activan desembolsos como el actual, apenas alcanzan para recomponer parcialmente una cadena que ya venía tensionada.

La crisis llega a la calle

La crisis, además, ya se trasladó con fuerza a la calle. Este miércoles, el Plenario de Trabajadores Jubilados convocó a una concentración frente a la sede central del PAMI, sobre la avenida Corrientes, donde realizaron una olla popular para visibilizar la falta de medicamentos e insumos gratuitos. La protesta se replicó en distintas sedes del organismo en las principales ciudades del país, en el marco de una jornada de reclamo que incluyó denuncias por agresiones a manifestantes en Tucumán y la entrega de petitorios a autoridades locales. En la ciudad de Buenos Aires, las movilizaciones confluirán a las 15 en una marcha hacia el Congreso, con el foco puesto tanto en los haberes como en el deterioro de la cobertura sanitaria.

En Córdoba, la escena tuvo un volumen particular. Una multitud de jubilados, médicos y familiares se movilizó hacia las sedes del PAMI para denunciar la interrupción de servicios básicos y la falta de respuesta del organismo. La convocatoria estuvo atravesada por reclamos concretos, como la ausencia de turnos en especialidades críticas, reprogramación constante de cirugías y dificultades crecientes para acceder a tratamientos esenciales.

La situación en los centros de atención aparece como uno de los puntos más sensibles. Afiliados denuncian que medicamentos que antes contaban con cobertura total o descuentos significativos dejaron de estar garantizados, obligando a muchos adultos mayores a costearlos con ingresos que no alcanzan. En paralelo, la falta de turnos para oncología y otras especialidades de alta complejidad agrava el cuadro.

En Tucumán, el conflicto se expresó con escenas de tensión en la puerta de la sede local del PAMI, sobre la calle Córdoba al 900. Jubilados se concentraron para reclamar por la falta de atención médica en el marco del paro nacional de 72 horas impulsado por prestadores de cabecera. La medida, que involucra a unos 300 profesionales, responde al rechazo a la nueva resolución que modificó el esquema de pagos y que, según denuncian, implicó una fuerte caída en sus ingresos.

La protesta escaló cuando un grupo de afiliados intentó ingresar al edificio para presentar un petitorio a las autoridades, en medio de un clima de malestar por la imposibilidad de acceder a consultas. “El paciente y el médico tienen que estar a la par, nos necesitamos mutuamente”, repitieron durante la jornada, en una consigna que busca visibilizar una crisis que ya no distingue entre quienes brindan el servicio y quienes dependen de él.

PL/CRM

En el marco de la cumbre de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham), realizada este martes en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, el ministro de Salud, Mario Lugones, hizo alusión al frente más sensible que por estas horas aqueja a su cartera. “Sí, hay crisis”, admitió sobre la situación del PAMI, la mayor obra social del país. Pero enseguida buscó bajar la tensión. “Hoy están pagando”, repitió, como una garantía mínima en medio del conflicto con prestadoras, a las que se les debe, según cálculo oficiales, más de 500.000 millones de pesos. En diálogo con la periodista Daniela Blanco, el ministro dejó en claro que el Gobierno es consciente del cuadro, aunque evitó refirse al paro de 72 horas que llevan adelante los médicos de cabecera.

El contexto no es menor. La situación del PAMI se convirtió en uno de los puntos más delicados de la gestión sanitaria, con tensiones por los cambios en los esquemas de pago y una transición que todavía no termina de ordenarse. En paralelo, Lugones atraviesa su propio frente interno, con cuestionamientos a su gestión, dudas sobre la velocidad de las reformas y presión por mostrar resultados en un área especialmente sensible. En ese marco, su definición funcionó más como una señal de contención que como una solución de fondo.

A partir de ese punto, el ministro amplió el foco. Habló de un sistema “en crisis”, atravesado por un problema estructural vinculado al envejecimiento de la población. “Cuanto más grandes somos, más dependemos de los médicos o de los medicamentos”, graficó Lugones. Y continuó: “El PAMI tiene un millón de personas, más o menos, con más de 80 años, sobre las cinco millones que hay en total”. A ese número, el ministro le sumó “los casi 6.000 afiliados” que tienen “más de 100 años”. Y remató: “Ya hay abuelos, hijos y nietos”. El diagnóstico, para nada novedoso, en boca del funcionario adquiere otra dimensión porque justifica la necesidad de reformular el modelo desde parámetros “descentralizadores”.

En ese rediseño, Lugones hizo especial hincapié en el rol de las provincias. Insistió en que la salud es una responsabilidad “jurisdiccional” y que no tiene sentido intentar conducir el sistema desde la Casa Rosada. “¿Qué mejor que el gobernador de cada jurisdicción para saber qué necesita su gente?”, planteó, al comparar realidades tan disímiles como las de Jujuy y Tierra del Fuego, punto sobre el que ya había hablado el año pasado. En esa línea, explicó que el Ministerio de Salud avanzará con recomendaciones y planes generales, pero que la ejecución quedará en manos de los distritos. Algunas provincias, dijo, ya están trabajando más articuladas con el sector privado, mientras que otras avanzan a otro ritmo.

Esa lógica implica un repliegue del Estado nacional como ejecutor y su reconversión en un actor que orienta y ordena. El objetivo, según planteó, es “nivelar la cancha” para que el sistema funcione con mayor eficiencia y cada jurisdicción asuma la responsabilidad que le corresponde. En paralelo, abrió la puerta a una mayor participación del sector privado, especialmente en aquellas provincias donde el sistema público muestra más limitaciones.

El otro eje fuerte de su intervención fue la transformación de la salud en un vector de inversión. Lugones vinculó esa estrategia al acuerdo con Estados Unidos, que según planteó abre la puerta a la llegada de capitales, al desarrollo tecnológico y a la generación de patentes en el país. Habló de reuniones recientes con laboratorios internacionales, de la necesidad de eliminar “tercerizaciones” que no agregan valor y de avanzar en regulaciones que impulsen la producción de “biosimilares” para fortalecer a la industria local.

En ese esquema, la refuncionalización de la ANMAT aparece como una pieza clave. El organismo, dijo, tendrá mayor protagonismo en investigación clínica y ensayos, en línea con la intención de convertir a la Argentina en un polo regional. Incluso proyectó al país como un “faro” en la región, en articulación con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), para exportar medicamentos a otros países de América Latina.

Sobre el final, el ministro volvió sobre uno de los puntos más sensibles: las personas con discapacidad. En el marco del escándalo por la causa que investiga el supuesto pago de sobornos en lo que fue la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Lugones econoció desorden administrativo, con convenios vencidos desde 2009 que debieron prorrogarse para poder pagar, y denunció la existencia de intermediaciones que, según su mirada, desvían recursos. Pero cerró con una promesa política. “No los vamos a dejar solos [a los discapacitados], de ninguna manera”.

Entre el reconocimiento de la crisis y la apuesta a una transformación estructural, Lugones dejó expuesta la tensión que atraviesa hoy al sistema. Mientras el Gobierno avanza con su idea de descentralizar, desregular y abrir la salud a la inversión privada, el PAMI sigue siendo el termómetro más inmediato de esa transición. Un organismo que, aun en crisis, necesita seguir pagando para que todo lo demás no se detenga.

PL/MC

El paro de los médicos del PAMI que comenzó este lunes dejó de ser solo un reclamo sectorial para transformarse en un síntoma más visible de una crisis que se venía gestando puertas adentro del sistema hace tiempo. Mientras los profesionales de cabecera paralizan la atención en todo el país por 72 horas, en rechazo al nuevo esquema de pagos por afiliado, la tensión expone una dinámica que ya no se limita a lo sanitario: también habla de cómo se toman hoy las decisiones dentro de la obra social más grande del país.

El conflicto con los médicos tiene un eje concreto. El esquema de cápitas fija un ingreso mensual de $2.100 por afiliado, en reemplazo del sistema mixto anterior. Según las asociaciones profesionales, eso implica una caída de hasta el 50% en los ingresos y obliga a aumentar el volumen de pacientes para sostener la actividad. “Es imposible”, repiten en el sector.

Desde el Instituto, sin embargo, defienden la medida. Fuentes del PAMI sostienen que el cambio implica “un aumento del ingreso fijo de los médicos de cabecera” y que apunta a “ordenar y proyectar la inversión del Instituto en esta materia, controlando posibles desvíos”. Según esos cálculos oficiales, un profesional con 800 afiliados pasó de percibir $756.800 a $1.680.000 mensuales, lo que representa “un incremento del 121% en el ingreso fijo”.

El delegado organizador de APPAMIA Córdoba, Atilio Rossi, detalló cómo funcionaba el sistema anterior y el impacto del cambio. “Nos pagaban a través de un sistema mixto, una mitad que era la cápita —945 pesos por paciente por mes— y otra parte que correspondía a consultas, aunque el PAMI solo reconocía el 40% de las que realizábamos”, explicó a Radio Mitre. “Si yo hacía 100 consultas, el PAMI me abonaba nada más que 40, que iban entre 6 y 10 mil pesos según el caso. Eso en un médico con 400 afiliados representaba aproximadamente un ingreso de 1.650.000 pesos”, ejemplificó.

El giro llegó de manera abrupta. “El PAMI tomó una medida intempestiva, retroactiva al 1 de abril, donde pasa de un sistema mixto a un sistema capitado, donde únicamente le va a pagar la cápita”, agregó Rossi, quien advirtió que el resultado ya empieza a verse, con turnos reprogramados, derivaciones restringidas y una sobrecarga que impacta directamente en la calidad de la atención.

Zamparolo, el apuntado

Pero detrás de ese esquema aparece un nombre que se repite en todas las conversaciones. Carlos Zamparolo, expresidente del Consejo de Administración de la obra social de los empleados de la Universidad de Buenos Aires (DOSUBA), hoy subdirector del PAMI y hombre de confianza del asesor presidencial Santiago Caputo, es señalado por distintos actores del sistema como el principal responsable de la reconfiguración actual del organismo. Formalmente, responde a la conducción de su superior, Esteban Leguizamo. En la práctica, es quien concentra las decisiones más sensibles.

Las críticas apuntan, sobre todo, a un proceso de centralización. La Libertad Avanza redujo las cuatro gerencias sociales a una sola, subdividida en seis subgerencias, y concentró el poder operativo en una Unidad Técnica que responde a Zamparolo. “Él controla el ecosistema de los proveedores del PAMI. Concentró todas las compras bajo su ala, decidiendo proveedores a conveniencia”, describen desde el sector. La lógica, agregan, no sería nueva. “De la misma manera que utilizó DOSUBA como caja para bancar políticamente a Rojo-Yacobitti, ahora lo hace con el PAMI”, sostienen al describir un entramado de poder que siempre encuentra la forma de sobrevivir.

En ese escenario, el paro de 72 horas aparece menos como una medida excepcional que como la consecuencia de un esquema que empezó a tensionarse hasta el límite y que se proyecta sobre el funcionamiento cotidiano del sistema. Prestadores médicos denuncian no solo la reducción del valor de las cápitas, sino también demoras en los pagos que afectan la cadena completa. “Además de bajarle el 50% el valor de la prestación, no les pagaron a ninguno”, sintetizan.

En paralelo, en el territorio empiezan a circular versiones que agravan el cuadro. El cierre del hospital de Hurlingham —o su reconversión operativa— es uno de los casos que más ruido generó en los últimos días. “Se lo entregaron a La Cámpora”, denuncian. El municipio, gobernado por Damián Selci, aparece en el centro de esas sospechas. Según esas versiones, parte del personal sería trasladado al Hospital del Bicentenario de Ituzaingó, mientras que equipamiento médico sería derivado a otros centros como el Milstein. Nada de eso fue confirmado oficialmente, pero el clima interno se carga de interpretaciones.

En enero, elDiarioAR se había hecho eco del enojo de los referentes de La Libertad Avanza local por el desplazamiento repentino del director de esa institución, ubicada en aquel partido del oeste del Gran Buenos Aires. La llegada de un reemplazante con vínculos con la intendencia comandada por Pablo Descalzo alimentó sospechas sobre posibles acuerdos territoriales entre la Casa Rosada y el peronismo.

Es que detrás del episodio sanitario asoma una trama más amplia, donde la gestión pública en general suele funcionar como moneda de negociación política. Desde la creación de la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES) en julio del año pasado, los cinco hospitales descentralizados que dependen del Ministerio de Salud dejaron de comprar de manera autónoma y pasaron a depender de un esquema centralizado. Un rediseño que, lejos de transparentar, abrió nuevas ventanillas de poder, contratos y control de cajas sensibles, con el Hospital Posadas de Morón como eslabón principal.

Gestos políticos

La conflictividad, además, ya desbordó al sistema médico. Jubilados comenzaron a movilizarse frente a la sede central del PAMI para reclamar por la falta de medicamentos e insumos, en una protesta que incluyó olla popular y que se proyecta hacia el Congreso. A eso se suma la presión política: en el Senado, la cordobesa Alejandra Vigo pidió informes al Ejecutivo por la situación del organismo y advirtió sobre el impacto de los recortes en la cobertura.

