No basta con que Manuel Adorni haya confesado haber sido un evasor porque total los evasores son “héroes” y los impuestos son un “robo”, según el presidente Javier Milei, y “ahorramos en negro como la mayoría de los argentinos”, como sostuvo el propio jefe de Gabinete. Por más que se haya adherido al régimen simplificado del impuesto a las ganancias, que creó la ley de inocencia fiscal, el contador recibido en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), devenido periodista, tendría que ofrecer explicaciones, no ante un programa de televisión, sino ante la Agencia de Recaudación (ARCA) y la Unidad de Información Financiera (UIF, de lucha contra el lavado de dinero) sobre el origen de los fondos antes ocultos y ahora declarados.

“Adorni no está exento de investigaciones rectificativas de ARCA y mucho menos de la UIF”, sostiene el abogado y master en finanzas Pedro Biscay, director ejecutivo del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce). “Los dos organismos tienen, incluso en el marco de la ley de inocencia, obligación de investigarlo”, añade. Otro experto que fue alto directivo de fiscalizaciones de la antecesora de la ARCA, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), coincide en que están obligados, pero advierte que “si no le preguntan, Adorni zafa de dar explicaciones”.

¿Pero por qué ARCA preguntaría si está encabezada por otro adherente al régimen simplificado de Ganancias que está investigado por la Justicia por su patrimonio, Andrés Vázquez? “Más allá de lo que haya hecho Vázquez, este mismo gobierno tiene la obligación de investigarlo por las funciones de ARCA y UIF previstas en sus marcos normativos. El debate es la distinción entre el ámbito de recaudación tributaria, si pagó o no impuestos, y el propio de la investigación por el origen ilícito de fondos que no tienen un ingreso en una actividad identificada de manera clara”, argumenta Biscay, exdirector del Banco Central entre 2014 y 2017, cuando fue removido por el entonces jefe de la autoridad monetaria, Federico Sturzenegger, otro adherido al régimen de inocencia fiscal, aunque sin cuestionamientos por su patrimonio. Al ministro de Desregulación sólo le iniciaron una demanda por los contratos de su esposa, María Josefina Rouillet, para enseñar inglés en la Cancillería. Nadie lo denunció por su obsesión por que se importen vacunas antiaftosa.

“Si ARCA detectara una diferencia mayor al 15% entre lo que declara el contribuyente y lo que ellos suponen a partir de los controles automáticos propios y de la UIF en operaciones significativas como inmobiliarias y bancarias, se caerían los beneficios de la inocencia fiscal”, explica el contador Jorge Gebhardt, de estudio Aguirre Saravia & Gebhardt. Otro colega suyo de la City porteña agrega que, pese a la ley tributaria vigente desde enero último, la unidad antilavado sigue teniendo la obligación de controlar el origen de los fondos.

Las declaraciones de Adorni sobre sus ahorros evadidos provocaron irritación en más de un ciudadano. Primero, porque siete de cada diez argentinos ni siquiera llegan a ahorrar, según diversas encuestas como las de Brain Network y Quiddity. Segundo, porque no todos los que ahorran lo hacen sin tributar. El contador Arnaud Iribarne reconoce que tiene clientes que buscan pagar lo mínimo posible, unos no tienen forma de evadir y otros quieren cumplir con todo: “Unos porque trabajan en multinacionales que no quieren problemas y otros porque te dicen que quién pagará las tizas de las escuelas”.

No es que en los blanqueos de capitales previos a la nueva ley de blanqueo permanente se adhirieran millones de argentinos: 254.000 en 2016/2017 y 278.000 en 2024. A la ley de inocencia fiscal –que fue votada por LLA, PRO y la mayoría de la UCR, y los partidos provinciales– se sumaron unos 94.000.

“Evadir impuestos es un delito penal y los funcionarios zafan porque por primera vez la ley de inocencia fiscal los habilita a ingresar al blanqueo. Es bochornoso”, advierte la exjefa de la AFIP Mercedes Marcó del Pont. En la actualidad, quien evade más de $100 millones en un año puede ir a la cárcel. Es decir, cualquiera puede evadir, pero sólo la gente con plata puede convertir esa práctica en delito. Delincuentes son los que evaden mucho. Pero sólo unos pocos famosos terminaron tras las rejas por no pagar impuestos en la historia argentina: apenas el carnicero Alberto Samid, el valijero Leonardo Fariña y el fallecido peluquero Roberto Giordano quien cumplió arresto domiciliario. Sin la amnistía fiscal que votaron los libertarios, quizás Adorni también podría haberse mudado del country Indio Cuá a la prisión, dado que acumuló US$506.000 sin tributar un peso. Siempre con el argumento de que el dinero se lo roban los“kukas”.

“Este gobierno y la ley de inocencia fiscal tienen una visión totalmente pro evasor”, lamenta otro exjefe de AFIP que se define “hastiado de cómo funcionarios y contadores le ocultan la verdad a los contribuyentes de que cada vez que compran algo en el supermercado pagan los impuestos indirectos sin chistar”. El 31% de la recaudación de 2025 provino del IVA, el gravamen que más plata recolecta, que pagan por igual ricos, clase media y pobres pero que pesa más en el bolsillo de estos últimos y menos en el de los primeros. “La nueva ley es un blanqueo encubierto a costo cero nunca visto en nuestro país”, continúa el exjefe de AFIP. “Una justificación totalmente mentirosa se basa en que los ciudadanos no podían comprar dólares y entonces iban a las cuevas y operaban en negro. La pregunta real no es por las compras en dólares en negro, también existían mecánicas para comprar en blanco con cupos mensuales y con dólares MEP y contado con liqui, si no cómo obtuvieron los pesos para ahorrar en dólares –criptomonedas en el caso de Adorni–. Y la respuesta es clara: no facturaron nunca sus ingresos por ventas, honorarios u otros conceptos. En mi país eso se llama evasión fiscal y muy probablemente lavado de activos ya que tuvieron que tener algún vehículo para blanquear ingresos de pesos no declarados”, agrega el antiguo recaudador indignado.

Aquel que evade contribuye al desequilibrio fiscal y, de ese modo, a la inflación. Es cierto que ha habido y hay corrupción en el Estado, desde antes del kirchnerismo, durante la era K y presuntamente hasta en las compras libertarias de medicamentos para discapacitados, pero también funciones básicas que requieren los ciudadanos. Entre la inocencia fiscal, el Régimen de Incentivos de Grandes Inversiones (RIGI) y el proyecto de Súper RIGI, ¿quién sostendrá esos servicios esenciales como educación, salud, seguridad, rutas, trenes, urbanización de barrios populares, control ambiental o apoyo a sectores económicos con potencial o personas vulnerables que prestan Nación, provincias y municipios?

No hay que ser un “zurdo de mierda”, como descalificaría Milei, para sostener que el robo no son los impuestos sino la evasión. Tampoco hay que ser de derecha para oponerse al malgasto del dinero público. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, el club de países ricos al que se han unido otros como Chile, Colombia, Costa Rica y México) se ha comprometido en la lucha contra el fraude impositivo porque reduce la capacidad de financiar educación, salud, infraestructura y protección social y obliga a recortes y endeudamiento. Se podría agregar que también impulsa a algunos gobiernos a la emisión monetaria inflacionaria. Cuando un ciudadano evade para costear su implante capilar, frecuentes vacaciones de lujo, compras de departamentos y casas de fines de semana y su remodelación, le está quitando medicamentos oncológicos a un paciente, transporte a una persona con discapacidad, salario a un docente de escuela o universidad, jubilación a un anciano o infraestructura clave para impulsar el crecimiento económico.

Pero la OCDE también critica la evasión porque deriva en una competencia desleal entre empresas e individuos que tributan o no y rivalizan por el mismo mercado. Este fenómeno desalienta la innovación. Reprocha que provoque inequidad: los que más tienen suelen contar con estrategias financieras para pagar menos impuestos, cuya función justamente debería ser redistributiva. El organismo además apunta que la evasión facilita otras actividades ilícitas como el lavado, la corrupción y la economía informal. Además deteriora la confianza en las instituciones y genera efecto contagio.

“Todo esto erosiona la relación fisco-contribuyente, evadir es un robo a la comunidad”, opina Iribarne. Antes de la ley de inocencia fiscal, los autónomos y empleados que tributan Ganancias debía declarar cada año cuánto cobraban, sus gastos deducibles del impuesto, sus consumos personales y su evolución patrimonial. A los que se adhieren al nuevo régimen ARCA sólo les revisa facturación y gastos, pero puede consultar por los bienes si observa alguna inconsistencia y la UIF debe seguir auditando el origen del dinero.

Pese a que han sido los bancos uno de los que más trabas han puesto a los blanqueadores de la inocencia fiscal al preguntarles por la procedencia de los fondos, como parte de las exigencias antilavado, en el cóctel de la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba) este miércoles por el Día del Periodista reinaba el entusiasmo entre muchos banqueros por el rumbo económico. Ese mismo día, la calificadora de riesgo crediticio S&P subió la nota a la deuda argentina y el riesgo país bajó este jueves a 443 puntos básicos, el menor nivel en ocho años, lo que acerca a la Argentina a la auspiciosa posibilidad de refinanciar deuda en el mercado internacional. Al mismo tiempo, el Instituto de Estadística (Indec) informaba una baja de la inflación al 2,1% en mayo. Si el dólar se mantiene quieto, la merma del índice de precios podrá continuar.

“No se puede dejar pasar esta oportunidad”, sostenía uno de los banqueros en un sentimiento compartido de defensa de las reformas liberalizadoras de Milei. Eso sí, hay algunos que cuestionan la política, la corrupción y la violencia verbal del Presidente. “No podemos volver al pasado, con gente que quiere reestructurar la deuda o reestatizar empresas”, sostenía otro. ¿Por quién lo dice?, preguntó elDiarioAR. “Por (Axel) Kicillof”, respondió. Pero si no lo dijo, volvió a cuestionar este cronista. “Pero tampoco dijo que no lo haría. Hay que ver si lo dice y si lo dice, si le creemos”, contestó. Entre los presentes estaban el presidente de Adeba, Javier Bolzico; los dueños del Banco Galicia, Eduardo Escasany, del Macro, Jorge Brito, del Comafi, Guillermo Cerviño, del Banco de Valores, Juan Nápoli, del Superviell, Patricio Supervielle, además de ejecutivos de esas entidades y de otras como Ualá, CMF y Banco de San Juan (grupo Eskenazi).

