Una de cada diez personas de las regiones en desarrollo viven con menos de 1,90 dólares al día, que es la cantidad establecida internacionalmente como el umbral de la pobreza. Y muchos carecen de acceso a alimentos, agua potable y saneamiento adecuados, según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El 17 de octubre se celebra el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, con el reto de alcanzar el primer Objetivo de Desarrollo Sostenible, que es nada menos que “poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo”.

Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza 2026: Hogares seguros para todos

El lema de 2026 se enmarca en el tema general “Unidos por la paz y los derechos humanos”. La edición de este año pone el foco en “Hogares seguros para todos”, un llamamiento a garantizar el acceso a una vivienda adecuada, segura, accesible y asequible.

La vivienda es mucho más que un techo. Contar con un hogar seguro y estable facilita el acceso a la salud, la educación y el empleo. Por el contrario, vivir en una casa insegura, hacinada o cuyo coste resulta inasumible puede agravar la pobreza y la exclusión social. La campaña de 2026 reclama políticas de vivienda que respeten los derechos humanos y tengan en cuenta las necesidades de las personas que sufren pobreza. También pide que estas personas participen en las decisiones que afectan a sus vidas.

Origen: Día Mundial para la Superación de la Pobreza Extrema

El Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza fue proclamado por la ONU en 1992, pero la primera vez que se celebró fue en 1987 en París, cuando más de 100.000 personas se reunieron en la Plaza del Trocadero para manifestarse a favor de los Derechos humanos y la libertad en honor a las víctimas de la pobreza, el hambre, la violencia y el miedo.

La convocatoria fue organizada por Joseph Wresinski, fundador del Movimiento Internacional ATD Cuarto Mundo, quien organizó esta campaña y quiso celebrar el que se llamó en un primer momento Día Mundial para la Superación de la Pobreza Extrema.

Aquel día, en la Plaza de Trocadero, se inscribieron los principios de los Derechos Humanos en una losa conmemorativa, que de inauguró como parte de los actos contra la pobreza, y de la que se han hecho réplicas en todo el mundo. Una de ellas está en la sede de la ONU en Nueva York.

La pobreza genera violaciones de los Derechos Humanos

La erradicación de la pobreza es uno de los mayores retos globales con que se enfrenta actualmente el mundo, en particular en África y en los países subdesarrollados.

La pobreza no es solo una cuestión económica. Se trata de un fenómeno que comprende la falta de las capacidades básicas para vivir con dignidad, como el acceso al agua potable, a la electricidad, saneamiento y alimentos.

La pobreza es en sí misma un problema de derechos humanos urgente y es causa y consecuencia de violaciones de los derechos humanos. Por ello, reducir la pobreza y erradicarla es una obligación de todas las sociedades.

NB

Una familia tipo porteña necesitó casi $1,7 millones para no ser considerada pobre en la Ciudad de Buenos Aires.

Una familia integrada por dos adultos de 35 años con dos hijos y vivienda propia, necesitó además ingresos mensuales desde $2.669.815 para ser considerada de clase media en septiembre. El mismo hogar requirió $1.687.299 para no ser considerado pobre.

Así surge del último informe del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (Idecba), que ubica dentro del sector medio a los hogares con ingresos de entre $2.669.815 y $8.543.407 mensuales. 

La medición toma como referencia a una pareja con dos hijos de seis y nueve años, ambos adultos con empleo y propietarios de la vivienda.

La cifra que marca el ingreso mínimo para pertenecer a la clase media aumentó $66.259 frente a agosto, cuando el umbral se ubicaba en $2.603.556. 

En comparación con septiembre de 2025, el incremento fue de $672.437, equivalente a 33,7%.

El sistema de estratificación de la Ciudad de Buenos Aires define como clase media a los hogares que perciben, al menos, 1,25 veces el valor de la Canasta Total de consumo. 

Para la familia tipo tomada como parámetro, esa canasta alcanzó $2.135.852 en septiembre.

Por debajo de ese nivel, pero por encima de la línea de pobreza, el informe clasifica a las familias dentro del “sector medio frágil”. 

Para ese mismo grupo familiar, el sector medio frágil comprendió los ingresos de entre $2.135.852 y $2.669.815 mensuales.

En tanto, quienes superaron los $8.543.407 quedaron dentro de los sectores acomodados, ya que ese monto equivale a cuatro Canastas Totales.

La línea de pobreza para el hogar de referencia ascendió a $1.687.299 mensuales. Es el ingreso necesario para cubrir la Canasta Básica Total, que incluye alimentos y otros gastos esenciales.

Las familias con ingresos inferiores a ese valor, aunque superiores a $925.941, fueron consideradas pobres no indigentes. 

Por debajo de los $925.941, el informe ubicó a los hogares en situación de indigencia, dado que ese monto corresponde a la Canasta Básica Alimentaria.

Los hogares no pobres vulnerables fueron aquellos con ingresos mensuales de entre $1.687.299 y $2.135.852. 

A su vez, el sector medio frágil comprendió a los hogares con ingresos de entre $2.135.852 y $2.669.815. 

Después de siete horas de trabajo no remunerado en el comedor Manos Solidarias, en el Bajo Flores, a Zaira Fernández todavía le quedaba una hora más. Tenía que cargar en la app del Gobierno porteño los datos de las 550 personas que cada día se llevan una ración con menos proteínas que antes. El viernes pasado, mientras anotaba los DNI, la app se trabó y ella aprovechó para entrar a sus redes. Ahí vio la noticia: una denuncia penal investiga si parte de las casi 30 toneladas de carne compradas para la Casa Rosada y la Quinta de Olivos terminó en “Pancitos Caseros”, un catering vinculado a la familia de María Belén Agudiez, ex subsecretaria de Planificación General de la Presidencia y amiga de Karina Milei.

“A nosotros nos persiguen, nos estigmatizan y nos controlan severamente con el hambre que hay, y ellos hasta se quedan con la carne comprada con fondos públicos para un emprendimiento privado”, dice a elDiarioAR Zaira, referente de Manos Solidarias, donde cada día se preparan 1.500 meriendas y 550 almuerzos. “Nos amenazan y nos imponen una app de control obligatoria que funciona mal y nos quita el tiempo que ya no tenemos para entregar un menú cada vez más escaso y sin proteínas”, agrega. Después de trabajar de 7 a 15 en el comedor, sale a limpiar o a coser peluches para vender.

Días antes de que el INDEC confirmara un aumento de la pobreza, el Gobierno nacional envió al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027. Según los cálculos, se prevé un recorte real de casi 10% para Alimentar Comunidad, el programa que abastece a comedores y merenderos, que acumula una caída cercana al 50% desde 2023. En paralelo estalló el escándalo de Olivos, a partir de una denuncia de la diputada Marcela Pagano. El catering figura a nombre de Analía Agudiez, hermana de la exfuncionaria. El entorno de Belén Agudiez rechazó las acusaciones y la Justicia aún no decidió si avanza.

“No puedo más de la bronca”, dice a elDiarioAR Lorena Claudia Corral, referente del comedor del Centro Cultural Recreativo y Biblioteca Evita, en el barrio Zavaleta, donde trabaja desde hace 32 años. “A ellos nadie los controla, compran carne y se la llevan, mientras que a nosotros nos humillan y nos obligan a pasar los balances diariamente con una app que requiere internet y muchas veces no funciona”. En los comedores advierten que aumenta la demanda y empeora la comida. “Es todo harina, pasamos de tener un poco de pollo o cerdo semana de por medio, casi nada de queso, y carne olvídate. Pero carne hay, se la quedan ellos para el catering”, dice Lorena.

“La app desgasta y se vuelve inviable, por eso el trasfondo es tener un argumento para ajustar y recortar cada vez más, como quedó demostrado en el proyecto del presupuesto”, señala Mariano “Turco” Kritterson, responsable de la UTEP-Evita en la Ciudad. “Lo que hay detrás de todo esto es una forma más de las tantas que han empleado para desarticular a las organizaciones sociales”.

Bajo sospecha

Según la denuncia de Pagano, en Olivos la misma dependencia que decidía cuánta comida se pedía, recibía la mercadería y firmaba los remitos. A los comedores, en cambio, el Estado los puso bajo sospecha desde 2024. En mayo de ese año se supo que Capital Humano retenía unas 5.000 toneladas de alimentos en galpones. El ministerio dijo que no iba a repartirlas entre “comedores inexistentes” y se allanaron espacios del Polo Obrero y Barrios de Pie. En 2025 eliminó el registro nacional de comedores tras una auditoría de la SIGEN. Ante un pedido de informes, respondió que la auditoría que sostenía la denuncia de “comedores fantasma” no existía. Por su parte, en diciembre de 2025, la Ciudad cerró 40 comedores que calificó de “fantasma” y Jorge Macri habló de “gerentes de la pobreza”. Las organizaciones lo llaman persecución.

El control, además, se volvió digital. En abril de 2026, Capital Humano lanzó el SISOC, una plataforma que cruza con ANSES, ARCA y el RENAPER los datos de cada beneficiario y de más de 3.600 espacios comunitarios, y usa inteligencia artificial para detectar fraudes e inconsistencias. “Si hay una persona con una situación inconsistente, lo sacamos”, explicaron en la presentación. En la Ciudad, el registro es más riguroso: desde comienzos de 2026, los más de 500 comedores porteños deben cargar todos los días en una app el DNI de cada persona que retira una vianda.

Cómo funciona la app

La Ciudad presentó la aplicación como la garantía de que “cada ración queda trazada”. Cuando se entrega la última vianda, alguien toma un celular y carga los datos de cada persona que retiró comida: DNI, nombre completo, fecha de nacimiento, domicilio y grupo familiar. La carga cierra a las 23.59. A Zaira le lleva una hora. Lorena tuvo que destinar a un compañero solo a esa tarea, sin sueldo, porque no puede sacar a nadie de la cocina ni de la entrega: “O hacés una cosa o hacés la otra”, dice.

La aplicación depende de internet y en los barrios la señal se cae. Sin conexión, el sistema admite dos o tres cargas más y se traba. Las familias muchas veces aparecen incompletas: un grupo de siete figura con tres integrantes, o con uno solo, y hay que cargarlo otra vez. Hay gente que no sabe su número de documento, o una hija que viene a buscar la vianda y no sabe el de la madre. “Si te dicen mal el nombre, ¿qué hacés? ¿No le entregás el tupper?”, pregunta Lorena. Y si un día la carga no se completa, para el sistema esa comida no se entregó.

Cada falla puede traer una advertencia. Zaira recibió mensajes que le avisaban que no estaba completando bien la aplicación y que podían sancionar al comedor. Pidió otra forma de registrar y le contestaron que solo vale la app. Llegó a ofrecer un video diario como respaldo. Hubo comedores sancionados que se quedaron semanas sin mercadería y tuvieron que cerrar; al reabrir, quedaron bajo un seguimiento más estricto. Lorena, que entró al programa de grupos comunitarios en 1995, dice que nunca había vivido “un control así”.

Lo que más preocupa a las organizaciones es lo que pasa después con las raciones. Kritterson explica que el Gobierno porteño hace una “lectura lineal” de los datos: “Si entregó 100 raciones y la aplicación registra 85 personas, interpreta que fueron necesarias 85”. En comedores que cargaron menos personas algunos días, las raciones bajaron después. A compañeros de Lorena se las recortaron sin explicación y, cuando reclamaron, les dijeron que habían cargado menos de lo que recibían. “Para sacarlas es rápido, pero para aumentarlas no es rápido”, dice ella. Para Kritterson, la herramienta “termina funcionando como un argumento para justificar una decisión que implica entregar menos comida a quienes más la necesitan”. Hay algo que la app no registra: a quienes hacen la fila y se van sin plato porque las raciones no alcanzan.

Más fila, menos comida

Mientras crece el control, también crece la fila. En el primer semestre de 2026, la pobreza alcanzó al 32,3% de las personas, 4,1 puntos más que a fines de 2025, según el INDEC. En el Bajo Flores, Zaira ve a más gente acercarse al final del reparto para preguntar si sobró comida. Quienes antes juntaban algún ingreso en la calle, cuenta, hoy consiguen menos y terminan en el comedor.

En Manos Solidarias el pollo se alterna semana por medio con cerdo, el queso llega una vez al mes y la fruta bajó de cuatro unidades a dos. Las verduras vienen tan maduras que hay que repartirlas en el día. En Zavaleta, Lorena recibe el pollo pesado por cajón, con el cartón incluido, y una caja para chicos celíacos que muchas veces trae harina. Si el yogur viene aguado, le responden que es la marca permitida. La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) advirtió que la Prestación Alimentar estuvo 23 meses sin aumento y que en abril cubría el 19,5% de la canasta básica alimentaria.

Para sostener el comedor, Lorena y sus compañeras venden prepizzas y hacen rifas. Nadie cobra sueldo. “También es difícil hacer una rifa porque la gente no tiene plata para comprarla. Salís a vender prepizzas y quizás te compran una vez para colaborar”, dice. Zaira cobraba los 78.000 pesos del Volver al Trabajo, que le alcanzaban para la garrafa. El programa terminó en abril. “Se va cerrando todo”, resume Lorena.

El gobierno de Javier Milei logró reducir, según el Instituto de Estadística (Indec), la pobreza del 40% heredado en el primer semestre de 2023, el último completo del peronismo, al 32%, menor al 35% del 2019 prepandémico. Pese a la suba de la primera mitad de 2026, aún puede jactarse de una baja. Claro que si se aplicara otra metodología más precisa y actualizada para medirla, la merma sería a alrededor del 38%, según coinciden las estimaciones preliminares de expertos del Centro de Estudios Distributivos (Cedlas) de la Universidad de La Plata, del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) y del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA). Es decir, sólo 2 puntos porcentuales de merma respecto de 2023 y tres puntos arriba de 2019.

Otros países, en cambio, han logrado disminuir la pobreza respecto del nivel previo al salto que produjo el Covid-19 y las consiguientes cuarentenas. No son muchos en el mundo que lograron ese desempeño, la mayoría mejoró respecto del drama de 2020. Entre los pocos figuran Brasil, México y China. Ninguna de estas tres potencias usaron la receta libertaria de Milei.

