Fue uno de los argumentos centrales del oficialismo y de la defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola habían sostenido la frase de la discordia: la entonces presidenta “no podía no saber” que en su gobierno los funcionarios que manejaban la adjudicación de la obra pública estaban supuestamente incumpliendo leyes y reglamentos oficiales para favorecer al empresario Lázaro Báez.

En los fundamentos de la sentencia contra la vicepresidenta a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu sostuvieron que Fernández de Kirchner es penalmente responsable de una defraudación a la administración pública, a pesar de no haber sido la funcionaria que adjudicó las 51 obras viales cuestionadas durante el juicio por el caso Vialidad.

Los abogados de Fernández de Kirchner, encabezados por Carlos Alberto Beraldi, sostienen dos cosas: que no existieron irregularidades ni delitos en la adjudicación de la obra pública durante los gobiernos de la expresidenta y que, en último caso, si hubiera sospechas de que así fuera, la exmandataria no puede ser penada por hechos en los que no participó, ya que las obras se licitaron en el área de Vialidad y la secretaría de Obras Públicas. 

De hecho, los jueces del Tribunal Oral Federal número 2 absolvieron al ex ministro de Planificación, Julio De Vido, superior directo del entonces secretario de Obras Públicas, José López, pero condenaron a López y a Fernández de Kirchner.

“No podía no saber” fue la frase más criticada por las defensas públicas de sus abogados y aliados políticos desde que la pronunciaron los fiscales durante su alegato en agosto último.

Sin embargo, los jueces ratificaron su significado y sentido en los fundamentos de la sentencia que se dieron a conocer este jueves al resaltar una “realidad” que definieron como “curiosa e igualmente innegable: por qué ninguna de las alertas activadas durante el período en cuestión (2007-2015), relativas a la ‘corrupción en la obra pública en Santa Cruz’, logró inquietar a la imputada -en referencia a la vicepresidenta- para, como mínimo, esperar alguna acción interruptiva del iter criminis de su parte”.

La defensa de la vicepresidenta sostiene que esas “alertas” no tenían peso porque no existieron irregularidades o ilegalidades en la adjudicación de la obra pública y porque argumentan que los negocios entre los Kirchner y Báez eran “legales”.

Sin embargo, los jueces del tribunal enumeraron algunas de ellas: “la denuncia sobre cartelización en la obra pública efectuada por el ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, en el año 2005 ante el auditorio de la Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción (por cuanto fue anterior a los dos mandatos presidenciales correspondientes a la imputada)”, ya que el hecho sucedió cuando era senadora y primera dama y gobernaba Néstor Kirchner. Luego, existieron, según el tribunal, otros “múltiples avisos dando cuenta de lo que sucedía en Santa Cruz, precisamente, con relación a las maniobras aquí investigadas”.

“Entre ellos, vale destacar la denuncia formulada por un grupo de diputados del espacio CC-ARI, del 12 de noviembre de 2008”; “el informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) aprobado por Resolución número 33/2010, elaborado a partir del examen realizado por ese órgano de control en el ámbito de la Dirección Nacional de Vialidad”; y “la nota publicada en el diario La Nación el día 28 de abril de 2013, que indicaba que el ex gobernador de Santa Cruz, Sergio Acevedo, ‘advirtió que la Casa Rosada le pidió que firmara un anticipo del 30 por ciento sobre el costo total de las obras para las empresas allegadas al gobierno”. También, un informe de la AGN de 2013 sobre irregularidades en la adjudicación de las obras.

“A la luz de los hechos develados se explica por qué, pese a las alertas judiciales, administrativas y mediáticas, la ex Presidenta no tomó ni una sola medida en dirección a dilucidar aquello que se denunciaba con tanta insistencia. Hoy podemos observar que ello habría implicado investigarse a sí misma o a sus secuaces”, aseguraron los jueces.

“Incluso para peor, sobre finales de su primer mandato, Cristina Fernández fue más allá y mediante el Decreto número 299, de fecha 10 de marzo de 2011, designó en el cargo de sub-administrador general de la Dirección Nacional de Vialidad nada más y nada menos que al Ingeniero Carlos Joaquín Alonso, hombre del riñón del Grupo Austral, persona de confianza de Lázaro Báez y actor relevante en el cese ejecutivo de la maniobra”, afirmaron los magistrados. 

Judiciable o político

Los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner se caracterizaron por lo que Carlos Zannini, actual procurador del Tesoro Nacional y ex secretario de Legal y Técnica de ambos exmandatarios, explicó cuando declaró como testigo en el juicio oral y público. Destinar fondos nacionales a la expansión de la red vial de la provincia de Santa Cruz fue una política de Estado para el matrimonio que vino, dijo el funcionario, a remediar décadas de olvido y desinversión en dicho territorio.

Entonces, dicha decisión no puede entenderse judicialmente sino políticamente, sostuvo Zannini, entre otros testigos que declararon en el juicio a favor de los imputados. Sin embargo, el tribunal argumentó que cuando los hechos del caso se analizan como una “película completa” y no se aíslan unos de otros “podemos observar perfectamente cómo la decisión de implementar una gestión de desarrollo vial especialmente centrada en la provincia de Santa Cruz, política pública del gobierno nacional de la ex Presidenta que a nuestro modo de ver integra a priori la categoría de cuestiones políticas no judiciales, frente a los hallazgos del juicio, toma otro cariz”.

“La política pública que su gobierno pregonaba presagiando un beneficio sin precedentes para la extensa provincia patagónica, en verdad escondía, cual caballo de Troya, al presupuesto indispensable para el desarrollo exitoso de la empresa criminal y sus múltiples aristas”, afirmaron los jueces.

Hotesur y Los Sauces

La “película completa” incluye un segundo capítulo que no fue juzgado en este juicio pero sí contemplado por los jueces: Fernández de Kirchner garantizó el beneficio de “las empresas comandadas por el sujeto con quien la propia ex presidenta y su familia realizaban negocios inmobiliarios y hoteleros mientras, en forma simultánea, se ejecutaba la maniobra de defraudación en perjuicio de los fondos públicos nacionales destinados a dichas obras públicas”.

“Los beneficios indebidamente obtenidos por el empresario a raíz de la maniobra defraudatoria tenían como destino final, en parte, las empresas familiares de la ex Presidenta”, en referencia a las contrataciones realizadas en paralelo a la adjudicación de las licitaciones entre el empresario Báez y dos empresas privadas de la familia Kirchner: Hotesur (hoteles) y Los Sauces (inmobiliaria).

El “interés personal sobre el plan criminal de parte de Cristina Fernández de Kirchner” quedó “evidenciado”, dicen los jueces, “en la participación de la nombrada en el producto del delito a través de múltiples operaciones comerciales con el empresario detrás de las sociedades ilegalmente beneficiadas (incluso en forma paralela y concomitante a la adjudicación de las obras licitadas y ejecutadas en perjuicio de la DNV)”.

Socios

Los jueces afirmaron que existió una “maniobra ilícita inicial” en la adjudicación de las 51 obras a Báez de manera irregular, garantizando el flujo de fondos “de manera discrecional” mediante un decreto de Fernández de Kirchner de 2009 y sin control en la ejecución de las obras. 

La “ultrafinalidad” de la entonces presidenta en esa “maniobra ilícita ilegal” era beneficiar primero a Báez y luego a sí misma, según los magistrados, “sin margen a segundas interpretaciones”. “Los beneficios indebidamente obtenidos por el empresario a raíz de la maniobra defraudatoria tenían como destino final, en parte, las empresas familiares de la ex Presidenta”, en las que Fernández de Kirchner participaba “en forma personal, a través de sociedades en las que era accionista o a consecuencia de negocios heredados de su difunto esposo”.

“Este esquema de corrupción en la primera línea del Estado, producto de la codicia por el beneficio personal, proyectó sus aciagos efectos sobre las contrataciones públicas realizadas en materia vial en la provincia de Santa Cruz, sobrepasando todo límite ético para constituir, lisa y llanamente, una infracción penal”, concluyeron en uno de los párrafos más duros entre las 1.616 páginas del fallo.

Los fundamentos completos

ED

El Gobierno amplió la recusación contra los integrantes de la Corte Suprema en la causa por los fondos para la Ciudad y les pidió a los jueces que se excusen de seguir interviniendo en la acción de amparo, expediente en el que a fines de 2022 dictaron una medida cautelar en sintonía con el reclamo de la administración porteña.

La Procuración del Tesoro, que encabeza Carlos Zannini, invocó como razón para pedir el apartamiento de los jueces, la filtración de chats entre el ministro de Justicia y Seguridad porteño (en uso de licencia) Marcelo D’alessandro y Silvio Robles, secretario del presidente de la Corte, Horacio Rosatti.

Este jueves volverá a reunirse la comisión de político político de Diputados que trata el proceso contra los miembros de la Corte. En la reunión se escuchará a los responsables de los proyectos de enjuiciamiento, entre ellos diputados, miembros de la Asociación Argentina de Juristas, la Asociación Civil Exigir y cuatro particulares. 

El Gobierno ya había recusado a Rosatti en agosto del año pasado por la supuesta relación de Robles y D’Alessandro, y a fines de 2022 pidió el apartamiento de todos los jueces porque al resolver la cautelar pronunciaron sobre el fondo de la cuestión, anticipando su opinión definitiva sobre el pleito.

“Si bien están configuradas circunstancias que justifican sobradamente la recusación aquí articulada, solicito que los señores jueces integrantes del Tribunal se excusen de intervenir de aquí en más en el trámite de estos actuados, por razones de decoro y/o delicadeza vinculadas con el ejercicio de la función jurisdiccional”, sostiene el escrito firmado por Zannini, de más de 30 páginas.

El documento reconoce que “el ejercicio de la facultad de excusación por los magistrados de la Corte, exista o no causa legal de recusación, es privativa de los señores jueces y ajena a la actividad procesal de las partes”.

Pero en ese contexto aludió a la “aparición de mensajes presuntamente intercambiados con el señor Silvio Robles; es decir, el mismo funcionario de la Vocalía del doctor Rosatti cuya conducta motivó la anterior recusación formulada en autos por la representación estatal”, con D´Alessandro.

“Escapa a esta representación estatal cualquier apreciación acerca del origen de esos chats, sobre quién y en qué circunstancias los obtuvo, y respecto de su valor probatorio en relación con la presunta comisión de ilícitos de naturaleza penal”, se atajó el escrito.

Pero resaltó: “Lo que sí cabe señalar aquí es que esas comunicaciones que involucran de manera directa a los señores D´Alessandro y Robles tomaron estado público; dieron origen a denuncias de carácter penal ante la Justicia Federal”.

“Resulta claro que se ha configurado un nuevo escenario en cuyo marco están dadas, sobradamente, las condiciones para que el señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se aparte de este proceso”, reclamó la Procuración del Tesoro.

“Las circunstancias de hecho aquí reseñadas, que involucran a los señores Robles y D´Alessandro, vienen a corroborar que tenía un sólido asidero aquella presentación efectuada por el Estado Nacional en fecha 27 de agosto de 2022”, resumió el documento.

Con información de NA

“Resulta pertinente que el presente recurso sea resuelto por el Alto Tribunal con una integración diferente de la que tuvo al emitir el fallo aquí impugnado”. En una línea de uno de los dos largos escritos que presentó el Estado nacional este martes ante la Corte Suprema, se sintetiza la disputa política con el máximo tribunal: el gobierno reclama, por considerar que el fallo es gravoso y hay animadversión de los cortesanos, que “otra” corte revise el fallo emitido hace una semana y que obliga a aumentar en 183 mil millones de pesos anuales los fondos que se giran al gobierno porteño.

Aunque hay un texto específico que recusa a los cuatro integrantes de la Corte, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, en la presentación de revocatoria del fallo insiste con la idea de que deben ser otros jueces los que analicen el fallo del 21 de diciembre. Los dos escritos están firmados por Carlos Zannini, en su condición de Procurador del Tesoro Nacional, uno de los actores que figuran en el expediente de la causa CABA. El otro es el Ministerio de Economía.

En una presentación de 49 páginas, Zannini plantea la revocatoria “in extremis” pero, además, plantea que hasta tanto se desactive la medida cautelar que hizo lugar a parte de la demanda que hizo Horacio Rodríguez Larreta, se suspenda el pago -o la transferencia- de esos fondos extras. El lunes, como contó elDiarioAR, el Gobierno buscó un atajo: dijo que era obligatorio cumplir con las medidas judiciales pero utilizó un formato de “pago”, a través de un bono con vencimiento en el 2031, que no tiene mercado secundario y que cotiza al 51%, lo que fue rechazado por Larreta.

La revocatoria, una figura poco usual, es el centro de una de las presentaciones que firma Zannini y que pide, en la misma acción que “el recurso sea formalmente admitido, con efectos suspensivos” y “sea debidamente sustanciado” y “con lo cual corresponderá dejar sin efecto la medida ”cautelar“ adoptada.

“Cuando la medida cautelar se confunde con la cuestión de fondo a resolver, se incurre en un prejuzgamiento –como aconteció en la sentencia aquí impugnada-, pues se concedió una medida precautoria cuyo objeto coincide sustancialmente con la cuestión de fondo”, plantea el texto del Estado nacional.

Este argumento, que está presente en la revocatoria, aparece además en el escrito que recusa a los cuatro integrantes del máximo tribunal. “Al adoptar la medida cautelar que nos ocupa, V.E. adelantó su criterio con relación a varios aspectos de la controversia, que son cruciales para la definición del fondo de la cuestión debatida en autos. Tal circunstancia, como se verá seguidamente, justifica que los señores magistrados de este Excmo. Tribunal que suscriben la sentencia del 21 de diciembre del año en curso se aparten de la causa”, dice en sus fundamentos Zannini en el pedido de recusación a los cuatro integrantes de la Corte, un texto que se extiende durante 18 páginas.

Las presentaciones de Zannini, que siguen las indicaciones del presidente Alberto Fernández, parecen condenadas a estar por un tiempo en una especie de limbo porque la Corte decidió, hasta acá, que no retomará la causa CABA hasta luego de la feria de verano. El acuerdo del 21 de diciembre fue el último del año y no tiene, según fuentes del tribunal, intención de convocar a un acuerdo especial para tratar el tema.

En paralelo, la recusación de los integrantes de la Corte lo resuelve la propia Corte. En la misma acción, donde deciden sobre sí mismos, pueden rechazar la revocatoria que cuestiona el fallo.

Otro de los planteos del Gobierno es que la Corte se extralimitó y, además de anticipar opinión, dispuso un porcentaje de fondos -el 2,95%- sin precisar a qué responde, ni cómo llegó a ese número. “Tal lo que acontece con la fijación de un porcentaje de la masa de fondos coparticipables prevista en el artículo 2° de la Ley N° 23.548, como porcentual que ”cautelarmente“ deberá ser transferido a la CABA (el 2,95%). Más allá de que ese porcentual no aparece justificado en modo alguno en los fundamentos del fallo (allí radica una de las razones de la arbitrariedad en la que incurre), lo cierto es que la adopción de ese método de compensación a la CABA -calculado como porcentual de la coparticipación-, cualquiera hubiera sido el porcentaje adoptado, importa ya de por sí una definición sobre uno de los aspectos centrales debatidos”, puntualiza el texto.

PI

El juez federal Pablo Cayssials declaró la nulidad de dos decisiones del gobierno de Mauricio Macri que habían impedido que avanzara una investigación interna sobre el caso Correo Argentino SA, según el fallo al que accedió elDiarioAR. El magistrado del fuero Contencioso Administrativo falló así a favor de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo del fiscal general Sergio Rodríguez, que había demandado a Presidencia de la Nación y a la Procuración del Tesoro de la Nación en 2018, cuando la entonces vicepresidenta Gabriela Michetti y el procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, decidieron cerrar de forma definitiva un sumario administrativo sobre el caso, alegando inexistencia de irregularidades.

Como consecuencia del fallo, el actual procurador del Tesoro, Carlos Zannini, debe decidir si apela la decisión judicial o la acepta -esta última postura sería la esperable-. Si acepta el fallo, Zannini quedaría a cargo de reabrir la investigación interna contra el exministro de Comunicaciones, Oscar Aguad; si segundo, Juan Manuel Mocoroa; y aquellos exfuncionarios que considere que hayan tomado decisiones en el caso Correo. 

Para el gobierno de Alberto Fernández, este fallo también abre una puerta. Hasta el momento, Macri sólo ha sido procesado en la causa por supuesto espionaje ilegal a familiares del submarino Ara San Juan y el frente penal por Correo sigue abierto. La conclusión de los investigadores internos del Tesoro sobre cómo el gobierno de Macri actuó en el caso Correo deberá ser presentada ante el juez federal Ariel Lijo. El expresidente está imputado en la causa penal pero nunca fue citado. Aguad y Mocoroa fueron indagados pero  Lijo debe decidir su situación procesal.

“Son actos nulos”, dijo el juez Cayssials sobre las decisiones de Michetti y Saravia Frías, más de dos años después de aquellos actos. El magistrado analizó el expediente en donde quedó registrada la investigación interna y las decisiones de los involucrados y concluyó que “se le cercenó el derecho” de producir prueba al organismo que actuaba en el sumario como parte acusadora, es decir, a la PIA. Este había sido el principal argumento de la procuraduría en su demanda. Por ende, concluyó el juez, no se cumplió con la ley y la investigación se cerró sin analizar las pruebas sobre el presunto accionar irregular de los entonces funcionarios.

El caso

En junio de 2016, el gobierno de Macri y la empresa de su familia acordaron la quita del 98,87% de la deuda de la compañía con el Estado, que inicialmente, en 2001, equivalía a 300 millones de pesos/dólares. La fiscal general Gabriela Boquín se opuso a ese pre-acuerdo a finales de 2016 al considerarlo “abusivo” para las arcas estatales.

Como consecuencia, Macri, los funcionarios y ejecutivos que habían participado de la negociación fueron denunciados penalmente. La causa aún continúa abierta en el juzgado federal número 4, a cargo del juez Lijo. 

En paralelo a la causa penal, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) presentó una denuncia interna en la Administración Pública Nacional para determinar si los funcionarios que promovieron dicho pre-acuerdo con Correo habían cometido irregularidades y conflictos de intereses. El primer procurador del Tesoro de Cambiemos, Carlos Balbín, inició el sumario interno para investigar los hechos. 

