''El daño que yo he sufrido, que ha sufrido mi familia… ¿Eso cómo se repara?'' Esta es la pregunta que lleva haciéndose casi 30 años Ciro Molina y que aún nadie le respondió. Tenía nueve cuando, en 1997, empezaron los abusos sexuales que sufrió por parte del entonces párroco de su pueblo, en Tenerife, Islas Canarias, España. Su familia presentó la primera denuncia en 2004, y la respuesta de la Iglesia fue reubicar al agresor.

Molina llevó su caso a la Fiscalía, al Ayuntamiento de La Laguna, e incluso al Vaticano, pero hasta ahora nadie le pidió perdón ni le ofreció reparación. ''Lamentablemente, toda esta historia ha tenido que ser pública porque no hay otra manera de hacer frente a la Iglesia'', dijo en 2024.

Un audio hecho público este jueves revela cómo el obispado de Tenerife encubrió a su agresor. El superviviente se reunió con el anterior obispo de la isla, el ya fallecido Bernardo Álvarez, poco más de un año antes de su muerte, en verano de 2024. Este encuentro fue grabado. En el audio, al que accedió Canarias Ahora y que fue adelantado por El País y Cadena SER, Álvarez también justifica los casos de pederastia acusando a los niños de provocación. 

Obispo: Yo tengo experiencia de eso como sacerdote. Chicas y chicos de 13 o 14 años que me han provocado. Entonces, tú ten en cuenta que hace unos años la edad de la libertad sexual era 14 años. Ahora es 16 o 18, no sé cuánto. Ahora es 16, ¿no? Bueno pues, yo recuerdo en la isla de La Palma, en Tazacorte…

Víctima: Los niños no provocan, Bernardo.

Obispo: No, no, no, no, no, no

Víctima: Es al revés. Eso es una visión adultocéntrica. Los niños no provocan, hombre. ¿Tú te crees que a mí Carmelo me hacía eso porque yo lo provocaba?

Obispo: No, no, no, no. No te estoy hablando de eso. Te estoy hablando de personas con 13 o 14 años… Esa es la experiencia que yo tengo.

El audio, según pudo saber este medio, está en poder de la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife y de la Comisión Pontificia de Protección a los Menores del Vaticano. Molina pidió al Ministerio Público que abra diligencias de investigación y que le brinde asesoramiento y amparo. Desde la Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife explicaron a este diario que la denuncia se presentó, se iniciaron diligencias, pero se archivaron al haber prescrito los hechos.

La Diócesis de Tenerife aseguró este jueves desconocer la grabación y el ''contexto en que se realizó''. El obispado manifestó el ''rechazo rotundo a cualquier tipo de abusos cometido contra menores'' e insiste en ''la importancia de acudir al cauce legal actual para que las víctimas denuncien los casos ante las autoridades judiciales''-

Esta no fue la primera vez que Álvarez justificó así los abusos a menores en el seno de la Iglesia. En 2007, en una entrevista publicada en La Opinión de Tenerife, dijo que ''puede haber menores que sí lo consientan y, de hecho, los hay''. ''Hay adolescentes de 14 años que son menores y están perfectamente de acuerdo y, además, deseándolo. Incluso si te descuidas, te provocan'', afirmó. 

El obispo fallecido protagonizó otras polémicas por sus reiteradas declaraciones homófobas. En febrero de 2022, el prelado fue investigado por la Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife por un posible delito de odio, después de que dijera en la televisión pública de Canarias que la homosexualidad es un ''pecado mortal'' y la equiparara al alcoholismo.

Durante su conversación con Molina, el obispo le dice que ''el 80% de los que han abusado de menores son homosexuales'', a lo que la víctima responde: ''Pero Bernardo, un homosexual se acuesta con uno de su edad o por lo menos con alguien que no sea menor''.  

Reubicar a los agresores

En la conversación grabada, Bernardo Álvarez describe el mecanismo que se empleó para encubrir a los agresores: trasladarlos a otros territorios. El obispo repite hasta en dos ocasiones que ''en aquella época, la costumbre era cambiar al sacerdote de sitio, igual que se hacía con los maestros cuando tenían cualquier problema en la escuela''. 

''Estaba don Felipe [ en referencia a Felipe Fernández, el obispo que le precedió en Tenerife], y yo no sé lo que hizo don Felipe, incluso te acuerdas que cuando don Felipe sacó a don Carmelo de Tejina, mucha gente protestó. Lo mandó a Salamanca y estuvo un año haciendo una especie de reciclaje y cuando regresa lo ponen de capellán en el asilo, y allí estuvo'', reconoce Bernardo Álvarez.

Ciro Molina era monaguillo en la parroquia de su pueblo cuando conoció al agresor. Los abusos comenzaron cuando él tenía nueve años y se agravaron en 2002, cuando decidió entrar en el seminario. Allí, los obligaban a confesarse de los mandamientos que iban en contra de ''la castidad y la pureza''. ''En el momento de la confesión, él nos preguntaba si nos masturbábamos y en qué pensábamos. A la vez que me preguntaba, me empezaba a tocar el muslo'', relatóla víctima. Otras veces, el párroco le pedía al niño que le besara en las manos, y en una ocasión lo besó en la boca.

Molina también denunció públicamente abusos en la casa del sacerdote. ''Me metió en una sala. Era un salón de las casas de antes, no tenía muebles. En medio había una silla. Se sentó y me empezó a tocar. No me llegó a meter la mano por el pantalón, pero sí por debajo de la camisa. Cuando yo sentí la mano por mi abdomen me levanté y me fui contra la puerta'', recuerda.

''Nos trataron como apestados''

Cuando su familia, católica y muy ligada a la Iglesia del pueblo, puso la primera denuncia en 2004, tuvo que enfrentarse al ''terrorismo social''. Vecinos de Tejina y miembros de la Iglesia emprendieron una ''persecución'' contra su padre y contra su madre, que murió cuatro años después.

En 2005, Molina puso en conocimiento de un monseñor del Vaticano, ahora fallecido, los abusos que sufría. Lo hizo a través de correos electrónicos. ''Yo creo en tus afirmaciones, pero en lo que más creo es en la capacidad que tenemos las personas de perdonar y de olvidar las debilidades de los demás'', le respondió el alto cargo de la Iglesia en uno de los mensajes.

En 2014, el superviviente volvió a denunciar el caso de pederastia ante la Diócesis de Tenerife. ''Ustedes a nosotros no nos trataron como hijos de la Iglesia, sino como apestados'', afeó Molina al obispo en el encuentro de 2024.

La primera vez que se sintió apoyado fue cuando en 2014 un psicólogo creyó su testimonio. El informe elaborado por el profesional relata que la víctima sufrió ya siendo mayor de edad un síndrome depresivo con ideas suicidas, ansiedad, bloqueo del desarrollo evolutivo y comportamientos autodestructivos. Antes de eso, sus notas bajaron y empezó a faltar a las clases.

''Yo no entendía lo que estaba pasando, pero es triste que uno descubra la sexualidad de esa manera y no de forma natural“, dice Ciro. ”Es doloroso sentir una mano extraña en tu cuerpo. Ahora cuando siento una mano en mi muslo, reacciono. Cuando sufres eso crees que todo el mundo te va a hacer daño'', contó en 2024 a esta redacción.  

El superviviente tuvo que abandonar sus estudios, a pesar de ser un alumno sobresaliente, y empezó a tener problemas para dormir. Con el tiempo, intentó recomponer su vida y cursó un ciclo de integración social.

El testimonio de Molina fue anónimo durante años, hasta que en 2022 se convirtió en la primera víctima en contar su caso ante un pleno municipal. El superviviente narró los hechos en el Ayuntamiento de La Laguna e incluso exigió allí la dimisión del obispo. En el encuentro de julio de 2024, Bernardo Álvarez hace referencia a esta comparecencia como un ''montaje''.

El caso de Molina es uno de los 24 recogidos por el Defensor del Pueblo en Canarias para su informe sobre casos de pederastia en el seno de la Iglesia. El documento, publicado en 2023, incluye doce casos en Tenerife, nueve en Gran Canaria, uno en Lanzarote, uno en La Gomera y otro en La Palma. 

Visitación Villa Mayor, exnumeraria auxiliar del Opus Dei, es una de las 43 mujeres que han denunciado en Argentina haber sido víctimas de trata y servidumbre y este martes, durante una cita internacional en Buenos Aires para tratar sobre abusos en la Iglesia, reconoció: “Me di cuenta de que estaba presa”.

Villa Mayor hizo así una de sus primeras manifestaciones públicas desde que realizó la denuncia y fue en la primera Cumbre Internacional de ECA Global (Ending Clergy Abuse), donde participaron periodistas de investigación, abogados, víctimas y exmiembros de la organización.

“Vino una amiga a visitarme y me di cuenta que ella si era libre. Tenía la llave de donde trabajaba, de donde vivía, cobraba un sueldo, podía ir a bailar, ver tele, escuchar música. Me di cuenta de que estaba presa”, dijo.

Las 43 mujeres que denunciaron en 2021 su condición de esclavas del Opus Dei en Argentina fueron el eje del encuentro, donde se escucharon testimonios sobre abusos que gracias al trabajo de algunos periodistas llegaron hasta el Vaticano.

Villa Mayor contó que a los 16 años viajó desde Paraguay a Argentina con la intención de estudiar, procedente de una familia pobre de diez hermanos, pero fue llevada a centros donde terminó trabajando largas jornadas sin poder salir.

“Me trasladaron entre Paraguay y Argentina durante años, sin documentos y siendo menor, mientras insistía en que quería irme. Me llevó cuatro años que me dejen ir”, explicó la exnumeraria.

La cumbre incluyó debates jurídicos y testimonios de víctimas de Argentina, México, España, Chile, Paraguay, Guatemala e Irlanda, quienes relataron jornadas laborales extenuantes, aislamiento familiar y control total de sus vidas desde edades tempranas.

El foro contó con la presencia del periodista peruano Pedro Salinas, denunciante de los abusos del Sodalicio y autor del libro 'La verdad nos hizo libres. Historia de los abusos y de la caída del Sodalicio'.

“Este es un foro importante, el primero de esta naturaleza que se enfoca en una organización tan controversial como el Opus Dei, que en Argentina ha tenido un epicentro muy fuerte con el caso de las 43 exnumerarias auxiliares, que son, en la práctica, una suerte de esclavas modernas”, dijo Salinas a EFE.

Sebastián Sal, abogado de las exnumerarias, afirmó a EFE que “es tan importante lo que hicieron las 43: muchas de ellas estaban sin recursos, sin bienes, sin trabajo, y aun así avanzaron. No cobraron nada, lo hicieron por convicción, y eso las convierte en un ejemplo enorme”.

Denuncias y estructura global de abuso

La causa se tramita en el Juzgado Federal Nº 3 de la Ciudad de Buenos Aires.

En julio de este año, Mariano Fazio, segundo al mando global del Opus Dei, fue acusado por la Justicia argentina de “trata de personas bajo la modalidad de reducción a la servidumbre” tras la captación de 43 mujeres, en su mayoría menores de edad y pobres, con el fin de obligarlas a trabajar sin remuneración durante años como empleadas domésticas.

El Opus Dei negó la acusaciones de explotación laboral y acusó a los medios de haber “tergiversado la realidad” del caso, en un comunicado publicado ese día en su página web.

La periodista Paula Bistagnino, autora del libro 'Te Serviré', subrayó en declaraciones a EFE el carácter internacional del fenómeno: “Hoy existen testimonios de más de 70 países y hay miles de relatos que describen exactamente el mismo funcionamiento”.

Explicó que el Opus Dei nació en España en 1928 y su fundador, José María Escrivá de Balaguer, es un santo de la Iglesia católica.

“Para ellos la lengua del fundador es central, muchos manuales están escritos en español y Latinoamérica fue uno de los primeros territorios de expansión fuera de España e Italia. Entraron en países profundamente católicos, con la legitimidad y la popularidad que la Iglesia tiene en nuestra región, y eso les allanó el camino”, aseguró Bistagnino.

“Este es un caso emblemático no solo por lo jurídico, sino por lo que representa para Latinoamérica y para otros países. Escuchamos a mujeres de toda la región, de España, de Francia, que habían vivido situaciones similares”, detalló el abogado Sal.

Organizada por ECA Global, una red presente en 30 países que lucha contra el abuso clerical y el encubrimiento institucional, la cumbre se realizó semanas después de que representantes de la organización fueran recibidos por el papa León XIV.

Laura Guarinoni, para la agencia EFE.

“A mí me engañaron porque me prometieron que iría a una escuela de niñas a estudiar hostelería y terminé como una esclava durante casi 30 años sirviendo y limpiando sin descanso”. “Yo logré escaparme luego de 16 años, pero me buscaron y volví por nueve años más hasta que pude volver a irme”. “Era menor cuando me entregaron el cilicio y la disciplina y me dijeron que debía flagelar cada día para emular el dolor de Jesús”. “Durante décadas han reclutado adolescentes en todo el mundo, de clases altas y de clases bajas, con métodos engañosos, a espaldas de sus padres y a espaldas del Vaticano”. 

Estos son algunos extractos de los testimonios que se escucharán en la primera cumbre global sobre las denuncias de abuso espiritual, servidumbre y manipulación psicológica que afronta la institución católica Opus Dei y que tendrá lugar el próximo 16 de diciembre en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, donde se reunirán especialistas y denunciantes de América Latina y Europa. La iniciativa surgió de la organización global Ending Clergy Abuse (ECA), después de la audiencia privada e histórica con el papa León XIV en el Vaticano el pasado 20 de octubre: fue la primera vez que un jefe de la Iglesia Católica en funciones recibe a una ONG que lucha contra el abuso eclesiástico. 

