Tanto esperar un narcogolpe en América Latina, ha escrito Roberto Saviano en el diario milanés Il Corriera della Sera, que finalmente llegó. Pero precisamente en el lugar donde menos se lo temía, hasta hace pocos años. En una nación sudamericana de 18 millones de habitantes, un Estado tapón sobre el Océano Pacífico como el Uruguay lo es sobre el Atlántico. El Ecuador es una cuña entre dos países mayores que lo rodean. Colombia y Perú son grandes productores de cocaína, y han hecho de Ecuador barraca de depósito y puerto de salida de la droga.  

Barracas y Puerto Nuevo

Con el adiós a las armas de la guerrilla marxista de las FARC en 2018, la fragmentación del narco colombiano, la pandemia de 2021 y las crisis venezolanas que encareció y arruinó sus puertos, todo cambió para siempre. Los carteles mexicanos, patrones globales del comercio de la droga,  decidieron que Ecuador, país dolarizado y de economía abierta, de poca población y baja militarización, sería la nueva central de operaciones de inventario continental y despacho comercial mundial.

En 2005, Los choneros, el cartel narco hegemónico hoy en Ecuador, eran una decena de personas. Hoy son decenas de miles sus operadores directos y el cartel sabe hacer que medio millón trabaje estacionalmente para ellos. Deciden alcaldes y candidaturas políticas. El presidente Daniel Noboa decretó el Estado de Emergencia y movilizó a las Fuerzas Armadas en una guerra interior tras enterararse de que estaba fugado de la cárcel el líder del cartel, Fito Macías. La respuesta narco fue inmediata: el terror ultra, unievarsal pero arbitrario. Los narcos dicen ser el principal sostén de un Estado que los traicionó.

Según opiniones expertas, la declaratoria de 'conflicto interno armado' ha sido un error jurídico del Presidente. Pero también ha sido una estrategia política de Noboa. El Gobierno busca responder a la crisis de inseguridad. Y, a la vez, mejorar la imagen de las FFAA y de Seguridad comunicadas que no están infiltradas por el enemigo narco al que acaba de declarar beligerante interno. Hay que añadir que el poder civil sale lesionado, al igual que la Policía, frente a la preponderancia radical otorgada a los militares.

Narcogolpe, voto repudio y castigo narcos al Narcoestado traidor

El presidente Noboa quiere dar pruebas de ferocidad e inclemencia condignas con las su coetáneo salvadoreño Nayib Bukele. En campaña, el joven candidato, hijo del hombre más rico de Eduador, proclamaba que su joven par centroamericano era un modelo por el buen éxito de una rigurosa eficacia represiva. Su modelo, el de Noboa. Su Plan A y su Plan B: el Plan que lo guiaría en su lucha contra el crimen organizado. Un plan de acción en el cual Noboa, que desde el primer día en funciones reconoció que buscará la reelección y un segundo mandato, ve una fuente de popularidad: Bukele es uno de los presidentes más populares del hemisferio, con una propularidad constante, sin altibajos.

Desde que asumió, el presidente de El Salvador, otro país que dolarizó, lleva adelante una espectacular política de tolerancia cero contra las pandillas, con construcción de cárceles monumentales para encerrar a los pandilleros. Noboa ya ha puesto en marcha la construcción de dos instituciones penales rigurosas. Entre tanto, las que hay son porosas. La fuga de Fito, a quien en su celda sustituía un doble, ocurrió mucho antes de que el personal penitenciario la advirtiera, o declarara.

La guerra interna, una continuación de la cárcel por otros medios

Al enterarse tardíamente de la temprana huida de Fito, el Presidente declaró dos meses de Estado de Emergencia, ordenó controles personales en rutas y puertos, inició una caza del Enemigo Público N° 1 con helicópteros, llamó a las Fuerzas Armadas. Esto desencadenó la respuesta narcogolpista: el terror indiscriminado. Consignas por Tik Tok e Instagram para los soldados de la causa de Fito. Que después, por los mismos medios, difunden las imágenes atroces de sus misiones cumplidas: marchas con bazookas por los centros urbanos, familias disparadas al boleo en los parques, menores con heridas sangrientas, personas secuestradas que servirán como rehenes y peones de la presión para volver al statu quo anterior. El Gobierno ordenó cortes de electricidad y de servicios de internet.

 No sólo se priva a la ciudadanía, con la emergencia y el toque de queda, de las garantías constitucionales. El gobierno derechista también ha decretado, en comunicaciones verbales más que por instrumentos administrativos, la legalidad del gatillo fácil. Le ha hecho saber a las Fuerzas de Seguridad que la policía puede disparar a quien juzgue necesario en la guerra interna contra el narco, y que los agentes no serán perseguidos por esas balas.

El anuncio ha hecho que Los choneros también hagan lo mismo, también disparen a sabiendas de que no rendirán cuentas a nadie. Ya lo hacían, de todos modos.

El gobierno del flamante presidente y joven empresario bananero millonario Daniel Noba, todo invita a creer, negociará. También Bukele había negociado, a escondidas, con las pandillas. Pero en Ecuador los costos amenazan con ser inmensos. Si no impagables en el excepcionalmente breve período presidencial de Noboa. Su mandato dura sólo dieciocho meses, los que completan el período inconcluso de su antecesor, terminado abrupta y anticipadamente. El también derechista y millonario Guillermo Lasso, un ex banquero, había renunciado y disuelto la Asamblea Nacional, impotente frente a la violencia en aumento y las fugas carcelarias, males que también él combatía declarando Estados de Emergencia de 60 días.

AGB

Este jueves 23 de noviembre, asumió la presidencia de Ecuador el derechista liberal Daniel Noboa, ganador de la segunda vuelta en las elecciones anticipadas del 15 de octubre donde derrotó a la candidata correísta Luisa González. Debe  enfrentar, en un país dolarizado, agobiado por una espiral de  violencia sin precedentes, una economía endeble y alarmante pobreza, el desafío  de cumplir con las expectativas de la ciudadanía. Con minoría en el Congreso unicameral, el nuevo presidente necesitará acordar con el fuerte correísmo de la Asamblea para lograr una mínima gobernabilidad durante  el corto período de su gestión.  

A partir del día de hoy Noboa, empresario multimillonario de 35 años e hijo del magnate bananero que es el hombre más rico del país, será el presidente más joven de la historia del Ecuador. Su antecesor en el Palacio de Carondelet, el ex banquero derechista y también multimillonario Guillermo Lasso, lo dobla en años. Si el traspaso de poder muestra un recambio generacional, también indica el pase de una derecha neoliberal ‘banquera’ a una derecha neoliberal ‘bananera’.

El presidente saliente, impotente ante la protesta social e indígena, las cárceles desbordadas y amotinadas,  el auge indetenible del homicidio, el sicariato criminal y la incertidumbre económica, ante su inminente destitución por acusaciones de corrupción pública acudió al mecanismo institucional llamado ‘muerte cruzada’. Disolvió el Congreso, acortó su mandato  y llamó a elecciones anticipadas. Noboa, autoproclamado de centroizquierda y apoyado por las fuerzas de derecha, completará con su gestión un poco menos de un año medio, que restaba al mandato de Lasso, limitado por las próximas elecciones en 2025, en las que presentará su candidatura. “La tarea es dura y difícil y los días son pocos”, expresó Noboa en referencia al corto periodo de gobierno en su discurso de ocho minutos ante diputados, ministros y familiares en el acto de posesión del cargo realizado en el Congreso.

 Su programa de gobierno, ha anunciado, se centrará en reducir la criminalidad, la desocupación juvenil y la pobreza. Sin embargo por encima de estos desafíos, el nuevo presidente necesitará de acciones rápidas y un equipo que pueda ejecutarlas. Y también en el juego político, lograr acuerdos entre el correísmo -representado por el Movimiento de Revolución Ciudadana (RC)- y Acción Democrática Nacional (ADN), la alianza de Noboa y el Partido Social Cristiano (PSC), que a primera vista lucen improbables en cuanto  la  incompatibilidad ideológica entre el correísmo de izquierda y las otras dos fuerzas de derecha neoliberal.

El dramático panorama enrarecido, violento, complejo pero dolarizado

La espiral de violencia que atraviesa Ecuador quedó a la vista del entero país y del mundo, en el proceso electoral que otorgó el triunfo a Noboa. Durante la campaña proselitista con asesinatos y atentados,  los candidatos vistieron chalecos antibalas. El asesinato del precandidato presidencial Fernando Villavicencio, durante un acto proselitista en la ciudad capital de Quito, junto a la gravedad del caso acentuó el alto grado de exposición de cualquier ciudadano que espontáneamente se compara con la precaria seguridad que cuenta en relación a una figura de reconocimiento público.

Según los datos que el Índice Global de Crimen Organizado publicó el 26 de septiembre, el país andino pasó del puesto 31 al número 11, solo por detrás de Myanmar, Colombia, México, Paraguay, República Democrática del Congo, Nigeria, Sudáfrica, Irak, Afganistán y Líbano. Y el reporte que realiza cada dos años  la organización internacional Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC), informa que el país alcanzó 7,07 puntos, que supera  la media global de criminalidad de 5 puntos, y es albergue  de “varias organizaciones delictivas internacionales, entre ellas las de Colombia, México, Albania y China”.  Mafias y cárteles mexicanos asociados con bandas locales controlan gran parte de las operaciones vinculadas al narcotráfico.  

La extorsión y el chantaje sistemáticos para procurar protección amenazan la habitabilidad de determinadas zonas del Ecuador, uno de los mayores motivos que impulsa la migración de los ecuatorianos. El aumento del narcotráfico y el tráfico de armas han contribuido al incremento de muertes violentas, lo que ha derivado en que las estadísticas de asesinatos de Ecuador sean las peores de la última década. El Observatorio del Crimen Organizado en Ecuador (OECO), una iniciativa de la Fundación Panamericana para el Desarrollo, adelantó que este año el país podría alcanzar una cifra récord de aproximadamente 7.000 muertos si la tendencia se mantiene que lo  colocaría solo por detrás de Venezuela y Honduras como los países más violentos del continente. En el período comprendido entre enero y junio de este año, Ecuador llegó a una tasa de 20 homicidios por cada 100.000 habitantes y, según el OECO, la tasa podría escalar a las 35 muertes por cada 100.000 habitantes.

Los resultados a los que arriba OECO indican que el narcotráfico es la principal expresión criminal a nivel nacional con un 23% de incidencia, pero en segundo lugar está el lavado de activos con un 17 % que involucra  actividades económicas vinculadas a la construcción, compra venta de inmuebles y vehículos, farmacias, restaurantes, gasolineras y centros de apuestas on-line. A este delito le sigue la corrupción en todas las instituciones del Estado con un 16%, el tráfico de armas con 10% y finalmente el tráfico de hidrocarburos relacionado al narcotráfico con el 9 por ciento.

Con pareja gravitación del accionar de las bandas, la infiltración y el narcotráfico, otras aristas estructurales permean el día a día de la vida de las familias Los ecuatorianos de los barrios empobrecidos de Ecuador no han encontrado, hasta el momento, respuesta del oficialismo para detener un acelerado deterioro de su cotidianidad  en medio de la delincuencia, las drogas y la violencia a que también están expuestas los centros educativos.

Noboa no podrá resolver solamente con el uso de las FFAA las tareas de seguridad interna, un asunto sobre el cual desea convocar una consulta popular dentro de los primeros 100 días de su gestión. Con esta medida, Noboa trata de ganarle la batalla al correísmo en el Parlamento.

La pobreza que existe pero no se menciona

El 34% de los habitantes de Ecuador de entre 15 y 24 años vive en la pobreza.  Muchos de los jóvenes que abandonaron la escuela durante la pandemia de Covid-19 nunca regresaron a las aulas y han sido reclutados fácilmente por las pandillas.  

En las comunidades urbanas primeras la tasa de pobreza multidimensional es del 23%, en tanto que en las rurales alcanza al 70%. La pobreza es mayor en las provincias con mayor población indígena.

El debe y el haber de las arcas del Estado

Contrapuesto a este desolador panorama, la macroeconomía del gobierno de Lasso ofreció relativo éxito. Respecto al cumplimiento de la deuda pública, redujo el déficit fiscal  de 7.500 millones de dólares a 2.000 millones de dólares, equivalente a 6 puntos del PBI y con la inflación más baja de la región (3,7 %). Con todo, la estabilización de la economía no ha alcanzado  el  nivel previo a la pandemia de Covid-19, el 60% de la población activa tienen empleos inadecuados, la mayoría, en la informalidad, destaca Ximena Zapata, investigadora del Instituto para Estudios Latinoamericanos (GIGA) en Alemania.

Y aún ha empeorado.  Uno de los mayores golpes a las arcas del Estado fue, el pasado mes de agosto, la decisión de la población ecuatoriana, en un referéndum, de  abandonar la explotación de las reservas de petróleo del Parque Nacional Yasuní, en la zona nororiental del país, para salvarlo. Una decisión que priva al futuro Gobierno de una fuente de ingresos de entre 1.500 a 2.000 millones de dólares estadounidenses, según Gonzalo Ordóñez, investigador de la Universidad Andina Simón Bolívar. “No es solo dejar el petróleo bajo tierra, sino que el Estado necesita recursos para mantener a la naturaleza”, alerta Ordoñez.

Sequía histórica de la Amazonía y crisis energética

En este contexto, también se suma otro gran problema, producto de una histórica sequía de los ríos de la Amazonía donde se encuentran las principales centrales hidroeléctricas: “La crisis energética, por la disminución de la producción de electricidad, ha llevado a que los ecuatorianos tengan cortes de luz de hasta cuatro horas al día”, subraya Zapata.

Noboa tendrá que garantizar el suministro energético con importaciones de países vecinos, como Colombia. El miedo ante una política continua de racionamiento de energía  alcanza también a la industria del país en la organización de sus procesos productivos. Con el advenimiento del fenómeno de El Niño, Ecuador tiene que prepararse para enfrentar los riesgos que corren la población y las comunicaciones entre las diferentes regiones que no cuentan de una infraestructura adecuada en tanto apenas se inician las planificaciones para una conexión eléctrica con el Perú. 

Elige tu propia aventura, Noboa: reformar la economía o apostar a la reelección

Ante el déficit fiscal mayor a los cinco mil millones de dólares y en el peligro del impago de la deuda, Noboa proyecta una reforma tributaria como el medio adecuado para afrontar la crisis económica. Sin embargo, la falta de liquidez en las cajas del Estado pone en duda si el nuevo presidente pueda llegar bien al final del año sin maniobras presupuestales para garantizar el pago de los sueldos de los funcionarios públicos. Con su equipo de jóvenes tecnócratas, Noboa tendrá de revertir la baja en la producción nacional, el creciente desempleo en el país, y deberá superar el obstáculo que plantean las escasas opciones para conseguir préstamos externos. Con el cierre del campo petrolero Yasuní ITT no le queda tampoco la posibilidad de generar más recursos con la expansión de la producción petrolera, de manera que la única solución que tratará de implementar es atraer más inversión privada.

Ante este panorama difícil y su intención de ser reelecto, Noboa tendrá que definir la vía que tomará para superar la situación precaria de Ecuador sin producir más hartazgo y resistencia en la ciudadanía, la cual siempre cree menos en los liderazgos políticos. En su reciente visita a los acreedores del país, Noboa muy probablemente  habrá tratado de “comprar tiempo” para evitar o al menos demorar la implementación de un duro ajuste. De tener que hacerlo, su meta política de reelección sería directamente dañada. En los pasos a seguir, para poder mantenerse en la presidencia de Ecuador después de 2025, el primero es el logro de una tregua en el pago de la deuda.  

AGB

Vencedor de su rival correísta Luisa González en el balotaje del 15 de octubre, Daniel Noboa asumirá en diciembre la presidencia de Ecuador. Este empresario derechista y millonario de 35 años sucederá en el Palacio de Carondelet al ex banquero derechista y multimillonario Guilllemo Lasso, que dobla en años a su sucesor. Inerme ante la violencia criminal y la incertidumbre económica, el presidente saliente disolvió el Congreso y llamó a elecciones anticipadas.Tras una década de votar a la derecha para no convertirse nunca en la Venezuela de Hugo Chávez, Ecuador logró parecerse mucho a la Colombia de Pablo Escobar.

Daniel Noba completará en el poder el poco menos de año y medio que faltaba al mandato trunco de Guillermo Lasso para llegar a su fin. El país andino emplazado en el extremo occidental de América del Sur, que  en pocos años se ha convertido en tierra del narcotráfico con una ola de violencia, sin precedentes en su historia. A finales de 2023, Ecuador supera los 35 homicidios por cada 100 mil habitantes, aventajando a países como México y Colombia.  