En paralelo, la situación volvió a poner en cuestión la figura de Mario Lugones. En la última semana, el ministro de Salud quedó en el centro de versiones sobre una posible salida del cargo, tal como reveló elDiarioAR y luego fuera desmentido por la Oficina de Respuesta Oficial. Lugones participó de una reunión con su par de Economía, Luis Caputo, en la que no logró asegurar los fondos que reclamaba para sostener el funcionamiento del sistema. El encuentro, que en lo formal fue presentado como “productivo”, dejó sin embargo un saldo ambiguo, sin anuncios concretos y con la confirmación implícita de que el ajuste no se flexibilizará.

Con ese telón de fondo, Lugones buscó este lunes volver a mostrarse en escena. Lo hizo durante una recorrida por la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) Malbrán, donde participó junto a Karina Milei de la inauguración de un laboratorio de máxima bioseguridad. La imagen funcionó como gesto político en medio de la tormenta. Una suerte de respaldo en público, mientras la crisis en el PAMI sigue sin una salida clara.

Nada parece haber cambiado. Por el contrario, la aparición de los cuadernos del operador farmacéutico Miguel Ángel Calvete, en el marco de la causa que investiga supuestos sobornos en la gestión de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), y los nombres que asoman en esas anotaciones —como las iniciales del propio Zamparolo en una de sus páginas— funcionan como una prueba irrefutable de que persisten las mismas prácticas opacas que el propio Javier Milei había prometido erradicar.

En ese esquema, la figura de Zamparolo aparece como síntesis de una forma de gestión que privilegia la articulación política, al preservar esas dinámicas históricas puertas adentro del organismo. Por eso, mientras el conflicto escala, en los pasillos del PAMI empieza a instalarse la idea de que el problema no es solo el ajuste, sino quién administra sus efectos. Y quiénes son los que siempre se benefician.

PL/MG

La escena se repite, casi cíclicamente. Cada crisis del PAMI esconde lo mismo: debajo de los nombres que se suceden en la superficie, persiste un entramado que atraviesa gobiernos, colores políticos y reformas administrativas. La semana que pasó, marcada por los rumores de salida de Mario Lugones del Ministerio de Salud —que el Gobierno se ocupó de desmentir—, volvió a poner en primer plano el estado crítico de la obra social más grande del país. Con sus seis millones de afiliados en vilo, la situación dejó al descubierto algo menos visible: la estructura de poder que logra sostenerse incluso cuando la olla parece estar a punto de explotar.

Ese mapa no es nuevo. Conviven en él capas que responden a lógicas distintas, al menos a simple vista. Por un lado, el poder permanente, con figuras que llevan décadas orbitando el organismo. Carlos Rojo es quizás el nombre más representativo de ese esquema. Médico formado en la Universidad de Buenos Aires (UBA), construyó desde allí una carrera que lo llevó a dirigir el PAMI Capital entre 2005 y 2012 —fue designado en ese cargo por la otrora ministra de Salud, Graciela Ocaña— y a consolidarse como referente de la Asociación de Médicos Municipales.

Desde las sombras, Rojo tejió una alianza estratégica con el radical Emiliano Yacobitti que terminó por reconfigurar el equilibrio de poder en la UBA. Esa sociedad, que unió a la Facultad de Medicina con Económicas, fue clave para definir rectorados, desplazar hegemonías históricas y consolidar un esquema que todavía hoy ordena la política universitaria. Pero la influencia del tándem Rojo-Yacobitti excede largamente esos claustros. Con el tiempo, trascendió el ámbito académico y encontró en el PAMI un terreno fértil para proyectarse: la lógica de acuerdos cruzados entre espacios que en otros planos compiten se trasladó también al organismo.

Durante la actual gestión, la reestructuración interna desplazó a algunos nombres y redujo jerarquías, pero en ningún momento se puso en duda esa red. Sergio Barrionuevo —ligado al operador peronista porteño Juan Manuel Olmos— está hoy al frente de la Subgerencia de Promoción Social, en una posición que, aunque con menor visibilidad que en etapas anteriores, conserva incidencia en el funcionamiento cotidiano del área.

Junto a Barrionuevo, otros cuadros vinculados a distintas líneas políticas permanecen en roles intermedios, muchas veces sin capacidad formal de decisión, pero con conocimiento del terreno y capacidad de supervivencia. En ese nivel, la lógica no es la confrontación abierta sino la convivencia forzada, atravesada por internas que terminan condicionando el funcionamiento cotidiano. “No hay línea para laburar nada… todo es así”, describió a elDiarioAR, resignado, un actor con conocimiento directo del organismo, en alusión a una dinámica que, lejos de ordenar, tiende a bloquear.

Sobre esa base se montó el nuevo esquema. La llegada de Javier Milei implicó una reorganización que redujo las cuatro gerencias sociales a una sola, subdividida en seis subgerencias, y concentró el poder operativo en una Unidad Técnica que responde a Carlos Zamparolo. Formalmente, Zamparolo es el número dos del PAMI, por detrás de su titular, Esteban Leguizamo. Pero en la práctica es quien maneja la batuta. Proveniente de la obra social de los empleados de la Universidad de Buenos Aires (DOSUBA), su desembarco en el organismo también se inscribe en la red de vínculos construida en torno al binomio Rojo-Yacobitti. Con llegada directa a Santiago Caputo, Zamparolo funciona como articulador entre ese entramado previo y el núcleo político del Gobierno, en un rol que combina gestión, control y negociación interna.

El lobby del Güemes

La presencia de Guido Giana como número dos del Ministerio de Salud tampoco es un dato aislado. Distintas fuentes lo ubican como la figura que concentra hoy el manejo cotidiano del área. Su relación con Lugones es tan funcional como íntima —“Para Mario es como un hijo”, dicen en su entorno—. Y su vínculo con el PAMI es directo: todo lo que pasa en el organismo termina, de una u otra forma, orbitando su despacho. No es la primera vez que ocupa un rol clave como funcionario. Durante el gobierno de Cambiemos se desempeñó como gerente económico-financiero de la obra social de los jubilados, una experiencia que lo conecta con su funcionamiento interno más allá de las gestiones. Incluso decisiones que se atribuyen al ministro muchas veces se procesan en otro nivel.

Esa centralidad de Giana no se explica solo por su posición formal. Su trayectoria está íntimamente ligada a la del propio Lugones. Ambos comparten origen en el Sanatorio Güemes, uno de los actores más relevantes del sistema de salud privado, donde confluyen negocios, política y gestión. Allí también se proyecta otro vínculo clave: el de Mario Lugones con Enrique “Coti” Nosiglia, histórico operador del radicalismo, con quien comparte intereses en lo privado. No es un dato menor: la trayectoria de Lugones está profundamente ligada al mundo de los prestadores. Desde su paso por el PAMI en los años noventa hasta su rol en la Cámara de Entidades Prestadoras de Salud (CEPSAL) y sus participaciones empresariales en el sector, su recorrido refleja una inserción sostenida en el negocio.

En ese ecosistema aparece otra figura que no ocupa cargos formales pero es mencionada de manera recurrente cuando se reconstruyen las decisiones sensibles del área: Rodrigo Lugones, hijo del ministro y socio de Santiago Caputo en la consultora Move Group. Con vínculos fluidos con el mundo de la salud privada, funciona como un articulador informal entre clínicas, financiadores y prestadores y el núcleo político del Gobierno. En distintos despachos lo describen como el verdadero “monje negro” de Caputo en Salud, alguien que no necesita firma para incidir en la dinámica del ministerio y, por extensión, en el PAMI.

El triángulo que conforman Giana, Zamparolo y el entorno de Santiago Caputo convive con el esquema histórico representado por Rojo y sus derivados. Pero el loteo no garantiza la armomía. Tanto Lugones como Giana desconfían del poder persistente del exdirector e intentaron, en distintos momentos, correr a su gente de posiciones clave. Pero la estructura resiste. Y en ese punto, Zamparolo aparece como una figura de equilibrio. Un mediador que permite que las tensiones no escalen a una ruptura abierta, aun cuando las diferencias se acumulan.

Entre la caja y los pactos

Sin embargo, está claro que el mecanismo no se sostiene solo por afinidades políticas o trayectorias compartidas. Menos por el encono. Descansa sobre un interés común que atraviesa a todos los actores involucrados: el negocio de la salud. En un sistema donde el volumen de recursos es constante y la demanda nunca desaparece, el PAMI funciona como un nodo estratégico. “La obra pública puede acabarse, pero la caja de la Salud no”, resumió, sin rodeos, una fuente con años de experiencia en el sector.

Esa lógica también se expresa en el modo en que se reorganiza hoy el sistema. En distintos niveles del PAMI empieza a consolidarse una dinámica de transferencia de recursos hacia el sector privado, con derivación de cápitas y contratos que reconfiguran el rol del Estado. Buena parte de esas decisiones se concentran en áreas técnicas menos visibles del organigrama. Un ejemplo es la Unidad de Gestión y Control de la Prestación Médica (UGCPM), encargada de auditar contratos, negociar con laboratorios y definir qué medicamentos integran la cobertura.

Desde allí, su titular, el médico Alejandro Wittenberg, supervisa precios, autoriza licitaciones millonarias y establece relaciones con prestadores, en un esquema donde la capacidad de decisión se concentra en pocos actores. Pero su poder no se limitaría a eso. ¿Será cierto que Wittenberg acaba de dar la orden de empezar a ceder el manejo de hospitales del PAMI a municipios peronistas de la provincia de Buenos Aires? “Van a echar a todos los empleados”, denuncian desde el conurbano. Algunos hasta mencionan que la bajada estuvo acompañada de un pedido explícito: que se traslade el resonador del nosocomio de Hurlingham al Hospital del Bicentenario de Ituzaingó.

En enero, elDiarioAR se había hecho eco del enojo de los referentes de La Libertad Avanza local por el desplazamiento repentino del director de esa institución, ubicada en aquel partido del oeste del Gran Buenos Aires. La llegada de un reemplazante con vínculos con la intendencia comandada por Pablo Descalzo alimentó sospechas sobre posibles acuerdos territoriales entre sectores de La Libertad Avanza y el peronismo.

Es que La Cámpora seguiría teniendo presencia en el PAMI. Como figura fuerte se menciona a Roberto “Pampa” Armagno, exgerente de Prestaciones Médicas en tiempos de Alberto Fernández y operador territorial vinculado a Hurlingham. En ese mismo plano circula una denuncia más amplia: que durante la campaña municipal de 2023, cuando el organismo todavía era conducido por Luana Volnovich, se habrían utilizado recursos de hospitales del sistema para financiar candidaturas como la de Damián Selci. Nada que pase de los rumores.

Innacción y crisis

La superposición de capas tectónicas tiene efectos concretos en la gestión, especialmente en áreas sensibles como la social, históricamente uno de los ejes del PAMI. La falta de conducción clara se traduce en inacción: programas que dejan de ejecutarse, presupuestos que no se utilizan y equipos que operan sin una línea definida conviven con disputas internas entre subgerencias que responden a distintos espacios, según pudo saber elDiarioAR. “Parálisis total”, resumió una fuente, en una definición que se repite en distintos niveles del organismo.

El retroceso es visible en la desaparición práctica de los medicamentos gratuitos o los subsidios para afiliados, mientras la atención territorial —que supo ser una herramienta clave a la hora de la construcción política— hoy aparece desdibujada. “No se está haciendo nada”, graficaron desde adentro. En algunos casos, incluso, los recursos asignados no se ejecutan y terminan reasignándose, en un contexto donde decisiones como el corrimiento físico de equipos a sectores marginales del edificio de la calle Corrientes funcionan como un síntoma del lugar que hoy ocupa la política social en la agenda del Gobierno.

Los pasillos de la sede central del PAMI, en el centro porteño, tienen su propia lógica de poder. Designaciones como las de María Antonella Racunti al frente del Área de Participación e Inclusión Social; de Yamil Salerno como titular —en su momento— de Derecho y Ciudadanía, ahora jefe de división de la secretaria privada de la gerencia; o el ascenso de Lucas Catalín Malin a la jefatura de Gabinete del organismo, responden menos a trayectorias técnicas que a alineamientos políticos. Es la capa más visible del caputismo dentro del PAMI, con vínculos directos con la militancia digital y el círculo de confianza del asesor presidencial.

Racunti, militante libertaria de La Plata y parte de la organización Universitarios de La Libertad Avanza (ULLA), llegó al organismo tras la reestructuración que concentró las antiguas gerencias. Malin, por su parte, es hoy uno de los nombres con mayor peso en la estructura cotidiana. Desde la jefatura de Gabinete, actúa como ordenador interno del esquema que impulsa el oficialismo. A esa trama se sumó recientemente el karinista Juan Pablo Scalese, designado en diciembre pasado al frente del Departamento de Políticas Sociales. Economista y hombre de estrecha cercanía con Pilar Ramírez, su desembarco responde a la necesidad dela hermana del Presiente de construir presencia propia.

Mientras tanto, la crisis del organismo avanza por carriles cada vez más evidentes. Los prestadores reducen servicios y, en algunos casos, trasladan esa falta de liquidez a sus propios trabajadores. “La cadena de pagos está rota”, sintetizó una fuente al describir un esquema en el que las deudas del PAMI impactan directamente en clínicas, médicos y personal sanitario. Para este lunes está anunciado un paro de médicos de cabecera por 72 horas por rebaja del 55% de los honorarios. En distintas regiones del país, la atención se restringe a lo urgente y empiezan a aparecer señales de ruptura en el sistema.

