En el libro Pobreza, Made in USA, el sociólogo y ganador del premio Pulitzer Matthew Desmond recuerda que la pobreza no es una línea que se cruza, sino una montaña de obstáculos, un nudo de problemas que se acumulan. No se trata solo de falta de ingresos: es dolor físico, inestabilidad e incertidumbre. La pobreza es una espera interminable y el temor constante de que todo pueda empeorar. Es basura sin recoger, calle inundada. Es falta de libertad, a veces vergüenza y, otras, una herida profunda en la identidad. Como escribe Desmond, “la pobreza suele ser escasez material sumada a dolor crónico, sumada a encarcelamiento, sumada a depresión, sumada a adicción. La pobreza no es una línea: es un nudo apretado de males sociales”.

Sabemos bien que la pobreza está asociada a muchos de los grandes problemas que preocupan a cualquier sociedad: la salud, la educación, la vivienda, la violencia. Esa constatación fue, en parte, lo que nos llevó a escribir ¿Cómo hacen los pobres para sobrevivir? Durante tres años de investigación en el conurbano bonaerense analizamos las estrategias de supervivencia de los sectores más necesitados. Documentamos cómo combinaban trabajos informales y muy precarios –lo que denominamos “explotación precaria”–con intercambios recíprocos, ayudas estatales, comedores comunitarios, redes políticas de las que dependían, el cirujeo y, en algunos casos, actividades ilegalizadas como la venta de drogas o el robo de cables.

Nuestros hallazgos confirmaban y ampliaban un conjunto ya robusto de estudios sobre la persistencia y profundidad de la pobreza en Argentina. Pero también mostraban algo más: el esfuerzo cotidiano, silencioso y complejo de quienes viven atrapados en esa trama de privaciones materiales y simbólicas para sostener una vida con la mayor dignidad posible.

Este mes volvimos a conversar con varias de las personas entrevistadas. Las carencias siguen ahí; muchas, incluso, se han intensificado. En los estratos más bajos del espacio social, la aritmética de la pobreza –si un 5, un 10 o un 15% de la población cruzó la línea oficial y dejó de ser pobre– importa poco. Lo que importa es el día a día: las cartucheras y lápices del nuevo curso escolar reciclados del año anterior; las alitas de pollo que desaparecen del guiso mientras los fideos se multiplican; las deudas que tardan más en pagarse; los prestamistas “endemoniados y a los que no les importa nada” a la hora de cobrar sus deudas; la hija que se sienta con la madre a tomar mate para saltarse la cena; el segundo hijo que no puede jugar al fútbol porque la familia no puede comprar el buzo ni los botines.

Algunas cosas no han cambiado. Siguen, como cuando realizamos nuestra investigación, soñando con que algún día volverán a comer milanesas.

Y tampoco ha cambiado la vergüenza que siente una madre cuando le dice a su hija que no tiene para comprarle unos chizitos en la plaza y esta le contesta, “pero mamá, ¿para qué trabajás todo el día?” La pobreza no es sólo falta de dinero, es esa vergüenza, es la añoranza por no haber podido ir al cine en 10 años, es aspirar tan sólo a que algún día “no tenga que pensar todos los días en la plata, en cómo hacer para comer”, es “la pudrición que se queda en los muebles” después de cada recurrente inundación, es no poder acceder a un tratamiento para la adicción del hijo, es el miedo a ser asaltado al volver del trabajo, es el paquete de fideos que reparte el estado y que se deshacen al hervirlos, es la SUBE en rojo, es la torta frita que engaña al estómago a la hora de la cena, es el ahorrar para la vianda que se lleva al penal cuando se visita a un familiar.  

En pleno debate sobre cómo combatir la pobreza y las desigualdades más arraigadas, conviene recordar una verdad incómoda: ni el mercado ni el Estado, por sí solos, pueden deshacer ese nudo que lleva décadas estrangulando a buena parte de la población. Confiar en que un paquete de políticas públicas, por ambicioso y bien diseñado que sea, resolverá el problema de forma duradera es tan ingenuo como suponer que el libre mercado, sin contrapesos ni regulación, tendrá la voluntad o la capacidad de hacerlo. La historia no avala ni una postura ni la otra.

Lo que sí ha demostrado la experiencia es que las democracias que cuentan con movimientos sociales activos —sindicatos fuertes, organizaciones cívicas vibrantes y ciudadanía movilizada— son las que han logrado avanzar con mayor eficacia en la reducción de la pobreza y en la desarticulación de esos persistentes entramados de exclusión. Es en esa alianza entre instituciones democráticas y fuerzas sociales donde se encuentran las soluciones más sólidas y duraderas.

Javier Auyero es profesor de sociología en la Universidad de Texas, Austin, e Investigador Ikerbasque en la Universidad del País Vasco. Escribió junto a Sofía Servián “Cómo hacen los pobres para sobrevivir”, de Siglo XXI Editores.

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Más de la mitad de los niños, niñas y adolescentes en la Argentina continúa en situación de pobreza. Así lo señala el último informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, que ubicó el índice en el 53,6% al cierre de 2025 para la población de entre 0 y 17 años.

El dato refleja una mejora respecto de los picos recientes, aunque todavía se mantiene en niveles elevados. Al inicio de la gestión de Javier Milei, la pobreza infantil alcanzaba al 62,9%. Luego descendió al 59,7% en 2024 y continuó la baja hasta el valor actual, en un contexto marcado por la desaceleración inflacionaria y la recomposición de ingresos a través de políticas sociales.

Aun así, la comparación histórica muestra la persistencia del problema. El nivel más bajo de la serie se registró en 2011, cuando el indicador había caído al 35,7%. A partir de 2018 comenzó un ciclo de deterioro que llevó la pobreza infantil por encima del 60% desde 2020.

El informe, que forma parte del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia (2010-2025), también advierte sobre cambios estructurales en los hogares. La proporción de familias con menores de 18 años viene en descenso sostenido: pasó del 56% en 1991 al 44% en 2022, con una proyección que ubica a todas las jurisdicciones por debajo del nivel de reemplazo poblacional hacia 2025.

Más allá de los ingresos, las condiciones de vida de los chicos pobres evidencian múltiples carencias. El 42% reside en viviendas con déficits de saneamiento, mientras que el 61,2% no cuenta con cobertura de salud a través de obra social, mutual o prepaga.

Las limitaciones también alcanzan el acceso a bienes culturales y educativos: el 82% no participa en actividades extracurriculares, apenas la mitad dispone de una computadora en el hogar y solo el 16% tiene acceso a internet.

El informe pone además el foco en el bienestar emocional. Un 18% de los chicos presenta señales de tristeza o ansiedad, proporción que se eleva al 21,2% en la adolescencia. Dentro de ese grupo, las mujeres muestran mayores niveles de afectación que los varones. Las brechas sociales también inciden: en los sectores más vulnerables, la probabilidad de malestar emocional duplica a la de los estratos medios altos.

Estas condiciones impactan directamente en el proceso educativo. Según el relevamiento, los chicos que atraviesan situaciones de angustia o ansiedad tienen un 46% más de probabilidades de presentar dificultades de aprendizaje.

En este contexto, el acceso a apoyos económicos para sostener la escolaridad resulta limitado: apenas el 6,3% de los estudiantes recibe algún tipo de ayuda para estudiar.

El informe traza así un panorama complejo: aunque los indicadores muestran cierta mejora reciente, la pobreza infantil continúa siendo un fenómeno extendido y multidimensional, atravesado por desigualdades persistentes que afectan tanto las condiciones materiales como el desarrollo integral de niños y adolescentes.

Con información de la agencia NA

Comenzaron las Reuniones de Primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y durante estos días tendrá lugar una nueva revisión del acuerdo vigente entre Argentina y el organismo, firmado en abril de 2025 bajo el esquema de Servicio Ampliado del Fondo.

La revisión del acuerdo se produce, además, en un marco de tensiones sociales: la desocupación aumentó 1,1% tras la recesión de 2024, la informalidad alcanzó el 43% del empleo y los salarios reales continúan estancados, según datos del INDEC en base al informe del cuarto trimestre del 2025.

Tras ocho años de programas con el FMI (2018–2026), el país no ha logrado estabilizar su economía ni recuperar el acceso a los mercados de capitales. Sin embargo, el acuerdo de 2025, firmado sin los controles y debates previstos por ley, consolida a Argentina como principal deudor del organismo, concentrando más de un tercio de sus créditos vigentes y evidenciando el fracaso de los programas previos (Stand By 2018 y Facilidades Extendidas 2022).

Las políticas aplicadas bajo el acuerdo debilitan la capacidad estatal y profundizan la desigualdad, mientras que los sectores extractivos avanzan sin mayores encadenamientos productivos ni control ambiental consolidando un patrón de crecimiento dependiente de sectores extractivos -energía, minería y agroindustria- con bajo impacto en el empleo y altos costos sociales y ambientales. Al mismo tiempo, se observa un debilitamiento institucional que compromete la efectividad de cualquier política pública.

El presupuesto ambiental cayó cerca de 80% en términos reales desde el 2023 y representa apenas el 0,033% del presupuesto nacional, debilitando la capacidad del Estado para prevenir incendios, proteger los bosques o responder a emergencias climáticas. En paralelo, se impulsan reformas, como la modificación de la Ley de Glaciares, y proyectos bajo el RIGI, vinculados a hidrocarburos y minería, que ponen en riesgo reservas estratégicas de agua y ecosistemas frágiles. Esta combinación de expansión extractiva y retracción estatal profundiza la vulnerabilidad ante la crisis climática y aleja cualquier posibilidad de una transición energética justa.

Pero las tensiones del programa no son solo económicas, sociales o ambientales: también son jurídicas y las reglas internas del FMI. Advertimos que el acuerdo de 2025 fue aprobado por decreto, sin aval del Congreso en incumplimiento de la Ley 27.61. Además, el acuerdo presenta serias dificultades para cumplir con tres de las cuatro condiciones necesarias para acceder a la política de acceso excepcional del propio organismo La deuda no es sostenible, no hay acceso a los mercados y las debilidades institucionales son evidentes. La limitada acumulación de reservas, los elevados vencimientos de deuda y la persistente dependencia de financiamiento excepcional refuerzan este diagnóstico.

El resultado es un programa que busca estabilizar sin transformar: ajusta el gasto social, debilita la capacidad estatal y profundiza la dependencia de sectores que agravan la crisis ambiental. Lejos de corregir desequilibrios estructurales, el esquema parece consolidarlos.

En este contexto, la discusión que se abre en Washington excede el cumplimiento de metas fiscales o la acumulación de reservas. Lo que está en juego es el rumbo del modelo de desarrollo: uno que combina estabilización precaria, dependencia extractiva y retrocesos en materia ambiental y social. Sin una revisión profunda, el riesgo no es solo que el programa no funcione, sino que profundice en las mismas vulnerabilidades que dice querer resolver.

A ocho años de programas con el FMI, Argentina no ha sorteado las restricciones estructurales que originaron la crisis de endeudamiento, sino que ha profundizado desequilibrios económicos, sociales y ambientales que comprometen su sostenibilidad. La combinación de austeridad fiscal, dependencia de sectores extractivos y debilitamiento institucional no ha estabilizado la economía ni mejorado las condiciones de vida, al tiempo que erosiona capacidades estatales y aumenta riesgos para el sistema democrático.