Si se toma como referencia la estadística de pobreza del Banco Mundial sobre la cantidad de personas que sobreviven con menos de US$8,30 por día, ajustados por paridad de poder de compra, la Argentina se mantuvo en 14% entre 2019 y 2024, último dato disponible, mientras que México la bajó del 34% al 20%; Brasil y China, del 27% al 20%; Indonesia, del 69% al 62%; Honduras, del 53% al 48%; Paraguay, del 24% al 19%; El Salvador, del 33% al 28%; Costa Rica, del 15% al 9%; Chile del 8% al 4%; Colombia, del 40% al 36%; República Dominicana, del 17% al 13%; Vietnam, del 23% al 20% e India, del 69% al 62%.

“Son países que hicieron políticas diferentes, pero lo común es que todos crecieron”, se refiere Leopoldo Tornarolli, economista del Cedlas, sobre los casos exitosos de Latinoamérica en esta década. “Se recuperaron de la caída de la pandemia y después siguieron creciendo. En políticas sociales hacen transferencias directas de ingresos, como la Argentina”, agrega.

Pero enfoquémonos en los ejemplos de los países que más puntos porcentuales redujeron la pobreza: México, Brasil y China. En el caso de México, bajo el anterior gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), sucedido por su correligionaria Claudia Sheinbaum, la mejora fue más por ingresos laborales que por ayudas sociales, aunque se destacó la Pensión para Adultos Mayores. Al igual que en Brasil, en el país latino de América del Norte influyó la suba del salario mínimo, a contramano de la Argentina de Milei, donde cada vez se licúa más y pierde el valor de referencia para el mercado.

En México, la economía creció de la mano de los servicios, pero también de las inversiones industriales. El llamado nearshoring, la deslocalización cercana, consistió en la radicación de fábricas en territorio mexicano para abastecer a EE.UU., en lugar de hacerlo desde China, dada las barreras que los gobiernos de Donald Trump y Joe Biden impusieron al gigante asiático. Al plan de atraer industrias que antes se instalaban en Asia, López Obrador y Sheinbaum sumaron las políticas salarial y social, el proteccionismo frente a los productos chinos y el Estado presente en el negocio energético. Se les cuestiona por los déficit fiscales, al igual que a Luiz Inácio Lula da Silva, pero sin llegar a los niveles del peronismo en la Argentina.

En Brasil, con el regreso al poder de Lula en 2023, se reestructuró y amplió el plan Bolsa Familia. Pero además de la asistencia social, la mejora salarial y la menor inflación redundaron en un progreso, combinado con una economía que creció por el agro y el consumo y, en menor medida, por los servicios y la industria. Al igual que México y en contraposición a Milei, el socio mayor del Mercosur despliega una política a favor de la producción de manufacturas. El desempleo descendió, a contramano de la Argentina. De ahí a que este buen desempeño se traduzca en reelección de Lula el próximo domingo frente a Flávio Bolsonaro es otro cantar: influye la polarización política, la corrupción a ambas bandas pero también problemas económicos como el alto endeudamiento, las altas tasas de interés, una actividad que se expandió sólo 1,9% y una inflación del 4,2% anual pero con presiones al alza.

En China, con un régimen de partido único, entre 2019 y 2020 se terminó la campaña para eliminar la pobreza rural, con una polémica relocalización de pobladores de zonas remotas en complejos urbanos y desarrollo industrial Entre 2021 y 2025 comenzó un plan para administrar la vulnerabilidad a largo plazo, identificando a los hogares con riesgo de ser pobres, con cobertura médica básica para que las enfermedades no empeore la economía familiar y con mecanismos para que los niños no dejen la escuela. En 2026, se pasó a un nuevo programa de asistencia permanente y focalizada, con transferencias y empleos del Estado.

El crecimiento chino, que ya no es tan potente como en el pasado, dejó de concentrarse en la construcción y el sector inmobiliaria y ahora se basa en manufacturas avanzadas, desde autos eléctricos y baterías hasta equipamiento de energías renovables, siempre con crédito estatal y apuntando a la exportación. También se enfoca en la alta tecnología. El gigante asiático ya no crece al 9% anual, como en las décadas en que despegó desde los 80, pero su expansión es aún mayor que la de Brasil o México: 8,6% en 2021, tras la pandemia; 3,1% en 2022, y alrededor del 5% de 2023 a 2025. La economía brasileña creció en ese periodo 4,8% en 2021, 3% de 2022 a 2024 y un moderado 2,3% en 2025. La mexicana mejoró aún menos: 6% en 2021, 3,7% en 2022, 3,1% en 2023, un flojo 1,4% en 2024 y todavía peor 0,6% en un 2025 de estancamiento.

AR /MG

La pobreza y la indigencia del semestre enero-junio del 2026 que anunció el INDEC fueron de 32,3% y 7,5% respectivamente, lo cual es un aumento de 4,1 y 1,2 puntos respecto a diciembre de 2025. Cualquier conversación que comience dentro del ecosistema opositor con esa exclamación puede desatar una tempestad de protestas o de incredulidades. Eso se debe a que el aumento parece poco frente a una serie de afirmaciones que repetimos, o escuchamos, quienes nos encontramos en la vereda de enfrente del actual gobierno nacional:

Desarrollemos esos postulados para poder hacer un cuadro un poco más completo de la situación social, económica y política que se está configurando de aquí hacia la elección presidencial del 2027.

Actividad y empleo

El empleo registrado privado es el síntoma más importante de lo que podemos entender como una crisis, en el sentido más estricto de la palabra. En el siguiente gráfico se ve con claridad cómo se comportó esta variable en los primeros 30 meses de gobierno de las últimas 4 administraciones.

Algo que tienen en común el segundo mandato de Cristina, el de Macri y el de Alberto Fernandez es la creación de puestos de trabajo formales en el sector privado, al menos al principio, dado que Macri terminó en números netos negativos tras la espiralización de la crisis financiera autoinflingida.

La experiencia libertaria de Javier Milei, por el contrario, está en niveles record sin contar aún los datos desde el mes 30 hasta el final de mandato. Ese proceso viene siendo acompañado con un consecuente incremento tanto de subempleo como de las famosas changas. Es decir, lo que en las estadísticas oficiales se conoce como cuentapropismo y asalariados informales.

Los últimos datos del SIPA publicados no hacen más que confirmarlo. En junio de 2026 el empleo asalariado registrado del sector privado volvió a caer, y ya son trece meses consecutivos de destrucción de puestos de trabajo: la racha negativa más larga de la serie desestacionalizada, que comienza en 2009. Ni la recesión de 2018-2019 ni la pandemia habían encadenado tantos meses seguidos en baja. En ese lapso se perdieron 141.324 empleos privados formales, casi 11.000 por mes, y el nivel actual, de 6,13 millones de asalariados, es el más bajo desde abril de 2022.

Si se amplía la mirada al conjunto del trabajo registrado, la foto es aún más nítida. Desde noviembre de 2023 se perdieron 246.312 empleos asalariados privados, 87.629 públicos y 20.187 en casas particulares: en total, 354.128 puestos en relación de dependencia. En el mismo período, los trabajadores cuya ocupación principal es el monotributo aumentaron en 169.026. La sustitución es visible pero no alcanza a compensar: aun sumando a los independientes, el trabajo registrado cayó en 184.643 personas. Y lo que se gana no equivale a lo que se pierde. Un empleo con aportes, obra social, aguinaldo, vacaciones pagas y convenio colectivo se reemplaza, en el mejor de los casos, por una categoría en la que el trabajador paga su propia cobertura, no tiene paritarias ni representación sindical, y queda a merced de la facturación de cada mes

Este proceso se correlaciona perfecto con el fenómeno más novedoso de la experiencia de LLA en el gobierno: el divorcio entre creación de empleo y crecimiento de la actividad.

Como se aprecia en el gráfico, el año 2025 fue el primer de la serie desde 1996 en los que el Producto Bruto Interno crece y eso no tiene una correlación con el empleo. Esta anomalia libertaria es consecuencia de un modelo económico que intenta generar una “destrucción creativa” que no termina de iniciar.

Este concepto muy utilizado últimamente por los defensores del modelo actual, implica que los nuevos sectores de la economía con alto valor agregado o elevada competitividad van a derramar y generar riqueza tal que compense los que se destruyen. Sin embargo, esto no se ve en la práctica.

Esto es posible gracias a que los sectores que han crecido de manera constante a lo largo del 2026, 2025 y parte del 2024 (post devaluación y contracción fiscal-monetaria inicial) son solo 4: agroindustria, minería y energía, pesca e intermediación financiera.

Cuando uno mira el mapa sectorial del empleo cae de suyo hasta qué punto ese crecimiento no derrama. De los cuatro sectores que traccionan la actividad, solo el agro (+11.822) y la pesca (+1.300) sumaron asalariados desde noviembre de 2023. La minería y la intermediación financiera, que crecen en producto, pero perdieron 7.676 y 8.513 puestos respectivamente. En la vereda opuesta, industria, construcción y comercio, que explican el 44% del empleo asalariado privado registrado y el 29% del PBI, concentran la sangría. La industria perdió 88.496 puestos y acumula veinte meses consecutivos de caída, hasta su nivel más bajo desde el 03/2021. La construcción perdió 62.700 y el comercio 15.200. Entre los tres suman 166.396 empleos, dos de cada tres de los perdidos en el sector privado.

No se trata de un problema de productividad de algunas empresas: la actividad de esos sectores sigue lejos de sus niveles previos. La construcción cayó 24,5% según el ISAC, con desplomes en el despacho de asfalto (−37,6%), ladrillos (−29,8%) y hormigón (−25,4%), por citar algunos ejemplos. El índice de producción industrial manufacturero retrocedió 9%, con textiles (−33,2%) y maquinaria y equipo (−32,2%) a la cabeza. Las ventas en supermercados mayoristas cayeron 21,8% y en shoppings 7,4% [verificar todo el párrafo]. Son los sectores que más dependen del mercado interno y del poder adquisitivo del salario, precisamente las dos variables que el programa económico decidió comprimir.

La crisis tampoco reconoce fronteras. 22 de las 24 jurisdicciones perdieron empleo privado registrado desde noviembre de 2023. En cantidad, Buenos Aires (−90.103) y la Ciudad de Buenos Aires (−44.955) concentran más de la mitad de la caída, seguidas por Córdoba y Santa Fe, provincias con fuerte presencia industrial y de la construcción. En términos relativos, el golpe es más duro se lo lleva Tierra del Fuego que perdió el 17,9% de sus asalariados privados y Santa Cruz el 16,1%, mientras que La Rioja, Formosa, Misiones, Catamarca y Chaco perdieron más del 10%. Las únicas excepciones son Neuquén (+8,7%) y Río Negro (+3,3%), es decir, la geografía de Vaca Muerta. Es el mismo divorcio entre sectores ganadores y perdedores, ahora trazado sobre el mapa.

Todo esto puede sintetizarse en 2 frases que se popularizaron en las redes en los últimos meses y días, respectivamente: cada 75 minutos cierra una empresa en nuestro suelo y cada 3 minutos un argentino pierde su trabajo.

Los ingresos reales, el ¿síntoma? más raro

Dentro del panorama desarrollado, tenemos que incorporar una descripción más detallada de una variable central para explicar la evolución de la calidad de vida: los ingresos reales. En el cuadro que presentamos aquí debajo podemos ver la progresión de los salarios, distinguiendo entre registrados y no registrados, en relación a la inflación y a la canasta específica que marca el umbral de la línea de pobreza.

Como podemos observar, en los primeros 6 meses del año 2026, ha habido inflación acumulada, según el Indice de Precios al Consumidor del INDEC, de 16,9%. Dicho avance es casi idéntico al de la Canasta Básica Total, que ha crecido en su valor un 17%. En ese contexto general, el salario se ha desplazado nominalmente un 18,3% hacia arriba, lo cual nos deja frente a un escenario paradójico. Los sectores empleo-intensivos de la economía caen, consecuentemente las empresas cierran y los puestos de trabajo formales se destruyen a ritmos nunca vistos (privados por el mencionado ritmo de clausuras y públicos por el ajuste del gasto al que obliga la meta fiscal en contexto de caída recaudatoria). Así y todo, las remuneraciones laborales aumentan sobre la inflación. Poco común.

Si hacemos el ejercicio de bucear hacia adentro del dato de salarios, podremos apreciar que los que en lenguaje coloquial son conocidos como “en blanco” corren de atrás a los precios; su crecimiento del 15,4% indica una pérdida de poder adquisitivo. Ese comportamiento va completamente a contrarreloj de lo que algunos comentaristas han popularizado como el sub-mundo “barrani” de la masa salarial, dado que estos ingresos han aumentado un 29,3% en la misma cantidad de meses del 2026. Es decir, casi el doble.

Sin embargo, ocurre un problema con la medición de los salarios no registrados. Cuando uno ve la evolución intermensual de este tipo de ingresos, en una economía en recesión y con una gran destrucción de puestos de trabajo, parece difícil que ocurran esos aumentos.

A fines del 2023 se realizó un cambio en el cuestionario de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que buscaba captar mejor los ingresos no laborales de las personas. Sin embargo, esto generó que problemas con la serie como señala el panorama semanal del 1° de abril de 2026 de la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia:

“A fines de 2023, la EPH actualizó su cuestionario individual, buscando mejorar su captación de ingresos no laborales y programas sociales. Previo a este cambio metodológico, el relevamiento incluía únicamente dos preguntas en este punto: i) monto de ingresos por jubilaciones y pensiones y ii) monto percibido por subsidios o ayudas sociales en dinero provenientes del gobierno, iglesias u otras fuentes. Desde 2024, la pregunta sobre jubilaciones se desagrega en nueve subpreguntas, distinguiendo, por ejemplo, entre jubilaciones contributivas, por moratoria y otras pensiones no contributivas (como la de madre de siete hijos). En paralelo, la pregunta sobre subsidios se amplía a tres ítems, incorporando explícitamente la percepción de AUH, AUE y Tarjeta Alimentar, otros programas sociales y ayudas provenientes de entidades no gubernamentales. Esta mayor desagregación podría estar contribuyendo a una mejor captación de los ingresos de jubilados y beneficiarios de programas sociales. Las series históricas, entonces, no son estrictamente comparables entre sí.”

Es dable mencionar, de cualquier manera, que los ingresos por programas sociales como la Asignación Universal por Hijo crecieron fuertemente durante este período de gobierno. No obstante, analizar este indicador del INDEC como una variable central genera problemas.

Pobreza e indigencia: ¿qué ocurre?

