A menos de 100 horas del cierre de listas, el frente Somos Buenos Aires, la nueva avenida del medio de la elección bonaerense, tiene un desafío: evitar la ruptura y posicionarse como la única alternativa a la motosierra libertaria y la agenda “Cristina Libre”. Necesitan ser competitivos y superar el techo de 10 puntos y apuestan, para ello, a jugar la carta de los pesos pesados. Cuentan con intendentes y dirigentes nacionales y apuestan a aprovecharlos con una lógica: los peronistas a las listas del conurbano, los radicales a las listas del interior.

En el frente no conocen un día de paz. Desde su oficialización el 9 de julio, cada 24 horas, algún dirigente de “Somos Buenos Aires” anuncia que se retira –o amenaza con retirarse– por alguna diferencia irreconciliable con otro de los integrantes del espacio. Hay demasiados nombres propios y pocos lugares en las listas. Hay sospechas y rencillas con años de antigüedad. Hay demasiados partidos y demasiadas agendas políticas, y la posibilidad de unificar posturas detrás de un mismo eje de campaña todavía se vislumbra casi imposible.

La alianza con la UCR es tambaleante: el tándem Facundo Manes-Juan Schiaretti logró cerrar un acuerdo con los intendentes radicales, pero el sector que responde a Maximiliano Abad juega constantemente a dinamitar el acuerdo. Hace dos días, el intento de Schiaretti de sumar al ex intendente de Merlo, Raúl Othacehé, generó un cortocircuito con la UCR que Abad aprovechó para intentar romper, pero fracasó. Othacehé quedó afuera y la Convención ratificó su alianza con el centro.

Las tensiones por el cierre de las listas llegan, incluso, hasta uno de los armadores del espacio, Emilio Monzó, quien ya amenaza con competir por afuera en la elección nacional. Monzó se queja, puertas adentro, que el armado está atomizado y que le cuesta darle una musculatura que lo aúne como una fuerza política unificada. “Todos quieren mojar la medialuna pero acá no hay café”, les recriminó a sus flamantes socios en una reunión para definir las listas electorales.

¿El motivo del conflicto? Los intendentes radicales reclamaban encabezar todas las secciones electorales, lo que había despertado el mal humor de Monzó, Margarita Stolbizer y muchos de los nombres propios sin tierra que también esperan liderar.

“Hay tirones y egos y, a medida que la negociación avanza, avanzan también las tensiones. Pero no hay otro lugar a dónde ir”, reflexiona un jefe territorial que observa, risueño, la dinámica del internismo radical. Es la primera vez que va a una elección junto a la UCR: de origen peronista, el dirigente bonaerense asegura que “Somos” tiene “potencia” y que, una vez que se cierren las listas, el espacio se ordenará solo.

Por fuera de la amenaza de la disolución, el verdadero desafío de la avenida del medio es volverse una alternativa real y competitiva. Necesita apelar a los decepcionados de Javier Milei y de Cristina Fernández de Kirchner y convencerlos de ir a votar (y de que, cuando lo hagan, lo hagan por ellos). Saben que son fuertes, fundamentalmente, en el interior de la Provincia de Buenos Aires, pero no es suficiente: necesitan ser competitivos en el conurbano, la madre de todas las batallas del kirchnerismo y LLA. Y allí es donde la alianza con el peronismo no K se vuelve clave.

El peronismo disidente

Hay dirigentes, como Florencio Randazzo, que le declararon la guerra al cristinismo hace tiempo y, desde entonces, vienen probando su suerte en la avenida del medio. Pero hay también muchos jefes territoriales que supieron integrar las boletas de Unión por la Patria y que, enojados por la dinámica de la toma de decisiones del tándem Máximo Kirchner-Sergio Massa, tomaron la decisión de jugar por afuera. Son dirigentes que, como Juan Zabaleta (Hurlingham) o Julio Zamora (Tigre), tienen su propio caudal de votos y que representan una verdadera amenaza para Fuerza Patria, el flamante frente peronista para la elección bonaerense.

Zamora es uno de los principales arquitectos del nuevo espacio. El intendente de Tigre –que le ganó la interna a Malena Galmarini cuando su esposo, Sergio Massa, era el candidato presidencial del peronismo– fue uno de los pocos que se contactó personalmente con Axel Kicillof para avisarle que jugaría por afuera: no tiene, como Randazzo o Schiaretti, una enemistad con el peronismo K y hasta último momento esperó un acercamiento del gobernador bonaerense. No se logró y, en su entorno, responsabilizan a Massa de haber bloqueado el acercamiento.

Zamora es, además, quien encabezará la lista de la Primera Sección Electoral: la sección más populosa y una de las prioridades del armado de centro. “Somos” apuesta a sumar votos de las clases medias-medias bajas que están desencantadas con Milei y se muestran reacias a acompañar la agenda del cristinismo en PBA. “Son los que miran la bandera de ‘Cristina Libre’ y buscan otra cosa”, explica un dirigente bonaerense.

En Fuerza Patria miran el armado de reojo por este motivo: temen que muchos de sus votantes peronistas puedan escaparse por la avenida del medio. Originalmente, en el campamento de Fuerza Patria celebraban en el espacio de centro: estaban convencidos de que apelarían a un votante cambiemita desencantado con Milei que nunca los hubiera votado. En los últimos días, con la creciente presencia de referentes territoriales del peronismo, esa intuición fue cambiando.

Muchos están a la espera, incluso, de lo que hará el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, quien viene sosteniendo una guerra con Máximo Kirchner en PBA hace años, pero no termina de decidirse a hacer el pase a “Somos Buenos Aires”. Zamora está intentando convencerlo, ya que considera que podría ser un nombre fuerte para encabezar la Tercera Sección: el distrito más complicado para “Somos”, ya que sospechan que, allí, la polarización llegará a su punto máximo.

Zabaleta es otro de los armadores clave del espacio y apuesta a conseguir su revancha en el municipio que gobernó hasta 2023, Hurlingham. El ex ministro de Desarrollo Social del Frente de Todos se prepara para encabezar la lista de candidatos a concejales de Hurlingham y disputarle a La Cámpora el control del municipio. Su decisión de jugar por afuera generó un fuerte ruido al interior del peronismo, que salió a cuestionarlo con dureza.

“Cualquier candidatura que se diga ‘peronista’ por fuera de Fuerza Patria, por más vueltas que se le quiera dar, es funcional a Milei y Macri”, lo cruzó el actual intendente de Hurlingham, Damián Selci. Zabaleta no se quedó atrás. “Damián, querido: vos de peronista no tenés un pelo. Escribiste un libro aburridísimo donde reivindicás el régimen chavista de Venezuela y le pedís a la gente que ‘odie y abandone a su familia para ser buen militante’. Nada más gorila”, le respondió, a través de Twitter.

Más allá de las luces de artificio, lo cierto es que ninguno de los dirigentes del PJ bonaerense intentó contener a Zamora o Zabaleta. No los veían como actores relevantes, y los protagonistas se cobraron su venganza. Y, ahora, el resto del peronismo sí presta atención.

MC/MG

Victoria Tolosa Paz seguirá “pisando” los planes sociales. La ahora ex diputada asume hoy al frente de Desarrollo Social con el desafío de administrar la presión de las organizaciones territoriales, tanto oficialistas como opositoras, en un contexto de extrema fragilidad social. En ese marco, no está en la agenda de la nueva funcionaria ampliar los planes, actualmente concentrados en el programa Potenciar Trabajo, que tiene 1,3 millones de beneficiarios.

La decisión de no dar más altas en los planes es una política oficial que Alberto Fernández acordó ya a principios de año con Juan Zabaleta y Emilio Pérsico –secretario de Economía Social, hombre fuerte del Evita y responsable del Potenciar Trabajo– y que se continuó hasta ahora, pese al aumento de la pobreza y la inflación. Con una nueva figura al frente de la cartera, ese pilar se mantendrá, según recogió elDiarioAR de fuentes de segunda línea al tanto de la gestión diaria de la cartera. 

La llegada de una nueva ministra no modificaría tampoco el organigrama general, dominado por el Evita, pero también por las agrupaciones oficialistas como Somos-Barrios de Pie, la Corriente Clasista Combativa y el MTE de Juan Grabois –que conforman la UTEP–, además de La Cámpora.

El mero cambio de nombre del ministro chocará con el reclamo de las agrupaciones opositoras nucleadas en la Unidad Piquetera, principalmente el Polo Obrero, Libres del Sur, FOL y Teresa Vive. Este jueves, de hecho, hay en agenda una reunión de los piqueteros con Emilio Pérsico.

“No habrá ampliación de los planes. Todo seguirá como venía”, dijo a este medio un funcionario de Desarrollo Social y a la vez influyente dirigente social. “Va a seguir todo igual”, abundó otro referente con despacho en el ministerio. “Cambios drásticos no hará, solo administrar lo que existe y algún toque personal en algún tema”, apuntó una fuente importante de la UTEP, que estuvo en recientes reuniones con la nueva ministra, así como con Fernández.

Cerca de Tolosa Paz intentaron evitar dar cualquier definición hasta tanto hoy le tome juramento el Presidente. “Sabemos que hay muchas cosas por trabajar, es un ministerio sensible”, apuntó un colaborador.

Actualmente, los 1,3 millones de personas dentro del Potenciar Trabajo cobran cerca de 25 mil pesos mensuales –la mitad del salario mínimo– a cambio de una contraprestación de cuatro horas diarias en cooperativas de trabajo manejadas tanto por las agrupaciones sociales, como por municipios, provincias, la Iglesia y otras organizaciones de la sociedad civil. Se estima que el Evita, el movimiento más importante, cuenta con unos 120 mil planes. 

Sin ampliación del programa, el Gobierno solo otorgará para los beneficiarios un bono de fin de año –habitualmente considerado un medio aguinaldo– de unos 13 mil pesos, como anticipó elDiarioAR la semana pasada. Adelantar este anuncio le permitió a Zabaleta desactivar una serie de piquetes que tenía programado el Polo Obrero para el pasado fin de semana largo, poniendo en riesgo la circulación turística. 

Pedido de audiencia

En la reunión de hoy, la Unidad Piquetera, a través de Pérsico, le reclamará a Tolosa Paz una “audiencia urgente”. El reclamo será ampliar los planes y mejorar sustancialmente las partidas de alimentos que se “bajan” a los comedores.

Por ahora los piqueteros mantienen suspendido el plan de lucha. Cualquier rechazo a mejoras sociales hará que se vuelquen nuevamente a las calles. En el Polo Obrero no hay entusiasmo con la nueva ministra. El cónclave de hoy había sido programado originalmente para el martes, pero fue aplazado 48 horas por la llegada de la ex diputada a la cartera.

La decisión de no ampliar los planes sociales no será un sello original de Tolosa Paz. Por acuerdo entre Zabaleta y Pérsico, a principios de año se abrió un registro para que los beneficiarios puedan cambiar de unidad ejecutora –pasarse de una organización a un municipio, por ejemplo– o denunciar irregularidades. Más de 260.000 ya lo hicieron. 

Además, desde septiembre pasado se lleva adelante una auditoría a cargo de las universidades públicas para relevar las condiciones de trabajo de los beneficiarios y controlar que realicen correctamente la contraprestación. En su momento hubo una discusión entre Zabaleta y el Evita para evitar que la auditoría se convierta en un “show mediático”. 

Según supo elDiarioAR, el censo se está realizando de manera progresiva en el conurbano –por ahora Lanús, Tres de Febrero, Morón y Moreno– y localidades de Santa Fe y Tucumán. Continuará hasta principios del año próximo, ya bajo responsabilidad de Tolosa Paz.  

48 horas frenéticas

“Jamás me van a encontrar alejada de la instancia del diálogo, creo en el diálogo para construir la salidas transformadoras que Argentina necesita”, dijo ayer Tolosa Paz luego de mantener una reunión con el jefe de Gabinete, Juan Manzur, en la Casa Rosada. Habló ante la prensa acreditada en Casa Rosada. Luego, en Twitter, abundó sobre el desafío que tendrá por delante en un ministerio “loteado”: “Me toca conducir la diversidad que expresa el Frente de Todos, y sé de las convicciones y el compromiso social de cada compañero y compañera porque venimos caminando los barrios hace mucho tiempo. Quiero potenciar las distintas áreas con organización, trabajo y participación”.

La flamante ministra dedicó las últimas 48 horas para conocer al detalle la realidad del ministerio ubicado en el ex edificio de Obras Públicas, adornado con los murales en hierro de Eva Perón. El martes había estado desde las 10.30 hasta las 18.40 en distintas reuniones en Desarrollo Social, como parte del proceso de traspaso de gestión. 

En encuentros separados, se vio con Zabaleta, Pérsico y con Laura Alonso, secretaria de Inclusión Social, dirigente de La Cámpora y quien maneja el área de políticas alimentarias. Entre Pérsico y Alonso se distribuyen casi el 90 por ciento del presupuesto de todo el ministerio. Para 2023, el Potenciar Trabajo tendrá un presupuesto de 590.982 millones de pesos. La tarjeta Alimentar dispondrá de $442.756 millones para llegar a 2,4 millones de personas. Sobre esos números deberá equilibrar la tensión social la nueva ministra, con el agregado de que el próximo será un año electoral.

Tolosa Paz también se reunió el martes en Desarrollo Social con Gustavo Aguilera, hasta ahora número dos de Zabaleta; con Fernanda Miño, secretaria de Integración Socio Urbana, perteneciente a la fuerza de Grabois, y con la massista Micaela Ferraro, secretaria de Abordaje Integral.

Ayer, después de verse con Manzur, se probó el traje de ministra: participó de un cónclave con una veintena de intendentes cordobeses para avanzar en la estructuración de planes de vivienda y en la continuidad de políticas sociales para esa provincia, según se comunicó oficialmente. Al mediodía se despidió de la Cámara de Diputados, donde se votó su renuncia como legisladora. 

“Renuncio a mi banca de diputada nacional para asumir una enorme responsabilidad en el poder ejecutivo”, escribió en sus redes sociales. Y en una línea que sorpresivamente marcó el horizonte de su cargo hasta el 10 de diciembre de 2023, fecha de un eventual cambio de Gobierno, prometió: “Trabajaremos con todos los sectores para construir una gestión que en 14 meses buscará primero y SIEMPRE dar respuesta a los problemas sociales de nuestro pueblo, sin mezquindades porque nos necesitan más unidos y unidas que nunca”.

MC

La semana pasada, antes de dejar su cargo, Juanchi Zabaleta se confesó ante un importante dirigente territorial. Le comentó que el plan “empalme” que Sergio Massa lanzó apenas asumió como ministro de Economía no avanza. Aún está muy lejos de concretarse el objetivo oficial de transformar 200 mil planes sociales en empleo genuino, con el Estado haciéndose cargo de las cargas tributarias de los empleados. 

La anécdota del ahora saliente ministro de Desarrollo Social puede servir de botón de muestra sobre el desafío que tendrá Victoria Tolosa Paz cuando asuma el jueves en la cartera ubicada en el ex edificio de obras públicas. Se trata de una ministerio con un abultado presupuesto –aunque ya agotado para lo que resta del año– y loteado entre las organizaciones más importantes del también loteado Frente de Todos: el Movimiento Evita y La Cámpora, en disputa histórica. 

Es una compleja realidad que –con sus propias particularidades– también tendrán que sortear en sus nuevos puestos la nueva ministra de Trabajo, Kelly Olmos, y de Mujeres y Género, Ayelén Mazzina. La reemplazante de Claudio Moroni va a tener como interlocutores a los dirigentes de la dividida CGT, así como el constante reclamo por paritarias y la necesidad de que los salarios no pierdan por goleada con la inflación. La funcionaria que llega por Eli Gómez Alcorta deberá recoger el guante que dejó el Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries, que terminó ayer en San Luis, justamente provincia de donde Mazzina es oriunda.

La interna en Desarrollo Social

La designación de Tolosa Paz la definió Alberto Fernández, luego de consultar con los principales movimientos sociales oficialistas. El miércoles pasado, el Presidente recibió en su despacho a Emilio Pérsico, del Evita; a Daniel Menéndez, de Somos Barrios de Pie, y a Juan Carlos Alderete, de la Corriente Clasista y Combativa. Le dieron su venia.

“Estamos bien con ella”, dijo una fuente sobre la figura de la nueva ministra, que ya en sus tiempos de diputada nacional no dejó de tener presencia en distintos actos de las agrupaciones sociales. Es una vieja conocida: formó parte de la gestión cuando fue nombrada titular del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. Sin embargo, no cuenta con el mismo expertise que el ahora retornado intendente de Hurlingham. “Tolosa Paz es más una figura que puede poner palabras, más que conducir el ministerio. Tiene menos espalda que Juanchi”, apuntó el dirigente consultado, que tiene un pie en el territorio y otro en el ministerio.

