Una forma de constatar si el Caso Cuadernos representa “el mayor juicio contra la corrupción de la historia” o una fraudulenta maniobra judicial es dar cuenta de la versión oficial de quienes edificaron el expediente: el diario La Nación, el fiscal Carlos Stornelli y el fallecido juez Claudio Bonadio.

En septiembre u octubre de 2017, un expolicía, José Bacigalupo, recibió una caja cerrada de manos de su conocido Oscar Centeno, un exsargento y exchofer del ex subsecretario de Planificación Federal Roberto Baratta. Bacigalupo sintió curiosidad porque Centeno le comentó la sensibilidad de la información contenida en la caja, la abrió y se encontró con una bitácora con fechas, lugares, montos, coimeros y coimeados, anotados en ocho cuadernos a lo largo de varios años. Estaban mencionados buena parte de los empresarios más acaudalados del país y el entramado de obras públicas de los gobiernos de los Kirchner. El escándalo golpeaba, literalmente, las puertas de Cristina.

Bacigalupo sentía —según contó a La Nación— que el problema del país no eran “los que están (Macri), sino que éstos (Cristina) van a volver si no se los para”. Tamaña vocación ética y republicana empujó al expolicía a entregar el material a su vecino Diego Cabot, a quien admiraba por su trabajo periodístico. Era enero de 2018, cuando el Gobierno de Cambiemos comenzaba a empantanarse por el fin del festival financiero y el recorte de 20% de las jubilaciones, versión macrista de la motosierra. Bacigalupo olfateaba —con alguna razón— que Cristina podía volver.

La Nación clasificó y fotocopió el contenido de los ocho cuadernos, y los devolvió a Bacigalupo el 21 de marzo de 2018. El expolicía reintegró los textos a Centeno, quien le reprochó que la caja estuviera abierta. La queja, por suerte, se desvaneció en el instante, según contó el expolicía a Cabot.

Pocos días después, La Nación contactó al fiscal Carlos Stornelli. El medio entendió que debía coordinar las acciones con el fiscal que se había transformado en un azote de los funcionarios kirchneristas desde Comodoro Py, junto al juez federal Claudio Bonadio. Éste había intentado avanzar contra Baratta y su histórico jefe, Julio de Vido, en una causa por la compra de gas natural licuado, pero tuvo un traspié porque un perito plagió su informe con fuentes inconexas de internet. La frustración, que ya entonces estaba expuesta, no impidió que el mismo juzgado absorbiera la denuncia que llegaba desde Bacigalupo por intermedio de La Nación.

El diario analizó que la publicación del contenido de los cuadernos sin la venia de Stornelli y Bonadio daría tiempo a que los nombres anotados por Centeno eliminaran pruebas o se dieran a la fuga. Correspondía —evaluó La Nación— darle cuerpo a una causa en beneficio del país, al costo de resignar el valor periodístico esencial de informar con plena libertad.

“Avanzá”

Pasaron unos meses y llegó el momento. “Avanzá lo antes que puedas”, instruyó una fuente de Comodoro Py a Cabot el 30 de julio de 2018. Al día siguiente, el periodista se reunió con Bacigalupo y Stornelli en un café en la intersección de Cabildo y Federico Lacroze, barrio de Belgrano.

El expolicía que había descubierto ese tesoro periodístico sintió algún remordimiento porque la judicialización del caso perjudicaría a su compinche Centeno, quien había confiado en él al entregarle los cuadernos en custodia. “Yo le dije al Negro que iba a terminar preso si no se presentaba ante la Justicia”, se consoló Bacigalupo.

El 1 de agosto de 2018, el diario conservador informó en un título secundario de tapa que Centeno había sido arrestado, sin mayores detalles. “Coimas: una detención impacta al kirchnerismo”. Fue una forma sigilosa de dar la campana de largada y pisar la primicia. En la madrugada de ese día, con los diarios en proceso de distribución, se dispararon decenas de allanamientos y arrestos gestionados por Stornelli y aprobados por Bonadio.

La Nación se felicitaría en las horas posteriores por “privilegiar la institucionalidad a la primicia”. Tuvo su recompensa. Con el dato de los allanamientos que le habían pasado desde Comodoro Py, consiguió la foto exclusiva de Baratta saliendo de su domicilio en Belgrano, esposado y con la mirada desconcertada.

Además de Cristina y funcionarios de su Gobierno, el festival de nombres lanzados entre el 1 y el 2 de agosto de 2018 incluía a íconos del mundo empresarial como supuestos pagadores de coimas: Corporación América (Eurnekián), Roggio (Aldo Roggio), IECSA (Calcaterra-Macri), Electroingeniería (Ferreyra), IMPSA (Pescarmona), Isolux, Taselli, Chediack, MSU (Santos Uribelarrea), Albanesi (Loson), Panedile (Dragonetti), Esuco (Wagner) y otros.

Sin embargo, uno en particular, acaso el más relevante del firmamento económico argentino, no fue mencionado ni por La Nación ni por Stornelli en su raid mediático de aquellas horas. Pasarían tres días hasta que Infobae, tras acceder a los textos, titulara el 4 de agosto: “Los detalles de los traslados de ‘bolsos’ y ‘paquetes con dinero’ entre el Grupo Techint y el departamento de los Kirchner”.

¿Por qué se habrán privado La Nación y Stornelli de poner el foco en el mayor emporio económico argentino, cuyo patrimonio y actividad habían crecido exponencialmente durante los Gobiernos de los Kirchner y Macri?

Resultó que el chofer de Baratta había constatado nueve visitas a la sede de Techint para trasladar “bolsos” y “paquetes”. En particular, el contacto del Gobierno de los Kirchner con Techint había sido a través de Héctor Zabaleta, encargado de operaciones no estructuradas, y Luis Betnaza, principal ejecutivo del grupo y mano derecha de su mayor accionista, Paolo Rocca.

¿Por qué se habrán privado La Nación y Stornelli de poner el foco en el mayor emporio económico argentino, cuyo patrimonio y actividad habían crecido exponencialmente durante los Gobiernos de los Kirchner y Macri?

La respuesta se terminaría de redondear con el tiempo.

Rocca asumió la responsabilidad días después de los allanamientos iniciales. Dijo que había entregado millones de dólares en coimas para “defender a nuestra gente” en Venezuela luego de la decisión de Hugo Chávez de expropiar la siderúrgica Sidor, en 2008. “Entiendo que Luis Betnaza cedió a una exigencia del Gobierno de aquel entonces (de Cristina)” para organizar la salida de cientos de empleados de ese país, que supuestamente se encontraban en condiciones apremiantes. Cabe intuir que la amenaza de Chávez a Rocca por la integridad física de sus ejecutivos fue bastante silenciosa, porque no había habido ninguna noticia por el estilo entre 2007 y el 16 de agosto de 2018, cuando Rocca explicó lo sucedido.

Esa versión no es la que reflejaron los documentos diplomáticos estadounidenses expuestos en los cables de WikiLeaks. Por el contrario, esos textos confidenciales expusieron reuniones del embajador estadounidense con Rocca que dieron cuenta de una coordinación acompasada entre la empresa y el Gobierno de Cristina para reclamar a Chávez una indemnización. Si el accionista de Techint tenía alguna preocupación por sus empleados, no la mencionó a la Embajada de Washington en Buenos Aires. Al embajador estadounidense le sorprendió el generoso monto de la compensación obtenida por Techint: US$1.970 millones.

En 2021, el juez federal Julián Ercolini, con la causa derivada en su juzgado tras el fallecimiento de Bonadio, dio por probada la entrega de dinero a Baratta por parte de Techint, pero argumentó que obedeció a “razones humanitarias” para salvar a su gente de las represalias de Chávez. Rocca, Betnaza y Zabaleta fueron sobreseídos. Stornelli no apeló, tampoco lo hizo en tiempo y forma la Unidad de Información Financiera bajo el Gobierno de Alberto Fernández, y la decisión quedó confirmada.

Las sortijas del fiscal

Otro pilar de la causa son los arrepentidos.

Según informó La Nación el 8 de agosto de 2018, Stornelli les dijo a los abogados de un ejecutivo de Isolux que no había “sortijas para todos”, como si el arrepentimiento no fuera una delicada figura penal acorde a pautas estrictas, sino una zanahoria a discreción del fiscal.

Quienes obtuvieron sortijas fueron más de treinta imputados entre empresarios, exfuncionarios y dos figuras centrales en el caso: el chofer Centeno y José López, aquel de los bolsos en el convento, ícono esperpéntico de la corrupción en los años de los Kirchner en Casa Rosada.

La ley establece que un arrepentido no puede ahorrarse información ni obstaculizar el desarrollo de la causa. Si esos extremos se comprueban, los beneficios otorgados se revierten, la pena se agrava y lo presuntamente confesado pierde valor. Centeno tuvo suerte.

Disparadas las primeras detenciones, Stornelli se lanzó con cierta desesperación a buscar los originales de las anotaciones, ya que sólo había recibido las fotocopias entregadas por La Nación. El fiscal allanó varios domicilios, sin éxito. Unos días después, Centeno confesó que había incinerado sus cuadernos Gloria, Convenor, Rivadavia y América en el mes de mayo de 2018, por sugerencia de un amigo. Su relato fue pormenorizado. “Me fui al fondo donde está el quincho y en la parrilla los rompí uno por uno, los amontoné y los quemé. Me quedé atizando el fuego hasta que se terminaron de quemar”. Es decir, el chofer no colaboró, pero, no obstante, Stornelli aceptó sus confesiones y le concedió la libertad.

Centeno vivió desde entonces en una casa en Capital Federal a costa del erario público. Un año y medio después de su afirmación de que había quemado los cuadernos, éstos aparecieron sanos y salvos, menos uno, el quinto. Un desconocido abordó a Cabot en una esquina de Núñez como lo había hecho tiempo antes Bacigalupo. Tampoco ese giro implicó la revocatoria de la condición de colaborador de Centeno, lo que habría desmoronado buena parte del expediente.

Uno de los imputados, Armando Loson, accionista de la generador eléctrica Albanesi, detectó que su nombre había sido anotado en un cuaderno como Marcelo, y luego apareció corregido con otra letra. Encargó un peritaje y detectó cientos de presuntas modificaciones. Este año, informes oficiales de Gendarmería y Policía Federal incorporados al expediente confirmaron la existencia de tachaduras, enmiendas con corrector y agregados de terceros autores. Todo ello, en contenidos clave, como direcciones, nombres y montos de dinero. Otro peritaje de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA reportó recursos lexicográficos distintos entre un cuaderno y otro, como si hubieran sido escritos o pensados por personas diferentes.

Jueces como fichas

A la turbiedad del origen de la causa direccionada al tándem Stornelli-Bonadio, premios y castigos a través de supuestos arrepentimientos e influencias políticas y económicas, y la prueba original que resucitó de sus cenizas como el Ave Fénix, se suma la composición del tribunal.

Un clásico de Comodoro Py consiste en manosear las causas hasta que son desplazados los jueces inconvenientes y quedan a cargo otros que ni siquiera corresponden al fuero penal federal de la Ciudad de Buenos Aires.

Uno de los tres integrantes del tribunal que juzgará a Cristina, Germán Castelli, forma parte del cardumen que fue trasladado a dedo a Comodoro Py por el Gobierno de Mauricio Macri, sin cumplir el requisito constitucional, en 2018. La Corte Suprema ya determinó que esas designaciones no son válidas, pero los trasladados seguirán en el cargo hasta que sean designados los ocupantes definitivos, con el voto del Senado. En otra de las piruetas absurdas del máximo tribunal, hace años imparten justicia magistrados que entraron por la ventana al fuero de las causas más políticas del país.

Una jueza suplente del tribunal oral, Gabriela López Iñiguez, que no responde a la mesa judicial que mueve las fichas en Comodoro Py, fue separada del caso porque en otro expediente dedicó párrafos críticos al fiscal Stornelli. Sus colegas intuyeron que podía ser parcial. En su lugar fue designado Néstor Costabel, recusado por Cristina porque ya actuó en otros expedientes que la tuvieron como imputada, pero resultó confirmado en el puesto. Por la aparente salud delicada de un magistrado titular, se supone que el primer suplente deberá actuar pronto.

Una mirada mínimamente legalista obligaría a diseccionar “el mayor juicio sobre corrupción de la historia” para separar la podredumbre y salvar indicios que, en efecto, alumbran una corrupción sistemática con la obra pública y las concesiones durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

En un fuero federal dominado por patas del macrismo, los servicios de Inteligencia, el Grupo Clarín y una aristocracia judicial anquilosada, no caben esperanzas de que se cumpla el debido proceso.

El debate oral tendrá que escuchar a 71 imputados y más de seiscientos testigos. Salvo alguna maniobra procesal para economizar tiempo, cabe prever que el caso permanecerá abierto varios años. Si se quiere leer la influencia electoral que tendría otra sentencia condenatoria sobre Cristina, habría que pensar más en 2031 que en 2027.

El eje Cámpora-Instituto Patria arrinconará a los adversarios del campo peronista y de izquierda para que se definan sobre la injusticia en curso

En cualquier caso, el latido de un caso con estas características alimentará el engranaje que mueve la política argentina hace años. Un sector farisaico de la política, las instituciones y los medios clamará a los cielos ante algún testimonio o detalle “revelador”. Habrá indignaciones lacerantes en las noches televisivas de Clarín y La Nación, comunicados compungidos de alguna asociación empresarial y tuits lanzados por Fernando Iglesias desde su palacete en Bruselas.

Cristina y los suyos argumentarán que el proceso no es más que un escarmiento por su atrevimiento a meterse con “el poder real”.

Sin respuestas

La expresidenta tiene argumentos para señalar un mecanismo sistemático que la tiene a ella en el banquillo y a sus acusadores, impunes. La lentitud y negligencia en todo lo que atañe a Macri y Javier Milei son proporcionales a la animadversión en contra de Cristina.

La proclama será levantada en el expediente y en la política. El eje Cámpora-Instituto Patria arrinconará a los adversarios del campo peronista y de izquierda para que se definan sobre la injusticia en curso. Exigirá que cualquiera que esboce una candidatura pose con el cartel “Cristina Libre” como elemento central de campaña. Mientras, una gran mayoría de la sociedad seguirá pensando que la expresidenta es culpable y muchos hasta gozarán con la arbitrariedad en su contra, con lo que la derecha no se resistirá al incentivo de mantener el mecanismo vigente.

Nada de ello ahorra a Cristina y los suyos la necesidad de hacerse responsable de preguntas elementales.

Estas cuestiones, entre muchas otras, ya no serán respondidas por los Kirchner. Las tropelías judiciales que se cocinan en Comodoro Py les brindan un puente de plata para eludir explicaciones, con una razón legítima. En un sistema democrático, rigen el principio de inocencia y el derecho de defensa.

Sin embargo, la letanía de que toda acusación sobre corrupción responde a una “venganza” por aquellos años “maravillosos” no es lo que cabe para un nuevo liderazgo que se proponga pensar un futuro del peronismo y que el país salga de la encerrona en que se encuentra.

Las nuevas melodías deben exigir el respeto al estado de derecho, a la vez que retomar la decencia como bandera del progresismo y/o el peronismo. Sin atajos ni explicaciones pueriles que agravian el sentido común.

Si no es por convicción, que sea por estrategia.

SL

slacunza@eldiarioar.com

La difusión de audios atribuidos al director de la agencia de Discapacidad, Diego Spagnuolo, y a la secretaria general de la Presidencia y hermana presidencial, Karina Milei, activaron los intentos del Ejecutivo para censurar a periodistas y medios de comunicación y reinstalaron el debate sobre la legalidad de las grabaciones privadas.

De acuerdo al Código Procesal y la Ley de Inteligencia Nacional, las escuchas telefónicas sólo son válidas como prueba judicial si son ordenadas por un juez. Sin embargo, existe jurisprudencia que ha sentado precedentes sobre grabaciones realizadas por particulares, como el caso Skanska. 

En cuanto a la censura previa, el penalista Andrés Gil Domínguez, explica a elDiarioAR que no es constitucional ni legal en Argentina y que ningún juez puede ordenarla, como lo hizo el magistrado civil Alejandro Maraniello, ya que viola la Constitución Nacional y los tratados internacionales a los que adhiere el país. Aquí ocho preguntas y respuestas para entender el caso.

¿Cuáles son los audios que el Gobierno pide que no se difundan?

El Ejecutivo pretende frenar la difusión de cualquier audio, pero tiene un especial interés en evitar que se conozcan los audios atribuidos a la hermana del presidente en el canal de streaming Carnaval. Por eso, Karina Milei recurrió a los tribunales civiles y el Ministerio de Seguridad presentó una denuncia penal por presunto espionaje ilegal.