Brito, expresidente de River, esquivó las preguntas de si también quiere presidir la Argentina o si al menos está armando una alternativa a Milei y Kicillof. Pero en sus filas reconocen que si la economía no comienza a recuperarse y continúan los errores propios del Gobierno, como el caso Adorni, entonces habrá margen para otra opción. El dueño del Macro venía de reunirse en Jujuy -el banco es fuerte en el Norte- con el sindicalista Carlos “El Perro” Santillán, a quien conoce desde la crisis de 2001. Discutieron sobre el impacto ambiental del litio. A Brito le parece que no hay que ser de izquierda para defender el medio ambiente ni de derecha para sostener un equilibrio fiscal con menos impuestos. Hay colegas suyos que se preguntan si el pueblo está preparado para votar a un banquero, más allá de que el arquitecto del PJ porteño, Juan Manuel Olmos, lo haya soñado como candidato presidencial outsider. Brito tiene reparos con este gobierno, pero se quedó con el 26% de la privatización de Transener, la mayor transportista eléctrica del país, en sociedad con Edison, donde además de los Neuss -amigos del asesor presidencial Santiago Caputo- están exejecutivos del Macro, Carlos Giovanelli y Damian Pozzoli.

Pero mientras finanzas, campo, minería, Vaca Muerta y negocios digitales caminan, los sectores que más empleo generan, comercio, industria y construcción siguen con dudas sobre cuándo se recuperarán. En la Unión Industrial Argentina (UIA) las grandes empresas se ilusionan con fin de año, pero las pymes piden que se declare una emergencia. En la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), este lunes se celebró la 71ma convención anual y por primera vez en la historia ningún funcionario del gobierno nacional se hizo presente. En 2024 había ido el ministro de Economía, Luis Caputo, pero se enojó porque el presidente de Camarco, Gustavo Weiss, le advirtió por la paralización de la obra pública. El freno continúa, las deudas por proyectos pasados siguen sin pagarse.

El Gobierno impulsa concesiones de rutas con peaje en un cuarto de la red vial, hay múltiples ofertas pero la enorme competencia lleva a que se propongan tarifas tan bajas que difícilmente sostengan el mantenimiento. La construcción de viviendas no repunta sin crédito hipotecario. Y la licitación de los trenes dividió tanto la operatoria que provoca dudas entre los pretendientes. En la disputa por el Belgrano Cargas, el Grupo México quiere morderle negocio a la minera británico Rio Tinto y a un conglomerado de las cerealeras (Cargill, Bunge, Dreyfus, Asociación de Cooperativas Argentinas, ACA, y Aceitera General Deheza, AGD) y para eso ha afinado su lobby entre los funcionarios. Veremos quién gana.

AR/MG

Después de varios meses de incertidumbre, Manuel Adorni presentó finalmente su declaración jurada patrimonial ante la Oficina Anticorrupción. Pero lejos de cerrar la discusión sobre su patrimonio, la abrió todavía más. Horas después de quedar envuelto en una polémica por la adhesión de él y de su esposa al régimen simplificado de Ganancias contemplado en la Ley de Inocencia Fiscal, el jefe de Gabinete reconoció públicamente que durante años mantuvo ahorros no declarados y atribuyó buena parte de su crecimiento patrimonial a ganancias obtenidas con inversiones en bitcoin.

“Ahorramos en negro, como todos los argentinos”, afirmó este miércoles por la noche durante una entrevista con LN+. La frase tuvo un impacto inmediato en la Casa Rosada. No solo porque llega en medio de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito que tramita en los tribunales federales, sino porque contradice parcialmente algunas explicaciones previas del propio funcionario. En marzo, cuando comenzaron a multiplicarse las preguntas sobre su patrimonio, Adorni había asegurado que “todo lo que tiene que estar declarado está declarado en cada uno de los organismos tal como corresponde”.

La explicación que ofreció ahora fue diferente. Según relató, tanto él como su esposa Bettina Angeletti acumularon durante años ahorros no registrados formalmente como una forma de protegerse de la inestabilidad económica argentina. “Nunca se me hubiese ocurrido ahorrar en blanco en aquellos años”, sostuvo. Además aseguró que parte de la evolución patrimonial observada por la Justicia se explica por ganancias cercanas a los 300.000 dólares obtenidas mediante inversiones en bitcoin y por una herencia recibida en los últimos años.

La secuencia resultó particularmente incómoda para el oficialismo porque coincidió con la controversia generada por la adhesión de Angeletti y del propio Adorni al régimen simplificado de Ganancias creado por la Ley de Inocencia Fiscal. Durante toda la jornada, funcionarios y dirigentes libertarios intentaron relativizar la polémica y sostuvieron que no existía ninguna irregularidad. “No hay ninguna ilegalidad”, repetían este jueves en distintos despachos oficiales. El argumento era sencillo: si el propio Gobierno impulsó esa ley para que los contribuyentes utilizaran las herramientas previstas en ella, resultaría contradictorio cuestionar que funcionarios o familiares de funcionarios decidieran hacerlo.

La explicación oficial fue en la misma dirección. Después de que trascendiera la adhesión de su esposa y luego la propia, Adorni transmitió a su entorno una aclaración tajante: “Bettina y yo no vamos a entrar a ningún blanqueo”. Cerca del jefe de Gabinete insistieron en que se confundieron dos instrumentos distintos incluidos dentro de la misma ley. Según esa versión, el matrimonio únicamente adhirió al régimen simplificado de Ganancias, un mecanismo administrativo mediante el cual ARCA confecciona una declaración jurada preliminar que el contribuyente solo debe revisar y validar. “En nuestro caso solo utilizaremos uno de los instrumentos previstos por la ley, el régimen simplificado de Ganancias”, señalaron.

De hecho, la ley que Javier Milei celebró como uno de los mayores logros de su administración y que el propio Adorni describió meses atrás como una norma que “quedará en la historia grande de nuestro país” tiene una particularidad difícil de ignorar: muchos de sus principales defensores fueron también algunos de sus primeros usuarios. Los registros de ARCA muestran que durante los últimos meses un nutrido grupo de funcionarios, asesores y dirigentes cercanos al oficialismo solicitó adherir al régimen, lo que ayuda a explicar por qué dentro del Gobierno existe tan poca disposición a cuestionarlo.

Para buena parte del oficialismo se trata, sencillamente, de una herramienta que está funcionando exactamente como fue concebida. Algunos contadores consultados por elDiarioAR señalaron que el esquema ofrece tres ventajas concretas: simplificación administrativa, un límite a las facultades de revisión de ARCA sobre períodos anteriores y la posibilidad de regularizar determinados bienes o inconsistencias fiscales sin recurrir formalmente a un blanqueo tradicional. Precisamente por eso la adhesión de Angeletti encendió alarmas fuera del Gobierno, aunque dentro de la Casa Rosada predomina la idea de que el debate está políticamente sobreactuado.

Paradoja fiscal

La defensa tiene además un componente ideológico difícil de soslayar. La Ley de Inocencia Fiscal fue presentada hace exactamente un año en una conferencia de prensa realizada en la Casa Rosada y constituyó uno de los proyectos tributarios más ambiciosos de la administración Milei. Aquella tarde, desde el atril, José Luis Espert encabezó la presentación política de la iniciativa. El economista, que por entonces era una de las principales espadas parlamentarias del oficialismo antes de quedar definitivamente corrido del escenario político por las denuncias que lo vinculaban con presuntos aportes provenientes del narcotráfico, reivindicó la reforma en términos casi fundacionales. “Este cambio comienza con un cambio conceptual: no es el argentino el que está en falta con el Estado, es el Estado el que está en falta con los argentinos. El Estado les puso el arma y el gatillo en la cabeza. Eso se termina con nosotros”, afirmó ante funcionarios, periodistas y con el ministro Luis Caputo sentado en primera fila.

A su lado estaba Juan Pazo, entonces titular de ARCA y principal arquitecto técnico del proyecto. Fue él quien explicó los aspectos más novedosos de la reforma. “Vamos a abandonar el esquema persecutorio de la ex AFIP. A partir de ahora, todos son inocentes hasta que ARCA diga lo contrario”, sostuvo. Pero hubo una frase que hoy, a la luz de la polémica alrededor de Adorni, adquiere una resonancia especial. Al describir las ventajas del régimen simplificado de Ganancias, Pazo aseguró que quienes ingresaran al sistema quedarían protegidos frente a futuras investigaciones patrimoniales.

“Para que se entienda: en el ejemplo extremo, si durante ese ejercicio fiscal una persona compra cinco departamentos, ARCA solo le cobrará Ganancias por lo que haya facturado”, explicó el entonces titular del ente recaudador. Y remató con una definición que hoy vuelve a ser observada con atención: “Van a pagar por lo facturado y nada más. No importa si aumentó su patrimonio o su consumo. Ningún gobierno del futuro podrá ir a buscarlos”. Pazo, como no podía ser de otra manera, también figura entre quienes terminaron adhiriendo al régimen.

Es que la discusión pública ya no gira únicamente alrededor de si se trata o no de un blanqueo. El problema para el Gobierno es que algunos de los argumentos utilizados para promover la ley el año pasado parecen haber adquirido una lectura distinta ahora que varios de sus propios funcionarios comenzaron a utilizarla. La polémica, además, horas antes de que Adorni presente la declaración jurada patrimonial y que deberá responder buena parte de las preguntas formuladas por la investigación que impulsa el fiscal Gerardo Pollicita sobre la evolución de su patrimonio y el de su esposa.

En los pasillos de Casa Rosada repiten que no existe ninguna incompatibilidad, que el régimen fue creado precisamente para que los contribuyentes se adhieran y que utilizar una herramienta legal no puede transformarse en una sospecha. El problema es otro. Visto desde afuera, el cuadro ofrece una imagen incómoda para cualquier gobierno: una ley presentada como una revolución tributaria, defendida con el argumento de que limitaría futuras investigaciones y utilizada poco después por algunos de sus principales impulsores.

Aunque jurídicamente no implique ninguna irregularidad, la secuencia alimenta una pregunta políticamente difícil de desactivar: si el Gobierno diseñó una herramienta para liberar a los ciudadanos del control fiscal o si terminó construyendo un mecanismo que también podía servir para protegerse de eventuales acusaciones sobre el origen de sus propios patrimonios.

PL

La implementación del Régimen Simplificado de Ganancias, bautizado por los despachos oficiales como “Inocencia Fiscal”, ha dejado de ser solo una reforma impositiva para convertirse en un foco de sospechas. Es que cada vez se suman más mileístas a los benficios fiscales que autorizó esta ley. Desde el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger hasta el exdiputado José Luis Espert –investigado por lavado de dinero–, y el jefe de Gabinete Mabuel Adorni, tal como informó elDiarioAR.

A la lista se suman ahora el actual titular de ARCA, Andrés Vázquez, y el principal ideólogo y redactor de esta normativa, quien fue Juan Pazo, actual secretario de Planeamiento y Desarrollo Productivo.

La controversia estalló al comprobarse que el propio Pazo figura en la lista de los primeros altos funcionarios del Poder Ejecutivo en inscribirse para recibir los beneficios del sistema que él mismo diseñó, según detalla el medio Letra P.

El esquema, concebido originalmente bajo la premisa de simplificar la carga impositiva y presumir la “buena fe” de los contribuyentes, restringe severamente la capacidad de fiscalización de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Al ampararse en este régimen, los funcionarios logran que el Estado asuma la carga de la prueba ante cualquier inconsistencia tributaria, limitando las auditorías por “discrepancias significativas”.