“La Iglesia tiene la responsabilidad moral de apoyar a los sobrevivientes y prevenir daños futuros”, dijo entonces Tim Law, cofundador y miembro de la Junta Directiva de ECA, de Estados Unidos. En aquella jornada, Robert Prevost también dio una audiencia privada al periodista peruano y exintegrante de ECA Pedro Salinas, quien investigó los abusos del Sodalicio de Vida Cristiana que derivaron en la disolución de la orden por parte de Francisco. A él lo conocía muy bien de sus años de misión en Perú. 

“Prevost fue un aliado firme contra los abusos”

“Desde 2018, cuando era obispo de Chiclayo y segundo vicepresidente de la Conferencia Episcopal, fue evidente su compromiso activo con la búsqueda de la verdad en el Caso Sodalicio y, a la vez, discreto pero eficaz, con las víctimas de abuso institucional y su determinación de combatir a la entonces secta católica. Ese compromiso continuó incluso cuando luego fue designado cardenal prefecto del Dicasterio para los Obispos”, afirma Salinas a elDiario.es. El periodista de investigación y exmiembro del Sodalicio, autor de Mitad monjes, mitad soldados y de La verdad nos hará libres será uno de los anfitriones de la jornada sobre el Opus Dei en Buenos Aires. “A diferencia de otros prelados cobardes y apocados e indolentes, Prevost fue uno de los aliados más firmes que tuvimos en esta historia en Perú y luego con su elección como Papa, donde continuó recibiendo ataques difamatorios por parte de los remanentes del Sodalicio de Vida Cristiana”, remarcó Salinas, que por sus denuncias sufrió una persecución mediática y judicial que podría llevarlo a la cárcel.

En 2021, 43 mujeres denunciaron ante los medios de comunicación y ante el Tribunal para la Doctrina de la Fe del Vaticano que habían sido engañadas y sometidas a explotación por el Opus Dei como sirvientas sin remuneración y en condiciones de semiencierro durante décadas desde que eran adolescentes en la Argentina. 

La denuncia, aunque no fue respondida formalmente por la Santa Sede, impulsó la decisión del papa Francisco de modificar la jerarquía y quitar privilegios a “la Obra” fundada por Josemaría Escrivá de Balaguer en 1928 y presente en 68 países del mundo en los cinco continentes. Además, el jefe máximo de la Iglesia Católica exigió un cambio de estatutos a la institución que en 2025, tras su muerte, fueron entregados a su sucesor, el papa León XIV.

En medio de la expectativa sobre qué hará León XIV con el Opus Dei se celebrará la cumbre en Buenos Aires. La capital argentina fue elegida, ya que es allí donde pesa una acusación formal contra las máximas autoridades del Opus Dei en ese país durante los últimos 40 años. La acusación se elevó en octubre de 2024 tras dos años de investigación secreta de la Procuraduría contra la Trata y Explotación (PROTEX) y la Fiscalía Federal N°3, a cargo de Eduardo Taiano, quienes consideraron que “hubo un sistema de reclutamiento y explotación de mujeres pobres: servidumbre para miembros de élite y sacerdotes”. Entre los acusados se encuentra el sacerdote Mariano Fazio, el segundo hombre más importante del Opus Dei en el mundo en la actualidad.

Entre los invitados a disertar en la cumbre estará el periodista inglés Gareth Gore, autor de Opus, la productora Mónica Terribas, directora de la serie de MAX El minuto Heroico, y la periodista argentina Paula Bistagnino, quien sacó a la luz el caso de las mucamas del Opus Dei. También estarán los abogados de ECA Pedro Salinas y Lucas Lecour y el abogado de las 43 denunciantes argentinas, Sebastián Sal. El último bloque tendrá los testimonios de exmiembros de la organización cuestionada de España, México, Perú, Irlanda y Argentina, que piden que la Santa Sede escuche sus testimonios antes de definir el futuro de la organización. 

Los testimonios que sentaron al Opus Dei en el banquillo

Susana Lencina era la criada adolescente de una familia en Rosario cuando su patrona la subió a un coche para que la llevaran a la escuela de mucamas del Opus Dei en Buenos Aires. A Tita Villamayor la fueron a buscar con su prima en un pueblo rural de Paraguay a los 15 años con la promesa de una escuela en la capital, Asunción, y pronto la llevaron a la Argentina y la pusieron a trabajar.

Beatriz Delgado logró escaparse después de servir 16 años sin salario y en condiciones de encierro, pero la encontraron y la obligaron a regresar contra su voluntad por nueve años más. A Alicia Torancio la sobremedicaron con pastillas psiquiátricas y la dejaron en una habitación para que ninguna de sus compañeras pudiera verla. Cuando falleció su padre, Norma Martínez no tenía dinero para el entierro y no la ayudaron; le dijeron lo mismo que cuando pedía ver a su familia: que practicara el desprendimiento y que su familia era la Obra. 

Las de Susana, Tita, Beatriz, Alicia y Norma son solo cinco de las 44 historias que la justicia argentina escuchó en los últimos dos años antes de presentar una histórica acusación por trata de personas y explotación laboral contra las autoridades regionales de la Prelatura de la Santa Cruz y el Opus Dei, que pone a las máximas autoridades de la organización en la región Río de la Plata en el banquillo.

El Arzobispado de Madrid acaba de disolver la asociación Hijas del Amor Misericordioso, una falsa congregación que acumula denuncias por comportamientos sectarios, abusos espirituales y sexuales y que está detrás de los retiros de moda entre algunos católicos jóvenes llamados Effetá. Las HAM, como se conoce a las miembros del grupo en el circuito religioso, son pieza clave para entender el boom de estos encuentros de fin de semana cuyo futuro es ahora incierto y que forman parte de una tendencia en auge, el llamado catolicismo cool o guay que pisa con fuerza en España.

Este tipo de encuentros son uno de los máximos exponentes de este fenómeno creciente y se trata de retiros secretos cuya primera regla es que nada de lo que en ellos ocurre debe contarse. Sin móviles ni relojes, los participantes –llamados caminantes, que para ir a Effetá deben tener entre 18 y 30 años– se someten durante dos días a largas horas de escucha de experiencias traumáticas superadas por el “encuentro con Dios” intercaladas con dinámicas y rituales, algunos impactantes. Personas que han pasado por ellos hablan de una gran intensidad emocional y hay quienes incluso aseguran haber experimentado una conversión casi instantánea.

Las convivencias han ido consolidando como una de las herramientas clave del apostolado de las HAM, que según las denuncias analizadas por el Tribunal de la Rota que ha conducido la investigación, solían captar a jóvenes en retiros espirituales como Effetá, presente en diferentes centros religiosos, desde parroquias a universidades privadas. Además de las jornadas para jóvenes, el movimiento –que, según defiende, no tiene detrás ninguna estructura jerárquica– tiene su versión para adolescentes, La llamada de Samuel, la de entre 16 y 18 años, Bartimeo, y la destinada a adultos mayores de 30, Emaús.

En su intento (similar) por enganchar a la juventud, el Vaticano acoge precisamente estos días a mil influencers que crean contenido religioso en redes sociales y que se suman a otros fenómenos como el de Hakuna, junto a Effetá, los dos representantes por excelencia de la versión española del “catolicismo guay”. Conocido por ser un grupo de música que agota entradas y acumula millones de escuchas en Spotify, Hakuna es también un movimiento de católicos que propone actividades como retiros, formaciones, voluntariado, viajes, comunidades de creyentes, las llamadas Horas Santas... y con el que también las Hijas del Amor Misericordioso han trabajado estrechamente.

Esta tendencia que ha surgido con fuerza en los últimos años y que apuesta por un formato alejado de las propuestas más clásicas de la Iglesia está ocurriendo a nivel global y ya en 2019 la estadounidense Katherine Dugan lo calificó por primera vez de “cristianismo guay” en su libro Misioneros millennials: cómo un grupo de jóvenes intenta poner de moda el catolicismo. En él describe cómo en un contexto de progresivo abandono de la religión, se ha dado también un aumento de la devoción entre algunos jóvenes que con “fuerte vocación evangelizadora” promueven un catolicismo moderno, estéticamente atractivo y arraigado a la cultura pop.

El catolicismo 'cool' representa un empeño muy claro en cambiar las estrategias para hacerlas más adaptables y sensibles a un público joven, a sus gustos y sus contextos y entronca más claramente con sectores religiosos conservadores y de defensa de la tradición

Rafael Ruiz — Sociólogo y doctor en Ciencia de las Religiones de la Universidad Complutense de Madrid

El sociólogo y doctor en Ciencia de las Religiones de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) Rafael Ruiz explica que el “catolicismo cool” engloba “una amplia variedad de fenómenos” que tienen dos rasgos clave: por un lado, “un empeño muy claro en cambiar las estrategias” con las que atrer a la población a la religión para “hacerlas más adaptables y sensibles a un público joven, a sus gustos y sus contextos”. Y, por otro lado, una procedencia en términos generales de este tipo de movimientos “que entronca más claramente con sectores religiosos conservadores y de defensa de la tradición”.

“Es un cambio innovador e importante en las formas, pero no tanto en los contenidos. Descansa sobre un eje que mantiene a estos fenómenos unidos al conservadurismo”, explica Mónica Cornejo, profesora de Antropología de las Religiones en la UCM. De hecho, hay testimonios en Effetá que tocan temas como la homosexualidad, el aborto o el sexo “desde la culpa”, según explicó a elDiario.es una participante. Hakuna, por su parte, “no tiene un discurso claramente alineado” con el rearme antiderechos a nivel global, pero “conecta de manera indirecta”, dice Ruiz, que pone el ejemplo de su participación en el festival “de la Resurrección” que organiza la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), muy activa contra el aborto y la eutanasia.

Es un cambio innovador e importante en las formas, pero no tanto en los contenidos. Descansa sobre un eje que mantiene a estos fenómenos unidos al conservadurismo

Mónica Cornejo — Profesora de Antropología de las Religiones en la UCM

Del Opus Dei a Las Rozas

A Hakuna, Ruiz lo define como “un auténtico fenómeno de masas” que tiene mucho que ver con este “reencantamiento católico de la juventud” que convive con la secularización española y que ha estudiado junto a otros investigadores en De qué hablamos cuando hablamos de Hakuna: claves para entender el catolicismo cool en España, publicado en la Revista Española de Sociología. Su germen son las Jornadas Mundiales de la Juventud de Río de Janeiro de 2013, cuando fue impulsado por el exnumerario del Opus Dei José Pedro Manglano para expandirse después por colegios y centros madrileños de la obra, particularmente el Centro Universitario Villanueva.

Actualmente, Hakuna tiene presencia en decenas de ciudades españolas y también de fuera y desde que Manglano abandonara el Opus Dei en 2020, tiene su centro de operaciones en un antiguo convento de Las Rozas que fue la antigua sede de las HAM, ahora disueltas. Aunque la prelatura fundada por Escrivá de Balaguer y Hakuna tomaron caminos distintos entonces, Ruiz sí identifica “una suerte de estilo próximo” entre ambos. “La santidad en la vida cotidiana es exigida por el Opus Dei en el trabajo o en la familia, mientras que en el caso de Hakuna, en línea con este giro que protagoniza, se vuelca en el ocio y se aproxima a los gustos de los jóvenes”.

En Hakuna, esta coolización (hacer algo moderno o popular) de la religión viene muy mediada por el uso de las redes sociales y por el uso de una estética y un lenguaje que entronca con la población más joven. “Hay un dominio claro de la cultura de Internet y el estilismo y la iconografía de los carteles, los eslóganes o las proclamas están muy adaptados al marketing del siglo XXI, con narrativas muy cuidadas y sugerentes que conforman una identidad visual muy instagrameable”, explica el sociólogo, que hace referencia también a cómo las letras de las canciones del grupo “pueden conectar con cualquiera” porque aunque “tienen sentido desde la fe”, parecen seculares.

En Effetá la estrategia es diferente, pero también con elementos que pretenden generar un gran atractivo entre la población a la que se dirigen. “En este caso es todo lo contrario, no se usa la transparencia en redes, sino el secretismo. Y eso tiene mucho poder”, señala Ruiz. Con todo, hace falta solo una búsqueda rápida por TikTok para encontrar vídeos que mencionan el retiro y de un momento del fin de semana que sobresale por encima del resto, el único en el que se permiten los móviles y que muestra a los jóvenes en la ceremonia de cierre, eufóricos y abrazados, entonando el pegadizo himno del movimiento con banderas e imágenes de Jesús.

El orgullo de ser católico

En este sentido, Cornejo destaca otro elemento clave del “catolicismo guay” que es el de la experiencia: “En este tipo de fenómenos se pasa de la liturgia y la doctrina como centro de la religiosidad a otras alternativas más vinculadas a la vivencia de la religión, la emocionalidad y el encuentro con Dios y no tanto la rigidez de las ceremonias tradicionales”. La experta cree que este extremo es “fundamental” para explicar el éxito de estas propuestas, que toman prestado este modus operandi de las iglesias evangélicas de Estados Unidos, donde “la experiencia y la conversión rápida han funcionado muy bien”.

Para los especialistas consultados es difícil evaluar el éxito de estos fenómenos en términos cuantitativos, pero sí coinciden en señalar un efecto que tiene que ver con cierto orgullo identitario de mostrarse como católicos. “Hay mucho trasfondo de ponerlo en valor, de llevarse bien con esa identidad y de no avergonzarse”, dice Cornejo. “Frente a una tendencia que veníamos observando de testimonios de jóvenes que veían su religiosidad percibida como algo extraño o con prejuicio que les llevaba a ocultarla, estos movimientos con su visibilidad han logrado cierta normalización”, describe también Ruiz.

El tiempo, cree el sociólogo, será el que acabe dando más claves sobre estos fenómenos en expansión con los que algunos sectores eclesiásticos son críticos. “Una de las cuestiones que se observan es que el exceso de identificación de la propuesta cristiana con la cultura del marketing, de la alegría o el neoliberalismo puede acabar orillando otra parte del cristianismo que plantea una crítica al sistema en el que vivimos y tiene más que ver con la justicia social o las desigualdades”, esgrime Ruiz, que también advierte de los posibles prejuicios que suelen asociar juventud a superficialidad y “en lo que hay también que poner el foco”.