Entre los cuadros más antiguos del organismo aparece, además, una lectura que atraviesa gestiones: la sensación de estar frente a un proceso conocido. La combinación de atraso en los pagos, reducción de personal, retiros voluntarios y retracción de políticas públicas remite, según esa mirada, a otros momentos de “vaciamiento” del PAMI, como el ocurrido en 2001, en los tiempos del interventor Raúl Pistorio. “Es como un déjà vu”, dicen quienes llevan décadas trajinando sus oficinas.

Ese deterioro, sin embargo, convive con una constante puertas adentro de la obra social con más afiliados de América Latina. Es su capacidad de adaptación. Aun en contextos de ajuste, reestructuración o crisis abierta, el PAMI encuentra la forma de seguir funcionando, sostenido por una trama de relaciones que excede a cualquier gestión. Cambian los nombres de los funcionarios que dan la cara, se reordenan las jerarquías según nuevos parámetros y se reconfiguran las alianzas. Pero las capas profundas y sus representantes permanecen, a costa de los negocios, aunque muchas veces la propia realidad se encargue de ponerlos en jaque.

PL/CRM

La reunión del miércoles entre el ministro de Salud, Mario Lugones, y su par de Economía, Luis “Toto” Caputo, dejó algo más que una foto de coordinación entre carteras. El balance oficial que se difundió esa misma tarde habló de un encuentro “productivo” y de “avances” entre equipos técnicos. Pero puertas adentro, la lectura fue otra. En el Palacio de Hacienda escucharon el planteo de Lugones, tomaron nota de la dimensión del problema, pero evitaron cualquier compromiso concreto de asistencia. Lejos de abrir una excepción, ratificaron el rumbo. El ajuste no se negocia.

Según fuentes al tanto del encuentro, Caputo fue explícito en ese punto. No solo no habilitó una respuesta inmediata para el PAMI —que por estas horas atraviesa una situación crítica por la falta de pagos—, sino que planteó que el recorte del gasto debe profundizarse incluso en un área sensible como la sanitaria. “La postura es que si tienen que bajar las prestaciones, que las bajen”, resumieron cerca de la negociación ante la consulta de elDiarioAR. La frase, más que una definición técnica, funcionó como una señal política hacia adentro del gabinete.

Es que, en ese esquema, la capacidad de maniobra del Ministerio de Salud aparece cada vez más acotada. La decisión no pasa solo por Economía. Hoy el poder real se articula en un tándem entre Luis Caputo y Federico Sturzenegger, que desde el Ministerio de Desregulación actúa como garante ideológico del “déficit cero”. “Se podría habilitar una partida, pero si Sturzenegger no da el OK, no pasa”, sintetizó una fuente con acceso a la dinámica interna. La lógica es clara: no hay margen para soluciones que contradigan la línea de fondo que es avalada, a su vez, por el propio Javier Milei.

En línea con el peso que viene acumulando en las decisiones sensibles, Sturzenegger avanzó en las últimas semanas, tras varios intentos fallidos, con la flexibilización del régimen de patentes farmacéuticas mediante la derogación de una resolución de 2012 que durante años protegió a los laboratorios nacionales. La medida, alineada con exigencias del acuerdo con Estados Unidos, impacta de lleno en intereses con los que Lugones mantiene vínculos históricos. El ministro de Salud había resistido esa modificación e incluso demorado su implementación durante meses, pero terminó cediendo en un episodio que dejó expuesto su margen acotado frente a las definiciones que bajan desde el núcleo económico.

¿Un PAMI provincializado?

El PAMI, en ese contexto, empieza a ser leído más como un problema estructural que como una urgencia coyuntural. Entre los objetivos que circulan por la cabeza de Sturzenegger aparece la idea de avanzar, más temprano que tarde, en un proceso de provincialización del sistema, una transformación que implicaría redefinir el rol del Estado nacional en la cobertura de millones de jubilados. No es, en rigor, un propósito ajeno al propio Lugones. Durante su exposición en la cumbre de AmCham del año pasado, el ministro planteó la necesidad de “volver a los orígenes” y trasladar a las provincias la gestión de hospitales nacionales, al tiempo que reivindicó la posibilidad de concesionar su administración al sector privado. En esa visión, la Nación debería retirarse del rol de prestadora y limitarse a regular.

Mientras tanto, lejos de esas elucubraciones, la situación operativa de la obra social más grande de América Latina sigue deteriorándose. Con una deuda que ya supera el mes de prestaciones y se acerca a los 500 mil millones de pesos, clínicas y sanatorios comenzaron a restringir servicios, postergar cirugías y priorizar únicamente los casos urgentes.

En paralelo, crecen los cobros informales a afiliados como mecanismo de compensación ante la falta de pagos, una práctica que el propio PAMI intenta contener sin demasiado margen. En el sector advierten que el sistema está entrando en una zona crítica, donde la continuidad de la atención empieza a depender más de la tolerancia de los prestadores que de la capacidad de financiamiento del Estado.

En ese escenario, el Gobierno intentó en los últimos días reforzar el control interno del organismo. Tras la reunión que Lugones mantuvo el lunes con Santiago Caputo, el PAMI oficializó la designación de María Florencia Zicavo como nueva síndica general. Su llegada, en un contexto atravesado por auditorías y denuncias por irregularidades, fue leída en la Casa Rosada como un movimiento para ordenar la gestión y monitorear el uso de los recursos en una etapa de máxima tensión.

Karina, al acecho

La señal que bajó el Ministerio de Economía no hizo más que profundizar la incertidumbre. En el Ministerio de Salud, donde la crisis ya venía generando ruido, la sensación es que el resultado de la reunión dejó todo tal y como estaba. Según distintas fuentes, es una situación que empezó a inquietar también a la propia Karina Milei, que observa con atención el devenir de un organismo clave en términos de recursos y poder territorial. “Ella quiere quedarse con el PAMI”, deslizan voces convencidas.

En la superficie, cerca del karinismo intentan relativizar ese interés y evitan mostrarse involucrados en la disputa. Pero puertas adentro, la lectura es otra: si se abre una ventana de oportunidad, no va a dudar en avanzar. El problema, repiten incluso dentro del propio oficialismo, es el mismo que atraviesa a otras áreas del Gobierno: la secretaria General de la Presidencia no cuenta con una estructura propia consolidada para ocupar esos espacios. Y Salud no es la excepción.

Ese límite convive con un movimiento más silencioso. En paralelo, comenzaron a circular versiones sobre posibles alternativas en caso de que la figura de Lugones siga debilitándose. Entre los nombres que aparecen en ese radar está el del médico Pablo Sisco, jefe de la División Cirugía del Hospital Pirovano, con vínculos en la Asociación de Médicos Municipales que lidera el poderoso Carlos Rojo. Según ese runrún, el entorno de los primos Menem lo tiene como referencia técnica y podría empezar a impulsarlo si el escenario se deteriora.

En ese tablero, la continuidad del actual ministro de Salud vuelve a quedar atada a una ecuación que ya no depende solo de su respaldo político. Lugones fue ratificado en los últimos días, pero la reunión con Toto Caputo dejó en claro que el problema que lo puso en duda sigue sin resolverse. Y que, en un gobierno donde el poder se concentra en quienes controlan los recursos, esa diferencia puede ser determinante.

PL/MC

En medio de los cimbronazos por el caso Adorni y el debate de la Ley de Glaciares en el Congreso, la agenda del Gobierno se reordenó este miércoles alrededor de una serie de reuniones que, más allá de su carácter formal, concentran el núcleo de una crisis que dejó de ser silenciosa. El punto más sensible tuvo lugar esta tarde en el Palacio de Hacienda, donde el ministro de Salud, Mario Lugones, se reunió con su par de Economía, Luis Caputo, en un intento por destrabar la falta de financiamiento que mantiene al PAMI en una situación cada vez más delicada, con un resultado que, por ahora, se resumió en referencias generales a “avances” entre los equipos técnicos.

Desde el Ministerio de Economía, el balance fue escueto. Se limitaron a señalar que fue “una reunión muy productiva”, y agregaron que “se pusieron de acuerdo para avanzar en los próximos días en la resolución de los temas que tenían en agenda”. “Misma sintonía”, agregaron, por su parte, fuentes de la cartera sanitaria consultadas por elDiarioAR. Ambas orillas evitaron dar precisiones acerca de definiciones concretas sobre la asistencia financiera que reclama Salud.

No se trató de un encuentro más. A diferencia de otras reuniones de coordinación entre ministerios, esta vez la expectativa no estaba puesta en el diagnóstico sino en la decisión. El sistema de salud arrastra una deuda con prestadores que supera los 500 mil millones de pesos, con clínicas y sanatorios que advierten que no pueden sostener la atención en estas condiciones. En ese marco, la mesa que tuvo lugar esta tarde se perfilaba como el momento en el que el Gobierno debía dar una solución real a la cuestión. No pasó.

La reunión llegó además después de varios días de tensión política en torno a la continuidad de Lugones, que la Oficina de Respuesta Oficial salió a desmentir de manera enfática tras la nota de elDiarioAR, pero que no logró disipar del todo las dudas hacia adentro. El ministro fue ratificado en su cargo, pero el problema que puso en discusión su permanencia sigue intacto: la imposibilidad de sostener el funcionamiento del sistema sin asistencia financiera. Aunque algunos ya, por lo bajo, no dudan en definirlo como un liso y llano “vaciamiento”.

Presión

El planteo de Lugones a Economía es directo. Desde hace semanas reclama una ampliación de partidas para el PAMI que, según distintas fuentes, ronda en realidad el equivalente a mil millones de dólares. Del otro lado, el ministro Caputo había evitado hasta ahora involucrarse de lleno en el conflicto, en una dinámica que dejó a Salud administrando en soledad una crisis que excede largamente sus capacidades presupuestarias. Esa distancia empezó a tensarse en los últimos días, cuando la presión del sistema privado dejó de ser preventiva y empezó a traducirse en advertencias concretas.

El conflicto, en ese sentido, ya no es solo sanitario. Dejó de ser un problema del Ministerio de Salud para convertirse en un problema del Gobierno. Es que medidas que hasta hace poco parecían excepcionales entraron en evaluación por parte de clínicas, sanatorios y laboratorios, mientras distintas instituciones ajustan su funcionamiento para sostener la atención en un contexto cada vez más crítico.

Según pudo saber elDiarioAR, ya se registran recortes en la oferta de turnos y demoras en prácticas no urgentes, mientras que el cobro de copagos aparece como una salida de emergencia que el organismo intenta frenar sin demasiado éxito. En el sector advierten que, sin una señal concreta en los próximos días, el margen para sostener la atención se agota y el impacto podría trasladarse de lleno a los afiliados. “En 20 años nunca vivimos una situación así”, deslizan.

Este miércoles, además del cónclave Lugones-Caputo, las autoridades del PAMI, con su titular Esteban Leguizamo a la cabeza, abrieron una mesa de negociación con las principales cámaras del sector para intentar acordar un cronograma de pagos que evite una interrupción de servicios. Los prestadores reclaman una deuda acumulada que supera el mes de prestaciones, a lo que se suma la falta de actualización de aranceles frente al aumento de costos.

Ruidos internos

El nivel de tensión es tal que incluso dentro del gabinete comenzaron a marcar límites. La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, salió a despegar públicamente su cartera de la crisis con un mensaje explícito. “El Ministerio de Capital Humano no tiene competencia sobre el PAMI ni sobre el área de Discapacidad”, señalaron desde esa cartera, para luego subrayar que ambos ámbitos “dependen del Ministerio de Salud”. La aclaración, difundida en medio de la escalada del conflicto, fue leída como algo más que un ordenamiento administrativo. En un contexto de responsabilidades difusas, implicó también una forma de delimitar costos políticos.

Todo ocurre después de una secuencia de gestos que buscaron sostener a Lugones en su cargo tras el temblor de los últimos días. El lunes fue recibido por Santiago Caputo, su principal respaldo dentro del esquema oficial, en un encuentro que sirvió para ratificarlo en medio del ruido, aunque no terminó de disipar del todo algunas fricciones que comenzaron a asomar en ese vínculo. El martes volvió a la Casa Rosada para reunirse con Manuel Adorni en el marco del seguimiento de gestión.

Pero la ratificación del ministro convive con una contradicción difícil de disimular. El Gobierno decidió respaldar a Lugones, pero todavía no resolvió el problema que puso en duda su continuidad. Lo sostiene en público, pero lo expone en la gestión. En ese punto, la discusión deja de ser únicamente política y pasa a ser operativa.

Por eso, la reunión de esta tarde con Luis Caputo condensó algo más que una negociación presupuestaria. Más allá de los “avances” informados oficialmente, el encuentro dejó abierta la incógnita central sobre la asistencia que necesita el sistema. En ese punto, lo que está en juego no es solo una partida, sino el margen real de la gestión sanitaria, en un equilibrio que sigue tensándose. Y que, en un esquema que ya muestra signos de agotamiento, puede volverse insostenible mucho más rápido de lo previsto.