La conexión con ARCA y el blindaje patrimonial

La revelación cobra un impacto político aún mayor al cruzarse con la situación de Andrés Edgardo Vázquez, el jefe de ARCA colocado por Javier Milei al frente del organismo recaudador.

Vázquez, quien también se acogió al régimen de “Inocencia Fiscal”, arrastra un complejo frente penal en los tribunales federales de Comodoro Py, donde la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) y el juez Marcelo Martínez de Giorgi investigan presuntos departamentos ocultos en Miami valuados en más de dos millones de dólares a través de firmas en las Islas Vírgenes Británicas.

Esta coincidencia entre los diseñadores de la ley y los encargados de aplicarla es lo que motivó la fuerte denuncia pública del periodismo de investigación. En sus redes sociales, el periodista Ari Lijalad expuso la asimetría del escenario.

El proyecto de ampliación y el debate ético

Lejos de retroceder ante los cuestionamientos, la Casa Rosada ratificó el rumbo impositivo. El Poder Ejecutivo envió recientemente al Congreso un proyecto de ley destinado a ampliar la “Inocencia Fiscal”, buscando eliminar por completo los topes de ingresos y los límites patrimoniales que imponía el texto original de Pazo.

De aprobarse esta reforma, los beneficios de fiscalización laxa se extenderán a los mayores patrimonios del país, consolidando legalmente la estrategia a la que ya recurrieron las máximas autoridades del área económica y fiscal de la Nación para resguardar sus propias declaraciones juradas.

La ley que impulsó el ex diputado José Luis Espert, que el gobierno de Javier Milei celebró como uno de sus mayores logros y que Manuel Adorni describió como una norma que “quedará en la historia grande de nuestro país” tiene un rasgo llamativo: quienes más la elogiaron fueron también los primeros en usarla. Los registros de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) revelan que un nutrido grupo de funcionarios, asesores y allegados al Gobierno pidió adherirse al régimen simplificado de Ganancias establecido por la Ley de Inocencia Fiscal (27.799) en los últimos meses.

Santiago Oría, el documentalista de Milei y parte de su círculo más cercano, pidió adherirse el 6 de abril. Le siguió el 21 de abril Antonio Aracre, economista cercano a Milei y conductor en la TV Pública. Ambos lo hicieron semanas antes de que el tema se volviera público.

El 7 de mayo fue el turno del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, uno de los arquitectos del modelo económico libertario. Su constancia de ARCA muestra que su actividad principal registrada es servicios inmobiliarios con bienes urbanos propios, incorporada recién en julio de 2024, el mismo mes en que sumó asesoramiento y gestión empresarial. Dos actividades nuevas, un régimen simplificado pocos meses después.

El 20 de mayo se adhirió Aimé Ayelén Vázquez, titular de la Unidad Gabinete de Asesores de Adorni. Su constancia muestra que se inscribió como autónoma recién en febrero de 2026 —un mes y medio antes de pedir el régimen simplificado—, con actividades de asesoramiento empresarial y servicios personales. La velocidad del trámite llama la atención: alta como autónoma en febrero, inocencia fiscal en mayo.

El 29 de mayo apareció Manuel Vidal, asesor y confidente del estratega presidencial Santiago Caputo, inscripto en Ganancias desde 2016. Dos días después, el 31 de mayo, se adhirió Bettina Angeletti, esposa de Adorni, cuya adhesión abrió el primer frente público sobre el tema. El 1 de junio fue Felipe Núñez, asesor del ministro de Economía Luis Caputo y director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) —el mismo funcionario al que el Banco Nación le otorgó un crédito hipotecario de 373 millones de pesos a tasa subsidiada.

El propio Espert —el ex diputado que impulsó la norma en el Congreso— pidió su adhesión el 9 de junio. Y Adorni cerró la secuencia este martes 10 de junio.

El régimen, según contadores consultados por elDiarioAR, tiene tres efectos concretos: simplificación impositiva, un tapón fiscal que impide que ARCA revise períodos anteriores, y la posibilidad de regularizar bienes no declarados sin que se llame técnicamente blanqueo.

La situación patrimonial de Manuel Adorni volvió a quedar en el centro de la escena. Apenas días después de asegurar que su declaración jurada patrimonial sería publicada “más temprano que tarde”, el jefe de Gabinete quedó envuelto en una nueva polémica luego de que se conociera que tanto él como su esposa solicitaron adherir al régimen simplificado de Ganancias contemplado dentro del paquete de medidas que el Gobierno bautizó como “Inocencia Fiscal”.

La defensa oficial apuntó a diferenciar dos instrumentos que, según sostienen cerca del funcionario, fueron confundidos en parte de la cobertura periodística. “Ante la desinformación difundida recientemente en los medios de comunicación, es necesario aclarar que Inocencia Fiscal y el Régimen Simplificado de Ganancias son dos herramientas diferentes”, explicaron fuentes cercanas a Adorni, según publicó Clarín.

De acuerdo a esa versión, la denominada Inocencia Fiscal constituye el nuevo esquema impulsado por el Gobierno para reformar el régimen penal tributario y elevar los montos previstos en la Ley de Procedimiento Fiscal, con el objetivo de que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) concentre sus esfuerzos en perseguir a los grandes evasores. “Asimismo, se actualizan los montos de las multas por infracciones generales que habían quedado obsoletos”, agregaron.

Distinto sería, afirman, el caso del régimen de declaración jurada simplificada al que adhirió primero su esposa, Bettina Angeletti, y luego el propio jefe de Gabinete. Cerca de Adorni lo describen como un mecanismo meramente administrativo diseñado para facilitar la presentación de las declaraciones juradas anuales. “En este caso, ARCA confecciona una pre declaración jurada y el contribuyente solo debe prestar su conformidad. Se trata de un trámite mucho más rápido y sencillo que permite cerrar el año fiscal de manera inmediata al momento de presentar y abonar el saldo determinado por el sistema”, explicaron.

La aclaración oficial incluyó además una definición terminante que, según distintas fuentes, Adorni transmitió en privado durante las últimas horas: “En nuestro caso, Bettina y yo no vamos a entrar a ningún blanqueo. Solo nos adherimos al régimen fiscal simplificado de ganancias”. Y agregaron: “Es información de público conocimiento ya que figura en nuestra constancia de inscripción en la web de ARCA”.

“Entendiendo que la ley de Inocencia Fiscal contempla varios instrumentos para los contribuyentes, en nuestro caso solo utilizaremos uno, el régimen simplificado de ganancias, cuyo objetivo es lograr una presentación más simple que prepara ARCA, el contribuyente la revisa y se presenta”, adujo Adorni en declaraciones al diario Clarín.

La propia ARCA realiza una aclaración similar en la información oficial sobre el programa. Allí sostiene que el régimen simplificado “no es un blanqueo ni una amnistía” y lo define como “un cambio de paradigma” en la relación entre el contribuyente y el organismo recaudador. “Se abandona la tradicional presunción de culpabilidad fiscal. Ahora sos inocente hasta que ARCA demuestre lo contrario”, afirma el organismo en su sitio web.

Sin embargo, la controversia difícilmente quede reducida a una discusión técnica sobre instrumentos tributarios. El episodio se produce en un momento especialmente sensible para Adorni, que todavía enfrenta cuestionamientos por la demora en la publicación de su declaración jurada patrimonial. Por eso, más allá de las explicaciones sobre el alcance concreto del régimen simplificado, la polémica volvió a poner el foco sobre una pregunta que el Gobierno todavía no terminó de responder: cuándo se conocerá finalmente el patrimonio completo de uno de los funcionarios más importantes de la administración Milei.

Expectativa por la DDJJ

La promesa de Adorni tiene además una fecha precisa. Según pudo reconstruir elDiarioAR, el jefe de Gabinete asegura que no dejará pasar del lunes 15 de junio la presentación de su declaración jurada patrimonial ante la Oficina Anticorrupción. La elección del momento, sin embargo, está lejos de ser inocente. En la Casa Rosada confían en que el inicio del Mundial de fútbol contribuya a bajar la intensidad mediática de una discusión que acompaña al funcionario desde hace meses y que se encuentra directamente vinculada a la causa por presunto enriquecimiento ilícito que tramita en los tribunales federales.

La demora tiene, según comentan cerca de Adorni, una doble explicación. La primera es técnica. El funcionario buscó evitar cualquier movimiento que pudiera interferir con las medidas de prueba impulsadas por el fiscal federal Gerardo Pollicita. La segunda es abiertamente política. Durante semanas se resistió a ceder ante los reclamos públicos de Patricia Bullrich, quien le exigía que presentara cuanto antes la documentación patrimonial. Fue la exministra, de hecho, quien terminó acelerando los tiempos al anticipar la presentación de su propia declaración jurada y dejar a Adorni cada vez más expuesto.

Mientras tanto, la investigación patrimonial sigue avanzando. Pollicita encomendó a la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero (DAFI) un análisis exhaustivo de la evolución patrimonial de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti. El interrogante central es relativamente sencillo: si el nivel de vida del matrimonio resulta compatible con los ingresos declarados por el funcionario, cuyo salario permaneció durante gran parte de 2024 y 2025 en torno a los tres millones de pesos mensuales de bolsillo.

Entre los elementos bajo análisis figuran la compra de un departamento en Caballito financiado parcialmente mediante un préstamo otorgado por dos jubiladas, del que todavía restarían cancelar unos 70.000 dólares, y la adquisición de una vivienda en el barrio privado Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz, escriturada íntegramente a nombre de Angeletti. La fiscalía también puso la lupa sobre al menos 21 viajes realizados por la pareja durante los últimos cuatro años a destinos como Aruba, Nueva York, España, Cancún y Punta del Este, varios de ellos con alojamiento en hoteles de alta categoría.

PL

Manuel Adorni pidió adherirse este martes al régimen establecido por la Ley de Inocencia Fiscal (27.799) antes de presentar su declaración jurada patrimonial, prometida para el lunes 15 de junio. La maniobra tiene una consecuencia concreta y deliberada: el funcionario no está obligado a explicar ante ARCA ni ante la Justicia cómo creció su patrimonio durante 2025. Su esposa, Bettina Angeletti, había dado el mismo paso diez días antes.

La ley funciona así: quien se adhiere paga el impuesto a las Ganancias únicamente sobre lo que facturó ese año, sin importar cuánto aumentaron sus bienes o su consumo personal. No hay obligación de declarar qué activos se regularizan ni de dónde salieron. Esa información queda blindada bajo secreto fiscal.

El mecanismo fue impulsado en el Congreso por el diputado José Luis Espert y celebrado públicamente por el propio Milei. Adorni se encargó de comunicarlo desde la Jefatura de Gabinete. El 26 de diciembre de 2025, escribió en sus redes: “La Ley de inocencia fiscal probablemente sea una de las leyes que quede en la historia grande de nuestro país: aún no se toma la real dimensión de todo lo que implica”. Ahora se sabe a quién le venía como anillo al dedo esa dimensión.

