El Gobierno nacional reglamentó este lunes la Ley de Inocencia Fiscal, la ambiciosa normativa impulsada por la gestión de Javier Milei que busca blindar a los contribuyentes y fomentar la declaración de dólares del mercado informal. 

Con la publicación del decreto reglamentario 93/2026 publicado este lunes en el Boletín Oficial, el Régimen de Declaración Jurada Simplificada entra formalmente en vigencia, estableciendo un nuevo paradigma en la relación entre el Estado y los contribuyentes.

La norma, que modifica el Régimen Penal Tributario y el Código Civil y Comercial, apunta a un relajamiento de los controles patrimoniales a cambio de un cumplimiento estricto de la facturación declarada ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Los ejes centrales de la reglamentación

El punto más disruptivo de la ley es la creación del “Régimen simplificado de Ganancias”, diseñado para contribuyentes con un tope patrimonial de hasta $10.000 millones.

Nuevos pisos de punibilidad y plazos

La ley introduce una actualización drástica en los montos para que un incumplimiento sea considerado delito penal, elevando los umbrales de evasión:

Extinción de la acción penal y multas

La reglamentación también detalla los mecanismos para que los contribuyentes regularicen deudas pendientes sin enfrentar causas criminales:

Con esta reglamentación, el Ejecutivo busca acelerar la exteriorización de activos en un contexto donde el Gobierno apuesta al blanqueo para fortalecer las reservas y dinamizar la inversión privada, garantizando que el origen de los fondos no será objeto de persecución fiscal para quienes cumplan con el nuevo esquema.

El comunicado completo de la ARCA

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informa que se publicó el Decreto reglamentario del Régimen de Inocencia Fiscal, previsto en la Ley N.º 27.799, junto con la normativa complementaria de ARCA, que pone en plena vigencia el Régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias.

Con la Ley de Inocencia Fiscal se deja atrás un régimen persecutorio. Décadas de cepo cambiario, alta inflación, volatilidad y un sistema tributario asfixiante empujaron a millones de argentinos a la informalidad y la evasión.

En ese esquema todos eran considerados evasores.

La Ley de Inocencia Fiscal viene a poner las cosas en su lugar y le devuelve la libertad a los argentinos de usar su dinero sin darle explicaciones a nadie.

Entre los principales puntos de este cambio paradigmático se destaca que el umbral de evasión simple se eleva a 100 millones de pesos, y el de evasión agravada a 1.000 millones de pesos. También se modificó el plazo de prescripción del delito, que disminuye de 5 años a 3 años. Esto implica que quienes se inscriban al RSG en los próximos meses no van a poder ser investigados a partir de 2029.

Además, evadir ya no va a ser un delito penal. Quien incumpla y sea notificado, podrá resolverlo pagando su deuda sin necesidad de afrontar una causa penal.

Principales definiciones de la reglamentación y adhesión al Régimen Simplificado de Ganancias

Requisitos de ingresos y patrimonio para la adhesión.

Para adherir al régimen se deberán cumplir, entre otros, los siguientes requisitos:

- Ingresos totales de hasta $1.000 millones anuales.

- Patrimonio total de hasta $10.000 millones.

- No revestir la condición de Gran Contribuyente Nacional.

La verificación se realizará considerando el período fiscal de adhesión y los dos anteriores, sin acumular los montos entre años.

Declaración Jurada Simplificada y efecto liberatorio

ARCA pondrá a disposición una Declaración Jurada Simplificada precargada, que el contribuyente podrá revisar, modificar y presentar. La presentación y el pago en término del impuesto —o la adhesión a un plan de facilidades dentro del vencimiento— otorgarán efecto liberatorio respecto del Impuesto a las Ganancias del período fiscal base.

Bancarización de operaciones

Se establece que las operaciones se considerarán correctamente canalizadas cuando los fondos ingresen al sistema financiero en el origen o en el destino de la operación.

Se ratifica que las compraventas de inmuebles podrán seguir realizándose en efectivo, conforme lo dispuesto por el Decreto N.º 22/2001.

Antecedente favorable en materia de lavado de activos

La constancia digital de adhesión al Régimen Simplificado de Ganancias será considerada un antecedente favorable ante entidades financieras y sujetos obligados en el marco de la normativa de prevención de lavado de activos, sin perjuicio del cumplimiento de los controles correspondientes. ARCA implementará un sistema de validación digital para facilitar esta verificación.

No se analizará el incremento patrimonial

La normativa aclara expresamente que ARCA no analizará el incremento patrimonial, incluyendo depósitos bancarios, a los fines de la verificación del régimen, despejando interpretaciones erróneas sobre el alcance de los controles.

Presunción de exactitud y nueva período fiscal base

El régimen incorpora una presunción de exactitud de las declaraciones juradas presentadas bajo la modalidad simplificada. Cuando el contribuyente cumple con la presentación y el pago en término del Impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal base, la información declarada se presume correcta, otorgando mayor seguridad jurídica y previsibilidad.

De esta manera, ARCA sólo podrá impugnar la declaración en supuestos excepcionales expresamente definidos en la normativa, como la existencia de discrepancias significativas debidamente verificadas.

Asimismo, el régimen introduce el concepto de nuevo período fiscal base. Cada vez que el contribuyente ratifica su permanencia en el régimen y presenta en término la Declaración Jurada Simplificada con el correspondiente pago, ese período pasa a constituirse como un nuevo período fiscal base.

De esta manera, los períodos anteriores quedan alcanzados por la presunción de exactitud, salvo que ARCA hubiera notificado previamente una orden de intervención, consolidando un esquema de cumplimiento progresivo que refuerza la confianza entre el contribuyente y la administración tributaria.

Rectificativas y multas

La reglamentación dispone que la rectificación espontánea presentada antes de la notificación de una orden de intervención no configura una discrepancia significativa.

Asimismo, ARCA establecerá una reducción del 50 % de las multas para quienes regularicen su situación dentro de los 45 días posteriores al vencimiento.

