El Gobierno nacional oficializó hoy la designación de la exministra de Seguridad Sabina Frederic como presidenta de la Comisión de Cascos Blancos, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores. El nombramiento quedó oficializado hoy con la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 726/2021, firmado por el presidente Alberto Fernández y el canciller Santiago Cafiero.

Según la norma, la nueva presidenta de Cascos Blancos tendrá “jerarquía de subsecretaria y rango de embajadora extraordinaria y plenipotenciaria”.

La Comisión de Cascos Blancos tiene el objetivo de “diseñar y ejecutar la asistencia humanitaria, la atención de las emergencias, la gestión integral del riesgo de desastres y la contribución al desarrollo sostenible de Argentina a nivel internacional”.

Según indica el sitio web oficial de la Cancillería, Cascos Blancos “actúa en contextos de catástrofe a solicitud de un Estado afectado o en el marco de un llamamiento internacional”. “Contamos con un mecanismo de respuesta rápida con capacidad de conformar en 48/72 horas equipos para la asistencia, coordinación, despliegue sobre el terreno y procesamiento de información para cada misión”, agrega la publicación.

En 27 años, Cascos Blancos realizó más de 700 misiones en el mundo que alcanzaron a 73 países en los 5 continentes.

“Nuestro modelo único de voluntariado refleja la vocación del Estado argentino de fomentar internacionalmente la solidaridad y el compromiso de la sociedad civil”, destaca la Cancillería

“Cada tres años recibimos el aval de la comunidad internacional expresado en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y en el apoyo y trabajo conjunto con numerosos organismos internacionales, regionales y subregionales. A nivel nacional, formamos parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGIR)”, se informó.

Frederic, que el mes pasado fue reemplazada por Aníbal Fernández al frente del Ministerio de Seguridad, es licenciada en Antropóloga Social, fue profesora titular de la Universidad Nacional de Quilmes e investigadora independiente del Conicet, directora del Departamento de Ciencias Sociales UNQ (2005-2008) y directora del Doctorado en Ciencias Sociales y Humanas de la UNQ (2012-2015).

CB con información de Télam

La ministra saliente de Seguridad, Sabina Frederic, dijo que fue “un honor” haber sido parte del Gabinete del presidente Alberto Fernández, luego de que el jefe del Estado anunciara en la noche del viernes que será reemplazada en el cargo por Aníbal Fernández.

“Es un honor para mí haber sido parte del equipo de @alferdez desde el inicio de su gestión”, escribió Frederic en su cuenta de Twitter.

Del mismo modo, la funcionaria saliente expresó: “Agradezco a las y los trabajadores del ministerio de Seguridad y de las Fuerzas la oportunidad de contribuir a una seguridad federal y democrática por la cual seguiré trabajando y militando”.

Frederic será sucedida en el cargo por Aníbal Fernández, quien fue ministro de la Producción en el gobierno de transición de Eduardo Duhalde; del Interior en el de Néstor Kirchner; y de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos y jefe de Gabinete en el primer mandato de la actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

Hasta ahora Fernández se desempeñaba como interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT S.A.).

CB con información de Télam

“No me ofreció nada. No le pedí nada”, dijo Aníbal Fernández el miércoles, hace apenas tres días. Había salido de la Casa Rosada luego de un encuentro a solas con Alberto Fernández. La crisis en el Gobierno reunió a “Los Fernández de Kirchner”, los varones que supieron ser la extensión de las manos y del Poder de Néstor Kirchner, presidente entre 2003 y 2007. El mote también era un guiño a la Primera Dama, Cristina, hoy vicepresidenta, la mujer que escribe cartas públicas y mueve piezas. 

No hubo ofrecimiento ni pedido en aquella reunión, pero anoche Aníbal Fernández, 64 años, fue designado ministro de Seguridad. Reemplazará a Sabina Frederic, la antropóloga que resistió cada embestida discursiva de su par en la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, el hombre que había sido rechazado por el Presidente cuando CFK lo propuso para el puesto. Fernández vuelve a la cartera que dirigió dos años, entre 2007 y 2009, y deja vacante el puesto de interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio.

Aníbal es un verdadero veterano de ministerios. Incluso ostenta un récord de permanencia. Integró el Gabinete durante tres presidencias consecutivas. Ministro de Producción de Eduardo Duhalde, del Interior con Néstor Kirchner, y el de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, como se llamaba la cartera durante la primera gestión de Cristina Fernández. Entre 2011 y 2015, segundo periodo de gobierno de CFK, fue senador por la provincia de Buenos Aires, secretario General de la Presidencia y jefe de Gabinete. 

Lo que también tuvo una trayectoria considerable fue su bigote, que en 2003 cumplió 19 años sin que lo tocara el filo de la navaja. Se afeitó por primera vez a los 13 años y a pedido de su padre, quien le advirtió que si no se sacaba esa pelusa que llevaba sobre los labios “no le iba a crecer nunca”. A los 18 decidió dejarlo crecer. La única vez que se los quitó fue por una promesa: que su primer hijo naciera sin problemas. Bigote en bloque, bigote grueso, ancho, tupido, a lo morsa, redondeado, recortado, tipo “telón”, entrecano: una marca de estilo. 

Aníbal Fernández se anotó en un curso para aprender la técnica del cultivo de bonsái. Toca la guitarra criolla (sí, como Alberto, en cualquier lugar y contexto, y si no son Los Redondos es Lito Nebbia, pero siempre es una que sabemos todes), una vez animó el cumpleaños del ahora ex canciller Felipe Solá. Tiene cierta destreza para rimar octosílabos, a lo José Hernández en su composición Martín Fierro. Escribía poemas para reclamar cosas a otros ministros. Un expediente, por ejemplo: “El expediente e’ reclamo/ es el 38 aparcero/ lo tiene el pelado Otero/ que es buen amigo y paisano/ haceme esta gran gauchada/ total no te cuesta nada”. 

“La Morsa”: aquella tragedia de enredos

Cristina lo ungió candidato a gobernador de la Provincia para el periodo 2015-2019 y Aníbal se lanzó a la campaña. Una semana antes de las elecciones vincularon su nombre a un apodo: La Morsa. Lo que sigue es una tragedia de enredos: tres empresarios farmacéuticos son asesinados en 2008, el caso se conoce como el Triple Crimen de General Rodríguez; se dice que están relacionados con el tráfico de efedrina; el tal “La Morsa”, también en el negocio, era amigo de los asesinados; años después Martín Lanatta, unos de los acusados de matar a los hombres, dice que “La Morsa” es Aníbal, lo hace durante una entrevista para el programa conducido por el periodista Jorge Lanata y organizada en el living de Elisa Carrió. La consecuencia es letal para Fernández, que en las elecciones provinciales obtiene el 35% de los votos, y el kirchnerismo pierde la Provincia en manos del PRO. Fernández dijo que fue víctima de una operación. “La Morsa” sería un ex agente de la SIDE, pero eso se supo recién cinco años después.

Con Mauricio Macri como jefe de Estado, Aníbal se dedicó a dirigir la Confederación Argentina de Hockey, cargo que había tomado en 2013 y dejó en 2016, luego de la que Oficina de Anticorrupción, bajo el mando de Laura Alonso, investigara un contrato entre el Estado y la Confederación por 56 millones de dólares para construir 46 canchas de césped sintético en el país. En un posteo en Facebook, Aníbal denunció “persecución contra dirigentes”, aclaró que él no tenía que ver y chau hockey. Ese año reapareció en la Cumbre del Partido Justicialista de 2016. Cambio de look: full barba blanca. Después se mantuvo en las sombras. O en la tele, cuando lo invitaban. A propósito: Aníbal suele preguntar cuánto midió en rating su rato de participación en el programa.

“Debo ser uno de los tipos más discretos que hay en la política”

Nació en Quilmes en enero de 1957, seis meses después del levantamiento del general Valle contra la Revolución Libertadora. Su padre quería llamarlo Juan Domingo. La madre se opuso, quería llamarlo con la combinación de nombres de sus hermanos, Aníbal Alberto. Al final, arreglaron: Aníbal Domingo. Es abogado y contador público. En 1983 entró como asesor del Concejo Deliberante de Quilmes, en 1991 fue elegido intendente de ese partido. Lo sobreseyeron de una denuncia por “mal desempeño en sus funciones” mientras dirigía el municipio. Fue ministro de Trabajo bonaerense durante el gobierno de Carlos Ruckauf. 

Lenguaraz, sus años más mediáticos fueron a partir de 2003, cuando dejó la banca que había ganado como diputado de la mano de Ruckauf y aceptó ser ministro del Interior de Kirchner. “Debo ser uno de los tipos más discretos que hay en la política”, dijo a Veintitrés ese año. Y a Debate, cuando le preguntaron si se proyectaba como presidente: “Antonio Cafiero me dijo alguna vez que no conoce un cura que no se acueste pensando en ser Papa. Yo tampoco”. Sobre Ricardo López Murphy, actual precandidato por la oposición, dijo a Noticias: “Tiene tanto tacto político como un elefante con anfetaminas en un bazar”. 

Antonio Cafiero me dijo alguna vez que no conoce un cura que no se acueste pensando en ser Papa. Yo tampoco.

Aníbal Fernández.

Pero no hay que ir tan atrás. El año pasado, el ex presidente Mauricio Macri viajó a Asunción, Paraguay, en avión privado. Ida y vuelta en el día, cuando nadie podía viajar por el virus. Nadie dio detalles sobre el encuentro con el ex mandatario de ese país, Horacio Cartes. “Creer que Macri viajó a Paraguay a hacer algo honesto es más difícil que envolver una jirafa para regalo”, sentenció Aníbal. 