El intento de censura previa se da luego de que la difusión de audios atribuidos a Spagnuolo, quien además de ex director de la agencia de Discapacidad es abogado y amigo del Presidente. De acuerdo con diferentes pedidos de acceso a la información realizados por el Centro de Datos de Chequeado, Spagnuolo es la cuarta persona que más veces ingresó a la Quinta de Olivos: 38 visitas, entre enero de 2024 y marzo de 2025 (último dato disponible).

En los audios que se le atribuyen, Spagnuolo habla de supuestas coimas dirigidas a Karina Milei por el 3% de los montos de los contratos en la dirección de Discapacidad. Por este caso, hay también una investigación penal.

¿Qué investiga la Justicia en torno a los audios?

La primera causa fue iniciada es una causa penal por el contenido de los audios de Spagnuolo. El abogado Gregorio Dalbón –quien suele patrocinar a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner– denunció penalmente a los hermanos Milei, a Spagnuolo y a otros funcionarios y empresarios por el presunto delito de pago de coimas en la compra de medicamentos.

La causa quedó radicada en el juzgado federal de Sebastián Casanello, quien delegó la investigación en el fiscal Franco Picardi. Se dispusieron más de una decena de allanamientos y se dictó secreto de sumario.

La investigación se centra en presuntas coimas que articularía Eduardo “Lule” Menem, funcionario a cargo de Karina Milei.

Luego de los allanamientos y el avance de esta causa, se difundieron audios atribuidos a Karina Milei hablando sobre la crisis institucional y política en el Gobierno. En uno de los audios, la hermana del Presidente dice: “No podemos entrar en la pelea entre nosotros. Nosotros tenemos que estar unidos, imaginate”. En el segundo, agrega: “Entonces, acá ni siquiera. Porque en verdad acá no tienen que estar las 24 horas. Porque yo entro a las 8 de la mañana y me voy a las 11 de la noche de la Casa Rosada”.

A pesar de lo inocuo del contenidos de los audios hasta el momento, el Ejecutivo respondió activando otros dos expedientes judiciales: una causa penal a cargo del juez Julián Ercolini y el fiscal Carlos Stornelli y otra causa civil, que tramita en el juzgado de Maraniello.

¿Qué planteó el Gobierno en la Justicia?

En el fuero civil, Karina Milei presentó un escrito alegando que los audios que se le atribuyen fueron “recabados ilegal e ilícitamente y sin su consentimiento”. Además, hizo alusión a los audios de Spagnuolo, que “habrían sido obtenidos también de manera ilegal e ilegítima y que perjudicarían gravemente su honor, reputación, la actividad profesional que desarrolla y el buen nombre y honor de su familia y del gobierno que integra”.

“Sin reconocer su veracidad y desconociendo el modo en que los medios que los reproducen pudieran haberlos obtenido, requiere que se prohíba su circulación”, planteó la hermana del Presidente, reclamando una acción de censura previa. 

En el fuero penal, el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, solicitó que “se adopten medidas cautelares urgentes a fin de impedir la propagación de nuevas filtraciones ilícitas, disponiendo la prohibición de difundir, propalar o divulgar nuevos registros relacionados con el caso, bajo apercibimiento de incurrir en el delito de desobediencia, y requiriendo a las personas, los organismos, los medios de comunicación y los prestadores de servicios digitales la debida colaboración para hacer efectiva tal decisión”.

La presentación penal fue realizada por el funcionario de Seguridad Fernando Oscar Soto, quien sostuvo que los audios habrían sido grabados y difundidos por una “organización criminal”, mediante el desarrollo de “actividades prohibidas y penadas por la Ley Nacional de Inteligencia”, que habrían consistido en “la captación y obtención ilegal de supuestos audios de conversaciones y/o comunicaciones privadas que corresponderían a la Secretaria General de la Presidencia” mediante prácticas de “espionaje ilegal”, para luego procederse a su “edición, manipulación, tergiversación y difusión clandestina”, a través de redes sociales y medios de prensa. 

Soto dice que estos medios “habrían sido elegidos deliberadamente” con el supuesto fin de “alarmar y desinformar a la población, desestabilizar los principales indicadores de la política económica, influenciar en el proceso electoral en las próximas elecciones legislativas”, por las elecciones de este domingo en la provincia de Buenos Aires. “Lo ocurrido formaría parte de una trama más amplia, que involucra a la oposición kirchnerista en una campaña de desinformación para derrocar al Gobierno”, sostuvo Soto en su escrito. Sin embargo, los audios salieron de la propia Casa Rosada.

El ministerio que dirige Patricia Bullrich solicitó allanar el canal de streaming Carnaval, el primero en difundir los audios, y los domicilios de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, de Pablo Toviggino –principal accionista de Carnaval– y del abogado Franco Bindi, pareja de la diputada Marcela Pagano.

Soto abre camino en su presentación para que la causa se extienda a los audios atribuidos a Spagnuolo: menciona también que lo ocurrido “formaría parte de una trama más amplia y que algunos de los periodistas de los que señala se animan a chantajear a funcionarios espiados ilegalmente”, algo sobre lo que ningún funcionario se manifestó hasta el momento.

En un intento por sentar las bases para involucrarse en el objeto de investigación del juez Casanello y el fiscal Picardo en la causa por las supuestas coimas en la agencia de Discapacidad, el fiscal Stornelli, en base a esa presunción de Soto, sostiene en el dictamen que dio inicio a la causa: “Podemos afirmar que la maniobra que será objeto de estudio no debe limitarse a los audios mencionados de Karina Milei sino en la génesis de la operación que encuentra su puntapié inicial en supuestas grabaciones del mismo tenor efectuadas sobre otro entonces funcionario público”.

¿Qué decidió el juez del caso civil?

El juez federal en los Civil y Comercial Alejandro Maraniello concedió la medida cautelar solicitada por Karina Milei y prohibió la difusión de los audios que se le atribuyen a la funcionaria. 

El magistrado ordenó el “cese de la difusión” a través de “cualquier medio de comunicación de forma escrita y/o audiovisual y/o a través de redes sociales desde todo sitio, plataforma y/o canal web”. Además, ordenó cursar una comunicación urgente al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) para que controle que los medios de comunicación cumplan con la orden judicial.

El objetivo, dijo Maraniello, es “resguardar bienes jurídicos de igual jerarquía constitucional (que la libertad de prensa), tales como la intimidad y el honor de las personas involucradas, así como la seguridad institucional derivada de la eventual divulgación de contenidos sensibles para el funcionamiento del Estado”. “Lo expuesto no importa convalidar la figura de la censura previa, en tanto la medida bajo análisis se circunscribe únicamente a una restricción de carácter provisorio y excepcional al ejercicio de la libertad de prensa”, sostuvo el juez.

Sin embargo, un nuevo audio atribuido a Karina Milei –que involucraría al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem– fue difundido en Uruguay por el streaming Dopamina, donde la orden judicial no tiene alcance.

¿Qué decidió el fiscal del caso penal con respecto a la censura?

Stornelli hizo lugar a la apertura de una causa pero no a la censura. “En primer lugar, debo decir que en la investigación no podrá hurgar en las fuentes de algún periodista, merezca el concepto que merezca por parte de quien lo analice, ello por mandato constitucional y sin perjuicio de que alguno quiera voluntariamente, en ese sentido, aportar datos que considere puedan servir al descubrimiento de la verdad”.

También se negó, por el momento, a allanar a los periodistas denunciados por el ministerio de Bullrich: “Esto incluye la inviolabilidad del domicilio, salvo orden fundada de juez competente”.

El fiscal penal también se refirió a la supuesta ilegalidad de los audios: “Estamos frente a una operación de inteligencia ilegal, de factura indudablemente clandestina, elaborada en consabidos y oscuros sótanos, lo que debe ser materia incansable de investigación”.

¿Puede el Poder Judicial censurar a los medios y periodistas?

No, no puede hacerlo porque se lo prohíbe la Constitución Nacional y los pactos internacionales de derechos humanos a los que adhiere Argentina y que tienen rango constitucional, explicó el penalista Andrés Gil Domínguez a elDiarioAR.

El artículo 14 de la Constitución Nacional, ley máxima de Argentina, prohíbe la censura previa y diversos tratados internacionales que suscribe el país sólo restringen la libertad de expresión mediante “responsabilidad ulteriores” a la publicación. Por ejemplo, el Pacto de San José de Costa Rica, en su artículo 13, establece el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, que incluye la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, sin importar las fronteras, y por cualquier medio. Este derecho no puede estar sujeto a censura previa, sino solo a responsabilidades posteriores establecidas por ley y necesarias para proteger derechos o el orden público.

También hay jurisprudencia internacional, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). En el Caso Olmedo, la última tentación de Cristo versus Chile, el tribunal se pronunció en contra del país y eso obligó a Chile a reformar su Constitución y quitar la censura previa como una posibilidad en su sistema.

¿Hay antecedentes de censura previa?

Sí, la jueza María Servini demandó al cómico y conductor Tato Bores en 1992, a través de una acción de amparo para evitar la publicación de un tape en el que se la mencionaba en el programa de Bores. En primera instancia la Justicia rechazó la solicitud por considerar que se trataba de un acto de censura previa.

Sin embargo, al día siguiente, tras la apelación de la jueza, la Cámara en lo Civil y Comercial Federal revocó el fallo de primera instancia y otorgó la cautelar, prohibiendo provisionalmente la proyección de cualquier imagen o concepto vinculado con Servini. 

El tribunal argumentó que la prohibición de la censura previa no es absoluta y que la protección del honor de la jueza justificaba la medida. 

La Corte Suprema revocó el fallo porque la Cámara no había siquiera visto los tapes en cuestión para analizar si correspondía hacer lugar al pedido de la jueza.

¿Pueden utilizarse los audios de Karina Milei y Spagnuolo como prueba judicial?

Las opiniones son disímiles, pero existen antecedentes que avalan el uso de grabaciones telefónicas aportadas por particulares, que se grabaron sin la intervención de un juez. 

En la causa “Skanska”, se utilizaron grabaciones del gerente comercial de la compañía sueca, Javier Azcárate, admitiendo que la empresa pagó coimas a funcionarios del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) y Nación Fideicomisos SA, una empresa del Banco Nación. 

En 2008 la Cámara Federal de Apelaciones declaró la nulidad de esa prueba. Eso desembocó en el sobreseimiento de los acusados. Sin embargo, en 2016, la Cámara de Casación Penal resolvió que las pruebas eran válidas y el juez de primera instancia, Sebastián Casanello, reabrió la causa.

ED/MG

El fiscal federal Carlos Stornelli decidió avanzar con una investigación penal sobre la denuncia presentada por el Ministerio de Seguridad, que alega una supuesta operación de inteligencia ilegal contra Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, mediante la difusión de audios privados. Sin embargo, aseguró que no invadirá ni allanará ni las fuentes ni los domicilios de los periodistas involucrados, sin orden judicial válida. La denuncia fue elevada al fiscal por el juez federal Julián Ercolini, que deberá decidir si corresponde avanzar con la causa.

Frente a medidas de prueba pedidas por el Ministerio de Seguridad, que buscaban allanar las oficinas del canal que difundió los audios y los domicilios personales de los periodistas, el fiscal fue tajante: “Ningún domicilio será allanado sin orden fundada de juez competente”, y subrayó el mandato constitucional que protege la inviolabilidad de las fuentes, aclarando que “no se podrá hurgar en las fuentes de algún periodista por mandato constitucional, sin perjuicio de que voluntariamente alguno quiera aportar datos”.

El Gobierno había denunciado ayer ante la Justicia Federal una “operación de inteligencia ilegal” a raíz de la difusión de los audios atribuidos a Karina Milei, en tanto un juez del fuero Civil y Comercial había ordenado el “cese inmediato” de la difusión de ese material. El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó en su cuenta de X que el Gobierno “denunció ante la Justicia Federal una operación de inteligencia ilegal con el fin de desestabilizar al país en plena campaña electoral”.

En su dictamen, Stornelli avaló implícitamente la hipótesis del Gobierno sobre cómo se produjeron las grabaciones a Karina Milei. “Estamos frente a una operación de inteligencia ilegal, de factura indudablemente clandestina, elaborada en consabidos y oscuros sótanos, lo que debe ser materia incansable de investigación, lo que así postulo”, escribió el fiscal, que agregó: “No puede descartarse si no más bien presumirse la ilegitimidad de los audios quizás ardidosamente y de manera equivoca puestos por algunos actores dolosamente a consideración de la opinión pública”.

La demanda fue impulsada por la ministra Patricia Bullrich, quien denunció la filtración y difusión de grabaciones atribuidas a Karina Milei como un ataque político y una violación a la Ley de Inteligencia Nacional. Entre las medidas solicitadas figuraron censura preventiva (“bozal legal”) y allanamientos urgentes.

El Gobierno consiguió el amparo de un juez para evitar que se difundan los audios, pero dicha medida abarca a supuestos audios grabados en la Casa Rosada. La medida chocaría con lo que trascendió esta mañana: de que las grabaciones se habrían producido en el despacho del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Tanto Menem como Karina están involucrados en la causa de las supuestas coimas que reveló en otros audios el ex titular de la agencia de discapacidad Diego Spagnuolo.

La situación ya generó críticas por parte de constitucionalistas de renombre y organismos como ADEPA, que emitió un comunicado advirtiendo que la prohibición preventiva de difundir audios “limita de modo ilegítimo las libertades de expresión y de prensa”, y recordando que estas medidas afectan el derecho ciudadano a informarse, conforme al artículo 14 de la Constitución Nacional.

Entró sin saludar y se fue sin hablar. Esa fue la secuencia, tan seca como simbólica, con la que Paul Starc debutó en la sede de la Unidad de Información Financiera (UIF) el viernes de la semana pasada. No hubo instrucciones, ni señales de dirección, según pudo reconstruir elDiarioAR. Recién el miércoles previo a Semana Santa apareció en persona ante los empleados, luego de su demorada oficialización al frente del organismo antilavado. Un aterrizaje cargado de incertidumbre, que en sus primeras horas ya expuso su carácter puramente político con la decisión oficial de prohibirle a la UIF intervenir como querellante en causas de corrupción.

La designación de Starc como presidente de la unidad, anunciada en enero, fue formalizada el 7 de abril. La resolución firmada por Javier Milei y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, aludió a la “necesidad ineludible” de contar con una conducción formal en el organismo, luego de casi tres meses de interinidad desde que fuera desplazado Ignacio Yacobucci. El decreto llegó tras cumplir con la audiencia pública establecida por ley: se celebró el 17 de marzo en el Salón Pablo Ramella del Ministerio de Justicia, con la participación del inspector general de Justicia, Daniel Vítolo; el secretario de Justicia, Sebastián Amerio; la jefa de Gabinete del ministerio, Florencia Zicavo; el fiscal federal Carlos Stornelli y el propio Starc.

En ese acto formal, Vítolo elogió al flamante funcionario por su “trayectoria en la Justicia Federal investigando delitos complejos como estafas, secuestros extorsivos, lavado de dinero, actividades terroristas, narcotráfico y tráfico de armas”. Y celebró que Milei hubiese elegido para encabezar la UIF a un “hombre de acción” en lugar de un “académico”, como gesto de autoridad en un momento, dijo, en que “el crimen transnacional y el financiamiento del terrorismo atentan contra la paz del mundo”. Starc cosechó más de 450 adhesiones y solo tres objeciones que corrieron por cuenta de los diputados de la Coalición Cívica Mónica Frade, Maximiliano Ferraro y Victoria Borrego que, sin embargo, no asistieron al evento para sostenerlas.

Lo que no se dijo en el evento, pero se comentaba en voz baja, es que la llegada del fiscal —titular hasta ahora del juzgado federal de Tres de Febrero— es una jugada directa de Santiago Caputo, el asesor presidencial todoterreno que se convirtió en el verdadero reorganizador del sistema de control del Estado. Su nombre se impuso en la Casa Rosada tras una operación meticulosa que terminó con la cabeza de Yacobucci: un abogado con perfil técnico y cierto recorrido institucional que había empezado a desentonar con el nuevo manual libertario.

