Comodoro Py cierra el año con un movimiento que contradice la presunción generalizada de que se transformó en un lodazal inoperante, imposibilitado de que una causa avance en un lapso menor a un lustro. La mala noticia es que el mecanismo, que resolvió en poco tiempo la instrucción, una disputa por competencia jurisdiccional y decisiones en sentido opuesto en diferentes instancias, se activó para una causa que pugna por el liderazgo en su listado de desmanes jurídicos.

El viernes, el juez federal Daniel Rafecas dio por concluida la instrucción de la causa caratulada “Biasi, Vanina Natalia s/inf. art. 3 de la ley 23.592” y envió a juicio oral a la legisladora de la Ciudad, tras procesarla por presunta incitación al odio religioso.

El caso se originó en una serie de posteos en X de Vanina Biasi, empleada no docente de la UBA, exdiputada nacional, militante del Partido Obrero (PO) e integrante del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT).

Semanas después del ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre de 2023, cuando ya se había desatado la respuesta de Israel que terminaría en el asesinato de más de 70.000 gazatíes, Biasi publicó textos como los siguientes.

“El estado sionista es nazi por sus prácticas y su ideología y entiendo que a un propagandista de un Estado terrorista, genocida y asesino de niños le moleste leerlo, pero sus patoteadas no me van a silenciar”.

“Sigue la masacre del pueblo palestino. Sigue el silencio cómplice del poder económico y mediático. Sionismo es genocidio. Sionismo es apartheid. Sionismo es la construcción de una narrativa mentirosa en la que el ocupante es víctima y el ocupado victimario”.

Al fiscal Carlos Stornelli le parecieron mal esas expresiones, vio delitos consumados y radicó una denuncia, que arribó al juzgado de Rafecas el 29 de noviembre de 2023.

En la elevación a juicio de la semana pasada, Rafecas reprodujo casi todo el texto original del fiscal, pero tuvo la precaución de omitir un párrafo: aquél que citaba a “Sergio Pikholtz, vicepresidente segundo de la DAIA, quien, entre otras cosas, expresó: ‘Vanina Biasi será recordada como una de las máximas instigadoras del nazismo en la Argentina desde el comienzo de la democracia moderna hace 40 años’”.

La única persona citada como autoridad validante en la denuncia de Stornelli —Pikholtz— se volvió un problema poco después, cuando opinó en redes que “no hay inocentes civiles en Gaza, tal vez los niños de menos de cuatro años. Sin piedad con los asesinos de judíos”. El alto dirigente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) no hizo más que reproducir un discurso arraigado en ministros del Gobierno de Benjamín Netanyahu y en medios y redes de Israel y Argentina. De todas formas, la explicitación de esa idea inhumana y supremacista por parte de una autoridad de la DAIA, al tiempo que morían decenas de niños palestinos por día bajo las bombas israelíes, fue demasiado incluso en el contexto de la era Milei, que porta la crueldad como bandera. Pikholtz fue relegado y, dos años después, Rafecas, con buen tino, prefirió disimular la autoría intelectual de la denuncia que le tocó investigar: ni lo mencionó en el texto que concluye su actuación.

El titular del juzgado 3 en lo criminal y correccional federal imprimió una inusitada celeridad al expediente, incluso para sus propios estándares, pese a que no es de los más lentos ni forma parte de los jueces y fiscales que actuán como si fueran digitados por los servicios de Inteligencia, el Grupo Clarín y/o el chasis de la “mesa judicial” que instauró el macrismo en la última década, camarilla que quedó retratada en la inolvidable excursión a Lago Escondido.

El centro del debate en el expediente contra Biasi pasó a ser si la acusación al “sionismo” de “nazi” y perpetrador de un genocidio constituía un acto antisemita.

Pikholtz fue relegado y, dos años después, Rafecas, con buen tino, prefirió disimular la autoría intelectual de la denuncia que le tocó investigar: ni lo menciona en su último texto.

La dirigente del PO expresó en múltiples oportunidades dentro y fuera de la causa su rechazo a los agravios antijudíos, pero reivindica su oposición al sionismo, que es un movimiento de autodeterminación nacional en “el Monte de Sion” (Jerusalén), nacido en siglo XIX y coronado en 1948, pocos años después del Holocausto. Como la deriva posterior significó la ocupación de los territorios palestinos en un régimen que Human Rights Watch y Amnesty International califican como apartheid, y se repitieron matanzas en Gaza y Cisjordania, a veces en represalia por ataques terroristas, para la izquierda trotskista y mucho más allá, el sionismo es inescindible de lo que haga el Estado de Israel.

Para quien escribe, esa identificación es a todas luces errónea e injusta. Por empezar, porque hay sionistas dentro y fuera de Israel que denuncian el genocidio perpetrado en Gaza desde octubre de 2023. Más de un tercio de los judíos de la ciudad de Nueva York, muchos de ellos sionistas, votaron por el demócrata de izquierda Zohran Mamdani como alcalde, quien denunció repetidamente la masacre en el territorio palestino. Se trata de un principio elemental. Una cosa es el nacionalismo israelí, argentino o guatemalteco, y otra cosa es lo que hagan los gobernantes y los militares en su nombre.

Los ejemplos de israelíes sionistas, sobrevivientes del Holocausto o sus descendientes que expresan solidaridad con las víctimas de Netanyahu y sienten ofendida la memoria del pueblo judío son numerosos, algunos muy notables. Entre ellos, Omer Bartov, profesor de Estudios del Holocausto y de Genocidio en Brown University, exsoldado del Ejército israelí, quien escribió en julio pasado en una columna en el New York Times: “Es una conclusión dolorosa, a la que me resistí todo lo que pude. Israel está cometiendo un genocidio contra el pueblo palestino”.

Salta a la vista

El paso del tiempo no favoreció la ofensiva contra Biasi. Los muertos palestinos, que a fines de 2023 eran miles, pasaron a ser decenas de miles, y llegarían a centenares de miles por la crítica situación humanitaria en Gaza, según proyecciones académicas de universidades europeas y estadounidenses. La palabra “genocidio” comenzó a ganar terreno y llegó a la boca del papa Francisco, académicos como Bartov, organizaciones de derechos humanos de todo el mundo, gobernantes como Gabriel Boric y Pedro Sánchez, y expertos de máximo nivel que elaboraron un informe para el Consejo de DDHH de la ONU. La Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra Netanyahu por crímenes de guerra y la Corte Internacional de Justicia tramita una causa contra el Estado de Israel bajo la figura de genocidio.

En todo caso, la acepción de sionismo, si Israel comete o no un genocidio, si los palestinos no merecen un Estado hasta que repudien unánimemente los actos terroristas de las Brigadas Al Qassam de Hamás o si los palestinos o los judíos deben ocupar todo el territorio “desde el río hasta el mar” —lo que supone la no existencia del país del otro— forman parte de debates políticos, que pueden ser altisonantes o agresivos, pero legítimos. El límite debería ser el derecho internacional. Sobran expresiones de líderes árabes que rechazan la mera existencia de Israel como país, sin ningún reconocimiento de derechos a sus diez millones de habitantes. También ocurre lo contrario: políticos israelíes que llaman a terminar de ocupar Gaza y Cisjordania, e impedir para siempre la creación de un Estado palestino. Salta a la vista una diferencia. Esto último está ocurriendo.

El expediente contra Biasi transcurrió entre argumentos, testigos y amicus curiae que apuntaron que ser antisionista equivale a ser antisemita, y quienes defendieron el derecho a denunciar un genocidio.

En paralelo, surgió otra causa, que esta vez tuvo a Biasi como denunciante. En las semanas siguientes al ataque de Hamás, la entonces diputada nacional recibió unas 250 amenazas de muerte. Gran parte de los mensajes recibidos fueron proferidos por alumnos adolescentes que incorporaron su número a la fuerza a chats grupales, a veces compartidos con sus padres.

Uno de los mensajes recibidos:

“Antisemita Hdp,”Ojalá te mueras con los árabes“, ”Basura“, ”Te van ir a buscar“, ”Forra“, ”Hija de puta, negra de mierda, la concha de tu hermana, puta barata, palestina hija de puta, chupame bien la poronga hija de puta. Te voy a re cagar a tiros hija de puta, puta barata. Chupamela y haceme un pete puta del orto. Te voy a tirotear y te voy a descuartizar la cabeza hija de puta“.

El autor de este texto emitido el 10 de octubre de 2023 por la noche fue el empresario textil Marcos Ezequiel Attar Cohen, entonces de 27 años. Fue condenado a realizar en probation los cursos “Discriminación, un problema social que nos convoca a todos” y “Comportamiento ciudadano”, y a pagar $100.000.

Rafecas procesó a Biasi por inicitación al odio en abril pasado, semanas antes de la elección a legisladores de la Ciudad, para las que la dirigente trotskista encabezaba la lista del FIT. Una fuente con acceso al expediente explicó que los dichos de Biasi “prácticamente estaban instigando un nuevo atentado antisemita”, una hipérbole imaginativa que parece reflejar la debilidad del procesamiento.

En agosto, antesala de las legislativas de la provincia de Buenos Aires, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia —camaristas puestos en comisión por Mauricio Macri— junto a su colega Mariano Llorens, ratificaron el procesamiento. En octubre, el mismo tribunal dispuso que el expediente debía ser tratado en la Justicia ordinaria de la Ciudad (no federal), pero la semana pasada, la Cámara de Casación Federal ordenó lo contrario. Con la “instrucción” concluida, Rafecas decidió habilitar el juicio oral.

Parecido y diferente

De Stornelli, el denunciante original, no hay mucho por agregar. Hace años que sus decisiones parecen una huida hacia adelante motorizada por los presuntos delitos que cometió, como tentarse con plantarle droga al ex de su actual pareja o hacerle una cámara oculta a un abogado defensor con fines extorsivos. Cabe reforzar el adjetivo “presunto”, porque la camarilla de Comodoro Py fue implacable para enterrar cualquier posibilidad de investigación que afectara a uno de sus principales miembros.

Tampoco es necesario abundar sobre el fiscal asignado a investigar la denuncia contra Biasi, Eduardo Taiano, el mismo que estaqueó el expediente de la estafa $LIBRA que involucra a los hermanos Milei, y mantiene con respirador artificial la causa por el suicidio de Alberto Nisman, impedido de avanzar por sus propios desmanejos

La trayectoria de Rafecas es distinta. No sólo sería un error ubicarlo dentro de la trama más sórdida de Comodoro Py, sino que padeció la artillería que ahora celebra sus decisiones. Fue uno de los jueces de primera instancia más incisivos y eficientes en las causas de lesa humanidad durante la última década. En sus decisiones, profundizó en la vertiente que estudia los nexos teóricos y procedimentales entre el terrorismo de Estado en Argentina y el Holocausto.

Diez años atrás, cuando demostró con argumentos contundentes que la denuncia de Nisman contra Cristina por supuesto encubrimiento de los responsables del atentado a la AMIA constituía un engendro mal elaborado, Rafecas fue puesto en la mira por el Grupo Clarín, la DAIA y la Asociación Empresaria Argentina. El diario La Nación publicó solicitadas a repetición en su contra, encabezadas por la firma Saguier.

No existen en democracia tutores de las palabras, puesto que se autoasignó Rafecas.

Pasó el tiempo, el juez reparó diferencias con la DAIA, se dejó halagar en actos públicos; salió de la mira de Clarín y La Nación; administró los tiempos de las causas sensibles —signo de identidad de Comodoro Py— y soportó la oposición de Cristina a su designación como procurador general, en el marco de la pelea entre la entonces vicepresidenta y Alberto Fernández.

Así recompuso su imagen hasta que llegó al punto de que de su firma salió un procesamiento con argumentos pueriles y el ocultamiento del mentor de la denuncia —Pikholtz— contra una dirigente que denunció el presunto genocidio en Medio Oriente.

Desde el punto de vista de la libertad de expresión, resulta irrelevante si un fiscal, un juez o un periodista aprueba el uso de determinados términos. Se puede polemizar con el abordaje de Biasi sobre Gaza, pero no existen en democracia tutores de las palabras, puesto que se autoasignó Rafecas.

Subyace un fin último, con seguridad, el más importante.

En pocos países como Argentina hubo tal silencio ante la matanza en Gaza, definido por historiadores como el primer genocidio constatado en tiempo real a través de las redes sociales. Los dirigentes políticos que denuncian lo mismo que Bartov o Francisco son contados. A saber: los legisladores del FIT, algún kirchnerista que compensa con otro en sentido contrario, Juan Grabois, el exPRO Nicolás Massot y pocos más. En el peronismo prima el silencio, mientras que, en la derecha y la ultraderecha, la adhesión a Netanyahu y Donald Trump es una prueba automática de identidad.

Así, queda consumada una paradoja. En un país cuyo Presidente agravia, insulta y amenaza impunemente, con frecuencia diaria, a personas por su ideología (“zurdos de mierda, los vamos a perseguir”), a determinados trabajadores (“no odiamos lo suficiente a los periodistas”), a familiares de desaparecidos (Lemoine, su maquilladora, se rie de quienes fueron arrojados al río); trata como subhumanos a quienes se oponen a sus políticas, expresa misoginia sin inhibiciones, discrimina a los musulmanes y todo aquel que no forme parte de lo que entiende como Occidente y atribuye perversiones a los gays (“son pedófilos”), Rafecas elige llevar a juicio a una de las pocas voces del espacio público que nombra la palabra Gaza.

SL

slacunza@eldiarioar.com

En La Ventana Indiscreta entrevistamos al juez federal Daniel Rafecas sobre Pinche, su primera novela, de Editorial Planeta.

Los juzgados también aparecen en esta ficción, que vuela desde los pasillos de tribunales hacia una trama que se vuelve cinematográfica por el misterio, los personajes y los giros narrativos. Una charla sobre la justicia en la literatura y en las películas, con muchas referencias a Borges y un recuerdo imborrable de su hermano, el cineasta Diego Rafecas.

La ventana indiscreta es un podcast para mirar qué hay detrás de un libro, una serie, una historia. Cada episodio tiene un tema y un entrevistado. Así nos metemos con las historias que se cuentan en los libros, en las películas, en las canciones y también con temas actuales como la inteligencia artificial, los trolls, las redes sociales.

Por supuesto que es un homenaje a la película del mismo nombre dirigida por Alfred Hitchock, que advertía que nos estábamos convirtiendo en una sociedad de mirones pero a la vez es una invitación a quedarse un poco quietos y mirar más allá de lo que vemos al pasar.

La Ventana Indiscreta

Conduce Ana Correa

La producción es de Pablo Waimann

Redes sociales: Miranda Correa Perkins

Redes sociales: Miranda Correa Perkins

El juez federal Daniel Rafecas resolvió este jueves que en la causa por el atentado a la AMIA se realizará un juicio en ausencia contra los diez acusados, exfuncionarios iraníes, libaneses y miembros de Hezbollah, quienes permanecen prófugos desde hace décadas.

