El conflicto entre Karina Milei y Santiago Caputo actúa como un motor de la acción de gobierno.

Desde las elecciones de medio término, en octubre pasado, la crónica narra la determinación de la secretaria general de la Presidencia para arrinconar al asesor privilegiado, alguna vez, vértice del “triángulo de hierro”. La inquina mutua se traduce en desplantes, denuncias penales, rienda suelta a agravios que encuentran emisarios que los filtren y operaciones con indudable factoría de inteligencia.

La pelea de fondo es por la ocupación de terminales de decisión y el manejo de presupuestos. En el robo sistemático expuesto en la Agencia de Discapacidad, la saga Adorni y las negociaciones con las provincias, siempre hay una versión surgida de despachos oficiales que explica lo ocurrido como una esquirla de la disputa central.

En teoría, la hermana de Milei tiene las de ganar. Testigos de la relación fraternal indican que prima el maltrato mutuo, pero que la posición de autoridad reside en Karina. “El Jefe” y “Dios”, definió el mandatario. Habrá que creerle.

La ofensiva de Karina en el último semestre incluyó la remoción de la gente de Santiago del Ministerio de Justicia y el consecuente manejo del nexo con los tribunales federales de Comodoro Py, una guerra inconclusa por la SIDE y hasta tabiques físicos en Casa Rosada para que los periodistas acreditados no puedan tener contacto con el asesor. “El Jefe” y los Menem se especializaron en gozar sus victorias en fotos oficiales en las que Santiago pierde toda el aura de Peaky Blinders que intenta construir.

Sin embargo, hay áreas de negocios que el asesor no suelta. La impeorable gestión en Salud de Mario Lugones, padre de un socio del asesor, no parece en riesgo de ser ocupada por un karinista. ARCA y la Secretaría de Inteligencia, un tándem temible, siguen bajo la órbita de allegados al “hermano de la vida” de Milei.

Esta semana, dos decisiones gubernamentales coronaron ganadores económicos de los más importantes del ciclo Milei. No se explicarían tal como acontecieron sin la mano de Santiago Caputo.

Un imán

El jueves, el Ejecutivo confirmó que la belga Jan de Nul y su socia local Servimagnus, de la familia Román, tendrán a su cargo durante los próximos 25 años la vía navegable Paraná-Paraguay, por la que se transporta el 80% de las exportaciones argentinas. La facturación anual promedio ascenderá a US$628 millones.

Durante dos años, circularon versiones sobre terminales políticas y económicas tanto del consorcio ganador, como del que resultó el principal competidor, encabezado por la también belga Dredging Environmental and Marine Engineering (DEME).

La licitación fue objeto de un intenso lobby empresarial y diplomático, y de una puja politica que alguna vez llevó a Santiago Caputo a advertirle a Mauricio Macri que no se quedaría con la hidrovía.

Según una insistente versión proveniente tanto en ámbitos políticos como empresariales, el factor Caputo aparece a través de la firma Neuss, mencionada como contratista cantada para las tareas de dragado.

Soda Neuss Belgrano fue fundada en 1891 por un inmigrante alemán. En el siglo siguiente, la firma amplió sus negocios, y a mediados de la década de 1990 se asoció a la francesa Thales para el control del espectró radioeléctrico, una de las privatizaciones más venales de los años de Menem. Fue uno de sus picos de fama. En 2020, plena pandemia, Jorge Neuss, nieto del primer emprendedor, volvió a los titulares cuando asesinó a su esposa, Silvia Saravia, y luego se suicidó, en su casa del barrio privado Martindale.

Tres años después del homicidio, Milei llegaría a la Presidencia, y dos de los hijos de la pareja, Patricio y Juan, encabezarían una expansión acelerada. Acaso su cercanía a Santiago Caputo, nacida en la adolescencia compartida en Martindale, les despertó el interés de hacer más negocios con el Estado.

Con la empresa Edison, los Neuss y sus socios ganaron licitaciones de dos centrales hidroeléctricas en el Comahue y se transformaron en accionistas de la transportadora eléctrica Transener. Firmas emblemáticas nacionales, como la generadora de electricidad Genneia, de los Brito; Newsan (electrodomésticos), de Rubén Cherñajovsky y Luis Galli; e Inverlat (Havanna), de Guillermo Stanley y el exfuncionario PRO Federico Salvai, sintieron una súbita propensión a asociarse con los herederos de la fábrica de soda para participar en licitaciones.

