Tres semanas después de que la Cámara de Diputados votara la media sanción, el Gobierno logró este jueves que el Senado convierta en ley el proyecto “Inocencia Fiscal II”. Lo hizo con con el respaldo de la Libertad Avanza, el PRO, la UCR y bloques provinciales. Así, la iniciativa busca incentivar el ingreso al circuito financiero de dólares que aún permanecen fuera del sistema formal, fue aprobada por 44 votos a favor y 23 en contra.

Para el oficialismo, la aprobación representa un logro importante en su intento de recuperar la iniciativa legislativa, aunque debió negociar con sus aliados e incorporar al temario el debate sobre el proyecto de biocombustibles.

La reforma elimina las restricciones vigentes para ingresar al régimen simplificado de Ganancias. Hasta ahora, esa norma establecía que solo podían acceder a ese régimen quienes tuvieran un patrimonio de hasta $10.000 millones.

Desde la oposición, el peronista José Mayans calificó la ley como un premio para los evasores y “hecha a medida para algunos funcionarios como Adorni”.

Uno de los puntos centrales del proyecto es que legisladores, jueces, ministros del Poder Ejecutivo y el Presidente de la Nación no podrán acceder a los beneficios del sistema simplificado de Ganancias. La norma también prohíbe la adhesión al régimen a los funcionarios públicos y a quienes hayan ocupado cargos públicos durante los cinco años anteriores. Es una modificación al proyecto original que fue introducida durante el debate en Diputados y una consecuencia directa del escándalo en torno a Manuel Adorni. Es que en medio de la investigación por enriquecimiento ilícito, el ex jefe de Gabinete se termino adhirendo al régimen simplificado de Ganancias.

Además de Adorni, otros de los beneficiados fueron el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, el documentalista de Milei, Santiago Oria, y Aimé Ayelén Vázquez, titular de la Unidad Gabinete de Asesores de Adorni, además de la esposa del propio exjefe de Gabinete.

Esta nueva ley redefine el concepto de “discrepancia significativa”, que determina en qué casos la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puede impugnar una declaración simplificada. Según el nuevo criterio, se considerará significativa una diferencia que implique un aumento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos de al menos el 15% respecto de lo declarado por el contribuyente.

El debate en el recinto

La sesión comenzó a las 11:23 con un quórum estricto de 37 senadores, aportado por la Libertad Avanza, la UCR, el PRO y bloques provinciales.

Antes de tratar el proyecto, el peronismo utilizó cuestiones de privilegio para cuestionar al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, por el destino del oro de las reservas. Los planteos fueron formulados por los senadores justicialistas Florencia López y Martín Soria, y rechazados por el libertario Agustín Monteverde, mientras que el oficialismo salió en defensa del funcionario.

También hubo una cuestión de privilegio del radical Maximiliano Abad, dirigida al secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendel, para reclamar la convocatoria a un nuevo Congreso Pedagógico Nacional tras los bajos resultados obtenidos por los alumnos argentinos en las evaluaciones PISA.

Las posiciones en el debate

La presidenta del bloque de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich, defendió el proyecto y sostuvo que la falta de confianza llevó a los ciudadanos a sacar sus ahorros en dólares del circuito formal. Señaló que Argentina y Rusia son los países con más dólares fuera del sistema financiero “porque el Estado fue un enemigo del ahorro”, y responsabilizó a mecanismos como la hiperinflación, la inflación y el cepo. También remarcó que se incorporaron resguardos para los funcionarios públicos, que podrán usar el mecanismo de simplificación pero no acceder a sus beneficios.

Desde el peronismo, el senador José Mayans calificó a la reforma como “un desastre”, en la misma línea que la ley aprobada en diciembre, y la definió como “un premio a los evasores y los narcotraficantes”. El legislador vinculó directamente la norma con figuras del oficialismo.

El libertario Bruno Olivera Lucero, quien abrió el debate, sostuvo que el objetivo del proyecto es que la ciudadanía deje de ver a los contribuyentes “como sospechosos de por vida” y los reconozca como personas que “trabajan, pagan impuestos y merecen respeto”. Agregó que durante el kirchnerismo “ser contribuyente era una condena” y que el fisco trataba a todos como evasores.

Por su parte, el senador peronista Fernando Salino pidió ampliar el alcance de la restricción al régimen simplificado, extendiéndola a “personas políticamente expuestas”, una categoría que consideró más amplia que la de “funcionarios públicos” contemplada en el texto final.

Tras el tratamiento de la ley, el Senado continuó con el debate de los pliegos de Juan Pedro Galván Greenway, Alejandro Javier Catania y Juan Manuel Mejuto, además de la transferencia de competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires.

Con información de Noticias Argentinas

El Senado realizará este jueves una sesión ordinaria para tratar convertir en ley el proyecto de Inocencia Fiscal, aprobar tres pliegos de jueces y la transferencia de competencias a la Ciudad de Buenos Aires, y la reforma de Biocombustibles.

El oficialismo logró un acuerdo con los bloques aliados para sesionar desde las 11, luego de que la LLA aceptó incluir en el temario el proyecto de biocombustibles, aunque ahi todavía hay diferencias sobre la proteccion que tendrán las Pymes de biodiesel.

El temario de la sesión fue acordado en una reunión de Labor Parlamentaria donde también se decidió postergar hasta la próxima semana el debate sobre la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y una iniciativa sobre el Mercado Voluntario de Carbono.

La presidenta del bloque de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich, informó el temario de la sesión y señaló que la reforma del BCRA se postergó por una semana porque “hay una diferencia sobre la elección de los directores”.

Si bien el oficialismo aceptó demorar el debate del Banco Central podrá mostrar este jueves una victoria ya que tiene los votos para sancionar la ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa clave para captar dólares que aún los contribuyentes mantienen fuera del circuito financiero.

Los proyectos del Gobierno

La reforma de la denominada Ley de Inocencia Fiscal II, implica que el Gobierno busca incentivar el ingreso al circuito financiero de dólares que permanecen fuera del sistema formal.

La iniciativa contempla la eliminación de restricciones para ingresar al régimen simplificado de Ganancias, ya que esta ley establecia que solo podían ingresar a ese régimen aquellos que tengan hasta un patrimonio de 10.000 millones de pesos. 

El proyecto también redefine el concepto de “discrepancia significativa”, que determina en qué circunstancias la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puede impugnar una declaración simplificada.

Según la iniciativa, será considerada significativa una diferencia que implique un aumento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos de al menos 15% respecto de lo declarado por el contribuyente.

Además, el temario incluirá el traspaso de competencias de la Nación a la Ciudad de Buenos Aires, en materia de los delitos penales cometidos por los menores, y de integridad sexual.

Otro punto en el temario es la aprobación de los pliegos de Juan Pedro Galván Greenway, Alejandro Javier Catania, y Juan Manuel Mejuto.

Las diferencias por la Ley de Biocombustibles

El oficialismo accedió a incluir la reforma de Biocombustibles, que establece elevar los cortes obligatorios de bioetanol del 12% al 15% y de biodiésel del 7% al 10%, porcentajes que comenzarían a aplicarse un año después de la sanción de la ley.

Sin embargo, las diferencias se mantienen en torno a la participación de las pequeñas y medianas empresas no integradas de biodiésel en el mercado.

Las pymes reclaman mantener su participación del 7,5% del mercado, mientras que el proyecto establece una reducción progresiva de ese porcentaje hasta su eliminación en 2036.

La propuesta contempla dos segmentos: por un lado, las compañías integradas, que pueden participar en distintos eslabones de la cadena productiva, y por otro, las empresas no integradas. Cuando el corte de biodiésel alcance el 10%, las firmas no integradas tendrían una participación del 6,5% del mercado total.

Ese porcentaje se reduciría al 5,5% en 2029, al 5% en 2030 y al 3% en 2031. A partir de 2032, el 7% del mercado podrá ser comercializado entre todas las empresas. Este esquema es rechazado por los bloques aliados que responden a las provincias del centro del país, que reclaman garantizar una participación para las pymes del sector.

El Senado tendrá esta semana una agenda monopolizada por dos de sus principales proyectos económicos: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la ley de Inocencia Fiscal II.

El oficialismo apunta a acelerar el tratamiento de las iniciativas económicas antes de que la Cámara de Diputados comience a debatir el Presupuesto 2027, cuyo proyecto será girado el próximo 15 de septiembre.

En ese marco, las comisiones del Senado comenzarán esta semana a analizar los proyectos que ya cuentan con media sanción de Diputados. La intención de la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, es conseguir los dictámenes necesarios para que puedan ser tratados en una sesión durante septiembre.

A la agenda oficialista se suman proyectos promovidos por bloques aliados, vinculados con biocombustibles y el Mercado Voluntario de Carbono, que podrían llegar al recinto en una sesión prevista para el 10 o el 17 de septiembre.

Reforma del Banco Central

La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central será analizada este miércoles por las comisiones de Economía e Inversión y de Presupuesto, que presiden el macrista Martín Goerling Lara y el libertario Agustín Monteverde, respectivamente.

El proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados por 144 votos a favor, 102 en contra y nueve abstenciones y constituye una de las principales iniciativas económicas que el Gobierno busca convertir en una de las banderas de su gestión.

La propuesta establece como objetivo central del Banco Central la preservación del valor de la moneda y busca limitar la posibilidad de que la autoridad monetaria financie al Estado nacional, las provincias y otros niveles de gobierno.

De esta manera, el Gobierno pretende restringir una herramienta que, según sostiene el oficialismo, fue utilizada durante años para financiar el déficit fiscal mediante la emisión monetaria.

El proyecto también plantea eliminar funciones relacionadas con el direccionamiento del crédito y las políticas crediticias diferenciadas, al considerar que exceden las funciones principales de una autoridad monetaria.

Para el Gobierno, la modificación forma parte de una concepción que apunta a un Banco Central concentrado en preservar el valor de la moneda y separado de las necesidades de financiamiento del Tesoro. Bullrich defendió la iniciativa bajo la premisa de que busca “cuidar el valor de la moneda”.

Inocencia Fiscal II: los principales cambios

Otro de los proyectos que el oficialismo buscará impulsar esta semana es el de Inocencia Fiscal, que será tratado en las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda, presididas por Gonzalo Guzmán Coraita y Agustín Monteverde.

La iniciativa apunta a incentivar el ingreso al sistema financiero de dólares que permanecen fuera de la economía formal mediante una ampliación del Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias.

Entre las modificaciones propuestas se encuentra la eliminación de los topes establecidos para acceder al régimen simplificado. Actualmente, el sistema alcanza a personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país que cumplan con determinados requisitos, entre ellos un límite patrimonial.

El proyecto también redefine el concepto de “discrepancia significativa”, que determina en qué circunstancias la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puede impugnar una declaración simplificada.

Según la iniciativa, será considerada significativa una diferencia que implique un aumento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos de al menos 15% respecto de lo declarado por el contribuyente.

Reforma de Salud Mental

En paralelo, el Senado buscará avanzar el miércoles a las 15 con el proyecto de reforma de la Ley de Salud Mental, en un plenario conjunto de las comisiones de Salud y de Legislación General.

El oficialismo espera obtener dictamen luego de los cambios acordados durante las conversaciones mantenidas con ministros provinciales y senadores dialoguistas.

La estrategia parlamentaria del Gobierno apunta a avanzar con las iniciativas económicas durante septiembre y despejar el escenario legislativo antes de que Diputados concentre su actividad en el tratamiento del Presupuesto 2027.