La propia ARCA sostiene que el régimen simplificado “no es un blanqueo ni una amnistía” y lo define como “un cambio de paradigma” en la relación entre el contribuyente y el organismo recaudador. “Se abandona la tradicional presunción de culpabilidad fiscal. Ahora sos inocente hasta que ARCA demuestre lo contrario”, afirma el organismo en su sitio web.

Contadores consultados por elDiarioAR explican que el régimen tiene tres efectos concretos. El primero es la simplificación impositiva, aunque uno de los especialistas advierte que “no es tan simplificado como dicen”. El segundo, y “lo mejor que tiene el régimen”, es el llamado tapón fiscal: quien declara correctamente el período 2025 genera un blindaje que impide que ARCA revise los períodos anteriores. El tercero es la posibilidad de regularizar bienes no declarados —“la guita del colchón”, en palabras de uno de los especialistas— sin que técnicamente se llame blanqueo, denominación que el Gobierno evita por las exigencias del GAFI.

Sobre la adhesión de Adorni, el contador Jorge Gebhardt advierte que “da para cualquier interpretación”: alguien puede adherirse sin tener nada irregular, pero el régimen también permite bancarizar dinero no declarado para realizar compras. “Ahí siempre está la duda”, señala, “no sé, diez, 20.000 dólares que hacés... un millón de dólares, no sé”. A montos muy significativos, agrega, debería haber reportes que impedirían esa posibilidad.

El otro especialista consultado, que prefirió el anonimato, suma un dato político relevante: el régimen simplificado que está dentro de la ley de inocencia fiscal “parece que va a ser modificado, eliminando los topes para adherirse”. Si eso ocurre, el blindaje que hoy tiene Adorni se volvería aún más amplio. Pero hay un límite claro, según una fuente del sector contable consultada por este medio: la adhesión “lo hace zafar solo de la parte penal tributaria”. La causa por enriquecimiento ilícito que tramita en Comodoro Py sigue su curso sin que este régimen la afecte.

Adorni tiene una causa judicial abierta por presunto enriquecimiento ilícito en manos del fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo. Los registros de ARCA revelan además un dato que los investigadores ya tienen en la mira: Adorni tiene actividades económicas registradas desde noviembre de 2013, pero recién se inscribió en el impuesto a las ganancias en enero de 2020. Un intervalo de casi siete años en el que operó bajo múltiples categorías —servicios personales, asesoramiento empresarial, contabilidad— sin tributar por ese régimen.

La solicitud actual de cambio al régimen simplificado representa un nuevo escalón en ese proceso de ordenamiento tardío, que ahora ocurre bajo la lupa judicial. Según la denuncia impulsada por la diputada Marcela Pagano, el patrimonio del funcionario habría experimentado un incremento del 500% en un único período fiscal, con severas discrepancias entre declaraciones juradas, omisión de activos financieros y depósitos en el exterior.

El expediente analiza la compra de un departamento en Caballito con una hipoteca de 200.000 dólares sin intereses de dos jubiladas, la adquisición de una casa en el country Golf Club Indio Cuá por US$120.000 con una hipoteca tomada de una policía retirada y su hija —a quienes aún les debería 70.000 dólares—, y el pago de US$245.000 en efectivo y sin facturar a un contratista por las refacciones de esa propiedad.

A partir del impulso fiscal, la Justicia comenzó a analizar el patrimonio del jefe de Gabinete con una batería de medidas orientadas a establecer si hubo un incremento patrimonial no justificado, que incluyó pedidos de informes a registros de la propiedad, organismos nacionales, la Oficina Anticorrupción y la ANSES.

El patrón se repite en su esposa: Angeletti figuraba inscripta como trabajadora autónoma desde 2017, pero regularizó su situación frente al IVA y al impuesto a las ganancias recién en octubre de 2025, tras casi ocho años de operación. La proximidad de ambas adhesiones y el historial de regularización tardía en el núcleo familiar pusieron en alerta a los investigadores judiciales, que evalúan los movimientos como parte de un ordenamiento fiscal integral del matrimonio bajo escrutinio.

Según consignó La Nación, el fiscal Pollicita trabaja en un largo escrito en el que le requiere a Adorni que justifique sus bienes, que no llegan a estar cubiertos por sus ingresos. Esta solicitud es en general el trámite previo a que el funcionario sea citado a prestar declaración indagatoria. La fiscalía aguarda el resultado final de un peritaje contable encargado a expertos de la Procuración General de la Nación, al que se suma un estudio especializado sobre criptomonedas y la trazabilidad de operaciones financieras de Adorni. El informe técnico definitivo podría demorar alrededor de 90 días.

Una vez notificado, Adorni deberá explicar detalladamente el origen de los fondos utilizados para adquirir los bienes observados. Si sus explicaciones resultan suficientes, el fiscal podría resolver el sobreseimiento; de lo contrario, solicitará formalmente su declaración indagatoria. Fuentes de Comodoro Py estimaron a elDiarioAR que la citación a indagatoria podría concretarse antes del inicio de la feria judicial de invierno, prevista para la segunda mitad de julio. También está el interés de Adorni de presentar su DDJJ ante el comienzo del Mundial.

La adhesión al régimen de inocencia fiscal no equivale a una confesión ni genera por sí misma consecuencias penales. Pero quien se acoge a él reconoce implícitamente que tiene activos o ingresos que no puede justificar. La ley no excluyó a los funcionarios públicos —técnicamente denominados Personas Expuestas Políticamente— del beneficio de no rendir cuentas sobre el incremento patrimonial. Adorni usó para sí mismo el instrumento que desde su cargo ayudó a instalar.

MC

Manuel Adorni solicitó su adhesión al régimen simplificado de Ganancias establecido por la llamada Ley de Inocencia Fiscal, según consta en la constancia de inscripción emitida por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El documento confirma que el funcionario se acogió al mecanismo para el período fiscal 2025, mientras la Justicia lo investiga por un presunto enriquecimiento ilícito que no logra justificar.

La movida no es aislada. Su esposa, Bettina Angeletti, ya había pedido acogerse al mismo régimen el 31 de mayo, según registros de ARCA. Ambas solicitudes se presentaron antes de que Adorni entregue su declaración jurada patrimonial, cuya demora viene siendo señalada por la oposición y la prensa.

La Ley de Inocencia Fiscal —impulsada en el Congreso por el diputado José Luis Espert y celebrada por el propio Milei— permite pagar el impuesto a las Ganancias únicamente sobre lo facturado, sin importar cuánto haya aumentado el patrimonio ni el consumo personal durante ese período. En términos prácticos: quien se adhiere no está obligado a explicar la brecha entre sus ingresos declarados y sus bienes reales.

Ese mecanismo es exactamente lo que la investigación judicial puso en el centro. Según los registros de la causa, Adorni y su esposa compraron en 2025 un departamento en Caballito por el que pagaron 30.000 dólares en efectivo y tomaron una hipoteca sin intereses de 200.000 dólares de parte de las vendedoras, dos jubiladas. El expediente, en manos del fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo, analiza también la compra de una casa en el country Golf Club Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, por 120.000 dólares, con 20.000 en efectivo y una hipoteca de 100.000 dólares suscripta con una policía retirada y su hija. Las propias vendedoras declararon que Adorni aún les debe 70.000 dólares de esa operación. Además, el contratista Matías Tabar declaró que recibió 245.000 dólares en efectivo y sin facturar por las refacciones de esa propiedad.

La adhesión al régimen no implica una amnistía total ni constituye, por sí misma, una irregularidad, pero la constancia se convierte en un elemento concreto dentro del expediente que ya recopila testimonios, movimientos inmobiliarios y registros financieros del matrimonio.

Adorni prometió presentar su declaración jurada patrimonial ante la Oficina Anticorrupción antes del lunes 15 de junio. La elección del momento no es casual: el jueves 11 arranca el Mundial de fútbol y el Gobierno apuesta a que el ruido del torneo le dé cobertura mediática a un trámite que lleva meses demorado.

Adorni fue uno de los voceros más entusiastas de la ley que ahora lo ampara. Cuando se reglamentó el régimen, el jefe de Gabinete escribió en sus redes que la norma “devuelve a los argentinos la libertad de usar su dinero sin darle explicaciones a nadie”. Ahora él y su esposa son los primeros en beneficiarse de esa libertad.

El Gobierno nacional reglamentó este lunes la Ley de Inocencia Fiscal, la ambiciosa normativa impulsada por la gestión de Javier Milei que busca blindar a los contribuyentes y fomentar la declaración de dólares del mercado informal. 

Con la publicación del decreto reglamentario 93/2026 publicado este lunes en el Boletín Oficial, el Régimen de Declaración Jurada Simplificada entra formalmente en vigencia, estableciendo un nuevo paradigma en la relación entre el Estado y los contribuyentes.

La norma, que modifica el Régimen Penal Tributario y el Código Civil y Comercial, apunta a un relajamiento de los controles patrimoniales a cambio de un cumplimiento estricto de la facturación declarada ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Los ejes centrales de la reglamentación

El punto más disruptivo de la ley es la creación del “Régimen simplificado de Ganancias”, diseñado para contribuyentes con un tope patrimonial de hasta $10.000 millones.

Nuevos pisos de punibilidad y plazos

La ley introduce una actualización drástica en los montos para que un incumplimiento sea considerado delito penal, elevando los umbrales de evasión:

Extinción de la acción penal y multas

La reglamentación también detalla los mecanismos para que los contribuyentes regularicen deudas pendientes sin enfrentar causas criminales:

Con esta reglamentación, el Ejecutivo busca acelerar la exteriorización de activos en un contexto donde el Gobierno apuesta al blanqueo para fortalecer las reservas y dinamizar la inversión privada, garantizando que el origen de los fondos no será objeto de persecución fiscal para quienes cumplan con el nuevo esquema.

El comunicado completo de la ARCA

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informa que se publicó el Decreto reglamentario del Régimen de Inocencia Fiscal, previsto en la Ley N.º 27.799, junto con la normativa complementaria de ARCA, que pone en plena vigencia el Régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias.

Con la Ley de Inocencia Fiscal se deja atrás un régimen persecutorio. Décadas de cepo cambiario, alta inflación, volatilidad y un sistema tributario asfixiante empujaron a millones de argentinos a la informalidad y la evasión.

En ese esquema todos eran considerados evasores.

La Ley de Inocencia Fiscal viene a poner las cosas en su lugar y le devuelve la libertad a los argentinos de usar su dinero sin darle explicaciones a nadie.

Entre los principales puntos de este cambio paradigmático se destaca que el umbral de evasión simple se eleva a 100 millones de pesos, y el de evasión agravada a 1.000 millones de pesos. También se modificó el plazo de prescripción del delito, que disminuye de 5 años a 3 años. Esto implica que quienes se inscriban al RSG en los próximos meses no van a poder ser investigados a partir de 2029.

Además, evadir ya no va a ser un delito penal. Quien incumpla y sea notificado, podrá resolverlo pagando su deuda sin necesidad de afrontar una causa penal.

Principales definiciones de la reglamentación y adhesión al Régimen Simplificado de Ganancias

Requisitos de ingresos y patrimonio para la adhesión.

