El Gobierno nacional comenzó a coordinar con las provincias y los municipios un esquema de prevención y respuesta frente al avance del fenómeno de El Niño, ante un escenario climático que podría generar mayores probabilidades de lluvias por encima de lo normal, tormentas severas e inundaciones durante la primavera y el verano 2026/2027.

El encuentro se realizó en Resistencia, Chaco, donde la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, se reunieron con autoridades de la región del Litoral y representantes de Paraguay.

La jornada se produjo en un contexto de creciente preocupación entre los organismos meteorológicos. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que las condiciones del sistema ENOS ya son compatibles con una fase cálida o El Niño y que existe una probabilidad cercana al 100% de que continúe durante el trimestre julio-agosto-septiembre. A su vez, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) prevé que el fenómeno continúe fortaleciéndose durante 2026 y estima un 81% de probabilidades de que alcance una intensidad “muy fuerte” entre octubre y diciembre.

Inundaciones y emergencias

La coordinación entre los distintos niveles del Estado se formalizó en el marco del II Consejo Regional de Seguridad Interior. Allí, el director ejecutivo de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), Santiago Hardie, presentó los principales lineamientos del Plan de Coordinación Federal ENOS 2026/2027.

El programa apunta a reforzar la articulación entre Nación, provincias y municipios para anticipar posibles impactos y mejorar la capacidad de respuesta frente a inundaciones y otros eventos asociados al fenómeno climático.

El plan contempla acciones de prevención, monitoreo permanente y coordinación operativa, con la participación del Servicio Meteorológico Nacional, el Instituto Nacional del Agua (INA), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y el Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias (SINAME).

Entre las medidas previstas se encuentran el desarrollo del Tablero ENOS del SINAME, que permitirá realizar un seguimiento en tiempo real de la evolución del fenómeno; la elaboración de modelos de riesgo para los municipios y la capacitación de equipos destinados a fortalecer la respuesta ante eventuales emergencias.

Las zonas bajo mayor riesgo

Las proyecciones climáticas señalan que las mayores probabilidades de precipitaciones superiores a los valores normales se concentran en el Litoral y sectores de la región pampeana, además del norte de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, Corrientes y Misiones.

El impacto potencial también alcanza a los grandes cursos de agua de la región. Si las lluvias previstas se intensifican durante la primavera y el verano, podrían aumentar las crecidas de los ríos Paraná, Uruguay e Iguazú y, con ellas, el riesgo de inundaciones en las zonas ribereñas.

El fenómeno también plantea un escenario complejo para el sector agropecuario. Las precipitaciones podrían mejorar la disponibilidad de humedad en áreas que atravesaron períodos secos, pero un exceso de agua puede provocar anegamientos, complicar las tareas de siembra y cosecha y favorecer la aparición de enfermedades en los cultivos.

Los especialistas, sin embargo, advierten que la intensidad de El Niño no permite anticipar cuántos milímetros de lluvia caerán en una localidad determinada. Los modelos estacionales muestran cambios en las probabilidades climáticas a gran escala, mientras que la evolución de cada tormenta depende de otros factores atmosféricos.

Nación y provincias revisan sus protocolos

La preparación ante el escenario climático ya comenzó en distintos puntos del país. En Santa Fe, por ejemplo, Protección Civil coordina mesas de trabajo con municipios y comunas ubicados en la cuenca del Paraná para actualizar los protocolos de emergencia.

En otras localidades también se activaron mecanismos preventivos. En el área del Delta del Paraná se reforzaron los sistemas de alerta temprana ante la posibilidad de lluvias intensas y sudestadas, mientras que municipios ribereños trabajan sobre eventuales esquemas de evacuación. En otras zonas se monitorean cursos de agua y se revisan planes para reducir el riesgo de anegamientos.

El senador nacional de La Libertad Avanza por Salta, Gonzalo Guzmán Coraita, planteó en una columna de opinión publicada este fin de semana la posibilidad de reformar la Constitución para resolver lo que definió como “treinta años de incumplimiento” en materia de coparticipación federal. La propuesta llega mientras el Gobierno administra de manera discrecional buena parte de los fondos que gira a las provincias, una práctica hoy cuestionada ante la Corte Suprema.

Guzmán Coraita, abogado y exdirector de la ONG Salta Transparente, repasó en un texto publicado en el sitio La Derecha Diario la concentración de recursos tributarios en manos de la Nación desde fines del siglo XIX y sostuvo que el actual sistema de coparticipación “no nació como respuesta a necesidades de las provincias”, sino para responder a urgencias del gobierno nacional. Propuso discutir de manera integral tanto el rol del Estado nacional en el reparto de recursos como la distribución geográfica del gasto público, y llamó a analizar “sin miedo” la eliminación del sistema vigente o su reemplazo por uno de mayor autonomía fiscal provincial.

El reclamo no es menor: la reforma constitucional de 1994 obligó a sancionar, antes de fines de 1996, una nueva ley de coparticipación acordada entre Nación y provincias. Esa ley nunca se aprobó. Tres décadas después, el reparto sigue regido por la Ley 23.548 de 1988, con parches sucesivos, mientras un instrumento paralelo y no automático —los Aportes del Tesoro Nacional (ATN)— permanece en manos exclusivas del Poder Ejecutivo.

Los ATN representan el 1% de la masa coparticipable y, a diferencia del resto de los fondos, no se distribuyen por una fórmula automática sino por decisión discrecional del Gobierno de turno. Bajo la gestión de Javier Milei ese margen se profundizó: entre enero y junio la Nación repartió $121.000 millones en ATN, dejó sin distribuir un saldo acumulado de 455.658 millones, y no giró un peso por ese concepto ni en mayo ni en junio, según la consultora Politikón Chaco.

El freno no se limitó a los ATN. El conjunto de las transferencias no automáticas a provincias y a la Ciudad de Buenos Aires cayó 87,7% real interanual en junio, a 48.300 millones de pesos, el nivel más bajo para ese mes desde 2005. En el semestre, los envíos sumaron 639.589 millones, un 61,8% menos que en igual período de 2025: el segundo peor primer semestre de la serie, detrás solo de 2024.

El reparto, además, fue desparejo. En junio, Buenos Aires concentró el 27,2% de las transferencias no automáticas, seguida por Corrientes y Santa Fe. En los ATN del año, Misiones fue la provincia más beneficiada. En el otro extremo, ocho de las 24 jurisdicciones —entre ellas Córdoba, La Rioja, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, La Pampa, Formosa, San Luis y CABA— no recibieron un peso de ATN en los dos años y medio de gestión libertaria, en su mayoría distritos gobernados por la oposición.

A los ATN se suma otra herramienta discrecional: los anticipos financieros a cuenta de coparticipación. Este lunes, el Gobierno oficializó por el Decreto 584/2026 un anticipo de hasta 400.000 millones de pesos para Córdoba, destinado a cubrir necesidades transitorias de caja y compromisos presupuestarios. La asistencia —justamente a una de las provincias que no recibió un solo peso de ATN en lo que va de la gestión— devengará una tasa fija anual del 15% y se devolverá durante este año mediante retenciones automáticas sobre los recursos de coparticipación de la propia Córdoba. El mismo mecanismo, con anticipos de hasta 400.000 millones, ya se había aplicado este año a Santa Fe y Jujuy, y por 220.000 millones a Entre Ríos.

Esa discrecionalidad es, precisamente, el objeto de una demanda que La Pampa presentó contra el Estado Nacional y que la Corte Suprema aceptó tratar en instancia originaria el 7 de mayo. El reclamo exige que el 1% de los ATN se distribuya “diaria y automáticamente” entre todas las provincias, en lugar de depender del Poder Ejecutivo. El tribunal le dio a la Nación sesenta días para responder, en un expediente que retoma antecedentes favorables a los reclamantes en las causas que Santa Fe y la Ciudad de Buenos Aires ya ganaron contra el Estado por motivos similares.

La columna de Guzmán Coraita se conoce, entonces, en un contexto en el que la discrecionalidad que él mismo cuestiona como síntoma de un federalismo fiscal fallido es, hoy, una de las principales herramientas de negociación política del Gobierno con los gobernadores. Mientras el Senado se apresta a tratar la agenda del segundo semestre, la coparticipación —y el uso de los ATN y los anticipos financieros como moneda de cambio para conseguir apoyos— vuelve a ubicarse en el centro de la relación entre la Casa Rosada y las provincias.

¿La Libertad Avanza debe intentar quedarse con las gobernaciones o le conviene convertir a los mandatarios provinciales en socios de la reelección presidencial de Javier Milei? Esa pregunta, que hace apenas unos meses parecía prematura, empezó a ordenar buena parte de las conversaciones de la mesa política del Gobierno, que anhela salir del atolladero en la que la dejó el caso Adorni. A medida que se acerca 2027, el oficialismo enfrenta un dilema que excede largamente el calendario electoral: construir poder territorial propio o administrar una red de alianzas con quienes hoy gobiernan las provincias.

La discusión supone, además, un cambio de paradigma para el propio mileísmo. Durante la campaña presidencial de 2023, Milei hizo exactamente lo contrario de lo que durante décadas había recomendado el manual de la política argentina. Recorrió relativamente poco el país, sin un partido nacional, apoyado en una alianza de sellos de goma, sin gobernadores, sin intendentes y con armados provinciales que, en muchos casos, terminaron de cerrarse apenas semanas antes de la elección. En varios distritos obtuvo resultados extraordinarios sin haberlas visitado durante la campaña y, en algunos casos, tampoco volvió a hacerlo una vez convertido en Presidente. La elección pareció demostrar que era posible conquistar el poder sin estructura territorial.

Ese razonamiento, sin embargo, tenía un límite evidente. Una cosa era ganar una elección presidencial apoyado casi exclusivamente en la figura del candidato y otra muy distinta gobernar un país federal siendo una fuerza claramente minoritaria en el Congreso. La experiencia de estos primeros años terminó modificando varias de las certezas originales del oficialismo. Cada ley importante obligó a negociar con gobernadores que, durante la campaña, parecían formar parte de esa “casta” que Milei prometía dejar atrás.

La necesidad parlamentaria, sin embargo, no eliminó otra ambición que empezó a crecer silenciosamente dentro del karinismo. Mientras la gobernabilidad era garantizada, Karina Milei aprovechó el tiempo para construir un partido nacional capaz de disputar el poder en cada distrito. Afiliaciones, escuelas de formación, incorporación de dirigentes, desembarco de referentes jóvenes y armado de mesas políticas provinciales comenzaron a multiplicarse en paralelo a las negociaciones legislativas. Para comprenderlo, vale la pena tomar algunos ejemplos.

Córdoba

Córdoba concentra hoy una de las discusiones más delicadas del oficialismo. Durante meses convivieron dos hipótesis: aprovechar el buen vínculo que Martín Llaryora mantiene con la Casa Rosada para explorar algún entendimiento político o avanzar con una candidatura libertaria propia que disputara la gobernación. En los últimos días, el diputado Gabriel Bornoroni se encargó de inclinar la balanza. Al anunciar públicamente que La Libertad Avanza tendrá candidato propio en 2027, envió un mensaje tanto hacia adentro de la oposición como hacia el peronismo provincial: la prioridad seguirá siendo la reelección de Javier Milei, pero eso no implicará resignar la pelea por el poder en Córdoba.

La definición también reordenó el tablero opositor. Sin confirmar si será él quien encabece la boleta, Bornoroni dejó prácticamente descartada la posibilidad de ceder el primer lugar de la fórmula a dirigentes aliados como Luis Juez o Rodrigo de Loredo. El mensaje cayó en un momento de creciente tensión con el radicalismo, después de que el diputado libertario profundizara el acercamiento a intendentes radicales que comenzaron a abandonar la órbita de De Loredo para sumarse al armado violeta. En paralelo, dentro de la coalición opositora ya dan por descontado que, si el candidato termina siendo Bornoroni, el resto de los espacios deberá redefinir su estrategia en función de esa decisión.

Eso no significa que hayan desaparecido los puentes con el llaryorismo. El gobernador mantiene uno de los vínculos más fluidos con la Casa Rosada y las negociaciones legislativas alimentaron durante meses las versiones sobre un posible entendimiento que incluyera el respaldo cordobés a la agenda parlamentaria del Gobierno a cambio de una competencia menos agresiva en la provincia. Sin embargo, en Balcarce 50 aseguran que hoy prevalece otra mirada: Córdoba fue uno de los distritos donde Milei obtuvo sus mejores resultados y renunciar a disputar la gobernación enviaría una señal de debilidad incompatible con la ambición territorial que Karina Milei busca imprimirle a La Libertad Avanza.

Santa Fe

Si Córdoba representa el debate, Santa Fe parece haber tomado una decisión. Allí la conducción de Romina Diez ya trabaja con la premisa de que La Libertad Avanza debe disputar directamente la gobernación en 2027 y convertir a la provincia en uno de los principales objetivos electorales del oficialismo. Después del buen desempeño obtenido en las elecciones de 2025, el espacio empezó a convencerse de que el sello libertario tiene volumen suficiente para competir por el poder provincial sin necesidad de integrarse a una coalición más amplia.

La diputada nacional conduce una mesa política que responde de manera directa a Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem, quienes intervienen en las principales definiciones del armado. A su alrededor se consolidó un núcleo de dirigentes integrado, entre otros, por el diputado Agustín Pellegrini, el titular del PAMI Rosario, Guido Orlandi, el apoderado partidario Marcos Peyrano y referentes territoriales que comenzaron a extender la presencia libertaria hacia las principales ciudades de la provincia.

En paralelo, el espacio también impulsa la construcción en universidades y centros de estudiantes, una estrategia que el karinismo considera clave para consolidar una nueva generación de cuadros políticos. La prioridad, repiten cerca de Diez, es consolidar primero un partido propio. Las alianzas, si llegan, serán una discusión posterior. El objetivo inmediato es construir una alternativa capaz de disputarle el poder a Maximiliano Pullaro.

Entre Ríos

En Entre Ríos, la prioridad de La Libertad Avanza no pasa todavía por definir candidaturas, sino por terminar de ordenar una estructura que durante buena parte de 2025 estuvo atravesada por fuertes disputas internas. Bajo la conducción del diputado provincial Roque Fleitas, principal referente libertario en la provincia y hombre de confianza de la mesa nacional, el espacio busca cerrar definitivamente una etapa marcada por conflictos que terminaron demorando la consolidación del partido.

El caso más emblemático fue el de Concordia, el segundo distrito electoral de la provincia, donde la elección partidaria terminó judicializada y dejó al espacio prácticamente acéfalo durante más de un año, obligando incluso a la intervención de Karina Milei para intentar desactivar el conflicto. Después de meses de enfrentamientos, los sectores que encabezaban Ignacio Cabrera y Eduardo Beswick comenzaron a negociar una conducción de unidad con el aval de la conducción provincial y de la mesa nacional. El objetivo es dejar atrás una interna que consumió buena parte de las energías del partido y llegar al año electoral con una representación legítima, capaz de contener a las distintas líneas internas y proyectar una estrategia común.

Recién una vez resuelta esa etapa aparecerá la discusión política de fondo: si conviene competir en soledad o, como ocurrió en 2025, explorar un entendimiento con el gobernador Rogelio Frigerio, uno de los mandatarios provinciales con mejor vínculo con la Casa Rosada. Nadie descarta ninguna alternativa. De hecho, la posibilidad de un acuerdo sigue sobre la mesa, pero en el oficialismo repiten que antes de negociar con otros partidos necesitan ordenar el propio.

Tucumán

La conducción de La Libertad Avanza en Tucumán decidió cerrar de antemano cualquier especulación sobre un eventual entendimiento con el gobernador Osvaldo Jaldo, uno de los mandatarios peronistas que más acompañó al Gobierno en el Congreso. El presidente del partido en la provincia, Lisandro Catalán, fue terminante al descartar esa posibilidad y sostuvo que el objetivo del espacio es construir una alternativa capaz de gobernar la provincia, no negociar lugares dentro del esquema político existente.

Con esa premisa, el exvicejefe del Interior anunció que en los próximos meses presentará una propuesta integral de gobierno para la provincia y para cada uno de sus municipios, en una estrategia que busca correr el eje de la discusión electoral hacia un proyecto de gestión propio. Al mismo tiempo, abrió las puertas a dirigentes provenientes del radicalismo, el PRO e incluso del peronismo, aunque con una condición: que acepten incorporarse al proyecto libertario sin exigir candidaturas como condición de ingreso. “Eso de 'me sumo si me toca algo' es exactamente lo que queremos desterrar”, resumió recientemente.

Las definiciones también alcanzaron a los posibles aliados. Catalán no descartó conversaciones con otros espacios opositores, como Fuerza Republicana, de Ricardo Bussi, pero aclaró que cualquier entendimiento deberá preservar la identidad de La Libertad Avanza. La única puerta que el oficialismo provincial considera definitivamente cerrada es la que conduce a Jaldo. “Representa al peronismo que gobierna hace más de cuarenta años la provincia. Nosotros venimos a revertir ese proceso”, argumentó en una entrevista con el sitio Sin Letra Chica.

Río Negro

Con el senador Enzo Fullone convertido en el principal armador de la provincia y en contacto permanente con la Casa Rosada, La Libertad Avanza de Río Negro viene incorporando dirigentes de otros espacios para ampliar su base territorial. La afiliación del diputado nacional Aníbal Tortoriello, ex candidato a gobernador por el PRO y uno de los dirigentes con mayor nivel de conocimiento en la provincia, terminó de despejar una de las discusiones internas que atravesaban al espacio y reforzó la idea de competir con un candidato propio en 2027.

La estrategia responde a la lógica que impulsa Karina Milei en buena parte del país: fortalecer primero el partido y resolver después las candidaturas. Aunque Tortoriello aparece hoy como uno de los nombres mejor posicionados para enfrentar al oficialismo de Alberto Weretilneck, tampoco se descarta que el propio Fullone dispute esa postulación. Más allá de quién termine encabezando la boleta, en el oficialismo aseguran que el objetivo no es cerrar un acuerdo con el gobierno provincial sino consolidar una alternativa libertaria capaz de disputar el poder después de más de una década de predominio de Juntos Somos Río Negro.

Misiones

Misiones aparece, quizás, como el laboratorio más avanzado del proyecto territorial que impulsa Karina Milei. La secretaria general de la Presidencia desembarcó este fin de semana en Posadas para inaugurar la Escuela de Dirigentes de La Libertad Avanza, una iniciativa que trasciende largamente la formación política y funciona como una señal del lugar que la conducción nacional le asigna a la provincia dentro del mapa electoral de 2027. El objetivo no es solamente capacitar militantes, sino acelerar la consolidación de una estructura permanente que permita al partido competir en cada uno de los 79 municipios misioneros.