De esta manera, el Gobierno buscará durante las próximas semanas consolidar una agenda legislativa que combine sus principales proyectos económicos con iniciativas acordadas con sectores aliados y bloques dialoguistas.

Con información de agencias.

En una jornada exitosa para el Gobierno, y producto del apoyo de aliados y dialoguistas, el oficialismo logró aprobar con comodidad las leyes de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la nueva ley de Inocencia Fiscal y la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes.

La iniciativa que defiende la “emisión cero”, pisando el financiamiento al Tesoro, cosechó 144 votos afirmativos, 102 negativos y nueve abstenciones.

Al poner la lupa en esta votación, el dato más llamativo que emerge es la abstención de los tres diputados de Elijo Catamarca, que suelen votar casi siempre en sintonía con La Libertad Avanza por instrucción de su gobernador, Raúl Jalil.

También sorprendió el voto a favor del diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, quien se despegó de la decisión de su compañera de bancada, Mónica Frade, quien se abstuvo.

El resto de los legisladores respondió a la lógica: apoyaron el PRO, la UCR, Argentina Federal, el grueso de Provincias Unidas y otros bloques menores habitualmente aliados; en tanto que rechazaron la iniciativa el peronismo, la izquierda, los dos socialistas santafesinos, Encuentro Federal y algunos monobloquistas.

Luego de avanzar con la aprobación de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el Gobierno se alzó con la segunda victoria consecutiva al alcanzar la media sanción de la actualización de la ley de Inocencia Fiscal, con 139 votos a favor, 110 en contra y dos abstenciones.

A La Libertad Avanza lo ayudaron sus habituales aliados del PRO, la UCR, Argentina Federal, Elijo Catamarca, Independencia, el MID y Producción y Trabajo, mientras que en contra votaron Unión por la Patria, la izquierda, el grueso de Provincias Unidas, la Coalición Cívica y Encuentro Federal.

En la votación del tratado en materia de Patentes (PCT) el apoyo al Gobierno fue aún más contundente (147 afirmativos contra 93 negativos), ya que Unión por la Patria y el Frente de Izquierda se quedaron solos en la postura del rechazo.

En cambio, acompañaron la sanción no solamente el PRO, la UCR, Argentina Federal, el MID y otros socios frecuentes del Gobierno sino además la mayoría de los legisladores de Provincias Unidas.

Pero lo que más llamó la atención fue la cantidad de ausentes a la hora de votar: se trataba de diputados opositores que no querían dejar registrado un apoyo hacia el Gobierno.

En esa lista de ausentes aparecen nombres como Mónica Frade, Miguel Pichetto, Esteban Paulón, Martín Lousteau, Pablo Juliano y Marcela Pagano, y también diputados de Unión por la Patria como Agustina Propato y Guillermo Michel.

Con información de NA.

Luego de dos meses sin sesión, el recinto de la Cámara de Diputados volverá a levantar el telón este miércoles para tratar un temario amplio de proyectos de ley, tres de los cuales son de sumo interés para los objetivos del Gobierno nacional.

Se trata de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el proyecto de Inocencia Fiscal “bis” (una actualización de la ley original) y la muy demorada adhesión argentina al tratado de cooperación internacional de patentes.

Los otros proyectos incluidos en el temario son producto de concesiones a fuerzas dialoguistas, a saber: la reducción del IVA a la fécula de mandioca del 21% al 10,5% (un guiño a Misiones), la declaración simbólica de capitales nacionales en distintos rubros a una serie de ciudades y provincias del país, y la “Ley Joaquín” que establece medidas de seguridad en espacios deportivos y recreativos.

Completan el menú la declaración del “Camino de Brochero”, en Córdoba, como patrimonio inmaterial de la República Argentina, la convalidación del Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y Singapur, y el reordenamiento y creación de salas de apelaciones en tribunales federales.

La reforma del Banco Central

La iniciativa, definida por el propio Milei como “la más importante” de esta etapa de su gobierno, busca consolidar el principio de la emisión cero, por considerar que impacta directamente sobre la inflación.

En este marco, se prohíben los adelantos transitorios al Tesoro, los préstamos a las provincias, el uso de letras intransferibles y se limita la transferencia de utilidades a ganancias reales obtenidas por la entidad.

El proyecto elimina la multiplicidad de propósitos que se adjudicaba el Banco Central a través de su Carta Orgánica y mantiene como único mandato el de preservación del valor de la moneda, prohibiendo el financiamiento del Tesoro.

“Volver al mandato único implica principalmente reconocer la naturaleza monetaria de la inflación. La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario generado por un exceso de oferta que conlleva una pérdida del poder adquisitivo del dinero. No debiera ser tarea del Banco Central ocuparse de otros objetivos”, se indica.

“De esta forma se remueven del elenco de atribuciones del Directorio las funciones de orientación del crédito hacia destinos determinados y las políticas crediticias diferenciadas, propias de la banca de fomento y ajenas a la misión de una autoridad monetaria, cuya persecución por la vía de la emisión o de la regulación distorsiva ha demostrado ser ineficaz para sus fines declarados y lesiva para la preservación del valor de la moneda”, explica el proyecto.

Por otra parte, se busca fortalecer la independencia del Banco Central, por ejemplo endureciendo los requisitos para remover al presidente y a los directores del organismo, exigiendo una mayoría de dos tercios en ambas cámaras del Congreso nacional para blindarlos de los cambios en los gobiernos.

Nueva ley de Inocencia Fiscal

El proyecto, que modifica aspectos de la ley 27.799 de Inocencia Fiscal, amplía el universo de contribuyentes que podrán adherir al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias, al permitir que todas las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país puedan optar por esa modalidad, sin topes de ningún tipo en cuanto a ingresos y patrimonio.

En la actualidad podían solo adherirse los que tengan un ingreso anual de $1.000 millones y un patrimonio de hasta $10.000 millones.

La nueva iniciativa también extiende el plazo para acceder a los beneficios hasta el 31 de diciembre de 2027.

Otro punto clave es que se mantienen las facultades de fiscalización de ARCA sobre los contribuyentes de mayor capacidad económica o relevancia recaudatoria.

En ese contexto, se redefine el concepto de “discrepancia significativa”, que es el criterio que habilita a ARCA a impugnar una declaración jurada simplificada y revisar las declaraciones del Impuesto a las Ganancias.

Esa discrepancia se configurará cuando la impugnación arroje un incremento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos no inferior al 15 % respecto de lo declarado por el contribuyente.

En tanto, se establece que los contribuyentes que adhieran a este régimen simplificado deberán realizar sus operaciones a través del sistema financiero formal, utilizando medios autorizados por el Banco Central (BCRA) o la Comisión Nacional de Valores (CNV).

En cuanto a los últimos cambios aplicados en el dictamen, se acordó reducir un 25% las multas por infracciones formales a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs).

Ley de adhesión al tratado de patentes

El PCT (Patent Cooperation Treaty) es un sistema internacional -al cual ya adhirieron 158 países del mundo- que permite simplificar el registro de patentes a través de un formulario de solicitud unificado.

Se trata de una suerte de mercado común de patentes que presenta oportunidades para investigadores y empresas argentinas para acceder más fácilmente a otros países y comercializar sus desarrollos y productos.

Sin embargo, también contrae riesgos insoslayables, porque la adhesión argentina al tratado de cooperación internacional también permitirá que multinacionales extranjeras puedan patentar con mayor facilidad y de esa manera perjudicar a la competencia local, encareciendo los costos para el sistema de salud.

El patentamiento de medicamentos estadounidenses podría perjudicar o retrasar la producción de genéricos de laboratorios nacionales, que comercializan drogas a valores considerablemente más bajos.

Esa situación podría eventualmente trasladar parte de esos costos al sistema de salud y encarecer el acceso a medicamentos para la población en general.

Finalmente, el Gobierno resolvió dejar en reserva el capítulo II del tratado, de manera tal que Argentina adherirá al sistema internacional de patentes, pero mantendrá el control local sobre ciertos instrumentos de evaluación técnica y patentamiento de medicamentos.

Con un temario amplio y ambicioso, el oficialismo alista sus armas con optimismo de cara a la maratónica sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados, mientras la oposición prepara una contraofensiva.

Tras el duro revés en el Senado como consecuencia de la rebelión de gobernadores cercanos, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se movió rápido y bien: compró a precio de remate los servicios de aliados al incluir en el temario proyectos de segundo orden de importancia, muchos de ellos de carácter meramente simbólico.

De esa forma, el oficialismo logró blindar el quórum para aprobar los proyectos de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la actualización de la ley de Inocencia Fiscal y la adhesión argentina al Tratado de Cooperación internacional de Patentes (PCT, según sus siglas en inglés). La sesión comenzó al mediodía y se espera que se extienda hasta la madrugada.

En realidad, los votos para aprobar esas leyes ya estaban de antemano, pero algunos gobernadores van a poder decir en sus provincias que lograron arrancarle al Gobierno leyes que benefician a sus comunidades locales.

La última incorporación al temario, a pedido del macrista Fernando de Andreis, es el proyecto de “Ley Joaquín”, una iniciativa de la diputada kirchnerista Luciana Potenza que recibió el acompañamiento transversal de todos los bloques.

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, quien este miércoles anunciaba la integración de su espacio a un nuevo bloque (“Argentina Federal”, una reversión del extinto Innovación Federal) despojado de cualquier resabio del poder de Jorge Rovira, fue retribuido con la inclusión de un proyecto que rebaja el IVA a la fécula de la mandioca del 21 al 11,5%.

La medida tendrá un impacto fuerte en la economía provincial, que concentra el 80% de la producción de ese cultivo por las características de su clima y su suelo.

El resto de los proyectos de ley, en cambio, apenas tienen relevancia simbólica, como la declaración de capitales nacionales de distintas ciudades y provincias del país.

Allí emerge, por ejemplo, la declaración de la provincia de Tucumán como capital nacional de ecoturismo, de Santa Cruz como capital nacional de natación en aguas frías, de San Juan como capital nacional de la Educación, de un pueblo de Corrientes como la capital nacional de la ganadería de búfalos y de una localidad de Salta como capital nacional del cerdo negro.

Completan el rompecabezas la declaración del “Camino de Brochero”, en Córdoba, como patrimonio inmaterial de la República Argentina, la convalidación del Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y Singapur, y el reordenamiento y creación de salas de apelaciones en tribunales federales.

La oposición más dura, ajena a este reparto de favores, madura una estrategia para golpear al oficialismo en su punto más débil: llevará al recinto la problemática del sobreendeudamiento de las familias y las magras pensiones por discapacidad.

Se trata de recrear narrativas que ya demostraron que le hacen mella al presidente Javier Milei, quien durante su incursión en la Bolsa de Comercio de Rosario recurrió a un fuerte tono discursivo para minimizar la morosidad.

El formato elegido por Unión por la Patria y sus aliados coyunturales para contragolpear al oficialismo será el pedido de apartamiento de reglamento para votar el emplazamiento de comisiones.

En ese sentido, se prevé una inconducente discusión reglamentaria sobre la mayoría necesaria para incluir sobre tablas la moción de apartamiento y luego su aprobación.

Más allá de esas cuentas estériles, la oposición no estaría en condiciones de alcanzar el número, pero sí le bastará para visibilizar problemas que incomodan y mucho al Gobierno.

La Cámara de Diputados confirmó la convocatoria a sesión especial para el próximo miércoles al mediodía a fin de tratar una serie de proyectos, entre los que sobresalen la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la actualización de la Ley de Inocencia Fiscal y la adhesión argentina al Tratado de Cooperación Internacional en materia de Patentes (PCT).