Un  primer indicador, que da  cuenta  del dramático panorama enrarecido, violento y complejo que atraviesa Ecuador, a la vista de su nuevo presidente el empresario liberal Daniel Noboa, ganador en la segunda vuelta electoral,  precedida por  una campaña con asesinatos y atentados,  con los candidatos vistiendo chalecos antibalas, corresponde al informe que publicó  el Índice Global de Crimen Organizado el 26 de septiembre. El país andino pasó del puesto 31 al número 11, solo por detrás de Myanmar, Colombia, México, Paraguay, República Democrática del Congo, Nigeria, Sudáfrica, Irak, Afganistán y Líbano.

Según los datos ofrecidos en este reporte, que lo realiza cada dos años  la organización internacional Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC), el país alcanzó 7,07 puntos, que supera  la media global de criminalidad de 5 puntos, y es albergue  de “varias organizaciones delictivas internacionales, entre ellas las de Colombia, México, Albania y China”.

Ecuador, superautopista de la cocaína

La nación ecuatoriana se ha convertido en pocos años en una superautopista de la cocaína a gran escala  con un creciente mercado interno, afirma GI-TOC.  Mafias y cárteles mexicanos asociados con bandas locales controlan gran parte de las operaciones vinculadas al narcotráfico.  La extorsión y el chantaje sistemáticos para procurar protección amenazan la habitabilidad de determinadas zonas del Ecuador, uno de los mayores motivos que impulsa la migración de los ecuatorianos.

“Los delincuentes se han vuelto cada vez más audaces y violentos, cerrando carreteras principales para robar autobuses o cobrar peajes, matando a clientes y propietarios de negocios locales, e incluso amenazan con actos terroristas como colocar explosivos en gasolineras cuando los negocios se niegan a pagar”, expone GI-TOC sobre Ecuador. La investigación detalla que las llamadas de extorsión, muchas veces proceden desde las cárceles o de delincuentes en el extranjero que se identifican como miembros de diversas bandas peligrosas. El gobierno del saliente del centro derechista Lasso perdió el control de su sistema penitenciario que se han convertido en base de operaciones para el tráfico de drogas y los asesinatos relacionados con la extorsión se han vuelto comunes.

El mismo reporte asegura que el tráfico ilegal de armas ha aumentado en los últimos años, alimentado por las estructuras criminales transnacionales. Las ‘narcoavionetas’  entran en el país con armas y dinero para entregarlos a las megabandas que trabajan para los cárteles mexicanos. Algunas armas adquiridas por grupos armados colombianos pasan por EEUU, México y Ecuador.

Para GI-TOC, el aumento del narcotráfico y el tráfico de armas han contribuido al incremento de muertes violentas, lo que ha derivado en que las estadísticas de asesinatos de Ecuador sean las peores de la última década. Muchas de estas muertes se atribuyen al enfrentamiento entre grupos de delincuencia organizada. La decisión del gobierno en abril 2023 de facilitar el acceso de armas a civiles podría haber exacerbado los niveles de violencia.

Narcotráfico, lavados de activos y corrupción del Estado

Gic-Toc no es la única entidad que alerta sobre esta situación. El Observatorio del Crimen Organizado en Ecuador (OECO), una iniciativa de la Fundación Panamericana para el Desarrollo, adelantó que este año el país podría alcanzar una cifra récord de aproximadamente 7.000 muertos si la tendencia se mantiene que lo  colocaría solo por detrás de Venezuela y Honduras como los países más violentos del continente. En el período comprendido entre enero y junio de este año, Ecuador llegó a una tasa de 20 homicidios por cada 100.000 habitantes y, según el OECO, la tasa podría escalar a las 35 muertes por cada 100.000 habitantes.

Los resultados a los que arriba OECO indican que el narcotráfico es la principal expresión criminal a nivel nacional con un 23% de incidencia, pero en segundo lugar está el lavado de activos con un 17 % que involucra  actividades económicas vinculadas a la construcción, compra venta de inmuebles y vehículos, farmacias, restaurantes, gasolineras y centros de apuestas on-line. A este delito le sigue la corrupción en todas las instituciones del Estado con un 16%, el tráfico de armas con 10% y finalmente el tráfico de hidrocarburos relacionado al narcotráfico con el 9 por ciento.

En el informe publicado por OECO figuran una serie de recomendaciones para combatir el avance del crimen organizado en Ecuador que incluyen el diseño y establecimiento de una estrategia nacional contra la extorsión enfocada en reducir el control territorial de las organizaciones criminales en los cantones más críticos; fortalecer los pasos formales de frontera porque su infraestructura es deficiente; diseñar una política criminal orientada a debilitar las economías ilícitas; priorizar la asignación del presupuesto para logística, equipamiento y tecnología de Policía Nacional y FFAA, de la manera más eficaz.

Las escuelas y los colegios en riesgo

Ecuador fue testigo de una transformación extraordinaria con millones de personas que salieron de la pobreza, impulsados por la ola de un auge petrolero cuyos beneficios durante la década de gobierno izquierdista del expresidente Rafael Correa (2007-20017) se invirtieron en educación, salud y otros programas sociales. Los sectores más empobrecidos comenzaron a creer que sus hijos podrían terminar el colegio, convertirse en profesionales y vivir vidas totalmente distintas que las que tuvieron sus padres. Después de los gobiernos de Lenín Moreno (2017-2021)  y de Lasso,  esos ecuatorianos ven cómo sus barrios se deterioran en medio de la delincuencia, las drogas y la violencia. Y cómo las escuelas no quedaron ajenas a la crisis aunque la ministra de Educación, María Brown de la gestión del ex banquero  Lasso, aseguró que las escuelas son los “espacios más seguros”  y en razón de este presupuesto,  las autoridades gubernamentales  no  permiten a la Policía ingresar con personal armado en los centros educativos.

Sin embargo, se ha constatado numerosas acciones de criminalidad dentro de esas instituciones, principalmente las públicas. Expertos en temas de seguridad, como el abogado penalista Hugo Espín,  quien prioriza la definición de una política pública de seguridad basada en la correlación y corresponsabilidad entre todos los ministerios del frente social con las FFAA y la Policía, depuradas  en todas sus jerarquías de toda sospecha de relación con el narcotráfico, sostiene que debería autorizarse la intervención directa de la policía especializada en adolescentes infractores y hacer controles y registros en zonas conflictivas.

El control de los puertos y de las principales rutas del país.

La ubicación geográfica del Ecuador, ubicado entre los países de Colombia y Perú, los mayores productores de cocaína, su corta extensión territorial y estructura vial que permite movilizarse entre fronteras en menos de 12 horas; la dolarización y baja bancarización, que facilitan enormemente el lavado de dinero del narcotráfico; el perfil costanero navegable y el escaso control del territorio marítimo y aéreo han favorecido el auge del crimen organizado.

El traslado de las cargas en toneladas requiere de una gran movilización y logística.  La Policía tiene los equipos y medios necesarios, pero no ha habido la voluntad ni política ni la decisión logística por parte del mando, señala Espín.

Los controles aleatorios en la ciudad de Baeza -que es un punto clave para la movilización del Oriente hacia la Sierra- sin siquiera tiene cámaras para identificar las placas de los vehículos. No es un caso aislado. El fortalecimiento del sistema de inteligencia se ha visto totalmente mermado en los últimos años. Los propios abogados de los policías que están siendo procesados en los sumarios administrativos por el asesinato del precandidato presidencial Fernando Villavicencio denuncian que hubo más de 100 comunicaciones sobre los riesgos que existía para una persona que estaba en máxima alerta. Junto a la gravedad del caso se acentúa el alto grado de exposición de cualquier ciudadano que espontáneamente se compara con la precaria seguridad que cuenta en relación a una figura de reconocimiento público.

La gravedad de la violencia interna

Con pareja gravitación del accionar de las bandas, la infiltración y el narcotráfico, otras aristas estructurales permean el día a día de la vida de las familias, en los barrios más complejos, más problemáticos. “No estamos viendo la gravedad de la violencia interna en la diversidad de sus manifestaciones” sostiene Berenice Cordero, exministra de Inclusión Económica y Social de la gestión del ex presidente Lenín Moreno.

Según  los datos revisados por Cordero del Ministerio del Interior “hay aproximadamente cerca de 2 millones de delitos cometidos entre 2018 y 2022” y distingue que “están los delitos contra la vida, pero también el abuso sexual. Por ejemplo, (las cifras) de la violencia familiar, prácticamente es el mismo número de detenciones que se producen por sustancias sujetas a fiscalización”. Cordero entiende que las soluciones frente al tema de la  violencia interna no se limitan sólo al gobierno central sino que requieren de la participación ciudadana en diálogo con los gobiernos autónomos descentralizados. 

La pobreza que existe y no se menciona

El 8 de septiembre, al término de su estadía de dos semanas, el relator especial de las Naciones Unidas sobre Pobreza Extrema y DDHH, Oliver De Shutter responsabilizó al  gobierno de Lasso  de no actuar enérgicamente para acabar con el trabajo en régimen de servidumbre -especialmente entre las minorías-, e hizo notar la falta de oportunidades económicas, la cual ha permitido que los grupos criminales recluten a nuevos miembros. Declaró que el dinero que se destina a los subsidios al combustible más bien debería ser erogado en programas sociales.

El informe de De Schutter enfatiza que aproximadamente el 34% de los habitantes de Ecuador de entre 15 y 24 años viven en la pobreza.  Muchos de los jóvenes que abandonaron la escuela durante la pandemia de Covid-19 nunca regresaron a las aulas y han sido reclutados fácilmente por las pandillas. De Schutter destacó la diferencia enorme entre las comunidades urbanas y las rurales. En las primeras la tasa de pobreza multidimensional es del 23%, en tanto que en las rurales alcanza al 70%. Precisó que la pobreza es mayor en las provincias con mayor población indígena.

Con todo, “Nadie quiere mencionar la palabra pobreza. ¿Por qué?, ¿por qué los candidatos no hablan de pobreza?” interroga Cordero. “Porque  justamente saben que ese es uno de los indicadores más duros que tiene el país y para eso van a tener que trabajar en la red de protección social”, dice en su cabal respuesta.

Una macroeconomía bonita y lejana El impopular gobierno de Lasso gestionó entre la espada y la pared tratando de cumplir con las apremiantes demandas vinculadas a la crisis de seguridad y economía y al cumplimiento de la deuda pública. Respecto al último tema, redujo el déficit fiscal  de 7.500 millones de dólares a 2.000 millones de dólares, equivalente a 6 puntos del PBI y con la inflación más baja de la región (3,7 %).  

Sin embargo, este ‘logro’  no ha permeado en las familias, sino muy por el contrario. Una suerte de “efecto Macri en la Argentina” amerita  Andrés Albuja, analista y consultor internacional de Asesores AAA. Pocos o ningún beneficio les ha traído la estabilización de la macroeconomía, sino más perjuicios.

“Al próximo gobierno le espera un país agobiado por la violencia”

El  nuevo presidente Noboa, hijo del magnate bananero que es el hombre más rico de Ecuador, asumirá a mediados de diciembre para  enfrentar un país agobiado por la violencia, que limita el crecimiento y la prosperidad económica. El desafío  de lograr la gobernabilidad y cumplir con las expectativas de la ciudadanía genera fuertes expectativas respecto a las medidas que  adoptará para su gestión. “Va a tener que dar un golpe de mano dura”, entiende Álvarez, pero señala que “no significa que se van a revertir las condiciones de inseguridad que tenemos”.

Las medidas a tomar deben ser más de fondo, más profundas, de un largo plazo del que carece el flamante mandatario que gobernará  menos de 18 meses, para completar el mandato de Lasso (2021-2025). El presidente saliente decretó la ‘muerte cruzada’ para evitar un juicio político, disolvió el Parlamento, convocó a elecciones extraordinarias y acortó así su propio mandato, impotente ante la protesta social e indígena, las cárceles desbordadas y amotinadas, y el auge indetenible del homicidio y el sicariato criminal.

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El empresario liberal elegido presidente de Ecuador, Daniel Noboa inicia una carrera contra reloj de menos de 18 meses para completar el período 2021-2025 del mandatario saliente de centro derecha Guillermo Lasso y probar su capacidad de llevar a cabo el cambio prometido para aspirar con ventaja a la reelección en 2025 en unas presidenciales muy cercanas.

Hijo del magnate bananero que es el hombre más rico de Ecuador, ganador de la segunda vuelta de la elección presidencial extraordinaria del 15 de octubre, Daniel Noboa se convertirá en el presidente más joven de la historia de Ecuador a los 35 años. A mediados de diciembre reemplazará el actual presidente.

Guillermo Lasso también es empresario, también es millonario, también es de derecha, también es de la costa, de Guayaquil, la ciudad que es puerto de Ecuador sobre el Pacífico y líder nacional del comercio sobre este Océano que conecta directamente por las aguas con China. Pero Lasso es un conservador católico de derecha en temas societales, y se ha enriquecido en el sector financiero. Acusado de presunta malversación de dinero público y ante la inminencia de  una posible destitución por el Congreso, Lasso, por medio del mecanismo constitucional denominado “muerte cruzada”, disolvió la Asamblea (Congreso) unicameral, acortó a la mitad su mandato y adelantó las elecciones impotente ante la protesta social e indígena, las cárceles desbordadas y amotinadas, y el auge indetenible del homicidio y el sicariato criminal.

Con dos décadas de dolarización y dos presidencias de derecha post Rafael Correa, la libertad del mercado de un mercado de capitales donde nada se pierde en la traducción a una moneda local imantó la inversión exranjera del narco y el crimen organizado.

“Aunque el propio Noboa definió su orientación política en la campaña electoral como de centro-izquierda, él defiende políticas pro-empresariales y conservadoras de valores y puede ser asignado al campo de la derecha”, destaca Constantin Groll, director de la oficina de la Fundación Friedrich-Ebert (cercana al partido socialdemócrata alemán) en Quito. Y señala que la vicepresidenta Verónica Abad, representa “abiertamente posiciones libertarias extremas y reaccionarias conservadoras”.

Los demandas más fuertes para un presidente débil en política

La profunda crisis económica y social,  marcada por la parecer imparable ola de violencia criminal  que desataron y sostienen las poderosas fuerzas del narcotráfico, ha sido el  telón de fondo de estas elecciones realizadas el domingo 15 de octubre en el país andino donde gran mayoría de sus 18 millones habitantes padece las severas medidas de ajuste dictadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) profundizadas durante la gestión de Lasso, pero que se habían anticipado en el gobierno Lenín Moreno (2017-2021), el delfín de Correa a quien el mismo Lenín traicionó. Lasso representó el regreso de la derecha al poder estatal y la radicalización de las políticas de ajuste; un coctel explosivo. Ante el descontento y las continuas protestas en el país, una de las razones y poderosa razón por la que  Lasso consiguió mantenerse por más tiempo en el gobierno, fue el acuerdo logrado con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), liderada por Leónidas Iza, quien con otros dirigentes acordaron un “Acta por la Paz”, en junio de 2022, mediado por el Episcopado.  

En el previsible escenario de que Noboa  llegara a seguir el mismo programa de gestión del ex  banquero Lasso,  el voto que  lo ha llevado al gobierno pronto podría erosionarse. Por paradójico que parezca, el alba de su presidencia está enmarcada  en condiciones de debilidad política, por la poca base parlamentaria que lo obligará a ampliar su gobierno con más factores de poder.

Noboa, candidato de la alianza Acción Democrática Nacional (ADN), integrada por los movimientos Pueblo, Igualdad y Democracia (PID), de Arturo Moreno, primo del ex mandatario Lenin Moreno, y Mover, la ex Alianza PAIS,  dispondrá de un mandato de menos de 18 meses antes de que el país vuelva a las urnas para unas nuevas elecciones generales. En este corto tiempo tendrá que buscar mecanismos de gobernabilidad obligado por su débil representación parlamentaria.  En el Parlamento recién elegido solo contará con 14 diputados. La primera fuerza de la oposición será el partido de izquierdas Revolución Ciudadana (RC), liderado por el ex presidente Rafael Correa, cuya candidata, la abogada y militante Luisa González alcanzó más del 47% de los sufragios emitidos en el balotaje, con acerca de 50 escaños de un total de 137, además de estar al frente de las alcaldías de Quito y de Guayaquil. Si bien es el  mayor número de curules en  la Asamblea queda  lejos de la mitad que le otorgaría la capacidad de veto.