La apuesta libertaria coincide, además, con un momento de transición para el oficialismo provincial. Después de más de dos décadas de hegemonía política, el espacio que conduce Carlos Rovira atraviesa una reconfiguración interna que quedó reflejada en el lanzamiento de Encuentro Misionero, la nueva identidad con la que el histórico Frente Renovador de la Concordia busca administrar la sucesión y ordenar sus propias tensiones. En la Casa Rosada siguen de cerca ese proceso y creen que las diferencias que empezaron a aflorar dentro del rovirismo podrían abrir una oportunidad inédita para una oposición que, hasta hace pocos años, parecía condenada a disputar apenas un puñado de bancas legislativas.

En ese contexto, tanto el presidente provincial de La Libertad Avanza, Adrián Núñez, como el diputado nacional Diego Hartfield salieron en las últimas semanas a despejar cualquier especulación sobre un eventual acuerdo con el oficialismo. Ambos rechazaron de manera terminante la posibilidad de una alianza con Encuentro Misionero y sostuvieron que la tarea encomendada por Javier y Karina Milei consiste precisamente en construir una alternativa liberal propia. “Tenemos muy buenos candidatos y pueden aparecer más outsiders”, aseguró Núñez, quien incluso se excluyó de la carrera por la gobernación para concentrarse en el armado partidario.

Formosa

Después de meses de tensiones internas, renuncias y acusaciones cruzadas sobre supuestos vínculos con el oficialismo provincial, La Libertad Avanza de Formosa inició una etapa de reordenamiento con la llegada de Marión Rodríguez a la conducción partidaria y el fortalecimiento del liderazgo del diputado nacional Atilio Basualdo, considerado por la Casa Rosada como el principal referente libertario en la provincia.

La renovación de autoridades busca cerrar definitivamente una interna que expuso las dificultades de construir un partido nuevo en un territorio dominado desde hace décadas por el peronismo de Gildo Insfrán. La salida del entonces presidente partidario, Esteban López Tozzi, quien justificó su alejamiento denunciando que algunos sectores pretendían mantener acuerdos con el oficialismo provincial, terminó acelerando esa reorganización.

Objetivo 2027

En la Casa Rosada empezó a consolidarse una lectura. El desgaste de muchos oficialismos provinciales, algunos después de décadas en el poder, abrió una oportunidad que La Libertad Avanza cree que puede aprovechar. El antecedente de 2023 sigue muy presente entre los estrategas libertarios: fue el año con mayor cantidad de elecciones desdobladas de la historia reciente y, al mismo tiempo, uno de los que registró más derrotas de gobiernos provinciales. Separar los comicios locales de la elección presidencial dejó de ser una garantía de supervivencia política. Para el karinismo, esa tendencia podría profundizarse en 2027.

Sobre ese telón de fondo se montó la negociación que hoy encabeza el flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, con los gobernadores. El objetivo inmediato es reunir los votos para suspender las PASO, una reforma que el Gobierno considera prioritaria de cara a los futuros comicios. Pero la conversación excede largamente las primarias. La propuesta oficial incluye rehabilitar las listas colectoras para la categoría presidencial, un mecanismo que permitiría a distintos mandatarios acompañar la candidatura de Milei sin necesidad de integrarse formalmente a La Libertad Avanza ni resignar el control de sus estructuras provinciales.

Después del Mundial comenzará, en los hechos, la carrera hacia el año que viene. Para Milei, ya no se trata solamente de volver a ganar una elección presidencial, sino de transformar un fenómeno político construido alrededor de un liderazgo personal en una organización capaz de sobrevivirle. La discusión sobre las gobernaciones, en el fondo, habla del intento de La Libertad Avanza por dejar de ser una fuerza que gobierna desde la Casa Rosada para convertirse, por primera vez, en un partido con poder territorial propio. Si logra alcanzarlo, solo el futuro lo dirá.

PL/MG

Incredulidad. Esa fue la sensación que predominó el día que empezó a correr la versión de un distanciamiento entre el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, y el líder indiscutido del oficialismo provincial, Carlos Rovira. El rumor apareció de manera casi subterránea, se expandió durante buena parte de 2025 y, en un principio, nadie quiso tomarlo en serio. No porque las diferencias entre ambos fueran imposibles —en política nunca lo son—, sino porque suponía poner en duda el principal activo que Rovira construyó durante más de dos décadas: su condición de conductor infalible.

El lanzamiento de Encuentro Misionero, el nuevo nombre que reemplazó al histórico Frente Renovador de la Concordia, y la decisión de Rovira de no competir el año próximo por una banca en la Cámara de Representantes —la primera vez desde 2007 que ni siquiera integrará formalmente el Poder Legislativo provincial— fueron leídos por todo el mundo como la señal más evidente de que el ciclo político inaugurado en 2003 había terminado. Pero la decisión de Passalacqua de competir por la reelección en 2027 le agregó un capítulo inesperado a esa hoja de ruta.

En Misiones existe una convicción instalada desde hace años. Que nada importante ocurre sin que Rovira lo haya previsto. Que ningún movimiento político escapa a su control. Que, incluso cuando parece retroceder, en realidad está varios pasos adelante. Sin embargo, esta vez algo empezó a desacomodar esa lógica. Un proceso silencioso, alimentado por gestos y conversaciones reservadas que terminaron encontrando una confirmación inesperada en las últimas semanas.

No es un dirigente cualquiera el que aparece ahora en el otro vértice de la disputa. Passalacqua, de 68 años, gobernó la provincia entre 2015 y 2019, volvió al poder en 2023 y supo ser uno de los hombres de mayor confianza del conductor. De perfil moderado y mucho más inclinado a la gestión que a la construcción partidaria, nunca había protagonizado un cortocircuito público con quien diseñó el sistema hegemónico que rige en Misiones desde comienzos de siglo. Por el contrario, Passalacqua siempre reconoció a Rovira como el cerebro más importante de la historia política de la provincia. Precisamente por eso, el episodio adquiere una dimensión inédita.

Fractura expuesta

Durante meses, todo permaneció en el terreno de las versiones. Nadie hablaba en público. Las diferencias se insinuaban en reuniones reservadas, en gestos cada vez menos disimulados y en el creciente malestar de un sector del oficialismo con el esquema de sucesión diseñado por Rovira. Hasta que el silencio empezó a resquebrajarse. Y no fueron dirigentes menores quienes decidieron hacerlo.

El primer paso llegó después de que el flamante Encuentro Misionero difundiera el listado de sus autoridades. Entre los nombres aparecía el del propio gobernador Passalacqua, junto al de ministros, intendentes y funcionarios que, según el entorno del mandatario, jamás habían autorizado integrar ese nuevo espacio. La respuesta no tardó en llegar.

Quien salió a fijar posición fue el ministro coordinador de Gabinete, Carlos “Kako” Sartori, uno de los funcionarios de mayor confianza de Passalacqua. “Tanto el gobernador como la inmensa mayoría de los funcionarios, dirigentes y militantes que lo acompañamos formábamos parte de un partido, la Renovación, que se extinguió, ya no existe más”, sostuvo, tajante. El funcionario fue todavía más lejos y acusó al nuevo espacio de haber utilizado “nuestros nombres sin autorización” y anunció que tanto el gobernador como el resto de los dirigentes presentarían formalmente su renuncia.

“Hay un grupo que formó otro espacio y abandonó ese proyecto llevándose, entre otras cosas, las fichas de afiliación”, afirmó Sartori. De manera inédita para la política misionera, por primera vez era el propio oficialismo el que hablaba de dos espacios distintos donde hasta hacía apenas unos meses existía uno solo.

Pocos días después llegó la confirmación política. La encargada de darla fue Viviana Rovira, prima del mandamás, pareja de Passalacqua y presidenta del Instituto Misionero de Biodiversidad (IMiBio). Durante un encuentro de mujeres realizado en Puerto Rico, frente a cientos de militantes, intendentes y dirigentes de toda la provincia, pronunció una frase que terminó de confirmar lo que hasta entonces circulaba únicamente por lo bajo. “Nuestro exconductor eligió irse a otro espacio. Nosotros nos quedamos donde estuvimos siempre. Ahora tenemos que volver a empezar juntos, pero con más fuerza”, arengó.

Desde el inicio del actual mandato, Viviana volvió a ubicarse en el centro de la escena como la dirigente de mayor confianza de Passalacqua y una de las principales articuladoras del trabajo territorial del oficialismo. Sin embargo, mucho antes de convertirse en una de las principales espadas políticas del actual gobernador, había ocupado un lugar central en uno de los episodios más decisivos de la historia reciente de Misiones: en 2006 encabezó la campaña por el Sí durante el referéndum convocado por Rovira para habilitar su re-reelección. Aquella consulta terminó con el triunfo del No impulsado por el entonces obispo Joaquín Piña y representó la mayor derrota electoral del conductor renovador.

El fin del tabú

Hasta hace poco, discutir el liderazgo de Rovira en Misiones era un ejercicio reservado a las sobremesas. La combinación de una estructura territorial aceitada, una oposición fragmentada y una economía provincial relativamente ordenada había convertido al exgobernador en una figura casi indiscutida. Incluso quienes cuestionaban aspectos de su gestión solían reconocerle una virtud política poco frecuente: la capacidad para anticiparse a los acontecimientos y mantener el control del sistema.

Ese consenso empezó a resquebrajarse durante 2024. La prolongada protesta policial y de docentes primero, y la irrupción de un discurso abiertamente anti-Rovira después, modificaron un clima político que llevaba años sin grandes alteraciones. Por primera vez desde la creación del Frente Renovador de la Concordia, en 2003, comenzaron a multiplicarse las críticas dirigidas no solamente contra el Gobierno provincial, sino contra el propio conductor del espacio. La figura de Rovira dejó de ser un tema vedado y empezó a ocupar un lugar central en la discusión pública.

Aunque el exgobernador sigue siendo el dirigente con mayor capacidad de decisión, la actual situación supone el inicio de una discusión que hasta hace muy poco era prácticamente un tabú: cómo administrar la sucesión del hombre que se acostumbró a ordenar la política misionera casi sin oposición interna. Y es precisamente alrededor de esa pregunta donde empezaron a aflorar las tensiones. Lo que hoy se discute dentro del oficialismo no es solamente quién gobernará Misiones después de Rovira. Se discute también quién administrará la estructura política, económica y territorial que construyó el exgobernador.

La pulseada con Passalacqua expresa dos maneras distintas de entender la relación de Misiones con el gobierno de Javier Milei. Durante los últimos dos años y medio fue Rovira quien se encargó de tender puentes con la Casa Rosada al preservar un vínculo de cooperación con el oficialismo nacional. Los diputados y senadores responden directamente a él. Y en momentos clave, garantizó el acompañamiento legislativo a los proyectos más polémicos de La Libertad Avanza. Esa estrategia le permitió mantener capacidad de negociación con un Gobierno que hizo del ajuste fiscal una de sus principales banderas.

Passalacqua, en cambio, nunca terminó de sentirse completamente cómodo con ese esquema. No solo por las diferencias ideológicas que tiene con Milei, sino por el lugar que le tocó ocupar. Mientras Rovira administraba la relación política con la Nación, el gobernador debía gestionar una provincia golpeada por el recorte de transferencias, la caída de la obra pública y una crisis cada vez más profunda en la producción yerbatera, uno de los principales motores económicos de Misiones.

Perestroika rovirista

La palabra no apareció en boca de nadie, pero la referencia resulta inevitable. A mediados de los años ochenta, el líder soviético Mijaíl Gorbachov bautizó como perestroika (“reestructuración”, en ruso) al paquete de reformas con el que intentó modernizar un sistema que él mismo buscaba preservar. Salvando las enormes distancias históricas, algo de esa lógica comenzó a percibirse en Misiones. Casi en paralelo con el lanzamiento de Encuentro Misionero, Carlos Rovira empezó a impulsar una batería de reformas políticas e institucionales que, al menos en el plano discursivo, revisan algunos de los pilares del modelo que él mismo consolidó durante más de dos décadas.

Los anuncios se hacen en “La Previa”, comos se denomina a las reuniones políticas que instauró Rovira a partir del 2024 y que se realizan antes de cada sesión ordinaria de la Cámara de Representantes. Desde abril, cada jueves convocó a dirigentes para anticipar los proyectos considerados estratégicos y fijar la línea política del oficialismo. El encuentro dejó de realizarse hace dos semanas, justo cuando la interna con Passalacqua comenzó a hacerse cada vez más visible.

Entre las iniciativas impulsadas figura una reforma electoral que incorpora la Boleta Única Partidaria y limita la polémica Ley de Lemas a un máximo de cuatro listas por fuerza política en cada municipio. Formalmente, el objetivo es reducir la proliferación de candidaturas y simplificar el proceso electoral. Pero en Misiones pocos creen que el alcance sea únicamente administrativo.

La discusión comenzó apenas unas semanas después de que 67 intendentes firmaran la denominada “Acta Acuerdo de Ruiz de Montoya”, un documento que proclamó a Passalacqua como la “máxima autoridad del Estado”, respaldó abiertamente su eventual reelección y reclamó mayor participación de los jefes comunales en las decisiones partidarias. En ese contexto, cualquier modificación que limite el peso electoral de los intendentes o restrinja su capacidad de construir poder territorial fue interpretada como un mensaje directo hacia el principal sostén político del gobernador.

A esa reforma se suman cambios en el Código Procesal Penal para profundizar el sistema acusatorio y la oralidad de los juicios, además de un proyecto de Ficha Limpia Misionera, que incorpora nuevas causales de inhabilitación para acceder a cargos electivos y prevé incluso controles toxicológicos para quienes aspiren a representar a la ciudadanía.

¿Passalacqua 2027?

Toda la discusión en Misiones gira alrededor del esquema de poder que Carlos Rovira pretende dejar armado para la próxima etapa. El conductor no imagina a Passalacqua encabezando nuevamente la boleta para buscar la reelección y convirtiéndose, eventualmente, en el primer político en la historia provincial en alcanzar tres mandatos. Su apuesta es otra: consolidar un recambio generacional con el actual vicegobernador Lucas Romero Spinelli como principal referencia institucional, pero acompañado por un esquema de poder mucho más amplio en el que Ramiro Rovira aparece ocupando un lugar cada vez más relevante.

Mientras el joven Romero Spinelli, de solo 36 años, representa la continuidad política del proyecto, el hijo mayor del exgobernador fue ganando protagonismo en el universo empresarial que comenzó a gravitar alrededor del oficialismo durante los últimos años. En la política misionera son cada vez más quienes leen ambos procesos como partes de un mismo diseño sucesorio.

Ese proyecto, sin embargo, empezó a encontrar resistencias dentro de la propia Renovación. Con el lanzamiento de Encuentro Misionero, Rovira conservó el núcleo juvenil que desde hace años viene formando alrededor suyo. Pero buena parte del resto del ecosistema político del oficialismo tomó otro camino. Intendentes, algunos ministros y dirigentes históricos comenzaron a presionar a Passalacqua para que se despegue de esa estrategia de Rovira, convencidos de que una eventual reelección del gobernador ofrecería una transición mucho menos traumática que un recambio generacional impulsado desde arriba.

La figura de Leonardo “Lalo” Stelatto, el intendente de Posadas, también genera cierto rechazo. Aunque continúa siendo uno de los dirigentes más cercanos a Rovira y aparece como una pieza importante dentro del esquema de transición que imagina el conductor, su eventual proyección provincial despierta fuertes resistencias entre buena parte de los jefes comunales del interior. Lo identifican como uno de los grandes beneficiarios políticos y presupuestarios del rovirismo durante los últimos años y sostienen que su candidatura difícilmente lograría sintetizar al conjunto del oficialismo.

¿Y si Passalacqua es, en realidad, la verdadera prenda de unidad de cara al 2027? Algunos lo creen posible. “Si Hugo encabeza, la Renovación tiene muchas más chances de ganar que de perder”, sostiene uno de los dirigentes que impulsa esa salida unitaria. Hay quienes afirman que lo que comenzó a ponerse en tela de juicio es algo más: el grado de autonomía que tendrá quien gobierne la provincia durante los próximos años. “Cerca de Passalacqua creen que pueden administrar mucho mejor con mayor independencia”, resume uno de los dirigentes consultados.

Escenario abierto

Dentro del oficialismo, sin embargo, el debate dejó hace tiempo de limitarse a las candidaturas. “No estamos hablando solamente de política. Estamos hablando de dinero”, sintetiza descarnadamente otra fuente que participa de las conversaciones. La frase resume una percepción bastante extendida dentro del oficialismo. Los rumores acerca de una revisión silenciosa de proveedores, contratos, estructuras de financiamiento y circuitos de negocios que durante años acompañaron al modelo de poder construido por Rovira se acrecentaron en las últimas semanas. Es en ese contexto donde algunos dirigentes empezaron a releer episodios que, vistos de manera aislada, parecían desconectados entre sí.

En el entorno de Passalacqua saben que la estrategia de romper con Rovira tendría un costo adicional. El exgobernador fue mucho más que el jefe político del oficialismo. Se trató, además, del principal arquitecto de la política extraprovincial del “misionerismo”. Mientras sus sucesivos delegados se concentraban en la gestión cotidiana, él se dedicaba a articular acuerdos que excedían largamente las fronteras de Misiones. “La Renovación hace tiempo hace política afuera, no adentro”, resume un dirigente que conoce de cerca ese funcionamiento.

La principal fortaleza política de Rovira no fue solamente su capacidad para ganar elecciones. Fue, sobre todo, la sensación de que siempre llegaba antes que los demás. Anticipó el colapso del bipartidismo provincial, sobrevivió a los cambios de signo político en la Casa Rosada, construyó una de las maquinarias electorales más estables del país y logró algo que muy pocos dirigentes consiguieron: retirarse formalmente del poder sin dejar de ejercerlo. Esa fama de estratega hizo que, durante mucho tiempo, cualquier movimiento suyo fuera interpretado como parte de un plan cuidadosamente diseñado.

Por eso todavía existen quienes desconfían de la veracidad de la interna. En la política misionera no faltan los que creen que es una escena minuciosamente montada, una nueva maniobra del propio conductor para volver a correr del centro de la escena a la oposición y reorganizar el tablero bajo sus propias reglas. La teoría no resulta extravagante en una provincia donde, durante dos décadas, casi todas las jugadas importantes terminaron llevando su firma.