Coincidentemente, los Neuss son aportantes centrales de la Fundación Faro, el sello recaudador del divulgador antifeminista Agustín Laje, que en la divisoria de aguas entre Karina y Santiago, se cuenta del lado de éste.

La oficialización de la concesión de la Hidrovía tuvo lugar el jueves, en simultáneo con la aprobación de la compra de Movistar Argentina por parte de Telecom Argentina, el brazo de telecomunicaciones e internet del Grupo Clarín.

¿Y “la gran estafa”?

Hace meses, Telecom anticipó, en conversaciones informales con proveedores y empleados, que la aprobación de la compra de Movistar Argentina sería inminente. Horas después del dictamen de la Autoridad de la Competencia que dio el visto bueno con condiciones, llegó la confirmación oficial para todo el personal, en un texto de innegable sabor a tarea cumplida.

Desde que la empresa de Clarín anunció la compra de la filial argentina de Movistar/Telefónica a cambio de US$1.245 millones, en febrero de 2025, Luis Caputo encabezó la objeción a la operación en los términos que pretendía el gigante de medios y telecomunicaciones.

Más allá de versiones sobre sus motivaciones, el ministro se apoyaba en criterios anticoncentración. La acusación de Milei titulada “La gran estafa”, fijada en su perfil de Twitter, de que Clarín forjó su expansión sobre la base del robo y la extorsión alimentó la especulación de ciertos observadores de que el gobierno estaba dispuesto a sostener la pelea.

Los números de la fusión hablan por sí solos. Telecom Argentina y la ex-Movistar Argentina suman 40 millones de líneas móviles —58% del mercado argentino—, 5,8 millones de clientes de banda ancha —50%—, 3,8 millones de hogares con TV paga —40%—, y más de tres millones de líneas fijas —75%—. Apenas se agudiza la mirada en el reparto del mercado en provincias y ciudades específicas, la prevalencia se transforma en dominio.

Caputo transmitió que pisaría sobre seguro para evitar cautelares eternas que Clarín suele conseguir en tribunales federales. Así, el gobierno conformó la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC), con integrantes electos por concurso y ratificados por el Senado.

Mientras, los contenidos del Grupo Clarín seguían alternando segmentos hiperoficialistas con otros críticos y artillería pesada contra la voraz sociedad Adorni-Angeletti, y el tuit agraviante de Milei seguía allí.

Una dinámica singular de amor-odio de la que no dan cuenta ni el gobierno ni Clarín, y que da lugar a sospechas fundadas sobre una segunda realidad debajo de publicitados encuentros y desencuentros

De la letrina en que el Soez transformó sus redes sociales, no se salvaron unos cuantos periodistas de Clarín, ni siquiera algunos que explicitan amplias coincidencias con el ultra. Al mismo tiempo, el mandatario mantuvo su preferencia por segmentos del Grupo o de su socio La Nación para disparar a sus anchas en charlas amenas, como si estuviera en su casa: una dinámica singular de amor-odio de la que no dan cuenta ni el gobierno ni el emporio comunicacional, y que da lugar a sospechas sobre una segunda realidad debajo de publicitados encuentros y desencuentros.

Unos tres meses atrás, la confianza que reinaba en Economía de que se impondrían severos criterios anticoncentración se vio resquebrajada. Otra vez, la mano de Santiago Caputo.

El asesor intervino a través del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), una de las terminales que maneja.

La ANC terminó por aceptar casi en su totalidad un dictamen de ENACOM de marzo pasado. La compra de Movistar por parte de Telecom quedó condicionada al desprendimiento de 6 millones de clientes de telefonía móvil —15% de los 40 millones resultantes de la fusión—, 211.400 abonados a banda ancha en apenas 28 localidades —3,6% de los 5,8 millones— y devolución de 130 MHz del espectro radioeléctrico.