Narcotráfico, violencia machista y ciberdelito

El Ministerio de Seguridad de la Nación no tiene cifras actualizadas de delitos. La información que ofrece el sitio web oficial llega hasta el último año de la gestión de la ex ministra Patricia Bullrich. Hubo entre 2017 y 2019 un aumento de delitos contra la propiedad y una baja en delitos contra las personas. Frederic analizó en 2020, primer año de pandemia, el uso de armas de fuego que involucran a agentes de las cuatro fuerzas bajo su órbita: la Gendarmería; Policía Federal Argentina, Seguridad Aeroportuaria y Prefectura. 

El lunes, cuando el Presidente le tome juramento, Aníbal retomará un Ministerio que conoce. Las zonas “complejas” siguen siendo la provincia de Buenos Aires y Santa Fe, dominadas por el narcotráfico. Y deberá enfrentar un tema en agenda: la violencia contra las mujeres. El año pasado, el de las restricciones por el Covid-19, hubo 251 víctimas de femicidios en el país. El cibercrimen también aumentó. La Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) registró una suba en denuncias por estafas virtuales y un ascenso del 80% de delitos cometidos contra menores de edad, como grooming. 

 VDM/WC

En medio de una campaña política que está en su punto más álgido, entre declaraciones cruzadas, críticas a gestiones pasadas y actuales y frases que impactan, ya sea por su contundencia o por su liviandad, las polémicas están a la orden del día; en los medios, en las redes sociales y en cuanta entrevista se escuche o se lea. En las últimas horas, una frase de la ministra de Seguridad Sabina Frederic fue la que utilizaron propios, rivales y ajenos para criticar con dureza la gestión de la funcionaria oficialista.

Al responder a una consulta periodística en radio Mitre sobre los residentes argentinos que eligen migrar a otro país, Frederic sostuvo que Suiza “es más tranquilo, pero más aburrido. Hay que tratar de hacer este país lo mejor posible”. La frase generó la reacción opositora, le dio otra chance al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, de recargar las tintas contra la funcionaria nacional y hasta puso de manifiesto la ironía del embajador suizo en Argentina, Heinrich Schellenberg.

La titular de Seguridad se había referido a Suiza en medio de una entrevista en relación a un hecho de inseguridad ocurrido días atrás en la localidad bonaerense de Ituzaingó, tras el que fallecieron un ladrón de 19 años y un jubilado, de 69. Al ser consultada sobre si para no sufrir miedo, producto de la inseguridad, era mejor vivir en otro país, Frederic respondió: “Suiza es más tranquilo, pero más aburrido. Hay que tratar de hacer este país lo mejor posible. Sigo viviendo en Temperley, yo tengo custodia, pero sí sé del miedo”, manifestó.

Horas después, la funcionaria explicó sus dichos al periodista Luis Novaresio: “Representa mi pensamiento. ¿Mi pensamiento es horrible? No hablé del tema de seguridad. Estoy diciendo que tiene que ver con la cuestión política, con lo que hay para hacer. (Suiza) Es un lugar en el que no hay nada para hacer porque está todo resuelto. Argentina es mi país, tiene todo para hacer y elijo vivir acá”, sentenció.

Berni, Frederic y el “onanismo intelectual”

Además de la esperable reacción de la oposición, quien aprovechó la frase para dejar claro una vez más su antagonismo con Frederic, fue su par en la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni. Para el ministro, durante la pandemia, la funcionaria nacional “estuvo de fiesta. Nosotros, en vez de estar de fiesta, estuvimos trabajando. Con esa mirada intelectual que no tiene nada que ver con la realidad, los que vivimos en el Conurbano sentimos que está en otra frecuencia”, expresó Berni y amplió. “La ministra habla como antropóloga y se olvida que es ministra; para ella el Conurbano es el campo del onanismo intelectual. Ella cree que nosotros vivimos de joda. Está tan jodona en plena crisis del Olivos Gate, que pidió la reelección de Fernández. ¿Por qué no se sensibiliza con nuestros muertos? ¿Por qué no viene a trabajar a las villas con nosotros? ¿Por qué no viene a trabajar en contra del narcotráfico con los problemas que tenemos acá?”, concluyó.

Embajador suizo, ironía y sutileza

Hasta que apareció un actor menos pensado en medio de la polémica: el embajador suizo en Argentina, Heinrich Schellenberg, que se sintió tocado por las palabras de Frederic y optó responderle con ironía y sutileza, a través de su cuenta de Twitter. El diplomático eligió difundir un video de promoción del turismo en el país europeo, protagonizado por el tenista Roger Federer y el actor estadounidense Robert De Niro, con la leyenda: “El ‘aburrido’ de Federer”.

IG

La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, afirmó este sábado que “hasta el momento no hay ninguna pista firme” sobre el atentado sufrido el jueves por la noche en Corrientes por el diputado provincial del Frente de Todos (FdT) Miguel Arias, baleado durante un acto de cierre de campaña en el pueblo de Tapebicúa, y aseguró que “se va a reconstruir el hecho para cerrar hipótesis y sospechas”.

El ministro de Seguridad de Corrientes, Juan José López Desimoni, estimó que “el atacante pudo haber venido desde Paso de los Libres”.

Arias, en tanto, permanecía este sábado “lúcido y estable” internado en el hospital escuela José de San Martín, según el último parte médico difundido por ese centro de salud que también señaló que “su pronóstico sigue siendo reservado”.

“Hasta el momento no hay pistas firmes, se va a reconstruir el hecho para cerrar hipótesis y sospechas”, dijo la ministra esta mañana en diálogo con la radio AM 750, en las que informó que Arias se encuentra estable pero que “la munición todavía no se pudo extraer del cuerpo”.

“Es muy importante la pericia de la camisa de Arias porque determina la distancia de la que se efectuó el disparo y por la dirección”, señaló Frederic.

Arias fue baleado el jueves por la noche en el abdomen en la localidad de Tapebicuá, en el marco de un acto de cierre de campaña del Frente de Todos (FdT), cuando estaba en un escenario junto a candidatos locales del frente Corrientes de Todos y el intendente de la localidad de Paso de los Libres, Martín Ascúa.

La ministra recordó que se ofreció “darle custodia a los candidatos y con Gendarmería vamos a reforzar la custodia en el pueblo donde sucedió el acto”.

La ministra de Seguridad, que viajó el viernes a Corrientes para “atender la investigación”, confirmó ayer que dos brigadas de la Policía Federal se desplazarán a Paso de los Libres para colaborar con la investigación, a pedido del presidente Alberto Fernández.

“Venimos a traerles tranquilidad, el apoyo del Presidente de la Nación y este sentimiento de indignación que deja este hecho en la Argentina del siglo XXI. Que sepan los correntinos que el gobierno nacional está con ellos para colaborar en que este hecho sea esclarecido muy rápidamente, que es lo que le va devolver la tranquilidad a los correntinos”, señaló en una conferencia de prensa realizada en el municipio de Paso de los Libres.

Frederic sostuvo este sábado que tuvo conversaciones con el gobernador de Corrientes y aseguró que “están bastante consternados por el hecho”.

En tanto, el ministro de Seguridad de Corrientes explicó que “en Tapebicuá se conocen todos, pero ocurre que de las 80 personas aproximadamente que estaban en el acto, alrededor de la mitad eran de Paso de los Libres”, y recordó que esa localidad está “a unos 50 kilómetros y habían llegado en varios autos y camionetas, así que una de la hipótesis es que el atacante pudo haber formado parte de ese grupo”.

“La tarea investigativa del ataque al diputado Arias está en manos del fiscal de la causa y el gobernador Gustavo Valdés ha movilizado a todo su gobierno para ponerse a disposición de la Justicia”, expresó López Desimoni en diálogo con radio Mitre.

Asimismo, señaló que “hay varias líneas de investigación en marcha por parte del fiscal, con la policía provincial como su auxiliar” y sostuvo que “se está en la etapa de afianzar o descartar cada una de ellas de acuerdo a la prueba que se produzca”.

“Anoche hasta última hora estuvimos con peritos de la policía, de la unidad fiscal y de la Gendarmería”, expresó y dijo que “todavía no se tiene imágenes radiográficas de la herida del diputado Arias, y eso es muy importante para determinar la velocidad y la distancia de la bala”.

El funcionario provincial dijo que “para nosotros esto fue algo muy sorprendente y muy trágico”, porque “veníamos con una campaña electoral muy tranquila”.

Arias fue herido de un balazo en el abdomen el jueves a la noche, durante el acto de cierre de campaña del FdT en Tapebicuá, tras lo cual el diputado fue trasladado 55 kilómetros en un móvil policial hasta el hospital San José de Paso de los Libres, donde fue intervenido quirúrgicamente.

Tras esa intervención, Arias fue trasladado en un avión sanitario a la capital correntina y permanece internado en el hospital escuela General San Martín.

El diputado fue atacado con un arma de fuego calibre 22 por una persona cuya identidad se desconoce. Medios locales consignaron que el disparo se habría hecho desde un auto en movimiento. 

Actualizado a las 19:50 con declaraciones del ministro de Seguridad de Corrientes

CB /CRM con información de Télam

La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, repudió este viernes la agresión sufrida por el diputado correntino Miguel Arias, y ratificó el objetivo de su presencia en la provincia para “atender la investigación”, al tiempo que no dudó en calificar al hecho como un “acto de violencia política, ya que fue en el contexto de una campaña, con los candidatos presentes”.

La funcionaria nacional detalló que estuvo reunida con los fiscales, el ministro de seguridad correntino y el jefe de la Policía local. “Venimos a traerles tranquilidad, el apoyo del Presidente de la Nación y este sentimiento de indignación que deja este hecho en la Argentina del Siglo XXI. Que sepan los correntinos que el gobierno nacional está con ellos para colaborar en que este hecho sea esclarecido muy rápidamente, que es lo que le va devolver la tranquilidad a los correntinos”, señaló en una conferencia de prensa realizada en el municipio de Paso de los Libres para actualizar las últimas novedades respecto al atentado que sufrió Arias.