Pero incluso si esa hipótesis fuera cierta, no modifica el dato político de fondo. El cambio de ciclo ya comenzó. La incógnita dejó de ser si habrá un después de Rovira. La verdadera pregunta es otra: ¿ese después será administrado en los términos que el propio Rovira consiga imponer o en los que se le terminen imponiendo desde afuera? Con una oposición todavía fragmentada y La Libertad Avanza que busca capitalizar el creciente sentimiento de hartazgo, esa disputa recién empieza.

En ese escenario, otra pregunta empieza a abrirse paso dentro del propio oficialismo provincial: ¿puede Passalacqua convertirse en el dirigente capaz de canalizar parte de ese descontento si decide romper con el sistema que lo llevó al poder, o el anti-rovirismo terminará encontrando su expresión política por fuera de la “caducada” Renovación? Esa respuesta, probablemente, defina la política misionera mucho después de que Carlos Rovira abandone definitivamente el centro de la escena.

PL

En la última semana de febrero y en forma paralela a votaciones claves en el Gobierno nacional, seis provincias recibieron Aportes del Tesoro Nacional (ATN) por $20.000 millones. Hasta el 22 de febrero la Casa Rosada no había enviado ni un solo peso de ATN a las provincias ese mes.

Un informe de la consultora Politikón Chaco reveló que febrero finalizó con giros de ATN a seis provincias por $20.000: Misiones, Salta y Santa Cruz captaron $4.000 millones cada una; Corrientes y Jujuy percibieron $3.000 millones por jurisdicción; y Neuquén recibió $2.000 millones.

La mayoría de ellas habían sido visitadas por el ministro del Interior, Diego Santilli, y se anudaron acuerdos que luego se reflejaron al momento de las votaciones.

Estos envíos generaron variaciones reales positivas superiores al 1.000% en provincias como Salta y Santa Cruz debido a la baja base de comparación interanual. El fondo total de ATN en febrero alcanzó los $85.047 millones, lo que marcó una ejecución del 23,5%.

Este nivel de reparto resultó levemente inferior al 25,7% registrado en febrero del año anterior. En el análisis del primer bimestre de 2026, el reparto de ATN acumulado fue de $27.000 millones sobre un fondo recaudado de $177.117 millones.

Esto representa una distribución del 15,2%, quedando un saldo sin ejecutar de $150.117 millones al cierre de febrero. Corrientes se mantiene como la principal beneficiaria del bimestre con $6.000 millones captados.

Con información de la agencia NA

El debate por la reforma laboral del Gobierno sumó en las últimas horas un nuevo eje de tensión política: gobernadores de distintos signos reclamaron a la Casa Rosada eliminar o modificar la rebaja del Impuesto a las Ganancias para empresas incluida en el proyecto de “modernización laboral”, al advertir que la medida recorta recursos coparticipables y afecta de manera directa a las finanzas provinciales.

Según la Noticias Argentinas, la presión provino tanto de mandatarios aliados como opositores y se intensificó a pocas horas de que el Senado comience a debatir la iniciativa en sesiones extraordinarias. El reclamo se apoyó en el impacto fiscal que tendría la reducción del tributo, que forma parte de los ingresos que la Nación distribuye a las provincias.

El conflicto se volvió central porque los gobernadores condicionaron su respaldo legislativo a la reforma laboral a la resolución de este punto. En la mesa de negociaciones, exigieron que el Gobierno nacional asuma el costo fiscal, modifique el esquema o postergue la medida. De lo contrario, advirtieron, el apoyo político quedará en duda.

De acuerdo a la información oficial citada por NA, la rebaja del Impuesto a las Ganancias para sociedades y empresas —incluida en el proyecto que impulsa el presidente Javier Milei— implicaría una pérdida estimada de hasta $3 billones en recursos coparticipables. Ese impacto explica la resistencia de los mandatarios, incluso de aquellos que acompañan el rumbo general del Ejecutivo.

Entre los distritos más afectados se encuentran Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, que lideran el ranking de provincias con mayor pérdida proyectada, con un índice estimado superior a $1 billón en cada caso. La advertencia encendió alarmas en los gobiernos provinciales, que enfrentan restricciones presupuestarias en un contexto de ajuste y caída de la recaudación real.

Los gobernadores aliados al oficialismo, como Gustavo Sáenz, Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil, expresaron su disposición a acompañar la reforma laboral, pero reclamaron garantías fiscales concretas. En ese marco, plantearon dos alternativas: que la Nación absorba el costo de la rebaja o que la medida se postergue hasta 2027.

La tensión se instaló cuando el Ejecutivo defendió la reducción del impuesto como un instrumento para mejorar la rentabilidad empresaria y estimular la inversión, aun cuando el costo recaiga sobre las provincias. Para los mandatarios, el esquema implica trasladar el ajuste a los territorios sin compensaciones claras.

Desde el Gobierno nacional, sin embargo, la posición se mantuvo firme. Según NA, el Ejecutivo insistió en sostener la rebaja de Ganancias, aunque en las últimas horas comenzó a evaluar alternativas para no poner en riesgo la sanción de la reforma laboral. Entre ellas, se analizó la posibilidad de sacrificar el capítulo fiscal para garantizar la aprobación del proyecto impulsado por La Libertad Avanza.

La negociación dejó expuesta la lógica que atraviesa el tratamiento legislativo: la reforma laboral se convirtió en una ficha de canje en una disputa ajena a las condiciones de trabajo. Mientras se discuten impuestos, coparticipación y costos fiscales, el contenido laboral del proyecto —que modifica normas centrales de la relación entre empleadores y trabajadores— quedó subordinado a acuerdos políticos.

En el otro extremo, gobernadores que ya rechazaron la reforma mantuvieron una posición intransigente. Gildo Insfrán, Sergio Ziliotto, Gustavo Melella y Axel Kicillof ratificaron su rechazo a la reforma laboral, con o sin modificaciones en el Impuesto a las Ganancias.

Ese posicionamiento marcó un límite político claro: para esos distritos, el problema no es solo fiscal, sino el contenido mismo del proyecto, que consideran regresivo para los derechos laborales y perjudicial para quienes trabajan.

El escenario refuerza una constante del debate actual: las condiciones de empleo quedan fuera del centro de la discusión, mientras el foco se desplaza hacia la ingeniería fiscal y las negociaciones de poder. La reforma laboral avanza así como parte de un paquete más amplio, donde los derechos de los trabajadores funcionan como variable de ajuste en un intercambio entre Nación y provincias.

A horas de que el Senado abra el debate, el Gobierno enfrenta un dilema político: sostener el capítulo fiscal y arriesgar apoyos clave, o ceder en Ganancias para asegurar la sanción de una reforma laboral cuestionada por sindicatos, trabajadores y sectores de la oposición. En ninguno de los escenarios, el eje del debate se corre hacia la protección del empleo o la recuperación del salario, que continúan ausentes de la negociación.

JJD

El Gobierno profundiza las negociaciones para acelerar hacia fin de año el Presupuesto 2026 y las reformas que quiere Javier Milei a nivel laboral e impositivo. Desde este lunes habrá nuevas visitas de gobernadores a la Casa Rosada y ya se prepara una nueva cumbre de los mandatos provinciales con el Presidente, una vez que asuma Diego Santilli este martes como ministro del Interior.

La agenda oficial prevé para este lunes que Santilli, aún sin asumir, reciba junto al flamante jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al sanjuanino Marcelo Orrego y al cordobés Martín Llaryora. En la agenda también figura la visita del salteño Gustavo Saénz, de vínculo fluctuante con la administración libertaria. El pasado viernes, Adorni y Santilli recibieron al chubutense Ignacio Torres y al catamarqueño Raúl Jalil.

Entre los próximos encuentros programados, podrían visitar Balcarce 50 Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Hugo Passalacqua (Misiones), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Gustavo Valdés (Corrientes), entre otros mandatarios aliados.

Mientras tanto trascendió que en el Gobierno ronda la idea de coordinar una nueva foto con la veintena de representantes de las provincias, similar a la que fue convocada por Guillermo Francos y Lisandro Catalán, y el mandatario libertario, pero aclaran que se dará luego de que culminen los intercambios bilaterales con cada uno de ellos.

La idea del Poder Ejecutivo es aceitar los vínculos con las provincias para atender los reclamos puntuales que le permitan conseguir los votos necesarios para aprobar el Presupuesto 2026 y sancionar las reformas laboral, tributaria y penal durante las sesiones extraordinarias convocadas del 10 al 31 de diciembre. La agenda libertaria es ambiciosa para lo que parecen muy pocos días, sobre todo porque solo el proyecto de gastos tiene despacho de comisión y únicamente en la Cámara de Diputados.

En ese marco, Milei le dará formalidad a la nueva etapa de su gestión: este martes jurará finalmente Santilli como ministro político y encargado de las negociaciones con las provincias. El propio Santilli dijo que el diálogo con las provincias será lo preponderante en su gestión, aunque afirmó que no se reunirá con Axel Kicillof.

“Me aturde el doble discurso de Kicillof, no votó Boleta Única, no fue al Pacto de Mayo, no adhirió a las leyes de Reincidencia y Reiterancia, no adhirió a Ley Antimafia. ¿Dónde está, por qué tiene ese doble discurso?”, indicó “el Colo”, días atrás, en una entrevista televisiva.

Santilli tiene también otro desafío: la relación con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, con quien comparte la escudería del PRO. La Ciudad tiene con la Nación una disputa histórica por fondos de la coparticipación que la Corte Suprema avaló el año pasado. El escollo está en que el mecanismo acordado de un goteo diario y automático del 1,40% de los fondos y el restante 1,55% por transferencias semanales no aparece en el proyecto de Presupuesto 2026.

En su jura Santilli sí tendrá un macrista como invitado: además de los demás funcionarios del Gobierno y sus familiares, está confirmada la asistencia del jefe de bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo.

MC

Por primera vez en casi dos años, Javier Milei volverá a recibir en persona a los gobernadores en la Casa Rosada. La reunión será este jueves a las 17 y se da en un momento de reacomodamiento político tras la victoria legislativa del oficialismo. Participarán también el ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular del revivido Ministerio del Interior, Lisandro Catalán, que asumió hace más de un mes al frente de esa cartera con el objetivo de recomponer los puentes rotos entre la Nación y las provincias.

Milei ya había dado el aval para que empezaran los contactos y este martes se confirmó el encuentro. El jefe de Gabinete Guillermo Francos, y Catalán fueron los encargados de cursar llamados y mensajes a los distritos, con la expectativa de que al menos 17 mandatarios den el presente. “El temario es el que anunció el Presidente el domingo”, explicaron en Balcarce 50, en referencia al discurso desde el búnker de La Libertad Avanza, cuando habló de una nueva etapa de consensos y reformas.

El propio Milei buscó bajar el tono de la confrontación esta semana. “No tengo problemas, estoy dispuesto a sentarme con los gobernadores, no tengo problema con ninguno de ellos”, dijo el lunes en A24. Y agregó: “Muchos de ellos me escribieron para felicitarme. Tengo contacto con ellos. Hay toda una parafernalia fantasmagórica que no existe. Además, antes yo no me ocupaba de eso, pero hace un tiempo que me vengo ocupando activamente”.

En el Gobierno descuentan la participación de los firmantes del Pacto de Mayo, entre ellos Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero). Quedarán fuera del convite los opositores duros: Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Ricardo Quintela (La Rioja) y Sergio Ziliotto (La Pampa).

Será la primera reunión de Milei con un grupo amplio de gobernadores desde el 19 de diciembre de 2023. En estos meses, el Presidente mantuvo vínculos preferenciales con los mandatarios aliados —como Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Leandro Zdero (Chaco)— y acentuó las fricciones con quienes resistieron su esquema de ajuste.

El resultado electoral del domingo modificó, además, el equilibrio de poder en la mesa. Los gobernadores llegan con un listado de reclamos que incluye reparto de fondos discrecionales, deuda con las cajas previsionales, coparticipación del impuesto a los combustibles y reactivación de la obra pública. Son demandas que la Casa Rosada mantuvo congeladas en nombre del equilibrio fiscal.

Retomar el diálogo

El encuentro llega tras meses de tensión entre la Casa Rosada y las provincias, un vínculo marcado por vetos, reclamos y promesas incumplidas. Los mandatarios se sentarán frente a Milei en condiciones de mayor debilidad, sin la legitimidad que les daban los comicios locales ni el margen político que exhibían cuando se debatió la ley de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Varios vieron caer a sus candidatos en las urnas y hoy dependen más que nunca de la asistencia financiera nacional.

En septiembre, el Senado rechazó el veto presidencial al proyecto que ordena la distribución automática de los fondos entre los distritos, aunque Diputados evitó replicar ese gesto. En el Gobierno admiten que esa derrota política, sumada a la cadena de choques con los gobernadores, forzó a retomar el diálogo y a reconstruir una mesa política que llevaba casi un año desactivada.

La reapertura del Ministerio del Interior, que había sido absorbido en mayo de 2024 por la Jefatura de Gabinete, fue leída como una concesión política. “Siguiendo las instrucciones del Presidente, hemos constituido la Mesa Federal junto al ministro Caputo y el flamante ministro Catalán”, escribió Guillermo Francos hace un mes en X, en un mensaje revisado por Milei. Catalán, tucumano y hombre de confianza del jefe de Gabinete, funciona como su prolongación en el vínculo con las provincias. En la Rosada lo reconocen como una autocrítica silenciosa: el aislamiento con los gobernadores había dejado al Gobierno sin base territorial ni margen parlamentario.

Otros que se sumaron a esa mano de obra política fueron los recién electos Patricia Bullrich y Diego Santilli, que empezaron a actuar como nexos informales. El “Colo”, que dio la sorpresa en Buenos Aires, habló este lunes con Rogelio Frigerio y Gustavo Valdés, dos gobernadores de perfil dialoguista, mientras que la ministra de Seguridad ya se piensa como posible presidenta provisional del Senado a partir de diciembre.

En ese contexto, la reunión de este jueves apunta no solo a discutir las reformas que el Ejecutivo planea enviar al Congreso —la laboral y la tributaria, entre otras—, sino también a redefinir la relación de fuerzas entre la Nación y las provincias. La estrategia de Milei busca reabrir el diálogo sin entregar el control de la caja, mientras los mandatarios intentan, al menos, asegurar previsibilidad financiera y reactivar la obra pública.

“La diferencia es que ahora la mesa la encabeza el propio Presidente”, le dijo a elDiarioAR un funcionario que participó de la organización. En el entorno libertario confían en que la foto servirá para mostrar una nueva fase de gestión, menos ideológica y más pragmática, aunque en privado admiten que el clima será medido. Entre los mandatarios provinciales, el escepticismo persiste: muchos coinciden en que el gesto es necesario, pero insuficiente. Como resumió un gobernador del norte, en tono seco y sin rodeos: “Está bien que nos reciba, pero las provincias ya entendimos que no alcanza con una foto: queremos compromisos concretos”.

PL/CRM

La cadena de derrotas legislativas volvió a exponer la fragilidad política de Javier Milei y precipitó un operativo de contención en Balcarce 50. Este jueves, el Senado rechazó el veto presidencial a la ley que establece el reparto automático de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), impulsada de forma inédita por los 24 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño. El revés llegó apenas un día después de que la Cámara de Diputados hiciera lo propio con los vetos a las leyes de emergencia pediátrica en el Hospital Garrahan y de financiamiento universitario, y terminó de dinamitar la estrategia que la Casa Rosada venía desplegando para desactivar la rebelión de las provincias.

En el Gobierno, sin embargo, admitían desde temprano que no tenían los votos en el Senado y que no intentarían forzar el resultado: la apuesta es contener el daño y concentrar todos los esfuerzos en Diputados, que será la próxima en tratar el veto a los ATN. Si la Cámara baja también lo rechaza, el veto quedará definitivamente anulado y la ley entrará en vigencia.

El golpe legislativo coincidió con un intento de Milei por retomar la iniciativa en el frente electoral. Esta misma mañana, en el auditorio de la Quinta de Olivos, el Presidente encabezó un encuentro de más de tres horas con titulares partidarios, candidatos, funcionarios, armadores provinciales e incluso influencers, para ordenar la campaña nacional rumbo a las elecciones de octubre. Según pudo saber elDiarioAR, fue el propio Milei quien impulsó la cita y se paró detrás de un atril para dar lo que varios describieron como una “clase” sobre los dos años de su gestión, con foco en medidas económicas, de seguridad y de política exterior. Pidió a los suyos “no aflojar” y aseguró que el Gobierno tiene reservas por hasta USD 22.000 millones para resistir presiones sobre el tipo de cambio.

“No nos podemos perturbar por el Riesgo País ni por lo que hace la oposición en el Congreso”, advirtió Milei, según reconstruyó uno de los asistentes. En Olivos, los estrategas coincidieron en que el nombre del Presidente sigue midiendo mejor que los candidatos de La Libertad Avanza y que el desafío es transferir esa adhesión personal a las boletas. El encuentro de este jueves tuvo como trasfondo la cadena de derrotas en el Congreso y el riesgo de repetir errores como los de la elección de la provincia de Buenos , por lo que el libertario prometió involucrarse en la campaña provincial y nacional, viajar a Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Corrientes y el interior bonaerense, y oficiar de mediador en la nueva mesa política bonaerense.

Control de daños

Pero mientras Milei buscaba blindar a su tropa electoral, en el plano institucional avanzaba el operativo para contener el impacto del revés parlamentario. El Presidente designó a Lisandro Catalán al frente del restaurado Ministerio del Interior con la misión explícita de recomponer los vínculos con las provincias. Catalán llegó con el aval de Guillermo Francos, y desembarcó en su nuevo despacho con una agenda frenética: en apenas 48 horas recibió en Balcarce 50 a Leandro Zdero (Chaco), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), y ya tiene previsto viajar a San Juan para ver a Marcelo Orrego y luego a Catamarca para reunirse con Raúl Jalil.

En paralelo, el Ejecutivo también empezó a desplegar una estrategia jurídica para “licuar” el impacto de las leyes aprobadas tras los vetos rechazados: los equipos técnicos de Economía trabajan en un esquema para postergar su puesta en marcha hasta el Presupuesto 2026 e incluso evalúan suspender su ejecución mediante decretos. Es el mismo mecanismo que ensayan con la Emergencia en Discapacidad y analizan aplicar a la Emergencia Pediátrica y el financiamiento universitario. El objetivo, admiten en privado, es “ganar tiempo y oxígeno” mientras se negocian nuevas condiciones con las provincias.

