Análisis

Ecuador, de la sociedad movilizada al gobierno en cuenta regresiva

Las elecciones generales de Ecuador para los cargos de la fórmula presidencial disputados entre 16 candidaturas celebradas el  7 de febrero de 2021, en medio del país polarizado por la sombra del correísmo,  determinaron que Andrés Arauz y Guillermo Lasso pasaran a segunda vuelta con el 32,72% y 19,74%, respectivamente. El entonces candidato de la derecha y hoy presidente Lasso reorientó su discurso, convocando a un “encuentro entre todos los ecuatorianos” para que el país deje a un lado “esa cultura del odio, de la división, del insulto, de la estigmatización, de la discriminación, del racismo”.. Lasso logró el voto de un electorado que tal vez nunca había pensado en optar por un gobierno de derecha, pero que creyó en un Ecuador más allá del correísmo.

El 11 de abril, el ex banquero  Lasso se convirtió en el presidente electo de Ecuador derrotando a  su rival, el correista Andrés Arauz, quien obtuvo el 47,51%. El  balotaje no fue una victoria fácil para el candidato de la alianza de Creando Oportunidades (CREO) con el Partido Social Cristiano (PSC), para quien el triunfo electoral había sido esquivo aun con mayor constancia y peripecias de las habituales para un político perdedor. Derrotado por el ‘socialismo del siglo XXI’ de Rafael Correa en los dos balotajes anteriores de 2013 y 2017, la primera vez en la persona del propio Correa y la segunda en la de su aparente e infiel seguidor Lenin Moreno.

 La promesa presidencial incumplida

La promesa electoral del “encuentro” ha sido puesta en entredicho por la estrategia política adoptada por el presidente Lasso frente a la movilización  de protesta liderada por el movimiento indígena el pasado mes de junio que trastornó la vida cotidiana en por lo menos 18 provincias de la Sierra y la Amazonía  y puso en vilo  a la capitalina Quito y a Cuenca, la tercera ciudad del país en orden de importancia.

El conflicto retrotrajo al octubre de 2019, cuando Ecuador vivió once días en los que el terror, la incertidumbre, la anarquía y la violencia coparon no solamente las calles de Quito, sino de toda la nación. El 1 de octubre, el ex presidente Lenin Moreno había anunciado  por cadena nacional la liberación del precio del diésel y la gasolina como parte de un conjunto de medidas económicas para estimular la economía de la nación. Inmediatamente, varias confederaciones y gremios declararon en resistencia y anunciaron una serie de movilizaciones inmediatas. Lo que comenzó como una manifestación “pacífica” el 3 de octubre por parte del gremio de transportistas se convirtió en uno de los acontecimientos más complejos y violentos de la historia republicana de Ecuador, con once muertos y más de 1000 heridos, que puso en  jaque al gobierno. Sus antecesores, los ex presidentes  Abdalá Bucaram (1996-1997), Jamil Mahuad (1998-2000) y Lucio Gutiérrez (2003-2005), habían abandonado su cargo  a causa de  la presión de las calles.

La reciente  movilización que se extendió por 18 días obligó a mirar aquello que, en lo cotidiano, la mayoría de las personas o un número de ellas no ve o no quiere ver: niños con desnutrición infantil crónica; campesinos productores de buena parte de los alimentos quienes sin embargo no logran superar la pobreza; ausencia del Estado en las comunidades más empobrecidas; jóvenes sin ninguna esperanza en el futuro. 

Leonidas Iza, el máximo líder de la Confederación de las Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), había anunciado la movilización el pasado 24 de mayo, el mismo día que Lasso ofreció el primer informe de gestión ante la nación, coincidiendo con la  conmemoración del Bicentenario de la batalla de Pichincha- y fue fijado para el 13 de junio.  La convocatoria a un Paro Nacional Indefinido sumó el apoyo de los principales movimientos sindicalistas del país. Entre los principales motivos de queja: los altos precios de los combustibles y los bajos precios que pagan a los productores por el banano y la leche. También, la exigencia de respeto a los derechos indígenas, considerados  avasallados ante la intención de Lasso, para los reclamantes  inconsulta, de incrementar la actividad petrolera y minera en el país.

El llamamiento no era sorpresivo: en  marzo de 2022  la Confederación de Pueblos de Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari), que agrupa a los indígenas serranos, ya había decidido ir a una medida de hecho. En abril de 2022 se sumó la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confenaie), la filial amazónica, mientras que el 20 de mayo el Consejo Ampliado de la Conaie ratificó la movilización. 

Diálogo de sordos

Buena parte de la plataforma de la protesta había sido planteada en los diálogos sostenidos entre los reclamantes y el gobierno durante todo el primer año de gestión  de Lasso. Las  propuestas de los indígenas han superado lo meramente étnico y su agenda desde 2021,  señala Luis Córdova, académico de la Universidad Central  “ que ya era sobre todo clasista y centrada en el agro tiene un perfil más de clase, centrándose en las reclamaciones de una población sobre todo campesina y vinculada a la agricultura y la ganadería en la Sierra y la Amazonía”.