En la Cámara de Diputados, que preside Martín Menem, crece el malestar de los empleados por los sueldos y porque, al mismo tiempo, observan que algunos de los nuevos integrantes de la bancada de La Libertad Avanza usan los autos con chofer para pasar a retirar objetos personales. Los casos de corrupción suelen tolerarse cuando la economía va bien. Pero no cuando empeora.

A poco de comenzar el gobierno libertario, el que venía a ponerle fin a la casta política, han surgido escándalos y la aparición de nuevos se acelera: la criptoestafa $LIBRA promovida por Javier Milei, el cobro de presuntas coimas a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, para que empresarios vean a su hermano presidente; las valijas sin control aduanero de Leonardo Scaturicce, hombre de negocios ascendentes con vínculo directo con el asesor presidencial Santiago Caputo; sobreprecios en la compra de pañales del Programa de Atención Médica Integral (PAMI); supuestos sobornos del 3% a la hermana presidencial por la compra de medicamentos para la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis); vuelos privados y compra de inmuebles del jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y ahora créditos hipotecarios del Banco Nación para un director del Banco Central, Pedro Inchauspe ($527 millones), el secretario de Finanzas, Federico Furiase ($408 millones), el director y agreviso twittero del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Felipe Núñez ($475 millones), y el director nacional de Comunicación Digital, Juan Pablo Carreira ($115 millones), conocido como Juan Doe en la red X.

En la entidad, que antes había sido denunciada por contratos de una empresa de seguridad de Adrián Menem, hermano del jefe de Diputados, no responden por el nuevo caso. ¿Tantos curros en tan poco tiempo de gestión demostraría que la nueva dirigencia que venía a enterrar la casta llegó tan angurrienta como su antecesora? Se van acumulan las denuncias de corrupción de diversos diputados opositores como Esteban Paulón, Maximiliano Ferraro, Mónica Frade, Diego Giuliano, Rodolfo Tailhade y la exlibertaria Marcela Pagano.

Pero antes de los últimos destapes, en octubre pasado, el 40% de los argentinos ratificó el apoyo a Milei en una elección con una abstención historica. Enfrente estaba un Partido Justicialista (PJ) cuya líder, Cristina Fernández de Kirchner, está bajo arresto domiciliario condenada por corrupción. La inflación mensual, que era del 12% cuando el Presidente ganó el balotaje en 2023, había bajado al 2,3% y eso provocó que el Instituto de Estadística (Indec) informara este martes que la pobreza bajó del 40% en el primer semestre de aquel último año peronista al 28% en el segundo semestre de 2025. Aunque hay más desempleados y el salario alcanza para menos –eso demuestran los propios datos oficiales–, los menores saltos de los alimentos, el aumento de la asignación universal por hijo (AUH) –no así las otras ayudas sociales como la Tarjeta Alimentar– y la necesidad de trabajar más horas en la economía informal para llegar a fin de mes explican la merma, aunque no la magnitud.

La mayoría de los expertos en estadísticas de pobreza coincide en que hay menos pobres que en el final del gobierno de Alberto Fernández –con Cristina Kirchner de vice y Sergio Massa como ministro de Economía– pero considera que la metodología estadística ha llevado a sobreestimar la cantidad que había en la gestión anterior y a infravalorar la que hay ahora. Es decir, ni era tanto como 40% antes ni era 28% al segundo semestre de 2025, antes de que en los últimos meses la inflación se afinque cerca del 3% mensual –la consultora Equilibra calcula 3,3% en marzo, por impacto de la guerra de Irán en la nafta y todo lo que se transporta, como la carne– y de que se acrecientes los despidos de industrias devenidas importadoras. O sea, digamos que la pobreza no bajó tanto como 12 puntos porcentuales, como indica el Indec, pero sí descendió. Milei dice que la bajó de 53% en el primer semestre de 2024 al 28%, pero se olvida de mencionar que él la empujó a ese 53% con la devaluación inicial de su gestión.

Y no es que la estadística esté manipulada como hacía Guillermo Moreno, condenado por haberlo hecho en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Se trata de artilugios más sofisticados en los que habían incurrido otras administraciones antes también. Leopoldo Tornarolli, investigador del Centro de Estudios Distributivos (Cedlas) de la Universidad de La Plata, señala que la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), a partir de la cual se elabora el índice, sobreestima desde mediados de 2024 los ingresos registrados, es decir, los encuestados declaran más ingresos que los efectivamente cobrados y computados en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), y se supone que lo mismo sucede con las entradas informales. “¿A qué obedece eso? No sabemos, mi principal hipótesis es que la baja de la inflación ayuda a que encuestados reporten mejor porque sus ingresos ahora son mas estables, varían con menos frecuencia. ¿Qué consecuencias tiene eso en la medición de la pobreza? Exagera la caída, dado que una parte de la mejora en los ingresos de los hogares no obedece a la situación real, sino a que la encuesta ahora los capta mejor”, concluye Tornarolli.

La junta de la Asociacion de Trabajadores del Estado (ATE) en el Indec aclaran que el costo del reciente endeudamiento de las familias no se incluye en la canasta de pobreza y que la EPH tampoco considera transferencias no monetarias que fueron restringidas por este gobierno, como los bolsones alimentarios, las raciones en comedores, los medicamentos gratuitos y los otros recortes del PAMI y las obras sociales desfinanciadas.

En tanto, el director del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica (UCA), Agustín Salvia, primero juzga que es cierto que bajó la pobreza, lo atribuye a la menor inflación y la mejor de la AUH, pero advierte que existe una “ficción estadística”: “Hay una mejor captación de ingresos del sector asalariado y no asalariado (cuentapropista) informal, que es el gran motor de la caída de la pobreza. ¿Cuánto es por el crecimiento de la economía informal y cuánto por efecto de la medición? Es lo que ponemos en discusión. Además, tampoco se actualizó la canasta básica de la pobreza con el parámetro de la encuesta de ingresos y gastos de 2017/2018, por lo cual los ingresos disponibles de la población se vienen achicando”. La canasta se basa en los gastos de 2004/2005, cuando pesaban menos las tarifas y los alquileres que ahora suben más que los alimentos.

Mariana González, coordinadora del Centro de Investigación y Formación (Cifra) de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA), señala que siempre los encuestados declaran menos ingresos de los que tienen, pero la subdeclaración se redujo a partir de 2024, en coincidencia con nuevas preguntas que se agregaron ese año en el sondeo. Por eso, en Cifra-CTA ha dejado de usar la estadística de pobreza. También lo había hecho en la era kirchnerista, a pesar de su sintonía política. El Centro de Economía Política Argentina (CEPA), en el que se desempeña Hernán Letcher, también señala el problema de la composición de la canasta y la captación de ingresos no laborales a partir de más de 20 preguntas nuevas o modificadas respecto a 2023. Aquí abajo se las transcribe.

Pero Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, festejan la reducción de la pobreza. El jefe del Palacio de Hacienda desbordó optimismo en la reunión de este lunes con la Asociación de Supermercados (ASU), con su director ejecutivo, Juan Vasco Martínez, y los representantes de las grandes cadenas La Anónima, atendida por sus propios dueños Nicolás y Federico Braun; Carrefour, Néstor Sist; Changomás (de Francisco de Narváez, que se quedó con las ganas de comprar la filial del gigante francés porque no le alcanzó el financiamiento de Jorge Brito, dueño del Banco Macro), Juan Quiroga; la española Día, Agustín Ibero; la chilena Cencosud, Alejandro Arruiz; y Coto, Rodolfo Bava. Aunque uno de ellos le reconoció que vende 30% menos, Caputo dijo que la economía crece al 5%, que sin la guerra estaría en 10% y prometió que en dos meses la construcción “explotará” y derramará sobre el consumo. ¿Será por el inicio de obras mineras y gasíferas del Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI)? Por lo pronto, la economía habría caído 1,5% en febrero y apuntaría a crecer sólo 2,5% en todo 2026, según Equilibra, la firma que dirige Martín Rapetti.

En el empresariado resuenan incógnitas. En primera lugar, si este modelo económico generará trabajo. Por ahora las empresas cierran producción local para abastecer desde China o incluso Brasil, donde tienen menos costos, más apoyo estatal, más escala y no hay cepo cambiario. Con los dólares del campo, Vaca Muerta y la minería se pueden cubrir las importaciones, pero no crear trabajo, que sólo se expande en la informalidad, a imagen y semejanza de Perú, el ejemplo citado por Caputo. La segunda duda es justamente cuándo se liberará el cepo a las compañías. Hay quienes en el equipo económico sugieren hacerlo ahora que sobran divisas, sobre todo de la cosecha de soja y maíz, pero en las charlas de madrugada de Milei y el ministro de Economía el presidente le explica por qué en el mercado cambiario es mejor que la libertad no avance. Le temerá quizás a un salto cambiario en la segunda mitad del año, cuando finalice la recolección de granos.

En el establishment, que se reunirá a fin de mes en el Foro Llao Llao, también preocupa lo que perciben como odio de Milei a los empresarios, empezando por Paolo Rocca. No por nada suenan eventuales presidenciables que salgan del propio mundo de los negocios. Mauricio Macri, cuyo nombre no se descarta para que el PRO retenga la ciudad de Buenos Aires en 2027, habla de Marcos Galperin, que dejó este año el día a día como CEO de Mercado Libre aunque sigue de presidente. En el PJ, el armador Juan Manuel Olmos dice que se necesita un outsider para desplazar al outsider y sondeó al presidente y accionista de Prestige Auto, Daniel Herrero, que tiene la licencia de Mercedes-Benz para vender acá sus autos y fabricar la Sprinter. Olmos también motoriza un armado federal y unas primarias para definir el candidato junto a diputados como Guillermo Michel, Kelly Olmos, Victoria Tolosa Paz y Gustavo Bordet. Creen que hay que disipar los temores del electorado a una victoria peronista prometiendo equilibrio fiscal, pero no a costa de hipotecar el futuro destruyendo ahora la infraestructura, la ciencia y la educación.

Habrá que ver si uno de los pretendientes presidenciales peronistas, Axel Kicillof, logra alejar esos miedos, como lo hizo Luiz Inácio Lula da Silva en su primer triunfo electoral en 2002, cuando abjuró de su anticapitalismo de elecciones pasadas. Kicillof no es anticapitalista, pero necesita despejar fantasmas. Ahora que la Cámara de Apelaciones de Nueva York le dio la razón con la expropiación del 51% de YPF, puede demostrar que no estaba equivocado. Una victoria para él, para su entonces jefa, Cristina Kirchner, y para Milei, que logró el fallo a pesar de que estaba en contra de la reestatización. En cambio, entre los perdedores está el estudio litigante Burford, pero también Repsol y los Eskenazi. Si el fondo británico ganaba el juicio por US$16.000 millones -todavía puede apelar a la Corte Suprema de EE UU o recurrir al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI)-, debía destinar el 30% de lo ganado a solventar la quiebra de Petersen Energía, la empresa que armaron los Eskenazi para comprar en 2008 el 25% de YPF que estaba en manos de Repsol en una negociación mediada por Néstor Kirchner.