Es que el relanzamiento nació atravesado por una contradicción: el mismo Gobierno que dice querer reconstruir el diálogo con los gobernadores vetó la única norma que ellos habían consensuado entre sí. La Casa Rosada intenta ahora articular acuerdos “uno a uno” con mandatarios “aliados” o “afines” —sin incluir a quienes competirán electoralmente con La Libertad Avanza en octubre—, mientras ignora a los que disputarán poder en las urnas y a la vez son decisivos para el Presupuesto. Esa lógica de “aliados seguros” encierra un riesgo: el oficialismo los excluye políticamente al mismo tiempo que los necesita legislativamente.

La decisión de girar el viernes pasado $12.500 millones en ATN a Chaco, Entre Ríos, Misiones y Santa Fe —más de cuatro veces lo transferido en todo agosto— fue leída en la Rosada como la señal de que Milei decidió “ponerle la billetera a Catalán” para que tenga poder real en las negociaciones. En las provincias, sin embargo, predomina el escepticismo y saben que el verdadero “amo y señor” de la chequera no es el ministro del Interior sino Luis “Toto” Caputo.

Relación tirante

Varios gobernadores que supieron ser aliados —como Martín Llaryora, que bajó línea para rechazar los vetos en Diputados— tomaron distancia y otros, como Gustavo Sáenz, hablaron de “traiciones” y acusaron al Gobierno de “cagar a los fieles”, aunque luego Catalán compartió una foto junto a él durante una visita en Salta. En la convención anual del IAEF, Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Raúl Jalil (Catamarca) pidieron “mesas de diálogo urgentes” y advirtieron que el ajuste no puede recaer exclusivamente sobre las provincias.

La norma impulsada por los gobernadores establece que el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional —creado en la Ley de Coparticipación Federal y compuesto por el 1% de la masa total de impuestos que recauda la Nación— deje de depender de la discrecionalidad del Poder Ejecutivo y se distribuya automáticamente entre las provincias según los mismos coeficientes de coparticipación. Hoy, esos fondos se asignan de manera discrecional y suelen utilizarse como herramienta política para premiar a distritos aliados o presionar a los opositores.

Con la nueva ley, los mandatarios buscan asegurarse un flujo de recursos diario y previsible, que el Gobierno de Milei venía recortando drásticamente como parte de su política de ajuste. La iniciativa había sido aprobada con amplio respaldo transversal en ambas cámaras y representaba, para las arcas provinciales, una forma de emanciparse de la voluntad presidencial en materia de transferencias.

La paradoja es que varios de esos mismos mandatarios serán decisivos para aprobar el Presupuesto 2026, el verdadero objetivo político que hoy desvela a Milei. Por eso, entre la autocrítica en voz baja, las tensiones cruzadas en la mesa política y el fuego amigo que aún sale del propio oficialismo, el clima en la Casa Rosada es el de una administración a la defensiva, que ensaya parches para evitar nuevas derrotas parlamentarias sin terminar de asumir que ya perdió la iniciativa. “El problema no es conseguir un par de votos más: es volver a construir autoridad después de haberla perdido”, reconoció, en voz baja, un funcionario con despacho en Balcarce 50.

PL

Otros destinos también hacen honor a su identidad: la Fiesta de las Colectividades, en Tandil; la Fiesta del Día del Inmigrante, en Olavarría; el Matsuri, en Alte Brown y la festividad de la gastronomía italiana, en La Plata.

Historias, tradición e identidad colectiva: el mundo en un sólo lugar

Organizada por la Asociación de Entidades Extranjeras (AEE), que agrupa a 25 colectividades y con el auspicio de la Municipalidad de Berisso y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, la Fiesta Provincial del Inmigrante rinde tributo a la resiliencia y al tesón de quienes eligieron estas tierras para forjar un nuevo futuro.

“La ciudad era vista como un faro de esperanza, por los hombres y mujeres que llegaban de distintas partes, a levantar sus casas y trabajar”, contaron desde turismo local. 

La celebración refleja un recorrido de esfuerzo y comunidad, de encuentro y solidaridad. Berisso se conformó sobre la base de la diversidad de culturas de miles de inmigrantes que dejaron sus países por diferentes motivos. Estos pioneros, agrupados en colectividades, mantuvieron vivas sus costumbres, tradiciones y religión, que se transmiten de generación en generación. La herencia se ve en las calles, los trajes típicos, las danzas y los sabores que invitan a recorrer los distintos continentes del planeta sin salir de esa localidad. 

“La fiesta representa la memoria viva de la ciudad, cada plato, cada canción y cada baile rememora el cómo nos forjamos: esa es nuestra mayor fortaleza”, indicaron los organizadores. El evento se despliega durante más de un mes, con una agenda repleta de actividades que van desde lo solemne hasta lo festivo, marcando el pulso de Berisso a lo largo de septiembre y octubre.

Momentos de historia y tradición

El 14 de septiembre, la Posta del Inmigrante y el encendido de la Lámpara Votiva honran el legado de los primeros colonos con un acto cargado de simbolismo. Una semana después, el 21 de septiembre, el Desembarco Simbólico recrea la llegada de los inmigrantes a esas costas, un momento de profunda emotividad que conecta pasado y presente.

Sabores y cultura en la carpa

El corazón de la fiesta late en la gran carpa de colectividades. Allí, los días 27 y 28 de septiembre; y 4, 5 y 11 de octubre, los aromas se mezclan en un verdadero banquete global con varenikes, shawarma, moussaka, paella, feijoada, strudel, empanadas y tantas otras delicias más que cuentan historias de viaje y pertenencia. En ese marco se suman las presentaciones artísticas, la música y las danzas típicas que convierten el espacio en un mosaico cultural vibrante.

La elección de los embajadores y de las embajadoras provinciales del inmigrante, los días 3 y 4 de octubre, resaltan con orgullo la identidad de las colectividades.

El gran cierre

El broche de oro llega el 12 de octubre con el desfile de clausura, cuando miles de descendientes de inmigrantes recorren las calles con sus trajes, músicas y banderas. Un mar de colores y emociones que confirma a Berisso como capital del inmigrante.

La celebración es, en esencia, un viaje, un recordatorio de que la historia de esa ciudad está escrita con trabajo, diversidad y anhelo de progreso. Pero también una invitación a emocionarse con las tradiciones, a dejarse tentar por los sabores, a bailar al ritmo de músicas del mundo y a descubrir que la memoria se celebra con alegría.

Otros lugares para recorrer países dentro de la provincia de Buenos Aires

Tandil: celebra 35º Fiesta de las Colectividades, el sábado 13 y domingo 14 de septiembre, a las 16:00, en el Centro

Cultural Universitario, calle Irigoyen 662. Para vivenciar la cultura del mundo a través de degustaciones, artesanías y muestras sobre las costumbres de otras comunidades. Entrada arancelada.

Más información www.facebook.com/union.colectividades.tandil/

Olavarría: realiza la Fiesta del Día del Inmigrante, el domingo 14 de septiembre, a las 12:00, frente del Centro Cultural Municipal San José. Feria gastronómica, patio cervecero , danzas típicas, talleres de idiomas y espectáculos musicales.

Más información: www.instagram.com/union.colectividades.olavarria/

Alte Brown: el noroeste asiático celebra el 17° Matsuri. Un día cargado de cultura japonesa para toda la familia. Domingo 5 de octubre, de 10:00 a 17:00, en la Asociación Japonesa, av. Japón y av. Monteverde, Burzaco.

La Plata: en noviembre, Italia celebra su gastronomía y costumbres. Sábado 8 y domingo 9 de noviembre..

En tiempos donde la diversidad suele ponerse en discusión, Berisso levanta la voz con una certeza: las identidades no se dividen, se multiplican. La Fiesta Provincial del Inmigrante es un ejemplo vivo de integración, de trabajo comunitario y de memoria colectiva. Una fiesta que no solo recuerda de dónde venimos, sino que también señala hacia dónde queremos ir: juntos, con las raíces como guía y el futuro como horizonte. Una fiesta que son muchas porque en toda la provincia de Buenos Aires, la diversidad se celebra siempre. 

En medio de la pulseada entre la Casa Rosada y las provincias por los inminentes vetos presidenciales, cinco gobernadores dieron este miércoles en Buenos Aires un paso decisivo: formalizaron la construcción de un frente electoral nacional que buscará disputar las elecciones legislativas de octubre por fuera de La Libertad Avanza y del kirchnerismo. El bloque, liderado por el patagónico Ignacio “Nacho” Torres (Chubut) y acompañado por Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Carlos Sadir (Jujuy), se propone como una “vocería del federalismo productivo” en el Congreso, sin anclaje en territorio porteño ni en la provincia de Buenos Aires.

“Decidimos no tomar atajos ni hacer la cómoda. Vamos a dar la pelea representando a una Argentina federal que necesita voz propia en el Congreso”, sostuvo Torres tras el encuentro que tuvo como sede la Casa de Chubut en la ciudad de Buenos Aires. Junto a él apareció una figura clave: Juan Schiaretti, exgobernador de Córdoba y excandidato presidencial en 2023, quien sería el primer nombre confirmado para encabezar una boleta en este nuevo armado. La presencia de Schiaretti, que viene trabajando en una fuerza centrista, funcionó como la señal más clara de que esta alianza buscará proyectarse más allá de los límites provinciales.

El documento difundido por los mandatarios planteó un mensaje doble: por un lado, la reivindicación del equilibrio fiscal alcanzado en sus provincias “sin resignar el desarrollo”; por el otro, un rechazo explícito a las formas “unitarias” con las que el gobierno nacional gestiona los recursos y define la agenda parlamentaria. “Nuestra vocación es clara: construir todos los días la Argentina de los sueños de todos”, concluye el texto, en una fórmula que intenta sustraerse de la polarización y colocar al nuevo frente en un espacio de representación difusa pero activa.

Relación compleja

La movida llega en un momento sensible. Los gobernadores buscan impulsar su propia agenda legislativa. Este miércoles, Torres ratificó el impulso a dos proyectos clave con media sanción del Senado: la distribución del Fondo de ATN y el redireccionamiento de los impuestos a los combustibles líquidos, eliminando los fideicomisos que los administran. El chubutense aprovechó la ocasión para recordar que la propia Casa Rosada había prometido terminar con esos mecanismos opacos. “Esa voracidad recaudatoria nacional que vemos hoy también la vimos en los últimos 20 años con las asignaciones específicas”, disparó el dirigente del PRO.

En simultáneo, desde el Gobierno se intensificaron los contactos con las provincias para blindar en el Congreso el paquete de vetos que Javier Milei firmará en los próximos días. La prioridad del oficialismo es garantizar la caída de las insistencias parlamentarias sobre las leyes de jubilación mínima, emergencia en discapacidad y moratoria previsional. Para eso, el jefe de Gabinete Guillermo Francos, el vice de Interior Lisandro Catalán y el titular de Diputados Martín Menem iniciaron una ronda de llamados que incluyó también a legisladores alineados con los gobernadores que ahora armaron frente propio.

El deterioro del vínculo de Milei con las provincias tuvo un punto de inflexión silencioso tras las elecciones legislativas en Misiones. Allí, La Libertad Avanza hizo una buena elección en un distrito gobernado por un oficialismo provincial aliado, el Frente Renovador de la Concordia. El resultado encendió alarmas: el Gobierno no solo recorta fondos, sino que también comenzó a disputar poder en territorios donde hasta hace poco regía un pacto tácito de no agresión política. Varios gobernadores interpretaron el avance libertario como una señal de ruptura.

El Ejecutivo juega ahora a dos puntas. Por un lado, negocia con gobernadores “dialoguistas” para sellar alianzas electorales —como hizo en Chaco con Leandro Zdero y avanza con Alfredo Cornejo en Mendoza y Rogelio Frigerio en Entre Ríos—. Por el otro, presiona para asegurarse el número necesario que le permita sostener los vetos en Diputados. En los despachos oficiales descuentan que no lograrán convertir a muchos votos, pero sí aspiran a que algunos legisladores no bajen al recinto. La clave está en los dos tercios: con asistencia perfecta, se requieren 172 votos para revertir un veto presidencial.

Un nuevo juego

En ese contexto, el flamante frente federal de gobernadores no solo pretende disputar la agenda económica y política del Congreso. También marca límites a la dinámica binaria que ordena la escena nacional entre libertarios y kirchnerismo. “Hay muchos diputados y senadores que se sienten huérfanos de representación nacional y que comparten esta mirada. Aquí van a encontrar un espacio que no pierda el tiempo en discutir el pasado, sino que entienda las urgencias del presente”, dijo Torres.

El entramado es complejo. En Córdoba, el oficialismo libertario alienta una lista propia liderada por Gabriel Bornoroni, pese a que Llaryora y Schiaretti intentan consolidar su boleta. En Santa Fe, la competencia será directa: Pullaro enfrentará al armado puro de La Libertad Avanza, que ya anunció que jugará sin alianzas. En cambio, en Mendoza, la negociación prospera: Cornejo logró que el oficialismo acepte compartir el color y la marca electoral en las boletas, al menos en el tramo local. Y en Entre Ríos, Frigerio ya tuvo reuniones reservadas con “Lule” Menem para avanzar en un esquema mixto que garantice representación sin perder identidad propia.

Donde no hubo acuerdo fue en Corrientes, donde Gustavo Valdés rompió lanzas con los libertarios en el último tramo. Lo mismo ocurre en provincias como Misiones, Tucumán, Catamarca y Salta, donde los gobernadores —algunos cercanos al Gobierno nacional— verán competir a listas violetas sin integración oficial. En tanto, en San Luis, el vínculo con el Ejecutivo es casi nulo.

El tablero de octubre empieza a clarificarse. A dos semanas del cierre formal de alianzas, el frente de los gobernadores marca una tercera vía en construcción, mientras Karina Milei y los Menem tejen pactos a medida con quienes estén dispuestos a jugar bajo la boleta violeta. El Congreso es el campo de batalla inmediato, pero lo que se disputa es algo más profundo: el control de la narrativa federal frente a un gobierno nacional que, tras meses de ajustes, empieza a chocar con sus propios límites.

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Lo que en otro momento podría haber sido una postal de distensión federal terminó envuelto en un clima gélido, entre saludos protocolares, gestos medidos y reproches no del todo silenciados. A las 19 de este jueves, en el Restaurante Central de La Rural, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y al menos media docena de gobernadores compartieron copa y canapé en el tradicional cóctel organizado por la Sociedad Rural Argentina (SRA), en el marco de la inauguración de la exposición agropecuaria. Fue el primer cruce presencial entre ambos bandos desde que el Senado le dio media sanción a los dos proyectos que desvelan a la Casa Rosada: la modificación del reparto del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la coparticipación del impuesto a los combustibles.

No hubo reunión formal ni foto buscada, más allá de la difundida institucionalmente junto al anfitrión, el titular de la SRA, Nicolás Pino. Tampoco diálogo político con pretensiones de acuerdo. Lo que sí hubo fue una coincidencia: la relación entre Nación y provincias atraviesa su peor momento desde que Javier Milei asumió al frente de la Presidencia.

Hasta último momento, no estaba claro si Francos volvería a Palermo por la tarde. Ya había estado temprano por la mañana, en el tradicional corte de cinta inaugural, donde se mostró dispuesto a “acercar posiciones” con los gobernadores, aunque enseguida los chicaneó: “Siempre intentamos acercarnos, ellos se alejan un poco a veces, priman las circunstancias políticas”. Finalmente decidió asistir, acompañado por su vice Lisandro Catalán. Mientras que del lado de los mandatarios estuvieron Raúl Jalil (Catamarca), Sergio Ziliotto (La Pampa), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Sáenz (Salta), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Marcelo Orrego (San Juan), además del jefe de Gobierno porteño Jorge Macri.

Según argumentan cerca de los gobernadores, cualquier negociación real requiere una convocatoria formal en la Casa Rosada y la presencia de funcionarios con poder de decisión. De hecho, el Gobierno había decidido enfriar cualquier expectativa. “Nos saludaremos con cordialidad”, se limitó a anticipar Francos. El jefe de Gabinete sigue siendo el último resorte de interlocución entre el Gobierno y los mandatarios. Pero su margen de acción se achicó en las últimas semanas, después de que fracasaran las negociaciones por los dos proyectos que impulsan las provincias para blindarse frente al ajuste.

Ambas iniciativas fueron aprobadas en el Senado y esperan su turno en Diputados. Una busca ampliar y distribuir de forma más automática los fondos de ATN. La otra pretende que lo recaudado por el impuesto a los combustibles se coparticipe directamente. El Gobierno ve en ambas una amenaza a su mantra: el equilibrio fiscal. Y ya avisó que vetará cualquier ley que altere ese objetivo. “Una vez que tengamos en nuestro poder esas leyes, las vamos a vetar. Todo lo que afecte el equilibrio fiscal, se veta”, dijo Francos.

Los gobernadores, por su parte, mantuvieron ese mismo jueves por la mañana una reunión reservada para coordinar su estrategia parlamentaria. La molestia no es solo por el veto anunciado, sino por la falta de una propuesta alternativa. “Para que el diálogo sea serio, deberían dejar de mandarnos funcionarios de segunda línea”, reprochan. La última contrapropuesta fue en manos de Carlos Guberman, secretario de Hacienda. Ningún punto de consenso.

El deterioro del vínculo con las provincias tuvo además un punto de inflexión silencioso tras las elecciones legislativas en Misiones. Allí, La Libertad Avanza hizo una buena elección en un distrito gobernado por un oficialismo provincial aliado, el Frente Renovador de la Concordia. El resultado encendió alarmas: el Gobierno no solo recorta fondos, sino que también comenzó a disputar poder en territorios donde hasta hace poco regía un pacto tácito de no agresión política. Varios gobernadores interpretaron el avance libertario como una señal de ruptura.

En paralelo, el asesor presidencial Santiago Caputo y los equipos del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, trabajan en blindar los vetos en la Cámara baja. En Balcarce 50 creen que necesitan sostener tres patas: el PRO, una parte de la UCR (especialmente Rodrigo de Loredo) y los gobernadores que controlan a sus legisladores. Están quienes sostienen que Caputo mantiene chats con varios mandatarios, incluso con aquellos que impulsan los proyectos a vetar.