Asimismo, Frederic confirmó que se solicitó a Gendarmería “una Unidad Pericial paran realizar la reconstrucción del hecho, en horas de la noche. Hay custodia de Policía Federal para los candidatos que lo requirieron y nos ofrecimos a participar de la pericia que se va a hacer de la camisa de Arias. Además, vienen dos brigadas federales de investigación de Misiones y la Prefectura que puede hacer patrullajes en el río Uruguay”.

Además, la titular de Seguridad recalcó que Corrientes “no corre riesgo de intervención federal y el Presidente también lo entiende así. Este hecho no va a empeñar el proceso democrático”, al tiempo que sostuvo que las autoridades provinciales y judiciales “estuvieron muy agradecidos, nos escuchamos, preguntamos, vimos las pruebas, apareció un video que está a disposición del fiscal y ahora hay que ver qué pasos se siguen”.

Por otra parte, Gloria Pared, candidata a viceintendenta por el Frente Corrientes de Todos en la localidad de Tapebicuá, de 800 habitantes, quien era la oradora al momento en que Arias fue atacado este jueves con un balazo, se mostró consternada previo a la conferencia de prensa de Frederic: “Acabo de mirar el video que me llegó a mi teléfono, estoy conmocionada, no puedo hacer un comentario porque el disparo estaba dirigido a mí, el video está claro, yo estaba hablando cuando se dio el disparo. El disparo vino directo a mí que estaba de pie”, expresó. Para Pared, “todo pasó muy rápido. Es muy raro que quien disparó haya desaparecido, así como así. Nos conocemos todos, somos todos vecinos. Esto es increíble, terrible”, lamentó y le deseó una pronta recuperación a su compañero de militancia: “Que se mejore, Dios quiera que se mejore. Y que esto no quede impune, que se investigue cómo fue, quién fue, para quién era ese disparo”.

En tanto, Martín Ascuá, intendente de Pasos de los Libres, volvió a repudiar “absolutamente este hecho salvaje en pleno proceso de la democracia. Quiero agradecer profundamente la presencia de la Ministra de Seguridad, el compromiso del Ministerio del Interior, de las Fuerzas de Seguridad y del Presidente, que nos ha enviado su apoyo”. Y agregó: “Pedimos al fiscal actuante un pronto esclarecimiento del hecho”.

Participaron de la conferencia de prensa, además de Frederic y Ascuá, el secretario de Articulación Federal, Gabriel Fuks; el Jefe de la Policía Federal Argentina, Juan Carlos Hernández; el Superintendente de Investigaciones Federales de la PFA, Mariano José Giuffra y el Secretario de Interior del Ministerio del Interior, José Lepere.

Parte médico

El hospital Escuela “General San Martín” de la Capital de Corrientes, donde se encuentra el diputado, difundió en la tarde de este viernes el último parte médico: “El paciente Miguel Arias se encuentra en terapia intensiva, bajo tratamiento, su condición es estable, bajo estrecha vigilancia de sus heridas. Tiene una leve asistencia con bajo requerimiento de oxígeno. Se encuentra estable, con pronóstico reservado, de acuerdo a su evolución”.

El diputado fue atacado con un arma de fuego calibre 22 por una persona cuya identidad se desconoce. Medios locales consignaron que el disparo se habría hecho desde un auto en movimiento. 

Comunicado del Frente de Todos

IG

El expresidente Mauricio Macri apeló este martes la decisión del juez federal Javier López Biscayart, quien había rechazado el lunes un pedido de los abogados del exmandatario para suspender la investigación interna del Ministerio de Seguridad de la Nación sobre el presunto contrabando de municiones a Bolivia, según informó a elDiarioAR una fuente directa del expediente.

En la cartera a cargo de Sabrina Frederic, Gendarmería Nacional instruye un sumario administrativo para determinar las circunstancias en las que supuestamente se desviaron parte de los 70 mil cartuchos antidisturbios que tenían como destino oficial la embajada argentina en Bolivia y habrían terminado en manos de las fuerzas bolivianas en noviembre de 2019, en el marco del golpe de Estado contra Evo Morales y las manifestaciones en ese país. 

El sumario administrativo o investigación interna es central en el avance de la causa judicial contra Macri; sus exministros Patricia Bullrich (Seguridad) y Oscar Aguad (Defensa); el exembajador argentino en Bolivia, Normando Álvarez García; y exautoridades y miembros de Gendarmería Nacional imputados en el caso. A través de este sumario, el Ejecutivo nutre al expediente de pruebas oficiales sobre el supuesto contrabando, que la Justicia debe luego corroborar. 

Macri y sus abogados, con Pablo Lanusse a la cabeza, vienen planteando ante el juzgado que se frene con una orden judicial el avance de este sumario administrativo porque afectaría el derecho de defensa del expresidente. Macri y sus exfuncionarios sostienen que la causa es parte de una supuesta persecución política del gobierno de Alberto Fernández en su contra, según declaraciones públicas. elDiarioAR se comunicó con el defensor de Macri pero hasta el momento no obtuvo respuesta.

El juez rechazó este lunes el pedido de paralizar el expediente interno y respondió que el Poder Judicial no puede interferir en las competencias administrativas del Ejecutivo. Macri apeló esa denegatoria y el magistrado López Biscayart deberá decidir si habilita a la defensa a acudir ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico para que sus superiores revisen su decisión contra Macri.

Seguridad presentó este lunes una primera parte del sumario administrativo -que avanza con velocidad- con las declaraciones de un grupo de gendarmes que participaron en el operativo de traslado del arsenal, confirmó una fuente judicial. También aportaron supuestas pruebas sobre la trazabilidad del armamento investigado.

En la investigación interna aún restan medidas, informó una fuente del caso a elDiarioAR, entre ellas, las declaraciones de cuatro de las exautoridades de Gendarmería pasados a disponibilidad que habrían tenido conocimiento del traslado del armamento y municiones del que se habrían contrabandeado una parte.

También deben declarar los miembros de la tripulación del Hércules c-130 que realizó el vuelo a Bolivia con el cargamento y agentes del Grupo Alacranes, una fuerza especial dentro de Gendarmería, que viajaban en el avión que realizó el traslado, como informó ayer este medio. 

Según Seguridad, en 2019, el gobierno de Macri envió armamento y municiones de Gendarmería para proteger la sede de la embajada argentina y realizar pruebas de entrenamiento de la fuerza en ese país. En el cargamento, se incluyeron 70 mil cartuchos antidisturbios que serían parte de una adquisición realizada por el ministerio de Bullrich en 2018 para los operativos de seguridad del G-20, que tuvo lugar en Buenos Aires el 30 de noviembre y 1° de diciembre de 2018. 

Sin embargo, parte de esas municiones habrían terminado en manos de la Policía Boliviana, mientras se desarrollaban operativos de represión en el marco del derrocamiento de Evo Morales.

Parte de ese material fue hallado en bolsos rotulados como ‘guantes’, dando cuenta del obrar doloso y malintencionado para ocultar su verdadero contenido.

Denuncia del Gobierno.

Entre las pruebas que incorporó a la causa el sumario interno hay fotografías y documentación sobre el material hallado en los depósitos de la Policía Boliviana, que se corresponde con el material presuntamente contrabandeado, según informó el ministerio de Seguridad. Lo que quedó en los depósitos son “26.900 cartuchos de perdigón de goma; 28 gases aerosol; 19 gases aerosol; 55 granadas gas CN; 53 granadas gas H; 19 granadas gas CS y 2 granadas tipo Béisbol”. Todo fue fabricado por Fabricaciones Militares en Argentina y comercializado a Gendarmería en 2018, informó la cartera de Sabrina Frederic.

“Esto significa que las municiones recibidas por la Policía Boliviana no pudieron tener otro origen que no sea el envío por parte de la Gendarmería, a través del desvío de una parte de las 70.000 balas de gomas que Gendarmería sacó del país el 12 de noviembre de 2019 con el argumento de defender la embajada en el Estado Plurinacional de Bolivia”, agregó la cartera de Seguridad. 

“Parte de ese material fue hallado en bolsos rotulados como ‘guantes’, dando cuenta del obrar doloso y malintencionado para ocultar su verdadero contenido”, sostiene un comunicado oficial de Seguridad sobre las pruebas presentadas este lunes en la Justicia.

El origen de la causa

El 12 de julio, el Gobierno de Alberto Fernández denunció a Macri, a los exministros Bullrich (Seguridad) y Aguad (Defensa); al exembajador argentino en Bolivia; y a exautoridades y miembros de Gendarmería Nacional por el supuesto contrabando de municiones que habrían sido destinadas ilegalmente a las fuerzas que apoyaban el golpe a Morales.

Fue luego de que el actual gobierno boliviano hiciera las primeras acusaciones, tras el hallazgo de una carta que reveló el envío presuntamente ilegal. 

ED

El fiscal en lo Penal Económico Claudio Navas Rial imputó este lunes al entonces comandante de Gendarmería Adolfo Héctor Caliba, señalado como el encargado de coordinar con la policía boliviana el envío de elementos bélicos durante los días en los que se produjo el golpe de Estado contra el gobierno de Evo Morales, en noviembre de 2019, informaron fuentes judiciales.

De acuerdo al comunicado de la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N°9 publicado en Fiscales.gob.ar, Navas Rial, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N°9, informó este lunes que los nuevos elementos presentados por la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria, y la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont, en su ampliación de denuncia del 23 de julio pasado, “permiten robustecer la hipótesis del caso originalmente trazada” al impulsar la acción penal por el posible contrabando agravado de armas y municiones al Estado Plurinacional de Bolivia el 12 de noviembre de 2019.