Recapitulando, la etapa que estamos viviendo del programa económico implica la coexistencia de fenómenos que hasta aquí no veíamos. Entre ellas se encuentran:

Si uno piensa que la secuencia actual del proceso económico es la destrucción de empresas, la mutación sociológica del trabajador va en dirección hacia la desprotección y los empleos formales pierden en la carrera de precios y salarios, el reflejo más rápido es suponer que la pobreza y la indigencia suben. Esto último adquiere más validez si se toma por cierto el consenso de los consultores de opinión pública sobre el acentuado deterioro en la imagen del Presidente y de la gestión. El asunto es que la magnitud de la suba puede no ser la que se esperaba en ciertos segmentos de la opinión pública, es decir quedarse corta.

Sin embargo, los procesos de alta inflación, cambios estructurales y variación abrupta en los distintos sectores generan problemas estadísticos en las series, cuando se las analiza sin una revisión posterior. Es por ello, que el dato de salarios informales acumulados entre enero y junio 2026 puede generar confusiones y preanunciar otros resultados a futuro.

* Delgado es Lic. en Sociología. Integrante de Generación para el Desarrollo

** Battista es Lic. en Economía. Director del ICiudad.

La pobreza volvió a subir en el gobierno de Javier Milei. Había arrancando creciendo después de un brutal sinceramiento de precios en el inicio de la gestión vía devaluación del peso, tras la sobrevaluación que dejó la gestión anterior: del 40,1% del primer semestre de 2023 al 52,9% en el mismo periodo del año siguiente. Después, con la baja de la inflación logró reducirla al 28,2% en la segunda mitad de 2025, el menor nivel desde 2018. Claro que había polémica por la metodología de medición. Pero ahora ha vuelto a elevarse: saltó al 32,3% en el primer semestre de 2026, según el Instituto de Estadística (Indec).

La indigencia, es decir, la falta de recursos para comer, subió del 6,3% al 7,5% entre el segundo semestre de 2025 y el primero de 2026. El sociólogo Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), explica la suba de la pobreza por diversos factores. Por un lado, los ingresos que crecen a menor ritmo que los precios de las canastas básicas, tanto la alimentaria, para evitar la indigencia, para la total, para sortear la pobreza, y que incluye gastos básicos de vestimenta, calzado, transporte, medicamentos, consultas médicas, educación, servicios de luz, gas y agua, equipamiento del hogar, entre otros rubros.

Por otro, el debilitamiento del mercado de trabajo. Se destruye empleo formal y es más que compensado por el informal y el cuentapropismo, en los que se gana entre 14% y 28% menos. Pero también aumenta la desocupación.

En tercer lugar, Salvia señala una distribución menos favorable de la recuperación de los ingresos. Es decir, se incrementa la desigualdad. No es extraño que haya un boom de llegada de marcas de lujo mientras el consumo masivo no encuentra piso, cae año tras año.

En cuarto término, menor dinamismo y mayor heterogeneidad de la actividad económica. El PBI cayó en el segundo trimestre y arrancó el tercero con una baja en julio. A su vez, los sectores que vuelan son los que menos empleo necesitan, como agro, hidrocarburos y minería, mientras siguen retrocediendo la industria, la construcción y el comercio, que son los que más trabajo generan.

En quinto lugar, la menor capacidad protectora de las ayudas sociales. Las jubilaciones, pensiones y asignaciones se actualizan por inflación pero con dos meses de rezago. Pero además el índice de precios al consumidor (IPC) se basa en una canasta de consumo desactualizada, que subestima el impacto de los tarifazos de servicios públicos. Esta es una de las polémicas no sólo en torno al IPC sino al propio índice de pobreza.

Por último, Salvia señala la mayor presión de tarifas, alquileres y servicios públicos, los gastos fijos que dejan menos ingreso disponible para las familias. Como estos rubros pesan poco en el IPC, también influyen menos en el dato de la cantidad de pobres. Por tanto, hay más inflación y más pobreza de la que calcula el Indec. Por la negativa del Gobierno a actualizar estos indicadores es que Marco Lavagna renunció a la dirección del Indec en febrero pasado. Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, prefirieron mantener sus estadísticas pero la realidad comenzó a colarse aún en ellas.

El investigador de la UCA, entre otros, ha señalado problemas en la medición de la pobreza: problemas en la captación de ingresos, de una canasta total construida con ponderadores desactualizados y del desfase entre los ingresos declarados y las canastas utilizadas, factores que durante un período de alta inflación alteran tanto los niveles como la evolución. Aunque el IPC haya bajado del 211% en 2023, aún se mantiene en 33%, entre los más elevados del mundo.

AR

A poco de que el INDEC difunda el índice oficial de pobreza del primer semestre, dos mediciones convergen en la misma dirección y complican el relato oficial de que el Gobierno “sacó de la pobreza a 14 millones de argentinos”. Estimaciones privadas muestran un repunte de la pobreza que corta tres períodos consecutivos de baja, y una encuesta a más de 5.000 personas en barrios populares de 15 provincias revela que el hambre ya desplazó a la inflación como la principal preocupación cotidiana.

La consultora ExQuanti, en base a datos del INDEC, estimó que la cantidad de personas pobres treparía a 15,1 millones hacia mediados de 2026, tras sumarse 1,7 millones más solo en el primer semestre y 2,9 millones desde octubre de 2025. La firma remarcó que “el incremento de pobres ha sido lo suficientemente importante como para eclipsar la caída que se había producido en dos de los tres semestres” previos, y advirtió que la pobreza semestral “alcanza niveles más altos que los mostrados no solo en el último semestre, sino inclusive los alcanzados hace un año”. En un párrafo especialmente crítico, comparó el deterioro bajo la gestión de Javier Milei con la crisis del gobierno de Mauricio Macri: “Hoy día la pobreza semestral está a los niveles en que los dejó el presidente Macri luego de la estampida que le precedió al fin de su mandato”, consignó la agencia NA.

Otras mediciones coinciden en el diagnóstico

El nowcast de pobreza de la Universidad Torcuato Di Tella proyectó días atrás una tasa de 31,6% para el primer semestre de 2026 —el mismo nivel que un año atrás e implica un salto marcado respecto del 28,2% del segundo semestre de 2025—, mientras que el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la UCA, también en base a datos del INDEC, ubicó la pobreza en torno al 30% durante el primer trimestre del año. El dato oficial se conocerá el jueves 24 de septiembre.

Según la última medición del organismo, 2025 había cerrado con 28,2% de pobres (8,5 millones de personas), por debajo del 31,6% del primer semestre de ese año (9,5 millones) y muy por debajo del 41,7% de fines de 2023 (12,3 millones), la base sobre la que el Gobierno construyó su cifra de 3,8 millones de personas que habrían salido de la pobreza durante la gestión Milei. Ese es, precisamente, el número que las mediciones privadas empiezan a poner en discusión.

Hambre en los barrios populares

El correlato territorial de ese repunte aparece en el segundo informe del Instituto Periferias, “La pobreza y el hambre en los barrios populares”, basado en una encuesta estructurada a 5.088 personas mayores de 18 años relevadas en agosto en 15 provincias, con muestreo no probabilístico en centros comunitarios, paradas de transporte, plazas y ejes comerciales de barrios populares (margen de error teórico de ±1,42%). Cuando se les preguntó por el principal problema del país, el hambre encabezó las respuestas con 34,1%, seguida por la pobreza con 27,1%, muy por delante de la inflación (12,6%), el desempleo (7,7%), la inseguridad (3,8%) y la corrupción (3,6%).

“Nuestro segundo trabajo con el instituto nos reveló que el 42,3% de los habitantes de barrios populares dejó de comer durante todo un día por falta de dinero. Es una de las expresiones más graves de inseguridad alimentaria”, señaló el sociólogo Daniel Menéndez, director de Periferias, quien ya había medido en un informe anterior el nivel de endeudamiento en esos mismos barrios (61,8%, según esa primera entrega).

La comida que falta

Los datos del relevamiento describen una escalada de privaciones. El 75,4% de los encuestados dijo que los ingresos del hogar no alcanzan para cubrir los gastos mínimos —solo el 10,8% respondió que sí le alcanzan— y el 83,7% se preocupó por no tener alimentos suficientes por falta de recursos. “Antes de que falte efectivamente la comida, aparece claramente la incertidumbre sobre si van a poder garantizarla”, explicó Menéndez. Más de la mitad de los hogares (53,8%) se quedó sin alimentos en algún momento; el 67,8% tuvo que comer menos de lo que consideraba necesario; el 57,3% sintió hambre y no comió por no tener dinero suficiente, y el 42,3% pasó directamente un día entero sin comer. A esto se suma que el 73,4% no pudo acceder a alimentos saludables y nutritivos y el 76,2% redujo la variedad de lo que comía.

La carga recae de manera desigual entre quienes tienen personas a cargo: entre ellos, la insuficiencia de ingresos llega al 79,8% (contra 70,8% sin dependientes), la preocupación por la comida al 87,1% (contra 79,0%), y haber pasado un día entero sin comer al 45,2% (contra 37,4%). Por edad, la franja de 35 a 44 años es la más afectada en casi todos los indicadores —hasta 55% de hogares que se quedaron sin comida—, y por género las mujeres registran valores más altos en la mayoría de las dimensiones, con una excepción llamativa: en haber pasado un día entero sin comer, los varones superan a las mujeres (45,3% contra 40,9%).

El deterioro social bajo el tercer año del gobierno de Milei llegó incluso días atrás al Vaticano. El secretario general de la UTEP, Alejandro “Peluca” Gramajo, fue recibido en audiencia privada por el papa León XIV, en el marco del IV Encuentro Sinodal Fratelli Tutti. Durante la reunión, le dirigente de los movimientos sociales le entregó al jefe de la Iglesia un documento que analiza el impacto de la situación económica y social en los sectores populares, con foco en la pobreza, el endeudamiento, la salud mental, los consumos problemáticos y la economía popular. “La pobreza monetaria oficial subestima sistemáticamente la privación real. Al guiarse por metodologías rígidas de principios de siglo e invisibilizar costos indispensables como el alquiler o el gasto real en salud y conectividad, las estadísticas del INDEC construyen un escenario de privación material que representa apenas la mitad de la realidad efectiva”, señala el documento que recibió el Papa.

MC

Cada domingo previo al 7 de agosto, el santuario de San Cayetano renueva las espigas y los objetos que rodean la imagen del santo en la hornacina, a quien miles de personas le piden trabajo o ayuda para atravesar una necesidad. Las ofrendas representan un termómetro social y permiten observar cómo cambia el trabajo en la Argentina y cómo se desinflan las expectativas de los fieles. “Cada objeto intenta representar alguna dimensión de la realidad”, dice a elDiarioAR el padre Lucas Arguimbau, párroco del santuario de Liniers.

En 2023 se dejó como símbolo un cuentaganado rural, una pechera naranja de marítimo, el casco amarillo de un albañil, el mouse para una computadora, un estetoscopio y un costurero. La vara bajó abruptamente y los objetos se renovaron al año siguiente con un certificado de discapacidad, una bandejita de plástico (vianda del comedor comunitario), un hervidor de leche, un mate y un delantal de cocina. Las herramientas de oficio fueron reemplazadas por objetos de asistencia y emergencia.

Más asistencia, menos trabajo

El Servicio Social de San Cayetano refleja esa transformación. El comedor pasó de entregar 400 almuerzos diarios a entre 800 y 1.000. Antes preparaban 20 desayunos; hoy sirven entre 280 y 300. También se sumaron familias y jubilados. “Cerca del 71% de las personas en situación de calle que hoy acompañamos no estaban en esa situación hace un año”, revela Arguimbau.La parroquia también tiene un Área de Orientación y Capacitación Laboral. Antes conseguía empleo; hoy apenas puede ayudar a buscarlo. Históricamente atendía a personas con escasa formación, incluso algunas que no sabían leer ni escribir. Hasta 2023 la mayoría buscaba trabajo en limpieza o cuidado de personas. En el último año cambió el perfil y empezaron a llegar abogados, docentes, técnicos y otros profesionales que no logran reinsertarse en el mercado laboral.

Cerca del 71% de las personas en situación de calle que hoy acompañamos no estaban en esa situación hace un año

Lucas Arguimbau — Párroco del santuario de Liniers

“Antes predominaban personas con baja calificación o trayectorias laborales muy precarias; hoy se sumaron personas altamente calificadas, profesionales, técnicos y también jubilados”, cuenta a elDiarioAR Graciela Filomena, a cargo del área de Servicio Social.

Acompaña, por ejemplo, a un ingeniero en informática que perdió su cargo cuando cerró la empresa donde trabajaba y hoy es rechazado por estar sobrecalificado. “A las personas más calificadas les cuesta más conseguir trabajo. Cuando se presentan para puestos de menor calificación ni siquiera las convocan”, explica.

También llegan jubilados que necesitan volver a trabajar. “No quieren asistencia porque trabajaron toda su vida, pero ahora con la jubilación no llegan”, dice. “Y muchos tenemos voluntarios que quedaron desempleados y colaboran mientras buscan una nueva oportunidad”.

En el año que se combina el récord histórico de cosecha de trigo con el derrumbe del consumo interno de pan, que cayó hasta un 60% con 2.800 panaderías y 17.000 puestos de trabajo menos, miles de personas peregrinaron para pedirle un milagro a San Cayetano, el santo de la espiga, el pan y el trabajo.

Ignacio, trabajador del Estado, fue uno de los miles que este viernes marcharon de Liniers a Plaza de Mayo: “Estamos en un momento de mucho ajuste, de mucha violencia. Lo que pasó ayer en el Congreso refleja el descontento que tenemos como país, estamos esperanzados que lo de ayer genere un quiebre de cara al año que viene. Llegar a fin de mes es llegar al 10, es muy difícil, hacemos malabares para ver qué compramos. Es mi situación y la de casi todos mis amigos”.

Giselle estudia trabajo social y vende arriba del tren. También estuvo en la Plaza: “Yo trabajo en la economía popular, la cosa está muy dura, está muy mal, hay muchas necesidades, la gente está pasando mucha hambre. Ya no se puede ir al supermercado a comprar, no alcanza la plata. Sergio, de Monte Hermoso, se sumó a la movilización como ”autoconvocado“. El día anterior estuvo en el Congreso con su mujer para protestar contra la Ley de Tierras. ”Vinimos porque esto no da mas. No hay laburo, quieren vender la patria. Nos estamos acostumbrando a vivir mal y no es así“, le dijo a elDiarioAR.