La pelea fue sorda, pero no menos intensa. Yacobucci fue advertido por desobedecer directivas: la más grave, apelar el archivo del caso Hotesur, vinculado a Cristina Fernández de Kirchner. Pero también, por sostener a su vice, Manuel Tessio, en causas sensibles como la de Martín Insaurralde. Según relató elDiarioAR en enero, Caputo leyó esos movimientos como actos de rebeldía y desplegó su ofensiva: lo aisló del circuito político, lo vació de respaldo judicial y filtró información sobre supuestos gastos en primera clase —que el exfuncionario niega— y su “mal vínculo con el GAFI”, el organismo internacional que monitorea la lucha contra el lavado. Cúneo Libarona, que lo había apadrinado en un principio, terminó firmando el decreto de salida. El control pasó a manos de Amerio, alfil de Caputo y representante del Gobierno en el Consejo de la Magistratura.

Una nueva UIF, escrita desde Balcarce 50

Creada por la Ley 25.246 en el año 2000, la UIF es un organismo autárquico con facultades para investigar, prevenir y denunciar el lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de armas de destrucción masiva. Su independencia técnica es considerada clave por organismos multilaterales. Por eso, en octubre pasado, el GAFI evitó que Argentina ingresara a la lista gris, pero dejó explícitas advertencias por la politización creciente del área. La llegada de Starc, para varios especialistas, podría agravar ese cuadro.

Esas alarmas ya comenzaron a sonar: el Gobierno acaba de publicar el Decreto 274/2025, donde se redefine la arquitectura institucional de la UIF. Según lo decidido por Milei, el organismo dejará de intervenir como querellante en causas de corrupción y lavado, una función que hasta ahora le permitía actuar como parte en investigaciones judiciales sensibles. Aunque no lo prohíbe de forma expresa, la nueva reglamentación desactiva en los hechos esa herramienta estratégica, consolidando un cambio doctrinario de fondo. 

“La UIF no está para querellar, para eso están los fiscales”, repiten en la Casa Rosada, justificando así el nuevo decreto y el corrimiento de un perfil técnico por uno de ejecución, como sería el de Starc. En reemplazo de Yacobucci, el Gobierno encontró en él una figura que combina, para el relato oficial, “experiencia operativa” con visión penalista, además de otro atributo fundamental: su condición de leal.

La trayectoria de Starc está marcada por la polémica. Como fiscal federal, trabajó durante más de tres décadas en causas complejas, aunque su paso por la función pública dejó varios rastros incómodos: fue subsecretario de Investigaciones e Inteligencia Criminal en la provincia de Buenos Aires entre 2007 y 2009, en tiempos de Daniel Scioli gobernador y Stornelli ministro de Seguridad. Desde allí tuvo un rol central en el caso Pomar, una tragedia con ribetes bochornosos: una familia apareció muerta semanas después de desaparecer, a pocos metros de la ruta, luego de una investigación errática que derivó en denuncias contra efectivos policiales por omisión de deberes y falsificación de actas. Tras aquel escándalo, Starc volvió al Poder Judicial.

Ahora, como flamante titular de la UIF, su desafío es otro. La gestión de Starc recién acaba de arrancar, en medio de un clima que mezcla tanto parálisis como expectativa. “Nadie sabe qué viene ahora”, describen puertas adentro. No hay señales de un plan, ni nombramientos. Apenas algunas reuniones estratégicas que tuvieron lugar en la sede de un organismo que, desde enero, tuvo al frente de la operación diaria a su vice, Santiago González Rodríguez, un hombre de Amerio.

A lo largo de los últimos meses, el Gobierno no se privó de descalificar la gestión de Yacobucci acusándola de haber motorizado denuncias absurdas, como la que se dirigió contra un corralón de materiales en Mar del Plata por presunto lavado. Pero el mismo organismo, durante ese tiempo, recibió presentaciones relevantes que aún no movió: como la que hizo Elisa Carrió contra Cristian Ritondo, jefe del bloque PRO en Diputados, por propiedades no declaradas de su esposa en Miami, luego de una investigación de elDiarioAR. La causa está dormida.

Mientras tanto, Paul Starc recién desembarcó en su oficina. Su llegada, hasta el momento, sigue siendo más simbólica que ejecutiva. El Gobierno lo vendió como un “hombre de acción”, pero sus primeros días fueron de silencio. La UIF, que debería ser un bastión técnico del Estado, aparece hoy como un casillero más en el tablero de poder del asesor Santiago Caputo. Y Starc, más que una solución, como una provocación cuidadosamente diseñada.

PL/MG

Se encendieron alarmas en el poder. Tras arrinconar, para desplazarlo, a Ignacio Yacobucci, la apuesta de Santiago Caputo para ocupar la titularidad de la Unidad de Información Financiera (UIF) es el polémico fiscal federal Paul Starc. Cruzado por un historial que parece más diseñado para incomodar a todos antes que para llevar adelante una gestión eficiente, la designación aún no oficializada de una figura tan controversial es, como mínimo, un gesto muy parecido a una provocación.

La salida de Yacobucci del organismo dedicado a combatir el lavado de activos fue, hasta anoche, una crónica de una destitución anunciada. Hace un mes que los rumores de su posible corrimiento se acrecentaron puertas adentro de la unidad. Pero todo comenzó a agravarse hace una semana, tras la publicación de elDiarioAR en la que se relataban las presiones del asesor presidencial sobre las autoridades de la UIF para no intervenir en causas judiciales que involucran al kirchnerismo.

El malestar en el Ejecutivo terminó de evidenciarse este jueves. Fuentes de Casa Rosada no solo acusaron a Yacobucci de contradecir la política de austeridad promovida por Milei al realizar numerosos viajes en primera clase sin autorización, sino que también se lo apuntó por supuestamente haber tenido un pobre desempeño en el vínculo con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que en octubre pasado aprobó el Informe de Evaluación Mutua de Argentina y evitó así que el país ingresara a la denominada “lista gris” del organismo.

Pero si las furibundas críticas oficiales contra Yacobucci se centraron en sus presunta falta de idoneidad, difícilmente el elegido como su remplazante inspire una confianza mayor en organismos internacionales como el GAFI. Paul Starc llega a la UIF con una trayectoria en el mundo judicial que, a primera vista, parece prometedora. Sin embargo, su CV está plagado de controversias que ensombrecen cualquier intento de destacarlo como una figura intachable.

Starc no es ningún desconocido para aquellos que transitan los pasillos del poder. Hijo del brigadier Luis Starc, señalado como testaferro de Alfredo Yabrán y cofundador de OCA, su apellido resonó en casos vinculados al lavado de dinero durante la década de 1990, curiosamente una de las problemáticas que la UIF apunta a combatir y erradicar. Su carrera judicial se inició en 1988 como auxiliar superior de sexta en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En los años siguientes, Starc ascendió a cargos como prosecretario administrativo en el Juzgado Federal N° 3 desde agosto de 1991 y secretario a cargo de la Secretaría N° 7 del mismo juzgado, entre junio de 1993 y mayo de 1994. Posteriormente, ejerció como fiscal federal adjunto en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11, posición que desempeñó durante 12 años, de mayo de 1994 a junio de 2006.

Pero su momento de mayor exposición tuvo lugar entre diciembre de 2007 y febrero de 2009, durante su paso por la función pública. En ese periodo, Starc estuvo al frente de la Subsecretaría de Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Provincia de Buenos Aires, en tiempos de Daniel Scioli como gobernador y Carlos Stornelli como ministro de Seguridad provincial. Su corta gestión estuvo marcada por las desprolijidades que envolvieron al caso Pomar, un símbolo de ineficacia y desorganización. La desaparición y muerte de una familia entera en 2009, hallada varias semanas después al costado de la ruta tras haberse despistado del camino y cuya investigación derivó en la denuncia contra varios policías por la omisión de sus deberes y la falsificación de actas de rastrillaje. Tras ese hecho, Starc regresó a su rol como fiscal federal titular en Tres de Febrero.

Vendetta

Más allá de los argumentos oficiales para designar a Starc, detrás de su nombramiento se esconde un dato de color que deja entrever hasta donde es capaz de llegar Santiago Caputo a la hora de cobrarse revanchas personales. Conocido por hacer alarde de sus gustos onerosos, el fiscal elegido para encabezar la UIF es ni más ni menos que la expareja de María Eugenia Talerico, directiva de la unidad antilavado entre 2016 y 2019 y madre de sus dos hijas. La semana pasada, ella había protagonizado una polémica en redes con @MileiEmperador, la cuenta atribuida al asesor presidencial, luego de que la interpelara por la supuesta lista de la AFIP de Mauricio Macri para proteger a empresarios vinculados al kirchnerismo.

“Santiago Caputo es la persona de este gobierno llamado a hacer las cosas que institucionalmente están mal”, definió Talerico al asesor presidencial en una entrevista en Radio con Vos, pocas horas después de su cruce virtual con “John”, el alter-ego de Caputo en X. La exfuncionaria de Cambiemos, que fuera aliada política de Ricardo López Murphy y militara la candidatura de Patricia Bullrich en 2023, sostiene que la concentración de poder que ostenta hoy Caputo puede llevar a que “esto termine mal”. En Casa Rosada opinan lo contrario, como marcó una fuente en las últimas horas: “Todo marcha acorde al plan”.

PL/MC

El fiscal federal Carlos Stornelli, que interviene en las causas contra las 33 personas detenidas en las inmediaciones del Congreso durante el tratamiento de la ley de Bases, no sólo se opuso a las excarcelaciones de 14 de los 17 detenidos por considerarlas “prematuras”. También afirmó que busca identificar a “nuevos sospechosos”.

Así lo sostuvo en su dictamen de apelación contra la liberación de poco más de la mitad de los detenidos, entre quienes se encuentran personas que se encontraban manifestándose, vendiendo alimentos o simplemente circulando por la zona cuando fueron arrastrados y detenidos por las fuerzas policiales, según sostuvieron las defensas. 

La liberación de los detenidos podría “incidir negativamente sobre la presente investigación y su posibilidad de éxito en cuanto al descubrimiento de la verdad”, dijo Stornelli en su escrito, en el que solicitó al fiscal general José Agüero Iturbe que acompañé su posición ante los jueces de la Cámara Federal porteña para que anulen gran parte de la decisión de la jueza de liberar a 17 de los acusados. Otras 16 personas continúan detenidas en cárceles federales, confirmó la abogada María del Carmen Verdú, una de las defensoras de los imputados.

“En segundo término —continuó Stornelli—, la investigación de un hecho de tal magnitud, que de momento presenta una considerable cantidad de personas imputadas y que se encuentra, además, en vías de procurar establecer la individualización y sujeción al proceso de posibles nuevos sospechosos”. Eso, aseguró, requiere de un “considerable y complejo despliegue de diligencias y medidas probatorias, como así de una minuciosa actividad de análisis del resultado de estas”, por lo que el fiscal pretende que los liberados continúen detenidos hasta que esas diligencias y medidas sean ejecutadas y analizadas. Podría llevar meses.

“La privación de la libertad sólo podrá autorizarse cuando sea imprescindible y, por lo tanto, no sustituible por ninguna otra medida de similar eficacia, pero menos gravosa”, recordó el fiscal en el dictamen. Sin embargo, consideró que los detenidos podrían fugarse o entorpecer la investigación. En el caso de que la Cámara Federal confirmara las liberaciones y le diera la razón a la jueza, el fiscal solicitó que las cauciones económicas impuestas a los excarcelados sean superiores, aunque no habló de montos.

Para el fiscal, además, la excarcelación no corresponde cuando se trata de los delitos que le imputó a los manifestantes o personas que circulaban por la zona, debido a la “gravedad” de los hechos.

“Se trata de un conjunto de acciones y conductas, en algún caso bajo posible forma organizada, registradas el pasado 12 de junio de 2024 a partir de horas de la tarde, tendientes a incitar la violencia colectiva en contra de las instituciones, a imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, infundiendo un temor público y suscitando tumultos o desórdenes”, afirmó Stornelli. 

Luego escribió que los manifestantes detenidos buscaban “erigirse en un posible alzamiento en contra del orden constitucional y la vida democrática, con el propósito de perturbar y/o impedir, aunque sea temporalmente, el libre ejercicio de las facultades constitucionales de los representantes de la Cámara Alta del Congreso”.

Todo ello, dijo Stornelli, lo habrían hecho “mediante el ejercicio de violentas vías” que supuestamente “se tradujeron en múltiples atentados a la autoridad poniendo manos sobre la misma, en lesiones al personal preventor, en daños simples y agravados, en incendios y estragos dolosos, en algunos casos en la tenencia y utilización de material explosivo y/o incendiario, según corresponda a cada uno de los prevenidos, y sin que sean descartadas otras acciones que persiguieran tal designio criminal”.

Los delitos que se le imputan a los detenidos van desde lesiones, daños simples como agravados, incendio o estrago, delitos contra la seguridad pública e instigación a cometer delitos hasta intimidación pública, incitación a la violencia colectiva en contra de las instituciones, organización o pertenencia a agrupaciones que tengan por objeto imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, delito contra los Poderes Públicos y el Orden Constitucional.

También se les imputó atentado contra la autoridad, resistencia a la autoridad y perturbación del orden en sesiones de cuerpos legislativos.

ED/JJD

El fiscal federal Carlos Stornelli solicitó en las últimas horas a la jueza María Servini, que lleva adelante la investigación, que vuelvan a ser detenidas 14 de las 17 personas que fueron liberadas el pasado viernes en el marco de los incidentes y la represión policial alrededor del Congreso mientras el Senado aprobaba la ley Bases.

Stornelli apeló la medida de la magistrada (que ordenó su liberación) y le solicitó mediante un escrito que reconsiderara esa decisión al considerar que los acusados podrían fugarse o entorpecer la investigación. Solo quedaron fuera del pedido tres vendedores ambulantes.

Sobre el resto, el fiscal, que acusó a los involucrados de delitos como “lesiones”, “daños simples y agravados”, “incendio o estrago”, “delitos contra la seguridad pública”, “instigación a cometer delitos”, “incitación a la violencia colectiva en contra de las instituciones”, “organización o pertenencia a agrupaciones que tengan por objeto imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor”, “delitos contra los Poderes Públicos y el Orden Constitucional”, “atentado contra la autoridad”, “resistencia a la autoridad”, “perturbación del orden en sesiones de cuerpos legislativos” e “intimidación pública”, indicó que la gravedad de los hechos que se les imputa, les impide a la mayoría de los apuntados que esperen su eventual indagatoria en libertad.

En tanto que la jueza María Servini de Cubría tiene aún que ver la situación de otros 16 detenidos que permanecen desde el viernes en las cárceles de Marcos Paz y Ezeiza.

Denunciaron el accionar de las fuerzas de seguridad ante la ONU y la Comisión Interamericana de DDHH

Organismos de Derechos Humanos, denunciaron ante la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el accionar de las fuerzas de seguridad que, conducidas por la ministra del área, Patricia Bullrich, atentaron contra el derecho a la protesta de los argentinos.

Además de sostener el reclamo por los manifestantes detenidos que sin pruebas fueron llevados a las cárceles de Marcos Paz y Ezeiza, los dirigentes coincidieron en la necesidad de coordinar esfuerzos para preservar el derecho a la protesta de los y las habitantes del país. 

La agrupación Madres sostuvo que el gobierno de Milei, el miércoles pasado “traspasó los límites” y que “un Gobierno que valla el Congreso, reprime al Pueblo, gasea diputados, desata una cacería por las calles adyacentes al Parlamento para impedir manifestaciones, no es democrático”.

Reclaman “liberación inmediata” de los detenidos

Referentes políticos, dirigentes de organismos de derechos humanos e integrantes de agrupaciones sociales y sindicales habían reclamado el viernes la “inmediata liberación” de las personas detenidas durante las protestas en Plaza Congreso con la sanción de Ley Bases, y denunciaron que estos ciudadanos aún permanecen privados de su libertad “bajo tratos denigrantes”.

La demanda se formuló en una conferencia de prensa realizada en la tarde del viernes en la sede del Servicio Paz y Justicia de Argentina (Serpaj), ubicada en Piedras 730 de esta capital, que estuvo encabezada por los dirigentes y legisladores del Frente de Izquierda Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Romina del Plá y Celeste Fierro, y en la que también participaron los diputados de UxP, Leopoldo Moreau y Victoria Montenegro, entre otros referentes.

El eje central de la conferencia giró en torno a la situación de los 38 ciudadanos que, tras ser detenidos “de manera discrecional y arbitraria” en las inmediaciones del Congreso y pasar más de 48 horas detenidos en distintas alcaldías y comisarías, se encontraban este viernes brindando declaración indagatoria en los Tribunales Federales de Comodoro Py, luego que la Justicia porteña declinara su competencia.

Los distintos oradores coincidieron en que lo más urgente es“ la inmediata liberación” de los detenidos “bajo acusaciones arbitrarias y sin pruebas” y la expectativa en que la jueza María Servini de Cubría haga lugar a los pedidos de excarcelación formulados por los abogados de los distintos organismos de las defensas como Correpi, CeProDH, Cadep y FADHUS.