Meses más tarde, Balbín ya no estaba en el cargo. En septiembre de 2017, su sucesor, Saravia Frías, recibió las conclusiones de la investigación interna y decidió cerrar el sumario, concluyendo que no se habían detectado irregularidades o conflictos de intereses en el accionar de los funcionarios que negociaron y acordaron la quita de la deuda con Correo.

La PIA se opuso y tras la ratificación del Tesoro en 2018, el fiscal Rodríguez solicitó a la Presidencia que reevaluara el cierre de la investigación. Como Macri se había excusado luego del escándalo por el caso de participar en cuestiones relacionadas con la empresa Correo, fue Michetti la encargada de evaluar el pedido de la PIA y tomar una decisión sobre el sumario. La entonces vicepresidenta volvió a ratificar que debía ser cerrado.

Antes de que finalizara el gobierno de Cambiemos, Saravia Frías presentó la versión de su organismo ante la Justicia, el 20 de noviembre de 2019. Pidió rechazar la demanda de la PIA y sostuvo que “el sumario respetó los principios rectores del régimen disciplinario y que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas ejerció plenamente todas sus competencias y facultades, participando en carácter de parte acusadora, colaborando con el instructor sumariante y presentando pruebas”.

ED

La fiscal general Gabriela Boquin solicitó a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial que confirme la quiebra de Correo Argentino SA, la compañía residual de la familia del expresidente Mauricio Macri, de acuerdo con el dictamen al que accedió elDiarioAR. El caso tiene dos escenarios posibles a partir de la decisión de la fiscal. La situación de Correo podría implicar la extensión de la quiebra al holding familiar y a los accionistas de Socma y Sideco para pagar las deudas en su totalidad.

La principal empresa de la familia del exmandatario, Socma, es la accionista central de Correo (en otra época, ese lugar era ocupado por Sideco, controlada a su vez por Socma), según surge de los documentos contables presentados por ambas compañías ante la Inspección General de Justicia (IGJ). Los hijos del expresidente Macri no son accionistas de Socma (y por lo tanto no tienen participación indirecta en Correo) desde hace más de cuatro años, cuando cedieron sus acciones a su tío Gianfranco Macri, según corroboró este medio con la compañía.

Además, de Gianfranco, quien actualmente es el accionista mayoritario, con el 40% de las acciones de Socma, son accionistas de la empresa Florencia Macri (20%), Mariano Macri (20%) y los hermanos Rodrigo y Franco Valladares Macri (con el 10% cada uno), hijos de Sandra Macri, quien falleció en junio de 2014.

Dos escenarios inmediatos

El dictamen de Boquin fue presentado el 13 de diciembre último, pero no había trascendido. Desde entonces, las camaristas Matilde Ballerini y María Gómez Alonso de Díaz Cordero, integrantes de la Sala B de la Cámara Comercial, deben tomar una decisión en el expediente.

El dictámen de Boquin tiene dos planteos centrales en función de esos dos escenarios posibles. En primer lugar, la fiscal solicitó que las camaristas declaren mal concedido el recurso de apelación de Correo, es decir, que le denieguen a la compañía el derecho a apelar por no cumplir con los requisitos impuestos por la ley para hacerlo. Si las camaristas así lo decidieran, la quiebra debería quedar ya confirmada. 

¿Por qué Correo no puede apelar? Días después de decretar la quiebra, la jueza Cirulli suspendió su propia decisión y le concedió a la empresa la posibilidad de acudir ante la Cámara Comercial. Boquin destacó en su dictamen que “la ley concursal no prevé la posibilidad de apelar” en los casos en los que la deudora haya estado en proceso de salvataje y no haya logrado las mayorías legales entre los acreedores para cerrar un acuerdo y pagar sus deudas, tal cual fue la situación de Correo. Esto mismo fue planteado en el expediente por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), una de las acreedoras de la empresa de los Macri, que se quejó por la decisión de la jueza Cirulli de permitir la apelación.

Un segundo escenario es que las juezas acepten la apelación de la empresa y analicen la cuestión de fondo: si confirman o no la quiebra ordenada por la jueza Cirulli en julio último. En caso de que las juezas de la Sala B consideren bien concedida la apelación, la fiscal también planteó que se confirme la quiebra de la compañía de los Macri, ya que, sostuvo, no consiguió las mayorías exigidas por la ley, empezando por la del Estado nacional, que, representado por el procurador del Tesoro, Carlos Zannini, rechazó la propuesta.

La fiscal también afirmó que la mayoría de las conformidades de acreedores que Correo sí consiguió son anteriores a 2007 y no pueden validarse porque la ley exige que las conformidades deben ser posteriores a la última oferta de Correo para saldar sus deudas -que data de marzo de 2021-; y, además, esa mayoría de acreedores a favor de firmar un acuerdo fue conseguida “en fraude a la ley”, aseguró Boquin.

Antecedentes y críticas

Correo se presentó en concurso preventivo el 19 de septiembre de 2001. La deuda original entonces equivalía a unos 300 millones de pesos/dólares de la convertibilidad. El cálculo de los intereses, 20 años después, es una de las claves en la disputa legal. El Estado nacional es uno de sus acreedores porque le reclama cánones adeudados durante años por la concesión del servicio postal. En 2003, Néstor Kirchner ordenó la estatización de la compañía.

“A lo largo de estos veinte años la deudora ha ofrecido al Estado nacional once propuestas de pago, demostrando haber tenido más oportunidades que ningún deudor por mí conocido”, afirmó Boquin en el dictamen. La fiscal resaltó que esa extensión en el tiempo fue en gran parte responsabilidad de Correo y que la dilación del proceso la tuvo como única beneficiaria. La compañía culpa al Estado y a la Justicia. “La concursada contribuyó en la extraordinaria y atípica tramitación de estos actuados y a la extensión en el tiempo del expediente”, dijo Boquin.

“Correo Argentino SA ha realizado durante el trámite de su concurso actos en fraude a la ley que impiden al juez homologar la propuesta” presentada en marzo de 2021, continuó Boquin. “Ocultó información respecto de su verdadera situación patrimonial y realizó actos prohibidos o sin autorización judicial, todo ello en perjuicio evidente de los acreedores, con total indiferencia por las normas concursales y eludiendo el control” del juzgado, agregó.

Entre los “actos prohibidos”, Boquin incluyó el “progresivo vaciamiento de su patrimonio, en beneficio -en gran medida- de sus controlantes y/o terceros y en evidente perjuicio de los acreedores”, además de posibles “maniobras de lavado de activos y de trasvasamiento, las que deberán ser objeto de investigación en primera instancia y ante los juzgados penales que correspondan”. 

La fiscal viene sosteniendo denuncias contra Correo desde finales de 2016, cuando intervino en el expediente por primera vez. En su primer dictamen, se opuso al pre-acuerdo firmado entre la compañía y el gobierno de Macri, sosteniendo que implicaba una quita del 98,87% de la deuda y era “abusivo” y “perjudicial” para el Estado. Se basó en un informe de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) del Ministerio Público Fiscal.

En 2021, un informe técnico de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO) -que depende de la Corte Suprema- confirmó en la causa penal contra Macri que en dicho pre-acuerdo, “en todas las alternativas y escenarios presentados, el porcentaje de quita estimado supera el 92%” de la deuda, sostuvo el dictamen.

Correo sostuvo en uno de sus últimos planteos que Socma tiene solvencia de sobra y que “se hará cargo de afrontar el pago” de sus deudas. “A pesar de dicha afirmación -afirmó la fiscal-, ni se ha incluido dicho compromiso en el texto de las propuestas ni en el expediente, ni surge de autos el modo en que Socma habría justificado su solvencia” para cumplir con los acreedores de Correo. 

A lo largo de estos veinte años la deudora ha ofrecido al Estado nacional once propuestas de pago, demostrando haber tenido más oportunidades que ningún deudor por mí conocido.

Gabriela Boquin — Fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial.

“Fraude a los acreedores”

Correo necesitaba conseguir el aval de una mayoría de acreedores fijada por la ley. Si lo hacía, podía acordar con ellos el pago de sus deudas, imponer al resto su propuesta y evitar la quiebra. Pero la legislación establece condiciones. Una de ellas es que sean apoyos o conformidades legítimas. Boquin planteó que unas 360 conformidades “habían sido otorgadas por apoderados y/o por cesionarios vinculados a tres estudios de abogados que se encontraban vinculados con la concursada y al menos dos de ellos poseían miembros de su estudio en el directorio de Correo Argentino SA”, entre ellos, el estudio que integró el diputado de Cambiemos Pablo Tonelli. Es decir que, según la fiscalía, abogados vinculados a la empresa de los Macri compraron las deudas de unos 360 acreedores para manejar las mayoría en el concurso, forzar al resto de los acreedores a firmar un acuerdo y evitar la quiebra, en detrimento de los intereses de los acreedores reales, entre ellos, el Estado, según la investigación que Boquín replicó en el último dictamen.

Correo sostiene que las denuncias de manipulación de las mayorías no fueron probadas y que, con los apoyos a su última oferta de marzo de 2021, ha cumplido con las exigencias de la ley para concretar el salvataje y evitar la quiebra. Sin embargo, la fiscal sostuvo que la última oferta de la compañía a los acreedores (existieron once propuestas entre 2003 y 2021) “diciendo que ofrece el pago del ‘100%’ del crédito verificado en favor del Estado nacional” sería “muy inferior a la ofrecida en la novena y décima” ofertas, realizadas en 2018 y 2019, y las cuales ni siquiera fueron aceptadas por el entonces Procurador del Tesoro de la Nación de la gestión de Macri, Bernardo Saravia Frías. El cálculo se basa en los tipos de tasa de interés, plazos de pago y otras cuestiones técnicas que explicó en el dictamen.

Ocultó información respecto de su verdadera situación patrimonial y realizó actos prohibidos o sin autorización judicial.

Gabriela Boquin — Fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial.

El banco salvador

Boquin también destacó que el salvataje de la compañía de los Macri fracasó por los “acuerdos espurios con el Meinl Bank” (ahora Anglo Austrian). Esta banca de Austria era un apoyo central para la familia del expresidente en el caso y un acreedor clave para evitar la quiebra, incluso más que el Estado nacional. En 2021, elDiarioAR publicó documentos y testimonios que demostraban que la entidad quebró en febrero de ese año y que la Justicia no podía incluirlo en el salvataje, según establece la ley.

El Meinl Bank, una entidad multada en Austria, investigado en Estados Unidos y sancionada en Europa por sus vínculos con el lavado de dinero y la corrupción, acumulaba el 38% de la deuda de Correo y su voto era central para determinar si la compañía de la familia Macri se salvaba o iba a la quiebra.

El 25 de febrero de 2021, el Tribunal de Comercio de Viena ordenó el cierre del banco, según publicó el sitio oficial de edictos judiciales de Austria. Correo había asegurado a este medio que el apoyo del banco estaba garantizado porque apoyó una oferta previa de la compañía en 2007. “Si el Meinl quebró, el poder (que le otorgó el banco a su representante para apoyar la propuesta de 2007) ya no es válido”, dijo el exapoderado del banco austríaco ante la consulta de elDiarioAR. Lo mismo determinó la jueza Cirulli y ratificó Boquin en este último dictamen.

Correo no remedió esta situación y pidió a la Justicia que avale un acuerdo que por ley estaba caído desde hacía más de diez años, pero que además se hacía imposible de ratificar porque el Meinl Bank ya no estaba en poder de sus representantes de 2007 sino a cargo de un liquidador impuesto por la corte en Viena.

Boquin sostuvo que el Meinl Bank cumplió un rol sospechoso en el concurso de acreedores de Correo desde 2005, cuando decidió convertirse en acreedor comprando deudas a dos organismos de crédito y luego actuando en detrimento de sus intereses y a favor de la familia del expresidente Macri. A esta sospecha, se suma la información que surge de una auditoría realizada en diciembre de 2014 por PricewaterhouseCoopers a pedido de las autoridades bancarias en Austria, según publicó La Nación. El informe dedica un capítulo a Socma y sostiene que Franco Macri habría estado detrás de su principal acreedor a través de una maniobra offshore, algo prohibido en la Ley de Concursos y Quiebras. “Existe una sospecha de blanqueo de capital”, sostiene la auditoría de Austria.

Lo que intenta la deudora es introducir la cuestión, tardíamente, para busca demorar aún más el proceso y buscar que un tribunal que considera más ‘amigable’ a sus intereses entre por la ventana a través de lo que la doctrina denomina fórum shopping

Gabriela Boquin — Fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial.

La caja de Correo

Correo siempre ha negado las acusaciones de supuesto vaciamiento. Los movimientos de fondos de sus cuentas bancarias son un punto central del dictamen que pide confirmar la quiebra de la compañía por los presuntos desmanejos de sus administradores. Boquin sostiene desde 2017 el presunto vaciamiento de la concursada por parte de Socma y Sideco. 

Entre los supuestos desmanejos de los administradores de Correo, la fiscal afirmó que en 2007, por ejemplo, Correo le pagó US$2,1 millones a Socma por acciones de la compañía automotriz Neficor, sin que Correo haya pedido autorización a la Justicia -al estar en concurso de acreedores sus movimientos financieros son controlados judicialmente- y sin haber percibido ninguna ganancia del negocio en los años posteriores a la adquisición, entre otras supuestas irregularidades.

En 2012, Correo también firmó un “convenio de prestación de servicios profesionales de asistencia, asesoramiento y locación de bienes y servicios” con Sideco Americana SA, otra compañía de los Macri. Así, se vio obligada “a abonar por dichas prestaciones un canon mensual por la suma de U$S18.000,00 más IVA”. Sin embargo, Correo no tenía ingresos ni actividad comercial y apenas tenía cuatro empleados. El dinero salía de las cuentas bancarias. “Tampoco solicitó la respectiva autorización judicial”, denunció la fiscal. La deuda a favor de Sideco ascendía en septiembre de 2019 a más de $60 millones, sin intereses.

Boquin también observó que durante años Correo pagó anticipos de honorarios a directores por una suma cercana a los $8 millones, infringiendo la ley, ya que la compañía daba pérdida. En gastos por asesoramiento legal concursal y pagos a consultoras y empresas de publicidad, ya estando en concurso y sin actividad, Correo gastó casi $27 millones. También adquirió deudas por más de $58 millones con Sideco y Socma, entre otras irregularidades detalladas en el dictamen.

La pelea con la Ciudad

En 2021, Correo solicitó a la Cámara Comercial que revoque la quiebra, pero, además, Socma viene reclamando que el expediente migre a la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. La empresa ya obtuvo un fallo a favor del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad pero la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial lo desestimó, entendiendo que debe seguir tramitando en la Justicia nacional. Lo mismo dictaminó el procurador general de la Nación, Eduardo Casal. La decisión está ahora en manos de la Corte Suprema.

Boquin entendió que “lo que intenta la deudora es introducir la cuestión, tardíamente, para busca demorar aún más el proceso y buscar que un tribunal que considera más ‘amigable’ a sus intereses entre por la ventana a través de lo que la doctrina denomina fórum shopping”.

ED

En medio de un clima de alta tensión política en el Frente de Todos por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el año judicial comenzó este martes con la reinauguración del juicio oral y público por la presunta corrupción en la obra pública, conocido como Vialidad, la única causa contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que llegó a esta etapa. Con el objetivo puesto en depositar responsabilidades sobre el manejo de fondos en los jefes de Gabinete, la defensa de la expresidenta lideró los interrogatorios a los dos testigos de la jornada: el procurador del Tesoro Nacional, Carlos Zannini, exsecretario Legal y Técnico de Néstor y Cristina Kirchner; y Juan Manuel Abal Medina, exjefe de Gabinete de la exmandataria.

La fiscalía, encabezada por Diego Luciani, acusa a la vicepresidenta; al exministro de Planificación, Julio De Vido; al empresario Lázaro Báez; al exsecretario de Obras Públicas, José López; y a otros nueve imputados de haber favorecido a las constructoras del empresario patagónico con 51 licitaciones públicas para obras viales en la provincia de Santa Cruz y defraudar así al Estado, al supuestamente desviar partidas presupuestarias para el pago de obras que en muchos casos ni siquiera se realizaron, según la fiscalía. En la acusación también se sostiene que las empresas de Báez fueron montadas con el presunto objetivo de obtener fondos estatales. 

Todos los acusados han negado en reiteradas oportunidades haber integrado una supuesta asociación ilícita para defraudar al Estado. 

En las próximas semanas deberán declarar los otros jefes de Gabinete de Cristina. El lunes está agendado Jorge Capitanich, actual gobernador de Chaco; y el martes, Aníbal Fernández, ministro de Seguridad. El presidente Fernández pidió reprogramar su audiencia por su viaje a Rusia y China; y Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, solicitó declarar durante la última quincena de febrero, también por cuestiones de agenda, confirmó una fuente del tribunal a elDiarioAR.

La defensa de Cristina no acusa a los exfuncionarios de irregularidades ni delitos. Por el contrario, Beraldi sostiene que todos los actos en torno a las licitaciones adjudicadas a Báez fueron lícitos, pero también buscó este martes descargar la responsabilidad en la toma de decisiones y manejos de fondos de la obra pública en los jefes de Gabinete, separando de esa responsabilidad a Fernández de Kirchner.  

Zannini

Las declaraciones de Zannini y Abal Medina tuvieron lugar horas antes de que una multitud convocada por figuras del kirchnerismo, ministros del Gabinete y aliados reclamara frente a la sede de la Corte Suprema la renuncia de los cuatro integrantes del máximo tribunal, que debe también revisar los planteos de nulidad en torno al juicio de Vialidad.

Pasadas las 14.30, y antes de comenzar a declarar, Zannini se dirigió al Tribunal Oral Federal número 2 para aclararles que está en contra de la acusación del caso, que el juicio busca “enlodar la honra” de Fernández de Kirchner y que considera que la programación de las audiencias, que comenzaron en mayo de 2019, tenían fines políticos, dijo a los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso. 

La mayor parte del interrogatorio a Zannini fue dirigido por Beraldi, quien solicitó que declarara como testigo de parte. El abogado buscó que explicara los procedimientos administrativos y legales en torno a las modificación del presupuestos y reasignación de partidas, por ejemplo, con Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). 

Aunque Zannini no comprometió a ninguno de los exjefes de Gabinete en términos penales, las preguntas de Beraldi también buscaron quitar responsabilidad a la entonces presidenta en las asignaciones de fondos para las obras de Santa Cruz que terminaron beneficiando a las empresas de Báez.