Queda por ver cómo funcionen movimientos de última hora antes de la jura parlamentaria de diciembre. El Partido Social Cristiano (PSC), que apoya a Noboa, cuenta con 17 miembros, y Construye, que acompañó al asesinado Fernando Villavicencio y su reemplazante, Christian Zurita, roza los 30. Fuerzas cercanas, como los diputados del ex vicepresidente Otto Sonnenholzner, también parecen dispuestos a reforzar al bloque gubernamental. De cómo negocie Noboa estos acuerdos dependerán las relativas fortaleza o fragilidad presidenciales. .

Seguridad y economía, ¿legislar o plebiscitar?

En este escenario, el mayor desafío de Noboa para obtener una mayoría en el Parlamento ecuatoriano seguramente se encuentra en la urgente definición de cuáles serán sus proyectos de ley en materia de seguridad y de economía. Sólo esto y no es nada menor le habilitaría el diálogo con aquellas fuerzas políticas con las que tiene coincidencias. “Esas coincidencias son básicas para construir la agenda nacional que permita a la Asamblea construir el marco jurídico necesario para que el presidente pueda agilizar aquellos proyectos necesarios para que el país salga adelante”, vaticinó el congresista Jorge Acaiturri, una de las nuevas “estrellas” del PSC.

Sin mayoría propia ni de una coalición en el Congreso unicameral, una vez en el cargo el presidente electo Daniel Noboa buscará compensar la falta de apoyos en el Legislativo con el que le dé el electorado en un plebiscito sobre seguridad y economía

Entre las propuestas de Noboa, se encuentra la idea de convocar plebiscito usando el mismo formato que Lenin Moreno. A igual que el ex presidente tan pronto se posesione, con la intención de consultar algunos temas relacionados con seguridad y reformas legales. Si Noboa plantea y gana la consulta, tendría una posibilidad, similar a la de Moreno en 2018, de empujar algunos temas de su agenda con mayor rapidez que si pretendiera plantearlos por medio de la Asamblea Nacional, donde planea  conformar mayorías móviles, en las que está dispuesto a contar con todas las fuerzas políticas que quieran apoyarlo.

La eventual consulta popular que propondría Noboa es un error. Al menos, eso sostiene el consultor político Jacobo García dado que estaría siguiendo un esquema similar al que planteó Lasso, sin contar con acuerdos mínimos en el Legislativo.  No solo esto, sino que la consulta para ser exitosa requiere un nivel de apoyo mínimo por parte de la ciudadanía que no existir o ser muy bajo, como ocurrió con Lasso, fracasaría.  

¿Mano dura o patas cortas?

La brevedad del mandato limita mucho el margen de maniobra del nuevo presidente, según Jorge Vicente Paladines, experto en derecho penal y profesor de la Universidad Central del Ecuador en Quito: “Un periodo de 18 meses es, de hecho, demasiado corto para cumplir la promesa de campaña de reducir fundamentalmente la tasa de homicidios y abordar mínimamente el problema básico de la inseguridad”. Estas condiciones  permiten aventurar que habrá pocos cambios en la situación de seguridad a corto plazo.

Entre las propuestas que prometió en campaña para aplicar mano dura al crimen organizado, Noboa ofreció militarizar los puertos, aeropuertos y las principales vías del Ecuador y retomar el control en las cárceles del país. Su “Plan Fénix” —como llama a la eventual creación de un sistema centralizado de inteligencia y prevención del delito— se ha convertido en su bandera y contempla más dotación y más moderna para la fuerza pública, como uniformes de alta resistencia balística, armas, drones, cámaras de reconocimiento facial. No ha especificado con qué recursos pondrá en marcha este plan.

En cuanto a las acuciantes cuestiones de materia económica, de entrada, Noboa defiende mantener la dolarización del país: una medida adoptada hace 23 años, que ha conseguido estabilizar el nivel de precios interno y que cuenta con el respaldo del 90% de la población. Para reforzar la dolarización, el nuevo presidente aboga por consolidar el equilibrio presupuestario e incrementar las reservas del Banco Central.

Con la dolarización y la libertad, avanza el crimen organizado

De por sí, la dolarización no ha sido garantía de crecimiento, algo ausente en Ecuador durante los últimos años. Ante esta apremiante realidad, Noboa apuesta, de manera genérica, por una amplia agenda reformista que atraiga importantes flujos de inversión extranjera y permita incrementar la productividad y el empleo dentro de la economía ecuatoriana. En esa amplia agenda se encuentra como prioridad aumentar la seguridad y la previsibilidad jurídica para que los inversores extranjeros no tengan miedo de colocar sus capitales en Ecuador. Segundo, en reducir la burocracia de las empresas. Tercero, en bajar los impuestos para incentivar la atracción de capital extranjero. En cuarto lugar, en el fomento del crédito. Y por último, en ampliar y mejorar, con capital público y privado, las infraestructuras.

Aun antes de discutir la matriz ideológica de sus medidas, el plan se se encuentra en jaque por la enorme y creciente delincuencia de Ecuador: si no se le pone freno, será difícil atraer inversiones. Y otro problema que enfrenta es su duración temporal, a la gestión Noboa apenas le queda año y para que sus reformas tengan un impacto perceptible deberían transcurrir como poco entre 10 y 15 años.

En tan solo menos de dos años, el correísmo seguirá preparándose hacia  el 2025, en su esperanza de volver al Palacio de Candorelet, con su sostenida  hegemonía en toda la región costera y el norte de la Amazonía, gracias al  buen resultado en las anteriores elecciones regionales, y se mantiene como primera bancada en el Parlamento. Queda en manos de Noboa la tan poca popular tarea de aplicar  los ajustes que exige el FMI en función de los préstamos por 6.500 millones de dólares desembolsados entre 2020 y 2022.

AGB

La inseguridad ocupó hasta tal punto el escenario politico ecuatoriano, que la grieta de correístas y adversarios pasó a un plano que en ninguna oportunidad logró siquiera un decoroso papel coprotagónico. Esto obró a favor del triunfante Daniel Noboa, ante todo por un discurso conciliador que sólo podía ganarle votos. Lo contrario ocurría con su adversaria, ganadora de la primera vuelta pero no en primera vuelta, Luisa González. La decisión final, que favoreció a la derecha, se fundó en el cálculo de la magnitud de gobernabilidad calibrado para cada candidatura.

Adiós a la grieta correísta

La intención de voto no parece haber sido guiada por el examen de los programas de seguridad de la derecha y de la izquierda, entre los cuales, además, la diferencia ideológica se volvía cada vez más tenue a medida que uno y otro se veían forzados a dar detalles cada vez más precisos y concretos. La decisión se fundó en el cálculo de la magnitud de gobernabilidad calibrado para cada candidatura. Aquí fueron computados, inclusive, los diez años más de la edad de González, de 45, sobre Noboa, de 35. Y también a favor de Noboa, el que fuera empresario, y millonario. Pero no un adulto mayor, como el saliente Guillermo Lasso, que abandonó la presidencia antes de tiempo.

En el Ecuador, correísmo provoca las mismas identificaciones inmediatas que kirchnerismo en la Argentina. Con una diferencia a favor de la 'década ganada' del ex presidente Rafael Correa en el poder, al menos en este nivel de reflejos automáticos. No sólo se asimilan los diez años correístas (2007-2017) con superiores niveles de consumo y de confianza en la marcha de una economía que vive dolarizada desde el año 2000. También se la asocia con un período de gran seguridad pública. A lo largo de aquel decenio añorado por un firme tercio de la población ecuatoriana, Ecuador había llegado a ser el segundo país más seguro de América según la tasa de homicidios. Hoy es el más violento de los Andes, y el que más drogas trafica en el Pacífico.

Dos jóvenes, dos padres

La memoria de un período tranquilo y próspero obró sobre quienes dieron su voto en primera vuelta a la economista Luisa González, de 45 años, el penúltimo domingo de agosto. Para sorpresa de los medios, de los sondeos previos y de la opinión pública en general, su rival en el balotaje del tercer domingo de octubre fue el empresario Daniel Noboa, un protagonista nuevo en el escenario político nacional. En primera vuelta sacó diez puntos menos, un por cada año de juventud que lo separa de la correísta.

La novedad histórica de la segunda vuelta presidencial ecuatoriana consistió en ser un balotaje disputado entre dos contrincantes que son de vecina franja etaria. El balotaje de 2021 enfrentó al vencedor en primera vuelta, el economista Andrés Aráuz (candidato a vice de González en la fórmula correísta derrotada en el balotaje de 2023), con el actual presidente anticipadamente saliente. Al correísta titular de 2021, lo venció en segunda vuelta el vencido de la primera. El zquierdista y el derechista eran parejos por carecer de carrera política y por no haber ejercido nunca antes ninguna función electiva. En cambio, la disparidad era elocuente al contraponer inocencia y experiencia: el empresario liberal-cristiano, el multimillonario ex banquero Guillermo Lasso, dobla en edad a Andrés Aráuz. Quien pronto será también el ex presidente de Ecuador, es también contemporáneo y conciudadano de Álvaro Noboa, el padre de Daniel.

Hay una constante que atraviesa, transversal, los balotajes de 2021 y 2023, y que corre por diferente eje. Sea el candidato ganador joven o mayor, sea liberal o conservador en temas sociales y culturales, en las dos citas electorales en las dos segundas vueltas el electorado dio la presidencia a un empresario millonario. El dinero ejerce un poder preliminar y posliminar, que ni nace del voto, ni muere al expirar los mandatos presidenciales.

La rivalidad de González y Noboa, y la misma novedad del joven triunfo como fuerza emergente, resultan acaso más circunstanciales si se las confronta con las continuidades que la primera vuelta electoral confirmó, y la segunda vuelta del domingo reconfirmó. Tanto González como Noboa son descendientes: dos vástagos de una genealogía experimentada en ocupar o aspirar al poder. La economista candidata presidencial de Revolución Ciudadana es la hija política del economista Rafael Correa, y el empresario candidato de Acción Democrática Nacional es hijo del magnate Álvaro Noboa, cinco veces candidato presidencial desengañado de sus ilusiones sin embargo razonables.

El recuerdo de la seguridad correísta no perjudicó en nada a González en la campaña hacia el 15 de octubre decisivo, aunque malogrado. Presionó con fuerza residual suficiente y descontada sólo entre quienes ese recuerdo es una memoria viva. Esas personas, según las estadísticas, tienen tantos o más años que la candidata. El súbito ascenso del treintañero Noboa tuvo su hora cero en el debate presidencial debut del domingo 13 de agosto, cuando los sondeos de opinión pública y la opinión académica lo posicionaron como el mejor en cuanto a su manejo de la retórica política. Acaso más revelador que esas demoscopías selectivas y esas felicitaciones peritas haya sido el desde entonces ininterrumpido crecimiento de la atención obtenida entre la población joven a través de mensajes en redes sociales por el candidato de Acción Democrática Nacional, ahora presidente electo.

En qué se parece, pero en qué no, el ecuatoriano Daniel Noboa con el argentino Javier Milei

Las semejanzas de Daniel Noboa con el candidato presidencial argentino Javier Milei, que ha descollado en las PASO y competirá en primera vuelta este domingo 22 de octubre, son vistosas. Tan irrefutables en sus líneas gruesas y en sus confinados contextos, que parecen convertir en circunstanciales, episódicas, miopes las diferencias. En todo cuanto los separa, empero, se encuentran los determinantes del futuro de sus carreras políticas.

En un país dolarizado, la dolarización no ha sido tema de campaña. Desde luego, aunque esto tal vez sea menos obvio, tampoco para la correísta González. El dólar no importa para quienes apuestan a tomar las riendas del poder ecuatoriano en mayo de 2025, y compiten para ganar la presidencia en un país que vive bajo un gobierno de transición después de que el presidente Lasso decretó en mayo pasado la figura constitucional de “muerte cruzada”, disolvió la Asamblea Nacional (Congreso) y llamó a comicios generales anticipados.

El discurso de Noboa es anti casta, anti peso del control estatal, pro avance de la libertad individual y/o empresarial. En vez de cuánto hará mi gobierno por ustedes, la ilusión ofrecida en su caso es la de cuánto podrán hacer ustedes si soy gobierno (y no podrán hacer de ningún modo si el presidente no soy yo). Esta propuesta joven cuenta con un prontuario viejo, y con apoyos tradicionales sólidos. Ni viene (casi) de la nada Noboa, ni puede fingir una vida prístina. Es un lastre que le pesa como a los candidatos de Vox en España les pesan sus caras, sus sastres y los apellidos de sus padres y de su familia.

Al peso de ser hijo de no puede escamoteársele que en esa herencia no todos resultaron lacerantes pasivos para Daniel Noboa. Cinco veces fue candidato presidencial el multimillonario Álvaro Noboa, al frente de una candidatura centrista pero con sensibilidades sociales exhibidas en primer plano. En su campaña, a Noboa hijo no le faltaron recursos. Y gracias a Noboa padre, se maneja a sabiendas en una cartografía electoral precisa desde los lugares más pequeños del país en términos de electores hasta los más grandes. No le ha faltado para ganar, no le faltará a Noboa para gobernar, eso que llaman aparato.

AGB

Al cierre de las mesas a las cinco de la tarde del tercer domingo de octubre, en una jornada electoral tranquila en el país andino que vive los días más violentos de su historia, un 82,33% del padrón había concurrido a los centros de votación a cumplir con obligación de sufragar. Así lo informó la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador apenas cerradas las urnas. Diana Atamain felicitó al electorado por la “amplia participación” y dijo que la cifra “se mantiene en los históricos de los procesos electorales en nuestro país”. No mencionó un estímulo difícil de rehuir que espolonea a la ciudadanía ecuatoriana a dar debido cumplimiento responsable a su deber cívico y político. En Ecuador el voto es obligatorio. Para quienes no votan, los castigos previstos son severos, eficaces, e ineludibles.

Comparte con Chile, otro país del Pacífico y de los Andes, la excepcional severidad de las penas para quienes incumplen la obligación de votar, y la extrema eficacia y perseverancia que dedican autoridades y sociedad para que estas sanciones se sufran. En una escena que se ve repetida en la capital Quito y en el resto de los centros urbanos ecuatorianos, después de las filias para votar en los colegios electorales, cada votante hace otra más, fuera, en locales donde plastifican un certificado de votación, prueba de que están a derecho, que les han extendido en la mesa donde han votado.

En Ecuador después de emitir el sufragio en la urna, se entrega a cada elector un certificado similar en su forma a una tarjeta de crédito con nombre y apellido del votante y su foto. La gran mayoría se dirigen de manera inmediata a negocios informales,  cercanos a los centros de votación para el plastificar ese papel por la módica suma de  25 o 50 centavos de dólar, ‘suelto’ como se le llama en el país a las monedas de baja denominación, así protegido del deterioro lo guardarán  celosamente junto a sus respectivos documentos de identidad.  

La historia sin cortes de burocracias eficaces en vigilar y castigar

Este cuidado dispensado al certificado electoral revela la importancia otorgada al comprobante que no es reciente. A partir de la Ley de Elecciones de 1947 –sancionada más de un siglo después de 1830 cuando se votó por primera vez naciente  República de Ecuador separada de la Gran Colombia- que establece el requisito de un comprobante de votación: se trataba de un trozo de papel escrito a mano que era la prueba de haber sufragado.

En 1978 se convocó a consulta y luego a elecciones presidenciales. Allí se expidió una nueva Ley Electoral que establecía en su artículo 150 que los ciudadanos que no entreguen su certificado de votación, cuando presentan una solicitud en las instituciones públicas o privadas, no serán atendidos. Y burlando el paso de los años, el cambio de  gobiernos y dictaduras- el Tribunal Supremo Electoral de ese entonces se convirtió en Consejo Nacional Electoral (CNE)-  el comprobante  ha mantenido su valor de uso y costumbre. Ya no es escrito a mano, pero conserva su naturaleza: es un requisito para hacer cualquier trámite en las entidades públicas y privadas del país si bien actualmente no existe una ley de obligatoriedad para presentarlo.

El certificado de votación es imprescindible para la vida civil. Para pedir un cambio en una conexión de agua potable, abrir una cuenta de ahorros o sacar el Registro Único de Contribuyente (RUC), solicitar un préstamo en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)  o inscribir su candidatura en el CNE, ingresar a la Universidad, para postular a un empleo estatal, sacar el pasaporte, postularse a un trabajo, para vender los propios bienes… Es larga y prolija la lista de trámites que requieren la presentación del certificado de votación para poder realizarlos.