Cuando Cristina Kirchner y su viceministro de Economía Kicillof nacionalizaron el 51% de YPF y decidieron que las ganancias de la petrolera se destinaran a la inversión y no a los accionistas, los Eskenazi se quedaron sin plata para pagar el préstamo que Repsol y bancos internacionales les dieron para adquirir el 25% de YPF. Por eso, iniciaron su concurso preventivo en el juzgado de instrucción 3 de Madrid, donde habían radicado Petersen Energía. En ese proceso fue que Burford adquirió el derecho de los Eskenazi a litigar por la expropiación. Como el estudio británico por ahora perdió la batalla legal en EE UU, no podrá dirigir el 30% a pagar las deudas de Petersen Energía: se trata de US$2.126 millones verificados en 2013, más los intereses de 13 años. Más de la mitad se le debe a Repsol. El resto, al Santander, el Credit Suisse y el brasileño Itaú, entre otros. Curiosamente, en Repsol niegan que estén involucrados en ningún proceso vinculado a su etapa en Argentina, después que CFK y Kicillof los indemnizaran en 2014. Los Eskenazi, que se exponen a dejar impagas sus deudas y el consiguiente desprestigio, también se deslindan del caso y lo dejan en manos del administrador concursal.

El asesor financiero Sebastián Maril, que sigue el juicio de Burford desde el inicio, asegura que si el fondo logra revertir la sentencia, los dueños de los bancos Santa Fe, Santa Cruz, San Juan y Entre Ríos no ganarán dinero sino que podrán saldar las deudas de Petersen Energía con Repsol y las entidades internacionales. A su vez, sostiene que en ese caso -por ahora remoto- si Repsol algún día cobra, podría enfrentar una demanda del Estado argentino con el argumento de que no puede reclamar más después del contrato amigable de indemnización de 2014. “Repsol se va a quedar con lo que le llegue y la peleará para no devolverlo”, pronosticó Maril.

AR/MG

Más de cuatro de cada diez trabajadores en la Argentina tienen empleos sin derechos laborales básicos. No cuentan con aportes jubilatorios, no están cubiertos por la seguridad social y tampoco están protegidos por la legislación laboral. En el cuarto trimestre de 2025, la informalidad laboral alcanzó al 43% de los ocupados, según un informe del Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.

La cifra permite dimensionar el fenómeno de manera concreta: casi la mitad de quienes trabajan lo hacen en condiciones de desprotección laboral. Esto significa que millones de personas sostienen su ingreso cotidiano sin las garantías que establece el trabajo registrado, desde una jubilación futura hasta cobertura frente a accidentes laborales.

La comparación con el mismo período del año anterior mostró una suba de aproximadamente un punto porcentual, lo que indica que la informalidad no sólo se mantiene en niveles elevados sino que además creció en el último año.

El informe fue coordinado por los economistas Roxana Maurizio y Luis Beccaria y analizó la evolución reciente del mercado de trabajo argentino. El dato central es que la informalidad se mantiene como uno de los rasgos estructurales del empleo en el país, incluso en contextos económicos distintos.

Para entender su dimensión social, el estudio también analizó las condiciones de vida de quienes trabajan sin registro. El 32% de los trabajadores informales vive en hogares pobres, mientras que otro 27% se encuentra en situación de vulnerabilidad ante la pobreza.

Esto significa que casi seis de cada diez trabajadores informales habitan hogares que ya son pobres o están al borde de serlo. En otras palabras, la falta de derechos laborales suele ir de la mano con ingresos inestables y mayor fragilidad económica.

Los más vulnerables, como siempre, son los jóvenes

El informe también mostró que la informalidad no afecta a todos los trabajadores por igual. Los jóvenes son el grupo más expuesto a este tipo de empleo precario. Entre quienes tienen entre 16 y 24 años, siete de cada diez trabajan en la informalidad, lo que refleja las dificultades para acceder a un primer empleo registrado.

En la práctica, para muchos jóvenes la puerta de entrada al mercado laboral suele ser un trabajo sin contrato, sin aportes y sin estabilidad. Esa situación puede extenderse durante años y marcar la trayectoria laboral futura.

En los grupos de mayor edad, los niveles de informalidad disminuyen, aunque siguen siendo altos. Entre los trabajadores de 45 a 64 años la tasa fue de 34,2%, mientras que en el tramo de 25 a 44 años alcanzó el 42,2%.

Entre las personas de 65 años y más, la informalidad volvió a subir hasta el 57,8%. El informe señaló que este patrón refleja una tendencia habitual en los mercados laborales: la precariedad aparece con más fuerza al comienzo y al final de la vida laboral.

El análisis también detectó una fuerte concentración geográfica del fenómeno. La mayor parte de los trabajadores informales reside en el Gran Buenos Aires, la región urbana más poblada del país.

En perspectiva histórica, la tasa actual se ubica en niveles similares a los registrados en 2008, lo que muestra que el problema se mantiene elevado desde hace al menos 17 años.

El informe también comparó la situación argentina con otros países de la región. Entre nueve economías latinoamericanas analizadas, la Argentina se ubicó en el cuarto lugar en niveles de informalidad, detrás de Chile, Brasil y Costa Rica.

JJD, con información de NA

La alimentación durante la jornada laboral quedó atravesada por la restricción económica para la mayoría de los trabajadores asalariados en Argentina. Un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA-UCA) reveló que el 83,5% reduce la cantidad o la calidad de los alimentos por motivos económicos, una situación que refleja el impacto directo de los ingresos sobre las condiciones materiales de la vida cotidiana.

El estudio se basó en la Encuesta Alimentación de los Trabajadores Asalariados en Argentina (2025), realizada sobre una muestra representativa de 1.171 asalariados en todo el país. El objetivo fue analizar cómo comen los trabajadores durante la jornada laboral y qué factores sociales y laborales condicionan esa práctica.

La restricción económica no solo afecta la calidad de la alimentación, sino también la frecuencia con la que se come durante el día. El informe señala que 56,2% de los trabajadores salteó comidas o eligió alimentos menos nutritivos por motivos económicos, mientras que solo 16,5% afirmó no atravesar ningún tipo de privación alimentaria.

La alimentación durante la jornada laboral tampoco está garantizada para todos. El 22,6% de los trabajadores asalariados declaró que no suele comer durante su jornada laboral, lo que equivale a casi uno de cada cuatro.

Esa situación no se distribuye de manera uniforme. La proporción de trabajadores que no come durante la jornada aumenta con la edad, y supera el 30% entre quienes tienen entre 45 y 59 años (30,4%) y entre los mayores de 60 (31,6%).

Las desigualdades territoriales también aparecen con claridad. La situación más crítica se registra en el NEA, donde el 50,1% de los trabajadores declara que no come durante la jornada laboral, el valor más alto entre todas las regiones del país.

Las condiciones laborales también inciden en estas prácticas. La falta de pausas regulares para comer afecta al 26% de los asalariados, lo que muestra que el tiempo para alimentarse no siempre está garantizado dentro de la organización del trabajo.

Las dificultades se concentran especialmente entre trabajadores de menores ingresos, empleados del sector público y personas que trabajan en lugares sin infraestructura adecuada, como comedores, heladeras o microondas.

El lugar donde se come durante la jornada también refleja las condiciones del entorno laboral. Entre quienes sí realizan alguna comida, el 41,5% lo hace en su escritorio o puesto de trabajo, mientras que el 38,9% utiliza el comedor de la empresa u organización.

Otros trabajadores recurren a alternativas menos frecuentes. El 9% come en espacios públicos como plazas o patios, el 7% lo hace en restaurantes o bares y el 3,6% en su propia casa.

La infraestructura disponible en el lugar de trabajo aparece como un factor decisivo. Contar con comedor, heladera o microondas se asocia con mejores hábitos alimentarios, mayor regularidad en las pausas para comer y menores niveles de privación alimentaria.

Estas condiciones no dependen solo de la voluntad individual de los trabajadores. El tamaño de la empresa, el sector de actividad y el nivel de ingresos influyen en la forma en que se organiza la alimentación durante la jornada laboral, lo que produce diferencias significativas entre distintos grupos de asalariados.

El informe también analiza el vínculo entre alimentación y salud. El 23,1% de los trabajadores asalariados presenta obesidad, definida como un índice de masa corporal superior a 30, una proporción que aumenta en contextos laborales menos favorables.

Los investigadores señalan que las condiciones del trabajo —los tiempos disponibles para comer, los ingresos y la infraestructura del lugar de trabajo— influyen directamente en los hábitos alimentarios y, en consecuencia, en la salud de quienes trabajan.

La mayoría de los trabajadores también manifestó interés en recibir algún tipo de aporte del empleador para cubrir los gastos de alimentación durante la jornada laboral. Según el estudio, 80,4% se mostró a favor de recibir ese tipo de beneficio, lo que refleja la centralidad que tiene el costo de la comida en el presupuesto cotidiano.

El informe concluyó que el lugar de trabajo es un espacio clave para promover mejores condiciones de alimentación y bienestar. La presencia de infraestructura adecuada y de aportes empresariales aparece asociada con mejores prácticas alimentarias y menores niveles de privación.

Las condiciones en que los trabajadores comen —o dejan de comer— durante su jornada laboral muestran cómo los ingresos, la organización del trabajo y el entorno laboral influyen directamente en la alimentación cotidiana.

JJD

Las familias que residen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) necesitaron durante febrero ingresos de al menos $1.440.146 para no ser pobres y de aunque sea $2.269.215 para ser consideradas de clase media, de acuerdo a lo informado hoy por el Instituto de Estadísticas y Censos porteño (IDECBA).

Las canastas que se utilizan para determinar la línea de la pobreza e indigencia en la Ciudad, subieron hasta 3,1%, es decir que avanzaron por encima de la inflación en el segundo mes del año, que en el territorio porteño escaló hasta el 2,6%.

La medición se realiza considerando como una familia tipo a aquella compuesta por dos adultos y dos menores, que en el mes pasado necesitó ingresos por lo menos de $2.269.215 para ser de clase media, de al menos $1.440.146 para no ser pobre y aunque sea de $791.579 para no ser catalogada como indigente.

La Canasta Básica Alimentaria (CBA), que define el umbral de indigencia, trepó 3% en febrero, mientras que la Canasta Básica Total (CBT), que mide la pobreza, también subió 3% en el segundo mes del 2026. De esta manera, en el mes pasado la línea de pobreza creció un 3,11% y la de indigencia se elevó un 3,14%.

El organismo estadístico porteño precisó que en relación con un año atrás, la línea de pobreza pasó de estar en $1.089.146 durante febrero de 2025 a $1.440.147 en el mismo mes del actual calendario. En tanto que la línea de indigencia avanzó de $581.583 a $791.579.

Estratos según ingresos

En situación de indigencia: hogares cuyo ingreso total mensual no alcanza para cubrir la Canasta Básica Alimentaria (CBA – Línea de indigencia). Tienen ingresos totales de hasta $791.579,12.