El docente Juan Spinetto sigue detenido

Juan Spinetto es docente, abogado y una de las dieciséis personas que continúan detenidas por manifestarse el pasado miércoles en las inmediaciones del Congreso durante las protestas contra la Ley Bases, en este marco sus compañeros docentes, familiares y amigos exigen su inmediata liberación y aseguran se trata de un “preso político”.

En estos momentos, Juan se encuentra en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza tras haber participado en la marcha contra la Ley Bases donde fue arbitrariamente detenido a tan solo cinco cuadras de su casa. Posteriormente, fue trasladado a la Comisaría Comunal 4, indagado en Comodoro Py y – luego de que la causa quedase en manos de la jueza federal María Servini-, Juan junto a otros detenidos fue trasladado al Penal de Ezeiza.

“Cuando la movilización empezó a desconcentrar, Juan se fue por Avenida de Mayo hacia 9 de Julio porque estaba acompañando a una pareja de jubilados que estaban asustados y tenían dificultades para caminar. En ese momento vienen motos de atrás, lo empiezan a golpear y lo detienen sin ninguna explicación”, cuenta a Somos Télam Melina Kuschnir, docente y compañera de Juan en una de las diez escuelas en las que trabaja. 

“Recién hoy (lunes) pudo entrar una compañera a verlo -agregó Kuschnir- Juan seguía con la misma ropa desde el miércoles. Le pudimos llevar elementos de higiene, comida y ropa. Sabemos que está bien con el resto de los detenidos y que está en un pabellón de ingreso con personas detenidas por otros delitos. Nuestros compañeros son presos políticos”.

Los abogados defensores presentaron un pedido de excarcelación de los detenidos, la jueza Servini cuenta con diez días hábiles para responder al mismo mientras que los familiares convocaron a movilizarse este martes a partir de las 16:30 en Plaza de Mayo para exigir la inmediata liberación. 

Por su parte, el gobierno de Javier Milei insiste con catalogar a los manifestantes como “terroristas” que buscaban implementar “un golpe de Estado” y las fotografías de los detenidos recorren las redes sociales de cuentas que apoyan las políticas de La Libertad Avanza con el objetivo de estigmatizarlos.

“Juan trabaja en diez escuelas secundarias para poder llegar a un salario más o menos digno. Yo soy compañera en la escuela de la villa 21-24 y puedo decir que es una persona maravillosa. Es una persona super solidaria, no cualquier labura en un barrio vulnerable, es muy bueno con sus compañeros y estudiantes, muy alegre que siempre está presente. No podemos creer que él ni los demás compañeros tengan que pasar una situación así por ejercer su derecho a la protesta”, expresó Kuschnir.

La escuela donde ambos son docentes se encuentra conmocionada por la situación de Juan, los profesores mantienen reuniones, están pensando formas de acompañar a la familia, no solo emocionalmente sino también con ayuda económica ya que tanto el proceso judicial como los viajes a Ezeiza implican gastos imprevistos y convocaron a marchar este martes a Plaza de Mayo a las 15:30 desde la puerta de la escuela Media 6, situada en Iriarte y Montesquieu. 

“Le tocó a Juan como le podría haber tocado a cualquiera de nosotros -explica Kuschnir-. Es un horror. Salieron a cazar gente al voleo porque la ley Bases, la política de ajuste, la reducción del Estado y la no entrega de alimentos no puede hacerse sin represión. Argentina tiene un pueblo muy luchador y el gobierno busca que la gente no se movilice. Necesitamos que las centrales obreras llamen a paro y a una gran movilización para poder dar libertad a los compañeros y compañeras que es lo más urgente. Necesitamos la mayor unidad posible del conjunto”.

En un principio habían sido 33 los detenidos por las fuerzas federales y la Policía de la Ciudad durante la represión del pasado miércoles, pero la jueza Servini ordenó la liberación de 17 por falta de pruebas. 

Entre las personas que todavía continúan privadas de su libertad en cárceles federales se encuentra Sasha Jazmin Lyardest de 24 años y estudiante de Antropología en la Universidad de San Martín, la docente de historia María de la Paz Cerrutti, la estudiante universitaria y madre de dos hijos Camila Juarez Oliva y Patricia Calarco que forma parte del Movimiento Teresa Rodríguez (MTR).

La represión

El miércoles pasado, las fuerzas de seguridad reprimieron a manifestantes de organizaciones sindicales, sociales y políticas luego de una movilización para “exigir que no se apruebe” la norma enviada por el Poder Ejecutivo.

 La mayor represión tuvo lugar a partir de las 16, cuando la Policía Federal junto a la Gendarmería avanzaron lanzando con gases lacrimógenos y disparando postas de goma contra los manifestantes que se encontraban en la Plaza Congreso, tras la conclusión del acto convocado por las dos CTA y algunos sindicatos de la CGT.

“Exigimos la libertad inmediata de todos los detenidos que no sólo han sido encarcelados bajo acusaciones arbitrarias y sin pruebas, sino que han recibido tratos degradantes viendo sus derechos más básicos vulnerados”, señaló Bregman.

Moureau agregó que más allá de pedir por la liberación urgente de los detenidos como prioridad, también se debe “derribar la causa iniciada en su contra porque representaría un antecedente para poner a todos los argentinos en estado de excepción”.

En esta misma línea la legisladora porteña Celeste Fierro señaló que el Gobierno Nacional “está llevando a un estado de excepción que no se puede permitir” con “más de 30 detenidos que estuvieron 36 horas esposados, sufriendo maltratos, acusados de sedición y de ser ‘terroristas’ cuando se trata de estudiantes universitarios, trabajadores y compañeros de asambleas barriales”.

Montenegro sostuvo que “nadie en este país puede ni debe estar preso por manifestarse en las calles” y aseveró que “no estamos dispuestos a retroceder en materia de derechos tras 40 años de democracia”.

Del Caño junto a una de las abogadas denunció la situación de las siete mujeres que fueron detenidas primero en la alcaldía de Parque Patricios en la Comuna 4, luego trasladadas a la Comisaría de la Comuna 15, que permanecieron en el suelo esposadas, sin agua y que tras un cacerolazo de los vecinos permitieron a los familiares entrar a ver a sus seres queridos y llevarles unas frazadas.

Daniel Vázquez abogado de Fadhus que representa a este grupo de siete mujeres explicó en declaraciones a Somos Télam que “los delitos que se les imputa genéricamente a la totalidad de ciudadanos y ciudadanas que están privados de su libertad en comisarías y alcaidías es intimidación pública, resistencia a la autoridad, daños y estragos al orden público”.

“Movilizarse en contra de este gobierno se computa como un ataque a la Constitución. Las detenciones fueron absolutamente discrecionales y arbitrarias y el accionar es inconstitucional en toda la línea desde que asumió el gobierno”, ponderó Vázquez.

Asimismo denunció que es falsa la información que circuló por varios medios de comunicación de que habían dado la prisión preventiva a quienes habían quedado detenidos en la alcaldía de Madariaga y remarcó que hasta este viernes por la tarde no había “ni una sola preventiva dictaminada”.

Según explicó el abogado de Fadhus, hay cuatro equipos técnicos tomando las indagatorias en Comodoro Py y que por el momento lo que figura de prueba documental en el sumario que está adjuntado al expediente es “muy poco y no permitiría fundamentar algo en horas”, la mayoría corresponde a los “relatos de policías, uniformados del centro de monitoreo ni siquiera hay videos”.

Quiénes participaron

De la conferencia participaron los diputados nacionales Romina Del Plá (FITU), Néstor Pitrola (diputado nacional electo del PO-FITU), Itai Hagman (Patria Grande), Paula Penacca y Vanesa Siley (UxP) y Mónica Macha (Nuevo Encuentro), entre otros.

También participaron Gabriel Solano (legislador porteño del PO-FITU), Eduardo Belliboni (Polo Obrero), Carlos Lordkipanidse (Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos), Amanda Martín (Ademys), Horacio Pietragalla (exsecretario de Derechos Humanos) y referentes de Abuelas de Plaza de Mayo, agrupación Hijos, Movimiento Ecuménico de los Derechos Humanos, entre otros.

Luego de la conferencia que tuvo una masiva concurrencia con personas que quedaron en las escaleras del edificio de la Serpaj y en la vereda cantando de manera reiterada “libertad, libertad, libertad a los presos por luchar”, muchos de los participantes se movilizaron a los tribunales de Comodoro Py para manifestar apoyo a los detenidos y sus familiares.

La madre de Camila Belén Juárez Oliva, Silvia Oliva, manifestó a Somos Télam que está “muy conmocionada” tras ver brevemente el jueves a su hija porque estaba incomunicada en la comisaría de la Comuna 15 donde la encontró “esposada sentada en el piso y se enteró que habían golpeado a su compañera Sasha (Iyardet)”.

“Cami tiene 33 años, es estudiante de la Unsam, está muy afligida porque tiene dos hijos chiquitos. Fue detenida a 20 cuadras del Congreso junto a tres compañeras más de la Asamblea de San Martín. La quiero conmigo, sus hijos y yo la necesitamos”, expresó Oliva.

Y completó: “La han estigmatizado desde los medios por ser madre y estar en medio de una manifestación. Camila estaba nada más y nada menos que luchando por los derechos de sus hijos, los míos que estoy a punto de jubilarme, es una mujer muy empática que salió a defender los derechos de todos”.

Con información de agencias y somostelam.com.ar

IG

La detención de al menos 33 manifestantes, vendedores ambulantes y transeúntes en la tarde en que el Senado trató la ley Bases encuentra en un documento oficial una prueba primaria y reveladora del peligro que representan el Gobierno de Javier Milei y el fuero penal federal de Comodoro Py para la democracia.

Cuando los detenidos llevaban una noche privados de la libertad y muchos de sus familiares desconocían su paradero, el Ministerio de Seguridad difundió la imputación efectuada por el fiscal federal Carlos Stornelli. La historia de contubernios entre ese emblema de Comodoro Py y Patricia Bullrich aporta nuevos capítulos.

En el texto del jueves, Stornelli escribió que el objeto procesal de su denuncia radicaba en “el conjunto de acciones y conductas, en algún caso bajo posible forma organizada, tendientes a incitar la violencia colectiva en contra de las instituciones, a imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza…, infundiendo un temor público y suscitando tumultos o desórdenes, a la vez de erigirse en un posible alzamiento en contra del orden constitucional y la vida democrática”.

Esas hipótesis, que suponen penas de varios años de cárcel, fueron esbozadas por el fiscal que compartió con Bullrich la intermediación con el falso abogado y espía ilegal condenado por extorsión Marcelo D’Alessio. Este panelista del programa Animales Sueltos —hoy condenado y detenido— se valía de sus probados intercambios con Bullrich y Stornelli para amedrentar a sus víctimas.

La ilustración de Stornelli

El fiscal reconoció en su presentación ante la jueza María Romilda Servini de Cubría que debía construir las pruebas y delimitar responsabilidades, pero, “a título ilustrativo”, aportó indicios. “Evocaré distintos fragmentos de reportes periodísticos y publicaciones oficiales, de los cuales se desprenden circunstancias relacionadas con los eventos y que entiendo pertinente tener en cuenta”.

Los fragmentos fueron tres: un mensaje en X de la Oficina del Presidente y sendas notas de los portales de Clarín y La Nación.

El posteo en X fue un típico texto desorbitado y provocador en los que incurre a diario el Presidente ultra y sus cuentas oficiales. “La Oficina del Presidente felicita a las Fuerzas de Seguridad por su excelente accionar reprimiendo a los grupos terroristas que, con palos, piedras e incluso granadas, intentaron perpetrar un golpe de Estado…”.

Las notas citadas de los dos principales multimedios del país reproducían partes del ministerio de Bullrich y del Gobierno de la Ciudad, sin la menor distancia de la versión oficial. Nada nuevo.

Un fiscal federal no es un empleado del Gobierno ni le debe obediencia. Si Milei o el estratega Santiago Caputo alegan un “golpe de Estado” y actos de “terrorismo”, sin ningún indicio al respecto, no tiene por qué acudir presuroso a solicitar detenciones

Ese material le valió a Stornelli la petición de prisión preventiva e indagatoria a los 33 detenidos y la imputación, “prima facie”, de lesiones, daño, incendio, intimidación pública, resistencia a la autoridad, incitación a la violencia colectiva, atentado al orden constitucional y contra la autoridad, con el probable agravante introducido en la ley antiterrorista.

La sordidez de la mano estatal plagó la jornada en que los bloques oficialistas y un puñado de senadores seducidos con prebendas aprobaron la ley Bases, pero el texto de Stornelli, por sí sólo, demuestra que el derecho a la protesta, constitutivo de la vida democrática, está amenazado en la Argentina de Milei.

Un fiscal federal no es un empleado del Gobierno ni le debe obediencia. Si Milei, el vocero Manuel Adorni o el estratega Santiago Caputo deciden alegar un “golpe de Estado” y actos de “terrorismo”, sin ofrecer ningún indicio al respecto y ni siquiera formular una denuncia formal en esos términos, un representante del Ministerio Público Fiscal no tiene por qué acudir presuroso a solicitar detenciones bajo esas figuras.

Antes, su tarea podría ser investigar si el Presidente y sus adláteres incurrieron en denuncias falsas contra sus adversarios políticos, al alegar actos de “terrorismo” sin certezas. Y más aun, le corresponde indagar sobre las posibles violaciones a los derechos humanos perpetradas por fuerzas de seguridad, cuya venalidad quedó filmada al arremeter contra manifestantes pacíficos y dejar hacer a encapuchados que aparecieron de la nada, se tomaron varios minutos para volcar e incendiar un auto y se marcharon sin que nadie los perturbara.

En segundo orden, multimedios que desbordan oficialismo en espacios centrales y en notas editoriales tienen derecho a informar del modo que les parezca, pero su versión no es prueba ni indicio de nada. Su abordaje de hechos públicos, difundidos durante el día a través de múltiples pantallas de televisión y redes sociales, es tan válido como el de otros medios que informaron de modo muy distinto, como elDiarioAR.

La secuencia involucra al Gobierno de Milei, los medios oficialistas y el fuero federal:

La cocina de Comodoro Py

Con el amparo del macrismo, Stornelli maniobró para que las causas por presunta extorsión que lo involucraban junto al falso abogado D’Alessio fueran tramitadas en Comodoro Py, su casa.

Semanas atrás, la Corte Suprema confirmó la absolución del fiscal porque en una apelación faltaba una fotocopia. Los jueces federales no encontraron pruebas que confirmaran que la dupla Stornelli-D’Alessio se proponía plantarle droga a la expareja de la mujer del fiscal, ni que pretendían orquestar una cámara oculta contra Juan Manuel Ubeira, abogado defensor de una de las presuntas víctimas de la extorsión. Todo ello surgió de los peritajes del celular de D’Alessio, pero las pruebas no conmovieron a los colegas de Stornelli.

En Comodoro Py, voces que se mantienen a salvo del rumbo tóxico que tomó el fuero coinciden en definir a Stornelli como un fiscal sólido en sus argumentos jurídicos, que en el pasado se sometió a los vaivenes de la política sin ser del todo previsible para las distintas camadas que pasaron por la Secretaría de Inteligencia.

Desde la causa Cuadernos, —otro capítulo de la relación tóxica entre espionaje, medios, política y los tribunales, cuando quedó expuesta su relación con D’Alessio y el periodista de Clarín Daniel Santoro—, “Stornelli se pintó la cara”, describe un juez de los que reconocen solvencia técnica en el fiscal. Stornelli pasó a ser totalmente previsible, “porque su prioridad fue sellar las alianzas que necesitaba para defenderse”, explica la voz.

Los caminos de Servini

El caso de Servini de Cubría es distinto. La jueza, de 87 años, una de las más antiguas de Comodoro Py, “es apta para todo servicio”, indica un abogado que lleva causas en el juzgado nacional en lo criminal y correccional federal número 1.

En esta ocasión, la magistrada decidió aceptar el precario criterio expuesto por Stornelli. El viernes por la noche ordenó liberar a 17 de los 33 detenidos, sin desvincular a ninguno de la causa ni desescalar los presuntos delitos de los que se los acusa.

La mayoría de quienes quedaron detenidos en cárceles federales fueron inculpados prima facie por tirar piedras, prender fuego a un tacho de basura o pegar una patada a un policía. Esta última acción fue adosada a la contadora y funcionaria del Ministerio de Economía María de la Paz Cerruti, quien cruzó una calle cartera en mano y fue sometida por media docena de policías. ¿Terrorismo?