Obligaciones muy específicas de normativas muy generales

La ausencia de normativa no ha menguado su pervivencia con la Ley de Optimización y Eficiencia de Trámites del 2018 y la decisión presidencial de 2021. A diferencia de Uruguay, único país de Latinoamérica que pide documento similar. Pero la República Oriental cuenta con una normativa que detalla en qué casos se puede requerir, por ejemplo, para inscribirse o rendir exámenes en la Universidad, recibir fondos públicos o ingresar a un empleo estatal.

En Ecuador, el comprobante de votación no es requisito ‘excluyente’, pero sí indispensable. Como este comprobante sólo se obtiene en el acto de votación, en caso de no asistir los que estén obligados no solo carecerán del comprobante sino que “serán multados con el equivalente al 10 % de una remuneración mensual unificada”. El salario básico unificado (SBU) actualmente es de 450 dólares, por lo que la multa será de 45 dólares.

En el Código de la Democracia también se mencionan las infracciones electorales, que se dividen en cinco, entre ellas las leves, en la cual se indica que se impondrán multas de entre uno hasta diez salarios básicos en varias conductas, la primera por “no exigir a los ciudadanos la exhibición del certificado de votación, de exención o del pago de la multa en los casos que corresponda. Se excluyen los casos de voto facultativo”, según el artículo 277.

La votación y el supermercado

Una cadena de supermercados, atenta a las elecciones presidenciales realizadas en agosto 2023, incorporó el certificado de votación en sus promociones. TIA  anunció la campaña ¡Votar es ganar! con beneficios a quienes acudieron el domingo 20 entre las 8:00  y 17:00 horas.

Para participar en la campaña para sus ‘Clientes Más’  se debía  presentar el certificado de votación actualizado. De este modo, se podía acceder al  sorteo de una entrada para el partido de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026, de la Selección frente a Uruguay, previsto para el 12 de septiembre en Quito. Además las compras realizadas ese día obtenían triple punto más y una botella de agua gratis.

AGB con información de fuentes y medios

En una decisiva segunda vuelta electoral, 13 millones de ecuatorianas y ecuatorianos votan este domingo 15 de octubre quién será su próximo presidente. El balotaje tiene como protagonistas a la abogada, economista y militante Luisa González, de 45 años, candidata del Movimiento Revolución Ciudadana (RC), que lidera el expresidente Rafael Correa (2007-2017), y al empresario Daniel Noboa, de 35 años, candidato liberal centroderechista de la alianza Acción Democrática Nacional (ADN), integrada por los movimientos Pueblo, Igualdad y Democracia (PID), de Arturo Moreno, primo del ex mandatario Lenin Moreno, y Mover, la ex Alianza PAIS. 

El candidato ganador completará el mandato 2021-2025 del presidente centroderechista Guillermo Lasso, quien recortó su mandato a la mitad cuando disolvió el Congreso, el 17 de mayo, por el mecanismo constitucional denominado “muerte cruzada”. Justo cuando la Asamblea unicameral se disponía a votar una moción de censura en su contra, en el marco de un juicio político, por presunta malversación de dinero público. El ex banquero Lasso  adelantó las elecciones impotente ante la protesta social e indígena, las cárceles desbordadas y amotinadas, y el auge indetenible del homicidio y el sicariato criminal.

Estos son los primeros comicios extraordinarios en Ecuador desde 1940 y los primeros en el país en ser convocados bajo el mecanismo de 'muerte cruzada'. También, son las primeras elecciones que se realizan bajo estado de excepción. en la historia del país andino.

Debate presidencial

Los dos candidatos presidenciales, González favorita en la primera vuelta con el 33, 61 % de los votos y Noboa con 23,47 % de los sufragios,  asistieron el 1 de octubre al  previsto debate presidencial, que fue  seguido por una ciudadanía que identifica como prioritarios  la inseguridad, la violencia y la crisis económica más que las posturas ideológicas. Sin embargo,  ambos aspirantes al Palacio de Carondelet, en esa oportunidad, no hicieron precisiones ni señalaron con qué recursos afrontarán la solución al  tema que acapara la atención pública: cómo sacarán al país de 18 millones de habitantes,  que solía ser un remanso de tranquilidad comparado con su vecina Colombia, de una  imparable ola de violencia que alcanzó luctuosa resonancia  con la muerte del candidato  presidenciable Villavicencio, por Construye quien fue asesinado a manos de sicarios cuando salía de un acto proselitista en una escuela de la ciudad capital de Quito. 

Nunca antes se había asesinado en Ecuador a un candidato presidencial durante la campaña, nunca antes había importado tan poco al crimen organizado si la democracia ecuatoriana se disponía a votar o si era cualquier otra fecha del año. Y, nunca antes se tuvo que asumir la grave situación sobre todo en la zona de la costa, donde el narcotráfico puede dar salida a su mercancía a través de los puertos, había  llegado a Quito, el corazón del país.

Con todo, el debate presidencial arrojó una sorprendente mejora en la popularidad de González. Según los últimos datos de la encuestadora Comunicaliza, el empresario la superaba en más de 11 puntos en intención de voto;  y el sondeo  de Telcodata posterior al 1 de Octubre indica que Noboa tiene un 36,7% de respaldo, mientras que González le sigue de cerca con un 36,4 por ciento. Un notable 15% del electorado sigue indeciso.

Dos fuerzas políticas y tres opciones electorales

En el horizonte electoral del próximo domingo se definirá la fuerza y presencia de  tres posiciones políticas. Una, a favor de González; otra, por Noboa; y la tercera, por el voto nulo.  

El progresismo social que apoya a González, que de ganar será la primera mujer presidenta de Ecuador, en el que se integra el significativo sector del “correísmo”, está conformado por un difuso conglomerado de capas medias, pequeños y medianos empresarios, movimientos sociales y sectores populares, incluyendo trabajadores e indígenas, apartados de las decisiones de sus organizaciones clasistas y dirigentes.

Todas las derechas económicas y políticas se unificaron en torno a Noboa, bajo una consigna que se repite desde las elecciones presidenciales de 2009: “todos contra el correísmo”.  Y el voto nulo, reivindicado por las izquierdas tradicionales. Unidas por su radical anticorreísmo, una posición persistente desde que rompieron con el gobierno de Correa, argumentan que las elecciones son una “trampa”, que hay que agruparse en torno a un “programa” y sostienen que mientras Noboa es el “representante directo de las oligarquías”, aGonzález es la “representante conservadora del populismo correísta”.  Sin embargo, en cuatro décadas 

no han podido crear la alternativa histórica que permita que se les reconozca como izquierdas “auténticas y verdaderas”, como suelen identificarse.

Dos candidatos, dos modelos de país

En una revisión  a grandes rasgos de la historia del Ecuador republicano,  los agroexportadores de cacao que dominaban la economía nacional, entre 1912-1925, aliados con banqueros y comerciantes, controlaron directamente el Estado. Fue la primera “época plutocrática”, en la cual no hubo gobiernos que afectaran sus intereses, ni regularan el mercado “libre”. Un  paraíso de la empresa privada, el lugar donde se originaron  las consignas oligárquicas, reproducidas hasta el presente y sintetizadas  en la idea de que el mundo económico es el de la acumulación privada sin límites, junto con el dominio social.  El auge del banano iniciado a mediados del siglo XX, impulsó un incipiente capitalismo ecuatoriano que  se asentó en recursos estatales, la evasión tributaria y sobre-explotación a los trabajadores. Noboa, hijo del magnate bananero Álvaro Noboa, queda asociado a esta matriz oligárquica, manifiesta en la segunda época plutocrática que arrancó en 2017 y que ha consolidado un capitalismo agroexportador-comercial-bancario.

El candidato Noboa ha integrado a su discurso proselitista la temática de  salarios y servicios públicos como educación y salud, bajo la consigna de un “progresismo neoliberal”. Con todo,  su candidata vicepresidencial Verónica Abad, “libertaria” seguidora de las ideas del argentino Javier Milei, defiende la privatización estatal incluyendo educación, salud y seguridad social. Los planes de Noboa se centran en la creación de empleo y la seguridad pública. Respecto a esta última, ha propuesto el “Plan Fénix”,  mediante el cual creará “una central de inteligencia que permita proveer información vital para prevenir delitos, responder a emergencias y garantizar la seguridad de los barrios”.

Sus propuestas incluyen una mayor inversión pública en los sectores de tecnología, energía renovable, turismo y agricultura. Respecto a la cuestión  carcelaria, postula la rehabilitación, la mejora de las condiciones en las cárceles  superpobladas de Ecuador, y  el uso de celdas de prisión para aislar a los delincuentes más violentos. Anunció un plan de 830 millones de dólares para mejorar la seguridad, con cooperación internacional, y que durante sus primeros 100 días en el cargo, llamaría un referéndum sobre reformas de seguridad.

En su base la propuesta sostiene y se sostiene en el  modelo de economía empresarial neoliberal-oligárquico que prometió restaurar un país “destruido” por el correísmo. Sin embargo, a igual a lo sucedido  con gobernantes empresariales desde que en 1979 se inició en Ecuador la época democrático-constitucional más larga de su historia, la gestión de Lasso, ha provocado el mismo deterioro histórico que hubo durante la primera época plutocrática y aún peor, porque  hoy el crimen organizado internacional ha penetrado en las esferas públicas y las privadas. Ecuador se encuentra estancado en cuanto al crecimiento económico, altamente endeudado, con un mercado laboral restringido, marcado por la migración y la dependencia de las remesas.

Un siglo atrás, la Revolución Juliana (1925-1931), introdujo, por primera vez, un activo papel regulador del Estado. La continuidad de este  cambio, fue llevada a cabo durante la década regida por  el gobierno del ex presidente  Correa y sus políticas económicas. En 2020, un tribunal ecuatoriano lo sentenció a ocho años de cárcel en ausencia por corrupción: el ex presidente ha negado irregularidades. A pesar de  la unidad de las derechas económicas y políticas para impedir su “retorno”, se mantiene como una fuerza poderosa hasta el presente desde su exilio en Bélgica.

La candidatura de González, impuesta por Correa y promocionada por RC, plantea la restauración de la vía hacia un modelo de economía social impulsada en el vértice opuesto del neoliberalismo. Ha despertado el apoyo y hasta las esperanzas del amplio sector del progresismo ecuatoriano, a pesar de que la “sombra” de Correa genera pasiones de todo tipo incluso al interior del mismo espacio.

González obtuvo  la mayor participación de votos en la primera ronda, y en febrero, los candidatos de RC ganaron varias alcaldías incluidas las de Quito y Guayaquil. Su compañero de fórmula es Andrés Arauz, un ex ministro de Correa que llegó a la segunda vuelta de 2021 con el 47% de los votos y resultó perdedor frente a un Lasso ganador de la presidencia del país andino con el 52,49 por ciento.

Durante el debate del 1° de octubre, González declaró su proyecto de inversión de 2.5 mil millones de dólares de las reservas internacionales de Ecuador, que alcanzó los 6.3 mil millones a fines de septiembre, a la economía que propone “democratizar”,  una “justicia económica con igualdad de oportunidades” por medio del fortalecimiento de mecanismos de protección de los consumidores, la democratización del acceso a los recursos financieros en la banca pública y la disminución de las tasas de interés.

También prometió destinar 500 millones de dólares en seguridad pública, aumentar la financiación del sistema público de salud y la de las universidades públicas. En materia de seguridad, restituir el Ministerio Coordinador de Seguridad y el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y cultos, así como reestructurar los ministerios del Interior y de Gobierno, y hacer una depuración de las fuerzas de seguridad para el logro de “un nuevo modelo de seguridad ciudadana, basado en la prevención, la reducción de la violencia y la convivencia pacífica” que a la vez incluye mano dura contra la delincuencia con el fortalecimiento de los sistemas judiciales y penitenciarios.

González plantea respecto a las condiciones de los trabajadores mejoras tanto del salario y condiciones seguras hasta el respeto de los derechos laborales con especial énfasis en la situación de las  mujeres que deben contar c0n lugares de trabajo libres de violencia y acoso, así como protección a la maternidad y reconocimiento del cuidado y la crianza. Y busca impulsar una legislación adecuada para reivindicar el derecho del primer empleo joven.

En relación a las cuestiones de género, busca intensificar la lucha contra la violencia doméstica y sexual;  con este  propósito plantea la creación de la Unidad de Mujeres Policías para “la prevención, seguimiento e investigación de feminicidios, trata de personas para explotación sexual y violencia contra la mujer”.

El electorado ante el balotaje, pelea voto a voto   

El ex presidente Correa, quien mantiene  sostenida campaña a favor de González puede atraer el apoyo de los votantes izquierdistas que se beneficiaron de las políticas sociales de la década correísta. En la primera ronda, aseguró amplias pistas sobre otros candidatos en las pobladas provincias costeras de Manabí y Guayas. González,  reconocida izquierdista en la economía y que está en contra del aborto, ha expresado su apoyo a celebrar una Asamblea Constituyente, que los leales de RC pueden usar como una vía para facilitar el regreso de Correa.

Sin embargo, el cuadro para el balotaje del 15 de octubre es complejo para González.  No es improbable que los votos del asesinado Villavicencio; los del empresario y ex francotirador de la Legión Extranjera, Jan Topic y los del ex vice de Lenin Moreno, Otto Sonnenholzner, vayan para Noboa en un escenario como el de la segunda vuelta de abril de 2021  donde el candidato de centro derecha Lasso ganó al candidato izquierdista Arauz.

Esta es la primera campaña presidencial de Noboa, hijo de la ex legisladora Anabella Azín,  por el Partido de centro derecha Renovador Institucional Acción Nacional (PRIAN) Anabella Azín y el magnate del banano  Álvaro Novoa, postulante sin éxito por la presidencia  cinco veces. Los opositores al correísmo emitirán su voto para Noboa así como los votantes que prefieren su enfoque más amigable para el mercado, y cuenta con apoyo entre las élites comerciales, particularmente en su ciudad natal de Guayaquil y otras áreas costeras. Como cara más joven en la política, puede atraer a nuevas generaciones de votantes que pueden percibirlo como un outsider político. Sin embargo, su experiencia limitada en el sector público, en comparación con la que posee González, puede ser un factor en contra. Y si su apellido fue de ayuda en la primera ronda, algunos votantes pueden asociarlo a la empresa de su padre acusada de sostener condiciones de trabajo inseguras y trabajo infantil a principios de la primera década del 2000.

Sobre el resultado del balotaje de este domingo, no hay pronóstico seguro. “Va a ser una elección peleada voto a voto”, anticipa el politólogo Efrén Guerrero, de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador. Si en el pasado los electores votaban impulsados por el miedo, en esta ocasión, el hartazgo define la decisión política. La inseguridad ha dejado una marca visible en las campañas electorales, reducidas y con pocos actos de masa, ante el temor a la violencia de las armas de fuego, y ha impuesto un uniforme de campaña forzado, vestido por hombres y mujeres, que defienden la vitalidad de sus candidaturas calzando en la sierra, la costa o la selva gruesos chalecos antibalas, y colocándose siempre en el centro de equipos de guardaepaldas bien armados hasta los dientes.

AGB

La violencia e inseguridad azotan al Ecuador. La tasa homicida récord de 2022 con 25,3 muertes por cada 100 mil habitantes se prevé ampliamente superada a fines de 2023. Para la izquierda y para la derecha, para la candidata correísta Luisa González y para su contrincante el emergente liberal Daniel Noboa, las políticas de combate al narco y al crimen organizado dan palabras a sus discursos políticos, contenido a los actos partidarios, y tema absorbente a entrevistas y a debates como el cara a cara televisado durante dos horas el primer domingo de octubre.

Una y otra campaña están persuadidas de que acertar con la más gustosa promesa sobre seguridad es la clave para ganarse a la mayoría de las 13 milones de personas que integran el padrón que el 15 de octubre dirimirá en balotaje qué rival completará el mandato de Guillermo Lasso. El actual presidente centroderechista disolvió el Congreso y convocó elecciones anticipadas, abrumado e impotente ante la protesta social e indígena, las cárceles desbordadas y amotinadas, y el auge indetenible del homicidio y el sicariato criminal.

