“No le peguen a los gobernadores”. La instrucción de Karina Milei fue breve, pero dejó en claro hasta dónde está dispuesta a llegar la Casa Rosada para ordenar la estrategia electoral de La Libertad Avanza de cara a 2027. Ocurrió el mes pasado, durante una reunión del bloque de diputados libertarios que, excepcionalmente, se realizó en el local partidario de San Telmo. La secretaria general de la Presidencia había ido a contener a la tropa propia, arengar por la reelección de su hermano y, sobre todo, advertirles a los legisladores que las disputas provinciales no podían poner en riesgo los acuerdos políticos que Javier Milei necesita para gobernar.

La orden tenía destinatarios concretos, aunque Karina prefirió no señalar a ninguno en particular. A medida que se acerca el calendario electoral, los dirigentes libertarios de distintas provincias empiezan a reclamar mayor protagonismo, mientras los gobernadores que colaboran con el oficialismo miran con desconfianza el crecimiento de las estructuras violetas en sus territorios. La paradoja es que Milei necesita a esos mandatarios para sostener su agenda legislativa, pero su hermana también quiere disputarles el poder en las provincias. Y no siempre ambas aspiraciones resultan compatibles.

La imagen que terminó de sintetizar esa tensión llegó unas semanas después, a miles de kilómetros de San Telmo. En París, los mandatarios posaron junto a los hermanos Milei. La escena buscó exhibir gobernabilidad y respaldo político al Presidente, pero detrás de la postal había intereses bastante menos coincidentes: varios de los gobernadores que compartieron la foto podrían terminar enfrentando candidatos libertarios en sus provincias el año próximo.

La contradicción atraviesa el esquema que diseña Karina para las elecciones de 2027. Lejos de una estrategia uniforme, la conducción libertaria trabaja sobre un mapa de acuerdos y disputas que cambia según el peso político de cada gobernador, su relación con la Casa Rosada y las posibilidades reales de ganar en su territorio. En algunos distritos, la apuesta será profundizar las alianzas que funcionaron en 2025; en otros, negociar una convivencia que garantice respaldo legislativo.

Las provincias donde Karina quiere ir por todo

Diego Santilli tiene por delante una tarea que resume buena parte de las contradicciones de la estrategia libertaria. Como jefe de Gabinete, es uno de los principales interlocutores de los gobernadores y participa de las negociaciones destinadas a conseguir respaldo parlamentario para las iniciativas de Milei. Pero, al mismo tiempo, su nombre aparece entre los posibles candidatos para enfrentar a Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires.

El territorio bonaerense ocupa un lugar central en los planes de la Casa Rosada. No sólo por su peso electoral, sino porque una eventual victoria sobre el peronismo permitiría al oficialismo consolidar su expansión territorial y debilitar a uno de los principales adversarios políticos del Presidente. Kicillof es, además, una excepción a la consigna de moderación que Karina transmitió en San Telmo. Con él no hay negociaciones electorales en marcha ni expectativas de construir una alianza: la apuesta libertaria es disputar directamente la gobernación.

Algo parecido ocurre en La Rioja, donde la conducción partidaria sueña con una eventual candidatura de Martín Menem contra Ricardo Quintela. El presidente de la Cámara de Diputados no sólo integra el círculo político más cercano a Karina, sino que conserva un apellido con una gravitación particular en la provincia. Su desembarco electoral permitiría poner a prueba si la influencia que acumuló en la estructura nacional de La Libertad Avanza puede traducirse en votos y organización territorial.

La ofensiva también contempla Córdoba, Misiones y Río Negro, donde el oficialismo pretende construir alternativas para enfrentar a Martín Llaryora, Hugo Passalacqua y Alberto Weretilneck, respectivamente. Son tres mandatarios que, con estilos y estructuras diferentes, consiguieron sostener sus oficialismos provinciales frente a los cambios políticos nacionales. La Casa Rosada apuesta a capitalizar el desgaste de esas administraciones y convertir el respaldo electoral a Milei en candidaturas competitivas.

El mapa de confrontación incluye además a Gildo Insfrán en Formosa, Gustavo Melella en Tierra del Fuego, Sergio Ziliotto en La Pampa y Elías Suárez en Santiago del Estero. En algunos de esos distritos, los libertarios admiten que sus posibilidades de ganar son reducidas, pero consideran necesario presentar alternativas propias. Para La Pampa aparece el nombre del vocero presidencial Adrián Ravier, mientras que en Santiago del Estero todavía no hay una figura definida.

Los aliados que conviene no molestar

La relación con Osvaldo Jaldo en Tucumán permite entender hasta dónde puede llegar el pragmatismo electoral de Karina Milei. El gobernador fue uno de los dirigentes peronistas que más colaboró con el Gobierno nacional y su acompañamiento resultó importante en distintas negociaciones legislativas. La Casa Rosada no quiere perder ese vínculo por una disputa provincial que, al menos por ahora, no considera prioritaria.

Por eso, entre las alternativas que circulan en el armado libertario aparece la posibilidad de promover candidatos más inofensivos, con escaso despliegue territorial y recursos limitados. No se trataría de abandonar formalmente la competencia electoral, sino de evitar una confrontación que obligue a los gobernadores aliados a romper con el Gobierno nacional. En Tucumán, el nombre asociado a esa estrategia es el de Lisandro Catalán, antiguo colaborador de Guillermo Francos en el Ministerio del Interior.

La misma cautela atraviesa las conversaciones con Raúl Jalil, aunque en Catamarca el principal problema es el futuro del propio gobernador. Jalil dejó trascender que no pretende continuar al frente del Ejecutivo provincial y que aspira a ocupar una banca en el Senado. Para Karina, el interrogante es qué ocurriría si su salida terminara favoreciendo a un sector menos dispuesto a colaborar con Milei.

En Santa Cruz, Claudio Vidal también forma parte del universo de mandatarios con los que el Gobierno pretende preservar una relación de colaboración. Los entendimientos con estos gobernadores tienen una característica común: no necesitan convertirse en alianzas públicas para resultar políticamente útiles. Pueden expresarse mediante candidaturas poco competitivas, campañas discretas y una decisión tácita de evitar ataques personales.

Hay, además, un conjunto de provincias donde la Casa Rosada prefiere mantener todas las alternativas abiertas. Neuquén ocupa un lugar especial dentro de ese grupo. Rolando Figueroa mantiene canales de diálogo con Balcarce 50 y es considerado un interlocutor relevante, aunque eso no significa que exista una alianza electoral definida.

Algo similar ocurre con Ignacio Torres en Chubut y Marcelo Orrego en San Juan. Ambos gobiernan provincias relevantes para las inversiones que promueve el oficialismo y mantienen vínculos políticos que podrían derivar en acuerdos electorales. En tanto, Claudio Poggi en San Luis, Carlos Sadir en Jujuy y Juan Pablo Valdés en Corrientes completan un universo de mandatarios con los que el oficialismo pretende explorar distintas fórmulas de entendimiento.

Cuando el problema está dentro de La Libertad Avanza

Las dificultades de la estrategia libertaria no provienen únicamente de los mandatarios provinciales. En varios distritos, los principales obstáculos para cerrar acuerdos están dentro del propio partido. Mendoza es uno de los ejemplos más claros. La conducción nacional pretende preservar su alianza con Alfredo Cornejo, que ya demostró su utilidad electoral durante los comicios legislativos de 2025. Sin embargo, las aspiraciones de Luis Petri de competir por la gobernación amenazan con complicar ese entendimiento. Por ahora, en el entorno de Karina prevalece la intención de priorizar el vínculo con el mandatario radical y buscar una salida política para el exministro de Defensa que no implique dinamitar los puentes.

Entre Ríos y Chaco aparecen como casos menos conflictivos. Rogelio Frigerio y Leandro Zdero mantienen relaciones estrechas con la Casa Rosada y forman parte del grupo de mandatarios con los que la conducción libertaria aspira a repetir los acuerdos electorales. Para Karina, esas experiencias ofrecen un modelo de convivencia en el que los gobernadores conservan el control de sus administraciones y La Libertad Avanza amplía su presencia territorial.

Pero esa fórmula no puede trasladarse automáticamente a todo el país. En Santa Fe, las conversaciones con Maximiliano Pullaro conviven con la intención de distintos sectores libertarios de construir una candidatura propia. Durante meses circuló el nombre de la diputada Romina Diez, una dirigente de extrema confianza de Karina, aunque también comenzó a mencionarse al abogado Marcos Peyrano como posible figura para disputar la gobernación.

En Salta, la interna adquiere un tono todavía más personal. Emilia Orozco, senadora nacional y una de las dirigentes libertarias con mayor proyección electoral en la provincia, mantiene una relación conflictiva con el esquema de los Menem. La legisladora ni siquiera participó del acto partidario que Karina encabezó esta semana en territorio salteño. El problema para la conducción nacional es que Orozco conserva un capital político que no resulta sencillo reemplazar, mientras la Casa Rosada intenta preservar su relación con Gustavo Sáenz, cuyo futuro electoral también está condicionado por una definición judicial sobre la posibilidad de buscar otro mandato.

La Ciudad de Buenos Aires presenta otra versión del mismo dilema. Allí, el oficialismo cuenta con Pilar Ramírez, una de las dirigentes más cercanas a Karina, pero también mantiene abierta la posibilidad de alcanzar un entendimiento con el PRO. La relación con Jorge Macri está lejos de ser sencilla y en Balcarce 50 consideran que cualquier negociación de fondo debería realizarse con su primo, Mauricio.

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Diego Santilli continuó este jueves su ronda con los gobernadores para buscar los apoyos que el Gobierno necesita en el Congreso, pero lo hizo en un escenario bastante más incómodo que el que imaginaba la Casa Rosada cuando organizó las reuniones. A menos de 48 horas del envío del Presupuesto 2027, el proyecto no solamente comenzó a despertar reclamos entre las provincias: también abrió una discusión dentro del propio oficialismo después de que Patricia Bullrich admitiera que algunos de sus puntos más sensibles ni siquiera habían sido informados en la mesa política.

El jefe de Gabinete recibió por la mañana, junto con el ministro de Economía, Luis Caputo, al gobernador de Jujuy, Carlos Sadir. Según la escueta información difundida oficialmente, durante el encuentro, que tuvo lugar en el Palacio de Hacienda, repasaron los proyectos legislativos que el Ejecutivo pretende llevar adelante. Más tarde, Santilli continuó la ronda con Gustavo Melella, de Tierra del Fuego. La reunión con el chaqueño Leandro Zdero, inicialmente prevista para este jueves, fue reprogramada para el 24 de septiembre.

La presencia de Caputo en el encuentro con Sadir adquirió una relevancia particular después de las primeras repercusiones del Presupuesto. Apenas dos días antes, el ministro había participado de la mesa política en la Casa Rosada y presentado allí las principales variables económicas contempladas para 2027. Pero, según reveló ahora Bullrich, hubo aspectos relevantes del proyecto que quedaron fuera de aquella conversación.

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado apuntó particularmente contra las modificaciones introducidas sobre la Ley de Discapacidad. “No estaba enterada, tenemos que corregir eso”, aseguró. Y fue todavía más explícita sobre cómo se procesó internamente la iniciativa: “Me sorprendió, porque estando en la mesa política del Gobierno el tema no salió a la luz. Llegó el Presupuesto 2027 al Congreso, con esta introducción de cambios en la Ley de Discapacidad, que no eran conocidos”. Bullrich incluso reconoció que el episodio tuvo consecuencias políticas. “Esto resiente un poco las relaciones”, advirtió.

Los primeros reclamos

La ronda con gobernadores había comenzado el miércoles por la tarde, cuando Santilli recibió conjuntamente a Raúl Jalil, de Catamarca; Juan Pablo Valdés, de Corrientes; Gustavo Sáenz, de Salta; y Osvaldo Jaldo, de Tucumán. Son cuatro mandatarios con canales de diálogo abiertos con el Gobierno y cuyos legisladores pueden resultar necesarios para aprobar una agenda que excede largamente la ley de gastos y recursos.

El comunicado oficial evitó entrar en detalles. La Jefatura de Gabinete informó que se había conversado sobre la situación del Norte Grande, la agenda legislativa y los asuntos pendientes entre la Nación y las provincias. Las declaraciones posteriores de los gobernadores, sin embargo, permitieron conocer algunos de los reclamos concretos que empezaron a aparecer sobre la mesa.

Al salir de la reunión, Jaldo contó que plantearon la situación de las compensaciones energéticas y explicó que, en el caso de Tucumán, pidió especialmente por las obras en las rutas nacionales. También hizo una aclaración significativa: los mandatarios recién estaban comenzando a estudiar el Presupuesto que el Ejecutivo había enviado al Congreso durante la noche anterior.

El Presupuesto establece un gasto total de $202,10 billones para la Administración Nacional y sostiene como condición central el resultado fiscal positivo. El equilibrio de las cuentas es el límite que Milei y Caputo se fijaron para cualquier negociación, pero también reduce el margen de Santilli para responder a los pedidos de los gobernadores sin modificar partidas o buscar compensaciones dentro del propio proyecto.

La “ley de leyes” es, de todos modos, apenas una parte de la conversación que el jefe de Gabinete pretende sostener con los gobernadores. La Casa Rosada necesita también construir apoyos para la reforma electoral, con la eliminación de las PASO como uno de sus principales objetivos, y para el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional vinculado con Malvinas, que acaba de ser enviado al Congreso.

Santilli deberá administrar todas esas discusiones al mismo tiempo. La ronda continuará la semana próxima y la reprogramación del encuentro con Zdero extenderá todavía más las conversaciones. La apuesta de la Casa Rosada es transformar el buen vínculo que mantiene con un grupo de gobernadores en votos concretos cuando los proyectos lleguen al recinto.

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Apenas unas horas después de que el Gobierno enviara al Congreso el Presupuesto 2027, Diego Santilli pondrá en marcha la negociación política necesaria para intentar convertir las proyecciones de Luis Caputo en una ley. El jefe de Gabinete recibirá entre este miércoles y el jueves a siete gobernadores en tres reuniones en la Casa Rosada, con una agenda que no se agotará en las cuentas públicas: el oficialismo también buscará apoyos para la reforma electoral y el nuevo proyecto sobre Malvinas.

La primera cita será hoy a las 15, cuando Santilli reciba a Raúl Jalil, de Catamarca; Juan Pablo Valdés, de Corrientes; Gustavo Sáenz, de Salta; y Osvaldo Jaldo, de Tucumán. Será el primer contacto formal con un grupo de mandatarios provinciales después de que el Ejecutivo girara el proyecto a Diputados y, sobre todo, el comienzo de una discusión en la que los gobernadores buscarán llevar la conversación desde las grandes variables macroeconómicas hacia un terreno bastante más concreto: cuánto dinero habrá para las provincias y qué margen existe para recuperar recursos y obras después de tres años de ajuste.

La ronda continuará el jueves. Por la mañana, Santilli recibirá junto con Caputo al gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, una presencia que le dará a ese encuentro un carácter particularmente económico. Pasado el mediodía será el turno del chaqueño Leandro Zdero y, por la tarde, el jefe de Gabinete cerrará las conversaciones con el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella.

Las reuniones representan el paso inmediatamente posterior a la mesa política que se realizó el martes en la Casa Rosada. Allí, Caputo presentó ante el núcleo político del Gobierno las variables con las que fue confeccionado el Presupuesto: 4% de crecimiento del PBI, una inflación promedio del 21,1%, salarios creciendo 25,4%, exportaciones superiores a los US$130.000 millones y un superávit comercial de más de US$15.000 millones. Para el dólar se calculó un promedio anual de $1.728.