Con la reglamentación de la Ley de Inocencia Fiscal, se avanza en un cambio trascendental de paradigma tributario que le devuelve la libertad a los argentinos de poder disponer de sus ahorros.

Los argumentos del Gobierno

Al momento de sancionarse la ley en el Congreso, a fines de 2025, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, explicó que la Inocencia Fiscal “revierte un paradigma instalado durante más de 100 años en la Argentina. En lugar de ser potenciales sospechosos, todos los ciudadanos son inocentes hasta que la Justicia demuestre lo contrario. Los argentinos nos acostumbramos a vivir bajo un régimen persecutorio donde quien ahorraba para resguardarse de los vaivenes económicos —siempre provocado por la mala administración política— era visto como un criminal de guerra. A tal punto llegó el afán persecutorio del Estado depredador que llegamos al extremo de que se informaban al Estado las compras del supermercado que alcanzaban los 100.000 pesos. Los años de cepo cambiario, alta inflación, volatilidad y un sistema tributario asfixiante empujaron a millones de argentinos a la informalidad y a la evasión impositiva. Que quede bien claro, fue culpa del Estado depredador el nivel récord de informalidad de la economía argentina y la necesidad de la gente de resguardar sus ahorros por fuera del sistema. Mientras tanto esa Argentina, que trató a los ahorristas como malhechores, fue tierra fértil para el reinado de los corruptos, los narcotraficantes y otros delincuentes de la misma calaña”, apuntó el vocero libertario.

La Ley de Inocencia Fiscal “les devuelve la libertad a los argentinos de usar su dinero sin darle explicaciones a nadie. Con el nuevo esquema: lo tuyo es tuyo; tus dólares, tu decisión. Además, va a impulsar la inversión porque los fondos que los argentinos ingresen al sistema va a desarrollar el mercado de capitales. En cualquier país de la región, el crédito al sector privado en términos del Producto Bruto Interno oscila entre el 60% y el 120%. Hoy, en Argentina, fruto de las pocas herramientas para canalizar el ahorro, es de apenas el 9%. Es una oportunidad para el financiamiento de proyectos de inversión, la Ley de Inocencia Fiscal”, remarcó Adorni.

De acuerdo a lo que explicó el jefe de los ministros, “la ley incluye dos medidas principales. La primera busca blindar a los argentinos ante futuras administraciones que pretenden volver al régimen persecutorio anterior. Con el Régimen Simplificado de Impuesto a las Ganancias, cada ciudadano podrá normalizar su situación patrimonial pagando ganancias solo por la facturación efectuada, independientemente de su variación patrimonial”.

Y agregó: “La segunda medida apunta a la simplificación del sistema tributario. Se van a modificar los umbrales por los cuales el Estado pedía perseguir a sus ciudadanos por evasión. El umbral de evasión simple se eleva a cien millones de pesos y el de evasión agravada, perdón, a los mil millones de pesos. Además, se modificó el plazo de prescripción del delito, se disminuye de 5 a 3 años. Quien incumpla y sea notificado podrá resolverlo pagando lo que debe para que pueda normalizar su situación fiscal sin tener un problema penal”.

Según Adorni, “unas 17 provincias ya firmaron convenios de intercambio de información con ARCA para adherirse a la lógica de este nuevo régimen. A modo ilustrativo, la Provincia de Buenos Aires, por supuesto, no lo ha firmado. Invitamos a todos los gobiernos provinciales a que ingresen al nuevo sistema. Para quienes quieran aprovechar la nueva medida, el Banco Nación dará instrucción a sus empleados de cumplir estrictamente con la ley. Empleado que pide una documentación por fuera de la norma va a ser despedido. Con que la persona muestre que se adhirió al Régimen Simplificado de Ganancias, ya podrá depositar sus dólares en el banco para gastarlos, ahorrarlos o invertirlos”, detalló.

Argentina dejó de vivir en el reino al revés. A partir de ahora, los inocentes dejaron de ser tratados injustamente como culpables y los culpables serán perseguidos con todo el peso de la ley“, concluyó el funcionario.

Con información de agencias.

IG

Más de un contador, no todos, desaconsejan a sus clientes con flujo de fondos o stocks no declarados blanquearlos a partir de la nueva ley de inocencia fiscal, que aún resta reglamentar. Mientras, los bancos privados y los públicos excepto el Nación ponen reparos a recibir efectivo o plata del exterior o de criptoactivos sin registrar por cuestiones de compliance (cumplimiento normativo) para evitar incurrir en lavado de dinero. Incluso advierten a sus usuarios que deberían elaborar un reporte de operación sospechosa (ROS) para girarlo a la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo que lucha contra el lavado.

“Es una ley muy extraña con una serie de defectos, por lo que las posibilidades de éxito que le veo hoy, sin reglamentar, son muy relativas”, opina el contador Jorge Gebhadt, asociado al estudio Aguirre Saravia & Gebhardt. En primer lugar, considera que podrían quedar afuera los 2,1 millones de monotributistas y los 10 millones de empleados formales en relación de dependencia. Lo mismo opina su colega Juan Pablo Futten.

“A los monotributistas les harían desistir de su categoría para entrar en el nuevo régimen simplificado del impuesto a las ganancias, lo cual yo no le recomendaría a nadie porque automáticamente las retenciones de Ganancias pasan a ser del 31%, el IVA no necesariamente se puede trasladar a un cliente”, expone Gebhardt. “Los empleados o los jubilados que tengan dólares -N. de la R.: hay gente con ingresos en blanco que los ilegalizaron al comprar divisas en cuevas- también deberían adherirse a este régimen simplificado”, añade el mismo contador. Hay 7,1 millones de jubilados y pensionados.