“Yo pienso que hasta que Sidders no esté detrás de las rejas no voy a poder sanar porque también tengo miedo por otros niños y niñas”. Lo dijo Daniela Silva, una víctima de abuso sexual del cura y docente Raúl Anatolly Sidders, en diciembre de 2020. Murió en septiembre de 2024, a los 32 años, a la espera del juicio contra su victimario sin saber que días antes del comienzo del proceso, el fallo Ilarraz de la Corte Suprema de Justicia de la Nación marcaría un peligroso precedente: anulación y prescripción. Ahora Sidders está en libertad.

Daniela denunció a Sidders en agosto de 2020, en plena pandemia, por hechos ocurridos entre 2004 y 2008. Su relato no fue el único, surgió en medio de una ola de denuncias de exalumnos del colegio San Vicente de Paul de La Plata que llevaron al capellán primero a prisión común, luego a domiciliaria. El de 10 de julio debía comenzar su juzgamiento, pero a menos de una semana el Tribunal en lo Criminal Nº 5 de La Plata determinó la “extinción de la acción penal por la causal de prescripción”, “sobreseer al imputado Anatoly Raúl Sidders” y otorgar su “inmediata libertad”, tras apoyarse en el fallo de la Corte Suprema que dejó libre al condenado Juan José Ilarraz, el exsacerdote condenado a 25 años de prisión por abusar sexualmente a siete menores en un seminario en la ciudad de Paraná, Entre Ríos.

Daniela murió por una enfermedad intestinal. Ella atribuía su origen al daño psicológico que le habían generado los abusos. “Llegó a incitarme a prácticas sexuales. Llegó a decirme que yo tuviese relaciones sexuales con un alumno y que mientras nosotros lo hacíamos, como yo no sabía, él nos iba a indicar todo cómo teníamos qué hacer. Él me enseñó lo que era la masturbación, lo que era una felación. Es difícil, yo esto lo tapé durante años. Traté de taparlo con años de silencio, y el silencio me provocó muchísimo muchísimo malestar en mí. A los 12 años tuve mi primer intento de suicidio y también a los 12 años, antes del intento de suicido caí internada por desmayos emocionales provocados por esto que me pasaba con Sidders”, describía Daniela en su testimonio, que fue revelado por Prensa Obrera junto a otras múltiples denuncias similares.

“El silencio me comió por dentro, literalmente. Me llevó a tener problemas en los intestinos por no hablar y hoy por hoy estoy operada de los intestinos y postrada en una cama porque todavía no sané ni por dentro ni por fuera”, compartía mientras los recuerdos le inundaban la mente. “Él me decía que no diga nada, que era lo que Dios quería para mí, que yo tenía que saber complacer un hombre porque el mandato de Dios era que la mujer tenía que saber complacer un hombre y que no se podía negar, y que preservativos no había que usar porque el fin de las relaciones sexuales era la procreación. Eso teniendo yo 10 años. Podría haber sido madre tranquilamente si le hacía caso a él”.

A Daniela la desvelaba el peligro que rondaba sobre nuevas víctimas porque ella no fue la única. “Por ejemplo un día dio una clase, dibujó un camino hacia las puertas del cielo y en el medio un abismo. Decía que los homosexuales se iban a caer en ese abismo. También nos llamaba yeguas, zorras, putas. Así nos decía, palabras textuales. Nos decía que nosotras las mujeres para lo único que servíamos era para comer, cagar y coger. Yo toda mi vida pensé que estaba sola y que nadie me iba a creer. Hoy sé que la gente me cree, que no estoy sola”, contaba.

El caso Iarraz: prescripción, sobreseimiento y un peligroso antecedente

El 1 de julio, la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó una sentencia del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos y dispuso el sobreseimiento por prescripción de la acción penal contra Justo José Ilarraz, exsacerdote acusado de haber cometido abusos sexuales contra seminaristas menores de edad en la ciudad de Paraná entre 1988 y 1992. El fallo del Máximo Tribunal estableció un precedente de peso sobre los límites de la imprescriptibilidad en causas de delitos sexuales cometidos en el pasado por miembros de la Iglesia Católica.

La decisión judicial marcó que el principio de legalidad penal no puede “flexibilizarse” aún cuando se trata de hechos aberrantes. En esa línea, subrayó que los tratados internacionales que garantizan la tutela judicial efectiva y los derechos de la niñez deben respetar la arquitectura constitucional argentina, sin derogar sus principios fundamentales.

El caso se remonta a 2012, cuando exalumnos del Seminario Arquidiocesano de Paraná denunciaron a Ilarraz por abusos cometidos cuando tenían entre 12 y 15 años. El acusado ya había sido sancionado canónicamente a través de un procedimiento eclesiástico que le prohibió permanecer en la arquidiócesis y tener contacto con los seminaristas. No obstante, tras abandonar la vida religiosa en 1998, fue reincorporado en 2000 y trasladado a una parroquia en Monteros, Tucumán, hasta su expulsión definitiva en 2012.

El tribunal entrerriano había rechazado la prescripción planteada por la defensa, al considerar que la gravedad de los hechos y la responsabilidad estatal de garantizar los derechos del niño justificaban su imprescriptibilidad. Ilarraz fue condenado a 25 años de prisión por corrupción de menores agravada y abuso deshonesto. Pero para la Corte Suprema, esa postura entra en colisión con el principio de legalidad consagrado en los artículos 18, 27 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional. Destacó que la imprescriptibilidad de los delitos debe estar prevista por ley y que la analogía con crímenes de lesa humanidad es inadmisible, dado que estos se caracterizan por una naturaleza y contexto radicalmente distintos.

“El reciente fallo Ilarraz de la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene una clara intencionalidad política que es garantizar la impunidad de los curas abusadores, en particular, y en general de todos los abusadores”, dijo a elDiarioAR la abogada de la familia de Daniela Silva, Pía Garralda.

“El tema de la prescripción ha generado mucho debate porque la particularidad que tienen este tipo de delitos es que, generalmente, no son denunciados al momento de los hechos. Sobre todo si las víctimas son menores de edad, porque identificar un ultraje sexual para niñes que todavía no tienen la madurez suficiente lleva tiempo. Por eso se considera que la prescripción tiene que ser distinta”, explicó. Y detalló: “Esto es así hasta el año 2011, cuando se sanciona la ley Piazza que establece un plazo de prescripción distinto, que es a partir de los 18 años de la víctima. Posteriormente, en el año 2015, se sanciona una nueva ley que establece que los delitos de abuso sexual empiezan a prescribir a partir de que se realiza la denuncia y/o ratifica la denuncia si las víctimas eran menores de edad y los denunciantes fueron las personas a cargo. El problema es con los casos previos al 2011 donde la Corte ha hecho esta interpretación priorizando una cuestión de paso del tiempo sin considerar que estos delitos particulares tienen que tener una atención especial respecto a los plazos en que la víctima puede empezar a denunciar, especificamente en los casos en que los abusadores son integrantes de un credo porque hay toda una institución detrás”.

Al respecto, Carlos Lombardi, abogado, profesor de Derecho Constitucional, especialista en Derecho Canónico y asesor de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico, agregó a este diario: “Mientras los delincuentes, los acusados, los procesados como abusadores sexuales, en este caso del clero, puedan contar con esa herramienta procesal van a hacer uso del mismo. Es más, una vez que se decretan los sobreseimientos o las figuras penales de no sanción, justamente por aplicación de la prescripción, ellos mismos y sus abogados, y estoy diciendo la Iglesia, el cura de turno acusado de abusador sexual y sus defensas, enarbolan la bandera de la inocencia”.

“Es algo relativo, porque son inocentes no porque no cometieron los hechos, sino por una estricta razón legal que es justamente que el Estado no puede perseguir por el paso del tiempo este tipo de delitos”, subrayó.

Para Lombardi es importante tener como primera consideración que en este tipo de casos “hay una fuerte contradicción entre lo que es el valor Justicia y el principio de lgalidad”. Explicó: “El fallo que sobreseé al cura Sidders es legal, sí. ¿Esa sentencia es justa? No. Porque a pesar del paso del tiempo las víctimas y las personas afectadas siguen soportando y sufriendo los daños ocasionados por los delincuentes sexuales mientras que al delincuente sexual el paso del tiempo no le afecta en lo más mínimo”.

Los fallos Ilarraz y Sidders sientan precedentes claves para numerosos casos similares que también discuten la vigencia de la acción penal por abusos sexuales contra menores cometidos antes de la vigencia de las reformas legislativas de 2011 y 2015.

“Chiruzas”, “yeguas” y “matar bebitos”: los polémicos mensajes de Sidders en TV

Raúl Anatolly Sidders tiene 65 años, se desempeñó 32 como cura. También fue dcoente en el colegio platense y conductor de televisión en un programa local que se llamaba “Ave María Purísima”. En esa emisión, apareciá con sotana negra, boina rural y hacía extensos monólogos con críticas a mujeres y diversidades. A su alrededor había una ronda de niños y niñas. Varias veces, incluso, aparecía una niña sosteniéndole el mate o una canasta con algún panificado. Durante un programa, Sidders apuntaba contra las minorías, diversidades, la democracia y los feminismos con duros insultos, lo que le valió una denuncia del Inadi.

“Unas 40 o 50 loquitas, son esas que estudian periodismo ahí en la Universidad Nacional de La Plata, que nosotros les pagamos el estudio para que ellas no estudien, y estaban en la puerta de la Catedral porque era el Día de la Lucha contra la Violencia de Género. Entonces, estas minas aprovechaban para ir a putear y amenazar que iban a quemar la Catedral contra la violencia... No hay peor violencia que aquella de las que pretenden matar a los bebitos que están por nacer, porque estas minas, unas chiruzas, como decía mi abuela, ¿no? cuando hablan de salud reproductiva, en el fondo, lo que están diciendo es que el bebito que está por nacer es una enfermedad, entonces como el bebito debe ser una enfermedad para las yeguas estas hay que sacárselo de encima...Amenazaban a la policía, pero bueno, nosotros somos católicos, creemos en un solo Dios verdadero que es Padre, Hijo y Espíritu Santo”, decía.

Este tipo de editoriales le valieron una denuncia ante el entonces Inadi por parte de Marta Úngaro, hermana de Horacio Úngaro, desaparecido en la Noche de los Lápices; Adelina Alaye, Madre de Plaza de Mayo; y Julián Axat, defensor penal juvenil, por discriminación y manipulación televisiva.

Esto derivó en que el Arzobispado platense levantara del aire el programa y se borraron de Youtube prácticamente todos los registros que daban cuenta de los discursos misóginos y discriminatorios, entre otros.

MM/MG

Los bomberos comenzaron con la instalación de la estufa en la Capilla Sixtina de la que saldrá la fumata para anunciar los resultados de la votación del cónclave. Empiezan a descontar los días para el comienzo de la elección y no solo los preparativos adquieren ritmo. También la actividad de los cardenales, en público y entre bambalinas.

Tras el descanso de este 1 de mayo, en el que no hubo congregaciones generales pero sí muchas reuniones a puerta cerrada, en casas cardenalicias, monasterios –e incluso online– se reanudaron las reuniones, en las que ya comienzan a delinearse más claramente perfiles y grupos. Da la sensación, apunta un purpurado a elDiario.es, que los cardenales decidieron “apretar el acelerador” para llegar al 7 de mayo, día del comienzo del cónclave, con bloques y candidatos perfectamente definidos.

Por el momento, los “papables” continúan siendo los mismos que, con ciertos vaivenes, la prensa lleva señalando hace unos días. El italiano Pietro Parolin continúa estando a la cabeza, seguido por el filipino Luis Antonio Tagle, el italiano Matteo Zuppi o el estadounidense Peter Turkson. Las opciones de los conservadores se limitan, al menos en lo que se señala en público, al húngaro Peter Ërdo o al sueco Anders Arborelius. Pero esto no significa que los grupos de presión se hayan estado quietos. Ni mucho menos.

La cumbre de los ultras

De hecho, tal y como relata La Stampa y pudo confirma elDiario.es, ya se produjo una primera cumbre ultra en casa del norteamericano Leo Burke, una de las grandes estrellas del ala conservadora en el Vaticano. El cardenal, asesor de Steve Bannon desde el primer mandato de Donald Trump y uno de los mayores críticos al pontificado de Francisco –llegó a acusarlo de herejía– recibió a un grupo de cardenales aprovechando la jornada de descanso en las congregaciones generales con motivo del Día Internacional del Trabajo.

En 2023 el Papa retiró la asignación que le correspondía a Burke como alto cargo de la Curia, y se le pidió que abandonara su apartamento en Via Rusticucci, a pocos pasos de la plaza de San Pedro. Al parecer, Burke continúa viviendo en la lujosa residencia, en la que suelen alojarse altos personajes de la curia, aunque ahora pagándoselo de su bolsillo. O del de sus benefactores del movimiento MAGA, uno de los grandes grupos de presión en este precónclave.

El grupo de los ultraconservadores está comenzando a tomar conciencia de la dificultad de imponer un candidato netamente tradicional, que revierta las reformas emprendidas por el pontificado de Francisco. Son muchos en el Vaticano los que dan por hecho que el “legado Bergoglio” continuará, al menos en lo que se refiere a la sinodalidad, la prioridad por los pobres y descartados y el diálogo con los alejados.

Expertos y religiosos presentes en los corrillos estos días interpretan que el sector ultraconservador se está convenciendo de que no es el momento para un antibergoglio en el solio pontificio, y que sus líderes –el propio Leo Burke, el guineano Robert Sarah, el alemán Gerhard Müller, el chino Joseph Zen, el italiano Beniamino Stella– pueden estar tratando de aglutinar sus votos en torno a un candidato que tenga suficiente consenso antes de entrar en la Sixtina. Todos los caminos llevan a Pietro Parolin.