La sesión fue pedida a través de una nota enviada a la Presidencia de la Cámara baja con las firmas del presidente del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, y referentes de todos los bloques dialoguistas, lo que da a entender que los temas a abordar en el recinto tienen acuerdo previo y no habría contratiempos para su aprobación con media sanción.

Firman el pedido de sesión Javier Sánchez Wrba y Alejandro Finocchiaro del PRO, Pamela Verasay (UCR), Gisela Scaglia (Provincias Unidas), Alberto Arrúa y Oscar Herrera Ahuad (Innovación Federal), Gladys Medina (Independencia - Tucumán), Nancy Picón Martínez (Producción y Trabajo - San Juan), José Luis Garrido (Por Santa Cruz), Karina Maureira (La Neuquinidad) y Karina Banfi (Adelante Buenos Aires).

De esta lista sorprende acaso la firma de Scaglia, quien en lo personal mantiene buen vínculo con el oficialismo pero conduce un bloque cuya mayoría suele ser esquiva a la estrategia del Gobierno nacional.

La rúbrica de la diputada santafesina contrasta con la ausencia de la firma de Sebastián Nóblega, el presidente del bloque Elijo Catamarca, fuerza política alineada al gobernador Raúl Jalil que en los últimos tiempos empezó a diferenciarse de La Libertad Avanza.

Tampoco el pedido de sesión lleva la firma de Eduardo Falcone del MID, quien quedó molesto por una serie de decisiones y destratos recientes del oficialismo.

En la sesión de la Cámara baja, además de los tres proyectos impulsados por la Casa Rosada, se tratará la reducción del IVA a la fécula de mandioca a pedido de la provincia de Misiones, y también una serie de expedientes de carácter simbólico vinculados a la declaración de capitales nacionales en distintos rubros de diferentes ciudades y provincias del país.

La reforma del Banco Central

La iniciativa, definida por el propio Milei como “la más importante” de esta etapa de su gobierno, busca consolidar a nivel normativo lo que considera una batalla cultural ganada: que está mal imprimir moneda sin respaldo y que la emisión cero es un principio innegociable.

En este marco, se prohíben los adelantos transitorios al Tesoro, los préstamos a las provincias, el uso de letras intransferibles y se limita la transferencia de utilidades a ganancias reales obtenidas por la entidad.

El proyecto elimina la multiplicidad de propósitos que se adjudicaba el Banco Central a través de su Carta Orgánica y mantiene como único mandato el de preservación del valor de la moneda, prohibiendo el financiamiento del Tesoro.

“Volver al mandato único implica principalmente reconocer la naturaleza monetaria de la inflación. La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario generado por un exceso de oferta que conlleva una pérdida del poder adquisitivo del dinero. No debiera ser tarea del Banco Central ocuparse de otros objetivos”, se indica.

“De esta forma se remueven del elenco de atribuciones del Directorio las funciones de orientación del crédito hacia destinos determinados y las políticas crediticias diferenciadas, propias de la banca de fomento y ajenas a la misión de una autoridad monetaria, cuya persecución por la vía de la emisión o de la regulación distorsiva ha demostrado ser ineficaz para sus fines declarados y lesiva para la preservación del valor de la moneda”, explica el proyecto.

Por otra parte, se busca fortalecer la independencia del Banco Central, por ejemplo endureciendo los requisitos para remover al presidente y a los directores del organismo, exigiendo una mayoría de dos tercios en ambas cámaras del Congreso nacional para blindarlos de los cambios en los gobiernos.

Nueva ley de Inocencia Fiscal

El proyecto, que modifica aspectos de la ley 27.799 de Inocencia Fiscal, amplía el universo de contribuyentes que podrán adherir al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias, al permitir que todas las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país puedan optar por esa modalidad, sin topes de ningún tipo en cuanto a ingresos y patrimonio.

En la actualidad podían solo adherirse los que tengan un ingreso anual de $1.000 millones y un patrimonio de hasta $10.000 millones.

La nueva iniciativa también extiende el plazo para acceder a los beneficios hasta el 31 de diciembre de 2027.

Otro punto clave es que se mantienen las facultades de fiscalización de ARCA sobre los contribuyentes de mayor capacidad económica o relevancia recaudatoria.

En ese contexto, se redefine el concepto de “discrepancia significativa”, que es el criterio que habilita a ARCA a impugnar una declaración jurada simplificada y revisar las declaraciones del Impuesto a las Ganancias.

Esa discrepancia se configurará cuando la impugnación arroje un incremento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos no inferior al 15 % respecto de lo declarado por el contribuyente.

En tanto, se establece que los contribuyentes que adhieran a este régimen simplificado deberán realizar sus operaciones a través del sistema financiero formal, utilizando medios autorizados por el Banco Central (BCRA) o la Comisión Nacional de Valores (CNV).

En cuanto a los últimos cambios aplicados en el dictamen, se acordó reducir un 25% las multas por infracciones formales a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs).

Ley de adhesión al tratado de patentes

El PCT (Patent Cooperation Treaty) es un sistema internacional -al cual ya adhirieron 158 países del mundo- que permite simplificar el registro de patentes a través de un formulario de solicitud unificado.

Se trata de una suerte de mercado común de patentes que presenta oportunidades para investigadores y empresas argentinas para acceder más fácilmente a otros países y comercializar sus desarrollos y productos.

Sin embargo, también contrae riesgos insoslayables, porque la adhesión argentina al tratado de cooperación internacional también permitirá que multinacionales extranjeras puedan patentar con mayor facilidad y de esa manera perjudicar a la competencia local, encareciendo los costos para el sistema de salud.

El patentamiento de medicamentos estadounidenses podría perjudicar o retrasar la producción de genéricos de laboratorios nacionales, que comercializan drogas a valores considerablemente más bajos.

Esa situación podría eventualmente trasladar parte de esos costos al sistema de salud y encarecer el acceso a medicamentos para la población en general.

Finalmente, el Gobierno resolvió dejar en reserva el capítulo II del tratado, de manera tal que Argentina adherirá al sistema internacional de patentes, pero mantendrá el control local sobre ciertos instrumentos de evaluación técnica y patentamiento de medicamentos.

Con información de NA.

El Gobierno está decidido a dar vuelta la derrota del jueves en el Senado con una victoria en la Cámara de Diputados. Tras el fracaso de la batalla por la extranjerización de la tierra, que sigue acumulando pases de factura, el oficialismo busca reflotar un conjunto de proyectos de perfil más técnico, vinculados a la batalla cultural que realmente le importa a Javier Milei: la económica. El objetivo es poner a prueba la lealtad de los aliados y convocar a una sesión dentro de dos semanas para aprobar la nueva ley de Inocencia Fiscal y la reforma de la carta orgánica del Banco Central.

“Acá todo es más fácil, el problema es el Senado. El problema es Patricia”, se queja un diputado libertario, buscando matizar los dolores de cabeza que generó el derrumbe de la mitad del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Lo dice mientras, en la oficina de al lado, la bullrichista Laura Rodríguez Machado recorre la comisión de Presupuesto en busca de las firmas que le faltan para dictaminar los cambios a la Ley de Inocencia Fiscal.

Es el nuevo desafío de La Libertad Avanza, que está buscando la manera de volver a la ofensiva tras la movilización opositora del jueves. Primero necesita recuperar el vínculo con los gobernadores, que por la mañana se reunieron con el jefe de Gabinete, Diego Santilli con un pliego de reclamos. Y después necesita consolidar la alianza con proyectos de ley que, advierten, ya arrastran cierto consenso social. O al menos no generan grandes campañas ciudadanas en su contra.

La Ley de Inocencia Fiscal, que terminó consiguiendo dictamen con el apoyo de los gobernadores de Mendoza, Misiones, Tucumán y Salta, es el primer paso. Como gesto de buena voluntad, Martín Menem aceptó introducir algunos cambios al texto original para que los funcionarios de los tres poderes del Estado no puedan adherir al blanqueo. La versión original, que el ministro de Economía, Luis Caputo, mandó a modificar con la fantasía de así conseguir exteriorizar más dólares sin declarar, permitía que los funcionarios pudieran adherir. El caso paradigmático fue el de Manuel Adorni, quien se adhirió al régimen para justificar sus ingresos no declarados en los días previos a la caída en desgracia que lo obligó a renunciar.

Según la nueva versión, ningún funcionario público podrá adherirse a los beneficios y a la presunción de inocencia fiscal. Se aplica a ministros, secretarios, jueces, diputados y senadores, y a cualquier otro funcionario que haya ocupado un cargo público en los últimos cinco años previos a la fecha de la adhesión. Es decir, los funcionarios podrán adherir al trámite –es decir, la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias–, pero no a la reducción de las multas y a la presunción de inocencia.

El proyecto, además, amplía el universo de contribuyentes y elimina los topes de ingresos para poder acceder. A cambio, el nuevo proyecto exige revestir la condición de residente fiscal durante la totalidad del período por el que se presenta la declaración jurada simplificada.

“¿Quién nos va a contar cuáles son los fundamentos que los han llevado a modificar este punto tan importante?”, preguntó la peronista Victoria Tolosa Paz, durante el debate. El presidente de la comisión, “Bertie” Benegas Lynch le respondió que no le iba a dar ninguna explicación. “Le hizo mal el implante”, masculló, enojada, Cecilia Moreau, por fuera del micrófono.

¿Las negras juegan?

Además del proyecto de Inocencia Fiscal, Menem buscará avanzar con la aprobación de la reforma de la carta orgánica del Banco Central. El objetivo es sesionar el miércoles 26 con una sesión de bajo perfil que permita avanzar con las reformas estructurales que viene impulsando personalmente el Presidente. El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, en cambio, quedará para más adelante: nadie en LLA tiene interés en darle prioridad al proyecto de Federico Sturzenegger después de lo que pasó en el Senado.

Más lejos quedó la reforma electoral, que depende de los acuerdos electorales con los gobernadores y que, según advierten en el propio Gobierno, viene más lentos de lo deseado. “No están tirando ni una para las provincias, a este ritmo tenemos PASO el año que viene”, masculla un armador libertario, que está a cargo de las negociaciones en una de las provincias cuyanas. Los gobernadores exigen mejores condiciones que en la negociación de 2025, cuando Karina Milei se quedó con la boleta violeta y gran parte de los lugares de los legisladores. Quieren que les garanticen que podrán mantener el control del territorio y, a su vez, que tendrán más legisladores nacionales con los cuales aumentar su poder de negociación en la próxima gestión.

En paralelo, la oposición busca maneras de aprovechar la ola de rechazo social generada por la Ley de Tierras. Hay varias iniciativas en carpeta, la mayoría orientadas a resolver la crisis del endeudamiento de 6 millones de familias, pero en el peronismo no terminan de decidirse a actuar. En la Cámara de Diputados predomina un clima derrotista, generado por las desventaja numérica de la oposición, que los tiene envueltos en una inmovilidad hace varios meses.

MCM/MG

La Libertad Avanza consiguió este miércoles dictamen de mayoría en la Cámara de Diputados para el proyecto de Inocencia Fiscal II, luego de aceptar una modificación para impedir que los funcionarios de los tres poderes del Estado puedan adherir al Régimen Simplificado de Ganancias.

El oficialismo reunió 44 firmas en el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal, por lo que el proyecto quedó habilitado para ser debatido en el recinto durante la sesión prevista para el 26 de agosto.