Beraldi le preguntó a Zannini si los jefes de Gabinete habían modificado partidas presupuestarias durante sus gestiones. Zannini le dijo que sí y que lo habían hecho avalados por la ley.

-¿Cuáles eran las funciones que cumplía el Presidente de la Nación en la ejecución del presupuesto?

-No tenía injerencia porque es función del jefe de Gabinete -, respondió el actual Procurador del Tesoro. 

“Cuando hay una acusación tan absurda hay que salir a probar cosas que son obvias como que la ley de presupuesto no puede ser el instrumento de un delito. Acá no puede hablarse de una inversión desproporcionada en Santa Cruz, como lo explicaron Zannini y Abal Medina porque cada provincia defiende su propia inversión”, dijo Beraldi ante la consulta de elDiarioAR.

“Se quiere atribuir a la entonces presidenta de la Nación que a través de los DNU direccionaba la obra pública de Santa Cruz, pero todos los DNU son leyes que inicia el poder Ejecutivo y termina aprobando el Congreso”. La fiscalía, en cambio, hizo hincapié en la audiencia que el control parlamentario de los fondos llegó hasta siete años después de la reasignación de las partidas.

Cuando llegaba a mi oficina ya había pasado por diferentes áreas y ministerios que lo habían avalado. Si hubiese visto algo irregular lo hubiese denunciado.

Juan Manuel Abal Medina.

Zannini también declaró que según él todos los decretos que le exhibieron en el juicio para que respondiera si se hicieron de acuerdo a las normas. Afirmó que los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner brindaron fondos a Santa Cruz para las obras públicas por el atraso en infraestructura que la provincia tenía antes de la llegada del matrimonio a la Casa Rosada. 

Además, Zannini afirmó que la provincia era llamada por los propios santacruceños como “la periferia de la Patria” hasta que Kirchner asumió como gobernador. “El presupuesto es ejecutado por el jefe de Gabinete, quien dicta esas decisiones administrativas. Abal Medina dijo que dictó unas 70 para poner en funcionamiento las partidas. No las hacía Cristina, las hacían los jefes de Gabinete”, agregó el abogado.

Una fuente del juicio resaltó, sin embargo, que cuando se le exhibió a Zannini copia de un decreto firmado por Fernández de Kirchner en 2009 para asignar recursos de un fideicomiso a Vialidad, sin especificar destino de las partidas y sin pasar por el Congreso, el funcionario respondió que se debería haber especificado a qué rutas se asignaba el dinero.

Cuando llegaba a mi oficina ya había pasado por diferentes áreas y ministerios que lo habían avalado. Si hubiese visto algo irregular lo hubiese denunciado.

Juan Manuel Abal Medina.

Abal Medina

“Si tiene forma de DNU, requiere también la firma del Presidente y a la bicameral revisora de cuentas del Congreso”, dijo el exjefe de Gabinete ante una de las preguntas de Beraldi.

“Lo que el jefe de Gabinete no puede delegar son las asignaciones de partidas entre jurisdicciones y los que son de gastos corrientes a gastos de capital. También sobre el área del gasto, si es Justicia a otra área, por ejemplo”, afirmó. Todo luego fue aprobado por la AGN, dijo Abal Medina.

“El Presupuesto es ejecutado por el jefe de Gabinete, quien dicta esas decisiones administrativas. Abal Medina dijo que dictó unas 70 para poner en funcionamiento las partidas. No las hacía Cristina, las hacían los jefes de Gabinete”, agregó el Beraldi en diálogo con este medio.

Se quiere atribuir a la entonces presidenta de la Nación que a través de los DNU direccionaba la obra pública de Santa Cruz, pero todos los DNU son leyes. Además el presupuesto es ejecutado por el jefe de Gabinete.

Carlos Beraldi.

-¿Usted tenía facultad de cuestionar las reasignaciones?- le preguntó uno de los jueces a Abal Medina durante el juicio.

-Cuando llegaba a mi oficina ya había pasado por diferentes áreas y ministerios que lo habían avalado. Si hubiese visto algo irregular lo hubiese denunciado.

Ante otra pregunta del fiscal, Abal Medina respondió que las órdenes de reasignar las partidas de obra pública provenían del Ministerio de Planificación y que desconocía a qué constructoras se asignaban luego de aprobarlas.

La hipótesis de la fiscalía de Diego Luciani en este juicio se basa netamente en prueba documental, dijo una fuente judicial del caso: el análisis de los expedientes de las licitaciones; las condiciones de competencia y adjudicación y de los pagos y plazos supuestamente privilegiados a Báez (con respecto a otras constructoras); informes de la Dirección de Vialidad Nacional (del gobierno de Mauricio Macri); una pericia parcial sobre las obras viales cuestionadas; los documentos que demostrarían la falta de control a las constructoras de Báez; los presupuestos asignados a esas obras; y la documentación sobre la conformación de las empresas beneficiadas. 

ED

La Procuración del Tesoro de la Nación, a cargo de Carlos Zannini, reiteró este miércoles su pedido de citación a declaración indagatoria al expresidente Mauricio Macri por presunta “malversación de caudales públicos”, en la causa que investiga la deuda externa contraída durante la gestión de Cambiemos.

El organismo presentó un escrito ante la jueza federal María Eugenia Capuchetti, a cargo de la causa, en el que incorporó como prueba los dichos de Macri en una entrevista al canal de cable CNN el 7 de noviembre último y sostuvo que hay “elementos de juicio” que avalan y “justifican” la citación a todos los imputados, según informaron a Télam fuentes judiciales.

“Se encuentran reunidos elementos de juicio que justifican que oportunamente se cite a prestar declaración indagatoria a los imputados”, sostuvo el escrito al reiterar un planteo hecho en la causa el 30 de agosto último.

Para el organismo, que es querellante en la causa en representación del Estado Nacional, “el uso de los fondos prestados por el FMI para satisfacer los requerimientos de inversores especulativos que pretendían reposicionarse en dólares” se corresponde “con lo que el FMI advirtió como desvíos en el uso de los recursos prestados a la República”.

El escrito de diez carillas está firmado por Zannini y el subprocurador Horacio Diez.

La Procuración entregó a la jueza un “pendrive” con la entrevista que Macri dio al canal de cable y advirtió que “más allá de las consideraciones de orden político general que allí formuló el entrevistado, resultan llamativas las expresiones” sobre el uso que se dio al préstamo del FMI.

“La usamos para pagar a los bancos comerciales que vencían y que se querían ir”, dijo Macri en esta entrevista, según citó el escrito de la Procuración.

La Procuración argumentó ante la jueza que “sus propias manifestaciones denotan que el préstamo del FMI fue utilizado, precisamente, para un destino distinto del que fue previsto por el organismo internacional”.

Con información de agencias.

IG

El fiscal federal Marcelo Colombo rechazó este miércoles ante el Tribunal Oral Federal 8 el pedido de las defensas para hacer caer por inexistencia de delito la causa del Memorándum con Irán por la que están acusados la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner; el procurador de Tesoro de la Nación, Carlos Zannini; el ministro de Desarrollo de la comunidad bonaerense, Andrés Larroque; el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena; el senador Oscar Parrilli; el actual embajador en Rusia y exvicecanciller, Eduardo Zuaín; Jorge Khalil; Fernando Esteche y Luis D'Elia.

Según manifestó Colombo al inicio de la audiencia de este miércoles, “a diferencia de la causa dólar futuro, la instrucción suplementaria había determinado que existía un estudio pericial que dijo que no existía un perjuicio económico para el Estado, uno de los puntos que configuran la administración fraudulenta. Allí Casación aplicó esa regla porque la prueba nueva permitía demostrar que la figura no estaba configurada. Eso no ocurrió aquí, así que vamos a solicitar el rechazo de las nuevas incidencias de la excepción de falta de acción”, comenzó.

Asimismo, el fiscal consideró que el Ministerio Público “no puede en esta instancia determinar si existió delito ya que esa evaluación deberá tomarse de lo que surja del debate oral”, al tiempo que recordó que en agosto de 2018 todas las partes ofrecieron pruebas y testigos y, tras dos años de análisis, los jueces del TOF decidieron habilitar la convocatoria de 300 testigos. Para Colombo, “algunos declararon en instrucción y otros 50 eran testigos nuevos. Mal podemos saber lo que esos testigos tengan para aportar”, reflexionó.

Además, sostuvo que la prueba nueva introducida al debate por las defensas sobre las alertas rojas de Interpol, en parte ya estaban en rigor en la causa o surgían de decisiones de primera instancia en la causa residual que, para el Ministerio Público, no podían generar impacto en esta instancia de debate oral, por lo que ratificó el rechazo a las nulidades solicitadas a raíz de las visitas que los dos jueces de Casación, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, hicieron al ex presidente Mauricio Macri en la residencia de Olivos y la Casa de Gobierno, cuestión que deberá ser resuelta por los jueces Gabriela López Iñiguez, Daniel Obligado y José Michilini. “Las cuestiones novedosas que presentan las defensas para nosotros no lo son”, aseveró el funcionario judicial.

Para el fiscal Colombo, si el tribunal considera que esas visitas a la residencia presidencial y a la Casa Rosada por parte de Hornos y Borinsky estaban vinculadas a la reapertura de la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman o “violaron el principio del juez natural o imparcial, entonces la discusión sobre si el Memorándum fue o no delito no tendrá importancias porque la causa de por sí quedaría en la nada”.

Al término de la exposición de Colombo, comenzó la del abogado Tomás Farini Duggan, en representación de la querella de familiares de las víctimas, quien por primera vez se presentó en la audiencia.

Farini Duggan reclamó el “rechazo” de todos los planteos porque “son propios” del juicio oral y “deben ser resueltos en la etapa del debate”. El abogado reclamó al Tribunal que “fije fecha de inicio al juicio”.

La audiencia

El Tribunal Oral Federal 8 había convocado para este miércoles a una nueva audiencia en el marco de la causa por el Memorándum con Irán por el atentado a la AMIA, luego de que los jueces decidieran incorporar planteos por “inexistencia de delito” en la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman, que podría derivar o no en el cierre del caso con sobreseimientos y sin juicio oral.

De esta manera, los jueces del tribunal que resolverá sobre la nulidad de la reapertura de la causa -María Gabriela López Iñiguez, José Michilini y Daniel Obligado- escuchan las posturas del fiscal Marcelo Colombo y de las querellas de DAIA y dos familiares de las víctimas del atentado.

Hasta el momento estas dos querellas no se presentaron a las cinco jornadas por Zoom que lleva la audiencia en la que se debate la posible nulidad de la causa, a raíz de las visitas al entonces presidente Mauricio Macri por parte de dos de los jueces que la reabrieron en diciembre de 2016, los camaristas de Casación Gustavo Hornos y Mariano Borinsky

Al finalizar la audiencia del miércoles último y tras un cuarto intermedio que se anunció para revisar la grabación y se extendió por más de 40 minutos, los magistrados anunciaron su decisión de incorporar en esta instancia del debate los planteos de inexistencia de delito.

Los jueces aludieron a razones de “economía procesal” después de escuchar a las defensas repetir que “no hubo delito” y fundamentar al respecto, al reclamar sobreseimientos para todos los imputados.

Además de dar sus razones de manera oral, algunos abogados presentaron escritos vinculados a este eje de la cuestión, antes y durante el desarrollo de la audiencia que comenzó el 16 de julio último con la exposición de la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Ante esto, la causa en la que fue enviada a juicio junto a parte del que fue su Gabinete durante su gestión presidencial, podría ser cerrada por dos motivos: la nulidad generada a raíz de la conducta de los camaristas Borinsky y Hornos y la consiguiente violación de la garantía constitucional de juez natural e independencia judicial o por inexistencia de delito.

La denuncia de Nisman por supuesto “encubrimiento agravado” a raíz del tratado firmado en 2013 y que, según sostuvo, habría buscado el cese de las alertas rojas de captura internacional contra ciudadanos iraníes acusados por el ataque del 18 de julio de 1994, fue cerrada por “inexistencia de delito” en febrero de 2015 por el juez federal Daniel Rafecas. En ese momento, el magistrado de primera instancia argumentó que “el presunto delito nunca se cometió”.

Rafecas sostuvo que las evidencias “inhiben el inicio de un proceso penal” al descartar los delitos de “encubrimiento” y/o “entorpecimiento de la investigación” del atentado que causó 85 muertos en la sede de la mutual judía de Pasteur 633.

Esa decisión del juez de primera instancia fue confirmada después por la Cámara Federal porteña y, en mayo de 2016, por Casación, porque el fiscal ante esa instancia, Javier De Luca, no mantuvo la apelación y también evaluó que “no hubo delito”

Sin embargo, el 29 de diciembre de 2019, el máximo tribunal penal federal del país con los votos de Borinsky, Hornos y Ana María Figueroa reabrió la causa tras analizar la supuesta aparición de nueva prueba.

De esta manera, la denuncia de Nisman quedó reabierta, Rafecas fue apartado y quedó unificada con otra que llevaba el fallecido juez Claudio Bonadio por supuesta “traición a la Patria”, un delito que luego quedó descartado.

La intervención completa de la Vicepresidenta en la audiencia del 16 de julio de 2021

Con información de agencias.

IG

El procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, sostuvo este miércoles que la causa por la firma del memorándum con Irán es un “disparate farsesco que sigue un libreto dictado desde fuera del Poder Judicial y se concreta con la acción de actores judiciales obedientes a ese mandato”, al exponer ante el Tribunal Oral Federal 8 en una audiencia pública previa a definir si se declara la nulidad del caso.

Antes, la defensa de Zannini, sostuvo que hubo una “maniobra fraudulenta” con participación del “Poder Ejecutivo y el Poder Judicial” en la reapertura de la causa.

“Hemos llegado acá fruto de una maniobra fraudulenta en donde participó el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, nada menos que la Casación Penal”, afirmó el abogado Mariano Fragueiro Frías, ante el Tribunal Oral Federal 8.

El defensor de Zannini comenzó a exponer en la segunda parte de la audiencia oral y pública que se realizaba esta mañana de manera previa a resolver un planteo de nulidad de la causa, presentado por las defensas de imputados, entre ellos la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El abogado de Zannini adhirió a los planteos de la defensa de la expresidenta, al comenzar su exposición en una nueva audiencia por la plataforma virtual Zoom en la que está presente el actual Procurador del Tesoro de la Nación.

“Ya no queda ninguna duda” que los jueces de la Cámara Federal de Casación Gustavo Hornos y Mariano Borinsky “mantenían reuniones con quien ejercía la máxima autoridad del Poder Ejecutivo”, agregó el abogado en alusión al expresidente Mauricio Macri.

La causa por la firma del Memorándum “francamente jamás debió haber llegado a esta instancia”, de preparación de juicio oral, dijo además.

La segunda audiencia comenzó pasadas las 9 con ausencia de las partes querellantes de la DAIA y dos familiares de víctimas.

El último día hábil previo al inicio de la feria judicial se realizó la primera parte de la audiencia y expuso la Vicepresidenta, procesada en el caso y que reclama la nulidad.

En ese marco, la expresidenta sostuvo que la causa abierta por denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman y que la investiga por supuesto encubrimiento a raíz de la firma del Memorándum por el atentado a la AMIA es “un disparate judicial, institucional y político”.

En la jornada de hoy, los jueces Gabriela López Iñiguez, Daniel Obligado y José Michilini terminarán de escuchar los argumentos y luego quedarán en condiciones de resolver.

AB con información de agencia Télam.

A menos 48 horas de que se cumplan 27 años del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner solicitó este viernes la nulidad de la causa por el Memorándum con Irán en una audiencia oral y pública con el objetivo de frustrar el juicio en su contra, aún sin fecha de inicio. Se refirió al ataque como “el más terrible atentado terrorista que sufrió nuestro país” y definió la acusación como un “disparate judicial, institucional y político”.

“Todavía me cuesta creer que a 27 años de la tragedia de la AMIA estemos discutiendo el montaje de una mentira para poder ganar las elecciones y entretener a la gente”, aseguró sobre la causa del memorándum. Fernández de Kirchner enmarca el avance de este expediente en la “guerra judicial” o lawfare que, sostiene, se llevó adelante en su contra durante el gobierno de Mauricio Macri para generarle numerosas causas judiciales siempre a cargo de los mismos jueces, con supuestos nexos con su opositor político.

La expresidenta, exfuncionarios y aliados políticos de su última gestión están acusados de encubrir a los iraníes imputados por la voladura del edificio de la mutual a través de un supuesto pacto de inmunidad denunciado por el fiscal Alberto Nisman, acusación que todos ellos han rechazado y que sostienen, se basa en evidencias presuntamente falaces. 

Ante el fiscal de juicio, Marcelo Colombo, y el Tribunal Oral Federal número 8, integrado por los jueces María Gabriela López Iñiguez, Daniel Obligado y José Michilini, Fernández de Kirchner expuso de manera virtual y desde su despacho en la presidencia del Senado. Cerca de las 14, más de 24.500 personas estaban conectadas para escuchar la audiencia, que además se trasmitió en directo por la TV Pública. La vicepresidenta se excedió de sus 45 minutos de exposición pero no fue interrumpida por la presidenta del tribunal, María Gabriela López Iñiguez. Eligió un tono político pero neutral para repasar cuestiones históricas y anecdóticas sobre el caso hasta el final, cuando se emocionó y elevó el tono de voz para defenderse de la supuesta persecución en su contra.

¿En serio nos quieren hacer creer que estas causas son legítimas y legales?

Aniversario

La audiencia comenzó alrededor de las 13, unas tres horas después de que se realizara el acto virtual por un nuevo aniversario del atentado terrorista que costó la vida a 85 personas, el 18 de julio de 1994. A las 9.53 de este viernes, familiares de las víctimas se congregaron en un encuentro virtual en el que sonó nuevamente la sirenas que recuerda el momento exacto de la explosión y se leyeron los nombres de cada uno de los asesinados.

Fernández de Kirchner volvió a explicar que el objetivo del memorándum era lograr un avance en la estancada investigación por el atentado terrorista y que se llegara a un acuerdo para indagar a los funcionarios y exfuncionarios iraníes acusados de ordenar el ataque, quienes nunca pudieron ser capturados, a pesar de las alertas rojas de Interpol.

“Me duele tanto porque tengo 68 años, ya fui presidenta dos veces y lo único que me mueve nada más que dejarles a mis hijos y a mis nietos y a mi nieta un país mejor”, dijo emocionada al final de su exposición. “¿En serio nos quieren hacer creer que estas causas son legítimas y legales?”; nunca vi una ilegalidad así, es un escándalo monumental nunca visto y es ocultado o disimulado por los grandes medios hegemónicos“, agregó.