En las  declaraciones de Iza y en los comunicados de la Conaie, las conversaciones con el gobierno a las que han acudido  el 4 de junio, 4 de octubre y 10 de noviembre de 2021, la última cita en el Palacio Carondelet, han sido un “diálogo cerrado sin resultados”.

El complotismo oficialista

Desde el inicio de su administración, Lasso ha planteado la teoría de que contra su Gobierno existe una conspiración política orquestada principalmente  por el ex presidente Rafael Correa y el correísmo más ortodoxo. El “Cuco de Correa y el correísmo” como “la brújula con la que analizan y enfrentan los problemas”, era una práctica común durante el gobierno de Lenin Moreno pero  Lasso ha extendido  esta paranoia  también a su antiguo aliado Jaime Nebot del  PSC y al  movimiento indígena, en el que ha señalado principalmente a Iza. Sin embargo, estas  denuncias de Lasso fueron desmentidas en el escenario de la Asamblea Nacional, cuando el correísmo, que había planteado  la destitución del presidente, no pudo reunir los 92 votos para removerlo de su cargo, En esa oportunidad, el PSC confirmó que no votaría por la aplicación del artículo 130 de la Constitución. Quienes sí votaron contra Lasso, fueron, en su mayoría, los miembros del bloque de Pachacutik (PK), presionados por sus bases de la Sierra y la Amazonía que se habían plegado a la movilización de más de 14.000 indígenas. 

A la imaginaria  conspiración política, el gobierno sumó la tesis de que el narcotráfico internacional y el crimen organizado, principalmente mexicano, como la explicación de todos los hechos de violencia reciente en el país: las matanzas en las cárceles, el aumento de la inseguridad y los asesinatos selectivos cometidos por sicarios. Frente al Paro Nacional Indefinido los voceros del frente militar, como el general (r) Luis Lara, ministro de Defensa y el general (r) Patricio Carrillo, ministro del Interior, dos oficiales que también gozaron de la confianza de Lenin Moreno,  asimilaron la protesta indígena con el correísmo como agitador político y el narcotráfico como financista.

En la misma línea, se hakearon correos del dirigente indígena Apawki Castro, de la prefecta de Pichincha, Paola Pabón  y del parlamentario Virgilio Hernández, en  que  atribuían al narcotráfico financiamiento del paro. Un  comunicado de la Conaie  rechazó “las recientes declaraciones y vinculaciones del presidente Guillermo Lasso sobre el supuesto financiamiento de '15 millones (de dólares) del narcotráfico' al paro nacional, esto atenta y estigmatiza a la legítima protesta social” y denunció  que las “absurdas”  acusaciones  “denota la limitada visión del presidente para entender la realidad y las formas organizativas de los pueblos indígenas y el concepto de solidaridad tan arraigado a la lucha social”.

Ecuador no merece una guerra de epítetos

“Vándalos”, “narcoterroristas”, o de peyorativamente  “indios” fueron algunos de los términos con que los sectores opositores descalificaron a los manifestantes campesinos. En diciembre 2021, el presidente Lasso había advertido que  Iza terminaría “con los huesos en la cárcel” y lo había definido como “un anarquista”, o un peligro para el Estado.  Iza fue arrestado a primeras horas de la madrugada del 13 de junio en ocasión de su visita a manifestantes cerca de la localidad de Pastocalle, dentro de su natal provincia andina de Cotopaxi y luego  liberado bajo proceso penal que ahora se encuentra demorado.

Los actores del movimiento indígena  fueron estigmatizados no solo de “violentos” sino también de   manipulados “por el crimen organizado” como frecuentemente hizo por sus redes sociales el ministro del Interior Patricio Carrillo. El Gobierno poco o nada ha hecho para condenar las expresiones racistas en las marchas “blancas”, donde los quiteños “de bien” vociferaron consignas como “fuera indios fuera”. Si en teoría, las clases medias y altas de Quito opositoras al paro proclamaban su adhesión “por la paz y el trabajo” el  color de la bandera blanca enarbolada por el Municipio expresaba claramente una confesión de fe  racista. 

En los primeros diálogos realizados en el liceo  Mantovelle de los misioneros oblatos ubicado en el centro de Quito, el presidente Lasso vetó al dirigente indígena Iza, al que calificó de “oportunista” y sostuvo que no dialogarían con una dirigencia que no creían representativa.  Forzado por los hechos, el mandatario no pudo sostener su veto sobre Iza quien contaba con el mayoritario apoyo indígena; pero Lasso,  a diferencia de Moreno quien cuando regresó al Palacio de Carondelet -que había abandonado  alegando razones de seguridad- concurrió personalmente a la mesa de conversaciones,  envió a tres de sus ministros de confianza, Francisco Jiménez, Iván Correa y Fabián Pozo.