En su nueva presentación, los funcionarios nacionales dieron cuenta sobre el hallazgo en depósitos de la Policía de la República Plurinacional de Bolivia de armamentos y municiones que se corresponderían, en parte, con los pertrechos cuyo contrabando investigan el fiscal Navas Rial y el titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°9, Javier López Biscayart, al tiempo que aportaron documentación oficial interna que reforzaría dicha hipótesis. Asimismo, sostuvieron que existió un desvío de armamento en favor de la Policía y la Fuerza Aérea Boliviana, y que para ello, se falsearon permisos y declaraciones juradas aduaneras y administrativas con el argumento de que el fin del armamento era “la seguridad y protección del Señor embajador argentino, su residencia, las instalaciones Diplomáticas, como así también el personal que se encuentre dentro de la misma”, y que para justificar el desvío del material, la Gendarmería Nacional Argentina informó que las municiones fueron consumidas en ejercicios de entrenamiento y prácticas de tiro“.

El pasado 16 de julio, el representante del Ministerio Público Fiscal imputó al entonces presidente de la Nación Mauricio Macri; a sus ministros de Seguridad y Defensa, Patricia Bullrich y Oscar Aguad; al entonces embajador en Bolivia, Normando Álvarez García; al ex director general de la Gendarmería Nacional, Gerardo José Otero; y a los entonces directores de Logística y Operaciones de esa fuerza, Rubén Carlos Yavorski y Carlos Miguel Recalde, respectivamente.

Ahora, al intervenir en la ampliación de denuncia, el fiscal Navas Rial reseñó las nuevas pruebas remitidas por los denunciantes, extendió la imputación oportunamente formulada al entonces Comandante de la Gendarmería Nacional Argentina, Adolfo Héctor Caliba, “en razón del rol que este habría desplegado en el aeropuerto del Alto, La Paz, en las tareas de recepción del personal de Gendarmería y de los armamentos y municiones aparentemente enviado” y señaló “que la acción penal que emerge de los hechos descriptos en mi anterior dictamen abarca a los sucesos que ahora se revelarían con más detalle (y con apoyo en nuevos elementos)” por lo que consideró “que la acción penal se encuentra debidamente instada y está vigente”. También, consideró que las medidas de prueba solicitadas por los denunciantes -que se suman a las ya solicitadas por la Fiscalía- resultaban “conducentes para la averiguación de la verdad”.

Con información de agencias y Fiscales.gob.ar.

IG

En medio de las repercusiones por la denuncia del Gobierno boliviano de que durante la administración de Mauricio Macri se envió material antidisturbios para reprimir las protestas tras el golpe de Estado contra Evo Morales en 2019, la Dirección General de Aduanas (DGA) informó que inició una investigación para determinar si hubo algún tipo de delito en esos envíos.

“La investigación de la DGA se propone determinar la eventual existencia de un delito en el egreso y posterior reingreso de las armas de fuego y otros materiales controlados”, señaló el organismo, que depende de la AFIP.

Además, apuntó que llevará adelante otra investigación para verificar la regularidad de los procedimientos que se llevaron a cabo en ese momento. Las dos pesquisas abiertas por la institución que encabeza Silvia Traverso buscan “aportar a la investigación judicial de los hechos”, indicó la DGA.

Un informe preliminar del Ministerio de Seguridad de la Nación dado a conocer el sábado menciona “inconsistencias” y “diferencias sugestivas” en la documentación sobre el envío de material antidisturbios a la embajada argentina en Bolivia y los registros de ingreso a ese país durante los días que siguieron al golpe de Estado contra Evo Morales. 

“La inconsistencia entre lo autorizado por la Agencia Nacional de Materiales Controlados y lo autorizado y registrado por la policía boliviana muestra diferencias sugestivas en lo que refiere al armamento declarado ante las autoridades bolivianas (granadas no informadas) y las cantidades de municiones registradas (1.350 municiones anti-tumultos registradas por la policía boliviana y más de 70.000 utilizadas por la Agrupación ALACRAN de la GNA)”, dice el informe ordenado por la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, a las cuatro fuerzas para establecer posibles responsabilidades.

“Hay información dentro de la Gendarmería, que pudimos identificar en estas últimas 48 horas, que estaría confirmando el envío de estas municiones”, señaló el sábado Frederic en declaraciones radiales, y aclaró que pese a que en un primer momento se habló de “40.000 municiones, figuran 70.000, o sea, casi el doble” indicado en una de las notas encontradas.

La titular de Seguridad dijo que el delito que se podría configurar por estas irregularidades es el de contrabando. “Hay un registro de salida de determinado material y un registro de la policía de Bolivia que habla de otro material sin nombrar lo que nosotros detectamos, habría sido como mínimo contrabando. Si hay delito, deben pagar todos los responsables porque son muchas dependencias las que se necesitan para sacar este material: Seguridad, Justicia, Aduana, AFIP, Cancillería y Defensa”, señaló en una entrevista con el diario Perfil.

Además, reafirmó que estos hechos no podrían haberse dado “sin la decisión del presidente, aunque el jefe de Estado no haya firmado nada”. “Vamos a ir a fondo con la investigación contra todos los que sean responsables, tanto hacia abajo como hacia arriba y en cada uno de los ministerios”, señaló.

El expresidente Macri publicó este sábado un comunicado en el que rechaza categóricamente las acusaciones de envío durante su Gobierno de “material bélico” a Bolivia y repudia la carta que el presidente Alberto Fernández envió a su par boliviano, Luis Arce, pidiéndole disculpas.

Por otra parte, la Intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), a cargo de Cristina Caamaño, informó este sábado que “luego de haber tomado conocimiento del envío de armamento policial a la República Plurinacional de Bolivia”, inició “una investigación interna con el objeto de determinar si personal del organismo desplegado en ese país realizó algún tipo de actividad que pudiese haber aportado a la consumación del Golpe de Estado” contra el entonces presidente Evo Morales.

CB

Un informe preliminar del Ministerio de Seguridad de la Nación menciona “inconsistencias” y “diferencias sugestivas” en la documentación sobre el envío de material antidisturbios a la embajada argentina en Bolivia y los registros de ingreso a ese país durante los días que siguieron al golpe de Estado contra Evo Morales en 2019. 

“La inconsistencia entre lo autorizado por la Agencia Nacional de Materiales Controlados y lo autorizado y registrado por la policía boliviana muestra diferencias sugestivas en lo que refiere al armamento declarado ante las autoridades bolivianas (granadas no informadas) y las cantidades de municiones registradas (1.350 municiones anti-tumultos registradas por la policía boliviana y más de 70.000 utilizadas por la Agrupación ALACRAN de la GNA)”, dice el informe distribuido este sábado por el Gobierno.

Este primer informe surge del pedido de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, a los jefes de las cuatro Fuerzas Federales de Seguridad para establecer las posibles responsabilidades ante lo denunciado el jueves por el Gobierno de Luis Arce en Bolivia, que presentó documentación sobre supuestos envíos de material bélico a esa nación para apoyar el golpe que puso en el poder a Jeanine Áñez.

En declaraciones radiales, Frederic aseguró hoy que “hay información dentro de la Gendarmería, que pudimos identificar en estas últimas 48 horas, que estaría confirmando el envío de estas municiones”, y aclaró que pese a que en un primer momento se habló de “40.000 municiones, figuran 70.000, o sea, casi el doble” indicado en una de las notas encontradas.

“Está claro que hay un circuito de armamento relativamente autorizado y hay otro, que son estas 70.000 municiones que son del mismo tipo que aparece en la nota de agradecimiento de la Fuerza Aérea boliviana, que tiene un circuito que por ahora no terminamos de entender bien”, detalló.

No obstante añadió que todo “parece bastante irregular” y puntualizó que en estos envíos “participaron varias dependencias del Estado”.

Diferencias en documentación

El documento dado a conocer hoy indicó que el 20 de enero de 2020 la Policía de Bolivia presentó a la embajada argentina en ese país dos informes elaborados el 12 y 28 de noviembre de 2019 en los que se autoriza “la internación y porte temporal en el Estado Plurinacional de Bolivia, de armas de fuego, su munición y materiales relacionados, al personal de la Agrupación Fuerzas Especiales 'ALACRAN' de la Gendarmería Nacional Argentina, para brindar seguridad en las instalaciones de la Embajada argentina y residencias oficiales, de fecha 13 de noviembre al 12 de diciembre de 2019”.

Además, se afirma que “el mencionado material y se equipamiento será transportado en fechas 12 al 14 de noviembre (…) en un avión Hércules perteneciente a la Fuerza Aérea Argentina”.

Las autoridades indicaron ahora que encontraron diferencias entre el material pedido y el registrado por la Policía de Bolivia en el informe, ya que no figuran granadas de mano ni spray anti-tumulto, que sí están entre lo enviado por Argentina.

Por otra parte, en la documentación sobre el envío desde Argentina figuran 70.000 cartuchos antidisturbios y la policía boliviana registra apenas 1.350 cartuchos. “Tampoco hay mención, en las autorizaciones realizadas en Argentina de 'Manta Antibomba' que sí figura en los registros de la policía boliviana, así como ocurre con detector de metales y demás elementos”, apunta el informe.

El texto destaca a su vez que en una rendición de cuentas realizada en julio de 2020 se indica que la Agrupación Fuerzas Especiales de GNA brindó seguridad a la embajada argentina en Bolivia y realizó “ejercicios de entrenamiento y prácticas de tiro con el armamento que fuera llevado en la comisión” y que en los mismo se usaron cartuchos antidisturbios, pese a que “el Grupo ALACRAN constituye un Grupo de Operaciones Especiales que no está entrenado ni preparado para operativos antidisturbios”. 

“El Grupo ALACRAN, que es la fuerza especial de la Gendarmería Nacional, no es la encargada de manejar munición antitumultos sino que utiliza armamento letal. Por tal motivo, no se comprende las aludidas 'prácticas de entrenamiento' que insumieron las 70.000 municiones 12/70 AT que el Grupo ALACRAN habría realizado en el Estado Plurinacional de Bolivia”, apunta.