Para adherir al régimen se deberán cumplir, entre otros, los siguientes requisitos:

- Ingresos totales de hasta $1.000 millones anuales.

- Patrimonio total de hasta $10.000 millones.

- No revestir la condición de Gran Contribuyente Nacional.

La verificación se realizará considerando el período fiscal de adhesión y los dos anteriores, sin acumular los montos entre años.

Declaración Jurada Simplificada y efecto liberatorio

ARCA pondrá a disposición una Declaración Jurada Simplificada precargada, que el contribuyente podrá revisar, modificar y presentar. La presentación y el pago en término del impuesto —o la adhesión a un plan de facilidades dentro del vencimiento— otorgarán efecto liberatorio respecto del Impuesto a las Ganancias del período fiscal base.

Bancarización de operaciones

Se establece que las operaciones se considerarán correctamente canalizadas cuando los fondos ingresen al sistema financiero en el origen o en el destino de la operación.

Se ratifica que las compraventas de inmuebles podrán seguir realizándose en efectivo, conforme lo dispuesto por el Decreto N.º 22/2001.

Antecedente favorable en materia de lavado de activos

La constancia digital de adhesión al Régimen Simplificado de Ganancias será considerada un antecedente favorable ante entidades financieras y sujetos obligados en el marco de la normativa de prevención de lavado de activos, sin perjuicio del cumplimiento de los controles correspondientes. ARCA implementará un sistema de validación digital para facilitar esta verificación.

No se analizará el incremento patrimonial

La normativa aclara expresamente que ARCA no analizará el incremento patrimonial, incluyendo depósitos bancarios, a los fines de la verificación del régimen, despejando interpretaciones erróneas sobre el alcance de los controles.

Presunción de exactitud y nueva período fiscal base

El régimen incorpora una presunción de exactitud de las declaraciones juradas presentadas bajo la modalidad simplificada. Cuando el contribuyente cumple con la presentación y el pago en término del Impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal base, la información declarada se presume correcta, otorgando mayor seguridad jurídica y previsibilidad.

De esta manera, ARCA sólo podrá impugnar la declaración en supuestos excepcionales expresamente definidos en la normativa, como la existencia de discrepancias significativas debidamente verificadas.

Asimismo, el régimen introduce el concepto de nuevo período fiscal base. Cada vez que el contribuyente ratifica su permanencia en el régimen y presenta en término la Declaración Jurada Simplificada con el correspondiente pago, ese período pasa a constituirse como un nuevo período fiscal base.

De esta manera, los períodos anteriores quedan alcanzados por la presunción de exactitud, salvo que ARCA hubiera notificado previamente una orden de intervención, consolidando un esquema de cumplimiento progresivo que refuerza la confianza entre el contribuyente y la administración tributaria.

Rectificativas y multas

La reglamentación dispone que la rectificación espontánea presentada antes de la notificación de una orden de intervención no configura una discrepancia significativa.

Asimismo, ARCA establecerá una reducción del 50 % de las multas para quienes regularicen su situación dentro de los 45 días posteriores al vencimiento.

Con la reglamentación de la Ley de Inocencia Fiscal, se avanza en un cambio trascendental de paradigma tributario que le devuelve la libertad a los argentinos de poder disponer de sus ahorros.

Los argumentos del Gobierno

Al momento de sancionarse la ley en el Congreso, a fines de 2025, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, explicó que la Inocencia Fiscal “revierte un paradigma instalado durante más de 100 años en la Argentina. En lugar de ser potenciales sospechosos, todos los ciudadanos son inocentes hasta que la Justicia demuestre lo contrario. Los argentinos nos acostumbramos a vivir bajo un régimen persecutorio donde quien ahorraba para resguardarse de los vaivenes económicos —siempre provocado por la mala administración política— era visto como un criminal de guerra. A tal punto llegó el afán persecutorio del Estado depredador que llegamos al extremo de que se informaban al Estado las compras del supermercado que alcanzaban los 100.000 pesos. Los años de cepo cambiario, alta inflación, volatilidad y un sistema tributario asfixiante empujaron a millones de argentinos a la informalidad y a la evasión impositiva. Que quede bien claro, fue culpa del Estado depredador el nivel récord de informalidad de la economía argentina y la necesidad de la gente de resguardar sus ahorros por fuera del sistema. Mientras tanto esa Argentina, que trató a los ahorristas como malhechores, fue tierra fértil para el reinado de los corruptos, los narcotraficantes y otros delincuentes de la misma calaña”, apuntó el vocero libertario.

La Ley de Inocencia Fiscal “les devuelve la libertad a los argentinos de usar su dinero sin darle explicaciones a nadie. Con el nuevo esquema: lo tuyo es tuyo; tus dólares, tu decisión. Además, va a impulsar la inversión porque los fondos que los argentinos ingresen al sistema va a desarrollar el mercado de capitales. En cualquier país de la región, el crédito al sector privado en términos del Producto Bruto Interno oscila entre el 60% y el 120%. Hoy, en Argentina, fruto de las pocas herramientas para canalizar el ahorro, es de apenas el 9%. Es una oportunidad para el financiamiento de proyectos de inversión, la Ley de Inocencia Fiscal”, remarcó Adorni.

De acuerdo a lo que explicó el jefe de los ministros, “la ley incluye dos medidas principales. La primera busca blindar a los argentinos ante futuras administraciones que pretenden volver al régimen persecutorio anterior. Con el Régimen Simplificado de Impuesto a las Ganancias, cada ciudadano podrá normalizar su situación patrimonial pagando ganancias solo por la facturación efectuada, independientemente de su variación patrimonial”.

Y agregó: “La segunda medida apunta a la simplificación del sistema tributario. Se van a modificar los umbrales por los cuales el Estado pedía perseguir a sus ciudadanos por evasión. El umbral de evasión simple se eleva a cien millones de pesos y el de evasión agravada, perdón, a los mil millones de pesos. Además, se modificó el plazo de prescripción del delito, se disminuye de 5 a 3 años. Quien incumpla y sea notificado podrá resolverlo pagando lo que debe para que pueda normalizar su situación fiscal sin tener un problema penal”.

Según Adorni, “unas 17 provincias ya firmaron convenios de intercambio de información con ARCA para adherirse a la lógica de este nuevo régimen. A modo ilustrativo, la Provincia de Buenos Aires, por supuesto, no lo ha firmado. Invitamos a todos los gobiernos provinciales a que ingresen al nuevo sistema. Para quienes quieran aprovechar la nueva medida, el Banco Nación dará instrucción a sus empleados de cumplir estrictamente con la ley. Empleado que pide una documentación por fuera de la norma va a ser despedido. Con que la persona muestre que se adhirió al Régimen Simplificado de Ganancias, ya podrá depositar sus dólares en el banco para gastarlos, ahorrarlos o invertirlos”, detalló.

Argentina dejó de vivir en el reino al revés. A partir de ahora, los inocentes dejaron de ser tratados injustamente como culpables y los culpables serán perseguidos con todo el peso de la ley“, concluyó el funcionario.

Con información de agencias.

IG

Más de un contador, no todos, desaconsejan a sus clientes con flujo de fondos o stocks no declarados blanquearlos a partir de la nueva ley de inocencia fiscal, que aún resta reglamentar. Mientras, los bancos privados y los públicos excepto el Nación ponen reparos a recibir efectivo o plata del exterior o de criptoactivos sin registrar por cuestiones de compliance (cumplimiento normativo) para evitar incurrir en lavado de dinero. Incluso advierten a sus usuarios que deberían elaborar un reporte de operación sospechosa (ROS) para girarlo a la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo que lucha contra el lavado.

“Es una ley muy extraña con una serie de defectos, por lo que las posibilidades de éxito que le veo hoy, sin reglamentar, son muy relativas”, opina el contador Jorge Gebhadt, asociado al estudio Aguirre Saravia & Gebhardt. En primer lugar, considera que podrían quedar afuera los 2,1 millones de monotributistas y los 10 millones de empleados formales en relación de dependencia. Lo mismo opina su colega Juan Pablo Futten.

“A los monotributistas les harían desistir de su categoría para entrar en el nuevo régimen simplificado del impuesto a las ganancias, lo cual yo no le recomendaría a nadie porque automáticamente las retenciones de Ganancias pasan a ser del 31%, el IVA no necesariamente se puede trasladar a un cliente”, expone Gebhardt. “Los empleados o los jubilados que tengan dólares -N. de la R.: hay gente con ingresos en blanco que los ilegalizaron al comprar divisas en cuevas- también deberían adherirse a este régimen simplificado”, añade el mismo contador. Hay 7,1 millones de jubilados y pensionados.

Futten, que integra el kirchnerista Instituto Patria, reconoce que la ley acierta al subir bien el umbral a partir del cual se considera delito -y, por tanto, con pena de prisión- la evasión tributaria, de $1,5 millones a 100 millones, dado que el monto había quedado desactualizado por la inflación. También en que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) pase a controlar sólo los últimos tres años, no los cinco, como antes, salvo tres excepciones (si el organismo considera que debe tributarse más del 15% por encima de lo declarado por el contribuyente, si este usó facturas truchas o si evadió más de $100 millones). Sin embargo, Futten concuerda con las dudas de si algún monotributista adherirá -algo no menor teniendo en cuenta que hay millonarios escondidos en esa categoría- o algún empleado en blanco. Es decir, el nuevo esquema sólo atraería a autónomos, también llamados responsables inscriptos, que suman 422.000 personas.

En cambio, el contador César Litvin disiente: “El régimen simplificado es una excelente opción para los contribuyentes de Ganancias, no ganan mas de $1.000 millones anuales, con un patrimonio menor a $10.000 millones y que no son grandes contribuyentes. La declaración jurada es muy simple, conviene incluso pasarse a los autónomos que tienen todo en blanco porque además ya no les revisarán lo de más de tres años. El monotributista que se asesore por si le conviene o no salirse del monotributo. A algunos sí y a otros no. A la mayoría no le va a servir cambiar”, concede. También lo aconseja “para los que tienen dólares en el colchón, que incluso pudieron haber provenido de pesos en blanco, porque sólo así los pueden exteriorizar y darles una renta”.

Gebhardt sigue arremetiendo: “Al no ser una ley de blanqueo, quedan abiertas muchas rendijas peligrosas. Se dicen que no van a revisar los consumos ni los incrementos patrimoniales, pero la ley de procedimiento tributario hay presunciones más que siguen vigentes, por ejemplo, el inventario no declarado por un comerciante o si los depósitos bancarios superan a las ventas”. Por eso, pronostica poca adhesión a la ley de inocencia fiscal, salvo que la reglamentación la cambie.