La modificación vinculada con los funcionarios fue incorporada durante las negociaciones que el Gobierno mantuvo con los distintos bloques para garantizar el avance de la iniciativa. De esta manera, quienes desempeñen cargos en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial quedarán excluidos de los beneficios previstos por el nuevo régimen.

El dictamen contó con el acompañamiento de los principales bloques aliados del oficialismo, entre ellos el PRO, la UCR y distintos espacios provinciales, que le permitirían al Gobierno contar con los votos necesarios para avanzar con el proyecto en la Cámara baja.

La iniciativa de Inocencia Fiscal II forma parte de la agenda económica impulsada por la administración de Javier Milei y busca modificar el esquema vigente de cumplimiento de las obligaciones tributarias, con cambios destinados a simplificar el régimen y reducir los mecanismos de fiscalización sobre determinados contribuyentes.

El avance parlamentario se produjo después de una serie de negociaciones entre el oficialismo y los bloques dialoguistas, que plantearon modificaciones al texto original. Entre ellas, cobró especial relevancia la exclusión de los funcionarios públicos del régimen simplificado, para evitar que quienes ejercen cargos en el Estado puedan beneficiarse de las mismas condiciones que el resto de los contribuyentes.

Con el dictamen de mayoría obtenido este miércoles, el Gobierno logró dar un paso clave para llevar el proyecto al recinto. Ahora deberá reunir allí el respaldo necesario para convertir la iniciativa en ley.

Con información de la agencia NA

El Gobierno pondrá en marcha una ofensiva legislativa en el Congreso Nacional para intentar aprobar antes de octubre un paquete de proyectos considerados clave para apuntalar el rumbo económico.

Se trata de los proyectos de reforma del Banco Central e Inocencia Fiscal enviados a la Cámara de Diputados y los de propiedad privada y Súper RIGI que están en el Senado.

La estrategia apunta a aprovechar una ventana política que, según admiten en el oficialismo, comenzará a cerrarse a medida que los gobernadores y los bloques dialoguistas se concentren en la disputa por las elecciones presidenciales de 2027.

La estrategia del oficialismo se terminará de armar en la mesa política del Gobierno, que conduce la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, e integran el jefe de Gabinete, Diego Santilli, el subsecretario de gestión institucional, Eduardo “Lule” Menem, Martín Menem, y la jefa del bloque del Senado, Patricia Bullrich.

Por ese motivo, esta semana apura las negociaciones con sus aliados para sancionar el jueves la ley de propiedad privada y avanzar con la discusión del Séper RIGI en el Senado; en Diputados comenzará con el armado de acuerdos para tratar la reforma del Banco Central y de Inocencia Fiscal.

La agenda en el Senado

El Senado reanudará este jueves la sesión que pasó a cuarto intermedio el pasado 16 de julio, dado que no tenía los acuerdos para aprobar el proyecto de propiedad privada, que tiene como eje central la eliminación de restricciones para que los empresarios extranjeros puedan adquirir tierras.

Si bien el oficialismo confía en tener los votos para aprobar esta polémica reforma ya que se debió postergar su debate en el pleno del cuerpo en cuatro oportunidades, mantendrá negociaciones un día antes de la sesión para asegurarse que tiene los respaldos necesarios. En las últimas horas, cobró fuerza la opción de, en lugar de eliminar todas las restricciones, la prohibición de adquirir tierras a manos de extranjeros sube el límite actual del 15% al 25%, lejos de quitar toda restricción, que es lo buscaba el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, de acuerdo a lo que adelantaron este lunes en el programa radial Buenas Tardes China.

La jefa del bloque de la LLA, Patricia Bullrich, se reunirá el miércoles a la tarde con los bloques dialoguistas de la UCR, PRO, Encuentro Misionero, Primero los Salteños, la Neuquinidad y Provincias Unidas.

Allí hará el último poroteo para saber si tiene los votos necesarios para sancionar este proyecto que permite vender tierras a extranjeros sin las actuales restricciones, promover desalojos exprés, limitar las expropiaciones, y cambiar la ley del Manejo del Fuego.

Hasta ahora tiene garantizados los 21 votos de la LLA, 3 del PRO, entre 7 y 8 de la UCR, 1 de Primero los Salteños, 1 de la Neuquinidad, 1 de Provincias Unidas, y espera sumar 2 de Encuentro Misionero, y 1 de Independencia.

Además en esta sesión no estará la vicepresidenta Victoria Villarruel que rechaza de plano el proyecto sobre propiedad privada, lo cual es una tranquilidad para Bullrich por si se produce un empate en la votación ya que lo deberá hacer el libertario Bartolomé Abdala.

Asimismo, esta semana, la LLA buscará avanzar en el dictamen del proyecto de Super Rigi que se tratará este miércoles a las 15, en el plenario de las comisiones de Economía e Inversión, Presupuesto y Hacienda, y Legislación General.

También este mes buscará votar a favor de los pliegos de Pablo Bertuzzi, y Pablo Yadarola, candidatos a ocupar la estratégica Sala I de la Cámara Federal en lo Criminal y Correccional, que deberá revisar la causa $LIBRA, donde están investigados el presidente Javier Milei y su hermana Karina.

El panorama en Diputados

Libertad Avanza abrirá esta semana las negociaciones en la Cámara de Diputados con los bloques aliados para reunir los apoyos necesarios que permitan aprobar en agosto la reforma del Banco Central, una iniciativa considerada estratégica por el Gobierno.

El proyecto girado por el Gobierno el jueves a la noche y que anunció el presidente Javier Milei por cadena nacional prohíbe la emisión monetaria para cubrir el déficit fiscal del Tesoro y de las provincias.

La Libertad Avanza apostará en la Cámara de Diputados a aprobar en agosto los proyectos de Banco Central e Inocencia Fiscal ya que en septiembre deberá tener que abocarse al Presupuesto 2027 que ingresará el 15 del otro mes.

Las negociaciones

Por ese motivo, el presidente de la Cámara, Martín Menem, comenzará las negociaciones con el radicalismo, el PRO, y los bloques provnciales, previo al tratamiento de la iniciativa en comisión como ha realizado cuando se trataron otras claves para el Gobierno.

Pero para poder avanzar con esta iniciativa, el oficialismo necesita construir mayorias con sus habituales aliados ya que tiene 95 legisladores y requiere de 129 para abrir el recinto y aprobar esta iniciativa en este mes.

El oficialismo necesita el respaldo de los 22 miembros del interbloque de Fuerzas del Cambio que integran 12 del PRO, 6 radicales, 2 del MID,1 de Santa Cruz, y otra de la UCR de Adelante Buenos Aires, 11 de Innovación Federal, 2 de Producción y Trabajo y sumar un sector de Provincias Unidas.

En el caso de Provincias, las miradas están puesta en los diputados ex PRO como Gisella Scaglia, Sergio Capozzo, José Nuñez, y la ex libertaria Lourdes Arrieta.

Comisiones

La iniciativa del Banco Central tomará estado parlamentario este lunes y será girada a las comisiones de Finanzas y Presupuesto, mientras que la reforma de Inocencia Fiscal ya fue girada a Presupuesto y Legislación Penal.

Todos estos organismos asesores claves para emitir los dictámenes que luego se discuten en el recinto de sesiones son conducidas por libertarios, pero la LLA solo puede tener mayoría con sus aliados.

Con información de NA.

La Cámara de Diputados pondrá como principal tema de su agenda, en los primeros días de agosto, el proyecto de reforma de la ley de Inocencia Fiscal que impulsa el Gobierno. La iniciativa, presentada estemiércoles por el ministro de Economía, Luis Caputo, junto a la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal, busca sumar contribuyentes que aún mantienen dólares fuera del sistema financiero, un universo que la Casa Rosada estima en unos US$170.000 millones no declarados. En la conferencia de prensa, Caputo resumió el diagnóstico oficial con una frase que apuntó directamente a esos ahorros: “Tener los dólares bajo el colchón es un muy mal negocio”.

Tras el receso invernal, La Libertad Avanza buscará acuerdos con los bloques dialoguistas —UCR, PRO, Innovación Federal y otros espacios provinciales— para garantizar la aprobación, tal como ocurrió en diciembre con la primera versión de la ley. Las negociaciones estarán a cargo del presidente de la Cámara, Martín Menem, y de los titulares de las comisiones de Presupuesto y de Legislación Penal, Bertie Benegas Lynch y Laura Rodríguez Machado, respectivamente. El oficialismo tiene 95 legisladores propios y necesita sumar al menos 34 más para reunir el quórum de 129 y sancionar el proyecto, por lo que apuntará a los votos de Innovación Federal, Fuerzas del Cambio, Producción y Trabajo y La Neuquinidad, que en conjunto aportan 36 bancas, además de intentar sumar a un sector de Provincias Unidas que hasta diciembre integraba el PRO.

Entre los cambios centrales, el proyecto extiende a todos los contribuyentes el acceso al régimen simplificado del impuesto a las Ganancias, hoy reservado a quienes declaran ingresos anuales superiores a los mil millones de pesos y un patrimonio de $10.000 millones. También eleva del 15% al 30% el umbral de discrepancia entre ingresos y bienes declarados que habilita a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a iniciar revisiones, un punto que los contadores venían reclamando como corrección urgente a la ley vigente.

Ese ajuste responde a una de las mayores objeciones del actual esquema: la norma en vigencia no permite presentar una declaración jurada rectificativa si ARCA detecta una diferencia equivalente al 15% del impuesto determinado, sin importar el monto involucrado, lo que podía hacer perder el beneficio del “tapón fiscal” incluso por diferencias mínimas. La reforma apunta a permitir que esas discrepancias se regularicen sin que el contribuyente pierda el efecto liberatorio sobre períodos anteriores.

La urgencia legislativa tiene un componente de calendario. Este año el pago del Régimen Simplificado de Ganancias vence el 27 de julio, mientras que la presentación de la declaración jurada quedó postergada hasta el 27 de agosto, un desdoblamiento excepcional que generó dudas entre los contadores sobre qué ocurriría si, al momento de declarar, aparecen diferencias con lo pagado. Caputo les adelantó a los profesionales que lo asesoran que, una vez aprobada la reforma, esas indefiniciones se resolverán por decreto reglamentario y resoluciones específicas de ARCA, y que quienes paguen de menos podrán cancelar el diferencial sin perder el beneficio. Si el Congreso no sanciona la ley dentro de ese plazo de un mes, el propio esquema oficial admite que la exteriorización de los dólares podría quedar para más adelante, ya con las normas actuales vigentes al momento de declarar.

El antecedente que condiciona el debate es el escándalo por el crecimiento patrimonial del exjefe de Gabinete Manuel Adorni, quien utilizó la ley de Inocencia Fiscal para rectificar su declaración jurada. A partir de ese episodio, Unión por la Patria adelantó que buscará introducir cambios acotados a los contribuyentes “políticamente expuestos”: el diputado Eduardo Valdés impulsa una modificación para prohibir que funcionarios públicos de los tres poderes del Estado, y sus familiares, se beneficien del régimen simplificado.

Queda además sin resolver la situación de las provincias que no adhieran al esquema nacional. Fiscos como el de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) podrían reclamar impuestos de períodos anteriores por la vía de Ingresos Brutos a quienes exterioricen dólares, bajo la presunción de una omisión de facturación previa, un punto que el proyecto nacional no contempla y para el que no habría, por ahora, disposición a hacer excepciones.