El verdadero desafío de Tolosa Paz será articular la disputa histórica entre el Evita y La Cámpora, que se reparten las dos “cajas” principales del ministerio: el Potenciar Trabajo y la Tarjeta Alimentar. Ambos programas se llevan por encima del 90% del presupuesto total. 

Los 1,3 millones de planes sociales son administrados por Pérsico desde la secretaría de Economía Social, y para el 2023 tendrá un presupuesto de 590.982 millones de pesos. Las políticas alimentarias, a cargo de la camporista Laura Alonso en la secretaría de Inclusión Social, dispondrá de $442.756 millones para llegar a 2,4 millones de personas.

Esos dos programas son los que marcan la temperatura en la calle, últimamente ganada por la opositora Unidad Piquetera, encabezada por el Polo Obrero, Barrios de Pie, el FOL y Teresa Vive. La semana pasada Zabaleta logró desactivar una serie de piquetes que se habían anunciado para todo el fin de semana largo en distintas rutas del país. La amenaza sigue latente, porque ya el Gobierno rechazó ampliar los planes sociales, histórico reclamo de los piqueteros opositores. 

Tolosa Paz es más una figura que puede poner palabras, más que conducir el ministerio. Tiene menos espalda que Juanchi

“La renuncia de Zabaleta marca el fracaso de la política social del Gobierno”, apuntó ante la consulta de elDiarioAR Eduardo Belliboni, dirigente del PO, conocedor de los pasillos del ministerio. “Tolosa Paz fue parte de la mesa contra el hambre que fue un fiasco y un manoseo. Pero el problema no son los ministros, sino el ajuste. No sé tampoco cómo hará con la interna, que es otro de los grandes problemas, porque el ministerio está parcelado y dividido. Fracasó ahí Arroyo y ahora también Zabaleta”, cuestionó.

Otro de los desafíos de Tolosa Paz será llevar adelante la tan anunciada auditoría a los beneficiarios del Potenciar Trabajo, que según recogió este medio está recién dando sus primeros pasos en distintos puntos del conurbano y en algunas localidades del interior. No se espera que esté terminado hasta por lo menos el comienzo del 2023. Ayer, en una carta de despedida publicada en sus redes sociales, Zabaleta habló de ​​“proceso de normalización” de los planes sociales. También le deseó éxito a su sucesora. “El camino está marcado, en marcha y ordenado”, le aseguró. 

El reclamo salarial en Trabajo

El Presidente no consultó con la CGT la designación de Kelly Olmos en Trabajo, pero en la dividida central obrera buscaron restarle importancia a la cuestión. “No es un apocalipsis de Estado que no nos hayan consultado”, dijo al respecto esta mañana Andrés Rodríguez, titular de UPCN y dirigente del consejo directivo cegetista.

Olmos será la caja receptora de los reclamos gremiales, en un contexto de altísima inflación y pérdida del poder adquisitivo. El conflicto más urgente es el de los camioneros de Hugo y Pablo Moyano, que la semana pasada exigieron a los empresarios un aumento de 131 por ciento. La negociación aún está abierta, sin una solución pronta a la vista.

Se trata de una paritaria simbólica, porque lo que haga Pablo Moyano tendrá repercusión en el resto de la CGT, luego de que él amenazara hace dos semanas con irse de la central obrera. Quedó cristalizada su distancia con Héctor Daer –íntimo de Alberto Fernández– y Carlos Acuña –del riñón massista–. En el asado en Olivos al que no lo invitaron al camionero, Moroni se comprometió a mantener abierta todas las paritarias ante la crisis actual. Será desafío de Olmos continuar ese compromiso. 

Auguramos una buena relación con la nueva ministra de Trabajo

La CGT por ahora le tendió la mano. “Auguramos una buena relación con la nueva ministra de Trabajo”, avisó el jefe de UPCN en radio Provincia.

Más allá de las paritarias, otro desafío de Olmos será administrar la tensión por un bono de fin de año. Los estatales, por caso, ya cerraron un acuerdo con el Gobierno para recibir un pago único de $30.000. “Alberto Fernandez me pidió que cuide el salario de los argentinos”, dijo Olmos en declaraciones a la AM750. “No puedo adelantar decisiones, pero conceptualmente creo que hay que reparar la deuda sobre sectores vulnerables”, agregó, ante la complejidad de la crisis que hace que miles de personas con un trabajo formal estén por debajo de la línea de pobreza.

Una fecha clave para la futura funcionaria será el próximo lunes 17 de octubre. Mientras la CGT anunció un acto en el estadio de Obras, Pablo Moyano y sus aliados en el kirchnerismo –La Cámpora y las CTA– harán una marcha a la Plaza de Mayo. El Presidente, a su vez, pensaba encabezar un acto en Tucumán organizado por Juan Manzur. ¿Será la excusa perfecta de Olmos para ausentarse de los dos actos porteños?

Justicia por femicidios 

Luego de dos años de pandemia, el reciente Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries le marcó al pulso del movimiento feminista a la nueva ministra del área, justamente la puntana Mazzina. 

Una de las banderas que encabezó la multitudinaria manifestación en San Luis fue por la aparición de Guadalupe Lucero, niña de seis años desaparecida hace un año y cuatro meses. También hubo pedidos de justicia para Florencia Magali Morales, hallada muerta en una comisaría de Santa Rosa del Conlara –en el interior puntano– el 5 de abril del 2020. Según el Registro Nacional de Femicidios de la Corte Suprema, en 2021 se registraron 251 víctimas letales de violencia de género, un promedio de 1 femicidio cada 35 horas.

Ayer, desde Juntos por el Cambio, distintas voces cuestionaron a Mazzina por el caso de Magalí Morales. “La Secretaria de la Mujer de San Luis desde 2019 es la nueva Ministra de la Mujer y Diversidades. ¿Por qué no hizo algo por Magalí Morales, asesinada en una comisaría puntana, detenida en cuarentena por ir a comprar comida? Llega a la Nación para rendir cuentas. Queremos saber”, apuntó Karina Banfi, vicepresidenta del bloque UCR en Diputados.

“Sería muy buena señal que la nueva ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad se manifestara sobre el homicidio de Florencia Magali Morales. Demostrar que hará política pública sin sesgos partidarios en favor de todas las mujeres y disidencias marcaría una gran diferencia”, escribió en Twitter Silvia Lospennato, secretaria parlamentaria del interbloque opositor.

La previa a la designación de Mazzina y al Encuentro Plurinacional estuvo protagonizada por la represión que sufrieron mujeres y niñas en la comunidad mapuche en Villa Mascardi, lo que determinó la renuncia de Gómez Alcorta. “Todavía hay muchas cosas por las que tenemos que seguir luchando y leyes que aún no se cumplen”, dijo la nueva ministra en declaraciones al medio local El diario de la República. “Pero hay una fuerza que se pudo ver (durante el 35º Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias realizado en San Luis) de un feminismo que no se va a dejar interpelar por nadie. Aun con una avanzada de la derecha, no nos tenemos que dejar caer. Creo que juntas podemos construir algo mucho más grande”, completó.

Con la llegada de Mazzina, Olmos y Tolosa Paz, el gabinete de Fernández vuelve a tener cuatro mujeres ministras –continúa en su cargo Carla Vizzoti, de Salud–, el mismo número que tenía al iniciar la gestión en diciembre de 2019: cuatro de 20. Un tímido avance en la paridad de género ya que en marzo las mujeres solo ocupaban un 32% de los altos cargos en el gabinete nacional.

MC

El presidente Alberto Fernández convocó a tres mujeres para ocupar los cargos vacantes en su Gabinete: las nuevas ministras serán: Victoria Tolosa Paz, en el Ministerio de Desarrollo Social; Ayelén Mazzina, en el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad y Kelly Olmos, en el Ministerio de Trabajo.

Victoria Tolosa Paz (49 años) es bonaerense, Ayelén Mazzina (32 años) es puntana y Kelly Olmos (70 años), porteña.Sus designaciones ponen fin a una semana repleta de rumores sobre el alejamiento de los tres ministros salientes: Juan Zabaleta, de Desarrollo Social; Elizabeth Gómez Alcorta, de las Mujeres; y Claudio Moroni, de Trabajo.

Sus alejamientos no causaron sorpresa. Por distintos motivos, pero sobre todo teniendo como trasfondo las interminables peleas dentro del Frente de Todos, el recambio en el Gabinete terminó siendo empujado por la renuncia que el viernes presentó Gomez Alcorta.

Según informó Presidencia en un comunicado, “Fernández ha convocado a tres mujeres de diferentes edades, procedencia geográfica y amplia trayectoria en sus temas de referencia a formar parte de su gabinete con el fin de profundizar la amplitud de miradas y la eficiencia en la gestión”.

La llegada de las tres nuevas ministras al Gabinete fue empujada por la renuncia de Gómez Alcorta el viernes pasado, en desacuerdo con la represión a mapuches en Bariloche, y luego de denunciar graves violaciones a los derechos humanos.

La diputada Tolosa Paz, contadora pública, fue cabeza de la lista de diputados nacionales del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires en las elecciones legislativas del año pasado y tiene una amplia trayectoria en la administración pública, en especial en el área social. Con su marido, Pepe Albistur, tienen una relación de amistad con el Presidente.

Formó parte de esta gestión desde sus inicios, en diciembre de 2019, cuando fue nombrada titular del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.

Antes de eso, en 2014, durante la presidencia de Cristina Fernández, se había incorporado a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), como parte del programa de Generación de Lotes con Servicios en el marco del programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Procrear).

Militante del peronismo platense (fue concejala y más tarde, en 2019, compitió en la interna peronista en busca de un candidatura a intendenta), había acompañado en 2012 al entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, con el cargo de subsecretaria de Urbanismo Social del Ministerio de Desarrollo Social.

Además, se desempeñó en el Consejo Provincial de la Familia y Desarrollo Humano; como asesora del área de Coordinación de la Unidad Ministro en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (cartera que ahora le toca conducir), y luego como jefa Regional del Fondo Participativo de Inversión Social (Fopar), en ese mismo ministerio, ya en la presidencia de Néstor Kirchner. 

También trabajó en la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad (Conadis) de la Presidencia, hoy Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

Mazzina, de 33 años, es la actual Secretaria de la Mujer, Diversidad e Igualdad de San Luis, desde la cual impulsó la Ley de Paridad de Género aprobada en 2020 en su provincia. Estuvo a cargo de la organización del 35º Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries en Territorio Huarpe, Comechingón y Ranquel. Fue Concejala por la Ciudad de San Luis y es profesora en Ciencia Política.

La dirigente, profesora de Ciencia Política, se desempeñó como concejala por la ciudad de San Luis y desde el 12 de diciembre de 2019 cumplió funciones como secretaria de la Mujer, Diversidad e Igualdad de la provincia conducida por Alberto Rodríguez Saá.

Raquel “Kelly” Olmos , de 70 años, es licenciada en Economía (Universidad de Buenos Aires), magister en Economía Urbana (Universidad Torcuato Di Tella) y posgrado en Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión (INPE-OEA-Cepal).

Es directora del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), consejera nacional del Partido Justicialista (PJ) y coordinadora de la Comisión de Financiamiento del Desarrollo de los Equipos Técnicos del PJ nacional.

Fue secretaria de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior de la Nación, directora de la Corporación Buenos Aires Sur, diputada de la Legislatura y concejal de la Ciudad de Buenos Aires, secretaria de Promoción Social y de Producción y Servicios, y subsecretaria de Industria y Comercio del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Es consejera superior y directora del Instituto de Administración, Gobierno y Economía de la Universidad Nacional de Tres de Febrero.

Con estos tres últimos ingresos al gabinete, desde el inicio de la gestión de Fernández hubo 18 cambios de ministros.

Mantienen sus cargos desde el 10 de diciembre de 2019 Eduardo “Wado” de Pedro (Interior), Gabriel Katopodis (Obras Públicas), Tristán Bauer (Cultura), Matías Lammens (Turismo y Deportes) y Juan Cabandié (Medio Ambiente).

Cercado por la pelea interna con La Cámpora, Zabaleta hacía tiempo que amenazaba con renunciar para volver a la intendencia de Hurlingham y asegurarse su reelección en el municipio. Había llegado al ministerio en julio de 2021 para reemplazar al Daniel Arroyo, que se fue como candidato a diputado en las elecciones del año pasado.

Zabaleta se despidió con un texto en sus redes sociales:

El ministro de trabajo saliente Claudio Moroni era uno de los históricos del Gabinete. Ocupaba ese cargo desde la conformación del Gobierno de Alberto Fernández. Además de problemas de salud, lo cierto es que a lo largo de su gestión Moroni no logró limar la relación el ala más dura del Frente de Todos y el sindicalismo mas combativo de Pablo Moyano. El conflicto con el sindicato de trabajadores del neumático, el SUTNA, que estuvo a punto de paralizar la producción, termino por desgastarlo.

La última semana, Moroni expuso a ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados por el tratamiento del proyecto de Ley de Presupuesto 2023, y allí hizo un repaso por su tarea frente a la cartera laboral, que finalmente sirvió a modo de epílogo de su trabajo.

En el Congreso, explicó que la tasa de desempleo registrado “puede seguir bajando”, luego de tocar 6,9%, “una de las más bajas de las que se han medido”; y aseguró que la “Argentina es uno de los países que menos salario perdió en la región y el mundo” tras la pandemia y luego de la invasión de Rusia a Ucrania.

“Hoy tenemos unos de los niveles de actividad más altos y una tasa de desempleo más bajas de las que se han medido: 47,9% y 6,9%, respectivamente; y creemos que puede seguir bajando”, había asegurado ante los diputados.

Cuestionada por la subjecución del presupuesto destinado al Ministerio de Mujeres, Diversidad y Género saliente Elizabeth Gómez Alcorta no logró disimular la incomodidad que le producía la llegada de Juan Manzur como jefe de Gabinete a quien ella misma había denunciado antes de llegar a esa cartera por las demoras en implementar en Tucumán un protocolo para la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Abogada y defensora de los derechos humanos, la represión contra las siete mujeres de la comunidad del Lof Lafken Winkul Mapu, desalojada en Villa Mascardi en un operativo de 250 efectivos de las fuerzas federales coordinadas por el Ministerio de Seguridad a cargo de Aníbal Fernández, terminó de decidirla. Lo hizo en una carta en la que explicó que “los hechos de público conocimiento desatados en Villa Mascardi (...) me resultan incompatibles con los valores que defiendo como proyecto político”.

En su cuenta de Twitter felicitó a su reemplazante: “Con mucha alegría recibo la noticia de que @AyelenMazzina será la nueva ministra del @MinGenerosAR”. Y luego agregó: “Confío en que seguirá levantando bien alto las banderas de los derechos de la mujeres y LGTBI+”.

CRM con información de la agencia Télam

El sábado al atardecer todo parecía resuelto: Alberto Fernández tenía definido los nombres de los tres lugares que quedarán libres en su gabinete y, detalle más, detalle menos, la situación se encaminaba sin estridencias a expresar una continuidad, con un deadline para el momento de los anuncios: el lunes feriado.

Pero las blancas -o las negras- también juegan y se produjo lo inevitable: el plan del presidente para reemplazar a Juan Zabaleta en Desarrollo Social, Claudio Moroni en Trabajo y Elizabeth Gómez Alcorta en el ministerio de la Mujer entró en zona de incertidumbres. O, al menos, aparecieron nombres, impugnaciones, planteos.

El sábado, Fernández conversó con Moroni y Zabaleta. No les detalló que su esquema consistía en hacer los anuncios el lunes, todos juntos con el reemplazo de Gómez Alcorta, pero se perfiló una continuidad en los espacios que dejarían vacantes cada uno. El tema más sensible fue con el ministro de Trabajo, cuya salida no tiene matriz política sino personal. Hace décadas Fernández se conoce con Moroni: estudiaron juntos, compartieron estudio de abogado y fueron, en paralelo, funcionarios. Cuando armó su gabinete en 2019, Fernández le pidió a Moroni, dedicado a la actividad privada, que vuelva al ruedo.

El esquema del presidente era definir una continuidad en Trabajo, que se mantenga el equipo de Moroni y se mencionó a Marcelo Belloti, secretario de Trabajo, un dirigente vinculado a Fernández y con relaciones con Santiago Cafiero, como sucesor. Con historia política en La Plata, de pasado en el Frepaso y luego apoderado del Partido de la Victoria (PV), Belloti operó como mano derecha de Moroni y construyó buena relación con el mundo sindical.

Con las horas eso quedó menos claro. En esencia, porque salieron a jugar referentes cristinistas que pusieron a circular dos nombres: Carlos Tomada, exministro de Trabajo de Néstor y Cristina Kirchner, actual embajador en México. En el ecosistema K empujan a Tomada, pero una fuente del FdT confió que el exministro desechó, por lo menos en la instancia extraoficial, el ofrecimiento. La versión se completa con que Tomada habría sugerido un nombre en su lugar.