La jueza que adopta este criterio es la misma que el 20 de diciembre de 2001 se plantó en Plaza de Mayo para frenar la cacería policial disparada por el Gobierno de Fernando de la Rúa en su despedida. “Vine porque me enteré de que había represión policial y no sé quién dio la orden”, encaró la magistrada a los policías. Se trata de la misma Servini de Cubría que abrió la única vía que encontraron víctimas del franquismo para conseguir una reparación ante la impunidad reinante en España, también la “Burú burú budía” del menemismo que intentó censurar a Tato Bores y la que designó a Luis Barrionuevo como interventor del Partido Justicialista cuando le vino bien al Gobierno de Mauricio Macri.

“No es cautiva de nadie, pero debe favores a medio mundo. Segunda y tercera generación de su familia transitan varios pasillos de tribunales”, narran en el edificio de Retiro.

Comodoro Py puro: los 16 detenidos (a uno de ellos le asignan la portación de una granada de gas lacrimógeno) y los 17 liberados ahora quedan sometidos a un tortuoso camino de peritajes y recursos procesales, llevados a cabo por los mismos jueces, fiscales y camaristas que mecen parsimoniosamente otros expedientes por años, a conveniencia de alguna causa innombrable.

“Tanto la represión y las detenciones arbitrarias posteriores a la marcha, como el uso de figuras relacionadas con la tipificación de 'terorismo' y 'golpe de Estado', sumadas a la judicialización posterior, aplicando desproporcionadamente varias de esas figuras, buscan tener un chilling effect sobre la sociedad para que no salga a la calle a reclamar por sus derechos”, sintetiza Gastón Chillier, miembro de la red internacional de derechos humanos INCLO.

El rastro de Bullrich

La secuencia de represión indiscriminada y acusaciones por delitos graves en fuero federal remite inexorablemente a las protestas del 14 y 18 de diciembre de 2017 contra la reforma previsional que llevó a cabo Macri. También entonces, en dos jornadas, hubo instancias de zona liberada, desmanes de grupúsculos de izquierda y alborotadores de Inteligencia, decenas de manifestantes heridos (varios perdieron un ojo por balas de goma) y detenidos. El macrismo agrupó esas protestas bajo el título “14 toneladas de piedras”. Los arrestados el 18 de diciembre fueron liberados de inmediato por el juez Sergio Torres, pero los del 14 quedaron a merced del hoy fallecido Claudio Bonadio.

El juez llegó a argumentar que quienes portaban bicarbonato o limones para contrarrestar el efecto de los gases eran sospechosos de delitos similares a los que ahora agitan Stornelli y Servini de Cubría. Entre aquellos hechos de siete años atrás y los de esta semana, hay un factor común: la ministra de Seguridad, Bullrich.

Bonadio procesó a 33 personas y mantuvo en prisión durante varias semanas a seis. Entre ellas, a Esteban Rossano, un chico de 19 años que iba a jugar al fútbol la tarde de su arresto. Que llevara una remera en la mochila fue un indicio que llevó al juez a sospechar y dejarlo en prisión durante 42 días. Está escrito. Su padre, Pablo Rossano, vendedor ambulante en un puesto cercano a la estación de trenes de Morón, llevó adelante la lucha hasta que logró la liberación. Pablo murió a los pocos meses a raíz de una crisis diabética.

Escarmiento

Los agitadores de Milei afirman que los tiempos cambiaron. Que su líder no es Macri y no retrocederá. Los llamados a la represión son enarbolados a toda hora por el Gobierno y sus terminales mediáticas.

El mandatario ultraderechista lleva contadas media docena de manifestaciones masivas en su contra, motivadas en causas sindicales, feministas, de derechos humanos y universitarias. La aguerrida Bullrich elige cuándo y con qué intensidad actuar. Frente a la comunidad universitaria y el movimiento de derechos humanos que salió a las calles el 24 de marzo, mínima presencia policial y protocolos laxos. Las protestas de desocupados, asambleas populares y organizaciones sociales —es decir, los trabajadores y los más humildes— aparecen como las más vulnerables al rigor de un Gobierno destinado a “destruir al Estado desde adentro”.

Funcionarios que obedecen a Caputo difunden que podría ocupar un lugar en la AFI el citado Parisini, el “Gordo Dan” de redes que pregona muertes, venganzas y fuego

Llevar a cabo una redistribución regresiva del ingreso de la magnitud que se propone Milei sin protestas es un objetivo osado. El propósito pone en riesgo la vida democrática.

Otras armas

No es el único trazo en ese sentido. Los relatos sobre el creciente dominio de diversas áreas del Ejecutivo por parte del asesor Santiago Caputo se multiplican. Reemplazos intempestivos, hackeos de celulares, seguimientos, mensajes anónimos y denuncias de cajas negras conforman una narrativa subterránea, que cuando asoma a la superficie, encuentra eco en altercados dentro de la prensa oficialista. El falso intento de intrusión en un domicilio de Sandra Pettovello, que encontró a unos denunciando y a otros desmintiendo, fue un ejemplo.

La reorganización de la Agencia Federal de Inteligencia tras la salida del defenestrado Nicolás Posse habilita un juego de nombres. Funcionarios de la línea de Caputo difunden que el citado Parisini, el “Gordo Dan” de redes que pregona muerte, venganza y fuego, podría ocupar un puesto clave. Ello es recibido como una hipótesis probable y/o un alarde propio del goce cruel que varios le atribuyen al temible asesor de Milei.

Fernando Seresevsky dejó de ser jefe de Gabinete de Pettovello porque, –según dijo– tenía planeado acompañar la gira de los Ratones Paranoicos, grupo del que es manager. Para la ministra de Capital Humano, significó la pérdida de su mano derecha y uno de los pocos funcionarios de confianza.

En reemplazo de Seresevsky fue designado Lucas Fernández Aparicio, hombre cercano a Guillermo Dietrich y Jorge Triaca. No hay mayores exponentes de “la casta” y de los verdaderos intereses de Mauricio Macri que esos dos exministros de Cambiemos. El expresidente da un paso adelante para intervenir en áreas por las que puja desde que Milei ganó las primarias presidenciales.

En despachos oficiales circula una versión, hasta ahora no probada, sobre el motivo real de la salida de Seresevsky, que daría cuenta de métodos delictivos para dirimir internas.

El tándem Santiago Caputo-Karina Milei tiene en Guillermo Francos a un ejecutor y en Pettovello a un blanco de primer orden.

Si la mejor amiga de Milei deja intervenir su megaministerio por hombres de Macri, podría leerse como una táctica defensiva: juntar fuerzas ante un enemigo en común. 

SL/DTC

La Cámara Federal de Casación rechazó una apelación contra el sobreseimiento del fiscal federal Carlos Stornelli en la causa en la que estuvo procesado por las actividades ilegales atribuidas al falso abogado Marcelo D’Alessio.

Los camaristas Ángela Ledesma, Guillermo Yacobucci y Gustavo Hornos declararon inadmisible el recurso extraordinario, la vía para llegar a la Corte Suprema, presentado por el abogado José Ubeira, una de las víctimas de las andanzas de D’Alessio.

“El recurso extraordinario federal deducido no cumple con los recaudos establecidos por la ley la Corte Suprema de Justicia de la Nación relativos a la demostración de la existencia de cuestión federal y necesidad de fundamentación adecuada de la impugnación”, sostiene el fallo.

Ubeira, actual abogado de Cristina Fernández de Kirchner, tiene una última posibilidad de llegar hasta la Corte, a través de un recurso de “queja”, que el máximo tribunal suele rechazar.

Stornelli fue sobreseído hace unos diez días por los últimos cuatro hechos de presunta extorsión e inteligencia ilegal achacados a D’Alessio en los que continuaba bajo investigación.

CRM con información de la agencia NA

El juez federal Ariel Lijo envió a juicio oral y público a los presuntos integrantes de la denominada “Escuela Yoga de Buenos Aires”, detrás de la cual -según la Justicia- existió una organización ilícita con rasgos de secta, la cual habría cometido maniobras de lavado de dinero y trata de personas con fines de explotación sexual.

El juez dispuso la clausura parcial de la investigación, tras el pedido del fiscal federal Carlos Stornelli y la fiscal federal de la unidad anti-trata, Alejandra Mangano. De esta manera, rechazó los pedidos de sobreseimiento y las nulidades planteadas por las defensas. 

En su resolución, se dispuso que se sortee a un tribunal oral, que será quien juzgue a los implicados. Se trata del presunto líder Juan Percowicz, Marcela Sorkin, María Susana Barneix, Ruth Viviana London, Susana Mendelievich, Mario Alberto Leonardo, Gustavo Aníbal Rena, Georgina Ivonne Hirschfeld, Marcela Argüello, María del Carmen Giorgi, Daniel Eloy Aguilar, Alicia Arata, Silvia Alicia Herrero, Luis Romero, Horacio Vesce, Daniel Gustavo Trepat Fryd, y Federico David Sisrro.

Todos los sindicados se encuentran en libertad tras permanecer meses con prisión preventiva. La acusación es por formar una asociación ilícita que operó desde 2004 al 2022, con “rasgos de secta de naturaleza espiritual”.

El fin de la EYBA fue “captar personas mediante engaños o que se encuentran en situación de vulnerabilidad para incorporarlos a la organización con el fin de reducirlos a una situación de servidumbre y/o explotación sexual, construir un culto alrededor de su líder y promover una estructura ilegal de negocios en la República Argentina y en los Estados Unidos de América, que permitiera otorgar apariencia lícita a los fondos obtenidos como producto de sus actividades, con el único fin de enriquecerse y obtener influencias y/o coberturas para sus líderes”.

Según la investigación, la Escuela contaba con unos 179 alumnos repartidos en distintas sedes de Buenos Aires, Las Vegas, Chicago y Nueva York. 

“Para ascender dentro de la jerarquía de la organización debían realizar un proceso de aprendizaje basado en la lectura de libros y la realización de talleres y diferentes tareas”, de acuerdo al juez Lijo.

A la organización se le atribuye también haber cometido maniobras de trata de personas con fines de explotación sexual en la sede de la calle Estado de Israel, y la grabación de tales episodios, los cuales se sospecha eran utilizados con fines de extorsión. 

En la causa, constan escuchas telefónicas y gran prueba documental de distintas personas víctimas de la organización. 

LC con información de agencia NA

El fiscal Carlos Stornelli se ausentó finalmente como testigo en el proceso de juicio político a la Corte Suprema que se lleva a cabo en la comisión de Diputados y el oficialismo pedirá a la Procuración que se le inicien “acciones disciplinarias” en su contra. 

Stornelli faltó este martes a la reunión del cuerpo de trabajo de la Cámara baja, luego de que fuera citado por segunda vez para que declare en torno a su decisión de archivar –durante la feria judicial de enero– una denuncia contra el vocero de Horacio Rosatti, Silvio Robles, por sus conversaciones con el ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D’Alessandro, actualmente de licencia. 

“Se le va informar al doctor (Eduardo) Casal de la no comparecencia de Stornelli y se le solicitará le inicien acciones disciplinarias correspondientes”, aseguró este martes la titular de la comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard. La decisión de enviarle un nuevo oficio al procurador generó un primer debate en el ámbito de la comisión, ya que Stornelli pidió declarar por escrito, amparándose en un artículo de la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal (MPF), que exceptúa a los fiscales de presentarse como testigo ante un tribunal.

“Esta presidencia no puede incumplir los deberes que le asignó el reglamento de la Cámara”, agregó la diputada del Frente de Todos. “No somos un tribunal. Me encantaría mandarle las preguntas por escrito, pero estaría violando el reglamento”, se excusó Gaillard ante las críticas de la oposición. La  normativa de la comisión solo otorga ese beneficio a los presidentes y gobernadores, entre otros altos cargos, pero no a los fiscales.

Según expuso el macrista Pablo Tonelli, “la ley orgánica del Ministerio Público está muy por encima del reglamento de la comisión y los fiscales están claramente eximidos de tener que asistir personalmente”. Y cuestionó la estrategia del kirchnerismo: “Da la impresión de que el oficialismo no tiene intención de conocer las respuestas del fiscal, sino hacerlo comparecen para maltratarlo y hacer circo”.

En el oficialismo no descartan poder impulsar al final de la reunión de este martes, como anticipó Gaillard, una denuncia contra Stornelli en la Procuración y pedir que se le quiten los fueros para que sea llevado a la comisión por la fuerza pública. En 2019, Stornelli ya se enfrentó al desafuero, sin consecuencias, cuando fue citado a indagatoria en el juzgado federal de Dolores en reiteradas oportunidades: terminó declarando como imputado ocho meses más tarde, tras seis citaciones.

“Laburen rápido”

Además de Stornelli, la agenda de este martes incluye a otros cinco testigos, de los cuales al menos la mitad –como ya publicó elDiarioAR– están relacionados con la línea de investigación sobre Robles: Juan Manuel Olima, secretario de Coordinación Institucional de la Procuración General de la Nación, por un chat que admitió haber tenido con D’Alessandro, quien niega la veracidad de esas conversaciones; además de dos integrantes de la vocalía de Rosatti, Guillermo Sebastián Garay y Natalia Hilda Monayer, colega de Robles.

Pero al inicio de la comisión el testimonio de Olima se demoró por otro cruce de acusaciones que se generó entre los diputados del oficialismo y la oposición. El vicepresidente de la comisión, el lilito Juan Manuel López, denunció que hubo una demora de más de una semana para conocer una respuesta a un pedido de informe sobre cruce de llamados de la juez María Servini de Cubría, que habría llegado a la mesa de entradas de la Cámara baja el 3 de marzo. “No corresponde, laburen más rápido, sino vamos a pensar que esconden información”, denunció el diputado. 

Desde Juntos por el Cambio también cuestionaron la denuncia del oficialismo al juez Sebastián Ramos por supuesto “falso testimonio”, cuando en su presentación a la comisión negó vínculos con Robles o D’Alessandro. En ese mismo momento se filtró en los medios una conversación suya con el ministro porteño. 

A su vez, la oposición quiere denunciar al juez Alejo Ramos Padilla, que también le tocó investigar la filtración de chats y en su exposición ante la comisión de Juicio Político expuso las irregularidades de la investigación de Comodoro Py (que archivaron Stornelli y Ramos) y la duplicación de causas.

MC

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados volverá a reunirse este martes y citó nuevamente al fiscal Carlos Stornelli, quien no concurrió la semana pasada a exponer ante ese cuerpo en el expediente sobre el juicio político a los integrantes de la Corte Suprema impulsado por el Poder Ejecutivo.

En caso de que el funcionario judicial decida no asistir, el oficialismo no descarta impulsar su desafuero para hacerlo comparecer por la fuerza pública.

Aun sin la presencia del fiscal, la comisión que preside Carolina Gaillard (FdT) continuará de todas formas con el proceso contra el máximo tribunal y el testimonio de nuevos invitados a exponer ante ese cuerpo, que abrió a fines de enero una investigación sobre el accionar de los magistrados Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, que componen el máximo tribunal.

De acuerdo al cronograma acordado, la comisión volverá a reunirse este martes a las 13 y seguirá con la exposición de funcionarios de las secretarías de la Corte, tras lo cual diagramará los testimonios dividiéndolos en función de los principales expedientes que se analizan.

Esos expedientes son la causa del “2x1” para represores de la última dictadura, la derogación de la ley del Consejo de la Magistratura y la reposición de la anterior derogada en 2006, y la causa por la coparticipación de la ciudad de Buenos Aires, según se acordó.

Además de Stornelli fueron citados los abogados Juan Manuel Olima Espel (secretario Institucional de la Procuración General de la Nación); Marcelo Mazzeo (abogado), Sebastián Garay (Secretaría de Juicios Originarios de la Corte) y Natalia Hilda Monayer (Vocalía del presidente de la Corte).

El proceso de remoción de la Corte, impulsado por el presidente Alberto Fernández y una docena de gobernadores, busca avanzar en la acumulación de pruebas.

La decisión de volver a citar a Stornelli se adoptó el martes pasado, durante la última reunión de la Comisión de Juicio Político de Diputados, que se extendió por más de siete horas.

En aquella oportunidad expusieron el extitular de la Unidad Especial de Investigación del Atentado a AMIA y exsenador radical Mario Cimadevilla y los letrados Sergio Nápoli y Gustavo Naveira, de las Secretarías Judiciales 4 y 7 de la Corte Suprema.

Stornelli había sido convocado como testigo para que explique los motivos por los que pidió el cierre de la causa que había sido iniciada para investigar los presuntos chats filtrados entre Silvio Robles, estrecho colaborador de Rosatti, y el ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D'Alessandro, quien se encuentra en uso de licencia como consecuencia de la difusión de esas conversaciones.