Las vasijas de barro

Este año el santuario volvió a cambiar la simbología y eligió colocar vasijas de arcilla alrededor del santo para trasmitir algo elemental. Construyeron un horno de carámica en el fondo de la iglesia y ahí cocieron las piezas. Participaron personas en situación de calle, chicos de catequesis, adultos mayores, voluntarios y miembros de la parroquia. Ninguna salió igual a otra. El santuario eligió trasmitir una idea: todos vienen del mismo barro. En el año en que se discute públicamente quién merece ser asistido, los objetos de asistencia y emergencia fueron reemplazados por el recordatorio de que todos son iguales, todos son humanos.

“Hay vecinos de Liniers que colaboran, pero hay otros que preferirían que el Servicio Social no existiera; a veces nos dicen que las personas del conurbano deberían quedarse allá”, cuenta Filomena. “Cuando determinados discursos se legitiman y dividen a la sociedad, muchas personas sienten que pueden expresar comentarios muy violentos sin ningún reparo”.

“Nos inspiramos en la frase de San Pablo: 'Llevamos este tesoro en vasijas de barro'”, explica Arguimbau. “Habla de la fragilidad humana, pero también del soplo de Dios”.

Los objetos y los datos

En apenas un año, las ofrendas pasaron de representar el deseo de conseguir trabajo a expresar la necesidad de sostener la asistencia en la emergencia. Los datos acompañan ese cambio. Desde que asumió Milei se perdieron 329.600 puestos de trabajo registrados, 141.700 de ellos en los últimos doce meses, según el Instituto Argentina Grande sobre datos del SIPA.

En dos años cerraron 22.608 empresas, el 4,4% de las que había en el país. El 99% eran pymes de hasta 40 trabajadores. El desempleo llegó al 7,8% en el primer trimestre de 2026: 1.145.000 personas. Más de cuatro de cada diez ocupados trabajan sin aportes, obra social ni protección frente al despido, y entre los jóvenes de 16 a 24 años siete de cada diez están en la informalidad. Además, 4,3 millones de personas están desocupadas, buscan otro empleo o necesitan trabajar más horas.

La asistencia se volvió más necesaria, pero también sintió el ajuste. A comienzos de la gestión, el Gobierno admitió que tenía cinco millones de kilos de alimentos sin distribuir. En julio del año pasado eliminó el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios. Antes de diciembre de 2023 había 50 políticas nacionales de cuidado; en septiembre de 2025 quedaban tres, según La Cocina de los Cuidados. Este año también cayó el Volver al Trabajo, heredero del Salario Social Complementario: más de 930.000 personas dejaron de cobrar $78.000 mensuales. Las más afectadas fueron las cocineras de comedores, para quienes ese pago era el único ingreso.

La hornacina pasó así de mostrar con qué trabaja la gente a mostrar de qué depende para sobrevivir, como ocurrió con el certificado de discapacidad incorporado en 2024. Ese mismo año el entonces titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, anunció la baja de 200.000 pensiones por invalidez. Después llegó la ley de emergencia en discapacidad, sancionada por el Congreso pese al veto de Milei. En agosto de 2025 estallaron los audios de Spagnuolo con denuncias de coimas y menciones a Karina Milei. En enero de este año el decreto 942/2025 disolvió la ANDIS, transfirió sus funciones al Ministerio de Salud y dejó más de 700 despidos.

Con las vasijas de este año, el santuario quiso volver sobre la sencilla idea de que todos vienen del mismo barro y tienen la misma dignidad. Lo hace en un contexto en el que el presidente respondió, ante el planteo de que la gente no llega a fin de mes, que si fuera cierto “las calles tendrían que estar llenas de cadáveres”, y en una ciudad cuyo jefe de Gobierno extendió por decreto la prioridad de los porteños sobre los bonaerenses en los servicios públicos. En julio también se viralizó un video de Jorge Macri en el que cuestionó a las parroquias que reparten comida en la vereda: “La lógica de darle comida y abrigo afuera (...) solo hace que vengan más”. Arguimbau respondió: “El que vive en la calle vive en la calle. No importa si es de provincia o Capital”.

Con la colaboración de Lucía Sanguínetti

LN/MG

En la Argentina de Javier Milei, la inflación bajó del 12% mensual heredado al 2% en el que se estabilizó entre mayo y julio, y para el mes pasado economistas afines al Gobierno prevén entre el 1,9% y el 2,1%, según las mediciones de C&T Asesores Económicos y la Fundación Libertad y Progreso. En el mismo país también desacelera la actividad económica, tanto que la ortodoxa Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) está recalculando su pronóstico de crecimiento del 3% anual en 2026 para apuntar a un 2%, y sin esperanza de un repunte significativo en el 2027 electoral, porque la inversión no despega pese a la fuerte movilización de recursos de la minería y los hidrocarburos. En esta nación, ahora, como también sucedía antes, una parte importante de la población va a pedir ayuda a las iglesias.

En los últimos 12 meses, el 35,5% de los argentinos acudió a los templos de diversas religiones a buscar ayuda o contención, según el Tercer Informe 2026 del Barómetro de las Religiones y las Creencias en Argentina, que elabora el Observatorio de las Creencias (Ocrear) del Ciclo Básico Común (CBC) de la Universidad de Buenos Aires (UBA). El reporte se difunde este viernes, el día de la marcha de las centrales sindicales y organizaciones sociales por pan y empleo al santuario de San Cayetano, el patrono del trabajo. De ese tercio que fue a las iglesias, el 61% lo hizo para buscar apoyo espiritual, el 29% por problemas de salud, pero el 45% para pedir ayuda económica o alimentaria, capacitación laboral o un empleo. El 15% asistió para actividades educativas y el 8% porque sufría violencia familiar.

“En un contexto social desafiante, los templos continúan siendo lugares de referencia para miles de personas que buscan desde consuelo emocional hasta apoyo material”, explica Gabriela Irrazábal, investigadora participante del estudio. Se acercan más cuanto más bajo sean los recursos económicos, sociales y educativos. Son más proclives los mayores de 50 años, seguidos por los jóvenes y sólo después aparecen los de 30 a 49 años. Así es la tierra que visitará en noviembre próximo León XIV, el primer papa en venir a la Argentina en 39 años y después del legado del porteño Francisco al frente del Vaticano.

“La demanda es igual que siempre”, comentan en la pastoral social de la iglesia católica platense. 'Está difícil para todo, especialmente para los trabajadores de la construcción“, agregan. En Caritas Córdoba admiten que los pedidos en los templos se elevaron algo, pero lo que creció de manera exponencial es la gente en situación de calle y sus necesidades. En la provincia donde más votos obtuvo Milei en la elección presidencial 2023, la segunda más poblada de la Argentina, en el gobierno local del peronista cordobés Martín Llaryora admiten una economía dual con localidades agropecuarias exportadoras en expansión y grandes centros urbanos en ”situación crítica“ por el mal momento del comercio, la industria, la construcción y el turismo.

En la ciudad de Buenos Aires, cuarto distrito en población del país, detrás de Santa Fe, en la capital donde gobierna todavía el PRO con Jorge Macri a la cabeza, se repite el mismo cuadro que en las urbes cordobesas. En el oficialismo porteño analizan que la única apuesta económica y política de Milei radica en cumplir su promesa de baja la inflación para que así se reactive el consumo, pero no descenderá a menos del 1% este agosto, como había vaticinado el presidente. Ahora busca apuntalar su meta con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que centrará el mandato de la entidad en reducir la inflación, como lo hace la mayoría de las autoridades monetarias en el mundo, con pocas excepciones como EE UU, donde también se apunta a disminuir el desempleo. El equipo de Santiago Bausili alega que el mandato dual en la Argentina fracasó y que otros organismos públicos pueden ocuparse de la desocupación... aunque por ahora brillen por su ausencia.

El índice de precios al consumidor (IPC) descendió al 2% -una cifra aún considerable, como la que hubo en la mayoría de los años del kirchnerismo- y el Banco Central ha empezado a intervenir para evitar que el dólar suba más allá de $1.500 e impacte en el bolsillo. Claro que un peso sobrevaluado daña a la industria, el turismo y la construcción, que se encarecen en dólares. Las manufacturas también se perjudican por la apertura importadora y la merma del consumo, que a su vez responde salarios deteriorados, empeoramiento de la calidad del empleo -el formal se reemplaza por el informal, que remunera un tercio menos- y el mayor endeudamiento familiar en dos décadas.

Con esos panoramas en distritos afines a Milei, las encuestas de opinión, que han fallado muchas veces, en esta oportunidad muestran que nunca en estos dos años y medio de gobierno el Presidente estuvo peor, pero jamás en este periodo la oposición peronista ha estado tan mal. Por ahora el economista antiestatal lidera los sondeos presidenciales y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, lo secunda, pero el electorado se muestra interesado en que aparezca una tercera opción política a libertarios y peronistas, según revela el analista de opinión política Raúl Timerman. La duda es si surgirá esa alternativa y un candidato que la encarne. Hay quienes fantasean con otro outsider como fue Milei, Daniel Hadad, dueño de Infobae, que sería un defensor de muchas de las reformas actuales, pero sin los malos modales que han llevado, por ejemplo, a rebajar la relación diplomática con Brasil al nivel de encargado de negocios.

Pero quizás ni Hadad quiera dar el salto a la política -ya se descarta que lo haga Jorge Brito, propietario del Banco Macro- ni la población quiera un presidente empresario. Con esa ilusión de crear una tercera vía la exministra de Desarrollo Humano porteña María Migliore lanzó esta semana una campaña en redes para convertir en partido político el colectivo del que participa en redes sociales, Popurrí, junto a un militante de la Villa 1-11-14, Nicolás Torres, y dos cofundadores de Jóvenes por el Clima, Bruno Rodríguez y Mercedes Pombo. Sintonizan más con el discurso nacionalista que expresó la mayoría de la sociedad contra la reforma de la ley que restringe la propiedad extranjera de la tierra, campaña en la que se embanderó hasta Tini Stoessel y Emilia Mernes. Así como los jugadores de la selección explicitaron el sentimiento antipolítica en 2022 al convertirse en los primeros campeones mundiales que no saludaban al presidente de su país tras la consagración, habrá que ver si ahora expresan un matiz soberanista a partir de la bandera “Las Malvinas son argentinas” que puso en crisis al día siguiente la avanzada del capítulo de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada que permitía la extranjerización irrestricta. ¿Surgirá un candidato así que bajo el sentimiento albiceleste reúna desde ciudadanas como Tini y Mernes hasta otras más peronistas como Lali Espósito?

Por lo pronto está claro que no fue la mejor semana para el Coloso, Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado. Es cierto que el Senado dio media sanción a la ley de inviolabilidad, que dificulta que a futuro el Estado expropie y permite que los inquilinos morosos sean desalojados en diez días, ya no en hasta dos años. Una de las desregulaciones emblemáticas de Milei y Sturzenegger, la eliminación de toda regla para los alquileres, ha llevado a que este rubro sea uno de los que más se ha encarecido en el gobierno libertario, lejos de la promesa oficialista de que la mayor oferta iba a hacerlos abaratar. Por algo se acumulan las deudas de inquilinos con propietarios, las mudanzas y ahora también puede que aumenten los desahucios, si es que la Cámara de Diputados sanciona la iniciativa. Pero igualmente Sturzenegger perdió en estos días cuando se cayeron dos capítulos de la norma, el de extranjerización y el que permitía vender tierras incendiadas, así como cuando Milei le echó para atrás su desregulación del servicio de prácticos ante el paro que estos guías en la navegación de los ríos iniciaron el lunes y el martes y dejaron varados a todos los buques que llevan y traen las exportaciones y las importaciones del país.

El presidente está de acuerdo en todo con el ministro de Desregulación, pero a un año de las eventuales primarias presidenciales no quiere sumar ruido a su aspiración reeleccionista y por eso ahora se descarta que se avance con otras liberalizaciones. Entre ellas figura la eliminación del precio único de los libros, a la que se oponen las librerías independientes; el permiso para que los medicamentos se vendan fuera de las farmacias; la autorización para que cualquiera pueda ser agente inmobiliario, sin ser martillero público ni matricularse; las liberalizaciones de los mercados de garrafas y de los arrendamientos rurales y la supresión de los aportes obligatorios al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna, entre otras normas.

Quizás otras reformas persisten en agenda, como la que permitiría que barcos extranjeros ofrezcan transporte fluvial interno. Es una de las medidas reclamadas por las grandes cerealeras. Con el ánimo de bajar sus costos logísticos, son las mismas que apuntan contra el club de los prácticos y esperan unirse para ganar la futura privatización del ferrocarril Belgrano Cargas, que une el noroeste del país con los puertos. En este negocio deberán competir con la minera británica Rio Tinto y con Grupo México, que hizo un fuerte lobby para influir en la confección de los pliegos de acuerdo con sus expectativas. Veremos qué dice finalmente la letra chica de la subasta. Las cerealeras también despliegan sus agentes para influir: en el Senado empujan una reforma de la ley de biocombustibles para que el negocio no quede sólo en manos de pymes y apuntan contra empresarios como el bahiense Juan Carlos Bojanovich.

Sturzenegger suele invocar el argumento de bajar los costos para tornarlos más competitivos y así mejorar la economía y beneficiar a los consumidores. Pero hasta economistas ortodoxos advierten que si bien la Argentina estaba excedida en reglas, la eliminación de todas ellas puede terminar saliendo mal para aquellos a los que se pretende defender. En la Universidad Di Tella, el profesor y politólogo Sebastian Etchemendy está comenzando una investigación sobre todas las desregulaciones del Coloso. Está apenas en sus inicios, pero ya identifica algunas hipótesis de trabajo. Algunas liberalizaciones enfrentan al capital y el resto de la sociedad, otras favorecen al capital extranjero frente al nacional y están las que contraponen a grandes empresas contra pymes. Cita como emblemáticas las reformas laboral y de alquileres, los cambios en la normativa ambiental con la ley de glaciares y el Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI), la derogación del compre nacional y el proyecto de eliminación del precio único de los libros. “Es menos el gobierno de las corporaciones empresarias que el de (Mauricio) Macri. El fanatismo es el modo, no cree en la mediación social y se choca con la realidad”, describe Etchemendy en referencia al paro de los prácticos, que finalmente se sentarán a negociar su estatus.

AR/MC

Un informe del IDECBA muestra que la pobreza multidimensional subió en la Ciudad de Buenos Aires entre 2021 y 2025, aunque durante ese período haya bajado la pobreza medida por ingresos, que es el dato que se conoce con periodicidad. La medición multidimensional registra privaciones concretas que no siempre aparecen en el ingreso: saltearse comidas, reducir porciones, no poder arreglar goteras, postergar tratamientos dentales o no usar transporte público por falta de recursos.