En situación de pobreza no indigente: hogares cuyo ingreso total mensual no alcanza para cubrir la Canasta Básica Total (CBT – Línea de pobreza) pero permite al menos adquirir la CBA. Cuentan con un total de ingresos entre $791.579,13 y $1.440.146,88.

No pobres vulnerables: hogares cuyo ingreso total mensual es de al menos la CBT y no alcanza la Canasta Total (CT) del Sistema de Canastas de Consumo. Registran ingresos totales entre $1.440.146,89 y $1.815.372,47.

Sector medio frágil: hogares cuyo ingreso total mensual es de al menos la Canasta Total y no alcanza 1,25 veces la CT del Sistema de Canastas de Consumo. Tienen ingresos mensuales entre $1.815.372,48 y $2.269.215,59.

Sector medio “clase media”: hogares cuyo ingreso total mensual es de al menos 1,25 veces la CT y no alcanza cuatro veces la CT del Sistema de Canastas de Consumo. Ganan desde $2.269.215,60 hasta $7.261.489,91 al mes.

Sector acomodado: hogares cuyo ingreso mensual supera cuatro CT del Sistema de Canastas de Consumo, con ingresos al mes de $7.261.489,92 en adelante.

Con información de la agencia NA

El expresidente Mauricio Macri volvió a quedar en el centro de la polémica tras una definición sobre la pobreza: “Un pobre de hoy vive igual o mejor que un rey de hace cien años”, lanzó en una entrevista este fin de semana. Macri relativizó la gravedad de la pobreza actual al compararla con las condiciones de vida de comienzos del siglo XX y agregó: “Siempre quieren más de lo que les corresponde”.

Las declaraciones fueron realizadas en el straming La Fábrica, donde se refirió al cierre de FATE y a la crisis de la industria durante la gestión de Javier Milei, que el PRO acompaña de manera acrítica: el bloque amarillo votó tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados la reforma laboral del Gobierno.

“Un pobre de hoy vive igual o mejor que casi un rey de hace cien años, porque tiene cloaca, tiene agua corriente, tiene acceso al transporte público y a la educación pública. O sea, en los lugares donde las cosas funcionan”, planteó Macri.

En paralelo, el exmandatario se definió como “un liberal que cree en la capacidad de la gente” y sostuvo que la riqueza “la genera el sector privado o el emprendedor” y no el Estado. “Del kirchnerismo no rescato nada”, afirmó, al considerar que “no hicieron nada bien” y que incluso “despilfarraron el mejor momento de la soja” con un “superávit gemelo increíble”.

“Tenían todo para crecer. Detuvieron la exportación de gas y petróleo por regalarlo acá, junto con los servicios públicos. Fueron dos décadas perdidas para la Argentina, donde podríamos haber hecho una mejora para todo el mundo impresionante”, manifestó. También planteó que el Estado “tiene que saber administrar” y que “el único” tributo debería ser el Impuesto a las Ganancias que paga el empresario “para darle una segunda al resto de la sociedad”, además de garantizar “seguridad al sistema” como el derecho a la propiedad, la seguridad individual, la salud y la educación.

Respecto de la coyuntura económica, Macri señaló que “lamenta mucho la imprevisibilidad” en la Argentina, pero valoró la baja de la inflación que se adjudica el Gobierno y pidió que, si “la estabilidad vino para quedarse, no abandonen”. Incluso sugirió a la sociedad que “se convoquen si hace falta”.

Sobre las pymes, llamó a “poner garra” y “reestructurarse”, y pidió que utilicen todas las herramientas posibles “para defender su capacidad de creación, de trabajo, su fuerza laboral”. “Apuesten a lograr tener la eficiencia del caso y que su gremial combata para que se baje definitivamente la regulación estúpida de los impuestos abusivos porque necesitamos tener una oportunidad de producir y construir cosas acá”, sostuvo. Y concluyó: “Obviamente hay cosas que van a ser muy difíciles, habiendo tantas décadas de desventaja, pero seamos competitivos”.

MC

Durante 2025, el 48% de los hogares argentinos tuvo que desplegar algún tipo de estrategia para llegar a fin de mes. Así lo señala el último informe del Instituto Argentina Grande (IAG), que registra un crecimiento sostenido de prácticas defensivas como el uso de ahorros, la venta de bienes personales y el endeudamiento, en un contexto de consumo deprimido y pérdida del ingreso.

“El fenómeno central hoy en la Argentina es el sobreendeudamiento de las familias”, señaló Daniel Arroyo, ex ministro de Desarrollo Social. “Las familias se endeudan porque no les alcanza y terminan tomando una deuda para tapar la anterior; cuando entrás en ese circuito, deja de ser algo puntual y pasa a ser permanente”.

El informe muestra que la principal herramienta para solventar esta situación fue el uso de ahorros: el 35,3% de los hogares los destinó a cubrir gastos corrientes y el 9,4% vendió pertenencias. Además, uno de cada cuatro hogares se endeudó, ya sea con entidades financieras o con personas cercanas.

“En 2024 gasté todos mis ahorros para cubrir gastos básicos: vendí los dólares de años para sostener la prepaga y el colegio de mis hijos. El año pasado pedimos créditos y nos endeudamos. Mi esposa y yo trabajamos, pero no alcanza. Ahora sacamos crédito para pagar la deuda. Se volvió algo permanente, con la sensación de estar tapando agujeros mes a mes”, relató Carlos Fernández, 50 años, empleado administrativo en una pyme.

“Vendí la computadora, una bicicleta y algunos muebles para poder pagar gastos básicos y sostener a mis hijos durante 2025. De a poco empezás a desprenderte de cosas que necesitás y, de todas formas, no llegás”, contó Mariana Díaz, 42 años, empleada de comercio y madre de tres hijos.

Deudas para cubrir lo básico

Según el IAG, el endeudamiento ya no está asociado a consumos extraordinarios, sino a la necesidad de cubrir gastos esenciales. El porcentaje de hogares que se endeudan específicamente para “llegar a fin de mes” creció tanto frente al segundo trimestre de 2024 como en la comparación interanual con 2023.

“Hay tres cuestiones claras: los costos fijos altos, especialmente luz, gas y servicios básicos; el costo de los medicamentos, hoy desregulado; y el costo de los alimentos”, enumeró Arroyo. “Mucha gente el día 10 ya se quedó sin plata y empieza una carrera muy difícil para llegar a fin de mes”, agregó.

El informe identifica a los hogares de ingresos medios como los más tensionados: el 40% recurrió a ahorros, frente al 35% de los hogares de menores ingresos. También es mayor su acceso al crédito formal: el 18% se endeudó con entidades financieras, contra el 12% de los hogares de ingresos bajos.

Fernanda G. tiene 54 años y tiene una extensa carrrera como periodista. Hace más de 20 años que trabaja como editora en la misma empresa. Empezó vendiendo algunos dólares porque no estaba dispuesta a dejar de lado algunos “gustitos”. “Empecé a cambiar para pagar alguna pavada, un regalo para los chicos, ir a cenar un día, comprarme algo para mi. Primero fueron 100 dólares cada dos meses, después fueron 200 todos los meses, hasta que ya no eran solo para esos gustitos, era para llegar a fin de mes, pagar la prepaga o las expensas. De 200 pasé a 700 todos los meses hasta que los ahorros empezaron a desaparecer. Entonces empecé a vender la ropa que ya usábamos. Por mi trabajo viajo bastante y aprovecho a comprar afuera. Las cosas de H&M o de GAP acá las pagan bien. Vendí todo lo que podía pero ya no me quedó nada. Nada de nada, ni ahorros ni ropa ni aritos ni pulseras. Me ayudan mi viejos que tienen casi 90 años. Es muy angustiante y muy injusto”.

Morosidad en niveles récord

El avance del endeudamiento se refleja en los indicadores de morosidad, que alcanzaron un nuevo récord. Según el Banco Central, la mora de las familias llegó al 8,8%, el nivel más alto en más de 15 años, tras 13 meses consecutivos de aumento. El crecimiento se explica principalmente por el crédito al consumo y el fuerte incremento de la deuda con entidades no bancarias, en un escenario de caída del poder adquisitivo de los salarios.

En el circuito no bancario —que incluye billeteras virtuales como NaranjaX y Mercado Pago, además de financieras y casas de electrodomésticos— el atraso es mucho mayor y alcanza al 20,2%, según un informe de la consultora Eco Go, que dirige Marina Dal Poggetto, elaborado a partir de datos oficiales.

“Me endeudé con una financiera para poder comprar los medicamentos que necesito todos los meses, porque con la jubilación ya no me alcanzaba. Al principio parecía un monto chico, pero con los intereses la deuda se volvió impagable y empecé a atrasarme. Hoy me llaman y me mandan avisos de embargo”, contó Elena de Tellería, 71 años, jubilada.

En ese segmento, el endeudamiento con entidades financieras creció 14% interanual y casi 67% frente a 2023. Al mismo tiempo, aumentó el uso del crédito para consumos cotidianos: en noviembre de 2025, el 44,6% de las compras en supermercados se pagó con tarjeta de crédito, el nivel más alto desde que existen registros.

“El circuito suele empezar pagando el mínimo de la tarjeta, después aparece la financiera del barrio, después otra, y eso termina en tasas del 500% anual”, advirtió Arroyo.

El deterioro del ingreso disponible aparece como un factor clave. Según el IAG, aunque los salarios del sector privado registrado recuperaron niveles nominales similares a los de 2023, el cambio en los precios relativos redujo el margen real tras pagar servicios y transporte. En el AMBA, esos gastos pasaron de representar el 4,8% del salario mediano al 10,5% en dos años.

Ese ajuste convive con un consumo en retroceso: las ventas en supermercados cayeron 10,2% real entre enero y noviembre de 2025 respecto de 2023, con descensos en 23 de las 24 jurisdicciones. En paralelo, la morosidad en tarjetas de crédito alcanzó el 7,4%, el valor más alto registrado por el Banco Central.

En ese contexto, bloques opositores de la Cámara de Diputados presentaron un proyecto de ley orientado al desendeudamiento de los hogares, con foco en los sectores medios y bajos. La iniciativa propone que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES otorgue créditos a una tasa menor a la del sistema financiero privado para cancelar deudas acumuladas y establecer una relación cuota/ingreso que no supere el 30%.

Para Arroyo, el impacto social ya es visible. “No hablo de explosión social, sino de implosión: gente que no llega, vive endeudada y revienta para adentro”, afirmó. Y concluyó: “Cuando el endeudamiento es masivo, es un problema de política pública. Sin un tope a las tasas de interés, no hay salida”.

LN/MG

La cantidad de personas en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires volvió a crecer con fuerza en el último año. Según el relevamiento oficial del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat porteño, en noviembre de 2025 se registraron 5.176 personas, frente a las 4.049 contabilizadas en noviembre de 2024, lo que representa un incremento del 27,8%.

Qué muestran los datos oficiales

De acuerdo con el informe difundido por el Gobierno de la Ciudad y replicado por Chequeado, 3.563 personas fueron registradas dentro de los Centros de Inclusión Social (CIS), mientras que 1.613 se encontraban viviendo directamente en la vía pública.

Desde el Ejecutivo porteño señalaron que los principales obstáculos para revertir la situación siguen siendo los problemas de salud mental y adicciones, la ruptura de vínculos familiares y la dimensión metropolitana del fenómeno.