La medida fue adoptada a pedido de la Unidad Fiscal AMIA y se fundamenta en la reciente sanción de la ley de juicio en ausencia, aprobada este año por el Congreso, que habilita a avanzar en procesos penales cuando los imputados eluden sistemáticamente a la Justicia.

El fallo establece que los acusados fueron declarados en rebeldía hace años, están plenamente informados de su situación procesal y nunca respondieron a los reiterados pedidos de extradición.

Según la investigación judicial, el atentado del 18 de julio de 1994, que dejó un saldo de 85 muertos y más de 150 heridos, habría sido planificado por altos funcionarios del régimen iraní y ejecutado con el apoyo logístico y operativo de Hezbollah, tanto en la Argentina como en la zona de la Triple Frontera.

Rafecas desestimó todas las objeciones planteadas por la Defensa Oficial respecto al nuevo sistema de enjuiciamiento y consideró que, ante la negativa persistente de los imputados a someterse al proceso, corresponde avanzar hacia el juicio oral como única vía para evitar la impunidad.

La decisión judicial busca dar una respuesta institucional concreta a más de 30 años del ataque y representa un giro trascendente en una causa emblemática del terrorismo internacional en territorio argentino.

El fallo aún puede ser apelado ante la Cámara Federal.

Los 10 acusados son Alí Fallahijan, Alí Akbar Velayati, Mohsen Rezai, Ahmad Vahidi, Hadi Soleimanpour, Mohsen Rabbani, Ahmad Reza Asghari, Salman Raouf Salman, Abdallah Salman y Hussein Mounir Mouzannar.

El pedido de la Fiscalía

El titular de la Unidad Fiscal de Investigación del atentado contra la sede de la AMIA, Sebastián Lorenzo Basso, solicitó el pasado 7 de abril al juez federal interinamente a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 6, Daniel Rafecas, la aplicación de la Ley 27.784, que incorporó a la legislación procesal la posibilidad de realizar juicios en ausencia respecto de aquellos imputados que fueron declarados rebeldes.

Esta medida le permitió a la justicia argentina avanzar en la investigación y el juzgamiento del atentado terrorista cometido con motivos de odio racial o religioso el 18 de julio de 1994 en la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), que causó 85 víctimas fatales, lesiones gravísimas, graves y leves en perjuicio de al menos 151 víctimas y numerosos daños materiales.

En línea con los dictámenes emitidos por la UFI AMIA el 25 de octubre de 2006 y el 20 de mayo de 2009, el fiscal federal Basso requirió el juzgamiento de Alí Fallahijan, Alí Akbar Velayati, Mohsen Rezai, Ahmad Vahidi, Hadi Soleimanpour, Mohsen Rabbani, Ahmad Reza Asghari, Salman Raouf Salman, Abdallah Salman y Hussein Mounir Mouzannar, aunque aún nunca se hayan presentado ante las autoridades judiciales locales.

En esas oportunidades la UFI AMIA había argumentado que el atentado fue ejecutado por la división armada y clandestina de la organización de origen libanés Hezbollah, con autorización, directivas y financiamiento de quienes por entonces se encontraban a cargo del gobierno de la República Islámica de Irán y de la representación diplomática de ese país en la Argentina.

El fiscal Basso marcó que el nuevo procedimiento especial de juicio en ausencia —previsto en el artículo 431 ter, inciso a, del Código Procesal Penal de la Nación, incorporado por Ley 27.784— puede ser aplicado en la causa, ya que el atentado contra la sede de la AMIA ha sido declarado en reiteradas instancias judiciales como un crimen de lesa humanidad y, como tal, susceptible de ser encuadrado bajo el artículo 7° del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, aprobado por ley 25.390 e implementado por ley 26.200, uno de los supuestos previstos para la aplicación del nuevo instituto.

Todos esos imputados fueron declarados rebeldes y tienen conocimiento de la existencia del proceso en su contra, pero nunca se han presentado ni acatado los requerimientos de las autoridades judiciales argentinas. Respecto de ellos se han solicitado capturas internacionales y sus correspondientes extradiciones a fin de lograr su comparecencia en el país, sin que hasta el momento se hayan obtenido resultados positivos. Por lo cual, se cumplen los requisitos para la aplicación de esta herramienta procesal en el caso.

Ahora, el juez Rafecas resolvió en favor de la Fiscalía y autorizó el juicio en ausencia de los diez imputados.

Las víctimas

Con informaciónn de agencias.

IG

El juez federal Daniel Rafecas procesó este lunes a la diputada del Partido Obrero Vanina Biasi por supuesta violación a la Ley Antidiscriminatoria 23.592, a raíz de una serie de mensajes canalizados por la red social X, en los que comparaba al Estado de Israel con el régimen nazi.

Según informaron fuentes judiciales, en el procesamiento se remarcó que Biasi “asignaba a dicho Estado democrático el rol de genocida, al tiempo que comparaba las resultas del conflicto armado en esa región con el Holocausto”.

En los fundamentos de su decisión, Rafecas entendió que “la sumatoria de tuits agraviantes hacia la comunidad judía superaban con creces los límites de la libertad de expresión”.

A Biasi “no se le puede escapar la particular circunstancia de que nuestro país sufrió dos atentados guiados por el odio antisemita”, agregó el juez. La decisión incluye un embargo por diez millones de pesos.

El procesamiento podrá ser apelado ante la Cámara Federal porteña. Se trata de una denuncia que presentó el fiscal federal Carlos Stornelli, a raíz de posteos de Biasi en la red social X el 27 de noviembre de 2023.

Estas “manifestaciones (...) tuvieron por posible objeto la justificación o promoción de la discriminación religiosa, alentando y/o incitando a la persecución o el odio contra un grupo de personas a causa de su religión, nacionalidad o ideas políticas”, sostuvo en la denuncia.

Las manifestaciones vertidas por Biasi tuvieron relación con la liberación de la niña Emily Hand, quien se encontraba cautiva en manos de la organización Hamas.

El procesamiento tuvo en cuenta seis posteos de la diputada realizados durante esa jornada y se dictó sin prisión preventiva por el delito de “incitación a la discriminación”.

La diputada y candidata respondió al procesamiento señalando en X: “Me procesan por estar en contra de un Estado genocida. Lo supo la operadora de la embajada antes que yo, obvio. Lo hace un juez que tendrá que explicar cómo es que vio (correctamente) un genocidio en Argentina y no lo ve en Gaza y Cisjordania. No importa, el lobby sionista es más fuerte”.

Añadió que apelará el fallo, que, en su opinión, coarta la libertad de expresión: “Por supuesto que estoy presentando la apelación correspondiente. Es un fallo que coarta la libertad de expresión (me procesan por dos tuits, en uno explico por qué es nazi el supremacismo, siempre y en otro cuento que el gobierno de Netanyahu mintió frente al caso Emily) y que banaliza el antisemitismo. Es el discurso del criminal Netanyahu. Lo enfrentaremos siempre. Abajo el apartheid y exterminio del pueblo palestino. Viva el movimiento internacional que lucha contra los genocidas israelíes. Sionismo no es judaísmo”.

También destacó el momento en que se da el fallo, en la previa de elecciones en las que ella es candidata: “La DAIA y el Estado de Israel tienen sus jueces. Rafecas, que tenía que resolver en 10 días, desde la indagatoria del 15 de Octubre del 2024, se guardó su fallo para esta etapa electoral para ver si puede darle una mano mayor a sus amigos del poder político y económico. Haber sido anfitrión de eventos de la DAIA en muchas oportunidades no le hizo ponerse colorado a la hora de aceptar su querella y ahora darles el procesamiento que querían. 'Justicia independiente' es lo que no hay en nuestro país y no lo digo ahora que me toca vivirlo a mi”.

En otro posteo, en respuesta al candidato derechista Ramiro Marra, sostuvo: “Que un legislador como Marra que violenta día a día y discrimina y genera odio, festeje al poder judicial manipulador, es obra de la lógica impecable que me da la razón: no hay poder judicial independiente, solo operaciones. No hay ”ley antidiscriminatoria“ contra los que discriminan, solo un uso político de ella para satisfacer los apetitos de poder del Estado de Israel”.

Biasi encabeza la lista del Frente de Izquierda para las elecciones legislativas del 18 de mayo en la Ciudad de Buenos Aires.

Con información de la agencia NA y X

El juez federal Daniel Rafecas quedó sorteado al frente del Juzgado Federal 6 desde octubre próximo y por un año, por lo cual volverá a estar al frente de la investigación por el atentado a la AMIA.

Rafecas ya estuvo como subrogante en ese juzgado durante dos años, ya que está vacante desde que se jubiló su titular Rodolfo Canicoba Corral y ahora resultó sorteado una vez más al vencerse la suplencia del juez Ariel Lijo, que comenzó en octubre del año pasado, informaron fuentes judiciales.

Las subrogancias son por un año prorrogable a un máximo de dos y en los tribunales federales de Retiro hay cuatro juzgados vacantes de un total de doce.

La Cámara Federal porteña determinó que un magistrado puede ocuparse como máximo de dos juzgados, el que le corresponde y una subrogancia, situación en la que ya están tres jueces.

Lijo está a cargo de su juzgado, el Federal 7 y del 12 que quedó vacante cuando el juez Sergio Torres asumió en la Suprema Corte de Justicia bonaerense y hasta principios de octubre tendrá bajo su órbita también el Federal 6, en el cual lo reemplazará Rafecas.

Con información de agencias.

IG

El anuncio de Alberto Fernández de que pagará a la Ciudad en bonos; el rechazo de la Ciudad de Buenos Aires y sus denuncias penales contra el Presidente y sus funcionarios; además del paso al costado de la Corte Suprema, que esperará a febrero para volver a tratar el tema, agudizaron la crisis entre oficialismo y oposición, con el enfrentamiento entre el máximo tribunal y el Gobierno Nacional de fondo. 

Hasta el momento, la Corte tomó una decisión temporal. El miércoles último dictó una medida cautelar en la que estableció que el Gobierno Nacional debe aumentar al 2,95% los fondos de la coparticipación que envía a la Ciudad para solventar el costo de la policía local y la seguridad pública del distrito. 

Luego de sostener públicamente que el fallo es de “imposible cumplimiento”, Fernández anunció este lunes a través de su cuenta en Twitter que pagará a la Ciudad autónoma de Buenos Aires (CABA) con títulos públicos TX31. “Los bonos consignados, ya fueron aceptados por la CSJN (Corte Suprema de Justicia de la Nación) para atender la deuda del Estado nacional con la provincia de Santa Fe. Siendo así, no habría lesión al derecho concedido a la CABA, a menos que el tribunal crea que existen ciudades de primera y provincias de segunda”, dijo el Presidente en la red social.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, rechazó este martes la posibilidad de cobrar bonos en lugar de dinero y dijo que Nación continúa sin cumplir con el fallo de la Corte. ¿Puede Fernández pagar en bonos a la Ciudad? ¿Debe la Ciudad aceptar la propuesta? ¿Hay otros casos similares? ¿Qué hará el máximo tribunal y qué sucede en el frente penal? ¿Cuánto dinero está en juego, de dónde proviene y cómo se reparte la masa de impuestos nacionales de la Coparticipación Federal? Son algunas de las preguntas que plantea este nuevo capítulo del conflicto y que elDiarioAR responde en esta nota en base a la consulta de leyes, fallos y fuentes oficiales.

Actualmente, la Ciudad recibe el 1,4% de la coparticipación (unos 550 millones de pesos diarios, de acuerdo a una fuente del Gobierno porteño con intervención directa en el caso) más 180.000 millones de pesos anuales para la Policía de la Ciudad (alrededor de 493 millones de pesos diarios). 

El fallo de la Corte implica que a los 550 millones de pesos diarios que la Ciudad ya recibe por la coparticipación deben sumarse otros 600 millones de pesos diarios adicionales para la Policía de la Ciudad, informó la misma fuente del Ejecutivo capitalino. Eso significa unos 39 mil millones de pesos más al año. Esa suma podría variar cuando la Corte dicte el fallo definitivo sobre el conflicto (ya que el último fallo sólo es temporario). Sería el 21,6% más con respecto a lo que está recibiendo de Nación desde el año 2021 para la Policía local (180.000 millones de pesos). También significa poder bajar impuestos a los porteños en un año electoral y mayor disposición de recursos propios para otros fines e inversiones.

Para el Gobierno Nacional, esos 39.000 millones de pesos significan, por ejemplo, el equivalente al presupuesto 2023 para los gastos del Senado de la Nación. Es casi lo que destinará el próximo año al Hospital Posadas; o los gastos corrientes de la Dirección Nacional de Vialidad en 2023, de acuerdo con la Ley de Presupuesto enviada al Congreso.

También implicaría menor inversión en obras públicas en las provincias aliadas en un año electoral y en los que vendrán.

Provienen de la masa de la recaudación de todos los impuestos nacionales, como los de derecho de importación y exportación, Ganancias, Impuesto al Valor Agregado (IVA), combustibles, Impuesto PAÍS, Bienes personales, créditos y débitos en cuentas corrientes, entre otros.

La distribución actual de los recursos que provienen de la recaudación de impuestos nacionales se rige por un acuerdo firmado en febrero de 2002 entre Nación, las provincias y la Ciudad. 

El “Acuerdo Nación-Provincias sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos” ratificó la distribución de la coparticipación que ya regía por una ley de 1988, la número 23.548 de Coparticipación Federal de Impuestos, que estableció que el 42,34% de la recaudación de impuestos nacionales fuera a Nación mientras que el 56,66 % se destina a las provincias y el 1% restante al Ministerio del Interior (Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias – ATN).

Cada provincia y la Ciudad reciben un porcentaje diferente, basado en la cantidad de población, la brecha de desarrollo entre las provincias y la dispersión de la población.  

Cuando se reformó la Constitución Nacional en 1994 y la Ciudad se convirtió en un Estado autónomo, el Congreso tenía plazo hasta 1996 para modificar la ley de coparticipación y readaptarla, pero eso no sucedió. Sí se incorporaron modificaciones, dándole igual tratamiento a la Ciudad que a las provincias, pero recién en 2003 la Ciudad comenzó a recibir el 1,4% de la masa coparticipables de impuestos. Su incorporación a la repartija no modificó los porcentajes que recibían las provincias sino que proviene del porcentaje que recibe Nación. 

Los cuatro jueces de la Corte ordenaron que el Estado Nacional entregue a la Ciudad el 2,95% de la masa de fondos coparticipables (en lugar del 1,4%) y dispuso que las transferencias sean realizadas en forma diaria y automática por el Banco de la Nación Argentina. 