Debate tedioso sobre una seguridad blindada y horror monótono del crimen desencadenado

A fines de septiembre había arrancado oficialmente, de acuerdo con el calendario del Consejo Nacional Electoral (CNE), el período de campaña electoral en Ecuador, de cara a la decisiva segunda vuelta de las elecciones presidenciales prevista para el próximo 15 de octubre. Este balotaje se juega entre la izquierdista Luisa González, candidata del Movimiento Revolución Ciudadana (RC), que lidera el expresidente Rafael Correa, y el conservador Daniel Noboa, de la alianza Acción Democrática Nacional (ADN), integrada por los movimientos Pueblo, Igualdad y Democracia (PID), de Arturo Moreno, primo del exmandatario Lenin Moreno, y Mover, la ex Alianza PAIS. Ambos candidatos, que han adoptado el uso de chalecos antibalas y aun casco como medidas de seguridad, enfrentan el reto de revalidar los votos obtenidos el pasado 20 de agosto y atraer los sufragios que se repartieron entre los seis candidatos perdedores de la primera vuelta en la que González obtuvo 33,61% y Noboa 23, 47 por ciento.

Uno de ellos sucederá al actual presidente de la República, el ex banquero centro derechista Guillermo Lasso, quien en mayo pasado invocó el mecanismo constitucional denominado “muerte cruzada”, justo cuando la Asamblea se disponía a votar una moción de censura en su contra, en el marco de un juicio político, por presunta malversación de dinero público. Lasso disolvió la Asamblea unicameral; pero recortó su mandato a la mitad. Quien sea el ganador en el balotaje completará el periodo presidencial 2021-2025.  

Dos rivales quieren ganar en balotaje la presidencia del país más violento de los Andes

La campaña, que se extenderá hasta la veda del 12 de octubre, se lleva a cabo en una nación que enfrenta con poca o ninguna eficacia el crimen sea o no organizado, cuya permanente virulencia lo ha convertido en un tema central para los votantes y los dos candidatos que hacen uso de chalecos antibalas. Los homicidios en Ecuador se han disparado de 5,8 por cada 100 mil personas en 2018 a 18,89 por 100 mil este año.

La crítica situación, que ha llevado a las autoridades a decretar estados de emergencia intermitentes, es una de las razones que explica el aumento de la migración a EEUU. Con o sin deliberación, es difícil o acaso imposible no establecer comparaciones con  la llamada ‘década ganada’. Todo cotejo sobre este tema y problema favorece con amplitud a esos años que corresponden los del presidente Rafael Correa en el poder. No sólo se asimilan los diez años correístas (2007-2017) con superiores niveles de consumo y de confianza en la marcha de una economía que vive dolarizada desde el año 2000. También se la asocia con un período de gran seguridad pública. A lo largo de aquel decenio añorado por un firme tercio de la población ecuatoriana, Ecuador había llegado a ser el segundo país más seguro de América según la tasa de homicidios. Hoy es el más violento de los Andes, y el que más drogas trafica en el Pacífico. Precisamente, los expertos atribuyen la raíz del aumento del crimen a los carteles internacionales, que han hecho de las ciudades portuarias de Ecuador un centro importante para mover productos ilegales y a las pandillas locales afiliadas a esos carteles.

La abogada, economista y militante González, de 45 años, heredera política del ex presidente y también economista Correa, promete reestructurar el Ministerio del Interior. Busca mejorar los procesos de investigación policial y reducir la impunidad, y abordar la pobreza y la falta de oportunidades como causas subyacentes de afiliación a las pandillas. Hijo del magnate Álvaro Noboa cinco veces candidato presidencial sin éxito, el empresario Noboa, de 35 años, protagonista novedoso en el escenario político nacional, asegura que invertirá en equipos policiales, creará un importante programa de ciberseguridad y fortalecerá el sistema de Justicia para que las prisiones no sean invadidas.

No hay chaleco antibalas que baste cuando nos quieren matar a fondo

Sin condescender a la minucia ultrajante de buscar pruebas suficientemente aceptables cuando sienten que corren grave peligro cierto sus propias vidas, tanto González como su más joven contrincante Noboa han afirmado en estos días que durante este tramo de campaña de cara a la segunda vuelta presidencial del 15 de octubre una y otro han sido posibles objetivos de violencia y tentativas de asesinato selectivo.“Debido a eso, me he visto obligada a calzar este chaleco a prueba de balas” dijo González en un acto de campaña ya a principios septiembre. Lo hacía sin gusto pero con resignación: “Antes de eso nunca había estado dispuesta a usar el chaleco, porque siento que todos deberían tener acceso a la misma seguridad en el país”.

No resulta novedoso el cuidado de la candidata. En la primera vuelta, las imágenes de las elecciones extraordinarias de Ecuador probaron la crítica situación de inseguridad que asola al país. Ciudadanas y ciudadanas obligados a abrir sus carteras o mochilas al ingresar a los recintos de votación; los candidatos votaron protegidos con chaleco antibalas y casco, y un amplio despliegue militar y policial. El mayor nivel de resguardo se registró en torno a Christian Zurita, sucesor del candidato presidencial Fernando Villavicencio, asesinado el pasado 9 de agosto cuando salía de un mitin proselitista en Quito.

El suceso había consternado al país que no se  terminado de reponerse de la pérdida de Agustín Intriago, alcalde de Manta, uno de los puertos más importantes del país. Anteriormente, Javier Pincay, candidato a alcalde de Portoviejo y Luis Chonillo, alcalde Durán sobrevivieron a atentados 

Con todo, el 82% de los más de 13 millones de ecuatorianas y ecuatorianos con la chance de sufragar, votaron en las elecciones de primera ronda. Lo que demuestra que la intimidación no será la ganadora el día del balotaje. Al menos, esto sostiene  Máximo Zaldívar, director regional de América Latina y el Caribe en la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES).

AGB

En el Ecuador, correísmo provoca las mismas identificaciones inmediatas que kirchnerismo en la Argentina. Con una diferencia a favor de la 'década ganada' del ex presidente Rafael Correa en el poder, al menos en este nivel de reflejos automáticos. No sólo se asimilan los diez años correístas (2007-2017) con superiores niveles de consumo y de confianza en la marcha de una economía que vive dolarizada desde el año 2000. También se la asocia con un perído de gran seguridad pública. A lo largo de aquel decenio añorado por un firme tercio de la población ecuatoriana, Ecuador había llegado a ser el segundo país más seguro de América según la tasa de homicidios. Hoy es el más violento de los Andes, y el que más drogas trafica en el Pacífico.

Dos jóvenes, dos padres

La memoria de un período tranquilo y próspero obró sobre quienes dieron su voto a la economista Luisa González, de 45 años, que lidera el recuento de los resultados de la presidencial de este penúltimo domingo de agosto. Para sorpresa de los medios, de los sondeos previos y de la opinión pública en general, su rival en el balotaje del tercer domingo de octubre será el empresario Daniel Noboa, un protagonista nuevo en el escenario político nacional, quien la sigue detrás, con diez puntos electorales menos, y diez años de edad menos. La novedad histórica será una segunda vuelta electoral entre dos contrincantes que son de vecina franja etaria. El balotaje de 2021 enfrentó al vencedor en primera vuelta, el economista Andrés Aráuz (este 20 de agosto candidato a vice de González), con el actual presidente anticipadamente saliente, el empresario, ex banquero, y multimillonario liberal-cristiano, Guillermo Lasso, que lo doblaba en edad aunque fueran parejos en inexperiencia política y cargos electivos.

La sorpresa del rival del balotaje, la novedad de la segunda fuerza emergente como rival, son acaso más circunstanciales si se las confronta con las continuidades que la elección del domino reconfirmó. Tanto González como Noboa son descendientes, vástagos de una genealogía experimentada en ocupar o aspirar al poder. La economista candidata presidencial de Revolución Ciudadana es la hija política del economista Rafael Correa, y el empresario candidato de Acción Democrática Nacional es hijo del magnate Álvaro Noboa, cinco veces candidato presidencial vencido en sus aspiraciones.

El correísmo con rostro de mujer va por otra década ganada más, esta vez sí compañeras, con Luisa González

Como en las dos presidenciales anteriores, el correísmo fue la fuerza más importante en la primera vuelta. En la penúltima presidencial, incluso, triunfó. Pero Lenín Boltaire Moreno, candidato favorito de Correa, después se apartó y tomó senderos liberales que motivaron el repudio como traidor de su mentor y mayor elector. En las últimas, el correísmo, vencedor de la primera vuelta, fue vencido en la segunda.

Los comentarios coinciden en que el voto joven fue el protagonista del domingo, y el potencial de asomobro de la prensa y el análisis fue dirigido, no siempre con decepción en los medios de mayor difusión, al candidato Daniel Noboa. Este empresario siguió en votos a Luisa González. Uno y otra, diferencia que se añade a las antes marcadas, habían con anterioridad ganado y ocupado bancas en el Congreso unicameral ecuatoriano. Antes de la votación, Noboa, cuya ubicación política declarada no coincide exactamente con lo que el examen de la suma de sus propuestas concluye, había sido considerado un perdedor por las encuestas.

En la reconsideración de los motivos de su triunfo, quienes antes lo desestimaban lo reinventan ahora como el futuro que viene a disputarle el poder al pasado, como la figura nueva y joven que gusta e imanta el voto joven. En el padrón electoral ecuatoriano, el 40% corresponde a votantes de menos de 35 años: la edad del mismo Noboa. De aquí a octubre, Noboa buscará ganar plazas en la tierra media, entre aquel electorado que fue correísta sin serlo nunca con determinación firme, o que fue anticorreísta sin serlo jamás con militancia constante.

El correísmo capitalizó esa grieta que ahora buscará, rumbo al balotaje, a la vez capitalizar y trascender Noboa en su campaña donde entone el himno del porvenir prepotente. Al igual que las candidaturas correístas en las elecciones locales de febrero, en las presidenciales González retuvo con desahogo la tercera parte de los votos fieles. De cara al balotaje, el discurso de que no todo pasado fue mejor, salvo el de Correa, será posiblemente morigerado por González. La población votante más joven compagina poco con ese ideario retrovisor de recuperación de un pretérito que sólo por vía intelectual pueden reconstruir en numerosos casos.

El tema de la seguridad, según las mismas encuestas que subvaloraron a Noba, es el principal problema de Ecuador, agobiado por la violencia del crimen, organizado o no, y por un clima sofocante de incertidumbre social. Un país que diez días antes de la elección pudo ver el asesinato por sicarios narcos del candidato presidencial anticorreísta Fernando Villavicencio.

El recuerdo de la seguridad correísta no perjudica en nada a González en la campaña hacia el 15 de octubre decisivo. Pero sólo con fuerza residual suficiente y descontada entre quienes ese recuerdo es una memoria viva. Esas personas, según las estadísticas, tienen tantos o más años que la candidata. El súbito ascenso del treintaeñero Noboa tuvo su hora cero en el debate presidencial del domingo 13 de agosto, cuando los sondeos de opinión pública y la opinión académca lo posicionaron como el mejor en cuanto a su manejo de la retórica política. Acaso más revelador que esas demoscopías selectivas y esas felicitaciones peritas haya sido el desde entonces ininterrumpido crecimiento de la atención obtenida entre la población joven a través de mensajes del candidato de Acción Democrática Nacional en redes sociales.

En qué se parece, pero en qué no, el ecuatoriano Daniel Noboa con el argentino Javier Milei

Las semejanzas de Daniel Noboa con el candidato presidencial argentino Javier Milei, que ha descollado en las PASO pero que recién competirá en una primera vuelta en las elecciones de octubre, son vistosas. Tan irrefutables en sus líneas gruesas y en sus confinados contextos, que parecen convertir en circunstanciales, episódicas, miopes las diferencias. En todo cuanto los separa, empero, se encuentran los determinantes del futuro de sus carreras políticas.

En un país dolarizado, la dolarización no ha sido tema de campaña. Desde luego, aunque esto tal vez sea menos obvio, tampoco para la correísta González. El dólar no importa para quienes apuestan a tomar las riendas del poder ecuatoriano en mayo de 2025, y compiten para ganar la presidencia en un país que vive bajo un gobierno de transición después de que el presidente Lasso decretó en mayo pasado la figura constitucional de “muerte cruzada”, disolvió la Asamblea Nacional (Congreso) y llamó a comicios generales anticipados.

El discurso de Noboa es anti casta, anti peso del control estatal, pro avance de la libertad individual y/o empresarial. En vez de cuánto hará mi gobierno por ustedes, la ilusión ofrecida en su caso es la de cuánto podrán hacer ustedes si soy gobierno (y no podrán hacer de ningún modo si el presidente no soy yo). Esta propuesta joven cuenta con un prontuario viejo, y con apoyos tradicionales sólidos. Ni viene (casi) de la nada Noboa, ni puede fingir una vida prístina. Es un lastre que le pesa como a los candidatos de Vox en España.

Al peso de ser hijo de no puede escamoteársele que en esa herencia no todo son pasivos para Daniel Noboa. Cinco veces fue candidato presidencial el multimillonario Álvaro Noboa, al frente de una candidatura centrista pero con sensibilidades sociales exhibidas en primer plano. En su campaña, a Noboa hijo no le faltaron recursos. Y gracias a Noboa padre, se maneja a sabiendas en una cartografía electoral precisa desde los lugares más pequeños del país en términos de electores hasta los más grandes. No le ha faltado, no le faltará, a Noboa, eso que llaman aparato.

AGB

El postulante a la Asamblea Nacional de Ecuador, Edison Carrillo, denunció hoy al presidente Guillermo Lasso, el ministro del Interior Juan Zapata y las autoridades de la Policía por presunta “omisión dolosa” en el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. En el documento presentado, también se solicitó que se investigue la actuación de la Policía por haber trasladado a uno de los presunto sicarios heridos a la unidad de flagrancia en lugar de a un hospital.

En la misma línea, el ex presidente Rafael Correa apuntó contra la Policía por el asesinato del dirigente y candidato del Movimiento Construye, muerto a balazos a la salida de un acto de una escuela del norte de Quito. “Fue un crimen político, para culparnos, perjudicarnos y evitar una victoria nuestra en una sola vuelta. Sacrificaron a un ser humano. No tienen límites ni escrúpulos. Clara implicación de la Policía”, publicó.

A pesar de la ola de ataques a políticos que está experimentando Ecuador, el próximo 20 de agosto se llevaran a cabo elecciones para determinar quién completará el mandato de Lasso. En este marco, Gloria Valencia, madre de Villavicencio, llamó a votar por Christian Zurita, reemplazo de su hijo en la lista del Movimiento Construye. La postulación de este nuevo dirigente todavía espera la validación del Consejo Nacional Electoral.

“Amaba un país limpio de corrupción y en ese caminar de lucha, de periodismo de investigación, lo hizo con Christian Zurita, el mismo que sabe el programa de Gobierno, la necesidad de este país”, sostuvo Valencia en apoyo al amigo personal de su hijo.

Por el crimen de Villavicencio ya fueron detenidos seis colombianos que tienen antecedentes penales en su país de origen por narcotráfico, homicidio, hurto, tráfico y portación de armas y ataques contra servidores públicos.

Con información de agencias.

En la ciudad capital ecuatoriana de Quito, el miércoles 8 asesinaron a tiros al candidato presidencial de la coalición centro derechista Movimiento Construye. Fernando Villavicencio fue muerto por sicarios a menos de dos semanas de las elecciones generales anticipadas del 20 de agosto que el presidente derechista Guillermo Lasso promete salvaguardar

Ecuador se enfrenta a niveles récord de violencia provocada por el narcotráfico en una espiral fuera de control, mientras la ciudadanía se prepara para dirigirse a las urnas. Sin embargo, el ataque a Villavicencio aumentó  el temor en el país de duelo: nunca antes se había asesinado en Ecuador a un candidato presidencial durante la campaña, nunca antes había importado tan poco al crimen organizado si la democracia ecuatoriana se disponía a votar o si era cualquier otra fecha del año.

De 59 años, el candidato presidencial por Construye se retiraba de un acto de campaña realizado en el Colegio  Anderson, una institución de enseñanza secundaria ubicada en la avenida Gaspar de Villarroel y Amazonas. A Villavicencio lo escoltaba una decena de agentes de la policía uniformados, cuando entre tres y cinco sicarios hicieron fuego desde el costado de la camioneta en la que se iba a retirar del lugar. Nueve personas más, entre ellos, una candidata a asambleísta y dos policías quedaron heridos.

El automóvil  logró arrancar para llevarlo de urgencia a la Clínica de la Mujer,  donde fue comunicada su muerte.  El general Alain Luna, director general de Investigaciones de la Policía, confirmó que se hizo una detonación controlada de un artefacto explosivo en los exteriores de ese centro médico, que habría sido plantado por los asesinos.