Futten, que integra el kirchnerista Instituto Patria, reconoce que la ley acierta al subir bien el umbral a partir del cual se considera delito -y, por tanto, con pena de prisión- la evasión tributaria, de $1,5 millones a 100 millones, dado que el monto había quedado desactualizado por la inflación. También en que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) pase a controlar sólo los últimos tres años, no los cinco, como antes, salvo tres excepciones (si el organismo considera que debe tributarse más del 15% por encima de lo declarado por el contribuyente, si este usó facturas truchas o si evadió más de $100 millones). Sin embargo, Futten concuerda con las dudas de si algún monotributista adherirá -algo no menor teniendo en cuenta que hay millonarios escondidos en esa categoría- o algún empleado en blanco. Es decir, el nuevo esquema sólo atraería a autónomos, también llamados responsables inscriptos, que suman 422.000 personas.

En cambio, el contador César Litvin disiente: “El régimen simplificado es una excelente opción para los contribuyentes de Ganancias, no ganan mas de $1.000 millones anuales, con un patrimonio menor a $10.000 millones y que no son grandes contribuyentes. La declaración jurada es muy simple, conviene incluso pasarse a los autónomos que tienen todo en blanco porque además ya no les revisarán lo de más de tres años. El monotributista que se asesore por si le conviene o no salirse del monotributo. A algunos sí y a otros no. A la mayoría no le va a servir cambiar”, concede. También lo aconseja “para los que tienen dólares en el colchón, que incluso pudieron haber provenido de pesos en blanco, porque sólo así los pueden exteriorizar y darles una renta”.

Gebhardt sigue arremetiendo: “Al no ser una ley de blanqueo, quedan abiertas muchas rendijas peligrosas. Se dicen que no van a revisar los consumos ni los incrementos patrimoniales, pero la ley de procedimiento tributario hay presunciones más que siguen vigentes, por ejemplo, el inventario no declarado por un comerciante o si los depósitos bancarios superan a las ventas”. Por eso, pronostica poca adhesión a la ley de inocencia fiscal, salvo que la reglamentación la cambie.

Futten advierte que la reglamentación tampoco puede modificar la ley. Y agrega cuestionamientos. Recuerda que el último blanqueo de capitales de 2024 incluyó, a pedido de senadores opositores, un artīculo que establece que los que adhirieron no pueden sumarse a eventuales futuras amnistías fiscales hasta 2038. El contador alerta que es muy delgada la línea que separa la inocencia fiscal de un blanqueo. Litvin rechaza esta objeción: “La nueva ley tiene efectos de blanqueo, pero no es un blanqueo”. Futten añade que, a diferencia del sinceramiento fiscal de hace dos años, ahora hay un tope de US$60.000 y se pregunta por que registrarían fondos aquellos que no lo hicieron entonces. Claro que hay gente que en este periodo ha vuelto a generar recursos sin declarar.

Futten, docente de impuestos en la Universidad de Buenos Aires (UBA), advierte que los bancos pueden hacer los ROS ante operaciones de montos inusuales de sus clientes. En una de las principales entidades privadas de la Argentina y en otras de mayores billeteras virtuales cuentan que están esperando la reglamentación para definir cómo proceder. Después de que se conozca, las asociaciones de bancos entregarán al Gobierno un documento con sus dudas, después de que el ministro de Economía, Luis Caputo, los retara por rechazar fondos no declarados y aconsejara dirigirse a depositarlos al Nación, que preside Darío Wasserman, consignado como uno de los recaudadores de la última campaña libertaria. En un banco público siguen aplicando las mismas normas de siempre contra el lavado, el terrorismo y el tráfico de armas, a la espera de nuevos detalles de la UIF y el Banco Central.

“Hay que trazar una línea divisoria entre dinero negro y dinero sucio, proveniente del narco o la venta de armas”, opina el CEO del estudio Lisicki, Litvin & Abelovich. “Los bancos por compliance y por la UIF tienen que saber el origen de dinero y reportar operaciones sospechosas. En blanqueos anteriores, los bancos no querían recibir depósitos para evitar esa responsabilidad. Que pidan lo que deben pedir, pero que no ahuyenten a sus clientes de siempre. Cuando ya son clientes se sabe dónde generan dinero, pero si se presenta alguien sin cuenta en bancos y con cifras significativas, van a pedir el origen lícito del dinero”, reconoce.

Diego Fraga, del estudio Expansion, apunta que la nueva ley tiene “mucho intenciones, pero falta afinar el lápiz y aclarar cosas”. El abogado tributarista señala que resta definir qué documentación deberán pedir los bancos y la UIF, coincide con Gebhardt en que no se desactivan todas las presunciones de evasión, aconseja -como Litvin- que los monotributistas hagan una simulación previa a pasarse al nuevo régimen para ver si les conviene o no y recuerda que la ciudad de Buenos Aires y las provincias mantienen sus propios regímenes tributarios y que la estructura de la ARCA, aunque haya estrenado nombre, repite prácticas arraigadas. Es decir, sigue habiendo inspectores con vocación de perseguir evasores.

AR/MF

El dólar siempre está de moda en la Argentina. Ahora que el ministro de Economía, Luis Caputo, se tuvo que comer sus palabras y puso en marcha este viernes un techo más alto de la banda cambiaria, que se actualiza según la inflación y no más a sólo 1% mensual. Ahora que su par de Desregulación, Federico Sturzenegger, doctor en economía por el Massachusetts Institute of Technology (MIT), califica de “héroes” a los que gastan las divisas que producen los exportadores en vacaciones en el exterior, con el que argumento de que si un país quiere exportar, debe importar (ver tweet abajo). Ahora que el Banco Central, que conduce Santiago Bausili, y la Unidad de Información Financiera (UIF), que dirige Paulo Starc, proveen a la Justicia de reportes de la presunta venta de dólares oficiales a cuevas que después los revendían a precio blue en los tiempos en que Sergio Massa era ministro de Economía (2022/2023).

Como si fuera poco, quedaron liberados depósitos en dólares del blanqueo de capitales de 2024: un total de US$20.000 millones que pueden quedar ahí, buscar inversiones más rentables o escaparse otra vez al colchón (llámense cajas fuertes) o al extranjero. Y pronto entrará en vigencia la ley de inocencia fiscal, que apunta a un blanqueo permanente de pesos circulantes y dólares encanutados.