Asomó, entonces, otro nombre: el de Vanesa Siley, diputada nacional, integrante del Consejo de la Magistratura y Secretaria General de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales. Siley, una de las dirigentes que Cristina incorporó en su lista de Unidad Ciudadana en el 2017, es impulsada desde los sectores afines a la vicepresidente.

En teoría, Fernández asumió que Bellotti no tendría las espaldas para hacerse cargo de un ministerio difícil como Trabajo que, además de ser difícil per se, atraviesa un momento especialmente complicado por la presión sindical para reabrir paritarias frente a la inflación. Roberto Sukerman, exfuncionario de Omar Perotti en Santa Fe y dirigente vinculado a Agustín Rossi, también tiene un cargo en Trabajo y suena en la ruleta de posibles.

Los tironeos en torno a Trabajo dan cuenta de una tensión que hasta el sábado, por algún motivo, no se había expresado. En Gobierno insisten que el lunes se darán a conocer los nombres de los nuevos ministros pero en medio de los ruidos que aparecieron en estas horas, aparecieron las dudas.

Sobre Desarrollo Social, que deja libre Juan Zabaleta, Fernández también tenía un mapa definido en el que Victoria Tolosa Paz aparecía como preferida para ocupar el ministerio. Había, en paralelo, otro nombre: Ariel Sujarchuk, intendente con licencia de Escobar y actual funcionario de Sergio Massa, que ocupó cargos en Desarrollo en tiempos de Alicia Kirchner.

Pero apareció, luego, otra variante: Mariano Cascallares, intendente con licencia de Almirante Brown, diputado provincial y dirigente que tuvo, en su momento, cargos en Desarrollo Social. Ligado al sistema de intendentes del conurbano, de buena relación con Martín Insaurralde, jefe de Gabinete de Axel Kicillof.

La mención de Cascallares activa una ingeniería específica: si jura como ministro deja su banca en la Legislatura bonaerense, lo que le permitiría volver a ocupar un escaño a Facundo Tignanelli, dirigente de La Cámpora, que en la cuadrante de esa agrupación aparece en la escuadra de Andrés “Cuervo” Larroque. Ese movimiento, al margen de la valoración sobre Cascallares como funcionario, pone el foco en una lógica de corrimiento que le da más lugar a la agrupación de Máximo Kirchner. Por lo pronto, lo que parece claro es que cualquiera que asuma, no modificará sustancialmente el status quo de la cartera donde conviven, con espacios predefinidos, La Campora, las organizaciones sociales como el Evita y los intendentes.

El tercer casillero del gabinete es el ministerio de las Mujeres, que abandonó Gómez Alcorta y donde se menciona una terna: Marita Perceval, Gabriela Cerruti y Vilma Ibarra. La primera marcaría la continuidad, porque ahora es la segunda del área, y tiene terminales en el cristinismo.

PI

Con la amenaza latente de que una serie de cortes en rutas y accesos a CABA afecte la circulación del turismo durante el fin de semana largo, el Gobierno se reunió esta tarde con dirigentes de la Unidad Piquetera, el espacio que reúne a organizaciones sociales opositoras, como el Polo Obrero (PO), Barrios de Pie y MST Teresa Vive.

La cumbre con las agrupaciones que encabezó el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, terminó con un principio de acuerdo, según supo elDiarioAR, por lo que se diluyó la posibilidad concreta de que haya manifestaciones en los próximos días. 

La Unidad Piquetera había llegado a la reunión luego de su acampe de tres días en la avenida 9 de Julio, en el que reclamaron la ampliación del plan Potenciar Trabajo, así como mejoras en las partidas alimentarias y la entrega de herramientas de trabajo. A cambio, se llevaron la promesa oficial de que habrá un bono de fin de año, además del refuerzo para los sectores más vulnerables que está a la firma del Gobierno, luego de que Sergio Massa cerrara con cierto éxito la recaudación del llamado dólar-soja.

“Evaluamos que es un paso adelante, y en este marco suspendemos las acciones anunciadas para esta semana”, expresó en un comunicado la Unidad Piquetera, tras la reunión en la que también participaron funcionarios de la Secretaría de Políticas Alimentarias, a cargo de Laura Alonso; la secretaria de Economía Social, de Emilio Pérsico –también jefe del Movimiento Evita–, y la Secretaria de Asistencia Crítica, de Gustavo Aguilera.

Los piqueteros habían adelantado que iban a cortar las principales vías de acceso y salida a la Capital Federal, lo que hubiera afectado gravemente el turismo en tiempos de crisis económica: el mapa de cortes contemplaba los puentes Saavedra, La Noria, Pueyrredón, La Boca y Nicolás Avellaneda, y las autopistas Panamericana, Del Oeste, Ricchieri, Buenos Aires-La Plata y General Paz, a la altura de Rivadavia.

“Avanzamos en la resolución de los refuerzos alimentarios, y en la provisión de insumos y herramientas para los espacios productivos. Siguen pendientes nuestros reclamos de aumento y apertura de los programas”, expuso el grupo de organizaciones opositoras al Gobierno. Zabaleta ya anunció en reiteradas oportunidades que no habrá ampliación del Potenciar Trabajo, y de hecho se está llevando a cabo una auditoría para dimensionar exactamente su alcance.

“Luego del acampe de tres días realizado la semana pasada, en la que hemos logrado hacer visible nuestros reclamos y necesidades, estaremos en alerta para que los compromisos asumidos se concreten”, manifestaron los piqueteros.

La cumbre en Desarrollo Social se extendió por unas cuatro horas, con un cuarto intermedio. Desde que comenzó su gestión, Zabaleta ya recibió una docena de veces a los piqueteros. La de hoy podría haber sido una de sus últimas reuniones, dado que trascendió la semana pasada que estaría buscando volver a ocupar su cargo como intendente de Hurlingham, distrito manejado hoy por La Cámpora. 

Por ahora, el funcionario no hizo ninguna jugada pública en ese sentido y la atención del ministerio está en articular el bono a unos 2 millones de personas en situación de indigencia, como parte del acuerdo político cerrado entre Massa y Juan Grabois, líder del Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTE). Se trataría de un ingreso de 50 mil pesos en tres cuotas hasta fin de año, que pagará directamente la Anses a quienes no sean beneficiarios de ningún plan social o prestación por desempleo.

Sobre el bono para los 1,3 millones de beneficiarios del Potenciar Trabajo –que hoy cobran unos 25 mil pesos, la mitad del salario mínimo– sí tendrá que hacerse cargo Zabaleta, cuyas partidas en el ministerio están agotadas, como ya publicó elDiarioAR semanas atrás. Hasta diciembre próximo, Desarrollo Social necesita el rescate de Economía y de la readecuación presupuestaria por $150 mil millones. El año pasado el refuerzo a modo de “medio aguinaldo” fue de 8 mil pesos. En esta oportunidad, dada la inflación, superaría con creces los 10 mil, pero aún se desconocen los detalles.

MC

En el centro simbólico de Buenos Aires, a la sombra del Obelisco, se ubican todos para resguardarse del sol de un día primaveral: policías, agentes de tránsito, manifestantes y periodistas, hasta vendedores de chipá y marcianos de fruta. Horas más tarde, ya en la noche, los piqueteros acampaban bajo el edificio del Ministerio del Desarrollo Social, donde permanecerán, hasta las 18 de este miércoles, en reclamo de una mayor apertura de los planes sociales, el aumento de esos montos y el refuerzo de alimentos para los comedores populares.

Temprano, en la mano sur de la Avenida 9 de Julio se forma la primera columna, bandera del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) al frente, con la leyenda “Movimiento Sin Trabajo: Teresa Vive”. Van llegando a la Plaza de la República camiones cargados de banderas, tambores, pecheras, bombos y platillos. Una por una, se van sumando las percusiones para formar una gran murga que anuncia su marcha. El destino se ve a lo lejos: el edificio de Desarrollo Social con la cara más combativa de Evita.

Sentados en el verde de la plaza, familias enteras observan y esperan. Algunos fuman, otros comen lo que trajeron en su tupper. Son otras agrupaciones, como la Federación de Organizaciones de Base (FOB), el Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social (MULCS), el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y la FAR (el Frente Arde Rojo, que lleva las misma siglas que las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias), entre varias otras.

Ya pasado el mediodía se desplaza la columna del MST hasta la calle Perón y los siguen de atrás los camarógrafos con los móviles. Los colectiveros que pasan por el Metrobus, siempre en funcionamiento, aprovechan para sacar fotos. Como un guía, Hugo reta a silbatazos a aquellos que saltan los macetones y se salen de la mano principal. Lleva la delantera, organiza la caminata y dialoga constantemente con la policía que vigila a bordo de sus motos BMW.

“Cada vez es más insuficiente la comida para los comedores, no hay una apertura de los planes sociales y queremos que haya trabajo genuino”, dice Sandra Lucero del MST, organizadora de la movilización. “Hace unos días se cumplió un año de haber presentado una propuesta para que haya trabajo genuino, queremos eso”. Sobre la auditoría de los planes sociales, asegura que “el plan del Gobierno es disminuir por lo menos un 20% de los planes sociales a nivel nacional”. En cuanto al acampe, decía que aún no tenían nada definido.

Del lado de Carlos Pellegrini, se agrupó la columna de Libres del Sur, que coordinaba con el MST para marchar y llegar a destino al mismo tiempo, incluso las otras columnas que esperaban a la altura de la Avenida Independencia. Estas eran las del Polo Obrero y el Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), entre otras. Silvia Saravia, coordinadora de Libres del Sur. “Estamos reclamando que lleguen los alimentos a los comedores y a los merenderos, lo que está llegando realmente es muy malo; no nos está llegando leche, aceite, azúcar. Nosotros necesitamos eso que es la base para poder cocinar”, dice.

“Están demorando todo lo que es refuerzo de merenderos en todo el país hace ocho, nueve meses y siempre tienen una excusa”, añade Saravia. Y apunta al Gobierno Nacional: “Ellos salen a desprestigiar nuestra protesta, pero no tienen forma de decir por qué están demorando la asistencia. Nosotros hace un año les hicimos una propuesta para generar un millón de puestos de trabajo genuino, y de eso no nos respondieron absolutamente nada, y lo único que hacen es bardearnos mediáticamente, cuando nosotros lo que estamos pidiendo es que lleguen las cosas concretas a los barrios”.

El tramo final de la marcha es hasta la esquina de la avenida y Mariano Moreno. “A vos te queda poco Alberto botón” y “Queremos pan y trabajo, salud, vivienda y educación”, cantan. Las cuatro columnas arriban a su destino final en el punto más angosto de la avenida y arman los primeros toldos de lo que más tarde será el campamento. Organizan una feria, donde cooperativas venden de todo: plantas decorativas, para la huerta, agendas, anotadores, postales, calcomanías, bolsas de tela con tejido ñandutí, remeras y tazas.

La foto de esta marcha es la montaña de bolsas de maíz de pisingallo, con el que hicieron pochoclos para ofrecer a la gente. La queja es que antes en los comedores recibían camiones de polenta, pero ahora solamente este maíz. El Gobierno, que apenas les daba pan, ahora no les manda “ni siquiera esos fideos de mierda que no se pueden ni comer”. Una pancarta grande muestra un documento del Ministerio de Desarrollo Social con el detalle de un envío que recibió un comedor en Santiago del Estero: arroz, dulce de batata, leche en polvo, puré de tomate y muchísima yerba.

Teniendo en cuenta esta postal, el referente del MST Nahuel Orellana plantea: “tenemos problemas concretos: hace un año presentamos el proyecto de trabajo genuino con la vivienda pública y la obra pública y lo cajonearon. El tema de la comida es que nos siguen mandando los mismos kilos de comida, cuando en la pandemia aumentó la cantidad de familias en los comedores. Hace meses nos mandan maíz pisingallo: tenemos que cocinar guiso y nos mandan para hacer pochoclos”. En cuanto al acampe, anticipa que “si no hay respuesta, se va a llevar a una asamblea general a las 8 de la noche para ver si es con permanencia, según lo que nos digan. Nosotros a los pibes en los barrios no les podemos dar diálogo, tenés que darles comida”.

Raúl Godoy, del Movimiento de Agrupaciones Clasistas (MAC), fue uno de los obreros que tomó control de la fábrica de cerámica FaSinPat (ex Zanón) en Neuquén. “Nos parece muy importante traer la solidaridad en un país con 17 millones de pobres, donde tenés por un lado manifestaciones de los obreros de neumáticos que no les reconocen el salario y por el otro lado una movilización de gente sin trabajo”, dice. Godoy, exdiputado provincial, llama a la unidad: “Hay que unir la fuerza de los trabajos de los trabajadores ocupados y desocupados en una pelea”.

Celeste Fierro, dirigente nacional del MST apuntó a la política del gobierno. “Favorece al Fondo Monetario Internacional, aplica un ajuste brutal contra la clase trabajadora, que repercute en los sectores más vulnerables, que son los sectores sin trabajo o con trabajo precario”. “Hoy ningún compañero o compañera puede vivir con la asistencia social solamente del Estado. Tenemos que lamentar que hay trabajadores ocupados, con recibo de sueldo, que son pobres”, asegura.

Fierro acusa al oficialismo: “Desde hace ya meses se escucha un silencio atronador por parte del Gobierno, mientras vemos que en la presentación del presupuesto del próximo año se duplica lo que va destinado al pago de la usurera deuda externa, mientras se recortan todos los presupuestos relacionados a lo social. Particularmente el que tiene relación con la construcción de vivienda y obra pública se achica también, y esa es una forma ver cómo van a seguir profundizando el ajuste”.

Según los dirigentes, dado el historial es muy difícil que el Ministerio de Desarrollo Social se siente a iniciar una negociación. A las 6 de la tarde, se reunieron en asamblea y decidieron permanecer allí acampando en la Avenida 9 de Julio hasta este miércoles a la misma hora, cuando volverán a reunirse para decidir si prolongarán la medida hasta el jueves. El día que amaneció caluroso se puso frío y ventoso, al mismo tiempo que comenzaron a cocinar.

LC

Sin una solución a la vista, organizaciones piqueteras decidieron acampar esta tarde en la avenida 9 de Julio, en pleno microcentro porteño. La protesta está protagonizada por la Unidad Piquetera, que encabezan el Polo Obrero (PO) y Barrios de Pie, entre otras agrupaciones opositoras al kirchnerismo. El Gobierno evitó hacerse eco de la presión y ya adelantó que rechaza cualquier ampliación de los planes sociales.

A las 18, tras realizar una asamblea, los piqueteros decidieron mantener, en principio, el acampe hasta este miércoles a la tarde. “Mañana a las 6 de la tarde, si no tenemos respuesta, volveremos a reunirnos para resolver lo mismo que resolvimos hoy. Si no hay respuesta, continuaremos con la permanencia”, advirtió Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero.

ES el tercer acampe en el año, luego de los que hubo en el primer trimestre, foco de conflicto entre la Ciudad y la Nación porque se extendió por tres días. Hace pocas semanas repitieron la medida de fuerza, pero frente a la Casa Rosada. En esta oportunidad, suma presión callejera al Gobierno de cara a diciembre, en medio del tope de gasto público que impulsa Sergio Massa desde Economía y la auditoría al programa Potenciar Trabajo que lleva adelante la cartera de Juan Zabaleta. Además, el PO es una de las agrupaciones que impulsa los paros de los trabajadores de los neumáticos.

La Unidad Piquetera mantiene su reclamo histórico de mayor apertura de los planes sociales, así como el aumento del monto que cobran los beneficiarios y el refuerzo de alimentos que se envía a los comedores populares. elDiarioAR publicó hace dos domingos que Desarrollo Social agotó sus propias partidas para financiar el Potenciar Trabajo, y que Massa salió al rescate con $150 mil millones para pagar hasta fin de año la contraprestación de medio salario mínimo que cobran mensualmente los 1,3 millones de beneficiarios.

“Este es un Gobierno que está concentrado exclusivamente en el ajuste”, cuestionó ayer Belliboni –del brazo de lucha del trotskista Partido Obrero– en una conferencia de prensa que ofreció la Unidad Piquetera en la explanada del Obelisco. Su amenaza de que el acampe continuará hasta que los convoque el oficialismo fue desoído en la Casa Rosada.

Fuentes de Desarrollo Social aseguraron a elDiarioAR que el viernes pasado hubo una reunión a nivel técnico entre las organizaciones y el ministerio “para resolver las situaciones que se van planteando”. Zabaleta ya participó una decena de veces en encuentros cara a cara con los piqueteros. 