La criminalización de la protesta

En lugar de buscar soluciones políticas, Lasso –al igual que su antecesor - hizo suyo el discurso militar y policial como estrategia para corregir los “errores” de octubre de 2019.  Con la finalidad de detener la masiva e incansable movilización de los campesinos que avanzaban a la capital desde el norte y el sur,  decretó un estado de excepción que impuso  restricciones al  libre tránsito y  la iel uso “progresivo de la fuerza”  de las autoridades para “neutralizar las acciones violentas”. A una semana del paro nacional, las fuerzas de seguridad, ocuparon espacios en la ciudad capital de Quito que los ciudadanos indígenas consideran propios: el parque de El Arbolito,  donde se  reacomodan las  fuerzas y se planifica la llegada a la Plaza Grande, el principal símbolo del poder político, y el Ágora de la Casa de la Cultura, el epicentro político de la movilización del 2019,  el lugar de las asambleas de debate político y donde los manifestantes podían pasar la noche. A pesar de que Universidad Católica no abrió sus puertas  a los manifestantes, sí lo hizo la Universidad Politécnica Salesiana que brindó alojamiento por lo menos cinco mil indígenas, el mismo número que en octubre de 2019,  la Universidad Central  recibió otros miles. 

Finalmente,  el Gobierno cedió en la ocupación de la Casa de la Cultura, después de que la requisa  sólo había trasladado  las protestas a la Avenida Patria, en donde los manifestantes atacaron los edificios públicos, como la Fiscalía General del Estado y la Unidad de Flagrancia, pero no afectaron predios privados como el Hotel Colón, ubicado entre ambos.

Los ataques por parte de manifestantes a convoyes militares en la salida norte de Quito y en la región amazónica terminaron con muertos y heridos. En San Antonio de Pichincha, el enfrentamiento entre comuneros y un convoy con varios camiones militares dejó como saldo la muerte de un manifestante  y el abandono de los camiones por parte de las tropas militares, un trofeo en el lugar de la refriega. En 18 de Noviembre, una comunidad cerca de Shushufindi en la provincia de Sucumbíos, el choque entre comuneros amazónicos y otro convoy de camiones petroleros del Ejército (que logró pasar con tanqueros de combustible) dejó un soldado de la Brigada Patria muerto y también decenas de heridos.

En ambos episodios, el discurso oficial apoyó de manera  incondicional a los militares e incluso el Gobierno amenazó con romper el diálogo luego del episodio en 18 de Noviembre. Según el ex juez constitucional Ramiro Ávida, veedor del diálogo, no se encontraron vínculos probados ni presuntos entre el liderazgo indígena y la muerte. Ante la presión de la sociedad civil fuertemente afectada, incluidos empresarios y los mismos productores de alimentos que a diario vieron cuantiosas pérdidas, las partes retomaron el diálogo.

Del Paro Indefinido al Acuerdo

El gobierno neoliberal de Lasso no consideró sujeto político al movimiento indígena y lo trató como un enemigo externo al estado como se prueba en la narrativa oficial del conflicto presentaba dos bandos en confrontación: los manifestantes y el resto; los buenos y los malos y, en consecuencia, los primeros debían ser encarcelados, enviados a sus comunidades o eliminados. Una burda simplificación que intentó suplantar a las inexistentes políticas adecuadas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas de Ecuador y librar una eficaz batalla contra el narcotráfico. Pero sólo consiguió ahondar las diferencias sociales del país que además sufrió cuantiosas pérdidas económicas que según el gobierno, alcanzan los 1,000 millones de dólares, con un promedio de 55 millones por cada día de paro, superando a las de octubre de 2019, tras el paro de 11 días.

La industria láctea calculaba, a la semana de iniciado el paro, más de 13 millones en pérdidas. El sector avícola también sufrió el impacto: muchos pollos tuvieron que ser sacrificados porque el bloqueo de las carreteras impedía que llegara el alimento a las granjas avícolas.

Sin embargo, para el presidente Lasso  las movilizaciones y el Paro Nacional e Indefinido –que tuvieron como resultado al menos ocho muertes- dejaron  “algo positivo”: la ruralidad y el campo estaban presentes en el Ecuador. Y como constatación de esta nueva clarividencia, anunció que su nueva tarea, tras la vacunación y la estabilidad económica que habían logrado sus ministros salientes, iba a mirar hacia el campo, pues admitía que el desarrollo del Ecuador en los últimos años se había centrado en las grandes urbes. 

En los hechos, tanto Lasso como Moreno  han sido obligados a conceder buena parte de la agenda de protesta de la Conaie: Moreno tuvo que derogar el decreto que pretendía eliminar totalmente los subsidios a los combustibles, aplicando en su lugar un sistema gradual, mientras que Lasso dejó para el último momento una reducción de 15 centavos en los precios de las gasolinas Extra y Ecopaís, así como del Diésel en el Acuerdo firmado con el liderazgo indígena con 90 días de plazo para cumplir la satisfacción de los reclamos.

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