PL/CRM

“FALSO”. La palabra apareció en mayúsculas, como apertura y síntesis del mensaje que el Gobierno decidió difundir cuando comenzó a ser inatajable la circulación de la nota de elDiarioAR que ponía en duda la continuidad de Mario Lugones al frente del Ministerio de Salud. No fue una desmentida más. Se trató de una reacción política en tiempo real frente a un movimiento que, puertas adentro, ya había empezado a producir efectos concretos.

El comunicado, publicado en la cuenta de X de la Oficina de Respuesta Oficial que comanda el director de Comunicación Digital Juan Pablo Carreira, no se limitó a negar la versión. Buscó encuadrarla al hablar de un sistema “destruido” y “en emergencia sanitaria desde hace más de 20 años” y reivindicar la gestión de Lugones como parte de un proceso de ordenamiento, además de apuntar directamente contra lo que definió como “operetas mediáticas”. En la Casa Rosada esa frase se repitió como una consigna, pero también como una señal de alarma: la preocupación no era solo la nota, sino lo que la nota podía activar.

Es que el artículo de elDiarioAR no se interpretó únicamente como una hipótesis sobre la continuidad del ministro, sino como un factor capaz de alterar el equilibrio en un área especialmente sensible. Durante varias horas, la nota se convirtió en un factor de decisión interna. En el Ministerio de Salud y en los despachos de Balcarce 50 se activaron llamados cruzados, consultas urgentes y lecturas en voz baja sobre el alcance de la versión. Funcionarios de segunda y tercera línea empezaron a preguntar “qué hay de cierto”, mientras otros recalibraban posiciones frente a un escenario que, aunque no confirmado, había dejado de parecer imposible.

La ratificación política tomó forma ayer por la tarde, en un movimiento más silencioso que explícito. Tras la reunión de gabinete encabezada por Javier Milei, Lugones se dirigió junto a Santiago Caputo al despacho del asesor en el primer piso de la Casa Rosada. No hubo declaraciones. Tampoco imágenes difundidas. Pero en la lógica interna del Gobierno, la escena funcionó como un mensaje hacia adentro: el ministro seguía en su lugar y mantenía el vínculo operativo con quien es su padrino dentro del esquema oficial.

Ese respaldo se completó este martes, cuando Lugones volvió a pisar la Casa de Gobierno para participar de una “reunión de trabajo” con Manuel Adorni, en el marco del seguimiento de gestión que el jefe de Gabinete viene realizando sobre cada cartera. Una decisión que empezó a tomar forma días atrás, cuando Milei recibió al ministro coordinador en Olivos. Allí hablaron de la “segunda etapa de la gestión” y de la necesidad de recuperar coordinación y centralidad política tras semanas en las que el oficialismo quedó absorbido por la crisis.

El encuentro entre Lugones y Adorni fue difundido oficialmente junto a una foto y un comunicado que buscó reforzar la idea de continuidad. En él se repasaron los resultados del período 2024/2025 y se delinearon los objetivos para la etapa 2026/2027, con foco en “la eficiencia del sistema, la transparencia, la articulación federal y la transformación digital”. También se avanzó en la agenda legislativa, con especial mención a la nueva Ley de Salud Mental.

Ruidos internos

“Nunca estuvo ni remotamente sobre la mesa el cambio en Salud, mucho menos en este contexto”, aseguraron a elDiarioAR desde el entorno presidencial, en referencia al impacto político del caso Adorni y sus derivaciones abiertas. La frase no solo buscó desmentir la versión, sino también fijar un criterio: en medio de un frente sensible, el Gobierno no está dispuesto a abrir otro. “¿Cómo vamos a echar un ministro ahora?”, resumió otra fuente, con una mezcla de pragmatismo y advertencia.

La mención de Guido Giana como posible reemplazo de Lugones, en un contexto de crisis del PAMI y desgaste acumulado, tampoco cayó bien. “No es verdad que eso vaya a suceder”, salieron a aclarar, tajantes, desde el entorno del viceministro. En un Gobierno donde la verticalidad convive con tensiones permanentes, ese tipo de versiones no circulan en el vacío.

“Parece una nota intencionada para que Mario y Guido se peleen. Guido es como un hijo para Mario”, buscó desactivar un funcionario con llegada directa al área. La aclaración apuntaba a un punto específico: evitar que la lectura de una interna abierta en la cúpula se consolide como dato. Otra voz oficial, en la misma línea, relativizó el cuadro y desplazó el foco hacia los escalones inferiores. “Hay subalternos que prefieren a uno o a otro y pueden estar intentando generar una pelea”, señaló, en un intento por encapsular el conflicto y reducirlo a una dinámica secundaria.

Sin embargo, el cierre hacia afuera convive con un trasfondo menos ordenado, según pudo saber elDiarioAR. Fuentes al tanto de la dinámica interna coinciden en que la cuestión lejos está de pasar por una pelea entre Lugones y Giana. El punto de fricción sería otro, más difícil de exponer y más incómodo de administrar: un supuesto desgaste progresivo en la relación entre el ministro y Santiago Caputo. Un vínculo que durante años funcionó como sostén político del área y que ahora muestra signos de erosión.

“Hay cosas de las que Mario chapeaba, recostándose sobre su hijo, que después eran desmentidas por el propio Rodrigo [Lugones]”, explicó una fuente con acceso a la trastienda del ministerio. El consultor, con residencia en Madrid, funciona como nexo entre el ministerio, el sector privado de la salud y el propio asesor. Su rol, construido sobre vínculos con clínicas, laboratorios y prestadores, le permitió convertirse en un operador de peso en las decisiones sensibles del área. Justamente por eso, cualquier desalineación entre lo que se le atribuye a su influencia y lo que efectivamente convalida el esquema de Caputo no hace más que generar ruido.

En ese equilibrio se mueve hoy Mario Lugones. La desmentida oficial alcanzó para cerrar la discusión hacia afuera y estabilizar la superficie. ¿Bastó para que desaparezcan las tensiones que cruzan el área? Todo indica que, al menos, quedaron encapsuladas en un esquema donde el ministro aparece respaldado en público, pero monitoreado en privado. En un gobierno donde el poder se construye sobre la cercanía y la confianza, ese matiz no es menor. Suele ser, más bien, el anticipo de lo que viene.

PL/CRM

Mientras todos los focos mediáticos se posan sobre las desventuras del jefe de Gabinete Manuel Adorni, en el Ministerio de Salud se respira una incertidumbre difícil de ignorar para quienes siguen su día a día desde adentro. En medio de versiones que se acumulan y cambian de forma, el nombre del titular de esa cartera, Mario Lugones, volvió a aparecer en el centro de la escena: la posibilidad de su salida empezó a circular por lo bajo este fin de semana, como parte de un escenario que ya nadie se anima a descartar. “Es cuestión de días”, deslizaron a elDiarioAR fuentes inobjetables al tanto de la situación.

Pero el dato nuevo no es el desgaste del ministro sino la alternativa. Guido Giana, su número dos, aparece como reemplazo posible en una jugada que, leída en clave interna, dice más de lo que parece. Giana no es un técnico de consenso ni un bombero de crisis. Es, como Lugones, un hombre del riñón de Santiago Caputo. Su virtual ascenso —negado tajantemente por miembros de su entorno— no implicaría un cambio de rumbo, sino un intento de preservar el control del área en medio de la asfixia presupuestaria y de una disputa intestina que se volvió más explícita desde marzo: la avanzada de Karina Milei sobre los espacios donde todavía gravita el asesor presidencial.

La escena tiene algo de déjà vu, pero con otro fondo. Hace unos meses, cuando el caso del fentanilo contaminado lo empujaba al centro de la escena, Lugones todavía encontraba un resguardo en la interna oficialista. Se lo veía golpeado hacia afuera, pero sostenido hacia adentro, como parte de ese equilibrio inestable que le permitía a Caputo retener piezas propias en un gabinete cada vez más ajeno. “Pese a todo, el ministro parece estar más afirmado que hace un mes”, se leía entonces en medio de un reacomodamiento que, lejos de desplazarlo, lo había reforzado. Hoy ese diagnóstico quedó viejo.

Lo que cambió no fue solo la presión política sino también el contexto material. La actual crisis del PAMI, que durante meses circuló como advertencia, se volvió una realidad insoslayable: las deudas se acumulan mientras las prestaciones se caen y las clínicas se retiran, con jubilados que pagan de su alicaído bolsillo lo que antes cubría el sistema. Es un deterioro que ya no se explica en planillas sino en consultorios y que, por primera vez, empieza a impactar de lleno en la lógica de supervivencia del ministro.

Es que la obra social más grande de América Latina se transformó en un dolor de cabeza a esa misma escala. Lo que durante los primeros años de gobierno libertario funcionó como caja política bajo la gestión de su segundo, el misterioso Carlos Zamparolo, empezó a mostrar su contracara cuando la crisis financiera dejó de ser administrable. La lógica de control y distribución interna que había ordenado el organismo se volvió insuficiente frente a un sistema que ya no cierra en números ni en prestaciones. El PAMI, que supo ser un activo de poder, hoy aparece como un pasivo difícil de contener.

A ese cuadro se le sumó en las últimas semanas otro frente que terminó de erosionar la posición de Lugones dentro del gabinete. Federico Sturzenegger avanzó, tras varios intentos fallidos, con la flexibilización del régimen de patentes farmacéuticas mediante la derogación de una resolución de 2012 que durante años protegió a los laboratorios nacionales. La medida, alineada con exigencias del acuerdo con Estados Unidos, impacta de lleno en los intereses de actores centrales del sector con quien el actual ministro mantiene vínculos históricos. Lugones había resistido esa modificación e incluso demorado su implementación durante meses.

Enroque caputista

La tensión puertas adentro de la cartera de Salud escaló a un punto tal que obligó a ciertos movimientos excepcionales. Según pudo saber elDiarioAR, Rodrigo Lugones habría viajado de urgencia desde España, donde reside, para involucrarse de lleno en la gestión de la crisis. Su presencia no es un dato menor. Consultor político, socio de Santiago Caputo en Move Group —la consultora de su propiedad— y habitué de los circuitos empresariales de la salud, el hijo del actual ministro funciona desde el inicio del gobierno como el nexo entre los laboratorios y el propio asesor presidencial, con quien mantiene una relación aceitada desde hace años.

Aunque no ocupa un cargo formal en el organigrama, su nombre aparece una y otra vez cuando se reconstruyen las decisiones sensibles del área. En el ministerio lo describen como “la extensión natural del poder de Caputo”, pero también como el operador que permitió que su padre se moviera con lógica política incluso antes de asumir formalmente al frente de la cartera. ¿Estará interviniendo Rodrigo para evitar el inminente corrimiento de su progenitor? ¿O es, en cambio, quien debe garantizar el enroque de él con su segundo, el ingeniero Guido Giana?

Sea cual sea la respuesta, queda claro que cualquier movimiento en la cúpula del Ministerio de Salud se lee en clave política antes que técnica. Giana pasó por el PRO, tuvo inserción territorial en la provincia de Buenos Aires y formó parte del PAMI durante el gobierno de Cambiemos, donde se especializó en el manejo de números, contratos y auditorías. Envuelto en acusaciones por supuestos sobreprecios en distintas compras, la trayectoria del hoy viceministro no responde al perfil clásico de sanitarista, sino al de operador con recorrido en la gestión y en la rosca.

El salto que terminó de ubicar a Giana en el radar del actual oficialismo se dio en el sector privado. Desde la dirección administrativa del Sanatorio Güemes —propiedad de la familia Lugones— consolidó un vínculo directo con el mundo de los prestadores, al tiempo que profundizó su relación con Caputo. Ese doble anclaje, entre lo público y lo privado, lo convirtió en una pieza funcional para un esquema que necesita interlocutores capaces de moverse en ambos planos sin fricción.

Quienes lo conocen lo describen como un perfil bajo, con capacidad de ejecución y sin necesidad de exposición. Giana no parece pretender construir volumen propio ni buscar protagonismo. Su fortaleza es otra: la confianza. En un gobierno donde ese atributo vale más que cualquier currículum técnico, su nombre aparece como una opción lógica si la decisión es sostener el control del área sin alterar el equilibrio interno. Porque si algo dejó en claro la crisis de Salud es que, más allá de los nombres, lo que está en juego es quién continúa administrando ese poder.

PL

Jubilados y familiares de personas con discapacidad concretaron este miércoles una nueva protesta en el Congreso en reclamo de aumento de los ingresos en los haberes previsionales y las prestaciones para el sector de discapacidad.

Por las protestas, el Ministerio de Seguridad dispuso un fuerte operativo con un cordón policial destinado a evitar el corte de calle en las inmediaciones del Congreso. Del operativo participaron efectivos de la Policía Federal y de Gendarmería.

Familiares de personas con discapacidad, prestadores y transportistas del área le solicitaron al Gobierno nacional saldar las deudas tanto en el Programa Incluir Salud como en el PAMI, y que en muchos casos se sostienen desde de septiembre de 2025.

Daniel Macizo, presidente de la Unión de Transportistas de la Provincia de Buenos Aires (UTBA) cuestionó la gestión del presidente Javier Milei y exigió que “se giren a los fondos” para cancelar lo adeudado.