El artículo 75 de la Constitución Nacional establece que todas las decisiones en relación a la coparticipación deben ser en el marco de convenios previos entre Nación y las provincias y la Ciudad. Es decir que Fernández no puede tomar decisiones unilaterales, como la del pago en bonos, sino que debe llegar a un acuerdo con el gobierno de Rodríguez Larreta. Si este aceptara el pago en bonos, como lo hizo la provincia de Santa Fe, el Gobierno Nacional podría avanzar con la medida.

Además, la Carta Magna afirma que Nación no puede realizar transferencia de competencias, servicios o funciones sin la respectiva reasignación de recursos -por ejemplo, el traspaso de la Policía de la Ciudad y los fondos para solventarla- sin la aprobación de la provincia interesada o la Ciudad de Buenos Aires. 

En el fallo, la Corte también resaltó que de acuerdo a las distintas normas que rigen la coparticipación, la transferencia de competencias y sus implicancias “deben ser tomadas de manera conjunta por los gobiernos de ambas jurisdicciones”, algo que Fernández no contempló cuando en septiembre de 2020 estableció por decreto que la Ciudad dejaría de recibir el 3,5% de los recursos coparticipables y volvería a percibir el 1,4%. 

A su vez, las leyes y modificaciones de la Ley de coparticipación también deben realizarse en el marco de convenios previos entre Nación y las provincias y la Ciudad, lo que tampoco se cumplió con la ley sancionada por el Congreso en diciembre de 2020, confirmando la reducción de los fondos percibidos por el Estado porteño, ya que no incluyó un acuerdo previo con el gobierno de Rodríguez Larreta.

Los fondos que reclama la Ciudad son en bancarizados. El Banco Nación envía el dinero de la coparticipación diariamente a cada distrito. 

Los bonos funcionan de otra manera. Los títulos TX31 se ajustan por inflación y no se liquidan en el mercado financiero, como explicó este lunes elDiarioAR. Tienen un plazo promedio de nueve años y pagan intereses del 1,45% al 2,5% dos veces por año. Por ejemplo, Santa Fe los aceptó con la idea de cobrar esos dos rendimientos anuales en efectivo y distribuyó parte de los bonos entre los municipios de la provincia como parte de la coparticipación de los impuestos provinciales. También puede usarlos para cancelar algunos créditos tomados con el Estado nacional para hacer obras o como garantía para conseguir préstamos para proyectos de inversión.

No exactamente, aunque ambos casos tienen que ver con decisiones unilaterales de distintos gobiernos nacionales en detrimento de las provincias o la Ciudad. 

En 2009, Santa Fe, al igual que San Luis, demandaron al Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner ante la Corte Suprema por haberles deducido el 15% de los impuestos coparticipables a para financiar a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS).

A finales de 2015, la Corte Suprema falló a favor de San Luis y Santa Fe. Declaró inconstitucional dicha deducción del 15% de la masa de impuestos coparticipables porque no se había realizado con el acuerdo de las provincias. 

En febrero de 2019, la Corte debió dictar un nuevo fallo ordenando al gobierno de Mauricio Macri que cumpla con el fallo de 2015 y concrete las negociaciones con San Luis y Santa Fe para llegar a un acuerdo sobre cómo Nación le devolvería a ambas provincias los fondos que les había quitado en 2009. Macri dejó la Casa Rosada sin llegar a un acuerdo.

Tras trece años de litigio, Santa Fe cerró el caso con el gobierno de Fernández para recuperar 151.000 millones de pesos. Como parte del convenio, el gobernador Omar Perotti aceptó que Nación le pague en bonos TX31.

El máximo tribunal no habilitará la feria de enero para analizar el conflicto debido a que el caso no cumple con las características de una urgencia, informó una fuente de la Corte ante la consulta de elDiarioAR. 

En el registro público del Poder Judicial de la Nación, que se encuentra automáticamente sincronizado con los movimientos de los expedientes, el caso no ha tenido movimientos desde el fallo del 21 de diciembre último. 

Sin embargo, la Ciudad presentó este lunes una demanda por desobediencia contra el Gobierno Nacional y el Procurador del Tesoro Nacional, Carlos Zannini, se presentó este martes para recusar a los cuatro jueces del máximo tribunal y anexar al expediente el recurso de reposición in extremis en el que solicita a la Corte rever su decisión. 

La Corte debía correr traslado de la demanda de la Ciudad a Nación para que el Estado Nacional responda en el plazo de cinco días hábiles, que se vencen a principios de febrero próximo. También deberá correr vista del recurso in extremis para que la Ciudad plantee su posición. 

Los antecedentes indican que los jueces del máximo tribunal no revocan sentencias o decisiones que ellos mismos hayan tomado (es decir, con la misma composición de la Corte). 

En el recurso de reposición in extremis que presentó este martes, el Gobierno Nacional solicita a los jueces del máximo tribunal que dejen el fallo sin efecto debido a que está “basado esencialmente en el prejuzgamiento y la arbitrariedad de sentencia por falta de fundamentación suficiente; en el exceso de atribuciones constitucionales en el que ha incurrido el tribunal al dictar la medida cautelar”; “y en que no se encuentran reunidos los requisitos legales para la procedencia de medida cautelar alguna”. 

Para que avance el juicio político por mal desempeño o comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones, la oposición debe contar con una mayoría en Diputados y en la Comisión de Juicio Político para que prospere la acusación y luego en el Senado para que avance el proceso de juicio y destitución, pero no cuenta con los números suficientes en ninguna de las dos cámaras.

Las denuncias penales contra Fernández y otros funcionarios nacionales corren por cuerdas separadas al caso en la Corte Suprema, pero están directamente relacionados. El fuero penal tampoco habilitará la feria de enero para continuar con el avance de los expedientes que se acumulan en los tribunales de Comodoro Py, ya que tampoco cumplen con las características de urgencia.

Todas las denuncias de la oposición contra Fernández y sus funcionarios de los ministerios de Interior y Economía, y los miembros del directorio del Banco Nación serán acumuladas en el mismo juzgado y fiscalía. Los casos quedaron a cargo de Daniel Rafecas y Ramiro González. 

El juez delegó la investigación en el fiscal, quien tomó las primeras medidas de rigor esta semana para intentar determinar más adelante si el Presidente y el resto de los denunciados cometieron delitos penales, como incumplimiento de deberes, abuso de autoridad y resistencia o desobediencia a la autoridad pública.

ED

El juez federal Daniel Rafecas delegó en el fiscal Ramiro González la denuncia por el presunto delito de “desobediencia a una orden judicial” contra el presidente Alberto Fernández y otros funcionarios, a raíz del fallo de la Corte Suprema por la coparticipación federal.

Rafecas recibió este lunes, por sorteo, la radicación de la primera denuncia por el anuncio de no acatar la medida cautelar de la Corte que incrementó el porcentaje que debe percibir la Capital Federal por fondos coparticipables hasta el 2,94 por ciento.

La causa recayó en el Juzgado Federal número seis, vacante desde la jubilación de Rodolfo Canicoba Corral, y actualmente subrogado por Rafecas.

El juez suele delegar las investigaciones en las fiscalías para que sean los fiscales los que investiguen y el juez ejecute sólo los actos que le están reservados por el Código y vigile la legalidad del proceso.

La denuncia es la que presentó el titular de la Fundación para la Paz y el Cambio Climático, Fernando Míguez, un habitué de la Mesa de Entradas de Comodoro Py con presentaciones basadas sobre hechos de repercusión pública.

Por tratarse de la primera denuncia, fijó radicación de la causa y todas las posteriores –entre las que figuran las de la Coalición Cívica y la de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich- tramitarán unificadas ante el mismo juzgado y bajo la fiscalía de Ramiro González.

El expediente está en una etapa embrionaria, con planteos y notificaciones pendientes, de modo que el estado de situación se asemeja a una “investigación penal preparatoria” a cargo del Fiscal.

Con información de NA.

IG

A horas del reclamo de Cancillería argentina y en sintonía con una solicitud del fiscal Sebastián Basso, el juez Daniel Rafecas elevó un pedido de captura del vicepresidente iraní Mohsen Rezai, uno de los principales acusados por el atentado a la AMIA del 18 de julio de 1994 en el que murieron 85 personas.

“Se solicita la detención provisoria de Moshen Rezai otrora Comandante del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución -1993/1994-, actual Vicepresidente de Irán, de quien se desconocen otros datos”, dice la solicitud de “detención preventiva con fines de extradición” firmada por Rafecas.

Según el escrito del titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 3 de la ciudad de Buenos Aires, se le pidió a Qatar la captura del vicepresidente iraní y se dejó “constancia que con el Estado mencionado no existe tratado vigente de extradición por lo que se ofrece reciprocidad para casos análogos”.

“La imputación que se le formula (a Rezai), surge de su probada intervención en la reunión en la que se decidiera llevar a cabo el atentado contra la sede de la A.M.I.A.”, argumentó Rafecas en el documento, al tiempo que agrega que “su acreditada presencia en la resolución final que se adoptó el 14 de agosto de 1993 en el Consejo Supremo de Seguridad de atentar contra nuestro país, lo colocan invariablemente como otro de los personajes protagónicos del atentado que afectó a la Argentina”.

Según el juez, Mohsen Rezai “se encuentra imputado por la comisión de los delitos de homicidio calificado doblemente agravado, por haber sido cometido por odio racial o religioso y por un medio idóneo para causar un peligro común, en perjuicio de 85 víctimas, en concurso ideal con los delitos de lesiones leves y lesiones graves calificadas, en forma reiterada y daños múltiples, agravados por haber sido cometidos por odio racial o religioso (arts. 45, 55, 80 inc. 4to. y 5to., 89 y 90, ambos en función del art. 92 y 183 del Código Penal, en función del art. 2do. de la ley 23.592), todo ello en función de los arts. 2do y 3ro. de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio y arts. 6mo, 7mo, inc. 1ro., aps. a), h) y k), y art. 25, inc. 3ro. aps. a), b), c) y d) del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, perpetrados en ocasión del ataque ocurrido contra la sede de la AMIA el 18 de julio de 1994″.

La solicitud de detención fue formulada por la Unidad Fiscal AMIA (UFI-AMIA), a cargo de Sebastián Lorenzo Basso y Julio Gonzalo Miranda, y la Cancillería argentina que conduce Santiago Cafiero le dio curso por vía diplomática.

En un escrito, el fiscal Basso adjuntó dos links de medios locales que informaron que Rezai llegó a Doha el último domingo y que fue recibido por el viceministro de Relaciones Exteriores de Qatar y el embajador de Irán en ese país.

Ante el pedido de la UFI-AMIA, y luego de corroborar la información sobre la visita de Rezai a Qatar (sede del Mundial de Fútbol 2022, en el cual el 21 de noviembre el seleccionado de Irán debutará contra su par de Inglaterra), Cafiero instruyó al embajador argentino en Doha, Guillermo Nicolás, para que haga efectivo el reclamo ante la Cancillería qatarí, que “se dé cumplimiento a las alertas rojas vigentes y se detenga” al vicepresidente iraní, indicaron a la agencia Télam fuentes del Palacio San Martín.

En enero pasado el Gobierno argentino expresó su “más enérgica condena” a la presencia de Rezai, requerido por la Justicia argentina por el atentado a la AMIA, en el acto de toma de posesión del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega.

“La Argentina expresa, como también lo ha hecho en agosto pasado ante la designación de Rezai como vicepresidente de Asuntos Económicos de la República Islámica de Irán, que su presencia en Managua constituye una afrenta a la justicia argentina y a las víctimas del brutal atentado terrorista contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), cometido el 18 de julio de 1994″, comunicó en esa oportunidad la Cancillería.

Ese documento también indicaba que “el Gobierno argentino exige una vez más al Gobierno de Irán la cooperación de manera plena con la Justicia argentina, permitiendo que las personas que han sido acusadas de participar del atentado contra la AMIA sean juzgadas por los tribunales competentes”.

El año pasado, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores había condenado la designación de Rezai que realizó el mandatario iraní, Ebrahim Raisi. 

Asimismo, el juez Rafecas extendió a mitad de año la vigencia de las alertas rojas de Interpol contra los iraníes acusados por el atentado contra la sede de la AMIA. Las órdenes de captura internacional con carácter prioritario para Interpol recaen sobre Mohsen Rezai, comandante del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución entre 1993 y 1994; Ahmad Vahidi, comandante de la fuerza Al Quds perteneciente al Cuerpo de los Guardianes de la Revolución al momento del atentado; Alí Fallahijan, ministro de Inteligencia y Seguridad de Irán entre 1989 y 1997; Ahmad Reza Asghari, tercer secretario de la Embajada de Irán en la Argentina hasta el 23 de julio de 1994 (cinco días después del ataque) y Mohsen Rabbani, consejero Cultural de Irán en Buenos Aires desde el 3 de marzo de 1994 hasta 1998.

Con información de agencias.

IG

En medio de la polémica generada en los últimos días, con cruces entre Cristina Fernández de Kirchner, funcionarios cercanos al presidente Alberto Fernández y pedidos de explicaciones varias por parte de los miembros de la oposición, y la renuncia del ministro Matías Kulfas incluida, la investigación sobre supuestas irregularidades en la obra del gasoducto Néstor Kirchner parece haber llegado a un punto muerto, después de que este jueves el Juez Federal Daniel Rafecas ordenó el archivo de la causa.

Tras hacerse de toda la documentación, tomar declaraciones testimoniales (entre ellas, las del propio Kulfas y del responsable hasta principios de junio de la obra, Antonio Pronsato) y escuchar a expertos, tanto en extracción como en transporte de gas, el magistrado concluyó que el proceso licitatorio “se viene realizando conforme a las normas”.

En su resolución, Rafecas tuvo en cuenta la urgencia de la puesta en funcionamiento del gasoducto Néstor Kirchner en un contexto de grave crisis energética y de combustibles.

En su fallo, el juez sostuvo que “todos los señalamientos han sido descartados por no ser ciertos”, y concluyó que la Justicia Federal “no está llamada a entorpecer o interferir en políticas estratégicas, a partir de denuncias apresuradas que, a poco de andar, se muestran inconducentes para sostener un caso penal”. 

Las frases salientes de Rafecas en su resolución

Sobre Techint

Sobre la chapa naval

Sobre las válvulas

Sobre Pronsato (Y la sospecha sobre un lobby de Cristóbal Lopez para ingresar a la obra)

El avance de la obra

Energía Argentina y la empresa SIAT S.A. firmaron este jueves el contrato para la provisión de cañerías para el gasoducto Presidente Néstor Kirchner y sus obras complementarias. Es una empresa del grupo Tenaris, de Techint.

“La firma de este contrato es un hito fundamental para este proyecto transformador, que sin dudas va a marcar el rumbo de la Argentina en los próximos 25 años y nos encamina hacia la soberanía energética”, afirmó el presidente de Energía Argentina, Agustín Gerez.