“Monitoreamos el avance de los trámites para la financiación de máquinas y herramientas para producir. Había algunas demoras en la presentación de documentación por parte de las organizaciones y, también por los tiempos de la tramitación, así que les ofrecimos acelerar los procedimientos para concretar la entrega en 15 días”, detallaron cerca del ministro. Fue entonces que las organizaciones sociales volvieron a reclamar nuevas altas de planes sociales y, en ese marco, lanzaron su protesta. El jueves la Unidad Piquetera había votado en un plenario –también en el Obelisco– el plan de lucha que comienza hoy y no se sabe cuándo finalizará.

Otro de los focos de conflicto son las partidas alimentarias que llegan a los comedores. Ayer en la conferencia, los piqueteros denunciaron la escasa entrega de alimentos, limitada a perecederos como arroz, porotos, lentejas y yerba para todo un mes. En Desarrollo Social aseguraron que la prestación alimentaria alcanza a unos 4 millones de .054.706 niños, adolescentes, personas con discapacidad y embarazados y que el Servicio Alimentario Escolar (SAE) aumentó 137% entre 2021 y 2022.

La auditoría de Sergio Massa a los planes sociales

En medio de la protesta callejera, el Gobierno aceleró esta semana la auditoría al Potenciar Trabajo, aunque se estima que recién a fin de año próximo se logre el relevamiento completo. Ayer comenzó el censo que realizan estudiantes de universidades públicas en Morón, un importante distrito del conurbano, además de que se continúa el trabajo en Lanús. También arrancó en Rafaela y Venado Tuerto, y esperaba para hoy finalizar en Santa Fe capital, según supo elDiarioAR de distintas fuentes en Desarrollo Social. 

Para la semana que viene está previsto sumar Tucumán y profundizar la tarea en Buenos Aires junto a la UBA y la UTN, donde hay mayor cantidad de beneficiarios de los planes sociales: Moreno y 3 de febrero, además de continuar en Lanús y Morón. 

El relevamiento lo anunció Massa al asumir en Economía pero ya era un trabajo proyectado por Zabaleta y Emilio Pérsico, jefe del Movimiento Evita –de las organizaciones con mayor cantidad de beneficiarios de planes– y a cargo del área que maneja el Potenciar Trabajo. El tigrense anunció que comenzaría en agosto, pero es un proceso progresivo.

Un punto de fricción entre el ministro y las agrupaciones oficialistas fue el modo de llevar adelante la auditoría, para que no sea en lugares neutros, sino en los propios lugares donde están los beneficiarios: obradores, comedores, talleres textiles, empresas recuperadas, entre otras locaciones conocidas como “unidades productivas”.

“No queremos que sea un show y que profundice la estigmatización de quienes reciben un plan”, expuso a este medio un importante dirigente popular con un pie también dentro de Desarrollo Social. La intención de fondo, aseguró, es que el relevamiento permita “conocer en detalle” la situación en la que trabajan y viven los 1,3 millones de personas que están en el Potenciar Trabajo para “planificar políticas públicas que permitan mejorar el programa”. 

En la Unidad Piquetera si bien critican la auditoría, no la resisten. Aseguran que el Gobierno “no va a encontrar nada nuevo” porque constantemente son auditados. Y por eso, ante la crisis económica, sostienen su bandera de que se amplíe el programa. Incluso exigen que el ingreso de los beneficiarios pase de casi 25 mil a 100 mil pesos. Ese reclamo llevarán hoy a la avenida 9 de Julio por tiempo indeterminado.

MC/MG

Hay un nuevo conflicto en puerta entre el Gobierno y organizaciones sociales oficialistas. En medio de la tensión por la auditoría a los 1,3 millones de beneficiarios del programa Potenciar Trabajo, la reciente suspensión de 40 mil planes volvió a poner en jaque al Ejecutivo con parte de su base de apoyo popular.

El origen de la disputa es la “incompatibilidad” que existe entre el Potenciar Trabajo –que otorga unos 24 mil pesos a cambio de cuatro horas de trabajo diario en cooperativas– y las becas Progresar –que aporta $5000 para jóvenes de entre 17 y 18 años que estudian–. La baja de los planes se efectuó durante el fin de semana y se conoció el lunes, cuando los beneficiarios no vieron en sus cuentas bancarias la acreditación del dinero por parte del Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Juan Zabaleta.

Ayer, importantes agrupaciones kirchneristas pegaron el grito en el cielo. “Denunciamos que de un día para el otro dejaron sin salario social complementario a miles de laburantes con sus contraprestaciones trabajadas durante agosto, sin previo aviso y sin la posibilidad de hacer el trámite y elegir dar de baja el Progresar para seguir cobrando por su trabajo”, cuestionaron en un comunicado conjunto desde la Corriente Clasista Combativa (CCC) –del diputado nacional Juan Carlos Alderete–, Somos-Barrios de Pie –de Daniel Menéndez, a su vez funcionario de Desarrollo Social– y el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) –de Juan Grabois–, entre otras organizaciones que también integran la oficialista UTEP (Unión de Trabajadores de la Economía Popular).

Cerca del ministro Zabaleta admitieron a elDiarioAR la suspensión de los planes e incluso la posibilidad de que el conflicto escale. “Siempre puede haber discusiones con las organizaciones, pero la incompatibilidad de los planes es así”, aseguraron fuentes de Desarrollo Social.

Los ajustes de Sergio Massa

La decisión que impactó este mes va en línea con el proceso de “ordenamiento” del Potenciar Trabajo que el Gobierno comenzó en diciembre pasado, cuando se habilitó un mecanismo para que sus 1,3 millones de beneficiarios puedan solicitar el cambio de Unidad de Gestión. En agosto, tras la asunción de Sergio Massa en Economía, Zabaleta aceleró la auditoría de los planes apoyado en las universidades nacionales, luego de firmar una resolución con su par de Educación, Jaime Perczyk. 

Aunque la auditoría recién está avanzando a “modo de prueba” en algunos distritos del conurbano y de otras provincias –como Lanús y Santa Fe, según supo este medio–, ya el mes pasado Desarrollo Social “observó” que existía una incompatibilidad entre el Progresar y el Potenciar Trabajo. Por eso apenas comenzó septiembre evitó el pago de la contraprestación. “Se suspendió a quienes presentaban esa incompatibilidad. Las personas que tienen la suspensión del programa Potenciar Trabajo deben elegir entre uno u otro”, aseguraron voceros de la cartera de Zabaleta.

El rechazo de las organizaciones fue contundente: “Exigimos que las levanten [a las suspensiones] en un pago complementario durante el mes de septiembre mientras realizan el trámite de baja correspondiente. Las decisiones de quien pone un plato de comida en su mesa y quien no, no pueden tomarse a las apuradas desde una oficina, tienen que tener más respeto por los y las que menos tienen en un contexto crítico”, se lee en otro párrafo del comunicado, que sin embargo revela otra tensión hacia la interna de la economía popular. No está firmado por el Movimiento Evita, la agrupación social más grande, que tiene a Emilio Pérsico en ambos lados del mostrador: es el referente principal y, a su vez, secretario de Economía Social. 

“Emilio dio el aval para suspender los planes”, apuntó una voz dentro del ministerio y que también milita en una de las organizaciones afectadas por el recorte. 

En el Evita se apegan a lo que dice la norma, pero en la CCC, el MTE y Somos-Barrios de Pie pusieron el foco de su cuestionamiento en un “gris” que hay en las resoluciones que regulan ambos programas: mientras los requisitos del Potenciar Trabajo no permiten la compatibilidad con otro plan, no pasa lo mismo con el Progresar. “Eso hizo que muchos jóvenes que tenían el Progresar se hayan anotado al Potenciar sin problema, hasta ahora que a un ‘cerebrito’ se le ocurrió revisar todo. El problema es que el recorte del plan lo hicieron al Potenciar, que es el de mayor monto, y no al Progresar”, señaló el dirigente social y funcionario. “Esto va a traer mucho quilombo”, completó.

Si efectivamente se avanza con el recorte de esos planes, tanto las organizaciones oficialistas afectadas como las opositoras nucleadas en la Unidad Piquetera amenazan con volver a las calles. Ayer hubo una protesta en el microcentro porteño. 

Otra cuestión es el impacto en las cuentas públicas: el recorte de estos planes sería un ajuste de al menos unos 1000 millones de pesos del presupuesto. Va en línea con el recorte del gasto público de Massa para alcanzar la meta fiscal de 2,5 comprometida con el FMI para 2022. 

La tensión entre el Gobierno y las organizaciones había tenido una tregua el domingo pasado, cuando el tigrense anunció –luego de negociar con Grabois y por intervención de Cristina Kirchner, según conoció elDiarioAR– la implementación de una partida destinada directamente a la población en situación de indigencia, que no reciben ningún tipo de plan social y trabajan en la informalidad. Entre 2 y 3 millones de personas recibirían por mes hasta fin de año una suma cercana a los 15 mil pesos –el equivalente a la canasta básica individual–. Según estimó a este medio Itai Hagman, diputado y economista cercano a Grabois, el costo fiscal sería de 0,25% del PBI y sería financiado con lo que se recaude por la liquidación de la soja que haga el campo.

MC/MG

El asado comenzó pasadas las 22 del lunes y se extendió hasta las 4 de la madrugada del martes. En su casa de Tigre, Sergio Massa hizo de anfitrión de los principales referentes del Movimiento Evita, la organización social oficialista más grande, con al menos 130 mil planes en su haber e importantes resortes dentro del loteado Frente de Todos. Entre los comensales que se acercaron a su country de Tigre se anotaron Emilio Pérsico –a su vez secretario de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social, para varias voces el ministro ad hoc de la cartera que conduce Juan Zabaleta–, Fernando “Chino” Navarro –ahora secretario de Relaciones con la Sociedad Civil y Desarrollo Comunitario, en la Jefatura de Gabinete– y Leo Grosso –diputado nacional y con diálogo propio con Máximo Kirchner–. 

Lejos de hablar de cuestiones sociales, la conversación fue sobre política. Massa y el Evita sellaron un pacto que ya se venía negociando desde que se supo que el tigrense desembarcaba en Economía, como publicó elDiarioAR. “Concluimos en que podemos transitar un camino juntos en el marco del Frente de Todos”, aseguró a este medio uno de los protagonistas del ágape. ¿Jugarán juntos en 2023?

Por ahora, el acuerdo Massa-Evita significa para el tigrense lograr cierta “contención” social y ganar tiempo para demorar medidas concretas frente a una coyuntura asfixiante: casi 40 por ciento de pobreza y una inflación proyectada para todo el año cercana a los tres dígitos. “Antes de que anuncie medidas, a Massa le falta ordenar algunas cosas. Igual no debería tardarse mucho. No hay tanto tiempo. Todo el tiempo que está ganando es porque se hace mucha contención”, consideró otra voz dentro del Evita que confirmó la cena.

La rosca de Massa con Pérsico y compañía también se replica en las otras agrupaciones nucleadas en la UTEP, el gremio de la llamada economía popular que integran además el Movimiento de los Trabajadores Excluidos (MTE) de Juan Grabois, Somos-Barrios de Pie de Daniel Menéndez y la Corriente Clasista Combativa (CCC) de Juan Carlos Alderete, entre otras. El ministro tiene contacto directo con cada dirigente, con todos “está armando”, según recogió este medio en las distintas terminales territoriales. 

La estrategia de –por ahora–, esquivar anuncios de corte social no tiene como contrapartida voces disonantes. El miércoles, por caso, en la columna que la UTEP concentró en Av. de Mayo y 9 de Julio para la marcha de la CGT, cuatro referentes distintos le dijeron a elDiarioAR que Massa les había transmitido que post marcha iba a haber anuncios. Nada pasó, y eso no caldeó el ánimo popular en las agrupaciones oficialistas. 

Grabois –el más cercano a Cristina Kirchner– no volvió a alzar la voz desde que juró el ministro y tampoco se lo vio en la marcha de la CGT, aunque sí hubo una columna del MTE en la calle. “Lo conocemos desde hace tiempo, tenemos una buena relación”, confió por su lado una fuente cercana a Alderete, cuyo hilo rojo con Massa se explica por la histórica comisión interna que la CCC domina en la planta de la ex Terrabusi (hoy Mondelez) en Tigre.

La cercanía con Massa sí tiene como contracara una relación heterogénea de las organizaciones de la UTEP con Alberto Fernández, pese a que más de una vez el Presidente defendió los postulados de la economía popular. “Alberto ya fue, ahora es con Massa”, dijo con honestidad brutal un dirigente-funcionario de la UTEP entre los bombos que sonaban el miércoles en el microcentro porteño. “Con Alberto es difícil armar. Está en Marte”, fue más demoledor un vocero que conoce el paño. Curiosamente, un encumbrado  referente de la misma organización lo retrucó: “Para nosotros la política la organiza Alberto Fernández y su Gobierno. Obvio que seguimos creyendo en él”. 

¿Ansiedad por ganar una agenda social postergada?

La agenda social demorada por Massa contempla desde un muy publicitado DNU que busca “transformar planes en empleo”, hasta la –más publicitada aún– auditoría de las universidades al Potenciar Trabajo. En el medio, la UTEP reclama un salario universal para los más postergados y un monotributo social para los trabajadores de la economía popular. Dos medidas sin feedback aún en Economía.

Sí fue desde el Palacio de Hacienda que se motorizó un “borrador” sobre el programa “Puente Empleo”, una versión massista del remanido “empalme” que en su momento armó Mauricio Macri. La medida contemplaría que unos 200 mil beneficiarios del programa Potenciar Trabajo –que en total suman 1,3 millones de personas– accedan a un empleo formal sin perder el plan de 22 mil pesos –la mitad del salario básico–. Durante un año, el Estado pagaría esa parte del sueldo, mientras que el empleador tiene bonificados los aportes y contribuciones, haciéndose cargo solo de los componentes que corresponden a la obra social, la ART y el sindicato. 

El jueves por la mañana el propio Massa confirmó en el Council of the Americas que el decreto estaba a la firma, y por la tarde la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, dijo que salía al día siguiente. El viernes, brilló por su ausencia en el Boletín Oficial. “No tenemos fecha de eso”, dijeron a elDiarioAR en Economía. En la Rosada, a su vez, admitieron que aún no estaba ni escrito el DNU y hasta dejaron transmitir cierto malestar por las confirmaciones al aire. 

¿Fue cierta ansiedad de ganar la agenda ahora que parece que Massa “cambió el humor” político?  Algo similar pasó en el mismo evento en el Alvear ante empresarios norteamericanos con el embajador Jorge Argüello, que primero cometió el gaffe de llamar “presidente” al ministro y luego confirmó que la bilateral de Fernández con Biden se iba a hacer, aunque omitió el dato clave: la fecha. “Se apuró, no tendría que haber dicho nada, si la bilateral nunca se había caído y no sabemos cuándo se va a hacer”, cuestionó al diplomático un vocero en Cancillería. La interna oficialista y la falta de rumbo claro parece que aún están latentes.

Incluso en las organizaciones hay una mirada de que el “Puente Empleo” tiene más que ver con la necesidad de Massa de dar mensaje a la clase media, ya que reduciría los planes sociales, que otra cosa. Sin embargo, seguirían siendo arriba de un millón en el Potenciar Trabajo. “Hay una parte de eso que está operado. Algo de realidad tiene pero hay mucho humo, es más una presión cultural de la capa media. No nos oponemos al empleo formal, ¿pero cómo haces que el empresariado lo acepte y te garantice que una fábrica acepte diez del plan sin echar a diez fijos?”, cuestionó un dirigente de la CCC. “Massa lo que quiere es llegar a fin de año bajando el número de planes sociales, como para dar una señal a los que miran TN”, admitió otro referente de Somos-Barrios de Pie.

Además, creen que el impacto “real” del programa en la economía popular sería exiguo: teniendo en cuenta que ese universo abarca al menos unas 9,7 millones de personas –se toma como base los informales, desocupados y más vulnerables que recibieron el IFE durante la pandemia–, el número de 200 mil es apenas el dos por ciento. 

En la UTEP consideran que incluso más de esos 200 mil que están entre los 1,3 millones del Potenciar Trabajo tienen posibilidad de volcarse al empleo formal, pero no así el resto de los casi diez millones que están en la economía informal. De esa torta, estiman que hay alrededor de 1,7 millones de “indigentes” que –ante cualquier imposibilidad de siquiera hacer changas– deberían recibir un ingreso universal. Es el proyecto de ley que presentó Juliana Di Tullio en el Senado –y que conversó con Grabois: como si fuera la AUH de la Anses, pero para adultos y de unos 15 mil pesos mensuales. En estas dos semanas, la iniciativa ni siquiera se giró a comisiones en la Cámara alta que preside CFK.

Para las 6,7 millones de personas restantes –que viven de changas, son vendedores ambulantes, cartoneros, cuentapropistas, manejan un comedor, etc.– la UTEP espera que el Gobierno avance con un “monotributo social”, una regularización que de alguna manera les permita acceder tanto a una obra social o como a una jubilación futura. La iniciativa también está cajoneada en la Cámara de Diputados desde que Massa era su presidente.