Según los datos oficiales, el crecimiento interanual se dio mayormente dentro del sistema de paradores: el 91% del aumento correspondió a personas alojadas en los CIS, mientras que un porcentaje menor se explicó por quienes permanecen en la calle.

Las medidas del Gobierno porteño

Durante la presentación, el ministro de Desarrollo Humano y Hábitat, Gabriel Mraida, explicó a Chequeado que se implementaron dispositivos transitorios, como la utilización de micros con 40 camas cada uno, destinados a personas que rechazan ingresar a los paradores tradicionales. Los vehículos permanecen estacionados junto a dispositivos móviles de atención nocturna.

El funcionario aclaró que esta alternativa no busca reemplazar a los Centros de Inclusión Social y remarcó que en el último tiempo se abrieron más de 10 nuevos CIS. Además, informó que en 2025 la línea 108, que recibe denuncias y pedidos de asistencia durante las 24 horas, recibió un promedio de 800 llamadas diarias.

Las zonas más afectadas

El relevamiento oficial muestra una fuerte concentración territorial. Las comunas con mayor cantidad de personas en situación de calle son la Comuna 1, que incluye el microcentro porteño, con 564 personas, seguida por la Comuna 3 (Balvanera y San Cristóbal), con 249, y la Comuna 4 (Pompeya, Parque Patricios, Barracas y La Boca), con 142.

La mirada crítica de las organizaciones sociales

En contraste con los números oficiales, el tercer censo popular realizado por 30 organizaciones sociales estimó que en la Ciudad de Buenos Aires hay 11.892 personas en situación de calle, más del doble de lo informado por el Gobierno porteño. Según ese relevamiento, 7.898 personas viven en la vía pública y 3.994 en Centros de Integración Social.

En diálogo con Chequeado, Leandro Vera Belli, coordinador del área de Tierra, Vivienda y Justicia Social del CELS, advirtió que existe un subregistro oficial, ya que el conteo se realiza en un único día, durante la noche y en zonas específicas de la Ciudad. No obstante, señaló que, aun con esas limitaciones, los datos oficiales muestran un aumento sostenido del fenómeno en los últimos años.

Violencia institucional y deterioro de la salud

El informe de las organizaciones sociales también alerta sobre el impacto de la vida en la calle. Según el censo popular, el 37,9% de las personas lleva menos de un año en esa situación, el 80,7% denunció haber sufrido violencia institucional, principalmente por parte de la Policía de la Ciudad y áreas de Espacio Público, y el 64% manifestó un deterioro en su salud desde que vive en la calle.

Las organizaciones concluyen que la magnitud del problema exige un plan integral, con políticas de prevención, un enfoque intersectorial que articule vivienda, trabajo y salud, y un sistema de información transparente y participativo.

En diciembre de 2025, una familia tipo necesitó $1.308.713 para no ser pobre, según el informe oficial del Indec sobre canasta básica total (CBT) en el Gran Buenos Aires. En ese mismo mes, el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) fue de $334.800. La relación entre ambos valores revela el núcleo del problema: el ingreso mínimo legal cubre apenas el 25,5% del costo de vida estimado para un hogar con dos personas adultas y dos menores.

En otras palabras, no alcanza ni para cubrir la cuarta parte de las necesidades básicas de una familia trabajadora. Esa diferencia se mantuvo a lo largo de todo el año y se consolidó como una expresión estructural de pobreza en el mundo del trabajo.

La canasta básica total (CBT) calcula el costo mensual de bienes y servicios esenciales: alimentos, vivienda, transporte, educación, salud, vestimenta y algunos consumos no alimentarios mínimos. Su valor sirve para establecer la línea de pobreza. En 2025, esa canasta subió 27,7%, mientras que la canasta básica alimentaria (CBA) —que marca la línea de indigencia— aumentó un 31,2% .

Ambas crecieron por encima de muchos ingresos reales. Y aunque la inflación anual fue del 31,5%, según el IPC, los productos que más pesan en la canasta —alimentos, servicios y transporte— subieron aún más. Solo en diciembre, tanto la CBT como la CBA aumentaron 4,1%, una cifra superior al promedio general .

El problema no es solo cuánto suben los precios, sino cuánto valen los salarios. El SMVM se mantuvo por debajo de la línea de pobreza todo el año. Para hogares de cinco integrantes, el costo de vida en diciembre fue de $1.376.478, mientras el ingreso mínimo seguía fijo en $334.800. Esa diferencia responde a una estructura económica que devalúa el trabajo y no lo reconoce como medio suficiente de subsistencia.

Además del salario mínimo, otro indicador relevante es el RIPTE, que mide la remuneración promedio de los trabajadores formales con aportes previsionales. En septiembre de 2025 —último dato disponible al cierre del año— ese ingreso fue de $1.551.831 brutos. A primera vista, el número supera el costo de la canasta básica total (CBT), que en diciembre fue de $1.308.713 para una familia tipo. Sin embargo, el RIPTE no refleja el ingreso disponible en mano, ya que incluye aportes jubilatorios, descuentos de obra social y otras retenciones, por lo que el salario neto puede reducirse en un 17% o más.

Además, se trata de un salario individual que debe sostener a un hogar entero de cuatro personas. Aun si se lograra empatar el valor de la canasta con un ingreso neto equivalente, esa familia seguiría sin margen para cubrir alquiler, salud no cubierta, educación extracurricular o cualquier gasto imprevisto. Por eso, incluso los trabajadores formales con ingresos promedio enfrentan niveles de restricción material crecientes. La pobreza laboral, en este escenario, no es una situación excepcional: es una realidad estructural que atraviesa al conjunto del mundo del trabajo.

La pobreza laboral de la que se viene hablando ya desde la pandemia ya no es un fenómeno marginal: al parecer llegó para quedarse. Según la Encuesta Permanente de Hogares, más del 36% de los ocupados trabaja en condiciones informales. En ese universo, los ingresos no solo son más bajos: también carecen de paritarias, aguinaldo o actualizaciones automáticas frente a la inflación. En la mayoría de esos casos, el ingreso mensual ni siquiera cubre la canasta alimentaria, lo que ubica a esos hogares por debajo de la línea de indigencia.

Los sectores registrados tampoco quedaron protegidos. En muchos gremios, las paritarias cerraron por debajo del 30% anual, y aunque hubo revisiones, no alcanzaron a igualar el ritmo de aumento del costo de vida. Según estimaciones del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, el salario mínimo perdió un 36% de su poder de compra entre 2023 y 2025.

Detrás de cada cifra hay una traducción concreta: el salario rinde cada vez menos para comer, para alquilar, para viajar, para pagar servicios básicos. En lugar de acercarse al umbral de la canasta básica, el ingreso real se aleja. La pobreza no es un resultado ocasional: es la forma habitual en que viven millones de personas que tienen trabajo.

Este desfasaje estructural se volvió constante: el ingreso por trabajo ya no garantiza superar la línea de pobreza. En muchos hogares, ni dos salarios mínimos combinados alcanzan para cubrir lo que el Estado estima como nivel de subsistencia sin pobreza. Esa es la definición más nítida de pobreza estructural en el mundo del trabajo.

Mientras el modelo económico no garantice que trabajar sea suficiente para vivir con dignidad, la pobreza seguirá reproduciéndose dentro del empleo, y no en los márgenes del sistema. Es una crisis del valor del trabajo, no solo del nivel de precios.

JJD

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) difundió este jueves los datos de las canastas básicas (CBA y CBT) correspondientes a noviembre. Ambos indicadores quedaron por encima de la inflación del mismo mes. De esta manera, un hogar de cuatro integrantes necesitó $1.257.329,03 para superar el umbral de pobreza en noviembre de 2025: 3,6% más que el mes previo y 25,5% interanual.

La variación mensual fue de 4,1% para la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y de 3,6% para la Canasta Básica Total (CBT).

De esta manera, ambas canastas se ubicaron por encima del dato de inflación, que fue del 2,5% para noviembre.

En el acumulado del año, la variación supera el 20% para ambos casos: fue de 26,1% para la CBA y 22,7% para la CBT.

Con respecto a la medición interanual -contra noviembre del 2024- la CBA aumentó 28,9% y la CBT 25,5%. En este caso, ambas canastas quedaron por debajo de la inflación interanual (31,4%).

Las canastas de los hogares

La polémica en torno a la medición de la pobreza volvió a encenderse con la publicación el nuevo reporte de la Universidad Católica Argentina (UCA). Mientras el INDEC informó una fuerte caída durante el primer semestre de 2025 -del 41,3% al 31,8% interanual-, un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA-UCA) advierte que la mejora real fue mucho más acotada y que la estadística oficial sobrerrepresenta el alivio social.

Según el organismo académico, si bien la pobreza se redujo gracias a la baja de la inflación, los cambios en los precios relativos y el fortalecimiento de la AUH–Tarjeta Alimentar, la caída efectiva fue de apenas 2,1 puntos porcentuales cuando se corrigen problemas de “captación” en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Aplicando esta corrección, la pobreza habría pasado del 33,9% al 31,8% entre 2023 y 2025.

El punto central del análisis es técnico. La UCA sostiene que desde finales de 2023 la EPH mejoró de forma abrupta su capacidad para registrar ingresos laborales y no laborales. Ese salto en la captación, que implica que más personas declaran todos sus ingresos, genera un “efecto estadístico” que explica cerca de tres cuartas partes de la baja de la pobreza informada por el INDEC. “La caída existe, pero es mucho menor de lo que muestran los números oficiales”, resume el estudio.

El informe también cuestiona la persistencia de la metodología utilizada por el organismo estadístico para calcular la Canasta Básica Total (CBT). El INDEC continúa empleando la estructura de gasto relevada en la ENGHo 2004/2005, pese a que existen datos más actualizados de 2017/2018, donde el peso de los servicios en el presupuesto familiar es significativamente mayor. Con una canasta recalculada según consumos actuales, la CBT sería más alta y, por lo tanto, la incidencia de la pobreza también aumentaría.

Agustín Salvia, director del ODSA, estimó que una actualización metodológica llevaría la canasta vigente de $1.276.649 a cerca de $1.942.000, modificando tanto el nivel como la trayectoria reciente del indicador: la pobreza habría crecido menos tras la devaluación de diciembre de 2023, pero también habría bajado con menos velocidad durante 2024 y 2025.

Más allá de los números, el informe advierte sobre la permanencia de un piso estructural de pobreza en torno al 25–30% que la Argentina no logra perforar desde hace dos décadas. También señala que los programas de transferencias monetarias siguen siendo esenciales para contener a los sectores más vulnerables: sin ellos, la pobreza treparía al 42% y la indigencia se duplicaría.

Aunque el ODSA reconoce mejoras parciales durante el último año, subraya que no configuran un cambio estructural. “La sostenibilidad aún debe ser evaluada”, concluye el documento, que plantea que los niveles actuales de privación son similares a los de 2018 o 2022 y que la recuperación se reparte de manera muy desigual entre los distintos estratos sociales.

Definiciones de Pobreza e Indigencia

• Pobreza: Se define a los hogares como pobres si sus ingresos se encuentran por debajo del umbral del ingreso monetario necesario para adquirir una canasta de bienes y servicios (Canasta Básica Total o CBT).