Pero esa misma articulación abre, dentro del oficialismo, una pulseada estratégica de fondo. Caputo es partidario de priorizar la relación con los gobernadores como una vía de gobernabilidad, incluso si eso implica conceder margen a los oficialismos provinciales. Los Menem, en cambio, quieren acelerar el proceso de construcción del partido La Libertad Avanza en las provincias, aun a costa de desafiar a los mandatarios en sus propios territorios. La tensión entre ambas miradas recorre subterráneamente cada movimiento del Ejecutivo en el Congreso, en los armados y en la gestión.

Lo cierto es que, a la falta de una convocatoria institucional a los gobernadores, se suma el vacío de otras figuras gravitantes del oficialismo. Ni Francos ni Santiago Caputo aparecen, al menos por ahora, como interlocutores visibles con ellos, más allá de los mensajes intercambiados. El jefe de Gabinete quedó solo en el puente, mientras el resto del gabinete político se concentra en el cierre de listas.

Así y todo, Francos buscará ensayar un acercamiento el lunes próximo, cuando presida la segunda reunión del Consejo de Mayo. Allí, junto a representantes de los gremios, empresarios, legisladores y las provincias (el mendocino Alfredo Cornejo estará presente en nombre de los gobernadores), intentará reinstalar el relato del diálogo multisectorial como vía para construir consensos. Pero después de lo que dejó el brindis en La Rural, el Gobierno sabe que deberá ofrecer algo más que cordialidad si quiere recuperar un puente político con las provincias.

PL/MG

En una sesión motorizada por la oposición y a pesar de el anuncio del presidente Javier Milei de vetar todo lo que se aprobara en el recinto, el Senado convirtió en ley este 10 de julio la actualización a $110.000 del bono de los jubilados que cobran la mínima, que pasará a actualizarse mensualmente por IPC, y el incremento del 7,2% de todos los haberes jubilatorios.

Además, se sancionó también una prórroga de la moratoria previsional y convirtió en ley la declaración de la emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional.

En el cierre de la agitada sesión, le dio media sanción a las iniciativas que los gobernadores habían diseñado, hace casi un mes, en una reunión del Consejo Federal de Inversiones (CFI). Ambas modifican el mecanismo a través del cual el Ejecutivo transfiere recursos a las provincias: una, a través de la coparticipación del impuesto a los combustibles líquidos, y otra, a partir de la distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que habitualmente son repartidos de manera discrecional por el Gobierno nacional como parte de un informal sistema de premios y castigos. De qué se trata cada ley aprobada en el Senado este 10 de julio.

Aumento a jubilaciones

El Senado de Argentina aprobó este jueves y convirtió en ley un proyecto para otorgar un aumento de emergencia en las jubilaciones, pese al rechazo del Gobierno de Javier Milei.

La iniciativa, que ya había sido aprobada por la Cámara de Diputados el pasado 4 de junio, recibió el visto bueno del Senado por 52 votos afirmativos y cuatro abstenciones.

Cuánto cobrarán los jubilados con el nuevo aumento

El proyecto que fue aprobado por el Senado este jueves, y que ya tenía media sanción en Diputados, implica un aumento para todas las jubilaciones y pensiones del 7,2% -excepto los regímenes especiales- y un incremento para el bono, que pasaría de $ 70 mil a $110 mil y se actualizaría por inflación.

Si el proyecto superara el filtro del Gobierno, quienes perciben la jubilación mínima hubieran recibido en julio $441.600, frente a los $379.355 que cobraron. La diferencia sería de $62.273, un 16,4%.

En ambos casos, el cálculo parte del haber de junio y suma un aumento del 1,5%, correspondiente a la inflación de mayo informada por el INDEC, de acuerdo con la actual movilidad jubilatoria. A esto se le suma el 7,2% propuesto en el proyecto de ley y un bono de $110 mil.

Si se concretara el aumento, un jubilado con un haber mínimo pasaría a ganar un 11,2% real (es decir, considerando a la inflación) con respecto a noviembre de 2023 (último mes de la gestión de Alberto Fernández). Con el esquema actual, la mínima se ubica 4,5% debajo de esos valores.

La Prestación Universal al Adulto Mayor (PUAM) quedará en $265.274 con el aumento y $375.274 con el bono; en tanto, el haber promedio sería de $964.800 y la jubilación máxima se ubicaría en los $2.231.111, ambos sin bono.

Nueva moratoria

El Senado también aprobó -por 39 votos a favor, 14 negativos y una abstención- y convirtió en ley un proyecto que prorroga un plan de pagos de deudas con el sistema previsional, que permite a los adultos mayores acceder a una pensión cuando no cuentan con todos los aportes a la seguridad social requeridos por la ley.

Con la nueva moratoria, podrían jubilarse unas 220.000 personas, según una estimación de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que también calculó que esto tendría un impacto presupuestario del 0,08% del PBI.

El proyecto de ley que sancionó el Senado fue aprobado en Diputados en junio y dispone la extensión por 2 años de la moratoria que perdió vigencia el 23 de marzo de 2025 y permitía a quienes alcanzaban la edad jubilatoria, pero no cumplían con los 30 años de aportes requeridos, regularizar su situación y acceder a un haber previsional.

La moratoria, sancionada en 2023 durante el gobierno de Alberto Fernández, tenía un período de vigencia de 2 años con posibilidad de prórroga, pero la actual gestión de Javier Milei optó por no extenderla.

Establecía que para poder acceder al beneficio se debía contar con más de 65 años; ser argentino, naturalizado con 10 años de residencia o extranjero con 20 años viviendo en el país, y no cobrar ningún otro beneficio previsional.

Con el fin de la moratoria previsional, las personas que no cumplen con los 30 años de aportes requeridos tienen derecho a acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que representa el 80% de la jubilación mínima.

Qué implica la vuelta de la moratoria previsional

El proyecto de ley que aprobó el Senado dispone la extensión por 2 años de la moratoria previsional, que perdió vigencia el 23 de marzo de 2025 y permitía a quienes alcanzaban la edad jubilatoria, pero no cumplían con los 30 años de aportes requeridos, regularizar su situación y acceder a un haber previsional.

La ley, sancionada en 2023 durante el gobierno de Alberto Fernández, tenía un período de vigencia de 2 años con posibilidad de prórroga, pero la actual gestión de Javier Milei optó por no extenderla.

Con el fin de la moratoria previsional, las personas que no cumplen con los 30 años de aportes requeridos tienen derecho a acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que representa el 80% de la jubilación mínima.

El proyecto, que ahora deberá ser tratado por el Senado, extiende por 2 años los alcances la última moratoria, que establecía que para poder acceder al beneficio se debía contar con más de 65 años; ser argentino, naturalizado con 10 años de residencia o extranjero con 20 años viviendo en el país; y no cobrar ningún otro beneficio previsional.

El trabajo de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) estima que, de aprobarse la ley, unas 220 mil personas podrían obtener la jubilación a través de la moratoria. Esto tendría un impacto presupuestario del 0,08% del PBI.

¿Cuántas personas se jubilaron por moratoria?

Actualmente, el sistema previsional está compuesto por 7,2 millones de jubilaciones y pensiones (esto no es lo mismo que el número total de jubilados, dado que una misma persona puede poseer más de un beneficio). De ese total, el 59,5% (4,3 millones) fueron obtenidas a través de una moratoria.

Desde 2005 a la actualidad el número de jubilaciones y pensiones aumentaron un 130%, pasando de 3,1 millones de beneficios a los 7,2 millones actuales (septiembre de 2024), según datos del Boletín Estadístico de Seguridad Social (BESS) que elabora la ANSES.

El especialista en temas previsionales, Rafael Rofman, explicó a Chequeado que las moratorias “cumplieron un rol importante para solucionar un serio problema de diseño del sistema previsional, que es la exigencia de 30 años de aportes, un requisito que implica excluir a la mayoría de la población”.

Para el especialista “sólo cerca de un 25% de quienes llegan a la edad jubilatoria tienen 30 años de aportes o más por lo que la moratoria representó un ´parche´ que habilitó el acceso al sistema a quienes estaban excluidos”. Sin embargo, esto “genera muchos problemas”, agregó, y “debería haber sido resuelto rápidamente mediante una reforma integral del sistema, pero en cambio se han mantenido moratorias vigentes durante 20 años”.

¿Qué cambió?

El texto aprobado en el Senado modifica el articulo 13 de la ley 27.260, el cual quedara redactado de la siguiente manera:

Articulo 13: Instituyese con alcance nacional la Pension Universal para el Adulto Mayor (PUAM), de caracter vitalicio y no contributivo, para todas las mujeres de sesenta (60) anos de edad o mas y para todas las personas de cualquier otro genero de sesenta y cinco (65) anos de edad o mas, que cumplan con los siguientes requisitos:

Los beneficiarios de las pensiones no contributivas por vejez que otorga el Ministerio de Desarrollo Social podran optar por ser beneficiarios de la Pension Universal para el Adulto Mayor (PUAM), siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisites previstos en el presente articulo.

También modifica el articulo 16 de la ley 27.260, que quedará redactado de la siguiente manera:

Articulo 16: El goce de la Pension Universal para el Adulto Mayor (PUAM) es compatible con el desempeno de cualquier modalidad de trabajo registrado, que no implique ingresos iguales o superiores a tres (3) salarios minimos vitales y moviles. Igualmente, la Pension Universal para el Adulto Mayor (PUAM) sera compatible con el desempeno en caracter de trabajador autonomo o monotributista.

Emergencia en discapacidad

La norma aprobada declara la emergencia en discapacidad en todo el país hasta el 31 de diciembre de 2027 y obliga al Poder Ejecutivo a garantizar un financiamiento adecuado y sostenible de las pensiones no contributivas por discapacidad. Además, dispone la actualización de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral.

Es un proyecto de ley presentado por el diputado Daniel Arroyo (Unión por la Patria) y otros legisladores, que propone declarar la emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027. El objetivo es asegurar el cumplimiento efectivo de los derechos de las personas con discapacidad en áreas como salud, educación, trabajo y protección social.

La iniciativa contaba con dictamen de mayoría en las comisiones de Discapacidad, Acción Social y Salud Pública, y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados y se debatió el miércoles 4 de junio. Desde el Foro Permanente por la Discapacidad se sumaron a la movilización de jubilados frente al Congreso.

El proyecto se aprobó con 149 votos a favor, 71 en contra y 3 abstenciones y se giró al Senado donde será tratado hoy jueves 10 de julio de 2025.

¿Qué establece el proyecto de emergencia en discapacidad?

Podrán ser titulares de la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social las personas con discapacidad que cumplan con los siguientes requisitos:

La Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social consiste en el pago de una prestación mensual equivalente al setenta por ciento (70%) del haber mínimo jubilatorio garantizado al que hace referencia la ley 24.241, sus complementarias y modificatorias, y se actualiza de conformidad a lo establecido por el ordenamiento jurídico vigente en la materia.

¿Qué contempla la ley 24.901 como prestaciones básicas?

Esta ley nacional, sancionada el 5 de noviembre de 1997 y promulgada el 2 de diciembre del mismo año, contempla: acciones de prevención, asistencia, promoción y protección, con el objeto de brindarles a las personas con discapacidad una cobertura integral a sus necesidades y requerimientos.

Traspaso de recursos a las provincias

La oposición le dio media sanción a las iniciativas que los gobernadores habían diseñado, hace casi un mes, en una reunión del Consejo Federal de Inversiones (CFI). Ambas modifican el mecanismo a través del cual el Ejecutivo transfiere recursos a las provincias: una, a través de la coparticipación del impuesto a los combustibles líquidos, y otra, a partir de la distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que habitualmente son repartidos de manera discrecional por el Gobierno nacional como parte de un informal sistema de premios y castigos.

Qué son los ATN, el eje de la disputa por fondos entre Milei y los gobernadores argentinos

La decisión de los gobernadores de las provincias de Argentina de impulsar un proyecto de ley para recibir más fondos de parte del Estado nacional ha desatado una fuerte puja política con el presidente Javier Milei.

La pelea se centra en los denominados Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

Estas son las cinco claves para entender los alcances de la discusión que este jueves comenzó en el Senado argentino:

1. ¿Qué son los ATN?

Las normas de Argentina establecen que el 42,34 % de la recaudación por tributos federales queda en las arcas del Gobierno nacional.

Otro 56,66 % es “coparticipable”, es decir, debe ser repartido entre las 23 provincias del país y la ciudad de Buenos Aires en forma automática y según porcentajes establecidos por una ley aprobada en 1988.

El 1 % restante se destina al denominado Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), cuyo objetivo es atender a las situaciones de emergencia o de desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales y es administrado por el Gobierno nacional con un criterio de distribución discrecional y no automática -no hay porcentajes preestablecidos de distribución-.

Es decir: la conformación del fondo ATN es automático (todos los meses se incorporan fondos derivados de la masa coparticipable de recaudación) pero su distribución por parte de la Administración nacional de turno es discrecional.

El fondo ATN ha sido, además, subejecutado desde que Milei llegó a la Presidencia a finales de 2023 pues no se distribuyó el total de los recursos del fondo.

De acuerdo a un informe de la consultora Politikón Chaco, en 2024 se ejecutó apenas el 7 % del fondo ATN, mientras que en los primeros cinco meses de este año la ejecución alcanzó el 22 %.

El reparto también ha sido desigual entre los distritos. Desde que Milei es presidente, ocho no recibieron transferencias -entre ellos, la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Córdoba-, mientras que el resto recibió giros con porcentajes muy diferentes.

2. ¿Qué cambio impulsan los gobernadores?

El proyecto de ley impulsado por todos los gobernadores y el alcalde de Buenos Aires -ninguno de ellos oficialista, aunque sí algunos han actuado como aliados del Ejecutivo- establece que la distribución de los ATN se haga en forma automática y con los porcentajes establecidos por el esquema de coparticipación.

Los gobernadores también pretenden la eliminación de fideicomisos financiados a través de la recaudación del impuesto a los combustibles líquidos.

Esa eliminación de los fideicomisos permitirá que los fondos que reciben las provincias por lo recaudado del impuesto a los combustibles líquidos se incremente del actual 10,4 % a un 58,36 %.

3. ¿Cuál es el trasfondo del proyecto?

La puja entre los gobernadores y Milei tiene como trasfondo el severo ajuste fiscal que el jefe de Estado puso en marcha a finales de 2023.

Como parte de ese ajuste, las transferencias del Tesoro nacional a las provincias cayeron en forma drástica, incluyendo los giros de los ATN, pero también otras partidas, una situación que ha afectado severamente las arcas provinciales.

La caída en los envío de ATN es evidente: mientras que en 2023 se giraron 173.000 millones de pesos, el Gobierno de Milei transfirió apenas 49.800 millones de pesos en 2024 y 84.000 millones en lo que va de 2025, un desplome que en términos reales se agrava por el efecto de la inflación acumulada, que ronda el 200 % desde que Milei llegó al Ejecutivo.

4. ¿Por qué el Gobierno de opone?

El Ejecutivo argentino se opone al proyecto porque alega que conspira contra el objetivo de equilibrio fiscal del Gobierno.

Si bien el Ejecutivo nacional no puede destinar los recursos del fondo ATN a otros fines, los recursos no distribuidos disminuyen el gasto público nacional y, por lo tanto, pasan a formar parte del resultado fiscal.

5. ¿Cuál es el impacto fiscal?

Según los gobernadores, su iniciativa no afecta la sustentabilidad de las finanzas públicas nacionales pues, de acuerdo a sus cálculos, implicaría un costo total para la Nación de 0,11 puntos del PIB.

De esta manera, el Gobierno nacional pasaría de tener este año un superávit fiscal primario del 1,60 % del PIB proyectado como objetivo por el Ejecutivo al 1,49 % del PIB, resultado que estaría de todos modos por encima del 1,30 % del PIB que el Fondo Monetario Internacional fijó como meta para 2025.

Otros cálculos, como el realizado por la Fundación Mediterránea, sitúan el coste fiscal del proyecto en 0,05 puntos del PIB.

Con información de agencias y Chequeado

IG

Que todos los gobernadores se hayan juntado a principios de junio fue el síntoma más evidente del malestar con Javier Milei y su motosierra fiscal. Que pocos de ellos preveían ir a pasar la vigilia a la que los convocó el Presidente anoche en la Casa de Tucumán para celebrar el Día de la Independencia, suspendida a último momento con la excusa del mal tiempo, es otro. A su vez, la molestia también contagia a los diputados y senadores que les responden y que ahora amenazan con acompañar las iniciativas opositoras en el Congreso a favor de elevar el gasto en jubilaciones, discapacidad, universidades o el hospital Garrahan. Detrás de tanta tensión está la caída de los fondos de la coparticipación federal de ingresos, esos impuestos que la Nación distribuye directamente y por ley a las provincias y que vienen cayéndose al compás de una economía que rebota pero no crece.

El conflicto comenzó en mayo, cuando el Gobierno nacional envió al consolidado de provincias más la ciudad de Buenos Aires $5,5 billones en concepto de coparticipación, leyes especiales y compensaciones, lo que significó una baja real (ajustada por inflación) del 23,3%, según el reporte del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), que dirige Nadin Argañaraz. A su vez, la coparticipación, es decir las transferencias automáticas menos leyes complementarias y compensaciones, habrían caído un 26,3% real.

Esa baja de la “copa”, como le llaman los expertos, estuvo explicada principalmente por el mal desempeño de la recaudación del impuesto a las ganancias (-41% real interanual) y el descenso de recaudación de IVA (-1,1% real interanual). La merma de Ganancias tuvo que ver con que el periodo base, es decir, en mayo de 2024, la recaudación de este tributo fue récord en términos reales por la significativa devaluación del peso en diciembre de 2023. A su vez, la inferior recolección del IVA se relaciona con un consumo aún recesivo.

Después de una caída real significativa en mayo, las transferencias automáticas habrían crecido alrededor de un 6,3% interanual en junio. Pero la “copa” sola habría caído un 5,3% real, según el IARAF. Esta disminución “se explicaría, fundamentalmente, por la marcada caída real interanual del 20% en la recaudación de Ganancias”, según el instituto. “Incidió de manera negativa en la recaudación del tributo el hecho de que en el periodo base las personas jurídicas pagaron anticipos en junio en base a la recaudación extraordinaria de mayo 2024 y al hecho de que recientemente mediante una resolución administrativa se cambió el esquema de anticipos de personas jurídicas, disminuyendo el importe a abonar en junio e incrementando el de los próximos meses. Este desempeño negativo no logró ser compensado por el incremento real interanual del 6,7% en la recaudación del IVA”, se refiere el IARAF a un repunte del consumo el mes pasado.