“Estamos pidiéndole que paguen el programa Incluir Salud. La gente se muere, no tiene más un hogar, no tiene más medicamentos, no tiene más nada”, expresó.

En la misma línea, aseguró que, junto a familiares y otros prestadores, se presentaron ante el Ministerio de Salud, se reunieron con el nuevo interventor de la Secretaría Nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches, y “con todas las autoridades de la superintendencia”.

“Dicen que Economía no gira a los fondos”, dijo y añadió que una de las iniciativas que se discuten es montar un acampe “por tiempo indeterminado” para “mostrar la realidad”. “No sé qué van a hacer. ¿Reprimir y golpear a la gente con discapacidad que no está haciendo nada? Están todos locos”, concluyó.

Con información de Noticias Argentinas

Una semana después de que elDiarioAR diera a conocer el desplazamiento del director del Hospital del Bicentenario PAMI de Ituzaingó, el caso empezó a leerse, en voz baja, como una señal más del modo en que se ordena el poder en el conurbano. Pero la intensidad con la que el episodio se vive en el territorio no parece tener un correlato directo en la Casa Rosada. En Balcarce 50, según reconstruyó este medio, el corrimiento del médico Santiago Cerneaz y su reemplazo por una figura vinculada al peronismo bonaerense no desató una alarma abierta ni un movimiento de urgencia, sino una reacción más bien matizada, como si se tratara de un reacomodamiento esperado dentro de una estructura que sigue su curso.

El episodio, sin embargo, vuelve a exponer una contradicción de fondo: en la provincia de Buenos Aires, donde la salud suele funcionar como caja y moneda de negociación, el discurso del “fin de la casta” choca con prácticas que sobreviven a todos los cambios de gobierno. En el municipio, en cambio, la lectura fue inversa: el movimiento se interpretó como una oportunidad para “recuperar” el hospital para la comunidad y reinsertarlo en el esquema territorial del intendente Pablo Descalzo.

Mientras que puertas adentro del Gobierno el caso es relativizado, en Ituzaingó, en cambio, el desplazamiento fue leído por los referentes libertarios como una señal de alarma y un golpe directo a la promesa de ruptura. Fuentes vinculadas al hospital sostienen que el conflicto no fue por un nombre sino por el intento de alterar un sistema aceitado desde antes. “No quieren que internen a la gente. Quieren derivarla”, resumió un interlocutor que conoce el funcionamiento cotidiano del centro.

La acusación apunta a una práctica histórica: que los afiliados del PAMI no permanezcan en un hospital público con capacidad instalada, sino que sean enviados a clínicas privadas del conurbano, un circuito que, según esas versiones, concentra negocios de internación y prestaciones. “Las cuevas mata-viejos”, exageran algunos, en referencia a instituciones que reciben pacientes derivados de manera sistemática. En ese esquema, señalan, la Unidad de Gestión Local (UGL) cumple un rol decisivo como engranaje territorial que autoriza derivaciones y sostiene acuerdos con actores privados. En el PAMI, explican, el poder no está solo en la sede central: en las UGL se define buena parte del circuito cotidiano de prestadores, pagos y derivaciones, una suerte de mini Estado paralelo que atraviesa gobiernos sin demasiadas alteraciones.

En el entorno libertario de Ituzaingó, además, la designación de Christian Varela es leída como algo más que un recambio técnico. Según fuentes al tanto de la interna del PAMI, Varela habría llegado “recomendado” por Martín Rodríguez, exnúmero dos del organismo durante la gestión anterior y uno de los dirigentes territoriales más cercanos a Máximo Kirchner. Para los referentes locales de La Libertad Avanza, ese padrinazgo político refuerza la sospecha de que el desplazamiento de Cerneaz no respondió a criterios sanitarios sino a un reordenamiento más amplio, donde viejas estructuras del kirchnerismo conservan capacidad de influencia sobre áreas sensibles del Estado, incluso bajo el gobierno de Javier Milei.

Descalzo, mientras tanto, ya se prepara una narrativa política de signo contrario. Según aseguraron fuentes extraoficiales a elDiarioAR, el intendente planea en las próximas semanas un anuncio para presentar que el hospital fue “recuperado para la comunidad”, incluso con la posibilidad de un acto junto al gobernador Axel Kicillof.

Para el peronismo territorial, el episodio abre la puerta a retomar el control simbólico de un hospital inaugurado a las apuradas antes de la veda electoral de 2023 y atravesado desde entonces por una disputa soterrada entre Nación y el distrito. Para los libertarios que acompañaron a Cerneaz, en cambio, esa eventual foto sería el cierre perfecto: un hospital nuevo reabsorbido por la lógica clásica del conurbano, donde el territorio impone reglas propias mientras el centro del poder observa con distancia.

Denuncias y pactos

Las acusaciones que circulan en el territorio van más allá de cualquier cambio de nombre. Describen un hospital atravesado por contratos sensibles, con proveedores históricos y costos inflados. Un ejemplo reiterado es el retiro de residuos patológicos: apuntan a órdenes de pago firmadas por la administradora Corina Martín por cifras muy superiores a lo efectivamente retirado. En un sistema donde cada movimiento implica millones, la disputa por el control de esas prestaciones se vuelve central. También hablan de un desbalance interno. “Hay más guardias de seguridad que médicos”, deslizó a elDiarioAR una fuente involucrada, en una postal que sintetiza el clima actual del hospital, con más chalecos que guardapolvos.

El episodio del empleado dado de baja y reincorporado dos semanas después, ya mencionado en la nota pasada, sigue funcionando como emblema. En noviembre, Cerneaz firmó la resolución para desafectar a una persona que figuraba en la nómina pero que nadie identificaba. A los pocos días, el titular del PAMI, Esteban Leguizamo, lo reincorporó de manera directa. Para los libertarios locales, con el concejal Hugo Equiza a la cabeza, fue una señal explícita de hasta dónde llegan las resistencias internas a cualquier intento de ordenar estructuras atravesadas por prácticas clientelares.

Cerneaz, aseguran en su entorno, había intentado en esos meses abrir servicios, duplicar turnos y recortar contratos irregulares: en apenas cuatro meses llegó a dar de baja más de 40 vínculos laborales ligados a empleados sin funciones claras y esquemas de “home office” heredados de gestiones anteriores, movimientos que chocaron con intereses instalados dentro y fuera del hospital.

En las conversaciones internas aparece además el peso de La Cámpora en distintas áreas del organismo previsional. Se menciona a Roberto “Pampa” Armagno, exgerente de Prestaciones Médicas en tiempos de Alberto Fernández y operador territorial vinculado a Hurlingham, y a empleados señalados como parte de una planta que sobrevivió a todos los cambios de gestión. Incluso circula una denuncia política más amplia: que durante la campaña municipal de 2023 se habrían usado recursos de hospitales del sistema para financiar candidaturas locales, cuando el PAMI todavía era conducido por Luana Volnovich.

Son todas versiones que, en el universo libertario, funcionan como prueba de continuidad: la casta no se fue, se reacomodó. En ese marco, el silencio oficial del PAMI frente a las acusaciones refuerza la sensación de opacidad: puertas adentro hablan de reorganización, pero evitan responder sobre virtuales auditorías. “Hoy el organismo es controlado por gente de Santiago Caputo que tiene arreglos con el peronismo”, señalan, sin vueltas, desde el conurbano.

En un distrito donde la salud pública suele ser también una caja y un territorio de disputa, el caso Ituzaingó deja una pregunta abierta: si el relato libertario puede sostenerse en escenarios donde el poder real se negocia con clínicas privadas, estructuras históricas y barones locales que sobreviven a todos los cambios de época. A fin de cuentas, lo que prima es la lógica subterránea de la gobernabilidad bonaerense. Y en la Casa Rosada lo saben.

PL/MG

En el conurbano bonaerense los discursos sobre el “fin de la casta” chocan seguido con prácticas que sobreviven a todos los cambios de gobierno. El reciente desplazamiento del director del Hospital del Bicentenario PAMI, ubicado en el partido de Ituzaingó, expuso esa contradicción con crudeza. No fue un recambio administrativo ni una corrección técnica: fue una remoción abrupta, sin explicaciones formales, ordenada desde la cúpula del organismo previsional y ejecutada mientras el funcionario estaba de vacaciones.

Según pudo saber elDiarioAR, el mensaje fue directo y brutal. “No estás más, te tengo que echar”, le dijeron por teléfono, con una excusa tan vaga como inquietante: había que “cuidarlo” por un supuesto escándalo que nunca fue precisado. La resolución formal del PAMI llegó de inmediato, el 7 de enero, cuando el corrimiento ya era un hecho consumado.

El funcionario desplazado era el médico Santiago Cerneaz, designado el 1° de septiembre y referenciado políticamente en La Libertad Avanza local. En su lugar asumió Christian Varela, un nombre con recorrido conocido en el sistema sanitario de la provincia de Buenos Aires y con vínculos políticos explícitos con el peronismo territorial: fue director del Hospital Vicente López de General Rodríguez entre 2020 y 2024, durante gestiones alineadas con el PJ, y se lo relaciona al exministro de Salud bonaerense Alejandro Collia.

La secuencia desató un fuerte malestar en el armado libertario de Ituzaingó. El enojo fue inmediato en Hugo Equiza, flamante concejal de La Libertad Avanza y candidato a intendente en 2023. Para Equiza, el desplazamiento de Cerneaz no fue casual ni aislado, sino la consecuencia directa de haber empezado a intervenir en zonas sensibles del hospital.

“Cuando se empezó a meter y a toquetear cosas que evidentemente eran arreglos extraños o temas de corrupción, empezaron a decir que se estaban encendiendo las alertas”, sostuvo el dirigente libertario en diálogo con elDiarioAR. Y fue más allá: “En el PAMI hay toda una runfla que está enquistada desde siempre. No se nota que haya una voluntad real de cambiar de manera estructural organismos atravesados por corrupción, falta de transparencia y clientelismo”.

Para muestra basta un botón. Según relatan en el distrito, uno de los casos que mejor grafica lo denunciado por Equiza fue el de una persona que figuraba en la nómina del hospital pero a la que nadie conocía ni había visto trabajar durante años. En noviembre, ante esa situación, la dirección encabezada por Cerneaz resolvió darle de baja por vía administrativa. Sin embargo, dos semanas después, el empleado fue reincorporado de manera directa por el titular del PAMI, Esteban Leguizamo, un episodio que fue leído como una señal explícita de hasta dónde llegan las resistencias internas a cualquier intento de reordenamiento.

El Hospital del Bicentenario PAMI Ituzaingó atiende por guardia a unas 15.000 personas por mes, sean o no afiliados al organismo previsional. Comenzó a funcionar a pleno recién en octubre de 2023, más de una década después de haber sido anunciado. Con una inversión inicial cercana a los 11.000 millones de pesos, según informaron oficialmente en su momento, el hospital —el primero del distrito desde su creación en 1995— es de alta complejidad y cuenta con seis quirófanos, áreas de terapia intensiva e intermedia, 120 camas de internación y consultorios para múltiples especialidades.

Pactos son pactos

Detrás del episodio sanitario asoma una trama más amplia, donde la gestión pública en general suele funcionar como moneda de negociación política. Desde la creación de la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES) en julio del año pasado, los cinco hospitales descentralizado que dependen del Ministerio de Salud dejaron de comprar de manera autónoma y pasaron a depender de un esquema centralizado. Un rediseño que, lejos de transparentar, abrió nuevas ventanillas de poder, contratos y control de cajas sensibles, con el Hospital Posadas de Morón como eslabón principal.

En los territorios la incomodidad es creciente. Militantes y referentes locales de La Libertad Avanza no terminan de entender por qué, a dos años de gestión, siguen ocupando posiciones clave cuadros ligados no solo a La Cámpora o al massismo, sino también al PRO y hasta, en menor medida, a la UCR, mientras quedan relegadas figuras que se reivindican fieles a las ideas de Javier Milei. La explicación que empieza a circular puertas adentro no es ideológica sino pragmática: acuerdos de supervivencia con la “línea histórica” enquistada en los organismos del Estado.

La reciente aparición de los cuadernos del operador farmacéutico Miguel Ángel Calvete, en el marco de la causa de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), y los nombres que asoman en esas anotaciones —como el del número 2 del PAMI, Carlos Zamparolo— funcionan, para ese universo libertario cada vez más desencantado, como una prueba irrefutable de que persisten las mismas prácticas opacas que el propio Presidente había prometido erradicar.

Como parte de ese entramado aparece una figura clave: Guido Giana, viceministro de Salud de la Nación. Su llegada al cargo tras la salida de Cecilia Loccisano, en noviembre pasado, no debilitó al ministro Mario Lugones. Por el contrario, le permitió a Santiago Caputo reacomodar su propio dispositivo dentro del área. Giana no solo reemplazó a la funcionaria saliente: consolidó un esquema aún más alineado con el asesor presidencial, con acceso directo al Salón Martín Fierro, el centro de operaciones de Las Fuerzas del Cielo en la Casa Rosada. Sin ir más lejos, a esa agrupación reportan los principales funcionarios que dirigen el PAMI central, tal y como relató elDiarioAR en marzo de 2025.