El dólar minorista arrancó el año subiendo el 1%, hasta $1.495, y el mayorista, referencia para la banda, el 1,3%, a $1.475, con lo que empieza a aproximarse al nuevo techo de $1.529. “No veo mayor reacción del tipo de cambio en estos días”, tranquiliza Daniel Marx, socio de la consultora Quantum Finanzas. “Una parte importante de los dólares del blanqueo van a continuar en el circuito, en depósitos o en compra de ON (obligaciones negociables, que son los títulos de deuda de las empresas), bonos (del Estado) u otros activos. La ley de inocencia fiscal va a tener al principio una reacción tibia. Pero en el tipo de cambio hay movimientos por el turismo, especialmente en esta época, y a los cambios normativos que están implementándose”, se refiere a los viajeros al extranjero, que también demandarán lo suyo durante el Mundial de Norteamérica en junio y julio, y las nuevas flexibilizaciones del cepo cambiario, que aún sigue vigente para determinadas operaciones, incluido el impuesto que pagan los “héroes” a las compras en el exterior y los giros de empresas de antiguas utilidades y deudas comerciales.

“Más que la banda, la pregunta del momento en el mercado cambiario es qué va a pasar con los vencimientos de deuda del 9 de enero (por más de US$4.000 millones a bonistas) y el 1 de febrero de US$800 millones al Fondo (Monetario Internacional, FMI)”, observa Matías Rajnerman, analista del Banco Provincia de Buenos Aires. “Cada vencimiento es un desafío. Los anteriores se pagaron con ayuda de EE UU. Ahora parece que va a ser un 'repo' (préstamo de bancos, de corto plazo y alta garantía). La pregunta es con qué dólares se va a cancelar eso. En cambio, la suba del techo de la banda ya estaba descontada por el mercado. En cuanto a la ley de inocencia fiscal, en 2025 no se generaron tantos flujos como para que se blanquee tanto como en 2024, cuando venías de varios años acumulando flujos no declarados”, agrega Rajnerman.

Alejandro Pagliero, analista de la sociedad bursátil Nasini, descarta que en enero el nuevo esquema cambiario vaya a tener impacto en la cotización. “Sí tendrá en los próximos tres o seis meses, por el efecto acumulativo”, se refiere a que el techo de la banda irá elevándose más y más. “Para mitad de año vas a tener un dólar $100 o $150 más alto que con el esquema anterior. A eso sumale que en enero y febrero vas a tener bastante demanda por turismo y que el Gobierno tiene que dar alguna señal de acumulación de reservas para el pago de la deuda. Por eso vamos a estar en un nivel bastante cercano a la banda superior. Mientras, con los dólares del blanqueo va a haber de todo: parte irá a inversión inmobiliario, mucho a activos financieros, no creo que haya mayor desarme para irse al exterior. Muchos empresarios blanquearon y usarán esa plata para recapitalizar sus empresas para crecer por volumen. Por último, la ley de inocencia fiscal irá arrancando de forma paulatina, cuando se acomoden los contadores y abogados, pero beneficiará la recaudación tributaria porque antes el consumo se hacía en negro. Por último, para septiembre u octubre, cuando el Oleoducto Vaca Muerta Sur empiece a sacar petróleo, se dinamizará la constante falta de liquidez en el dólar en la Argentina”, se esperanza Nasini.

El nuevo techo “evita que el tipo de cambio quede desalineado en términos reales (en relación a la inflación) y reduce la probabilidad de tensiones artificiales” , opina Agustina Savoia, asesora financiera de Cocos Gold. “Dl dólar deja de ser una variable determinada por eventos discretos o expectativas de ruptura y pasa a moverse dentro de una trayectoria más previsible. No se trata de un régimen de flotación libre, pero sí de un esquema administrado con reglas más claras, donde el tipo de cambio acompaña la dinámica inflacionaria en lugar de anticipar crisis. Para el mercado, esto se refleja en un escenario de ajustes graduales del dólar, sin saltos abruptos, siempre condicionado a la consistencia del programa fiscal y monetario. El foco deja de estar en el nivel puntual y pasa a estar en la trayectoria. Inflación, tasas y dólar comienzan así a moverse de manera más coordinada, reduciendo los desajustes que históricamente generaron episodios de inestabilidad”, añade Savoia.

En cuanto a los dólares del blanqueo, “el riesgo no está en el vencimiento de las cuentas en sí, sino en un eventual cambio de expectativas que incentive una dolarización defensiva”, señala la asesora de Cocos. “Por ahora, ese escenario no es el que predomina”, aclara. “La ley de inocencia fiscal no genera un impacto inmediato sobre el tipo de cambio, pero sí apunta a modificar un comportamiento profundamente arraigado en la economía argentina: el uso del dólar como refugio ante la incertidumbre legal y tributaria. Al reducir el riesgo percibido de operar con activos declarados, la ley busca incentivar una mayor utilización del ahorro en dólares, ya sea para inversión, consumo o intermediación financiera”, finaliza Savoia.

Alan Trejo, analista de Proficio Investment, considera “un buen avance la modificación del esquema que abandona el ancla cambiaria”. “Es decir, a partir de ahora dejará de atrasarse el tipo de cambio real desde estos niveles. Al indexarse sólo por la inflación local, el techo irá ganando competitividad lentamente en una magnitud anual igual a la inflación de nuestros principales socios comerciales, con Brasil al 4% anual, EE.UU. al 3%. Este nuevo esquema, no obstante, ralentizará la desinflación dado que las tres anclas pasan a ser dos: fiscal y monetaria. Básicamente, la sostenibilidad de este proceso radicará en que continúe el equilibrio fiscal. Todo esto, sumado a que tendremos presente el Central en el mercado para la acumulación de reservas, sólo cuando noten excesos de oferta, que puede ser contra liquidación del agro o de liquidaciones de emisiones de deuda en Nueva York de empresas o provincias.Aal menos hace pensar que el dólar no va a caer, que va a ir subiendo más o menos en línea con la inflación.”