La auditoría a los planes y los silbidos para Zabaleta

En ese complejo marco de no-medidas, Zabaleta se puso al hombro en la última semana la auditoría al Potenciar Trabajo, aunque no sin dificultades. Anunciada por Massa para este mes, ahora la fecha de arranque es septiembre. 

Tras mostrarse el martes con un grupo de estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA que serán capacitados para hacer la auditoría en el conurbano, “Juanchi” viajó el miércoles a San Juan también para avanzar con la parte de la auditoría a 20 mil planes que hará la Facultad de Ciencias Sociales de la universidad nacional local. 

Allí se mostró con el peronista Sergio Uñac, con quien compartió un acto de entrega de 74 diplomas sobre “Cuidados de Adultos Mayores y de Género” a miembros de movimientos sociales oficialistas, que forman parte de la gestión pero que están enfrentados con el gobernador. Fue entonces cuando tanto el funcionario como el mandatario vivieron momentos incómodos: desde el auditorio de unas 500 personas los silbaron y los cuestionaron a viva voz –según supo elDiarioAR de testigos de la situación– cuando hablaron de la auditoría al Potenciar Trabajo. 

“No venimos a sacarle nada a nadie”, se apuró a contestar Zabaleta en un intercambio que no ganó los medios. Los titulares de su gira sanjuanina fueron las palabras más categóricas que le dijo a empresarios locales sobre los beneficiarios que serán auditados: “Si no quieren trabajar ni estudiar, se les da de baja el plan”.

“Hay mucha bronca. El circo de las auditorías es una estigmatización social”, justificó un dirigente los abucheos a Zabaleta. De hecho, referentes de la UTEP se sentaron con Zabaleta el jueves en una reunión de casi dos horas en Desarrollo Social para exigirle que el relevamiento no sea solo a las agrupaciones, sino también a todas las unidades de gestión que manejan parte del 1,3 millones de planes sociales: gobernaciones, intendencias, iglesias y ONGs. Además querían que la encuesta se realice en los lugares de trabajo, con grupos reducidos para evitar el “show mediático”, apuntó uno de los asistentes. 

“Se accedió a los dos pedidos. Juanchi reconoció que era la mejor manera”, agregó la fuente tras el cónclave, conclusión que confirmaron desde el ministerio, aunque negaron que haya habido una “presión” de las agrupaciones. Sentado al lado de Pérsico –que tiene pie en ambos lados del mostrador–, Zabaleta estuvo en esa reunión en minoría de condiciones: tenía en frente a 23 dirigentes sociales de todas las organizaciones de la UTEP, y que el día antes habían estado en la marcha de la CGT. Por la cartera, además del ministro y el jefe del Evita, solo estuvieron Gustavo Aguilera, virtual viceministro, y Pablo Pais, al frente del área que maneja el Potenciar Trabajo. 

“Nosotros nunca estuvimos en contra de la auditoría, pero sí en el enfoque de guerra contra los movimientos populares que empezó con el discurso de CFK el 20 de junio”, recordó un encumbrado dirigente de la UTEP y del Evita cuando Cristina Kirchner los cascoteó en el acto de Avellaneda que le armó la CTA de Hugo Yasky. Flamantes aliados de Massa, las agrupaciones con mayor peso –que son el Evita, la CCC y Barrios de Pie– tienen un encono particular con Zabaleta, puntualmente, y con CFK en general. 

“A Juanchi lo empuja más Cristina”, dijo otra voz con despacho y base territorial, memorioso de que, en plena crisis abierta del FdT, el ministro visitó a la vicepresidenta en su despacho. Creen que la auditoría es más un plan de ella que del titular de Economía. Y, con cizaña, remarcó la necesidad de Juanchi de recuperar la intendencia que dejó en manos del camporista Damián Selci: “Todo el mundo dice que se quiere volver a Hurlingham a fin de año. Y creo que ella puede ser determinante en su plan, porque ahí está ahora La Cámpora”.

MC

Uno de los primeros anuncios de Sergio Massa como ministro de Economía ya abrió un frente interno en el Gobierno. La promesa de que mañana 15 de agosto comenzaría la auditoría a los 1,3 millones de beneficiarios del Potenciar Trabajo, no solo está a punto de caer en un saco roto –este lunes es feriado–, sino que entre el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, y el oficialista Movimiento Evita se disputan cómo llevar adelante la revisión.

El control del programa que otorga unos 22 mil pesos a cambio de 4 horas de trabajo tendrá recién el martes un puntapié inicial “preparatorio”: la capacitación, por parte de las universidades, a los encargados de llevar adelante la auditoría, según recogió elDiarioAR de distintas fuentes. En el ministerio reconocen que lo que anunció Massa “fue básicamente la fecha de inicio del programa”, que se está trabajando desde comienzos de año.

Completada esa etapa, una primera expectativa oficial es que la toma de datos empiece la semana próxima, pero no en Buenos Aires –donde hay mayor porcentaje de beneficiarios– sino en las provincias. Otra fuente al tanto de la organizativa aseguró que la fecha de arranque será el lunes 29 de agosto.

A esa demora inicial se suman otras diferencias internas. Mientras algunos hablan de “auditoría”, otros se refieren a que es un “censo”, una “encuesta” y hasta una “declaración jurada”, ya que si los datos no son fidedignos o son incompatibles con lo declarado por las unidades productivas, la persona declarante podría perder el plan. “Apenas son preguntas multiple-choice”, criticó una fuente. Como publicó este medio el domingo pasado, los beneficiarios deberán responder un cuestionario de casi 50 preguntas tanto sobre cuestiones personales –nivel educativo y habilidades laborales– como información vinculada exclusivamente al Potenciar: qué actividad realizan como contraprestación o bajo qué unidad de gestión –si dependen de una agrupación, el municipio o la provincia–, incluso si quieren continuar realizando esa actividad o si prefieren capacitarse en otra rama productiva.

Mientras algunos hablan de 'auditoría', otros se refieren a que es un 'censo', una 'encuesta' y hasta una 'declaración jurada', ya que si los datos son incompatibles con lo declarado por las unidades productivas, la persona declarante podría perder el plan

Otro de los puntos en discordia es la operatividad propia de la auditoría. La intención inicial del ministro Zabaleta era que una cuadrilla de entre 50 y cien encuestadores estén apostados en distintos “puntos estratégicos” para que allí se acerquen, por día, entre mil y 1500 personas. Pero el viernes, desde la UTEP (la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, donde pisa fuerte el Movimiento Evita de Emilio Pérsico, a su vez a cargo de la oficina en Desarrollo Social que maneja el Potenciar Trabajo) salieron a cuestionar la estrategia y a pedir que la auditoría abarque a todo el conjunto de las organizaciones sociales, ONGs, municipios, gobiernos provinciales e iglesias que son parte de la ejecución del programa.

No hay datos oficiales sobre cómo se reparten los planes, pero según un apartado de la UCA en su Observatorio de la Deuda Social, al segundo semestre de 2021 casi la mitad (46,6%) de los beneficiarios realizaba una contraprestación en una cooperativa de trabajadores, mientras el 29,4% lo hacía en una organización social, y el 19,2% en un organismo público. Del total de 1,3 millones, el Evita es la agrupación que maneja más planes: 130 mil. La principal opositora es el Polo Obrero, con 60 mil. 

“Es fundamental que la auditoría se realice en las diversas unidades productivas, cooperativas, espacios comunitarios o empresas recuperadas donde los trabajadores y trabajadoras de la economía popular realizan su labor”, exigió en un comunicado Gildo Onorato, secretario gremial de la UTEP y referente del Evita, quien igualmente se manifestó “de acuerdo con el proceso de auditorías”. 

Más allá de las palabras formales, por lo bajo en la organización oficialista tildaron de “muy mala” la gestión de Zabaleta y lo acusaron de querer “montar un show” con la auditoría. “Queremos que se haga en los lugares de trabajo para que Juanchi vea la falta de alimentos y de insumos, para que él mismo vea su pésima gestión y todo lo que está sufriendo el territorio. Hacemos milagros más allá de él”, acusó una voz de peso en el Evita. Y agregó casi en tono de amenaza: “Queremos transparencia de verdad en la auditoría, por eso estamos trabajando fuertemente. Operativamente no se puede hacer sin los movimientos sociales, a no ser que quieran prender fuego a la Argentina”.

El recorte presupuestario y el factor CFK

La carencia de recursos es una de las constantes denuncias de las agrupaciones de izquierda que forman parte de la Unidad Piquetera –entre ellas el Polo Obrero–, y que tienen el 24 de agosto una nueva reunión prometida con Zabaleta. “Lo de la auditoría es una payasada, porque siempre estamos siendo auditados”, cuestionó Eduardo Belliboni, del PO.

Entre el ministro y las organizaciones sociales hay otra disputa más: la posibilidad de que efectivamente Zabaleta y Massa utilicen la auditoría para justificar la baja de planes, en pos del ajuste de las cuentas públicas. Otro doblez de lectura ahí es la pelea que semanas atrás abrió Cristina Kirchner con el Evita. En las agrupaciones mencionaron ante elDiarioAR que está latente un recorte de entre 350 y 400 mil beneficiarios, aunque cerca del ministerio aseguraron desconocer cualquier cifra de posibles “irregularidades” que salten con la auditoría. 

“Zabaleta está sin rumbo político y está desesperado por su futuro. Como está sin gente, está preocupado por su futuro y lo único que le interesa es hacer lista en Hurlingham”, se despachó la fuente del Evita. Este viernes, Zabaleta les contó de su plan de auditoría a varios intendentes de la Primera y Tercera sección. Según el informe de la UCA, apenas el 4,8% de los 1,3 millones de beneficiarios “no hace contraprestación laboral, cursos de capacitación ni trabajo doméstico intensivo”. Ese número sería el susceptible de perder el programa después de la auditoría; es decir, poco más de 62 mil.

“Están buscando a la gente que no está organizada, que está en asociaciones civiles o la iglesia. Y eso es muchísima gente, que realmente necesita el programa. Yo creo que hay mucho de recorte presupuestario en la auditoría”, apuntó Belliboni. 

El Potenciar Trabajo es el programa social más abultado del Gobierno y junto con los fondos de alimentos para los comedores –que también sostienen las organizaciones sociales– ocupan el 90% del presupuesto total de Desarrollo Social, que el año pasado tuvo una ejecución de $522.369 millones. Si recortan un tercio de los beneficiarios, el ahorro del Estado sería de unos $8000 millones. 

'La auditoría esconde una definición política y es parte de la crisis interna del FdT respecto de cómo se manejan los planes', interpretó una funcionaria oficialista

De eso ya hablaron Zabaleta a Massa en las oficinas de Av. del Libertador del tigrense, antes de que asuma en Economía. elDiarioAR preguntó el viernes en su despacho de Economía al respecto de la demorada auditoría, y sus voceros se limitaron a responder que la medida está en manos de “Juanchi”. 

“La auditoría esconde una definición política y es parte de la crisis interna del FdT respecto de cómo se manejan los planes. Es muy polémico que el mismo ministro vaya a ser la cara visible de Massa en el ajuste, así como que las organizaciones que contienen en el territorio sean las que manejan discrecionalmente el programa desde el propio ministerio”, interpretó para este medio una funcionaria oficialista experta en cuestiones sociales y que tiene recorrido tanto en Desarrollo Social como en el conurbano.

Este medio ya publicó que el tigrense selló un pacto con el Evita en la previa a su jura con ministro de Economía y que en ambas terminales estaban negociando medidas sociales que aún no se revelaron. Recién esta semana la senadora cristinista Juliana Di Tullio presentó formalmente su proyecto de refuerzo de ingresos para erradicar la indigencia, que impactaría a 1,7 millones de adultos. Recibirían unos 15 mil pesos directamente desde la Anses, en una propuesta aparentemente acordada con Desarrollo Social, según se informó, y que podría reemplazar directamente al Potenciar Trabajo. 

¿La iniciativa parlamentaria podría ser una estocada a Massa y al Evita? “Cristina quiere universalizar la asistencia, para que las organizaciones no manejen los planes”, interpretó la fuente oficial, que tiene diálogo con Andrés “Cuervo” Larroque, referente de La Cámpora y abiertamente enfrentado con Pérsico. La disputa, por ahora, está abierta.

CC

La tensión social sigue en aumento, con las organizaciones oficialistas y opositoras cada vez más cerca entre sí. La serie de allanamientos de hace diez días en locales, merenderos y casas particulares de diversas agrupaciones en la provincia de Jujuy provocó hoy una importante movilización conjunta de la UTEP (la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, que aglutina al Evita y a Juan Grabois, entre otros) con la Unidad Piquetera (que integran el Polo Obrero, Barrios de Pie y otros). 

La marcha que pretendía llegar a la sede del gobierno de Gerardo Morales en San Salvador –y que se replicó en la Casa de la provincia en la Capital Federal–, profundizó las conversaciones que se iniciaron entre ambos sectores la semana pasada, y que podrían confluir en nuevas protestas en conjunto para los próximos días, exigiendo medidas sociales concretas hacia la Casa Rosada.

En ese marco, este miércoles será otro día clave: el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) de Grabois protagonizará su primera movilización contra el Gobierno para exigir la implementación de un salario básico universal (SBU), y por la tarde habrá un nuevo encuentro entre la UTEP y la Unidad Piquetera. En esa mesa podría definirse una jornada de reclamos, con fecha tentativa para el miércoles o jueves de la semana próxima, según supo elDiarioAR. Sin embargo, la estrategia no está unificada y entre las propias organizaciones hay claras diferencias programáticas.

El Gobierno, por su lado, ya envió un doble mensaje, que podría verse como contradictorio. Alberto Fernández se mostró solidario con los dirigentes afectados por los allanamientos –los recibió en su despacho el jueves pasado–, pero los ministros que manejan los “fierros” se mostraron firmes en no abrir más la caja: Silvina Batakis está en contra del SBU por su costo fiscal de 1,8 puntos del PBI, y Juan Zabaleta reiteró este mismo martes que no habrá más planes del programa Potenciar Trabajo. El titular de Desarrollo Social incluso fue más allá: confirmó, tras una reunión con el jefe de Gabinete, Juan Manzur, que ya están trabajando con universidades para llevar adelante un registro y control de los beneficiarios.

“Tenemos una mesa de trabajo con los dirigentes sociales opositores. A todos nos conviene que Argentina se recupere y tenga futuro. Hay una fuerte inversión en obra pública y seguiremos invirtiendo en políticas sociales. El Estado va a seguir invirtiendo en cada argentino que lo necesite”, dijo Zabaleta en una improvisada rueda de prensa.

Denuncia de espionaje

Más de 15 mil personas –según reportó el Frente de Izquierda– se movilizaron este martes en la capital jujeña para repudiar los 16 allanamientos simultáneos que la policía provincial realizó hace dos semanas contra dirigentes y agrupaciones que administran planes Potenciar Trabajo, acusándolos de supuesta asociación ilícita. Durante los operativos se secuestró documentación, celulares y equipos informáticos, entre otros objetos. 

Una de las organizaciones más afectadas fue la Corriente Clasista Combativa (CCC), que a nivel nacional conduce el diputado kirchnerista Juan Carlos Alderete, lo que suma condimento a cierta trama política detrás: los allanamientos ocurrieron semanas después de que el Presidente visitara a Milagro Sala en Jujuy cuando la dirigente estuvo internada por su grave estado de salud.

Ayer, las organizaciones sociales jujeñas detrás de la protesta denunciaron que las fuerzas de seguridad de Morales se “infiltraron” en sus filas en abril. “Realizaron tareas de inteligencia desde comienzos del mes de abril para identificar a sus referentes con un accionar ilegal y persecutorio que vulnera de forma flagrante derechos humanos y democráticos básicos”, aseguraron a través de un comunicado al que tuvo acceso este medio. Indicaron también que “las tareas de inteligencia solicitadas por el poder judicial ocurrieron inmediatamente después que Gerardo Morales en el inicio de las sesiones ordinarias tildara a los referentes de organizaciones sociales como delincuentes”.

Según los denunciantes, un sinfín de agrupaciones sociales, sindicales y políticas fueron espiadas: desde la UTEP hasta el FIT, pasando por la CTA Autónoma, ATE, y hasta los trabajadores despedidos de Garbarino que luchan por su reincorporación.

La acusación tuvo el eco de Grabois –quien orbita el círculo íntimo de Cristina Kirchner–: desde su cuenta de Twitter reveló parte del expediente judicial donde se puede leer la designación de “grupos de trabajo que se infiltrarían en las distintas organizaciones”. “Lo hacen burdamente y se sienten impunes... como si estuvieran avalados por pactos de poder. Todo muy raro”, advirtió el referente social también muy alineado con el Papa Francisco. 