La defensa de la vicepresidenta, a cargo del abogado Carlos Beraldi, planteó que el juicio debe ser anulado ante la posible parcialidad de Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, dos de los jueces de la Casación que ordenaron reabrir la investigación en 2016.  El pedido de Fernández de Kirchner se basa en la reciente aparición de Borinsky y Hornos en los registros de visitas al expresidente Macri en la Casa Rosada y la Quinta de Olivos poco antes de ordenar la reapertura de la causa. En los despachos de ambos jueces, en el primer piso de Comodoro Py, rechazan los planteos.

Durante la audiencia, CFK dedicó gran parte de su defensa a acusar a ambos jueces de la Casación de haber actuado en los expedientes en su contra con consonancia con el macrismo. También apuntó a quien instruyó el expediente. “Todo termina en Bonadio -quien instruyó la causa del memorándum, entre otras-, y arriba, Hornos y Borinsky”, dijo para sostener que los expedientes en su contra que llegaron a la etapa de juicio fueron casi todos instruidos por el fallecido juez federal Claudio Bonadio y luego confirmados en la Cámara de Casación Federal por los jueces Hornos y Borinsky. 

También mencionó al juez Julián Ercolini, a cargo de casos como Hotesur, Los Sauces y Vialidad. “En primera instancia, Ercolini y Bonadio, y después, estaban, en Casación, Hornos y Borinsky esperándome para darme, según ellos, lo que sería mi merecido”. “Eran como jueces de atracción. Ercolini y Bonadio, siempre eran esos dos jueces”, dijo.

“Esto es como el rey desnudo”, agregó. “Acá hubo alguien que encontró en un informe sobre ingresos tanto a la Presidencia en Casa Rosada como a la Quinta de Olivos el ingreso del doctor Hornos y el doctor Borinsky de manera asidua” y en fechas relacionadas con las decisiones en su contra.

Es bíblico casi, resucitaron una causa fenecida, acabada.

La vicepresidenta hizo especial hincapié en el juez Borinsky, quien figura con 15 ingresos a la Quinta de Olivos y a quien adjudica además haber supuestamente asesorado a los familiares de víctimas de la AMIA sobre cómo lograr la reapertura de la causa del memorándum. “Jugaba al tenis y después se iba a comer con Mauricio Macri. ¿En serio pueden creer que ese juez iba a ser imparcial con Cristina Kirchner?”. “No les quedó nada por violar”, dijo en referencia al gobierno de Macri y sus supuestos aliados en la Justicia.

“Es bíblico casi, resucitaron una causa fenecida, acabada, y al otro día, el 30 de noviembre (de 2016), el presidente Macri en una radio de Mendoza salió felicitando con nombre y apellido a Hornos y Borinsky por el fallo en el que resucitaron la causa contra Fernández de Kirchner”, dijo. Definió la investigación judicial como una “cacería”. “Bonadio logró encarcelar a (Carlos) Zannini, a (Luis) D'Elía y a otros. Zannini sigue pidiendo que expliquen la razón por la cual estuvo preso cuatro meses”, aseguró Fernández de Kirchner.

Alrededor de las 13, había comenzado haciendo un repaso sobre a qué se dedicaban cada uno de los acusados al momento de que estallara la AMIA y remarcó que dos de ellos estaban en la escuela secundaria (los funcionarios Andrés Larroque y Juan Martín Mena). Fernández de Kirchner era entonces diputada provincial en Santa Cruz.

Contó que integró la comisión bicameral destinada al seguimiento del caso en el Congreso y que le valió tener que declarar como testigo durante el primer juicio por el atentado, que terminó anulando toda la investigación del juez Juan José Galeano por el pago al imputado Carlos Telleldín para que imputada a policías de la provincia de Buenos Aires como miembros de la “conexión local” de los terroristas. “Lo que todos seguimos queriendo saber es la verdad sobre la AMIA” y sostuvo que el caso “siempre fue utilizado por cuestiones políticas internas e internacional”, dijo. “Uno de las causas de la impunidad es el manejo político que se le dio a la causa”, agregó.

En la causa por el memorándum, familiares de víctimas de AMIA y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentina (DAIA) son querellantes pero anunciaron al tribunal que no estarían presentes en la audiencia, ya que se oponen a la nulidad del juicio y a la realización de la audiencia. La DAIA había solicitado posponer la audiencia ante la coincidencia con el acto del aniversario del atentado, propuesta rechazada por el tribunal debido a inconvenientes en la agenda de los jueces, que siguen varios juicios en diferentes tribunales, según explicaron en un escrito. 

La defensa del actual procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, ex secretario Legal y Técnico de la Presidencia durante el gobierno de Fernández de Kirchner y uno de los imputados, también pidió la nulidad de la elevación a juicio de la causa. El mismo planteo fue realizado por otro funcionario acusado en la causa, Juan Martín Mena, viceministro de Justicia. Por este caso, también fueron elevados a juicio el senador y extitular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Oscar Parrilli; secretario general de La Cámpora y ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque; la exprocuradora del Tesoro Angelina Abbona; el dirigente Luis D'Elia y Fernando Esteche (Quebracho), entre otros.

En excanciller Héctor Timerman declaró en indagatoria de juicio en julio de 2018, cinco meses antes de fallecer en diciembre de ese año. Lo hizo de manera anticipada debido a un avanzado cáncer. De anularse el juicio, será el único de los procesados del caso indagado por los jueces y el fiscal en etapa de audiencias orales y públicas. Su situación procesal aún no fue resuelta por el tribunal y hay un pedido para que se dicte su sobreseimiento. Fernández de Kirchner recordó al exfuncionario varias veces durante su alocución.

El Memorándum con Irán 

El acuerdo de entendimiento entre Argentina e Irán fue firmado en 2013 y aprobado por el Congreso pero en 2014 la Cámara Federal porteña lo declaró inconstitucional, por lo que nunca entró en vigencia.

El expediente judicial se basa en la denuncia del fiscal Alberto Nisman, presentada en enero de 2015, días antes de aparecer muerto en el departamento donde vivía. Ese mismo año, el juez federal Daniel Rafecas la desestimó y archivó, a pesar de que el fiscal Gerardo Pollicita había solicitado producir medidas para corroborar los supuestos hechos relatados por Nisman: un pacto para indagar a los exfuncionarios iraníes acusados de la voladura de la AMIA en un tercer país que supuestamente implicaba hacer caer las alertas roja de Interpol que pesan en su contra. A cambio de la “impunidad”, dijo Nisman, Irán garantizaría acuerdos comerciales con Argentina. Su denuncia se basó, principalmente, en escuchas telefónicas, en su mayoría, a dirigentes periféricos, algunos con llegada directa al kirchnerismo y a la dirigencia iraní en el país. Las intervenciones fueron realizadas por un sector de los servicios de inteligencia que se encontraba enfrentado con Fernández de Kirchner por la firma del acuerdo con Irán.

Tras el archivo de la causa original, dos familiares de víctimas del atentado, Luis Czyzewski y Mario Averbuch, solicitaron formalmente la reapertura del caso en 2016 en base a supuesta nueva prueba, durante el gobierno de Mauricio Macri. La Cámara de Casación Federal ordenó la reapertura ese mismo año en un expediente paralelo que estaba a cargo del juez Claudio Bonadio. 

En la búsqueda por dilatar o anular el inicio de las audiencias formales de los juicios, los argumentos de su defensa varían según el caso, pero siempre apunta a intentar demostrar que el Poder Judicial supuestamente montó las causas en su contra entre 2014 y 2019, pero especialmente durante el gobierno de Mauricio Macri. 

Fernández de Kirchner sostiene que los expedientes se construyeron sobre la base del lawfare o guerra judicial; la relación entre ciertos jueces con el expresidente de Cambiemos; y el presunto accionar en su contra de la “mesa judicial” del macrismo, entre otras cuestiones planteadas por su defensa. Por esa razón, este viernes la vicepresidenta dedicó parte de su exposición a enumerar los organismos y funcionarios de Macri y del Poder Judicial y medidas que supuestamente fueron parte de la embestida en su contra, entre ellos la Oficina Anticorrupción, la Unidad de Información Financiera (UIF), la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

Próximos pasos

El juicio oral y público por el Memorándum con Irán está en condiciones de comenzar este año, según confirmó una fuente directa del expediente a elDiarioAR. La audiencia de este viernes se enmarca en la estrategia judicial de la vicepresidenta para evitar el inicio de los juicios en su contra. 

La audiencia continuará el 4 de agosto para terminar con las exposiciones. Luego vendrá la decisión del tribunal. Los escenarios son diversos e inciertos debido a lo inédito de la audiencia, explicó una fuente directa de la causa. El tribunal podría anular el juicio o sostenerlo; podría ordenar los sobreseimientos anticipados de los imputados; o que el expediente regrese a primera instancia para ser investigado nuevamente por otro juez. Tras la decisión del tribunal, el caso terminará en la Cámara Federal de Casación, ya sea por recursos de la defensa o de las querellas.

Tomás Farini Duggan, abogado de los familiares de la AMIA que actúan como querellantes en la causa, dijo a elDiarioAR que no acudirían a la audiencia, no sólo porque la fecha coincidió con el acto de aniversario del atentado sino también porque sostienen que la audiencia es ilegal, que “permite a los imputados exponer su versión de los hechos sin que nadie los refute, sin contrarrestar sus dichos con testigos y otras medidas de prueba”. “Es una parodia del juicio porque no existe la posibilidad de condena” antes del juicio, agregó Farini Duggan, quien pidió las recusaciones de los jueces y del fiscal del juicio, Marcelo Colombo por haber autorizado la reunión.

Carlos Beraldi, abogado de la vicepresidenta, explicó a este medio que el tribunal incorporó nuevas pruebas solicitadas por la defensa para argumentar la nulidad del juicio, como  registros de ingresos y egresos a la Casa Rosada y la Quinta de Olivos (durante la gestión de Macri); el contenido del teléfono celular de Darío Nieto (secretario privado del expresidente); y la causa sobre la mesa judicial (del macrismo), a quien CFK señala como parte del lawfare o guerra judicial en su contra.

Los planteos de los querellantes

La autorización de esta audiencia provocó un sismo entre el tribunal, la fiscalía y las querellas. En un escrito presentado este jueves, los familiares de la AMIA se dirigieron a los jueces: “Decidieron realizar una audiencia oral no legislada, que fue pedida por los imputados para tratar la nulidad de fallos dictados por la Cámara de Casación, el día en que se celebrará el acto en conmemoración de un nuevo aniversario del atentado terrorista a las sedes de AMIA-DAIA”. 

“Hemos decidido no participar de la audiencia. En primer lugar porque, como lo hacemos hace 27 años, respetaremos la memoria de 85 argentinos que perdieron la vida en ese infausto atentado terrorista, entre quienes se encontraban nuestras hijas; en segundo lugar, porque consideramos que la audiencia ordenada por el Tribunal es nula, y no la convalidaremos con nuestra presencia”, afirmaron. 

“Los familiares de las víctimas del atentado terrorista a las  sedes de AMIA-DAIA no le tenemos miedo a la verdad. Por el contrario, desde que el fiscal Nisman formuló su denuncia solo deseamos que se realice el juicio oral y público, oportunidad en la que los imputados podrán ejercer plenamente sus defensas”, concluye el escrito.

En junio, los familiares de la AMIA recusaron a los miembros del tribunal y, junto a la DAIA, al fiscal del juicio. Entre finales de junio y principios de julio, los jueces López Iñiguez, Obligado y Michilini rechazaron ambos planteos de los familiares de la AMIA y la DAIA. 

“Esta audiencia se inventó para estos imputados en particular y este caso en particular”, afirmó Tomás Farini Duggan, abogado de los familiares de la AMIA. “La estrategia de las defensas siempre fue que el juicio no se iniciara”, agregó ante la consulta de este medio a principios de julio.

El testigo más buscado

Fernández de Kirchner también cuestionó que aún no se haya citado en la causa a Ronald Noble, exsecretario general de Interpol (2000-2014), para que declare ante el tribunal como testigo en una audiencia previa al juicio. El tribunal ordenó la citación a fines de 2020,pero nunca ha podido notificarlo para proceder con su citación, confirmaron dos fuentes judiciales del caso.

Noble desmintió públicamente la denuncia de Nisman sobre un acuerdo entre el gobierno argentino e Irán para hacer caer las alertas rojas contra los exfuncionarios iraníes acusados por el atentado a la AMIA. La Justicia federal, en distintos momentos, ha intentado notificar a Noble vía Interpol, Cancillería, correo electrónico y mensajes de texto, pero sin éxito, explicó una fuente directa del caso.

La dificultad se basa en al menos dos cuestiones: Interpol no autoriza a su exfuncionario a declarar y Noble, a su vez, está imputado en otro expediente paralelo al juicio. El exjefe de Interpol fue denunciado por los familiares de la AMIA y luego sobreseído en octubre de 2020. Su caso está trabado en la Cámara Federal porteña porque tampoco logran ubicarlo para que nombre a su abogado defensor. 

Actualmente, el juez Julián Ercolini intenta rastrear a Noble, aún sin éxito, confirmó una fuente del expediente. En su defensa, un asesor legal de Noble en el país explicó a elDiarioAR que el exjefe de Interpol pasó “de testigo estrella a imputado” luego de presentar “un escrito ante el juez Bonadio (quien instruyó la causa) solicitando declarar y luego de que se supo que testificaría a favor del excanciller Héctor Timerman”.

ED

A pesar de la quiebra de Correo Argentino SA, las declaraciones del propio Mauricio Macri y el anuncio del procurador del Tesoro, Carlos Zannini, de que pedirá la extensión de esa quiebra de la cabeza del Grupo Macri, la Justicia está lejos de alcanzar a los accionistas de Socma (Sociedades Macri) y en especial, a los hijos del expresidente, según explicó una fuente directa del expediente y un abogado especializado en Derecho Comercial y Concursal ajeno al caso. 

Socma es actualmente la principal accionista de Correo (en otra época, ese lugar era ocupado por Sideco, controlada a su vez por Socma), según surge de los documentos contables presentados por ambas compañías ante la Inspección General de Justicia (IGJ) y a los que accedió elDiarioAR.

Un día antes de que la jueza Marta Cirulli decretara la quiebra de Correo, Macri se adelantó al fallo con una posición que ya ha manifestado en entrevistas y declaraciones públicas: “El Gobierno busca venganza. Buscan dañarme y tienen como objetivo a mis hijos”, escribió Macri este domingo en una carta que publicó en Facebook. “Ese acto lo ejecutan a través de la Justicia, manipulada por el procurador del Tesoro, Carlos Zannini. De eso se trata el caso del Correo Argentino SA”, agregó en la misiva pública.

Sin embargo, los hijos de Macri no son accionistas de Socma (y por lo tanto no tienen participación indirecta en Correo) desde hace tres años y medio, según corroboró este medio con la compañía.

Socma tiene actualmente cinco accionistas. Ninguno de ellos es el expresidente ni sus hijos. “El 22 de diciembre de 2017, Gianfranco Macri adquirió a Agustina A. Macri, a Gimena Macri y Francisco J. Macri, 62.001 acciones de Socma Americana SA representativas del 20% del capital social”, explicó Socma a elDiarioAR a través de un vocero de la compañía.

Luego de esa transacción, Gianfranco se convirtió en el accionista mayoritario de Socma, con el 40% de las acciones, ya que conservó su 20% y absorbió otro 20% de las acciones que habían sido del expresidente y que, a su vez, éste había cedido con anterioridad a sus tres hijos mayores de edad. 

El Gobierno busca venganza. Buscan dañarme y tienen como objetivo a mis hijos.

Mauricio Macri — Carta pública en Facebook.

El resto del paquete accionario se divide entre Florencia Macri (20%), Mariano Macri (20%) y los hermanos Rodrigo y Franco Valladares Macri (con el 10% cada uno), hijos de Sandra Macri, quien falleció en junio de 2014. 

Los cinco hermanos Macri (Mauricio, Gianfranco, Sandra, Mariano y Florencia) quedaron como titulares de las acciones de Socma en 2009, luego de que Franco Macri, su padre y dueño de la compañía, dividió las acciones de su holding entre sus descendientes directos (a excepción de Alejandra, hija extramatrimonial). 

En 2009, Mauricio Macri era jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y cedió esas acciones a tres de sus hijos: Agustina, Jimena y Francisco, que se repartieron su parte del paquete accionario en porciones iguales (el 6,66% cada uno), según consta en actas de asamblea de años posteriores presentadas por Socma ante la IGJ.

De acuerdo a esa información, los hijos del expresidente sólo figuraron como accionistas de Socma entre 2009 y 2017, aunque el traspaso de sus acciones a Gianfranco no quedó registrado en los documentos presentados por la compañía en el organismo que controla a las sociedades comerciales.

Posibles alcances legales

¿Qué responsabilidad les cabría a sus hijos, como infiere el exmandatario, en el caso Correo? La jueza Cirulli decretó la quiebra de Correo Argentino SA en base a las supuestas maniobras fraudulentas para evitar la quiebra de la compañía -que venían siendo advertidas por la fiscal general Gabriela Boquin desde finales de 2016- y ante la imposibilidad de Correo para cumplir con los requisitos legales que podrían haber garantizado el salvataje de la sociedad anónima, según el fallo publicado este lunes en el sitio oficial del Poder Judicial de la Nación. 

Además, los administradores y miembros del directorio de Correo tienen al menos tres frentes judiciales: el supuesto vaciamiento de la compañía, el presunto fraude a los acreedores del concurso y la causa penal por el pre-acuerdo firmado por el gobierno de Cambiemos en 2016, que le garantizaba a la compañía de los Macri el condonación del 98,87% de la deuda de Correo con el Estado Nacional, según el Ministerio Público Fiscal. Sólo el primero de esos expedientes podría llegar a fundamentar una extensión de quiebra a Socma, explicaron una fuente del expediente y el especialista en derecho comercial ante la consulta de elDiarioAR.

Estoy interesado en recuperar los 300 millones de dólares que el Correo le debe al Estado argentino.

Carlos Zannini — Procurador del Tesoro, en El Destape Radio.