Por el momento, en el oficialismo no se descuenta un rechazo directo del Congreso al proyecto, a diferencia de lo ocurrido con la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que debió postergarse por falta de votos. De todos modos, la aprobación exprés que necesita el Gobierno —para que la ley entre en vigencia antes de que se agote el actual esquema de vencimientos— dependerá de que Diputados y Senado acompañen con la misma celeridad que exige el cronograma fiscal.

Luego de varias idas y vueltas, el Gobierno presenta este miércoles el nuevo proyecto de la Ley de Inocencia Fiscal, con la cual busca atraer y formalizar un mayor ingreso de los denominados “dólares del colchón”.

La presentación oficial se realizará en el Ministerio de Economía, con la presencia de Luis Caputo junto a representantes de las cámaras del sector. La exposición tendrá lugar durante la tarde.

En principio, los cambios que introduce el Gobierno buscan aportar a una mayor adhesión de contribuyentes bajo este régimen.

Los “dólares del colchón” son aquellos que no están declarados o formalizados por las personas. Este es uno de los ejes fundamentales de la norma, dado que el Ejecutivo busca volcarlos e invertirlos en la economía del país.

La semana pasada, Caputo mantuvo una nueva reunión con un grupo de contadores y tributaristas para definir al 100% los cambios que se introducirán en el nuevo proyecto.

La postergación en la declaración jurada fue uno de los pedidos que esbozaron al funcionario. No fue casualidad: horas después, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) prorrogó la presentación de la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias, correspondiente al periodo fiscal 2025, al 27 de agosto, aunque mantuvo la fecha del vencimiento del pago.

“La idea del Gobierno, por temas recaudatorios, era que no hubiera prórroga y que se rectificara después por el régimen simplificado a los que entraban luego con la modificación a la ley. Salió una prórroga de la declaración y no del pago: en mi humilde opinión, bastante bueno (de última se pagará con resarcitorios)”, dijo el contador Alejandro Rosenfeld, uno de los que participó del encuentro con Caputo.

Sin embargo, esta postergación no favoreció la recaudación en las cuentas públicas. Si bien cerró el primer semestre con un superávit, durante junio registró déficit primario y financiero.

Principales cambios

Dos de los cambios que impulsa el Gobierno recaen sobre el Régimen Simplificado de Ganancias y las discrepancias significativas.

En el primero, de la norma actual, se crea un régimen por el cual los contribuyentes que adhieran quedan “blindados para siempre”. La crítica surge cuando se observan las condiciones: los ingresos anuales no pueden superar los $1.000 millones y el patrimonio total no puede estar por encima de los $10.000 millones, por lo que los grandes patrimonios quedan excluidos y, junto a ellos, mayores cantidades de dólares fuera del sistema financiero.

La segunda se basa en el límite legal que invalida la presunción de exactitud de la declaración del contribuyente. Es decir, si ARCA detecta una diferencia mediante una impugnación que supere el 15% de los saldos declarados o que sea mayor a $100 millones, el fisco derriba el beneficio de la Inocencia Fiscal, quitando el tapón impositivo y la prescripción corta. Ante esto, se busca agrandar el margen porcentual y, en caso de detectar un error, ARCA permitiría rectificar la declaración jurada y pagar la diferencia antes de que se inicie una investigación.

El nuevo proyecto contará con algunas de las modificaciones propuestas por distintos contadores y tributaristas —entre ellos Rosenfeld, César Litvin, Miriam Roldán y Sonia Becherman— que participaron de los encuentros.

Con información de agencias.

IG

El presidente Javier Milei reunió este miércoles en la Casa Rosada a diputados y senadores de La Libertad Avanza para definir la agenda legislativa del segundo semestre y estableció la agenda legislativa para el tramo final del año.

Durante la apertura del encuentro, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, les transmitió a los legisladores que las prioridades del Gobierno serán avanzar con la reforma política, introducir cambios al régimen de Zona Fría y modificar el proyecto de Inocencia Fiscal.

La primera de las iniciativas apunta a la reforma política, uno de los compromisos asumidos por el Gobierno para cambiar distintos aspectos del sistema electoral e institucional.

El oficialismo considera que el proyecto será una de las principales discusiones parlamentarias de los próximos meses y buscará reunir consensos para su aprobación.

El segundo eje está vinculado al régimen de Zona Fría. La administración libertaria pretende revisar el esquema de subsidios a las tarifas de gas para redefinir los alcances del beneficio, en línea con la política de reducción del gasto público que impulsa el Ministerio de Economía.

La tercera prioridad será introducir modificaciones al proyecto de Inocencia Fiscal, impulsado semanas atrás por el Gobierno.

La propuesta busca ampliar y perfeccionar el Régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias y profundizar los cambios en la relación entre el contribuyente y la administración tributaria.

Además de esas tres prioridades, Milei anunció que el Poder Ejecutivo trabaja en un proyecto para modificar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), con el objetivo de reforzar la independencia de la autoridad monetaria y restringir el financiamiento del Tesoro mediante emisión.

Por último, el presidente explicó que la iniciativa será enviada al Congreso en las próximas semanas y la consideró una de las reformas económicas más importantes de su gestión hasta el momento.

No basta con que Manuel Adorni haya confesado haber sido un evasor porque total los evasores son “héroes” y los impuestos son un “robo”, según el presidente Javier Milei, y “ahorramos en negro como la mayoría de los argentinos”, como sostuvo el propio jefe de Gabinete. Por más que se haya adherido al régimen simplificado del impuesto a las ganancias, que creó la ley de inocencia fiscal, el contador recibido en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), devenido periodista, tendría que ofrecer explicaciones, no ante un programa de televisión, sino ante la Agencia de Recaudación (ARCA) y la Unidad de Información Financiera (UIF, de lucha contra el lavado de dinero) sobre el origen de los fondos antes ocultos y ahora declarados.

“Adorni no está exento de investigaciones rectificativas de ARCA y mucho menos de la UIF”, sostiene el abogado y master en finanzas Pedro Biscay, director ejecutivo del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce). “Los dos organismos tienen, incluso en el marco de la ley de inocencia, obligación de investigarlo”, añade. Otro experto que fue alto directivo de fiscalizaciones de la antecesora de la ARCA, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), coincide en que están obligados, pero advierte que “si no le preguntan, Adorni zafa de dar explicaciones”.

¿Pero por qué ARCA preguntaría si está encabezada por otro adherente al régimen simplificado de Ganancias que está investigado por la Justicia por su patrimonio, Andrés Vázquez? “Más allá de lo que haya hecho Vázquez, este mismo gobierno tiene la obligación de investigarlo por las funciones de ARCA y UIF previstas en sus marcos normativos. El debate es la distinción entre el ámbito de recaudación tributaria, si pagó o no impuestos, y el propio de la investigación por el origen ilícito de fondos que no tienen un ingreso en una actividad identificada de manera clara”, argumenta Biscay, exdirector del Banco Central entre 2014 y 2017, cuando fue removido por el entonces jefe de la autoridad monetaria, Federico Sturzenegger, otro adherido al régimen de inocencia fiscal, aunque sin cuestionamientos por su patrimonio. Al ministro de Desregulación sólo le iniciaron una demanda por los contratos de su esposa, María Josefina Rouillet, para enseñar inglés en la Cancillería. Nadie lo denunció por su obsesión por que se importen vacunas antiaftosa.

“Si ARCA detectara una diferencia mayor al 15% entre lo que declara el contribuyente y lo que ellos suponen a partir de los controles automáticos propios y de la UIF en operaciones significativas como inmobiliarias y bancarias, se caerían los beneficios de la inocencia fiscal”, explica el contador Jorge Gebhardt, de estudio Aguirre Saravia & Gebhardt. Otro colega suyo de la City porteña agrega que, pese a la ley tributaria vigente desde enero último, la unidad antilavado sigue teniendo la obligación de controlar el origen de los fondos.

Las declaraciones de Adorni sobre sus ahorros evadidos provocaron irritación en más de un ciudadano. Primero, porque siete de cada diez argentinos ni siquiera llegan a ahorrar, según diversas encuestas como las de Brain Network y Quiddity. Segundo, porque no todos los que ahorran lo hacen sin tributar. El contador Arnaud Iribarne reconoce que tiene clientes que buscan pagar lo mínimo posible, unos no tienen forma de evadir y otros quieren cumplir con todo: “Unos porque trabajan en multinacionales que no quieren problemas y otros porque te dicen que quién pagará las tizas de las escuelas”.

No es que en los blanqueos de capitales previos a la nueva ley de blanqueo permanente se adhirieran millones de argentinos: 254.000 en 2016/2017 y 278.000 en 2024. A la ley de inocencia fiscal –que fue votada por LLA, PRO y la mayoría de la UCR, y los partidos provinciales– se sumaron unos 94.000.

“Evadir impuestos es un delito penal y los funcionarios zafan porque por primera vez la ley de inocencia fiscal los habilita a ingresar al blanqueo. Es bochornoso”, advierte la exjefa de la AFIP Mercedes Marcó del Pont. En la actualidad, quien evade más de $100 millones en un año puede ir a la cárcel. Es decir, cualquiera puede evadir, pero sólo la gente con plata puede convertir esa práctica en delito. Delincuentes son los que evaden mucho. Pero sólo unos pocos famosos terminaron tras las rejas por no pagar impuestos en la historia argentina: apenas el carnicero Alberto Samid, el valijero Leonardo Fariña y el fallecido peluquero Roberto Giordano quien cumplió arresto domiciliario. Sin la amnistía fiscal que votaron los libertarios, quizás Adorni también podría haberse mudado del country Indio Cuá a la prisión, dado que acumuló US$506.000 sin tributar un peso. Siempre con el argumento de que el dinero se lo roban los“kukas”.

“Este gobierno y la ley de inocencia fiscal tienen una visión totalmente pro evasor”, lamenta otro exjefe de AFIP que se define “hastiado de cómo funcionarios y contadores le ocultan la verdad a los contribuyentes de que cada vez que compran algo en el supermercado pagan los impuestos indirectos sin chistar”. El 31% de la recaudación de 2025 provino del IVA, el gravamen que más plata recolecta, que pagan por igual ricos, clase media y pobres pero que pesa más en el bolsillo de estos últimos y menos en el de los primeros. “La nueva ley es un blanqueo encubierto a costo cero nunca visto en nuestro país”, continúa el exjefe de AFIP. “Una justificación totalmente mentirosa se basa en que los ciudadanos no podían comprar dólares y entonces iban a las cuevas y operaban en negro. La pregunta real no es por las compras en dólares en negro, también existían mecánicas para comprar en blanco con cupos mensuales y con dólares MEP y contado con liqui, si no cómo obtuvieron los pesos para ahorrar en dólares –criptomonedas en el caso de Adorni–. Y la respuesta es clara: no facturaron nunca sus ingresos por ventas, honorarios u otros conceptos. En mi país eso se llama evasión fiscal y muy probablemente lavado de activos ya que tuvieron que tener algún vehículo para blanquear ingresos de pesos no declarados”, agrega el antiguo recaudador indignado.

Aquel que evade contribuye al desequilibrio fiscal y, de ese modo, a la inflación. Es cierto que ha habido y hay corrupción en el Estado, desde antes del kirchnerismo, durante la era K y presuntamente hasta en las compras libertarias de medicamentos para discapacitados, pero también funciones básicas que requieren los ciudadanos. Entre la inocencia fiscal, el Régimen de Incentivos de Grandes Inversiones (RIGI) y el proyecto de Súper RIGI, ¿quién sostendrá esos servicios esenciales como educación, salud, seguridad, rutas, trenes, urbanización de barrios populares, control ambiental o apoyo a sectores económicos con potencial o personas vulnerables que prestan Nación, provincias y municipios?