“Nos unimos y coordinamos esta actividad en conjunto porque no podemos permitir el avasallamiento sobre los compañeros”, explicó a elDiarioAR un importante dirigente de la UTEP en el microcentro porteño, mientras avanzaba la columna de manifestantes desde el Obelisco a la Casa de Jujuy.

Los piquetes de Grabois y la próxima movilización

La atención de este miércoles la concentrará Grabois y el MTE, que bajo la consigna de “Salario básico universal YA” harán cortes en “en las principales rutas del país”, como corolario de un centenar de asambleas que se desarrollaron la semana pasada; la principal, en el hall de la estación Constitución. El acto principal se espera a media mañana en el puente Pueyrredón.

Aunque forma parte de la UTEP y tiene vínculos aceitados con la Unidad Piquetera, la protesta de Grabois no tiene detrás suyo un apoyo cerrado de todo el arco de las organizaciones sociales, según pudo recoger elDiarioAR. La demanda del SBU no es compartida por todos, incluso entre las agrupaciones oficialistas. Al piquete en Avellaneda no se sumarán el Movimiento Evita, de Emilio Pérsico, ni Somos-Barrios de Pie, de Daniel Menéndez. 

Lo que desvela a la UTEP es la contradicción de reclamarle al Gobierno siendo parte del Gobierno. “Hay una tensión con los sectores que están dentro del Frente de Todos y hay compañeros de la UTEP que son parte de la tensión, que claramente creen que el Gobierno está retrasando mucho las cosas”, dijo la fuente oficialista consultada sobre la movilización de Grabois. “No queremos ser los causantes de llevar puesto al Gobierno”, remató. El domingo, en una entrevista con este medio, Gildo Onorato, secretario gremial de la UTEP y referente del Evita marcó esa línea argumental: “Los movimientos populares no tenemos que sumarnos a estrategias de desestabilización democrática”

Las diferencias son parte de la interna que vive el FdT, donde Grabois funciona más como un satélite de la vice y el Evita apuntala a Fernández. De hecho, el viernes pasado, el referente del MTE estuvo en Catamarca y compartió una asamblea con Eduardo “Wado” de Pedro, el ministro del Interior, que participó por Zoom. Por su viaje, Grabois envió un delegado a la cumbre piquetera que se celebró en la sede del Partido Obrero, en Bartolomé Mitre 2162. 

Es muy posible que allí mismo vuelvan a reunirse mañana desde las 17 los dirigentes de la UTEP y la Unidad Piquetera. “Nos une la misma mirada respecto a la situación social, tenemos el mismo diagnóstico de deterioro y de precarización laboral, pero no nos ponemos de acuerdo en quiénes son los responsables”, apuntó Silvia Saravia, de Barrios de Pie. 

Mientras la izquierda –y cada vez más Grabois– cuestionan al Gobierno, la UTEP y el Evita apuntan a la generalización de “los formadores de precios”, la misma consigna de la CGT, que convocó a una movilización para el 17 de agosto y que hoy sumó también el apoyo de la CTA de Hugo Yasky. Hasta esa marcha de las centrales obreras dentro de un mes, la tensión en la calle irá en aumento: las diferencias entre las organizaciones podrían confluir en la convocatoria a una nueva jornada de protesta para el miércoles o jueves próximo, pero con la misma modalidad dividida que se vio el jueves pasado, apenas con escasos metros de distancia, y con sus dirigentes yendo de un lado a otro, entre ellos Grabois: la UTEP organizó una feria de productores frente al Congreso y el trotskismo protestó en la Plaza de Mayo.

MC

“El Estado Nacional debe recuperar el control, la auditoría y la aplicación de las políticas sociales que no pueden seguir tercerizadas”, planteó la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner el lunes y las alianzas del Frente de Todos volvieron a crujir. Varios dirigentes de organizaciones que nuclean cooperativas beneficiarias de programas sociales, algunos de ellos incluso funcionarios del Gobierno, salieron al cruce del planteo. Pero la situación escaló este jueves cuando se conoció que el Ministerio de Desarrollo Social hizo efectivo el traspaso de 188.222 beneficiarios del Potenciar Trabajo a distintos municipios del país. elDiarioAR consultó por esta medida a la cartera que administra los planes y desde allí explicaron que nada tuvo que ver con la mención de la vicepresidenta.

“Lo que se hizo fue avanzar con el Cambio de Unidad de Gestión para aquellos titulares del Programa Potenciar Trabajo que así lo habían solicitado en los últimos meses. El 29 de diciembre abrimos la posibilidad de pedir esta modificación a través de un formulario en nuestro sitio web y ahora estamos ejecutando esos pedidos”, informaron fuentes del Ministerio. “De hecho de los 188.222 traspasos que hoy dan cuenta algunos medios, el 30% ya se habían ejecutado”, detallan.

Las razones

Un informe realizado por la cartera que dirige Juan Zabaleta el 16/06/2022 da cuenta de las causas por las cuales las personas solicitaron este “Cambio de Unidad de Gestión”. La gran mayoría (62%) argumentó la “búsqueda de nuevas propuestas de actividades”, un 8% justificó el pedido por “mudanza” y el 30% restante seleccionó la opción “otros” que daba la opción a dejar una respuesta abierta. En la discriminación de esas respuestas se abre otro capítulo sensible para la relación entre el gobierno nacional y las organizaciones territoriales.

Según precisa el informe del Ministerio de Desarrollo Social, “alrededor de 7.700” titulares de programas Potenciar Trabajo lo hizo por “situaciones de maltrato, irregularidades con las tareas a realizar, exigencia de cobro de una cuota o aporte, amenazas de baja y obligación de ir a marchas o movilizaciones”. El informe es todavía más minucioso: “cerca de 900 manifiestan recibir algún tipo de amenaza, más de 3000 expresan la exigencia de un bono o cuota en función de aporte a la organización, 1400 señalan la presión para asistir a marchas o movilizaciones y alrededor de 1700 titulares describen maltratos por parte del referente o de la organización al solicitar el cambio de Unidad de Gestión”.

Las 7.700 denuncias de “irregularidades”, que ahora son tratadas por un equipo especial del Ministerio de Desarrollo Social, representan un 4% de las personas que pidieron el cambio de Unidad de Gestión y apenas un 0,6% del universo de beneficiarios del Programa Potenciar Trabajo. Si bien el tema reviste enorme gravedad, la proporción contrasta con las generalizaciones por las que muchos dirigentes sociales acusaron una campaña de desprestigio.

Otro dato para destacar sobre los traspasos es que más del 50% pertenece a la Provincia de Buenos Aires. El dato podría generar especulaciones porque allí es donde el sector cristinista del Frente de Todos ocupa mayor cantidad de cargos ejecutivos. Incluso ayer la vicepresidenta tuiteó una foto con el intendente de Pehuajó en la que hablaba de un proyecto “para transformar los planes sociales en trabajo en esa ciudad”. Pero desde el Ministerio de Desarrollo Social explicaron que el número “guarda una cierta proporción” con los beneficiarios de esa jurisdicción. La segunda jurisdicción con más traspasos fue CABA con el 6,2%, luego la provincia de Tucumán con el 4,8% y en cuarto lugar la provincia de Jujuy con el 4,4%.

El impasse acordado ayer entre Juan Zabaleta y las organizaciones de la Unidad Piquetera está en riesgo, luego de que el ministro de Desarrollo Social decidiera transferir miles de planes del Potenciar Trabajo a las provincias y municipios, en línea con la propuesta de Cristina Kirchner. 

La decisión comenzó a tomar cuerpo anoche, apenas minutos después de la séptima reunión que Zabaleta tuvo con las agrupaciones más combativas –como el Polo Obrero y Barrios de Pie–, y en sintonía con las críticas que la vicepresidenta lanzó el lunes pasado contra el oficialista Movimiento Evita, que conduce Emilio Pérsico. La medida contemplaría cambiar de unidad ejecutora a unas 200 mil personas –del total de 1,2 millón beneficiarios que hay–, quienes ya no estarían bajo la coordinación de las organizaciones sociales, sino de los Ejecutivos de sus jurisdicciones.

Ya el martes pasado, elDiarioAR había contado que desde que el 29 de diciembre una resolución de Desarrollo Social permitía que cualquier beneficiario del Potenciar Trabajo podía cambiar de unidad ejecutora, al 1 de junio se acogieron unas 170 mil personas, de las cuales el 30 por ciento efectivamente ya se cambió. Los argumentos para pasarse son distintos: por mudanza, por necesidad de hacer otra tarea y también por cuestiones políticas. Unas 7 mil personas denunciaron irregularidades, según los datos oficiales, entre ellas el pedido de un porcentaje del salario para la agrupación, un hecho que la semana pasada despertó críticas hacia el Polo Obrero, que admitió cobrar 2% a sus integrantes para solventar distintos gastos propios de la organización, emulando a los sindicatos.

Cada beneficiario del Potenciar Trabajo cobra unos $22.000 pesos mensuales por una contraprestación de cuatro horas diarias. Las tareas pueden ser de limpieza, textilería, albañilería, pequeñas obras y agricultura, entre un sin fin de rubros. Para ser parte del programa, las personas deben estar organizadas en cooperativas de unidades ejecutoras, que son manejadas por los movimientos sociales –tanto los oficialistas como los de izquierda–, pero también por los municipios y las gobernaciones. Si bien no hay estadísticas oficiales sobre el reparto de las unidades ejecutoras, se estima que unos 170 mil corresponden a la Unidad Piquetera, mientras que el Evita maneja unos 300 mil. Días atrás en el ministerio le aseguraron a elDiarioAR que el dinero de cada mensualidad se transfiere directamente desde el Estado a los beneficiarios. 

“Es una decisión del ministro”, confirmó a elDiarioAR un importante funcionario de Desarrollo Social y que también tiene influencia en una de las agrupaciones ligadas al Gobierno. Al cierre de esta nota, cerca de Zabaleta no habían contestado las consultas que este medio viene realizando desde anoche. “Esos 180.000 son aquellos que se anotaron en el registro para recibir de otra manera los planes Potenciar. Son todos casos que se están evaluando”, afirmó la portavoz Gabriela Cerruti durante la mañana, en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada.

Entre las organizaciones piqueteras aseguraron que la medida no se conversó en la reunión de casi dos horas que hubo ayer con el ministro, y por la que se firmó una tregua hasta la semana próxima. Sin embargo ahora amenazan con volver a las calles si efectivamente les quitan los planes. “Se va a pudrir todo”, dijo a elDiarioAR Silvia Saravia, de Barrios de Pie, y quien ayer participó del cónclave en Desarrollo Social. “Es una ofensiva frente a las movilizaciones tan masivas, y que piensan seguir ajustando. En eso no tienen grieta”, opinó.

En la reunión, Zabaleta les reiteró a los piqueteros que no iba a haber más altas en el Potenciar Trabajo, pero se comprometió a replantear un aumento de las partidas alimentarias hacia los comedores. El programa de cooperativas y los fondos de alimentos ocupan el 90% del presupuesto total de la cartera, que el año pasado tuvo una ejecución de $522.369 millones.

Horas antes del encuentro en el edificio ubicado en la avenida 9 de Julio, había sido la propia Cristina Kirchner la que mostró un avance en su estrategia de quitarle los planes a las organizaciones y transferirlas a los municipios y gobernadores. Compartió un tuit en el que reflejaba su reunión con Pablo Zurro, intendente de Pehuajó, que le acercó “una propuesta para transformar los planes sociales en trabajo”. “Me contó que también se la envió al Ministro de Desarrollo Social de la Nación”, completó la vicepresidenta en su mensaje, a modo de presión hacia Zabaleta. La bandera de “convertir planes en trabajo” ya la levantaba Alberto Fernández desde el año pasado.

Sin foto que se haya conocido públicamente, Cristina ya había recibido hace un mes al ministro en su despacho en el Senado, en una reunión “sobre gestión” –según supo elDiarioAR–, pero que también generó especulaciones en medio de la tensión entre la vice y el Presidente, cuya base de apoyo en gran parte proviene del Movimiento Evita. Zabaleta es considerado “un dialoguista” y aceptó dejar el municipio de Hurlingham luego de un ofrecimiento del mandatario. 

En la avanzada kirchnerista contra las organizaciones sociales también está detrás Martín Insaurralde, jefe de Gabinete de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. “Hice una ronda de consultas con intendentes bonaerenses, tanto del oficialismo como de la oposición, y es unánime la aceptación de la descentralización del control de los planes sociales en los municipios”, dijo el funcionario. 

En paralelo, mañana habrá una reunión la Liga de los gobernadores peronistas en el Chaco –Jorge Capitanich será el anfitrión–, en la que 16 mandatario provinciales “se sumarán en bloque a lo que propone la vicepresidenta y que motoriza la gobernadora de Santa Cruz y exministra de Desarrollo Social Alicia Kirchner: que los planes sociales sean administrados por los municipios”, según se lee en el comunicado oficial del cónclave.

“¿Por qué carajo voy a ir? ¿Para qué carajo estoy yo acá?”. Cruzado de piernas sobre una silla de estilo señorial, Juan Grabois comenzó con preguntas existencialistas su intervención en un debate organizado por el Polo Obrero (PO) sobre la historia de los piquetes en el país. Dirigente de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), aliado al Gobierno y muy cercano a Cristina Kirchner, sabía que estaba en un lugar que podía serle hostil: el auditorio del Aula Magna de la Facultad de Medicina estaba copado con banderas de la fuerza de choque del trotskista Partido Obrero. 

Pero lejos de esquivar la discusión, Grabois se metió de lleno. Justo en la semana en que la vicepresidenta cuestionó con severidad a las organizaciones sociales, principalmente al manejo de los planes sociales que hace el Movimiento Evita, lanzó a la tribuna: “Soy amigo del Papa y soy amigo de Cristina; la quiero mucho a pesar de la pavada que dijo el otro día”.

Al lado del abogado y titular del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) se acomodaron los anfitriones, Eduardo “Chiquito” Belliboni y Néstor Pitrola –dirigentes del PO–, y también Orlando Agüero, del Frente Popular Darío Santillán (FPDS). Aunque la excusa que los encontró fue la presentación de la tercera edición del libro Una historia del movimiento piquetero, de Luis Oviedo, rápidamente las intervenciones giraron en torno a las críticas de Cristina Kirchner sobre los planes sociales y las diferencias programáticas que existen entre las organizaciones más ligadas al kirchnerismo y las históricamente opositoras. No faltaron chicanas y bromas de alto contenido político.

“El señor estaba en un ministerio de mi gobierno. ¿Cómo puede ser, querido?”, le espetó entre risas Grabois a Belliboni, cuando se sumó al debate ya comenzado: llegaba de una reunión con el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, junto a las demás organizaciones que integran la Unidad Piquetera. El reclamo por la mejora en los planes sociales y la amenaza a un nuevo plan de lucha y protestas por ahora quedó en “cuarto intermedio”. 

Tu gobierno es una porquería

Belliboni a Grabois

“Tu gobierno es una porquería”, le contestó “Chiquito” cuando tomó el micrófono, aunque al instante le agradeció su participación: “Admiro la honestidad de Juan y de venir acá, aunque tiene un punto de vista diametralmente opuesto al nuestro”. Era la segunda vez que Grabois y Belliboni se mostraban juntos públicamente, luego de que el dirigente de la UTEP se acercó al extenso acampe que la Unidad Piquetera llevó adelante en la avenida 9 de Julio entre marzo y abril pasado. “Yo le dije a él que me parecía extraordinario que venga, pero más extraordinario sería que luchemos contra el gobierno ajustador. Y ahí me dijo: ‘no te voy a acompañar’”, recordó el dirigente del PO.

“Acá hay gente que acompaña a los pobres, y con eso me basta”, planteó Grabois para justificar su presencia en la Facultad de Medicina, y manifestó una defensa cerrada a Belliboni, quien en los últimos días fue acusado judicialmente porque el PO reconoció que le retiene un 2% a sus beneficiarios del programa Potenciar Trabaja –que cobran por mes $ 16.500 por cuatro horas de trabajo diario– para las actividades de la organización, emulando a los sindicatos. 

“Dicen que te quedas con plata de los pobres, es mentira. Eso es una desmoralización muy grande”, dijo Grabois. Y elípticamente refiriéndose a los dichos Cristina, apuntó: “Este es un buen momento para debatir, porque cuando se revuelve el avispero se abren disputas, y de eso se puede salir mejor o peor. Y nosotros tenemos que tratar de que los sectores populares salgan mejor parados de este debate”.

Diferencias programáticas

Durante las casi dos horas que duró el debate organizado por el PO, los cruces fueron descarnados y a viva voz. Hubo dos bloques de intervenciones, donde cada expositor habló durante unos cinco minutos en cada ronda. Belliboni cruzó a Grabois por su militancia en la economía popular, que busca englobar a los aproximadamente diez millones de trabajadores informales que hay en la Argentina, dotándolos de un sindicato propio y últimamente exigiendo al Gobierno la creación de un ministerio ad hoc dentro del gabinete. 