Socma, Sideco y Correo comparten parte de sus ejecutivos y administradores. La fiscal Boquín denunció que durante 2016 los responsables del Correo migraron parte de sus fondos a Sideco a través del pago de alquileres “exorbitantes” en dólares, “gastos contables e informáticos”, cargas sociales de ejecutivos de otras compañías del grupo, entre otros movimientos de fondos, según un dictamen de abril de 2017. También hay en la mira aportes financieros y accionarios. Estas son algunas de las sospechas de posible “control abusivo” que podrían incidir en la extensión de la quiebra, explicaron las dos fuentes consultadas. En Correo, Socma y Sideco, los ejecutivos y abogados de las firmas niegan las acusaciones (tanto en sede judicial como ante los medios) y las enmarcan en la supuesta “persecución” contra Macri y su familia.

Las medidas ordenadas por la jueza Cirulli tras decretar la quiebra apuntan directamente a los miembros del directorio y administradores de Correo (inhibiciones, prohibición de salida del país) y a los bienes (escasos) de la compañía, pero no caen sobre la accionista (Socma) ni sobre los Macri, según consta en el fallo.

En las pocas actas de asamblea en la que se congregaron los accionistas de Socma entre 2009 y 2017 y entregaron a la IGJ, los hijos de Macri, al igual que el resto de los accionistas, aparecen representados por apoderados, quienes aprueban las decisiones del directorio y los balances contables. 

Mientras los hijos del expresidente eran accionistas, Mariano Macri inició una demanda en la Justicia Comercial para acceder a los libros de la comisión fiscalizadora de Socma, ante sospechas sobre el manejo irregular de la compañía por parte de su hermano Gianfranco, quien lidera la estrategia de los negocios familiares. Acusaciones que también han rechazado en Socma.

Cuando se originó un conflicto legal entre Mariano Macri y el resto de los accionistas, los tres descendientes del expresidente conformaron una mayoría junto a Gianfranco que neutralizó la postura de Mariano, según surge de los registros de estas reuniones entregados por la compañía a la IGJ (que no son la totalidad de ellos).

Un escenario lejano

La empresa Correo sostuvo en un comunicado que la decisión judicial es “por venganza e intereses políticos”. “Estoy interesado en recuperar los US$300 millones que el Correo le debe al Estado argentino”, dijo este martes el procurador del Tesoro, jefe de los abogados del Estado. En una entrevista con El Destape Radio, Zannini afirmó: “Nosotros vamos a solicitar la extensión (de la quiebra de Correo). Estamos estudiando y vamos a ver qué hace el síndico, que tiene que hacer el informe para el 1° de noviembre”.

La extensión de la quiebra de una compañía alcanza a su controlante, en este caso, Socma, e implicaría desapoderar a la cabeza del grupo de sus activos. También podría extenderse a Sideco, que fue accionista y controlante de Correo en el pasado.

Ese acto (de venganza) lo ejecutan a través de la Justicia, manipulada por el procurador del Tesoro, Carlos Zannini. De eso se trata el caso del Correo Argentino SA.

Mauricio Macri.

Sin embargo, según una fuente judicial del caso y un especialista en derecho comercial consultados se trata de un proceso sumamente complejo y extenso.

“Una eventual extensión de la quiebra del Correo sería a Socma, no a los accionistas. Este proceso lleva por lo menos cinco años y podría prolongarse hasta 20 años. Además, el Procurador del Tesoro tendría que demostrar que los accionistas y en particular los hijos de Macri tenían poder de decisión sobre la administración de Correo”, explicó una fuente con acceso directo al expediente.

“La adjudicación de responsabilidades en el artículo 162 de la Ley de Concursos y Quiebras es con respecto a los administradores, a los que toman decisiones”, agregó la fuente judicial. 

Nosotros vamos a solicitar la extensión (de la quiebra de Correo). Estamos estudiando.

Carlos Zannini — Procurador del Tesoro, en El Destape Radio.

“En teoría, podría ocurrir (que la extensión de quiebra alcance los bienes de los accionistas, con inhibiciones y otras medidas) pero hay muy pocos precedentes. En la historia de la Justicia comercial deben haber casos contados con los dedos de una mano”, explicó el abogado que enseña derecho comercial en una de las principales universidades del país y quien prefirió no ser nombrado debido a la sensibilidad del caso.

“La extensión de la quiebra pretende traer la mayor cantidad de activos para satisfacer los créditos de la compañía y dado que Correo tiene escasos bienes, es lógico que un acreedor busque llegar a los activos de la sociedad controlante”, explicó el abogado consultado. Socma tiene inversiones en dos compañías de comercialización de gas licuados; en una empresa que opera en la Central Hidroeléctrica Yacyretá; en una firma que gestiona residuos en Uruguay; en tres firmas del negocio automotriz con China; y en una agropecuaria, según el último balance a enero 2020 que presentó ante la IGJ.

Para poder extender la quiebra de Correo, Zannini y los acreedores que apuesten a este objetivo deberán demostrar “abuso de control” por parte de Socma. Las bases de esa acusación están en las denuncias y dictámenes de Boquin sobre el presunto vaciamiento de Correo, pero en sus escritos la fiscal nunca nombra ni imputa a los hijos de Macri, según surge de los escritos que constan en el expediente y que viene analizando este medio en la cobertura del caso. 

“El abuso de control implica que se van desviando recursos de una sociedad hacia otra del mismo grupo. Se la vacía y le crean pasivos. Es una hipótesis que hay acreditar con bastante rigurosidad”, afirmó el especialista en derecho comercial. “Las actas de asamblea en las que se reflejan las decisiones de los accionistas es un elemento a analizar en este sentido”, concluyó.

ED

El procurador del Tesoro, Carlos Zannini, anticipó este martes que el Estado va a “solicitar la extensión de la quiebra de Correo a Socma”, luego de que en las últimas horas la Justicia Comercial decretara la quiebra del Correo Argentino SA, una empresa del Grupo Macri.

“Me pongo muy contento por la declaración de quiebra. Esta gente ha demostrado mucha capacidad para dilatar el cumplimiento de sus obligaciones”, dijo Zannini en declaraciones emitidas a El Destape Radio y agregó: “Yo simplemente estoy interesado en recuperar los 300 millones de dólares que el Correo le debe al Estado argentino”.

En ese marco, explicó que “ahora el síndico tiene que elaborar un informe con plazo para el 1 de noviembre de este año, y ahí aconsejar a la jueza la extensión de la quiebra a Socma”, y añadió: “Vamos a solicitar la extensión de la quiebra de Correo a Socma”.

Este lunes, la Justicia comercial decretó la quiebra del Correo Argentino SA, una empresa del Grupo Macri, tras dar por finalizado el proceso de salvataje, al entender que la oferta realizada por la compañía postal “solo representaba el 100% de la deuda a los ojos de la propia empresa”, pero “no abarcaba el valor actual de la misma”.

La jueza en lo Comercial Marta Cirulli tomó la decisión luego de que fuera rechazada una nueva propuesta de la empresa postal que no satisfizo el interés del Estado Nacional, acreedor Categoría A, según surge del fallo de 44 páginas.

En su fallo, la jueza recordó que, de las seis firmas que se presentaron al salvataje, solo el propio Correo Argentino S.A. “mantuvo el interés de seguir con el trámite”, y párrafos más adelante explicó que la oferta realizada no satisfizo a los acreedores necesarios como para prosperar.

En sus declaraciones de este martes, Zannini se refirió también a la carta publicada el domingo por el expresidente donde denunciaba que él y sus hijos eran “víctima de persecución política” por medio de un “acto” ejecutado “a través de Justicia, manipulada por el procurador del Tesoro, Carlos Zannini”.

“Yo he hablado poco para que Macri no aproveche para decir una persecución”, explicó hoy el procurador del Tesoro y agregó que “el caso Correo no termina acá” y que “hay que tener cuidado con el optimismo”.

En este sentido Zannini dijo que “no subestima” la “capacidad de los abogados de Macri para alargar cualquier proceso” y recordó que el proceso de salvataje del Correo “empezó en marzo del 2010” y “pasaron 11 años hasta que ayer se decretó la quiebra”.

A su vez, dijo que tampoco “subestima” la “capacidad de Clarín para crear 'fake news'” y remarcó que “el rol de los medios en el caso Correo fue central”.

“Cuando Néstor toma la decisión de reestatizarlo en el 2003 los medios decían que le habían quitado el Correo a (Mauricio) Macri y no que Macri se lo había quitado a los argentinos”, ejemplificó.

“Con esas armas estamos enfrentando una situación muy compleja”, indicó Zannini.

Con información de agencias.

IG

La jueza comercial Marta Cirulli decretó la quiebra de Correo Argentino SA, compañía de la familia del expresidente Mauricio Macri, según el fallo de este lunes publicado en el sitio oficial del Poder Judicial de la Nación. Su resolución llegó tras dos décadas de concurso de acreedores, un escándalo político, causas judiciales y una deuda millonaria de la empresa con el Estado. La bancarrota deja abiertos también varios frentes penales por presunto fraude y vaciamiento que los responsables de la compañía deberán afrontar.

La magistrada basó su decisión en las supuestas maniobras fraudulentas para evitar la quiebra de la compañía -que venían siendo advertidas por la fiscal general Gabriela Boquin desde finales de 2016- y en la imposibilidad de Correo para cumplir con los requisitos legales que podrían haber garantizado el salvataje de la sociedad anónima, según su escrito. 

Cirulli también prohibió la salida del país hasta el 1° de noviembre próximo a los administradores que respondían a los Macri. Correo tenía como principal accionista a Socma, propiedades de miembros de la familia del expresidente. La jueza también decretó “la inhabilitación definitiva” de Correo y la de los administradores, por el plazo de un año contado.

La principal accionista de Correo es Socma (Sociedades Macri), cuyos accionistas son miembros de la familia del expresidente. En 2001, Correo entró en concurso de acreedores. La deuda original con el Estado nacional por el no pago del canon era de 300 millones de pesos/dólares, que actualizada a 2017, alcanzaba los $4.000 millones , según el cálculo del Ministerio Público Fiscal

Este domingo, Macri había dicho en una carta pública: “No sólo está en juego la integridad de mi familia, sino la idea misma de Justicia” y apuntó al procurador del Tesoro, Carlos Zannini, jefe de los abogados del Estado que pidió la quiebra de Correo. Según Macri, el funcionario actuó “en contra de los intereses del Estado y de la gente, rechazó cobrar el 100% de lo adeudado” por la empresa. Socma, en tanto, busca desde febrero último que el caso sea absorbido por la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Correo solicitó a la Justicia que declare al Estado Nacional “acreedor hostil”, pero su pedido fue rechazado.

Si bien Macri informó que Correo ofreció pagar el 100% del capital adeudado al Estado Nacional, la jueza comercial le recordó en su fallo que “la tasa de interés ofrecida (para actualizar ese monto luego de casi 21 años) no alcanzaría para completar la integralidad del pago”. También afirmó: “Es claro que el mantenimiento de esa tasa de interés no puede compensar ni remotamente lo adeudado por falta de pago de los cánones mensuales, devengados -cuando menos- desde el año 2001 hasta el cese de la concesión del servicio postal. ”No se perciben -dentro del expediente- elementos que conduzcan a afirmar que el rechazo de la propuesta evidenciado por el Estado Nacional no respondió a la defensa del interés público“, respondió Cirulli en su fallo.

Es un día nefasto para la justicia comercial argentina.

Comunicado de Correo Argentino SA.

“Si la deudora puede ofrecer una propuesta mejor, pero la retacea hasta el último momento posible, mal podría calificar de 'hostil' al acreedor que decide no aceptarla por hallarla insuficiente”, dijo la jueza.  “Por otra parte, la conducta desplegada por la deudora a lo largo del dilatado trámite concursal no auspicia -desde la perspectiva del acreedor- la necesaria confianza en el cumplimiento fiel de lo prometido, tanto más frente a la falta de concreción definitiva que ha caracterizado sus sucesivos ofrecimientos”, agregó.

“Es un día nefasto para la justicia comercial argentina”, sostuvo Correo este jueves por la tarde en un comunicado oficial. “La quiebra fue resuelta por una jueza recusada y requerida por la fiscal de Cámara que también se encuentra recusada. La quiebra se decretó a pesar de contarse con la conformidad de todos los acreedores de la empresa, excepto el Estado Nacional. La injusticia es mayor cuando el Estado Nacional es el culpable de la presentación en concurso por sus incumplimientos y por haberse apropiado ilegítimamente de todos los bienes de la concursada”, afirma el comunicado. 

La jueza, que interviene en el caso desde 2005, contradijo esta versión de Macri y de Correo en su fallo e incluso mencionó “lo atípico de la duración” del concurso, al que definió como “excepcionalísimo”, un proceso que la propia Justicia postergó durante casi 21 años (se cumplían el 9 de septiembre próximo). Aseguró que si hubiese aprobado el salvataje, algunos de los acreedores “deberían aguardar no menos de once años más para percibir sus acreencias. Si sumamos ese lapso a los veinte transcurridos, es claro que para cobrarlas habrían esperado treinta y un años, aproximadamente”, afirmó.

Las razones de la quiebra

La sociedad Correo Argentino se encontraba intervenida judicialmente desde marzo de 2020 y los administradores de los Macri perdieron el control de la compañía. El manejo de la empresa residual -que no tenía actividad económica- quedó entonces a cargo de una interventora judicial. 

Para evitar la quiebra, en agosto de 2020, la Justicia comercial activó el salvataje de Correo. Ese proceso fracasó este lunes, derivando en la bancarrota de la compañía.

Para lograr el salvataje, Correo necesitaba que la jueza apruebe los apoyos de los acreedores que aceptaron su última oferta, lo que le permitiría saldar sus deudas. 

El Estado Nacional, entre otros, rechazó la oferta, pero Correo presentó centenares de conformidades de otros acreedores que sí lo apoyaban. Con alcanzar un porcentaje estipulado por ley, podía evitar la quiebra.

Por otro lado, existe un elemento que aumenta aún más el margen de duda sobre la operatividad de otras conformidades arrimadas a la causa para integrar las mayorías legales.

Sin embargo, Cirulli afirmó en su fallo: “La deudora no aportó conformidades que cumplan con la exigencia legal”. Uno de los puntos observados por la magistrada fue que “muchas de tales conformidades (de los acreedores) fueron otorgadas en 2007 (hace más de trece años), dentro de un escenario negocial muy diferente al presente”. Eso es contrario a la Ley de Concursos y Quiebras, afirmó Cirulli, ya que Correo debía conseguir los apoyos de sus acreedores en base a la oferta de marzo, no a la de 2007. Ante la consulta de elDiarioAR en abril, voceros de Socma reconocieron que las conformidades databan de 2007 pero que entendían que estaban dentro del marco legal permitido.

La presentación de estas conformidades o apoyos de los acreedores viene siendo denunciado por la fiscal Boquin, quien interviene en el caso desde finales de 2016. Aún así, Correo sostuvo en escritos ante la jueza que los apoyos que presentó para sostener el salvataje son válidos y no habrían caducado. 

Cirulli decidió lo contrario. Avaló las pruebas de que las mayorías obtenidas para el salvataje “no fueron genuinas, por haberse obtenido fraudulentamente” y “que en este concurso se manipularon las mayorías obtenidas” con la ayuda de estudios jurídicos que trabajaban para los Macri y que se convirtieron en apoderados de acreedores originales para lograr los votos a favor de Correo en el salvataje, según la denuncia de Boquin. 

La deudora no aportó conformidades que cumplan con la exigencia legal.

Esa supuesta maniobra se habría realizado en 2007 y por ese motivo, según las sospechas de la fiscal, esos avales no pudieron volver a ratificarse: quienes lo hicieran quedarían complicados penalmente. Además de estos estudios jurídicos denunciados e investigados, el caso del principal acreedor de Correo también fue un factor analizado por la jueza. Se trata del austríaco Meinl Bank.

El Meinl Bank y otras denuncias

En abril, elDiarioAR informó que el Meinl Bank, una entidad multada en Austria y sancionada en Europa por sus vínculos con lavado de dinero y corrupción, acumulaba el 38% de la deuda de Correo y su voto era central para determinar si la compañía de la familia Macri se salvaba o iba a la quiebra. 

Sin embargo, el banco está en proceso de bancarrota desde febrero último -algo que Correo no informó en el expediente- y el aval de este acreedor con el que contaba Correo databa de 2007, por lo que carecía de validez legal. 

Sin ese apoyo, el salvataje iba camino al fracaso seguro. Pero además, el acuerdo contaba con varias supuestas irregularidades que la fiscal Boquin analizó en uno de sus últimos dictámenes: el banco se había convertido en acreedor de Correo en 2006 comprando deudas ajenas y aceptó luego condiciones que sólo beneficiaban a la compañía de los Macri. Por este caso se abrió también una causa penal, tras la denuncia de Boquin.

La jueza Cirulli analizó que si la investigación judicial “arrojara como resultado la ilegitimidad de tal crédito, lo cierto es que mucho más de la mitad del capital computable para la determinación de las mayorías legales habría desaparecido”. También resaltó: “No existe constancia en la causa del acuerdo” entre Correo y el Meinl Bank, “el cual tampoco fue puesto en conocimiento de la interventora actuante cautelarmente, ni del Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales dependiente de la Corte Suprema de Justicia”.

Frentes penales

“Por otro lado, existe un elemento que aumenta aún más el margen de duda sobre la operatividad de otras conformidades arrimadas a la causa para integrar las mayorías legales”, afirmó Cirulli.

La jueza citó un caso específico: un abogado que figura como apoderado de personas que apoyaron el salvataje de la compañía y que denunció que nunca cumplió ese rol. Su presentación ante la Justicia disparó una serie de consultas que permitieron a este medio reconstruir la historia detrás de una supuesta estafa.

Ante las denuncias múltiples y una causa penal en curso, la jueza aseguró que considera que ya no es viable esperar los resultados o desenlaces de dichas sospechas acumuladas debido a que “un trámite concursal que viene durando veinte años no admite dilaciones mayores, dentro de un procedimiento de orden público que consumió largamente todas sus etapas; y cualquiera fuere el resultado de las averiguaciones en curso, la solución concursal sería la misma”: la quiebra.

El acuerdo que no fue

Correo Argentino SA explotaba la concesión del servicio postal durante los 90. En 2001, entró en concurso de acreedores, situación que se extendió por casi dos décadas. La deuda original con el Estado nacional por el no pago del canon era de 300 millones de pesos/dólares, que actualizada a 2017, alcanzaba los $4.000 millones , según el cálculo del Ministerio Público Fiscal. 