“Una forma de sumar oferta al mercado podría ser liberando los controles de capital y dar paso a que fluyan los capitales internacionales”, conjetura Trejo. “Pero la mala experiencia que atravesaron durante la administración Macri hace pensar que van a liberar muy gradualmente el ingreso de capitales especulativos. Ahora bien, que el dólar suba en línea con la inflación, no garantiza la sostenibilidad del esquema. Todo dependerá del ritmo al cual puedan acumular reservas mientras el riesgo país permanezca sobre los 500 puntos, dado que estamos pagando con cash los vencimientos de capital cuando lo normal es refinanciarlos en los mercados de deuda”, completa el analista de Proficio.

Emmanuel Ruiz Migone, de la firma Aldazabal y Cía., coincide en general: “El hecho que ahora la banda cambiaria esté ligada a la inflación, tiene como ventaja que ya no se va a discutir si el tipo de cambio está atrasado o no, la contra de esto quita previsibilidad porque ahora dependés de las estimaciones de inflación para estimar las bandas. Pero el principal driver (conductor) del tipo de cambio va a pasar por la capacidad del Central de acumular reservas. En la medida en que el mercado vea que se hacen los pagos de deudas y las reservas aumentan, el tipo de cambio debería estar relativamente estable”, agrega Ruiz Migone, que no deja de advertir que sin una normativa clara sobre el lavado de dinero los contadores recomendarán quedarse “quietos: pese a la ley de inocencia fiscal.

En la sociedad Criteria consideran que “en la medida en que la política fiscal y la monetaria se mantengan consistentes, la banda funciona como un ancla de expectativas más que como un objetivo a testear permanentemente”. “El tipo de cambio debería moverse mayormente dentro del corredor definido, con episodios de tensión puntuales más asociados a la coyuntura política o financiera que a desequilibrios macro persistentes. El riesgo principal no es tanto una ruptura de la banda, sino que el mercado perciba inconsistencias entre éstas y la posibilidad de acumulación de reservas”, concluyen en Criteria. En cuanto a los dólares del blanqueo y el impacto de la inocencia fiscal, agregan: “Se espera tengan un efecto estabilizador en el corto plazo, en la medida en que una parte relevante se canalice al sistema financiero o a instrumentos en pesos. No necesariamente implican una oferta permanente de divisas en el mercado cambiario, pero sí reducen la demanda precautoria de dólares y mejoran el balance de expectativas. Hacia adelante, su impacto será más de stock que de flujo: ayudan a recomponer confianza y profundidad financiera, pero no sustituyen la necesidad de generar dólares genuinos vía exportaciones e inversión”.

Otro académico de la economía, que prefiere mantener el anonimato, sostiene que el dólar se acercará al techo de la banda “de modo que puedas intervenir sin quemar muchas reservas y acumulándolas”, es decir, sin vender sino comprando dólares desde el Tesoro o el Banco Central. “La inflación se dirime entre la inercia que te pone la indexación de la banda y las presiones deflacionarias que van a venir por el lado de la apertura comercial y un mercado laboral muy flojo que va a hacer que los salarios no agreguen al 'passthrough' (traslado) de la devaluación”, agrega el catedrático, que advierte sobre la “burrada” de Sturzenegger: “Las importaciones de turismo, los viajes al exterior, no son inputs de exportaciones, de turismo o de otra cosa”.

“Innovadora esta nueva teoría del crecimiento económico que sostiene que para crecer hay que endeudarse con el FMI y EE UU para financiar turismo emisivo”, escribió en X el exministro de Economía Martín Guzmán y adjuntó un emoji de payaso. El economista Carlos Rodríguez comentó al ministro libertario: “Entiendo. Entonces saquen el cepo y feliciten a las empresas que compren dólares”. El ingeniero agrónomo Néstor Roulet opinó: “Y yo que cobré la soja a US$300 la tonelada y van a veranear a un país donde el productor cobra 400. Con la mía es fácil”, apuntó a Brasil. Un profesor de la Universidad de Córdoba, Alejandro Gay, le escribió: “De acuerdo que cerrarse al comercio empobrece. Sin embargo, yo preferiría que fuese el gobierno el héroe de la producción. Ocurre lo contrario, se mantienen distorsiones en el mercado cambiario (cepo a empresas) que generan un precio mentiroso del dólar que impide inversiones”.

El ministo de Producción bonaerense, Augusto Costa, también respondió: “Fede, impecable la teoría de manual de Introducción a la Economía. Pero lamento informarte que para que tu lógica funcione en tus propios términos, el tipo de cambio debería flotar libremente. Hoy, con el dólar intervenido, los 'héroes' que viajan al exterior con un tipo de cambio subsidiado no suben el precio para el exportador: se consumen las divisas que necesita la economía para producir y crecer, mientras se pone en crisis al turismo interno, que sufre la competencia desleal del atraso cambiario. Que quede claro: el turismo emisivo no sostiene la competitividad. Lo único que sostiene y fomenta la competitividad de la economía es la inversión, la ciencia, la tecnología y un mercado interno fuerte, justamente todo lo que están destruyendo. Festejar que se quemen reservas en turismo en el exterior y decir que la industria nacional es 'hacer eso en lo que sos malo' resume perfectamente tu modelo de país. Ya probaste esta receta con De la Rúa, con Macri y ahora con Milei. Y nunca terminamos importando y exportando más. El único resultado posible de este modelo es menos industria, un sector turístico nacional en crisis, economías regionales quebradas y un país cada vez más endeudado”, concluyó Costa.