45 apoyos iniciales

Según fuentes cardenalicias, el secretario de Estado podría llegar al cónclave con unos 45 apoyos, 15 más de los que tuvo el candidato más votado en la primera elección de 2013, monseñor Angelo Scola (Bergoglio fue subiendo tras un primer escrutinio con 26). Una cantidad no suficiente, pero sí muy importante, especialmente si desde el principio no surge un candidato del sector partidario de profundizar la renovación emprendida por Francisco.

Aquí entraría en juego el grupo de ultraconservadores, que podría sumar en torno a una decena de votos –son más los mayores de 80 en este sector, que los que entrarán en la Sixtina– con la condición (no escrita, pues este tipo de pactos están expresamente prohibidos por las reglas del cónclave) de que elija como secretario de Estado a alguien de su cuerda; en concreto, el húngaro Peter Ërdo.

Desde la casa de Burke se lanzan mensajes online a cardenales, pero también a medios de comunicación, refiriéndose a los criterios apuntados en la web de Edward Pentin, en la que se evalúan los perfiles de los papables en función de su defensa de la doctrina: ordenación de mujeres diáconos, bendición de parejas homosexuales, el celibato opcional, las misas en latín, el acuerdo Vaticano-China o el proyecto de Iglesia 'sinodal'.

La “herida” de los abusos sexuales

Más de 180 cardenales volvieron a encontrarse este viernes en la octava congregación general, con unos 120 electores presentes, aunque ya casi todos están en Roma. Quedan solo cuatro por llegar, si descontamos los dos que ya anunciaron que no participarán del cónclave por cuestiones de salud: el español Antonio Cañizares y el arzobispo emérito de Nairobi, el keniata John Njue.

 A lo largo de dos horas y media, hablaron 25 purpurados, que aterrizaron algunas cuestiones. La fundamental, el debate sobre los abusos sexuales y los escándalos financieros en la Iglesia católica, “una herida abierta que hay que cerrar”, y encontrar la fórmula de hacerlo. Se trata de un tema espinoso sobre todo estos días a causa de la polémica por el flagrante desafío de Juan Luis Cipriani, el cardenal del Opus sancionado por el Papa tras una acusación de abusos sexuales que está participando de las congregaciones y se pasea por el Vaticano vestido de cardenal cuando tiene una prohibición expresa de hacerlo.

El portavoz vaticano Matteo Bruni se sacudió como pudo las preguntas sobre Cipriani, sin ofrecer más información de la que ya se dio, con cuentagotas, en los últimos días. “Todos los cardenales tienen derecho a participar, salvo impedimento expreso”, insistió. Y rechazó confirmar si algún participante de la reunión había hecho referencia a la presencia de Cipriani cuando se habló de abusos. “Una cosa son las congregaciones y otra el cónclave”, matizó. Cipriani no tiene derecho a participar del cónclave porque es mayor de 80 años.

La organización estadounidense Bishop Accountability, que se ocupa de recopilar casos de abusos sexuales cometidos por sacerdotes y ayudar a las víctimas, acusó este viernes a dos papables en el próximo cónclave, el secretario de Estado, Pietro Parolin; y el cardenal filipino Luis Antonio Tagle, de no actuar ante los casos de abusos.

El grupo, que convocó una rueda de prensa este viernes en Roma, aseguró que “ningún funcionario eclesiástico en el mundo desempeñó un papel tan central en mantener oculta la información sobre delitos sexuales dentro del Vaticano como el cardenal Parolin”.

Mientras que sobre Tagle, actual proprefecto del dicasterio de la Evangelización y exobispo de Manila, dijo que “a pesar de hablar con elocuencia sobre la sanación de las heridas de las víctimas de abuso sexual por parte del clero”, sin embargo “ha sido ineficaz para mejorar la difícil situación de las víctimas de abuso sexual en la iglesia filipina.

En lo que sí fue claro Bruni fue en el desmentido de informaciones que sugerían una salud frágil cardenal Pietro Parolin, y que hablaban incluso de un desmayo el pasado miércoles. “No, no ha ocurrido. No es cierto”. Ante la pregunta sobre una posible intervención de médicos o enfermeros, la respuesta fue igual de rotunda: “No, en absoluto”.

Entre polémicas, desmentidos e intrigas avanza la semana previa al cónclave, ya con la chimenea instalada –los trabajos no terminaron– en la Capilla Sixtina. ¿Habrá pruebas de la fumata?, preguntaron los periodistas a Matteo Bruni en la rueda de prensa diaria. “Seguramente”, contestó, aunque no aclaró cómo ni cuándo.

El Papa Francisco ya habría firmado el decreto de disolución del Sodalicio de Vida Cristiana, una de las organizaciones ultra que estaban bajo la lupa del Vaticano, por los abusos de su fundador, Luis Figari, y de buena parte de su cúpula. Así lo ha reconocido la propia organización en un comunicado, después de que se filtrara la información a portales sedevacantistas.

A falta de la confirmación oficial por parte de la Santa Sede o de la Conferencia Episcopal peruana –reunida en estos días para renovar su cúpula–, se pone fin a un proceso que ya tuvo sus primeros resultados a mediados de agosto, cuando el Papa expulsó al propio Figari y a varios de los máximos responsables del Sodalicio, entre ellos a quien fuera director de la agencia ACI, uno de los aparatos de la propaganda anti-Bergoglio en la Iglesia, Alejandro Bermúdez.

“La información central sobre el hecho era cierta, pero contenía varias inexactitudes”, señala la Asamblea General del Sodalicio de Vida Cristiana, reunida en Aparecida (Brasil), dando veracidad a la filtración lanzada el sábado pasado según la cual, apunta la nota, “el Santo Padre había disuelto a nuestra sociedad de vida apostólica”.

Entre las razones, la ausencia de un carisma fundacional legítimo y a los graves casos de abusos cometidos por su fundador, Luis Fernando Figari, y otros miembros destacados, expulsados en los últimos meses.

En un inédito comunicado, la 'Asamblea General del Sodalicio' recalca que, tras conocer la publicación de dicha comunicación, “y ante la gravedad de los hechos”, se exhortó a que “los responsables asumieran el despropósito de haber filtrado una información absolutamente de carácter reservado”. Dos sodalités reconocieron “haber violado las reservas del caso y, luego de pedir perdón a los presentes, fueron expulsados definitivamente de la Asamblea”, lo cual permite colegir dos cosas: una, que es cierto que se informó de la disolución; dos, que la filtración no provino del cardenal Ghirlanda, uno de los encargados, junto a Charles J. Scicluna y Jordi Bertomeu, de la investigación contra la organización.

“Lamentamos que la inconducta de estos dos miembros haya podido ser aprovechada por la prensa para generar dudas sobre que haya sido el Card. Gianfranco Ghirlanda SJ, Delegado pontificio del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica (DIVCSA), quien haya filtrado la noticia”, señala el comunicado.

Finalmente, y lejos de lo que postulan otros ilustres ex-sodalités, como el propio Bermúdez, quien en un vídeo colgado en su canal de Youtube ha llamado a “resistir” a Bertomeu, la asamblea “se deslinda de toda otra noticia que haya salido o salga de la prensa relacionada a la Asamblea, al Sodalicio, al Santo Padre, en el cual confiamos y al cual obedecemos, a Mons. Jordi Bertomeu Farnós y al Card. Gianfranco Ghirlanda, SJ.”.

Ahora, únicamente resta dar oficialidad a la muerte canónica de uno de los grupos más relevantes a la derecha del Vaticano de las últimas décadas. Una caída que se suma a la reciente intervención canónica del Instituto del Verbo Encarnado, y con la mirada puesta en el futuro del Opus Dei.

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La Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos de Argentina recordó los casos de sacerdotes denunciados por abusos, acusó de “encubridores” a los obispos que se reúnen desde el 11 de noviembre y hasta este viernes en la 125 Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) y llamó a denunciar los casos ante la justicia penal y no dentro de la iglesia.

“Mientras la iglesia católica argentina se pudre por la cantidad de curas denunciados por abusos de distinta índole, especialmente sexuales, los obispos continúan repartiéndose el poder en Argentina”, señaló la organización en un comunicado y añadió que las “cabezas” de la CEA, que estos días elige nuevas autoridades, “son conocidos obispos encubridores de curas abusadores”.

A continuación, menciona una serie de nombres de sacerdotes con causas abiertas y condenados y de los obispos que consideran que los encubrieron. Y después apunta contra el papa Francisco: “La ‘tolerancia cero de Francisco’ son sólo palabras. Las palabras y buenas intenciones no salvan a los niños y personas vulnerables de personas perversas dentro de la institución que Bergoglio dirige. Es un problema estructural de abusadores y encubridores”.

“Se escucha mucho que la iglesia colabora con la justicia, y Bergoglio lo repitió hasta el extremo... pero en nuestra historia como red, después de haber participado en más de 13 juicios a curas, monjas y laicos involucrados en delitos, y donde se les llamó a ‘declarar’ a los obispos, o no acudieron o se sujetaron a su derecho a declarar por escrito. Esa es la gran colaboración a la justicia de la jerarquía de la iglesia católica argentina, hoy representada en su totalidad y en Asamblea Plenaria CEA”, añade.

Como conclusión, la Red “hace un llamado urgente a 'no denunciar en la iglesia' como lo están pidiendo ellos mismos en ‘obediencia a Francisco’ sino a ‘denunciar a la iglesia’ en la justicia penal”.

El papa Francisco aprobó la expulsión de cinco miembros del grupo apostólico Sodalicio de Vida Cristiana (SVC) por abusos sexuales, algunos contra menores, abuso del cargo y contra la administración de los bienes eclesiásticos, según informó la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) este miércoles.

La CEP detalló en un comunicado que el Papa tomó esta decisión tras valorar las defensas correspondientes a las denuncias que emergieron durante la misión especial confiada a Charles J. Scicluna, arzobispo de Malta y secretario adjunto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, y al oficial de dicho Dicasterio, Jordi Bartomeu, entre julio y agosto del año pasado.

De los cinco expulsados, dos fueron anunciados este miércoles, el exasistente de espiritualidad, Jaime Manuel Baertl, y el exasistente de temporalidades, Juan Carlos Len. “Para adoptar tal decisión se ha considerado la gravedad del abuso sexual cometido por uno de los acusados, así como la responsabilidad personal de estos dos consagrados en numerosas irregularidades e ilícitos cometidos por empresas vinculadas al Sodalicio de Vida Cristiana”, reza el comunicado.

El comunicado señala también que algunas gestiones económicas e inversiones promovidas por Baertl y Len en el interior del Sodalicio, “oportunamente detectados” por la misión especial con ayuda de los organismos económicos de la Santa Sede, “constituyen acciones pecaminosas que traicionan el Evangelio”. Estas son “ilícitos canónicos intolerables” que, más allá del escándalo suscitado a nivel internacional, desfiguran la misión evangelizadora de la Iglesia y merman severamente su credibilidad, poniendo también en peligro la sana cooperación que regula las relaciones entre la Iglesia y el Estado peruano.

Al anunciar “medidas contundentes” contra el Sodalicio, se podría dar a entender que el Vaticano está dispuesto a aprobar la disolución del Sodalicio, según apunta Religión Digital.

Los otros tres expulsados anunciados este lunes son el exasistente de temporalidades, comunicaciones y apostolado y exvicario general, José Andrés Ambrozic, Ricardo Adolfo Trenemann y el reverendo Luis Antonio Ferroggiaro.

La CEP detalló que se trata de casos de abuso sexual, en algún caso incluso en menores, también abuso del cargo y de la autoridad, particularmente en su forma de abuso en la administración de bienes eclesiásticos.

Hace un mes, el Papa aprobó la expulsión de 10 miembros del Sodalicio, entre los que se encuentra su exsuperior general Eduardo Regal y el arzobispo emérito de Piura, José Antonio Eguren, por abusos físicos con sadismo, abuso de autoridad y contra la administración de los bienes eclesiásticos.

Estas medidas se tomaron después de la expulsión del fundador de esta sociedad apostólica, Luis Figari, el 14 de agosto pasado, por las denuncias de abusos sexuales presentadas en su contra y otros directivos del Sodalicio, que fueron documentadas en el libro 'Mitad monjes, mitad soldados' de los periodistas Pedro Salinas y Paola Ugaz en 2015. 

Los miembros del autodenominado “El Grupo”, una comunidad espiritual de la Compañía de Jesús para catequesis, retiros y oraciones en Madrid, recibieron el pasado lunes una carta oficial con membrete de su organización. En ella, los guías espirituales les relataban que los rumores que habían oído y por los que habían preguntado eran ciertos: el conocido cura J. M. había sido denunciado en el pasado por abusos mientras fue religioso allí, cuando había tenido contacto permanente con cientos de niños, jóvenes y adultos, a muchos de los cuales acompañó en retiros y a solas.

“En el año 2015, el entonces Provincial de la Compañía de Jesús recibió dos denuncias contra J. M. por comportamientos no adecuados en el contexto del acompañamiento espiritual durante su etapa como cura de la Comunidad de Grupos Católicos Loyola –como se conoce también a esta comunidad, con sede en el barrio de Salamanca–. Posteriormente se recibieron cuatro nuevos testimonios”, dice la misiva, a la que ha tenido acceso elDiario.es.

¿Qué es un “comportamiento no adecuado”? La Compañía de Jesús ha contestado a las preguntas de este medio diciendo que fue “una denuncia de comportamiento impropio” y que “hay que entender que el concepto de abusos engloba conductas muy distintas”. Añaden que “no tenía recorrido judicial” y repiten que “en este caso se trataba de conductas inadecuadas en la relación de acompañamiento”, sin especificar más ni referirse a los otros cinco testimonios de los que habla la carta.