En junio de 2016, el gobierno de Macri firmó un pre-acuerdo con Correo por su deuda. Según estableció la fiscalía de Boquin y los técnicos del Ministerio Público Fiscal, ese acuerdo implicaba una quita del 98,87% a favor de la compañía. Correo hace un cálculo muy diferente. “La propuesta de Correo, el 28 de junio de 2016, planteaba dos escenarios: el monto a pagar quedaba fijado entre los $528.800.216 (lo que equivalía a una quita del 44%) y los $651.321.558 (correspondiente a una quita del 54,5%)”, sostienen los representantes de Correo consultados por este medio.

ED

La suerte de Correo Argentino SA y de las compañías del grupo Macri gira sobre un eje cada vez más complejo: para salvarse de la quiebra, Correo tiene un aliado central, el banco Meinl Bank, que sigue acumulando problemas con la ley en Austria, en Argentina y ahora, en los Estados Unidos. La fiscalía del Distrito Este de Nueva York presentó cargos contra dos exejecutivos del Meinl Bank por los presuntos delitos de conspiración para lavar dinero, lavado de dinero internacional y blanqueo de capitales de procedencia supuestamente ilegal, según informó el Departamento de Justicia estadounidense el 25 de mayo último. 

Los acusados son el ex CEO del Meinl Bank, Peter Weinzierl (55), quien se encuentra detenido en Londres; y un segundo ejecutivo, Alexander Waldstein (73), supuestamente prófugo, según la última información publicada en los medios internacionales. Ambos son austríacos, de acuerdo con un comunicado del organismo de los Estados Unidos. 

Meinl Bank es el principal acreedor de Correo Argentino SA, ya que concentra el 38% de la deuda y esa posición le permite tener poder de voto sobre el resto de los acreedores de la compañía de los Macri. Con ese poder puede incluso imponerse al Estado nacional y forzar a Carlos Zannini, procurador del Tesoro, a aceptar la última oferta de Correo para pagar su deuda, evitar la quiebra y cerrar el caso. Zannini ha rechazado, al igual que otros acreedores como el Banco Nación, esa última oferta y pidió la quiebra. La compañía de los Macri ha negado en sus planteos ante la Justicia y ante consultas de elDiarioAR que existan irregularidades en su relación con el Meinl Bank.

Sin embargo, ese poder del Meinl Bank es un castillo de arena, de acuerdo con los documentos y datos oficiales y judiciales que viene informando elDiarioAR desde abril; a los dictámenes de la fiscal general Gabriela Boquin; y a una auditoría encargada por las autoridades bancarias de Austria en diciembre de 2014 y que ha revelado el diario La Nación. La presentación en Nueva York de cargos formales por presunto lavado y las acusaciones puntuales de actos de supuesta corrupción contra Weinzierl y Waldstein agudizan aún más la endeble situación de este importante acreedor del que depende el grupo Macri para salvarse de la quiebra de Correo.

Las acusaciones contra los banqueros austríacos en los Estados Unidos y la detención del ex CEO habían pasado desapercibidos en Argentina hasta este domingo, cuando fue publicado por Jorge Elbaum en El Cohete a la Luna.

La acusación en Nueva York

La fiscalía del Distrito Este de Nueva York venía investigando a los ejecutivos del Meinl Bank en torno a un caso ya confirmado de sobornos y lavado de activos: el caso Odebrecht.

Las cuentas bancarias de la empresa fantasma que estaban involucradas en el plan y que se utilizaban para pagar sobornos a funcionarios extranjeros se mantenían en el Antigua Bank, que estaba controlado por Weinzierl, Waldstein y sus co-conspiradores.

Weinzierl y Waldstein están acusados de haber montado un esquema de cuentas offshore para que la constructora brasileña Odebrecht pagara, entre 2006 y 2016, cientos de millones de dólares en sobornos a funcionarios públicos de al menos tres países: Brasil, México y Panamá. Para armar dicho sistema utilizaron la estructura del Meinl Bank en Austria y en Nueva York, entre otras jurisdicciones como Suiza, Portugal y Panamá, sostiene el escrito de acusación.

La maniobra incluyó “transacciones fraudulentas y acuerdos ficticios para transferir más de US$170 millones de cuentas bancarias en Nueva York a nombre de Odebrecht” y a través del banco austríaco transferían el dinero “a cuentas bancarias de empresas fantasma en el extranjero que son propiedad y estaban controladas en secreto por Odebrecht”, informó el ya citado comunicado del Departamento de Justicia. 

Además de trabajar para Odebrecht desde Austria, en 2010 ambos ejecutivos gestionaron y autorizaron que el Meinl vendiera a Odebrecht el 51% de las acciones de la sucursal del banco en Antigua y Bermuda (Antigua Bank), en el Caribe, que se utilizó para que la constructora manejara con mayor independencia sus cuentas del Departamento de Operaciones Estructuradas, o, como lo definió el Departamento de Justicia en 2016, el Departamento de Sobornos de la constructora. 

Los testimonios de exejecutivos de Odebrecht que declararon como arrepentidos también fueron clave en la presentación de la prueba contra Weinzierl y Waldstein, miembros de la junta de un banco de Antigua, según el escrito de acusación.

“Las cuentas bancarias de la empresa fantasma que estaban involucradas en el plan y que se utilizaban para pagar sobornos a funcionarios extranjeros se mantenían en el Antigua Bank, que estaba controlado por Weinzierl, Waldstein y sus co-conspiradores (exejecutivos de Odebrecht) y que se utilizaba para promover el plan”, agregó el Departamento de Justicia. “Los acusados ​​se presumen inocentes a menos que se pruebe su culpabilidad y hasta que se demuestre su culpabilidad”, finaliza el comunicado.

En dicho documento, de unas 30 páginas y acceso público, los fiscales de Nueva York no hacen mención a Correo ni a Socma. Argentina es mencionada una única vez, cuando los acusadores sostienen que los ejecutivos autorizaron operaciones que buscaban simular la transferencia de fondos con fines legales cuando, en realidad, se trataba de una pantalla. Entre esas maniobras de camuflaje, otorgaron créditos y “garantías contra riesgos políticos en los países donde Odebrecht operaba” y cita específicamente “en Argentina, Angola y Rusia”. 

La compañía brasileña, cuyos dueños y ejecutivos admitieron el pago de coimas a exfuncionarios argentinos, ganó en 2008 la licitación del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, en sociedad con Iecsa, entonces propiedad de Angelo Calcaterra (primo de Mauricio Macri), quien ha sido indagado por el juez Marcelo Martínez de Giorgi por los supuestos sobornos a exfuncionarios de Néstor y Cristina Kirchner y ha negado -al igual que los exmiembros de los gobiernos kirchneristas- cualquier participación en los ilícitos. 

Si bien el Meinl Bank acumula escándalos y acusaciones, en Socma aseguraron ante la consulta que sus deudas con el banco son anteriores a que se dieran a conocer esos casos, dijo una fuente de la compañía.

El CEO detenido

La investigación contra Weinzierl y Waldstein era confidencial hasta el 25 de mayo último, cuando la fiscalía anunció que Weinzierl había sido arrestado ese mismo día en el Reino Unido, como consignó el Departamento de Justicia. El ejecutivo fue capturado tras aterrizar en ese país con su jet privado en un aeropuerto al sur de Londres, según informó la agencia Bloomberg el 2 de junio último. Su colega, Waldstein, permanece prófugo de la Justicia estadounidense y no había comunicación oficial sobre su captura al cierre de esta nota.

Actualmente, Weinzierl se encuentra en una prisión en Londres. Este miércoles, tuvo una nueva audiencia en los tribunales londinenses para volver a pedir su libertad bajo fianza de US$5 millones, pero el juez le solicitó más información sobre su patrimonio real para considerar si esa cifra es adecuada, informó la agencia Bloomberg.

Hasta el momento, Weinzierl ha presentado dos abogados defensores ante los tribunales londinenses: Ben Watson y James Lewis, según informó la agencia Bloomberg. A principios de junio, Lewis planteó en una audiencia en Londres que la solicitud de las autoridades estadounidenses “pinta una imagen totalmente injustificada y engañosa”, según reflejó el mismo medio. De acuerdo con su defensor, “Weinzierl sabía de las investigaciones y había cooperado con las autoridades austriacas y la Oficina Federal de Investigaciones”, citó Bloomberg. 

El fraude consistía en poner a un banco austríaco como testaferro, el banco Meinl, y nosotros quedar como accionistas ocultos a través de fundaciones en Luxemburgo y como dueños de unas sociedades en Panamá.

Mariano Macri — al periodista Santiago O’Donnell en el libro Hermano.

La conexión con Correo

La fiscal general Gabriela Boquin sostuvo en su dictamen del 6 de mayo que el Meinl Bank cumplió un rol sospechoso en el concurso de acreedores de Correo desde 2005, actuando en detrimento de sus intereses y a favor de la familia del expresidente Mauricio Macri. 

En uno de los puntos que señaló, la fiscal explicó que el Meinl Bank se convirtió en el principal acreedor de Correo por decisión propia: en 2005 y 2006 -al mismo tiempo que comenzó a trabajar para la constructora Odebrecht, según la fiscalía de Nueva York- el banco absorbió las acreencias de la Corporación Financiera Internacional (CFI) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que equivalen a un total de US$117.294.798. 

Luego, en 2013, el Meinl Bank acordó con Correo congelar esa deuda al valor del dólar de noviembre de ese año: costaba $6,525. Esa deuda de la compañía de los Macri con el Meinl Bank equivalía entonces a $765.348.560. Y así se quedó en el tiempo. A mayo de este año, superaría los $11.582 millones (con un dólar oficial a $98,75), según el cálculo de elDiarioAR con base en los datos del dictamen fiscal. ¿Por qué el Meinl aceptó este acuerdo? “Eso habría que preguntárselo al banco”, respondieron en Correo ante la consulta de este medio en abril. 

Weinzierl sabía de las investigaciones y había cooperado con las autoridades austriacas y la Oficina Federal de Investigaciones.

James Lewis — Abogado del ex CEO del Meinl Bank.

El banco austríaco resignó cobrar 15 veces el valor de la deuda real de Correo y además intentó garantizar que la compañía de los Macri no vaya a la quiebra. Por esto, Boquin solicitó que se investigue. “La única relación (con el Meinl) es por acreencias con el banco”, sostuvieron en Socma ante la consulta de este medio en abril. 

A esta sospecha, se suma la información que surge de una auditoría realizada en diciembre de 2014 por PriceWaterhouseCoopers a pedido de las autoridades bancarias en Austria. El informe le dedica un capítulo a la relación entre el Meinl Bank y Socma (Sociedades Macri), principal compañía de la familia del expresidente y accionista de Correo: sostiene que Franco Macri -padre del expresidente- gestionó que el Meinl Bank le comprara los créditos del BID y la CFI con Correo, en 2005 y 2006. Es decir, que Socma estaría detrás de su principal acreedor, algo prohibido en Ley de Concursos y Quiebras. “Existe una sospecha de blanqueo de capital”, sostiene la auditoría de Austria.

Mariano Macri, el menor de los hermanos varones del expresidente y accionista del 20% de Socma, también se refirió a la relación entre el banco y el grupo empresario de su familia en una supuesta maniobra para correr a los Macri de Socma de manera ficticia ante la acumulación de una deuda con un banco de Brasil (el BNDES). “El fraude consistía en poner a un banco austríaco como testaferro, el banco Meinl, y nosotros quedar como accionistas ocultos a través de fundaciones en Luxemburgo y como dueños de unas sociedades en Panamá”, contó Mariano Macri al periodista Santiago O’Donnell en el libro Hermano. Socma y Correo desmienten cualquier irregularidad en su relación con el banco austríaco y negaron ante la consulta las aseveraciones del hermano menor de Mauricio Macri.

El 26 de mayo, la jueza comercial Marta Cirulli ordenó investigar el acuerdo entre Correo y el Meinl Bank, según el fallo al que accedió elDiarioAR. La magistrada también dispuso librar exhortos a autoridades de Austria y al Banco Central Europeo para obtener información sobre las sospechas y denuncias contra la entidad bancaria y el acuerdo celebrado con Socma (Sociedades Macri).

En Austria, el Meinl Bank está denunciado por supuesto lavado de dinero con bancos de Europa del Este; fue sancionado por la autoridad de control financiero de Austria en 2019; y el Banco Central Europeo (BCE) le quitó la licencia para operar ese mismo año. Cambió su nombre a Anglo Austrian Bank pero terminó en bancarrota y la Justicia austríaca ordenó el cierre de la compañía en febrero último, como reveló elDiarioAR en abril. 

El 7 de junio, días después de la orden de la jueza Cirulli de investigar la relación con el Meinl Bank, Correo se opuso a las medidas, las calificó en un escrito en el expediente como “absolutamente improcedentes e injustificadas” y pidió que sean suspendidas. La magistrada Cirulli aún no ha decidido sobre dicho planteo.

ED

La disputa política por el regreso a las clases virtuales o la permanencia de los alumnos en las escuelas primarias y secundarias de la Ciudad de Buenos Aires se definirá, por el momento, en dos frentes centrales en la Justicia, que tendrán que decidir quién tiene razón en su planteo: la Ciudad de Buenos Aires o el Ejecutivo Nacional, según los fallos, resoluciones, dictámenes y fuentes consultadas por elDiarioAR. Todo indica que, además, la disputa en la instancia federal podría terminar también en el máximo tribunal del país, explicó una fuente judicial de la Ciudad experta en la materia. ¿Qué pasará mientras tanto con las clases hasta que la Justicia se expida?

Hasta este martes por la mañana, los alumnos de educación inicial, primaria y secundaria de la Ciudad debían continuar asistiendo a las escuelas de manera presencial. Así surge de los escritos analizados y la consulta a las autoridades de Nación, de la Ciudad y fuentes judiciales de la Corte. La definición más urgente vendría del fuero federal, sostienen en el máximo tribunal.

Entendemos que la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires declinará su competencia para atender amparos, tal como surge del antecedente Municipio de Avellaneda contra la provincia de Buenos Aires.

Este escenario actual fue ordenado por la Justicia porteña el domingo por la noche y dispuesto por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta horas más tarde, que debió acatar la orden que tanto esperaba: el Ejecutivo porteño apoya la presencialidad en las aulas al sostener que las clases en las escuelas no generan más contagios de Covid-19 en relación a otros ámbitos de la Ciudad, dijo el jefe de gobierno porteño en una conferencia de prensa.

En la provincia de Buenos Aires, el intendente de Vicente López, Jorge Macri, evaluaba acudir a la Corte Suprema bonaerense para presentar su amparo contra el decreto del gobernador Axel Kicillof, que replicó la medida de Alberto Fernández en su territorio, según informó uno de sus asesores la mañana del martes. Pero este mediodía la municipalidad informó en un nuevo comunicado que seguirá insistiendo con su planteo en una instancia inferior al máximo tribunal bonaerense: la Cámara Contencioso Administrativa de San Isidro. Mientras tanto, hasta que no intervenga la Justicia, en la Provincia las clases serán virtuales hasta al menos el 30 de abril.

Las dos instancias judiciales que deben tomar una definición sobre la problemática que mantiene a millones de porteños en vilo son la Corte Suprema de la Nación, por un lado, y la Justicia federal con asiento en la Capital Federal, por el otro (intervendrá Esteban Furnari, juez de primera instancia del fuero Contencioso Administrativo Federal). En esta última, en la Corte plantean que eventualmente también podrían tener que intervenir, pero que quien define en lo inmediato sobre las clases presenciales o virtuales es el fuero federal y que el máximo tribunal intervendría luego si una de las partes presenta un recurso extraordinario ante la Corte.

Ambas instancias resolverán, al mismo tiempo, sobre dos cuestiones diferentes: si el decreto de Alberto Fernández es o no inconstitucional (lo debe determinar la Corte) y, por otro lado, si se ordena a la Justicia porteña inhibirse de intervenir ante la falta de competencia en la materia. El Ejecutivo también pidió al fuero federal anular el fallo dictado por tres camaristas de la Ciudad de Buenos Aires que ordenó el domingo por la noche sostener la presencialidad en las escuelas porteñas (es el planteo sobre el que deberá fallar el juez federal, si hace lugar al pedido realizado este lunes por el Ejecutivo Nacional en el fuero federal). 

Pero primero corresponde resolver si hay un conflicto de competencia entre la Justicia federal y la Justicia de la Ciudad. Según una fuente de la Corte, le corresponde a una instancia inferior: la Cámara de Apelaciones del fuero Contencioso Administrativo Federal. Luego el fuero federal debería resolver si debe revocar la cautelar ordenada en el fallo del domingo y revertir la orden de abrir las escuelas porteñas. La Corte intervendría en esta causa sólo ante un recurso extraordinario de alguna de las partes, sostiene la fuente consultada en el máximo tribunal. “Muchos de los conflictos de competencia suelen llegar a la Corte”, explica una fuente del máximo tribunal.

Se trata de dos causas diferentes y van a correr por vías paralelas, explicó una fuente del máximo tribunal del país. 

Causa I

En la Corte, el fallo girará en torno al decreto de Fernández, que dispuso el regreso a las clases presenciales en la Ciudad y parte del conurbano bonaerense (el Área Metropolitana de Buenos Aires, AMBA) ante el sostenido incremento de casos positivos de Covid-19 en los últimos dos meses.  

El gobierno de la Ciudad busca dejar sin efecto ese decreto. Si el máximo tribunal declara que la orden presidencial es inconstitucional (como planteó el gobierno porteño), las clases seguirán siendo presenciales. De lo contrario, podría obligar a Rodríguez Larreta a acatar lo que ordenó el Presidente en el decreto.

¿Qué pasa con las clases mientras la Corte decide? Como ya existe un fallo de la Justicia porteña y como las causas van en paralelos y son dos expedientes distintos, las clases en la Ciudad siguen siendo presenciales hasta que la Justicia (en la Corte o en el fuero federal) falle lo contrario.

El máximo tribunal aún no falló sobre el fondo de la cuestión: si declara o no que el decreto de Fernández que obliga a la Ciudad y el AMBA a regresar a la virtualidad escolar 

Lo que hizo la Corte este lunes fue habilitar el análisis del caso: dijo que es competente para tratar el planteo de la Ciudad. Ahora deberá analizar el fondo y fallar sobre el planteo de la Ciudad. Ese fallo podría definir si el decreto que impuso la virtualidad es o no constitucional y por lo tanto, si la Ciudad y la provincia de Buenos Aires están obligadas o no a acatarlo. 

