Crisis política en Ecuador - Análisis

Con mayoría de izquierda en el Congreso avanza el proceso de destitución del presidente Guilermo Lasso

Las denuncias mediáticas  y la intervención de la Fiscalía, dos sectores que hasta hace poco operaban con lealtad al Gobierno ecuatoriano, han puesto en marcha una transición que pone en jaque alineamientos y factores de poder que habilitaron, hace un lustro, el dominio de las elites y la derecha sobre el aparato estatal. La suerte que siga el juicio político  al presidente Guillermo Lasso puede adelantar el naufragio del proyecto derechista de gobierno en Ecuador

El 4 de marzo de 2023 el pleno de la Asamblea Nacional aprobó con 104 votos el informe de la Comisión Especializada Ocasional, el órgano de estudio y propuesta a la preparación de la Comisión Permanente que vela por la observancia de la Constitución, con la recomendación explícita de abrir el juicio político del presidente Lasso. Los resultados de las elecciones locales y del referéndum del 5 de febrero pasado (de ocho preguntas correspondientes a un  mismo número de reformas) midieron la impopularidad del gobierno y tiñeron de incertidumbre la segunda mitad del mandato. 

Un actor nuevo con nueva energía política: la Fiscalía

Ni en su proyección más oscura habría imaginado Lasso que, a pocos días de su derrota electoral del 5 de febrero, la Fiscalía allanaría las oficinas del Palacio de Carondelet, la sede presidencial en Ecuador. Con precisión,  las oficinas del subsecretario jurídico de Presidencia, frente al propio despacho del primer mandatario. El caso remitía a denuncias de corrupción en Petroecuador que ha dejado al sector de empresas públicas bajo la lupa de la justicia y la opinión pública debido a que  el presidente Lasso concentró el poder sobre ellas en uno de sus antiguos CEO del Banco de Guayaquil, Hernán Luque, prófugo tras las filtraciones periodísticas. 

La suerte que siga el juicio político al presidente Guillermo Lasso puede adelantar el naufragio del proyecto derechista de gobierno en Ecuador

Hasta ese momento, la fiscal Diana Salazar y el portal multimedia La Posta -principal difusor del escándalo en curso- habían sido reconocidos como operadores, desde el viraje del ex presidente Lenin Moreno (2017-2021), del bloque oficialista en la deslegitimación y acoso, primero, del correísmo y su legado estatal y, tras los paros nacionales de 2019 y 2022, del conjunto del campo popular encabezado por el movimiento indígena y el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza. 

La mafia albanesa y el narcotráfico ecuatoriano

Dos países pequeños, dos estados tapón, uno en el Océano Pacífico, el otro en el mar Adriático. Otro enlace a priori impensable, antes de que los hechos lo revelen: Albania, el único país europeo con mayoría islámica, y Ecuador, el único país de Sudamérica con gobierno de derecha, al frente del cual hay un militante católico. Uno de los asambleístas más cercanos al poder, Fernando Villavicencio, ratificó que Lasso sabía del expediente llamado “León de Troya” -que implica al entorno de su cuñado con grupos criminales del narcotráfico conocidos como la “mafia albanesa”.

Los ‘díscolos’  de La Posta, quienes jugaron la lógica del algoritmo para dosificar sus entregas y acumular likes, evidenciaron que en la política ecuatoriana se cocina más en los opacos triángulos entre justicia, policía y medios que en las arenas del conflicto democrático. Dos grandes filtraciones de La Posta hacen crujir las instituciones: la primera contiene una serie de audios que colocan a Danilo Carrera “El gran Padrino”, cuñado del presidente, como tramitador de nombramientos y contratos públicos a través de su amigo Rubén Cherres. La segunda es la filtración de un informe policial (2021) sobre nexos del gobierno con la red albanesa a través de Cherres.

Enfrentado a las denuncias provenientes del campo ‘amigo’ o ya ‘ex amigo’, el presidente Lasso reiteró el relato de descalificar a sus críticos y reiterar una desestabilización en curso. En su discurso, transmitido por cadena nacional,  arremetió contra la prensa, las instituciones judiciales y el Ministerio Público sin ofrecer explicaciones sobre los escándalos que lo rodean. Justificó su intervención en nombre del honor mancillado de su familia, no de su deber democrático de rendir cuentas, y respecto a su cuñado, solo reprochó su “poca suspicacia” al “dejarse utilizar” por gente deshonesta. En su alusión velada a  la cercanía de La Posta con “quienes controlan las cárceles”, el presidente Lasso continuó la línea discursiva que desplegó contra quienes impulsaron el NO a las preguntas del referéndum, incluida la que abría la posibilidad de extraditar a narcotraficantes a EEUU, a quienes denominó “narcopolíticos”. 