Los hechos que se denunciaban eran anteriores al año 2009, año en el que el religioso había dejado esta comunidad, y afectaba a menores de edad, pero también a mayores de edad. ¿Qué había hecho la Compañía de Jesús? En la carta recién enviada, fechada el día 23 de este mes, el grupo de oración explica que en 2015 se abrió una investigación “que culminó en un Decreto canónico con unas medidas por 5 años”.

Entre las medidas se encontraba “la prohibición explícita a J. M. de actividad pastoral con menores, también la participación en actividades de los Grupos Loyola así como cualquier acompañamiento espiritual”. elDiario.es ha preguntado a la Compañía adónde se le trasladó, sin haber obtenido respuesta concreta. De los mayores de edad, pese a que también se habían relatado abusos o “comportamientos impropios”, no se le apartó específicamente.

Un secreto a voces

Es el caso de Miguel (nombre ficticio, ya que prefiere no ser identificado), miembro de la comunidad en los años en los que J. M. orientaba a jóvenes: “A mí me pasó siendo ya universitario, mayor de edad, a principios de los 2000. Estando de retiro, me acompañé con él individualmente en jornadas de silencio. En un par de sesiones me abrazó de una manera fuera de lo común, me respiraba encima como jadeando. Me metió la mano por debajo de la camiseta y empezó a palparme la espalda. Encima eran jornadas de silencio, en las que no está permitido hablar, con lo cual el contexto era muy propicio para alguien así”.

Por aquel entonces, el religioso no había sido denunciado oficialmente a las autoridades eclesiásticas y tenía vía libre en todas esas sesiones, pese a que era un secreto a voces. “Muchos lo sabían”, relata Miguel. “De hecho, recuerdo que se lo dije a un religioso y no hizo absolutamente nada, realmente no hubo ninguna consecuencia”.

En la misiva enviada a su comunidad, los jesuitas admiten que en 2021 se revisó el caso y todo siguió igual, pese a que la conciencia social de los abusos era mayor, las denuncias públicas se multiplicaban y el Vaticano había pedido más controles. “Se revisaron las medidas y a día de hoy se mantiene la prohibición pastoral y de acompañamiento con menores, así como la participación en actividades y se le pide que el contacto que mantenga sea personal y no apostólico”. Preguntada la Compañía qué quiere decir cuando permite el contacto personal o dónde está ahora, no da una respuesta concreta.

Tanto el reciente plan de la Iglesia contra los abusos como el propio protocolo específico de la Compañía de Jesús, colgado online, obligan a ayudar a denunciar o a reparar a las víctimas de diversas maneras, también económicamente. Según la misiva oficial, “en uno de los casos la Compañía de Jesús facilitó a la víctima el proceso de reparación que solicitó”. Del resto, nada se sabe. Los jesuitas tampoco han respondido las preguntas concretas a este respecto.

La carta recoge también las palabras textuales del actual Provincial, el líder de la Compañía desde 2023, en las que pide perdón y justifica la actuación de la organización: “Aunque ahora duela esta revelación y la sombra que representa, no anula mucho de lo que en la vida de J. también ha sido entrega, servicio y el deseo de acertar al compartir el evangelio. Como provincial actual de J., en nombre de la Compañía de Jesús os pido perdón, como ya en su momento hicimos con las víctimas”, relata la carta.

También pone de manifiesto que el abusador asumió implícitamente la culpabilidad: “De acuerdo con la voluntad expresada por los denunciantes, J. nunca ha sabido el origen de las acusaciones, pero mostró desde el primer momento una firme voluntad de revisar sus conductas del pasado y las raíces profundas de éstas, lo que ha supuesto un proceso de revisión personal”.

Con eso y con todo, no ha sido expulsado de la Iglesia ni denunciado, y continúa su vida espiritual sin que haya habido más consecuencias públicas o legales. “En todo momento se ha atendido a la voluntad de las víctimas, en lo que respecta al anonimato, y a los procesos de reparación cuando lo han pedido. Pero no nos corresponde a nosotros dar más información sobre ello”, concluyen fuentes oficiales de los jesuitas de manera genérica.

Si tenés información sobre este caso u otros simillares, podés hacernos llegar documentación o datos confidenciales a través de pistas@eldiario.es

Es, junto a Marcial Maciel, fundador de los Legonarios de Cristo, uno de los mayores depredadores sexuales en la historia de la Iglesia. Como el mexicano, el peruano Luis Fernando Figari también fundó una congregación religiosa, el Sodalicio para la Vida Cristiana (SVC), que durante décadas llenó los seminarios (y las arcas) de la Iglesia católica con un más que dudoso carisma y acusaciones constantes de abusos sexuales, de poder y blanqueo de capitales.

Las víctimas, al menos medio centenar, comenzaron a denunciar en 2001, sin que nadie les hiciera el más mínimo caso. Dos periodistas, Paola Ugaz y Pedro Salinas, casi entran en la cárcel tras una investigación, 'Mitad monjes, mitad soldados', en la que desentrañaban la trama sexual y económica del fundador y sus secuaces. Ahora, gracias a una investigación encargada por el Papa Francisco a sus colaboradores Charles J. Scicluna y Jordi Bertomeu, el Vaticano dictaminó la expulsión de Figari del Sodalicio, cuya disolución podría ser decretada en las próximas semanas. Y es que, a diferencia de Maciel, los detectives vaticanos pudieron demostrar que Figari abusó de menores antes de fundar el Sodalicio. “Y no se sostiene que Dios entregara un carisma fundacional a un depredador”, revelan fuentes cercanas a la decisión.

La 'misión especial de investigación' encargada a Scicluna y Bertomeu fue “un empeño personal del Santo Padre”, aseguran fuentes vaticanas, que confirman que desde la primera denuncia, en 2001, hasta 2024, las víctimas no lograron que se reconociera su status. Algo que el Vaticano ya rectificó. “Es una decisión histórica”, valora Pedro Salinas, uno de los periodistas que destapó la trama de Figari y el Sodalicio, y que espera que a Roma “no le quede más remedio que dictaminar la disolución de este grupo”, y la pérdida de la inmunidad de la que todavía goza Figari, recluido en una casa de ejercicios de Italia para no enfrentarse a las peticiones de la Fiscalía peruana, que ahora podría reabrir el caso por la vía penal, que hasta el año pasado parecía prescrita. “Durante años, se ha revictimizado a los supervivientes, y Figari y los suyos se han crecido, manipulando a la justicia peruana para encubrir sus delitos”, asumen fuentes de la investigación, que instaron al Vaticano a tener “instrumentos más ágiles para cortar de raiz tanta corrupción”.

Lo cierto es que desde este miércoles, Luis Fernando Figari fue expulsado de la organización que él mismo fundó en 1971, el Sodalicio de la Vida Cristiana, tal y como anunciaba, en un comunicado, la Conferencia Episcopal peruana. En el mismo, se informaba “del Decreto emitido por el Dicasterio para la Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica - Santa Sede, que informa la expulsión del Sr. Luis Fernando Figari Rodrigo, de la sociedad de vida apostólica Sodalicio de Vida Cristiana”.  

Según el decreto, los dos investigadores vaticanos, a quienes Francisco les dio el pasado 6 de agosto “la potestad de disponer, pro bono Ecclesiae, la expulsión del Sr. Luis Fernando Figari Rodrigo, de la citada Sociedad de Vida Apostólica”, confirmaron pruebas de actuaciones “incompatibles y por tanto inaceptables en un miembro de una institución de la Iglesia” por parte de Figari. A su vez, insistieron en el “escándalo y grave daño al bien de la Iglesia y de cada uno de los fieles”, por lo que tomaron la decisión “con la finalidad de restablecer la justicia dañada por el comportamiento tenido por el Sr. Luis Fernando Figari Rodrigo a lo largo de muchos años, así mismo para proteger en el futuro el bien individual de los fieles y de la Iglesia”.

La investigación vaticana arrancó en julio de 2023, después de que la Santa Sede tomara en consideración los informes llevados a cabo por Paola Ugaz y Pedro Salinas. En concreto, Francisco envió al país a sus dos colaboradores con un mandato especial para “investigar, escuchar y presentar un informe” sobre el caso del Sodalicio. Dicho informe, demoledor, ya provocó el 2 de abril la renuncia del arzobispo de Piura (al norte de Perú), el español José Antonnio Eguren, por haber encubierto sistemáticamente acusaciones de casos de abusos y otras irregularidades por parte de altos responsables del Sodalicio. Ante las denuncias, la organización quiso zanjar la polémica, admitiendo algunos abusos de su fundador y de tres de sus principales colaboradores: el fallecido Germán Doig, y Virgilio Levaggi y Jeffrey Daniels, que fueron expulsados de la misma. Sin embargo, la Fiscalía peruana archivó las denuncias al no poder extraditar a Figari, a quien se le hacía responsable de al menos 36 abusos.

La respuesta del Sodalicio no se hizo esperar. En un comunicado, su actual superior, José David Correa, trata de justificar que en 2019 él mismo pidió al Papa la expulsión de Figari. “Luis Fernando Figari es el fundador histórico del Sodalicio de Vida Cristiana, pero no es un referente espiritual para nuestra comunidad ni para la Familia Sodálite”, recalca el Sodalicio en lo que fuentes de la investigación interpretan como un último intento de parar su propia disolución, que habría de ser, necesariamente, el siguiente paso a dar por las autoridades del Vaticano.

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Después de años de continuas negativas, en algunos casos rotundas, y pocos días antes de viajar a Roma para un imprevisible encuentro con el Papa Francisco, la Conferencia Episcopal anunció la aprobación de un “plan de reparación integral” a las víctimas de la pederastia clerical en el que, por primera vez, se indemnizará económicamente a los supervivientes, sin que necesariamente tenga que mediar una sentencia judicial en firme.

“La Iglesia va a reparar siempre. La Iglesia se hace cargo de indemnizaciones si media sentencia judicial, y si no la hay, también lo vamos a hacer”, aclaró el secretario general de la CEE, César García Magán, en una rueda de prensa en la que no se entregó el citado plan, ni tampoco el texto titulado Enviados a acoger, sanar y reconstruir. Mensaje de la Asamblea Plenaria al Pueblo de Dios, y en el que los obispos hacen “una petición de perdón explícita, clara, directa a las víctimas”, así como “el anuncio de un plan de reparación integral a las víctimas”, según adelantaron.

En el documento, los obispos se comprometen a “ser transparentes en este proceso y a rendir cuentas ante las víctimas, la Iglesia y Dios”. Queremos expresar sin ambages el dolor, la vergüenza y la pesadumbre que causa en nosotros esta realidad que traiciona el mensaje del Evangelio. De ninguna manera, pretendemos buscar excusas o justificaciones para eludir cualquier responsabilidad que pueda correspondernos como Iglesia“, apunta el mensaje, que reconoce que ”el sufrimiento lo han causado no solo los abusos sino también el modo en que, a veces, se han tratado“, aunque matiza que ”poner el foco únicamente en la Iglesia es desenfocar el problema. Las recomendaciones y las medidas que hay que tomar no solo deben ser dirigidas a nosotros, sino a toda la sociedad“.

El texto, aprobado por unanimidad, se admite como un 'informe' a presentar este martes al Papa Francisco. “Es una palabra que queremos enviar a los fieles y a la sociedad”, indicó el obispo auxiliar de Toledo, quien añadió que el texto “está centrado en el tema de las víctimas”, e incluye “una petición de perdón explícita, clara, directa a las víctimas”, así como “el anuncio de un plan de reparación integral a las víctimas”.

“El texto está muy encuadrado en las víctimas, para manifestarles nuestro perdón, nuestro deseo de ayudar”, añadió García Magán. “También hay una palabra de esperanza y de consuelo al resto del pueblo de Dios, porque la víctima está en el centro. Esos delitos han sido un atentado contra las víctimas, y también contra el pueblo de Dios”.

Lo que no harán los obispos es esperar a la auditoría de Cremades, que las últimas decisiones episcopales intentan desactivar antes de la pretendida publicación del informe definitivo, prevista –si no hay contraorden, porque la CEE, a esta hora, todavía no ha decidido qué hacer con él– para el 15 de diciembre. Sí que parece claro que en el nuevo organismo que dictaminará las indemnizaciones a las víctimas, y que todavía no ha arrancado a andar, no estará Cremades, pues “será desarrollado por los órganos competentes de la CEE”.

En este sentido, Magán explicó que el pasado viernes “Javier Cremades envió por correo electrónico, no la auditoría, sino un borrador sujeto a cambios, con un informe de unas 800 páginas, que no se corresponde con el índice inicialmente aprobado”. Posteriormente, envió tres anexos, con cuadros de denuncias, tablas de prevención de las diócesis y de las congregaciones religiosas. Lo que sí hizo el portavoz episcopal fue recordar al bufete que ellos no pueden publicar la auditoría sin el permiso “de la propiedad, que es quien la encarga” y que, según adelantó elDiario.es, ya ha pagado más de 1,2 millones de euros.

Así, “se ha aprobado un plan de trabajo, que ha presentado el Servicio de Coordinación de las Oficinas de Protección de menores”, basado en la “atención a las víctimas, la prevención y la reparación integral, con todas las perspectivas, también la económica”.

En cuanto a los plazos, el portavoz de la CEE insistió en que “se va a hacer lo antes posible, pero tenemos que cumplir unos requisitos estatutarios” que no terminó de explicar. Lo que sí parece claro es que, por primera vez, los obispos admiten que se pagarán indemnizaciones, independientemente de que haya sentencias judiciales en firme. “La Iglesia va a reparar siempre. La Iglesia se hace cargo de indemnizaciones si media sentencia judicial, y si no lo hay, también lo vamos a hacer”, recalcó.

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El Ministerio Público Fiscal de Mendoza (MPF) presentó los recursos formales contra la sentencia que absolvió en octubre último a todas las acusadas en el expediente por los delitos cometidos a menores hipoacúsicos en el Instituto Próvolo de la provincia, informaron hoy fuentes judiciales.