El Gobierno también volvió a colocar el superávit fiscal como condición innegociable del programa. Ese punto será precisamente uno de los límites con los que Santilli deberá negociar con las provincias: cualquier concesión que implique mayores partidas deberá convivir con la decisión de Milei y Caputo de no poner en riesgo el equilibrio de las cuentas públicas.

La discusión comienza, además, sobre un Presupuesto que llega después de tres años de fuerte contracción del gasto. El proyecto establece $202,10 billones de gasto total para la Administración Nacional y, aunque contempla algunas recuperaciones respecto del presupuesto vigente, mantiene varias áreas muy por debajo de los niveles de 2023. Es allí donde puede aparecer una de las principales tensiones con los gobernadores, especialmente alrededor de la obra pública y la infraestructura, dos rubros que durante toda la gestión de Milei formaron parte de las negociaciones entre la Nación y las provincias.

La denominada “ley de leyes” comenzará a discutirse en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados durante la primera semana de octubre. Hasta entonces, la Casa Rosada intentará detectar qué reclamos provinciales pueden ser atendidos sin alterar el corazón del programa fiscal y, sobre todo, qué gobernadores están dispuestos a traducir el diálogo con Santilli en votos de sus diputados y senadores.

Una negociación que va más allá del Presupuesto

El oficialismo pretende aprovechar las reuniones para avanzar también sobre otras prioridades. Una es la reforma electoral, cuyo debate comenzó a moverse en el Congreso y para la cual La Libertad Avanza todavía necesita ampliar su base de apoyos. La modificación de las PASO y del sistema electoral exige una mayoría especialmente difícil de construir, por lo que la posición de los gobernadores vuelve a ser determinante.

El asunto fue discutido el martes en la mesa política. Patricia Bullrich repasó allí el comienzo del tratamiento en comisiones y el estado de las conversaciones parlamentarias. La estrategia oficial pasa por evitar una votación hasta contar con los números necesarios, mientras Santilli trabaja sobre los mandatarios provinciales que pueden inclinar a sus legisladores. Jalil y Zdero se encuentran entre los gobernadores que expresaron respaldo a la reforma.

El tercer tema será Malvinas. El Gobierno busca avanzar con el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, preparado durante las últimas semanas por la Cancillería y el Ministerio de Defensa, que contempla endurecer las sanciones contra empresas que desarrollen actividades en las islas sin autorización argentina. La iniciativa forma parte de la nueva ofensiva política que Milei puso en marcha alrededor del reclamo de soberanía y que ahora pretende trasladar al Congreso. Las tres discusiones tienen calendarios y dificultades diferentes, pero comparten una misma necesidad: votos que La Libertad Avanza no puede garantizar por sí sola.

PL

Diego Santilli desembarcará este miércoles en Posadas con una misión que excede largamente la agenda formal del Norte Grande. Apenas unos días después de que los aliados provinciales le marcaran un límite al Gobierno en el Senado, el jefe de Gabinete se sentará frente a los gobernadores de una de las regiones que más reclamos acumula contra la Nación y cuyos votos la Casa Rosada necesita para sostener la agenda legislativa de Javier Milei.

La excusa institucional será la 24ª Asamblea de Gobernadores del Norte Grande Argentino, que reunirá en el Parque del Conocimiento de la capital misionera a mandatarios y representantes de las diez provincias que integran el espacio. Además del anfitrión Hugo Passalacqua —en pleno proceso de ruptura con Carlos Rovira, su histórico padrino político y durante más de dos décadas conductor indiscutido del poder provincial—, el bloque está compuesto actualmente por Raúl Jalil, de Catamarca; Leandro Zdero, de Chaco; Juan Pablo Valdés, de Corrientes; Gildo Insfrán, de Formosa; Carlos Sadir, de Jujuy; Ricardo Quintela, de La Rioja; Gustavo Sáenz, de Salta; Elías Suárez, de Santiago del Estero; y Osvaldo Jaldo, de Tucumán.

La agenda comenzará a las 10 con la llegada de los gobernadores. Según informaron fuentes oficiales, a las 10.20 está prevista la fotografía institucional y a las 10.45 comenzará la asamblea. Los mandatarios atenderán a la prensa alrededor de las 12.45 y luego compartirán un almuerzo de trabajo.

El temario de la reunión contempla, entre otros puntos, el impacto que podría tener el fenómeno de El Niño y las herramientas de prevención y respuesta. Pero buena parte de la atención política estará puesta en el diálogo entre Santilli y los gobernadores.

Es que el jefe de Gabinete llegará a ese escenario convertido en uno de los principales encargados de recomponer los puentes entre la Casa Rosada y las provincias. Desde que asumió como ministro coordinador intensificó los contactos con mandatarios provinciales y comenzó a ocupar un lugar que para el Gobierno será cada vez más importante a medida que se acerque 2027: conseguir votos en el Congreso sin convertir cada negociación legislativa en una guerra con los mandatarios que después Milei necesitará para intentar reelegirse.

La advertencia más reciente llegó la semana pasada. El Gobierno consiguió la media sanción de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, pero tuvo que desprenderse de algunos de sus capítulos más ambiciosos frente a la resistencia de fuerzas provinciales. La modificación de la Ley de Tierras quedó afuera antes de la sesión y los cambios a la Ley de Manejo del Fuego terminaron cayéndose en el recinto. Los aliados acompañaron, pero antes obligaron al oficialismo a podar el proyecto.

La experiencia dejó una enseñanza incómoda en Balcarce 50: los gobernadores pueden ayudar a Milei, pero no están dispuestos a acompañarlo a cualquier costo. La mesa política encabezada este martes por Karina Milei volvió sobre esa dificultad y empezó a ordenar la agenda que viene bajo una lógica bastante más pragmática. Antes de abrir una nueva batalla, habrá que saber cuántos votos existen y, especialmente, qué precio político puede tener para la relación con las provincias.

Uno de los temas que sobrevolará la reunión de este miércoles en Posadas será el régimen de Zonas Frías. El proyecto ya obtuvo media sanción en Diputados y el Gobierno pretende destrabar su tratamiento en el Senado después de las conversaciones que Santilli mantuvo con distintos mandatarios. En paralelo, el Norte Grande busca aprovechar la discusión para introducir su propio reclamo: si existen beneficios para las regiones que soportan bajas temperaturas, también debería contemplarse el mayor consumo energético de las provincias sometidas durante buena parte del año a calores extremos.

De allí surgió la negociación para avanzar con un régimen específico para las denominadas zonas cálidas. La hoja de ruta que comenzó a discutirse contempla dos movimientos simultáneos: conseguir la sanción definitiva de Zonas Frías y, como contrapartida, impulsar una iniciativa destinada a compensar el mayor consumo eléctrico durante los meses de altas temperaturas en el norte del país.

El planteo energético tendrá además un capítulo propio en la agenda oficial. Los gobernadores discutirán una Estrategia Federal Energética que contempla nuevas rutas y tarifas de transporte dentro del sistema de gas y mecanismos para mejorar las condiciones de acceso a la energía en el norte argentino. También volverán sobre uno de los reclamos más persistentes desde la llegada de Milei al poder: el financiamiento de infraestructura.

Para un Gobierno que hizo del recorte de la obra pública una de las primeras banderas de su ajuste, el tema nunca resultó cómodo. Para los gobernadores, en cambio, sigue siendo una de las principales monedas de negociación con la Nación. Rutas, acueductos, energía y obras inconclusas forman parte de una lista de demandas que Santilli viene escuchando provincia por provincia mientras intenta construir una relación menos áspera que la que caracterizó buena parte de la primera mitad del mandato libertario.

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El Gobierno nacional comenzó a coordinar con las provincias y los municipios un esquema de prevención y respuesta frente al avance del fenómeno de El Niño, ante un escenario climático que podría generar mayores probabilidades de lluvias por encima de lo normal, tormentas severas e inundaciones durante la primavera y el verano 2026/2027.

El encuentro se realizó en Resistencia, Chaco, donde la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, se reunieron con autoridades de la región del Litoral y representantes de Paraguay.

La jornada se produjo en un contexto de creciente preocupación entre los organismos meteorológicos. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que las condiciones del sistema ENOS ya son compatibles con una fase cálida o El Niño y que existe una probabilidad cercana al 100% de que continúe durante el trimestre julio-agosto-septiembre. A su vez, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) prevé que el fenómeno continúe fortaleciéndose durante 2026 y estima un 81% de probabilidades de que alcance una intensidad “muy fuerte” entre octubre y diciembre.

Inundaciones y emergencias

La coordinación entre los distintos niveles del Estado se formalizó en el marco del II Consejo Regional de Seguridad Interior. Allí, el director ejecutivo de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), Santiago Hardie, presentó los principales lineamientos del Plan de Coordinación Federal ENOS 2026/2027.

El programa apunta a reforzar la articulación entre Nación, provincias y municipios para anticipar posibles impactos y mejorar la capacidad de respuesta frente a inundaciones y otros eventos asociados al fenómeno climático.

El plan contempla acciones de prevención, monitoreo permanente y coordinación operativa, con la participación del Servicio Meteorológico Nacional, el Instituto Nacional del Agua (INA), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y el Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias (SINAME).

Entre las medidas previstas se encuentran el desarrollo del Tablero ENOS del SINAME, que permitirá realizar un seguimiento en tiempo real de la evolución del fenómeno; la elaboración de modelos de riesgo para los municipios y la capacitación de equipos destinados a fortalecer la respuesta ante eventuales emergencias.

Las zonas bajo mayor riesgo

Las proyecciones climáticas señalan que las mayores probabilidades de precipitaciones superiores a los valores normales se concentran en el Litoral y sectores de la región pampeana, además del norte de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, Corrientes y Misiones.

El impacto potencial también alcanza a los grandes cursos de agua de la región. Si las lluvias previstas se intensifican durante la primavera y el verano, podrían aumentar las crecidas de los ríos Paraná, Uruguay e Iguazú y, con ellas, el riesgo de inundaciones en las zonas ribereñas.

El fenómeno también plantea un escenario complejo para el sector agropecuario. Las precipitaciones podrían mejorar la disponibilidad de humedad en áreas que atravesaron períodos secos, pero un exceso de agua puede provocar anegamientos, complicar las tareas de siembra y cosecha y favorecer la aparición de enfermedades en los cultivos.

Los especialistas, sin embargo, advierten que la intensidad de El Niño no permite anticipar cuántos milímetros de lluvia caerán en una localidad determinada. Los modelos estacionales muestran cambios en las probabilidades climáticas a gran escala, mientras que la evolución de cada tormenta depende de otros factores atmosféricos.

Nación y provincias revisan sus protocolos

La preparación ante el escenario climático ya comenzó en distintos puntos del país. En Santa Fe, por ejemplo, Protección Civil coordina mesas de trabajo con municipios y comunas ubicados en la cuenca del Paraná para actualizar los protocolos de emergencia.

En otras localidades también se activaron mecanismos preventivos. En el área del Delta del Paraná se reforzaron los sistemas de alerta temprana ante la posibilidad de lluvias intensas y sudestadas, mientras que municipios ribereños trabajan sobre eventuales esquemas de evacuación. En otras zonas se monitorean cursos de agua y se revisan planes para reducir el riesgo de anegamientos.

El senador nacional de La Libertad Avanza por Salta, Gonzalo Guzmán Coraita, planteó en una columna de opinión publicada este fin de semana la posibilidad de reformar la Constitución para resolver lo que definió como “treinta años de incumplimiento” en materia de coparticipación federal. La propuesta llega mientras el Gobierno administra de manera discrecional buena parte de los fondos que gira a las provincias, una práctica hoy cuestionada ante la Corte Suprema.

Guzmán Coraita, abogado y exdirector de la ONG Salta Transparente, repasó en un texto publicado en el sitio La Derecha Diario la concentración de recursos tributarios en manos de la Nación desde fines del siglo XIX y sostuvo que el actual sistema de coparticipación “no nació como respuesta a necesidades de las provincias”, sino para responder a urgencias del gobierno nacional. Propuso discutir de manera integral tanto el rol del Estado nacional en el reparto de recursos como la distribución geográfica del gasto público, y llamó a analizar “sin miedo” la eliminación del sistema vigente o su reemplazo por uno de mayor autonomía fiscal provincial.

El reclamo no es menor: la reforma constitucional de 1994 obligó a sancionar, antes de fines de 1996, una nueva ley de coparticipación acordada entre Nación y provincias. Esa ley nunca se aprobó. Tres décadas después, el reparto sigue regido por la Ley 23.548 de 1988, con parches sucesivos, mientras un instrumento paralelo y no automático —los Aportes del Tesoro Nacional (ATN)— permanece en manos exclusivas del Poder Ejecutivo.

Los ATN representan el 1% de la masa coparticipable y, a diferencia del resto de los fondos, no se distribuyen por una fórmula automática sino por decisión discrecional del Gobierno de turno. Bajo la gestión de Javier Milei ese margen se profundizó: entre enero y junio la Nación repartió $121.000 millones en ATN, dejó sin distribuir un saldo acumulado de 455.658 millones, y no giró un peso por ese concepto ni en mayo ni en junio, según la consultora Politikón Chaco.

El freno no se limitó a los ATN. El conjunto de las transferencias no automáticas a provincias y a la Ciudad de Buenos Aires cayó 87,7% real interanual en junio, a 48.300 millones de pesos, el nivel más bajo para ese mes desde 2005. En el semestre, los envíos sumaron 639.589 millones, un 61,8% menos que en igual período de 2025: el segundo peor primer semestre de la serie, detrás solo de 2024.

El reparto, además, fue desparejo. En junio, Buenos Aires concentró el 27,2% de las transferencias no automáticas, seguida por Corrientes y Santa Fe. En los ATN del año, Misiones fue la provincia más beneficiada. En el otro extremo, ocho de las 24 jurisdicciones —entre ellas Córdoba, La Rioja, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, La Pampa, Formosa, San Luis y CABA— no recibieron un peso de ATN en los dos años y medio de gestión libertaria, en su mayoría distritos gobernados por la oposición.

A los ATN se suma otra herramienta discrecional: los anticipos financieros a cuenta de coparticipación. Este lunes, el Gobierno oficializó por el Decreto 584/2026 un anticipo de hasta 400.000 millones de pesos para Córdoba, destinado a cubrir necesidades transitorias de caja y compromisos presupuestarios. La asistencia —justamente a una de las provincias que no recibió un solo peso de ATN en lo que va de la gestión— devengará una tasa fija anual del 15% y se devolverá durante este año mediante retenciones automáticas sobre los recursos de coparticipación de la propia Córdoba. El mismo mecanismo, con anticipos de hasta 400.000 millones, ya se había aplicado este año a Santa Fe y Jujuy, y por 220.000 millones a Entre Ríos.

Esa discrecionalidad es, precisamente, el objeto de una demanda que La Pampa presentó contra el Estado Nacional y que la Corte Suprema aceptó tratar en instancia originaria el 7 de mayo. El reclamo exige que el 1% de los ATN se distribuya “diaria y automáticamente” entre todas las provincias, en lugar de depender del Poder Ejecutivo. El tribunal le dio a la Nación sesenta días para responder, en un expediente que retoma antecedentes favorables a los reclamantes en las causas que Santa Fe y la Ciudad de Buenos Aires ya ganaron contra el Estado por motivos similares.

La columna de Guzmán Coraita se conoce, entonces, en un contexto en el que la discrecionalidad que él mismo cuestiona como síntoma de un federalismo fiscal fallido es, hoy, una de las principales herramientas de negociación política del Gobierno con los gobernadores. Mientras el Senado se apresta a tratar la agenda del segundo semestre, la coparticipación —y el uso de los ATN y los anticipos financieros como moneda de cambio para conseguir apoyos— vuelve a ubicarse en el centro de la relación entre la Casa Rosada y las provincias.