La esposa del candidato, Verónica Sarauz, ahora su viuda, con quien Villavicencio tuvo cinco hijos,  denunció a la seguridad policial de su esposo por fracasar y no lograr salvarle la vida. Mientras que el ex general de la Policía Patricio Carrillo, salió del acto, un vez finalizado, por una vía oblicua y un territorio sin gente, un estacionamiento, los agentes policiales a cargo de la custodia del candidato lo sacaron de allí en una camioneta sin blindaje que se abría camino sobre la populosa avenida Gaspar de Villaroel.

Una vida troncada, un narcotráfico ileso

Oriundo del municipio andino de Alusí, en la provincia de Chimborazo, en el corazón mismo de Ecuador,  Fernando Villavicenciohabía sido periodista, activista y legislador.  Alcanzó renombre como opositor al movimiento de izquierda encabezado por el expresidente Rafael Correa (2007 - 2017).  Casi 10 años antes, Villavicencio fue condenado a 18 meses de prisión y multa de 140.000 dólares por injurias al entonces presidente Correa, se refugió inicialmente en EEUU;  luego volvió a Ecuador, en donde fue acogido en una comunidad indígena de la selva junto al asambleísta indigenista Cléver Jiménez, de quien fue asesor político entre 2009-2017- igualmente condenado. Desde 2017 se desempeñaba como asambleísta hasta que el presidente derechista Guillermo Lasso para evitar su destitución por juicio político disolvió el Congreso y  convocó a nuevas elecciones presidenciales y legislativas a realizarse el 20 de agosto.

 Villavicencio en los sondeos se encontraba en el medio de los entonces ocho aspirantes a la presidencia. Era uno de los candidatos que con mayor franqueza denunció los vínculos entre el crimen organizado y las autoridades gubernamentales. El martes 8, el día anterior a que fuera asesinado,  Villavicencio había presentado una denuncia ante la Fiscalía, contra alias Fito, uno de los capos de la mafia carcelaria,  que fue pública. Recientemente, se lo había visto en la ciudad de Chone sin chaleco antibalas, porque según sus declaraciones quería  hacer su campaña “a camisa sudada”. Patricio Zuquilanda, excanciller y actual asesor general de su campaña, informó que Villavicencio “tuvo anteriormente dos amenazas de muerte y a la tercera ha fallecido” y que “contaba con protección policial y contaba con protección privada”. 

Criminalidad sin retrocesos en Ecuador, disfuncionalidad sin alivios en el gobierno de Quito

El suceso consternó al país. Ecuador no había terminado de reponerse de la pérdida de otra figura política clave. Hace unas semanas fue asesinado Agustín Intriago, de 38 años y alcalde de Manta,  quien pertenecía al movimiento local Mejor Ciudad, cuando asistía a un evento deportivo  en el barrio 15 de Septiembre

La ciudad de Manta, en la provincia de Manabí, es la tercera mayor ciudad y uno de los puertos pesqueros más importantes del país. Con más de 250.000 habitantes, es un punto clave de la exportación e importación. También es puerto de llegada de cargamentos de cocaína, y de salida de esa droga hacia EEUU, México y Europa. Hasta 2009, fue un enclave militar de EEUU,  que vigilaba el espacio aéreo y marítimo, antes de la prohibición del expresidente Correa de erigir bases militares en el territorio.

En enero 2023, Javier Pincay, candidato a alcalde de Portoviejo, Manabí, resultó gravemente herido y estuvo semanas en estado crítico tras sufrir un atentado. En mayo, el alcalde de Durán, provincia de Guayas, Luis Chonillo, sobrevivió a un ataque y trabaja bajo protección policial. También en Guayas, el alcalde de Daule, Wilson Cañizares, denunció este mes que recibe amenazas desde la Penitenciaría del Litoral, y se le asignó protección policial.

Las calles de fuego del infierno blanco

Ecuador que ha sido uno de los países más seguros de América Latina, se ha convertido en  los últimos cinco años, en uno de los más mortales de la región. La producción récord de cocaína en la vecina Colombia y una guerra entre las pandillas de drogas ecuatorianas apoyadas por los carteles mexicanos y albaneses ha provocado una ola de violencia.

En Guayaquil, una ciudad húmeda enmarcada en colinas verdes, con  3,5  millones de habitantes  se suceden escenas de guerras entre las pandillas que luchan por el control de las rutas de tráfico de cocaína a los puertos marítimos, semejantes a las del norte de México. La policía y los residentes dicen que los asesinos matan a los fiscales y a los agentes de la ley, los cuerpos se cuelgan de los puentes y detonan bombas de automóviles y reclutan a niños como asesinos.

Los asesinatos en Guayaquil, que han aumentado alrededor del 65% en los primeros cuatro meses de 2023 respecto al año anterior, la han convertido  en una de las ciudades más violentas del mundo.  Con homicidios per cápita mayor que las ciudades  de Juárez en México y Príncipe Port-Au, en Haití.

El actual panorama de inseguridad en Ecuador hace saltar todas las alarmas. Se vive una gran tensión por el aumento de los homicidios, los robos y los secuestros, y también por los frecuentes amotinamientos en las cárceles. La tasa de homicidios se disparó casi un 500 % entre 2016 y 2022, según Insigtcrime llegando a 81 % por 100.000 habitantes. Varias bandas de narcotráfico se disputan el transporte de cocaína desde la frontera de Ecuador con Colombia, el mayor productor de cocaína del mundo, y también la droga que llega desde Perú.

Gran parte de la violencia ha tenido lugar desde que el poderoso líder de los Choneros, una pandilla con vínculos con el Cartel Sinaloa de México, fue asesinado en diciembre de 2020, lo que hizo que la pandilla se divida en otras  más pequeñas como Los Lobos, Los Asesinos de Chone y Los Tiguerones, cuyo símbolo es un tigre con una boina militar.

El sistema carcelario ecuatoriano, uno de los peores de la región

Las cárceles de Ecuador, con la policía y los guardias controlados por pandillas, se convirtieron en campos de matar. Más de 430 reclusos murieron en masacres en 2021 y 2022, según el Comité para la Defensa de DDHH.  Desde 2020, más de 450 presos fueron asesinados en enfrentamientos entre bandas rivales que se disputan el control de las diferentes penitenciarías cuyo hacinamiento puede llegar al 50% de su  capacidad edilicia.

“Estamos hablando de una situación política explosiva, de desorden de la seguridad pública, y hay observadores que están muy preocupados porque el gobierno es prácticamente disfuncional en muchos aspectos, pero especialmente en temas de seguridad”, indica  el politólogo Wolf Grabendorff. 

Repudio político, duelo nacional y enigma electoral

El presidente Lasso escribió en la plataforma X, antes Twitter, “Indignado y consternado por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Mi solidaridad y mis condolencias con su esposa y sus hijas. Por su memoria y por su lucha, les aseguro que este crimen no va a quedar impune”  en la tarde del mismo día de la tragedia.

Los otros siete candidatos a la presidencia se pronunciaron en sus redes. Yaku Pérez por Claro que se Puede anunció la suspensión de su campaña. La correista Luisa Gonzalez  de la izquierdista Revolución Ciudadana declaró “esto nos enluta a todos, esto no quedará en la impunidad”. El candidato Jan Topic por la alianza Un País sin Miedo quien interpeló al Gobierno que, “no queremos más declaraciones, queremos acciones, nos estamos muriendo, nos estamos ahogando en un mar de lágrimas, se les ha ido el país de las manos”, se sumó a la suspensión de la agenda pública. También se pronunciaron Daniel Novoa Anzín por Acción Democrática Nacional (ADN), el correísta Andrés Arauz, Xavier Hervas del movimiento de centro derecha RETO, Bolívar Armijos del movimiento centroderechista  Amigo, Otto Sonnenholzner por Actuemos, entre otros, repudiando el crimen político, el primero que ocurre en la democracia moderna desde 1979.

El ex presidente Rafael Correa, del que Villavicencio fue opositor y uno de cuyos reportajes llevó al proceso judicial en su contra por dineros no declarados en sus campañas electorales, también envió sus condolencias en las redes sociales.

Los días contados de Guillermo Lasso

En una conferencia de prensa tras una reunión de seguridad de alto nivel, Lasso anunció tres días de luto nacional y el estado de excepción por 60 días, que permitiría un despliegue de las FFAA por todo el territorio nacional para salvaguardar las elecciones. “El Estado está firme y la democracia no claudica ante la brutalidad de este asesinato”, afirmó el mandatario.

Lasso termina anticipadamente su mandato, habiendo llamado a elecciones anticipadas para evitar una destitución por el Congreso unicameral. Antes tranquilo y pacífico, Ecuador conoció desde la elección de este ex banquero, neoliberal en economía y socialcristiano en el resto de su perfil político, los niveles de violencia más constantes y elevados y las tasas de delitos de sangre más altas de su historia. El voto del 20 de agosto se decidirá por razones ideológicas, quien triunfe enfrentará el juicio de la opinión pública por su idoneidad para gestionar la respuesta del Estado que mejor proteja a la sociedad civil.

AGB

El candidato a presidente de Ecuador por el Movimiento Construye y ex legislador Fernando Villavicencio fue asesinado hoy durante un acto en una escuela en el norte de Quito. Así lo indicó el ministro del Interior, Juan Zapata, luego de que el cuerpo médico de la Clínica de la Mujer confirmara su fallecimiento.

Villavicencio tenía 59 años y era uno de los ocho postulantes a completar el mandato de Guillermo Laso en las elecciones del próximo 20 de agosto.

El tiroteo en el que murió el precandidato presidencial incluyó entre 30 y 40 disparos, según relataron testigos del ataque, y se registraron múltiples heridos.

Al enterarse del asesinato, Lasso expresó indignación y consternación por lo ocurrido y prometió que se investigará la situación. “Mi solidaridad y mis condolencias con su esposa y sus hijas; por su memoria y por su lucha, les aseguro que este crimen no va a quedar impune”, señaló en Twitter.

Con este objetivo, Lasso convocó a las principales autoridades nacionales ─incluidos la presidenta el Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint; la fiscal general del Estado, Diana Salazar; y el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela─ para tratar de manera urgente el asesinato de Villavicencio.

El político asesinado había encabezado la comisión que llevó adelante el juicio político a Lasso por presunta corrupción. Cuando la Asamblea Nacional iba a destituir al mandatario, Lasso dispuso la disolución del Legislativo y el llamado a nuevos comicios para elegir a un sucesor que complete su gestión hasta mayo de 2025.

Con información de agencias.

El movimiento oficialista Creando Oportunidades (CREO) del presidente de Ecuador Guillermo Lasso, quien lo fundó y con el que llegó a la Presidencia en 2021, informó este martes que no tendrá candidato en las elecciones anticipadas de agosto.

“Hemos decidido no presentar candidatos a la Presidencia y vicepresidencia de la república, como tampoco candidatos a la Asamblea Nacional”, anunció el titular del partido y Ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal. Aseguró que CREO tampoco respaldará a otro candidato, lo que significa que sus militantes y seguidores tendrán libertad de acción.

Sin embargo, Bernal afirmó que como agrupación definieron “líneas rojas” de cara a los comicios venideros y no apoyarán a quienes son “autoritarios” y “trapearon” con la institucionalidad en la última Legislatura.

El anuncio tuvo lugar apenas días después de que Lasso oficializara que no será postulante por la Presidencia, luego que él dispusiera por decreto la llamada “muerte cruzada” antes de una votación ante el Parlamento en un juicio político en su contra por presunto peculado.

Lasso, quien se quedará en el cargo hasta noviembre de este año, explicó que tomó esa decisión para proteger la democracia y anunció que continuará trabajando por el bienestar de los ecuatorianos por lo que le quede en el cargo.

El hecho que un partido gobernante no presente candidato no es un hecho muy usual, aunque el año pasado ocurrió lo mismo con el entonces gobernante Centro Democrático en Colombia.

Según el ministro, la mayoría de los cuadros de CREO integra el Gobierno, por lo que entrar en una campaña política significaría “distraer” los esfuerzos. De todos modos, anunció que el partido presentará fórmula y candidatos a la Asamblea Nacional recién en 2025, según el diario digital Primicias.

Hasta ahora, dos alianzas completaron sus fórmulas: Pueblo, Igualdad y Democracia-Movimiento Mover definieron que llegarán al 20 de agosto con el binomio Daniel Noboa-Verónica Abad. Por otra parte, Partido Social Cristiano (PSC)-Sociedad Patriótica irá con Jan Topic-Diana Jácome. Esta última fórmula debió reconsiderarse, ya que el segundo iba a ser Pedro Freile, pero una sentencia del Tribunal Constitucional Electoral por paridad de género la bloqueó.

El movimiento Amigo parece encaminado a respaldar a Bolívar Armijos, mientras que el dirigente indígena Yaku Pérez, quien fue candidato en 2021, será respaldado por una alianza de tres fuerzas: Somos Agua, Unidad Popular y Democracia Sí. En tanto, Centro Democrático adelantó su apoyo al publicista y empresario Eduardo Maruri. Además, SUMA, Avanza y la Izquierda Democrática (ID) pretenden llevar como candidato al exvicepresidente Otto Sonnenholzner.

Revolución Ciudadana-Unión por la Esperanza (Unes), la fuerza que se referencia en el expresidente Rafael Correa, no definió a su candidato, pero baraja los nombres del economista Andrés Arauz, del periodista Carlos Rabascall y de la exasambleísta Luisa González.

Quien gane en agosto próximo estará en funciones hasta mayo de 2025, cuando se complete el actual mandato y el Consejo Nacional Electoral deberá convocar entonces a nuevas elecciones.

LC con información de agencia Télam

Guillermo Lasso, presidente de Ecuador, anunció este viernes que no será candidato en las elecciones anticipadas del 20 de agosto, convocadas luego de su decisión de disolver la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) en medio de un juicio político en su contra. Exhortó a “los sectores democráticos” a trabajar en unidad para derrotar al “autoritarismo”, faltando nueve días para el cierre de inscripción de postulantes.

“No aceptaré la postulación para ser candidato a la Presidencia de la República en las próximas elecciones. Lo hago con un profundo amor, por la democracia y por un respeto a los ciudadanos”, afirmó el mandatario al comunicar su decisión con un video a través de Twitter.

En la declaración, hecha desde el Palacio de Carondelet, sede del Ejecutivo ecuatoriano, Lasso insistió en su intención de “devolverle a los ciudadanos el poder de elegir” y adelantó que trabajará “el doble” en los próximos meses. “Por su bienestar, por su prosperidad. Y todo lo que tenía previsto hacer en dos años haré mi mayor esfuerzo para poder cumplirlo en seis meses”, remarcó.

El exbanquero consideró que en agosto los ecuatorianos deberán decidir entre “democracia o autoritarismo”, por lo que instó a “todos los sectores democráticos a reflexionar sobre el papel que jugarán en los próximos meses” de cara a la elección y sobre si su participación incrementa o disminuye las probabilidades de que la democracia prevalezca en el país.

“En Ecuador existe un sector político que, si bien es minoritario, debe ser vencido y enfrentado en unidad por todas las agrupaciones que amamos la democracia”, afirmó Lasso, en lo que pareció un llamado a una alianza contra el correísmo, fuerza ganadora de los comicios regionales de febrero.

Aunque el mandatario volvió a repasar los que juzgó logros de su gestión, admitió que “no todo salió como esperaba”, sobre todo en materia de seguridad. Criticó además “los ataques” de la oposición y las “artimañas politiqueras que han violentado el marco legal, como por ejemplo, someter al país a infundados juicios políticos”.

El anuncio que el presidente no irá en la fórmula deja al partido oficialista Creo en la necesidad de buscar un candidato o, en su defecto, de promover una alianza. Hace semanas que se especulaba con la chance de que lo represente el ministro del Interior, Henry Cucalón.

Más temprano, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leónidas Iza, también desistió de su candidatura a la presidencia, mientras que la organización comunicó que no tendrá postulante ni hará alianzas con ninguna fuerza política. El anuncio llegó apenas días después de que la Conaie y Pachakutik - su brazo político- acordaran trabajar para unificar listas y, eventualmente, una fórmula.

Las bases de la Conaie -la Ecuarunari, grupos indígenas de la Costa y la Confeniae- decidieron retirar la candidatura de Iza, al evaluar que “no existen las condiciones”. Una posibilidad era que Iza y el exlegislador Salvador Quispe disputaran la postulación, pero ahora la Conaie adelantó que no apoyará a ningún candidato y tampoco harán alianzas.