Se trata de la sentencia dictada por las juezas Gabriela Urciuolo, María Belén Salido y María Belén Renna, quienes absolvieron a las mojas Kumiko Kosaka, Asunción Martínez, la exdirectiva Graciela Pascual, entre otras imputadas, quienes habían llegado al juicio acusadas de participes en las causas conocidas públicamente como Próvolo II.

En un extenso recurso Alejandro Iturbide, fiscal jefe, y Gonzalo Nazar, fiscal adjunto penal, “han planteado todos y cada uno de los vicios de la sentencia”, informó hoy en un comunicado el MPF mendocino.

Añadieron que los funcionarios judiciales pidieron “su entera anulación a la Suprema Corte de Justicia, en pleno, es decir, con intervención de sus siete miembros dada la trascendencia de los temas aludidos que exceden el interés de las partes de este caso al referirse al tratamiento de personas con discapacidad”.

Entre los “agravios principales” destacaron “no haber valorado el testimonio de las víctimas conforme las pautas internacionales en casos de abusos sexuales ocurridos en la infancia, para mujeres en su mayoría, y personas con discapacidad”

Mencionaron, además, haber quitado valor a los informes del Equipo de Abordaje en Abuso Sexual dependiente del MPF ( E.De.A.A.S.) bajo el argumento de “trabajar sus profesionales sólo con sesgo de confirmación de los hechos”, siendo que las tres juezas “en momentos inmediatos anteriores a la sentencia e incluso en tiempo concomitante, dictaron otras sentencias condenatorias valiéndose de informes del mismo organismo, sin queja alguna y considerando valioso el aporte de sus profesionales”.

También cuestionaron “no haber tratado veintidós pruebas invocadas por la Fiscalía, entre testimoniales y documentales, que podrían haber dado un rumbo distinto a la sentencia. No hay una sola palabra sobre estas pruebas”.

Y las acusaron de “haber mejorado la posición de los defensores, en varias situaciones, realizando planteos que ellos no efectuaron y considerando pruebas que no produjeron en el debate”.

Las juezas dieron a conocer su veredicto luego de más de dos años de debate el 18 de octubre ultimo, que constó de más de 300 audiencias y la declaración de más de 100 testigos.

Nueve mujeres llegaron imputadas al juicio, aunque finalmente la parte acusatoria solo pidió condena para 5 de ellas en la etapa final, y entre ellas, Kosaka tenía 6 imputaciones como partícipe primaria y una como autora de uno de los abusos, mientras que para la exrepresentante legal del Próvolo, Graciela Pascual habían pedido 18 años de cárcel como partícipe primaria y para la monja, Asunción Martínez la parte acusatoria solicitó 10 años de prisión, también imputada como partícipe por omisión.

Durante la etapa de alegatos de cierre, los defensores habían solicitado la absolución de las religiosas y de las otras imputadas, en tanto la fiscalía y la querella habían solicitado penas de 3 a 25 años de prisión.

El primer juicio fue abreviado, el 25 de septiembre de 2018, en el que el monaguillo Jorge Bordón, también exempleado administrativo en el Instituto Próvolo, confesó la autoría de los hechos y recibió una pena de 10 años de prisión.

El segundo, el 25 de noviembre de 2019, fue el que condenó a los curas Nicolás Bruno Corradi a 42 años de prisión y a Horacio Corbacho Blanc a 45 años. El jardinero Armando Ramón Gómez, por su parte, recibió 18 años de cárcel.

MM con información de Agencia Télam.

La investigación A 20 años del caso Grassi, 128 miembros de la Iglesia católica fueron denunciados por abuso sexual publicada por elDiarioAR el 22 de octubre de 2022 recibió el segundo premio en la categoría Información General de la 34ª edición del certamen anual “Premios ADEPA al Periodismo”.

Se trata un premio con el que cada año la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas premia la excelencia en el ejercicio de la profesión y que en esta oportunidad distingue el trabajo realizado por Mariana García, subdirectora de elDiarioAR, junto con Alicia Alvado, quienes llevaron adelante esta investigación en la que también participaron Nadia Burgués (edición), Victoria de Masi (textos) y Marcelo Morán (Infografía). A lo largo de diez notas, publicadas al cumplirse veinte años del inicio del caso Grassi, el equipo de elDiarioAR mostró como fue el recorrido de los abusos sexuales y de poder dentro de la Iglesia, cuáles fueron sus complicidades, y quienes los condenados y quienes aún siguen impunes.

Después de meses de trabajo, la investigación logró mostrar que a partir de que la denuncia contra Julio César Grassi se hizo pública, los casos comenzaron a salir a la luz, uno tras otro. En 20 años, se acumularon al menos 128 denuncias contra miembros de la Iglesia. Sin embargo, en ese tiempo solo hubo 31 condenados por la justicia, 28 expulsados del estado clerical -la máxima sanción que puede recibir un sacerdote por parte de la institución-, mientras que 11 recibieron tanto una condena judicial como una la expulsión del estado clerical. Seis monjas fueron denunciadas, ninguna de ellas fue condenada. La investigación incluye la lista completa de los 128 acusados.

La investigación mostró también como a lo largo de 60 años la Iglesia tomó medidas que no han servido de mucho para evitar abusos que se siguen cometiendo y sancionar la impunidad que los abusadores parecen tener garantizada. Otra de las notas, dio cuenta de como el traslado de los denunciados fue el mecanismo elegido para el encubrimiento.

El pasado 4 de noviembre, Emilia Delfino, periodista de elDiarioAR junto a sus colegas de La Nación e Infobae, resultó ganadora por la investigación de Pandora Papers con el Premio Fopea 2022

El informe elaborado por el Defensor del Pueblo de España permite una primera aproximación oficial –e institucional– al modus operandi de los abusadores sexuales dentro de la Iglesia. Y lo hace a través de los testimonios de supervivientes que fueron escuchados por los miembros del grupo de trabajo creado para la investigación.

Después de 15 meses de trabajo y la entrevista pormenorizada a 487 personas que relataron ser víctimas, el análisis de la información recogida revela que lo más habitual eran abusos “episódicos”, es decir, que ocurrían varias veces. También deja claro que el escenario más habitual de las agresiones fueron con mucha diferencia, los centros de enseñanza (63,2%).

En el 84% de los casos afectaron a varones y casi la mitad tenían entre 6 y 12 años. El segundo grupo más numeroso eran adolescentes o preadolescentes de hasta 18 años. El grueso de los testimonios se refieren a abusos cometidos entre las décadas de 1960 y de 1980, pero se han registrado también episodios más recientes, de la década de 2010.

La ventana abierta por la institución dirigida por Ángel Gabilondo a los supervivientes permitió reunir relatos de personas que directamente sufrieron los abusos –la mayor parte– y víctimas comunicadas indirectamente. El número de agresores señalados asciende a 347, de los cuales todos excepto 27 eran religiosos. Ninguna de las personas que contaron sus historias al Defensor del Pueblo fue identificada y todas aparecen en el informe con un número.

El trabajo, de 777 páginas y bastante duro con la Iglesia católica, desgrana los mecanismos que permitieron que estos hechos permanecieran silenciados y encubiertos tantas décadas: el miedo a contarlo e involucrar a una institución con un gran poder, la sensación de “abandono” de la mayoría de las víctimas, el desconocimiento propio de la edad infantil sobre la sexualidad, las estrategias de poder de los abusadores para protegerse y la falta de acción por parte de la Iglesia, según el informe presentado este viernes. “La respuesta de cargos superiores, en casi todos los casos en los que se sabe que tenían conocimiento de los abusos sexuales, fue ocultarlos”, afirma la institución.

El temor a revelar los abusos se mantuvo en muchos casos hasta la edad adulta. E incluso, ciertas víctimas admiten que no lo hicieron hasta que fallecieron sus progenitores. Algunas personas lo contaron por primera vez en su vida a esta institución, recoge el informe. “Jamás se lo conté a nadie. Primero, porque no entendía lo que pasaba. Ni siquiera sabía si lo que me ocurrió se consideraba una práctica sexual o un juego. Carecía de criterio y experiencia. Pero más tarde, cuando fui haciéndome más mayor, no lo conté por vergüenza”, dice una de las personas entrevistadas.

El sentimiento de “abandono”

La sensación de “abandono” atraviesa tanto a las personas que no denunciaron –no lo hicieron por vergüenza y también por la desesperanza ante que hubiera consecuencias por la “poca implicación de los poderes públicos” y de la Iglesia– como las que sí lo revelaron.

La reacción más repetida en el abordaje por parte de la Iglesia ante el conocimiento de un caso fue, o bien el silencio, bien el traslado del agresor a otra localidad o incluso a otro país. “Esta respuesta podía basarse en la creencia de que, una vez separado de la víctima, el comportamiento del agresor cambiaría, creencia que luego ha resultado ser errónea”, afirma la institución en su informe. Se apoya en testimonios como estos:

“No es el sacerdote el único culpable, creo que la comunidad entera lo sabía. De hecho, cuando supieron, le cambiaron de colegio, no le limitaron su acceso a los menores. Este sacerdote, por ser el hermano del ministro de Marina de Franco, tenía una ascendencia particular [...] Su habitación era como un apartamento de soltero, entraba y salía quien quería, o sea que la orden religiosa y sus compañeros del internado le permitían un estilo de vida que no era lo habitual…”.

“Mientras sucedía el abuso en el despacho del director, los niños más mayores aporreaban la puerta para que me dejara en paz. Si esos estudiantes gritaban y hacían ruido, ¿por qué el resto de religiosos no hacía nada por evitarlo?”

En otros casos, contarlo a las familias aisló más a la víctima por la incomprensión de su entorno: “En una ciudad muy conservadora, el criticar a un clérigo que se propasaba con las manos, era poco menos que la imaginación de los niños, eran intencionalidades de ofender y de socavar el buen nombre de la Iglesia, de los clérigos. Mis padres me dijeron: ”como sigas diciendo esto, te va a costar caro“.

Mientras sucedía el abuso en el despacho del director, los niños más mayores aporreaban la puerta para que me dejara en paz. Si esos estudiantes gritaban y hacían ruido, ¿por qué el resto de religiosos no hacía nada por evitarlo?

Respecto a las víctimas, “las personas que conocían los abusos tomaron diferentes vías para silenciarlas”, clarifica el informe, que muestra cómo denunciar las agresiones era muy complicado por mecanismos de encubrimiento perfectamente engrasados. Un caso extremo es el de amenazar con expulsar a la víctima del colegio para evitar que revelara más información: “Con 14 años le dije al director del colegio, quien no me creyó y me amenazó con expulsarme si continuaba contándolo. No hubo ninguna consecuencia para el agresor”.

Una persona que dio su testimonio asegura que cuando lo contó le dijeron que no debía decírselo a sus padres ni a sus amigos. “Tienes derecho a la imagen, pero debería ser informado el padre provincial”, le refirieron. Al cura, añade en su relato, “no le pasó nada, continuó en contacto con niños e incluso tenía un espacio para llevar a los jóvenes a los que llamaban ”problemáticos“.

Las situaciones relatadas, en las que muchas víctimas describían una sensación de estar sin salida, acarrearon problemas de salud mental a largo plazo. Los trastornos psicológicos y de conducta atraviesan a ocho de cada diez; un tercio de los entrevistados mostraron síntomas depresivos mientras la insatisfacción y disfunción sexual se registran en más del 30% de los casos.

“La presencia de sentimientos de culpa y de ansiedad aparecen también en alrededor de un tercio de las entrevistas”, revela el informe, que asegura que un 15% manifestó baja autoestima, bajo rendimiento académico y rechazo al contacto físico. Por último, el trabajo menciona la ideación suicida asociada a las vivencias de abuso como un factor relevante. En este caso, en casi el 12% de los relatos se mencionaron estas conductas.

El prestigio de la Iglesia: “No quería decir cosas malas de un cura”

El Defensor del Pueblo contextualiza también el silencio en el que se vieron atrapadas muchas víctimas por el “prestigio social y moral” de la Iglesia que “hacía impensable la crítica” hacia los clérigos. Este relato está presente en muchas historias compartidas, como las que siguen:

“Era un niño muy religioso, de misa y comunión dominical, y aunque me espantaba lo que estaba pasando, me sentía avergonzado y me horrorizaba contárselo a mis padres, o a cualquier otro adulto de mi entorno. En aquella época, en España vivíamos en una dictadura y el principio de autoridad regía en todos los ámbitos de la vida, y aun sin tener conciencia de lo que esto significaba, intuía que no se podía contar a ninguna autoridad”.

“Me daba vergüenza explicarlo, porque no quería decir cosas malas de un cura, que en teoría era una persona buena. A los días, llegó a sus oídos y en la escuela cuando nos daba catecismo dijo que había una persona que lo estaba calumniando. A mí me puso de mentirosa. (…) La gente le creyó más a él que a mí. Y eso es algo que se me ha quedado. Es que antes el cura era el cura, ¿quién no le creía al cura?”.

En este sentido, los testimonios también dan cuenta del uso de la fe “para persuadir o convencer a sus víctimas de lo adecuado o correcto del abuso”: “Me decía que la amistad de Jesús con los apóstoles era así, que lo que hacíamos era algo puro”.

Lo raro es que los niños pongan alguna resistencia porque no sabes lo que pasa

De los testimonios se desprende, con algunas diferencias en la sofisticación, una estrategia parecida de los agresores, que pasaba por conseguir acercarse a la víctima, quedarse a solas con ella para cometer el abuso y, después, “mantener el hecho en secreto e impune”. Para los abusadores que tenían contacto habitual con la infancia –ya fuera en colegios, orfanatos o catequesis– era muy sencilla de llevar a cabo, dice el Defensor del Pueblo.