Un hogar puede no ser considerado pobre según la medición monetaria y, aun así, vivir con privaciones concretas: comer menos variado, reducir porciones, no poder arreglar goteras, postergar tratamientos dentales, no tener margen para gastos personales o dejar de usar transporte público por falta de recursos.

Ese es el punto que muestra el nuevo informe del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (IDECBA) sobre pobreza multidimensional. Según el relevamiento, el 18,8% de los hogares porteños era pobre multidimensional en 2025, frente al 17,5% registrado en 2021. En el mismo período, la pobreza por ingresos bajó de 16,1% a 12,3%.

La diferencia entre ambos datos es central. La pobreza por ingresos mide si un hogar cuenta con recursos monetarios suficientes para cubrir una canasta. Es la medición más habitual, se publica con mayor frecuencia y permite seguir la evolución de ingresos, precios y canastas. Pero no alcanza para describir cómo se vive.

La pobreza multidimensional mira otra cosa: si los hogares pueden acceder efectivamente a bienes, servicios y actividades considerados necesarios para una vida digna. No se pregunta sólo cuánto dinero entra, sino qué parte de la vida cotidiana queda recortada por falta de recursos.

El IDECBA utiliza un método consensual de privación. Esto significa que los bienes, servicios y actividades incluidos en la medición surgen de lo que la propia población de la Ciudad considera necesario para tener un nivel de vida aceptable. A partir de ese criterio, el índice agrupa las privaciones en cinco dimensiones: alimentación, salud y cuidados, vivienda y servicios, equipamiento del hogar, y privación social y educación.

Para que un hogar sea considerado pobre multidimensional, debe presentar privaciones en al menos dos de esas cinco dimensiones. Esa condición es importante porque evita reducir la pobreza a un solo problema aislado. No alcanza con una carencia puntual: el indicador busca captar situaciones donde varias dimensiones del bienestar aparecen afectadas al mismo tiempo.

El resultado permite leer la pobreza de una manera más amplia que la medición monetaria. Un hogar puede superar la línea de pobreza por ingresos y, al mismo tiempo, tener problemas para sostener una alimentación adecuada, arreglar la vivienda, acceder a salud, reemplazar ropa o calzado, usar transporte público o mantener vínculos sociales básicos.

En una ciudad cara, con alquileres, tarifas, transporte, alimentos y servicios en niveles altos, el empleo o el ingreso mensual pueden evitar que un hogar caiga bajo la línea monetaria de pobreza, pero no garantizar todas las condiciones materiales de una vida digna.

El informe muestra que las privaciones crecieron en tres de las cinco dimensiones medidas. La más afectada fue alimentación: la proporción de hogares con carencias en esa dimensión pasó de 22,4% en 2021 a 25,6% en 2025. También aumentaron las privaciones en vivienda y servicios, de 11,2% a 12,1%, y en privación social y educación, de 18,1% a 20,9%.

Los indicadores específicos ayudan a entender qué significa esa pobreza en la vida real. Entre 2021 y 2025 aumentó la proporción de hogares que declararon saltearse comidas, comer menos variado o reducir porciones por falta de recursos. También crecieron las privaciones vinculadas a tratamientos dentales, reparación de goteras, gastos personales, vacaciones, posibilidad de invitar a alguien a comer y uso del transporte público.

No son consumos de lujo. Algunos son básicos, como comer suficiente o trasladarse. Otros parecen menos urgentes, pero también forman parte de una vida integrada: poder invitar a familiares o amigos a comer, hacer pequeños gastos personales o salir de vacaciones alguna vez. La pobreza multidimensional incorpora esos aspectos porque la exclusión no se expresa sólo en la falta de comida o techo, sino también en la pérdida de vínculos, autonomía y participación social.

En los hogares con menores de 18 años, la pobreza multidimensional bajó de 21,9% a 20,6%, pero se mantuvo por encima del promedio general. Allí también crecieron las privaciones vinculadas a alimentación y privación social y educación. En 2025, el 28,5% de los hogares con menores presentaba carencias en alimentación y el 28,4% en privación social y educación.

La desigualdad territorial sigue siendo marcada. La Zona Sur registró en 2025 una pobreza multidimensional de 30,4% de los hogares, muy por encima del promedio de la Ciudad. En la Zona Centro fue de 19,3% y en la Zona Norte, de 6,5%. La brecha muestra que las privaciones no se distribuyen de manera pareja: se concentran más en los barrios donde históricamente se acumulan peores condiciones de vivienda, ingresos, servicios y acceso a oportunidades.

El dato más revelador aparece cuando se cruzan las dos mediciones. En 2021, el 10,2% del total de hogares de la Ciudad era pobre multidimensional, pero no pobre por ingresos. En 2025, esa proporción subió a 12,6%. En hogares con menores, pasó de 7,0% a 9,1%.

Ese grupo es clave para entender los límites de mirar sólo la línea de pobreza. Son hogares que, según sus ingresos, no entran en la pobreza monetaria, pero que acumulan privaciones suficientes para ser considerados pobres desde una mirada multidimensional. La estadística de ingresos puede dejarlos afuera, aunque su vida cotidiana muestre recortes concretos.

El propio informe del IDECBA advierte sobre ese comportamiento dual: baja el núcleo duro de hogares que son pobres por ingresos y también pobres multidimensionales, pero crece la pobreza multidimensional entre hogares no pobres por ingresos.

La pobreza por ingresos sigue siendo un indicador necesario. Permite medir con frecuencia el impacto de precios y salarios sobre los hogares. Pero la pobreza multidimensional muestra una capa que muchas veces queda oculta: la vida que se achica incluso cuando el ingreso parece alcanzar en la estadística.

JJD

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer que la Canasta Básica Alimentaria (CBA) de junio subió y marcó un incremento del 1,3% con relación a mayo, mientras que la Canasta Básica Total (CBT) subió un 2,2%.

La medición corresponde al Gran Buenos Aires, donde una familia compuesta por cuatro integrantes necesitó $1.531.473 para superar el umbral de pobreza en junio de 2026.

La CBA y la CBT registraron variaciones interanuales de 36,3% y 35,7%, respectivamente.

¿Cómo influyó el aumento de las canastas en los hogares respecto al mes de mayo?

En junio, un hogar compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 años y su madre de 61 años necesitó en junio $549.203 en la CBA y $1.219.231 en la CBT.

En segundo término, en el caso de una familia integrada por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8 años, para cubrir las necesidades básicas (CBA) $689.853 y $1.531.473 para cubrir la CBT.

Por último, en una casa donde conviven un varón y una mujer, ambos de 30 años, y tres hijos de 1, 3 y 5 años, fue necesario contar con $725.573 para la CBA y $1.610.772 para la CBT.

¿Cómo compone el INDEC la CBA y la CBT?

Tal como detalla el INDEC en su informe mensual: “La CBA se ha determinado tomando en cuenta los requerimientos normativos kilocalóricos y proteicos imprescindibles para que un varón adulto de entre 30 y 60 años, de actividad moderada, cubra durante un mes esas necesidades (adulto equivalente). A su vez, se seleccionaron los alimentos y sus cantidades en función de los hábitos de consumo de la población a partir de la información provista por la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo)”.

En tanto que, “para determinar la CBT, se amplía la CBA considerando los bienes y servicios no alimentarios. La estimación se obtiene mediante la aplicación del coeficiente de Engel (CdE), definido como la relación entre los gastos alimentarios y los gastos totales observados en la población de referencia”.

Por último, expone que “la composición de cada hogar, en términos de adultos equivalentes, determina un valor de CBA específico para ese hogar. Ese valor surge de la multiplicación del costo de la CBA del adulto equivalente por la cantidad de adultos equivalentes que conforman el hogar”.

Con información de la agecia NA

“Al gobierno de la ciudad: no se pasen de la raya”, arrancaba un reciente video del Equipo de Sacerdotes de Villas porteñas, con la voz de Lorenzo “Toto” de Vedia, párroco en Barracas, el pasado 26 de junio. “Luego de las cartas que enviamos al jefe de Gobierno de la ciudad (Jorge Macri) y que no fueron respondidas, expresamos repudio al hostigamiento a vecinos de nuestras villas: a cartoneros, vendedores ambultantes, personas que viven en la calle y a los que se organizan para ayudarlos. Pedimos que dejen de humillar a los pobres”, proclamaban una semana después de que la Legislatura de la capital aprobara una ley que pena con hasta dos meses de cárcel a los trapitos y limpiavidrios. Pero no se trata sólo de las tierras de Macri. Este tipo de política se va extendiendo por buena parte del país.

En la Ciudad de Buenos Aires, el jefe de Gobierno no sólo impulsó esta nueva ley sino que viene desalojando desde inicios de su gestión a los vendedores ambulantes y manteros en todos los barrios, desde Once y la Villa 31 hasta Parque Centenario y Chacarita, con el secuestro de las mercancías ofrecidas. También desde el arranque de su administración con su operativo Orden y Limpieza manda personal a conminar a las personas de situación de calle para que se vayan a los paradores o al conurbano, pero no dan abasto ante un número creciente de sin techo. Los procedimientos también incluyen incautación de pertenencias como colchones.

En cuanto a los cartoneros, la capital endureció el registro de los habilitados y el control de los que están fuera de ese listado, a quienes les sacan sus carros. Quitó subvenciones al transporte, cerró una de sus plantas de reciclado, planea mudarlas todas fuera de su territorio y creó multas para quienes desarodenan la basura fuera de los tachos. A eso se suma que el precio que se paga por materiales para reciclado ha descendido, en parte por la apertura de la importación de residuos y la recesión de las industrias que los compran. Esta merma y el congelamiento del salario complementario que cobran los cartoneros desincentiva la actividad en todo el país. En ese contexto cerró la fábrica de reciclado de plástico pet de las botellas de Ecopek, de capitales mexicanos, en marzo pasado. Ya no era más negocio.

“Están destruyendo el tejido social”, comenta De Vedia. Advierten que algunos caen en la delincuencia o en las adicciones ante la falta de alternativas para conseguir trabajo. En el Bajo Flores, Nicolás Torres, referente del colectivo Popurrí, comenta que “la gente trabaja lo mismo, pero corriendo, escondiéndose, como si fueran delincuentes”. “La gente que trabaja en la calle, trapitos, vendedor ambulante, trabaja hoy para comer hoy. Sigue trabajando, pero con miedo de que la persigan, de que le saquen la mercadería. Cuando vos le sacás la mercadería, la gente arranca al otro día menos diez y encima se tiene que andar escondiendo porque es un trabajo digno para ellos. Hoy viven asustados y perseguidos por la Policía que debería darles seguridad”, agrega Torres.

Ariel Rivero, referente de la Unión de Vendedores Ambulantes de Once, cuenta que ya no quedaron manteros en Once, incluidos los senegaleses. “Se fueron a ferias del conurbano”, explica. Él y otros 50 vendedores siguen pero deambulando, sin detenerse ni ocupar la vereda, pero igual son perseguidos por la Policía Metropolitana, que les confisca la mercadería. “Hay una ley de vendedores ambulantes (de 2003), es mera subsistencia, no es delito. Antes, con (Horacio Rodríguez) Larreta nos sacaban, pero nos daban predios para vender o nos habilitaban puestos en la calle. A mí me habilitaron garrapiñadas, pero nos lo sacaron porque vendí golosinas... pero es que garrapiñadas no se venden todo el año... Dicen que nos pongamos un local, pero con una docena de guantés no podés.. Dicen que no pagamos impuestos, pero muchos locales tampoco pagan...”

“Es todo una persecución a la clase obrera, a los de abajo”, concluye Rivero. Pero advierte que tampoco les van mejor a quienes se emplean en los comercios formales de Once. “Vienen pibes a trabajar por $25.000 por día, pero entre pasaje y comida llegan a su casa con $10.000. Por eso a veces no comen ni toman un café”, ejemplifica. Lamenta que los policías persigan a vendedores ambulantes en lugar de concentrarse en el robo de celulares o la venta de objetos prohibidos.

En La Plata, se prohíbieron en 2024 los manteros y la venta ambulante en el centro y les propusieron sumarse a cooperativas de barridos o vender en otros lugares más alejados del centro. Este 26 de junio los cartoneros del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), que lidera el diputado Juan Grabois, protestaron frente a la municipalidad e incluso provocaron un principio de incendio porque el intendente peronista Julio Alak quiere licitar el servicio de recolección para reciclaje y dejar de contratarlos. A cambio, les ofreció una tarjeta para comprar alimentos, pero los cartoneros la rechazaron. Mientras, se controlan a cuidacoches y limpiavidrios.

En Mar del Plata, otro intendente del PRO, Guillermo Montenegro, arrancó 2025 persiguiendo a ambos al tacharlos de “delincuentes”, desalojando los “acampes” en la vía pública la gente sin techo y terminando con las ferias ilegales en plazas. “Van a terminar puliendo los barrotes de la celda”, prometió.

En la provincia de Córdoba, donde gobierna el peronista local Martín Llaryora, se aprobó este año una norma para arrestar por seis días a los limpiavidrios, a los que prohibió, y a los “naranjitas” (como les llaman a los cuidacoches), a los que reguló y les impidió el cobro compulsivo. La gestión Llaryora prometió capacitación e inclusión laboral para estos individuos. Después la ley fue ratificada por la ciudad de Córdoba, que gobierna Daniel Passerini. Entonces el arzobispo cordobés, Ángel Rossi, recibió a los naranjitas, se solidarizó con ellos y pidió que se le dé otras tareas urbanas: “Si retrocede la economía popular, avanza la economía criminal”, advirtió Rossi. En la ciudad se reiteran los operativos contra la venta callejera, con decomisos de mercancías.

En la provincia de Santa Fe, del radical Maximiliano Pullaro, el Senado dio por ahora media sanción a un proyecto para prohibir cuidacoches y limpiavidrios. El intendente Pablo Javkin, de la misma coalición, apoya la medida y ha ordenado demorar a cientos de trapitos por presunta extorsión. En la ciudad de Santa Fe se vetaron a quienes limpian parabrisas en las esquinas desde 2024.

