ANTE LA JUSTICIA

Zannini pidió la quiebra de Correo y negó “persecución política” a los Macri

El procurador del Tesoro, Zannini, es quien representa los intereses del Estado Nacional en el concurso de acreedores.

El procurador del Tesoro, Carlos Zannini, representante del Estado Nacional, solicitó este jueves la quiebra de Correo Argentino SA, la compañía de la familia Macri, según el escrito al que accedió elDiarioAR. Este jueves, vencía el plazo para que Correo presente el apoyo de sus acreedores a su última oferta y evitar la quiebra. Necesita una mayoría marcada por la ley para salvarse.

Correo: los Macri sumaron apoyos para evitar la quiebra pero siguen sin acordar con Zannini

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Sin embargo, para que ese escenario sea posible, Correo también necesitaba obtener el apoyo del Estado, que Zannini rechazó por considerar “irrisoria” la oferta de la empresa de los Macri. La alternativa que ahora le queda a Correo es solicitar a la jueza Marta Cirulli (que tramita el concurso de acreedores) que declare al Estado Nacional como “acreedor hostil” por rechazar su oferta y le imponga el acuerdo, obligándolo a aceptar la propuesta de la compañía, como viene adelantando elDiarioAR.

En su última oferta, presentada a fines de marzo, la compañía de los Macri ofreció al Estado Nacional abonarle en un pago $1.011 millones, alrededor de una cuarta parte de la deuda calculada por el Ministerio Público Fiscal: más de $4.000 millones, a 2017 (que podrían alcanzar casi los $5.000 millones a la actualidad).

Es evidente su abusivo proceder.

El Estado no es el único acreedor de Correo pero sí uno de los más importantes. El reclamo estatal es por la falta de pago del canon de explotación del servicio que los Macri tenían en concesión a fines de los años 90 y hasta 2003. 

La oferta de Correo, sostuvo Zannini en un escrito ante la jueza, “pone en evidencia su mala fe y conducta dilatoria”. “Es llamativo que ahora haya ‘mejorado’ la propuesta realizada con anterioridad”, teniendo en cuenta, señala, que la situación económica y comercial de la empresa no cambió. “La única explicación posible es que habiendo podido realizar esa misma propuesta antes, optó por no hacerla, tratando de imponer anteriormente un acuerdo irrisorio y ruinoso para el Estado Nacional”, sostuvo el procurador del Tesoro, junto al subprocurador Horacio Pedro Diez. 

“Es evidente su abusivo proceder, pues a sabiendas de lo irrisorio de las ofertas, continúa haciéndolas con la única intención de seguir dilatando el trámite de este procedimiento”, agregó Zannini.

Últimos movimientos

Según las normas, la empresa debe lograr las conformidades de los acreedores que representen al menos el 75% del capital de la deuda. En los últimos días, Correo sumó nuevos apoyos y los presentó en el expediente: 34 acreedores más aceptaron su última oferta y otros 95 ratificaron el apoyo previo que habían dado a la compañía, informó ante la consulta de este medio el abogado de Correo. Ahora, la jueza del caso deberá analizar estos apoyos, ver si encuadran dentro de la ley, si son genuinos y si efectivamente alcanzan para evitar la quiebra. La fiscal Gabriela Boquin, que interviene en el caso desde octubre de 2016, viene denunciando que la compañía podría haber incurrido en fraude a los acreedores al comprar las deudas de varios de ellos para forzar una mayoría ilegítima en el acuerdo final, lo que en la ley se denomina “quiebra fraudulenta”.

Dado el peso de la deuda con el Estado, al rechazar Zannini la oferta de Correo, el salvataje de la compañía entra en zona de riesgo. Pero los Macri tienen otra opción, que ya vienen planteando en la causa: solicitarle a la jueza que declare al Estado como “acreedor hostil” por estar supuestamente trabando una solución al caso. De esta manera, Correo ya no necesitaría el apoyo del Ejecutivo para evitar la quiebra y si logra la mayoría legal con otros acreedores, podría obligar al Ejecutivo a aceptar su última oferta: $1.011 millones.

“El Estado nacional no es acreedor hostil ni abusa de su posición” por lo que es “improcedente” excluir su voto del acuerdo final, aseguró el procurador del Tesoro este jueves.

Pone en evidencia su mala fe y conducta dilatoria.

“No hay ninguna intencionalidad política como falazmente acusa la concursada”, respondió ante las acusaciones de Correo en un escrito de fines de marzo en el que la compañía sostuvo que el Estado Nacional ha manifestado supuesta “hostilidad manifiesta” contra Correo debido “al vínculo del expresidente Mauricio Macri con la sociedad accionista”, es decir, Socma. Afirmaron, además, que serían objeto de una “persecución que intenta decretar la quiebra de la empresa a toda costa”.

“El único objetivo del Estado Nacional es lograr la satisfacción de su postergada acreencia, cada vez más diluida, cada vez más licuada y depreciada a consecuencia de los dilatorios planteos de Correo Argentino SA”, aseguró el funcionario

“Evidentemente, el interés de Correo Argentino SA no está (ni estuvo nunca) centrado en obtener conformidades, sino en continuar con su estrategia dilatoria”, afirmó antes de solicitarle a la jueza que dé por fracasado el proceso de salvataje de la compañía y decrete su quiebra.

Los Macri corren el riesgo de que la Justicia comercial extienda la quiebra a los accionistas de Correo (Sideco y Socma) por presunto “control abusivo”. La quiebra implicaría perder control sobre sus activos. Ambas compañías fueron accionistas y controlantes de Correo en distintas fechas a lo largo de las últimas décadas. La principal accionista actualmente es Socma. 

El proceso de extensión de quiebra puede llevar mucho tiempo. El Estado o cualquier otro acreedor disidente tiene seis meses desde la fecha de la quiebra de Correo para pedir la extensión a Socma y Sideco. Estas compañías luego pueden apelar y retrasar el proceso. La Justicia incluso podría dictar medidas cautelares a su favor, según explicó una fuente que interviene en el caso. 

No hay ninguna intencionalidad política como falazmente acusa la concursada.

Antecedentes

En 2016, el gobierno de Macri había firmado un pre-acuerdo que terminó en escándalo y el caso debió volver a “foja cero”. La deuda original de Correo con el Estado Nacional era por 300 millones de pesos/dólares (a 2001). El pre-acuerdo que se firmó en junio de 2016 implicaba que el Estado dejaría de percibir más de $4.656 millones en intereses por esa deuda, a febrero de 2017, de acuerdo al cálculo realizado por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) del Ministerio Público Fiscal. Equivalía a una quita del 98,87% de la deuda, porcentaje que Correo rechaza y asegura que no supera el 54%.

Durante el resto del gobierno de Macri y ante la apertura de una causa penal en la que se debe determinar la responsabilidad de quienes cerraron la negociación con la empresa de la familia presidencial, los funcionarios de Cambiemos frenaron durante más de dos años un nuevo acuerdo para el pago de la deuda de Correo. En noviembre de 2019, semanas antes de dejar el poder, rechazaron la oferta de la compañía al Estado.

Tras la asunción de Alberto Fernández, el caso dio un giro. La Justicia intervino la compañía, desplazó a los administradores de los Macri y abrió el salvataje que actualmente está en trámite, llegando a su fin. 

ED

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