Espacios a solas o colectivos

Este es uno de los relatos recogidos en el informe: “Por la tarde fui a confesarme. Él [estaba] sentado, yo estaba delante sin nada, me puse de rodillas. Me tomó una mano por aquí para hablar así como a la oreja, empezó a besuquearme, a meterme la lengua, a meterme la otra mano en los huevos. Yo estaba acojonado, asustado, no sabía ni lo que era, me pude zafar como pude. Dos minutos que llevaba, dos avemarías y tres padrenuestros… Me fui corriendo y me encontré al tutor de EGB, la persona más encantadora del seminario. Como me vio llorando saliendo de la iglesia, me dijo ”¿qué te ha pasado?“, se lo conté y me dijo que fuera al patio y se fue a darle una charla al cura”.

Un día que caí enfermo fui donde él. Era un sábado por la noche [...]. En vez de llevarme a la enfermería, me llevó a su habitación [...]. Estás enfermo con un montón de fiebre y tú no sabes

Hay una idea que es común a muchas víctimas: el hecho de no saber lo que estaba pasando. “Lo raro es que los niños pongan alguna resistencia porque no sabes lo que pasa”, dijo una de las personas que dio su testimonio al Defensor del Pueblo. En este contexto, aseguró otra víctima a la institución, su abusador se sentía impune para realizar tocamientos en medio de la clase: “Les metía la mano por las camisetas, el culo, el pene, tocaba todo a los niños, a las niñas no nos tocaba nada. Delante de nosotros, estábamos sentados de forma individual en nuestros pupitres, y él iba pasando por las mesas y, al que le apetecía, pues se paraba y hacía sus cosas”.

Esa impunidad “permitió mantener el abuso mucho tiempo sin que nadie lo frenara”, dice el informe, que recoge más testimonios en el mismo sentido. A plena luz del día y en espacios colectivos: “Era un dormitorio común. Al cuidado estaba el enfermero [nombre del agresor]. Lo recuerdo sentado al borde de una cama de uno de los enfermos [...]. Tenía metido un brazo por entre las sábanas del compañero, mientras hablaba distendidamente, como si no pasara nada. Yo pensé que le estaba tomando la temperatura, pero pronto comprendí que no, porque hizo lo mismo en mi cama, y lo que hacía era tocarme el pene. Tenía 12 años”.

Sentirse especial, los regalos y los chantajes

Los abusadores, resalta el trabajo de la institución liderada por Ángel Gabilondo, identificaban y se aprovechaban de las vulnerabilidad de sus víctimas para agredirlas. Se ejemplifica con testimonios como el siguiente: “Mi hogar era un destrozo afectivo, que [nombre de agresor] conocía. Conocía mi vulnerabilidad y desamparo emocional, y que no tenía a quién recurrir para buscar afecto y protección”. El trabajo hace una mención especial a los internados como foco de los abusos. “Se produjeron en el sanatorio para niños con tuberculosis gestionado por las [nombre de la orden]. Era la única visita del exterior que teníamos en el sanatorio, aparte de las familias. Por eso estábamos tan contentas cuando venía [nombre del agresor]”.

Dentro de las situaciones vulnerables de las que los religiosos sacaban partido también se encuentra la enfermedad de los niños y niñas si eran internos. Así era más difícil resistirse al abuso o recordarlo, afirma el informe. “Un día que caí enfermo fui donde él. Era un sábado por la noche [...]. En vez de llevarme a la enfermería, me llevó a su habitación [...]. Estás enfermo con un montón de fiebre y tú no sabes. El hombre me metió en su cama, se desnudó, empezó a toquetearme”.

Otros momentos de privacidad forzada eran, por ejemplo, las visitas puntuales a la enfermería, según los testimonios recabados. O citas privadas con la excusa de una enseñanza sexual. Ambas situaciones han sido relatadas como estrategias de engaño para acceder al cuerpo de las víctimas.

Hacer sentir especiales a los niños y niñas abusados es, según los relatos recogidos, otra maniobra que utilizan los religiosos. “Entramos, y me dijo que me invitaba a merendar, que pidiera lo que yo quisiera [...]. Así que accedí a comerme un delicioso bollicao. Lo pagó y salimos de vuelta hacia la parroquia. Le di insistentemente las gracias y él me dijo que me invitaba con todo gusto, pero que debía ser un secreto entre nosotros, para evitar que los demás niños sintieran pelusa o le pidieran también ellos un bollicao”, contó una de las víctimas.

Debía tener 5 o 6 años, me cogía, ponía la mano por dentro de las bragas y me tocaba, y después me daba unos piñones garrapiñados que estaban en un Cristo de cerámica

Varias personas también contaron que el abuso iba a acompañado de un regalo para compensarlo o normalizarlo: “Yo era muy pequeña, debía tener 5 o 6 años, me cogía, y ponía su mano buscando mi sexo [...] Me tocaba, y después me daba unos piñones garrapiñados que estaban en un Cristo de cerámica”.

Sin embargo, el supuesto privilegio convivía con chantajes o castigos para que la víctima no lo descubriera o abandonara, como se ve en el siguiente testimonio: “Me buscaba mis excusas para no ir, pero te chantajeaba con cualquier cosa. Que llamaría a mis padres, porque mi comportamiento no era adecuado, que era mentira, que no estudiaba, que mis notas eran malas...”.

Las víctimas se refirieron también, según se incluye en el informe, situaciones de aislamiento respecto a sus compañeros, lo que “acrecienta el poder del agresor”. “Una de sus tácticas fue apartarme de todo el mundo. Me apartó de mis amigos, me apartó de mis conocidos, solamente quería que me relacionase con dos o tres alumnos que supongo que estarían bajo su cuerda. Siempre estaba conmigo, en los recreos...”.

Gráficos de Ainhoa Díez.

El horror de los abusos y agresiones sexuales a menores en el seno de la Iglesia ya cuenta con un informe oficial e independiente que certifica que fue una realidad que existió en España y que permaneció durante años cubierta por un manto de silencio. El Defensor del Pueblo ha hecho público este viernes el documento Una respuesta necesaria, en el que reconoce las dinámicas de ocultamiento y minimización que han funcionado en muchas congregaciones y órdenes religiosas y reclama la creación de un fondo estatal para el pago de indemnizaciones a las víctimas. 

El informe, de 770 páginas, recoge también una encuesta que revela que el 0,6% de la población ha sido agredida sexualmente por un sacerdote o religioso católico. Ese porcentaje se extrae de un sondeo realizado por la empresa GAD3 en base a una una muestra metodológica y numérica significativa de la población española de 8.013 personas. Ese estudio demoscópico apunta que son decenas de miles los menores que han sufrido abusos sexuales en congregaciones, colegios o cualquier otra institución religiosa.

La encuesta revela que un 11,7% de la población española afirma haber sufrido abusos sexuales siendo menor de edad, y un 1,13% asegura que esos abusos se produjeron en un ámbito religioso. Extrapolando ese porcentaje, supondría que hay en España unas 450.000 víctimas de abusos vinculadas a la Iglesia y que 240.000 fueron agredidas por curas o personas consagradas. La pregunta genérica sobre abusos revela que una de cada 10 personas en España los han sufrido. “Creemos que son unos datos muy significativos, aunque no es necesario extrapolarlos y por eso no lo hemos hecho en el informe”, ha explicado Gabilondo.

El Defensor del Pueblo ha hecho hincapié en que esta realidad ha estado soterrada durante todo este tiempo por la propia Iglesia católica. “Ha predominado cierta voluntad de ocultamiento, con la consiguiente desconsideración a las víctimas. Conductas como el traslado de abusadores a otras parroquias o centros docentes es un ejemplo de malas prácticas. Con el paso del tiempo y la aparición de casos, la presión de las víctimas, de los medios y una mayor conciencia ha provocado que estas reacciones poco adecuadas haya ido decreciendo”, ha asegurado en la presentación. 

Es inevitable que la Iglesia colabore económicamente para las compensaciones a las víctimas, y creo que a esta altura la Iglesia ya debe ser consciente de eso

Ángel Gabilondo — Defensor del Pueblo

En el informe no han participado representantes de la Iglesia católica. A pesar de que Gabilondo consideró que su aportación haría que el informe fuera “más fecundo”, una visión que otros sectores ponen en cuestión. Gabilondo llegó a mantener diferentes conversaciones con el secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, y con su presidente, el cardenal don Juan José Omella, pero la institución desestimó formar parte de la comisión asesora. 

Pocos minutos antes de la presentación del Defensor del Pueblo, la Conferencia Episcopal anunció que se ha convocado una Asamblea Plenaria Extraordinaria para el lunes, en la que los obispos, de manera online o presencial, estudiarán y valorarán el informe. También analizarán la solicitud del despacho Cremades & Calvo Sotelo para ampliar el plazo de entrega de los trabajos que le encargó sobre este mismo tema la CEE. Al finalizar, “se ofrecerá a los periodistas la oportuna información”, señala la escueta nota, que no aclara si habrá o no rueda de prensa, informa Jesús Bastante.

Un órgano especial y un fondo estatal

El Defensor del Pueblo plantea la opción de instaurar procedimiento administrativo para víctimas de delitos prescritos para conceder un estatus para que puedan ser reparadas. Un procedimiento específico con cierto contenido probatorio: una autoridad instituciones independiente e imparcial “que declare que el hecho ha tenido lugar, es injusto y que ha causado daño”.

Ha pedido que se haga un acto público de reparación, para lo que ha solicitado “el compromiso de la Iglesia católica”. Además, respecto a las indemnizaciones, Gabilondo señaló que no puede depender del criterio de diferentes instituciones, por lo que pide un fondo estatal específico. “Un fondo que acuerde un órgano especial de carácter temporal, que tenga por finalidad la reparación en aquellos casos donde no se haya podido proceso penal contra el victimario”.

Confío en que la iglesia católica esté a la altura de la ocasión que se le brinda para abordar el asunto en toda su integridad. Si no, se equivocará

Ángel Gabilondo — Defensor del Pueblo

Y ha señalado que en cualquier caso, el dinero debe provenir de la propia Iglesia y que “el Estado vele por ese proceso y que le dé las garantías de que se hace de modo objetivo, transparente y público”. Ha señalado que esto le toca ahora ejecutarlo al Gobierno, pero fue contundente respecto al papel de la Iglesia: “Es inevitable que colabore económicamente para las compensaciones, y creo que a esta altura la Iglesia ya debe ser consciente de eso”, ha asegurado. Sin embargo, Gabilondo consideró incluso la posibilidad de no contar con la aquiescencia de los obispos: “Esta obligación de reparación puede cumplirse en cooperación con la iglesia católica o por carácter subsidiario a la responsabilidad de la misma”. 

“Confío en que la Iglesia católica esté a la altura del desafío que se le presenta y la oportunidad que se le da de abordar este tema”, ha asegurado ante las preguntas de los periodistas.

“Mentiría si dijera que nadie ha colaborado o que ha habido una colaboración extraordinaria [...] Ha habido una colaboración dispar. Algún obispo no solo nos ha contestado sino que nos ha reñido. Algún otro nos ha mandado una información vacía de contenido. Otros lo han hecho bien, lo cual demuestra que se puede hacer bien. Lo cual demuestra que a pesar de las dificultades se puede llegar más lejos. El mayor de los escándalos sería no colaborar con una sociedad que quiere saber. Ahora tienen conciencia de que nada dañaría más a la iglesia que callar sobre este asunto

En el inicio de 2022, la acumulación de testimonios de víctimas elevó la presión institucional sobre el escándalo de la pederastia en la Iglesia. En marzo, el Congreso encargó al Defensor del Pueblo una investigación independiente sobre los casos de abusos sexuales en instituciones católicas en las últimas décadas y el papel de los poderes públicos. El mandato fue aprobado por todos los grupos de la Cámara, salvo Vox. El equipo para investigar este asunto ha estado dividido en “tres ámbitos de actuación”: una comisión asesora de expertos, un foro de diálogo con las asociación de víctimas y una Unidad de Atención a las Víctimas (UAV). Sólo en sus dos primeros meses de vida, este último organismo atendió a 201 víctimas. 

La comisión asesora ha estado compuesta por una veintena de personas. Se trata de expertos que pertenecen al ámbito profesional o académico y tienen experiencia en la atención a las víctimas, con conocimientos en victimología o en los ámbitos jurídico y sobre derechos humanos. Además, hay profesionales que han dedicado su vida a la docencia, a los jóvenes o han estudiado las consecuencias de traumas infantiles en la vida adulta. 

Nueve mujeres que estaban acudas por el delito de abuso sexual contra niños hipoacúsicos o por omitir denunciar esos hechos, ocurridos en el Instituto Próvolo de Mendoza, fueron absueltas hoy al término del juicio oral que se les siguió en el ámbito del Tribunal Penal Colegiado 2 de esa provincia durante dos años. Se trata de las monjas Kumiko Kosaka y Asunción Martínez, así como exdirectoras y empleadas del Instituto: Graciela Pascual, Gladys Pinacca, la cocinera Noemí Paz, Valeska Quintana, Laura Gateán, Cristina Leguiza y la psicóloga Cecilia Raffo.

Las juezas Gabriela Urciuolo, Belén Salido y Belén Renna dieron a conocer su veredicto luego de más de dos años de debate, más de 100 testigos y unas 300 audiencias.

Durante la etapa de alegatos de cierre, los defensores habían solicitado la absolución de las religiosas y de las otras imputadas, en tanto la fiscalía y la querella habían solicitado penas de 3 a 18 años de prisión.

La audiencia se desarrolló en las instalaciones del juzgado ubicado en el Polo Judicial Penal, de la ciudad de Mendoza, donde se desarrolló este tercer juicio por el llamado “Caso Próvolo”, que comenzó el 3 de mayo de 2021.

El Tribunal Penal Colegiado 2 mendocino dio a conocer su decisión luego de que las imputadas hicieran uso de su derecho a decir sus últimas palabras antes de darse a conocer el fallo.

Las primeras denuncias, en 1982

Hace 41 años se hicieron las primeras denuncias contra un grupo de sacerdotes de La Plata, entre ellos Nicola Corradi que había arribado a la capital bonaerense en 1972 proveniente de Verona, presumiblemente como parte de la política de traslados dado que su nombre aparece luego integrando a la lista de 26 curas pederastas elaborada por sobrevivientes de Verona, publicó tiempo atrás elDiarioAR. El sacerdote permaneció en La Plata hasta 1998, cuando fue enviado al recién fundado colegio Próvolo de Luján de Cuyo como su director.