Antes de fallar sobre el fondo, la Corte necesita escuchar los argumentos del Ejecutivo Nacional a favor de la legalidad del decreto para imponer esta medida sobre la educación de dos jurisdicciones. Por eso, este lunes la Corte comunicó al Estado Nacional que tiene un plazo de cinco días para realizar su presentación. 

Causa II

En la otra instancia que interviene, el fuero federal, todo gira en torno al fallo del domingo por la noche. El Ejecutivo Nacional se presentó este lunes ante ese fallo de la Justicia porteña (la Cámara de Apelaciones en los contencioso administrativo de la Ciudad ordenó al gobierno porteño continuar con las clases presenciales, a pedido de una fundación que presentó un amparo). 

La jefatura de Gabinete de la Nación, a cargo de Santiago Cafiero, planteó al juez federal Esteban Furnari que los tribunales porteños no tendrían potestad para decidir contra la medida dispuesta por el Presidente y que el magistrado federal debe ordenar a la Justicia porteña que se inhiba de intervenir. Si el juez hace lugar a dicho planteo, debe solicitar a la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad (el tribunal que falló el domingo) que le remita la causa y se inhiba.

Si el tribunal porteño se rehúsa, la disputa entre ambos se define en la Cámara de Apelaciones del fuero Contencioso Administrativo Federal, que interviene en las demandas contra el Estado Nacional, y que deberá determinar quién es competente en la causa. Mientras tanto, la orden del tribunal porteño dictada el domingo sigue vigente y las escuelas siguen abiertas, explicó una fuente judicial de la Ciudad experta en la materia. Esta última fuente considera que la Corte debería intervenir en última instancia para destrabar el conflicto sobre la competencia. En el máximo tribunal, respondieron ante la consulta que antes deberá intervenir un tribunal de apelaciones inferior a la Corte, que recién intervendría si una de las partes interpone un recurso extraordinario para que lo analicen los jueces supremos.

Ahora bien, si el juez federal falla en contra del planteo de Nación, el fallo del domingo quedaría firme, aseguró una fuente de la Corte. El resultado para los porteños es el mismo: las clases siguen siendo presenciales, por ahora.

Aceite y aceto

A esta ensalada jurídica se suma un segundo planteo ante el fuero federal. Luego de la presentación de Nación, la exministra Patricia Bullrich se presentó ante el mismo fuero con un planteo contrario. Interviene, por el momento, otro juez, par de Furnari. Bullrich planteó que se declare inconstitucional el decreto de Fernández. Es el mismo argumento de la Ciudad ante la Corte, pero en el fuero federal, una instancia inferior pero que puede actuar con mayor rapidez que el máximo tribunal en caso de un amparo. Ahora bien, como Bullrich no es una damnificada directa del decreto presidencial, el juez deberá analizar si tiene entidad para presentar ese amparo.

En el Palacio de Justicia, sede de la Corte, también se hablaba este lunes de una presentación del ministerio de Salud de la Nación solicitando que la Justicia de la Ciudad se declare incompetente para intervenir en el caso (a pesar de que ya lo hizo con un amparo específico, el de la fundación). La cartera de Carla Vizzotti presentó un escrito ante el tribunal que falló el domingo para solicitar que el fuero se abstenga de seguir interviniendo, según el escrito al que accedió ese martes elDiarioAR. La ministra fue en el mismo sentido que la Jefatura de Gabinete pero en una vía distinta: se lo pidió directamente a la Justicia porteña, mientras que Jefatura lo planteó en el fuero federal. Una estrategia doble.

¿Qué pasa en Provincia?

A este escenario, se sumó este lunes otro frente pero relacionado con las clases en la provincia de Buenos Aires. Luego del decreto de Fernández, el gobernador Axel Kicillof firmó su propio decreto para ratificar la virtualidad de las clases en su jurisdicción.

El intendente del partido de Vicente López, Jorge Macri (Junto por el Cambio), presentó este lunes al mediodía un amparo ante la Justicia de San Isidro solicitando que declare inconstitucional el decreto de Kicillof y habilite que continúen las clases presenciales en los municipios afectados por la medida del gobernador, según el escrito al que accedió este medio. La respuesta que obtuvo Jorge Macri este martes es que su amparo contra la gobernación debe plantearse ante la Corte Suprema bonaerense, máximo tribunal de la Provincia.

“Entendemos que la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires declinará su competencia para atender amparos, tal como surge del antecedente Municipio de Avellaneda contra PBA”, informaron el martes al mediodía. Acudirá a la Cámara Contencioso Administrativa de San Isidro para apelar el fallo del juez de primera instancia que rechazó su competencia para tratar el amparo.

Trasfondo del trasfondo

La decisión de la Corte de este lunes se tomó en el marco de una pelea jurídica: si el máximo tribunal es o no competente para decidir sobre los planteos que hace el gobierno de la Ciudad contra decisiones del Estado Nacional. La resolución a favor de intervenir fue por mayoría, no fue unánime: la jueza Elena Highton de Nolasco votó contra la Ciudad y sostuvo, como viene planteando en otros expedientes, que la Ciudad no tiene potestad para reclamar ante la Corte por decisiones del Ejecutivo Nacional. 

La discusión sobre si el gobierno porteño puede acudir ante la Corte Suprema de la Nación ya fue discutida entre los ministros del máximo tribunal. La Constitución Nacional habilita a los gobiernos de las provincias a presentarse ante la Corte en estas circunstancias. Highton sostiene que la Ciudad no puede equipararse a las provincias. Sus colegas, los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Rosenkrantz establecieron que sí puede equipararse.

El conflicto por las clases presenciales o virtuales quedó enmarcado no sólo en torno a la crisis general desatada por la pandemia del Covid-19 sino también es la contienda política entre el oficialismo y Juntos x el Cambio y hasta en cuestiones mucho más profundas que una pelea en año electoral: vuelve a poner sobre la mesa qué alcance tiene la autonomía de la Ciudad. 

*Esta nota se actualizó el martes 20 de abril a las 09:38 horas y a las 11:35. Se modificó además el título original luego de que, ante sucesivas consultas que continuaron durante la mañana del martes, se planteara una diferencia entre la postura de una fuente de la Corte y la de una fuente de la Justicia porteña sobre el rol de la Corte en la disputa. Las posturas se explican en el artículo y tienen que ver con los tiempos de intervención de la Corte en la causa originada por el Estado Nacional en el fuero federal.

ED

La jueza Marta Cirulli tiene un rol central en el futuro de Correo Argentino SA, ya que es quien deberá decidir si la compañía de los Macri quiebra. En los próximos días tendrá además una tarea central en ese camino, cuando reciba el informe de los síndicos que controlan el desarrollo del salvataje de Correo. La magistrada debe decidir en el corto plazo sobre dos cuestiones, según un pedido de los representantes de Correo en el expediente de acceso público:

Este lunes, vence el plazo para que los síndicos del concurso preventivo de Correo comuniquen a Cirulli si los apoyos presentados por Correo para salvarse de la quiebra cumplen con las cantidades requeridas por la ley de Concursos y Quiebras (necesita que una mayoría determinada de acreedores acepte su oferta para el pago de sus deudas para concretar el salvataje).

El expresidente Mauricio Macri le apuntó a Cirulli el viernes 9 de abril en su cuenta personal de Twitter: dijo que espera que la jueza rechace el pedido del Estado Nacional y evite la quiebra de Correo, solicitada dos días antes por Zannini, representante del Estado en el expediente. El Estado Nacional tiene poco más del 30% de la deuda de la compañía de los Macri.

Para cumplir con el pedido del exmandatario, la magistrada debería homologar los apoyos de los acreedores que prestaron su conformidad para salvar a Correo, entre ellos, el del Meinl Bank, un banco quebrado y acusado de lavado de dinero y corrupción.

La jueza Cirulli solicitó a los síndicos que se expidan únicamente sobre los números y cantidades de apoyos presentados por Correo, pero no les ordenó que analicen si esos apoyos cumplen con los requisitos de la ley, según consta en escrito que firmó la magistrada el 9 de abril último y que es de público acceso. 

Será ella, entonces, quien tenga la última palabra para determinar si los acreedores que están pujando para salvar a Correo representan apoyos reales y legales (tendrá que evaluarlo, por ejemplo, en el caso del Meinl Bank) y evaluar si no encuadran en posibles conflictos de intereses o fraude (como en el caso de los acreedores que cedieron sus deudas a abogados que fueron directivos de Correo o miembros de estudios jurídicos que trabajan para Correo y que denunció en un dictamen la fiscal Gabriela Boquin).

Próximos pasos

Si la jueza determina que los apoyos presentados por Correo a principios de abril para salvarse son insuficientes, debe decretar la quiebra de la compañía, según establece la ley. Correo podrá acudir entonces a la Cámara de Apelaciones de la Justicia Comercial para pedir que se revierta la decisión de la jueza.

Allí comenzaría otra etapa central en el futuro de los Macri: si la causa ingresa a la Cámara Comercial, las camaristas deben dar intervención a la fiscal Boquin.

Socma, principal accionista de Correo, ya se adelantó y acudió al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, integrado por jueces que llegaron gracias al apoyo de la Legislatura porteña y del jefe de Gobierno porteño y aliado de Macri, Horacio Rodríguez Larreta, para solicitar que aparten a la fiscal del caso por supuesta “parcialidad”.

Boquin viene denunciando el supuesto vaciamiento de Correo y el presunto fraude a los acreedores. La compañía y su accionista, Socma, niega esas acusaciones.

Correo Argentino SA explotaba la concesión del servicio postal durante los 90. En 2001, entró en concurso de acreedores, situación que se extendió por casi dos décadas. La deuda original con el Estado nacional por el no pago del canon era de 300 millones de pesos/dólares, que actualizada a 2017, alcanzaba los $4.000 millones , según el cálculo del Ministerio Público Fiscal. 

En junio de 2016, el gobierno de Macri firmó un pre-acuerdo con Correo por su deuda. Según estableció la fiscalía de Boquin y los técnicos del Ministerio Público Fiscal, implicaba una quita del 98,87% a favor de la compañía. El pre-acuerdo se cayó tras la posición de la fiscal. Correo hace un cálculo muy diferente y dice que la quita no superaba el 54% de la deuda.

ED

Es el principal acreedor de Correo Argentino SA y su voto es central para determinar si la compañía de la familia Macri se salva o va a la quiebra, según los expedientes y fuentes judiciales y empresariales consultados por elDiarioAR. Es también clave en un expediente por supuesto fraude a los acreedores que enfrenta la empresa en el fuero penal. Se trata del Meinl Bank, un banco austríaco sancionado por maniobras de presunto lavado de dinero e involucrado directamente en el pago de sobornos del caso Odebrecht. 

Esta semana, el caso entró en la recta final: Correo presentó los apoyos de una mayoría de acreedores que dieron su conformidad a su última oferta para saldar las deudas de la compañía. Sin embargo, la Procuración del Tesoro, que encabeza Carlos Zannini y representa los intereses del Estado Nacional (acreedor de Correo) rechazó la propuesta y pidió la quiebra de la empresa de los Macri. 

El expresidente Mauricio Macri escribió este viernes en su cuenta personal de Twitter que espera que la jueza que interviene en el caso, Marta Cirulli, rechace el pedido del Estado Nacional y evite la quiebra de Correo. Para hacerlo, la magistrada debe homologar los apoyos de los acreedores que prestaron su conformidad para salvar a Correo, entre ellos, el del Meinl Bank.

Estas mayorías que Correo consiguió para evitar la quiebra deben cumplir ciertas normas legales: Correo no puede estar detrás de los acreedores que le prestan su apoyo, no puede ser accionista de esos acreedores o controlada por esos acreedores.

Si las mayorías no cumplen con la ley, la Justicia debe hacer caer el salvataje y decretar la quiebra. Por eso, los Macri se juegan mucho en esta etapa del proceso. La quiebra, además, podría extenderse a Socma y Sideco, principales compañías del grupo.

El presunto fraude a los acreedores es también un frente penal para Correo y los Macri y es parte de la causa que investiga el juez federal Ariel Lijo, confirmó una fuente con acceso directo a ese expediente.

Publicaciones periodísticas y el propio Mariano Macri, hermano del expresidente y uno de los accionistas de Socma (Sociedades Macri), principal empresa de la familia, expusieron ante la Justicia el estrecho vínculo entre el Meinl Bank y los Macri. 

¿Por qué un banco austríaco está dispuesto a salvar a una empresa residual de los Macri, cuyas acciones valen cero pesos y cuyas deudas no paga hace más de 20 años? Esa es una de las preguntas que viene planteando la fiscal general Gabriela Boquin en el expediente.

En Correo responden que “la sospecha está fuera de foco” y que “no merece ni cinco segundos de análisis”. “Es un banco extranjero como cualquier otro banco del exterior”, sostienen en la compañía.  

Las manchas de Austria

Si bien el Meinl Bank acumula escándalos y acusaciones, en Socma sostienen que sus deudas con el banco son anteriores a esos casos, dijo una fuente de la compañía a este medio. 

El banco austríaco está directamente involucrado en el pago de las coimas por parte de la constructora brasileña Odebrecht, un caso que se destapó en 2014. La compañía de Brasil cuyos ejecutivos y sus dueños admitieron el pago de sobornos millonarios a funcionarios de Brasil, América latina y África para obtener contratos de obra pública llegó a adquirir una sucursal del Meinl en Antigua, un paraíso fiscal del Caribe, desde la que administraba los pagos ilegales. 

Odebrecht ganó la licitación del soterramiento del ferrocarril Sarmiento como socia de Iecsa, la constructora que fue propiedad de Socma y que quedó luego en manos del primo de Macri, Angelo Calcaterra. Ambas empresas son investigadas en Argentina por el supuesto pago de coimas a exfuncionarios de Cristina Fernández de Kirchner.

Es un banco extranjero como cualquier otro banco del exterior.

En febrero de 2019, ante otras acusaciones por presunto lavado de dinero en Europa del Este y tras el caso Odebrecht y sus implicancias en el Lava Jato brasileño, la Financial Market Authority de Austria (FMA) sancionó al Meinl Bank con una multa de 500.000 euros, según un comunicado del organismo extranjero. 

La sanción fue por “incumplimiento de los requisitos de diligencia debida para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo”, resaltó entonces el medio británico Financial Times.

En noviembre de ese mismo año, el Banco Central Europeo (BCE) le revocó la licencia para operar en el viejo continente. 

Los Meinl

Luego de la medida tomada por el Banco Central Europeo, el Meinl Bank publicó en su sitio web un comunicado en el que rechazó la decisión del organismo y sostuvo que, antes de la sanción, sus autoridades ya habían decidido retirarse del mundo financiero, según informó Financial Times. 

La conformidad del Meinl Bank no es de ahora, es anterior y nunca antes había sido cuestionada.

El banco austríaco era propiedad de la familia Meinl pero sus accionistas, según su reporte anual de 2015 que analizó este medio, eran cuatro sociedades inversoras con sede en Viena. Fue luego absorbido por otro banco, en medio de las denuncias en su contra. elDiarioAR se comunicó vía mail con la entidad que absorbió al Meinl Bank en el extranjero pero al cierre de esta nota no obtuvo respuesta.

En su artículo de 2019, Financial Times informa que los Meinl hicieron su fortuna “como grandes importadores de café durante la era de los Habsburgo, y los blends de Meinl todavía se elaboran y sirven en las distintivas bandejas de plata de los salones urbanos de Viena”. 

También inauguraron en 1950 Julius Meinl am Graben, catalogada como la “tienda de alimentos de lujo más conocida de Viena”, vecina a la catedral de San Esteban, en Viena, publicó el medio británico. Es también restaurante, bar y casa de té y café. En su tienda online, pueden adquirirse productos alimenticios de todo tipo, como café de distintas categorías, desde $1.500 hasta $14.300 el medio kilo.

Desembarco en el caso Correo

¿Cómo se convirtió este banco austríaco en el principal acreedor de Correo? El Meinl Bank no es un acreedor original de la empresa de los Macri sino que decidió serlo con posterioridad, cuando adquirió las deudas de Correo con dos entidades internacionales: el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Financiera Internacional (CFI). Estos dos organismos de crédito, a los que Correo debía cientos de millones de pesos, cedieron sus créditos con la compañía al Meinl Bank, algo que quedó ratificado en el expediente, según confirmaron fuentes judiciales a este medio. 

Entre ambos créditos el banco austríaco absorbió más de $374 millones (sin intereses) que ahora Correo le debe al Meinl Bank. A cambio, esos organismos internacionales cobraron un reducido porcentaje de la deuda que tenían con Correo en ese momento y que debido al prolongado concurso de acreedores no podían cobrar. 

El Meinl Bank ha votado en forma contraria a su interés como acreedor, por lo que su decisión, equivale a la renuncia al cobro de su crédito.

El Estado Nacional tiene una acreencia original de casi $300 millones (sin intereses), equivalente al 30,5% de la deuda de su categoría.

Qué fin podía perseguir un banco absorbiendo deudas ajenas que no puede cobrar desde hace once años es algo que no está claro en el expediente, según planteó en varios de sus dictámenes la fiscal Boquin. “Eso habría que preguntárselo al banco”, respondieron en Correo ante la consulta de este medio. “La conformidad del Meinl Bank no es de ahora, es anterior y nunca antes había sido cuestionada”, agregó una fuente de la compañía de los Macri.

El Meinl Bank “ha votado en forma contraria a su interés como acreedor, por lo que su decisión, equivale a la renuncia al cobro de su crédito”, dictaminó el fiscal Boquin en la causa.

El fraude consistía en poner a un banco austríaco como testaferro, el banco Meinl, y nosotros quedar como accionistas ocultos a través de fundaciones en Luxemburgo y como dueños de unas sociedades en Panamá.

“Las cesiones de los créditos del BID y la CFI han sido aprobadas por los comités de esos organismos y los contratos de cesión con el banco fueron firmados en Washington. Luego, el Meinl Bank solicitó a Correo un incremento de garantías y la compañía se los concedió”, respondió una fuente de la empresa, que rechazó cualquier irregularidad en los apoyos de los acreedores y el rol del banco austríaco. 

La versión de Mariano Macri

Los vínculos del banco austríaco con la familia del expresidente van más allá de la relación con Correo. En 2005, el Meinl Bank absorbió una deuda de más de $109 millones (unos US$20 millones en ese momento) que la principal empresa del Grupo Macri, Socma (Sociedades Macri), tenía con la Corporación Financiera Internacional (CFI). La operación del Meinl Bank consta en un acta de Socma fechada el 24 de enero de 2011, según publicó el portal Nuestras Voces. Socma es además accionista de Correo y de Sideco (la constructora de la familia). 