“Los compañeros que plantean el tema de la economía popular se adaptan a la crisis capitalista”, lanzó “Chiquito”. “Yo le dije a Juan que meta a los cartoneros en el gremio de los papeleros y que luego gane el sindicato. Él me contestó que es difícil –continuó subiendo el tono de su voz–. ¡Y sí que es difícil, pero ese es el camino! El otro camino es la precarización laboral. Tenemos que pelear por la mejora de los convenios colectivos”.

Y luego le apuntó a la vicepresidenta: “Cristina no cambió de posición. El problema no es la interna. Cristina vio en este movimiento popular un enorme peligro para el control de las masas”, aseguró. Y cuando Belliboni, ya pasado de su tiempo de alocución, acusó a la ex mandataria de reprimir a Hebe de Bonafini en Santa Cruz cuando Néstor Kirchner era gobernador, Grabois lo corrió con una chicana: “Te doy el 2 por ciento del tiempo”.

Para mí cualquier persona que trabaja es un trabajador ocupado, precarizado y sin derecho

Juan Grabois, de la UTEP

“Hoy usan la cooptación de un sector del movimiento de desocupados”, se despachó a su turno Pitrola contra las agrupaciones oficialistas nucleadas en la UTEP, que además de MTE y el Evita de Emilio Pérsico y Fernando “Chino” Navarro, también integrada por Somos-Barrios de Pie, de Daniel Menéndez, y la Corriente Clasista Combativa, de Juan Carlos Alderete. “Esta idea de la economía popular es funcional a la descarga de la crisis mundial capitalista sobre los pueblos de todo el mundo”, continuó Pitrola, y cerró: “Este peronismo no da laburo”.

Luego fue el momento de Agüero, que advirtió que la crisis del oficialismo podría llevar a un nuevo gobierno macrista. Llegado el caso, marcó la necesidad de que se amplié la unidad piquetera y llamó a “reventar” el Puente Pueyrredón el domingo próximo, en el aniversario de los 20 años de la represión que mató a los militantes Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. “Estamos a un año de las elecciones y ahí hay todo un avance de estigmatización del movimiento popular movilizado, que tiene clara intencionalidad político electoral desde los sectores de poder”, aseguró el referente del FPDS. “Este tipo de debates son importantísimos porque, mirando al 2024, todo el movimiento popular nos va a tener que encontrar juntos al frente de un plan de lucha que gane las calles”, exigió.

Entonces fue el segundo turno de Grabois, que apenas tomó el micrófono buscó interpelar al público. “¿Acá hay compañeros que cobran el Potenciar? ¿Y quienes trabajan en un merendero?”, preguntó mientras algunas personas del público levantaban la mano. “Las compañeras trabajan. Entonces el PO va a tener que resolver su política ideológica”, lanzó. “Pero son trabajadoras precarizadas”, le contestó alguien del auditorio. “Muy bien, pero sin aguinaldo, ni vacaciones, ni convenio colectivo. Pero son trabajadoras ocupadas”, le devolvió Grabois.

Hoy usan la cooptación de un sector del movimiento de desocupados

Néstor Pitrola, dirigente del Polo Obrero

“Para mí cualquier persona que trabaja es un trabajador ocupado, precarizado y sin derecho. Nuestra diferencia es de táctica: hay que dotar de derechos a esos compañeros. Y la diferencia de organizar a los cartoneros en los Papeleros, o a los vendedores ambulantes en Comercio, también es una diferencia de táctica”, expresó. 

Y se animó a cuestionar los métodos de protesta de la Unidad Piquetera, parafraseando a Fidel Castro y pidiendo su apoyo a la iniciativa de un salario básico universal, propuesta que tiene el apoyo del kirchnerismo pero que es rechazada por el ministro Martín Guzmán por su costo fiscal: “Si a mí me convocan a luchar ‘patria o muerte’ por un ingreso universal equivalente a la canasta básica, que es 1 punto del PBI, ‘patria o muerte’ estoy. Pero en serio. No después negociar 40 mil o 50 mil cupos nomás. Eso también es una cooptación del sistema. Porque después Zabaleta te dice que solo hay cinco mil y listo”.

“Nosotros estamos dispuestos a luchar por cualquier cosa”, le respondió Belliboni, último en hablar. “Pero no estamos dispuestos a lo de la UTEP, que pactó con Macri el acuerdo de los planes sociales solo para sus organizaciones”, acusó el dirigente del PO a Grabois. “Nos quedamos más solos que la Virgen María”, le dijo, recordando que durante los últimos años del segundo mandato cristinista el trotskismo armó un triunvirato piquetero junto a Barrios de Pie y a la CCC, pero que se disolvió en el macrismo cuando éstos últimos se aliaron con el Evita para armar Los Cayetanos, génesis de la UTEP. “Yo sé que Juan es cristiano y ha tenido la valentía de venir acá, donde vemos una cruz y salimos corriendo –dijo al final Belliboni sobre Grabois–. Pero la única iglesia que para nosotros ilumina es la que está prendida fuego”.

CC

En medio de la disputa interna en el oficialismo ahora cristalizada entre Cristina Kirchner y el Movimiento Evita, el Gobierno logró por ahora poner en pausa el plan de lucha de la Unidad Piquetera, que en las últimas semanas reclamó en las calles del microcentro, luego de dos masivos acampes sobre la avenida 9 de Julio durante marzo y abril. Tras una nueva reunión entre los piqueteros y el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, se pasó a “un cuarto intermedio” para la semana próxima, donde volverán a encontrarse equipos técnicos de ambos lados para avanzar en la discusión.

El encuentro de este miércoles duró más de una hora –entre las 18.10 y las 19.30– en la que el funcionario nacional reiteró a las organizaciones sociales que no se ampliará el programa Potenciar Trabajo, aunque se comprometió a avanzar en la discusión por las partidas alimentarias, otro de los reclamos de las organizaciones sociales, según supo elDiarioAR. Pese al impass en el conflicto, hacia la noche trascendió que el Gobierno le habría quitado a las organizaciones sociales una parte del total de 1,2 millón de planes para transferírselas a los municipios y provincias, una propuesta que la propia Cristina Kirchner lanzó en estos días y que acordó con varios gobernadores, como Alicia Kirchner, de Santa Cruz, y Jorge Capitanich, de Chaco.

Cerca de Zabaleta no confirmaron a elDiarioAr la información, y Eduardo Belliboni, dirigente del Partido Obrero que participó en el encuentro con el ministro aseguró que “no se dijo nada al respecto”.

“El Ministerio no entiende que no podemos comer todos los días fideos y polenta. Queremos que los comedores tengan asistencia como corresponde”, había planteado a la salida del encuentro el referente trotskista. “Sin arribar a compromisos concretos para las reivindicaciones que consideramos indispensables para los trabajadores desocupados, se acuerda pasar a un cuarto intermedio hasta el jueves de la semana que viene”, agregó a declaraciones a la prensa.

El rechazo oficial a aumentar el Potenciar Trabajo –por el que los beneficiarios cobran 16.500 pesos a cambio de cuatro horas de trabajo en cooperativas– va en línea con la postura del Gobierno de “reemplazar planes por trabajo”, aunque en los últimos días se metió en la interna que abrió Cristina Kirchner. 

El lunes pasado, la vice apuntó contra el Evita, cuyo máximo dirigente Emilio Pérsico administra el plan como secretario de Economía Social en el ministerio de Zabaleta. En el Presupuesto 2021 el Potenciar Trabajo tenía una asignación de $227 mil millones, un monto que la semana pasada el DNU de Martín Guzmán aumentó 34%, por debajo de la inflación: este año recibirá otros $77.617 millones. 

“Vamos a seguir discutiendo. No vamos a tomar medidas en los próximos días, pero si no hay respuesta lamentablemente vamos a seguir en la lucha”, advirtió Belliboni tras el encuentro en la cartera pública. La Unidad Piquetera ya votó un plan de lucha con marchas para el próximo 25 y 26 de junio en el Puente Pueyrredón, “con acciones contra los gobernadores de las 24 provincias”, y en la semana del 11 de julio con una fuerte medida “que puede ser un acampe nacional”. Esa agenda de piquetes por ahora quedó en suspenso.

El rosario de reclamo de la Unidad Piquetera incluye un salario mínimo de 100 mil pesos y la libertad de acción para los beneficiarios de los planes, para que puedan elegir la unidad ejecutora en la que prestan sus servicios. 

Para poder participar en el Potenciar Trabajo, las personas deben estar organizadas en cooperativas, que son manejadas por los movimientos sociales –tanto los oficialistas como los de izquierda–, pero también por los municipios y las gobernaciones. No hay estadísticas oficiales sobre el reparto de las unidades ejecutoras, pero en Desarrollo Social le aclararon a elDiarioAR que los 16.500 pesos se transfieren directamente desde el Estado a los beneficiarios.

En el Ministerio también defienden la línea de trabajo oficial de “transformar planes sociales en trabajo” y recuerdan que el 29 de diciembre salió una resolución por la que cualquier beneficiario del Potenciar Trabajo podía cambiar de unidad ejecutora, decisión a la que se acogieron –al 1 de junio– unas 170 mil personas, de las cuales el 30 por ciento efectivamente ya se cambió. 

Los argumentos para pasarse son distintos: por mudanza, por necesidad de hacer otra tarea y también por cuestiones políticas. Unas 7 mil personas denunciaron irregularidades, entre ellas el pedido de un porcentaje del salario para la agrupación, un hecho que la semana pasada despertó críticas hacia el Polo Obrero, que admitió cobrar 2% a sus integrantes para solventar distintos gastos propios de la organización, emulando a los sindicatos.

Y a la posibilidad del cambio se sumó la decisión en febrero de no otorgar más altas al Potenciar Trabajo y fortalecer el programa con recursos destinados a herramientas, así como la firma de convenios con empresas y sindicatos para que los beneficiarios se integren progresivamente en el trabajo informal. “En los últimos meses hubo 50 mil personas que salieron de los planes o están en una situación de ‘empleo protegido”, aseguraron en el ministerio, aunque admitieron que es una diferencia exigua respecto al 1,2 millón de beneficiarios.

*Actualizada a las 00:00 del jueves con declaraciones de Belliboni

CC

“Estamos con los quilombos propios de la gestión, y ahora también con los de la política”. La voz desde adentro del Ministerio de Desarrollo Social refleja la situación que se vive el día después de las críticas de Cristina Kirchner contra los planes y el Movimiento Evita, organización que conduce Emilio Pérsico, a su vez secretario de Economía Social y con peso propio en la cartera que encabeza Juan Zabaleta.

La vicepresidenta metió ayer el dedo en la llaga al exigir en el acto de la CTA que “el Estado nacional debe recuperar el control y la auditoría de los planes, que no pueden seguir tercerizados”. “Eso no es peronismo. No es depender de un dirigente barrial para que me dé el alta o la baja”, se despachó y apuntó contra la agrupación de Pérsico: “Si Evita los viera, mamita...”.

Sin mencionarlo, Cristina cuestionó el Potenciar Trabajo, programa por el que alrededor de 1,2 millones de personas cobran 16.500 pesos (la mitad del salario básico) a cambio de cuatro horas de trabajo, con tareas de limpieza, textilería, albañilería, pequeñas obras y agricultura, entre un sin fin de rubros. Para poder participar en él, las personas deben estar organizadas en cooperativas de unidades ejecutoras, que son manejadas por los movimientos sociales –tanto los oficialistas como los de izquierda–, pero también por los municipios y las gobernaciones.

En el Presupuesto 2021 el Potenciar Trabajo –otrora plan Jefas y Jefes de Hogar, y también Argentina Trabaja– tenía una asignación de $227 mil millones, un monto que la semana pasada el DNU de Martín Guzmán aumentó 34%, por debajo de la inflación: este año recibirá otros $77.617 millones. No hay estadísticas oficiales sobre el reparto de las unidades ejecutoras, pero en Desarrollo Social le aclararon a elDiarioAR que los 16.500 pesos se transfieren directamente desde el Estado a los beneficiarios. “Para la secretaría de Pérsico es un asiento contable, la guita va directo a la gente. Pero para estar ahí tenés que estar organizado”, explicaron. 

Sin embargo, la masa de dinero del Potenciar Trabajo es significativa y le da a Pérsico la posibilidad de ser “un ministro en los hechos”. El programa laboral de cooperativas y el programa Políticas Alimentarias –en 2021 con una partida de $244.789 millones y para este año un agregado de otros 47.021 millones–, concentran aproximadamente el 90 por ciento del presupuesto de Desarrollo Social, uno de los más abultados de todo el Gobierno y que el año pasado tuvo una ejecución de $522.369 millones.

Los cruces internos

Desde ayer a la tarde-noche dirigentes de distintas organizaciones sociales salieron a cuestionar a la vicepresidenta. Hablaron desde una “estigmatización de la economía popular” hasta “una declaración de guerra”. Hubo críticas desde la izquierda –el Polo Obrero y la Unidad Piquetera–, pero también del oficialismo: Juan Grabois –que tiene relación personal con Cristina y Máximo Kirchner– lo hizo por Twitter, y Daniel Menéndez –líder de Somos-Barrios de Pie y aliado del Evita– salió al cruce en los medios. 

Aún se mantiene en silencio el Evita, que durante la mañana de este martes se abroquelaba en una reunión interna –sus figuras más públicas son Pérsico, Fernando “Chino” Navarro, Mariel Fernández (intendenta de Moreno y quien estuvo ayer en el acto de Cristina) o Leonardo Grosso (diputado nacional)– para unificar una respuesta. 

Como organización, en el Evita respaldan al presidente Alberto Fernández, pero también buscan lograr peso propio hacia el 2023 –además de Moreno, está construyendo candidaturas propias para disputar los municipios de La Matanza y San Martín–. 

Esta mañana, el mandatario salió en su respaldo: “Les pido que nuestras diferencias no nos hagan decir cosas injustas”, le dedicó a Cristina en el lanzamiento del Foro Mundial de Derechos Humanos que compartió con el Nobel Adolfo Pérez Esquivel. “Yo les quiero agradecer a las organizaciones sociales que estuvieron al lado nuestro ayudándonos a contener definitivamente a esos sectores más vulnerables llevando solidaridad a donde la solidaridad no existía, llevando compromiso a donde el compromiso no existía”, agregó. 

En la vereda de enfrente, fue Andrés Larroque, secretario de La Cámpora y par de Zabaleta en la provincia de Buenos Aires, el que hoy salió a profundizar los dichos de su jefa política. “Hubo un ajuste entre Guzmán y el Evita”, le dijo a Jorge Rial en Radio 10, y planteó que ese “pacto” se selló cuando se descontinuó el IFE a fines del 2020, momento en que aumentó el número de beneficiarios del Potenciar Trabajo.

“El programa es discrecional y arbitrario porque una persona de una organización X decide quién lo recibe y quién no”, abundó Larroque, y pidió “transformarlo en una política de ingreso”, como la propuesta de salario básico universal, iniciativa que él mismo conversó con Grabois y que ya tiene un proyecto parlamentario firmado por Itaí Hagman y Grosso en la Cámara baja. Quien está en desacuerdo con esa medida es Guzmán, por su costo fiscal.

Un ministerio loteado

En medio de la disputa kirchnerismo-Evita aparece Zabaleta, intendente de Hurlingham en uso de licencia. Llegó al ministerio de la mano de Fernández y en las últimas semanas mantuvo reuniones “de gestión” con la propia Cristina en su despacho del Senado. En un ministerio loteado –como todo el Frente de Todos– la función de Zabaleta está más en ser un administrador de las tensiones internas que jefe de la cartera. 

En Desarrollo Social defienden la línea de trabajo oficial de “transformar planes sociales en trabajo” y recuerdan que el 29 de diciembre salió una resolución por la que cualquier beneficiario del Potenciar Trabajo podía cambiar de unidad ejecutora, decisión a la que se acogieron –al 1 de junio– unas 170 mil personas, de las cuales el 30 por ciento efectivamente ya se cambió. 

Los argumentos para pasarse son distintos: por mudanza, por necesidad de hacer otra tarea y también por cuestiones políticas. Unas 7 mil personas denunciaron irregularidades, entre ellas el pedido de un porcentaje del salario para la agrupación, un hecho que la semana pasada despertó críticas hacia el Polo Obrero, que admitió cobrar 2% a sus integrantes para solventar distintos gastos propios de la organización, emulando a los sindicatos.