“Si no comparece deberemos iniciar un procedimiento de desafuero para poder traerlo por la fuerza pública”, aseguró Gaillard en la última reunión de la comisión al referirse a la situación del fiscal, a quien le rechazó el planteo para declarar por escrito.

La notificación para que Stornelli compareciera en el Congreso le llegó el miércoles 1 de marzo y allí se le citó el pasaje del reglamento de la Comisión de Juicio Político en el que se aclara que su asistencia “no es opcional”.

En función de esta normativa, el funcionario del Ministerio Público no puede acogerse a la excepción que prevé el Código Procesal Penal para los magistrados, quienes están habilitados a declarar por escrito o desde sus lugares de trabajo.

“Los magistrados y funcionarios indicados en el artículo 250 del Código Procesal Penal, con excepción del presidente y vicepresidente de la Nación y los gobernadores y vicegobernadores de las provincias, estarán igualmente obligados a comparecer ante la Comisión (de Juicio Político) a testimoniar”, sostiene el reglamento que se citó para formular esta convocatoria.

El planteo del oficialismo para volver a citar a Stornelli fue sometido a votación en la comisión y aprobado por 16 votos contra 14 de Juntos por el Cambio (JxC).

Una eventual nueva ausencia de Stornelli ante la Comisión de Juicio Político repetiría una práctica a la que el fiscal ya recurrió cuando no se presentó a las citaciones del entonces juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla para indagarlo en el marco del denominado “caso D'Alessio”.

En esa causa --en la que era investigado el falso abogado Marcelo D' Alessio por extorsión y espionaje ilegal-- el fiscal fue convocado por un juez y no por el Congreso, y la citación era como imputado y no como testigo.

Después de seis llamados, Stornelli compareció ante Ramos Padilla, quien finalmente lo procesaría por presunta asociación ilícita en función de sus vínculos con D'Alessio.

Con información de Télam.

IG

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados retomó este martes el proceso contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, en una nueva audiencia en la que se resolvió volver a citar al fiscal federal Carlos Stornelli, quien no asistió a exponer ante ese cuerpo, bajo la advertencia de hacerlo comparecer por la fuerza pública.

Stornelli había sido convocado como testigo, para explicar los motivos por los que pidió el cierre de la causa que había sido iniciada para investigar los presuntos chats filtrados entre Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte Horacio Rosatti y el ministro de Seguridad porteño en uso de licencia, Marcelo D'Alessandro.

Sin la presencia del fiscal, la comisión presidida por Carolina Gaillard del Frente de Todos (FdT), continuó con el análisis de las pruebas y testimonios contra el accionar de los jueces supremos, como parte de las audiencias que lleva adelante ese cuerpo desde fines de enero, luego de que el presidente Alberto Fernández y una decena de gobernadores impulsaran el juicio político contra Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

Gaillard dio inicio a la reunión y avisó que la Comisión pediría volver a citar al fiscal y advirtió que “si no comparece deberemos iniciar un procedimiento de desafuero para poder traerlo por la fuerza pública”. “Consideramos que Stornelli tiene que venir a declarar de manera presencial. Vamos a volver a citarlo nuevamente”, anunció Gaillard al rechazar el planteo del fiscal para declarar por escrito.

El planteo del oficialismo para citar nuevamente a Stornelli fue votado en la comisión y aprobado por 16 votos. También se aprobó remitir a la Justicia la exposición ante la comisión del juez Sebastián Ramos, por presunto falso testimonio y la incorporación como testigos de los abogados Marcelo Mazzeo y Juan Manuel Olima, según la propuesta del FdT.

Ramos, quien brindó testimonio el pasado 23 de febrero ante la Comisión, archivó a instancias de Stornelli una denuncia vinculada a unos chats que involucran a D'Alessandro con Robles, con el argumento de que los elementos probatorios incorporados a la denuncia podrían haber sido obtenidos “mediante maniobras organizadas basadas en actividades de inteligencia ilegal”.

En el desarrollo de la reunión, se produjeron fuertes cruces entre los diputados del oficialismo y de la oposición, la cual le atribuyó al FdT “un manejo ilegal de la comisión” y aprovechó la audiencia para cuestionar al Gobierno Nacional por la situación de violencia e inseguridad en Rosario.

El diputado de la Coalición Cívica (CC) Juan Manuel López rechazó en la reunión la actitud de Gaillard de, según dijo, tomarse “la atribución de interpretar el reglamento” para pedir la concurrencia presencial de Stornelli y sostuvo que el fiscal “no se negó a declarar sino que pidió hacerlo por escrito”, por lo que afirmó que “no es un testigo reticente”.

Además del fiscal Stornelli, la comisión había convocado para esta audiencia a la titular de la fiscalía federal 1 de La Plata, María Roteta, quien se excusó de asistir por cuestiones personales, aunque pidió reprogramar su presencia.

En tanto, se espera para el resto de este martes las exposiciones del exsenador nacional por la UCR y extitular de la Unidad Fiscal AMIA, Mario Cimadevilla, y los secretarios judiciales de la Corte: Sergio Nápoli y Gustavo Naveira.

LC con información de agencia Télam

El fiscal federal Carlos Stornelli ratificó en las últimas horas a la comisión de Juicio Político en la Cámara de Diputados que no declarará como testigo ante los legisladores de manera presencial y reiteró que lo hará por escrito, confirmó a elDiarioAR una fuente del Ministerio Público Fiscal.

Stornelli está citado para este martes, en el marco de la investigación contra los jueces de la Corte Suprema por supuesto mal desempeño. El fiscal promovió durante la feria judicial de enero el archivo de una denuncia basada en las supuestas conversaciones filtradas entre el ministro de Justicia y Seguridad porteño en uso de licencia, Marcelo D'Alessandro, y el asesor del presidente de la Corte Horacio Rosatti, Silvio Robles, en las que habrían intercambiado información sobre el fallo del tribunal que favorecería a la Ciudad en la coparticipación.

La mayoría del kirchnerismo en la comisión de Juicio Político decidió citarlo para que explique los pormenores de su dictamen.

Stornelli informó a través de la Procuración General de la Nación que declararía por escrito, en base a la Ley Orgánica del Ministerio Público, pero la presidenta de la comisión, Ana Carolina Gaillard, le respondió con un oficio que debía presentarse a declarar personalmente ante los diputados, de acuerdo con lo que establece el reglamento de la comisión parlamentaria para los fiscales federales y nacionales.

En contraposición, la Ley Orgánica a la que apeló Stornelli sostiene que están exentos del deber de declarar ante los tribunales en caso de ser citados como testigos. Si así lo fueran, deberán responder por escrito, bajo juramento y con las especificaciones pertinentes, dice la ley. Citando esta normativa, votada por el Congreso, es que Stornelli sostiene que debería presentar un escrito en base a un pliego de preguntas que debería enviarle la comisión de Juicio Político, explicó una fuente del Ministerio Público Fiscal a elDiarioAR.

“Hay un conflicto de normas que incluye un conflicto de poderes”, admitió la fuente. Si bien la ley no habla de citaciones como testigos ante una comisión parlamentaria, en el Ministerio Público Fiscal consideran que debería aplicarse este artículo de la norma por encima del reglamento de la comisión.

La misma “contradicción” ocurre entre el reglamento de la comisión y el Código Procesal Penal para los integrantes del Poder Judicial de la Nación.

La comisión que analiza el juicio político contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia tendrá hoy una jornada clave. La atención estará concentrada sobre el testimonio del fiscal Carlos Stornelli, que fue citado por la comisión en Diputados que lleva adelante el jury, pero rechazó hacerlo de manera presencial y responder por escrito.

La actitud del fiscal abrió un frente de conflicto con los legisladores del oficialismo, porque entienden que el fiscal tiene la obligación de presentarse físicamente. Stornelli se amparó en la ley orgánica del Ministerio Público, que afirma que sus miembros están exentos del deber de declarar ante los tribunales en caso de ser citados como testigos. 

La expectativa está abierta, ya que Stornelli es el fiscal que, con su dictamen y en plena feria judicial, promovió el archivo de una denuncia por las supuestas conversaciones filtradas entre el ministro de Justicia y Seguridad porteño en uso de licencia, Marcelo D'Alessandro, y el asesor del presidente de la Corte Horacio Rosatti, Silvio Robles. 

La mayoría del kirchnerismo en la comisión de Juicio Político decidió citarlo para que explique los pormenores de su dictamen. El fiscal fue convocado a la comisión dos semanas después del testimonio del juez federal Sebastián Ramos, que fue quien, en rigor, archivó la denuncia promovida contra D’Alessandro y Robles. El magistrado aseguró ante los legisladores que para tomar la decisión debió basarse en el dictamen de Stornelli, porque este no dejaba otro camino posible.

Para este martes también fueron citados el exsenador nacional por la UCR y extitular de la Unidad Fiscal AMIA Mario Cimadevilla y al secretario judicial número 4 de la Corte, Sergio Napoli. Estaba también convocada la titular de la fiscalía federal 1 de La Plata María Roteta, pero pidió reprogramar la fecha. La presencia o no de Stornelli acapará el comienzo de la comisión, agendada para las 13. Según supo elDiarioAR, estará la gran mayoría de los 16 legisladores oficialistas y parte de los 14 de JxC, pero no estará presente Alejandro “Topo” Rodríguez, del Interbloque Federal.

“Contradicciones”

El faltazo de Stornelli se conoció luego de que él mismo avisara a la Procuración General de la Nación de que daría su testimonio “por escrito”. La notificación para que compareciera al Congreso le llegó el miércoles 1º de marzo y allí se le citó el pasaje del reglamento de la comisión en el que se aclara que su asistencia no es opcional y que no rige para esta convocatoria la excepción que prevé el Código Procesal Penal para magistrados, a los que se habilita a declarar por escrito o en su lugar de trabajo. 

Hasta ayer –al cierre de este artículo– en la Procuración había expectativa sobre si el fiscal respondería a esa nota firmada por la diputada del FdT Carolina Gaillard. En el Frente de Todos entienden que hay una contradicción con el reglamento del proceso de enjuiciamiento, porque los fiscales tienen la obligación de asistir según el reglamento de la comisión parlamentaria. 

“Hay una debate sobre lo que dice el reglamento de la comisión”, comentaron a elDiarioAR desde uno de los despachos principales del oficialismo que lleva adelante el juicio político. Incluso adelantaron que la estrategia de Stornelli podría buscar “ganar tiempo” y pedir una prórroga para su citación. Las discusiones entre el oficialismo y la oposición estarán a la orden del día.

“Los magistrados y funcionarios indicados en el artículo 250 del Código Procesal Penal, con excepción del presidente y vicepresidente de la Nación y los gobernadores y vicegobernadores de las provincias, estarán igualmente obligados a comparecer ante la Comisión (de Juicio Político) a testimoniar”, reza el reglamento que se citó en la convocatoria a Stornelli.

En el mismo oficio, se aclaró: “Cuando la Comisión hubiera dispuesto la comparecencia de alguna de estas personas a declarar como testigo y las mismas injustificadamente no concurrieran, se remitirán los antecedentes del caso a los organismos que ejerzan autoridad disciplinaria sobre ellas, a los fines que correspondan, sin perjuicio de las responsabilidades penales y políticas que la Comisión entienda que puedan corresponder por la incomparecencia”. Una lectura del reglamento asegura que la comisión podría pedir la presencia del fiscal por medio de las fuerzas públicas.

En el Ministerio Público argumentaron la decisión del fiscal de acuerdo con su propia Ley Orgánica, que ordena sus atribuciones y obligaciones. Allí se apunta que están exentos del deber de declarar ante los tribunales en caso de ser citados como testigos. Si así lo fueran, deberán responder por escrito, bajo juramento y con las especificaciones pertinentes, dice la ley. En base a esta normativa, votada por el Congreso, es que Stornelli sostiene que debería presentar un escrito en base a un pliego de preguntas que debería enviarle la comisión de Juicio Político, explicó una fuente del Ministerio Público Fiscal a elDiarioAR.

“Hay un conflicto de normas que incluye un conflicto de poderes”, admitió la fuente. Si bien la ley no habla de citaciones como testigos ante una comisión parlamentaria, en el Ministerio Público Fiscal consideran que debería aplicarse este artículo de la norma por encima del reglamento de la comisión. 

La misma “contradicción” ocurre entre el reglamento de la comisión y el Código Procesal Penal. En el artículo 240 del Código, que establece cómo deben proceder las partes en un caos penal, se estableció que “toda persona tendrá la obligación de concurrir al llamamiento judicial y declarar la verdad de cuánto supiere y le fuere preguntado, salvo las excepciones establecidas por la ley”. 

MC

Los movimientos y el posterior archivo de la denuncia contra el vocero y principal asesor del presidente de la Corte Suprema evidenciaron cómo la interna dentro del máximo tribunal impacta en los tribunales federales de Comodoro Py 2002, que terminaron despertando sospechas en la comisión de Juicio Político de la cámara de Diputados, de acuerdo a fuentes judiciales y parlamentarias consultadas en los últimos días por elDiarioAR. 

Tanto el juez Horacio Rosatti como el asesor Silvio Robles retomaron la rutina de trabajo en el Palacio de Justicia, con el principal frente judicial controlado: el juez federal Sebastián Ramos archivó una de las denuncias por el contenido de los supuestos chats que se filtraron en un sitio de internet luego del hackeo al ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro.

En los chats, Robles habría intercambiado información y el resultado final del fallo que la Corte iba a dictar a favor del gobierno de la Ciudad por la coparticipación y los fondos para financiar la policía porteña, una decisión de la Corte que despertó la ira del Gobierno y un grupo de gobernadores oficialistas en diciembre último.

En la comisión parlamentaria que inició el proceso para investigar a los cuatro jueces de la Corte por presunto mal desempeño, el oficialismo comenzó a indagar cómo fue que esa denuncia terminó en el juzgado de Ramos y en su posterior archivo, cuando, en principio, la denuncia había caído por sorteo en el juzgado de Ariel Lijo, quien, según pudo reconstruir este medio de fuentes directas de su juzgado, tenía una postura muy distinta a la de Ramos y el fiscal que intervino en la causa, Carlos Stornelli. Lijo no iba a archivar la denuncia sino a activar medidas de prueba.

Sin embargo, como el juez Lijo se encontraba de vacaciones, la denuncia contra Robles ingresó en un periplo tribunalicio y pasó por cuatro jueces y dos fiscales hasta llegar a su destino final, por ahora, en el juzgado de Ramos y su posterior archivo.

La Corte que el presidente Alberto Fernández quiere destituir está atravesada desde 2016 por una interna política y personal entre sus jueces, divididos en dos bloques irreconciliables: el trío que conforma la mayoría (integrado por el actual presidente del tribunal, Rosatti; Juan Carlos Maqueda; y Carlos Rosenkrantz) y un unitario (Ricardo Lorenzetti, quien quedó en minoría tras perder la presidencia de la Corte en 2018). 

Comodoro Py también está atravesado por la interna de la Corte. Los alineamientos con los jueces de la mayoría no se construyeron sobre bases inamovibles, pero los alineados con Lorenzetti tienen nexos mucho más fuertes, aunque son menos. 

El trío que conforma la mayoría en el máximo tribunal sabe que la mayoría de los jueces y fiscales federales de Py no quiere avanzar con la denuncia contra Robles o hacerle lugar a eventuales pedidos del oficialismo en la comisión de Juicio Político para, por ejemplo, llevar a Robles a declarar por la fuerza pública al Congreso. El fiscal Carlos Stornelli es uno de ellos, confió un testigo directo de sus conversaciones con voceros de la Corte. 

De hecho, otro expediente vinculado a la Corte ya les dejó en claro a Rosatti, Maqueda y Rosenkrantz ese quiebre entre dos sectores de Py: la investigación penal por supuestas irregularidades en contrataciones de la obra social de los judiciales, que administra la Corte y que también será uno de los puntos que el oficialismo busca investigar en la comisión de Juicio Político. 

La mayoría suprema sospecha que la denuncia fue impulsada por Lorenzetti (la presentó un dirigente sindical de los judiciales). Recayó por sorteo en el juzgado de Lijo, de muy buena relación con el ex presidente de la Corte, luego de que el trío Rosatti-Maqueda-Rosenkrantz le recortaran su poder en el máximo tribunal y lo desplazaran, no sólo de la presidencia, sino del manejo de los fondos del Poder Judicial de la Nación. 

El expediente está a cargo del juez Lijo y del fiscal Stornelli, quienes mantienen una disputa por el futuro de la causa. Stornelli pidió su cierre (lo que beneficia a la mayoría en la Corte, especialmente al juez Maqueda, más vinculado al manejo de la obra social), pero Lijo quiere avanzar en la investigación. 