• Indigencia: Se considera indigentes a los hogares cuyos ingresos no les permiten adquirir el valor de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que cubre un umbral mínimo de necesidades alimenticias.

 Datos Estructurales e Históricos

• El informe señala que la proporción de hogares y población en condición de privaciones económicas es un problema que se arrastra desde hace poco más de cuatro décadas en el país.

• En los últimos 20 años, la pobreza por ingresos ha mantenido un piso estructural de alrededor del 25% de la población, y la indigencia, alrededor del 5%.

• El régimen político-económico post-convertibilidad (2002-2023) nunca pudo superar el 25-30% de pobreza crónica en términos de ingresos y recursos de inclusión social.

• El tercio inferior de la estructura social se concentra en una población atrapada en la pobreza debido a empleos informales, precarios o de subsistencia, y una dependencia estructural de las transferencias públicas.

Tasas Recientes de Pobreza e Indigencia (2023-2025)

Las estimaciones de pobreza e indigencia monetaria más recientes de la EDSA-ODSA para el tercer trimestre de 2025 son:

Indicador (Personas) 2023 (EDSA)  2024 (EDSA)      2025 (EDSA)

Pobreza                      44.7%              45.6%                36.3%

Indigencia                     9.6%              11.2%                  6.8%

Observación sobre la Medición Oficial (EPH-INDEC):

• La tasa de pobreza oficial del INDEC para el segundo trimestre de 2025 (proyectada) habría sido del 31.8%, lo que implica una baja de 9.5 puntos porcentuales desde el segundo trimestre de 2023.

• Sin embargo, existe un sesgo en la medición monetaria (subregistro de ingresos en la EPH). Corrigiendo el cálculo por la mejora en la captación de ingresos, la caída real de la pobreza monetaria bajo la gestión actual sería de “solo” 2.1 p.p., y la pobreza corregida en 2025 se situaría en torno al 35% (usando valores corregidos por captación del 2T 2025).

Aproximadamente tres cuartas partes de la caída en las cifras oficiales de pobreza desde 2023 podrían deberse a este efecto estadístico.

Pobreza según presencia de niños/as (2025):

• Población en hogares con niños en situación de pobreza: 48.8%.

• Población en hogares sin niños en situación de pobreza: 10.8%.

Cronicidad de la Pobreza (2024-2025):

• La población crónicamente pobre (que siempre estuvo en situación de pobreza por ingresos entre 2024 y 2025) representa el 27.6% del total.

• La cronicidad es significativamente mayor en los estratos más bajos: en el nivel Muy Bajo, el 60.9% de la población permaneció crónicamente pobre entre 2024 y 2025.

Indicadores Relacionados (Privaciones Económicas y Sociales)

El informe complementa la medición de pobreza por ingresos con indicadores directos de privación:

• Estrés Económico: Mide la percepción subjetiva de que los ingresos del hogar no son suficientes para cubrir los gastos básicos.

  ◦ En 2025, el 46.8% de la población está afectada por el estrés económico, un valor superior al piso histórico cercano al 35%.

  ◦ Casi 7 de cada 10 hogares de NSE bajo padece estrés económico.

  ◦ La cronicidad del estrés económico se mantiene alta, cercana al 28.3% del total de la población en 2024-2025.

• Inseguridad Alimentaria: Refleja la reducción involuntaria de porciones de alimentos y/o experiencias de hambre por motivos económicos.

  ◦ En 2025, el 18.7% de los hogares se encuentra en situación de inseguridad alimentaria total, y el 7.8% bajo inseguridad alimentaria severa.

  ◦ La inseguridad alimentaria es crítica en el estrato Muy Bajo, con valores superiores al 50% en los picos y 40.2% en 2025 (inseguridad alimentaria total).

• Impacto de Transferencias Sociales: Las simulaciones indican que los programas sociales son necesarios aunque insuficientes.

  ◦ La indigencia se reduciría a la mitad si se eliminaran los programas de transferencias (la tasa de indigencia simulada sin transferencias en 2025 es del 12.8%, frente al 6.8% observado).

  ◦ La pobreza sería alrededor de un 20% más elevada sin estas transferencias (la tasa simulada sin transferencias en 2025 es del 41.8%, frente al 36.3% observado).

• Malestar Psicológico: El deterioro de las condiciones económicas tiene una correlación directa en la salud mental.

En resumen, aunque los datos más recientes de 2025 muestran una reducción de las tasas de pobreza e indigencia por ingresos respecto a los picos de la crisis de 2024, alcanzando niveles similares a 2022/2023, la pobreza crónica estructural persiste, especialmente en los estratos socioeconómicos más bajos.__IP__

“Estas mejoras relativas se deben, en parte, a la estabilización inflacionaria y al refuerzo de transferencias sociales, pero no implican un cambio estructural en las condiciones de vida ni en la alta desigualdad”, concluyó la UCA.

Con información de la agencia NA

¿Una herramienta para terminar con la pobreza estructural? Sí, teníamos. En Argentina, durante más de una década logramos construir una política que funcionó: la política nacional de integración sociourbana. Entre 2016 y 2023, con un amplio consenso político que trascendió gestiones, se creó el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP). Posteriormente, con el impulso de los propios vecinos de cada territorio, el Congreso sancionó la Ley 27.453 para llevar obras claves y trabajo mediante cooperativas a villas y asentamientos; al mismo tiempo, se diseñó un mecanismo de financiamiento innovador para darle impulso. En 2025, se eliminó el fondo que permitía financiar estas obras. ¿Por qué nos cuesta tanto sostener lo que sí funciona?

Aún hoy, más de 5,3 millones de personas viven en 6467 barrios populares. La informalidad urbana no es nueva: forma parte de la historia del país desde hace más de un siglo. Lo que sí es nuevo, y decisivo, es la capacidad que hoy tenemos para medir y caracterizar esa realidad. El RENABAP permitió por primera vez construir un diagnóstico homogéneo y detallado sobre las condiciones de hábitat en todo el país.

Los datos que surgen son difíciles de relativizar. Más del 92% de los barrios populares no tienen acceso seguro al agua, el 97% carece de cloacas y más del 98% no cuenta con gas natural. El 66% depende de conexiones eléctricas informales, muchas veces con riesgos severos de seguridad, y siete de cada diez barrios están expuestos a algún tipo de riesgo ambiental (como inundaciones, basurales a cielo abierto o contaminación de cuerpos de agua).

La inversión necesaria para resolver la brecha de infraestructura en los barrios populares supera los 27.000 millones de dólares. Esto implica sostener una inversión anual de aproximadamente 2250 millones durante 12 años. Sin embargo, desde 2024 la política de integración sociourbana sufrió un proceso de desfinanciamiento y desarticulación. En lo que va de 2025, el gasto ejecutado en programas de integración llegó apenas a 4,2 millones de dólares, es decir, el 0,2% de lo necesario. Frente a esta realidad, la tendencia es clara: se profundiza el déficit, se deterioran las condiciones de vida y crece la desigualdad territorial.

Frente a esta situación, desde Fundar y TECHO elaboramos el informe “De los barrios populares a la ciudad formal: aportes para un plan nacional de integración sociourbana”, que propone un camino concreto para reconstruir una política que llegó a generar consensos transversales y resultados tangibles. La primera línea es clara: implementar un plan nacional de infraestructura basado en criterios técnicos de priorización. Esto implica identificar dónde están los déficits más urgentes, dónde existen riesgos ambientales severos, dónde faltan conexiones formales y qué posibilidades reales tienen los gobiernos locales y las comunidades de sostener las intervenciones.

La segunda línea es avanzar en mecanismos de seguridad en la tenencia. Hoy, miles de familias viven sin ningún respaldo documental, lo que limita su acceso a derechos y las expone frente a desalojos. El Certificado de Vivienda Familiar (CVF), creado junto con el RENABAP, demostró su utilidad como una herramienta que reconoce el domicilio y habilita trámites y servicios. Para que tenga un mayor alcance, es necesario fortalecerlo, integrarlo con catastros y registros provinciales y consolidarlo como parte de un proceso progresivo hacia mayores niveles de seguridad dominial.

La tercera línea es innovar en el financiamiento. Con un volumen de inversión tan alto, no alcanza con depender del presupuesto anual. Se necesitan instrumentos como bonos sociales, fondos de inversión de impacto, mecanismos de captación de plusvalías urbanas y financiamiento subnacional, que permitan complementar la inversión pública. Integrar barrios populares no puede ser una política que cada gobierno reinicie desde cero: necesita estabilidad, previsibilidad y herramientas financieras acordes al desafío.

Pero hay algo más. Pensar la integración sociourbana no es un ejercicio técnico: es una decisión política sobre prioridades nacionales. Los barrios populares no son una anomalía urbana ni un “problema de las grandes ciudades”. Son una realidad que se extiende en todo el territorio. Están en las periferias metropolitanas, en ciudades intermedias y en localidades chicas.

Integrar los barrios populares es integrar la Argentina. No se trata de “llevar la ciudad” adonde no llega, sino de reconocer que esos barrios ya forman parte del país y merecen las mismas condiciones que el resto del territorio. Se trata de garantizar servicios básicos, pero también derechos; de construir infraestructura, pero también continuidad; de invertir en el hábitat, pero al mismo tiempo en una idea de igualdad que no deje a millones de personas por fuera del desarrollo.

La Argentina ya cuenta con diagnósticos rigurosos, información precisa y experiencia acumulada. Lo que falta es retomar, con seriedad, escala y compromiso, una política pública que no puede depender del ciclo económico ni de la coyuntura de turno. Integrar es posible. Mejor dicho, es urgente. Y es, sobre todo, una condición para cualquier proyecto de desarrollo que busque terminar con la pobreza estructural y para cualquier país que anhele no dejar a millones de personas atrás.

*Juan Maquieyra es director ejecutivo de TECHO Argentina y María Migliore, directora de bienestar compartido en Fundar.

Tres de cada diez hogares con niñas, niños y adolescentes de la Argentina no logran cubrir sus gastos mensuales, según la última encuesta de UNICEF sobre la situación de la infancia y la adolescencia. Si bien el dato muestra una mejora respecto del año pasado -cuando casi la mitad de las familias no alcanzaba a cubrir sus necesidades básicas-, el organismo advierte que la recuperación sigue siendo frágil y que persisten fuertes desigualdades.

El estudio, correspondiente a la 9ª Encuesta Rápida que UNICEF realiza desde 2020, indica que el 31% de los hogares con chicos y chicas continúan con ingresos insuficientes, pero remarca una recuperación especialmente visible en los sectores más vulnerables. En paralelo, el endeudamiento familiar aumentó ocho puntos en el último año y llega al 31%, principalmente por créditos bancarios, préstamos del ANSES o el uso de tarjetas. Si se incluyen deudas a través de billeteras virtuales, aplicaciones o prestamistas informales, la cifra asciende al 45%.

“La Encuesta Rápida constituye una herramienta clave para comprender la evolución de las condiciones de vida de la infancia y la adolescencia en el país. Los resultados de esta nueva ola ponen de manifiesto frágiles avances a partir de la reducción de la pobreza, pero también desafíos que deben abordarse con prioridad en la agenda pública para consolidar y acelerar esa tendencia”, señaló el representante de UNICEF en la Argentina, Rafael Ramírez Mesec.