A su vez, las proyecciones de coparticipación para todo 2025 no son nada alentadoras: de acuerdo con los valores estimados por la Comisión Federal de Impuestos (CFI), que integra la Nación y las provincias, las transferencias automáticas caerían un 4,2% durante 2025, lo que representa una pérdida de casi $2,5 billones medidos a precios constantes, equivalente al 0,3% del PBI. Si se compara con 2023, la caída sería aún superior, del orden del 12%, lo que equivale a decir que las provincias y la capital recibirían casi $7,4 billones menos que dos años atrás, pérdida que se aproxima a 1% del PBI. Esta fuente de recursos representó el 45% de los ingresos provinciales en 2024, con ratios mayores al 60% para un conjunto de 12 jurisdicciones, las más pobres, por cierto.

Entre las causas que explican esta dinámica de la coparticipación, la CFI señala las siguientes:

Frente a este panorama, las provincias propusieron dos proyectos de ley que el gobierno de Milei por ahora rechaza, pese a que implican un costo fiscal calculado en 0,2% del PBI. Por un lado, se busca regular la distribución de aportes del Tesoro nacional (ATN) para evitar la discrecionalidad del Ejecutivo federal. Por otro, que se coparticipe el impuesto a los combustibles.

Las provincias, además, reclaman cada vez más porque caen sobre sus espaldas las tareas que abandona el Estado nacional por decisión de Milei. Por un lado, crecen las quejas por el estado de las rutas. Por otro, las demandas de los pacientes de enfermedades graves que requieren tratamientos.

AR/JJD

Después de meses de reproches en privado y gestos públicos moderados, los gobernadores se reencontraron este martes en la sede transitoria del Consejo Federal de Inversiones (CFI) en la ciudad de Buenos Aires para analizar la situación económica que atraviesan sus distritos. Fue una reunión extensa, cargada de preocupación por la caída real de los ingresos, el deterioro de las rutas nacionales y las crecientes dificultades para sostener las finanzas estatales en un año marcado por la licuación del gasto y el calendario electoral.

El encuentro, titulado formalmente “Nuevas fuentes de financiamiento para el desarrollo de una infraestructura federal”, comenzó a las 11 en Azopardo 750 y sirvió como paraguas para discutir mucho más que eso. La convocatoria logró una rareza: juntar en una misma mesa a mandatarios del peronismo, la UCR, el PRO y fuerzas provinciales, en un clima de coincidencias técnicas y desconfianzas políticas.

Bajo el liderazgo de Ignacio Lamothe, titular del CFI, participaron de forma presencial 18 gobernadores, entre ellos Axel Kicillof, Jorge Macri, Martín Llaryora, Rogelio Frigerio e Ignacio Torres. Otros cuatro gobernadores lo hicieron de forma virtual. No hubo documento final, pero sí una foto conjunta que buscó mostrar, al menos en lo simbólico, cierta capacidad de coordinación ante el ajuste del gobierno de Javier Milei.

La política detrás del diagnóstico

La reunión también sirvió como espacio para alinear posiciones de cara al nuevo paquete de reformas que impulsa el Ejecutivo nacional. Los gobernadores consensuaron pedir una audiencia a Milei para discutir una reforma fiscal integral, con el objetivo de revisar el esquema de coparticipación, la matriz tributaria y la coordinación entre niveles de gobierno. El mendocino Alfredo Cornejo fue propuesto como interlocutor institucional ante la Nación.

Además, hubo mayoría favorable a avanzar con la adhesión al “plan colchón”, el régimen de sinceramiento fiscal que impulsa el Ministerio de Economía. Algunos mandatarios ya habían firmado convenios de intercambio de información con ARCA, pero otros —como Santa Fe— recordaron que dejaron de compartir datos tras una disputa judicial en 2017. En el CFI se discutió también la necesidad de que cualquier reforma se tramite por el Congreso, y no solo por acuerdos bilaterales.

“El Gobierno plantea una reforma fiscal, y las provincias somos parte vinculante de ese debate”, afirmó Ignacio Torres al salir de la reunión. “Hoy Nación se financia con las provincias. Es momento de redefinir una matriz más justa, que le quite el pie de encima a la producción y al trabajo”, añadio el chubutense, que oficio como vocero de sus colegas.

Aunque no hubo pronunciamientos altisonantes ni ruptura con la Casa Rosada, el clima del encuentro fue más firme que en reuniones anteriores. La imagen de unidad buscó evitar que el reclamo se leyera como una movida opositora, pero dejó claro que la etapa del silencio parece empezar a agotarse. “El gran desafío es ponernos de acuerdo en puntos básicos, incluso en un año electoral. Si no, todo vuelve a empezar cada cuatro años”, deslizó uno de los gobernadores.

El desplome silencioso

El dato que encendió las alarmas llegó días antes del encuentro. Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), en mayo la Nación transfirió $5,57 billones a provincias y CABA, lo que implica una caída real interanual del 23,3%. Un informe paralelo de la Comisión Federal de Impuestos prevé que la coparticipación caerá un 4,2% en todo 2025. La pérdida estimada ronda los $2,5 billones, equivalentes al 0,3% del PBI. En algunos distritos, como La Pampa y Santa Fe, la baja proyectada llega al 6%.

Además, los giros por coparticipación crecieron apenas un 10,6% nominal respecto al mismo mes del año pasado, el peor registro desde la pandemia. La recaudación de IVA cayó un 1% real, y la de Ganancias, casi un 40%. Entre 2023 y 2025, la caída proyectada de los ingresos automáticos supera el 11,5%. Más del 60% de los ingresos de al menos 12 provincias depende de esas transferencias.

Otro de los ejes centrales de la cumbre fue el estado crítico de las rutas nacionales y la parálisis de la obra pública. En el temario oficial figuraban un informe del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional y alternativas de financiamiento para obras, pero la discusión excedió ampliamente el plan técnico. Varios mandatarios remarcaron que el deterioro de las rutas está encareciendo los costos logísticos y afectando la producción regional.

Fue Torres el encargado, en nombre de los gobernadores, de volver a reclamar un nuevo pacto fiscal y la posibilidad de que las provincias se hagan cargo de las obras abandonadas por Nación. “Hay impuestos con asignación específica que no se están usando para lo que fueron creados. O se eliminan o se descentralizan”, planteó. La respuesta desde la Casa Rosada, por ahora, fue negativa.

PL

El dólar saltó este viernes 1,7%, hasta $1.215. Después bajó para cerrar en $1.200, con una suba final del 0,4% respecto del día anterior. Lejos quedó aquella baja de inicios de mayo que lo llevó a $1.138, al calor de un presidente Javier Milei que lo deseaba en la banda inferior de $1.000 que se pactó con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En cambio, ahora se acerca a los $1.230 de cuando se eliminó el cepo en abril, aún a distancia de los $1.400 de la banda superior acordada con el FMI.

Detrás del salto está la desconfianza del mercado que se expresó en la reciente colocación de deuda y a la demanda de divisas de las provincias que deben saldar vencimientos de pasivos.

“Hay varias razones que explican por qué sube el dólar”, explica Ian Colombo, asesor financiero de la sociedad bursátil Cocos Gold. “En principio es porque ayer había un vencimiento, el Tesoro tenía que pagar $8,5 billones de deuda, de las cuales pudo renovar $7,5 millones y el otro billón de pesos lo consiguió con la emisión del BONTE 2030 en el exterior, por el que entraron dólares, no entraron pesos”, continúa Colombo.

Es decir, por un lado, no se pudo renovar toda la deuda en pesos y, por otro, el Gobierno recurrió al BONTE en un intento por acumular reservas y cumplir así con la meta convenida con el FMI. Una meta que está lejos de cumplir por el capricho de Milei de sólo comprar divisas en el mercado cuando el tipo de cambio baje a $1.000. Es que para adquirir dólares al nivel actual necesitaría emitir pesos y eso complicaría su anhelo de bajar la inflación al 1% para las elecciones legislativas de octubre.

“Entraron dólares, pero el Tesoro tuvo que emitir pesos para pagarle a esa deuda que se le vencía ayer”, prosigue Colombo. “Esa es una razón por las que sube el dólar: entraron un billón de pesos al mercado.”

“Segunda razón: la tasa a la que emitieron esos bonos internacionalmente fue un poco más alta de lo que el mercado esperaba hasta antes de ayer”, detalla el asesor de Cocos Gold. “Fue a 29% de tasa anual en pesos por los próximos cinco años, cuando el mercado esperaba que estuviera más cerca de 22%. ¿Por qué? Porque esperamos que la inflación siga bajando, pero para el mercado internacional eso no está tan claro, o al menos el inversor internacional al suscribir un bono de la Argentina en pesos busca cubrirse por la mala calificación crediticia y por el mal comportamiento de los mercados que tuvimos en los siete años anteriores.”

En uno de los principales bancos atribuyen la suba de la moneda norteamericana a la compra por parte de provincias que tienen que pagar deudas en esa divisa en los próximos dias. En otra entidad financiera, en cambio, lo adjudican a la demanda minorista. Allí ven que en los primeros días de mes, cuando se empieza a pagar el salarios, venden tres veces más dólares a sus clientes que a fin de mes. Pero algunos empleados comienzan a cobrar el último día de mes, es decir, hoy, y ya están comprando dólares ahora que no hay cepo y los ven baratos. En tanto, el consultor Hernán Hirsch lo explica por las compras de las provincias y por inversores externos que buscan cubrirse del riesgo de haber suscripto el BONTE.

El vicerrector económico de la Universidad del Salvador, Juan Miguel Massot, no se intranquiliza ante la suba del dólar: “No es una anomalia ciertos deslices bruscos hacia arriba y hacia abajo en la Argentina, con una banda de flotación amplia y una historia larga de represión cambiaria. Hay disparadores puntuales: algún excedente monetario transitorio, fin de mes, una tendencia hacia al piso del dólar muy marcada por varias semanas en un contexto de fuerte ingresos de dólares, etc. Pero debemos acostumbrarnos a cierta volatilidad aunque nos ponga en alerta. Hoy por hoy no existen fundamentos para una disparada que realmente preocupe en cuanto a que afecte la estabilidad del programa económico”.

AR

“Decime si hay un llamado a Rovira”. Javier Milei estiró el brazo y le acercó el celular a la periodista Mariana Brey, que no pudo disimular su incomodidad. “Revisá todo lo que quieras, yo no tengo problemas; los verdes son los llamados que yo hice”, insistió el Presidente, mientras la cámara de Telefe captaba el gesto con una mezcla de morbo y sorpresa. La escena, ocurrida en plena entrevista televisiva, buscaba desactivar una versión que ya hacía ruido en Casa Rosada: que el rechazo de los senadores misioneros al proyecto de Ficha Limpia había sido acordado con el mandamás misionero Carlos Rovira. Pero la desmentida llegó tarde. Para entonces, el silencio oficial ya se había interpretado como señal de connivencia. Y el nombre del líder provincial, tras años de bajo perfil, volvía a ocupar un lugar en el centro del poder.

El exgobernador de Misiones no necesita hablar para que se entienda que sigue vigente. No lo hace desde un cargo ejecutivo ni desde el atril de un acto masivo, sino desde su puesto de diputado raso, sin estridencias. Hace más de 17 años que ocupa una banca en el hemiciclo de la Legislatura misionera: primero como presidente del cuerpo y ahora, desde 2023, como uno más. Aunque cualquier mínimo conocedor de las vicisitudes de la tierra colorada sabe que lejos está de serlo.

Reverenciado casi como una deidad por sus acólitos, “el Ingeniero” maneja las riendas de la provincia que supo gobernar entre 1999 y 2007 con mano de hierro y guante de seda, sin que nada escape a su radar. En su estilo austero y hermético, descubrió hace tiempo la fórmula del poder perdurable: aferrarse al terruño, consolidar estructura y ejercer el mando sin exponerse. Rovira no da entrevistas ni aparece en televisión. Su último discurso público fue en noviembre de 2023, junto a Sergio Massa. Desde entonces, silencio.

Hasta que el país volvió a mirarlo. En la última semana, el nombre de Rovira irrumpió con fuerza en la escena nacional. Fue tras el rechazo misionero al proyecto que buscaba prohibirle competir en elecciones nacionales a condenados en segunda instancia, como es el caso de la expresidenta Cristina Kirchner. Dos votos, los de los senadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, bastaron para sepultar una iniciativa que el gobierno libertario había hecho propia en la retórica, pero que nunca terminó de abrazar del todo. La escena pareció un gesto de autonomía del oficialismo provincial, pero en los pasillos del Congreso empezó a circular otra hipótesis: que el Frente Renovador de la Concordia hizo el trabajo sucio para evitarle al presidente Javier Milei un costo político directo.

Esa versión cobró fuerza cuando el mandamás admitió que el rechazo al proyecto había sido parte de un acuerdo con la Casa Rosada. “Era una ley que poco tenía de ‘limpia’”, dijo Rovira, según confiaron a elDiarioAR testigos presenciales de la reunión a puertas cerradas que mantuvo con su tropa al día siguiente de lo ocurrido en el Senado —como cada jueves antes de cada sesión ordinaria de la Legislatura. El sábado 10, La Nación y Clarín llevaron sus dichos a la tapa de sus respectivas ediciones impresas, lo que obligó al propio Milei a salir a desmentirlo. Sin embargo, si bien La Libertad Avanza intentó despegarse del escándalo, nadie en Balcarce 50 salió a cuestionar abiertamente a Rovira. La señal fue elocuente.

La última vez que Rovira había concentrado tanta atención nacional fue en 2006. Entonces, desde su rol de gobernador, buscó reformar la Constitución provincial para habilitar su re-reelección. Contaba con el aval explícito de Néstor Kirchner, quien le pidió “dar la pelea por el proyecto” y convirtió a Misiones en globo de ensayo para otras iniciativas similares en Jujuy y la provincia de Buenos Aires. La oposición se articuló en torno a una figura inesperada: el obispo Joaquín Piña. Su candidatura, bendecida en las sombras por Jorge Bergoglio, desató una batalla cultural que traspasó los límites de la política.

La campaña por el “No” a la reforma se volvió un fenómeno nacional, con marchas multitudinarias, iglesias quemadas y acusaciones cruzadas entre el Gobierno nacional y la Iglesia. El 29 de octubre de 2006, el referéndum se saldó con un resultado inapelable: el 56,5% de los misioneros rechazó la enmienda.

La derrota dejó a Rovira sin re-reelección y sumido en la desolación. Pero, como dice el dicho, “no hay mal que por bien no venga”. En 2007 asumió como diputado provincial, y desde entonces, sin volver a ocupar cargos ejecutivos, ungió y condujo a cada uno de sus sucesores en la gobernación: primero a Maurice Closs (2007-2015), luego a Hugo Passalacqua (2015-2019), después a Oscar Herrera Ahuad (2019-2023), y hoy nuevamente a Passalacqua. Ninguno osó salirse del libreto que él mismo escribió desde la presidencia de la Cámara de Representantes: sin exposición ni confrontaciones innecesarias, aunque no sin privarse de cierto revanchismo.

De “Carlitos” al “conductor”

Amado y temido por igual, Rovira tejió el inigualable poder que hoy ostenta con la paciencia de un monje budista. Su perfil, introspectivo y metódico, lo diferenció desde joven de los militantes apasionados de su generación. Mientras otros se sumaban a la agitación política de la década del 70, él prefería el deporte y el estudio. Se graduó de igeniero químico en la Universidad Nacional de Misiones, pero mucho antes, a sus 22 años, comenzó una carrera como docente que luego sorpresivamente abandonaría. ¿El motivo? Empezar a tabajar junto a un incipiente dirigente del peronismo misionero: Federico Ramón Puerta.

El ingreso de Rovira a la vida política tuvo más de familiar que de ideológico. Su padre, Miguel Ángel “Pichón” Rovira, fue quien se acercó a un viejo conocido suyo de sus años en Apóstoles, el empresario yerbatero Federico Gumersindo “Nene” Puerta, para pedirle un favor: que Ramón incluyera a “Carlitos” en su equipo. Corría 1987 y quien una década más tarde sería presidente por un día, estaba a punto de asumir una banca como diputado nacional por el PJ. Su meta, en realidad, era alcanzar la gobernación de Misiones, que acababa de ser recuperada por el peronismo, de la mano de Julio César Humada, tras el mandato del radical Ricardo “Cacho” Barrios Arrechea, primer gobernador misionero de la democracia.

Rovira se mudó a Buenos Aires como secretario privado de Puerta, pero para eso debió dejar atrás tanto su puesto en la cátedra de Física como la consultoría que en ese momento realizaba para el INTI, en vinculación con el Ministerio de Ecología de la provincia. El trato alcanzado con Puerta fue que, si el proyecto de alcanzar el poder en 1991 fracasaba, él se quedaría trabajando en su empresa.

A partir de ese momento, Puerta adoptó a Rovira como un protegido, aunque siempre dejó en claro la asimetría. La relación fue estrecha pero distante. Ya en los 90, con el yerbatero al frente de la gobernación y “el hijo de Pichón” como presidente de Vialidad provincial, el entonces joven ingeniero se mantuvo alejado de los círculos de tertulia y negocios que rodeaban a su jefe. Sus compañeros de partido llegaron a apodarlo “el mudo” por su silencio en las reuniones, una imagen que con los años se transformó en una marca de estilo. Esa frialdad contenida fue el preludio de una ruptura silenciosa y decisiva.

En 1995, las carambolas de la historia llevarían a Rovira a su primer cargo electivo: ni más ni menos que intendente de Posadas. Desde allí, comenzaría a aceitar su cintura política. Pero no será sino a partir de 1999, ya como gobernador, que se animará a ensayar un liderazgo propio. El quiebre final con Puerta llegaría en 2003, cuando, junto a un grupo de radicales díscolos, fundará el Frente Renovador de la Concordia para emanciparse definitivamente del justicialismo ortodoxo. En esa jugada clave contó con el apoyo directo de Néstor Kirchner, quien lo empujó a lanzarse con una promesa: “Si soy presidente, te doy todo el respaldo”. Meses después, el 28 de septiembre, con el 47,8% de los votos, Rovira le ganaría a quien fuera su padrino político, convirtiéndose así en el primer experimento exitoso de la “transversalidad” kirchnerista.