Aunque hoy se mueve con comodidad en el corazón del poder, Giana no proviene del mundo libertario puro. Su recorrido político comenzó en el PRO y en el vidalismo, donde fue concejal y armador territorial en Presidente Perón. Luego pasó por el PAMI durante la gestión de Cambiemos, una etapa clave en la que manejó números, contratos y auditorías dentro de uno de los organismos más estratégicos del Estado.

El salto definitivo a la primera línea se produjo cuando asumió la dirección administrativa del Sanatorio Güemes, la institución privada propiedad de Lugones, donde el ministro comparte sociedad con Enrique Nosiglia y Luis Barrionuevo. Ese cruce entre política, negocios y gestión sanitaria explica el peso específico que hoy tiene Giana en el control de las cajas de salud.

Es que el viceministro integra los directorios de al menos tres empresas vinculadas a ese rubro de manera directa, según consta en el Boletín Oficial. Al observar la red de vínculos que rodea a Giana, emergen cruces entre familiares, operadores políticos y actores de peso del sector privado. Como publicó Giselle Leclercq en Perfil, uno de sus socios es Ramiro Eugenio Negro, quien a su vez comparte sociedades en otras firmas con Daniel Walter Román, fundador de Urbano Express S. A., la empresa de logística que en mayo pasado ganó una polémica licitación del PAMI para la distribución de pañales.

Según apuntó Equiza, Giana mantendría además una relación estrecha con Gastón Di Castelnuovo, referente del PRO en Ituzaingó, de diálogo fluido con Diego Santilli y, como denuncia el propio concejal libertario, aliado silencioso del intendente local. También se desempeña como vicepresidente primero de Autopistas Urbanas S. A. (AUSA), la empresa del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires encargada de la construcción y mantenimiento de las autopistas dentro de los límites de la General Paz. “Di Castelnuovo quiere ser candidato en 2027. No quieren que yo levante cabeza ni tenga poder porque soy el que le va a ir a discutir a Descalzo”, acusó Equiza al vincular el desplazamiento del director del hospital con una trama de intereses políticos cruzados.

El último “barón”

Ese apellido no es menor. Ituzaingó es gobernado por la familia Descalzo desde hace más de tres décadas: primero por Alberto, histórico barón del conurbano que llegó al poder en 1995, y desde diciembre de 2023 por su hijo Pablo Descalzo. Aunque se autopercibe peronista y hoy se recueste enteramente sobre Axel Kicillof, el clan construyó su supervivencia política a partir de una lógica pragmática: vínculos transversales, acuerdos silenciosos y una notable capacidad de adaptación a cada gobierno nacional de turno. La llegada de Milei a la Casa Rosada no alteró ese patrón. Por el contrario, lo reactivó bajo nuevas formas.

Un caso emblemático fue revelado por elDiarioAR en agosto de 2024, cuando el Gobierno nacional, a través de la ANSES, extendió el contrato de Juan Cruz Descalzo, otro de los hijos de Alberto y hermano del actual intendente. Aunque cobra su salario del organismo previsional, “presta servicios” en el municipio, cuya sede central está a apenas una cuadra de la Unidad de Atención Integral (UDAI) local. En diciembre de 2023, una semana antes de la asunción de Milei, Descalzo logró renovar su comisión por 180 días. En julio de 2024, con el vencimiento encima y ya con el libertario sentado en Balcarce 50, el trámite volvió a activarse.

El entramado familiar dentro del organismo previsional completa el cuadro: Juan Cruz Descalzo ingresó a la ANSES en 2005, fue jefe de la UDAI Ituzaingó entre 2009 y 2015, y hoy comparte la dependencia con su esposa y las dos hermanas de ella, es decir, las tres cuñadas del intendente. Un esquema que se mantuvo inalterado pese al cambio de signo político nacional y que refuerza la idea de una “buena vecindad” persistente entre la Casa Rosada libertaria y uno de los últimos barones del conurbano bonaerense.

Sin embargo, tras el corrimiento de Cerneaz del Hospital del Bicentenario, se produjo una sorpresa: el desplazamiento del hermano del intendente de su cargo en la ANSES local, lo que amenaza con tensar aun más el clima político en Ituzaingó. “Luego de más de diez años de estar como ñoqui, parece que el organismo decidió ponerse los pantalones y cuidar el dinero de todos los jubilados de la Argentina”, celebró Equiza, que confirmó el episodio. La coincidencia entre ambos hechos no deja de llamar la atención, justo cuando queda al descubierto que, detrás del discurso libertario de ruptura, lo que prima son los favores mutuos.

PL/MG

Carlos Zamparolo no suele aparecer en fotos. En Corrientes 655, donde se ubica la sede central del PAMI, lo describen como un técnico obsesivo, esquivo a las cámaras y con poder real sobre la arquitectura interna. Pero esta semana fue distinto: el martes pasado, el número dos del organismo subió al escenario para la entrega de los Martín Fierro de Salud a recibir un premio por la app Mi PAMI y posó en una imagen que circuló con rapidez entre funcionarios, periodistas y dirigentes del oficialismo.

Fue una postal mínima, pero significativa: ocurrió justo cuando la causa de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) vuelve a tomar fuerza judicial y sus iniciales aparecen anotadas en los cuadernos del operador farmacéutico Miguel Calvete, junto a otras dos abreviaturas inquietantes: “SC” y “ML”. Para quienes lo rodean, no se trató solo de una premiación: fue una salida al centro de la escena institucional en el peor momento posible, justo cuando crecían preguntas hacia adentro y hacia afuera sobre la trazabilidad de decisiones en la obra social.

Zamparolo, expresidente del Consejo de Administración de DOSUBA y hoy subdirector ejecutivo del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, aterrizó en el PAMI con un perfil técnico, bajo la órbita política de Santiago Caputo y del ministro de Salud Mario Lugones. En los registros oficiales figura como prestador de servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial, con trayectoria en directorios privados. Su legajo y su historia profesional lo presentan como alguien más cercano al mundo corporativo y financiero que a la militancia libertaria.

Esa combinación de expertise técnica y distancia de la rosca partidaria lo convirtió en pieza funcional al proyecto de reorganización que impulsó el caputismo durante el 2024: una estructura más vertical, con control sobre procesos operativos, recortes presupuestarios y una Unidad Técnica que articula autorizaciones de insumos de alto costo, órdenes directas por vía judicial, contrataciones con droguerías y supervisión de delegaciones. No es un cargo decorativo: ahí se cruzan política, caja y gestión diaria.

Ese diseño tuvo impacto político. Tras estallar la polémica por el supuesto pedido de diezmos, la conducción del PAMI reaccionó con una orden de auditoría interna en todas las delegaciones del país. La resolución, firmada el 30 de abril por Esteban Leguizamo y Zamparolo, buscó tomar distancia de las acusaciones y encapsular el escándalo.

Siglas que inducen

En los pasillos, sin embargo, la jugada fue leída también como una movida defensiva del esquema Caputo frente a la avanzada del núcleo político construido por Karina Milei y los Menem en el territorio. La auditoría tuvo un segundo efecto menos dicho: recentralizó decisiones que, hasta ese momento, dependían de estructuras territoriales con autonomía de hecho y vínculos partidarios propios.

En ese sentido, la foto del Martín Fierro no se leyó solo como un reconocimiento público a la digitalización del organismo. Internamente, se interpretó como un síntoma: Zamparolo salía a la superficie justo cuando más crecían las sospechas alrededor de la gestión de insumos médicos y cuando sus iniciales figuraban en los cuadernos incautados a Calvete, donde se registraban compras vinculadas a firmas como Profarma e Indecomm.

La aparición de “CZ” no prueba vínculos delictivos ni vuelve imputable a nadie, pero encendió alarmas entre funcionarios del organismo y entre quienes siguen la causa judicial, sobre todo porque las anotaciones conviven con siglas como “SC” y “ML”, iniciales políticamente sensibles en el ecosistema libertario. ¿Son acaso las iniciales de Santiago Caputo y del ministro Mario Lugones? Lo relevante no es solo la sigla, sino el contexto: ANDIS y PAMI comparten proveedores, circuitos de compra y mecanismos de autorización, por lo que la línea entre ambos organismos es más institucional que operativa.

La paradoja es evidente: mientras el Gobierno busca capitalizar el premio a Mi PAMI como muestra de modernización tecnológica, la obra social queda asociada —otra vez— a denuncias que reproducen viejas lógicas de intermediación, retornos, pedidos de aportes partidarios y disputas de poder. Los relevos de delegados, las denuncias de este año en Chaco y La Plata, y los testimonios que señalan exigencias del 10% de los sueldos a militantes y funcionarios formaron parte de una escena más amplia: el PAMI como caja territorial.

El caso de los audios de Diego Spagnuolo, donde se describían direccionamientos de contratos y pedidos de retornos a proveedores, actuó como catalizador y puso bajo la lupa decisiones que habían pasado desapercibidas en la reorganización inicial. En paralelo, creció un clima de blindaje preventivo dentro del organismo: archivos respaldados, pedidos formales de informes y movimientos administrativos que buscan evitar quedar en el lugar equivocado si el expediente escala.

Puja interna

Hoy, el mapa interno vuelve a moverse. El diputado nacional elector Sebastián Pareja —en tándem con Eduardo “Lule” Menem— revisa designaciones hechas el año pasado en agencias del interior, varias de ellas alineadas con Las Fuerzas del Cielo, la agrupación juvenil que responde a Caputo. Cerca de la negociación aseguraron a elDiarioAR que, si Diego Santilli conserva el control operativo de la ANSES, Pareja buscará quedarse con el mando político del PAMI.

Ese reacomodamiento podría correr del tablero a funcionarios vinculados al armado inicial de Caputo y, por arrastre, tensionar la posición de Zamparolo, no tanto por acusaciones directas, sino porque es él quien administra la estructura operativa sobre la cual se libra la disputa.

Para el subdirector ejecutivo, que evitó la exposición pública incluso cuando la gestión multiplicó compras por vía abreviada bajo justificaciones judiciales, el frente más delicado no está en esa foto sino en lo que ocurra en tribunales. La reactivación de la causa Andis abre la puerta a seguir trazas entre proveedores, funcionarios intermedios, órdenes de compra y delegaciones con autonomía administrativa. Cada anotación de Calvete es interpretada como posible ruta de investigación o como argumento interno para desplazar funcionarios y mover fichas. En ese tablero, Zamparolo no es el protagonista visible, pero sí el engranaje que sostiene la estructura.

Hace tiempo que el PAMI dejó de ser simplemente un prestador de salud: es una arena donde se juegan negocios, territorio, legitimidad partidaria y poder institucional dentro del mileísmo. La exposición pública de Zamparolo tensiona su rol original. Ya no alcanza con el bajo perfil: el número dos de la obra social más grande del país quedó en el centro de un tablero donde confluyen una causa judicial en expansión, la disputa por la caja territorial y una interna que redefine quién manda en la estructura del Estado libertario. La pregunta no es si tiene poder. La incógnita es si podrá seguir siendo invisible cuando las fotos empiezan a hablar más que los expedientes.

PL/MG

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunció la existencia de sobreprecios y coimas en la adquisición que el PAMI hace de lentes intraoculares para la operación de cataratas y el empleo discrecional de profesionales militantes de La Libertad Avanza.

“Desde el sindicato hemos comprobado la existencia de sobreprecios y el pago de retornos en la adquisición que la obra social hizo de lentes intraoculares para la operación de cataratas. Así se puede advertir en la Licitación Pública 12/25, con compras a Implantec, MSZ, Centro Óptico Casin, Visión Médica y VSA Alta Complejidad, que alcanzan los $80.730.354.421 de pesos. multiplicando enormemente el valor de mercado”, asegura el comunicado de ATE.

La situación se agrava a partir de la confirmación de contratos de PAMI también con la Droguería Suizo Argentina, involucrada en casos de corrupción con la ANDIS, en la que están sospechados desde Diego Spagnuolo hasta Karina Milei, la hermana del Presidente. Para el sindicato de estatales dichos contratos también tienen que ser investigados por ser, “posiblemente, sólo la punta del iceberg”.

“Esto es un escándalo. Tienen que ir todos en cana. Los valores son 5 veces más caros que los de mercado. Los lentes que tienen un costo de 35 mil pesos, se pagaron a 150 mil y en algunos casos hasta 230 mil pesos. Además, los insumos adquiridos son de menor calidad. Son miles los jubilados que ya denunciaron haber sufrido afecciones graves a partir de utilizar estos productos”, denunció Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.

“El bochorno es mayúsculo a partir que en provincias como la mía, Río Negro, por estas horas los dirigentes libertarios hacen proselitismo a través de la Campaña Visión. Están vinculando su imagen a una política pública oftalmológica corrupta. Hasta el mes de julio los lentes los compraba cada profesional médico. A partir del 1 de agosto el PAMI cambió el mecanismo para comprar de manera directa. Centralizaron las compras para robar las compras para robar”, agregó el dirigente.

“No es casual que desde que asumiera este Gobierno, en la gestión de PAMI hayan eliminado todos los controles y las auditorías. Acá hay mucho más que un 3% en vueltos”, concluyó Rodolfo Aguiar.