En un comunicado, agregó que “esto refleja el enorme esfuerzo y dedicación que le asignamos al proyecto para que el mismo pueda estar en condiciones operativas conforme al cronograma licitatorio de construcción”.

La empresa señaló que “de esta manera, Energía Argentina avanza a paso firme en la concreción de una obra estratégica para nuestro país”.

En la firma estuvieron presentes el secretario de Energía, Darío Martínez; el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo; y la subsecretaria de Hidrocarburos, Maggie Videla.

“El gasoducto Presidente Néstor Kirchner va a hacer posible que sectores residenciales, comerciales e industriales de nuestro país accedan a energía a precios competitivos, que por la coyuntura internacional se convirtió en un insumo crítico, impulsando así el empleo y la producción”, explicó Gerez.

ED/IG

El ingeniero Antonio Pronsato, exfuncionario que encabezó la unidad ejecutora de Enarsa a cargo del proyecto del Gasoducto Néstor Kirchner, y que negó este lunes ante la Justicia haber presionado para beneficiar a alguna empresa en la causa que investiga si hubo irregularidades en la licitación de la obra, dio detalles de su salida del proyecto.

Pronsato explicó que el proyecto comenzó a ralentizarse “después de Semana Santa” cuando “todas las decisiones, una detrás de la otra, no se tomaban”. En declaraciones al periodista Reynaldo Sietecase en Radio con Vos, el ingeniero aseguró desconocer las razones por las que sucedía eso: “No me contestaban. Ojalá me hubieran dicho ‘es por esto o por esto otro’, pero era peor, me decían sí, sí, sí, y después las cosas no ocurrían”, lamentó quien tenía a cargo la unidad ejecutora a cargo del gasoducto Néstor Kirchner hasta hace dos semanas, cuando presentó su renuncia a Enarsa y desató una crisis política que aún no acaba y que, por lo pronto, ya le costó el puesto a Matías Kulfas en el ministerio de Desarrollo Social.

Ante el juez Rafecas, Pronsato testificó con el objetivo de contestar sobre las cuáles eran a su entender las razones técnicas, políticas y organizacionales que paralizaron al proyecto y explicar las causas de su renuncia.

Este martes, en la entrevista radial, al igual que lo había hecho horas antes ante la Justicia, ratificó que “jamás” recibió presiones en el proceso de licitaciones y contratos que le adjudicaron buena parte de la obra a la empresa Techint. “Nunca recibí presiones. Trabajé ocho años bajo las indicaciones de Julio De Vido (exministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la República Argentina en las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, entre 2003 y 2015). Jamás se me dio indicaciones de poner o sacar un contratista o de forzar una licitación en una cuestión técnica. Muy por el contrario, se me decía ‘andá y hacé’”.

Según Pronsato, “la selección del tamaño y las dimensiones de los materiales no está en discusión, como se planteó durante la polémica salida de (Matías) Kulfas. No es que sea correcto para mí, es correcto para los libros. Uno tiene que ajustarse a la norma y a los cálculos”, detalló.

Asimismo, aseguró que sentía “vergüenza” porque el proyecto “esté paralizado, porque reporta una inmensa ganancia para el país. Se pierden de 3 mil a 6 mil dólares por cada minuto en el que no se hace nada”, sentenció.

La causa

Las líneas de investigación planteadas por la fiscalía, sobre las que deberá definir el juzgado son tres: el supuesto direccionamiento de la licitación en favor de Techint, la posible violación a la ley de compre nacional en relación a adjudicación para la provisión de válvulas y la posibilidad de que algún empresario hubiera ejercido influencias indebidas para quedarse con algún tramo de la obra.

En este expediente se acumularon denuncias presentadas por dirigentes de la oposición y abogados particulares inspiradas en el informe 'en off' que el viernes por la noche se difundió desde el Ministerio de Desarrollo Productivo con cuestionamientos al proceso licitatorio -que aún está abierto-; planteos que fueron rechazados y desmentidos por la empresa Ieasa (Integración Energética Argentina Sociedad Anónima) a través de un comunicado.

El sábado, en su respuesta, la empresa estatal Energía Argentina (Ieasa) criticó el “off” de Desarrollo Productivo al considerarlo “una nota carente de conocimiento técnico” y negó que se haya armado “un pliego de licitación a la medida de Techint”.

En esa réplica, la empresa aseguró que ese grosor en el laminado de la chapa responde a estándares internacionales que exigen determinados “alcances técnicos” para los gasoductos, en proporción a la extensión del trazado y la presión del gas a transportar.

Además, informó que para la adquisición de válvulas “el proceso licitatorio aún se encuentra abierto y será declarado fracasado, debido a que ninguna de las ofertas cumple con los plazos de entrega solicitados”, con lo cual respondió otro de los reproches incluidos en la nota 'en off' enviada por WhatsApp.

Con información de agencias.

IG 

El ingeniero Antonio Pronsato, exfuncionario que encabezó la unidad ejecutora de Enarsa a cargo del proyecto del Gasoducto Néstor Kirchner, negó este lunes ante la justicia haber presionado para beneficiar a alguna empresa, informaron fuentes judiciales con acceso al expediente en el que se investiga si hubo irregularidades en la licitación de la obra.

Pronsato declaró como testigo, bajo juramento de decir verdad, ante el juez federal Daniel Rafecas y negó haber sido objeto de tráfico de influencia o negociación incompatible por parte de algún funcionario para beneficiar a alguna empresa en la licitación, según detallaron las fuentes que están al tanto la declaración.

El exfuncionario explicó además que su renuncia se debió exclusivamente a las demoras en las tomas de decisiones requeridas para avanzar con la obra, que comenzó a advertir desde mediados de abril de este año, y por la notoria falta de coordinación entre los organismos intervinientes.

En la parte más “técnica” de la declaración, el ingeniero explicó que los caños de 36 pulgadas son los más eficientes y adecuados para la obra, descartó la posibilidad de usar chapa naval y fundó que el rechazo a pedidos de prórroga de otros posibles oferentes de caños en la premura de ejecutarla.

También advirtió que en la licitación de válvulas ningún oferente cumple con los plazos de entrega exigidos, dijeron las fuentes.

Esta declaración se produjo luego de que el viernes último el exministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, negara que la licitación hubiera sido direccionada en favor de la multinacional Techint.

“En ningún caso me consta que se hayan producido hechos de corrupción relacionados con la licitación del gasoducto Néstor Kirchner”, sostuvo el exministro al prestar declaración testimonial ante el juez Rafecas y el fiscal del caso Carlos Stornelli.

“Si hubiese tenido algún elemento que indicara posibles actos de corrupción los habría denunciado en sede judicial”, aseguró el exfuncionario nacional en la declaración testimonial que se concretó el viernes en el tercer piso de Comodoro Py 2002.

Este martes, habrá una junta de expertos en extracción de gas y el miércoles una reunión similar de especialistas en transporte de esa sustancia.

De la audiencia del martes participarán especialistas de cuatro empresas que extraen gas en Vaca Muerta (Pluspetrol, YPF, Tecpetrol y Total Austral) para que expliquen en calidad de testigos los “requerimientos técnicos” necesarios para la construcción del gasoducto; las previsiones y proyecciones de extracción y posterior transporte de gas.

La audiencia se llevará a cabo en una de las salas de juicio de los tribunales federales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro, y el juzgado previó que pueda ser grabada para luego ser difundida a través de YouTube, por el interés público que se suscitó en relación a este tema.

El miércoles 15, a las 10, se llevará a cabo una segunda audiencia a la que fueron convocados cuatro expertos designados por las empresas TGN y TGS (Transportadora Gas del Norte y del Sur), Enargas y Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires.

Después de las audiencias, quedará configurado un escenario probatorio a partir del cual el juez Rafecas podrá definir si corresponde seguir investigando la posibilidad de que hubieran sido cometidos ilícitos en la licitación ventilada o si corresponde archivar las actuaciones por inexistencia de delito.

Las líneas de investigación planteadas por la fiscalía, sobre las que deberá definir el juzgado son tres: el supuesto direccionamiento de la licitación en favor de Techint, la posible violación a la ley de compre nacional en relación a adjudicación para la provisión de válvulas y la posibilidad de que algún empresario hubiera ejercido influencias indebidas para quedarse con algún tramo de la obra.

En este expediente se acumularon denuncias presentadas por dirigentes de la oposición y abogados particulares inspiradas en el informe 'en off' que el viernes por la noche se difundió desde el Ministerio de Desarrollo Productivo con cuestionamientos al proceso licitatorio -que aún está abierto-; planteos que fueron rechazados y desmentidos por la empresa Ieasa (Integración Energética Argentina Sociedad Anónima) a través de un comunicado.

El sábado, en su respuesta, la empresa estatal Energía Argentina (Ieasa) criticó el 'off' de Desarrollo Productivo al considerarlo “una nota carente de conocimiento técnico” y negó que se haya armado “un pliego de licitación a la medida de Techint”.

En esa réplica, la empresa aseguró que ese grosor en el laminado de la chapa responde a estándares internacionales que exigen determinados “alcances técnicos” para los gasoductos, en proporción a la extensión del trazado y la presión del gas a transportar.

Además, informó que para la adquisición de válvulas “el proceso licitatorio aún se encuentra abierto y será declarado fracasado, debido a que ninguna de las ofertas cumple con los plazos de entrega solicitados”, con lo cual respondió otro de los reproches incluidos en la nota 'en off' enviada por WhatsApp.

Con información de agencias.

IG y DA

La causa por supuestos delitos en torno a la licitación del gasoducto Néstor Kirchner tendrá este lunes un segundo testigo clave para definir si el expediente avanza o se cierra. Se trata de Antonio Pronsato, titular de la Unidad Ejecutora de la megaobra hasta hace dos semanas, cuando presentó su renuncia indeclinable al cargo debido a las demoras en el avance del proyecto.

Citado para el mediodía, ingeniero civil especializado en gasoductos y también interventor de Enargas entre 2007 y 2015 -parte de la era de Julio De Vido-, Pronsato se presentará ante el juez federal Daniel Rafecas y el fiscal Carlos Stornelli para defender los pliegos de las licitaciones del gasoducto investigado “con el manual de termodinámica de la facultad de Ingeniería bajo el brazo y la NAG-100”, afirmó a elDiarioAR un allegado al exfuncionario. La NAG-100 son las Normas Argentinas Mínimas de Seguridad para el transporte y distribución de gas natural.

Pronsato es la cabeza del equipo de ingenieros, abogados y economistas que redactaron los pliegos de las licitaciones del gasoducto, entre ellas, dos que quedaron en la mira judicial por los dichos del exministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, que terminó relativizando ante la Justicia. El juez Rafecas sabe que este lunes le espera una audiencia con alto contenido técnico, uno de los fuertes de su segundo testigo en esta causa.

Curriculum

“Pronsato es responsable de las obras civiles de 5.000 kilómetros de gasoductos en Argentina -durante su gestión como interventor del Enargas- y entre otras cosas llevará también un documento de 37 páginas sobre cómo debe hacerse el gasoducto, y por qué se decidió que los caños tengas el diámetro determinado” -las renombradas 36 pulgadas-, explicó a elDiarioAR un hombre allegado al ingeniero, quien también contó que en el entorno de Pronsato debieron frenarlo para evitar que haga una conferencia de prensa desmintiendo a Kulfas la semana última. 

La clave de esas decisiones es la singularidad de Vaca Muerta, determinada por variables como de donde sale el gas; a dónde debe llegar; y cuánto gas y a qué presión tiene que transportar el gasoducto. “Para el gasoducto de Vaca Muerta, los caños deben transportar gas a una presión de unos 90 kilos por centímetro cuadrado. Para tener una dimensión, la explosión y derrumbe del edificio de Rosario en 2013 fue por una fuga de gas de un caño que transportaba 4 kilos por centímetro cuadrado. ¿Usted cree que se puede usar cualquier chapa de acero? ¿La de un auto o un barco?”, agregó la persona consultada. Estos son algunos de los puntos que justificarían cómo estuvo planeado el pliego de la licitación que ganó Techint para vender los tubos por casi US$500 millones.

Entre los 5.000 kilómetros de gasoductos en su haber, el ingeniero Pronsato tiene la obra civil de la ampliación de los gasoductos que ganó la constructora brasileña Odebrecht (gasoductos General San Martín y Neuba) gracias a una licitación a medida por la que el exministro De Vido y el ex secretario de Energía, Daniel Cameron, deben afrontar un juicio oral y público. Pronsato no estuvo imputado en la causa de los gasoductos de Odebrecht, que se centró en la etapa previa a su participación, aclaró un allegado ante la consulta. 

En aquel caso, funcionarios y ejecutivos de Odebrecht pactaron las condiciones para que la constructora brasileña se quedara con el contrato de los gasoductos de 2006-2008 por al menos US$2.300 millones. Se armó una licitación que sólo Odebrecht podía cumplir, según reveló Perfil en 2017 en base a documentos internos del Ejecutivo y confirmó la investigación judicial del fiscal Federico Delgado. El propio Rafecas fue juez de la causa.

El saliente ministro y hombre de confianza del presidente Alberto Fernández había sostenido en un texto distribuido entre periodistas que la licitación para la adquisición de los tubos de acero había estado hecha a medida de la multinacional ítalo-argentina Techint y que una segunda licitación de válvulas no había respetado la ley de compre nacional. Sin embargo, Kulfas negó este viernes ante la Justicia tener conocimiento de supuestos delitos y hechos de corrupción en torno a la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, de acuerdo con su declaración testimonial. 

Un día antes de las declaraciones de Kulfas, las autoridades de los Estados Unidos anunciaron que habían llegado a un acuerdo con Tenaris, principal compañía de Techint y la fabricante de los caños para gasoductos en cuestión, para que la compañía pague una multa de US$78,1 millones por haber supuestamente sobornado a un funcionario de Petrobras entre 2008 y 2013 para ganar contratos directos de caños para la industria petrolera y gasífera.

La otra renuncia

El gasoducto Néstor Kirchner fue planificado para transportar el gas que se extrae de Vaca Muerta, en Neuquén, hacia la provincia de Buenos Aires y luego a Santa Fe -en un segundo tramo-. La megaobra terminó siendo eje de las disputas constantes entre distintos sectores del oficialismo que derivaron además en las denuncias de opositores al Gobierno ante la Justicia. 

La crisis, además, pone en duda si el Ejecutivo podrá concretar la megaobra que el Presidente anunció para frenar la importación de gas que doblega las reservas de dólares del Banco Central y que ahora gira en torno a un expediente judicial.

La causa judicial se estructura sobre tres hipótesis: el supuesto direccionamiento de la licitación de los caños de acero; la adjudicación de la adquisición de válvulas para la megaobra a una empresa extranjera incumpliendo la ley de compre nacional; y supuestas presiones del empresario Cristóbal López para ingresar en el negocio que habrían dilatado el avance de la obra, que habían trascendido en artículos periodísticos.