¿La Libertad Avanza debe intentar quedarse con las gobernaciones o le conviene convertir a los mandatarios provinciales en socios de la reelección presidencial de Javier Milei? Esa pregunta, que hace apenas unos meses parecía prematura, empezó a ordenar buena parte de las conversaciones de la mesa política del Gobierno, que anhela salir del atolladero en la que la dejó el caso Adorni. A medida que se acerca 2027, el oficialismo enfrenta un dilema que excede largamente el calendario electoral: construir poder territorial propio o administrar una red de alianzas con quienes hoy gobiernan las provincias.

La discusión supone, además, un cambio de paradigma para el propio mileísmo. Durante la campaña presidencial de 2023, Milei hizo exactamente lo contrario de lo que durante décadas había recomendado el manual de la política argentina. Recorrió relativamente poco el país, sin un partido nacional, apoyado en una alianza de sellos de goma, sin gobernadores, sin intendentes y con armados provinciales que, en muchos casos, terminaron de cerrarse apenas semanas antes de la elección. En varios distritos obtuvo resultados extraordinarios sin haberlas visitado durante la campaña y, en algunos casos, tampoco volvió a hacerlo una vez convertido en Presidente. La elección pareció demostrar que era posible conquistar el poder sin estructura territorial.

Ese razonamiento, sin embargo, tenía un límite evidente. Una cosa era ganar una elección presidencial apoyado casi exclusivamente en la figura del candidato y otra muy distinta gobernar un país federal siendo una fuerza claramente minoritaria en el Congreso. La experiencia de estos primeros años terminó modificando varias de las certezas originales del oficialismo. Cada ley importante obligó a negociar con gobernadores que, durante la campaña, parecían formar parte de esa “casta” que Milei prometía dejar atrás.

La necesidad parlamentaria, sin embargo, no eliminó otra ambición que empezó a crecer silenciosamente dentro del karinismo. Mientras la gobernabilidad era garantizada, Karina Milei aprovechó el tiempo para construir un partido nacional capaz de disputar el poder en cada distrito. Afiliaciones, escuelas de formación, incorporación de dirigentes, desembarco de referentes jóvenes y armado de mesas políticas provinciales comenzaron a multiplicarse en paralelo a las negociaciones legislativas. Para comprenderlo, vale la pena tomar algunos ejemplos.

Córdoba

Córdoba concentra hoy una de las discusiones más delicadas del oficialismo. Durante meses convivieron dos hipótesis: aprovechar el buen vínculo que Martín Llaryora mantiene con la Casa Rosada para explorar algún entendimiento político o avanzar con una candidatura libertaria propia que disputara la gobernación. En los últimos días, el diputado Gabriel Bornoroni se encargó de inclinar la balanza. Al anunciar públicamente que La Libertad Avanza tendrá candidato propio en 2027, envió un mensaje tanto hacia adentro de la oposición como hacia el peronismo provincial: la prioridad seguirá siendo la reelección de Javier Milei, pero eso no implicará resignar la pelea por el poder en Córdoba.

La definición también reordenó el tablero opositor. Sin confirmar si será él quien encabece la boleta, Bornoroni dejó prácticamente descartada la posibilidad de ceder el primer lugar de la fórmula a dirigentes aliados como Luis Juez o Rodrigo de Loredo. El mensaje cayó en un momento de creciente tensión con el radicalismo, después de que el diputado libertario profundizara el acercamiento a intendentes radicales que comenzaron a abandonar la órbita de De Loredo para sumarse al armado violeta. En paralelo, dentro de la coalición opositora ya dan por descontado que, si el candidato termina siendo Bornoroni, el resto de los espacios deberá redefinir su estrategia en función de esa decisión.

Eso no significa que hayan desaparecido los puentes con el llaryorismo. El gobernador mantiene uno de los vínculos más fluidos con la Casa Rosada y las negociaciones legislativas alimentaron durante meses las versiones sobre un posible entendimiento que incluyera el respaldo cordobés a la agenda parlamentaria del Gobierno a cambio de una competencia menos agresiva en la provincia. Sin embargo, en Balcarce 50 aseguran que hoy prevalece otra mirada: Córdoba fue uno de los distritos donde Milei obtuvo sus mejores resultados y renunciar a disputar la gobernación enviaría una señal de debilidad incompatible con la ambición territorial que Karina Milei busca imprimirle a La Libertad Avanza.

Santa Fe

Si Córdoba representa el debate, Santa Fe parece haber tomado una decisión. Allí la conducción de Romina Diez ya trabaja con la premisa de que La Libertad Avanza debe disputar directamente la gobernación en 2027 y convertir a la provincia en uno de los principales objetivos electorales del oficialismo. Después del buen desempeño obtenido en las elecciones de 2025, el espacio empezó a convencerse de que el sello libertario tiene volumen suficiente para competir por el poder provincial sin necesidad de integrarse a una coalición más amplia.

La diputada nacional conduce una mesa política que responde de manera directa a Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem, quienes intervienen en las principales definiciones del armado. A su alrededor se consolidó un núcleo de dirigentes integrado, entre otros, por el diputado Agustín Pellegrini, el titular del PAMI Rosario, Guido Orlandi, el apoderado partidario Marcos Peyrano y referentes territoriales que comenzaron a extender la presencia libertaria hacia las principales ciudades de la provincia.

En paralelo, el espacio también impulsa la construcción en universidades y centros de estudiantes, una estrategia que el karinismo considera clave para consolidar una nueva generación de cuadros políticos. La prioridad, repiten cerca de Diez, es consolidar primero un partido propio. Las alianzas, si llegan, serán una discusión posterior. El objetivo inmediato es construir una alternativa capaz de disputarle el poder a Maximiliano Pullaro.

Entre Ríos

En Entre Ríos, la prioridad de La Libertad Avanza no pasa todavía por definir candidaturas, sino por terminar de ordenar una estructura que durante buena parte de 2025 estuvo atravesada por fuertes disputas internas. Bajo la conducción del diputado provincial Roque Fleitas, principal referente libertario en la provincia y hombre de confianza de la mesa nacional, el espacio busca cerrar definitivamente una etapa marcada por conflictos que terminaron demorando la consolidación del partido.

El caso más emblemático fue el de Concordia, el segundo distrito electoral de la provincia, donde la elección partidaria terminó judicializada y dejó al espacio prácticamente acéfalo durante más de un año, obligando incluso a la intervención de Karina Milei para intentar desactivar el conflicto. Después de meses de enfrentamientos, los sectores que encabezaban Ignacio Cabrera y Eduardo Beswick comenzaron a negociar una conducción de unidad con el aval de la conducción provincial y de la mesa nacional. El objetivo es dejar atrás una interna que consumió buena parte de las energías del partido y llegar al año electoral con una representación legítima, capaz de contener a las distintas líneas internas y proyectar una estrategia común.

Recién una vez resuelta esa etapa aparecerá la discusión política de fondo: si conviene competir en soledad o, como ocurrió en 2025, explorar un entendimiento con el gobernador Rogelio Frigerio, uno de los mandatarios provinciales con mejor vínculo con la Casa Rosada. Nadie descarta ninguna alternativa. De hecho, la posibilidad de un acuerdo sigue sobre la mesa, pero en el oficialismo repiten que antes de negociar con otros partidos necesitan ordenar el propio.

Tucumán

La conducción de La Libertad Avanza en Tucumán decidió cerrar de antemano cualquier especulación sobre un eventual entendimiento con el gobernador Osvaldo Jaldo, uno de los mandatarios peronistas que más acompañó al Gobierno en el Congreso. El presidente del partido en la provincia, Lisandro Catalán, fue terminante al descartar esa posibilidad y sostuvo que el objetivo del espacio es construir una alternativa capaz de gobernar la provincia, no negociar lugares dentro del esquema político existente.

Con esa premisa, el exvicejefe del Interior anunció que en los próximos meses presentará una propuesta integral de gobierno para la provincia y para cada uno de sus municipios, en una estrategia que busca correr el eje de la discusión electoral hacia un proyecto de gestión propio. Al mismo tiempo, abrió las puertas a dirigentes provenientes del radicalismo, el PRO e incluso del peronismo, aunque con una condición: que acepten incorporarse al proyecto libertario sin exigir candidaturas como condición de ingreso. “Eso de 'me sumo si me toca algo' es exactamente lo que queremos desterrar”, resumió recientemente.

Las definiciones también alcanzaron a los posibles aliados. Catalán no descartó conversaciones con otros espacios opositores, como Fuerza Republicana, de Ricardo Bussi, pero aclaró que cualquier entendimiento deberá preservar la identidad de La Libertad Avanza. La única puerta que el oficialismo provincial considera definitivamente cerrada es la que conduce a Jaldo. “Representa al peronismo que gobierna hace más de cuarenta años la provincia. Nosotros venimos a revertir ese proceso”, argumentó en una entrevista con el sitio Sin Letra Chica.

Río Negro

Con el senador Enzo Fullone convertido en el principal armador de la provincia y en contacto permanente con la Casa Rosada, La Libertad Avanza de Río Negro viene incorporando dirigentes de otros espacios para ampliar su base territorial. La afiliación del diputado nacional Aníbal Tortoriello, ex candidato a gobernador por el PRO y uno de los dirigentes con mayor nivel de conocimiento en la provincia, terminó de despejar una de las discusiones internas que atravesaban al espacio y reforzó la idea de competir con un candidato propio en 2027.

La estrategia responde a la lógica que impulsa Karina Milei en buena parte del país: fortalecer primero el partido y resolver después las candidaturas. Aunque Tortoriello aparece hoy como uno de los nombres mejor posicionados para enfrentar al oficialismo de Alberto Weretilneck, tampoco se descarta que el propio Fullone dispute esa postulación. Más allá de quién termine encabezando la boleta, en el oficialismo aseguran que el objetivo no es cerrar un acuerdo con el gobierno provincial sino consolidar una alternativa libertaria capaz de disputar el poder después de más de una década de predominio de Juntos Somos Río Negro.

Misiones

Misiones aparece, quizás, como el laboratorio más avanzado del proyecto territorial que impulsa Karina Milei. La secretaria general de la Presidencia desembarcó este fin de semana en Posadas para inaugurar la Escuela de Dirigentes de La Libertad Avanza, una iniciativa que trasciende largamente la formación política y funciona como una señal del lugar que la conducción nacional le asigna a la provincia dentro del mapa electoral de 2027. El objetivo no es solamente capacitar militantes, sino acelerar la consolidación de una estructura permanente que permita al partido competir en cada uno de los 79 municipios misioneros.

La apuesta libertaria coincide, además, con un momento de transición para el oficialismo provincial. Después de más de dos décadas de hegemonía política, el espacio que conduce Carlos Rovira atraviesa una reconfiguración interna que quedó reflejada en el lanzamiento de Encuentro Misionero, la nueva identidad con la que el histórico Frente Renovador de la Concordia busca administrar la sucesión y ordenar sus propias tensiones. En la Casa Rosada siguen de cerca ese proceso y creen que las diferencias que empezaron a aflorar dentro del rovirismo podrían abrir una oportunidad inédita para una oposición que, hasta hace pocos años, parecía condenada a disputar apenas un puñado de bancas legislativas.

En ese contexto, tanto el presidente provincial de La Libertad Avanza, Adrián Núñez, como el diputado nacional Diego Hartfield salieron en las últimas semanas a despejar cualquier especulación sobre un eventual acuerdo con el oficialismo. Ambos rechazaron de manera terminante la posibilidad de una alianza con Encuentro Misionero y sostuvieron que la tarea encomendada por Javier y Karina Milei consiste precisamente en construir una alternativa liberal propia. “Tenemos muy buenos candidatos y pueden aparecer más outsiders”, aseguró Núñez, quien incluso se excluyó de la carrera por la gobernación para concentrarse en el armado partidario.

Formosa

Después de meses de tensiones internas, renuncias y acusaciones cruzadas sobre supuestos vínculos con el oficialismo provincial, La Libertad Avanza de Formosa inició una etapa de reordenamiento con la llegada de Marión Rodríguez a la conducción partidaria y el fortalecimiento del liderazgo del diputado nacional Atilio Basualdo, considerado por la Casa Rosada como el principal referente libertario en la provincia.

La renovación de autoridades busca cerrar definitivamente una interna que expuso las dificultades de construir un partido nuevo en un territorio dominado desde hace décadas por el peronismo de Gildo Insfrán. La salida del entonces presidente partidario, Esteban López Tozzi, quien justificó su alejamiento denunciando que algunos sectores pretendían mantener acuerdos con el oficialismo provincial, terminó acelerando esa reorganización.

Objetivo 2027

En la Casa Rosada empezó a consolidarse una lectura. El desgaste de muchos oficialismos provinciales, algunos después de décadas en el poder, abrió una oportunidad que La Libertad Avanza cree que puede aprovechar. El antecedente de 2023 sigue muy presente entre los estrategas libertarios: fue el año con mayor cantidad de elecciones desdobladas de la historia reciente y, al mismo tiempo, uno de los que registró más derrotas de gobiernos provinciales. Separar los comicios locales de la elección presidencial dejó de ser una garantía de supervivencia política. Para el karinismo, esa tendencia podría profundizarse en 2027.

Sobre ese telón de fondo se montó la negociación que hoy encabeza el flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, con los gobernadores. El objetivo inmediato es reunir los votos para suspender las PASO, una reforma que el Gobierno considera prioritaria de cara a los futuros comicios. Pero la conversación excede largamente las primarias. La propuesta oficial incluye rehabilitar las listas colectoras para la categoría presidencial, un mecanismo que permitiría a distintos mandatarios acompañar la candidatura de Milei sin necesidad de integrarse formalmente a La Libertad Avanza ni resignar el control de sus estructuras provinciales.

Después del Mundial comenzará, en los hechos, la carrera hacia el año que viene. Para Milei, ya no se trata solamente de volver a ganar una elección presidencial, sino de transformar un fenómeno político construido alrededor de un liderazgo personal en una organización capaz de sobrevivirle. La discusión sobre las gobernaciones, en el fondo, habla del intento de La Libertad Avanza por dejar de ser una fuerza que gobierna desde la Casa Rosada para convertirse, por primera vez, en un partido con poder territorial propio. Si logra alcanzarlo, solo el futuro lo dirá.

PL/MG

Incredulidad. Esa fue la sensación que predominó el día que empezó a correr la versión de un distanciamiento entre el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, y el líder indiscutido del oficialismo provincial, Carlos Rovira. El rumor apareció de manera casi subterránea, se expandió durante buena parte de 2025 y, en un principio, nadie quiso tomarlo en serio. No porque las diferencias entre ambos fueran imposibles —en política nunca lo son—, sino porque suponía poner en duda el principal activo que Rovira construyó durante más de dos décadas: su condición de conductor infalible.

El lanzamiento de Encuentro Misionero, el nuevo nombre que reemplazó al histórico Frente Renovador de la Concordia, y la decisión de Rovira de no competir el año próximo por una banca en la Cámara de Representantes —la primera vez desde 2007 que ni siquiera integrará formalmente el Poder Legislativo provincial— fueron leídos por todo el mundo como la señal más evidente de que el ciclo político inaugurado en 2003 había terminado. Pero la decisión de Passalacqua de competir por la reelección en 2027 le agregó un capítulo inesperado a esa hoja de ruta.

En Misiones existe una convicción instalada desde hace años. Que nada importante ocurre sin que Rovira lo haya previsto. Que ningún movimiento político escapa a su control. Que, incluso cuando parece retroceder, en realidad está varios pasos adelante. Sin embargo, esta vez algo empezó a desacomodar esa lógica. Un proceso silencioso, alimentado por gestos y conversaciones reservadas que terminaron encontrando una confirmación inesperada en las últimas semanas.