Futten advierte que la reglamentación tampoco puede modificar la ley. Y agrega cuestionamientos. Recuerda que el último blanqueo de capitales de 2024 incluyó, a pedido de senadores opositores, un artīculo que establece que los que adhirieron no pueden sumarse a eventuales futuras amnistías fiscales hasta 2038. El contador alerta que es muy delgada la línea que separa la inocencia fiscal de un blanqueo. Litvin rechaza esta objeción: “La nueva ley tiene efectos de blanqueo, pero no es un blanqueo”. Futten añade que, a diferencia del sinceramiento fiscal de hace dos años, ahora hay un tope de US$60.000 y se pregunta por que registrarían fondos aquellos que no lo hicieron entonces. Claro que hay gente que en este periodo ha vuelto a generar recursos sin declarar.

Futten, docente de impuestos en la Universidad de Buenos Aires (UBA), advierte que los bancos pueden hacer los ROS ante operaciones de montos inusuales de sus clientes. En una de las principales entidades privadas de la Argentina y en otras de mayores billeteras virtuales cuentan que están esperando la reglamentación para definir cómo proceder. Después de que se conozca, las asociaciones de bancos entregarán al Gobierno un documento con sus dudas, después de que el ministro de Economía, Luis Caputo, los retara por rechazar fondos no declarados y aconsejara dirigirse a depositarlos al Nación, que preside Darío Wasserman, consignado como uno de los recaudadores de la última campaña libertaria. En un banco público siguen aplicando las mismas normas de siempre contra el lavado, el terrorismo y el tráfico de armas, a la espera de nuevos detalles de la UIF y el Banco Central.

“Hay que trazar una línea divisoria entre dinero negro y dinero sucio, proveniente del narco o la venta de armas”, opina el CEO del estudio Lisicki, Litvin & Abelovich. “Los bancos por compliance y por la UIF tienen que saber el origen de dinero y reportar operaciones sospechosas. En blanqueos anteriores, los bancos no querían recibir depósitos para evitar esa responsabilidad. Que pidan lo que deben pedir, pero que no ahuyenten a sus clientes de siempre. Cuando ya son clientes se sabe dónde generan dinero, pero si se presenta alguien sin cuenta en bancos y con cifras significativas, van a pedir el origen lícito del dinero”, reconoce.

Diego Fraga, del estudio Expansion, apunta que la nueva ley tiene “mucho intenciones, pero falta afinar el lápiz y aclarar cosas”. El abogado tributarista señala que resta definir qué documentación deberán pedir los bancos y la UIF, coincide con Gebhardt en que no se desactivan todas las presunciones de evasión, aconseja -como Litvin- que los monotributistas hagan una simulación previa a pasarse al nuevo régimen para ver si les conviene o no y recuerda que la ciudad de Buenos Aires y las provincias mantienen sus propios regímenes tributarios y que la estructura de la ARCA, aunque haya estrenado nombre, repite prácticas arraigadas. Es decir, sigue habiendo inspectores con vocación de perseguir evasores.

AR/MF

El dólar siempre está de moda en la Argentina. Ahora que el ministro de Economía, Luis Caputo, se tuvo que comer sus palabras y puso en marcha este viernes un techo más alto de la banda cambiaria, que se actualiza según la inflación y no más a sólo 1% mensual. Ahora que su par de Desregulación, Federico Sturzenegger, doctor en economía por el Massachusetts Institute of Technology (MIT), califica de “héroes” a los que gastan las divisas que producen los exportadores en vacaciones en el exterior, con el que argumento de que si un país quiere exportar, debe importar (ver tweet abajo). Ahora que el Banco Central, que conduce Santiago Bausili, y la Unidad de Información Financiera (UIF), que dirige Paulo Starc, proveen a la Justicia de reportes de la presunta venta de dólares oficiales a cuevas que después los revendían a precio blue en los tiempos en que Sergio Massa era ministro de Economía (2022/2023).

Como si fuera poco, quedaron liberados depósitos en dólares del blanqueo de capitales de 2024: un total de US$20.000 millones que pueden quedar ahí, buscar inversiones más rentables o escaparse otra vez al colchón (llámense cajas fuertes) o al extranjero. Y pronto entrará en vigencia la ley de inocencia fiscal, que apunta a un blanqueo permanente de pesos circulantes y dólares encanutados.

El dólar minorista arrancó el año subiendo el 1%, hasta $1.495, y el mayorista, referencia para la banda, el 1,3%, a $1.475, con lo que empieza a aproximarse al nuevo techo de $1.529. “No veo mayor reacción del tipo de cambio en estos días”, tranquiliza Daniel Marx, socio de la consultora Quantum Finanzas. “Una parte importante de los dólares del blanqueo van a continuar en el circuito, en depósitos o en compra de ON (obligaciones negociables, que son los títulos de deuda de las empresas), bonos (del Estado) u otros activos. La ley de inocencia fiscal va a tener al principio una reacción tibia. Pero en el tipo de cambio hay movimientos por el turismo, especialmente en esta época, y a los cambios normativos que están implementándose”, se refiere a los viajeros al extranjero, que también demandarán lo suyo durante el Mundial de Norteamérica en junio y julio, y las nuevas flexibilizaciones del cepo cambiario, que aún sigue vigente para determinadas operaciones, incluido el impuesto que pagan los “héroes” a las compras en el exterior y los giros de empresas de antiguas utilidades y deudas comerciales.

“Más que la banda, la pregunta del momento en el mercado cambiario es qué va a pasar con los vencimientos de deuda del 9 de enero (por más de US$4.000 millones a bonistas) y el 1 de febrero de US$800 millones al Fondo (Monetario Internacional, FMI)”, observa Matías Rajnerman, analista del Banco Provincia de Buenos Aires. “Cada vencimiento es un desafío. Los anteriores se pagaron con ayuda de EE UU. Ahora parece que va a ser un 'repo' (préstamo de bancos, de corto plazo y alta garantía). La pregunta es con qué dólares se va a cancelar eso. En cambio, la suba del techo de la banda ya estaba descontada por el mercado. En cuanto a la ley de inocencia fiscal, en 2025 no se generaron tantos flujos como para que se blanquee tanto como en 2024, cuando venías de varios años acumulando flujos no declarados”, agrega Rajnerman.

Alejandro Pagliero, analista de la sociedad bursátil Nasini, descarta que en enero el nuevo esquema cambiario vaya a tener impacto en la cotización. “Sí tendrá en los próximos tres o seis meses, por el efecto acumulativo”, se refiere a que el techo de la banda irá elevándose más y más. “Para mitad de año vas a tener un dólar $100 o $150 más alto que con el esquema anterior. A eso sumale que en enero y febrero vas a tener bastante demanda por turismo y que el Gobierno tiene que dar alguna señal de acumulación de reservas para el pago de la deuda. Por eso vamos a estar en un nivel bastante cercano a la banda superior. Mientras, con los dólares del blanqueo va a haber de todo: parte irá a inversión inmobiliario, mucho a activos financieros, no creo que haya mayor desarme para irse al exterior. Muchos empresarios blanquearon y usarán esa plata para recapitalizar sus empresas para crecer por volumen. Por último, la ley de inocencia fiscal irá arrancando de forma paulatina, cuando se acomoden los contadores y abogados, pero beneficiará la recaudación tributaria porque antes el consumo se hacía en negro. Por último, para septiembre u octubre, cuando el Oleoducto Vaca Muerta Sur empiece a sacar petróleo, se dinamizará la constante falta de liquidez en el dólar en la Argentina”, se esperanza Nasini.

El nuevo techo “evita que el tipo de cambio quede desalineado en términos reales (en relación a la inflación) y reduce la probabilidad de tensiones artificiales” , opina Agustina Savoia, asesora financiera de Cocos Gold. “Dl dólar deja de ser una variable determinada por eventos discretos o expectativas de ruptura y pasa a moverse dentro de una trayectoria más previsible. No se trata de un régimen de flotación libre, pero sí de un esquema administrado con reglas más claras, donde el tipo de cambio acompaña la dinámica inflacionaria en lugar de anticipar crisis. Para el mercado, esto se refleja en un escenario de ajustes graduales del dólar, sin saltos abruptos, siempre condicionado a la consistencia del programa fiscal y monetario. El foco deja de estar en el nivel puntual y pasa a estar en la trayectoria. Inflación, tasas y dólar comienzan así a moverse de manera más coordinada, reduciendo los desajustes que históricamente generaron episodios de inestabilidad”, añade Savoia.

En cuanto a los dólares del blanqueo, “el riesgo no está en el vencimiento de las cuentas en sí, sino en un eventual cambio de expectativas que incentive una dolarización defensiva”, señala la asesora de Cocos. “Por ahora, ese escenario no es el que predomina”, aclara. “La ley de inocencia fiscal no genera un impacto inmediato sobre el tipo de cambio, pero sí apunta a modificar un comportamiento profundamente arraigado en la economía argentina: el uso del dólar como refugio ante la incertidumbre legal y tributaria. Al reducir el riesgo percibido de operar con activos declarados, la ley busca incentivar una mayor utilización del ahorro en dólares, ya sea para inversión, consumo o intermediación financiera”, finaliza Savoia.

Alan Trejo, analista de Proficio Investment, considera “un buen avance la modificación del esquema que abandona el ancla cambiaria”. “Es decir, a partir de ahora dejará de atrasarse el tipo de cambio real desde estos niveles. Al indexarse sólo por la inflación local, el techo irá ganando competitividad lentamente en una magnitud anual igual a la inflación de nuestros principales socios comerciales, con Brasil al 4% anual, EE.UU. al 3%. Este nuevo esquema, no obstante, ralentizará la desinflación dado que las tres anclas pasan a ser dos: fiscal y monetaria. Básicamente, la sostenibilidad de este proceso radicará en que continúe el equilibrio fiscal. Todo esto, sumado a que tendremos presente el Central en el mercado para la acumulación de reservas, sólo cuando noten excesos de oferta, que puede ser contra liquidación del agro o de liquidaciones de emisiones de deuda en Nueva York de empresas o provincias.Aal menos hace pensar que el dólar no va a caer, que va a ir subiendo más o menos en línea con la inflación.”

“Una forma de sumar oferta al mercado podría ser liberando los controles de capital y dar paso a que fluyan los capitales internacionales”, conjetura Trejo. “Pero la mala experiencia que atravesaron durante la administración Macri hace pensar que van a liberar muy gradualmente el ingreso de capitales especulativos. Ahora bien, que el dólar suba en línea con la inflación, no garantiza la sostenibilidad del esquema. Todo dependerá del ritmo al cual puedan acumular reservas mientras el riesgo país permanezca sobre los 500 puntos, dado que estamos pagando con cash los vencimientos de capital cuando lo normal es refinanciarlos en los mercados de deuda”, completa el analista de Proficio.

Emmanuel Ruiz Migone, de la firma Aldazabal y Cía., coincide en general: “El hecho que ahora la banda cambiaria esté ligada a la inflación, tiene como ventaja que ya no se va a discutir si el tipo de cambio está atrasado o no, la contra de esto quita previsibilidad porque ahora dependés de las estimaciones de inflación para estimar las bandas. Pero el principal driver (conductor) del tipo de cambio va a pasar por la capacidad del Central de acumular reservas. En la medida en que el mercado vea que se hacen los pagos de deudas y las reservas aumentan, el tipo de cambio debería estar relativamente estable”, agrega Ruiz Migone, que no deja de advertir que sin una normativa clara sobre el lavado de dinero los contadores recomendarán quedarse “quietos: pese a la ley de inocencia fiscal.