La ministra de Seguridad dijo que “todas las dependencias del Estado están hoy trabajando a fondo para ir hasta el final y que aquí los responsables, sobre todo quienes están todavía activos en la función pública, asuman la responsabilidad y paguen el costo”.

Además, Frederic remarcó que “muchas dependencias del Estado tuvieron que intervenir en forma regular o irregular” para el envío de ese material durante el gobierno de Juntos por el Cambio, y citó entre ellas al Ministerio de Defensa, de Relaciones Exteriores, la Aduana, el Ministerio de Justicia, y de Seguridad.

“Por lo tanto es muy difícil pensar que estas acciones no las supiera el expresidente” Macri, dijo Frederic.

Hasta ahora, tanto el excanciller Jorge Faurie, como la exministra de Seguridad Patricia Bullrich y el exembajador argentino en Bolivia Normando Alvarez García deslindaron cualquier responsabilidad por el supuesto envío al país vecino.

CB/WC

La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, señaló este sábado que “hay información dentro de Gendarmería que confirmaría” el envío de material a Bolivia por parte de la administración de Mauricio Macri durante el golpe de Estado contra Evo Morales en 2019, tal como denunció el Gobierno de Luis Arce, y ordenó a las cuatro fuerzas un informe para establecer posibles responsabilidades.

“Primero, queremos remarcar que es un hecho gravísimo y escandaloso de apoyo del gobierno argentino por parte del entonces presidente Mauricio Macri, contra el gobierno de Evo Morales, y aparentemente, a las fuerza sediciosas”, dijo Frederic esta mañana en declaraciones a CNN Radio.

De esta manera, se refirió a la denuncia del vecino país formulada el jueves pasado por el canciller de Bolivia, Rogelio Mayta, respecto de supuestos envíos de material bélico a esa nación para apoyar el golpe que puso en el poder a Jeanine Áñez.

“Hay información dentro de la Gendarmería, que pudimos identificar en estas últimas 48 horas, que estaría confirmando el envío de estas municiones”, señaló Frederic, y aclaró que pese a que en un primer momento se habló de “40.000 municiones, figuran 70.000, o sea, casi el doble” indicado en una de las notas encontradas.

“Por ahora tenemos la posibilidad de confirmar que es altamente probable que esto haya sucedido”, amplió, tras asegurar que “todas las dependencias del Estado están hoy trabajando a fondo para ir hasta el final y que aquí los responsables, sobre todo quienes están todavía activos en la función pública, asuman la responsabilidad y paguen el costo”, precisó la titular de la cartera de Seguridad.

Además, Frederic remarcó que “muchas dependencias del Estado tuvieron que intervenir en forma regular o irregular” para el envío de ese material durante el gobierno de Juntos por el Cambio, y citó entre ellas al Ministerio de Defensa, de Relaciones Exteriores, la Aduana, el Ministerio de Justicia, y de Seguridad.

“Por lo tanto es muy difícil pensar que estas acciones no las supiera el expresidente” Macri, dijo Frederic.

Hasta ahora, tanto el excanciller Jorge Faurie, como la exministra de Seguridad Patricia Bullrich y el exembajador argentino en Bolivia Normando Alvarez García deslindaron cualquier responsabilidad por el supuesto envío al país vecino.

Pedido de informe

“El jueves pasado, por petición del presidente Alberto Fernández, envié notas a cada una de las fuerzas para que indiquen en un plazo de 72 horas cuál había sido el movimiento del material que se denunció, en realidad que se agradece en la nota”, hallada por las autoridades bolivianas y difundida junto a la denuncia, indicó Frederic. 

“Tenemos información preliminar que fue surgiendo del trabajo que está haciendo toda la Gendarmería a través de una investigación administrativa”, dijo Frederic en las declaraciones radiales, y precisó que esa fuerza “identificó notas del mes de noviembre del 2019 donde hay un primer pedido (de material)” donde participa la “Agencia Nacional de Materiales Controlados, que es la que se ocupa del registro de armamento y la que también autoriza la salida transitoria de material”.

Agregó que en este caso se trataría de “material antidisturbios” con lo cual “existe este pedido de la Gendarmería a la ANMaC para que autorice la salida transitoria de material de este tipo”.

Por otra parte, resaltó que hay notas, donde “en la primera se solicita la salida transitoria de pistolas, fusiles, chalecos antibalas, visores nocturnos, y 1.300 cartuchos antitumulto”.

“Esa primera nota se corresponde con una nota que envía la policía de Bolivia a la Argentina en enero del 2020 que de alguna manera certifica que ese material llegó, y ese material acompañó al grupo Alacrán que son los 11 efectivos de la Gendarmería que Bullrich autorizó a la salida del país”, dijo la ministra.

Por otra parte sostuvo que existe “una segunda nota del 12 de noviembre del 2019 donde la Gendarmería por orden de (Gerardo) Otero que era el Comandante General de ese momento, solicita la autorización para el envío a Bolivia en forma transitoria de 70.000 cartuchos antitumulto, 600 granadas antitumulto y 100 garrafas de gas pimienta”, enumeró la funcionaria.

“Está claro que hay un circuito de armamento relativamente autorizado y hay otro, que son estas 70.000 municiones que son del mismo tipo que aparece en la nota de agradecimiento de la Fuerza Aérea boliviana, que tiene un circuito que por ahora no terminamos de entender bien”, detalló.

No obstante añadió que todo “parece bastante irregular” y puntualizó que en estos envíos “participaron varias dependencias del Estado”.

Por otro lado, la funcionaria también consideró “absurdo” que se niegue la veracidad de esas notas debido a que “eso circuló por el sistema de tramitación de expedientes digital habitual, que el mismo que el gobierno de Macri dejó” habilitado.

CB con información de Télam

Hay, al menos, un viaje confirmado: el que realizó un avión Hércules de la Fuerza Aérea para llevar a La Paz a trece efectivos del grupo Alacrán, un comando de Gendarmería enviado para custodiar la embajada argentina. El vuelo llegó a la capital boliviana la noche del martes 12 de noviembre de 2019, 48 horas después de que Evo Morales dejara el poder.

La novedad sobre el envío de un arsenal por parte del gobierno argentino durante los últimos días de la presidencia de Mauricio Macri, compuesto por 40.000 cartuchos antitumultos, gases lacrimógenos y más de 100 granadas de gas, desató en la Casa Rosada además de preocupación diplomática, la urgencia por reconstruir de donde salió ese material, cuándo y por qué vía fue enviado a Bolivia, y sobre todo quién dio la orden para hacerlo.

Importa el contexto: el domingo 10 de noviembre, Morales renunció a la presidencia luego de un ultimátum del jefe de las Fuerzas Armadas bolivianas y emprendió un raid para salir del país en medio de una cacería de funcionarios y partidarios de Morales. El expresidente, luego de gestiones diplomáticas que encabezaron Alberto Fernández y Manuel Andrés López Obrador, partió a México el lunes 11 en un avión militar de ese país.

Pero la crisis siguió y fue en estos días, entre el 12 y el 13 de noviembre, que personal militar recibió el arsenal enviado por el gobierno de Mauricio Macri. Jorge Faurie, el entonces canciller, negó que la gestión la haya hecho la Cancillería. Felipe Solá, el actual ministro de Relaciones Exteriores, consideró “imposible” que si hubo una nota enviada al embajador argentino en La Paz, Cancillería no tuviera conocimiento.

Este jueves por la noche, Florencia Arietto, que en ese momento era asesora de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad, publicó un tuit irónico sobre el volumen del material enviado. “Tres empanadas”, escribió.

El gobierno activó, por indicación de Fernández, una investigación para determinar de dónde salió ese material. La presunción, según confiaron a elDiarioAR fuentes oficiales, es que pertenecía a Gendarmería nacional. Suena lógica porque en esos días viajaron los gendarmes. Sin embargo, no era material para su uso. La nota que mostró este jueves el canciller boliviano Rogelio Mayta está fechada el 13 de noviembre.

Sabina Frederic, la ministra de Seguridad, le ordenó a los jefes de las cuatro fuerzas de Seguridad Federales que informen, dentro de un plazo de 72 horas, sobre el incidente Bolivia. La sospecha de que el arsenal salió de Gendarmería, pondrá la lupa sobre la cartera que en aquel momento dependía de Patricia Bullrich.

“Tiene que estar registrado el saliente y el faltante de material. Y, además, del procedimiento dio la orden”, explicó la noche del jueves a este medio una fuente de Casa Rosada.

La noche del jueves, en Seguridad solo informaban sobre el pedido de Frederic a las fuerzas para que indiquen qué tipo de responsabilidad le cupo a cada una, si es que tuvieron participación. En tanto, la cartera de Defensa solo habría intervenido a través del Hércules que voló el martes 12 a La Paz para trasladar a los efectivos del grupo Alacrán.

Luego de la conferencia de prensa del canciller boliviano, Alberto Fernández le envió una carta a su par de Bolivia, Luis Arce, y luego mantuvieron una comunicación por Zoom. En público y en privado, el presidente se disculpó por la actuación del gobierno argentino de entonces.

En aquellos días, como presidente electo, Fernández tuvo una participación activa para garantizar un “corredor diplomático” para que Morales pudiera salir del Bolivia porque no estaban dadas las condiciones de seguridad. Habló con AMLO, también con el presidente de Paraguay Mario Abdo y tuvo, incluso, una conversación con Martín Vizcarra, por entonces presidente de Perú. México, Paraguay y Perú eran, en esas horas, opciones para la salida de Morales.

PI

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, reveló este viernes que el avión Hércules C-130 perteneciente a la Fuerza Aérea Argentina (FAA) que transportó en 2019 material bélico a Bolivia durante el Gobierno de Mauricio Macri salió desde el aeropuerto de El Palomar y adelantó que su cartera va a coordinar con la de Seguridad para realizar la denuncia pertinente.