Mientras elogia “héroes”, el Central y la UIF persiguen villanos. Apuntan a la venta de dólares oficiales a cuevas que después los revendían en el mercado blue para ayudar presuntamente a Massa a controlar el mercado paralelo, las apodadas “manos amigas”, al tiempo que amasaban ganancias exorbitantes. Las sospechas del gobierno libertario también apuntan a los funcionarios que aprobaban las importaciones, el entonces secretario de Comercio Interior, Matías Tombolini, y su subsecretario Germán Cervantes. El juez Marcelo Aguinsky y el fiscal Claudio Navas Rial están a cargo de la investigación.

El entonces presidente del Banco Central, Miguel Pesce, sostiene que su entidad sólo ofrecía divisas a los bancos públicos y privados, que a su vez las vendían a casas cambios que se habían multiplicado en el gobierno de Mauricio Macri. Agrega que además las casas de cambio ahora sumariadas ya habían sido denunciadas por él.

Por lo pronto, el director del Central encargado de los sumarios a casas de cambio, Juan Curutchet, abrió expedientes en esta segunda mitad del año a 22 entidades del rubro. El listado incluye a Lagriet, Alvear, Cambio Posadas, Soy Vos, Andie, Dibehi, Gestiones San Miguel, Torjo, Dieza, Cambitana, Marvic, Clover Alliance, Más Divisas, Argencambio, Forex, Edén, San Isidro, García Navarro, Neoacam y Arg Exchange, la firma del detenido domiciliario Elías Piccirillo, otro exesposo de Jésica Cirio en la mira de la Justicia, después de Martín Insaurralde.

AR/MF

La ley de Inocencia fiscal propuesta por el Poder Ejecutivo se discutirá este viernes en el Senado y podría ser convertida en ley. En su paso por Diputrados, obtuvo 130 votos afirmativos,107 negativos y dos abstenciones.

La norma introduce modificaciones al Régimen Penal Tributario (Ley 24.769); a los Procedimientos Fiscales (Ley 11.683) y al Código Civil y Comercial de la Nación; así como también, un Régimen de Declaración Jurada Simplificada.

La iniciativa crea un “Régimen simplificado de Ganancias” por el cual, de acuerdo al Gobierno, los contribuyentes que adhieran quedarán “blindados para siempre”.

Este régimen, que tendrá un tope patrimonial de hasta 10.000 millones de pesos para poder adherir, garantiza a los contribuyentes no tener que informar sobre variaciones patrimoniales, y tampoco se controlarán los consumos que hagan.

Esto implica que ARCA sólo les cobrará el impuesto a las Ganancias por los ingresos que hayan facturado, independientemente del eventual crecimiento patrimonial (que no será controlado) y de esa base se deducirán los consumos.

El artículo 39 del proyecto “establece el efecto liberatorio del pago, si se acepta el contenido de la declaración jurada propuesta por ARCA y se realiza el pago en término; excepto que se hayan omitido ingresos”.

El proyecto de Inocencia Fiscal aumenta los montos para que se considere que una persona cometió el delito evasión simple, pasando de $1.500.000 a $100.000.000.

En tanto, para que la conducta a investigar se considere de “evasión agravada”, el piso tiene que superar los 1.000 millones de pesos (ya no más 15 millones).

Por otra parte, se reduce el plazo de prescripción de las obligaciones tributarias de cinco a tres años. ARCA no iniciará acciones penales siempre y cuando se cancelen las deudas y sus respectivos intereses, aunque este beneficio correrá una sola vez por contribuyente.

Si la denuncia no estuviera aún radicada, quedará extinguida en caso de que el contribuyente cancele esas obligaciones pagando un adicional del 50% dentro de los 30 días hábiles desde la notificación de la imputación.

Si bien el proyecto apunta a un relajamiento de los controles fiscales, aumentarán los montos de las sanciones económicas por presentar declaraciones juradas fuera de término.

También actualiza las multas para quienes no presenten declaraciones juradas impositivas en tiempo y forma, que habían quedado congeladas y eran de entre $200 y $400). Si la ley se aprueba pasarán a $220.000 para personas y $440.000 para sociedades. En casos de omisiones graves, las multas pueden ascender hasta los $10 millones.

Así lo anunciaba el Gobierno en junio pasado, de la mano de Espert

El anuncio del proyecto de Inocencia Fiscal que busca inyectar en la economía “los dólares del colchón”lo realizaron a comienzos de junio el entonces presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja, José Luis Espert (días después, comenzaba el “affaire Fred Machado” que terminaría con el libertario fuera de su candidatura a senador, fuera del Congreso, fuera del Gobierno, e imputado por su presunta relación con el narcotráfico), y el entonces titular de ARCA, Juan Pazo (que hace poco dejó su cargo), en Casa Rosada. El ministro de Economía, Luis Caputo, estuvo en aquella conferencia, pero observó todo desde la primera fila, sin intervenir.

Los principales argumentos y detalles del proyecto fueron los siguientes:

Qué decía el texto original

Tengo el agrado de dirigirme con el objeto de someter a su consideración un proyecto de ley orientado a la incorporación de reformas sobre Procedimiento Tributario y al Régimen Penal Tributario, en el marco del proceso de reconstrucción de la Nación Argentina y frente a la asfixiante carga fiscal que recae sobre el sector formal de la economía.

Como es de público y notorio conocimiento, la economía argentina ha padecido décadas de caos macroeconómico, marcado por períodos de alta inflación, desplomes periódicos del PBI por debajo de estándares mínimos y oscilaciones cambiarias descontroladas que arruinaron el poder adquisitivo de los argentinos y ahogan cualquier plan de inversión a mediano y largo plazo, desincentivando así la inversión formal. La configuración macroeconómica resultante ha acumulado un stock de activos externos equivalente a más de 250.000 millones de dólares, reflejo de la fuga de ahorros del sistema formal argentino y del peso como reserva de valor.

Frente a esta situación, el Gobierno Nacional viene implementando, desde diciembre de 2023, un programa económico coherente y gradual, orientado a restaurar la confianza en el funcionamiento del sistema institucional argentino, estabilizar las variables macroeconómicas y fomentar la formalización de la actividad productiva.