La salida de Pronsato no es menor en la trama que comenzó públicamente con las declaraciones de la vicepresidenta en el acto por los 100 años de YPF, la respuesta redactada en altas temperaturas por parte de Kulfas y los posteriores dardos al entonces ministro por parte de la conducción del área energética del Gobierno en forma de comunicados oficiales. 

El ingeniero Pronsato renunció a su cargo el 30 de mayo último, cuatro días antes de que estallara la última crisis política del gabinete de Alberto Fernández con la vicepresidenta. Su salida podría significar la parálisis de la obra. Era el hombre con diálogo directo con las empresas, informó el medio especializado Econojournal, que viene siguiendo la trama del proyecto energético.

El nombre del exfuncionario reapareció en los medios de comunicación durante la última semana por la salida de Kulfas en medio de su disputa con CFK y los funcionarios de La Cámpora a cargo de llevar adelante la construcción del gasoducto de Vaca Muerta. 

Pronsato tendría además sus discrepancias no sólo con Kulfas por sus declaraciones sobre la licitación “a medida” de Techint sino también con el funcionario Agustín Gerez, gerente general de Enarsa (ex IEASA), la empresa pública responsable del gasoducto, y su jefe, el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, referente de La Cámpora en materia energética.

Antes de abandonar su cargo, Pronsato entregó a Gerez el pliego de la licitación central del gasoducto, informó Econojournal, que adelantó la salida del ingeniero en el marco de su “disconformidad con el escaso avance real de la obra, que lleva meses de retraso”. Hacía un mes y diez días que el presidente Fernández había anunciado la obra en Neuquén. 

¿Cuáles son los hechos que habrían motivado la renuncia del directivo? La demora en la firma del contrato con Tenaris de Techint y de la licitación de la construcción de la obra. Además, de la dilación en la entrega de los estudios de impacto ambiental de la provincia de Buenos Aires; y de la aprobación de una serie de documentos internos para poder reutilizar una planta compresora que había adquirido el Estado para el Gasoducto del Noreste (GNEA), reveló el periodista Nicolás Gandini en Econojournal.

Tras la declaración de Pronsato, Rafecas y Stornelli escucharán el martes a expertos designados por las cuatro petroleras que extraen gas de Vaca Muerta (Pluspetrol, YPF, Total Austral y Tecpetrol, esta última del grupo Techint); y el miércoles, será el turno de los especialistas de las empresas que transportan el gas (TGS y TGN o  Transportadora Gas del Norte y del Sur), por parte del Enargas y un experto de la Facultad de Ingeniería de la UBA.

Las audiencias de martes y miércoles se grabarán en una sala de los tribunales y se harán públicas más tarde por internet, a pedido del juzgado. “Rafecas tiene muy en claro que con este expediente también está en juego la continuidad de un gasoducto que es esencial para el país y lo último que quiere es que la causa demore la obra”, dijo a elDiarioAR una fuente cercana al magistrado, de buen diálogo con el presidente Fernández.

ED

El saliente ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, negó ante la Justicia tener conocimiento de supuestos delitos y hechos de corrupción en torno a la construcción del gasoducto Presidente Néstor Kirchner, según confirmó a elDiarioAR una fuente judicial con acceso al expediente. 

Ante el juez federal Daniel Rafecas y el fiscal Carlos Stornelli, Kulfas declaró por alrededor de dos horas como testigo y admitió ser el autor del off the record que se filtró el fin de semana y en el cual acusaba a los funcionarios de La Cámpora de haber realizado una licitación a medida de la multinacional ítalo-argentina Techint para la adquisición de los caños del gasoducto. Sin embargo, Kulfas dijo en el juzgado que no le consta el supuesto direccionamiento a favor de Techint y que entendió, después de haber sostenido esos dichos, que la premura de la licitación de las tuberías se debió a la necesidad de comenzar con la megaobra y “ahorrar divisas por imporación de gas”.

Kulfas dijo que sus expresiones no fueron más que discrepancias y discusiones políticas y de políticas públicas, ante lo que consideró un ataque injustificado hacia su Ministerio de parte de la vicepresidenta

“Lo primero que quiero manifestar -afirmó el exfuncionario en su testimonial- es que en ningún momento quise señalar o hacer mención de actos de corrupción”, aseveró Kulfas ante el juez y el fiscal. Mis declaraciones, que están registradas en dos radios, AM 750 y FM La Patriada (...)-aportó un pendrive-, hacían referencia exclusivamente a cuestiones de política pública y política industrial, y tenían que ver con un conjunto de declaraciones que había realizado la señora vicepresidenta de la Nación“ en el acto de YPF, ”las cuales consideré ofrensivas e injustificadas hacia nuestra gestión en el Ministerio de Desarrollo Productivo“, agregó Kulfas, de acuerdo con su declaración.

Kulfas negó así las sospechas de presunta corrupción que habían surgido a partir de los trascendidos del fin de semana, que generaron sus propios dichos. Su testimonio era central para el avance de la causa judicial. El exministro se negó a hablar con la prensa al ingreso de su declaración y buscó evadir a los periodistas al salir velozmente del tercer piso de Comodoro Py 2002. “Si hubiera tenido algún algún elemento que indicara la existencia de posibles actos de corrupción, los habría denunciado en sede judicial”, afirmó ante el juez.

En el marco de esa interna política, Kulfas sostuvo ante la Justicia que redactó un texto similiar al del off the record en el que afirmaba que los funcionarios de la empresa pública Enarsa (también llamada IEASA), cercanos a Fernández de Kirchner, habían realizado la licitación de los caños del gasoducto a medida de Techint y que lo envió a su secretaria de prensa para que tuviera información ante la consulta de periodistas, dijo, pero agregó que nunca tuvo la intención de que se difundiera de manera masiva entre periodistas. “No fue esa la orden que yo emití”, sostuvo.

Sobre los errores técnicos sobre los tubos del gasoducto, que los funcionarios de la empresa pública Enarsa (IEASA) -a cargo de la licitación- le enrostraron -también lo hizo indirectamente Paolo Rocca, de Techint en un discurso público esta semana-, Kulfas los atribuyó al apuro por emitir una respuesta al “ataque” de CFK, informó el juzgado. “Tiene algunas impresiciones, fruto del aputo de su escritura”, declaró. “He tenido muy poca relación directa con la señora vicepresidenta y nunca conversé con ella de este tema”, dijo Kulfas.

“En cuanto a la licitación en cuestión, la misma estuvo en cabeza de la empresa IEASA (Enarsa, empresa pública). El Ministerio de Desarrollo Productivo no tuvo una intervención directa en cuanto a las características técnicas de la licitación, sobre las cuales, naturalmente, no puedo opinar porque las desconozco”, sostuvo Kulfas. Aclaró que la Secretaría de Industria, que dependía de su ministerio, intervenido sólo en el marco del cumplimiento de la ley compre nacional, que obliga a los funcionarios para adquirir productos de origen nacional antes que importados en caso de que sean los adecuados y específicos.

Ante preguntas de Stornelli, Kulfas ratificó el texto de su renuncia, que se materializó en una carta de 14 páginas y respondió que no habló del tema con el presidente Alberto Fernández, a quien, aclaró, le presentó la renuncia informalmente el sábado último y vi por última vez el lunes, cuando dejó el Gobierno. “Dicha situación generó un malestar muy importante dentro de las máximas autoridades del Gobierno, y me pareció pertinente presentar mi renuncia para descomprimir una situación de tensión política”, declaró el exfuncionario. También dijo no tener relación con Agustín Gerez, presidente de IEASA (Enarsa).

Lo primero que quiero manifestar es que en ningún momento quise señalar o hacer mención de actos de corrupción.

El exfuncionario negó presiones para favorecer a determinada empresa o conocer presiones ejercidas sobre otros funcionarios, y dijo que no tenía ninguna participación en las licitaciones bajo investigación. Fue interrogado sobre este punto debido a que la causa se estructura sobre tres hipótesis: el supuesto direccionamiento de la licitación de los caños de acero por más US$490 millones; la adjudicación de la adquisición de válvulas para la megaobra a una empresa extranjera incumpliendo la ley de compre nacional; y supuestas presiones del empresario Cristóbal López para ingresar en el negocio, que habían trascendido en artículos periodísticos. 

Kulfas estaba citado como testigo pero el fiscal Stornelli lo había imputado por supuesta omisión de denuncia, ya que los funcionarios públicos están obligados por ley a denunciar la comisión de delitos que sean de su conocimiento. Sin embargo, en el juzgado de Rafecas analizaban este viernes que esa imputación contra el exministro quedaría “doblemente sepultada”: por un lado, porque Kulfas negó conocer la comisión de ilícitos; y por otro, porque de haberlo hecho, los funcionarios no tienen plazo para denunciar. Durante su testimonial, de hecho, el exfuncionario afirmó que si “hubiera conocido un hecho delictivo” lo “hubiese denunciado ante la Justicia”.

Cómo sigue

La causa continuará este lunes con una testimonial central: Antonio Pronsato, también exfuncionario. Pronsato era hasta hace unas dos semanas el titular de la Unidad Ejecutora del proyecto de transporte de gas, hombre clave en la licitación del gasoducto, quien habría presentado su renuncia por la demora en el avance de las licitaciones. Un ingeniero que fue interventor del Enargas en la era de Julio De Vido. En el Ejecutivo, se espera que Pronsato defienda la licitación y la obra, y presente las explicaciones técnicas que destierren un supuesto direccionamiento a Techint.

El martes deberán declarar como testigos expertos de las cuatro petroleras que extraen gas de Vaca Muerta (Pluspetrol, YPF, Total Austral y Tecpetrol, esta última del grupo Techint); y el miércoles, los especialistas de las empresas que transportan el gas (TGS y TGN o  Transportadora Gas del Norte y del Sur), por parte del Enargas y un experto de la Facultad de Ingeniería de la UBA.

Las audiencias de martes y miércoles se grabarán en una sala de los tribunales y se harán públicas más tarde por internet, a pedido del juzgado. “Rafecas tiene muy en claro que con este expediente también está en juego la continuidad de un gasoducto que es esencial para el país y lo últimos que quiere es que la causa demore la obra”, dijo a elDiarioAR una fuente cercana al magistrado, de buen diálogo con el presidente Fernández.

Industria nacional

La causa judicial a cargo de Rafecas nació tras una serie de denuncias que se presentaron en los tribunales federales esta semana. Las denuncias se basaron en un texto enviado por el Ministerio de Desarrollo Productivo, que conducía Kulfas. Fue luego de que el viernes último, durante el acto por los 100 años de YPF, la vicepresidenta apuntó contra Techint por su rol en la construcción del primer tramo del gasoducto y le pidió a Fernández que “use la lapicera” pero al revés, contra “los que tienen que darle cosas al país”. 

Fernández de Kirchner expuso que el Gobierno debe “pedirle (a Techint) que la chapa laminada que hacen en Brasil la traigan acá, con línea de producción para hacerla acá. Muchachos: no podemos seguirle dando 200 millones de dólares para que se paguen ustedes mismos en la empresa subsidiaria que tienen en Brasil. Pongan la línea de producción de chapa en Argentina, si han ganado fortunas en la Argentina. El balance, Alberto, del 2021, les triplicó lo del 2020”.

“La lapicera la tienen que usar los funcionarios de Cristina que fijaron las condiciones para darle la construcción de las cañerías del gasoducto de Vaca Muerta a Techint”, respondieron esa tarde en Desarrollo Productivo ante las consultas periodísticas. En AM 750, Kulfas aseguró tras el acto de YPF: “La empresa que hace la licitación es IEASA y está conducida por personas que tienen una relación muy cercana con la vicepresidenta. Ahí están establecidas las condiciones. Hace unos días hicimos el anuncio importantísimo de que Argentina vuelve a producir chapa naval. Esa chapa perfectamente se puede utilizar para hacer gasoductos. Entonces, tiene que ver con la manera en la que se establece la licitación y se desarrolla la obra”.

“Los que no usaron la lapicera como corresponde fueron sus funcionarios de IEASA. Ellos armaron un pliego de licitación a la medida de Techint y de la chapa que el grupo fabrica en Brasil, de 33 milímetros de espesor. Si en lugar de esa especificación hubieran puesto de 31 milímetros, como son los gasoductos en Europa, se podrían haber provisto caños desde otra firma que produce en Villa Constitución (Santa Fe): Laminados Industriales SA”.

Sobre dichas especificaciones técnicas y el desconocimiento sobre la compleja obra de Vaca Muerta, Rocca dijo en su discurso ante la Asociación Empresaria Argentina (AEA): “No hay que confundir milímetros con pulgadas”. Además, la empresa Laminados Industriales SA sostuvo el lunes último en un comunicado que no está en condiciones de fabricar esas chapas para el gasoducto. Kulfas dijo ante el juzgado de Rafecas que otras empresas nacionales podrían participar en la licitación de los caños pero recién sería en el futuro, “ni semanas ni meses”, aclaró. 

ED

El juez federal Daniel Rafecas convocó este jueves a una segunda audiencia con expertos en la causa que investiga supuestas irregularidades en el llamado a licitación para la construcción del gasoducto Néstor Kirchner en Vaca Muerta.

La nueva audiencia oral se fijó para el miércoles 15 de este mes a las 10 y fueron convocados cuatro expertos designados por las empresas TGN y TGS (Transportadora Gas del Norte y del Sur), Enargas y Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, informaron a Télam fuentes judiciales.

Para el martes próximo, el magistrado fijó ya una primera audiencia con los especialistas en los tribunales federales de Retiro para obtener un “mejor acercamiento técnico” sobre “las necesidades volúmenes de transporte de gas como de las exigencias técnicas para concretar dicho transporte mediante gasoducto”. En tanto, al quedar a cargo de la denuncia, citó para mañana al exministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas como testigo.

Para el próximo lunes 13 a las 12, está convocado también como testigo el exfuncionario de Enarsa Antonio Pronsato, quien renunció a su cargo al frente de la Unidad Ejecutora del gasoducto Néstor Kirchner en Enarsa, el pasado lunes 30 de mayo.

El martes de la próxima semana se realizará una audiencia con especialistas de cuatro empresas que extraen gas en Vaca Muerta, Pluspetrol, YPF, Tecpetrol y Total Austral para que expliquen al juzgado de Rafecas los “requerimientos técnicos” necesarios para la construcción del gasoducto.

Rafecas quedó a cargo de la causa al recibir por sorteo la primera de las tres denuncias que se presentaron en los tribunales federales de Retiro derivadas de la información off the record que tuvo origen en el Ministerio que comandó Kulfas hasta esta semana y vinculado a supuestas irregularidades y direccionamiento del llamado a licitación para la obra.

El contenido del informe en off' que el viernes último se difundió desde el Ministerio de Desarrollo Productivo con cuestionamientos al proceso licitatorio -que aún está abierto-, fue desmentido por la empresa a través de un comunicado.