En la sociedad Criteria consideran que “en la medida en que la política fiscal y la monetaria se mantengan consistentes, la banda funciona como un ancla de expectativas más que como un objetivo a testear permanentemente”. “El tipo de cambio debería moverse mayormente dentro del corredor definido, con episodios de tensión puntuales más asociados a la coyuntura política o financiera que a desequilibrios macro persistentes. El riesgo principal no es tanto una ruptura de la banda, sino que el mercado perciba inconsistencias entre éstas y la posibilidad de acumulación de reservas”, concluyen en Criteria. En cuanto a los dólares del blanqueo y el impacto de la inocencia fiscal, agregan: “Se espera tengan un efecto estabilizador en el corto plazo, en la medida en que una parte relevante se canalice al sistema financiero o a instrumentos en pesos. No necesariamente implican una oferta permanente de divisas en el mercado cambiario, pero sí reducen la demanda precautoria de dólares y mejoran el balance de expectativas. Hacia adelante, su impacto será más de stock que de flujo: ayudan a recomponer confianza y profundidad financiera, pero no sustituyen la necesidad de generar dólares genuinos vía exportaciones e inversión”.

Otro académico de la economía, que prefiere mantener el anonimato, sostiene que el dólar se acercará al techo de la banda “de modo que puedas intervenir sin quemar muchas reservas y acumulándolas”, es decir, sin vender sino comprando dólares desde el Tesoro o el Banco Central. “La inflación se dirime entre la inercia que te pone la indexación de la banda y las presiones deflacionarias que van a venir por el lado de la apertura comercial y un mercado laboral muy flojo que va a hacer que los salarios no agreguen al 'passthrough' (traslado) de la devaluación”, agrega el catedrático, que advierte sobre la “burrada” de Sturzenegger: “Las importaciones de turismo, los viajes al exterior, no son inputs de exportaciones, de turismo o de otra cosa”.

“Innovadora esta nueva teoría del crecimiento económico que sostiene que para crecer hay que endeudarse con el FMI y EE UU para financiar turismo emisivo”, escribió en X el exministro de Economía Martín Guzmán y adjuntó un emoji de payaso. El economista Carlos Rodríguez comentó al ministro libertario: “Entiendo. Entonces saquen el cepo y feliciten a las empresas que compren dólares”. El ingeniero agrónomo Néstor Roulet opinó: “Y yo que cobré la soja a US$300 la tonelada y van a veranear a un país donde el productor cobra 400. Con la mía es fácil”, apuntó a Brasil. Un profesor de la Universidad de Córdoba, Alejandro Gay, le escribió: “De acuerdo que cerrarse al comercio empobrece. Sin embargo, yo preferiría que fuese el gobierno el héroe de la producción. Ocurre lo contrario, se mantienen distorsiones en el mercado cambiario (cepo a empresas) que generan un precio mentiroso del dólar que impide inversiones”.

El ministo de Producción bonaerense, Augusto Costa, también respondió: “Fede, impecable la teoría de manual de Introducción a la Economía. Pero lamento informarte que para que tu lógica funcione en tus propios términos, el tipo de cambio debería flotar libremente. Hoy, con el dólar intervenido, los 'héroes' que viajan al exterior con un tipo de cambio subsidiado no suben el precio para el exportador: se consumen las divisas que necesita la economía para producir y crecer, mientras se pone en crisis al turismo interno, que sufre la competencia desleal del atraso cambiario. Que quede claro: el turismo emisivo no sostiene la competitividad. Lo único que sostiene y fomenta la competitividad de la economía es la inversión, la ciencia, la tecnología y un mercado interno fuerte, justamente todo lo que están destruyendo. Festejar que se quemen reservas en turismo en el exterior y decir que la industria nacional es 'hacer eso en lo que sos malo' resume perfectamente tu modelo de país. Ya probaste esta receta con De la Rúa, con Macri y ahora con Milei. Y nunca terminamos importando y exportando más. El único resultado posible de este modelo es menos industria, un sector turístico nacional en crisis, economías regionales quebradas y un país cada vez más endeudado”, concluyó Costa.

Mientras elogia “héroes”, el Central y la UIF persiguen villanos. Apuntan a la venta de dólares oficiales a cuevas que después los revendían en el mercado blue para ayudar presuntamente a Massa a controlar el mercado paralelo, las apodadas “manos amigas”, al tiempo que amasaban ganancias exorbitantes. Las sospechas del gobierno libertario también apuntan a los funcionarios que aprobaban las importaciones, el entonces secretario de Comercio Interior, Matías Tombolini, y su subsecretario Germán Cervantes. El juez Marcelo Aguinsky y el fiscal Claudio Navas Rial están a cargo de la investigación.

El entonces presidente del Banco Central, Miguel Pesce, sostiene que su entidad sólo ofrecía divisas a los bancos públicos y privados, que a su vez las vendían a casas cambios que se habían multiplicado en el gobierno de Mauricio Macri. Agrega que además las casas de cambio ahora sumariadas ya habían sido denunciadas por él.

Por lo pronto, el director del Central encargado de los sumarios a casas de cambio, Juan Curutchet, abrió expedientes en esta segunda mitad del año a 22 entidades del rubro. El listado incluye a Lagriet, Alvear, Cambio Posadas, Soy Vos, Andie, Dibehi, Gestiones San Miguel, Torjo, Dieza, Cambitana, Marvic, Clover Alliance, Más Divisas, Argencambio, Forex, Edén, San Isidro, García Navarro, Neoacam y Arg Exchange, la firma del detenido domiciliario Elías Piccirillo, otro exesposo de Jésica Cirio en la mira de la Justicia, después de Martín Insaurralde.

AR/MF

La ley de Inocencia fiscal propuesta por el Poder Ejecutivo se discutirá este viernes en el Senado y podría ser convertida en ley. En su paso por Diputrados, obtuvo 130 votos afirmativos,107 negativos y dos abstenciones.

La norma introduce modificaciones al Régimen Penal Tributario (Ley 24.769); a los Procedimientos Fiscales (Ley 11.683) y al Código Civil y Comercial de la Nación; así como también, un Régimen de Declaración Jurada Simplificada.

La iniciativa crea un “Régimen simplificado de Ganancias” por el cual, de acuerdo al Gobierno, los contribuyentes que adhieran quedarán “blindados para siempre”.

Este régimen, que tendrá un tope patrimonial de hasta 10.000 millones de pesos para poder adherir, garantiza a los contribuyentes no tener que informar sobre variaciones patrimoniales, y tampoco se controlarán los consumos que hagan.

Esto implica que ARCA sólo les cobrará el impuesto a las Ganancias por los ingresos que hayan facturado, independientemente del eventual crecimiento patrimonial (que no será controlado) y de esa base se deducirán los consumos.

El artículo 39 del proyecto “establece el efecto liberatorio del pago, si se acepta el contenido de la declaración jurada propuesta por ARCA y se realiza el pago en término; excepto que se hayan omitido ingresos”.

El proyecto de Inocencia Fiscal aumenta los montos para que se considere que una persona cometió el delito evasión simple, pasando de $1.500.000 a $100.000.000.

En tanto, para que la conducta a investigar se considere de “evasión agravada”, el piso tiene que superar los 1.000 millones de pesos (ya no más 15 millones).

Por otra parte, se reduce el plazo de prescripción de las obligaciones tributarias de cinco a tres años. ARCA no iniciará acciones penales siempre y cuando se cancelen las deudas y sus respectivos intereses, aunque este beneficio correrá una sola vez por contribuyente.

Si la denuncia no estuviera aún radicada, quedará extinguida en caso de que el contribuyente cancele esas obligaciones pagando un adicional del 50% dentro de los 30 días hábiles desde la notificación de la imputación.

Si bien el proyecto apunta a un relajamiento de los controles fiscales, aumentarán los montos de las sanciones económicas por presentar declaraciones juradas fuera de término.

También actualiza las multas para quienes no presenten declaraciones juradas impositivas en tiempo y forma, que habían quedado congeladas y eran de entre $200 y $400). Si la ley se aprueba pasarán a $220.000 para personas y $440.000 para sociedades. En casos de omisiones graves, las multas pueden ascender hasta los $10 millones.

Así lo anunciaba el Gobierno en junio pasado, de la mano de Espert

El anuncio del proyecto de Inocencia Fiscal que busca inyectar en la economía “los dólares del colchón”lo realizaron a comienzos de junio el entonces presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja, José Luis Espert (días después, comenzaba el “affaire Fred Machado” que terminaría con el libertario fuera de su candidatura a senador, fuera del Congreso, fuera del Gobierno, e imputado por su presunta relación con el narcotráfico), y el entonces titular de ARCA, Juan Pazo (que hace poco dejó su cargo), en Casa Rosada. El ministro de Economía, Luis Caputo, estuvo en aquella conferencia, pero observó todo desde la primera fila, sin intervenir.

Los principales argumentos y detalles del proyecto fueron los siguientes:

Qué decía el texto original

Tengo el agrado de dirigirme con el objeto de someter a su consideración un proyecto de ley orientado a la incorporación de reformas sobre Procedimiento Tributario y al Régimen Penal Tributario, en el marco del proceso de reconstrucción de la Nación Argentina y frente a la asfixiante carga fiscal que recae sobre el sector formal de la economía.

Como es de público y notorio conocimiento, la economía argentina ha padecido décadas de caos macroeconómico, marcado por períodos de alta inflación, desplomes periódicos del PBI por debajo de estándares mínimos y oscilaciones cambiarias descontroladas que arruinaron el poder adquisitivo de los argentinos y ahogan cualquier plan de inversión a mediano y largo plazo, desincentivando así la inversión formal. La configuración macroeconómica resultante ha acumulado un stock de activos externos equivalente a más de 250.000 millones de dólares, reflejo de la fuga de ahorros del sistema formal argentino y del peso como reserva de valor.

Frente a esta situación, el Gobierno Nacional viene implementando, desde diciembre de 2023, un programa económico coherente y gradual, orientado a restaurar la confianza en el funcionamiento del sistema institucional argentino, estabilizar las variables macroeconómicas y fomentar la formalización de la actividad productiva.

En este marco, los logros en materia de consolidación fiscal, especialmente a partir de la sanción de la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes Nº 27.743, han permitido sentar las bases para una reforma tributaria integral destinada a simplificar el sistema impositivo, ampliar la base de contribuyentes y generar condiciones más propicias para el desarrollo económico sostenido.

En esta misma línea, el reciente Decreto Nº 353 del 22 de mayo de 2025 profundiza de manera clara y decidida el rumbo desregulador y simplificador adoptado por el Gobierno Nacional. La norma impulsa medidas concretas orientadas a eliminar trámites innecesarios, erradicar la sobreinformación inútil, reducir cargas formales injustificadas y desmantelar barreras burocráticas que asfixian la actividad económica, promoviendo así un entorno más ágil, competitivo y eficiente.