No hay que ser un “zurdo de mierda”, como descalificaría Milei, para sostener que el robo no son los impuestos sino la evasión. Tampoco hay que ser de derecha para oponerse al malgasto del dinero público. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, el club de países ricos al que se han unido otros como Chile, Colombia, Costa Rica y México) se ha comprometido en la lucha contra el fraude impositivo porque reduce la capacidad de financiar educación, salud, infraestructura y protección social y obliga a recortes y endeudamiento. Se podría agregar que también impulsa a algunos gobiernos a la emisión monetaria inflacionaria. Cuando un ciudadano evade para costear su implante capilar, frecuentes vacaciones de lujo, compras de departamentos y casas de fines de semana y su remodelación, le está quitando medicamentos oncológicos a un paciente, transporte a una persona con discapacidad, salario a un docente de escuela o universidad, jubilación a un anciano o infraestructura clave para impulsar el crecimiento económico.

Pero la OCDE también critica la evasión porque deriva en una competencia desleal entre empresas e individuos que tributan o no y rivalizan por el mismo mercado. Este fenómeno desalienta la innovación. Reprocha que provoque inequidad: los que más tienen suelen contar con estrategias financieras para pagar menos impuestos, cuya función justamente debería ser redistributiva. El organismo además apunta que la evasión facilita otras actividades ilícitas como el lavado, la corrupción y la economía informal. Además deteriora la confianza en las instituciones y genera efecto contagio.

“Todo esto erosiona la relación fisco-contribuyente, evadir es un robo a la comunidad”, opina Iribarne. Antes de la ley de inocencia fiscal, los autónomos y empleados que tributan Ganancias debía declarar cada año cuánto cobraban, sus gastos deducibles del impuesto, sus consumos personales y su evolución patrimonial. A los que se adhieren al nuevo régimen ARCA sólo les revisa facturación y gastos, pero puede consultar por los bienes si observa alguna inconsistencia y la UIF debe seguir auditando el origen del dinero.

Pese a que han sido los bancos uno de los que más trabas han puesto a los blanqueadores de la inocencia fiscal al preguntarles por la procedencia de los fondos, como parte de las exigencias antilavado, en el cóctel de la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba) este miércoles por el Día del Periodista reinaba el entusiasmo entre muchos banqueros por el rumbo económico. Ese mismo día, la calificadora de riesgo crediticio S&P subió la nota a la deuda argentina y el riesgo país bajó este jueves a 443 puntos básicos, el menor nivel en ocho años, lo que acerca a la Argentina a la auspiciosa posibilidad de refinanciar deuda en el mercado internacional. Al mismo tiempo, el Instituto de Estadística (Indec) informaba una baja de la inflación al 2,1% en mayo. Si el dólar se mantiene quieto, la merma del índice de precios podrá continuar.

“No se puede dejar pasar esta oportunidad”, sostenía uno de los banqueros en un sentimiento compartido de defensa de las reformas liberalizadoras de Milei. Eso sí, hay algunos que cuestionan la política, la corrupción y la violencia verbal del Presidente. “No podemos volver al pasado, con gente que quiere reestructurar la deuda o reestatizar empresas”, sostenía otro. ¿Por quién lo dice?, preguntó elDiarioAR. “Por (Axel) Kicillof”, respondió. Pero si no lo dijo, volvió a cuestionar este cronista. “Pero tampoco dijo que no lo haría. Hay que ver si lo dice y si lo dice, si le creemos”, contestó. Entre los presentes estaban el presidente de Adeba, Javier Bolzico; los dueños del Banco Galicia, Eduardo Escasany, del Macro, Jorge Brito, del Comafi, Guillermo Cerviño, del Banco de Valores, Juan Nápoli, del Superviell, Patricio Supervielle, además de ejecutivos de esas entidades y de otras como Ualá, CMF y Banco de San Juan (grupo Eskenazi).

Brito, expresidente de River, esquivó las preguntas de si también quiere presidir la Argentina o si al menos está armando una alternativa a Milei y Kicillof. Pero en sus filas reconocen que si la economía no comienza a recuperarse y continúan los errores propios del Gobierno, como el caso Adorni, entonces habrá margen para otra opción. El dueño del Macro venía de reunirse en Jujuy -el banco es fuerte en el Norte- con el sindicalista Carlos “El Perro” Santillán, a quien conoce desde la crisis de 2001. Discutieron sobre el impacto ambiental del litio. A Brito le parece que no hay que ser de izquierda para defender el medio ambiente ni de derecha para sostener un equilibrio fiscal con menos impuestos. Hay colegas suyos que se preguntan si el pueblo está preparado para votar a un banquero, más allá de que el arquitecto del PJ porteño, Juan Manuel Olmos, lo haya soñado como candidato presidencial outsider. Brito tiene reparos con este gobierno, pero se quedó con el 26% de la privatización de Transener, la mayor transportista eléctrica del país, en sociedad con Edison, donde además de los Neuss -amigos del asesor presidencial Santiago Caputo- están exejecutivos del Macro, Carlos Giovanelli y Damian Pozzoli.

Pero mientras finanzas, campo, minería, Vaca Muerta y negocios digitales caminan, los sectores que más empleo generan, comercio, industria y construcción siguen con dudas sobre cuándo se recuperarán. En la Unión Industrial Argentina (UIA) las grandes empresas se ilusionan con fin de año, pero las pymes piden que se declare una emergencia. En la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), este lunes se celebró la 71ma convención anual y por primera vez en la historia ningún funcionario del gobierno nacional se hizo presente. En 2024 había ido el ministro de Economía, Luis Caputo, pero se enojó porque el presidente de Camarco, Gustavo Weiss, le advirtió por la paralización de la obra pública. El freno continúa, las deudas por proyectos pasados siguen sin pagarse.

El Gobierno impulsa concesiones de rutas con peaje en un cuarto de la red vial, hay múltiples ofertas pero la enorme competencia lleva a que se propongan tarifas tan bajas que difícilmente sostengan el mantenimiento. La construcción de viviendas no repunta sin crédito hipotecario. Y la licitación de los trenes dividió tanto la operatoria que provoca dudas entre los pretendientes. En la disputa por el Belgrano Cargas, el Grupo México quiere morderle negocio a la minera británico Rio Tinto y a un conglomerado de las cerealeras (Cargill, Bunge, Dreyfus, Asociación de Cooperativas Argentinas, ACA, y Aceitera General Deheza, AGD) y para eso ha afinado su lobby entre los funcionarios. Veremos quién gana.

AR/MG

Después de varios meses de incertidumbre, Manuel Adorni presentó finalmente su declaración jurada patrimonial ante la Oficina Anticorrupción. Pero lejos de cerrar la discusión sobre su patrimonio, la abrió todavía más. Horas después de quedar envuelto en una polémica por la adhesión de él y de su esposa al régimen simplificado de Ganancias contemplado en la Ley de Inocencia Fiscal, el jefe de Gabinete reconoció públicamente que durante años mantuvo ahorros no declarados y atribuyó buena parte de su crecimiento patrimonial a ganancias obtenidas con inversiones en bitcoin.

“Ahorramos en negro, como todos los argentinos”, afirmó este miércoles por la noche durante una entrevista con LN+. La frase tuvo un impacto inmediato en la Casa Rosada. No solo porque llega en medio de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito que tramita en los tribunales federales, sino porque contradice parcialmente algunas explicaciones previas del propio funcionario. En marzo, cuando comenzaron a multiplicarse las preguntas sobre su patrimonio, Adorni había asegurado que “todo lo que tiene que estar declarado está declarado en cada uno de los organismos tal como corresponde”.

La explicación que ofreció ahora fue diferente. Según relató, tanto él como su esposa Bettina Angeletti acumularon durante años ahorros no registrados formalmente como una forma de protegerse de la inestabilidad económica argentina. “Nunca se me hubiese ocurrido ahorrar en blanco en aquellos años”, sostuvo. Además aseguró que parte de la evolución patrimonial observada por la Justicia se explica por ganancias cercanas a los 300.000 dólares obtenidas mediante inversiones en bitcoin y por una herencia recibida en los últimos años.

La secuencia resultó particularmente incómoda para el oficialismo porque coincidió con la controversia generada por la adhesión de Angeletti y del propio Adorni al régimen simplificado de Ganancias creado por la Ley de Inocencia Fiscal. Durante toda la jornada, funcionarios y dirigentes libertarios intentaron relativizar la polémica y sostuvieron que no existía ninguna irregularidad. “No hay ninguna ilegalidad”, repetían este jueves en distintos despachos oficiales. El argumento era sencillo: si el propio Gobierno impulsó esa ley para que los contribuyentes utilizaran las herramientas previstas en ella, resultaría contradictorio cuestionar que funcionarios o familiares de funcionarios decidieran hacerlo.

La explicación oficial fue en la misma dirección. Después de que trascendiera la adhesión de su esposa y luego la propia, Adorni transmitió a su entorno una aclaración tajante: “Bettina y yo no vamos a entrar a ningún blanqueo”. Cerca del jefe de Gabinete insistieron en que se confundieron dos instrumentos distintos incluidos dentro de la misma ley. Según esa versión, el matrimonio únicamente adhirió al régimen simplificado de Ganancias, un mecanismo administrativo mediante el cual ARCA confecciona una declaración jurada preliminar que el contribuyente solo debe revisar y validar. “En nuestro caso solo utilizaremos uno de los instrumentos previstos por la ley, el régimen simplificado de Ganancias”, señalaron.

De hecho, la ley que Javier Milei celebró como uno de los mayores logros de su administración y que el propio Adorni describió meses atrás como una norma que “quedará en la historia grande de nuestro país” tiene una particularidad difícil de ignorar: muchos de sus principales defensores fueron también algunos de sus primeros usuarios. Los registros de ARCA muestran que durante los últimos meses un nutrido grupo de funcionarios, asesores y dirigentes cercanos al oficialismo solicitó adherir al régimen, lo que ayuda a explicar por qué dentro del Gobierno existe tan poca disposición a cuestionarlo.

Para buena parte del oficialismo se trata, sencillamente, de una herramienta que está funcionando exactamente como fue concebida. Algunos contadores consultados por elDiarioAR señalaron que el esquema ofrece tres ventajas concretas: simplificación administrativa, un límite a las facultades de revisión de ARCA sobre períodos anteriores y la posibilidad de regularizar determinados bienes o inconsistencias fiscales sin recurrir formalmente a un blanqueo tradicional. Precisamente por eso la adhesión de Angeletti encendió alarmas fuera del Gobierno, aunque dentro de la Casa Rosada predomina la idea de que el debate está políticamente sobreactuado.

Paradoja fiscal

La defensa tiene además un componente ideológico difícil de soslayar. La Ley de Inocencia Fiscal fue presentada hace exactamente un año en una conferencia de prensa realizada en la Casa Rosada y constituyó uno de los proyectos tributarios más ambiciosos de la administración Milei. Aquella tarde, desde el atril, José Luis Espert encabezó la presentación política de la iniciativa. El economista, que por entonces era una de las principales espadas parlamentarias del oficialismo antes de quedar definitivamente corrido del escenario político por las denuncias que lo vinculaban con presuntos aportes provenientes del narcotráfico, reivindicó la reforma en términos casi fundacionales. “Este cambio comienza con un cambio conceptual: no es el argentino el que está en falta con el Estado, es el Estado el que está en falta con los argentinos. El Estado les puso el arma y el gatillo en la cabeza. Eso se termina con nosotros”, afirmó ante funcionarios, periodistas y con el ministro Luis Caputo sentado en primera fila.