Desde entonces, su influencia no solo se consolidó en lo político. También se expandió hacia el plano económico. A través de vínculos familiares, como el que mantiene con su suegro Nelson Spotorno —dueño de una de las principales constructoras de la provincia—, su entorno ha estado ligado históricamente a licitaciones clave de obra pública. Aunque no declara bienes, en Posadas nadie ignora que Rovira es uno de los hombres más ricos de Misiones. Su participación en sociedades vinculadas al Estado conforman una fortuna tan ostensible como inverificable. No vive como un político tradicional: tiene una casa con muelle privado sobre el río Paraná, pasa los veranos en París y acumula propiedades que no figuran a su nombre. 

El año en que se rompió la calma

En mayo de 2024, la calma que Rovira había sabido construir desde la derrota del referéndum de 2006 se quebró por primera vez en casi dos décadas. El descontento social explotó en las calles con protestas de docentes, policías y trabajadores de la salud, y la tensión trepó hasta su propio domicilio. La respuesta fue un contraataque sin matices: causas judiciales y posteriores detenciones. Ocho policías fueron acusados de sedición, entre ellos el suboficial retirado Ramón Amarilla, quien será candidato a diputado provincial desde la cárcel en las elecciones del próximo 8 de junio. Fue el punto de inflexión de un año que puso a prueba los límites del modelo rovirista: frente a la presión social y el avance libertario, la reacción no solo fue adaptarse, sino también endurecerse.

Pero el clima de tensión no se limitó a la calle. En los meses siguientes, en el marco del caso Kiczka, el gobierno provincial impulsó la creación de una Fiscalía Especializada en Ciberdelitos, cuya ley insinúa la posibilidad de allanar domicilios en casos de “fake news”. La norma encendió alarmas en la oposición y en organizaciones de derechos civiles, que advirtieron sobre la institucionalización de la censura. En paralelo, se multiplicaron los casos de hostigamiento a tiktokers críticos. Una de ellas, la enfermera Florencia Belén Aguirre, denunció que la policía ingresó con violencia a su casa y le secuestró los teléfonos tras ser acusada de injurias por un funcionario provincial. Lo mismo ocurrió con Ramiro Barrionuevo, conocido como “Quito”, y con Cristian Cabral, un referente barrial.

Ese giro de tinte autoritario dejó al descubierto otro Rovira. Uno más cerrado, más ensimismado, menos cuidadoso. “Si algo demostró el 2024 es que Carlos está dispuesto a hacer lo que tenga que hacer para conservar su poder”, sentenció un viejo militante renovador ante elDiarioAR, preocupado por la “pérdida” de la “sutileza” que siempre supo caracterizar al “conductor” de la Renovación. “Está cada vez más parecido a Gildo”, espetó, en referencia a Insfrán, el eterno gobernador formoseño.

Es que en el oficialismo misionero, las decisiones ya no se discuten ni siquiera en el interior de su espacio. La Renovación NEO, como rebautizó a su fuerza política, se volvió más vertical, más tecnocrática y más dependiente de su figura. Desaparecieron los cuadros intermedios, se achicaron los márgenes de deliberación y se amplificó el culto a la “juventud” por sobre la política. En marzo de 2023, durante el lanzamiento de listas de ese año, el propio Rovira pidió que en la primera fila del acto se sentaran solo “neos”. Al subir al escenario, los miró y dijo: “No los conozco, nunca vi sus caras”. Era una frase de autoelogio, pero también el síntoma de una dirigencia que ya no produce líderes, sino ejecutores.

En paralelo, también profundizó una narrativa que mezcla modernización con personalismo. “El verdadero poder está en quién accede al conocimiento”, dijo Rovira durante el discurso de inauguración del Silicon Misiones, el polo tecnológico ubicado a las afueras de Posadas, al que calificó como “el santuario intelectual más importante que se erigió en la Argentina”. Ese día, entre citas del economista Richard Thaler y el lingüista George Lakoff, sostuvo que Misiones es la “primera provincia start up de la Argentina”, tal y como reza el cartel de bienvenida apostado en el límite con Corrientes. Una contradicción: mientras impulsa a los jóvenes a programar, reprime a los que critican en redes. El contraste entre discurso de vanguardia y prácticas regresivas atraviesa el modelo “misionerista” como una tensión no resuelta.

Pactos son pactos

En ese contexto, el vínculo con Milei apareció como un salvavidas inesperado. El entendimiento entre ambos comenzó en 2021, aunque se puso en duda en 2023, cuando Misiones fue una de las pocas provincias donde La Libertad Avanza no presentó candidatos a senadores. No fue casual: la Justicia Electoral local impugnó con minuciosidad el armado libertario, bajo presión del oficialismo provincial. Esa jugada le permitió a Rovira quedarse con dos bancas propias y bloquear la irrupción de un nuevo actor que hubiera puesto en riesgo su hegemonía.

Los rumores sobre un pacto comenzaron a circular en la opinión pública desde, al menos, el mes de septiembre de 2023. Lo curioso es que no fueron agitados por la oposición, sino por la propia Renovación. A pocos días de las PASO, el portal MisionesOnline —voz para-oficial de la Renovación— publicó una nota titulada “Recuerdos del futuro”, donde revelaba una reunión secreta entre Rovira y Milei en 2021. El artículo no buscaba incomodar al “conductor”, sino legitimar una narrativa: la de una convivencia posible entre dos proyectos en apariencia irreconciliables.

La campaña también alimentó las sospechas. Aunque los candidatos legislativos de Rovira fueron pegados a la boleta de Massa, en los barrios comenzaron a repartirse ejemplares ya cortados, junto a la de Milei presidente. En voz baja, dirigentes del oficialismo justificaban el operativo como una forma de “no regalar el territorio”. En las PASO, el libertario sacó el 43% de los votos. Y en el ballotage, ganó con el 56%. Para entonces, la convivencia ya era inevitable.

Pero fue en abril de 2024, un mes antes del inicio de las protestas que tuvieron en vilo a la provincia, que el entendimiento tomó forma pública. Guillermo Francos, entonces ministro del Interior, viajó a Posadas junto a Eduardo “Lule” Menem y se reunió con Rovira, además de con el gobernador Passalacqua. El acuerdo fue claro: apoyo legislativo a cambio de fondos y autonomía. Los números lo confirmaron: Misiones fue la provincia que más recursos discrecionales recibió de la Nación hasta fines del año pasado.

Rovira nunca más volvió a pisar oficialmente Buenos Aires. Entre los dirigentes que trajinan los pasillos del poder central, su figura genera tanta intriga como admiración. A sus 69 años, controla los tres poderes del Estado misionero a su gusto, aunque alejado de la tranquilidad que supo disfrutar en otras épocas. El caso Ficha Limpia fue una muestra: lo exhibió ante los ojos del país, por voluntad o impericia, como un político a escala nacional. En la superficie, expuso a Milei. En el fondo, le hizo un favor. Y volvió, una vez más, a estar en el centro de la escena. Como en 2006. Como tantas veces. Sin hablar públicamente. Pero al mando.

PL/MG

A diferencia de 2023, cuando Javier Milei todavía era candidato y La Libertad Avanza no tenía ni sello ni tropa, este año electoral los encuentra en el poder, con la presidencia en sus manos, un partido nacionalizado y personería jurídica en todo el país. Pero aun con estructura y gestión, los armados provinciales libertarios siguen dependiendo de lo mismo que durante el año pasado: la relación que la Casa Rosada logre, o no, establecer con los gobernadores en cada uno de sus terruños.

En los pasillos del poder lo admiten sin vueltas. Aunque juran tener “marca fuerte” y “voto propio”, en los hechos no hay estrategia provincial que se impulse sin una evaluación previa del clima político local. Las decisiones se toman en función de quién gobierna cada distrito, cuánta voluntad de cooperación tiene, cuánto poder territorial conserva cada uno de esos “caudillos” y qué tan competitivos son los libertarios en ese mapa. ¿Podría la relación institucional con los mandatarios terminar condicionando, incluso, si hay o no candidatos? La pregunta está abierta.

“Les damos una mano en el Congreso porque queremos que el país no se hunda, pero eso no quiere decir que estemos con ellos”, explicó días atrás un funcionario de las provincias, sintetizando la lógica con la que varios gobernadores se vinculan con Milei. La tensión de fondo es esa: mientras los representantes de las provincias votan leyes clave para la Casa Rosada en el Congreso, La Libertad Avanza busca ocupar el mismo espacio político en sus territorios. La convivencia es, por lo menos, inestable.

En Balcarce 50 aseguran que el diálogo con los mandatarios no está roto, pero reconocen que es “más difícil sacar leyes en año electoral”. En paralelo, Karina Milei intensifica sus recorridas por las provincias —esta semana fue a Tucumán, la próxima estará en otra— para blindar el sello libertario en el interior, incluso en distritos donde el gobernador acompaña buena parte de las iniciativas nacionales, como Catamarca, Salta o Jujuy.

El caso tucumano sirve para ilustrar la tensión: aunque el gobernador Osvaldo Jaldo fue uno de los más colaborativos con Milei en el Congreso, la visita de Karina, Martín Menem y Lisandro Catalán cayó pésimo en la gobernación. Sin embargo, en el equipo de Catalán, que suena como eventual candidato, niegan cualquier roce: “Cuando ganemos, todos van a venir”.

Alarma santafesina

Los libertarios tuvieron su primer test electoral del año en Santa Fe, donde quedaron terceros con el 14% de los votos en los comicios de convencionales para la reforma constitucional. A pesar del resultado modesto, en el oficialismo nacional hubo lecturas divididas. Algunos celebraron el desempeño del periodista Juan Pedro Aleart —que ganó en Rosario con más del 31%— como un ejemplo de lo que viene: outsiders con alto conocimiento local. Otros, más duros, cuestionaron la estrategia de Eduardo “Lule” Menem, responsable del armado nacional, por haberse negado a sellar acuerdos con figuras como Amalia Granata, que podría haber duplicado el caudal libertario con su sello propio.

La falta de una línea común hacia las provincias alimenta diferencias internas. Desde el entorno de Santiago Caputo, algunos critican la estrategia de competir en todos los distritos “solo por competir” y proponen privilegiar las elecciones nacionales, con acuerdos puntuales que eviten desgastes. Del otro lado, Lule Menem y el armador bonaerense Sebastián Pareja sostienen que no se puede dar ni un paso atrás, sobre todo ahora que tienen el control legal del partido.

Donde más se visibiliza esa lógica de todo o nada es en la ciudad de Buenos Aires. Allí, la consigna libertaria es ganarle al PRO, no negociar con él. La disputa no es solo política: Milei aún no digiere que Jorge Macri contratara al consultor Antoni Gutiérrez Rubí para su campaña —el mismo que trabajó con Massa—, y el vínculo quedó roto. La candidatura de Manuel Adorni como candidato libertario en CABA no es solo una apuesta electoral: es una señal al macrismo de que en el kilómetro cero no habrá tregua.

Lo paradójico es que en otros dos distritos donde gobierna el PRO, como Chubut y Entre Ríos, el trato es mucho más amigable. En Chubut, Ignacio Torres tiene buena imagen y un armado consolidado, por lo que no necesita —ni quiere— acordar con La Libetad Avanza. En Entre Ríos, en cambio, Rogelio Frigerio se muestra más abierto, pero sin apuro. La elección nacional de este año incluye la renovación de cinco diputados y tres senadores, por lo que las negociaciones podrían volverse más estratégicas a medida que se acerque octubre.

En ambos casos, los libertarios reconocen que tienen poco para ofrecer. En Chubut, el armador es César Treffinger, pero la palabra final la tiene Lule Menem. En Entre Ríos, el interlocutor es más difuso, aunque la expectativa existe. De todos modos, en la Casa Rosada aclaran que no habrá definiciones provinciales hasta que se aclare el vínculo entre Milei y Macri. “Primero hay que resolver ese ruido, después se verá si hay margen para acuerdos”, explicó un funcionario nacional.

La única alianza formalizada hasta ahora fue en Chaco, donde competirán junto al radical Leandro Zdero para intentar frenar el regreso de Jorge Capitanich. En el resto del país, por ahora, solo tanteos. La mayoría de esos entendimientos no se firma ni se anuncia: se negocian en despachos, se insinúan en gestos o se testean con sondeos previos. Pero la hoja de ruta está marcada por otro dato: el calendario electoral.

Desdoblamientos

Hasta ahora, son ocho los distritos que ya desdoblaron formalmente sus elecciones: Salta (4 de mayo), Chaco, Jujuy y San Luis (11 de mayo), Ciudad de Buenos Aires (18 de mayo), Misiones (8 de junio), Santa Fe (29 de junio) y la provincia de Buenos Aires (8 de septiembre). En tanto, hay tres provincias que evalúan aún si desacoplar sus elecciones locales o no: Mendoza, Formosa y La Rioja.

Por otro lado, hay dos distritos en los que también se elegirá gobernador este año, pero que aún no definieron su cronograma: Corrientes y Santiago del Estero. En ambos casos, históricamente desdoblaron. En Corrientes, donde Gustavo Valdés no puede reelegir, se especula con elecciones entre julio y septiembre.

Con ese panorama fragmentado, en La Libertad Avanza saben que cada uno de esos domingo puede funcionar como plebiscito del proyecto libertario. Algunos distritos serán usados como prueba piloto. Otros, como laboratorio de candidatos. Y varios quedarán en pausa hasta último momento. En cualquier caso, hay una constante: la prioridad es la ciudad de Buenos Aires. “Es la única elección que nos interesa de verdad”, repiten en Balcarce 50.

Si en mayo logran ganarle al PRO porteño por un margen contundente, en La Libertad Avanza sueñan con una estampida: dirigentes amarillos de peso cruzando de bando y una narrativa triunfalista consolidada. Si eso no sucede, Karina Milei tendrá que conformarse con los votos que consiga en un territorio nacional dividido, con calendario desdoblado, y en un país donde los gobernadores siguen siendo la clave de casi todo.

PL/MG

En un contexto de ambigüedad del gobierno nacional respecto de la relación diplomática con China, las provincias vienen acelerando los contactos con el país asiático, movilizadas por las oportunidades en materia de inversiones en recursos naturales, energía, infraestructura y de ampliación del comercio.

Con distintos grados de efectividad, las provincias argentinas realizan un esfuerzo para aceitar el vínculo con Beijing, salteando a la administración central. Este movimiento enfrenta desafíos en torno a la profesionalización de los recursos diplomáticos provinciales, la disparidad del poder de negociación con China y los condicionamientos de la economía a nivel nacional.

Una relación ambigua

Durante su campaña electoral durante 2022 y 2023, el propio presidente Javier Milei aseguraba que no mantendría vínculos diplomáticos con China, ya que no haría “negocios con comunistas”. Luego, apenas asumió como gobierno en diciembre de 2023, desestimó la invitación a sumarse al bloque BRICS (formado por diez países, entre ellos Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), lo cierto es que a medida que pasaron los meses de gobierno y, pragmatismo mediante, la relación se recompuso.

Durante su primer año en el cargo, Milei se ha beneficiado de varias acciones de China. Por ejemplo, tras las dudas iniciales sobre la postura del nuevo gobierno, en junio de 2024 China aceptó la renovación de su multimillonaria línea de swap de divisas, que se había negociado con la administración anterior de Argentina. Esto permitió al país sudamericano retrasar el reembolso de 5.000 millones de dólares en deudas. Por ello, Milei luego declaró que “China es un socio comercial muy interesante porque ellos no exigen nada”. Asimismo, en noviembre, en el marco del G20 en Brasil, Milei mantuvo una reunión bilateral por primera vez con Xi Jinping.

Sin embargo, la estrecha sintonía entre Milei y el presidente de Estados Unidos Donald Trump pone en duda el alcance del vínculo con China a la hora de sentarse a negociar cuestiones sensibles a los intereses de los Estados Unidos, como la cuarta central nuclear argentina con tecnología china, la base aeroespacial china en la provincia de Neuquén o el posible desembarco de Huawei para trabajar en las redes 5G.

En las provincias, más pragmatismo

“La relación entre las provincias y China ha logrado sortear las vicisitudes de la política nacional e incluso de las propias provincias, no solo en la presidencia de Milei sino también anteriormente con [el ex presidente Mauricio] Macri”, sostuvo Stella Maris Juste, doctora en Relaciones Internacionales e investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

Y esto se debe a que el vínculo entre las provincias y China es muy fuerte por la presencia de intereses complementarios, según Juste: “Las provincias necesitan captar inversiones, crear empleo y mejorar la infraestructura, en tanto que China busca mejorar el acceso a recursos naturales clave, como el litio y otros minerales, y también su inserción en energía renovable y puertos”.

China encontró en las provincias interlocutores confiables para sostener la relación en estos tiempos turbulentos

Diego Cagliolo — Director de proyección estratégica al Asia en la fundación Argentina Global

En 2024, las finanzas de las provincias se vieron más presionadas a medida que aumentaban las medidas de desfinanciación del Estado. Las transferencias totales a los gobiernos provinciales y municipales cayeron un 19% interanual, según la oficina presupuestaria del Congreso.

“China encontró en las provincias interlocutores confiables para sostener la relación en estos tiempos turbulentos. Por eso Wang Wei, el embajador chino, recorre las provincias y a su vez los gobernadores recorren la Embajada”, explicó Diego Cagliolo, director de proyección estratégica al Asia en la fundación Argentina Global.

En efecto, a lo largo de 2024 se han registrado numerosos acercamientos de la dirigencia provincial a China, en general vía la embajada de China en el país.

Por ejemplo, en octubre, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, realizó una visita a China, durante la cual firmó un convenio con la empresa pesquera Hong Dong. Posteriormente, una delegación de la Cámara de Comercio de Fujian visitaron a la empresa Yacimientos Carboníferos Río Turbio, en Santa Cruz, para analizar un acuerdo de exportación de carbón.

En septiembre, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, encabezó el Encuentro de Vinculación Institucional y Comercial entre esa provincia y empresarios de China. Además del embajador Wang Wei, asistieron representantes de las empresas chinas ICBC, Huawei y China Energy International Group. Wang Wei adelantó el interés de una automotriz china en radicarse en Córdoba.

En agosto, el vicegobernador de Catamarca, Rubén Dusso, viajó a China, donde recorrió el Centro de Investigación de Nuevas Energías y Nuevos Materiales, y visitó las instalaciones de la minera Zijin. En tanto, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, se reuinó con Yuan Jinfeng, presidente de la empresa Youxiangongsi de China, para evaluar inversión en renovables, y con el embajador Wang Wei.

Wang Wei también visitó la provincia de La Pampa en mayo, acompañado por representantes de las empresas Shanghai Electric Power, Goldwind, ICBC, LiuGong y Huawei, y se reunió con el gobernador, Sergio Ziliotto.