En la ciudad Mendoza, en 2018, el entonces alcalde, el radical Rodolfo Suárez, prohibió trapitos y limpiavidrios, con la promesa de reinsertarlos en el mundo del trabajo. Fue pionera e imitada después por otras localidades. La capital mendocina también combate los “acampes”. En San Miguel de Tucumán, la peronista Rossana Chahla, quiere regular a los cuidadoches. Entre 2024 y 2025, había combatido los puestos informales en las veredas.

Bariloche prohibió en marzo pasado los limpiavidrios, trapitos, vendedores ambulantes y artistas callejeros sin autorización. Al mismo tiempo, Comodoro Rivadavia vedaba a los que limpian parabrisas. En 2025, la ciudad de San Luis desalojó a los vendedores ambulantes y manteros de la peatonal, pero los reubicó en otras zonas de la ciudad. Desde marzo pasado, San Fernando del Valle de Catamarca impide a los ambulantes y mendigos entrar a bares y restaurantes a ofrecer productos o pedir dinero, respectivamente.

En el conurbano, Vicente López y San Isidro aplican la tolerancia cero a los que limpiavidrios. San Miguel y Tres de Febrero desalojan puestos callejeros. En diciembre pasado, en Quilmes se reguló a los cuidacoches al adoptar un sistema de estacionamiento medido al que debían incorporarse estos trabajadores informales. El MTE rechazó la reforma con una violenta protesta que enfrentó a Grabois con la intendenta quilmeña, Mayra Mendoza.

La idea de controlar todos estos trabajos formales es liderada por la derecha, pero también se enarbola en el peronismo. El desafío radica en qué harán aquellos que se quedan sin fuentes de ingresos, si quedarán a merced del mercado, de la delincuencia o de políticas públicas que aporten soluciones.

AR/MG

Según un informe, entre diciembre de 2023 y enero de 2026, la deuda de los argentinos creció, en promedio y por persona, tres veces. El informe elaborado por Fundación Éforo dio cuenta de que la deuda escaló de $337.000 a más de $1.000.000. Además, paralelamente, el acceso al crédito crece, aumenta la morosidad y cada vez es más difícil cumplir con los compromisos de pago de los hogares.

En este contexto, el informe elaborado por Fundación Éforo marca que, igualmente, el sistema de crédito argentino continúa expandiéndose, pero con la señal ascendente de inconsistencia financiera en los hogares argentinos.

Según el informe, los datos relevados muestran que, en los últimos dos años, las personas endeudadas mediante los proveedores no financieros pasaron de 9,5 millones a 11,3 millones, siendo asistidas por entidades como fintech, mutuales y tarjetas no bancarias. A su vez, en el mismo tiempo, el volumen total financiado creció de $3,2 billones a $11,8 billones.

Crece la morosidad

El informe de Éforo también da cuenta del incremento sostenido de la morosidad, marcando que, en relación con los préstamos otorgados por bancos privados, el incumplimiento se corrió del 4,5% al 10,6%. Además, en el segmento de proveedores no financieros se ubicó en el 16,2% y las tarjetas no bancarias registraron una mora del 14,5%. Estas son un instrumento de financiamiento principal para el consumo.

Al respecto, la vicepresidenta de Fundación Éforo, Carla Pitiot, dijo que “los datos muestran una realidad ambivalente. Más argentinos acceden al crédito, pero una parte creciente de los hogares lo hace en condiciones cada vez más exigentes y con mayores dificultades para sostener sus compromisos financieros. El aumento simultáneo de la deuda promedio y de la morosidad sugiere que estamos frente a una señal de alerta que merece seguimiento, especialmente en los sectores de menores ingresos”.

El costo del crédito, otra de las preocupaciones

Mientras las tasas para los préstamos personales en bancos rondaron entre el 70% y el 90% nominal anual en 2025 y comienzos de 2026, en los proveedores no financieros promediaron el 129%, indica el informe, ampliando las dificultades de pago para quienes tienen menor acceso al sistema bancario tradicional.

A pesar de esta situación, una de las excepciones es que el crédito hipotecario se recuperó de manera significativa. El crecimiento real interanual fue superior al 50% y los niveles de mora, considerablemente más bajos que el promedio del sistema.

La mirada de Fundación Éforo

Al respecto, Fundación Éforo sostiene que la evolución de estos indicadores refleja una estructura del crédito cada vez más segmentada, ya que, mientras el sistema financiero formal exhibe signos de recuperación y expansión en líneas de largo plazo, los sectores más vulnerables concentran mayores niveles de endeudamiento, costos financieros más elevados y crecientes dificultades para cumplir con sus obligaciones.

Por último, el informe finaliza diciendo que la evolución reciente del crédito genera nuevos desafíos para las políticas de inclusión financiera, la protección de los consumidores y la estabilidad económica de mediano plazo.

La bolsa llega sellada. Adentro puede haber cualquier tipo de lácteos, vencidos, a punto de vencer o los que nadie compra. El precio original es de $15.000. La app Cheaf lo cobra a $7.500. Antes de abrirla, la pantalla informa cuántos kilos de dióxido de carbono no fueron emitidos gracias a que la bolsa no se tiró.

“Rescaté comida y ahorré un 50%”, dijo una usuaria frente a la cámara de Telenoche en mayo del año pasado, a unos meses de que Cheaf se instale en el país. La joven había retirado su primera bolsa sorpresa en un Jumbo de Buenos Aires. Adentro encontró unos cuantos potes de yogurt que vencían al día siguiente. Se va contenta a su casa, sintiendo que ahorró y que le hizo un bien al medio ambiente.

Y es que la clase media no solo vive cada vez más a base de comida chatarra. También está consumiendo alimento vencido. O a punto de vencer. Este es el nuevo sistema exitoso de las aplicaciones que crecen en las regiones donde la clase media se licua, vendiendo a mitad de precio los productos que antes los supermercados tiraban o regalaban. “Argentina es el mercado de mayor crecimiento dentro de los países donde operamos”, confirmó Kim Durand, CEO y cofundador de Cheaf, al cumplirse un año de su desembarco.

Cheaf es una aplicación mexicana que conecta supermercados, panaderías y restaurantes con usuarios que compran, con descuentos de entre 50 y 70 por ciento, alimentos próximos a su fecha de vencimiento, en bolsas cuyo contenido se desconoce hasta el momento del retiro. Aterrizó en Argentina el 11 de febrero de 2025 con tres locales. En poco más de un año acumuló 1,4 millones de descargas, 466 comercios adheridos en 77 ciudades de 18 provincias. Es el lanzamiento de mayor crecimiento de su historia regional, que incluye México, Chile y Colombia.

Sin embargo, Cheaf no creció sola. En enero de 2025, la app argentina Kigüi, que devuelve parte del dinero sobre productos ya comprados que están a punto de vencer, cerró rondas de inversión con The Yield Lab y Amazon por US$1,85 millones y sumó 300.000 descargas y 100.000 usuarios activos.

En abril llegó desde Uruguay “Buen Provecho”, con descuentos de entre el 35 y el 50 por ciento en alimentos frescos y excedentes, con planes de alcanzar 1.000 locales en Argentina antes de fin de 2026. “Nos pareció muy importante traer la app acá por su inflación y la caída en el consumo”, razonó Daniela Lejtreger, CEO de la app. Juntas, las tres plataformas construyeron en un año un mercado en expansión que en 2024 no existía.

Lo que ganaron las apps, lo perdieron los comedores

Cheaf opera exclusivamente a través de la app y se paga con tarjeta. Kigüi reintegra el cashback a una cuenta bancaria o a Mercado Pago. El modelo excluye a quien no tiene acceso al sistema financiero digital. Su público es la clase media venida a menos. Buen Provecho, por ejemplo, apunta a “jefes y jefas de familia de 30 a 50 años” y a “jóvenes de 20 a 30 años con presupuesto limitado”.

Al mismo tiempo que este segmento de la sociedad estira sus bolsillos con una tendencia promocionada como “ética” y “ambiental”, los sectores más postergados, que subsisten en parte gracias al alimento donado a comedores, se ven perjudicados.

En Córdoba, el Banco de Alimentos que suministra productos a organizaciones y comedores atraviesa desde fines de 2025 una caída pronunciada en las donaciones de supermercados: pasó de recolectar 15 bultos por sucursal a obtener apenas cinco. Los productos próximos a vencer que antes llegaban a la institución se canalizan ahora hacia las plataformas de descuento. El resultado es una lista de espera de comedores barriales que piden auxilio y no pueden ser incorporados por falta de stock.

“Desde septiembre del año pasado cayó la donación de alimentos sobre todo de supermercados, que pasaron de entregarnos 15 a cinco bultos. Las aplicaciones que ofrecen productos a punto de vencer son un competidor muy importante, porque la gente aprovecha los descuentos. Esos alimentos antes venían en gran cantidad y ahora está siendo muy reducido”, confirmó Alejandro Ruíz Díaz, del Banco de Alimentos de Córdoba. “Tratamos de darle un poco a cada uno. Por ahí el combo no sale con la cantidad de kilos que salía antes, pero la idea es que pueda alcanzar a más organizaciones”, agregó.

Isabel de Elizalde, de la panadería Hausbrot, uno de los locales que se sumó a Cheaf, explicó la transición a la Agencia de Noticias de Comunicación de la UBA: “Con la situación del país se hizo complicado sostener tanta cantidad de donaciones y cuando leímos sobre Cheaf nos pusimos en contacto con ellos.”

La retórica es el ambiente, el motor es la crisis

El discurso de estas plataformas habla de toneladas rescatadas, kilos de CO2 evitados, consumo responsable. Ese relato está construido sobre un problema real, ya que Argentina desecha 16 millones de toneladas de alimentos por año, el 12,5 por ciento de su producción agroalimentaria, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. La retórica es la sostenibilidad, pero el motor es la caída del consumo.

Las ventas en supermercados cayeron un 11% durante 2024, según el INDEC, y los autoservicios mayoristas –refugio de quienes compran en cantidad para estirar el presupuesto– se hundieron un 15%. Además, los precios de los servicios –gas, electricidad, transporte– aumentaron entre 350% y 707% en el primer año de la gestión Milei, según un informe del Centro RA de la UBA.

Fue la clase media la que absorbió el impacto con mayor virulencia. Un relevamiento del Instituto Argentina Grande sobre los microdatos de la EPH-INDEC del segundo trimestre de 2025 reveló que el 53% de los hogares de ingresos medios debió gastar sus ahorros, vender pertenencias o endeudarse para llegar a fin de mes, superando incluso a los sectores de menores ingresos. La morosidad en créditos personales alcanzó el 9,1%, el registro más alto de la serie histórica. Lo que antes era un colchón, hoy es una lona.

“Creo que la gente usa la app más por la cuestión del ahorro. Lo ambiental suena bien y está bueno como conducta de vida, pero a la gente realmente la mueve la plata, no la mueve que se tire una galletita y se desperdicie”, dijo a ANCCOM Marino Steiner, dueño del almacén Oliva Don Mateo, uno de los comercios adheridos a Cheaf.

La grieta en las reseñas

“Miren lo que me pedí por $8.000 PESITOS”, celebró esta semana La Jefa del Ahorro, la cuenta más influyentes del universo del ahorro, uno de los rubros que más creció entre los creadores de contenido. Mostraba una imagen con 6 yogures y un queso crema. “Existe una app donde los locales arman paquetes con la comida que sobró del día...”, explicaba.

“No podés promocionas las sobras”, la cruzó un usuario. “Es la versión virtual y cool de llevar un carro y pedir las sobras del día en la panadería”, agregó otro. “Se llama 'cheaf', en otros países se llama SER POBRE”, protestó un tercero. “Manusma” se quejó de la tómbola: “A nosotros nos decía 'lácteos' y nos clavaron 6 margarinas que estaban a 4 días de vencer”.

Pero otras se sintieron satisfechas. “Las bolsas de Cheaf son una maravilla, por 20 lucas me vino una torta cabsha, dos muffins, una masa de tarta y una tarta de frutas”, dijo un usuario. “Rescaté una bolsa de lácteos y me vino una horma de queso. Te lo entregan con el valor real, entonces podés ver cuánto ahorrás. Esa bolsa costaba más de 11 mil pesos y yo la pagué 7 mil”, agregó otra.

Y están quienes la usan de forma estratégica: “Viene bien para la merienda en el parque, o si es el cumpleaños de tu nene y vienen muchos amiguitos, comprás panificados y te olvidás”, cerró una usuaria en la reseña de Google Play.

LN/MG

Que a los ricos no les interese pagar impuestos puede llegar a resultar lógico. No salen a la calle y se topan con frecuencia con gente durmiendo en la calle, otros que los fuerzan a comprarles medias ni que les piden comprarles una leche en la entrada del supermercado. No van al hospital público ni pelean con la obra social ni la prepaga barata y sus copagos. No se educan en el ámbito público, aunque se nutren de los empleados que sí pasaron por sus aulas. No toman transporte público ni miran la agenda de espectáculos gratuitos. Y así es que se las ingenian para ser los que menos ingresos destinan a impuestos, a diferencia de las clases media y baja, que en menor o mayor medidas utilizan todos esos servicios del Estado.

En tiempos en que se discute que no haya fondos para las universidades, pero tampoco para remedios y prestaciones médicas, salarios de maestros y policías, frecuencias de colectivos y trenes o instalación de cloacas, esta semana el asesor senior del International Tax Observatory (ITO, las siglas en inglés del Observatorio Tributario Internacional) Vicente Silva, chileno residente en la ciudad sede de esta organización, París, presentó en la Universidad de Buenos Aires (UBA) un informe latinoamericano que especifica cuánto tributa cada segmento social. Los datos demuestran que el 1% más rico de los argentinos paga de impuestos sólo el 30% de sus ingresos, casi lo mismo que la clase media, que abona el 29% y menos que los pobres, que destinan el 37%. Incluso el 10% más rico tributa menos: el 25%. Es decir, los ultramillonarios pagan igual que las familias de ingresos medios, pero más que los apenas menos ricos, quizás por el impacto del ahora licuado impuesto a los bienes personales.

“El sistema argentino cobra mucho impuesto cuando la gente consume: cuando compra comida, remedios, ropa o paga el transporte, paga el IVA”, comienza a explicar Silva. “Y como los hogares de menores ingresos gastan casi todo lo que ganan en consumo básico, una parte muy grande de sus ingresos se va en impuestos. Y con los más ricos pasa lo contrario: como consumen una parte mucho menor que su ingreso, el IVA les pesa muchísimo menos. Después pagan otros impuestos, pero no lo suficiente para compensar esa diferencia”, advierte el investigador con un posgrado en la London School of Economics, la escuela de economía de Londres.