No es un dirigente cualquiera el que aparece ahora en el otro vértice de la disputa. Passalacqua, de 68 años, gobernó la provincia entre 2015 y 2019, volvió al poder en 2023 y supo ser uno de los hombres de mayor confianza del conductor. De perfil moderado y mucho más inclinado a la gestión que a la construcción partidaria, nunca había protagonizado un cortocircuito público con quien diseñó el sistema hegemónico que rige en Misiones desde comienzos de siglo. Por el contrario, Passalacqua siempre reconoció a Rovira como el cerebro más importante de la historia política de la provincia. Precisamente por eso, el episodio adquiere una dimensión inédita.

Fractura expuesta

Durante meses, todo permaneció en el terreno de las versiones. Nadie hablaba en público. Las diferencias se insinuaban en reuniones reservadas, en gestos cada vez menos disimulados y en el creciente malestar de un sector del oficialismo con el esquema de sucesión diseñado por Rovira. Hasta que el silencio empezó a resquebrajarse. Y no fueron dirigentes menores quienes decidieron hacerlo.

El primer paso llegó después de que el flamante Encuentro Misionero difundiera el listado de sus autoridades. Entre los nombres aparecía el del propio gobernador Passalacqua, junto al de ministros, intendentes y funcionarios que, según el entorno del mandatario, jamás habían autorizado integrar ese nuevo espacio. La respuesta no tardó en llegar.

Quien salió a fijar posición fue el ministro coordinador de Gabinete, Carlos “Kako” Sartori, uno de los funcionarios de mayor confianza de Passalacqua. “Tanto el gobernador como la inmensa mayoría de los funcionarios, dirigentes y militantes que lo acompañamos formábamos parte de un partido, la Renovación, que se extinguió, ya no existe más”, sostuvo, tajante. El funcionario fue todavía más lejos y acusó al nuevo espacio de haber utilizado “nuestros nombres sin autorización” y anunció que tanto el gobernador como el resto de los dirigentes presentarían formalmente su renuncia.

“Hay un grupo que formó otro espacio y abandonó ese proyecto llevándose, entre otras cosas, las fichas de afiliación”, afirmó Sartori. De manera inédita para la política misionera, por primera vez era el propio oficialismo el que hablaba de dos espacios distintos donde hasta hacía apenas unos meses existía uno solo.

Pocos días después llegó la confirmación política. La encargada de darla fue Viviana Rovira, prima del mandamás, pareja de Passalacqua y presidenta del Instituto Misionero de Biodiversidad (IMiBio). Durante un encuentro de mujeres realizado en Puerto Rico, frente a cientos de militantes, intendentes y dirigentes de toda la provincia, pronunció una frase que terminó de confirmar lo que hasta entonces circulaba únicamente por lo bajo. “Nuestro exconductor eligió irse a otro espacio. Nosotros nos quedamos donde estuvimos siempre. Ahora tenemos que volver a empezar juntos, pero con más fuerza”, arengó.

Desde el inicio del actual mandato, Viviana volvió a ubicarse en el centro de la escena como la dirigente de mayor confianza de Passalacqua y una de las principales articuladoras del trabajo territorial del oficialismo. Sin embargo, mucho antes de convertirse en una de las principales espadas políticas del actual gobernador, había ocupado un lugar central en uno de los episodios más decisivos de la historia reciente de Misiones: en 2006 encabezó la campaña por el Sí durante el referéndum convocado por Rovira para habilitar su re-reelección. Aquella consulta terminó con el triunfo del No impulsado por el entonces obispo Joaquín Piña y representó la mayor derrota electoral del conductor renovador.

El fin del tabú

Hasta hace poco, discutir el liderazgo de Rovira en Misiones era un ejercicio reservado a las sobremesas. La combinación de una estructura territorial aceitada, una oposición fragmentada y una economía provincial relativamente ordenada había convertido al exgobernador en una figura casi indiscutida. Incluso quienes cuestionaban aspectos de su gestión solían reconocerle una virtud política poco frecuente: la capacidad para anticiparse a los acontecimientos y mantener el control del sistema.

Ese consenso empezó a resquebrajarse durante 2024. La prolongada protesta policial y de docentes primero, y la irrupción de un discurso abiertamente anti-Rovira después, modificaron un clima político que llevaba años sin grandes alteraciones. Por primera vez desde la creación del Frente Renovador de la Concordia, en 2003, comenzaron a multiplicarse las críticas dirigidas no solamente contra el Gobierno provincial, sino contra el propio conductor del espacio. La figura de Rovira dejó de ser un tema vedado y empezó a ocupar un lugar central en la discusión pública.

Aunque el exgobernador sigue siendo el dirigente con mayor capacidad de decisión, la actual situación supone el inicio de una discusión que hasta hace muy poco era prácticamente un tabú: cómo administrar la sucesión del hombre que se acostumbró a ordenar la política misionera casi sin oposición interna. Y es precisamente alrededor de esa pregunta donde empezaron a aflorar las tensiones. Lo que hoy se discute dentro del oficialismo no es solamente quién gobernará Misiones después de Rovira. Se discute también quién administrará la estructura política, económica y territorial que construyó el exgobernador.

La pulseada con Passalacqua expresa dos maneras distintas de entender la relación de Misiones con el gobierno de Javier Milei. Durante los últimos dos años y medio fue Rovira quien se encargó de tender puentes con la Casa Rosada al preservar un vínculo de cooperación con el oficialismo nacional. Los diputados y senadores responden directamente a él. Y en momentos clave, garantizó el acompañamiento legislativo a los proyectos más polémicos de La Libertad Avanza. Esa estrategia le permitió mantener capacidad de negociación con un Gobierno que hizo del ajuste fiscal una de sus principales banderas.

Passalacqua, en cambio, nunca terminó de sentirse completamente cómodo con ese esquema. No solo por las diferencias ideológicas que tiene con Milei, sino por el lugar que le tocó ocupar. Mientras Rovira administraba la relación política con la Nación, el gobernador debía gestionar una provincia golpeada por el recorte de transferencias, la caída de la obra pública y una crisis cada vez más profunda en la producción yerbatera, uno de los principales motores económicos de Misiones.

Perestroika rovirista

La palabra no apareció en boca de nadie, pero la referencia resulta inevitable. A mediados de los años ochenta, el líder soviético Mijaíl Gorbachov bautizó como perestroika (“reestructuración”, en ruso) al paquete de reformas con el que intentó modernizar un sistema que él mismo buscaba preservar. Salvando las enormes distancias históricas, algo de esa lógica comenzó a percibirse en Misiones. Casi en paralelo con el lanzamiento de Encuentro Misionero, Carlos Rovira empezó a impulsar una batería de reformas políticas e institucionales que, al menos en el plano discursivo, revisan algunos de los pilares del modelo que él mismo consolidó durante más de dos décadas.

Los anuncios se hacen en “La Previa”, comos se denomina a las reuniones políticas que instauró Rovira a partir del 2024 y que se realizan antes de cada sesión ordinaria de la Cámara de Representantes. Desde abril, cada jueves convocó a dirigentes para anticipar los proyectos considerados estratégicos y fijar la línea política del oficialismo. El encuentro dejó de realizarse hace dos semanas, justo cuando la interna con Passalacqua comenzó a hacerse cada vez más visible.

Entre las iniciativas impulsadas figura una reforma electoral que incorpora la Boleta Única Partidaria y limita la polémica Ley de Lemas a un máximo de cuatro listas por fuerza política en cada municipio. Formalmente, el objetivo es reducir la proliferación de candidaturas y simplificar el proceso electoral. Pero en Misiones pocos creen que el alcance sea únicamente administrativo.

La discusión comenzó apenas unas semanas después de que 67 intendentes firmaran la denominada “Acta Acuerdo de Ruiz de Montoya”, un documento que proclamó a Passalacqua como la “máxima autoridad del Estado”, respaldó abiertamente su eventual reelección y reclamó mayor participación de los jefes comunales en las decisiones partidarias. En ese contexto, cualquier modificación que limite el peso electoral de los intendentes o restrinja su capacidad de construir poder territorial fue interpretada como un mensaje directo hacia el principal sostén político del gobernador.

A esa reforma se suman cambios en el Código Procesal Penal para profundizar el sistema acusatorio y la oralidad de los juicios, además de un proyecto de Ficha Limpia Misionera, que incorpora nuevas causales de inhabilitación para acceder a cargos electivos y prevé incluso controles toxicológicos para quienes aspiren a representar a la ciudadanía.

¿Passalacqua 2027?

Toda la discusión en Misiones gira alrededor del esquema de poder que Carlos Rovira pretende dejar armado para la próxima etapa. El conductor no imagina a Passalacqua encabezando nuevamente la boleta para buscar la reelección y convirtiéndose, eventualmente, en el primer político en la historia provincial en alcanzar tres mandatos. Su apuesta es otra: consolidar un recambio generacional con el actual vicegobernador Lucas Romero Spinelli como principal referencia institucional, pero acompañado por un esquema de poder mucho más amplio en el que Ramiro Rovira aparece ocupando un lugar cada vez más relevante.

Mientras el joven Romero Spinelli, de solo 36 años, representa la continuidad política del proyecto, el hijo mayor del exgobernador fue ganando protagonismo en el universo empresarial que comenzó a gravitar alrededor del oficialismo durante los últimos años. En la política misionera son cada vez más quienes leen ambos procesos como partes de un mismo diseño sucesorio.

Ese proyecto, sin embargo, empezó a encontrar resistencias dentro de la propia Renovación. Con el lanzamiento de Encuentro Misionero, Rovira conservó el núcleo juvenil que desde hace años viene formando alrededor suyo. Pero buena parte del resto del ecosistema político del oficialismo tomó otro camino. Intendentes, algunos ministros y dirigentes históricos comenzaron a presionar a Passalacqua para que se despegue de esa estrategia de Rovira, convencidos de que una eventual reelección del gobernador ofrecería una transición mucho menos traumática que un recambio generacional impulsado desde arriba.

La figura de Leonardo “Lalo” Stelatto, el intendente de Posadas, también genera cierto rechazo. Aunque continúa siendo uno de los dirigentes más cercanos a Rovira y aparece como una pieza importante dentro del esquema de transición que imagina el conductor, su eventual proyección provincial despierta fuertes resistencias entre buena parte de los jefes comunales del interior. Lo identifican como uno de los grandes beneficiarios políticos y presupuestarios del rovirismo durante los últimos años y sostienen que su candidatura difícilmente lograría sintetizar al conjunto del oficialismo.

¿Y si Passalacqua es, en realidad, la verdadera prenda de unidad de cara al 2027? Algunos lo creen posible. “Si Hugo encabeza, la Renovación tiene muchas más chances de ganar que de perder”, sostiene uno de los dirigentes que impulsa esa salida unitaria. Hay quienes afirman que lo que comenzó a ponerse en tela de juicio es algo más: el grado de autonomía que tendrá quien gobierne la provincia durante los próximos años. “Cerca de Passalacqua creen que pueden administrar mucho mejor con mayor independencia”, resume uno de los dirigentes consultados.

Escenario abierto

Dentro del oficialismo, sin embargo, el debate dejó hace tiempo de limitarse a las candidaturas. “No estamos hablando solamente de política. Estamos hablando de dinero”, sintetiza descarnadamente otra fuente que participa de las conversaciones. La frase resume una percepción bastante extendida dentro del oficialismo. Los rumores acerca de una revisión silenciosa de proveedores, contratos, estructuras de financiamiento y circuitos de negocios que durante años acompañaron al modelo de poder construido por Rovira se acrecentaron en las últimas semanas. Es en ese contexto donde algunos dirigentes empezaron a releer episodios que, vistos de manera aislada, parecían desconectados entre sí.

En el entorno de Passalacqua saben que la estrategia de romper con Rovira tendría un costo adicional. El exgobernador fue mucho más que el jefe político del oficialismo. Se trató, además, del principal arquitecto de la política extraprovincial del “misionerismo”. Mientras sus sucesivos delegados se concentraban en la gestión cotidiana, él se dedicaba a articular acuerdos que excedían largamente las fronteras de Misiones. “La Renovación hace tiempo hace política afuera, no adentro”, resume un dirigente que conoce de cerca ese funcionamiento.

La principal fortaleza política de Rovira no fue solamente su capacidad para ganar elecciones. Fue, sobre todo, la sensación de que siempre llegaba antes que los demás. Anticipó el colapso del bipartidismo provincial, sobrevivió a los cambios de signo político en la Casa Rosada, construyó una de las maquinarias electorales más estables del país y logró algo que muy pocos dirigentes consiguieron: retirarse formalmente del poder sin dejar de ejercerlo. Esa fama de estratega hizo que, durante mucho tiempo, cualquier movimiento suyo fuera interpretado como parte de un plan cuidadosamente diseñado.

Por eso todavía existen quienes desconfían de la veracidad de la interna. En la política misionera no faltan los que creen que es una escena minuciosamente montada, una nueva maniobra del propio conductor para volver a correr del centro de la escena a la oposición y reorganizar el tablero bajo sus propias reglas. La teoría no resulta extravagante en una provincia donde, durante dos décadas, casi todas las jugadas importantes terminaron llevando su firma.

Pero incluso si esa hipótesis fuera cierta, no modifica el dato político de fondo. El cambio de ciclo ya comenzó. La incógnita dejó de ser si habrá un después de Rovira. La verdadera pregunta es otra: ¿ese después será administrado en los términos que el propio Rovira consiga imponer o en los que se le terminen imponiendo desde afuera? Con una oposición todavía fragmentada y La Libertad Avanza que busca capitalizar el creciente sentimiento de hartazgo, esa disputa recién empieza.

En ese escenario, otra pregunta empieza a abrirse paso dentro del propio oficialismo provincial: ¿puede Passalacqua convertirse en el dirigente capaz de canalizar parte de ese descontento si decide romper con el sistema que lo llevó al poder, o el anti-rovirismo terminará encontrando su expresión política por fuera de la “caducada” Renovación? Esa respuesta, probablemente, defina la política misionera mucho después de que Carlos Rovira abandone definitivamente el centro de la escena.

PL

En la última semana de febrero y en forma paralela a votaciones claves en el Gobierno nacional, seis provincias recibieron Aportes del Tesoro Nacional (ATN) por $20.000 millones. Hasta el 22 de febrero la Casa Rosada no había enviado ni un solo peso de ATN a las provincias ese mes.

Un informe de la consultora Politikón Chaco reveló que febrero finalizó con giros de ATN a seis provincias por $20.000: Misiones, Salta y Santa Cruz captaron $4.000 millones cada una; Corrientes y Jujuy percibieron $3.000 millones por jurisdicción; y Neuquén recibió $2.000 millones.

La mayoría de ellas habían sido visitadas por el ministro del Interior, Diego Santilli, y se anudaron acuerdos que luego se reflejaron al momento de las votaciones.

Estos envíos generaron variaciones reales positivas superiores al 1.000% en provincias como Salta y Santa Cruz debido a la baja base de comparación interanual. El fondo total de ATN en febrero alcanzó los $85.047 millones, lo que marcó una ejecución del 23,5%.

Este nivel de reparto resultó levemente inferior al 25,7% registrado en febrero del año anterior. En el análisis del primer bimestre de 2026, el reparto de ATN acumulado fue de $27.000 millones sobre un fondo recaudado de $177.117 millones.

Esto representa una distribución del 15,2%, quedando un saldo sin ejecutar de $150.117 millones al cierre de febrero. Corrientes se mantiene como la principal beneficiaria del bimestre con $6.000 millones captados.

Con información de la agencia NA

El debate por la reforma laboral del Gobierno sumó en las últimas horas un nuevo eje de tensión política: gobernadores de distintos signos reclamaron a la Casa Rosada eliminar o modificar la rebaja del Impuesto a las Ganancias para empresas incluida en el proyecto de “modernización laboral”, al advertir que la medida recorta recursos coparticipables y afecta de manera directa a las finanzas provinciales.