Entre sus disposiciones más relevantes se destacan el impulso hacia la simplificación de procedimientos vinculados a inversiones en bienes registrables, la creación de un régimen opcional y simplificado para la declaración del Impuesto a las Ganancias de personas humanas y sucesiones indivisas residentes y la instrucción a los organismos estatales a realizar una revisión integral de sus regímenes de información y fiscalización, con el objetivo de eliminar la recolección masiva de datos superfluos que no contribuyen al control efectivo, pero sí generan costos desproporcionados para ciudadanos y empresas.

Estas acciones apuntan a un cambio estructural y paradigmático impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional que opera como directriz general para los organismos bajo su órbita y para la ciudadanía en general.

En este sentido, es importante recuperar la confianza en la ciudadanía al categorizar al contribuyente como un ciudadano de bien, que obra de buena fe, luego de haber sido tratado durante décadas como un potencial delincuente fiscal, oprimido por un Estado avasallante que lo sofocaba con controles, trámites inútiles y una maquinaria burocrática diseñada más para perseguir que para servir.

En consecuencia, se promueve la reducción de la carga administrativa para los ciudadanos, sin que ello implique una flexibilización en el cumplimiento de sus deberes fiscales, optimizando al mismo tiempo la asignación de los recursos de fiscalización conforme a criterios de eficiencia y riesgo.

Estas medidas constituyen un nuevo avance en el proceso de modernización y racionalización del Estado Nacional y preparan el terreno para una reforma tributaria estructural.

La iniciativa legislativa proyectada busca consolidar este nuevo enfoque a través de tres objetivos fundamentales:

En esta perspectiva, el proyecto de ley sometido a su consideración propone una serie de reformas en materia tributaria y de procedimiento fiscal. Las medidas se estructuran de la siguiente forma:

Se presume la exactitud de las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias y del Impuesto al Valor Agregado correspondientes a períodos no prescriptos, salvo que se detecte una discrepancia significativa entre la información declarada por el contribuyente en la declaración jurada simplificada correspondiente al último período fiscal declarado y la información disponible en los sistemas del organismo recaudador o provista por terceros. El concepto de “discrepancia significativa” se encuentra expresamente definido en la norma. En dichos casos, podrán desplegarse facultades de verificación y fiscalización respecto de los períodos no prescriptos. Asimismo, se establece que, a los efectos de evaluar si existe o no una discrepancia significativa, no resultan aplicables las disposiciones del inciso f) del artículo 18 de la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, referidas al incremento patrimonial no justificado.

Finalmente, a partir del Título III se invita a las provincias y a la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES a implementar regímenes simplificados de fiscalización alineados con el régimen nacional que se propone. A su vez, se fija la vigencia de la ley a partir del día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.

Entre los beneficios e impactos esperados de su implementación, esta reforma contribuirá a la construcción de un entorno tributario más razonable, uniforme, con menor nivel de litigiosidad y una recaudación sostenible, en línea con una visión de Estado que prioriza la libertad individual, la iniciativa privada y la eficiencia en la asignación de recursos.

Por otro lado, la simplificación de los procesos de fiscalización y la presunción de exactitud aplicable a las modalidades simplificadas de determinación impositiva permitirán reducir la carga de cumplimiento y fomentar la formalización de actividades. En este marco, y sin perjuicio de las facultades de fiscalización respecto de todos los contribuyentes, la concentración de la recaudación en un grupo reducido con mayores niveles de capacidad contributiva, sumada a la disponibilidad limitada de recursos, torna necesario un enfoque estratégico que priorice las acciones de control en los segmentos de mayor riesgo, sin desatender la ampliación y consolidación de la base tributaria en su conjunto.

Por último, la reforma propuesta busca generar un sistema penal tributario más justo y eficiente, centrado en sancionar de manera proporcional y focalizada aquellas conductas que ocasionan un perjuicio real a la hacienda pública y a los sistemas de previsión social. Se espera que este enfoque permita optimizar el uso de los recursos estatales al concentrar el poder punitivo en los casos de evasión significativa, reducir la litigiosidad penal improductiva e incentivar la regularización voluntaria mediante mecanismos que privilegian la reparación del daño por sobre la punición. Al dejar atrás un esquema sancionatorio desproporcionado y homogeneizador, se promueve un sistema más equitativo, que mejora la percepción de justicia fiscal, favoreciendo a su vez una mayor predisposición al cumplimiento por parte de los ciudadanos.

El Gobierno Nacional entiende que el proceso de consolidación fiscal exige ahora una reforma impositiva estructural que propicie confianza, simplificación y competitividad. El proyecto de ley que se remite avanza en esa dirección, en línea con la tendencia global de liberalizar normas y reducir cargas regulatorias al Estado.

Con la convicción de que la REPÚBLICA ARGENTINA necesita un nuevo régimen tributario, el citado proyecto de ley procura ser un instrumento para preservar los derechos de los ciudadanos.

Por lo expuesto, se somete a su consideración el proyecto de ley referido, cuya pronta sanción se solicita.

Con información de agencias.

IG

El Senado debatirá este viernes en comisión el Presupuesto 2026 y la reforma del Régimen Penal Tributario, que el oficialismo quiere tratar en una sesión que se convocará para el 26 de diciembre. Ambos proyectos fueron aprobados en la madrugada de este jueves en Diputados.

El oficialismo convocó para las 10 a la comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside el libertario Ezequiel Atauche, con el fin de emitir este viernes dictamen del Presupuesto 2026.

El dictamen que se emitirá respetará el texto aprobado en Diputados, donde el Gobierno no pudo lograr la derogación de las leyes de Universidades y Discapacidad ya que se rechazó el capítulo 11 donde se incluía esa propuesta.

Si bien en Casa de Gobierno se había evaluado la posibilidad de introducir nuevamente ese capítulo que también incluía las deudas de Camesa con las empresas eléctricas, la restricciones a la ley de zonas fría y la coparticipación Federal de la Ciudad de Buenos Aires.

De esta manera, el dictamen que se buscará aprobar en la sesión del 26 de diciembre se convertirá en ley y luego el Gobierno tendrá que definir qué medidas toma sobre la aplicación de esas leyes, que hoy no se están instrumentando bajo el argumento de que no se definió el financiamiento de esas partidas.

Ley de Glaciares

Por otro lado, un plenario de comisiones de Mineria, Energía y Combustibles, y de Ambiente y Desarrollo Sustentable emitió dictamen de reforma a la ley de Glaciares, que también se debatirá el 10 de Febrero en la segunda convocatoria a extraordinarias.

La iniciativa tiene como objetivo ordenar el marco normativo vigente, poner fin a “interpretaciones arbitrarias y consolidar un esquema de federalismo ambiental compatible con la Constitución”.

La reforma propone reglas claras que protejan los glaciares que cumplen una función hídrica efectiva, fortalezcan los estándares ambientales vigentes y eliminen la discrecionalidad que “bajo pretextos ideológicos, obstaculizó el desarrollo económico del país”, estableció el Gobierno.

Cómo sigue todo

También este viernes a las 9 se constituirá la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, que preside Juan Carlos Pagotto, para emitir dictamen favorable del proyecto de reforma del Régimen Penal o Tributario denominado “Inocencia Fiscal”, y que tiene como objetivo blanquear los dólares compradas en el mercado informal y otros bienes.

Esta iniciativa eleva los montos de 1.5 millón de pesos a 100 millones de pesos para considerar que hubo un delito de evasión simple y a 1.000 millones para determinar que hubo evasión calificada.

También instrumenta un nuevo Régimen de Ganancias para los contribuyentes de hasta un patrimonio de 10 mil millones de pesos, donde se fija que en este caso no se podrá investigar hasta ese monto los cambios que haya existido en los bienes que tenga la persona que adhirió a ese sistema.

Con información de Noticias Argentinas

JIB

Tras más de 14 horas de sesión, la Cámara de Diputados, con impulso del Gobierno nacional, aprobó hoy con media sanción el proyecto de ley de Principio de Inocencia Fiscal, que permite ingresar al sistema los bienes que no estén declarados en la economía formal.

La iniciativa que busca inyectar en la economía “los dólares del colchón” fue aprobada con 130 votos afirmativos, al tiempo que cosechó 107 negativos y dos abstenciones. 

A instancias de una moción de la diputada de La Libertad Avanza Silvana Giudici, la votación se hizo de manera inmediata sin lista de oradores dada la longitud que había tenido el debate del proyecto de Presupuesto 2026.

“Esta es la ley que nos dejó (José Luis) Espert. Es una ley para blanquear a los narcos, los evasores y los delincuentes”, protestó la diputada nacional del Frente de Izquierda Myriam Bregman.

Por su parte, el diputado de Unión por la Patria Juan Grabois coincidió en que es una ley para el narcotráfico y apuntó contra la libertaria Lorena Villaverde, acusada por nexos con el narco. “Te voy a ir a visitar al penal”, desenfundó el líder del Frente Patria Grande.

La ley propuesta por el Poder Ejecutivo nacional introduce modificaciones al Régimen Penal Tributario (Ley 24.769); a los Procedimientos Fiscales (Ley 11.683) y al Código Civil y Comercial de la Nación; así como también, un Régimen de Declaración Jurada Simplificada.

La iniciativa crea un “Régimen simplificado de Ganancias” por el cual, de acuerdo al Gobierno, los contribuyentes que adhieran quedarán “blindados para siempre”.

Este régimen, que tendrá un tope patrimonial de hasta 10.000 millones de pesos para poder adherir, garantiza a los contribuyentes no tener que informar sobre variaciones patrimoniales, y tampoco se controlarán los consumos que hagan.

Esto implica que ARCA sólo les cobrará el impuesto a las Ganancias por los ingresos que hayan facturado, independientemente del eventual crecimiento patrimonial (que no será controlado) y de esa base se deducirán los consumos.

El artículo 39 del proyecto “establece el efecto liberatorio del pago, si se acepta el contenido de la declaración jurada propuesta por ARCA y se realiza el pago en término; excepto que se hayan omitido ingresos”.

El proyecto de Inocencia Fiscal aumenta los montos para que se considere que una persona cometió el delito evasión simple, pasando de $1.500.000 a $100.000.000.

En tanto, para que la conducta a investigar se considere de “evasión agravada”, el piso tiene que superar los 1.000 millones de pesos (ya no más 15 millones).

Por otra parte, se reduce el plazo de prescripción de las obligaciones tributarias de cinco a tres años. ARCA no iniciará acciones penales siempre y cuando se cancelen las deudas y sus respectivos intereses, aunque este beneficio correrá una sola vez por contribuyente.

Si la denuncia no estuviera aún radicada, quedará extinguida en caso de que el contribuyente cancele esas obligaciones pagando un adicional del 50% dentro de los 30 días hábiles desde la notificación de la imputación.

Si bien el proyecto apunta a un relajamiento de los controles fiscales, aumentarán los montos de las sanciones económicas por presentar declaraciones juradas fuera de término.