El sábado, en su respuesta, la empresa estatal Energía Argentina (Ieasa) criticó el 'off' de Desarrollo Productivo al considerarlo “una nota carente de conocimiento técnico” y negó que se haya armado “un pliego de licitación a la medida de Techint”, por requerir una chapa con 33 mm de espesor y no de 31 mm.. Precisamente este será uno de los principales puntos en torno al cual girará la audiencia con expertos.

DL con información de Télam.

El exministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas fue citado como testigo para el próximo viernes en la causa que investiga supuestas irregularidades en el llamado a licitación para la construcción del gasoducto Néstor Kirchner.

La decisión fue adoptada por el juez federal Daniel Rafecas, quien levantó el secreto de sumario que impuso este lunes en la causa y ordenó nuevas medidas de prueba.

Kulfas deberá presentarse el viernes a las 10 en los tribunales federales de Retiro para declarar bajo juramento de verdad y también fue convocado para el lunes 13 de junio a las 12 un exfuncionario del área, Antonio Pronsato.

Además, el martes de la próxima semana se realizará una audiencia con especialistas de cuatro empresas que extraen gas en Vaca Muerta, Pluspetrol, YPF, Tecpetrol y Total Austral para que expliquen al juzgado los “requerimientos técnicos” necesarios para la construcción del gasoducto.

Por último el magistrado envió una nueva orden de presentación a la firma IEASA vinculada a otra licitación.

Paolo Rocca negó corrupción en la adjudicación

Paolo Rocca, dueño del grupo Techint, expuso este martes en el congreso por el 20 aniversario de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), justo horas después de estallara el escándalo por las obras del Gasoducto Néstor Kirchner que terminaron con la renuncia obligada de Matías Kulfas al frente de Desarrollo Social.  

“No hubo ni un hecho de corrupción ni un direccionamiento del pliego”, se defendió el empresario tras las versiones cercanas al ex ministro que aseguraban que la licitación que organizó la empresa estatal Enarsa, en manos del cristinista Agustín Gerez, había sido “a medida de Techint”. No contestó, en cambio, las críticas de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a que su grupo importe la chapa para los tubos desde Brasil en lugar de fabricarlos en la Argentina, donde hasta ahora no habría líneas de producción para elaborarla, según expertos.

“El Gobierno llegó un poco tarde por la financiación”, se refirió Rocca al proyecto del gasoducto necesario para elevar la producción de Vaca Muerta y llevarlo hasta la provincia de Buenos Aires, de modo de mejorar el abastecimiento interno, reducir importaciones en invierno -encarecidas por la guerra- y elevar las exportaciones de verano a Brasil y Chile. “El pliego para comprar el tubo es técnicamente indiscutible. El Gobierno hizo lo que tenía que hacer, pero los tiempos para llegar al invierno de 2023 (con la obra terminada) han sido muy cortos. Ni los chinos ni nadie pudieron llegar a hacer una oferta consistente. Tenaris (la fabricante de tubos de Techint), que es la líder en el mundo, llegó forzando la cadena para hacer una oferta. Ieasa (antiguo nombre de la rebautizada Enarsa) se encontró con un oferente. Podría haber olvidado la licitación, pero la hizo. No hubo ni hecho de corrupción ni direccionamiento del pliego. Puede que no simpatice con parte de la ideología (de este Gobierno), pero hicieron las cosas bien. Pero el sentido común se fue perdiendo en la grieta”, apuntó contra Kulfas. “No confundamos espesor con diámetro, milímetros con pulgadas”, se mofó.

Rocca advirtió que si continúa el “atraso” en la construcción del gasoducto, es “muy probable” que en lugar de llegar al invierno de 2023 con gas argentino a US$ 4 el millón de BTU (unidad de medida), se deberá seguir importándolo a 28. Recordó que Techint deberá producir más de 500 kilómetros de caños, que deberán instalarse desde agosto próximo. “Construir todo esto es una tarea compleja. Tenaris logró hacerla. Vaca Muerta debe ser una política de Estado. Tiene que haber un acuerdo de base. Así no se puede. Si queremos hacer un planta de GNL (gas natural licuado, el que se embarca y se podría enviar a una Europa que ya no quiere gas ruso), hacer planta de fertilizantes, enviar petróleo y gas al mundo, a Occidente, debemos construir políticas de Estado, preparar una ley hidrocarburos para grandes proyectos, dar seguridad, atraer inmensa inversión privada. No hubo corrupción ni direccionamiento -reiteró-. Hay un sentido común que debería prevalecer. 2500 millones o 3000 millones de dólares (de importaciones de gas) es la diferencia entre llegar o no al invierno en invierno del 23.”

Novedades en la causa

Rafecas obtuvo en las últimas horas copias digitales de toda la documentación oficial vinculada con la licitación del gasoducto Néstor Kirchner luego de recibir las denuncias que solicitan investigar supuestas irregularidades en el proceso abierto para definir qué empresas se harán cargo de esa obra.

La información fue obtenida mediante órdenes de presentación libradas por el magistrado a instancias del fiscal Carlos Stornelli, informaron fuentes judiciales.

Las órdenes de presentación fueron dirigidas a la empresa estatal Ieasa (Integración Energética Argentina Sociedad Anónima), a la que también se conoce como Energía Argentina; lo mismo hizo con el Ente Nacional de Regulación del Gas (Enargas) y la secretaría de Energía de la Nación.

“Se obtuvieron copias digitales de la información vinculada a la licitación que está en una etapa iniciática. Todo quedó bajo estudio”, informaron esta noche fuentes del caso.

En manos del juez Rafecas, titular del Juzgado Federal Nº 3, quedó radicada esta mañana la primera denuncia presentada por un abogado y relacionada con el supuesto direccionamiento de la licitación para la construcción del gasoducto.

Se trata de la denuncia para que se investigue la posible comisión de delitos vinculados con la función pública que presentó el abogado Santiago Dupuy de Lome, conocido en los tribunales de Retiro por haber impulsado múltiples demandas contra funcionarios del kirchnerismo y quien en 2015 -tras denunciar a Axel Kicillof- reconoció en un diálogo radial tener vinculaciones con el PRO.

Esa denuncia, como la que los diputados de Juntos por el Cambio Graciela Ocaña y Waldo Wolff presentaron hoy en Comodoro Py, está inspirada en el informe 'en off' que el viernes por la noche se difundió desde el Ministerio de Desarrollo Productivo con cuestionamientos al proceso licitatorio -que aún está abierto-, planteos que fueron rechazados y desmentidos por la empresa a través de un comunicado.

El sábado, en su respuesta, la empresa estatal Energía Argentina (Ieasa) criticó el 'off' de Desarrollo Productivo al considerarlo “una nota carente de conocimiento técnico” y negó que se haya armado “un pliego de licitación a la medida de Techint”, por requerir una chapa con 33 mm de espesor y no de 31 mm.

En esa réplica, la empresa aseguró que ese grosor en el laminado de la chapa responde a estándares internacionales que exigen determinados “alcances técnicos” para los gasoductos, en proporción a la extensión del trazado y la presión del gas a transportar.

Además, informó que para la adquisición de válvulas “el proceso licitatorio aún se encuentra abierto y será declarado fracasado, debido a que ninguna de las ofertas cumple con los plazos de entrega solicitados”, con lo cual respondió otro de los reproches incluidos en la nota 'en off' enviada por WhatsApp.

La difusión del escrito con las observaciones sobre el proceso licitatorio generó además una dura intervención de la vicepresidenta Cristina Kirchner desde sus redes, quien consideró “muy injusto” y “muy doloroso” recibir ataques de “funcionarios del propio gobierno del Frente de Todos”, a quienes acusó por hacerlo “sin dar la cara, en off, mintiendo y utilizando periodistas”.

El presidente Alberto Fernández coincidió en esa crítica al subrayar que es “éticamente reprochable hablar en off en desmedro de otro”, remarcó que él “no avala esos procederes” y, finalmente, le solicitó la renuncia al cargo a Matías Kulfas, quien será reemplazado por el embajador de la Argentina ante Brasil, Daniel Scioli.

Con información de agencias.

IG

Oficialismo y oposición coinciden actualmente en muy pocas cosas pero una excepción clara es que ambos sectores están de acuerdo en que la reforma judicial impulsada por el presidente Alberto Fernández en 2020 no será ley, al menos, dicen, por los próximos dos años, de acuerdo con las consultas realizadas por elDiarioAR a legisladores de ambas fuerzas. Un segundo proyecto clave, la nueva Ley del Ministerio Público Fiscal, principal apuesta del kirchnerismo puro contra el Poder Judicial, también retrocedió en el Congreso: volvió a foja cero en Diputados y Argentina está más lejos de tener un jefe o jefa de los fiscales, cargo vacante desde hace cuatro años. El dictamen de comisión que había logrado el kirchnerismo cayó con la renovación legislativa y será muy difícil para el oficialismo volver a conseguir esos números que tanto les costó en 2021.

Si bien ninguno de los dos proyectos de ley perdieron estado parlamentario, su supervivencia en el Congreso hoy sería testimonial. Juan Manuel López, diputado de la Coalición Cívica (Juntos por el Cambio) explicó a este medio que “al tener media sanción del Senado, para ambos proyectos se prorroga el estado parlamentario por un año más” pero confirma que la oposición está a años luz de apoyar ese proyecto en las circunstancias actuales.

“En el caso del proyecto de ley de reforma del Ministerio Público Fiscal, conseguir los votos para el dictamen de comisión fue difícil para el oficialismo ya en 2021. Con la nueva composición en la Cámara, será todavía más difícil volver a conseguir esos números”, agregó López. “Si los proyectos no son aprobados en 2022, entonces sí ambos perderán estado parlamentario en 2023”, aseguró, y entonces quedarán definitivamente fuera de agenda.

“Si nos ajustamos al reglamento de la Cámara, el dictamen de comisión caería a finales de febrero, principios de marzo, cuando se defina la conformación de las comisiones legislativas de Justicia y Asuntos Constitucionales”, se limitó a responder el diputado Rodolfo Tailhade (Frente de Todos), expresidente de la primera de esas comisiones. 

En el oficialismo, sin embargo, reconocen que la “tradición” en Diputados es que los dictámenes caigan en diciembre. Hay una ventana clave: el kirchnerismo tiene tiempo hasta finales de diciembre para forzar el tratamiento del proyecto en el recinto, con la extensión de las sesiones ordinaria. “Pero eso no va a suceder”, aclaró una fuente del bloque. No existe ni la remota posibilidad de consenso para lograr la ley en los próximos días y la prioridad es la agenda económica, afirman.

Mientras los proyectos se estancan en Diputados, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner logró sus propios triunfos personales en los tribunales federales. En lo que va de 2021, obtuvo tres sobreseimientos anticipados, previos a los juicios orales y públicos previstos en los casos Dólar Futuro, Memorándum con Irán y Hotesur-Los Sauces. En este último también iba a ser juzgado Máximo Kirchner, titular del bloque del Frente de Todos en la Cámara baja.

Un/una jefe para los fiscales

El oficialismo tenía hasta el 10 de diciembre para conseguir el quórum en la Cámara de Diputados y tratar en el recinto el dictamen de las comisiones legislativas de Justicia y Asuntos Constitucionales. Desde finales de 2017, Argentina no tiene un Procurador General de la Nación, cargo central en la vida democrática de un país: un jefe o jefa de los fiscales federales y nacionales que lleve adelante la política criminal y judicial del Ministerio Público Fiscal, que active los concursos para nombrar nuevos fiscales y que encabece la aplicación en todo el país del sistema acusatorio, a tono con lo que sucede en el resto del continente, donde los fiscales investigan y los jueces sólo juzgan.

Para conseguir su procurador, el Ejecutivo requiere que los dos tercios del Senado apruebe a su candidato. El proyecto, impulsado por el sector más afín a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, busca flexibilizar las condiciones para nombrar y desplazar al Procurador General de la Nación.

Conseguir la sanción de este proyecto era la “prioridad” de Martín Soria cuando asumió como ministro de Justicia, a finales de marzo. El entonces diputado se incorporó al Gabinete tras el desplazamiento de Marcela Losardo, a quien el kirchnerismo le adjudicaba el fracaso del avance de este proyecto y el de la reforma judicial.

El principal punto del proyecto es que el procurador o el jefe de los fiscales pueda ser elegido por mayoría absoluta en el Senado (el voto de más de la mitad de los presentes), en lugar de los dos tercios exigidos actualmente. También contempla que en Diputados alcance con una mayoría de la mitad más uno de los miembros presentes para iniciar el juicio político y buscar la destitución del procurador. Antes de las elecciones legislativas de noviembre, este proyecto hubiese permitido al Gobierno nombrar a su candidato sin un acuerdo con parte de la oposición. 

El candidato del Presidente para ocupar este cargo central es el juez federal Daniel Rafecas pero, a excepción de Elisa Carrió, tanto la oposición como el kirchnerismo se negaron a impulsar su pliego en el Senado, según reconocen opositores y oficialistas. El juez, además, se opuso públicamente a asumir si se lograba modificar las mayorías para elegirlo. La Procuración está a cargo de Eduardo Casal de manera interina. El funcionario es procurador ante la Corte Suprema y estaba en la línea de sucesión cuando Alejandra Gils Carbó presentó su renuncia, ante el embate del macrismo y un sector de los tribunales federales, en 2017.

La reforma que no será

Con este proyecto para intentar nombrar un Procurador con nuevas condiciones, el kirchnerismo puro desplazó como prioridad de la agenda legislativa al de reforma judicial del presidente Fernández, para el que el mandatario había convocado a una comisión de juristas que lo asesorara.

La reforma judicial también tiene media sanción del Senado pero nunca se trató en comisión de Diputados por lo que ni siquiera estaba en condiciones de pasar al recinto para su tratamiento como ley. 

Fernández propuso un reordenamiento de la Justicia federal en todo el país y en cuanto a los tribunales de Comodoro Py 2002, donde se investigan los casos de presunta corrupción del poder político, propuso fusionar el fuero con Penal Económico -que investiga casos de lavado, tributario y contrabando-, obligando a los jueces y fiscales federales a compartir su cuota de poder con los colegas de la sede de la calle Inmigrantes. Además, los juzgados a cargo de las causas contra el Gobierno pasarían de 12 jueces a 46 (los 12 penales, 12 penales económicos y otros 24 nuevos cargos).

ED

La nueva Ley del Ministerio Público Fiscal, principal apuesta del kirchnerismo contra el Poder Judicial, tiene una carrera contrarreloj para no quedar un año más en la nada. Si el oficialismo no consigue el quórum en la Cámara de Diputados antes del 10 de diciembre, el dictamen de las comisiones legislativas de Justicia y Asuntos Constitucionales que tanto trabajo costó al kirchnerismo caerá y el tratamiento del proyecto deberá volver a foja cero en la Cámara baja, confirmaron diputados oficialistas y opositores a elDiarioAR.