Según la Noticias Argentinas, la presión provino tanto de mandatarios aliados como opositores y se intensificó a pocas horas de que el Senado comience a debatir la iniciativa en sesiones extraordinarias. El reclamo se apoyó en el impacto fiscal que tendría la reducción del tributo, que forma parte de los ingresos que la Nación distribuye a las provincias.

El conflicto se volvió central porque los gobernadores condicionaron su respaldo legislativo a la reforma laboral a la resolución de este punto. En la mesa de negociaciones, exigieron que el Gobierno nacional asuma el costo fiscal, modifique el esquema o postergue la medida. De lo contrario, advirtieron, el apoyo político quedará en duda.

De acuerdo a la información oficial citada por NA, la rebaja del Impuesto a las Ganancias para sociedades y empresas —incluida en el proyecto que impulsa el presidente Javier Milei— implicaría una pérdida estimada de hasta $3 billones en recursos coparticipables. Ese impacto explica la resistencia de los mandatarios, incluso de aquellos que acompañan el rumbo general del Ejecutivo.

Entre los distritos más afectados se encuentran Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, que lideran el ranking de provincias con mayor pérdida proyectada, con un índice estimado superior a $1 billón en cada caso. La advertencia encendió alarmas en los gobiernos provinciales, que enfrentan restricciones presupuestarias en un contexto de ajuste y caída de la recaudación real.

Los gobernadores aliados al oficialismo, como Gustavo Sáenz, Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil, expresaron su disposición a acompañar la reforma laboral, pero reclamaron garantías fiscales concretas. En ese marco, plantearon dos alternativas: que la Nación absorba el costo de la rebaja o que la medida se postergue hasta 2027.

La tensión se instaló cuando el Ejecutivo defendió la reducción del impuesto como un instrumento para mejorar la rentabilidad empresaria y estimular la inversión, aun cuando el costo recaiga sobre las provincias. Para los mandatarios, el esquema implica trasladar el ajuste a los territorios sin compensaciones claras.

Desde el Gobierno nacional, sin embargo, la posición se mantuvo firme. Según NA, el Ejecutivo insistió en sostener la rebaja de Ganancias, aunque en las últimas horas comenzó a evaluar alternativas para no poner en riesgo la sanción de la reforma laboral. Entre ellas, se analizó la posibilidad de sacrificar el capítulo fiscal para garantizar la aprobación del proyecto impulsado por La Libertad Avanza.

La negociación dejó expuesta la lógica que atraviesa el tratamiento legislativo: la reforma laboral se convirtió en una ficha de canje en una disputa ajena a las condiciones de trabajo. Mientras se discuten impuestos, coparticipación y costos fiscales, el contenido laboral del proyecto —que modifica normas centrales de la relación entre empleadores y trabajadores— quedó subordinado a acuerdos políticos.

En el otro extremo, gobernadores que ya rechazaron la reforma mantuvieron una posición intransigente. Gildo Insfrán, Sergio Ziliotto, Gustavo Melella y Axel Kicillof ratificaron su rechazo a la reforma laboral, con o sin modificaciones en el Impuesto a las Ganancias.

Ese posicionamiento marcó un límite político claro: para esos distritos, el problema no es solo fiscal, sino el contenido mismo del proyecto, que consideran regresivo para los derechos laborales y perjudicial para quienes trabajan.

El escenario refuerza una constante del debate actual: las condiciones de empleo quedan fuera del centro de la discusión, mientras el foco se desplaza hacia la ingeniería fiscal y las negociaciones de poder. La reforma laboral avanza así como parte de un paquete más amplio, donde los derechos de los trabajadores funcionan como variable de ajuste en un intercambio entre Nación y provincias.

A horas de que el Senado abra el debate, el Gobierno enfrenta un dilema político: sostener el capítulo fiscal y arriesgar apoyos clave, o ceder en Ganancias para asegurar la sanción de una reforma laboral cuestionada por sindicatos, trabajadores y sectores de la oposición. En ninguno de los escenarios, el eje del debate se corre hacia la protección del empleo o la recuperación del salario, que continúan ausentes de la negociación.

JJD

El Gobierno profundiza las negociaciones para acelerar hacia fin de año el Presupuesto 2026 y las reformas que quiere Javier Milei a nivel laboral e impositivo. Desde este lunes habrá nuevas visitas de gobernadores a la Casa Rosada y ya se prepara una nueva cumbre de los mandatos provinciales con el Presidente, una vez que asuma Diego Santilli este martes como ministro del Interior.

La agenda oficial prevé para este lunes que Santilli, aún sin asumir, reciba junto al flamante jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al sanjuanino Marcelo Orrego y al cordobés Martín Llaryora. En la agenda también figura la visita del salteño Gustavo Saénz, de vínculo fluctuante con la administración libertaria. El pasado viernes, Adorni y Santilli recibieron al chubutense Ignacio Torres y al catamarqueño Raúl Jalil.

Entre los próximos encuentros programados, podrían visitar Balcarce 50 Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Hugo Passalacqua (Misiones), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Gustavo Valdés (Corrientes), entre otros mandatarios aliados.

Mientras tanto trascendió que en el Gobierno ronda la idea de coordinar una nueva foto con la veintena de representantes de las provincias, similar a la que fue convocada por Guillermo Francos y Lisandro Catalán, y el mandatario libertario, pero aclaran que se dará luego de que culminen los intercambios bilaterales con cada uno de ellos.

La idea del Poder Ejecutivo es aceitar los vínculos con las provincias para atender los reclamos puntuales que le permitan conseguir los votos necesarios para aprobar el Presupuesto 2026 y sancionar las reformas laboral, tributaria y penal durante las sesiones extraordinarias convocadas del 10 al 31 de diciembre. La agenda libertaria es ambiciosa para lo que parecen muy pocos días, sobre todo porque solo el proyecto de gastos tiene despacho de comisión y únicamente en la Cámara de Diputados.

En ese marco, Milei le dará formalidad a la nueva etapa de su gestión: este martes jurará finalmente Santilli como ministro político y encargado de las negociaciones con las provincias. El propio Santilli dijo que el diálogo con las provincias será lo preponderante en su gestión, aunque afirmó que no se reunirá con Axel Kicillof.

“Me aturde el doble discurso de Kicillof, no votó Boleta Única, no fue al Pacto de Mayo, no adhirió a las leyes de Reincidencia y Reiterancia, no adhirió a Ley Antimafia. ¿Dónde está, por qué tiene ese doble discurso?”, indicó “el Colo”, días atrás, en una entrevista televisiva.

Santilli tiene también otro desafío: la relación con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, con quien comparte la escudería del PRO. La Ciudad tiene con la Nación una disputa histórica por fondos de la coparticipación que la Corte Suprema avaló el año pasado. El escollo está en que el mecanismo acordado de un goteo diario y automático del 1,40% de los fondos y el restante 1,55% por transferencias semanales no aparece en el proyecto de Presupuesto 2026.

En su jura Santilli sí tendrá un macrista como invitado: además de los demás funcionarios del Gobierno y sus familiares, está confirmada la asistencia del jefe de bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo.

MC

Por primera vez en casi dos años, Javier Milei volverá a recibir en persona a los gobernadores en la Casa Rosada. La reunión será este jueves a las 17 y se da en un momento de reacomodamiento político tras la victoria legislativa del oficialismo. Participarán también el ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular del revivido Ministerio del Interior, Lisandro Catalán, que asumió hace más de un mes al frente de esa cartera con el objetivo de recomponer los puentes rotos entre la Nación y las provincias.

Milei ya había dado el aval para que empezaran los contactos y este martes se confirmó el encuentro. El jefe de Gabinete Guillermo Francos, y Catalán fueron los encargados de cursar llamados y mensajes a los distritos, con la expectativa de que al menos 17 mandatarios den el presente. “El temario es el que anunció el Presidente el domingo”, explicaron en Balcarce 50, en referencia al discurso desde el búnker de La Libertad Avanza, cuando habló de una nueva etapa de consensos y reformas.

El propio Milei buscó bajar el tono de la confrontación esta semana. “No tengo problemas, estoy dispuesto a sentarme con los gobernadores, no tengo problema con ninguno de ellos”, dijo el lunes en A24. Y agregó: “Muchos de ellos me escribieron para felicitarme. Tengo contacto con ellos. Hay toda una parafernalia fantasmagórica que no existe. Además, antes yo no me ocupaba de eso, pero hace un tiempo que me vengo ocupando activamente”.

En el Gobierno descuentan la participación de los firmantes del Pacto de Mayo, entre ellos Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero). Quedarán fuera del convite los opositores duros: Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Ricardo Quintela (La Rioja) y Sergio Ziliotto (La Pampa).

Será la primera reunión de Milei con un grupo amplio de gobernadores desde el 19 de diciembre de 2023. En estos meses, el Presidente mantuvo vínculos preferenciales con los mandatarios aliados —como Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Leandro Zdero (Chaco)— y acentuó las fricciones con quienes resistieron su esquema de ajuste.

El resultado electoral del domingo modificó, además, el equilibrio de poder en la mesa. Los gobernadores llegan con un listado de reclamos que incluye reparto de fondos discrecionales, deuda con las cajas previsionales, coparticipación del impuesto a los combustibles y reactivación de la obra pública. Son demandas que la Casa Rosada mantuvo congeladas en nombre del equilibrio fiscal.

Retomar el diálogo

El encuentro llega tras meses de tensión entre la Casa Rosada y las provincias, un vínculo marcado por vetos, reclamos y promesas incumplidas. Los mandatarios se sentarán frente a Milei en condiciones de mayor debilidad, sin la legitimidad que les daban los comicios locales ni el margen político que exhibían cuando se debatió la ley de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Varios vieron caer a sus candidatos en las urnas y hoy dependen más que nunca de la asistencia financiera nacional.

En septiembre, el Senado rechazó el veto presidencial al proyecto que ordena la distribución automática de los fondos entre los distritos, aunque Diputados evitó replicar ese gesto. En el Gobierno admiten que esa derrota política, sumada a la cadena de choques con los gobernadores, forzó a retomar el diálogo y a reconstruir una mesa política que llevaba casi un año desactivada.

La reapertura del Ministerio del Interior, que había sido absorbido en mayo de 2024 por la Jefatura de Gabinete, fue leída como una concesión política. “Siguiendo las instrucciones del Presidente, hemos constituido la Mesa Federal junto al ministro Caputo y el flamante ministro Catalán”, escribió Guillermo Francos hace un mes en X, en un mensaje revisado por Milei. Catalán, tucumano y hombre de confianza del jefe de Gabinete, funciona como su prolongación en el vínculo con las provincias. En la Rosada lo reconocen como una autocrítica silenciosa: el aislamiento con los gobernadores había dejado al Gobierno sin base territorial ni margen parlamentario.

Otros que se sumaron a esa mano de obra política fueron los recién electos Patricia Bullrich y Diego Santilli, que empezaron a actuar como nexos informales. El “Colo”, que dio la sorpresa en Buenos Aires, habló este lunes con Rogelio Frigerio y Gustavo Valdés, dos gobernadores de perfil dialoguista, mientras que la ministra de Seguridad ya se piensa como posible presidenta provisional del Senado a partir de diciembre.

En ese contexto, la reunión de este jueves apunta no solo a discutir las reformas que el Ejecutivo planea enviar al Congreso —la laboral y la tributaria, entre otras—, sino también a redefinir la relación de fuerzas entre la Nación y las provincias. La estrategia de Milei busca reabrir el diálogo sin entregar el control de la caja, mientras los mandatarios intentan, al menos, asegurar previsibilidad financiera y reactivar la obra pública.

“La diferencia es que ahora la mesa la encabeza el propio Presidente”, le dijo a elDiarioAR un funcionario que participó de la organización. En el entorno libertario confían en que la foto servirá para mostrar una nueva fase de gestión, menos ideológica y más pragmática, aunque en privado admiten que el clima será medido. Entre los mandatarios provinciales, el escepticismo persiste: muchos coinciden en que el gesto es necesario, pero insuficiente. Como resumió un gobernador del norte, en tono seco y sin rodeos: “Está bien que nos reciba, pero las provincias ya entendimos que no alcanza con una foto: queremos compromisos concretos”.

PL/CRM

La cadena de derrotas legislativas volvió a exponer la fragilidad política de Javier Milei y precipitó un operativo de contención en Balcarce 50. Este jueves, el Senado rechazó el veto presidencial a la ley que establece el reparto automático de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), impulsada de forma inédita por los 24 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño. El revés llegó apenas un día después de que la Cámara de Diputados hiciera lo propio con los vetos a las leyes de emergencia pediátrica en el Hospital Garrahan y de financiamiento universitario, y terminó de dinamitar la estrategia que la Casa Rosada venía desplegando para desactivar la rebelión de las provincias.

En el Gobierno, sin embargo, admitían desde temprano que no tenían los votos en el Senado y que no intentarían forzar el resultado: la apuesta es contener el daño y concentrar todos los esfuerzos en Diputados, que será la próxima en tratar el veto a los ATN. Si la Cámara baja también lo rechaza, el veto quedará definitivamente anulado y la ley entrará en vigencia.

El golpe legislativo coincidió con un intento de Milei por retomar la iniciativa en el frente electoral. Esta misma mañana, en el auditorio de la Quinta de Olivos, el Presidente encabezó un encuentro de más de tres horas con titulares partidarios, candidatos, funcionarios, armadores provinciales e incluso influencers, para ordenar la campaña nacional rumbo a las elecciones de octubre. Según pudo saber elDiarioAR, fue el propio Milei quien impulsó la cita y se paró detrás de un atril para dar lo que varios describieron como una “clase” sobre los dos años de su gestión, con foco en medidas económicas, de seguridad y de política exterior. Pidió a los suyos “no aflojar” y aseguró que el Gobierno tiene reservas por hasta USD 22.000 millones para resistir presiones sobre el tipo de cambio.

“No nos podemos perturbar por el Riesgo País ni por lo que hace la oposición en el Congreso”, advirtió Milei, según reconstruyó uno de los asistentes. En Olivos, los estrategas coincidieron en que el nombre del Presidente sigue midiendo mejor que los candidatos de La Libertad Avanza y que el desafío es transferir esa adhesión personal a las boletas. El encuentro de este jueves tuvo como trasfondo la cadena de derrotas en el Congreso y el riesgo de repetir errores como los de la elección de la provincia de Buenos , por lo que el libertario prometió involucrarse en la campaña provincial y nacional, viajar a Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Corrientes y el interior bonaerense, y oficiar de mediador en la nueva mesa política bonaerense.

Control de daños

Pero mientras Milei buscaba blindar a su tropa electoral, en el plano institucional avanzaba el operativo para contener el impacto del revés parlamentario. El Presidente designó a Lisandro Catalán al frente del restaurado Ministerio del Interior con la misión explícita de recomponer los vínculos con las provincias. Catalán llegó con el aval de Guillermo Francos, y desembarcó en su nuevo despacho con una agenda frenética: en apenas 48 horas recibió en Balcarce 50 a Leandro Zdero (Chaco), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), y ya tiene previsto viajar a San Juan para ver a Marcelo Orrego y luego a Catamarca para reunirse con Raúl Jalil.

En paralelo, el Ejecutivo también empezó a desplegar una estrategia jurídica para “licuar” el impacto de las leyes aprobadas tras los vetos rechazados: los equipos técnicos de Economía trabajan en un esquema para postergar su puesta en marcha hasta el Presupuesto 2026 e incluso evalúan suspender su ejecución mediante decretos. Es el mismo mecanismo que ensayan con la Emergencia en Discapacidad y analizan aplicar a la Emergencia Pediátrica y el financiamiento universitario. El objetivo, admiten en privado, es “ganar tiempo y oxígeno” mientras se negocian nuevas condiciones con las provincias.