Mejora en el consumo y acceso a servicios

El informe destaca que, tras un período de alta inflación y pérdida de poder adquisitivo, se registraron mejoras en la capacidad de los hogares para afrontar gastos relacionados con la infancia, como útiles escolares, vestimenta y actividades recreativas. También se observa un mejor acceso a servicios básicos: la proporción de familias que no pueden asistir al médico o al dentista por falta de recursos bajó ocho puntos, y la cantidad de hogares que deben restringir comidas por falta de dinero cayó del 52% al 30%.

Estos avances coinciden con una reducción de la pobreza infantil, que afecta al 46,1% de los chicos y chicas del país, según los últimos datos del INDEC. La pobreza extrema, por su parte, alcanza al 10,2%. Ambos indicadores muestran una caída significativa en comparación con el primer semestre de 2024, cuando la pobreza infantil superaba el 67%.

“Estos datos reflejan el impacto que tuvo la desaceleración inflacionaria junto a la priorización de las políticas de protección de ingresos para los hogares de menores recursos, a través de la Asignación Universal por Hijo y la Prestación Alimentar. El desafío, en un marco de consolidación fiscal, radica en sostener estos esfuerzos”, explicó el especialista en Inclusión Social y Monitoreo de UNICEF Argentina, Sebastián Waisgrais.

Endeudamiento y ajustes en el gasto familiar

Pese a los signos de alivio en los ingresos, el endeudamiento se consolidó como una de las principales preocupaciones. Cuatro de cada diez hogares dejaron de pagar algún servicio durante el último año, y el 16% presenta dificultades para afrontar el pago de tarjetas de crédito. Además, uno de cada diez hogares tuvo que darse de baja de su cobertura médica prepaga o cambiar a sus hijos de escuela por razones económicas.

El estudio de UNICEF advierte que, aunque los sectores más pobres se beneficiaron de la mejora en los ingresos, las clases medias sufren cada vez más presión financiera. “Se trata de familias que no son destinatarias directas de la asistencia estatal, pero cuyos ingresos reales siguen muy ajustados y deben recurrir al crédito o a la reducción del consumo para sostener su nivel de vida”, detalló Waisgrais.

Cuotas alimentarias y desigualdades persistentes

Otro dato preocupante del informe es el persistente incumplimiento del pago de la cuota alimentaria: más de la mitad de las madres que deberían recibirla (52%) no perciben ese ingreso. El porcentaje se mantiene estable desde hace varios años y refleja, según UNICEF, una forma estructural de desigualdad económica que impacta de manera directa en el bienestar de los niños y niñas.

“El incumplimiento de la cuota alimentaria tiene consecuencias significativas sobre las condiciones de vida de la infancia y reproduce brechas de género en el acceso a los recursos”, subraya el documento.

Nuevas alertas: bullying y apuestas en línea

Más allá de los aspectos económicos, la encuesta también pone el foco en el bienestar emocional y social de los adolescentes. En ese sentido, detectó un aumento preocupante del bullying escolar, que pasó del 25% al 41% en un año y afecta a casi un millón de chicos en todo el país. UNICEF considera que este fenómeno debe abordarse como un problema de convivencia escolar y de salud mental.

Por primera vez, el estudio indagó sobre la participación de adolescentes en apuestas en línea, y los resultados encendieron una alarma: cuatro de cada diez reconocieron haber apostado dinero en plataformas digitales durante el último mes. La práctica se extiende entre varones jóvenes y suele vincularse con el uso de redes sociales y videojuegos.

“La expansión de las apuestas en línea plantea un desafío urgente para las políticas públicas. Se necesita reforzar la educación digital, la prevención y los espacios de acompañamiento”, señala UNICEF.

Una foto de avances frágiles

Desde 2020, UNICEF realiza este monitoreo semestral para evaluar el impacto de la coyuntura económica y social sobre la infancia. Los resultados de esta edición muestran una mejora relativa en los ingresos y el consumo, pero también un aumento del endeudamiento y nuevas problemáticas que afectan la salud emocional y la estabilidad de las familias.

El informe concluye que, si bien la reducción de la pobreza infantil constituye un avance importante, el escenario sigue siendo vulnerable: una parte significativa de los hogares aún no logra cubrir sus necesidades básicas y la desigualdad persiste como una barrera estructural.

CRM

Los trabajadores de la economía popular vuelven a las calles. Este jueves la UTEP, Barrios de Pie y otras organizaciones sociales se movilizan al ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, para exigir aumento del Salario Social Complementario, su continuidad en 2026 y un bono de fin de año para todo el sector.

La jornada, convocada bajo la consigna “Nuestro trabajo vale: salario, alimentos y reconocimiento”, busca reivindicar el carácter esencial del trabajo sociocomunitario, que sostiene la alimentación y el cuidado en los barrios populares a través de comedores, merenderos, cooperativas, ferias y espacios de acompañamiento. “Las trabajadoras y trabajadores de la economía popular somos quienes con nuestro trabajo sostenemos la vida en los barrios. Producimos, alimentamos y cuidamos, mientras el Estado nos da la espalda y la crisis golpea cada vez más fuerte”, afirmó Norma Morales, secretaria adjunta de la UTEP.

“Pedimos que se reconozca el trabajo que sostiene la vida cuando el Estado se retira. En cada comedor y espacio comunitario están nuestras cuidadoras populares, esas mujeres que siguen salvando vidas con amor y compromiso”, agregó.

Las organizaciones también reclaman la entrega de alimentos a comedores y merenderos, luego de que el Ministerio de Capital Humano debiera reconocer que las auditorías a comedores nunca existieron, como había sostenido públicamente. Denuncian que mientras se difama a los movimientos sociales y se recortan programas, son ellos quienes garantizan derechos básicos en los barrios.

La protesta se da en un contexto de creciente deterioro social y laboral. Según el último informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA-UCA), el 15% de los asalariados formales vive en situación de pobreza, y casi la mitad de la población económicamente activa tiene empleos precarios, inestables o informales.

El estudio señala que la pobreza por ingresos afecta al 46% de la población y que la pérdida del poder adquisitivo, junto al aumento del costo de vida, profundizó la desigualdad. En ese marco, el informe advierte que el trabajo ya no garantiza salir de la pobreza, incluso entre quienes tienen empleo registrado.

Para la UTEP, ese diagnóstico refuerza la urgencia de reconocer al trabajo sociocomunitario como actividad esencial y de garantizar un salario digno para quienes sostienen la vida cotidiana en los barrios más golpeados por la crisis. “Nos salvamos en comunidad, porque así aprendimos a vivir”, sintetizó Morales. “Somos trabajadoras sociocomunitarias no solo por necesidad, sino por la fuerza colectiva de organizarnos para subsistir.”

La concentración de este jueves será frente al Ministerio de Capital Humano desde las 11, con la presencia de referentes de la economía popular, movimientos sociales y cooperativas de distintas provincias.

MC

El 15% de los trabajadores asalariados del país no logra alimentarse adecuadamente, incluyendo a aquellos que cuentan con un empleo formal (7%), según expuso un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la UCA.

El reporte reflejó que la denominada inseguridad alimentaria afecta mayormente a los trabajadores del sector informal, con una incidencia del 24% de los asalariados, frente a un 9,8% en el sector formal y un 14,1% entre empleados públicos.

Al puntualizar en la afectación de los problemas alimentarios para los empleados formales asegura que eso “refleja un problema que trasciende la mera inserción laboral”, aunque reconoce que “los trabajadores sin aportes a la seguridad social presentan niveles de inseguridad alimentaria notablemente superiores en comparación con aquellos con aportes”.

El informe también hace referencia a la incidencia de la cantidad de horas trabajadas al detallar que el 21,1% de los subocupados tiene dificultades para alimentarse bien. La proporción se reduce al 13,3% entre los sobreocupados y al 12% entre quienes tienen jornada completa.

A nivel regional, el Conurbano bonaerense aparece como el área más crítica, con un 18,9% de asalariados en situación de inseguridad alimentaria, mientras que en el interior la cifra merma al 14,8% y en la Ciudad de Buenos Aires cae al 7,1%.

En la medición por género, el estudio señala que las mujeres (15,5%) se ven apenas más afectadas que los hombres (15%). Mientras que en edad, los que más padecen la alimentación irregular son los trabajadores de entre 35 y 54 años (17,1%), seguidos por aquellos que tienen entre 18 y 34 años (14,3%) y por último los mayores de 55 años (12%).

Asimismo, afirma que “los trabajadores afiliados a sindicatos tienden a tener mayor seguridad alimentaria, lo que podría relacionarse con mejores condiciones laborales y acceso a derechos”.

Además, la UCA remarcó que “en estratos socioeconómicos bajos, hogares en situación de pobreza y personas con menor nivel educativo, la inseguridad alimentaria es más alta” y agregó: “Los factores geográficos y el desarrollo territorial también influyen en los niveles de seguridad alimentaria”.

En este sentido, de los argentinos que trabajan y cuentan con estudios universitarios o más sólo el 4,6% son afectados, mientras que entre aquellos que tienen el secundario incompleto la incidencia se eleva hasta el 34%.

En cuanto a la situación de los hogares que sufren condiciones de vulnerabilidad, el documento refleja que el 38,6% de los trabajadores que están por debajo de la línea de pobreza sufren inseguridad alimentaria mientras que de los que no son pobres el nivel de afectación alcanza el 6,9%.

La pobreza en el primer semestre del año fue del 31,6% de la población, según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) este jueves. La cifra marca una fuerta baja de 20 puntos menos comparada con el mismo período de 2024 cuando la pobreza había alcanzado al 52,9% de la población.

De acuerdo a las cifras oficiales, se trata del índice más bajo desde 2018. La indigencia, además, se ubica en el 6,9% de la población.

El dato suma una inyección de optimismo a un gobierno golpeado por la derrota en la provincia de Buenos Aires y que viene tapando la suba del dólar a fuerza del alza en las tasas de interés. La administración de Javier Milei necesitaba de este número como el oxígeno para poder exibirlo de cara a las elecciones de octubre.

De acuerdo a la Encuesta Permanente de Hogares del Indec (EPH) del Indec, la pobreza también marca una mejoría en relación al semestre anterior cuando fue de 38,1%, es decir que en lo que va del año bajó 6,5%. En relación a la indigencia también se registró una baja ya que en el semestre anterior fue de 8,2%, registrandose una baja de 1,3%.

En cantidad de personas, las cifras del Indec señalan que en la Argentina 15,05 millones de personas viven en la pobreza, mientras que son 3,39 millones los que están en la indigencia.

Los números sobre la pobreza en Argentina fueron de inmediato festejados por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien en su cuenta de X publicó: “No era emitiendo, no era hostigando al sector privado, no era aislándonos del mundo. El populismo empobrece, siempre”.