“Ayer por la noche se constató que el avión Hércules C-130 perteneciente a la Fuerza Aérea, donde se transportó el material bélico, había salido desde El Palomar. El material bélico que llegó a Bolivia no tiene ningún soporte legal”, aseguró Rossi esta mañana en declaraciones formuladas a las radios 10 y Del Plata.

El viernes, el Gobierno de Bolivia denunció que la administración de Macri proveyó de manera clandestina “material bélico” al régimen de Jeanine Áñez para reprimir las protestas sociales que ocurrieron tras el golpe contra Evo Morales y que tuvieron su punto máximo en las llamadas “masacres de Sacaba y Senkata”.

Según explicó Rossi hoy, “ningún elemento bélico puede salir de la Argentina sin la autorización del departamento de Defensa”.

El titular de la cartera de Defensa sostuvo que el avión “tenía el objetivo de transportar gendarmes y cargamento que iban a fortalecer la custodia de la embajada argentina en Bolivia, pero que además llevaba un cargamento no identificado que todavía no está la información de qué era, pero sabían que estaban haciendo algo totalmente ilegal, porque sino lo hubiesen detallado”.

“El Hércules C-130 partió el 12 de noviembre de 2019 a las 23.50 llegando entre las 4 y las 5 de la mañana del 13 a La Paz, justo ese mismo día es cuando el jefe de la fuerza aérea boliviana le emite una nota de agradecimiento al actual ministro de trabajo de (Gerardo) Morales”, Normando Álvarez García, que entonces era embajador argentino en Bolivia, precisó.

Sobre los pasos a seguir en esta causa, Rossi adelantó que “Defensa va a coordinar con la ministra de Seguridad -Sabina Frederic- para generar una denuncia, ya que el Hércules hizo aduana y, por ende, todo se puede confirmar”.

“Está claro que hubo una serie de países y una organización como la OEA que apoyaron abiertamente la ruptura del orden institucional y constitucional en Bolivia y apoyaron el Golpe de Estado, lo que es harto evidente”, remarcó Rossi.

El Ministerio de Seguridad que conduce Frederic solicitó el viernes por la noche a las autoridades de las cuatro fuerzas federales de seguridad que inicien de forma inmediata las “actuaciones administrativas que permitan establecer o no las posibles responsabilidades en los hechos”.

Con el objetivo de llevar adelante una “profunda investigación” que otorgue certezas en torno la cantidad y el tipo de material que se podría haber enviado al país vecino, Frederic exigió también que los informes sean “entregados en un plazo máximo de 72 horas”.

Tras la denuncia del país vecino, el presidente Alberto Fernández envió una carta brindando su apoyo a la investigación. Además realizó un zoom con el actual presidente de Bolivia, Luis Arce. El mandatario argentino dijo que “se siente avergonzado” de que Mauricio Macri haya enviado material para la represión durante el golpe a Bolivia.

Por su parte, el canciller durante el gobierno de Macri, Jorge Faurie, dijo que “la Cancillería no tuvo ningún tipo de intervención de envío de material”. “A través de la Cancilleria argentina no se envió ningún material de ningún tipo, ni de papeles, ni de gases lacrimógenos, ni de ningún otro elemento”, señaló Faurie al canal IP.

CB con información de Télam

La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, destacó que desde el inicio de las restricciones del 9 de abril último para mitigar el aumento de contagios de coronavirus la circulación descendió entre un 40 y un 77% en toda la zona del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), por lo que consideró que hubo “un acatamiento muy alto”.

“La evaluación que hacemos es que hubo una disminución muy significativa de la circulación. Comparada con la fase anterior a este decreto fue del 66% el primer sábado 22 de mayo, pasó por el 77% y el sábado pasado la disminución fue del 40%, tanto en las autopistas como en la circulación de pasajeros así que realmente fue un acatamiento muy alto en el AMBA”, resaltó la funcionaria nacional.

Frederic recordó que “el decreto que está vigente rige hasta el 11 de junio e incluyó esos nueve días de restricciones más rígidas”.

“La semana que pasó volvimos a esa restricción de 20 a 6 donde solo pueden circular esenciales y a partir de ayer a las 20 hasta el lunes a las 6 volvemos a las 24 horas donde solo pueden circular esenciales y quienes tienen alguna razón de fuerza mayor que tienen que tramitar también su certificado”, indicó.

La ministra dijo que hay 75 controles fijos con “personal de las fuerzas federales, que son 11.500 desplegados en el AMBA”, entre ellos Puente Pueyrredón, La Noria, Autopista Ricchieri, el peaje Ituzaingó de la Autopista del Oeste y Peajes de las rutas 8 y 9.

Desde esta madrugada, los efectivos de las fuerzas de seguridad nacional, bonaerense y porteña comenzaron los controles en los accesos por debajo de la avenida General Paz, y en los otros cruces que hay entre la provincia y la Ciudad de Buenos Aires.

“Todos somos conscientes del estado emocional de todos nosotros, por las circunstancias angustiantes que venimos pasando hace un año, las dificultades económicas, por eso le hemos dado la indicación al personal de que tenga cuidado con eso, no queremos lamentar casos de violencia institucional como hemos tenido el año pasado”, analizó.

Al respecto, Frederic dijo que hace cuatro días salió un informe de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) que mostró “una serie de situaciones que muchas veces se producen por ese agotamiento y esa tensión entre el personal y la ciudadanía que termina habilitando un uso de la fuerza absolutamente desproporcionado”.

“El Presidente nos está pidiendo un esfuerzo adicional para cuidarnos, no tiene sentido que esto termine en un caso de violencia”, señaló.

Los efectivos supervisarán este fin de semana que solamente circulen personas con permiso para esenciales y, además de las vías de accesos, también había controles en las principales estaciones y terminales de trenes y subtes.

CB con información de Télam

En las primeras dos jornadas de confinamiento estricto, que comenzó a regir a las 0 horas del sábado, se labraron un promedio diario de 133 infracciones en los controles vehiculares desplegados en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Además, el tránsito en las rutas hacia la Costa Atlántica disminuyó más del 75% respecto a fines de semanas anteriores, según datos oficiales.

De acuerdo con un relevamiento realizado por las distintas fuerzas de seguridad federales, al que accedió Télam, el sábado y el domingo 133 personas recibieron en promedio una infracción cada día porque no tenían los certificados habilitantes para poder circular y apenas se secuestraron 7 autos que fueron remitidos al sedes judiciales.

El secretario de Seguridad de la Nación, Eduardo Villalba, aseguró que las personas a las que se les labren infracciones son pasibles a ser sometidas a una causa judicial.

“Cada juzgado actúa de acuerdo a cada circunstancia y si hay una retención del vehículo puede permanecer retenido y bajo custodia de la autoridad pertinente. Luego, además, serán sometidas a causas judiciales y podrán recibir las sanciones que establece el código penal para los delitos que forman parte del decreto”, explicó Villalba.

Según el funcionario, este fin de semana el movimiento vehicular fue muy bajo y destacó que los controles serán extremos a partir del miércoles, tras el fin de semana largo.

En tanto, el secretario de Articulación Federal de Seguridad, Gabriel Fucks, dijo a Télam que “el movimiento de vehículos en los peajes del Sistema Vial Integral del Atlántico, que componen las rutas que van hacia la Costa Atlántica, registró el día sábado apenas el 10 por ciento de movimiento en relación al fin de semana pasado”.

Para las máximas autoridades de Seguridad de la Nación, el acatamiento a las restricciones dispuestas en el último decreto firmado por el presidente Alberto Fernández para mitigar los contagios del coronavirus fue “altísimo” y generó “un alto consenso en la sociedad”.

“El cumplimiento fue excelente, no solo en el AMBA, sino que hemos tenido comunicación permanente con todas las provincias y el resultado fue altísimo, como por ejemplo en Córdoba, en Corrientes. Ha habido un esfuerzo muy grande por sostener el cumplimiento estricto de las restricciones en todo el país”, dijo el funcionario nacional.

Según un relevamiento realizado por las distintas fuerzas de seguridad federales, el pasado sábado en la Autopista Buenos Aires-La Plata se registró una caída en la circulación de vehículos del 66 por ciento respecto al sábado anterior, y en las rutas que van hacia la Costa, del 75 por ciento.

Fin de semana largo y circulación

Las nuevas medidas de restricción de circulación, establecidas en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el presidente Alberto Fernández, entraron en vigor a las 0 horas del sábado y regirán por nueve días. El objetivo del Gobierno es reducir así la cantidad de contagios en el marco de la segunda ola de coronavirus para tratar de salir del “peor momento de la pandemia”.

“Vamos a estar controlando en todos los puntos para evitar la circulación de personas que no son esenciales”, apuntó el sábado la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y explicó que a la gente que no tenga permiso para circular y sea detenida en un control se le labrará un acta. “Los controles van a ser intensos las 24 horas”, dijo, y aseguró que las fuerzas de seguridad serán “rigurosas con aquellos que rompen los protocolos”.

La ministra dijo que el viernes se vio “mucho tránsito, muy intenso”, por lo que consideró que hubo “gente que probablemente se haya ido, al planear este confinamiento, en otro lugar y se va a quedar unos días afuera”. De todas formas, recordó que “está prohibido el turismo” y recomendó a la gente “quedarse en su casa y no viajar” durante el fin de semana largo.

“Vienen jornadas de cuatro días con feriados, pero el turismo está prohibido. Queremos transmitir que la gente debe quedarse en su casa, no debe viajar. Además no va a tener la aplicación Cuidar para hacer uso de ese permiso”, explicó. “Quienes hayan viajado no van a poder volver hasta el primero de junio”, expresó.

Frederic recordó que las personas que transiten deberán ser “esenciales, portar el certificado de circulación y su documento de identidad o del vehículo”, mientras que los que “no son esenciales podrán circular hasta las 18 y en cercanías a su domicilio”.