“Pero el problema más fuerte se da en la cima: el 0,01% más rico de Brasil y Chile -en la Argentina no están los datos disponibles- pagan tasas efectivas de impuestos que son la mitad que el resto de la población”, advierte Silva. ¿Por qué? “Básicamente porque retienen utilidades dentro de sus empresas y mientras no las distribuyan, no generan ingresos que puedan gravarse. En ese tramo de la sociedad prácticamente no se cobra impuesto a la renta (ganancias)”, advierte el experto.

La Fundación Friedrich Ebert, de la socialdemocracia alemana, apoyó la investigación del ITO y su directora de asuntos económicos en la Argentina, María Julia Eliosoff, agrega que ha quedado comprobado que los grandes millonarios en el mundo usan las tarjetas corporativas para sus gastos personales y suelen usar la ingeniería financiera para evitar la tributación en los países donde más impuestos se pagan. Pero no sólo eso: en Latinoamérica el gravamen que más recauda es el IVA y en Europa, Ganancias. En la Argentina, el IVA supone el 40% de lo recolectado y Bienes Personales, el 1,3%, señala Eliosof, que también integra el Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad (ETFE).

“Esta es una discusión entre desigualdad y democracia: es un problema para la democracia que haya grandes mayorías que reclaman mientras se concentra el poder en pocas manos, grupos de ricos con más poder que los estados”, añade la experta de la Ebert. Politólogos como Vicente Palermo o Roberto Gargarella también aluden a los problemas que las desigualdades provocan en las democracias por esa misma concentración de poder.

“En la Argentina sólo seis personas, los milmillonarios, poseen más de US$20.000 millones e incrementan su fortuna a un ritmo que va alrededor del 8% anual y lo hacen gracias a las rutas, los puertos y el capital humano que se forma en las escuelas y las universidades públicas y que son pagadas con los impuestos de todo el resto”, advierte Silva. Esos seis son, según el informe, las de Marcos Galperin (de Mercado Libre, con US$ 7.200 millones), Alejandro Bulgheroni (de Pan American Energy, PAE, con 5.100 millones), Eduardo Eurnekian (de Corporación América, con 4.800 millones), Eduardo Costantini (de Consultatio, con 1.300 millones), Delfín Carballo (del Banco Macro, con 1.000 millones) y el italiano residente en Buenos Aires Paolo Rocca (de Techint, con 7.300 millones). Por cierto, ni Galperin ni Bulgheroni viven y tributan acá sino en Uruguay.

“Tras años de alta inflación, deterioro del poder adquisitivo y fuerte inestabilidad macroeconómica, el debate tributario en Argentina se ha reordenado en torno a la estabilización de las cuentas públicas y a la contención de los precios”, contextualiza el reporte. “Desde que asumió, el actual gobierno lo ha hecho principalmente mediante recortes en el gasto público, incluidos programas destinados a financiar políticas sociales. En paralelo, se ampliaron las exenciones y los alivios fiscales para los sectores de mayores ingresos”.

“Este giro ocurre en un país que combina una presión tributaria relativamente alta en comparación con los estándares regionales —27,8% del PBI—, pero por debajo del promedio de los países de la OCDE (34%)”, se refiere a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que integran en general países ricos. “Argentina necesita una reforma fiscal que corrija las regresividades del sistema actual. La pregunta no es si Argentina debe abrir una discusión sobre cómo gravar mejor la riqueza extrema, sino cómo hacerlo con un diseño capaz de llegar donde los instrumentos tradicionales no llegan”.

“La evidencia muestra que los instrumentos convencionales tienen límites claros para gravar a los ultrarricos”, continúa. De ahí que surja la siguiente propuesta para toda Latinoamérica, el continente más desigual del mundo: un impuesto mínimo del 2% sobre fortunas superiores a US$100 millones. “Se trata de un mecanismo diseñado para asegurar que las personas con grandes patrimonios paguen al menos un nivel mínimo de tributación sobre su riqueza total, independientemente de cómo estén estructurados sus activos o de cuánto logren reducir su carga tributaria mediante el impuesto sobre la renta. A diferencia de los impuestos patrimoniales tradicionales, el impuesto mínimo funciona como un piso: si los impuestos ya pagados sobre el ingreso y la riqueza no alcanzan ese umbral, se cobra la diferencia. Si los impuestos pagados alcanzan el umbral, no se debe nada adicional”, expone el ITO.

Un debate que aún está fuera del radar en un país donde el presidente Javier Milei considera que los impuestos son robos, donde el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, alega que gasta su dinero pero oculta su origen, donde el jefe de la Agencia de Recaudación (ARCA), Manuel Vázquez, omite declarar su patrimonio real y donde uno de los varios legisladores libertarios que son empresarios, el jujeño Manuel Quintar, reivindica la batalla cultural en defensa de los ricos como él. Cada vez van quedando menos hombres de negocios como Víctor Fera, el dueño del mayorista Maxiconsumo, el único que defendió el impuesto extraordinario a las grandes fortunas en la pandemia con el argumento de que el dinero que él destinaba impuestos no le pertenecía a él sino a la sociedad que consumió en sus locales y que, por tanto, debía retornar a ella.

AR/CRM

La guerra de Irán no sólo encareció el petróleo por el cierre del estrecho de Ormuz y la imposibilidad de comerciar el crudo y el gas que se produce en el Golfo Pérsico. Además se disparó el precio de fertilizante que se elabora a partir del gas y se utiliza en el cultivo del trigo, la urea, que también se elabora en esa región. Aunque al principio, el cereal no reaccionó al alza después comenzó a subir hasta 8% respecto del nivel previo a los bombardeos de EE.UU. e Israel sobre territorio iraní. Pero este no es el único motivo por el que se corre riesgo de que aumente el pan en la Argentina.

“En los últimos 30 días nos subió la bolsa de harina 8%, acá en Salta de $12.500 a 13.500, pero en general no aumentó el pan porque nos afecta más la baja del consumo que el precio de la harina”, cuenta el presidente de la Federación Argentina de la Industria del Pan y Afines (Faipa), Daniel Romano. En Merlo, el presidente del Centro de Panaderos local, Martín Pinto, coincide en que no remarcan: “Estamos resistiendo todos los días, trabajando a pérdida, porque la gente no tiene un mango”. De una variedad de colegas consultados, sólo una aumentó 8% el pan la última semana ante lo que considera la “especulación” de los molinos harineros. Es el caso de Fernando Van Strate, dueño de Placeres Porteños, que cuenta con dos sucursales en Villa del Parque.

Por un lado, los agricultores locales, después de terminar en diciembre pasado una cosecha récord de trigo con 27 millones de toneladas, están reteniendo granos en silos propios y de acopiadores en lugar de mandarlos a los molinos de harina. Influye el precio que les pagan. Por cuestiones climáticas, el cereal recolectado no es de buena calidad y se paga mal. Además, el peso sobrevaluado desalientan la liquidación de granos que cotizan en dólares. Y el incremento del precio internacional del trigo, por la guerra y por la sequía en EE.UU., lleva a los agricultores a preguntarse si no es mejor esperar a que complete la tendencia alcista: aún está 18% por debajo del promedio del último cuarto de siglo. Así lo explican en una de las entidades agropecuarias. Mientras, en la Sociedad Rural Argentina aclaran que el costo de este cereal representa sólo 6,7% del precio del pan.

“La molinería en alerta amarilla porque no consigue abastecerse de trigo”, fue el título de un comunicado de fines de abril de la Federación de la Industria Molinera (FAIM). “Los molinos harineros, además de tener que hacer frente a la escasez de partidas de trigo aptas para panificación, ahora también están registrando dificultades para poder abastecerse del cereal, lo que genera preocupación en el sector. Entre las hipótesis que pueden llegar a explicar ese fenómeno se incluye el hecho de que el valor relativo del trigo cayó mucho con respecto a los fertilizantes, insumo clave que experimentó un aumento considerable de precios en los últimos meses”, siguió FAIM.

Precisamente, en mayo se siembra el trigo para cosechar en diciembre y en el campo se espera una caída de la cosecha por la casi duplicación del precio del fertilizante, sumado al 35% de suba del petróleo y su impacto en el gasoil. “Si se mantiene en el tiempo la situación vigente, no llegaremos a cumplir con la expectativa de crecimiento y eso representa menos trabajo argentino y menos valor agregado en origen”, resumió el presidente de la FAIM, Diego Cifarelli.

En Salta, el líder nacional de los panaderos advierte que la situación social de su provincia está lejos de ser lo óptima que se presumiría de una en la que se expanden proyectos de litio. “La macro podrá estar bien, pero la micro está mal. Al jubilado que gana la mínima no le alcanza para comer una medialuna”, cuenta Romano. El único consumo que le aumenta es el de pan francés: “Porque la gente ve que la carne le cuesta $20.000 el kilo, y entonces termina comiendo un kilo de pan por 3.500”, lamenta el panadero, que recuerda que en el gobierno de Javier Milei el consumo en sus locales cayó entre 25 o 30% y cerraron unos 1.100 negocios.

A eso se le combina el aumento de costos. “Por la guerra, aumentaron los envases de plástico, derivado del petróleo, entre 75% y 80%, mientras que la margarina y la grasa subieron 70% porque hay más demanda de biocombustible ante el encarecimiento de la nafta y el gasoil”, cuenta el presidente de Faipa. “Por ahora no hay subas generalizadas del pan pero va a subir 10% porque es imposible seguir ante la suba de costos”, completa.

“Si salimos con un aumento, en unas semanas tenemos que cerrar las persianas, nuestra fuente de trabajo”, comenta Pinto, de Merlo. “Si la semana próxima viene la harina con un aumento, vamos a tener que aumentar sí o sí, pero van a cerrar más panaderías”, agrega. Desde su rincón del conurbano o desde Salta, las esperanzas se cifran en que se negocie una paz entre EE UU e Irán que alivie los costos.

AR/MG

Desde fines de los 70 y con las distintas crisis socioeconómicas, las cuidadoras comunitarias se expandieron en Argentina y consolidaron, desde la inventiva, una red de comedores, jardines, clubes deportivos, espacios culturales y dispositivos contra la violencia que cuidan, alimentan, educan y recrean a miles de personas en barrios donde no llegan las políticas públicas. El 75% son mujeres, generalmente vecinas de origen humilde que hoy están siendo perseguidas por el Estado, según denunciaron la semana pasada organismos de Derechos Humanos.

“Se impulsan causas por supuestas extorsiones y se usan como prueba mensajes de militancia, convocatorias a marchas o reuniones barriales”, explicó Nadia De Rosa, presidenta de la Coordinadora Argentina por los Derechos Humanos, que junto a la Asociación Argentina de Juristas (AAJ) y la Utep, participaron de “La criminalización de las cuidadoras comunitarias en Argentina”, una exposición en la que detallaron las preocupaciones de organismos internacionales por la violencia que ejerce el Estado nacional. “Está habiendo una persecución muy fuerte, porque buscan desarmar a las organizaciones sociales”.

Según advierten, la criminalización se da a partir de la línea 134, una herramienta que antes se utilizaba para denuncias vinculadas al narcotráfico y la trata de personas. A través de denuncias anónimas, se producen allanamientos en comedores y se procesan cuidadoras comunitarias, muchas de las cuales pierden trabajos, atraviesan largos procesos judiciales sin resolución y padecen restricciones territoriales y estigmatización social.

“Hay procesadas y otras que están en un limbo, es decir, que fueron allanadas, no encontraron nada y no las sobreseen porque dicen que siguen investigando. También hay causas que las personas ni siquiera conocen formalmente”, aseguró la abogada De Rosa, que defiende a las cuidadoras acusadas.

Un informe presentado por ella –como presidenta de la Coordinadora Argentina– y Cynthia Britez –de la Asociación Argentina de Juristas– ante la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) señala que hubo 1.173 mujeres y 630 hombres denunciados a través de este mecanismo. En ningún caso se encontró un elemento delictivo.

La CEDAW, un tratado internacional de la ONU, respaldó el informe y advirtió sobre una persecución con sesgo de género, clase y territorio contra las cuidadoras comunitarias. El organismo alertó además sobre el impacto social de esa criminalización: las restricciones judiciales debilitan las redes de cuidado en los barrios y dejan sin contención alimentaria, acompañamiento y asistencia a niños, jóvenes, mujeres en situación de violencia y adultos mayores.

“Nos quieren desorganizados y solos”

“Cada vez hay más personas en la calle, ancianos que van a buscar comida y familias enteras que trabajan y no llegan a comer. En este contexto buscaron instalar que las organizaciones sociales son algo malo, porque nos quieren desorganizados y solos”, dijo Sol Lavaca, militante de Barrios de Pie y cuidadora comunitaria.

La referente también advirtió sobre el impacto del hostigamiento estatal en los barrios populares: “Se instaló miedo, sobre todo en compañeros migrantes, con controles permanentes y pedidos de documentos”.

“Igualmente nunca vi que una compañera o un compañero se dejara vencer completamente por el miedo. Seguimos haciendo lo que hacemos todos los días, pese a que cada día estamos peor”, agregó.

Ahora, y por orden judicial, el Gobierno nacional deberá pagar el programa Volver al Trabajo a más de 900.000 beneficiarios durante este mes, luego de que se frenara el intento oficial de darlo de baja. Aunque la decisión fue celebrada por organizaciones sociales, las cuidadoras comunitarias –más de un millón en todo el país– que reclaman desde hace años el reconocimiento formal de su trabajo, mes a mes caen un peldaño más en la precarización de sus condiciones de vida porque la asignación fija de $78.000 está congelada desde diciembre del 2023.

Según un informe del Observatorio de Géneros y Políticas Públicas y la Fundación Rosa Luxemburgo, en Argentina existen actualmente más de 40.000 comedores y merenderos, mientras que los servicios sociocomunitarios representan el 27,7% de toda la economía popular. Casi dos tercios (64,8%) están vinculados a tareas alimentarias.

El trabajo de cuidados representa entre el 14,8% y el 20,5% del PBI, lo que lo ubica entre los sectores de mayor aporte a la economía, aunque en las estadísticas tradicionales suele aparecer clasificado como “inactividad”. Ese volumen implica unas 96 millones de horas diarias de trabajo, de las cuales el 75% son realizadas por mujeres.

En barrios populares, además, las mujeres dedican en promedio 12 horas diarias a tareas de cuidado –el doble que en otras zonas urbanas– y apenas el 31% tiene ingresos propios, frente al 71% de los varones.