Sin embargo, desde el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) difundieron un estudio en el que alertan sobre la forma en la que el Indec está mediendo la pobreza: “Las alzas y bajas bruscas de la tasa de incidencia de la pobreza despiertan las dudas en torno a la metodología de su medición. Como hemos sostenido en los debates sobre la metodología de cálculo del IPC, la súbita modificación de los precios relativos durante 2024 distorsiona el índice de inflación. Esta problemática es extensible a la estimación de la incidencia de la pobreza por ingresos”.

En otro tramo, CEPA agrega: “el peso de lo no alimentario, en particular los servicios y el transporte, en la estructura de consumo de los hogares está muy por debajo de su peso real actual”.

En el mismo sentido se expreso el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica que destaca como una ·buena noticia“ los datos del Indec, pero en un comunicado titulado ”Un descenso sobrerrepresentado de la pobreza“ advierte que ”es importante diferenciar entre el fenómeno de la pobreza y su instrumento de medición“. Para el Observatorio, la baja de la pobreza ”debe interpretarse en el marco de un proceso de estabilización macroeconómica caracterizado por la desaceleración de la inflación y por un menor incremento en los precios de los bienes que integran las canastas básicas de consumo en comparación con el índice genera“. Sin embargo, ponen el foco en que en un ”contextos de alta volatilidad, tanto por fuertes incrementos en los precios como ante la desaceleración inflacionaria, la medición de la pobreza por ingresos tiende a ser menos precisa. Un análisis más cuidadoso de la serie estadística oficial sugiere que, aunque la caída de la pobreza es real, su magnitud se encuentra sobrerrepresentada“.

La Provincia de Buenos Aires es, a la vez, motor económico y territorio de contrastes extremos. Allí conviven barrios privados con estándares de primer mundo junto a asentamientos sin cloacas ni agua potable. Es el distrito más poblado del país —con 17 millones de habitantes— y también el que mejor refleja las desigualdades nacionales. Los comicios en esta jurisdicción, por lo tanto, no solamente tienen la relevancia institucional de toda elección, como la de mañana, sino que funcionan como espejo de una nación que no logra convertir el potencial de sus recursos en una riqueza más distributiva, que corrija esas inequidades, que llegan a los extremos: fortunas descomunales y miseria endémica; un dolor social que pasa inadvertido.

En apenas 24 de los 135 partidos de la provincia, que son los que conforman el conurbano, vive una cuarta parte de los argentinos. Esos 24 partidos son menos del 1% del territorio nacional. Allí la pobreza alcanzó en el primer trimestre de 2025 al 34,5% de la población y la indigencia al 8,7%, según el Observatorio del Conurbano (UNGS). Son cifras mejores que los picos de 2024, pero todavía muy altas si se las mide frente a la capacidad productiva de la provincia.

Buenos Aires concentra cerca del 37% del producto bruto interno argentino y más de un tercio de la producción industrial del país. También es el corazón de la agroindustria y de buena parte de las exportaciones. Sin embargo, esa centralidad económica no se traduce en mejoras equivalentes para su población: la riqueza generada se concentra en pocos sectores y convive con bolsones de pobreza persistente, lo que expone la paradoja de una provincia que aporta mucho más de lo que devuelve en calidad de vida a sus habitantes.

La dinámica demográfica también acentúa la fractura. En el conurbano se concentra la mayor parte de la migración interna: uno de cada cinco bonaerenses nació en otra provincia, y más del 80% de esos migrantes eligió asentarse en el área metropolitana. Entre los censos de 2010 y 2022, el conurbano creció un 22,6%, mientras muchas localidades del interior apenas mantuvieron su población o directamente comenzaron a envejecer. El resultado es un mapa desigual: cinturones metropolitanos que se expanden sin pausa y pueblos del interior que pierden densidad, servicios e incluso escuelas.

Las brechas también se evidencian en el acceso a servicios esenciales. En el AMBA, millones de personas dependen de un transporte público saturado y de hospitales que funcionan al límite de su capacidad, mientras que en el interior se multiplican las quejas por la falta de rutas seguras, conectividad y cobertura sanitaria adecuada. A la desigualdad económica se le suma así una desigualdad en la infraestructura que profundiza el sentimiento de abandono de un lado y de desborde del otro.

Dos provincias dentro de una

La brecha entre el conurbano y el interior bonaerense es tan grande que parecen dos provincias distintas. En el conurbano, la desocupación llegó al 9,7% en el primer trimestre de este año, por encima del promedio provincial de 9,3%. La informalidad laboral también es estructural: cuatro de cada diez asalariados trabajan sin aportes.

A la par, las condiciones de vida son frágiles. El conurbano concentra más del 80% de los barrios populares de la provincia y apenas 58% de las viviendas tiene conexión a cloacas, con diferencias extremas: del 8% en José C. Paz al 98% en Vicente López.

En el interior bonaerense, los indicadores sociales son menos dramáticos que en el conurbano, aunque también muestran fuertes contrastes. Mar del Plata cerró el segundo semestre de 2024 con un 28,9% de pobreza y un 3,3% de indigencia, de acuerdo con el Indec. Si se amplía la mirada a la pobreza multidimensional, un 23,5% de los hogares marplatenses enfrenta múltiples privaciones, mientras que más de la mitad registra al menos una carencia social.

Bahía Blanca, en cambio, exhibió en el primer semestre de 2024 —según el Indec— una pobreza del 44,4% y una indigencia del 13,9%, cifras que duplican el promedio nacional y evidencian que el interior tampoco es una isla homogénea.

La matriz agropecuaria es, sin embargo, el gran motor de la región: aporta cerca del 10% del producto provincial, aunque apenas genera el 4% del empleo, lo que refleja una alta productividad con baja capacidad de absorción laboral.

A las desigualdades económicas se suma el problema de la inseguridad, que golpea con fuerza en el conurbano y también se hace sentir en el interior. En los partidos metropolitanos, los delitos violentos, el narcotráfico y los robos son parte del día a día y alimentan el miedo social. La inseguridad en el interior no es menos real: entre enero y noviembre de 2024, los delitos en zonas rurales aumentaron un 18,7 % respecto del mismo período de 2023, según datos de la Superintendencia de Seguridad Rural de la provincia. Se registraron casos de abigeato, robo de maquinaria, hurto y violaciones de domicilio, mientras que la escasez de presencia policial agrava el problema en rutas y caminos rurales.

Reparto de recursos

Según datos provinciales, los municipios del interior reciben más del doble de fondos per cápita que los del conurbano, pese a que este último concentra la mayor parte de la población y las demandas sociales más urgentes.

Esa distribución desigual se traduce en presupuestos ajustados para intendencias que deben administrar millones de habitantes, frente a comunas pequeñas del interior con más recursos por persona. El resultado es un círculo vicioso: el conurbano crece demográficamente sin infraestructura ni servicios a la altura, y el interior se siente relegado en la agenda política.

Las diferencias sociales se reflejan también en las urnas. El conurbano es históricamente bastión del peronismo, que allí consigue sus victorias más contundentes. El interior, en cambio, suele inclinarse por fuerzas opositoras —radicalismo, PRO o libertarios— con un electorado más cercano a la clase media y al sector agropecuario.

La sobrerrepresentación legislativa del interior refuerza este peso político: secciones con pocos electores eligen casi la misma cantidad de bancas que las más pobladas. Así, aunque el 71% del padrón vive en el Gran Buenos Aires, la llave de las elecciones legislativas muchas veces está en el otro 29% del interior.

La misión imposible

Gobernar Buenos Aires siempre fue visto como una misión imposible. Porque en un mismo territorio conviven realidades opuestas: cinturones industriales y campos exportadores, barrios sin agua potable y countries con lagunas artificiales, desempleo masivo e índices de consumo de primer nivel.

Hoy, esa fractura se pone a prueba en las elecciones legislativas. El peronismo busca arrasar en el conurbano para compensar su habitual debilidad en el interior. La oposición apuesta a maximizar su ventaja en pueblos y ciudades rurales, donde cada voto vale más en términos de bancas, y hacer lo que pueda en el conurbano.

En cada elección, Buenos Aires vuelve a ser campo de batalla y laboratorio. Allí conviven las torres vidriadas y las casillas de chapa, el dólar contado con liqui y el changuito al fiado, las cosechas récord y los comedores desbordados. Gobernarla es intentar lo imposible: reconciliar en una sola provincia todas las fracturas de la Argentina.

Los datos de pobreza e indigencia provienen del Observatorio del Conurbano (UNGS) y del Indec. Los porcentajes de fondos per cápita corresponden a informes del Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires y el Observatorio del Conurbano.

JJD

Las salidas de dos funcionarios clave del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) vuelven a poner bajo la lupa la situación interna del organismo en un momento crítico durante la gestión de Javier Milei. Se trata de Guillermo Manzano, director de Estadísticas de Condiciones de Vida, y Georgina Giglio, a cargo de la Dirección de Índices de Precios de Consumo. Ambos presentaron su renuncia con fecha de efectividad el 1° de septiembre, justo antes de que se aplique la nueva metodología de cálculo del índice de inflación.

Manzano, responsable de un área central para la medición de la pobreza a través de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), argumentó su salida en diferencias de criterio en la gestión de los equipos de trabajo. Según trascendió, sin embargo, habría habido tensiones con el director del organismo, Marco Lavagna. Giglio, por su parte, comunicó que deja el cargo por razones personales. Desde ámbitos gremiales deslizaron que el desgaste también se explica por los salarios congelados, que vienen afectando a técnicos y profesionales del instituto.

La doble renuncia ocurre en un momento sensible. A partir de septiembre, el INDEC planea introducir un cambio metodológico en la medición del índice de precios al consumidor, que actualizará la canasta base de 2004/05 por una de 2017/18. El recambio busca “modernizar” la medición y alinearla con patrones de consumo más actuales. La salida de Giglio, que venía coordinando el trabajo, plantea dudas sobre la transición. En su lugar asumirá Josefina Rim, quien ya ocupó ese puesto entre 2017 y 2020 y cuenta con trayectoria técnica en el área.

En el caso de Manzano, su salida deja abierto un interrogante sobre el futuro inmediato de la EPH, una herramienta central no solo para medir pobreza e indigencia, sino también para relevar ingresos, mercado laboral y acceso a la vivienda. Aunque desde el organismo aseguran que la producción de datos no se verá afectada, el vacío de conducción alimenta la incertidumbre.

Las versiones sobre la situación interna en el INDEC van más allá de las renuncias. En declaraciones a Página/12, trabajadores describieron un clima de “modo libertario”, con mayores tensiones y dificultades de diálogo con la gestión actual.

En lo inmediato, la designación de Rim aparece como un intento de encauzar la transición en el área de precios. Sin embargo, la salida simultánea de dos directores estratégicos deja en evidencia la fragilidad de un instituto cuya fortaleza depende tanto de la calidad de sus estadísticas como de la confianza pública en quienes las producen.

Ayer también se conoció la salida de Santiago Migone, Subsecretario de Evaluación y Seguimiento de Gestión de Producción del Ministerio de Economía. Con su salida ya son 165 los funcionarios políticos que dejaron la gestión de Milei, según el relevamiento del politólogo Pablo Salinas.

El promedio de salidas es el de un funcionario cada 3,7 días desde que asumió el gobierno libertario en diciembre de 2023. El área que más perdió figuras fue Economía, con el 37%.

MC