Este mismo escenario iba a repetirse con la denuncia contra Robles. La denuncia recayó por sorteo en el juzgado de Lijo. El fiscal de turno era Carlos Rívolo, quien se inhibió de intervenir en el caso porque su nombre figura entre los supuestos contactos estrechos de D’Alessandro, según la filtración tras el hackeo.

El fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones porteña, José Agüero Iturbe, designó entonces a Stornelli para ocupar el lugar de Rívolo. Mientras tanto, Lijo estaba de vacaciones por la feria de enero y la jueza María Servini firmaba por su juzgado. Servini se excusó de intervenir en la denuncia contra Robles porque involucraba a D’Alessandro, con quien la jueza explicó en un escrito que había tenido una relación de amistad cercana pero estaban enemistados. 

Servini no sólo se excusó, sino que envió la denuncia nuevamente a sorteo, extrayendo el expediente del juzgado de Lijo. Recayó en el juzgado de María Eugenia Capuchetti, quien inmediatamente envió el caso a la Cámara Federal porteña, planteando que debía volver al juzgado de Lijo.

El presidente de la Cámara de Apelaciones ordenó que la causa siguiera en el juzgado de Capuchetti y que al regresar Lijo de sus vacaciones, los jueces se pusieran de acuerdo entre ellos. Capuchetti entró de vacaciones al lunes siguiente. Debía firmar por su juzgado Julián Ercolini, quien no podía intervenir por estar denunciado por la filtración de otro conjunto de chats hackeados a D’Alessandro en el caso Lago Escondido. Así, la denuncia terminó en el juez Ramos.

El archivo

Hace dos semanas, el juez Ramos tomó la decisión de archivar la denuncia y no avanzar en la apertura de una causa contra Robles siguiendo la línea planteada por el fiscal Stornelli en un dictamen. Stornelli consideró que no se podía avanzar en la investigación penal porque la principal prueba, los chats, provienen de una intervención ilegal de comunicaciones telefónicas y por lo tanto, el punto de partida de la denuncia es un ilícito que inhabilita la utilización de esos chats en un proceso judicial, según informó la agencia estatal Télam. 

Robles había sido denunciado por el abogado Gastón Marano, ex asesor de la oposición en la comisión bicameral de Inteligencia del Congreso y defensor de Nicolás Gabriel Carrizo, uno de los procesados por el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La denuncia se basaba en las publicaciones de los chats en diversos medios de comunicación.

La presentación de Marano se suma a otras tres denuncias contra Robles por el caso de los supuestos chats y al menos una orden judicial a la Policía Federal Argentina (PFA) que no se ejecutó: la intimación al asesor para que entregue su teléfono celular para “peritar si los chats son reales”, como solicitó el juez Guillermo Molinari, de Santiago del Estero. 

Hay otras tres causas aún abiertas: las iniciadas por los gobernadores Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Ricardo Quintela (La Rioja), que ya llegaron a los tribunales porteños, donde seguramente se acumularán con la denuncia de Marano y podrían ser también archivadas.

La semana pasada, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, inició un cuarto expediente en los tribunales federales de La Plata. El juez Alejo Ramos Padilla solicitó la primera medida de rigor antes de dar traslado a la fiscalía, que decidirá si debe o no abrirse un nuevo expediente.

“La denuncia se archivó pero ni el juez ni el fiscal plantearon el sobreseimiento de Robles. Eso significa que la causa no está cerrada, sino archivada y, por lo tanto, la denuncia podría ser eventualmente desarchivada y reabierta”, afirmó a elDiarioAR el diputado Rodolfo Tailhade (Frente de todos), integrante de la comisión de Juicio Político.

Stornelli determinó que en la denuncia del abogado Marano no había “ningún medio o elemento autónomo y autosuficiente” que no fueron los chats obtenidos ilegalmente que le permitan avanzar con la investigación, y expuso que convalidar la investigación con elementos que habrían sido obtenidos como fruto de un accionar delictivo colisionaría con “los más básicos e irrenunciables principios constitucionales”. Esta es una de las líneas que mantiene la jurisprudencia, pero no es la única y no es la que el juez Lijo hubiese aplicado, confirmó elDiarioAR de fuentes judiciales.

La prueba ilegal

En una tesis presentada ante la Universidad Torcuato Di Tella en 2014, Federico Morgenstern, principal asesor penal del juez Rosenkrantz y secretario letrado en la Corte, escribió a favor de repensar si ciertas pruebas obtenidas de manera ilegal deben rechazarse en todos los casos. “¿Cuál es el camino apropiado cuando en un proceso penal se consigue prueba incriminatoria violando un derecho individual del acusado?”, se preguntó el letrado, como publicó el periodista Néstor Espósito en Tiempo Argentino el domingo último. 

Los chats obtenidos tras el hackeo ilegal al teléfono del ministro D’Alessandro -que el funcionario porteño, actualmente de licencia por este caso, sostiene que son falsos y fueron adulterados- entrarían en la categoría de pruebas ilegales. “La exclusión probatoria indiscriminada y automática (de una prueba sólo por el hecho de haber sido obtenida de manera ilegal) es una solución equivocada” y “no hay una previsión legal expresa que prohíba usar la prueba ilícita”, tampoco constitucional, afirmó Morgenstern.

“El sistema vigente debe ser reconfigurado”, a excepción de “los casos de tortura, coacción física y/o psicológica y engaño” por parte de las fuerzas de seguridad o autoridades, que sí deben excluirse como pruebas de manera automática, aclaró.

No es lo que plantean los antecedentes mayoritarios. “Las posiciones unánimes de la jurisprudencia y doctrina argentina pueden reducirse a estas cuatro proposiciones centrales: el Estado no se puede beneficiar de una ilegalidad propia; no excluir esa prueba le quita integridad y credenciales éticas al sistema de justicia penal; el imputado tiene un derecho a la exclusión del proceso de los elementos de cargo obtenidos por vías irregulares; y la exclusión es el único (o mejor) remedio para afrontar la situación”, explicó Morgenstern, también autor del libro “La cosa juzgada fraudulenta”.

Pero Morgenstern se basó en antecedentes de otras jurisdicciones como Alemania, los países del common law, Noruega y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

¿Qué hace primar la necesidad de utilizar este tipo de pruebas? “El descubrimiento de la verdad, la necesidad de mantener una justicia funcional y eficaz, la existencia de cierta proporcionalidad entre la intensidad de la lesión producida y la gravedad del delito investigado y el conocimiento de la violación por parte del agente público”, escribió el secretario letrado de la Corte.

ED

Con el objetivo de desacreditar las principales pruebas en su contra, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner solicitó al Tribunal Oral Federal número 7 que ordene pericias y nuevas medidas de prueba que podrían permitirle a su defensa solicitar la nulidad del juicio oral y público por el caso de los cuadernos de la corrupción en la obra pública, de acuerdo al escrito al que accedió elDiarioAR.

Tras lograr en 2021 los sobreseimientos anticipados y la anulación de los juicios Dólar futuro, Memorándum con Irán y Hotesur-Los Sauces, el único juicio en contra de la expresidenta en pie -además de Vialidad, que llegó a su fin este diciembre- avanza lentamente, aún sin fecha de inicio. 

Carlos Alberto Beraldi y Ary Rubén Llernovoy, abogados de la vicepresidenta, solicitaron el 29 de septiembre último la realización de cuatro pericias y otras tres medidas. En primer lugar, los penalistas pidieron un estudio caligráfico y scopométrico sobre todos los cuadernos originales manuscritos por Oscar Centeno, ex chofer del exfuncionario Roberto Baratta. La medida nunca había sido realizada por el juez de primera instancia, Claudio Bonadio, pero recientemente, fue ordenada en otro expediente por otro magistrado.

En el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi tramita un expediente paralelo en el que el juez ordenó por primera vez una pericia caligráfica oficial sobre tres de los ochos cuadernos que ratificó que estos fueron escritos por el ex chofer Oscar Centeno pero detectó ciertas alteraciones en el texto original realizadas “por otro escribiente” en los cuadernos 7 y 8.

Los jueces del tribunal número 7 deberán analizar si ordenan la primera pericia caligráfica oficial sobre la totalidad de los cuadernos en los que el ex chofer de Roberto Baratta registró reuniones entre el ex funcionario kirchnerista y empresarios para el cobro de dinero ilegal entre 2005 y 2015. La medida, como informó elDiarioAR, ha sido solicitada también por otras defensas de los imputados. Los abogados de Fernández de Kirchner fueron mucho más allá y profundizaron en otras medidas que serán clave.

Manuscritos y videos

Los abogados de Fernández de Kirchner plantearon que las pericias oficiales “deberán determinar si los textos conformados en dichos cuadernos pertenecen o no a un mismo puño escritural, si éste (o en su caso estos) se corresponde con las grafías de Oscar Centeno y si se aprecian sobrescritos, testados o cualquier tipo de alteración y/o modificación en tales escrituras”. 

Además, en caso de encontrar estas posibles alteraciones en los cuadernos, solicitaron “estudiar tales alteraciones y/o modificaciones, individualizándose a cada una de ellas y explicándose detalladamente cómo fueron efectuadas”. “Los expertos intervinientes -agregaron los penalistas- deberán analizar, a través de los medios técnicos correspondientes, si en los referidos cuadernos se han utilizado y/o empleado uno o varios implementos escritores y estilos de tinta, informándose la calidad, la cantidad y las características de sus componentes”.

También solicitaron que los peritos establezcan “la antigüedad que registran todos los textos obrantes en los aludidos cuadernos, precisando si éstos guardan correspondencia o no con las fechas consignadas en los mismos”.

La vicepresidenta también solicitó al tribunal que se realice una segunda pericia oficial para “determinar la fecha en que fueron realizadas todas y cada una de las filmaciones” que Centeno realizó durante las supuestas visitas de Baratta a la Quinta de Olivos y al departamento de Fernández de Kirchner en Recoleta para la entrega de los bolsos con dinero de los sobornos. El exfuncionario siempre ha negado, al igual que Fernández de Kirchner, haber participado de ilícitos.

El teléfono de López

En agosto último, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola expusieron durante las audiencias de alegatos en el juicio oral y público por el caso Vialidad -que le valió una condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua a Fernández de Kirchner- el contenido inédito de los teléfonos de José López, secretario de Obras Públicas entre 2003 y 2015. 

Los mensajes intercambiados por López con el empresario Lázaro Báez y otros fueron parte de la prueba que involucró a la vicepresidenta como parte de una defraudación a la Administración pública a través del direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz.

Semanas después, los abogados de la expresidenta solicitaron al tribunal del caso cuadernos “un estudio pericial sobre los aparatos telefónicos pertenecientes a José Francisco López que fueron secuestrados en el marco de la causa” por los bolsos con US$9 millones en su poder y que fueron ofrecidos como prueba por parte de la fiscal Fabiana León en el juicio de los cuadernos. 

Fernández de Kirchner pidió a través de sus abogados “obtener un listado completo de todos los contactos telefónicos que surjan de tales equipos” y se reservó la facultad de “ampliar el estudio pericial, ante el caso de que una vez efectuada la constatación requerida surja información que pueda resultar útil a los fines de este proceso”.

El juez y el fiscal

La vicepresidente quiere que el tribunal ordene a todas las compañías de telefonía fija y celular del país a fin de que indiquen los números de los abonados registrados a nombre del fallecido juez Bonadio y del fiscal Carlos Stornelli, quienes llevaron adelante la instrucción de la causa.

Luego de que la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado Poder Judicial (DAJUDECO) elabore un informe con la totalidad de los registros de comunicaciones de esas líneas entre el 1° de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2019, cuando ambos llevaban adelante la causa de los cuadernos, para identificar a “todos los interlocutores con los que se hubiesen entablado llamadas entrantes o salientes y/o intercambiado mensajes de SMS o a través de cualquier sistema de mensajería (WhatsApp, Telegram, etc.)” para establecer “la existencia de indebidas interferencias por parte del poder político en el trámite de este proceso, así como también para corroborar irregularidades en los actos de inicio y desarrollo de la causa, en particular, en lo que respecta a la manera en que se obtuvieron las declaraciones de los denominados ‘arrepentidos’”.

Arrepentidos

Durante los últimos años, en los tribunales de Comodoro Py corrió un rumor: la presunta existencia de actas notariales en las que ciertos empresarios que declararon como arrepentidos ante el fiscal Stornelli habrían manifestado en privado, frente a un escribano público, que admitieron el pago de sobornos a Baratta y los Kirchner supuestamente “coaccionados” por el fiscal y el juez. ¿Con qué los habrían “coaccionado”? Con la prisión preventiva. Ese rumor nunca fue comprobado.

Fernández de Kirchner solicitó a los jueces que pidan al Colegio de Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que se requiera todos los escribanos inscriptos ante dicho colegio que informen si alguna las personas que han prestado declaración como arrepentidos “requirió en el período que va desde el 1° de agosto de 2018 hasta el día de la fecha que se protocolizara alguna manifestación vinculada con los dichos que prestaran en estas actuaciones” y que se remitieran las actas correspondientes.

Estrategia

El caso de los cuadernos se encuentra en una etapa previa al debate oral y público, denominada “instrucción complementaria”, en la cual la fiscalía y las defensas pueden solicitar al tribunal que realizará el debate oral y público que ordene la producción de pruebas que no se realizaron durante la investigación en primera instancia. 

Fue en el marco de esta etapa que la defensa de Fernández de Kirchner logró que los tribunales orales ordenaran pericias en las que luego basaron los pedidos de nulidad del inicio del juicio de las causas Dólar Futuro, Memorándum y Hotesur-Los Sauces, aunque en los tres casos esas decisiones están en etapa de revisión en la Corte Suprema y la Cámara Federal de Casación.

El tribunal del caso cuadernos aún debe analizar los pedidos de nuevas pruebas de la fiscalía y las defensas y decidir qué medidas ordena y cuáles rechaza. Los abogados de la vicepresidenta ya adelantaron que ante la negativa, recurrirán a instancias de la Corte y organismos internacionales para reclamar.

ED

El juicio oral y público por el caso de los cuadernos de la supuesta corrupción en la obra pública ingresó en una etapa clave para el futuro del caso que involucra a decenas de los empresarios otrora más poderosos del país y a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner mientras una pericia oficial abrió la puerta a un escenario todavía incierto.

El Tribunal Oral Federal número 7 se encuentra en condiciones de analizar qué pruebas solicitadas por la fiscalía de juicio y los abogados defensores realizará antes del debate oral y público por la causa madre -hay otros expedientes que vienen más atrasados-. Esto significa que el caso ya comenzó a moverse en el tribunal. Pero el proceso viene lento. La fiscal Fabiana León solicitó que se termine de digitalizar el expediente de los cuadernos para poder acceder a la totalidad de la causa. 

Mientras tanto, en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi un expediente paralelo a la causa de los cuadernos tiene a varios de los involucrados a la expectativa. En el caso, el juez ordenó por primera vez una pericia caligráfica oficial sobre tres de los ochos cuadernos que ratificó que estos fueron escritos por el ex chofer Oscar Centeno pero detectó ciertas alteraciones en el texto original realizadas “por otro escribiente” en los cuadernos 7 y 8.

Esta no es la “contracausa” de los cuadernos, afirmaron dos fuentes directas del expediente a cargo de Martínez de Giorgi ante la consulta de elDiarioAR. La pericia oficial fue realizada por expertos caligráficos de la Policía Federal Argentina (PFA) tras una denuncia del empresario Armando Losón, quien fuera el presidente del Grupo Albanesi, uno de los principales proveedores energéticos y constructores de gasoductos, hasta que fue detenido y procesado por el caso cuadernos, en agosto de 2018. Desde entonces, su defensa, a cargo del abogado Carlos Vela, sostiene que la mitad de los diez hechos que se le imputan en la causa que instruyó el juez Claudio Bonadio son “falsos”. Por eso, la pericia oficial sólo se centra en las menciones a Losón. 

Losón aún no ha sido enviado a juicio por los cuadernos, la Cámara Federal de Apelaciones porteña ordenó revisar su caso y actualmente su expediente continúa en primera instancia, a diferencia del resto de la megacausa de los cuadernos. En paralelo, además, Losón inició esta segunda causa penal en los tribunales de Comodoro Py, que recayó en el juzgado de Martínez De Giorgi y en la fiscalía de Gerardo Pollicita. 

El empresario sostiene que parte de los cuadernos tendrían datos adulterados sobre su persona a través de alteraciones a los escritos originales de Centeno. En este segundo expediente, Losón es querellante, también representado por el abogado Vela. 