Licitación en duda

La denuncia judicial de ATE se complementó en las últimas horas con la revelación periodística de que hasta julio cada médico compraba los lentes directamente a los laboratorios y luego rendía la factura al PAMI, que reintegraba el monto junto con los honorarios fijos por la práctica quirúrgica. El costo era de alrededor de $35.000 por cada lente monofocal, un valor de mercado en el que coincidían los cuatro laboratorios productores, según difundió este domingo el canal TN.

El programa periodístico reveló que en agosto “todo cambió y el PAMI licitó la compra masiva de lentes intraoculares por un período de 12 meses (renovable un año más) por más de $80.000 millones”. Al mismo tiempo, dio de baja el esquema anterior a través de la resolución 1737/2025, que obligó a los médicos a pedir los insumos directamente al organismo.

La resolución 1560/2025, publicada en el Boletín Oficial, expone los valores adjudicados a cinco laboratorios. Allí se observa que el PAMI paga por cada lente entre $150.000 y casi $300.000, entre cinco y diez veces más que el valor de mercado, se informó desde TN, con estos ejemplos:

Los documentos adjuntados por los profesionales —facturas de compra directa, pedidos de presupuesto, capturas de la licitación y resoluciones oficiales— refuerzan la acusación.

De acuerdo a TN, la centralización también generó un problema operativo ya que el envío de las lentes no llega a tiempo en muchos casos y esto provoca que se reprogramen cirugías de cataratas ya pautadas con afiliados.

La respuesta del PAMI

El PAMI rechazó versiones periodísticas que lo acusaron de pagar sobreprecios en la compra de lentes intraoculares (LIO), y aseguró que los valores actuales responden a mayores exigencias de calidad, control y seguridad en las cirugías de cataratas.

Según explicaron fuentes del organismo, anteriormente se abonaba un valor genérico sin controles estrictos, lo que habilitaba a los oftalmólogos a elegir la lente a su criterio e incluso a cobrar copagos indebidos. En cambio, el nuevo esquema fija estándares que obligan a utilizar lentes de mayor rango, viscoelásticos individuales, inyectores descartables y trazabilidad para garantizar transparencia.

“Hoy PAMI no paga de más, paga lo que corresponde para una cirugía segura”, remarcaron. En ese sentido, detallaron que el costo estimado de un kit completo asciende a $188.635, pero tras la licitación se paga $160.000 por volumen y negociación. El paquete incluye la lente intraocular, el gel viscoelástico, el inyector estéril y el código de trazabilidad.

Además, recordaron que otros financiadores del sistema abonan cifras más altas: la obra social del Poder Judicial paga $740.000 por el mismo procedimiento y prepagas como OSDE hasta $1.148.016, mientras que en PAMI el costo total de lente más práctica asciende a $565.000.

Desde la entidad también indicaron que en el sistema anterior no existía garantía de uso de viscoelásticos, había reutilización indebida de insumos y denuncias de cobros adicionales a los afiliados. “Con el nuevo modelo hay más seguridad, control y transparencia”, sostuvieron.

En cuanto a la calidad, fuentes del organismo señalaron que hubo un evento adverso con una lente de un proveedor puntual, lo que motivó un pedido de reemplazo preventivo mientras se realizan las pericias para determinar si se trató de una falla del insumo o de impericia médica.

La ex funcionaria del PAMI que denunció corrupción: “El Presidente sabe todo”

La ex funcionaria del PAMI y diputada suplente de La Libertad Avanza (LLA) Viviana Aguirre ratificó públicamente días atrás la denuncia que hizo ante la Justicia por supuesta corrupción en el área y aseguró que el presidente Javier Milei “sabe todo y no hace nada”.

“El Presidente sabe todo y no hace nada. Tenemos a un Presidente que es un estafador internacional y a Karina Milei, que es una cajera sin escrúpulos. La base es corrupta y todo lo que pase abajo no les importa, porque roban para ellos”, resaltó Aguirre.

La ex integrante del PAMI detalló que en febrero de 2024 fue la “primera” en denunciar “corrupción en La Libertad Avanza”.

Sobre los hechos que señaló ante la Justicia de La Plata, indicó que le habían ofrecido la dirección del PAMI y que pocos días antes de asumir fue citada por Juan Osaba en el despacho de Sebastián Pareja, donde le dijeron que tenía que entregar “un millón de pesos de su sueldo” y “firmar papeles ilegales”.

“Le contesté que no tenía problema en darle un millón de pesos de mi sueldo, que me diera una cuenta bancaria para depositarle, pero que no iba a firmar ningún papel ilegal. Me dijo: ´No esto así no se maneja, me lo tenés que dar en un sobre y yo lo paso a buscar una vez por mes´. Y por lo otro hubo una discusión y medio que terminamos mal”, recordó en declaraciones al programa “Noticias Argentinas” por radio Splendid AM990.

Finalmente no ingresó como directora del área, sino que en su lugar lo hizo Raúl Simonetto, que la nombró coordinadora contable.

“Así hicimos y empezamos a trabajar en conjunto, sacando la corrupción de PAMI, porque tengo las pruebas, y gracias a Dios hubo gente de PAMI de muchos años que nos ayudó, que nos llevó a los focos de corrupción”, señaló Aguirre.

Detalló que el sistema de corrupción era a través de “sobreprecios en todas la cosas” y, si bien afirmó que los retornos venían “de larga data”, este gobierno “los triplicó”.

“Cuatro, cinco, diez veces más caros, en los geriátricos, en la parte médica, en los recursos humanos, en las sillas de ruedas, en los colchones, en los pañales, en todo lo que es farmacia. Ni hablar de las clínicas”, expresó la ex funcionaria y apuntó al titular del organismo, Esteban Leguízamo, como recaudador.

Sobre Pareja y la relación con la secretaria general de la Presidencia, manifestó: “Lo que pasa que es intocable Pareja porque es el que recauda dinero para Karina. Las ventas de candidaturas, es todo real”.

“Tengo cosas muy contundentes que no las quise presentar en este juez (Ramos Padilla) porque como veía que la cosa no avanzaba, uno desconfía”, dijo Aguirre, y anticipó que buscará llevar la denuncia a Comodoro Py.

En tanto, remarcó que tras presentar la denuncia recibió amenazas y se intentó comunicar con diputados nacionales.

“El único que me atendió fue Oscar Zago, me dijo: ´Yo también estoy sacando corrupción a lo loco de acá y lamento no haber filmado a Karina contando los dólares cuando vendió las candidaturas en el 2023´”, subrayó.

Aguirre contó que tiene un tatuaje con la fecha de nacimiento de Javier Milei, a quien conoció en los pasillos de canales de televisión, y que antes de denunciar le contó lo que sucedía en el PAMI.

“Lo conocí (a Milei) saliendo de Alejandro Fantino. Yo cometí el gran error y confié plenamente y me tatué su fecha de nacimiento, imaginate cómo confié en que iba a sacar el país adelante”, enfatizó la ex funcionaria.

Con información de agencias.

IG/MC

El estallido de un nuevo escándalo por coimas volvió a poner al PAMI en el centro de la tormenta política. La droguería Suizo Argentina, perteneciente a la familia Kovalivker, quedó en la mira tras la difusión de audios comprometedores que involucran a Diego Spagnuolo, hasta hace poco titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). En esas grabaciones, el funcionario relataba cómo se direccionaban contratos y se exigían retornos a proveedores, en un entramado que también parece a la mayor obra social del país.

“La gente de la Suizo llama a los proveedores y les dice: ‘Escuchame, no va más el 5, vas a tener que poner el 8. Lo traés a la Suizo y nosotros lo subimos a Presidencia. Por teléfono. Así se están manejando’”, se escucha en uno de los audios difundidos. Lo que parecía un caso circunscripto a la Andis terminó salpicando de lleno al PAMI. Según pudo saber elDiarioAR, en menos de 20 meses de gestión de Javier Milei, el organismo dirigido por Esteban Leguizamo firmó con Suizo Argentina 28 contratos por más de 100 mil millones de pesos. La mayoría se otorgó bajo la modalidad de compulsa abreviada, un procedimiento que acelera compras pero que ahora quedó bajo sospecha. Solo en lo que va de 2025, la droguería sumó ocho adjudicaciones y un contrato cancelado. El último fue el 22 de agosto, apenas tres días después de que estallara el caso Spagnuolo.

Desde el PAMI buscan tomar distancia. En el organismo señalan que Suizo Argentina no es un proveedor habitual, sino que las contrataciones que aparecen en los registros responden a órdenes judiciales que obligan a la obra social a comprar medicamentos para amparistas concretos que iniciaron reclamos en la Justicia. En ese sentido, remarcan que la modalidad de compra directa se aplica porque los juzgados intervinientes les imponen adquirir a quien pueda proveer un medicamento específico. Y se diferencian de lo que ocurre con las carteras de Salud, Seguridad y Defensa, que sí concentran la mayor parte de las contrataciones con la firma de la familia Kovaliker.

Denuncias y prácticas polémicas

El eco de los audios de Spagnuolo, sin embargo, reactivó denuncias dormidas y expuso prácticas que se repiten en distintas provincias: aportes compulsivos, extorsiones y supuestos retornos en delegaciones del PAMI y la ANSES. El primer coletazo fue el comunicado oficial del 30 de abril firmado por Leguizamo y Carlos Zamparolo, subdirector ejecutivo del organismo, que anunció una auditoría interna en todas las delegaciones. Respaldados por el ministro de Salud Mario Lugones, hombre de confianza de Santiago Caputo, denunciaron “uso indebido de recursos públicos” y delegaciones convertidas en “cajas negras”. No solo fue un gesto de transparencia: también implicó intervenir el tejido territorial que Karina Milei y los Menem habían montado desde el inicio de la gestión.

Las denuncias se acumulan. En Chaco, donde ya se investigaba un esquema de aportes compulsivos, la situación escaló esta semana con allanamientos en la delegación provincial del PAMI. La Justicia federal apartó al coordinador administrativo Alfredo Moreno, mientras el presidente de La Libertad Avanza chaqueña y actual delegado regional de ANSES, Alfredo “Capi” Rodríguez, será indagado por falsedad ideológica, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público. El fiscal Patricio Sabadini ordenó procedimientos en la sede del organismo y en la agencia de viajes Turismo Sakura, vinculada a Moreno, donde se secuestraron documentos y dispositivos electrónicos.

Según la investigación, se habrían utilizado datos de afiliados para montar fichas partidarias truchas y, en paralelo, cobrar “aportes” a militantes que luego ingresaban como empleados del Estado. Antes de ser apartado, Moreno denunció una “opereta electoral” y apuntó contra el Colegio Médico del Chaco, al que acusó de manejar “400.000 millones mensuales” y resistirse a recortes.

En La Plata, el caso fue más explícito: Viviana Aguirre, exfuncionaria del PAMI local y diputada suplente bonaerense, denunció que le exigieron un retorno mensual de $1.000.000 para conservar el cargo. Los señalados: ni más ni menos que Sebastián Pareja, el armador libertario en la provincia, y su mano derecha, Juan Osaba, hoy candidato a diputado provincial. Aguirre asegura que fue despedida tras negarse y comenzó a recolectar pruebas: contratos, grabaciones, chats de Telegram. Dentro del PAMI aseguran, en cambio, que ella misma decía haber aportado 15 millones a la campaña de Pareja a cambio del puesto. “Antes, las internas se resolvían en silencio. Ahora todo es más grosero. Cambiaron los códigos”, resumió un funcionario.

La ofensiva por el control del PAMI también se refleja en acuerdos subterráneos: en Mar del Plata, por ejemplo, el recambio de autoridades se selló tras un pacto con el intendente Guillermo Montenegro. La misma lógica se repitió en Santiago del Estero y San Luis, con relevos de directores y personal político como parte de negociaciones locales.

Nuevas revelaciones

En este entramado, la historia de Sergio Torres, delegado del PAMI en Caleta Olivia, Santa Cruz, ahora desplazado de su puesto, emerge como un capítulo novedoso. El 24 de octubre de 2024, Torres se reunió con Leguizamo y le planteó que el referente de La Libertad Avanza local, Jairo Guzmán, exigía que todos los empleados aportaran el 10% de su sueldo para la actividad partidaria. Según comentó, además de Leguizamo también escuchó su reclamo Zamparolo, que le pidió pruebas y nunca más lo llamó. Tras ser desplazado, Torres buscó apoyo en el diputado Santiago Pauli y en Martín Menem, pero tampoco consiguió respuestas. “Les conté todo, me dijeron que mandara un mail. Contestaron ‘recibido’ y nunca más tuve noticias”, le contó a Giselle Leclercq de Perfil.

Guzmán —que quedó expuesto por un audio en el que se lo escucha pedirle plata a una médica “para el alquiler” de la sede partidaria— niega todo y dice que un juez local desestimó la denuncia. Argumenta que Torres fue echado por dejar la oficina acéfala para ir a un recital de Romeo Santos. El exdelegado lo admite en parte: viajó a Buenos Aires, sí, pero asegura que fue para reunirse con Leguizamo. Torres fue candidato de La Libertad Avanza en 2023 y aceptó inicialmente el diezmo como “compromiso militante”. El quiebre llegó cuando Guzmán habría querido extender el aporte a médicos contratados.