Jornadas de madrugada y cuerpos colapsados

Según describen las propias trabajadoras, una cuidadora comunitaria dedicada a la cocina –actividad que concentra al 65% del sector– puede comenzar su jornada a las cuatro de la mañana para preparar entre 200 y 300 raciones diarias en comedores y merenderos barriales.

El trabajo incluye descongelar alimentos, cortar verduras, cargar ollas industriales y organizar la distribución. “Las compañeras tienen dolores constantes de espalda, muñecas y brazos por cargar ollas pesadas y trabajar tantas horas”, describió Lavaca.

Muchas también recolectan ropa donada, clasifican mercadería, sostienen roperos solidarios y funcionan como red de contención para vecinos que buscan orientación, acompañamiento o ayuda frente a distintas urgencias sociales. “Es un trabajo sin horario fijo”, resumió.

A esa carga se suma el pluriempleo. “Muchas compañeras tienen dos o tres trabajos para sobrevivir y eso les quita tiempo para militar y sostener tareas comunitarias”, explicó Lavaca. Según detalló, las cuidadoras suelen complementar ingresos con tareas de limpieza en casas particulares, cuidado de niños y adultos mayores, trabajos de enfermería, ventas ambulantes o changas vinculadas a la economía popular, uno de los sectores más golpeados por la caída del consumo.

“Lo que resignamos es tiempo de vida, como actos escolares, reuniones de escuela, tiempo con nuestros hijos”, señaló. Como las cuidadoras cumplen funciones que en otros contextos corresponden a políticas públicas, insisten en que se las reconozca como trabajadoras, con salario, estabilidad y derechos. “Nosotras mismas tuvimos que entender primero que lo que hacemos era un trabajo, porque una piensa que lo que hace de corazón no es trabajo. Y sí lo es”.

Rifas, donaciones y redes para sostener los barrios

Este trabajo se desarrolla en condiciones de alta precariedad y el sostenimiento de los espacios depende, en gran parte, de la autogestión con rifas, ventas informales, donaciones y aportes vecinales que permiten cubrir gastos básicos como alimentos o garrafas. Sin embargo, esa misma lógica comunitaria es la que –según denuncian las organizaciones– hoy está siendo criminalizada.

“Hay una gran ignorancia sobre cómo funcionan los barrios. Que alguien arme una rifa se interpreta como presión o delito”, planteó De Rosa. “No entienden, por ejemplo, cómo se compra una garrafa en un comedor: la juntan entre vecinos, porque el Estado no la provee”.

El informe del Observatorio de Géneros y Políticas Públicas y la Fundación Rosa Luxemburgo también advierte que, mientras la demanda social crece, los programas comunitarios sufrieron fuertes recortes. Entre 2023 y 2025, las políticas alimentarias destinadas al fortalecimiento comunitario cayeron un 75,9%, mientras que la integración socio-urbana se redujo un 89,8%.

Las organizaciones describen también un escenario de “reestructuración permanente”, con reducción de días de funcionamiento, menos comidas, cierre de actividades recreativas y aumento de familias que dependen de los comedores, incluidos trabajadores formales cuyos ingresos ya no alcanzan para cubrir necesidades básicas.

LN/MG

En el libro Pobreza, Made in USA, el sociólogo y ganador del premio Pulitzer Matthew Desmond recuerda que la pobreza no es una línea que se cruza, sino una montaña de obstáculos, un nudo de problemas que se acumulan. No se trata solo de falta de ingresos: es dolor físico, inestabilidad e incertidumbre. La pobreza es una espera interminable y el temor constante de que todo pueda empeorar. Es basura sin recoger, calle inundada. Es falta de libertad, a veces vergüenza y, otras, una herida profunda en la identidad. Como escribe Desmond, “la pobreza suele ser escasez material sumada a dolor crónico, sumada a encarcelamiento, sumada a depresión, sumada a adicción. La pobreza no es una línea: es un nudo apretado de males sociales”.

Sabemos bien que la pobreza está asociada a muchos de los grandes problemas que preocupan a cualquier sociedad: la salud, la educación, la vivienda, la violencia. Esa constatación fue, en parte, lo que nos llevó a escribir ¿Cómo hacen los pobres para sobrevivir? Durante tres años de investigación en el conurbano bonaerense analizamos las estrategias de supervivencia de los sectores más necesitados. Documentamos cómo combinaban trabajos informales y muy precarios –lo que denominamos “explotación precaria”–con intercambios recíprocos, ayudas estatales, comedores comunitarios, redes políticas de las que dependían, el cirujeo y, en algunos casos, actividades ilegalizadas como la venta de drogas o el robo de cables.

Nuestros hallazgos confirmaban y ampliaban un conjunto ya robusto de estudios sobre la persistencia y profundidad de la pobreza en Argentina. Pero también mostraban algo más: el esfuerzo cotidiano, silencioso y complejo de quienes viven atrapados en esa trama de privaciones materiales y simbólicas para sostener una vida con la mayor dignidad posible.

Este mes volvimos a conversar con varias de las personas entrevistadas. Las carencias siguen ahí; muchas, incluso, se han intensificado. En los estratos más bajos del espacio social, la aritmética de la pobreza –si un 5, un 10 o un 15% de la población cruzó la línea oficial y dejó de ser pobre– importa poco. Lo que importa es el día a día: las cartucheras y lápices del nuevo curso escolar reciclados del año anterior; las alitas de pollo que desaparecen del guiso mientras los fideos se multiplican; las deudas que tardan más en pagarse; los prestamistas “endemoniados y a los que no les importa nada” a la hora de cobrar sus deudas; la hija que se sienta con la madre a tomar mate para saltarse la cena; el segundo hijo que no puede jugar al fútbol porque la familia no puede comprar el buzo ni los botines.

Algunas cosas no han cambiado. Siguen, como cuando realizamos nuestra investigación, soñando con que algún día volverán a comer milanesas.

Y tampoco ha cambiado la vergüenza que siente una madre cuando le dice a su hija que no tiene para comprarle unos chizitos en la plaza y esta le contesta, “pero mamá, ¿para qué trabajás todo el día?” La pobreza no es sólo falta de dinero, es esa vergüenza, es la añoranza por no haber podido ir al cine en 10 años, es aspirar tan sólo a que algún día “no tenga que pensar todos los días en la plata, en cómo hacer para comer”, es “la pudrición que se queda en los muebles” después de cada recurrente inundación, es no poder acceder a un tratamiento para la adicción del hijo, es el miedo a ser asaltado al volver del trabajo, es el paquete de fideos que reparte el estado y que se deshacen al hervirlos, es la SUBE en rojo, es la torta frita que engaña al estómago a la hora de la cena, es el ahorrar para la vianda que se lleva al penal cuando se visita a un familiar.  

En pleno debate sobre cómo combatir la pobreza y las desigualdades más arraigadas, conviene recordar una verdad incómoda: ni el mercado ni el Estado, por sí solos, pueden deshacer ese nudo que lleva décadas estrangulando a buena parte de la población. Confiar en que un paquete de políticas públicas, por ambicioso y bien diseñado que sea, resolverá el problema de forma duradera es tan ingenuo como suponer que el libre mercado, sin contrapesos ni regulación, tendrá la voluntad o la capacidad de hacerlo. La historia no avala ni una postura ni la otra.

Lo que sí ha demostrado la experiencia es que las democracias que cuentan con movimientos sociales activos —sindicatos fuertes, organizaciones cívicas vibrantes y ciudadanía movilizada— son las que han logrado avanzar con mayor eficacia en la reducción de la pobreza y en la desarticulación de esos persistentes entramados de exclusión. Es en esa alianza entre instituciones democráticas y fuerzas sociales donde se encuentran las soluciones más sólidas y duraderas.

Javier Auyero es profesor de sociología en la Universidad de Texas, Austin, e Investigador Ikerbasque en la Universidad del País Vasco. Escribió junto a Sofía Servián “Cómo hacen los pobres para sobrevivir”, de Siglo XXI Editores.

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Más de la mitad de los niños, niñas y adolescentes en la Argentina continúa en situación de pobreza. Así lo señala el último informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, que ubicó el índice en el 53,6% al cierre de 2025 para la población de entre 0 y 17 años.

El dato refleja una mejora respecto de los picos recientes, aunque todavía se mantiene en niveles elevados. Al inicio de la gestión de Javier Milei, la pobreza infantil alcanzaba al 62,9%. Luego descendió al 59,7% en 2024 y continuó la baja hasta el valor actual, en un contexto marcado por la desaceleración inflacionaria y la recomposición de ingresos a través de políticas sociales.

Aun así, la comparación histórica muestra la persistencia del problema. El nivel más bajo de la serie se registró en 2011, cuando el indicador había caído al 35,7%. A partir de 2018 comenzó un ciclo de deterioro que llevó la pobreza infantil por encima del 60% desde 2020.

El informe, que forma parte del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia (2010-2025), también advierte sobre cambios estructurales en los hogares. La proporción de familias con menores de 18 años viene en descenso sostenido: pasó del 56% en 1991 al 44% en 2022, con una proyección que ubica a todas las jurisdicciones por debajo del nivel de reemplazo poblacional hacia 2025.

Más allá de los ingresos, las condiciones de vida de los chicos pobres evidencian múltiples carencias. El 42% reside en viviendas con déficits de saneamiento, mientras que el 61,2% no cuenta con cobertura de salud a través de obra social, mutual o prepaga.

Las limitaciones también alcanzan el acceso a bienes culturales y educativos: el 82% no participa en actividades extracurriculares, apenas la mitad dispone de una computadora en el hogar y solo el 16% tiene acceso a internet.

El informe pone además el foco en el bienestar emocional. Un 18% de los chicos presenta señales de tristeza o ansiedad, proporción que se eleva al 21,2% en la adolescencia. Dentro de ese grupo, las mujeres muestran mayores niveles de afectación que los varones. Las brechas sociales también inciden: en los sectores más vulnerables, la probabilidad de malestar emocional duplica a la de los estratos medios altos.

Estas condiciones impactan directamente en el proceso educativo. Según el relevamiento, los chicos que atraviesan situaciones de angustia o ansiedad tienen un 46% más de probabilidades de presentar dificultades de aprendizaje.

En este contexto, el acceso a apoyos económicos para sostener la escolaridad resulta limitado: apenas el 6,3% de los estudiantes recibe algún tipo de ayuda para estudiar.

El informe traza así un panorama complejo: aunque los indicadores muestran cierta mejora reciente, la pobreza infantil continúa siendo un fenómeno extendido y multidimensional, atravesado por desigualdades persistentes que afectan tanto las condiciones materiales como el desarrollo integral de niños y adolescentes.

Con información de la agencia NA

Comenzaron las Reuniones de Primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y durante estos días tendrá lugar una nueva revisión del acuerdo vigente entre Argentina y el organismo, firmado en abril de 2025 bajo el esquema de Servicio Ampliado del Fondo.

La revisión del acuerdo se produce, además, en un marco de tensiones sociales: la desocupación aumentó 1,1% tras la recesión de 2024, la informalidad alcanzó el 43% del empleo y los salarios reales continúan estancados, según datos del INDEC en base al informe del cuarto trimestre del 2025.

Tras ocho años de programas con el FMI (2018–2026), el país no ha logrado estabilizar su economía ni recuperar el acceso a los mercados de capitales. Sin embargo, el acuerdo de 2025, firmado sin los controles y debates previstos por ley, consolida a Argentina como principal deudor del organismo, concentrando más de un tercio de sus créditos vigentes y evidenciando el fracaso de los programas previos (Stand By 2018 y Facilidades Extendidas 2022).

Las políticas aplicadas bajo el acuerdo debilitan la capacidad estatal y profundizan la desigualdad, mientras que los sectores extractivos avanzan sin mayores encadenamientos productivos ni control ambiental consolidando un patrón de crecimiento dependiente de sectores extractivos -energía, minería y agroindustria- con bajo impacto en el empleo y altos costos sociales y ambientales. Al mismo tiempo, se observa un debilitamiento institucional que compromete la efectividad de cualquier política pública.

El presupuesto ambiental cayó cerca de 80% en términos reales desde el 2023 y representa apenas el 0,033% del presupuesto nacional, debilitando la capacidad del Estado para prevenir incendios, proteger los bosques o responder a emergencias climáticas. En paralelo, se impulsan reformas, como la modificación de la Ley de Glaciares, y proyectos bajo el RIGI, vinculados a hidrocarburos y minería, que ponen en riesgo reservas estratégicas de agua y ecosistemas frágiles. Esta combinación de expansión extractiva y retracción estatal profundiza la vulnerabilidad ante la crisis climática y aleja cualquier posibilidad de una transición energética justa.

Pero las tensiones del programa no son solo económicas, sociales o ambientales: también son jurídicas y las reglas internas del FMI. Advertimos que el acuerdo de 2025 fue aprobado por decreto, sin aval del Congreso en incumplimiento de la Ley 27.61. Además, el acuerdo presenta serias dificultades para cumplir con tres de las cuatro condiciones necesarias para acceder a la política de acceso excepcional del propio organismo La deuda no es sostenible, no hay acceso a los mercados y las debilidades institucionales son evidentes. La limitada acumulación de reservas, los elevados vencimientos de deuda y la persistente dependencia de financiamiento excepcional refuerzan este diagnóstico.

El resultado es un programa que busca estabilizar sin transformar: ajusta el gasto social, debilita la capacidad estatal y profundiza la dependencia de sectores que agravan la crisis ambiental. Lejos de corregir desequilibrios estructurales, el esquema parece consolidarlos.

En este contexto, la discusión que se abre en Washington excede el cumplimiento de metas fiscales o la acumulación de reservas. Lo que está en juego es el rumbo del modelo de desarrollo: uno que combina estabilización precaria, dependencia extractiva y retrocesos en materia ambiental y social. Sin una revisión profunda, el riesgo no es solo que el programa no funcione, sino que profundice en las mismas vulnerabilidades que dice querer resolver.

A ocho años de programas con el FMI, Argentina no ha sorteado las restricciones estructurales que originaron la crisis de endeudamiento, sino que ha profundizado desequilibrios económicos, sociales y ambientales que comprometen su sostenibilidad. La combinación de austeridad fiscal, dependencia de sectores extractivos y debilitamiento institucional no ha estabilizado la economía ni mejorado las condiciones de vida, al tiempo que erosiona capacidades estatales y aumenta riesgos para el sistema democrático.