A su lado estaba Juan Pazo, entonces titular de ARCA y principal arquitecto técnico del proyecto. Fue él quien explicó los aspectos más novedosos de la reforma. “Vamos a abandonar el esquema persecutorio de la ex AFIP. A partir de ahora, todos son inocentes hasta que ARCA diga lo contrario”, sostuvo. Pero hubo una frase que hoy, a la luz de la polémica alrededor de Adorni, adquiere una resonancia especial. Al describir las ventajas del régimen simplificado de Ganancias, Pazo aseguró que quienes ingresaran al sistema quedarían protegidos frente a futuras investigaciones patrimoniales.

“Para que se entienda: en el ejemplo extremo, si durante ese ejercicio fiscal una persona compra cinco departamentos, ARCA solo le cobrará Ganancias por lo que haya facturado”, explicó el entonces titular del ente recaudador. Y remató con una definición que hoy vuelve a ser observada con atención: “Van a pagar por lo facturado y nada más. No importa si aumentó su patrimonio o su consumo. Ningún gobierno del futuro podrá ir a buscarlos”. Pazo, como no podía ser de otra manera, también figura entre quienes terminaron adhiriendo al régimen.

Es que la discusión pública ya no gira únicamente alrededor de si se trata o no de un blanqueo. El problema para el Gobierno es que algunos de los argumentos utilizados para promover la ley el año pasado parecen haber adquirido una lectura distinta ahora que varios de sus propios funcionarios comenzaron a utilizarla. La polémica, además, horas antes de que Adorni presente la declaración jurada patrimonial y que deberá responder buena parte de las preguntas formuladas por la investigación que impulsa el fiscal Gerardo Pollicita sobre la evolución de su patrimonio y el de su esposa.

En los pasillos de Casa Rosada repiten que no existe ninguna incompatibilidad, que el régimen fue creado precisamente para que los contribuyentes se adhieran y que utilizar una herramienta legal no puede transformarse en una sospecha. El problema es otro. Visto desde afuera, el cuadro ofrece una imagen incómoda para cualquier gobierno: una ley presentada como una revolución tributaria, defendida con el argumento de que limitaría futuras investigaciones y utilizada poco después por algunos de sus principales impulsores.

Aunque jurídicamente no implique ninguna irregularidad, la secuencia alimenta una pregunta políticamente difícil de desactivar: si el Gobierno diseñó una herramienta para liberar a los ciudadanos del control fiscal o si terminó construyendo un mecanismo que también podía servir para protegerse de eventuales acusaciones sobre el origen de sus propios patrimonios.

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La implementación del Régimen Simplificado de Ganancias, bautizado por los despachos oficiales como “Inocencia Fiscal”, ha dejado de ser solo una reforma impositiva para convertirse en un foco de sospechas. Es que cada vez se suman más mileístas a los benficios fiscales que autorizó esta ley. Desde el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger hasta el exdiputado José Luis Espert –investigado por lavado de dinero–, y el jefe de Gabinete Mabuel Adorni, tal como informó elDiarioAR.

A la lista se suman ahora el actual titular de ARCA, Andrés Vázquez, y el principal ideólogo y redactor de esta normativa, quien fue Juan Pazo, actual secretario de Planeamiento y Desarrollo Productivo.

La controversia estalló al comprobarse que el propio Pazo figura en la lista de los primeros altos funcionarios del Poder Ejecutivo en inscribirse para recibir los beneficios del sistema que él mismo diseñó, según detalla el medio Letra P.

El esquema, concebido originalmente bajo la premisa de simplificar la carga impositiva y presumir la “buena fe” de los contribuyentes, restringe severamente la capacidad de fiscalización de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Al ampararse en este régimen, los funcionarios logran que el Estado asuma la carga de la prueba ante cualquier inconsistencia tributaria, limitando las auditorías por “discrepancias significativas”.

La conexión con ARCA y el blindaje patrimonial

La revelación cobra un impacto político aún mayor al cruzarse con la situación de Andrés Edgardo Vázquez, el jefe de ARCA colocado por Javier Milei al frente del organismo recaudador.

Vázquez, quien también se acogió al régimen de “Inocencia Fiscal”, arrastra un complejo frente penal en los tribunales federales de Comodoro Py, donde la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) y el juez Marcelo Martínez de Giorgi investigan presuntos departamentos ocultos en Miami valuados en más de dos millones de dólares a través de firmas en las Islas Vírgenes Británicas.

Esta coincidencia entre los diseñadores de la ley y los encargados de aplicarla es lo que motivó la fuerte denuncia pública del periodismo de investigación. En sus redes sociales, el periodista Ari Lijalad expuso la asimetría del escenario.

El proyecto de ampliación y el debate ético

Lejos de retroceder ante los cuestionamientos, la Casa Rosada ratificó el rumbo impositivo. El Poder Ejecutivo envió recientemente al Congreso un proyecto de ley destinado a ampliar la “Inocencia Fiscal”, buscando eliminar por completo los topes de ingresos y los límites patrimoniales que imponía el texto original de Pazo.

De aprobarse esta reforma, los beneficios de fiscalización laxa se extenderán a los mayores patrimonios del país, consolidando legalmente la estrategia a la que ya recurrieron las máximas autoridades del área económica y fiscal de la Nación para resguardar sus propias declaraciones juradas.

La ley que impulsó el ex diputado José Luis Espert, que el gobierno de Javier Milei celebró como uno de sus mayores logros y que Manuel Adorni describió como una norma que “quedará en la historia grande de nuestro país” tiene un rasgo llamativo: quienes más la elogiaron fueron también los primeros en usarla. Los registros de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) revelan que un nutrido grupo de funcionarios, asesores y allegados al Gobierno pidió adherirse al régimen simplificado de Ganancias establecido por la Ley de Inocencia Fiscal (27.799) en los últimos meses.

Santiago Oría, el documentalista de Milei y parte de su círculo más cercano, pidió adherirse el 6 de abril. Le siguió el 21 de abril Antonio Aracre, economista cercano a Milei y conductor en la TV Pública. Ambos lo hicieron semanas antes de que el tema se volviera público.

El 7 de mayo fue el turno del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, uno de los arquitectos del modelo económico libertario. Su constancia de ARCA muestra que su actividad principal registrada es servicios inmobiliarios con bienes urbanos propios, incorporada recién en julio de 2024, el mismo mes en que sumó asesoramiento y gestión empresarial. Dos actividades nuevas, un régimen simplificado pocos meses después.

El 20 de mayo se adhirió Aimé Ayelén Vázquez, titular de la Unidad Gabinete de Asesores de Adorni. Su constancia muestra que se inscribió como autónoma recién en febrero de 2026 —un mes y medio antes de pedir el régimen simplificado—, con actividades de asesoramiento empresarial y servicios personales. La velocidad del trámite llama la atención: alta como autónoma en febrero, inocencia fiscal en mayo.

El 29 de mayo apareció Manuel Vidal, asesor y confidente del estratega presidencial Santiago Caputo, inscripto en Ganancias desde 2016. Dos días después, el 31 de mayo, se adhirió Bettina Angeletti, esposa de Adorni, cuya adhesión abrió el primer frente público sobre el tema. El 1 de junio fue Felipe Núñez, asesor del ministro de Economía Luis Caputo y director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) —el mismo funcionario al que el Banco Nación le otorgó un crédito hipotecario de 373 millones de pesos a tasa subsidiada.

El propio Espert —el ex diputado que impulsó la norma en el Congreso— pidió su adhesión el 9 de junio. Y Adorni cerró la secuencia este martes 10 de junio.

El régimen, según contadores consultados por elDiarioAR, tiene tres efectos concretos: simplificación impositiva, un tapón fiscal que impide que ARCA revise períodos anteriores, y la posibilidad de regularizar bienes no declarados sin que se llame técnicamente blanqueo.

La situación patrimonial de Manuel Adorni volvió a quedar en el centro de la escena. Apenas días después de asegurar que su declaración jurada patrimonial sería publicada “más temprano que tarde”, el jefe de Gabinete quedó envuelto en una nueva polémica luego de que se conociera que tanto él como su esposa solicitaron adherir al régimen simplificado de Ganancias contemplado dentro del paquete de medidas que el Gobierno bautizó como “Inocencia Fiscal”.

La defensa oficial apuntó a diferenciar dos instrumentos que, según sostienen cerca del funcionario, fueron confundidos en parte de la cobertura periodística. “Ante la desinformación difundida recientemente en los medios de comunicación, es necesario aclarar que Inocencia Fiscal y el Régimen Simplificado de Ganancias son dos herramientas diferentes”, explicaron fuentes cercanas a Adorni, según publicó Clarín.

De acuerdo a esa versión, la denominada Inocencia Fiscal constituye el nuevo esquema impulsado por el Gobierno para reformar el régimen penal tributario y elevar los montos previstos en la Ley de Procedimiento Fiscal, con el objetivo de que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) concentre sus esfuerzos en perseguir a los grandes evasores. “Asimismo, se actualizan los montos de las multas por infracciones generales que habían quedado obsoletos”, agregaron.

Distinto sería, afirman, el caso del régimen de declaración jurada simplificada al que adhirió primero su esposa, Bettina Angeletti, y luego el propio jefe de Gabinete. Cerca de Adorni lo describen como un mecanismo meramente administrativo diseñado para facilitar la presentación de las declaraciones juradas anuales. “En este caso, ARCA confecciona una pre declaración jurada y el contribuyente solo debe prestar su conformidad. Se trata de un trámite mucho más rápido y sencillo que permite cerrar el año fiscal de manera inmediata al momento de presentar y abonar el saldo determinado por el sistema”, explicaron.

La aclaración oficial incluyó además una definición terminante que, según distintas fuentes, Adorni transmitió en privado durante las últimas horas: “En nuestro caso, Bettina y yo no vamos a entrar a ningún blanqueo. Solo nos adherimos al régimen fiscal simplificado de ganancias”. Y agregaron: “Es información de público conocimiento ya que figura en nuestra constancia de inscripción en la web de ARCA”.

“Entendiendo que la ley de Inocencia Fiscal contempla varios instrumentos para los contribuyentes, en nuestro caso solo utilizaremos uno, el régimen simplificado de ganancias, cuyo objetivo es lograr una presentación más simple que prepara ARCA, el contribuyente la revisa y se presenta”, adujo Adorni en declaraciones al diario Clarín.

La propia ARCA realiza una aclaración similar en la información oficial sobre el programa. Allí sostiene que el régimen simplificado “no es un blanqueo ni una amnistía” y lo define como “un cambio de paradigma” en la relación entre el contribuyente y el organismo recaudador. “Se abandona la tradicional presunción de culpabilidad fiscal. Ahora sos inocente hasta que ARCA demuestre lo contrario”, afirma el organismo en su sitio web.

Sin embargo, la controversia difícilmente quede reducida a una discusión técnica sobre instrumentos tributarios. El episodio se produce en un momento especialmente sensible para Adorni, que todavía enfrenta cuestionamientos por la demora en la publicación de su declaración jurada patrimonial. Por eso, más allá de las explicaciones sobre el alcance concreto del régimen simplificado, la polémica volvió a poner el foco sobre una pregunta que el Gobierno todavía no terminó de responder: cuándo se conocerá finalmente el patrimonio completo de uno de los funcionarios más importantes de la administración Milei.