En este marco, los logros en materia de consolidación fiscal, especialmente a partir de la sanción de la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes Nº 27.743, han permitido sentar las bases para una reforma tributaria integral destinada a simplificar el sistema impositivo, ampliar la base de contribuyentes y generar condiciones más propicias para el desarrollo económico sostenido.

En esta misma línea, el reciente Decreto Nº 353 del 22 de mayo de 2025 profundiza de manera clara y decidida el rumbo desregulador y simplificador adoptado por el Gobierno Nacional. La norma impulsa medidas concretas orientadas a eliminar trámites innecesarios, erradicar la sobreinformación inútil, reducir cargas formales injustificadas y desmantelar barreras burocráticas que asfixian la actividad económica, promoviendo así un entorno más ágil, competitivo y eficiente.

Entre sus disposiciones más relevantes se destacan el impulso hacia la simplificación de procedimientos vinculados a inversiones en bienes registrables, la creación de un régimen opcional y simplificado para la declaración del Impuesto a las Ganancias de personas humanas y sucesiones indivisas residentes y la instrucción a los organismos estatales a realizar una revisión integral de sus regímenes de información y fiscalización, con el objetivo de eliminar la recolección masiva de datos superfluos que no contribuyen al control efectivo, pero sí generan costos desproporcionados para ciudadanos y empresas.

Estas acciones apuntan a un cambio estructural y paradigmático impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional que opera como directriz general para los organismos bajo su órbita y para la ciudadanía en general.

En este sentido, es importante recuperar la confianza en la ciudadanía al categorizar al contribuyente como un ciudadano de bien, que obra de buena fe, luego de haber sido tratado durante décadas como un potencial delincuente fiscal, oprimido por un Estado avasallante que lo sofocaba con controles, trámites inútiles y una maquinaria burocrática diseñada más para perseguir que para servir.

En consecuencia, se promueve la reducción de la carga administrativa para los ciudadanos, sin que ello implique una flexibilización en el cumplimiento de sus deberes fiscales, optimizando al mismo tiempo la asignación de los recursos de fiscalización conforme a criterios de eficiencia y riesgo.

Estas medidas constituyen un nuevo avance en el proceso de modernización y racionalización del Estado Nacional y preparan el terreno para una reforma tributaria estructural.

La iniciativa legislativa proyectada busca consolidar este nuevo enfoque a través de tres objetivos fundamentales:

En esta perspectiva, el proyecto de ley sometido a su consideración propone una serie de reformas en materia tributaria y de procedimiento fiscal. Las medidas se estructuran de la siguiente forma:

Se presume la exactitud de las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias y del Impuesto al Valor Agregado correspondientes a períodos no prescriptos, salvo que se detecte una discrepancia significativa entre la información declarada por el contribuyente en la declaración jurada simplificada correspondiente al último período fiscal declarado y la información disponible en los sistemas del organismo recaudador o provista por terceros. El concepto de “discrepancia significativa” se encuentra expresamente definido en la norma. En dichos casos, podrán desplegarse facultades de verificación y fiscalización respecto de los períodos no prescriptos. Asimismo, se establece que, a los efectos de evaluar si existe o no una discrepancia significativa, no resultan aplicables las disposiciones del inciso f) del artículo 18 de la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, referidas al incremento patrimonial no justificado.

Finalmente, a partir del Título III se invita a las provincias y a la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES a implementar regímenes simplificados de fiscalización alineados con el régimen nacional que se propone. A su vez, se fija la vigencia de la ley a partir del día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.

Entre los beneficios e impactos esperados de su implementación, esta reforma contribuirá a la construcción de un entorno tributario más razonable, uniforme, con menor nivel de litigiosidad y una recaudación sostenible, en línea con una visión de Estado que prioriza la libertad individual, la iniciativa privada y la eficiencia en la asignación de recursos.

Por otro lado, la simplificación de los procesos de fiscalización y la presunción de exactitud aplicable a las modalidades simplificadas de determinación impositiva permitirán reducir la carga de cumplimiento y fomentar la formalización de actividades. En este marco, y sin perjuicio de las facultades de fiscalización respecto de todos los contribuyentes, la concentración de la recaudación en un grupo reducido con mayores niveles de capacidad contributiva, sumada a la disponibilidad limitada de recursos, torna necesario un enfoque estratégico que priorice las acciones de control en los segmentos de mayor riesgo, sin desatender la ampliación y consolidación de la base tributaria en su conjunto.

Por último, la reforma propuesta busca generar un sistema penal tributario más justo y eficiente, centrado en sancionar de manera proporcional y focalizada aquellas conductas que ocasionan un perjuicio real a la hacienda pública y a los sistemas de previsión social. Se espera que este enfoque permita optimizar el uso de los recursos estatales al concentrar el poder punitivo en los casos de evasión significativa, reducir la litigiosidad penal improductiva e incentivar la regularización voluntaria mediante mecanismos que privilegian la reparación del daño por sobre la punición. Al dejar atrás un esquema sancionatorio desproporcionado y homogeneizador, se promueve un sistema más equitativo, que mejora la percepción de justicia fiscal, favoreciendo a su vez una mayor predisposición al cumplimiento por parte de los ciudadanos.

El Gobierno Nacional entiende que el proceso de consolidación fiscal exige ahora una reforma impositiva estructural que propicie confianza, simplificación y competitividad. El proyecto de ley que se remite avanza en esa dirección, en línea con la tendencia global de liberalizar normas y reducir cargas regulatorias al Estado.

Con la convicción de que la REPÚBLICA ARGENTINA necesita un nuevo régimen tributario, el citado proyecto de ley procura ser un instrumento para preservar los derechos de los ciudadanos.

Por lo expuesto, se somete a su consideración el proyecto de ley referido, cuya pronta sanción se solicita.

Con información de agencias.