Es que el relanzamiento nació atravesado por una contradicción: el mismo Gobierno que dice querer reconstruir el diálogo con los gobernadores vetó la única norma que ellos habían consensuado entre sí. La Casa Rosada intenta ahora articular acuerdos “uno a uno” con mandatarios “aliados” o “afines” —sin incluir a quienes competirán electoralmente con La Libertad Avanza en octubre—, mientras ignora a los que disputarán poder en las urnas y a la vez son decisivos para el Presupuesto. Esa lógica de “aliados seguros” encierra un riesgo: el oficialismo los excluye políticamente al mismo tiempo que los necesita legislativamente.

La decisión de girar el viernes pasado $12.500 millones en ATN a Chaco, Entre Ríos, Misiones y Santa Fe —más de cuatro veces lo transferido en todo agosto— fue leída en la Rosada como la señal de que Milei decidió “ponerle la billetera a Catalán” para que tenga poder real en las negociaciones. En las provincias, sin embargo, predomina el escepticismo y saben que el verdadero “amo y señor” de la chequera no es el ministro del Interior sino Luis “Toto” Caputo.

Relación tirante

Varios gobernadores que supieron ser aliados —como Martín Llaryora, que bajó línea para rechazar los vetos en Diputados— tomaron distancia y otros, como Gustavo Sáenz, hablaron de “traiciones” y acusaron al Gobierno de “cagar a los fieles”, aunque luego Catalán compartió una foto junto a él durante una visita en Salta. En la convención anual del IAEF, Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Raúl Jalil (Catamarca) pidieron “mesas de diálogo urgentes” y advirtieron que el ajuste no puede recaer exclusivamente sobre las provincias.

La norma impulsada por los gobernadores establece que el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional —creado en la Ley de Coparticipación Federal y compuesto por el 1% de la masa total de impuestos que recauda la Nación— deje de depender de la discrecionalidad del Poder Ejecutivo y se distribuya automáticamente entre las provincias según los mismos coeficientes de coparticipación. Hoy, esos fondos se asignan de manera discrecional y suelen utilizarse como herramienta política para premiar a distritos aliados o presionar a los opositores.

Con la nueva ley, los mandatarios buscan asegurarse un flujo de recursos diario y previsible, que el Gobierno de Milei venía recortando drásticamente como parte de su política de ajuste. La iniciativa había sido aprobada con amplio respaldo transversal en ambas cámaras y representaba, para las arcas provinciales, una forma de emanciparse de la voluntad presidencial en materia de transferencias.

La paradoja es que varios de esos mismos mandatarios serán decisivos para aprobar el Presupuesto 2026, el verdadero objetivo político que hoy desvela a Milei. Por eso, entre la autocrítica en voz baja, las tensiones cruzadas en la mesa política y el fuego amigo que aún sale del propio oficialismo, el clima en la Casa Rosada es el de una administración a la defensiva, que ensaya parches para evitar nuevas derrotas parlamentarias sin terminar de asumir que ya perdió la iniciativa. “El problema no es conseguir un par de votos más: es volver a construir autoridad después de haberla perdido”, reconoció, en voz baja, un funcionario con despacho en Balcarce 50.

PL

Otros destinos también hacen honor a su identidad: la Fiesta de las Colectividades, en Tandil; la Fiesta del Día del Inmigrante, en Olavarría; el Matsuri, en Alte Brown y la festividad de la gastronomía italiana, en La Plata.

Historias, tradición e identidad colectiva: el mundo en un sólo lugar

Organizada por la Asociación de Entidades Extranjeras (AEE), que agrupa a 25 colectividades y con el auspicio de la Municipalidad de Berisso y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, la Fiesta Provincial del Inmigrante rinde tributo a la resiliencia y al tesón de quienes eligieron estas tierras para forjar un nuevo futuro.

“La ciudad era vista como un faro de esperanza, por los hombres y mujeres que llegaban de distintas partes, a levantar sus casas y trabajar”, contaron desde turismo local. 

La celebración refleja un recorrido de esfuerzo y comunidad, de encuentro y solidaridad. Berisso se conformó sobre la base de la diversidad de culturas de miles de inmigrantes que dejaron sus países por diferentes motivos. Estos pioneros, agrupados en colectividades, mantuvieron vivas sus costumbres, tradiciones y religión, que se transmiten de generación en generación. La herencia se ve en las calles, los trajes típicos, las danzas y los sabores que invitan a recorrer los distintos continentes del planeta sin salir de esa localidad. 

“La fiesta representa la memoria viva de la ciudad, cada plato, cada canción y cada baile rememora el cómo nos forjamos: esa es nuestra mayor fortaleza”, indicaron los organizadores. El evento se despliega durante más de un mes, con una agenda repleta de actividades que van desde lo solemne hasta lo festivo, marcando el pulso de Berisso a lo largo de septiembre y octubre.

Momentos de historia y tradición

El 14 de septiembre, la Posta del Inmigrante y el encendido de la Lámpara Votiva honran el legado de los primeros colonos con un acto cargado de simbolismo. Una semana después, el 21 de septiembre, el Desembarco Simbólico recrea la llegada de los inmigrantes a esas costas, un momento de profunda emotividad que conecta pasado y presente.

Sabores y cultura en la carpa

El corazón de la fiesta late en la gran carpa de colectividades. Allí, los días 27 y 28 de septiembre; y 4, 5 y 11 de octubre, los aromas se mezclan en un verdadero banquete global con varenikes, shawarma, moussaka, paella, feijoada, strudel, empanadas y tantas otras delicias más que cuentan historias de viaje y pertenencia. En ese marco se suman las presentaciones artísticas, la música y las danzas típicas que convierten el espacio en un mosaico cultural vibrante.

La elección de los embajadores y de las embajadoras provinciales del inmigrante, los días 3 y 4 de octubre, resaltan con orgullo la identidad de las colectividades.

El gran cierre

El broche de oro llega el 12 de octubre con el desfile de clausura, cuando miles de descendientes de inmigrantes recorren las calles con sus trajes, músicas y banderas. Un mar de colores y emociones que confirma a Berisso como capital del inmigrante.

La celebración es, en esencia, un viaje, un recordatorio de que la historia de esa ciudad está escrita con trabajo, diversidad y anhelo de progreso. Pero también una invitación a emocionarse con las tradiciones, a dejarse tentar por los sabores, a bailar al ritmo de músicas del mundo y a descubrir que la memoria se celebra con alegría.

Otros lugares para recorrer países dentro de la provincia de Buenos Aires

Tandil: celebra 35º Fiesta de las Colectividades, el sábado 13 y domingo 14 de septiembre, a las 16:00, en el Centro

Cultural Universitario, calle Irigoyen 662. Para vivenciar la cultura del mundo a través de degustaciones, artesanías y muestras sobre las costumbres de otras comunidades. Entrada arancelada.

Más información www.facebook.com/union.colectividades.tandil/

Olavarría: realiza la Fiesta del Día del Inmigrante, el domingo 14 de septiembre, a las 12:00, frente del Centro Cultural Municipal San José. Feria gastronómica, patio cervecero , danzas típicas, talleres de idiomas y espectáculos musicales.

Más información: www.instagram.com/union.colectividades.olavarria/

Alte Brown: el noroeste asiático celebra el 17° Matsuri. Un día cargado de cultura japonesa para toda la familia. Domingo 5 de octubre, de 10:00 a 17:00, en la Asociación Japonesa, av. Japón y av. Monteverde, Burzaco.

La Plata: en noviembre, Italia celebra su gastronomía y costumbres. Sábado 8 y domingo 9 de noviembre..

En tiempos donde la diversidad suele ponerse en discusión, Berisso levanta la voz con una certeza: las identidades no se dividen, se multiplican. La Fiesta Provincial del Inmigrante es un ejemplo vivo de integración, de trabajo comunitario y de memoria colectiva. Una fiesta que no solo recuerda de dónde venimos, sino que también señala hacia dónde queremos ir: juntos, con las raíces como guía y el futuro como horizonte. Una fiesta que son muchas porque en toda la provincia de Buenos Aires, la diversidad se celebra siempre. 

En medio de la pulseada entre la Casa Rosada y las provincias por los inminentes vetos presidenciales, cinco gobernadores dieron este miércoles en Buenos Aires un paso decisivo: formalizaron la construcción de un frente electoral nacional que buscará disputar las elecciones legislativas de octubre por fuera de La Libertad Avanza y del kirchnerismo. El bloque, liderado por el patagónico Ignacio “Nacho” Torres (Chubut) y acompañado por Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Carlos Sadir (Jujuy), se propone como una “vocería del federalismo productivo” en el Congreso, sin anclaje en territorio porteño ni en la provincia de Buenos Aires.

“Decidimos no tomar atajos ni hacer la cómoda. Vamos a dar la pelea representando a una Argentina federal que necesita voz propia en el Congreso”, sostuvo Torres tras el encuentro que tuvo como sede la Casa de Chubut en la ciudad de Buenos Aires. Junto a él apareció una figura clave: Juan Schiaretti, exgobernador de Córdoba y excandidato presidencial en 2023, quien sería el primer nombre confirmado para encabezar una boleta en este nuevo armado. La presencia de Schiaretti, que viene trabajando en una fuerza centrista, funcionó como la señal más clara de que esta alianza buscará proyectarse más allá de los límites provinciales.

El documento difundido por los mandatarios planteó un mensaje doble: por un lado, la reivindicación del equilibrio fiscal alcanzado en sus provincias “sin resignar el desarrollo”; por el otro, un rechazo explícito a las formas “unitarias” con las que el gobierno nacional gestiona los recursos y define la agenda parlamentaria. “Nuestra vocación es clara: construir todos los días la Argentina de los sueños de todos”, concluye el texto, en una fórmula que intenta sustraerse de la polarización y colocar al nuevo frente en un espacio de representación difusa pero activa.

Relación compleja

La movida llega en un momento sensible. Los gobernadores buscan impulsar su propia agenda legislativa. Este miércoles, Torres ratificó el impulso a dos proyectos clave con media sanción del Senado: la distribución del Fondo de ATN y el redireccionamiento de los impuestos a los combustibles líquidos, eliminando los fideicomisos que los administran. El chubutense aprovechó la ocasión para recordar que la propia Casa Rosada había prometido terminar con esos mecanismos opacos. “Esa voracidad recaudatoria nacional que vemos hoy también la vimos en los últimos 20 años con las asignaciones específicas”, disparó el dirigente del PRO.

En simultáneo, desde el Gobierno se intensificaron los contactos con las provincias para blindar en el Congreso el paquete de vetos que Javier Milei firmará en los próximos días. La prioridad del oficialismo es garantizar la caída de las insistencias parlamentarias sobre las leyes de jubilación mínima, emergencia en discapacidad y moratoria previsional. Para eso, el jefe de Gabinete Guillermo Francos, el vice de Interior Lisandro Catalán y el titular de Diputados Martín Menem iniciaron una ronda de llamados que incluyó también a legisladores alineados con los gobernadores que ahora armaron frente propio.

El deterioro del vínculo de Milei con las provincias tuvo un punto de inflexión silencioso tras las elecciones legislativas en Misiones. Allí, La Libertad Avanza hizo una buena elección en un distrito gobernado por un oficialismo provincial aliado, el Frente Renovador de la Concordia. El resultado encendió alarmas: el Gobierno no solo recorta fondos, sino que también comenzó a disputar poder en territorios donde hasta hace poco regía un pacto tácito de no agresión política. Varios gobernadores interpretaron el avance libertario como una señal de ruptura.

El Ejecutivo juega ahora a dos puntas. Por un lado, negocia con gobernadores “dialoguistas” para sellar alianzas electorales —como hizo en Chaco con Leandro Zdero y avanza con Alfredo Cornejo en Mendoza y Rogelio Frigerio en Entre Ríos—. Por el otro, presiona para asegurarse el número necesario que le permita sostener los vetos en Diputados. En los despachos oficiales descuentan que no lograrán convertir a muchos votos, pero sí aspiran a que algunos legisladores no bajen al recinto. La clave está en los dos tercios: con asistencia perfecta, se requieren 172 votos para revertir un veto presidencial.

Un nuevo juego

En ese contexto, el flamante frente federal de gobernadores no solo pretende disputar la agenda económica y política del Congreso. También marca límites a la dinámica binaria que ordena la escena nacional entre libertarios y kirchnerismo. “Hay muchos diputados y senadores que se sienten huérfanos de representación nacional y que comparten esta mirada. Aquí van a encontrar un espacio que no pierda el tiempo en discutir el pasado, sino que entienda las urgencias del presente”, dijo Torres.

El entramado es complejo. En Córdoba, el oficialismo libertario alienta una lista propia liderada por Gabriel Bornoroni, pese a que Llaryora y Schiaretti intentan consolidar su boleta. En Santa Fe, la competencia será directa: Pullaro enfrentará al armado puro de La Libertad Avanza, que ya anunció que jugará sin alianzas. En cambio, en Mendoza, la negociación prospera: Cornejo logró que el oficialismo acepte compartir el color y la marca electoral en las boletas, al menos en el tramo local. Y en Entre Ríos, Frigerio ya tuvo reuniones reservadas con “Lule” Menem para avanzar en un esquema mixto que garantice representación sin perder identidad propia.

Donde no hubo acuerdo fue en Corrientes, donde Gustavo Valdés rompió lanzas con los libertarios en el último tramo. Lo mismo ocurre en provincias como Misiones, Tucumán, Catamarca y Salta, donde los gobernadores —algunos cercanos al Gobierno nacional— verán competir a listas violetas sin integración oficial. En tanto, en San Luis, el vínculo con el Ejecutivo es casi nulo.

El tablero de octubre empieza a clarificarse. A dos semanas del cierre formal de alianzas, el frente de los gobernadores marca una tercera vía en construcción, mientras Karina Milei y los Menem tejen pactos a medida con quienes estén dispuestos a jugar bajo la boleta violeta. El Congreso es el campo de batalla inmediato, pero lo que se disputa es algo más profundo: el control de la narrativa federal frente a un gobierno nacional que, tras meses de ajustes, empieza a chocar con sus propios límites.

PL/JJD

Lo que en otro momento podría haber sido una postal de distensión federal terminó envuelto en un clima gélido, entre saludos protocolares, gestos medidos y reproches no del todo silenciados. A las 19 de este jueves, en el Restaurante Central de La Rural, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y al menos media docena de gobernadores compartieron copa y canapé en el tradicional cóctel organizado por la Sociedad Rural Argentina (SRA), en el marco de la inauguración de la exposición agropecuaria. Fue el primer cruce presencial entre ambos bandos desde que el Senado le dio media sanción a los dos proyectos que desvelan a la Casa Rosada: la modificación del reparto del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la coparticipación del impuesto a los combustibles.

No hubo reunión formal ni foto buscada, más allá de la difundida institucionalmente junto al anfitrión, el titular de la SRA, Nicolás Pino. Tampoco diálogo político con pretensiones de acuerdo. Lo que sí hubo fue una coincidencia: la relación entre Nación y provincias atraviesa su peor momento desde que Javier Milei asumió al frente de la Presidencia.

Hasta último momento, no estaba claro si Francos volvería a Palermo por la tarde. Ya había estado temprano por la mañana, en el tradicional corte de cinta inaugural, donde se mostró dispuesto a “acercar posiciones” con los gobernadores, aunque enseguida los chicaneó: “Siempre intentamos acercarnos, ellos se alejan un poco a veces, priman las circunstancias políticas”. Finalmente decidió asistir, acompañado por su vice Lisandro Catalán. Mientras que del lado de los mandatarios estuvieron Raúl Jalil (Catamarca), Sergio Ziliotto (La Pampa), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Sáenz (Salta), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Marcelo Orrego (San Juan), además del jefe de Gobierno porteño Jorge Macri.