El poderoso movimiento indígena ecuatoriano atraviesa de hecho un momento de quiebre, porque sí será candidato en agosto Yaku Pérez, en nombre de una alianza de tres fuerzas: Somos Agua, Unidad Popular y Democracia Sí. Pérez, exlíder de Pachakutik, fue candidato en 2021 por ese sello y salió tercero.

Apenas abierto hoy el periodo de inscripción de candidatos, que deben ser ratificadas en persona por los anotados ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), ya quedó registrado el binomio formado por el exasambleista Daniel Noboa Azín y Verónica Abad Daniel Noboa, el frente de la alianza Acción Democrática Nacional (ADN), integrada por los movimientos Pueblo, Igualdad y Democracia (PID, del primo del expresidente Lenin Moreno) y Mover (antes Alianza PAIS).

Otro nombre ya definido es el del empresario de las telecomunicaciones Jan Topic, quien irá escoltado por el empresario Pedro Freile –excandidato presidencial en 2021- y recibió el respaldo del Partido Social Cristiano (PSC).

Mientras tanto, Centro Democrático adelantó su apoyo al publicista y empresario Eduardo Maruri, extitular de la Cámara de Comercio de Guayaquil y del club Barcelona.

El exvicepresidente Otto Sonnenholzner sigue sin resolver su eventual postulación, aunque le dijo al sitio Primicias que trabajaba con su equipo “en la construcción de un proyecto para el país pensando en 2025, pero ante las circunstancias” se ve obligado a “adelantarlo y poder presentar una propuesta consistente para estas elecciones”. Los movimientos SUMA, Avanza y la Izquierda Democrática (ID) ya lo respaldaron.

El exlegislador Fernando Villavicencio anunció que la ambientalista guayaquileña Andrea González Nader será su segunda en el binomio de una coalición aún en debate, pero que ya tiene al movimiento Construye (antes Ruptura 25) dentro de su estructura.

Además de qué hará el oficialismo, la otra gran incógnita del proceso es el nombre de quién representará a Revolución Ciudadana-Unión por la esperanza (Unes), la fuerza que se referencia en el expresidente Rafael Correa y que quedó bien posicionada tras los comicios regionales de febrero. A los dos primeros nombres que se barajaban –el economista Andrés Arauz y el periodista Carlos Rabascall, compañeros en la fórmula del 2021- se sumó ahora el de la exasambleísta Luisa González, muy cercana al exmandatario.

Otros dos potenciales candidatos, aunque aparecen como marginales y fuera de las fuerzas tradicionales, son el exalcalde de Quito Jorge Yunda, quien dijo estar armando una coalición de líderes, y Bolívar Armijos, que anunció su postulación en nombre del movimiento Amigo. Armijos fue dos veces titular del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales (Conagopare) y hace dos años buscó una banca en la AN en las listas del correísmo.

Por la “muerte cruzada” que dispuso Lasso al disolver el Parlamento, Ecuador votará el tercer domingo de agosto. Quien gane completará el actual mandato hasta 2025.

LC con información de agencia Télam

Al firmar el miércoles la llamada  “muerte cruzada”, el presidente centro derechista ecuatoriano Guillermo Lasso puso fin a una pugna con la Asamblea Nacional (Parlamento) de mayoría opositora que había comenzado desde el primer día de su mandato. Disolvió el Congreso, pero también le puso fecha de caducidad a su presidencia, y anticipó las elecciones generales donde se votará a las nuevas autoridades de los poderes Ejecutivo y Legislativo unicameral.

El martes,  la Asamblea Nacional (el Poder Legislativo en Ecuador) había iniciado el debate sobre implementar  un juicio político en  contra del presidente Lasso por su presunta participación en delito de peculado : no haber suspendido un polémico contrato entre la empresa estatal Flopec y el conglomerado Amazonas Tankers para el traslado de crudo ecuatoriano, con un perjuicio para el Estado por 6,1 millones de dólares, según la Contraloría General del Estado; y, también por el esclarecimiento de bienes en paraísos fiscales.  

Los legisladores que han promovido la investigación pertenecen a la bancada correista Unión por la Esperanza( UNES)  y al movimiento indígena. Una Comisión de Supervisión Legislativa había concluido la  semana pasada que no había evidencia que demostrara que el presidente Lasso supiera sobre los contratos y que no había promovido la  firma de  un nuevo acuerdo con la compañía privada. La comisión recomendó no acusarlo.

Sin embargo, ni cesaron las acusaciones de los legisladores interpelantes de “inocular corrupción en el sistema”. El primer mandatario, quien acudió al Palacio Legislativo, rechazó  todas las imputaciones:  “He venido aquí para decir esto a mis acusadores: Yo los acuso. Los acuso de haber abandonado su papel de legisladores. Ustedes ahora son antilegisladores de esta república, porque no crean leyes, sino que las destruyen”, declaró el martes en el recinto en su defensa el presidente Lasso.  

A pocas horas de que la mayoría legislativa de correístas y socialcristianos votara a favor de abrir un juicio político en su contra, el presidente disolvió la Asamblea.

Qué consecuencias trae el recurrir a la “muerte cruzada”

La “muerte cruzada” es una figura legal que le permite al presidente disolver la Asamblea Nacional para convocar posteriormente a elecciones, a fin de renovar los Poderes Legislativo y Ejecutivo. Dos muertes: un suicidio y un asesinato. Porque una vez decretada la 'muerte cruzada' por el presidente, 'mueren' al mismo tiempo (y, en teoría, resucitarán el mismo día), quienes están frente del Ejecutivo y ocupan las bancas del Legislativo ecuatoriano.

La medida, amparada por el artículo 148 de la Constitución ecuatoriana del 2008,  fue diseñada por el movimiento de Revolución Ciudadana, formación política entonces oficialista, durante los gobiernos de Rafael Correa (2007-2017). Es la primera vez que un presidente invoca la 'muerte cruzada', y la aplica “por grave conmoción interna y política” Amparado por este mecanismo, Lasso, podrá gobernar con “plenos poderes”, por decretos leyes de urgencia en tanto se realizarán “en breve” las elecciones generales  según el decreto que publicó la Presidencia de la República.

La suspensión temporal de la representación política en la Asamblea abre mayor espacio para una protesta social. “En estas primeras horas la situación para la ciudadanía es confusa, pues dependemos si la decisión presidencial será acatada, o será enfrentada en las cortes de justicia, en las calles, a través de alguna argucia, ¿Qué hacer?”, se pregunta Inkarri Kowi, analista de temas indígenas.

Y la vez la posibilidad legal de expedir decretos con fuerza de ley es probable que haga  lugar a la calificación del gobierno de dictatorial.  Los plazos que tiene el presidente Lasso  para implementar  políticas que promuevan mejoras sociales y la reactivación de la economía son acotados. Si la medida que ha tomado fue sólo para salvar por el momento su cargo,  los costos que se le adjudicarán no serán menores.

¿Muerte anunciada, resurrección sin profetas?

La crisis, en todo su espectro marcado por la recesión económica  post pandemia del Covid-19,  la permanente amenaza de las pandillas, muchas de ellas relacionadas  con los carteles mexicanos, que han desatado crímenes violentos en las calles –especialmente de las ciudades de Esmeraldas y Guayaquil- y cárceles del país otrora pacífico, y el aumento de la migración , ha provocado un importante declive  de la figura del presidente que muchos consideran un “muerto político”.

Lasso en junio del 2022 había enfrentado otro intento de destitución  en medio de jornadas de movilizaciones con fuerte represión oficial y un prolongado paro general promovido por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), liderada por Leónidas Iza, quien con otros dirigentes acordaron un “Acta por la Paz”, mediado por el Episcopado.  

El correísmo que ha buscado salidas institucionales para ser el protagonista que obligue la salida de Lasso, se ha visto favorecido por los resultados del 5 de febrero 2023.  El triunfo del NO en el referendo impulsado por el gobierno  al mismo tiempo  que la  victoria -referenciada en el ex presidente Correa- en las elecciones locales ha asentado un escenario adverso para la gestión gubernamental.

Según los últimos sondeos: Cedatos, empresa afín a Lasso, indicó que la aprobación a su gestión habría caído al 63.5%, en tanto que Perfiles de Opinión, más alineada con el correísmo, lo sitúa en el 34.01%, de un 74% entre julio y agosto.

Las expresiones de desacuerdo y los apoyos a Lasso

Uno de los primeros en reaccionar a la disolución de la Asamblea fue el expresidente Correa, exiliado en Bélgica. Por twiter declaró enfático: “Ecuatorianos: Esto es ilegal. Es obvio que no existe ningún estado de conmoción interna  sino un juicio político en aplicación a la constitución. En todo caso, es la gran oportunidad para mandar a casa a Lasso, su Gobierno y sus legisladores de alquiler. Hoy más unidos que nunca ¡Hasta la victoria siempre!”. La Conaie, también por Twitter, convocó a los “pueblos y nacionalidades” a un  consejo ampliado extraordinario, donde analizarán las medidas tomadas por Lasso.

Todo invita a pensar que el correísmo no impugnará el decreto, sino que se prepara a vencer las elecciones presidenciales. Otro tanto se infiere de la reacción de la Conaie, la Confederación nacional indígena de Ecuador.

Las FFAA expresaron  su respaldo a la “decisión constitucional” del Presidente. El jefe del Comando Conjunto, Nelson Proaño, aseguró que “mantienen y mantendrán su posición de absoluto respeto a las leyes”. Los legisladores no pudieron ingresar a la Asamblea Nacional, bloqueada por las FFAA y la Policía.

AGB

Después de que el martes Guilermo Lasso hubiera usado cincuenta minutos de las tres horas de las que disponía para defenderse, en vano, de las acusaciones de peculado que le había formulado la mayoría legislativa que forman las bancadas correísta y socialcristiana sumada, la Asamblea unicameral votó en Quito a favor de abrirle un juicio político al presidente centroderechista de Ecuador. Esta mayoría estaba dispuesta a votar, en breve plazo, una destitución ante la cual Lasso, sin bancada propia, sin votos, quedaba inerme, y predestinado. El miércoles por la mañana, el Presidente firmó el decreto de disolución de la actual Asamblea Nacional y la convocatoria de nuevas elecciones generales. Después habló al país desde el palacio de Carondelet, la sede de gobierno, con más brevedad que serenidad. Se justificó. Lasso afirmó que Ecuador no puede avanzar ni resolver los problemas del país con una “Asamblea que tiene como labor la desestabilización de la democracia”, que identificó con su permanencia como titular de la presidencia.

La 'muerte cruzada' llegó al Ecuador

La institución constitucional de la que se valió Guillermo Lasso es llamada 'muerte cruzada'. Dos muertes: un suicidio y un asesinato. Porque una vez decretada la 'muerte cruzada' por el presidente, 'mueren' al mismo tiempo (y , en teoría, resucitarán el mismo día), quienes están hoy al frente del Ejecutivo y ocupando las bancas del Legislativo ecuatoriano.

Esta prerrogativa ejecutiva para matarse y matar fue diseñada por el movimiento de Revolución Ciudadana, formación política entonces oficialista, durante los gobiernos de Rafael Correa (2007-2017). Es la primera vez que un presidente invoca la 'muerte cruzada', y la aplica. Ahora ex presidente, Correa, quien había acompañado la movilización a favor del juicio político de destitución, ya reaccionó al decreto de 'muerte cruzada'. Antes decia que “los gringos no le permiten a Lasso declarar la 'muerte cruzada'”.

El miércoles Correa, declaró que es “ilegal” la decisión de Lasso, pero que, bien vista, el desenlace de la decisión es virtuoso: libra a Ecuador de Lasso, que ya entró en la cuenta regresiva. Todo invita a pensar que el correísmo no impugnará el decreto, sino que se prepara a vencer las elecciones presidenciales. Otro tanto se infiere de la reacción de la Conaie, la Confederación nacional indígena de Ecuador.

Contando los días para resucitar

El Consejo Nacional Electoral tiene un plazo máximo de siete días para convocar las elecciones que decidirán las próximas autoridades legislativas y presidenciales. Ambas elecciones deben citarse para una misma fecha y quienes las ganen tendrán que cumplir con el resto del periodo de las autoridades salientes.

Hasta que un nuevo presidente y una nueva Asamblea se instalen en el país, el presidente Lasso podrá gobernar por decreto pero solo en lo que respecta a la economía. Sus decretos, además, tendrán que contar con la aprobación de la Corte Constitucional.

Según algunos expertos, esta decisión podría ser respondida por un levantamiento de sectores que no la respaldan, o la repudian respaldan la decisión. “Ahí es cuando podría potencialmente haber un problema social, una inestabilidad real” por las pugnas de poder y vacíos que deja esa figura, declaró a la agencia francesa AFP el politólogo Esteban Nichols, de la Universidad Andina Simón Bolívar de Quito.

AGB con información de diarios, agencias y fuentes

El Parlamento de Ecuador escuchó este martes las acusaciones contra el presidente Guillermo Lasso, señalado por los legisladores interpelantes de “inocular la corrupción” en el sistema, así como la defensa del propio mandatario, quien consideró “infundado” el proceso y remarcó que “lo político jamás puede ser justificación para lo ilegal”. Fue la primera jornada plenaria del juicio político en su contra, seguido en las afueras del edificio por miles de partidarios del oficialismo.

La sesión comenzó a las 10:17 (12:17 hora argentina) con 109 parlamentarios presentes sobre 137, según medios locales.

El mandatario está acusado de no haber suspendido un polémico contrato entre la empresa estatal Flopec y el conglomerado Amazonas Tankers para el traslado de crudo ecuatoriano, el cual habría ocasionado un perjuicio para el Estado por 6,1 millones de dólares, según la Contraloría General del Estado de ese país.

“Los ecuatorianos nos exigen que solucionemos sus problemas cotidianos y pongamos fin a una irracional confrontación que agota la paciencia de la población, que incrementa el desasosiego y debilita nuestra democracia”, expresó el presidente, que no recibió condena judicial por el caso, antes de su intervención.

El proceso es considerado como una instancia que no sólo pondrá en escena el juego de fuerzas internas, sino que también servirá para probar el esquema institucional ante una situación inédita en los últimos 15 años en el país andino.

El hecho ocurre en un contexto de aumento de la violencia ligada al narcotráfico y de descontento popular por el aumento del costo de vida, lo que puede significar el fin del Gobierno de derecha y una oportunidad para la oposición de izquierda para recuperar fuerzas de la mano del exmandatario Rafael Correa, residente en Europa y condenado a ocho años de cárcel.

Se trata de la segunda vez en su mandato que el conservador Lasso enfrenta un intento de destitución, luego que en junio del año pasado, en medio de un prolongado paro general promovido por las organizaciones indígenas, una iniciativa similar sumara 80 votos, 12 por debajo del mínimo requerido.

La correísta Viviana Veloz, una de las legisladoras interpelantes, advirtió que Lasso “ha inoculado la corrupción en nuestro sistema y con eso ha pulverizado la soberanía, ha pulverizado a la República”, y se preguntó “por qué no hizo nada el presidente para evitar que el país prorrogue un contrato lesivo para los intereses del pueblo ecuatoriano”.Advirtió que el presidente supo de este contrato irregular, pero se negó a recibir el informe del entonces gerente de Flopec sobre las condiciones desventajosas para la empresa ecuatoriana y, por el contrario, ordenó su remoción.

“Nunca tomó las medidas necesarias para resarcir esa situación jurídica o apoyar, ya sea la terminación unilateral o a su vez la terminación por mutuo acuerdo, que también recomendaba la gerencia jurídica, y en consecuencia usted, presidente saliente, permitió que el daño económico al Estado se siga presentando”, sentenció. Veloz presentó parte de su argumentación con un video musicalizado con la canción central de la película “El Padrino”.

Esteban Torres del Partido Social Cristiano, compañero en la acusación, dijo que la defensa de Lasso sostuvo que en su presidencia, en especial durante 2022, Flopec no habría realizado una contratación nueva para el transporte del crudo ecuatoriano con Amazonas Tankers, por lo que el juicio carece de pruebas. “La verdad fáctica es, sin embargo, señores asambleístas, que sí existe la prueba que en el gobierno del presidente Lasso hubo nuevas contrataciones entre Flopec y Amazonas Tankers”, aseveró.

El parlamentario aseguró que cada uno de los hechos señalados para este proceso fueron acreditados durante las prácticas de las respectivas pruebas en la comisión legislativa de Fiscalización y Control Político, bajo el estándar probatorio de un juicio político.