El objetivo de esta ley, impulsada por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y su sector político más afín, es flexibilizar las condiciones para nombrar y desplazar al Procurador General de la Nación, jefe de los fiscales y clave en el funcionamiento de los tribunales. Sólo una victoria holgada en las elecciones legislativas podrá reacomodar las fichas a favor del oficialismo.

Conseguir la sanción de este proyecto era la “prioridad” de Martín Soria cuando asumió como ministro de Justicia, a finales de marzo. El entonces diputado se incorporó al gabinete del presidente Alberto Fernández tras el desplazamiento de Marcela Losardo, a quien el kirchnerismo le adjudicaba la falta de militancia del proyecto de ley y por ende, su escaso avance en Diputados.

El principal punto del proyecto es que el Procurador General de la Nación, el jefe de los fiscales, pueda ser elegido por mayoría absoluta en el Senado (el voto de más de la mitad de los presentes). También, que en Diputados alcance con una mayoría de la mitad más uno de los miembros presentes para iniciar el juicio político y buscar la destitución del procurador. Eso permitiría al Gobierno nombrar a su candidato sin un acuerdo con parte de la oposición. 

El juez federal Daniel Rafecas es el elegido por Fernández para asumir como Procurador pero, a excepción de Elisa Carrió, tanto la oposición como el kirchnerismo demostraron su falta de voluntad para impulsar el pliego de Rafecas en el Senado, según reconocen opositores y oficialistas. El juez, además, se opuso públicamente a asumir si se lograba modificar las mayorías para elegirlo.

A cuatro meses de su asunción, Soria movió algunos casilleros para sumar número y lograr el quórum, logró los apoyos de algunos indecisos, como el diputado mendocino José Luis Ramón, pero los números para el quórum siguen siendo insuficientes. Las definiciones sobre candidaturas para este año, los heridos en las negociaciones por las listas y la resistencia de los diputados cordobeses -cuatro aliados del gobernador Juan Schiaretti- hicieron que Soria postergara la pelea, reconocieron dos fuentes oficialistas. 

Sin quórum

El proyecto de ley tiene media sanción en el Senado desde noviembre de 2020. Durante lo que va de 2021, el oficialismo logró votar un dictamen de mayoría en el plenario de las comisiones en mayo pero el tratamiento de la ley en el recinto de Diputados nunca fue posible. El kirchnerismo no consigue la cantidad necesaria de aliados que garanticen el quórum, según reconocen en el Frente de Todos. 

“Los dictámenes de comisiones parlamentarias se caen ante el recambio legislativo y eso es lo que sucederá en este caso el 10 de diciembre si el proyecto no se trata antes en el recinto”, explicó el diputado Juan Manuel López, presidente del bloque Coalición Cívica, que integra el interbloque de JuntosxelCambio. 

Entonces, el oficialismo deberá esperar a que se conformen las nuevas comisiones -que tendrán nuevos integrantes tras los resultados de las elecciones legislativas- para volver a analizar el proyecto y buscar un nuevo dictamen.

Vamos a estar muy atentos a cómo tratan de introducir este proyecto para su tratamiento.

Juan Manuel López — Diputados (Coalición Cívica).

“Seguimos trabajando sobre el número para alcanzar el quórum pero supongo que la campaña electoral va a complicar todavía más esto porque los diputados están en su provincias”, afirmó el diputado Rodolfo Tailhade (Frente de Todos), presidente de la comisión de Justicia, quien admitió que no ve posible que el proyecto sea tratado en el recinto.

“El dictamen cae el 10 de diciembre. Entre el 1° y 9 de diciembre, podrían intentar tratarlo en extraordinarias, cuando el dictamen actual todavía esté vigente. Después del 10, necesitan los dos tercios de los votos o volver a sacar dictamen y eso es muy difícil que suceda”, explicó López. 

El resultado electoral podrá cambiar la relación entre las fuerzas incluso antes del recambio de diciembre. “Están complicados pero no están tan lejos. Si ganan bien esta elección, la ley tiene más posibilidades de sancionarse antes del 10 de diciembre”, agregó el diputado López, en referencia a los acuerdos y el reacomodamiento de algunos diputados que una victoria electoral le garantizará inmediatamente al oficialismo. “Vamos a estar muy atentos a cómo tratan de introducir este proyecto para su tratamiento”, concluyó el opositor.

La otra reforma

El proyecto de ley que impulsó el kirchnerismo puro en el Congreso desplazó al de reforma judicial del presidente Fernández como prioridad legislativa en materia judicial. El anunciado proyecto del mandatario, para el que convocó a una comisión de juristas que lo asesorara, también tiene media sanción del Senado pero ni siquiera tiene dictamen de comisión en Diputados, confirmó una fuente oficialista en la cámara alta. 

Fernández propuso un reordenamiento de la Justicia federal en todo el país y en cuanto a los tribunales de Comodoro Py 2002, donde se investigan los casos de presunta corrupción del poder político, propuso fusionar el fuero con Penal Económico -que investiga casos de lavado, tributario y contrabando-, obligando a los jueces y fiscales federales a compartir su cuota de poder con los colegas de la sede de la calle Inmigrantes. Además, los juzgados a cargo de las causas contra el Gobierno pasarían de 12 jueces a 46 (los 12 penales, 12 penales económicos y otros 24 nuevos cargos). 

Las causas que importan

Los tribunales retoman este lunes la actividad, tras el final de la feria judicial de invierno, pero, en general, la agenda de los jueces y fiscales federales ya no sintoniza con la de los medios de comunicación o de la política. “Estamos muy cómodos”, fue la respuesta de uno de los magistrados más influyentes de Comodoro Py cuando elDiarioAR le preguntó cómo se sentía estar corrido de la tapa de los diarios, portales y medios audiovisuales.

El dictamen cae el 10 de diciembre. Entre el 1° y 9 de diciembre, podrían intentar tratarlo en extraordinarias, cuando el dictamen actual todavía esté vigente.

Juan Manuel López. — Diputado (Coalición Cívica).

Lejos de la vorágine que desataron jueces como Claudio Bonadio en 2014 o el fiscal Alberto Nisman en enero de 2015, la pandemia y el cambio de gobierno modificaron por completo la dinámica de los tribunales. No son las causas contra Fernández de Kirchner las que dominan el escenario sino Fernández de Kirchner con su objetivo de frenar los juicios en su contra, argumentando que llegaron hasta esa instancia debido a la supuesta arbitrariedad de jueces y fiscales que actuaron en connivencia con el gobierno de Mauricio Macri.

En 2021, logró ser sobreseída de manera anticipada en la causa Dólar Futuro y apuesta a lo mismo en la causa del Memorándum con Irán. Está siendo juzgada por el caso Vialidad por presunta corrupción en la obra pública en Santa Cruz y tiene pendiente juicios por Hotesur y Los Sauces, y el caso de los cuadernos.

En ese punto está puesta también la atención del ministro de Justicia, quien monitorea que los jueces y fiscales de Comodoro Py avancen en las causas contra el expresidente Mauricio Macri, la “mesa judicial” y los jueces que supuestamente actuaron contra Fernández de Kirchner en consonancia con el gobierno de Cambiemos, contó un allegado a la cartera de Justicia. 

Seguimos trabajando sobre el número para alcanzar el quórum pero supongo que la campaña electoral va a complicar todavía más esto.

Rodolfo Tailhade — Diputado (Frente de Todos).

Soria sigue de cerca procesos y denuncias, y busca que la propia Justicia federal presente las pruebas que podrían desarmar las acusaciones contra la vicepresidenta pendientes de juicio oral y público.

Este miércoles 4, será la segunda audiencia en el pre-juicio por el Memorándum con Irán. Luego de la exposición de la vicepresidenta, esta semana será el turno del Procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, además de otros tres de los acusados que también piden la nulidad del expediente y sus sobreseimientos antes del juicio.

Tanto Fernández de Kirchner como otros imputados por el presunto encubrimiento a los acusados del atentado a la AMIA de 1994 plantearon la nulidad de la causa. El 16 de julio, la funcionaria planteó que el juicio en su contra debe ser anulado ante la posible parcialidad de Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, los jueces de la Casación que ordenaron reabrir la investigación en 2016.

El pedido de Fernández de Kirchner se basa en la reciente aparición de Borinsky y Hornos en los registros de visitas al expresidente Macri en la Casa Rosada y la Quinta de Olivos poco antes de ordenar la reapertura de la causa ese año. En los despachos de ambos jueces rechazan los planteos de supuesta parcialidad. Estas visitas están siendo investigadas en Comodoro Py, tras una denuncia del diputado Tailhade.

ED

Eduardo Ezequiel Casal ingresó a la Justicia penal como empleado en 1977. En 1982, poco antes de recibirse de abogado, comenzó a trabajar en el juzgado de Julio Strassera hasta que en 1987 asumió como secretario letrado en la Procuración General de la Nación, organismo en el que se desempeña desde hace 34 años, según su curriculum. 

Entre 1992 y finales de 2017, cumplió la misma función: procurador fiscal ante la Corte Suprema, hasta que los designios de la política lo catapultaron como el jefe interino de los fiscales del país, aquellos que tienen el poder de impulsar o desestimar los expedientes judiciales que alcanzan desde la política y el poder económico hasta la vida y los derechos de millones. 

Hasta esa fecha, su función era dictaminar ante el máximo tribunal sobre los casos penales de menor relevancia política. Los casos de peso son reservados para la firma del o la titular del organismo, quien entonces era Alejandra Gils Carbó. Pero a finales de 2017, el gobierno de Mauricio Macri forzó la renuncia de su jefa y Casal asumió su cargo transitoriamente y por reglamento. Estaba en la línea de sucesión. Ese interinato terminó batiendo récord: supera los tres años y medio. 

Actualmente, de aquel hombre de extremado bajo perfil y clásica rutina judicial queda poco: se convirtió en el blanco del kirchnerismo en el Congreso, donde el sector del oficialismo encolumnado detrás de la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner lo acusa de haber articulado las políticas del Ministerio Público Fiscal con los intereses del macrismo, y de haber presionado y sancionado a fiscales que intervenían en causas directamente relacionadas con Macri o los intereses de su gobierno.

Tanto la permanencia como la salida de Casal plantean una encerrona para el oficialismo, mientras no logren los votos necesarios para tratar la nueva Ley del Ministerio Público Fiscal que le permitiría al kirchnerismo nombrar un procurador con mayoría absoluta del Senado y sin los dos tercios que hoy exige la ley. 

Macrista: ¿si o no?

Casal no es un hombre de la política, sostiene un hombre que lo conoce desde hace años y ha trabajado a su lado. Es un judicial puro, que oscilaba entre la academia, la burocracia y los expedientes, de bajo perfil e ideología conservadora, coinciden oficialistas, opositores, funcionarios de la Procuración y fiscales consultados por elDiarioAR. 

“Casal no es obediente ni responde al macrismo. Dictamina como él considera que debe hacerlo y su intención no es quedarse con el cargo de Procurador”, afirma ese hombre cercano al funcionario. La figura del interino no está pensada para durar tanto tiempo, resaltó la misma fuente, que prefiere el anonimato. 

Con Alberto Fernández en el poder, Casal dictaminó ante la Corte a favor de las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires y contradijo al oficialismo sobre los traslados de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. Esas son algunas de las decisiones que el kirchnerismo le reprocha. 

También sus jugadas alrededor del caso Correo Argentino SA: trasladó al fiscal Juan Pedro Zoni luego de que imputó a Macri y la fiscal Gabriela Boquin, quien también tomó decisiones clave en el caso que involucra a la familia del expresidente, declaró ante el Congreso que Casal le armó un sumario administrativo para presionarla. 

Mientras sea un órgano extra poder, la Procuración implica un límite a los poderes Ejecutivo y Legislativo, pero eso cambiaría si se convierte en un apéndice del Ejecutivo o un Ministerio de Justicia bis.

Andrés Gil Domínguez — Jurista.

La creación de una unidad antiterrorista -que en la Procuración destacan que fue apoyada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU)- y su cordial relación con la embajada de Estados Unidos son otras de las razones evocadas por el kirchnerismo para pedir su renuncia. 

Lo señalan, además, de haber apoyado al fiscal Carlos Stornelli cuando se resistió a ser indagado en la causa de supuesto espionaje ilegal en Dolores y quedó en rebeldía. En otros casos de fiscales denunciados la actitud fue diferente, sostuvieron legisladores oficialistas en la Comisión Bicameral de Seguimiento del Ministerio Público Fiscal.

Elisa Carrió y Pino Solanas llegaron incluso a pedirle por carta que defendiera al fiscal Federico Delgado, como trascendió en los medios durante 2018, mientras el entonces jefe de la AFI, Gustavo Arribas, avanzaba en la Justicia contra el fiscal. Algunos fiscales sostienen que defendió sólo al sector más puro de Comodoro Py.

El método del desgaste

“Mientras sea un órgano extra poder, la Procuración implica un límite a los poderes Ejecutivo y Legislativo, pero sobre todo al Ejecutivo, pero eso cambiaría si se convierte en un apéndice del Ejecutivo o un Ministerio de Justicia bis”, explicó el jurista Andrés Gil Domínguez en diálogo con elDiarioAR. Domínguez integró el Consejo Consultivo que convocó el presidente Fernández para la reforma judicial.

Casal tiene doce pedidos de juicio político y la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público escruta cada una de las decisiones que tomó en los últimos tres años y medio. “Sí, es desgastante”, admiten cerca del procurador interino, pero aseguran que no renunciará ni se jubilará, al menos no por el momento. “Vivimos contestando informes y aclaraciones a la Bicameral”. 

“Se siente fuerte porque tiene el apoyo pleno de Juntos por el Cambio y de Clarín, La Nación e Infobae. Se va a ir el día que cambiemos la ley para designar al Procurador”, afirmó en diálogo con este medio el diputado Rodolfo Tailhade (Frente de Todos), uno de sus principales críticos en el Congreso. Tailhade expuso el patrimonio del procurador interino en la comisión bicameral y provocó que Casal se denunciara a sí mismo ante la Justicia federal para que investiguen el origen de sus bienes. 

Los argentinos tenemos que agradecerle a Casal porque a pesar de los ataques ha decidido estar al frente de la Procuración para garantizar la independencia del Ministerio Público Fiscal.

Graciela Ocaña — Diputada (PRO).

“Un importante diputado de Juntos por el Cambio me dijo que Macri les había encomendado dos objetivos en 2020: que no salga la reforma judicial (impulsada por el presidente Fernández) y que Casal siga en el cargo”, afirmó Tailhade. “Su continuidad es central para Macri”, agregó. 