Según argumentan cerca de los gobernadores, cualquier negociación real requiere una convocatoria formal en la Casa Rosada y la presencia de funcionarios con poder de decisión. De hecho, el Gobierno había decidido enfriar cualquier expectativa. “Nos saludaremos con cordialidad”, se limitó a anticipar Francos. El jefe de Gabinete sigue siendo el último resorte de interlocución entre el Gobierno y los mandatarios. Pero su margen de acción se achicó en las últimas semanas, después de que fracasaran las negociaciones por los dos proyectos que impulsan las provincias para blindarse frente al ajuste.

Ambas iniciativas fueron aprobadas en el Senado y esperan su turno en Diputados. Una busca ampliar y distribuir de forma más automática los fondos de ATN. La otra pretende que lo recaudado por el impuesto a los combustibles se coparticipe directamente. El Gobierno ve en ambas una amenaza a su mantra: el equilibrio fiscal. Y ya avisó que vetará cualquier ley que altere ese objetivo. “Una vez que tengamos en nuestro poder esas leyes, las vamos a vetar. Todo lo que afecte el equilibrio fiscal, se veta”, dijo Francos.

Los gobernadores, por su parte, mantuvieron ese mismo jueves por la mañana una reunión reservada para coordinar su estrategia parlamentaria. La molestia no es solo por el veto anunciado, sino por la falta de una propuesta alternativa. “Para que el diálogo sea serio, deberían dejar de mandarnos funcionarios de segunda línea”, reprochan. La última contrapropuesta fue en manos de Carlos Guberman, secretario de Hacienda. Ningún punto de consenso.

El deterioro del vínculo con las provincias tuvo además un punto de inflexión silencioso tras las elecciones legislativas en Misiones. Allí, La Libertad Avanza hizo una buena elección en un distrito gobernado por un oficialismo provincial aliado, el Frente Renovador de la Concordia. El resultado encendió alarmas: el Gobierno no solo recorta fondos, sino que también comenzó a disputar poder en territorios donde hasta hace poco regía un pacto tácito de no agresión política. Varios gobernadores interpretaron el avance libertario como una señal de ruptura.

En paralelo, el asesor presidencial Santiago Caputo y los equipos del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, trabajan en blindar los vetos en la Cámara baja. En Balcarce 50 creen que necesitan sostener tres patas: el PRO, una parte de la UCR (especialmente Rodrigo de Loredo) y los gobernadores que controlan a sus legisladores. Están quienes sostienen que Caputo mantiene chats con varios mandatarios, incluso con aquellos que impulsan los proyectos a vetar.

Pero esa misma articulación abre, dentro del oficialismo, una pulseada estratégica de fondo. Caputo es partidario de priorizar la relación con los gobernadores como una vía de gobernabilidad, incluso si eso implica conceder margen a los oficialismos provinciales. Los Menem, en cambio, quieren acelerar el proceso de construcción del partido La Libertad Avanza en las provincias, aun a costa de desafiar a los mandatarios en sus propios territorios. La tensión entre ambas miradas recorre subterráneamente cada movimiento del Ejecutivo en el Congreso, en los armados y en la gestión.

Lo cierto es que, a la falta de una convocatoria institucional a los gobernadores, se suma el vacío de otras figuras gravitantes del oficialismo. Ni Francos ni Santiago Caputo aparecen, al menos por ahora, como interlocutores visibles con ellos, más allá de los mensajes intercambiados. El jefe de Gabinete quedó solo en el puente, mientras el resto del gabinete político se concentra en el cierre de listas.

Así y todo, Francos buscará ensayar un acercamiento el lunes próximo, cuando presida la segunda reunión del Consejo de Mayo. Allí, junto a representantes de los gremios, empresarios, legisladores y las provincias (el mendocino Alfredo Cornejo estará presente en nombre de los gobernadores), intentará reinstalar el relato del diálogo multisectorial como vía para construir consensos. Pero después de lo que dejó el brindis en La Rural, el Gobierno sabe que deberá ofrecer algo más que cordialidad si quiere recuperar un puente político con las provincias.

PL/MG

En una sesión motorizada por la oposición y a pesar de el anuncio del presidente Javier Milei de vetar todo lo que se aprobara en el recinto, el Senado convirtió en ley este 10 de julio la actualización a $110.000 del bono de los jubilados que cobran la mínima, que pasará a actualizarse mensualmente por IPC, y el incremento del 7,2% de todos los haberes jubilatorios.

Además, se sancionó también una prórroga de la moratoria previsional y convirtió en ley la declaración de la emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional.

En el cierre de la agitada sesión, le dio media sanción a las iniciativas que los gobernadores habían diseñado, hace casi un mes, en una reunión del Consejo Federal de Inversiones (CFI). Ambas modifican el mecanismo a través del cual el Ejecutivo transfiere recursos a las provincias: una, a través de la coparticipación del impuesto a los combustibles líquidos, y otra, a partir de la distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que habitualmente son repartidos de manera discrecional por el Gobierno nacional como parte de un informal sistema de premios y castigos. De qué se trata cada ley aprobada en el Senado este 10 de julio.

Aumento a jubilaciones

El Senado de Argentina aprobó este jueves y convirtió en ley un proyecto para otorgar un aumento de emergencia en las jubilaciones, pese al rechazo del Gobierno de Javier Milei.

La iniciativa, que ya había sido aprobada por la Cámara de Diputados el pasado 4 de junio, recibió el visto bueno del Senado por 52 votos afirmativos y cuatro abstenciones.

Cuánto cobrarán los jubilados con el nuevo aumento

El proyecto que fue aprobado por el Senado este jueves, y que ya tenía media sanción en Diputados, implica un aumento para todas las jubilaciones y pensiones del 7,2% -excepto los regímenes especiales- y un incremento para el bono, que pasaría de $ 70 mil a $110 mil y se actualizaría por inflación.

Si el proyecto superara el filtro del Gobierno, quienes perciben la jubilación mínima hubieran recibido en julio $441.600, frente a los $379.355 que cobraron. La diferencia sería de $62.273, un 16,4%.

En ambos casos, el cálculo parte del haber de junio y suma un aumento del 1,5%, correspondiente a la inflación de mayo informada por el INDEC, de acuerdo con la actual movilidad jubilatoria. A esto se le suma el 7,2% propuesto en el proyecto de ley y un bono de $110 mil.

Si se concretara el aumento, un jubilado con un haber mínimo pasaría a ganar un 11,2% real (es decir, considerando a la inflación) con respecto a noviembre de 2023 (último mes de la gestión de Alberto Fernández). Con el esquema actual, la mínima se ubica 4,5% debajo de esos valores.

La Prestación Universal al Adulto Mayor (PUAM) quedará en $265.274 con el aumento y $375.274 con el bono; en tanto, el haber promedio sería de $964.800 y la jubilación máxima se ubicaría en los $2.231.111, ambos sin bono.

Nueva moratoria

El Senado también aprobó -por 39 votos a favor, 14 negativos y una abstención- y convirtió en ley un proyecto que prorroga un plan de pagos de deudas con el sistema previsional, que permite a los adultos mayores acceder a una pensión cuando no cuentan con todos los aportes a la seguridad social requeridos por la ley.

Con la nueva moratoria, podrían jubilarse unas 220.000 personas, según una estimación de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que también calculó que esto tendría un impacto presupuestario del 0,08% del PBI.

El proyecto de ley que sancionó el Senado fue aprobado en Diputados en junio y dispone la extensión por 2 años de la moratoria que perdió vigencia el 23 de marzo de 2025 y permitía a quienes alcanzaban la edad jubilatoria, pero no cumplían con los 30 años de aportes requeridos, regularizar su situación y acceder a un haber previsional.

La moratoria, sancionada en 2023 durante el gobierno de Alberto Fernández, tenía un período de vigencia de 2 años con posibilidad de prórroga, pero la actual gestión de Javier Milei optó por no extenderla.

Establecía que para poder acceder al beneficio se debía contar con más de 65 años; ser argentino, naturalizado con 10 años de residencia o extranjero con 20 años viviendo en el país, y no cobrar ningún otro beneficio previsional.

Con el fin de la moratoria previsional, las personas que no cumplen con los 30 años de aportes requeridos tienen derecho a acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que representa el 80% de la jubilación mínima.

Qué implica la vuelta de la moratoria previsional

El proyecto de ley que aprobó el Senado dispone la extensión por 2 años de la moratoria previsional, que perdió vigencia el 23 de marzo de 2025 y permitía a quienes alcanzaban la edad jubilatoria, pero no cumplían con los 30 años de aportes requeridos, regularizar su situación y acceder a un haber previsional.

La ley, sancionada en 2023 durante el gobierno de Alberto Fernández, tenía un período de vigencia de 2 años con posibilidad de prórroga, pero la actual gestión de Javier Milei optó por no extenderla.

Con el fin de la moratoria previsional, las personas que no cumplen con los 30 años de aportes requeridos tienen derecho a acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que representa el 80% de la jubilación mínima.

El proyecto, que ahora deberá ser tratado por el Senado, extiende por 2 años los alcances la última moratoria, que establecía que para poder acceder al beneficio se debía contar con más de 65 años; ser argentino, naturalizado con 10 años de residencia o extranjero con 20 años viviendo en el país; y no cobrar ningún otro beneficio previsional.

El trabajo de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) estima que, de aprobarse la ley, unas 220 mil personas podrían obtener la jubilación a través de la moratoria. Esto tendría un impacto presupuestario del 0,08% del PBI.

¿Cuántas personas se jubilaron por moratoria?

Actualmente, el sistema previsional está compuesto por 7,2 millones de jubilaciones y pensiones (esto no es lo mismo que el número total de jubilados, dado que una misma persona puede poseer más de un beneficio). De ese total, el 59,5% (4,3 millones) fueron obtenidas a través de una moratoria.

Desde 2005 a la actualidad el número de jubilaciones y pensiones aumentaron un 130%, pasando de 3,1 millones de beneficios a los 7,2 millones actuales (septiembre de 2024), según datos del Boletín Estadístico de Seguridad Social (BESS) que elabora la ANSES.

El especialista en temas previsionales, Rafael Rofman, explicó a Chequeado que las moratorias “cumplieron un rol importante para solucionar un serio problema de diseño del sistema previsional, que es la exigencia de 30 años de aportes, un requisito que implica excluir a la mayoría de la población”.

Para el especialista “sólo cerca de un 25% de quienes llegan a la edad jubilatoria tienen 30 años de aportes o más por lo que la moratoria representó un ´parche´ que habilitó el acceso al sistema a quienes estaban excluidos”. Sin embargo, esto “genera muchos problemas”, agregó, y “debería haber sido resuelto rápidamente mediante una reforma integral del sistema, pero en cambio se han mantenido moratorias vigentes durante 20 años”.

¿Qué cambió?

El texto aprobado en el Senado modifica el articulo 13 de la ley 27.260, el cual quedara redactado de la siguiente manera:

Articulo 13: Instituyese con alcance nacional la Pension Universal para el Adulto Mayor (PUAM), de caracter vitalicio y no contributivo, para todas las mujeres de sesenta (60) anos de edad o mas y para todas las personas de cualquier otro genero de sesenta y cinco (65) anos de edad o mas, que cumplan con los siguientes requisitos:

Los beneficiarios de las pensiones no contributivas por vejez que otorga el Ministerio de Desarrollo Social podran optar por ser beneficiarios de la Pension Universal para el Adulto Mayor (PUAM), siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisites previstos en el presente articulo.

También modifica el articulo 16 de la ley 27.260, que quedará redactado de la siguiente manera:

Articulo 16: El goce de la Pension Universal para el Adulto Mayor (PUAM) es compatible con el desempeno de cualquier modalidad de trabajo registrado, que no implique ingresos iguales o superiores a tres (3) salarios minimos vitales y moviles. Igualmente, la Pension Universal para el Adulto Mayor (PUAM) sera compatible con el desempeno en caracter de trabajador autonomo o monotributista.

Emergencia en discapacidad

La norma aprobada declara la emergencia en discapacidad en todo el país hasta el 31 de diciembre de 2027 y obliga al Poder Ejecutivo a garantizar un financiamiento adecuado y sostenible de las pensiones no contributivas por discapacidad. Además, dispone la actualización de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral.

Es un proyecto de ley presentado por el diputado Daniel Arroyo (Unión por la Patria) y otros legisladores, que propone declarar la emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027. El objetivo es asegurar el cumplimiento efectivo de los derechos de las personas con discapacidad en áreas como salud, educación, trabajo y protección social.

La iniciativa contaba con dictamen de mayoría en las comisiones de Discapacidad, Acción Social y Salud Pública, y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados y se debatió el miércoles 4 de junio. Desde el Foro Permanente por la Discapacidad se sumaron a la movilización de jubilados frente al Congreso.

El proyecto se aprobó con 149 votos a favor, 71 en contra y 3 abstenciones y se giró al Senado donde será tratado hoy jueves 10 de julio de 2025.

¿Qué establece el proyecto de emergencia en discapacidad?

Podrán ser titulares de la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social las personas con discapacidad que cumplan con los siguientes requisitos:

La Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social consiste en el pago de una prestación mensual equivalente al setenta por ciento (70%) del haber mínimo jubilatorio garantizado al que hace referencia la ley 24.241, sus complementarias y modificatorias, y se actualiza de conformidad a lo establecido por el ordenamiento jurídico vigente en la materia.

¿Qué contempla la ley 24.901 como prestaciones básicas?

Esta ley nacional, sancionada el 5 de noviembre de 1997 y promulgada el 2 de diciembre del mismo año, contempla: acciones de prevención, asistencia, promoción y protección, con el objeto de brindarles a las personas con discapacidad una cobertura integral a sus necesidades y requerimientos.

Traspaso de recursos a las provincias

La oposición le dio media sanción a las iniciativas que los gobernadores habían diseñado, hace casi un mes, en una reunión del Consejo Federal de Inversiones (CFI). Ambas modifican el mecanismo a través del cual el Ejecutivo transfiere recursos a las provincias: una, a través de la coparticipación del impuesto a los combustibles líquidos, y otra, a partir de la distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que habitualmente son repartidos de manera discrecional por el Gobierno nacional como parte de un informal sistema de premios y castigos.

Qué son los ATN, el eje de la disputa por fondos entre Milei y los gobernadores argentinos

La decisión de los gobernadores de las provincias de Argentina de impulsar un proyecto de ley para recibir más fondos de parte del Estado nacional ha desatado una fuerte puja política con el presidente Javier Milei.

La pelea se centra en los denominados Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

Estas son las cinco claves para entender los alcances de la discusión que este jueves comenzó en el Senado argentino:

1. ¿Qué son los ATN?

Las normas de Argentina establecen que el 42,34 % de la recaudación por tributos federales queda en las arcas del Gobierno nacional.

Otro 56,66 % es “coparticipable”, es decir, debe ser repartido entre las 23 provincias del país y la ciudad de Buenos Aires en forma automática y según porcentajes establecidos por una ley aprobada en 1988.

El 1 % restante se destina al denominado Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), cuyo objetivo es atender a las situaciones de emergencia o de desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales y es administrado por el Gobierno nacional con un criterio de distribución discrecional y no automática -no hay porcentajes preestablecidos de distribución-.

Es decir: la conformación del fondo ATN es automático (todos los meses se incorporan fondos derivados de la masa coparticipable de recaudación) pero su distribución por parte de la Administración nacional de turno es discrecional.

El fondo ATN ha sido, además, subejecutado desde que Milei llegó a la Presidencia a finales de 2023 pues no se distribuyó el total de los recursos del fondo.