Expectativa por la DDJJ

La promesa de Adorni tiene además una fecha precisa. Según pudo reconstruir elDiarioAR, el jefe de Gabinete asegura que no dejará pasar del lunes 15 de junio la presentación de su declaración jurada patrimonial ante la Oficina Anticorrupción. La elección del momento, sin embargo, está lejos de ser inocente. En la Casa Rosada confían en que el inicio del Mundial de fútbol contribuya a bajar la intensidad mediática de una discusión que acompaña al funcionario desde hace meses y que se encuentra directamente vinculada a la causa por presunto enriquecimiento ilícito que tramita en los tribunales federales.

La demora tiene, según comentan cerca de Adorni, una doble explicación. La primera es técnica. El funcionario buscó evitar cualquier movimiento que pudiera interferir con las medidas de prueba impulsadas por el fiscal federal Gerardo Pollicita. La segunda es abiertamente política. Durante semanas se resistió a ceder ante los reclamos públicos de Patricia Bullrich, quien le exigía que presentara cuanto antes la documentación patrimonial. Fue la exministra, de hecho, quien terminó acelerando los tiempos al anticipar la presentación de su propia declaración jurada y dejar a Adorni cada vez más expuesto.

Mientras tanto, la investigación patrimonial sigue avanzando. Pollicita encomendó a la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero (DAFI) un análisis exhaustivo de la evolución patrimonial de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti. El interrogante central es relativamente sencillo: si el nivel de vida del matrimonio resulta compatible con los ingresos declarados por el funcionario, cuyo salario permaneció durante gran parte de 2024 y 2025 en torno a los tres millones de pesos mensuales de bolsillo.

Entre los elementos bajo análisis figuran la compra de un departamento en Caballito financiado parcialmente mediante un préstamo otorgado por dos jubiladas, del que todavía restarían cancelar unos 70.000 dólares, y la adquisición de una vivienda en el barrio privado Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz, escriturada íntegramente a nombre de Angeletti. La fiscalía también puso la lupa sobre al menos 21 viajes realizados por la pareja durante los últimos cuatro años a destinos como Aruba, Nueva York, España, Cancún y Punta del Este, varios de ellos con alojamiento en hoteles de alta categoría.

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Manuel Adorni pidió adherirse este martes al régimen establecido por la Ley de Inocencia Fiscal (27.799) antes de presentar su declaración jurada patrimonial, prometida para el lunes 15 de junio. La maniobra tiene una consecuencia concreta y deliberada: el funcionario no está obligado a explicar ante ARCA ni ante la Justicia cómo creció su patrimonio durante 2025. Su esposa, Bettina Angeletti, había dado el mismo paso diez días antes.

La ley funciona así: quien se adhiere paga el impuesto a las Ganancias únicamente sobre lo que facturó ese año, sin importar cuánto aumentaron sus bienes o su consumo personal. No hay obligación de declarar qué activos se regularizan ni de dónde salieron. Esa información queda blindada bajo secreto fiscal.

El mecanismo fue impulsado en el Congreso por el diputado José Luis Espert y celebrado públicamente por el propio Milei. Adorni se encargó de comunicarlo desde la Jefatura de Gabinete. El 26 de diciembre de 2025, escribió en sus redes: “La Ley de inocencia fiscal probablemente sea una de las leyes que quede en la historia grande de nuestro país: aún no se toma la real dimensión de todo lo que implica”. Ahora se sabe a quién le venía como anillo al dedo esa dimensión.

La propia ARCA sostiene que el régimen simplificado “no es un blanqueo ni una amnistía” y lo define como “un cambio de paradigma” en la relación entre el contribuyente y el organismo recaudador. “Se abandona la tradicional presunción de culpabilidad fiscal. Ahora sos inocente hasta que ARCA demuestre lo contrario”, afirma el organismo en su sitio web.

Contadores consultados por elDiarioAR explican que el régimen tiene tres efectos concretos. El primero es la simplificación impositiva, aunque uno de los especialistas advierte que “no es tan simplificado como dicen”. El segundo, y “lo mejor que tiene el régimen”, es el llamado tapón fiscal: quien declara correctamente el período 2025 genera un blindaje que impide que ARCA revise los períodos anteriores. El tercero es la posibilidad de regularizar bienes no declarados —“la guita del colchón”, en palabras de uno de los especialistas— sin que técnicamente se llame blanqueo, denominación que el Gobierno evita por las exigencias del GAFI.

Sobre la adhesión de Adorni, el contador Jorge Gebhardt advierte que “da para cualquier interpretación”: alguien puede adherirse sin tener nada irregular, pero el régimen también permite bancarizar dinero no declarado para realizar compras. “Ahí siempre está la duda”, señala, “no sé, diez, 20.000 dólares que hacés... un millón de dólares, no sé”. A montos muy significativos, agrega, debería haber reportes que impedirían esa posibilidad.

El otro especialista consultado, que prefirió el anonimato, suma un dato político relevante: el régimen simplificado que está dentro de la ley de inocencia fiscal “parece que va a ser modificado, eliminando los topes para adherirse”. Si eso ocurre, el blindaje que hoy tiene Adorni se volvería aún más amplio. Pero hay un límite claro, según una fuente del sector contable consultada por este medio: la adhesión “lo hace zafar solo de la parte penal tributaria”. La causa por enriquecimiento ilícito que tramita en Comodoro Py sigue su curso sin que este régimen la afecte.

Adorni tiene una causa judicial abierta por presunto enriquecimiento ilícito en manos del fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo. Los registros de ARCA revelan además un dato que los investigadores ya tienen en la mira: Adorni tiene actividades económicas registradas desde noviembre de 2013, pero recién se inscribió en el impuesto a las ganancias en enero de 2020. Un intervalo de casi siete años en el que operó bajo múltiples categorías —servicios personales, asesoramiento empresarial, contabilidad— sin tributar por ese régimen.

La solicitud actual de cambio al régimen simplificado representa un nuevo escalón en ese proceso de ordenamiento tardío, que ahora ocurre bajo la lupa judicial. Según la denuncia impulsada por la diputada Marcela Pagano, el patrimonio del funcionario habría experimentado un incremento del 500% en un único período fiscal, con severas discrepancias entre declaraciones juradas, omisión de activos financieros y depósitos en el exterior.

El expediente analiza la compra de un departamento en Caballito con una hipoteca de 200.000 dólares sin intereses de dos jubiladas, la adquisición de una casa en el country Golf Club Indio Cuá por US$120.000 con una hipoteca tomada de una policía retirada y su hija —a quienes aún les debería 70.000 dólares—, y el pago de US$245.000 en efectivo y sin facturar a un contratista por las refacciones de esa propiedad.

A partir del impulso fiscal, la Justicia comenzó a analizar el patrimonio del jefe de Gabinete con una batería de medidas orientadas a establecer si hubo un incremento patrimonial no justificado, que incluyó pedidos de informes a registros de la propiedad, organismos nacionales, la Oficina Anticorrupción y la ANSES.

El patrón se repite en su esposa: Angeletti figuraba inscripta como trabajadora autónoma desde 2017, pero regularizó su situación frente al IVA y al impuesto a las ganancias recién en octubre de 2025, tras casi ocho años de operación. La proximidad de ambas adhesiones y el historial de regularización tardía en el núcleo familiar pusieron en alerta a los investigadores judiciales, que evalúan los movimientos como parte de un ordenamiento fiscal integral del matrimonio bajo escrutinio.

Según consignó La Nación, el fiscal Pollicita trabaja en un largo escrito en el que le requiere a Adorni que justifique sus bienes, que no llegan a estar cubiertos por sus ingresos. Esta solicitud es en general el trámite previo a que el funcionario sea citado a prestar declaración indagatoria. La fiscalía aguarda el resultado final de un peritaje contable encargado a expertos de la Procuración General de la Nación, al que se suma un estudio especializado sobre criptomonedas y la trazabilidad de operaciones financieras de Adorni. El informe técnico definitivo podría demorar alrededor de 90 días.

Una vez notificado, Adorni deberá explicar detalladamente el origen de los fondos utilizados para adquirir los bienes observados. Si sus explicaciones resultan suficientes, el fiscal podría resolver el sobreseimiento; de lo contrario, solicitará formalmente su declaración indagatoria. Fuentes de Comodoro Py estimaron a elDiarioAR que la citación a indagatoria podría concretarse antes del inicio de la feria judicial de invierno, prevista para la segunda mitad de julio. También está el interés de Adorni de presentar su DDJJ ante el comienzo del Mundial.

La adhesión al régimen de inocencia fiscal no equivale a una confesión ni genera por sí misma consecuencias penales. Pero quien se acoge a él reconoce implícitamente que tiene activos o ingresos que no puede justificar. La ley no excluyó a los funcionarios públicos —técnicamente denominados Personas Expuestas Políticamente— del beneficio de no rendir cuentas sobre el incremento patrimonial. Adorni usó para sí mismo el instrumento que desde su cargo ayudó a instalar.

MC

Manuel Adorni solicitó su adhesión al régimen simplificado de Ganancias establecido por la llamada Ley de Inocencia Fiscal, según consta en la constancia de inscripción emitida por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El documento confirma que el funcionario se acogió al mecanismo para el período fiscal 2025, mientras la Justicia lo investiga por un presunto enriquecimiento ilícito que no logra justificar.

La movida no es aislada. Su esposa, Bettina Angeletti, ya había pedido acogerse al mismo régimen el 31 de mayo, según registros de ARCA. Ambas solicitudes se presentaron antes de que Adorni entregue su declaración jurada patrimonial, cuya demora viene siendo señalada por la oposición y la prensa.

La Ley de Inocencia Fiscal —impulsada en el Congreso por el diputado José Luis Espert y celebrada por el propio Milei— permite pagar el impuesto a las Ganancias únicamente sobre lo facturado, sin importar cuánto haya aumentado el patrimonio ni el consumo personal durante ese período. En términos prácticos: quien se adhiere no está obligado a explicar la brecha entre sus ingresos declarados y sus bienes reales.

Ese mecanismo es exactamente lo que la investigación judicial puso en el centro. Según los registros de la causa, Adorni y su esposa compraron en 2025 un departamento en Caballito por el que pagaron 30.000 dólares en efectivo y tomaron una hipoteca sin intereses de 200.000 dólares de parte de las vendedoras, dos jubiladas. El expediente, en manos del fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo, analiza también la compra de una casa en el country Golf Club Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, por 120.000 dólares, con 20.000 en efectivo y una hipoteca de 100.000 dólares suscripta con una policía retirada y su hija. Las propias vendedoras declararon que Adorni aún les debe 70.000 dólares de esa operación. Además, el contratista Matías Tabar declaró que recibió 245.000 dólares en efectivo y sin facturar por las refacciones de esa propiedad.

La adhesión al régimen no implica una amnistía total ni constituye, por sí misma, una irregularidad, pero la constancia se convierte en un elemento concreto dentro del expediente que ya recopila testimonios, movimientos inmobiliarios y registros financieros del matrimonio.

Adorni prometió presentar su declaración jurada patrimonial ante la Oficina Anticorrupción antes del lunes 15 de junio. La elección del momento no es casual: el jueves 11 arranca el Mundial de fútbol y el Gobierno apuesta a que el ruido del torneo le dé cobertura mediática a un trámite que lleva meses demorado.

Adorni fue uno de los voceros más entusiastas de la ley que ahora lo ampara. Cuando se reglamentó el régimen, el jefe de Gabinete escribió en sus redes que la norma “devuelve a los argentinos la libertad de usar su dinero sin darle explicaciones a nadie”. Ahora él y su esposa son los primeros en beneficiarse de esa libertad.