El desdén con el desdén

El desconocimiento de la legitimidad de sus opositores -calificados según las coyunturas de golpistas, terroristas o delincuentes- ha sido transversal al mandato de Lasso.  En medio de la crisis social y económica  profundizada por su programa de gobierno, mientras el presidente profiere el calificativo de “narcos” contra sus adversarios, 61 políticos y políticas fueron sujetos de atentados durante la reciente campaña: las elecciones más cruentas de la historia. Quienes investigan al “Gran Padrino” ya han sido amenazados en días recientes.

El primer mandatario, a pesar de la gravedad de las denuncias, no compareció a dar su versión ante la Asamblea Nacional. Anteriormente, ya había procedido de igual forma en tres oportunidades críticas: las sesiones de control (octubre de 2021) respecto a sus empresas offshore (caso Pandora Papers); las deliberaciones por la “muerte cruzada” (amenaza de disolución del Congreso y adelantamiento de elecciones legislativas y presidenciales) activada tras la represión al paro nacional de junio de 2022; y la investigación parlamentaria (octubre de 2022) sobre el femicidio de la abogada María Belén Bernal de 34 años en el interior de la Escuela Superior de Policía de la ciudad capital de Quito. El mando policial, último alfil hasta ahora del presidente Lasso, implicado en el archivo de la investigación sobre la “mafia albanesa” tampoco acudió a la Asamblea.

El Informe de la Comisión Ocasional multipartidista declaró  “presuntos delitos contra la administración pública y la seguridad del Estado” como elementos centrales del juicio político del presidente. Numerosas organizaciones sociales exigen  su dimisión. Entre ellas, la Conaie que también ha advertido que el presidente no tiene legitimidad para disolver la Asamblea - a través de la “muerte cruzada”- y gobernar en solitario hasta la celebración de las elecciones anticipadas. 

Muerte cruzada, narcos, y otros matadores por derecha o izquierda

La “muerte cruzada” es la única vía institucional que restaría a Lasso si la Corte Constitucional -último filtro del procedimiento- que ha tendido a sostener el orden político vigente avala el juicio político. Antes de su pronunciamiento,  los interpelantes deben enviar la solicitud expresa para el enjuiciamiento.  En referencia a la redacción final de la solicitud se produjeron  tensiones interpartidarias. El protagonismo de Revolución Ciudadana (RC), el partido del ex presidente Rafael  Correa, en la comisión y en la conducción política de la causa -fortalecida por su éxito en las elecciones locales con las  victorias en Quito y Guayaquil- había exasperado los ánimos del movimiento Pachakutik (PK), que ya había  dado señales de desmarcarse de su votación del 4 de marzo.

Sin embargo, la votación de este lunes 20 de marzo canceló que probables desacuerdos entre  movimiento y partido indígena alentaran la continuidad del  presidente. A favor de calificar el juicio político en contra del primer mandatario se pronunciaron cinco de los siete integrantes del Consejo de Administración Legislativa (CAL): por la ex Bancada del Acuerdo Nacional, Virgilio Saquicela, por Unión por la Esperanza (UNES), Marcela Holguín y Ronny Aleaga; por el Partido Social Cristiano (PSC) Esteban Torres y por PK, Darwin Pereira.

La Corte Constitucional tiene un plazo de seis días para expedirse sobre la admisibilidad del pedido de interpelación. Si bien la suerte aún no está echada, la coyuntura desafía la capacidad de la política para trazar salidas democráticas a la crisis. Si la destitución de Lasso conecta con aspiraciones de las mayorías opositoras y de los movimientos sociales e indígenas, no resulta fácil en absoluto prever si el resto de la clase política histórica, nacional tanto como regional, de la sierra y de la costa, se encontrará con mejor disposición para dirigir de modo democrático una transición estatal. Ni tampoco predecir cuáles fuerzas sociales podrían acompañarla.

AGB