Mariano Macri, accionista de Socma y hermano del expresidente, aseguró en una entrevista al periodista Santiago O’Donnell para su libro Hermano que en 2012, Socma intentó ceder el 60% de sus acciones en Sideco al banco austríaco para saldar aquella deuda contraída años antes por Socma.

En 2013, Mariano Macri se opuso a que la compañía de su familia ceda Sideco al Meinl Bank e impugnó en la Justicia la asamblea en la que se había votado la cesión. Según el menor de los varones Macri, su impugnación se debió a que no tuvo acceso a la documentación que necesitaba para evaluar la propuesta del banco y, según registró O’Donnell, Mariano Macri calificó esa operación como un “fraude”, una supuesta “venta simulada” con un objetivo “oculto”: evitar el pago de una deuda de Socma con un banco de Brasil: el Banco de Desarrollo Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES).

“El fraude consistía en poner a un banco austríaco como testaferro, el banco Meinl, y nosotros quedar como accionistas ocultos a través de fundaciones en Luxemburgo y como dueños de unas sociedades en Panamá”, contó Mariano Macri a O’Donnell. 

“Me propusieron vaciar la empresa”, dijo, con el objetivo de evitar que el brasileño BNDES pudiera cobrar un crédito que tenía con Socma. Luego, dijo, el Meinl Bank quedaría como el dueño controlante de Sideco “para presentarse en todas las licitaciones que tuvieran por delante”.

Sobre las aseveraciones de Mariano Macri, en Correo afirmaron a elDiarioAR: “Son habladurías, él se ha desdicho muchas veces de sus dichos”.

Se han manipulado las mayorías en perjuicio de los acreedores.

Mariano Macri llevó el conflicto con su familia a la Justicia comercial y pidió una medida cautelar para frenar la cesión de las acciones de Sideco al banco austríaco. Sin embargo, en diciembre de 2013, Socma comunicó al juzgado interviniente que la cesión del 60% de las acciones de Sideco no se llevó adelante, según sostuvo O’Donnell en base a la documentación de la causa judicial.

Ante la consulta de elDiarioAR, otras fuentes directas de Socma y Sideco negaron tajantemente que el Meinl Bank sea accionista de las compañías y socio de los Macri. “La única relación es por acreencias con el banco”, sostuvieron.

Mayorías en la mira

La fiscal Boquin advirtió por primera vez las sospechas sobre la supuesta manipulación de las mayorías en diciembre de 2016, en su primer dictamen (que se daría a conocer en febrero de 2017). En el escrito, Boquin sostuvo: “Se han manipulado las mayorías en perjuicio de los acreedores” para que estos “queden sometidos a una mayoría ficticia” y “a la pérdida sustancial de sus derechos”.

En 2017, la fiscal advirtió en otro dictamen sobre el rol del Meinl Bank en el concurso de Correo. Aunque no es el único acreedor observado: la fiscal confirmó en 2019 que los representantes de los Macri habían comprado las deudas de varios acreedores a través de abogados y miembros del directorio de Correo. Uno de los estudios es el que codirigía entonces el actual diputado Pablo Tonelli, aliado político de Macri, según consta en el expediente. Correo rechaza las acusaciones sobre un presunto fraude a través de la manipulación de mayorías.

La interventora judicial en la compañía y el perito contable de la Corte Suprema también buscan saber más sobre esta relación y solicitaron acceso a los documentos en los que Correo y el Meinl Bank acordaron condiciones de la deuda luego de la cesión, confirmó una fuente judicial con acceso directo al expediente.

*Este artículo fue modificado el 11 de abril de 2021 para corregir una referencia a la categoría que integra el Meinl Bank en el concurso de acreedores. Los acreedores están divididos en categorías. El 17 de abril se actualizó y aclaró información sobre la deuda de Socma con el Meinl Bank y se corrigió la fecha de la ratificación de dicha operación en el expediente de Correo, gracias al acceso a documentos que constan en la causa.

ED

El expresidente Mauricio Macri escribió este viernes en su cuenta personal de Twitter que espera que la jueza que interviene en el concurso de acreedores del Correo Argentino S.A., Marta Cirulli, rechace la posición expresada por la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN) que desestimó la oferta de la empresa del Grupo Macri y reclamó que se decrete la quiebra de esa firma.

“Espero que la jueza Cirulli rechace ese abuso militante y acepte la propuesta del pago del 100% (de la deuda)”, sostuvo el exmandatario en un mensaje en el que además calificó de “atropello” la postura de la PTN, que encabeza Carlos Zannini, de desestimar la oferta de la empresa de los Macri por considerar que representa una quinta parte de lo que en realidad debe la firma.

El Correo Argentino S.A. ofreció pagarle al Estado, de una sola vez y como toda deuda, 1.011 millones de pesos: la cifra representa bastante más que los 296 millones (a pagar en cuotas) que estuvo dispuesto a aceptar el gobierno de Macri pero mucho menos de los más de 5.000 millones que reclama la PTN.

Cuando rechazó la última oferta de la empresa de los Macri, Zannini remarcó que la instancia del salvataje no está prevista para generar mayor litigiosidad y por ello reclamó la quiebra de la firma, lo que podría generar que otras empresas de ese holding, como SOCMA, deban hacerse cargo de las deudas.

El expresidente Macri afirmó en el mensaje que escribió en redes sociales que si la jueza acepta la oferta rechazada por varios de los acreedores más importantes del Correo Argentino S.A. “se evitará un perjuicio al Estado y la persecución ilícita a mis hermanos e hijos, que es su plan de venganza”, dado que él los colocó como accionistas de SOCMA en 2009.

“Antes Macri lo mandaba a Pepín (el abogado Fabián Rodríguez Simón) a presionar para que las cosas salieran como él quería, pero ahora parece que Pepín perdió efectividad y además está en Uruguay, así que tuvo que salir él”, le dijo a Télam una fuente judicial que sigue de cerca el trámite del concurso.

La Procuración del Tesoro de la Nación interviene en el expediente del concurso del Correo a partir de un decreto firmado por el propio expresidente Macri: el primer procurador que intervino fue Carlos Balbín y el segundo, Bernardo Saravia Frías.

Balbin fue desplazado de su cargo porque, entre otras cosas, no estaba de acuerdo con aquella oferta que el entonces ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, se mostró dispuesto a aceptar por parte del Correo Argentino S.A., según confirmaron a Télam fuentes seguras.

Cuando lo invitaron a presentar la renuncia, a Balbin le hicieron saber que el gobierno de Macri había perdido su confianza en él y que su lugar sería ocupado por alguien que sí representara sus intereses: lo reemplazó Saravia Frías, que había sido abogado del Grupo Macri.

La PNT no fue la única que rechazó la propuesta de salvataje del Correo Argentino S.A. que incluía pagarle a los demás acreedores en 10 cuotas anuales: el Banco de la Nación Argentina y un grupo de acreedores con créditos laborales legitimados tampoco prestaron conformidad, según pudo reconstruir Télam.

El Grupo Macri obtuvo la concesión del Correo Argentino en 1997 durante el gobierno del fallecido expresidente Carlos Menem y esa concesión fue rescindida en 2003, cuando el gobierno de Néstor Kirchner detectó que la empresa solo había pagado uno de los cánones semestrales que le correspondía abonar por cifras superiores a los 50 millones de pesos/dólares.

El concurso de acreedores del Correo Argentino S.A. comenzó en el 2001 y el caso cobró mayor exposición pública en 2016, durante el Gobierno de Macri, porque el Poder Ejecutivo se mostró dispuesto a aceptar una oferta que consideraba que la deuda era la misma que en 2001 y proponía pagarla en 15 cuotas, algo que la fiscal ante la Cámara Comercial, Gabriela Boquin, se opuso por considerar que era “abusivo”.

El presidente Alberto Fernández se refirió este viernes a la deuda del Correo Argentino S.A. durante una entrevista que le concedió a El Destape Radio en la que afirmó que “la deuda que le están reclamando a Macri es porque él había incumplido todos los pagos, nunca hubo una persecución”.

“Nunca nos denunció Macri cuando le quitamos la concesión por abuso de poder e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos con lo cual me parece que el papá de Macri sabía que lo que le decíamos era cierto”, remarcó.

Agencia Télam.

IG

El Gobierno nacional instruyó en las últimas horas al Procurador del Tesoro Nacional, Carlos Zannini, para que se constituya como querellante, en representación del Estado, en la causa que investiga si existió “administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública” de parte del expresidente Mauricio Macri y otros funcionarios, en el endeudamiento del país con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Así se estableció por medio del Decreto 239/2021 publicado en el Boletín Oficial, que lleva la firma del presidente Alberto Fernández; del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; del ministro de Justicia, Martín Soria y de su par de Economía, Martín Guzmán.

En el artículo 1° del decreto se “instruye al Procurador del Tesoro para que se constituya en parte querellante, en representación del Estado, en la causa N° 3561/2019 ”Macri Mauricio y otros s/ defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública“”.

La causa tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5 de la Capital Federal.

El artículo 1 agrega la necesidad de que el Procurador “coadyuve en la promoción de la acción penal con el fin de determinar a las presuntas y los presuntos responsables de los delitos de acción pública que en ese proceso se investigan y que podrían haber damnificado al Estado”.

El endeudamiento asumido durante el gobierno de Cambiemos con el FMI, fue definido por el presidente Alberto Fernández en marzo pasado -al abrir las sesiones ordinarias en el Congreso- como “la mayor administración fraudulenta y la mayor malversación de caudales que nuestra memoria registra”.

En ese marco, el Presidente anunció que iniciará una querella criminal para impulsar la investigación que busca determinar la existencia de esos delitos.

En tanto, en el artículo 2° del decreto publicado hoy, también se instruye al Procurador “a iniciar las acciones conducentes al recupero de los eventuales daños y perjuicios emergentes de los hechos denunciados, facultándola a tal efecto a promover, en su caso, la respectiva acción civil en el proceso penal”.

Del mismo modo, se instruye a la Sindicatura General de la Nación (Sigen) “para que determine la existencia y, en su caso, la cuantía del perjuicio económico que pudo haber generado el uso de los fondos obtenidos y los plazos comprometidos para el reembolso de la asistencia prestada, en el marco del Acuerdo Stand-By iniciado a través de la Carta de Intención del 12 de junio de 2018 y sus documentos modificatorios, ampliatorios y complementarios”.

Las autoridades también solicitan la “colaboración” del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en sus materias de competencia.

En el marco de la Asamblea Legislativa de marzo pasado, el Presidente anunció el inicio de la investigación y adelantó que constaría de tres etapas: la auditoría de la Sigen, la confección y presentación de la denuncia por la OA y, finalmente, la constitución como querellante de la Procuración del Tesoro Nacional que encabeza Zannini.

Durante su discurso ante la Asamblea Legislativa el 1 de marzo pasado, el Presidente reveló que había “instruido a las autoridades pertinentes para que formalmente inicien querella criminal tendiente a determinar quiénes han sido los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y de la mayor malversación de caudales que nuestra memoria registra”.

En los días previos, comenzó a circular por despachos oficiales la denuncia por la toma de deuda presentada en 2019 por el director del Banco Nación, el economista Claudio Lozano, contra Macri, el exministro de Hacienda Nicolás Dujovne y el expresidente del Banco Central Guido Sandleris, entre otros, según pudo reconstruir Télam.

Esa denuncia formó parte de la documentación que la conducción del Banco Central, elevó a la Sigen.

Con información de agencias.

IG

El procurador del Tesoro, Carlos Zannini, representante del Estado Nacional, solicitó este jueves la quiebra de Correo Argentino SA, la compañía de la familia Macri, según el escrito al que accedió elDiarioAR. Este jueves, vencía el plazo para que Correo presente el apoyo de sus acreedores a su última oferta y evitar la quiebra. Necesita una mayoría marcada por la ley para salvarse.

Sin embargo, para que ese escenario sea posible, Correo también necesitaba obtener el apoyo del Estado, que Zannini rechazó por considerar “irrisoria” la oferta de la empresa de los Macri. La alternativa que ahora le queda a Correo es solicitar a la jueza Marta Cirulli (que tramita el concurso de acreedores) que declare al Estado Nacional como “acreedor hostil” por rechazar su oferta y le imponga el acuerdo, obligándolo a aceptar la propuesta de la compañía, como viene adelantando elDiarioAR.

En su última oferta, presentada a fines de marzo, la compañía de los Macri ofreció al Estado Nacional abonarle en un pago $1.011 millones, alrededor de una cuarta parte de la deuda calculada por el Ministerio Público Fiscal: más de $4.000 millones, a 2017 (que podrían alcanzar casi los $5.000 millones a la actualidad).

Es evidente su abusivo proceder.

El Estado no es el único acreedor de Correo pero sí uno de los más importantes. El reclamo estatal es por la falta de pago del canon de explotación del servicio que los Macri tenían en concesión a fines de los años 90 y hasta 2003. 

La oferta de Correo, sostuvo Zannini en un escrito ante la jueza, “pone en evidencia su mala fe y conducta dilatoria”. “Es llamativo que ahora haya ‘mejorado’ la propuesta realizada con anterioridad”, teniendo en cuenta, señala, que la situación económica y comercial de la empresa no cambió. “La única explicación posible es que habiendo podido realizar esa misma propuesta antes, optó por no hacerla, tratando de imponer anteriormente un acuerdo irrisorio y ruinoso para el Estado Nacional”, sostuvo el procurador del Tesoro, junto al subprocurador Horacio Pedro Diez. 

“Es evidente su abusivo proceder, pues a sabiendas de lo irrisorio de las ofertas, continúa haciéndolas con la única intención de seguir dilatando el trámite de este procedimiento”, agregó Zannini.

Últimos movimientos

Según las normas, la empresa debe lograr las conformidades de los acreedores que representen al menos el 75% del capital de la deuda. En los últimos días, Correo sumó nuevos apoyos y los presentó en el expediente: 34 acreedores más aceptaron su última oferta y otros 95 ratificaron el apoyo previo que habían dado a la compañía, informó ante la consulta de este medio el abogado de Correo. Ahora, la jueza del caso deberá analizar estos apoyos, ver si encuadran dentro de la ley, si son genuinos y si efectivamente alcanzan para evitar la quiebra. La fiscal Gabriela Boquin, que interviene en el caso desde octubre de 2016, viene denunciando que la compañía podría haber incurrido en fraude a los acreedores al comprar las deudas de varios de ellos para forzar una mayoría ilegítima en el acuerdo final, lo que en la ley se denomina “quiebra fraudulenta”.

Dado el peso de la deuda con el Estado, al rechazar Zannini la oferta de Correo, el salvataje de la compañía entra en zona de riesgo. Pero los Macri tienen otra opción, que ya vienen planteando en la causa: solicitarle a la jueza que declare al Estado como “acreedor hostil” por estar supuestamente trabando una solución al caso. De esta manera, Correo ya no necesitaría el apoyo del Ejecutivo para evitar la quiebra y si logra la mayoría legal con otros acreedores, podría obligar al Ejecutivo a aceptar su última oferta: $1.011 millones.

“El Estado nacional no es acreedor hostil ni abusa de su posición” por lo que es “improcedente” excluir su voto del acuerdo final, aseguró el procurador del Tesoro este jueves.

Pone en evidencia su mala fe y conducta dilatoria.

“No hay ninguna intencionalidad política como falazmente acusa la concursada”, respondió ante las acusaciones de Correo en un escrito de fines de marzo en el que la compañía sostuvo que el Estado Nacional ha manifestado supuesta “hostilidad manifiesta” contra Correo debido “al vínculo del expresidente Mauricio Macri con la sociedad accionista”, es decir, Socma. Afirmaron, además, que serían objeto de una “persecución que intenta decretar la quiebra de la empresa a toda costa”.

“El único objetivo del Estado Nacional es lograr la satisfacción de su postergada acreencia, cada vez más diluida, cada vez más licuada y depreciada a consecuencia de los dilatorios planteos de Correo Argentino SA”, aseguró el funcionario

“Evidentemente, el interés de Correo Argentino SA no está (ni estuvo nunca) centrado en obtener conformidades, sino en continuar con su estrategia dilatoria”, afirmó antes de solicitarle a la jueza que dé por fracasado el proceso de salvataje de la compañía y decrete su quiebra.

Los Macri corren el riesgo de que la Justicia comercial extienda la quiebra a los accionistas de Correo (Sideco y Socma) por presunto “control abusivo”. La quiebra implicaría perder control sobre sus activos. Ambas compañías fueron accionistas y controlantes de Correo en distintas fechas a lo largo de las últimas décadas. La principal accionista actualmente es Socma. 

El proceso de extensión de quiebra puede llevar mucho tiempo. El Estado o cualquier otro acreedor disidente tiene seis meses desde la fecha de la quiebra de Correo para pedir la extensión a Socma y Sideco. Estas compañías luego pueden apelar y retrasar el proceso. La Justicia incluso podría dictar medidas cautelares a su favor, según explicó una fuente que interviene en el caso. 

No hay ninguna intencionalidad política como falazmente acusa la concursada.

Antecedentes

En 2016, el gobierno de Macri había firmado un pre-acuerdo que terminó en escándalo y el caso debió volver a “foja cero”. La deuda original de Correo con el Estado Nacional era por 300 millones de pesos/dólares (a 2001). El pre-acuerdo que se firmó en junio de 2016 implicaba que el Estado dejaría de percibir más de $4.656 millones en intereses por esa deuda, a febrero de 2017, de acuerdo al cálculo realizado por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) del Ministerio Público Fiscal. Equivalía a una quita del 98,87% de la deuda, porcentaje que Correo rechaza y asegura que no supera el 54%.

Durante el resto del gobierno de Macri y ante la apertura de una causa penal en la que se debe determinar la responsabilidad de quienes cerraron la negociación con la empresa de la familia presidencial, los funcionarios de Cambiemos frenaron durante más de dos años un nuevo acuerdo para el pago de la deuda de Correo. En noviembre de 2019, semanas antes de dejar el poder, rechazaron la oferta de la compañía al Estado.

Tras la asunción de Alberto Fernández, el caso dio un giro. La Justicia intervino la compañía, desplazó a los administradores de los Macri y abrió el salvataje que actualmente está en trámite, llegando a su fin. 

ED