En Misiones, en tanto, la conducción del PAMI local, en manos de una figura cercana a Adrián Núñez, ya había quedado envuelta en polémica en el mes de marzo. En una carta firmada por 22 funcionarios libertarios, Núñez fue acusado de haber montado un esquema para retener entre el 10% y el 25% de los salarios de empleados del PAMI y ANSES, con aportes descontados en enero y febrero como condición para mantener los cargos.

Ahora, a partir del caso Spagnuolo, el productor agropecuario y dirigente libertario misionero Samuel Doichele relató que, en su momento, recibió un llamado directo de Eduardo “Lule” Menem para que desistiera de denunciar la obligación de entregar el 10% de su sueldo: “Eso no es un delito, se hace en todos lados”, le habría dicho el funcionario, hoy apuntado directamente por el escándalo de las supuestas coimas en Andis.

La acumulación de polémicas erosiona el discurso central del oficialismo. Milei prometió “cortar la mano al que roba” y terminar con la casta. Pero lo que muestran los casos que se repiten en distintos puntos del país es un sistema que reproduce, con nuevos nombres, las mismas prácticas. El PAMI, con sus contratos millonarios y su peso territorial, se convirtió en el epicentro de una interna feroz. Y, en medio de la crisis detonada por Spagnuolo, tanto las personas son discapacidad como los jubilados quedaron atrapados en un engranaje que poco tiene que ver con su atención y mucho con la disputa por la caja política del Estado libertario.

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“El sistema de salud está en terapia. Y no porque lo diga yo, sino porque hace muchos años los funcionarios fueron muy hipócritas”. Esa fue la frase con la que el flamante ministro de Salud, Mario Lugones, eligió abrir su primera intervención pública desde que asumió formalmente el cargo, hace ocho meses. Desde el escenario del AmCham Summit 2025, la cumbre anual que reúne a empresarios, ejecutivos y funcionarios bajo el ala de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, el funcionario habló sin pelos en la lengua: su discurso fue un acto de doctrina, donde apuntó contra “el populismo”, la centralización estatal y el principio mismo de la salud como derecho irrestricto. “El populismo tiene que desaparecer. No podemos decir que todo el mundo tiene derecho a todo. Esa mentira hay que dejarla de lado”, sentenció.

Minutos antes había arremetido contra el sistema tal como se lo conoce: “¿Saben quién creó el PAMI? Lanusse. ¿Y las obras sociales? Onganía. Nunca fue responsabilidad de la Nación manejar la salud, y sin embargo lo hizo. Eso se terminó”. Según Lugones, el modelo sanitario argentino colapsó no por falta de recursos, sino por la “hipocresía” de décadas de gestión pública. “Los gobernadores se llenaban la boca hablando del sistema regio, pero no invertían nada. Era mucho más fácil venir a pedirle plata a la Nación”.

Desde el panel, mano a mano con el periodista Nacho Girón, el médico y empresario planteó la necesidad de “volver a los orígenes” y trasladar a las provincias la gestión de hospitales nacionales. También reivindicó la idea de concesionar su administración al sector privado, a imagen y semejanza del modelo británico de los años 90. “Todos pagamos para ir a un hospital público. ¿Ustedes creen que se puede dar salud con dos mil pesos, como aporta el personal doméstico? No se puede”, dijo Lugones. En su visión, la Nación debe retirarse del rol de prestadora y limitarse a regular. El único hospital que quedaría exento del nuevo esquema es el Garrahan, por su nivel de complejidad y alcance federal.

Pero detrás del tono provocador hubo también una consolidación de poder. El discurso de Lugones no fue el debut de un ministro, sino la confirmación pública de un liderazgo que ya ejercía desde el inicio del Gobierno. Médico cardiólogo, expresidente de la Fundación Sanatorio Güemes, su ascenso comenzó en paralelo al de Santiago Caputo, con quien su hijo Rodrigo —radicado en Madrid— comparte sociedad en la consultora Move Group. Juntos, padre e hijo operaron durante meses sin ocupar cargos formales, pero con control efectivo sobre áreas clave como el PAMI, la ANMAT, el INCUCAI y la Superintendencia de Servicios de Salud.

La renuncia de Mario Russo, en septiembre del año pasado, fue el resultado de esa interna silenciosa. El exministro intentó ponerle límites a Cecilia Loccisano, funcionaria de confianza del tándem Caputo-Lugones, y restringir su margen de maniobra. La represalia fue inmediata: perdió respaldo político y fue eyectado con un argumento oficial anodino. La frase que circulaba en Casa Rosada lo resume todo: “Russo quería mandar”.

Desde entonces, Lugones extendió su control sin interferencias. Colocó a Gabriel Oriolo, exOSDE, en la Superintendencia; empoderó a Loccisano en la coordinación administrativa; y ahora, con su firma formalizada, acelera los cambios. El año pasado, envió una carta a los directores de hospitales para exigir una reducción del 35% en el gasto de medicamentos. Denunció que compraban a precio de venta al público y que era hora de negociar “como corresponde”. Nadie sabe aún si eso implicará mejoras en la eficiencia o menos medicamentos en los depósitos.

La motosierra también alcanzó al universo de la discapacidad. Los recortes en transporte, cobertura escolar y maestros integradores derivaron en dos marchas a la Quinta de Olivos, protagonizadas por personas afectadas, sus familias y prestadores. El plan de fondo es claro: desregular, desfinanciar y forzar a las jurisdicciones a hacerse cargo, o bien abrir la puerta al gerenciamiento privado. Pero ni AxelKicillof, ni Jorge Macri ni Claudio Vidal aceptaron aún el traspaso de hospitales sin presupuesto. Por eso en el ministerio ya hablan sin rodeos de concesionar su gestión, aunque eso implique tensionar con gremios y autoridades sanitarias.

El discurso de Lugones en AmCham dejó ver algo más que un diagnóstico: mostró una estrategia. Una que mezcla ajuste, privatización y una narrativa moralista sobre el rol del Estado. “Yo no tenía ningún rótulo y modifiqué un montón de cosas en salud, sin ocupar ningún cargo”, respondió cuando le preguntaron si era importante mantener un ministerio. Su verdadera credencial, como se vio este martes, no es el título formal, sino la certeza de que ahora tiene el poder —y la exposición— que antes manejaba en silencio.

PL/MG

“Se robaban hasta los pañales de los abuelos”, denunció el vocero presidencial Manuel Adorni, este lunes, desde el atril de la Sala de Conferencias de la Casa Rosada. Fue la frase elegida para presentar el nuevo sistema de distribución domiciliaria de pañales para afiliados del PAMI, en medio del mayor escándalo que atraviesa hoy a la obra social más grande del país y una de las cajas sensibles del Estado. Pero detrás del anuncio oficial se esconde una trama de licitaciones exprés y un nombre que generó sorpresa en el universo empresario: Urbano Express S.A., una firma ligada al Grupo Clarín y sin antecedentes como proveedor del organismo, fue la única que presentó oferta válida y se quedó con un contrato estimado en US$450 millones.

El proceso —publicado antes del feriado largo de Semana Santa y resuelto en apenas seis días hábiles— dejó afuera a los proveedores históricos del PAMI. Aunque tres empresas del rubro (Italpañal, Lenterdit y Hisan S.A.) se presentaron en la apertura de sobres, ninguna pudo llegar con una propuesta formal. La ganadora fue una empresa de logística, sin trayectoria previa en el sistema sanitario, vinculada al Grupo Román (operador portuario) y con participación accionaria del holding comandado por Héctor Magnetto. Según la documentación, el Grupo Clarín tiene un 30% de participación en el capital accionario de Urbano.

Desde el Gobierno defendieron la licitación y el nuevo esquema. Según explicaron a elDiarioAR, durante años el PAMI entregó “pañales rectos con apósitos, sin respetar los parámetros de la ANMAT”, lo que, aseguran, “cartelizó el sistema”, ya que sólo algunas pocas empresas continuaban fabricando esos productos. “Desde 2006 no se respetaban las normas que pedía la Anmat”, apuntaron. La nueva contratación, insisten, implica un “salto de calidad”: “Tienen más absorción, son anatómicos, tienen geles de calidad y controles médicos y farmacéuticos”.

A partir del 1 de junio, las farmacias dejarán de entregar los pañales mediante receta. En su lugar, Urbano Express será la responsable de adquirir los productos y distribuirlos en todo el país. “Cada afiliado que necesite va a tener los apósitos, pero no habrá sobreprestación”, explicaron desde el Ejecutivo, en línea con la promesa de controlar los desvíos. Ante las críticas por los plazos de la licitación y la falta de competencia, en el Gobierno responsabilizaron a las farmacias: “Embarraron la cancha cuando dimos un salto de calidad porque estábamos en deuda con los afiliados”. Y remarcaron: “Los tiempos de la licitación fueron respetados”.

Polémica

Aun así, la adjudicación genera ruido por varios motivos. Por un lado, implica un aumento del gasto mensual en al menos $3.000 millones: de $9.000 a $12.000 millones, según datos del propio pliego. Por otro, los nuevos pañales pesan menos (50 gramos frente a los 75 actuales), utilizan cintas más finas y eliminan capas de absorción, en una combinación que, según fuentes del sector privado, podría afectar la calidad. El argumento oficial es que el sistema permitirá un “ahorro” total de $5.000 millones por año gracias a la eliminación de intermediarios. Pero el dato duro muestra un costo por unidad más alto, un esquema de entrega aún incierto y una empresa debutante como única oferente habilitada.

El contrato con Urbano Express, por $466.554 millones para los próximos tres años, implica además una transformación total del sistema vigente desde 2010. Hasta ahora, los afiliados del PAMI recibían los productos a través de un esquema mixto que articulaba fabricantes, droguerías y más de 6.000 farmacias en todo el país. El nuevo plan promueve un sistema “puerta a puerta”, bajo control de una sola empresa logística que subcontratará a los fabricantes. Las firmas Nochísimo y Liberty figuran como las principales proveedoras del insumo.

Todo en el marco de las múltiples denuncias por presuntas irregularidades que tienen lugar en distintas delegaciones del PAMI de todo el país. En Misiones, por ejemplo, pesa una contra el libertario Adrián Núñez —tercer candidato en la lista legislativa local— por supuestos pedidos de “diezmos” a empleados. Situaciones similares emergieron en La Pampa, Santa Cruz y varios municipios bonaerenses. El epicentro del escándalo es Esteban Leguizamo, actual titular del PAMI, que llegó al cargo con aval de Santiago Caputo y mantiene vínculos con Mario Lugones, ministro de Salud y padre del socio del asesor presidencial Rodrigo Lugones.

Leguizamo tiene historia: fue funcionario durante casi dos décadas, incluido el ciclo de Luana Volnovich al frente del organismo, y figura en denuncias de la diputada Graciela Ocaña y del ahora ministro Luis Petri por el uso político de subsidios a centros de jubilados. Hoy, es quien firmó la licitación por el contrato más grande del año.

El vínculo con Clarín

El ingreso del Grupo Clarín al esquema de distribución del PAMI reconfigura, además, el mapa de vínculos —no exentos de tensiones— entre el conglomerado mediático y el gobierno de Javier Milei. A través de su participación accionaria en Urbano Express —estimada en un 30%—, el holding de Héctor Magnetto aparece asociado indirectamente a uno de los contratos más altos del Estado en logística social, pese a que su relación con el oficialismo es, por momentos, abiertamente conflictiva. Aunque Clarín no figura como proveedor registrado en los sistemas del PAMI, su sociedad con el Grupo Román le permitió desembarcar en un terreno históricamente ajeno a su actividad principal: el reparto domiciliario de insumos médicos.

Detrás del rediseño del sistema y de la licitación relámpago aparece, otra vez, la figura de Santiago Caputo, cuya tropa ocupa los principales cargos jerárquicos del organismo previsional. El asesor todoterreno de Milei no solo respaldó la continuidad de Leguizamo pese a los cuestionamientos internos, sino que además fue uno de los impulsores del nuevo modelo de entrega directa, bajo el lema de eficiencia y combate a la “casta farmacéutica”.

En la Casa Rosada admiten que Caputo mantuvo contactos con operadores logísticos para viabilizar el esquema. La adjudicación a Urbano Express no fue, entonces, una casualidad técnica, sino una decisión de poder: un movimiento pensado para consolidar un nuevo circuito de control estatal, con actores funcionales al Gobierno —aunque no necesariamente aliados políticos— y con capacidad de operar grandes volúmenes sin pasar por las viejas estructuras sindicalizadas o ligadas al peronismo.

Con la licitación ya concretada, Urbano Express comenzará en las próximas semanas a distribuir los pañales a más de 200.000 afiliados en todo el país. El nuevo sistema implicará un cambio total en la operatoria de PAMI, con impacto logístico, sanitario y financiero. Aunque el Gobierno defiende la medida como un avance en eficiencia y transparencia, las condiciones de la convocatoria, la ausencia de competencia real y la participación de una empresa con vínculos empresariales sensibles abren interrogantes sobre el verdadero alcance del modelo.

PL/JJD