CB con información de Télam

Las autoridades destacaron el establecimiento de fuertes controles y el “alto acatamiento” de la población en el primer día de confinamiento estricto implementado por el Gobierno en las zonas de alto riesgo o alarma epidemiológica, como el AMBA, para frenar la segunda ola de coronavirus ante el aumento de casos.

“Vemos que hay poca circulación, que hay un compromiso de la ciudadanía para cumplir con el objetivo del gobierno bajar contagios”, manifestó la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, en declaraciones televisivas desde un control en la provincia de Buenos Aires.

Las nuevas medidas de restricción de circulación, establecidas en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el presidente Alberto Fernández, entraron en vigor a las 0 horas de este sábado y regirán por nueve días. El objetivo del Gobierno es tratar de salir del “peor momento de la pandemia”.

“Vamos a estar controlando en todos los puntos para evitar la circulación de personas que no son esenciales”, apuntó la ministra, y explicó que a la gente que no tenga permiso para circular y sea detenida en un control se le labrará un acta.

“Los controles van a ser intensos las 24 horas”, dijo previamente en AM750, y aseguró que las fuerzas de seguridad serán “rigurosas con aquellos que rompen los protocolos”.

“El objetivo de esta medida es cuidarnos y revertir la situación de tensión que hay en el sistema de salud, el agotamiento del personal y las dificultades para garantizar la misma atención para todos los pacientes que llegan internados y bajar la mortalidad también”, sostuvo la funcionaria nacional.

La ministra dijo que el viernes se vio “mucho tránsito, muy intenso”, por lo que consideró que hubo “gente que probablemente se haya ido, al planear este confinamiento, en otro lugar y se va a quedar unos días afuera”. De todas formas, recordó que “está prohibido el turismo” y recomendó a la gente “quedarse en su casa y no viajar” durante el fin de semana largo.

“Vienen jornadas de cuatro días con feriados, pero el turismo está prohibido. Queremos transmitir que la gente debe quedarse en su casa, no debe viajar. Además no va a tener la aplicación Cuidar para hacer uso de ese permiso”, explicó. “Quienes hayan viajado no van a poder volver hasta el primero de junio”, expresó.

Frederic recordó que las personas que transiten deberán ser “esenciales, portar el certificado de circulación y su documento de identidad o del vehículo”, mientras que los que “no son esenciales podrán circular hasta las 18 y en cercanías a su domicilio”.

CABA, bajo la lluvia y con poco movimiento

Colectivos semi vacíos, pocos pasajeros en las cabeceras de trenes metropolitanos, un puñado de personas por las calles y en los comercios esenciales, todo bajo una lluvia persistente, fueron las postales de la Ciudad de Buenos Aires en el primer día del aislamiento estricto.

Una ciudad con mínimo flujo de tránsito, poca gente en paradas de colectivos que salían a trabajar o a realizar algún trámite y algunos controles policiales, con efectivos que circulaban por la Estación Once y las calles habitualmente pobladas de vendedores que están alrededor, hoy desiertas, fue lo que observó Télam durante una recorrida por esa zona, Retiro y el centro porteño.

Las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires aseguraron que implementaron fuertes controles en los accesos y egresos de CABA. En el marco de las restricciones fueron cerrados 71 puntos de ingreso a la capital, del total de 127 cruces habilitados, según indicó el Gobierno porteño en un comunicado, en el que destacó que las fuertes medidas de control se mantendrán “hasta el lunes 31 de mayo a las 6 horas”.

Respecto a los 56 accesos que permanecen abiertos, 50 de ellos son controlados por efectivos de la Policía de la Ciudad, mientras que en los seis restantes habrá personal de la Prefectura Naval y de la Policía Federal.

“Los efectivos controlan que solamente circulen personas con permiso para esenciales, por lo que los automovilistas que no cuenten con el mismo no pueden pasar. También se supervisa a quienes viajan en colectivos”, señala el comunicado.

Posible causa judicial para infractores

Por su parte, el secretario de Seguridad de la Nación, Eduardo Villalba, advirtió que quienes no tengan el certificado que los habilite para circular y sean detenidos en los controles realizados por las fuerzas de seguridad serán plausibles de una causa judicial, y pidió a la gente que no sea esencial “no salir a la calle”.

“La población conoce bien las consecuencias de este tipo de situaciones porque hace mas de un año y meses que estamos realizando estos controles”, dijo el funcionario nacional en una entrevista con el canal TN, donde agregó que “el que no tiene el certificado que lo habilite, se le va a labrar un acta, se va a dar curso a una fiscalía y va a ser plausible de una causa judicial”.

Respecto a los controles que comenzaron a las 0 de hoy, Villalba explicó que “en los principales accesos y egresos de la Ciudad de Buenos Aires se están realizando con normalidad” y destacó el poco movimiento al asegurar que “la gente sabe que no tiene que salir”.

“Por ahora se ve un alto acatamiento, esta ayudando esta situación del clima, pero ya veníamos viendo un alto acatamiento en el horario nocturno donde ya había restricciones”, manifestó en declaraciones a Radio 10, en referencia a la lluvia que caía este sábado en la zona del AMBA.

Además, Villalba apuntó que se están realizando controles dentro de cada municipio o ciudad del país. “Cada jurisdicción va a determinar y ha diseñado controles internos dentro de la ciudad de Buenos Aires o en los municipios y en las provincias. Con las fuerzas federales tenemos un despliegue complementario en 31 municipios del conurbano que están haciendo controles”, dijo.

De todas formas, el funcionario aclaró que “el que tiene que salir a trabajar porque tiene el permiso de esencial, no va a tener ningún problema, puede transitar en el camino habitual, salvo los lugares de la Ciudad que estén cerrados”.

CB con información de Télam

La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, informó este sábado que arrancaron los controles para restringir la circulación en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con el fin de mitigar los efectos de la pandemia de coronavirus, y aseguró que las medidas dispuestas por el presidente Alberto Fernández serán fiscalizadas por cada una de las “jurisdicciones locales”.

Frederic explicó que las nuevas medidas son coordinadas entre los ministerios de Seguridad de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires, como el cierre de 18 accesos, la implementación de nuevos operativos en estaciones de trasbordo, como la de Constitución, para mantener el distanciamiento social en las horas pico, y el despliegue de fuerzas federales en distintos puntos del AMBA.

“Para las fuerzas federales no hay muchos cambios, pero sí algunas diferencias que suman el esfuerzo del control y la disponibilidad de la Ciudad de Buenos Aires para reforzar la fiscalización, que es algo que solo puede hacer el Gobierno de la Ciudad y la Policía de la Ciudad”, aseguró la funcionaria a radio FM La Patriada.

Frederic afirmó que “la generosidad también de la Ciudad de Buenos Aires se va a traducir en el cierre de varios de los accesos que conectan Ciudad de Buenos Aires con provincia de Buenos Aires, sobre la traza General Paz la mayoría y algunos sobre el Riachuelo”.

“Eso va a permitir que entre las 20 y las 6 el tránsito entre las dos jurisdicciones se haga por los lugares en que nosotros tenemos los controles, eso va a facilitar mucho la disminución de la circulación porque los conductores de autos particulares van a poder transitar por pocas vías”, sostuvo.

Además, la ministra resaltó el anuncio del gobernador Axel Kicillof respecto a la aplicación de multas para las personas que incumplan el decreto, lo que “va a ayudar a que el peso no recaiga solo en las fuerzas federales”.

“Hoy tenemos un volumen de personas circulando de 6 a 20 que no es el mismo que teníamos el año pasado, eso en las terminales de trenes requirió que ajustáramos el dispositivo de control al ingreso, sobre todo en los horarios pico”, indicó Frederic.

Además, precisó que hay una diferencia con el anterior decreto que “no impacta tanto en las fuerzas federales, que es esta medida de suspensión de deportes de contacto al aire libre que deberán fiscalizar las policías locales”.

“El estado de alarma que impera en las próximas tres semanas en el AMBA no tiene mucha diferencia, pero lo que sí se muestra es una diferencia grande en cuanto a la disponibilidad de las jurisdicciones locales en la fiscalización”, destacó.

Al respecto, la ministra dijo que en el decreto anterior “la fiscalización no era exhaustiva y el Presidente tiene muy claro que las fuerzas federales no tienen facultades para multar, cerrar locales, que eso es algo que tiene que hacer cada jurisdicción”.

El presidente Alberto Fernández dio a conocer este viernes las nuevas medidas restrictivas que regirán entre el 1 y el 21 de mayo por el exponencial aumento de casos en la segunda ola de coronavirus y que incluyen la restricción de la circulación entre las 20 y las 6 de mañana en las zonas de alerta epidemiológica y sanitaria, como la que vive el AMBA.

CB con información de Télam

La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, aseguró el miércoles por la noche que el objetivo de las cuatro fuerzas federales es “lograr el control efectivo de las medidas” que el presidente Alberto Fernández anunció para mitigar el contagio del coronavirus, y que están “en condiciones de hacer un despliegue que permita disuadir, persuadir y penalizar” a quienes no cumplan con las restricciones de circulación entre las 20 y las 6 horas en el AMBA.

En declaraciones realizadas al canal de noticias A24, Frederic señaló que tiene “la responsabilidad” que le “asignó el Presidente” y que el objetivo es “lograr el control efectivo de las medidas que el Presidente acaba de anunciar”, entre ellas la restricción a la circulación entre las 20 y las 6 de la mañana.

“Está claro que a partir de las 20 hasta las 6 de la mañana del día siguiente no va a poder haber circulación en la vía pública. Eso va a significar que las fuerzas federales (Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria) van a controlar las vías de circulación fundamentalmente”, explicó la ministra.

Luego, Frederic expresó que están “en condiciones de hacer un despliegue que permita disuadir, persuadir y penalizar a aquel que circule sobre todo en las grandes arterias y en las zonas de mayor circulación nocturna”.