IG

El Senado debatirá este viernes en comisión el Presupuesto 2026 y la reforma del Régimen Penal Tributario, que el oficialismo quiere tratar en una sesión que se convocará para el 26 de diciembre. Ambos proyectos fueron aprobados en la madrugada de este jueves en Diputados.

El oficialismo convocó para las 10 a la comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside el libertario Ezequiel Atauche, con el fin de emitir este viernes dictamen del Presupuesto 2026.

El dictamen que se emitirá respetará el texto aprobado en Diputados, donde el Gobierno no pudo lograr la derogación de las leyes de Universidades y Discapacidad ya que se rechazó el capítulo 11 donde se incluía esa propuesta.

Si bien en Casa de Gobierno se había evaluado la posibilidad de introducir nuevamente ese capítulo que también incluía las deudas de Camesa con las empresas eléctricas, la restricciones a la ley de zonas fría y la coparticipación Federal de la Ciudad de Buenos Aires.

De esta manera, el dictamen que se buscará aprobar en la sesión del 26 de diciembre se convertirá en ley y luego el Gobierno tendrá que definir qué medidas toma sobre la aplicación de esas leyes, que hoy no se están instrumentando bajo el argumento de que no se definió el financiamiento de esas partidas.

Ley de Glaciares

Por otro lado, un plenario de comisiones de Mineria, Energía y Combustibles, y de Ambiente y Desarrollo Sustentable emitió dictamen de reforma a la ley de Glaciares, que también se debatirá el 10 de Febrero en la segunda convocatoria a extraordinarias.

La iniciativa tiene como objetivo ordenar el marco normativo vigente, poner fin a “interpretaciones arbitrarias y consolidar un esquema de federalismo ambiental compatible con la Constitución”.

La reforma propone reglas claras que protejan los glaciares que cumplen una función hídrica efectiva, fortalezcan los estándares ambientales vigentes y eliminen la discrecionalidad que “bajo pretextos ideológicos, obstaculizó el desarrollo económico del país”, estableció el Gobierno.

Cómo sigue todo

También este viernes a las 9 se constituirá la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, que preside Juan Carlos Pagotto, para emitir dictamen favorable del proyecto de reforma del Régimen Penal o Tributario denominado “Inocencia Fiscal”, y que tiene como objetivo blanquear los dólares compradas en el mercado informal y otros bienes.

Esta iniciativa eleva los montos de 1.5 millón de pesos a 100 millones de pesos para considerar que hubo un delito de evasión simple y a 1.000 millones para determinar que hubo evasión calificada.

También instrumenta un nuevo Régimen de Ganancias para los contribuyentes de hasta un patrimonio de 10 mil millones de pesos, donde se fija que en este caso no se podrá investigar hasta ese monto los cambios que haya existido en los bienes que tenga la persona que adhirió a ese sistema.

Con información de Noticias Argentinas

JIB

Tras más de 14 horas de sesión, la Cámara de Diputados, con impulso del Gobierno nacional, aprobó hoy con media sanción el proyecto de ley de Principio de Inocencia Fiscal, que permite ingresar al sistema los bienes que no estén declarados en la economía formal.

La iniciativa que busca inyectar en la economía “los dólares del colchón” fue aprobada con 130 votos afirmativos, al tiempo que cosechó 107 negativos y dos abstenciones. 

A instancias de una moción de la diputada de La Libertad Avanza Silvana Giudici, la votación se hizo de manera inmediata sin lista de oradores dada la longitud que había tenido el debate del proyecto de Presupuesto 2026.

“Esta es la ley que nos dejó (José Luis) Espert. Es una ley para blanquear a los narcos, los evasores y los delincuentes”, protestó la diputada nacional del Frente de Izquierda Myriam Bregman.

Por su parte, el diputado de Unión por la Patria Juan Grabois coincidió en que es una ley para el narcotráfico y apuntó contra la libertaria Lorena Villaverde, acusada por nexos con el narco. “Te voy a ir a visitar al penal”, desenfundó el líder del Frente Patria Grande.

La ley propuesta por el Poder Ejecutivo nacional introduce modificaciones al Régimen Penal Tributario (Ley 24.769); a los Procedimientos Fiscales (Ley 11.683) y al Código Civil y Comercial de la Nación; así como también, un Régimen de Declaración Jurada Simplificada.

La iniciativa crea un “Régimen simplificado de Ganancias” por el cual, de acuerdo al Gobierno, los contribuyentes que adhieran quedarán “blindados para siempre”.

Este régimen, que tendrá un tope patrimonial de hasta 10.000 millones de pesos para poder adherir, garantiza a los contribuyentes no tener que informar sobre variaciones patrimoniales, y tampoco se controlarán los consumos que hagan.

Esto implica que ARCA sólo les cobrará el impuesto a las Ganancias por los ingresos que hayan facturado, independientemente del eventual crecimiento patrimonial (que no será controlado) y de esa base se deducirán los consumos.

El artículo 39 del proyecto “establece el efecto liberatorio del pago, si se acepta el contenido de la declaración jurada propuesta por ARCA y se realiza el pago en término; excepto que se hayan omitido ingresos”.

El proyecto de Inocencia Fiscal aumenta los montos para que se considere que una persona cometió el delito evasión simple, pasando de $1.500.000 a $100.000.000.

En tanto, para que la conducta a investigar se considere de “evasión agravada”, el piso tiene que superar los 1.000 millones de pesos (ya no más 15 millones).

Por otra parte, se reduce el plazo de prescripción de las obligaciones tributarias de cinco a tres años. ARCA no iniciará acciones penales siempre y cuando se cancelen las deudas y sus respectivos intereses, aunque este beneficio correrá una sola vez por contribuyente.

Si la denuncia no estuviera aún radicada, quedará extinguida en caso de que el contribuyente cancele esas obligaciones pagando un adicional del 50% dentro de los 30 días hábiles desde la notificación de la imputación.

Si bien el proyecto apunta a un relajamiento de los controles fiscales, aumentarán los montos de las sanciones económicas por presentar declaraciones juradas fuera de término.