En 2006, 50 integrantes de la asociación de ex alumnos del Próvolo de Verona se reunieron con el superior general del Instituto para solicitarle -sin éxito- que se separara de la institución a 26 sacerdotes acusados de pederastia. 

Pero el caso italiano irrumpió con fuerza en la agenda pública recién en 2009, cuando el semanario L’Espresso de Milano publicó los testimonios de 15 ex alumnos que aseguran haber sufrido abusos entre 1954 y 1984. 

Entonces, el Vaticano ordenó la creación de una comisión investigadora independiente que terminará condenando a solo uno de los sacerdotes inculpados, cuya pena consiste en la obligación de llevar una vida dedicada a la plegaria y a la penitencia, teniendo prohibido el contacto con menores.

MM con información de Agencia Télam

En noviembre de 2022, el cardenal Jean-Pierre Ricard admitía haber abusado de una niña durante tres años. En un proceso que en febrero fue declarado prescrito por la Justicia francesa, el purpurado anunció su retiro y pedía perdón a la víctima, que entonces tenía 14 años. Sin embargo, la Santa Sede, como es preceptivo, le abrió un expediente. Ahora, tras el viaje del Papa Francisco a Marsella, el periódico católico francés La Croix tuvo acceso a la sentencia canónica: el cardenal Ricard fue inhabilitado para el ministerio público... salvo en su diócesis, donde todo sigue como si nada.

En el proceso canónico, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe suspende al purpurado “de todo ministerio público” excepto en la diócesis en la que actualmente reside, Digne, en la región de los Alpes. ¿Qué supone esto? En la práctica, bien poco: Ricard seguirá siendo sacerdote, y cardenal. De hecho, a sus 78 años, podría participar en un cónclave que eligiera nuevo Papa. Y ser elegido.

Solo tiene que ser “lo suficientemente inteligente como para comprender que debe ser discreto”, subraya el arzobispo de Marsella, Jean-Marc Aveline, encargado de entregar la sentencia a Ricard, al ser ésta su diócesis de origen. Y, siempre que viaje fuera de la diócesis en la que vive, no podrá celebrar la misa en público o administrar sacramentos. Sí podrá celebrar en privado, o en compañía de una persona.

“El cardenal Ricard vive en total reclusión (...) debe mantener un perfil bajo”, concluye el arzobispo de Marsella, señalado por algunos como posible sucesor del Papa Francisco y que el pasado fin de semana tuvo un gran protagonismo, junto a Bergoglio, en la visita papal y su multitudinaria misa –con la presencia del presidente de la República Emmanuel Macron– en el Velodrome de la ciudad francesa. 

Por su parte, el obispo de Digne –la diócesis donde reside y puede seguir ejerciendo Ricard–, Emmanuel Gobilliard, fue rotundo al afirmar su desacuerdo con la sentencia vaticana. “No estoy de acuerdo en que el cardenal Ricard celebre por el momento en la diócesis de Digne, se lo dije, y espero que la sanción se aplique también aquí”, indicó. Por su parte, el cardenal Ricard evitó cualquier comentario para “no suscitar ni alimentar polémica alguna”. Aunque la polémica ya la había desatado la decisión vaticana. 

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Poco a poco empieza a levantarse el manto de opacidad e impunidad que cubrió durante décadas los abusos y agresiones sexuales cometidos contra menores en el seno de la Iglesia. Así lo evidencia la última memoria de la Fiscalía General del Estado español correspondiente a 2022, publicada este jueves, que da cuenta de la existencia de al menos 147 investigaciones abiertas tanto en fiscalías como en juzgados encaminadas a esclarecer delitos contra la libertad sexual cometidos contra menores en congregaciones, colegios o cualquier otra institución religiosa. Los datos parten de una recopilación trimestral de datos de las fiscalías superiores que se inició en febrero del año pasado. 

En su memoria, el Ministerio Público advierte de que se trata de datos “muy parciales” como consecuencia de dos aspectos: la dificultad de detectar estos procedimientos al no existir un registro específico para estos supuestos en las aplicaciones informáticas de los juzgados y el acotado espacio temporal al que pertenece la documentación remitida. La mayor parte de los testimonios se refieren a procedimientos que tuvieron su origen en el año 2021 y 2022 y solo puntualmente se remitieron de años anteriores. Además, hay que tener en cuenta que muchos de estos delitos no llegan a la justicia ordinaria porque se instruyen en procesos eclesiásticos o nunca llegan a denunciarse. 

Pese a ello, los datos sí sirven para hacer una aproximación a lo que la Fiscalía de España define como “una realidad criminal de incuestionable gravedad”. De las 147 investigaciones, 61 están abiertas en fiscalías territoriales y 86 en juzgados. Y, de ellas, apenas unas sesenta se abrieron antes de 2021. Respecto a los hechos que son objeto de estas pesquisas, en el 67% de los casos tuvieron lugar con posterioridad al año 2000 y en el 33% con anterioridad a 1990.

Las cifras publicadas dan cuenta también del elevado porcentaje de sentencias condenatorias. Así, de las 20 sentencias remitidas de procedimientos judiciales finalizados, 19 de ellas fueron condenatorias. Sólo una fue revocada. Entre los motivos de archivo de las investigaciones, el 37% fue porque la responsabilidad se habían extinguido porque el delito había prescrito o porque el autor había fallecido. 

Uno de las principales dificultades de la denuncia y el enjuiciamiento de la pederastia en la Iglesia son los plazos de prescripción. Esta es una circunstancia a la que pone remedio, en parte, la Ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, que aumenta el plazo de prescripción de los delitos más graves cometidos contra menores. Desde su entrada en vigor, el tiempo que tiene la víctima para denunciar empieza a contar a partir de que cumple 35 años. 

Antes, ese límite estaba fijado en la mayoría de edad. Dependiendo de la gravedad de los hechos, la prescripción de estos delitos se sitúa entre los 5 y los 15 años. Es decir, hasta la aprobación de esta ley, como máximo, una víctima podía denunciar hasta los 33 años en el caso del delito sexual con mayor pena y ahora ese margen se alarga hasta los 50. 

En su memoria, el Ministerio Público español también aborda la necesidad de revisar la posible solicitud de responsabilidad civil subsidiaria de la Institución religiosa donde tuvieron lugar los delitos contra la libertad sexual de menores. Según una recopilación realizada por elDiario.es, buena parte de las sentencias dictadas desde 2010 no consideran responsable civil subsidiaria a la institución o a las congregaciones donde trabajaban los pederastas por no tener una relación laboral directa con la Iglesia, aunque el Tribunal Supremo sí avaló una condena a una iglesia evangélica por los abusos cometidos por un pastor. 

Asimismo, la Fiscalía también propone la extensión de la acusación a las posibles conductas encubridoras por parte de los representantes de las Instituciones religiosas que pudieron llevarse a cabo previo a la denuncia, la solicitud “en todo caso” de la inhabilitación profesional del acusado para llevar a cabo toda actividad que esté relacionada con menores de edad y la determinación concreta de la indemnización en concepto de responsabilidad civil a que tiene derecho la víctima, incluyendo los daños morales y las lesiones psíquicas.

No se trata de casos locales, o aislados, sino de un mal endémico que afecta a instituciones religiosas ultraconservadoras, desde los Legionarios de Cristo al Opus Dei. “Fuimos sometidas a un ambiente en el que el abuso de poder y conciencia eran lo común, y en donde las agresiones sexuales, que se describen en la demanda, sí se pudieron haber dado”. En una carta abierta, 32 exconsagradas del Regnum Christi –la rama femenina de los Legionarios de Cristo– avalan la denuncia de una antigua postulante contra dos sacerdotes de la congregación fundada por el pederasta Marcial Maciel en el colegio Las Cumbres de Santiago de Chile, uno de los símbolos de la Legión en Latinoamérica, y reclaman una investigación profunda de los abusos del patriarcado dentro de la Iglesia católica, una de las cuestiones que más preocupan en el Vaticano, después del escándalo de los abusos sexuales a menores.

Y es que el me too en la Iglesia parece haber venido para quedarse. Hace unos meses, elDiario.es publicaba en exclusiva cómo 43 mujeres de Argentina, Paraguay, Uruguay o Bolivia denunciaban al Opus Dei ante el Vaticano por abuso de poder y explotación, señalando cómo habían sido explotadas entre los 12 y los 16 años, trabajando gratis “para servir a Dios”, o las recientes denuncias que han acabado con la expulsión de la Compañía de Jesús de Marko Rupnik, el ‘artista de Dios’ acusado también de abusos sexuales y de poder por al menos una veintena de religiosas en Italia y Eslovenia.

En todos los casos, las denunciantes hablan de “abusos de poder y de conciencia” que, en algunos casos, culminan en situaciones de acoso de autoridad y sexuales. Hace tres años, el prefecto de la Congregación para la Vida Religiosa del Vaticano, Joao Braz de Aviz, reconocía en el diario de la Santa Sede, L’Osservatore Romano que prácticamente a diario llegaban a Roma casos de monjas que trabajan a destajo al servicio de obispos o sacerdotes limpiando suelos, sirviendo comidas, ejerciendo de 'chicas para todo'. En los peores casos, sufriendo además acoso. E incluso novicias que padecen, en silencio, abusos sexuales por parte de sus formadores. Como admitía el cardenal, “ha habido casos en los que exreligiosas han tenido que prostituirse para poder sobrevivir”.

Acoso machista sistemático

En el caso de los Legionarios, las exconsagradas quieren apoyar a la antigua alumna de las Cumbres. Relatando sus propias experiencias, demostrarían una situación de acoso machista sistemático en el Regnum Christi, y que ahonda aún más el legado del depredador Maciel, considerado ‘apóstol de la juventud’ por Juan Pablo II y que, tal y como aparece en la carta abierta, fue “bajo apariencia de líder carismático, fue un reconocido pederasta y drogadicto, que hacía uso de múltiples identidades mediante documentos falsos; con varias mujeres e hijos, contrario a toda norma civil de cualquier país, y peor aún, contrario a la figura sacerdotal profesada por la Iglesia Católica”.

Las normas de la Legión perpetúan unas actitudes inhumanas y dañinas bajo la capa de la creencia y confianza de que buscábamos vivir en lealtad y amor a Dios, sin cuestionarlas, convencidas por nuestros superiores, de que procedían del mismísimo Dios

“Este modo de vivir es conocido solo por quienes han pertenecido a comunidades de consagradas de este movimiento. Nadie fuera de las mismas tendría cómo saberlos y son cruciales para entender por qué el contexto relatado en la denuncia nos parece verosímil”, insisten las firmantes, que quieren “levantar la voz y aportar información” que, además de apoyar la demanda, sirva para relatar “circunstancias y situaciones vividas por nosotras mientras fuimos consagradas o integrantes del centro estudiantil”.

“En nuestra experiencia dentro de esas comunidades –escriben– el relato de abusos de poder y sexuales contenidos en la demanda presentada ante los tribunales chilenos no solo es verosímil, sino además, propicio a generar las condiciones para un entorno en donde pudiesen suceder actos atentatorios, incluso aquellos de la más alta gravedad, en contra de las personas”.

Las consagradas debían ceder el propio juicio a favor de ellos como holocausto agradable a Dios, es decir, como un acto de abnegación total llevado a cabo por amor, según señalaban los Estatutos

Así, confiesan, “fuimos sometidas a un ambiente en el que el abuso de poder y conciencia eran lo común, y en donde las agresiones sexuales, que se describen en la demanda, sí se pudieron haber dado”, y acusan directamente a las normas de la Legión y el Regnum Christi, que permiten, y perpetúan unas actitudes “inhumanas y dañinas” bajo la capa de “la creencia y confianza de que buscábamos vivir en lealtad y amor a Dios, sin cuestionarlas, convencidas por nuestros superiores, de que procedían del mismísimo Dios”.

El culto a Maciel

¿En qué se basaban estas normas, vigentes en Chile y en muchos otros países? En primer lugar, el culto a Maciel. “El fundador fue un líder venerado e incuestionable”, explican. En cuanto a la relación con las autoridades y superiores de la Legión, las consagradas “debían ceder el propio juicio a favor de ellos como holocausto agradable a Dios, es decir, como un acto de abnegación total llevado a cabo por amor, según señalaban los Estatutos”.

El aislamiento era total, con falta de acceso a prensa, medios de comunicación y publicaciones, salvo noticias previamente seleccionadas, o la retención de nuestros documentos personales

Esto llevaba a situaciones de semiesclavitud, como el “control exigente del uso del tiempo”, lo que daba al director espiritual “el dominio absoluto de la ubicación y actividad de cada miembro de su comunidad”. Al tiempo, existía “la prohibición de cuestionar cualquier mandato o requerimiento de los superiores”. Además, “no podíamos compartir nuestros pensamientos con nadie –ni con compañeras, ni con familiares, ni amigos previos al ingreso– salvo con nuestros directores”. De hecho, “tener amistades, era considerado ser infiel a Dios. De esta manera nos mantenían aisladas unas de otras, y en muchos casos, muy dependientes afectivamente de los directores”.

El aislamiento era total, con “falta de acceso a prensa, medios de comunicación y publicaciones, salvo noticias previamente seleccionadas” o la “retención de nuestros documentos personales”, entre otras medidas.

“Este modo de vivir es conocido solo por quienes han pertenecido a comunidades de consagradas de este movimiento. Nadie fuera de las mismas tendría cómo saberlos y son cruciales para entender por qué el contexto relatado en la denuncia nos parece verosímil”, concluye la carta abierta, que espera “que se haga justicia”, que “el poder no corrompa la justicia, y que la verdad – y solo la verdad -, salga a la luz”.

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