De acuerdo a un informe de la consultora Politikón Chaco, en 2024 se ejecutó apenas el 7 % del fondo ATN, mientras que en los primeros cinco meses de este año la ejecución alcanzó el 22 %.

El reparto también ha sido desigual entre los distritos. Desde que Milei es presidente, ocho no recibieron transferencias -entre ellos, la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Córdoba-, mientras que el resto recibió giros con porcentajes muy diferentes.

2. ¿Qué cambio impulsan los gobernadores?

El proyecto de ley impulsado por todos los gobernadores y el alcalde de Buenos Aires -ninguno de ellos oficialista, aunque sí algunos han actuado como aliados del Ejecutivo- establece que la distribución de los ATN se haga en forma automática y con los porcentajes establecidos por el esquema de coparticipación.

Los gobernadores también pretenden la eliminación de fideicomisos financiados a través de la recaudación del impuesto a los combustibles líquidos.

Esa eliminación de los fideicomisos permitirá que los fondos que reciben las provincias por lo recaudado del impuesto a los combustibles líquidos se incremente del actual 10,4 % a un 58,36 %.

3. ¿Cuál es el trasfondo del proyecto?

La puja entre los gobernadores y Milei tiene como trasfondo el severo ajuste fiscal que el jefe de Estado puso en marcha a finales de 2023.

Como parte de ese ajuste, las transferencias del Tesoro nacional a las provincias cayeron en forma drástica, incluyendo los giros de los ATN, pero también otras partidas, una situación que ha afectado severamente las arcas provinciales.

La caída en los envío de ATN es evidente: mientras que en 2023 se giraron 173.000 millones de pesos, el Gobierno de Milei transfirió apenas 49.800 millones de pesos en 2024 y 84.000 millones en lo que va de 2025, un desplome que en términos reales se agrava por el efecto de la inflación acumulada, que ronda el 200 % desde que Milei llegó al Ejecutivo.

4. ¿Por qué el Gobierno de opone?

El Ejecutivo argentino se opone al proyecto porque alega que conspira contra el objetivo de equilibrio fiscal del Gobierno.

Si bien el Ejecutivo nacional no puede destinar los recursos del fondo ATN a otros fines, los recursos no distribuidos disminuyen el gasto público nacional y, por lo tanto, pasan a formar parte del resultado fiscal.

5. ¿Cuál es el impacto fiscal?

Según los gobernadores, su iniciativa no afecta la sustentabilidad de las finanzas públicas nacionales pues, de acuerdo a sus cálculos, implicaría un costo total para la Nación de 0,11 puntos del PIB.

De esta manera, el Gobierno nacional pasaría de tener este año un superávit fiscal primario del 1,60 % del PIB proyectado como objetivo por el Ejecutivo al 1,49 % del PIB, resultado que estaría de todos modos por encima del 1,30 % del PIB que el Fondo Monetario Internacional fijó como meta para 2025.

Otros cálculos, como el realizado por la Fundación Mediterránea, sitúan el coste fiscal del proyecto en 0,05 puntos del PIB.

Con información de agencias y Chequeado

IG

Que todos los gobernadores se hayan juntado a principios de junio fue el síntoma más evidente del malestar con Javier Milei y su motosierra fiscal. Que pocos de ellos preveían ir a pasar la vigilia a la que los convocó el Presidente anoche en la Casa de Tucumán para celebrar el Día de la Independencia, suspendida a último momento con la excusa del mal tiempo, es otro. A su vez, la molestia también contagia a los diputados y senadores que les responden y que ahora amenazan con acompañar las iniciativas opositoras en el Congreso a favor de elevar el gasto en jubilaciones, discapacidad, universidades o el hospital Garrahan. Detrás de tanta tensión está la caída de los fondos de la coparticipación federal de ingresos, esos impuestos que la Nación distribuye directamente y por ley a las provincias y que vienen cayéndose al compás de una economía que rebota pero no crece.

El conflicto comenzó en mayo, cuando el Gobierno nacional envió al consolidado de provincias más la ciudad de Buenos Aires $5,5 billones en concepto de coparticipación, leyes especiales y compensaciones, lo que significó una baja real (ajustada por inflación) del 23,3%, según el reporte del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), que dirige Nadin Argañaraz. A su vez, la coparticipación, es decir las transferencias automáticas menos leyes complementarias y compensaciones, habrían caído un 26,3% real.

Esa baja de la “copa”, como le llaman los expertos, estuvo explicada principalmente por el mal desempeño de la recaudación del impuesto a las ganancias (-41% real interanual) y el descenso de recaudación de IVA (-1,1% real interanual). La merma de Ganancias tuvo que ver con que el periodo base, es decir, en mayo de 2024, la recaudación de este tributo fue récord en términos reales por la significativa devaluación del peso en diciembre de 2023. A su vez, la inferior recolección del IVA se relaciona con un consumo aún recesivo.

Después de una caída real significativa en mayo, las transferencias automáticas habrían crecido alrededor de un 6,3% interanual en junio. Pero la “copa” sola habría caído un 5,3% real, según el IARAF. Esta disminución “se explicaría, fundamentalmente, por la marcada caída real interanual del 20% en la recaudación de Ganancias”, según el instituto. “Incidió de manera negativa en la recaudación del tributo el hecho de que en el periodo base las personas jurídicas pagaron anticipos en junio en base a la recaudación extraordinaria de mayo 2024 y al hecho de que recientemente mediante una resolución administrativa se cambió el esquema de anticipos de personas jurídicas, disminuyendo el importe a abonar en junio e incrementando el de los próximos meses. Este desempeño negativo no logró ser compensado por el incremento real interanual del 6,7% en la recaudación del IVA”, se refiere el IARAF a un repunte del consumo el mes pasado.

A su vez, las proyecciones de coparticipación para todo 2025 no son nada alentadoras: de acuerdo con los valores estimados por la Comisión Federal de Impuestos (CFI), que integra la Nación y las provincias, las transferencias automáticas caerían un 4,2% durante 2025, lo que representa una pérdida de casi $2,5 billones medidos a precios constantes, equivalente al 0,3% del PBI. Si se compara con 2023, la caída sería aún superior, del orden del 12%, lo que equivale a decir que las provincias y la capital recibirían casi $7,4 billones menos que dos años atrás, pérdida que se aproxima a 1% del PBI. Esta fuente de recursos representó el 45% de los ingresos provinciales en 2024, con ratios mayores al 60% para un conjunto de 12 jurisdicciones, las más pobres, por cierto.

Entre las causas que explican esta dinámica de la coparticipación, la CFI señala las siguientes:

Frente a este panorama, las provincias propusieron dos proyectos de ley que el gobierno de Milei por ahora rechaza, pese a que implican un costo fiscal calculado en 0,2% del PBI. Por un lado, se busca regular la distribución de aportes del Tesoro nacional (ATN) para evitar la discrecionalidad del Ejecutivo federal. Por otro, que se coparticipe el impuesto a los combustibles.

Las provincias, además, reclaman cada vez más porque caen sobre sus espaldas las tareas que abandona el Estado nacional por decisión de Milei. Por un lado, crecen las quejas por el estado de las rutas. Por otro, las demandas de los pacientes de enfermedades graves que requieren tratamientos.

AR/JJD

Después de meses de reproches en privado y gestos públicos moderados, los gobernadores se reencontraron este martes en la sede transitoria del Consejo Federal de Inversiones (CFI) en la ciudad de Buenos Aires para analizar la situación económica que atraviesan sus distritos. Fue una reunión extensa, cargada de preocupación por la caída real de los ingresos, el deterioro de las rutas nacionales y las crecientes dificultades para sostener las finanzas estatales en un año marcado por la licuación del gasto y el calendario electoral.

El encuentro, titulado formalmente “Nuevas fuentes de financiamiento para el desarrollo de una infraestructura federal”, comenzó a las 11 en Azopardo 750 y sirvió como paraguas para discutir mucho más que eso. La convocatoria logró una rareza: juntar en una misma mesa a mandatarios del peronismo, la UCR, el PRO y fuerzas provinciales, en un clima de coincidencias técnicas y desconfianzas políticas.

Bajo el liderazgo de Ignacio Lamothe, titular del CFI, participaron de forma presencial 18 gobernadores, entre ellos Axel Kicillof, Jorge Macri, Martín Llaryora, Rogelio Frigerio e Ignacio Torres. Otros cuatro gobernadores lo hicieron de forma virtual. No hubo documento final, pero sí una foto conjunta que buscó mostrar, al menos en lo simbólico, cierta capacidad de coordinación ante el ajuste del gobierno de Javier Milei.

La política detrás del diagnóstico

La reunión también sirvió como espacio para alinear posiciones de cara al nuevo paquete de reformas que impulsa el Ejecutivo nacional. Los gobernadores consensuaron pedir una audiencia a Milei para discutir una reforma fiscal integral, con el objetivo de revisar el esquema de coparticipación, la matriz tributaria y la coordinación entre niveles de gobierno. El mendocino Alfredo Cornejo fue propuesto como interlocutor institucional ante la Nación.

Además, hubo mayoría favorable a avanzar con la adhesión al “plan colchón”, el régimen de sinceramiento fiscal que impulsa el Ministerio de Economía. Algunos mandatarios ya habían firmado convenios de intercambio de información con ARCA, pero otros —como Santa Fe— recordaron que dejaron de compartir datos tras una disputa judicial en 2017. En el CFI se discutió también la necesidad de que cualquier reforma se tramite por el Congreso, y no solo por acuerdos bilaterales.

“El Gobierno plantea una reforma fiscal, y las provincias somos parte vinculante de ese debate”, afirmó Ignacio Torres al salir de la reunión. “Hoy Nación se financia con las provincias. Es momento de redefinir una matriz más justa, que le quite el pie de encima a la producción y al trabajo”, añadio el chubutense, que oficio como vocero de sus colegas.

Aunque no hubo pronunciamientos altisonantes ni ruptura con la Casa Rosada, el clima del encuentro fue más firme que en reuniones anteriores. La imagen de unidad buscó evitar que el reclamo se leyera como una movida opositora, pero dejó claro que la etapa del silencio parece empezar a agotarse. “El gran desafío es ponernos de acuerdo en puntos básicos, incluso en un año electoral. Si no, todo vuelve a empezar cada cuatro años”, deslizó uno de los gobernadores.

El desplome silencioso

El dato que encendió las alarmas llegó días antes del encuentro. Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), en mayo la Nación transfirió $5,57 billones a provincias y CABA, lo que implica una caída real interanual del 23,3%. Un informe paralelo de la Comisión Federal de Impuestos prevé que la coparticipación caerá un 4,2% en todo 2025. La pérdida estimada ronda los $2,5 billones, equivalentes al 0,3% del PBI. En algunos distritos, como La Pampa y Santa Fe, la baja proyectada llega al 6%.

Además, los giros por coparticipación crecieron apenas un 10,6% nominal respecto al mismo mes del año pasado, el peor registro desde la pandemia. La recaudación de IVA cayó un 1% real, y la de Ganancias, casi un 40%. Entre 2023 y 2025, la caída proyectada de los ingresos automáticos supera el 11,5%. Más del 60% de los ingresos de al menos 12 provincias depende de esas transferencias.

Otro de los ejes centrales de la cumbre fue el estado crítico de las rutas nacionales y la parálisis de la obra pública. En el temario oficial figuraban un informe del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional y alternativas de financiamiento para obras, pero la discusión excedió ampliamente el plan técnico. Varios mandatarios remarcaron que el deterioro de las rutas está encareciendo los costos logísticos y afectando la producción regional.

Fue Torres el encargado, en nombre de los gobernadores, de volver a reclamar un nuevo pacto fiscal y la posibilidad de que las provincias se hagan cargo de las obras abandonadas por Nación. “Hay impuestos con asignación específica que no se están usando para lo que fueron creados. O se eliminan o se descentralizan”, planteó. La respuesta desde la Casa Rosada, por ahora, fue negativa.

PL

El dólar saltó este viernes 1,7%, hasta $1.215. Después bajó para cerrar en $1.200, con una suba final del 0,4% respecto del día anterior. Lejos quedó aquella baja de inicios de mayo que lo llevó a $1.138, al calor de un presidente Javier Milei que lo deseaba en la banda inferior de $1.000 que se pactó con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En cambio, ahora se acerca a los $1.230 de cuando se eliminó el cepo en abril, aún a distancia de los $1.400 de la banda superior acordada con el FMI.

Detrás del salto está la desconfianza del mercado que se expresó en la reciente colocación de deuda y a la demanda de divisas de las provincias que deben saldar vencimientos de pasivos.

“Hay varias razones que explican por qué sube el dólar”, explica Ian Colombo, asesor financiero de la sociedad bursátil Cocos Gold. “En principio es porque ayer había un vencimiento, el Tesoro tenía que pagar $8,5 billones de deuda, de las cuales pudo renovar $7,5 millones y el otro billón de pesos lo consiguió con la emisión del BONTE 2030 en el exterior, por el que entraron dólares, no entraron pesos”, continúa Colombo.

Es decir, por un lado, no se pudo renovar toda la deuda en pesos y, por otro, el Gobierno recurrió al BONTE en un intento por acumular reservas y cumplir así con la meta convenida con el FMI. Una meta que está lejos de cumplir por el capricho de Milei de sólo comprar divisas en el mercado cuando el tipo de cambio baje a $1.000. Es que para adquirir dólares al nivel actual necesitaría emitir pesos y eso complicaría su anhelo de bajar la inflación al 1% para las elecciones legislativas de octubre.

“Entraron dólares, pero el Tesoro tuvo que emitir pesos para pagarle a esa deuda que se le vencía ayer”, prosigue Colombo. “Esa es una razón por las que sube el dólar: entraron un billón de pesos al mercado.”

“Segunda razón: la tasa a la que emitieron esos bonos internacionalmente fue un poco más alta de lo que el mercado esperaba hasta antes de ayer”, detalla el asesor de Cocos Gold. “Fue a 29% de tasa anual en pesos por los próximos cinco años, cuando el mercado esperaba que estuviera más cerca de 22%. ¿Por qué? Porque esperamos que la inflación siga bajando, pero para el mercado internacional eso no está tan claro, o al menos el inversor internacional al suscribir un bono de la Argentina en pesos busca cubrirse por la mala calificación crediticia y por el mal comportamiento de los mercados que tuvimos en los siete años anteriores.”

En uno de los principales bancos atribuyen la suba de la moneda norteamericana a la compra por parte de provincias que tienen que pagar deudas en esa divisa en los próximos dias. En otra entidad financiera, en cambio, lo adjudican a la demanda minorista. Allí ven que en los primeros días de mes, cuando se empieza a pagar el salarios, venden tres veces más dólares a sus clientes que a fin de mes. Pero algunos empleados comienzan a cobrar el último día de mes, es decir, hoy, y ya están comprando dólares ahora que no hay cepo y los ven baratos. En tanto, el consultor Hernán Hirsch lo explica por las compras de las provincias y por inversores externos que buscan cubrirse del riesgo de haber suscripto el BONTE.

El vicerrector económico de la Universidad del Salvador, Juan Miguel Massot, no se intranquiliza ante la suba del dólar: “No es una anomalia ciertos deslices bruscos hacia arriba y hacia abajo en la Argentina, con una banda de flotación amplia y una historia larga de represión cambiaria. Hay disparadores puntuales: algún excedente monetario transitorio, fin de mes, una tendencia hacia al piso del dólar muy marcada por varias semanas en un contexto de fuerte ingresos de dólares, etc. Pero debemos acostumbrarnos a cierta volatilidad aunque nos ponga en alerta. Hoy por hoy no existen fundamentos para una disparada que realmente preocupe en cuanto a que afecte la estabilidad del programa económico”.

AR