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, se reunió en febrero con el embajador Wang Wei, luego de acordar, en noviembre, una inversión china de 1250 millones de dólares por parte de la empresa China Potassium Chemical Group Co (CPCG) para la construcción de dos plantas de fertilizantes en la ciudad portuaria Bahía Blanca, de la cual luego no hubo novedades. Además, se han discutido con funcionarios de la provincia de Sichuan inversiones en energías renovables, desarrollo agrícola y puertos en Buenos Aires, y la empresa china de maquinaria agrícola Ruiyuan Holdings está considerando una inversión.

Por el lado de Neuquén, en noviembre el gobernador Rolando Figueroa se reunió con el embajador Wang Wei y representantes de grandes empresas chinas del sector de la construcción, ferrocarriles y autopistas, ingeniería y fabricación de equipos, petróleo y gas y telecomunicaciones.

Relaciones multinivel Argentina-China

“China tiene una gran tradición en establecer relaciones multinivel con los países, incluyendo acuerdos subnacionales pero también a través de vínculos con universidades y think tanks. En este contexto, China encontró a las provincias argentinas como aliadas fundamentales y estables”, explicó Oriana Cherini, investigadora del CONICET en relaciones internacionales.

En 2023, de acuerdo a los datos recopilados por la Bolsa de Comercio de Rosario, China fue el primer socio comercial de las provincias de Jujuy, Chaco, Santiago del Estero, Catamarca, La Pampa y Entre Ríos; y el segundo en el caso de Santa Fe y Buenos Aires.

El caso de Jujuy

Jujuy suele ser mencionada como caso testigo de la relación subnacional con China, ya que es hogar de uno de los proyectos de energías renovables más importantes del país asiático en Argentina, el parque solar Cauchari, de 315MW. La planta solar fue financiada en su mayoría por el Export Import Bank of China y construido por Power China, Shanghai Electric Construction y Talesun.

Pablo Palomares, secretario de Relaciones Internacionales de Jujuy, califica a Cauchari como un avance sustancial de la provincia en su relación con China. “Jujuy supo cómo acercarse y responderle en términos de compromiso y seriedad. Se confeccionó un buen proyecto y por ello logró sortear la crisis de la macroeconomía [nacional]”, sostuvo.

Pero además, el vínculo también se reflejó en otro tipo de acuerdos, como el programa “Jujuy Seguro Interconectado”, en desarrollo con la empresa tecnológica Zhong Xing Telecommunication Equipment Company (ZTE), para la provisión de cámaras de seguridad, tendido de fibra óptica, software y hardware.

En 2020, la experta en relaciones entre China y América Latina Margaret Myers señaló: “Funcionarios chinos y otros actores realizaron más de trece viajes a la provincia de Jujuy, y funcionarios jujeños y del gobierno nacional argentino realizaron al menos once visitas a China en los cinco años anteriores”.

La clave de la relación entre Jujuy y China es el litio. Por ejemplo, el proyecto de litio del salar Cauchari-Olaroz está controlado por Ganfeng Lithium, con sede en el este de China. El proyecto tiene una capacidad de producción de 40.000 toneladas de carbonato de litio equivalente al año.

Otro proyecto en el que Jujuy se embarcó con China es su tren solar turístico, que recorre el valle de la Quebrada de Humahuaca. Y en mayo de 2024, una delegación diplomática jujeña acordó con Gotion, con sede en la ciudad oriental china de Hefei, para construir una planta solar de 200 megavatios en el sur de Jujuy.

Litio y otros minerales

El fuerte carácter federal de Argentina se extiende a que las provincias controlen sus propios recursos naturales. Esto significa que el crecimiento experimentado por el sector del litio y el resto de la industria minera metalífera está teniendo un impacto directo en las relaciones subnacionales. Esto contrasta con Chile, por ejemplo, donde el gobierno nacional controla en última instancia los recursos naturales.

Otras provincias mineras, además de Jujuy, también están experimentando vínculos más dinámicos con China. En la vecina Salta, el proyecto de salmuera de litio-potasio Mariana, en construcción desde 2022, está controlado por Ganfeng Lithium.

Ganfeng también es copropietaria del proyecto de litio Pozuelos-Pastos Grandes en Salta, que se encuentra en fase de factibilidad; en septiembre, la provincia china de origen de Ganfeng, Jiangxi, firmó una carta de intenciones para profundizar su cooperación con Salta. Además, China participa en la extracción de litio salteño en sus salares de Arizaro y Diablillo a través de Tibet Summit Resources, mientras que Revotech Asia es propietaria del proyecto Sal de los Ángeles en el Salar de Diablillos.

En Catamarca se está desarrollando un gran proyecto de litio: Tres Quebradas, propiedad de Zijin Mining. Catamarca también ha estado discutiendo con Zijin la mejora del paso de San Francisco, que facilitaría la exportación de litio desde el puerto chileno de Coquimbo.

Catamarca Minería y Energía (Camyen), que es propiedad del gobierno provincial, anunció en 2022 que Power China financiaría cuatro plantas solares en la provincia. Construidas por Shanghai Electric Power Construction, tendrán una capacidad combinada de 600 megavatios. Se espera que la construcción comience este año.

En San Juan la empresa china Jinko Solar desarrolló el parque fotovoltaico Iglesia-Estancia Guañizuil, que fue inaugurado en 2019. Además, la provincia cuenta con el proyecto de extracción de oro y plata Veladero, con un 50% de participación de la empresa china Shandong Gold.

Los desafíos

Diego Guelar, ex embajador argentino en China (2016-2019), considera que las provincias tienen un rol fundamental a la hora de hacer atractiva una inversión para China, ya que tienen la capacidad de brindar apoyo local, conocimiento del sitio y de los actores y pueden ayudar a mejorar la convivencia. Sin embargo, “una gran cantidad de las misiones comerciales y de negocios de parte de las provincias [que van] a China no se preparan debidamente”, dijo.

Guelar explica que si bien las provincias tienen dominio de sus recursos y facultades en materia de política exterior, y China en general está interesada en invertir y comerciar con el país, conseguir que se efectivicen los proyectos es complejo. “Requiere preparación previa y en muchos casos se necesitan garantías soberanas de parte de Nación, que también hay que negociar. Pero además, se requiere conocer cómo se manejan los chinos. Si esta expertisemuchas veces falta en la dirigencia a nivel nacional, ni qué hablar en las provincias”, dijo.

Desde un punto de vista más estructural, Stella Juste considera que las asimetrías de la relación entre Argentina y China se profundizan a nivel subnacional, a favor de China. “De modo que la contracara de las inversiones en conectividad territorial, producción energética y los swaps de moneda, puede verificarse en los déficits comerciales, la primarización agrícola, la dificultad para ampliar la canasta de productos exportables con valor agregado y la dependencia financiera”, sostuvo.

Este artículo se publicó originalmente en Dialogue Earth

De la calle a los despachos judiciales. Del recinto de la Legislatura al feed de X. El 2024 será recordado como el año en que el escenario de la disputa política en Misiones se diversificó. El punto más álgido de ese nuevo estado de cosas ocurrió en mayo, cuando las protestas salariales de trabajadores estatales inundaron las calles y rutas de la provincia. Desde entonces, el foco de la atención pública nacional no se corrió de la tierra colorada, mientras el gobierno del “misionerista” Frente Renovador de la Concordia y su líder, el exgobernador Carlos Rovira, demostraban estar dispuestos a hacer todo lo que esté su alcance con tal de resguardar el edficio hegemónico que tan bien supieron construir a lo largo de más de dos décadas en el poder.

En medio de esa coyuntura cada vez más espesa, un dato novedoso comenzó a hacerse evidente: la creciente preocupación de Rovira por todo lo que se diga sobre él en las redes sociales. La conmoción generada por el caso del exdiputado provincial Germán Kiczka, detenido en agosto por tráfico de material de abuso sexual infantil, además de reavivar una vieja rencilla con su mentor Ramón Puerta, le permitió al mandamás provincial, desde su rol de diputado raso, avanzar con una iniciativa que encendió alarmas en la dirigencia opositora: la creación de una Fiscalía Especializada en Ciberdelitos, facultada para “disponer el secuestro y reserva de dispositivos móviles, informáticos, electrónicos o cualquier otro” en caso de “fake news” que afecten a “individuos o instituciones públicas”.

De inmediato, no faltaron quienes vieron en la aprobación de esa ley la institucionalización de un modus operandi. Es que son varios los tiktokers críticos del gobierno provincial, por lo general de orientación libertaria, que en los últimos meses sufrieron represalias judiciales tras ser denunciados por altos funcionarios de la Renovación, como también se conoce al espacio político provincialista que gobierna Misiones desde el año 2003.

El más reciente de todos fue el de Florencia Belén Aguirre, una enfermera de 28 años con una gran repercusión en TikTok, cuyo domicilio fue allanado hace pocas semanas. Según su propio relato, los policías que irrumpieron en su casa el sábado 2 de noviembre por la mañana, mientras dormía junto a su familia, lo hicieron con una especial violencia. “Destrozaron la puerta de adelante, y enseguida un policía se lanzó sobre mí, presionándome la espalda con su rodilla”, describió Aguirre en un audio que se viralizó a las pocas horas de lo sucedido, en el que también relata un fuerte cruce con uno de los efectivos: “Al lado mío estaba el bebé, y le dije: 'Pará, estoy con el bebé'. Me respondió: 'Callate la boca o le vamos a llevar a tu bebé con un asistente social'”.

“En algún momento me encapucharon la cabeza. Mi pareja estaba esposada, y mi hijo de 13 años, Jaime, estaba en el piso. Lo tenían en posición de sospechoso, con las manos en la espalda, como si fuera un criminal”, continuó Aguirre, quien en el último tiempo tuvo un rol muy activo en la defensa en redes de los ocho policías detenidos desde septiembre —entre ellos Ramón Amarilla, el referente de las protestas de mayo— tras ser acusados de “sedición” y “conspiración”.

Aguirre relata que recién después de cuatro horas de operativo fue trasladada a la Jefatura de Policía sin que, según ella, se le “explique nada”. “Pasé ahí toda la mañana, me tomaron las huellas, me sacaron fotos y grabaron varios videos. Al final, simplemente me dijeron: 'Andate'. No sé qué buscaban, y lo único que me advirtieron fue que no podía usar las redes sociales”, finalizó la mujer, a la que le secuestraron tres teléfonos. Los medios provinciales titularon que además se llevaron de su domicilio un frasco con marihuana y una escopeta, objetos que en realidad pertenecían a uno de sus vecinos. 

“Calumnias”, “injurias” y “amenazas” resultó ser el motivo por el cual el juez posadeño Juan Manuel Monte, a cargo del Juzgado de Instrucción Penal 2, habilitó el allanamiento a Aguirre. Su denunciante fue ni más ni menos que el titular del Instituto de Macroeconomía Circular (IMaC), Roque Gervasoni, un polémico funcionario conocido por ser una de las espadas preferidas de Rovira en el terreno virtual. “Soy asperoso y chicanero, pero jamás me meto con la condición social ni física, jamás digo ‘sos un chorro, sos un atorrante, son todos drogadictos’, como sí lo hizo esta chica”, fue la justificación que dio durante una entrevista con la radio local Eldópolis, en la que también exhortó a “regular” el uso de las redes sociales.

Para Gervasoni, el accionar de Aguirre solo apuntaba a “embarrar, desprestigiar, denostar, difamar y calumniar” al gobierno provincial, por lo que ante ello decidió presentar “denuncia penal, civil y en ciberdelito”. “Solo pedí que se abstenga de seguir con las agresiones”, añadió en un descargo que realizó en su cuenta de Facebook.

“Pueden decir de mí lo que se les ocurra, pero me asiste el derecho a defender mi buen nombre y honor, y de los compañeros y funcionarios del Frente Renovador, de nuestro conductor [Carlos Rovira]. Cuando se trata de gente que tras la máscara inocente una usuario/a de redes sociales pretenda solo embarrar, desprestigiar, denostar, difamar, calumniar, siendo funcionales a algún interés en particular”, culminaba su posteo.

“Cacería de brujas”

El primer caso resonante de hostigamiento a voces críticas en Misiones fue el de Ramiro “Quito” Barrionuevo, un gomero y tiktoker libertario de la localidad de Eldorado, conocido por sus publicaciones en contra de la “corrupción” del gobierno provincial. En abril, le sustrajeron todos sus aparatos electrónicos y debió pasar un fin de semana tras las rejas luego de que la subsecretaria de Coordinación General del gabinete de Hugo Passalacqua, Micaela Gacek, lo denunciara ante la Justicia. Al igual que Aguirre, fue acusado de incurrir en “intimidación pública y amenazas”, además de “incitación a la violencia”, en una causa tramitada también en el juzgado del juez Monte, en Posadas.

“¡Mirá cómo se llevan a tu soldado, Milei!”, gritó Barrionuevo mientras lo subían a un patrullero de la policía, imagen que quedó inmortalizada en un video que se hizo viral. Un tiempo después, en diálogo con elDiarioAR, el influencer detalló: “Vinieron a mi casa, allanaron, se llevaron todas las cosas de mi hijo, mis cosas, mi vehículo, mi moto”. Según sus propias palabras, en la provincia se vive “una cacería de brujas”. “Un día le toca a uno, un día le toca al otro, y eso lo que está demostrando es la debilidad que tienen los rerobadores (sic)”, lanzó el gomero, que en julio pasado formalizó su salto a la política: logró juntar 500 firmas para la creación de un nuevo partido “libertario” provincial que lo tiene a él como referente, el Movimiento Yaguareté Libre.

Por aquel entonces, quien tampoco perdió la oportunidad de subirse al affaire Quito fue Gervasoni. En sus redes sociales, el funcionario que luego denunciaría a Aguirre no dudó en difundir falsamente la información de que Barrionuevo supuestamente contrabandeaba neumáticos y que en su teléfono celular habían encontrado “conversaciones y mensajes” con el entorno de “un diputado provincial”, en alusión a Germán Kiczka. Aunque el ahora exdiputado provincial aún no estaba involucrado en la causa por la que hoy está preso, ya había ocurrido el allanamiento a la casa de su padre en Apóstoles por indicios de una red internacional de pedofilia.

La detención de Quito fue la prueba piloto. Dos meses más tarde, otro hecho de iguales características sacudió a la opinión pública misionera. El de Cristian Cabral, un joven de 30 años referente del barrio Sur de Misiones Tres de Posadas que exponía problemas de la comunidad, como la inseguridad o la falta de infraestructura. En junio, su activismo le costó caro. Una madrugada, el grupo GOE ingresó a su casa mientras dormía junto a su mujer y sus hijas de 7 y 2 años. “Un jueves a las 4 de la mañana me reventaron la puerta de la casa, me tiraron al piso y revolvieron todo”, relató en una entrevista con el sitio mandioca.ar.

Cabral estuvo dos semanas preso en la comisaría 20 sin explicaciones claras. Durante los primeros días, ni siquiera sabía de qué se le acusaba: “Recién al quinto día de estar detenido, me enteré de que supuestamente le había mandado un mensaje amenazante al ministro de Educación, ¡a quien ni siquiera conocía!”. Efectivamente, luego se confirmó que la Justicia actuó a partir de una amenaza anónima que recibió a su Whatsapp Ramiro Aranda, el titular de esa cartera. En teoría, el mensaje había salido del celular de Cabral. Sin embargo, los peritos no le pudieron encontrar ninguna vinculación con esas supuestas intimidaciones.

Cinco meses después de su calvario, Cabral sospecha que las verdaderas razones de su detención fueron sus críticas hacia ciertos sectores de poder. “Se me vinculó con algunas discusiones en Facebook con diputados, a quienes simplemente llamé ‘ñoquis’”, comentó, aunque se diferenció de Barrionuevo y Aguirre al señalar que “no era una figura pública o influencer”. “Yo me dedicaba a gestionar cuestiones políticas en el barrio. Si buscan, encontrarán notas y fotos mías relacionadas con reclamos colectivos”, aclaró.

De hecho, Cabral intuye que la causa judicial en su contra fue fabricada. “Mientras yo aún no tenía respuestas, ya el mismo jueves y viernes mis vecinos sabían que me habían armado una causa”, indicó en el último tramo de la entrevista, para después rematar: “Eso no es un detalle menor, porque significa que el pueblo ya conoce la verdad, y no es que la realidad le es indiferente”.

Preocupación opositora

El arco político opositor en Misiones, conformado principalmente por la UCR y el PRO, salió a expresar su “profunda preocupación” por las detenciones de ciudadanos críticos al gobierno provincial. Lo hizo través de un comunicado, firmado por 53 concejales, dirigentes sociales y legisladores, donde se sostiene que los casos de Barrionuevo, Cabral y Aguirre configuran un ataque a la “libertad de expresión” y una “persecusión política”, por lo que instan a las autoridades a “ajustarse al Estado de derecho”.

“En nuestro país, la libertad de expresión es un derecho fundamental”, reza el texto rubricado, entre otros, por los diputados nacionales Martín Arjol (UCR) y Florencia Klipauka (Activar), además de los legisladores provinciales Horacio Loreiro, Miguel Núñez, Rosy Kurtz, Mikaelia González Coria y Analia Labandoczka. Los dirigentes citan el artículo 14 de la Constitución Nacional y tratados internacionales, y acusan al gobierno de la Renovación de “vulnerar” estas garantías “al perseguir y detener a quienes disienten públicamente”.

Además, la oposición misionera asegura que la reciente creación de la Fiscalía Especializada en Ciberdelitos “no deja de generar estupor” ya que “atenta contra el debido proceso, fomenta la censura previa y abre la puerta al espionaje”. Y advierte acerca de que estas prácticas representan “un retroceso para nuestras libertades” y que “el debate de ideas debe promoverse sin temor a represalias judiciales”.

Pero a Rovira parecen desvelarlo temas más urgentes. Aliado permanente de cada inquilino de la Casa Rosada, su energía está puesta hoy en evitar por todos los medios posibles la emergencia de un referente “libertario” capaz de capitalizar en 2025 el cada vez más palpable desencanto con la política, en una provincia en la que Javier Milei no bajó el año pasado del 40% de los votos. Una vez neutralizado el potencial peligro que representaba la figura de Pedro Puerta, arrastrado por los infortunios de su exaliado Kiczka, al mandamás solo le resta terminar de demostrarle a los enviados de La Libertad Avanza que en Misiones nada se hace sin su consentimiento. Como si hiciera falta aclararlo.

PL