Al finalizar acusación, el presidente Lasso entró al recinto a ejercer su defensa en un proceso que calificó de “infundado” al alegar que su inocencia era “total, evidente e incuestionable”. “El mismo rencor que me profesan es la más grande prueba de mi inocencia”, señaló entre aplausos de la bancada oficialista.

Aunque no era objeto del proceso, el jefe del Palacio de Carondelet usó parte de las tres horas del tiempo permitido para hacer un balance de su gestión y resaltar sus logros. En cuanto al acuerdo Flopec-Amazona Tankers enumeró que “no hay contrato ni adenda” firmados en su gestión; “no hay recomendación de contraloría para terminar el contrato”; “no hubo determinación de responsabilidad penal” y además “no hay testigos relevantes de nada”.

“Muy fácilmente, la florida ficción que han montado va dando paso a la sobria e ineludible realidad”, manifestó. Terminada su exposición, las partes tuvieron una hora para las respectivas réplicas y luego se dio paso al debate para que los diputados expongan sus argumentos durante 10 minutos, sin derecho a réplica.

Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea Nacional, deberá luego convocar a otra sesión para la votación final, y algunos medios quiteños señalan que ese encuentro sería el sábado. En caso de que existan 92 votos a favor de la censura y destitución del presidente, el vice Alfredo Borrero tendrá que asumir la primera magistratura hasta 2025, año que concluye el período de mandato para el cual fue electo el actual Gobierno.

De ser censurado, Lasso se convertiría en el segundo mandatario ecuatoriano en ser destituido en juicio político, luego de que 1933 fuera cesado Juan de Dios Martínez (1932-1933).

Al mandatario ecuatoriano le queda aún una carta con la que alguna vez amenazó: la opción de disolver el Congreso, por una sola vez y en los tres primeros años de administración, para dar paso a elecciones generales anticipadas donde resultaría electo un gobernante encargado de terminar el actual período. Esta opción, llamada “muerte cruzada”, puede decretarla antes de la votación en el juicio y era un grito permanente de sus seguidores en las afueras de la Asamblea.

Los simpatizantes, que portaban banderas del movimiento oficialista Creando Oportunidades (CREO), se concentraron en el parque El Arbolito, donde se colocó una pantalla gigante donde se transmitió el proceso de juicio político.

LC con información de agencia Télam

Entre otras medidas para combatir la inseguridad y el crecimiento de los delitos de sangre, el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso anunció el sábado en un mensaje televisado la autorización de tenencia y porte de armas de uso civil para defensa personal. En este país dolarizado, la liberación de las armas de fuego desató polémcas.

El expresidente Rafael Correa (2007-2017) ha repudiado el anuncio. “No permitamos que la ineptitud nos mate. Con la prohibición de porte de armas, convertimos a Ecuador en segundo país más seguro de Latinoamérica. Destrozaron todo y ahora nos venden sus torpes soluciones”, publicó en su cuenta de Twitter.

Las llamaradas que encendieron el fuego

Algunos acontecimientos más dramáticos o espectaculares que de costumbre, registrados los últimos días, unido a un crecimiento cuantitivo en esta últiima semana, determinaron que el Gobierno de derecha planteara esta contraofensiva. El anuncio se realizó ante el inmediato incremento de hechos violentos que incluyen asesinatos, sicariatos, el abandono de una cabeza humana en un parque y numerosos robos, incluyendo un asalto a una entidad bancaria en un concurrido centro comercial a plena luz del día en Guayaquil.

Esa misma ciudad, mayor centro comercial y mayor puerto del Ecuador, delincuentes secuestraron esta misma semana a un sujeto y horas después lo dejaron con un artefacto explosivo adherido a su cuerpo. Al personal anti-bombas de Guayaquil le tomó más de tres horas desactivar el artefacto que estaba pegado con cinta de embalaje al pecho del ciudadano, así como a su pierna izquierda, una escena nunca antes vista en el país.

La hoguera de las polémicas

La Universidad de Cuenca rechazó en un comunicado la decisión del Ejecutivo pues considera que esta medida “transfiere a los ciudadanos la responsabilidad estatal de seguridad y protección”.

Además -apuntó- “estudios demuestran que el uso de armas de fuego incrementa los homicidios, femicidios, suicidios y la violencia social”, lo que perjudicará a los ecuatorianos especialmente “a los más vulnerables que sufren los efectos de la exacerbación de la violencia”.

Por las serias implicaciones de la medida, la Universidad pide a Lasso “corregir inmediatamente este grave error y asumir su deber de formular verdaderas políticas públicas para la prevención de la violencia, promoción de la justicia social, la inclusión y la convivencia armónica”.

La bancada del conservador Partido Social Cristiano (PSC), antes un aliado seguro del presidente ultracatólico, neoliberal en economía pero neoconsarvador en temas sociales, señaló que lleva “dos años pidiendo que se haga, ya que dependía exclusivamente del Ejecutivo”. “Están bien las intenciones, las declaraciones, la teoría y las propias leyes, pero estas no solucionarán nada si no se aplican las acciones pertinentes, que debe ser inmediatas, permanentes, financiadas y coordinadas”, indicó en un comunicado de la lista 6 y sus aliados.

La Universidad Politécnica Salesiana, también confesional y católica, formuló un llamamiento a la paz y al diálogo para resolver cualquier conflicto y consideró que el libre porte de armas “solo agudizará los conflictos y la violencia, ocasionando graves consecuencias para la ciudadanía y para un vivir armónico” en la sociedad.

“Nunca hasta la presente, se ha demostrado que un mayor uso de armas se corresponda con un más alto grado de paz pública”, añadió mientras que Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), consideró que el libre porte de armas “fomentará la aparición de grupos paramilitares”.

De allí, la polémica desbordó también en las redes sociales, inundada de argumentos ciudadanos sobre el acierto/error del decreto de Lasso.

La conflagración política

Los anuncios sobre seguridad pública fueron realizado en un contexto de gran inestabilidad política para el Gobierno. Después de que la Corte Constitucional le diera su visto bueno, un proceso de juicio político pedido por la Asamblea Nacional inició su curso el viernes 31 de marzo.

El Presidente y su cuñado han sido acusados por el Legislativo unicameral de actos de corrupción en la distribución de empleos estatales. Lasso, que asumió en el Palacio de Carondelet en mayo de 2021, niega todas las acusaciones. El Presidente, ex banquero, multimillonario, hombre de derecha, tiene 45 días para evitar su destitución.

AGB con información de agencias

Supuestamente en peligro por el nivel de gastos de los gobiernos de Rafael Correa, el compromiso para sostener el sistema monetario dolarizado que hace dos décadas rige en Ecuador ha estado en el corazón del discurso político de Guillermo Lasso y de su antecesor en la presidencia, el ex correísta Lenín Moreno (2017-2021). Contribuye a justificar tanto la acumulación de reservas internacionales en el Banco Central, como, más latamente, la política económica vigente en su conjunto. Fuera de EEUU, un régimen monetario fundado sobre el dólar estadounidense no requiere, en teoría, de reservas para respaldar la única moneda legal nacional. Pero el gobierno ecuatoriano y su entorno celebran el bajo riesgo de iliquidez, del que infieren la imposibilidad de la desdolarización.

En 2018 el ex presidente Moreno aprobó, en el marco del acuerdo (aún vigente) con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Ley de Fomento Productivo que impide movilizar crédito interno para gestionar liquidez o que el sector público crezca más de 3% anual. El presidente Lasso en lo que va de su mandato redujo la inversión pública en 2021, 2,1% del PBI y en 2022, 1,8%, la menor inversión en dos décadas. 

Los altos precios del petróleo y el incremento de las remesas que favorece la acumulación permanente de reservas internacionales ofrece garantías a los mercados financieros. Buscadas atravesando la vía ortodoxa, la que traza un programa de austeridad radical, desentendido de la recesión económica y sus consecuencias.

La crisis económica

Ecuador es uno de los pocos países sudamericanos (junto con Venezuela y Surinam) que, hasta 2022, no habían recuperado los ritmos de crecimiento anteriores a la pandemia, incluso con cierto decrecimiento en relación con 2019: de 101.700 millones de dólares a 97.750 en 2021, según datos del Banco Mundial. Luego del llamado “efecto rebote”, tras la trepidante caída del PIB en 2020 (7,8%), apenas se estabilizan las cifras de desempleo (3,8% enero de 2023 que sube a 5,1% para las mujeres). En el mismo período, ha empeorado el subempleo (de 57,4% a 65,2%) y el empleo pleno (de 38,8% a 34,8%), según reporte del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

Desde 2019, la pobreza se encuentra fija en 25%, pero  la pobreza extrema creció de 8,9% a 10,7% entre ese año y junio de 2022. El 60% de los hogares no cubren el valor de la canasta básica: las desigualdades se acentúan.

 Cuando en 2020 el Ministerio de Economía del ex presidente Moreno anticipó pagos de deuda externa a bancos extranjeros (2.000 millones de dólares) en el peor momento de la pandemia -con hospitales desabastecidos, médicos impagos y muertos en las calles-, quedó delineada la nueva fase de subordinación de la economía nacional al capital financiero que Lasso representa. Mientras crece el endeudamiento (74.030 millones a junio de 2022) y las tasas de interés permanecen elevadas -por la propia negativa a que el Banco Central preste dinero al fisco-, los acreedores privados de bonos emitidos por el gobierno incrementan exponencialmente sus rendimientos a costa de la parálisis del Estado y la destrucción de la riqueza social.

La oleada migratoria

La reapertura de las fronteras después de la pandemia habilitó una gran ola migratoria -más de 190.000 personas salieron de Ecuador entre 2021-2022. El antecedente de este masivo éxodo es la estampida producida después de las elecciones de 2017 que cerró la década del gobierno de la denominada Revolución Ciudadana.

La recomposición neoliberal, conducida por el expresidente Moreno y su alianza gubernamental con las viejas élites oligárquicas, los gremios empresariales, los oligopolios de la comunicación y los partidos de derecha, produjo el deterioro de las condiciones de vida de una gran parte de la población ecuatoriana. La migración se presentó como una opción para mejorar su situación; entre el 2017 y el 2019 casi 100 mil personas migraron, y para esas fechas se registraba un total de 1.183.685 migrantes de Ecuador en el exterior.

En esos años el destino privilegiado por los y las migrantes era Europa (por vía aérea y sin necesidad de visa hasta 2003). Actualmente, se han reactivado las rutas hacia EEUU atravesando por tierra Centroamérica y México. El Tapón del Darién, el peligroso paso entre Colombia y Panamá, es el escenario por donde se ha multiplicado el tránsito de migrantes provenientes de Ecuador, cuyo número es superior al de los migrantes venezolanos y haitianos que utilizan esa vía.

La dimensión siniestra de la violencia homicida

La opción migratoria por vías altamente riesgosas no solo es una respuesta desesperada ante la agobiante crisis económica sino también una medida racional de la población ante el brutal incremento de la violencia y la inseguridad.

Ecuador cerró 2022 como el año más violento de su no siempre violenta historia. La Policía Nacional reportó 4.450 asesinatos y más de 332 femicidios (189 de ellos, a manos de la delincuencia organizada). La tasa de homicidios de 25 casos por cada 100 mil habitantes hace del Ecuador el sexto país más violento de la región, incluso por encima de México. La ciudad portuaria de Guayaquil que registró 1.537 asesinatos por sicarios a plena luz del día durante 2022, se ha vuelto una de las 24 ciudades más violentas del mundo. En la provincia de Esmeraldas, que concentra la mayor tasa de población negra/afro del país y que, no por casualidad, ha sido históricamente excluida de los “beneficios” del desarrollo, los datos son peores: 63 asesinatos por cada 100 mil habitantes en 2022.

El gobierno ha recurrido sucesivamente a la declaratoria de estados de excepción y al despliegue conjunto de militares y policías. Nada de esto ha detenido la violencia del narcotráfico que, articulado con bandas delincuenciales locales controla las cárceles y extensas zonas asociadas al tránsito de cocaína. Más de un tercio de la producción colombiana llegaría a EEUU y Europa a través de Ecuador.

La debilidad estatal para hacer frente al problema se profundiza por los nexos de la fuerza pública con el crimen organizado. Las crecientes denuncias de colusión criminal entre la Marina ecuatoriana y el narcotráfico se suman a la vinculación entre la “mafia albanesa” y el entorno presidencial que han amplificado el repudio a la figura del primer mandatario. En febrero de 2023, según Perfiles de Opinión, solo 10% de la población aún da su apoyo al jefe de Estado.

Las masacres carcelarias, la guerra entre organizaciones criminales, la presencia regular del narcotráfico en el territorio muestran sin engaño la capacidad de la violencia para corroer el tejido social e instituir órdenes alternos que aparece como la dimensión más siniestra y novedosa de la nueva crisis que enfrenta el Ecuador tras más de dos décadas de dolarización. 

Cuando en 2020 el Ministerio de Economía del ex presidente Moreno anticipó pagos de deuda externa a bancos extranjeros (2.000 millones de dólares) en el momento más crítico de la pandemia -con hospitales desabastecidos, médicos impagos y muertos en las calles-, quedó delineada la nueva fase de subordinación de la economía nacional al capital financiero que el presidente Lasso representa. Mientras crece el endeudamiento (74.030 millones a junio de 2022) y las tasas de interés permanecen elevadas -por la negativa a que el Banco Central preste dinero al fisco-, los bonos emitidos por el Gobierno incrementan sus rendimientos, para beneficio de los acreedores.

La posibilidad de destitución del presidente Lasso -quien enfrenta el pedido de juicio político después de una reciente derrota electoral y el triunfo del No en el referéndum ha elevado todavía más el riesgo país, que solía aparecer como el indicador predilecto del presidente. Su hundimiento político -que solía atribuir a sus opositores y que recientemente extendió al gobierno argentino por el asilo político otorgado a  la ex ministra de Transporte del correismo, María de los Ángeles Duarte-, su dudosa performance en la administración pública y el elusivo crecimiento económico real, hace meses que desasosiegan la buena conciencia tranquila de lo que se conviene en llamar mercados. A pesar, incluso, de la acumulación de reservas que llega a cifras tan altas que son récord en el siglo ecuatoriano dolarizado.

AGB

El presidente Alberto Fernández rechazó las críticas que le hizo su par ecuatoriano, Guillermo Lasso, en medio de la crisis diplomática bilateral y lo responsabilizó por lastimar el “buen vínculo” entre ambos países con su decisión de expulsar al embajador argentino en Quito, Gabriel Fuks.

Asimismo, acusó a la Justicia tanto de Argentina como de Ecuador, Brasil y Chile de perseguir a opositores.

“Con más pesar que placer he leído sus comentarios originados en la salida de Ecuador de María de los Ángeles Duarte (ex ministra de Transporte de Rafael Correa), quien se encontraba refugiada en la Embajada argentina en Quito y a la cual Argentina había concedido asilo político por razones humanitarias”, sostuvo el mandatario.

A través de una carta enviada al jefe del Palacio de Carondelet, el Presidente continuó: “Necesito poner de relieve que en nuestra Embajada se encontraba refugiada una persona que gozaba de plena libertad. No tenía la Argentina ni el deber de custodia sobre ella ni ninguna capacidad de acotar sus movimientos”.

Y añadió: “La salida de la señora Duarte de la sede de la Embajada escapa absolutamente a la voluntad y a la capacidad de decidir de las autoridades diplomáticas”.

Asimismo, Fernández cuestionó la medida que adoptó el Gobierno ecuatoriano luego de que Duarte saliera hacia Venezuela: “La reacción desmesurada del señor Presidente de expulsar al embajador argentino es lo que verdaderamente lastima el buen vínculo que argentinos y ecuatorianos mantendremos a pesar suyo”.

“La gravedad y la injusticia de esa decisión de muestra que es su exceso que lo verdaderamente lastima la relación de nuestros pueblos”, afirmó el Presidente.

“Quiero que sepa también que a todos debe lastimarnos que en su Patria, como en la mía, como en Brasil o como en Chile, la Justicia se haya puesto al servicio de quienes persiguen opositores”, añadió.

“Presidente Guillermo Lasso, reciba estas palabras con el sincero afecto de siempre. Haga el esfuerzo de no mezclar este incidente producto de la impericia de oficiales del Estado ecuatoriano con el amor que a nuestros pueblos vincula”, escribió Fernández en Twitter al hacer pública la carta de respuesta enviada hoy, tras el conflicto diplomático entre ambas naciones por el caso de Duarte Pesantes.

CRM con información de las agencias NA y Télam