Asimismo, la funcionaria explicó que el Presidente “no le puede ordenar a la Policía de la Ciudad ni a la Policía de la provincia de Buenos Aires que se ocupe de hacer cumplir el decreto, por eso es que ha definido claramente que la responsabilidad de hacer cumplir esta nueva norma es de las fuerzas federales de seguridad”.

Más controles

Acerca de la penalización a quienes circulen en horarios restringidos, la titular de la cartera de Seguridad dijo que “con el decreto vigente hasta el día de hoy” tenían “interlocución con todos los juzgados” con jurisdicción en la provincia de Buenos Aires y que “el criterio era el de la notificación, y luego, si hay reincidencia, el secuestro del vehículo y el inicio de causa penal”.

“Esperamos que los juzgados intervinientes tomen las medidas acorde al temperamento de la nueva norma”, aseveró Frederic.

Por otra parte, dijo que espera “que la cordura y la comprensión del momento crítico” que se está “viviendo, gane consciencia”, por lo que “hay que llamar a la responsabilidad individual y social y tratar de que la gente entienda que estas son medidas que el Presidente toma, por supuesto incómodas, pero necesarias para salvar vidas”.

La ministra luego aclaró que no se suspendieron “los derechos constitucionales, lo que quiere decir que las personas tienen derecho a manifestarse”, aunque con “responsabilidad”.

“Ahora también es cierto que esas personas tienen la responsabilidad de que esa forma de manifestarse públicamente sea también con el uso de barbijo, el distanciamiento y todo aquello que hace que el virus no se siga reproduciendo con la velocidad con la que se está reproduciendo, que es efecto del comportamiento social”, concluyó Frederic.

NB con información de agencia Télam.

La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, aseguró este sábado que más de 6.300 efectivos de las distintas fuerzas federales de seguridad participan de los controles en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para garantizar que se cumplan las restricciones a la circulación por el coronavirus, y afirmó que en los primeros dos días se registró el secuestro de apenas dos vehículos y solo dos personas fueron infraccionadas.

“El primer día no tuvimos infraccionados y el día de hoy tuvimos dos vehículos secuestrados y dos personas con un inicio de causa penal en la autopista Ricchieri, por la que debió intervenir la justicia federal”, dijo Frederic en declaraciones a Télam, donde también consideró que los controles “son básicamente disuasivos o preventivos para que la gente no viaje sin permisos o que regrese a su casa”.

Frederic explicó que unos 500 efectivos de las cuatro fuerzas de seguridad federales participan en los puestos fijos dispuestos en los accesos a la ciudad de Buenos Aires, pero que hay otros 4.000 efectivos que se encuentran patrullando distintos distritos del Gran Buenos Aires y otros 1.800 que realizan los controles en toda la red ferroviaria metropolitana.

Según el balance de la ministra “se está viendo bastante acatamiento” por parte de la sociedad a las medidas dispuestas por el Gobierno nacional para evitar la propagación del coronavirus, “ya que fueron solo dos vehículos secuestrados en nueve puntos de control, así que evidentemente la gente se está cuidando”.

“El espíritu del decreto es cuidar a la gente, no tiene un fin punitivo excepto para las personas que no entiendan que se trata de cuidarla y de cuidar a los demás”, explicó la funcionaria nacional en una entrevista con Télam.

Tras una reunión realizada el jueves pasado con los jefes de las cuatro fuerzas federales de seguridad, Frederic ordenó que se realicen controles fijos en los accesos a la ciudad de Buenos Aires para garantizar la restricción a la circulación entre las 0 y las 6 de la mañana.

Según el cronograma dispuesto, la Policía Federal Argentina desplegó a sus efectivos en el Puente La Noria, en el Camino de la Ribera y en la Autopista Panamericana (peaje ramal Tigre).

En tanto, la Gendarmería Nacional se instaló en el Acceso Oeste (peaje Ituzaingó); peaje Dock Sud y en la Autopista Panamericana (peaje ramal Pilar).

Por su parte, la Prefectura Naval realiza los controles en la Autopista Panamericana (peaje del ramal Campana), en el Puente Pueyrredón y en el Puente Avellaneda.

La Policía de Seguridad Aeroportuaria controla el tránsito vehicular en la Autopista Richieri, en el peaje Mercado Central.

En los puentes, además de los controles vehiculares, las fuerzas de seguridad realizaron tareas de control en el transportepúblico, donde solicitaron a los pasajeros la posesión regular y actualizada de las autorizaciones correspondientes para realizar ese tipo de viajes.

“Estamos también realizando controles aleatorios en el Gran Buenos Aires, donde hay cuatro mil efectivos de Gendarmería, de Prefectura y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria en 31 distritos, donde hacemos controles en el transporte público para garantizar que la gente que viaja lo haga con su permiso y que no viajen más de 10 personas paradas en cada colectivo”, dijo la ministra.

Frederic explicó que los efectivos que participan de los controles “tienen una indicación enfática” para que sean “disuasivos, pedagógicos o preventivos” aunque son tomados “de buena manera” por la gente.

“Vamos a seguir estando en los controles de grandes accesos y contamos también con la responsabilidad de la gente. Hay que decir que la cantidad de contagios, no solo en números, es alarmante, sino que también hay mucha gente contagiada alrededor de cada uno de nosotros y eso hace que a la gente la hace tomar conciencia”, dijo.

Además, explicó que “la gente toma bien los controles” y agregó: “Le dimos una indicación enfática a los jefes de las fuerzas porque entendemos que las personas están impacientes o intolerantes con la situación que se está viviendo y eso hace que el personal policial deba ser más cuidadoso, más prudente, más respetuoso y más tolerante que hace un año”.

“La ciudadanía es consciente de que se tiene que cuidar”, finalizó la ministra.

Con información de la agencia Télam

CRM

Sabrina Frederic abandonó la táctica de la inmovilidad en la pulseada con Sergio Berni. En pocas horas, anudó dos reuniones y una actividad territorial, con intendentes del PJ del conurbano. Agenda institucional y análisis de despliegue de fuerzas federales pero en el fondo un solo mensaje: un guiño político de los alcaldes a Frederic.

La novedad es, en todo caso, el cambio de la ministra que salvo alguna disputa pública, siempre a la defensiva, evitó hacer movimientos políticos. Así como Berni castiga desde la TV, con un fuego a discreción en el que no evita herir a Alberto Fernández, Frederic prefería el perfil bajo y eludir la confrontación abierta.

“Es incorregible, hablemos de cosas más importantes”, le dijo la semana pasada la ministra a un funcionario que la llamó luego del episodio que Berni protagonizó con Eduardo Villalba, el número dos de Seguridad. Villalba estuvo, no casualmente, en las reuniones que el jueves Frederic mantuvo con Fernando Espinoza (La Matanza), Gustavo Menéndez (Merlo), Juan Zabaleta (Hurlingham) y Leo Nardini (Malvinas Argentinas).

En la mesa se sentó Cecilia Rodríguez, ex ministra de Seguridad de Cristina Kirchner, ahora jefa de gabinete de Frederic, que convivió -mal- con Berni cuando le tocó estar al frente de ese ministerio. En el tramo final de la gestión CFK, Rodríguez tuvo como colaboradora a Frederic

El cambio de táctica no es, deslizan en el gobierno, una decisión autónoma de Frederic: la ronda de reuniones con intendentes y la salida a los municipios del conurbano los programó “por pedido del presidente”. Fernández, según coinciden las fuentes nacionales, dice que no piensa hablar del tema Berni con Kicillof. “Es un problema de Axel, que lo resuelva Axel”, apuntan en Casa Rosada.

El jueves de la semana pasada, horas después del affaire Berni por el caso M, Fernández se reunió con Máximo Kirchner, ministros nacionales e intendentes en Olivos, y además de los reproches contra haber “protegido a Santilli y Horacio Rodríguez Larreta”, y planteó que el tema Seguridad debe tener una conducción política. “Lo definen Alberto, Cristina y Axel”, explicó un participante.

Despliegue

Este jueves, la ministra se vio con Espinoza, Nardini, Menéndez y Zabaleta, y el viernes a media mañana compartió un acto con Mariano Cascallares en Almirante Brown. Seguirá con las cumbres y las rondas con un tema en carpeta: los más de 4 mil efectivos federales desplegados en el conurbano, que dependen de Frederic pero Berni quiere “comandar”.

Late, en ese movimiento, un desafío de otro tipo: Berni quiere que esas fuerzas reporten a sus indicaciones, y Frederic busca ahora un acuerdo para que la tarea de esos efectivos se coordinen entre Nación y los municipios. “El tema seguridad es clave porque Cambiemos lo va usa como bandera electoral y nosotros no podemos estar peleando entre nosotros”, le dijo a elDiarioAR un intendente que se vio con Frederic.

La ministra opera sobre una realidad: la relación de Berni y los alcaldes es mala, está repleta de discusiones y cruces. Martin Insaurralde fue, el año pasado, uno de los que lo toreó en una reunión delante de Axel Kicillof. “Vos hablás de la Justicia federal, de las fuerzas federales, de los municipios pero sos el jefe de una policía que tiene 90 mil hombres y no hacés nada”, le dijo el alcalde de Lomas.

Es el punto sobre el que se concentran las críticas internas. “Vino a conducir la policía y se le levantaron durante cuatro días, fueron a la gobernación y a Olivos y él no apareció”, apuntó un jefe del PJ que castiga, con esa crítica, también a Kicillof. Otra queja recurrente tiene que ver con que no suele atender los pedidos de los intendentes. En ese contexto, Berni se ampara en una doble cobertura: la política de Cristina Kirchner, que valida sus reacciones, y la funcional de Kicillof, que le otorgó plenos poderes y autonomía.

Frederic habló con los intendentes de un nuevo despliegue de las fuerzas federales en los municipios, según el mapa del delito que armó cada distrito. Pero les advirtió que deberá haber coordinación con provincia. Fue lo que se acordó en julio pasado, luego de varios cruces con Berni, y que hasta la semana pasada había permitido mantener quieto a Berni.