La defensa del empresario contrató un equipo de peritos caligráficos privados para que analicen los ocho cuadernos de Centeno. Luego, presentó al juez Martínez de Giorgi los resultados de los tres cuadernos que implican a su cliente: el número 4, un espiralado de marca “America Nos”; el número 7, un Rivadavia tapa dura y cosido de color azul; y el número 8, un Gloria espiralado de colores naranja y azul. Son aquellos en los que hay menciones a encuentros y pagos del empresario al entonces funcionario Roberto Baratta.

La causa iniciada por Losón moviliza desde hace meses el tablero de Comodoro Py. El fiscal Carlos Stornelli aguarda un fallo de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones porteña: el fiscal de los cuadernos planteó al juez Julián Ercolini -quien subroga el juzgado de Bonadio- que le plantee al juez Martínez de Giorgi que debe inhibirse de la causa iniciada por la denuncia de Losón y enviarla al juzgado de la causa original de los cuadernos, donde Stornelli interviene como fiscal. Ercolini rechazó el planteó de Stornelli y el fiscal apeló a la Cámara Federal.

Los resultados de la pericia privada, que demandó un año, sobre los otros cinco cuadernos no han sido presentados ante la Justicia, confirmó una fuente del caso a elDiarioAR. Los resultados generaron expectativas en otros empresarios y exfuncionarios que deben afrontar el juicio por los cuadernos, y cuyas defensas, en algunos casos, ya solicitaron que se incorpore la pericia caligráfica de la Policía Federal al juicio oral y público.

Los jueces del Tribunal Oral Federal número 7, a cargo del caso cuadernos, ya están en condiciones de comenzar a evaluar los pedidos, informó una fuente judicial. El tribunal tiene, además, los originales en papel de seis de los ocho cuadernos, pero ni siquiera la fiscal Fabiana León habría podido acceder a ellos, explicó una fuente de la causa. Esos nunca fueron peritados. Los jueces deberán decidir si ordenan una pericia caligráfica.

La pericia

Cuando el juez Martínez de Giorgi ordenó a la Policía Federal que realizara una pericia caligráfica oficial, envió una serie de puntos de pericia, que marcan las pautas para el análisis que deben realizar los expertos y que sólo se circunscriben a las menciones a Losón y su empresa. 

Al no poder contar con los originales en papel, tras la negativa del tribunal número 7, los peritos oficiales debieron trabajar con las fotografías digitalizadas de los cuadernos originales.

El magistrado solicitó a los peritos que analicen si los textos de los cuadernos corresponden al mismo puño escritural -es decir si fueron escritos o no por Centeno-; si se distinguen adulteraciones o modificaciones sobre el original (y cómo serían); que expliquen los estilos de tinta e instrumentos escritores (lapiceras); si se detectan borrados, agregados y cómo se plasmaron esas correcciones, borrados, agregados; y con qué frecuencia se repiten a lo largo de los textos.

La querella está especialmente interesada en el estudio de las anotaciones de su representado, Losón. En los puntos de pericia solicitó que se determinara el contenido de las anotaciones originales en las que se enmendó la palabra “Armando” -en referencia al empresario- en dos fechas de 2013. También, que se analizaran las anotaciones de “Alem 855”, dirección de los encuentros entre el empresario y Baratta. Y si los agregados sobre el original pertenecen al mismo puño que el de quien escribió los originales y si corresponden a Oscar Centeno.

Para comparar los cuadernos analizados con la letra de Centeno, los peritos de la Federal se basaron en una carta redactada de puño y letra por el ex chofer de Baratta y presentada al juez Bonadio en 2018, que quedó archivada en su legajo como arrepentido en la causa madre de los cuadernos. 

Los peritos recibieron una copia digital de los cuadernos 4, 7 y 8, que para el juzgado debía tomarse como “prueba indubitable”, es decir, que son imágenes digitalizadas del cuaderno original sin alteraciones. 

Aún así, en la causa resta establecer si hay forma de probar quién habría adulterado los cuadernos. 

Qué dicen los trazos

Los peritos explicaron en el informe final que alterar los originales de un escrito implica “agregarle o quitarle palabras, cifras, etcétera, de modo que el documento exprese o atestigüe cosas distintas de las que expresaba o atestiguaba en su estado primitivo”. “Técnicamente -explicaron en el informe- consiste en modificar intencionalmente la apariencia o sentido de un documento auténtico mediante la adición, supresión o sustitución de signos o elementos”.

Los expertos de la Federal realizaron estudios cromatográficos, ópticos y lumínicos. Alejandro Matías Centofanti, comisario jefe a cargo de la División Scopometría de la Policía, declaró ante el juez Martínez de Giorgi que a través de la escritura puede determinarse la posición del escribiente, es decir el lugar de apoyo; y también el elemento escritor (la lapicera).

“Cuando uno escribe día a día, la escritura sufre ciertas modificaciones inherentes a distintas causales”, ya sea por la posición del espacio gráfico, del elemento que se utiliza para escribir, de la temperatura, el temperamento, el estado de ánimo, declaró Centofanti. En el cuaderno 4, sí se registra esa “diferencia de constancias diarias”, pero no así en los cuadernos 7 y 8, aseguró el experto. Por ejemplo, dijo, “el cuaderno 7, en su análisis, no revela estos cambios”; “surge como un relato estable y continuo”. 

Para establecer cuándo se habrían escrito los cuadernos 7 y 8, el perito declaró que necesita los originales en papel. En el cuaderno 7 -sostuvo el perito- “se evidencia en el trazado y correlato de la escritura que la misma se mantiene estable con las alternancias naturales”. Esto, agregó, “permite inferir una secuencia continua de escritura sin alternancia temporal, discrepante de la modalidad de registro que usualmente se lleva para un llenado de constancias diarias”. Es decir, que podría haberse escrito de corrido a pesar de que registra hechos ocurridos en diferentes fechas.

Aún así, ratificaron que fueron escritos por Centeno, a excepción de ciertas modificaciones sobre los originales: tachaduras, reescrituras y correcciones con líquido blanco.

El origen

La defensa de Losón, a cargo del abogado Carlos Vela, había solicitado la pericia caligráfica desde el primer momento en que su cliente quedó preso, en agosto de 2018, por orden del juez Claudio Bonadio. Un gerente de la empresa de Losón le dijo al abogado que en uno de los encuentros registrados por Centeno en sus cuadernos, el chofer de Baratta había apuntado un encuentro entre el funcionario y el empresario en una fecha en la que Losón se habría encontrado en Santiago del Estero. Entonces, Vela solicitó al juez de los cuadernos una pericia caligráfica y presentó el plan de vuelo de esa fecha para defender al empresario.

Losón terminó declarando como arrepentido pero admitió sólo pagos ilegales de aportes de campaña para el kirchnerismo por entre 2 y 3 millones de pesos, registrados en los cuadernos en fechas cercanas a distintas elecciones. La defensa del empresario sostiene que las cifras de los pagos no podrían ser sobornos para obtener contratos con el Estado porque serían sustancialmente menores con respecto al monto de los contratos que obtuvo la empresa de Losón durante esos años (alrededor de $5.000 millones).

Reconocer los pagos ilegales registrados en los cuadernos como aportes de campaña tiene consecuencias directamente beneficiosas para los imputados: buscan encuadrar los hechos en una irregular electoral (con escasas consecuencias judiciales) y lejos del delito penal de cohecho activo con penas de prisión (pago de sobornos a funcionarios públicos) con fines de defraudación a la administración pública (si los sobornos son para obtener contratos con el Estado). Este planteo también está pendiente en la Cámara Federal de Apelaciones y los camaristas de la Sala I deberán definirlo. 

Nota: este artículo se corrigió el sábado 19 de noviembre de 2022 por un error. Se corrigió “vicepresidente” por “vicepresidenta”.

ED 

El juez federal Julián Ercolini sobreseyó este lunes a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en una parte de la causa vinculada al caso Cuadernos que aún se investiga, con relación a dos episodios de supuestos pagos de sobornos, los cuales no se consideraron probados.

Se trata del presunto pago ilegal “realizado en el Hotel Feir's Park el día 29 de mayo de 2008” y de la supuesta “entrega de dinero que se habría efectuado el día 28 de abril de 2010, procedente de Pescarmona”, uno de los empresarios imputados en el expediente, surgidos de las anotaciones en los cuadernos de Oscar Centeno.

“A lo largo de la presente investigación no pudieron incorporarse elementos que permitan establecer la existencia de dichos pagos y/o la persona/s que lo habrían/n realizado”, sostuvo el magistrado en la resolución a la que hoy tuvo acceso la agencia Télam.

“Llegado el momento de resolver respecto de estos sucesos, adelanto que habré de adoptar un temperamento desincriminatorio de las personas imputadas, siendo que el fiscal interviniente no ha requerido su elevación a juicio ni propuesto medidas”, explicó el juez sobre la situación de Enrique Pescarmona y Francisco Valenti, cuyos hechos que los incriminan no los consideró probados. Por su parte, el fiscal Carlos Stornelli no pidió la elevación a juicio oral.

En cuanto al supuesto pago que se habría realizado el 29 de mayo de 2008, “no logró establecerse fehacientemente la persona que lo habría efectuado”, sostuvo Ercolini. La misma situación “se observa en el pago que se habría realizado el día 28 de mayo de 2015, respecto de la cual tampoco pudo establecerse la persona que lo habría realizado”, pese a que en las anotaciones de Centeno figuraba el empresario Valenti.

Sobre el pago a Pescarmona del 22 de abril de 2010, “la prueba incorporada no permitiría avanzar respecto de este acontecimiento con el grado de certeza requerido para esta etapa”, consignó el juez federal.

Por otra parte, en la misma resolución, Ercolini envió a juicio oral por otros hechos a los exfuncionarios Roberto Baratta y Nelson Javier Lazarte, así como a los empresarios Alberto Dragonetti, Alberto Taselli y Jorge Balán. El fiscal Stornelli consideró “parcialmente completa la instrucción del presente sumario respecto de los eventos detallados”, y fue él quien propuso la elevación a juicio oral.

A Baratta, ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del ex Ministerio de Planificación, le imputó ocho casos de supuesta “admisión de dádivas” y nueve de “cohecho pasivo”; a Lazarte, nueve de “cohecho pasivo”; en tanto a Dragonetti, Taselli y Balán entre uno y dos casos de “cohecho activo”.

Sin embargo, el magistrado sobreseyó en esta parte del caso también al exministro de Planificación Federal Julio De Vido, por uno de los supuestos hechos de dádiva que consideró no probados. La enrevesada redacción del fallo impide establecer la falta de concordancia de número entre quien supuestamente recibió los sobornos y quienes presuntamente los pagaron.

En este último fin de semana, se conoció una pericia en otra causa penal que investiga supuestas alteraciones a las escrituras del exchofer Centeno, que confirmó que dos de los cuadernos tienen tachaduras, enmiendas y agregados que no se corresponderían con su letra. Se trata de una denuncia hecha por el empresario Armando Losón, otro imputado en el caso.

El expediente central del caso cuadernos ya fue enviado a juicio oral ante el Tribunal Oral Federal 7.

LC con información de agencias

El presidente Alberto Fernández le contestó a través de una carta pública al procurador general de la Nación, Eduardo Casal, quien le envió una misiva el pasado jueves “a fin de poner en su conocimiento la profunda preocupación que desde el punto de vista institucional han provocado sus expresiones en el programa A Dos Voces, emitido por la señal TN en la noche de ayer, acerca de la actuación del doctor Diego Luciani, Fiscal General”.

En la carta que tuvo acceso elDiarioAR, el Presidente señala que sus declaraciones sobre una “persecusión judicial y mediática” contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner “pueden ser interpretadas en el sentido de querer condicionar el accionar de un funcionario y ello queda claro toda vez que fueron vertidas cuando el Fiscal de la causa ya había finalizado su alegato en el proceso”. Sin embargo, remata: “No obstante, es oportuno señalar que el Poder Judicial y sus magistrados y funcionarios no están ni podrán estar exentos de críticas y opiniones de una sociedad democrática”.

Fernández toma el ejemplo de Brasil, “donde el dirigente político Inácio Lula da Silva fue condenado y encarcelado injustamente, y por lo tanto proscripto para participar en las elecciones presidenciales”. Este caso lo lleva a mencionar que “tal como concluyó el Supremo Tribunal Federal de Brasil y el Comité de Derechos Humanos de la ONU, fue en verdad una persecusión judicial, mediática y política que tuvo como finalidad impedir que Lula fuera candidato a presidente y condujera los destinos del país por el voto popular.”

El proceso penal que había encarcelado a Lula fue declarado nulo, pero para ese entonces las elecciones ya habían ocurrido con uno de los principales candidatos en prisión y sin posibilidad de participar de la contienda electoral.

Alberto Fernández — Presidente de la Nación Argentina

El Presidente se defendió diciendo “me he expresado en el marco de la libertad de expresión garantizado en la Constitución Nacional y sin infringir los límites establecidos en el artículo 109”, resaltando que “resulta de suma importancia que las opiniones que alertan sobre los peligros que pueden acechar a las democracias sean formuladas a tiempo y en forma pública porque el Estado de derecho no exime de críticas a los miembros del Poder Judicial”. “Incluido el Presidente de la Nación puede dar voz de alerta cuando observa que algún magistrado o funcionario se desvía de su obligación constitucional”, añadió.

A las palabras del Procurador, quien dijo que las expresiones de Fernández representan “un menoscabo a la independencia y autonomía de este Ministerio Público Fiscal”, el mandatario contestó: “Lejos de importar un 'menoscabo' a la independencia y a la autonomía, o una injerencia indebida en el proceso, mis declaraciones constituyen una expresión de lo que se observa en gran parte de la ciudadanía: que, a la hora de actuar, muchos magistrados y funcionarios de la justicia federal prestan más atención a determinados intereses fácticos y/o políticos que a las normas vigentes”, en una clara referencia a los fiscales Sergio Mola y Diego Luciani, a quienes apuntó también el miércoles pasado en el programa A Dos Voces.

En esta línea, Fernández acusa al Procurador, quien “expresa su preocupación por una supuesta injerencia por parte del Presidente de la Nación en un proceso penal, pero no ha preocupado, ni visto injerencia alguna cuando el ex Presidente Mauricio Macri, estando en ejercicio del cargo, recibió al imputado Luis Chocobar en la Casa Rosada y, mientras transcurría el juicio en el que este terminó condenado, publicó en su cuenta de Twitter que 'lo acompañamos y que confiamos en que la justicia en otra instancia lo liberará de todo cargo, reconociendo su valentía'.”

Alberto Fernández continúa su carta remarcando “un pedido expreso de destitución de un juez que recién comenzaba una importante investigación sobre graves acciones de espionaje ilegal”, haciendo alusión al ex Presidente Macri, quien “directamente instruyera a su Ministro de Justicia para que iniciara un juicio político al juez Alejo Ramos Padilla”. Para Fernández, esto “tampoco llamó la atención del Sr. Procurador” Eduardo Casal.

Además, el mandatario le recordó a Casal que “fue convocado por el Congreso Nacional por su complacencia con un fiscal que le permitió mantenerse en rebeldía por casi nueve meses y que luego resultó procesado en varias instancias”, referenciando pero sin mencionar al fiscal Carlos Stornelli, imputado en la causa por presunta asociación ilícita y extorsión a cargo del juez federal interino de Dolores, Martín Bava. Sí menciona a “el rol que tuvo el prófugo ”Pepín“ Rodríguez Simón y otros ex funcionarios en la llamada 'Mesa Judicial'”.

Teniendo en cuenta esto, Fernández dice que “el celo que muestra en su carta el Sr. Procurador Adjunto respecto del cuidado de los procesos penales hubiera sido importante, para la salud democrática de nuestro país, que se plasmara también en impulsar investigaciones transparentes”. Destaca “esta doble vara para medir hechos institucionales y esta sistemática asimetría en las posturas adoptadas por parte de algunos importantes magistrados y funcionarios de la Justicia Federal e incluso del Sr. Procurador Adjunto frente a los distintos actores políticos”.

El Presidente de la Nación concluyó su carta al Procurador General diciendo: “La democracia se nutre y se fortalece con las opiniones críticas, las que deben ser defendidas aún en fuerte disidencia. Nadie exige que se compartan esas opiniones, pero sí que puedan expresarse con libertad. Esta situación permitirá que no repitamos experiencias tan dolorosas como la que vivió el querido pueblo brasileño y que, en cambio, podamos vivir en libertad en el marco de una democracia fuerte y sana.”-

LC