“Para el kirchnerismo es importante tener un procurador político, que la Procuración dependa más de la política. No sólo tiene que ver con garantizar la impunidad y la revancha contra Comodoro Py. Es filosófico”, sostuvo ante este medio Juan Manuel López (Coalición Cívica) ante la consulta. “Casal es lógico y razonable, por eso lo defendemos, pero no me parece sano que siga en el cargo”, afirmó el aliado de Elisa Carrió, quien ha manifestado también sus críticas a la oposición por la falta de voluntad para nombrar a un nuevo procurador.

“Los argentinos tenemos que agradecerle a Casal porque a pesar de los ataques ha decidido estar al frente de la Procuración para garantizar la independencia del Ministerio Público Fiscal”, opinó Graciela Ocaña, diputada por el PRO. 

Línea de sucesión

Casal es el segundo en la línea de sucesión por ser el procurador fiscal ante la Corte más antiguo en el cargo. Por eso quedó al mando tras la salida de Gils Carbó, quien le tenía confianza y le guarda aprecio, reconoce un excolaborador de la exjefe de los fiscales. Cada vez que ella debía ausentarse, dejaba a Casal a cargo del organismo. 

Tras su salida, el interino dijo ante varios presentes en la Procuración que se limitaría a mantener la casa en orden hasta la llegada de un nuevo Procurador titular. Sin embargo, varias de sus decisiones implicaron un giro que sorprendió a los colaboradores más cercanos a Gils Carbó. Se rodeó de hombres alineados con el sector más típico de los tribunales de Comodoro Py y con judiciales con buen diálogo con el gobierno de Macri. elDiarioAR pidió la opinión de Casal sobre su situación pero no obtuvo respuesta.

“La renuncia de Casal no traerá la solución. Mientras no tengan los votos para convocar a una sesión en Diputados y sancionar la Ley del Ministerio Público o no se pongan de acuerdo entre ellos con un nuevo candidato, la salida de Casal sólo extenderá el interinato”, aseguran en Comodoro Py.

Casal es lógico y razonable, por eso lo defendemos, pero no me parece sano que siga en el cargo.

Juan Manuel López — Diputado (Coalición Cívica).

En la línea de sucesión, se encuentra Laura Monti, la segunda Procuradora Fiscal ante la Corte más antigua, después de Casal. “Definitivamente no es aliada del kirchnerismo”, la definen en la Procuración.

El tercero en la línea de sucesión es Víctor Abramovich, también Procurador Fiscal ante la Corte desde 2015 y especializado en Derechos Humanos. Llegó por concurso y acuerdo del Senado, fue director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA. 

Algunos miembros de la oposición consultados sostienen que Abramovich encajaría más con el perfil de un procurador interino más cómodo para el oficialismo, pero ninguno de los oficialistas consultados lo menciona como opción. 

Un importante diputado de Juntos por el Cambio me dijo que Macri les había encomendado dos objetivos en 2020: que no salga la reforma judicial y que Casal siga en el cargo.

Rodolfo Tailhade — Diputado (Frente de Todos).

Para algunos de los principales legisladores del oficialismo en el Senado y Diputados tampoco es una opción el candidato de Alberto Fernández para la Procuración, el juez Daniel Rafecas. Su pliego duerme hace 14 meses en la cámara alta. 

La única opción para el kirchnerismo sería la nueva ley, explicaron Tailhade y otros representantes de las comisiones de ambas cámaras que se encargan del caso. 

El proyecto de ley del Ministerio Público Fiscal tiene media sanción en el Senado y dictamen de comisión en Diputados pero el oficialismo aún no pudo reunir los cantidad necesaria de diputados para tratarlo en el recinto. “Si logramos el quórum en Diputados, la ley sale”, se confía un legislador oficialista. 

Para lograr el quórum, el kirchnerismo necesita que 129 diputados se siente en el recinto y hoy no tiene los números suficientes a favor. Por eso, el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, les dijo a los diputados que esta ley “se vota con el culo”, según graficó un miembro de la bancada opositora. 

“No están tan lejos, son cuatro o cinco votos para lograr el quórum”, sostiene otro diputado opositor ante la consulta. La esperanza oficialista está puesta en sumar bancas en las próximas elecciones legislativas.

Un organismo en disputa permanente

“Los dos tercios para nombrar y remover al Procurador no se cuestionaron durante distintos gobiernos, como los de Carlos Menem y Cristina Kirchner. Esta discusión la abrió Juntos por el Cambio”, afirmó Domínguez. 

El jurista se refiere al proyecto de ley presentado en 2017 por el entonces presidente provisional del Senado, Federico Pinedo (Cambiemos). Al igual que el kirchnerismo, el macrismo y el radicalismo buscaban eliminar la duración vitalicia del Procurador; un límite de cinco años para ejercer en el cargo, con la posibilidad de una reelección, por única vez, para continuar por dos años más.

El proyecto, al igual que el actual, buscaba imponer dos de los puntos más polémicos: eliminar el requisitos de los dos tercios del Senado y poder designar al jefe de los fiscales con mayoría absoluta (la mitad más uno); y removerlo del cargo con el consenso de la mitad más uno de diputados y senadores. Como el proyecto no se aprobó y el Ejecutivo no tenía los dos tercios de los votos, Macri no pudo reemplazar a Casal con su candidata a la Procuración: la jueza Inés Weimberg de Roca.

“El interinato también tiene que instrumentarse con otro mecanismo -opinó Gil Domínguez-. Casal no pasó por ningún filtro para asumir en ese cargo, prolongado en el tiempo, sin acuerdo de los poderes Legislativo y Ejecutivo”.

ED

El kirchnerismo avanzó este miércoles en Diputados con el proyecto para una nueva Ley del Ministerio Público Fiscal mientras oficialistas y opositores se echan culpas por el congelamiento del pliego de Daniel Rafecas, candidato del presidente Alberto Fernández a la Procuración General de la Nación. La candidatura del juez Daniel para ser el jefe de los fiscales duerme en el Senado desde hace 14 meses y la imposibilidad de un acuerdo político para nombrarlo es el principal argumento del kirchnerismo para impulsar esta nueva ley.

En la madrugada del miércoles, el kirchnerismo obtuvo los votos para enviar un dictamen de mayoría y avanzar así con el tratamiento de la ley (que tiene media sanción en el Senado y fue modificada en las comisiones de la cámara baja). La discusión en torno al pliego de Rafecas también fue blanco del tenso debate entre los diputados durante el plenario de las comisiones.

La ley actual establece que se requieren los dos tercios del Senado para aprobar el pliego del candidato del Presidente. El kirchnerismo busca una reforma que baje las exigencias a una mayoría absoluta en el Senado (la mitad más uno del recinto). Además, propone que el cargo de Procurador ya no sea vitalicio sino que por un periodo de cinco años con la posibilidad de cinco años más. 

Es responsabilidad de ustedes que no haya un Procurador y en alguna medida también de la oposición.

Juan Manuel López — Diputado (Coalición Cívica).

La diputada Silvia Lospennato (Juntos por el Cambio) apuntó al oficialismo: “Ustedes decidieron dormir el pliego del candidato del Presidente”, “no nos vengan a responsabilizar por la decisión de ustedes”, afirmó, luego de apuntar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por la decisión de no tratar el pliego de Rafecas: (en) “un 30% dependió de la decisión de quien maneja el Senado”.

“Quieren hacernos caer en la trampa”, respondió un senador del oficialismo. La “trampa” es dejar expuesto que el Senado no trata el pliego de Rafecas por decisión del kirchnerismo, en clara disputa de poder con el Presidente, agregó. 

Durante el plenario del martes, la diputada Graciela Camaño (aliada de Roberto Lavagna) repartió culpas y habló de “la incapacidad política de la dirigencia” para llegar a un consenso y nombrar a un Procurador con los dos tercios de los votos del Senado. También hizo eje en la misma “incapacidad” para nombrar a un defensor del Pueblo, cargo vacante desde hace unos 12 años, recordó.

El postulante debe reunir actitudes que hasta ahora no se han visto.

Eduardo Martínez — Senador (Juntos por el Cambio), 29 de octubre de 2020.

“Hay que pedir disculpas a la sociedad por estar discutiendo esto ahora”, dijo el diputado Juan Manuel López (Coalición Cívica). “Es responsabilidad de ustedes que no haya un Procurador y en alguna medida también de la oposición”, reconoció el aliado de Elisa Carrió. 

Idas y vueltas

En octubre, la exdiputada había instado a la oposición a aprobar el nombramiento de Rafecas para evitar que el kirchnerismo puro, bajo el ala de Fernández de Kirchner, se imponga sobre el Presidente y avance con un candidato del riñón político de la vicepresidenta. Entonces, algunas voces de Juntos por el Cambio, en particular del ala radical, se opusieron a la propuesta de Carrió. 

El senador cordobés Eduardo Martínez sostuvo en un debate del 29 de octubre: “Esto es inaceptable por mi lado, y a su vez en nombre del bloque: esa necesidad y ese acuerdo para llegar a los dos tercios en relación a esa persona no existe ni existirá, porque este interbloque no admite influencias externas, tengan el peso que tengan”. “El postulante debe reunir actitudes que hasta ahora no se han visto”, dijo entonces el senador de Juntos por el Cambio, quien es vicepresidente de dos comisiones clave: Acuerdos y Justicia, además de integrar Asuntos Constitucionales.

Ustedes decidieron dormir el pliego del candidato del Presidente.

Silvia Lospennato — Diputada (Juntos por el Cambio).

Días más tarde, en una entrevista en Radio Mitre, el senador Luis Naidenoff (presidente del interbloque de Juntos por el Cambio) sostuvo que en el oficialismo “nunca han dado impulso al pliego de Rafecas”. “Hay un frente que te gobierna que necesita resolver las contradicciones, y este es el mejor ejemplo: hay un candidato planchado en el Senado”, dijo. “Más que preguntarle a Juntos por el Cambio hay que mirar lo que está pasando en el Senado. Antes que puedan pensar en qué posición vamos a adoptar nosotros, que se defina el Gobierno”, agregó.

Ante el avance, aún farragoso, de las negociaciones que encabeza el ministro de Justicia, Martín Soria, para obtener los votos necesarios para la nueva ley, Naidenoff y Mario Negri (jefe del interbloque de Juntos por el Cambio en Diputados) publicaron este martes un comunicado en el que exigieron al oficialismo tratar el pliego de Rafecas en el Senado. 

“El presidente de la Nación acusó a Juntos por el Cambio de bloquear la designación de Rafecas. Sin embargo, a más de un año del envío del pliego por parte del Ejecutivo, ha sido la presidenta de la Comisión de Acuerdos, Anabel Fernández Sagasti –del ala más próxima a Fernández de Kirchner- quien lo ha mantenido cajoneado y no ha respondido los pedidos de los senadores opositores para iniciar su tratamiento”, afirmaron Naidenoff y Negri.

Qué hacer con Rafecas

“La oposición está haciendo ahora lo que debería haber hecho hace meses: exigir que se trate el pliego de Rafecas y así evitar esta nueva ley”, dijo ante la consulta un activo fiscal de los tribunales federales que integra una de las líneas judiciales que se oponen a la reforma. 

En el juzgado de Rafecas sostuvieron a elDiarioAR que el magistrado quiere ser nombrado para el cargo, que está preparado para asumir y que no pierde las esperanzas. 

En el Senado, el oficialismo admite que no tiene una alternativa a Rafecas pero que ya no es una opción para el kirchnerismo. “Nunca tuvimos los dos tercios de los votos para nombrar a Rafecas por una sucesión de cosas: por un lado, la oposición se negó a tratar el pliego, se negaron a sesionar de manera virtual para su tratamiento”. 

Si a mitad del proceso para mi designación, se reduce por ley la mayoría necesaria en el Senado para nombrar al Procurador, eso será para mí un límite ético insuperable.

Daniel Rafecas — Juez federal, candidato a Procurador General de la Nación.

“Por otro lado, las declaraciones del propio candidato no cayeron bien en los senadores de las provincias”, afirmó un senador oficialista ante la consulta de este medio. “Los gobernadores y senadores provinciales no quieren que un juez porteño les ponga condiciones”, resumió el senador consultado. “También están las declaraciones de Carrió, de que Rafecas sería el ‘mal menor’ para la oposición. Con esos argumentos tampoco podemos avalar su candidatura”, agregó.

Rafecas sostuvo en dos oportunidades y a través de su cuenta de Instagram que no aceptará el cargo si no es elegido por los dos tercios del Senado, como marca la ley actual. Este martes, volvió a postear: “Si a mitad del proceso para mi designación, se reduce por ley la mayoría necesaria en el Senado para nombrar al Procurador, eso será para mí un límite ético insuperable, que me hará imposible seguir adelante con la postulación. Respeto otras posturas, pero esta es mi convicción, ética y jurídica”, aseguró Rafecas.

El proyecto de ley

Si bien logró el dictamen de mayoría para avanzar en el tratamiento de la ley, el oficialismo aún no tiene los votos necesarios para tratar el proyecto en el recinto, como adelantó elDiarioAR en marzo, ya que aún no cuenta con el quórum para convocar a la sesión.

El oficialismo sostiene que este proyecto debe ser sancionado para poder flexibilizar o facilitar el nombramiento del Procurador, un cargo que está vacante desde fines de 2017 debido a la falta de acuerdo de las fuerzas políticas. El expresidente Mauricio Macri no pudo lograr los votos para nombrar a su candidata, la jueza Inés Weinberg de Roca, y Fernández tampoco logra los apoyos para el suyo, Rafecas. 

La diferencia para el actual mandatario es que la resistencia a Rafecas también se siente en su propia fuerza política, según reconocieron a elDiarioAR fuentes del oficialismo parlamentario. “Nadie quiso tratar realmente el pliego del candidato del Presidente, ni siquiera su propia fuerza política”, señaló la autoridad de una de las entidades judiciales que se oponen a la nueva ley y que sostienen que “atenta contra la independencia del Ministerio Público Fiscal”. 

Ha sido la presidenta de la Comisión de Acuerdos, Anabel Fernández Sagasti –del ala más próxima a Fernández de Kirchner- quien lo ha mantenido cajoneado y no ha respondido los pedidos de los senadores opositores para iniciar su tratamiento.

Luis Naidenoff y Mario Negri — Jefes Interbloques Juntos por el Cambio.

La oposición, en cambio, señala, al igual que asociaciones de fiscales y abogados, que el kirchnerismo busca imponer un Procurador exclusivamente afín a su ideología política y “quedarse con el control de la Justicia en pos de garantizarse impunidad”, como manifestaron este martes autoridades de los bloques de la UCR.

Tanto en la oposición como en el oficialismo coinciden en una sola cosa: el pliego de Rafecas no avanza en el Senado debido a las idas y vueltas de la oposición y a las internas en el oficialismo, entre kirchneristas puros, que responden a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y el Ejecutivo.

ED