Y a la posibilidad del cambio se sumó la decisión en febrero de no otorgar más altas al Potenciar Trabajo y fortalecer el programa con recursos destinados a herramientas, así como la firma de convenios con empresas y sindicatos para que los beneficiarios se integren progresivamente en el trabajo informal. “En los últimos meses hubo 50 mil personas que salieron de los planes o están en una situación de ‘empleo protegido”, aseguraron en el ministerio, aunque admitieron que es una diferencia exigua respecto al 1,2 millón de beneficiarios.

El Potenciar Trabajo es la piedra en el zapato del ministro, que intenta evitar la polémica abierta entre el kirchnerismo y el Evita, y que a su vez tiene su propio frente abierto con los piqueteros. De hecho, luego de la reunión postergada de la semana pasada, mañana habrá una nueva cumbre entre Zabaleta y la Unidad Piquetera, que amenazan con un plan de lucha y cortes en el microcentro porteño si no atienden sus reclamos de ampliación del plan y aumento del monto que se cobra mensualmente. 

Además del Potenciar Trabajo, otra disputa interna en el oficialismo es la posibilidad de creación de un Ministerio de Economía Popular, bandera del Evita y de la UTEP (Unión de Trabajadores de la Economía Popular, dirigida por Esteban Castro y pareja de Mariel Fernández) para focalizar en el universo de los casi 5 millones de personas que no están en el empleo registrado. Sería una cartera nueva, integrando distintas áreas que hoy orbitan bajo Desarrollo Social –como la de Pérsico–, pero también de Agricultura –principalmente la secretaría de Agricultura Familiar– y de Producción –que ahora conduce Daniel Scioli. “Es una decisión que tiene que tomar el Presidente –se desligaron cerca de Zabaleta al respecto–. Por ahora son especulaciones, no hay ningún papel”.

CC

Mientras las organizaciones piqueteras de izquierda realizan esta mañana una segunda manifestación por las calles del microcentro porteño en siete días, en el Gobierno aseguraron que habrá una nueva convocatoria de reunión para la semana próxima.

El encuentro con las agrupaciones que integran la llamada Unidad Piquetera –donde el Polo Obrero es de las más representativas– se prevé para el miércoles 22 por la tarde, según adelantaron a elDiarioAR desde el Ministerio de Desarrollo Social, que conduce Juan Zabaleta. 

Se concretaría así la reunión que estaba prevista para ayer, y que se suspendió porque el ex intendente de Hurlingham viajó a Paraguay para una cumbre con sus pares del Mercosur. En el ministerio aseguran que se les dio aviso a las organizaciones sociales de la agenda del funcionario ya el fin de semana y los invitaron a reunirse hoy, cosa que las organizaciones piqueteras no habrían aceptado. Denunciaron que Zabaleta los plantó y por eso decidieron salir a marchar este jueves con dos columnas: desde el Obelisco y desde el cruce de Independencia y 9 de Julio hacia la sede de la cartera.

El jueves pasado habían realizado una enorme movilización desde tres puntos distintos de la ciudad que también finalizó en la avenida principal del microcentro, pero que tuvo momentos de tensión sobre el Puente Pueyrredón.

“El martes por la noche nos anunciaron que el ministro no iba a estar. Evidentemente más allá de sus apariciones mediáticas acusando a las organizaciones de 'hacer política' y diciendo que no hay necesidades insatisfechas por el Ministerio que él dirige, el ministro ha faltado a su palabra mintiéndole a todo el país”, dijeron en un comunicado desde la Unidad Piquetera.

En Desarrollo Social entienden que las protestas tienen “carácter político” y justifican su argumento en que las organizaciones “ya tienen un plan de lucha votado de antemano”. Desde el Polo Obrero, Eduardo Belliboni adelantó que el plan de lucha piquetero que se votó en un plenario, y que comienza este jueves, continuará el próximo 25 y 26 de junio en el Puente Pueyrredón, “con acciones contra los gobernadores de las 24 provincias”, y concluirá en la semana del 11 de julio, con una fuerte medida “que puede ser un acampe nacional”.

Ya entre marzo y mayo pasados las organizaciones piqueteras llevaron adelante dos acampes sobre la 9 de Julio y una marcha federal que conectó Ushuaia y La Quiaca con Buenos Aires. Entre el rosario de reclamo de las agrupaciones sociales está la apertura de los programas sociales, el aumento del programa Potenciar Trabajo (hoy en 16.500 pesos, pero que llegará en julio a $ 22.770 y en septiembre a $ 23.925), la asistencia integral de los comedores populares, un salario mínimo de 100 mil pesos y la libertad de acción para los beneficiarios de los planes, para que puedan elegir la unidad ejecutora en la que prestan sus servicios.

Las organizaciones consultadas por elDiarioAR cuestionan el manejo que hace del programa Emilio Pérsico, líder del Movimiento Evita y secretario de Economía Social dentro del ministerio y quien también ha participado de las innumerables reuniones de Zabaleta con los piqueteros. Y descreen de la intención oficial de “reemplazar planes por trabajo genuino”, bandera del Presidente.

Ayer en Paraguay el propio Zabaleta volvió a insistir con esa idea. En la XXXVIII Reunión de Ministros y Autoridades de Desarrollo Social del Mercosur (RMADS) que se realizó en Asunción, planteó los lineamientos generales de las políticas llevadas adelante por su gestión, hizo hincapié en la necesidad de transformar planes sociales en empleo genuino e invitó a los ministros de los países participantes a que se sumen a la iniciativa, a través de las empresas de sus banderas que tengan actividad en Argentina, según consignó la agencia Télam.

“Después de la pandemia, donde nuestra política estuvo muy enfocada en garantizar la alimentación, estamos poniendo el eje en el trabajo y la redistribución del ingreso”, dijo Zabaleta, hombre cercano a Alberto Fernández y de apertura dialoguista en medio de la interna oficialista. De hecho, hace unas tres semanas se reunió a solas con Cristina Kirchner. “Fortalecimos programas de inversión social en maquinarias y herramientas, el traspaso se planes al empleo genuino, y la urbanización de barrios populares que recibió fondos del Aporte Solidario y Extraordinario a las Grandes Fortunas”, explicó a sus pares de la región.

Esta mañana, la portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti, en su habitual conferencia de prensa dijo sobre la protesta que “el Gobierno no hace promesas, sino que gobierna y gestiona” y respaldó a Zabaleta. Dijo que “el ministro está a cargo de la situación y tomando las medidas que correspondan, dialogando, pero también exigiendo que se cumplan algunos requerimientos que tienen que ver con las contraprestaciones con respecto a los planes sociales”. Y aseguró que el 3,5% del PBI se destina a políticas sociales, “con lo cual se sostiene y se incrementa la preocupación del gobierno en políticas sociales”, señaló.

Según el presupuesto 2021, el de Desarrollo Social fue de los más abultados de todo el Gobierno y el año pasado tuvo una ejecución de $522.369 millones. Casi la totalidad de esa masa de dinero –el 90,2%– fue destinado a solo dos programas: Políticas Alimentarias, con una partida de $244.789 millones, y el Potenciar Trabajo, con una ejecución de $226.557 millones.

Distintas organizaciones de izquierda que conforman la denominada “Unidad Piquetera” (UP) vuelven a marchar este jueves hacia la Ciudad de Buenos Aires, con la decisión de realizar un “acampe de protesta por tiempo indeterminado” en reclamo de la creación de “trabajo genuino, asistencia alimentaria a los barrios más pobres” y en demanda para que las conducciones de la CGT y las dos CTA “convoquen a una huelga general”.

Los manifestantes se concentraron desde las 8 en dos puntos: el Obelisco y la intersección de la avenida Independencia y 9 de Julio, desde donde marcharán al Ministerio de Desarrollo Social, ubicado en la avenida Belgrano y 9 de Julio. “Allí nos quedaremos por tiempo indeterminado”, dijo el responsable bonaerense del Polo Obrero (PO) Eduardo Belliboni, en declaraciones a la agencia Télam.

Es la segunda demostración de fuerza en una semana. En una de las movilizaciones más concurridas de los últimos tiempos, más de 25 agrupaciones sociales que integran la Unidad Piquetera se concentraron el jueves pasado en el Puente Pueyrredón y marcharon rumbo a la sede del ministerio de Desarrollo Social para reclamar mejores políticas sociales y más canales de diálogo con la cartera que conduce Juan Zabaleta. En medio de versiones cruzadas, en el Gobierno aseguraron que habrá una nueva convocatoria de reunión para la semana próxima. El encuentro con las agrupaciones se prevé para el miércoles 22 por la tarde, según adelantaron a elDiarioAR. 

El lunes, las organizaciones piqueteras realizaron un “plenario nacional” en el Obelisco “para discutir la situación nacional, un pliego de reivindicaciones y un plan de lucha”, ocasión en la que definieron una “acción de permanencia” que comenzará mañana en la Avenida 9 de Julio y en otros puntos del país.

En esa oportunidad y en declaraciones a la prensa, Belliboni expresó: “Delegados mandatados de todos de todo el país, en una verdadera demostración de democracia obrera, lanzaron el plan de lucha que comienza este mismo jueves con una acción de permanencia en la 9 de Julio y en las principales avenidas de todo el país”.

En ese sentido, detalló que “en las deliberaciones se discutió la necesidad de impulsar una campaña por el paro y el plan de lucha en fábricas y lugares de trabajo, con la exigencia a la CGT y a la CTA para que lo convoquen”.

Entre los principales reclamos, piden un “salario mínimo de 100 mil pesos, de emergencia, y el reclamo de un salario igual a la canasta familiar”.

La llamada UP acusó este miércoles al ministro de Desarrollo Social de “mentirles a las organizaciones” cuando, aseguran, prometió que las recibiría ayer miércoles. “El martes por la noche nos anunciaron que el Ministro no va iba estar. Evidentemente, más allá de sus apariciones mediáticas acusando a las organizaciones de 'hacer política' y diciendo que no hay necesidades insatisfechas por el Ministerio que él dirige, el ministro ha faltado a su palabra mintiéndole a todo el país”, dijeron en un comunicado.

“Frente a esta situación no nos queda otra medida que llevar adelante la acción votada en el plenario del lunes pasado y profundizar las medidas. Advertimos a la población que la responsabilidad entera de las dificultades que se ocasionen en la movilización de este jueves, serán del ministro, que rompió unilateralmente una reunión pactada para buscar soluciones”, aseguraron.

La semana pasada, el Gobierno salió al cruce de la multitudinaria manifestación de las organizaciones piqueteras. “Es una marcha política”, afirmaron fuentes del Ministerio de Desarrollo Social. Según los voceros de Zabaleta, “el ministro no va a responder a las agresiones de los dirigentes de la Unidad Piquetera”. Además, aseguraron que el intendente de Hurlingham en uso de licencia “está dispuesto a recibirlos, como ya lo hizo seis veces en sus diez meses de gestión, pero sin marcha. Con marcha no hay reunión”, aseguran. Por estas horas, trascendió que el encuentro se concretaría, pero recién el miércoles 22.

La confrontación se da en medio del reconocimiento por parte del Polo Obrero de la retención del 2% que la organización realiza sobre los haberes que los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo reciben que, algunas voces denuncian que están destinados a financiar la logística de las protestas, mientras que los movimientos sociales aseguran que lo recaudado es para sostener los comedores y merenderos ante la demora del ministerio de Desarrollo Social en entregar los bolsones de comida destinados a esos lugares.

De acuerdo a los cálculos de especialistas, si se toma en cuenta que hasta mayo último los beneficiarios del Potenciar Trabajo reciben 19.000 pesos mensuales, y son unas 60.000 las personas agrupadas en el PO, la recaudación mensual sería de 22.800.000 pesos mensuales, 273.600.000 pesos anuales.

Plan de lucha hasta julio

El plan de lucha piquetero que comienza este jueves continuará el 25 y 26 de junio en el Puente Pueyrredón, “con acciones contra los gobernadores de las 24 provincias”, y concluirá en la semana del 11 de julio, con una fuerte medida “que puede ser un acampe nacional”, informaron al término del plenario partidario.

La Unidad Piquetera (UP) está integrada por el Polo Obrero, MTR-Votamos Luchar, el CUBA-MTR, Movimiento Barrios de Pie; el Bloque Piquetero Nacional, la Agrupación Armando Conciencia y la Organización 17 de Noviembre, el MTR Teresa Rodríguez, una fracción del FOL y el Movimiento Territorial Liberación (MTL-Rebelde).

Forman parte también de la UP la Coordinadora por el Cambio Social, el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), la Federación de Organizaciones de Base (FOB) y el Movimiento Barrial de los Trabajadores (MBT).

Con información de Télam.

IG

El Gobierno salió al cruce de la multitudinaria manifestación encabezada por las organizaciones piqueteras, y que desde temprano generó este jueves tensión en el Puente Pueyrredón, principal vía de acceso a la ciudad de Buenos Aires desde el sur.

“Es una marcha política”, afirmó a elDiarioAR una encumbrada fuente del Ministerio de Desarrollo Social, cartera a cuya sede situada en la avenida 9 de Julio, en pleno microcentro porteño, se dirigió la columna de protesta. Otras dos columnas atravesaron la Capital Federal desde el norte –por avenida del Libertador–, y desde el oeste –por avenida Rivadavia– hacia el mismo punto de encuentro.

“Es parte de un plan de lucha que vienen desarrollando hace unos meses”, agregó el vocero cercano al ministro Juan Zabaleta, quien tenía agenda fuera del AMBA. 

De hecho, según aseguró la fuente oficial, la protesta de hoy no tenía como fin un pedido de reunión con el ministerio, aunque sí hay una prevista para la semana próxima con Zabaleta. “Desde el ministerio tenemos diálogo permanente con todas las organizaciones sociales, iglesias y ONGs para resolver situaciones. En este caso establecimos una mesa de diálogo permanente”, apuntaron en la cartera que conduce el ex intendente de Hurlingham. 

La jornada de reclamo la protagoniza la llamada Unidad Piquetera que nuclea al Polo Obrero, Barrios de Pie-Libres del Sur, MST Teresa Vive, entre otro sinfín de organizaciones sociales. Desde hace tres meses llevan adelante un plan de lucha que ya tuvo dos acampes extendidos y una movilización de corte federal, con miles de manifestantes que viajaron a Buenos Aires tanto desde La Quiaca como Ushuaia. 

“Nos movilizamos contra el ajuste, que deja planteada la continuidad de nuestro plan de lucha ante la falta de respuestas y el agravamiento de la situación social”, apuntó la Unidad Piquetera en un comunicado. El sector afirma que “la caída de los ingresos fijos, de salarios, jubilaciones y programas sociales es innegable, (y que) la inflación en alimentos superó en el primer cuatrimestre el 30%, dejando a millones en la pobreza y la indigencia”. 

La protesta de este jueves tendrá otro momento de tensión el próximo lunes 13 de junio, donde habrá un “plenario piquetero nacional” en la explanada del Obelisco para votar medidas a seguir. 

En ese marco, los piqueteros también le reclaman a la CGT y a las dos CTA “medidas de fuerzas que unan a ocupados y desocupados en un plan de lucha contra el ajuste”. Ayer de hecho, fueron recibidos por el Consejo Directivo de la central obrera que encabeza el triunvirato de Pablo Moyano, Héctor Daer y Carlos Acuña, que últimamente ha mostrado una sintonía cerrada con el gobierno de Alberto Fernández. De hecho, el hijo del camionero Hugo Moyano participó el lunes pasado de la presentación del proyecto de “renta inesperada” en el Museo del Bicentenario.

Uno de los reclamos históricos de las organizaciones piqueteras a la Casa Rosada tiene que ver con el aumento del programa Potenciar Trabajo, cuyos poco más de 1 millón de beneficiarios cobran la mitad del salario básico a cambio de jornadas de 4 horas de trabajo en cooperativas. Por los últimos aumentos dispuestos, en julio el monto va a ser de $ 22.770 y en septiembre de $ 23.925. 

Las organizaciones consultadas por elDiarioAR cuestionan el manejo que hace del programa Emilio Pérsico, líder del Movimiento Evita y secretario de Economía Social dentro del ministerio y quien también ha participado de las innumerables reuniones de Zabaleta con los piqueteros. Y descreen de la intención oficial de “reemplazar planes por trabajo genuino”, bandera del Presidente.

“Llegamos a acuerdos parciales que tienen que ver con fortalecer emprendimientos productivos y también con el fortalecimiento de la política alimentaria, ya que duplicamos los montos del Sistema Alimentario Escolar, aumentamos la Prestación Alimentar y lo que se envía para comedores comunitarios”, se defendieron en Desarrollo Social.

Según detalló días atrás Infobae, el presupuesto 2021 de Desarrollo Social fue de los más abultados de todo el Gobierno y el año pasado tuvo una ejecución de $522.369 millones. Casi la totalidad de esa masa de dinero –el 90,2%– fue destinado a solo dos programas: Políticas Alimentarias, con una partida de $244.789 millones, y el Potenciar Trabajo, con una ejecución de $226.557 millones.