Si se cumple la desinversión pautada, el país quedaría con dos operadores principales de comunicaciones móviles (Telecom y Claro), más el tercero —muy rezagado— que surja de la compra de los 6 millones de abonados de los que deberá desprenderse la empresa de Clarín; uno de telefonía fija (Telecom); dos hegemónicos de TV paga (Telecom y DirecTV) y un actor principal en banda ancha fija (Telecom), muy por delante de los competidores. Ninguna economía relevante de América Latina exhibe una realidad similar.

Para Martín Becerra, investigador del Conicet y docente de políticas de comunicación en universidades públicas, el dictamen tiene una lectura inequívoca: victoria de Clarín y capitulación de Milei.

Becerra introduce la variable de las condiciones agobiantes que impone la economía ultraderechista y se hace una pregunta básica. “Más allá de las módicas cláusulas de desinversión que impone la ANC, ¿qué empresa se verá tentada de invertir en una economía recesiva, con las familias en pleno recorte de gastos, si además debe competir con un actor que ya cuenta con una altísima penetración en el mercado e infraestructura mayorista y minorista, en lo que se conoce como última milla, lo que supone una amplia ventaja comercial?”.

En Telecom Argentina, la mirada es distinta. Transmiten que lo decidido por la autoridad regulatoria es una remediación excesiva, porque pierde la perspectiva real del negocio. En el argumento de la firma, la lectura no debe posarse tanto en las porciones del mercado argentino, sino en la naturaleza de una industria en plena transformación.

Las grandes plataformas de streaming —Netflix, Youtube— y la inteligencia artificial demandan un ancho de banda exponencial, que pone en estrés la infraestructura de las empresas de telecomunicaciones y las obliga a una exigente inversión anual.

“Esas empresas tienen enormes márgenes de ganancia y se desentienden por completo de la infraestructura necesaria para que circulen los contenidos”, dijo una fuente de Telecom Argentina.

Además, en la firma hermana de Clarín ponen el foco en la identidad de los competidores. Por ejemplo, Starlink, de Elon Musk, que en menos de dos años logró un millón de clientes para internet satelital, sobre todo en zona rural, y Claro, del mexicano Carlos Slim, uno de los grandes jugadores globales del rubro, que queda ahora como único competidor en telefonía móvil, con 40% del mercado.

Por fuera de ellos, los otros nombres que tallan fuerte en el negocio son DirecTV, del Grupo Werthein —con importantes terminales en el gobierno de Milei—, con cerca del 35% del mercado de TV paga, y Telecentro, la empresa de cable de Alberto Pierri, con cerca de 6% de market share. Ambos son mencionados como probables compradores de los segmentos de los que ahora debe desprenderse Clarín.

Para Becerra, aunque es un dato que plataformas como Netflix y Youtube tienen un volumen de facturación y ganancias muy superior al de una empresa de telecomunicaciones como Telecom Argentina, el interés de los usuarios por los contenidos en streaming aumenta la dependencia de proveedores de banda ancha, por lo tanto, el negocio es compartido.

Hasta decir basta

Milei dice que apuesta a abrir las fronteras de Argentina a los motores de la Inteligencia Artificial. En sus viajes por el mundo para buscar premios berretas, también logró fotos con tecnoemperadores que dicen admirar su impulso a un mundo sin reglas.

Se verá cuánto del encandilamiento del ultraderechista con las nuevas fronteras tecnológicas se traduce en inversiones, y si, eventualmente, al país le queda algo útil en cuanto a trabajo y desarrollo, o sólo se transformará en un enclave de ganancias extraordinarias que se cobrarán en otra geografía.

Por ahora, el Presidente reconfigura un mercado con un ganador tan tradicional y argentino como Clarín.

Es probable que, sin mucho más para conseguir en este turno, la relación del multimedios con el gobierno ultraderechista carezca de incentivos para mejorar. Hay indicios para pensarlo.

En tiempos de Carlos Menem, cuando Magnetto y Ernestina Herrera de Noble lograron remover los obstáculos legales para transformar la empresa en un multimedios, con acceso a la propiedad de Canal 13 y Radio Mitre, la relación con aquel mandatario se volvió conflictiva.

Unos 17 años más tarde, los Kirchner le concedieron a Clarín la fusión de Cablevisión y Multicanal, clave para la expansión posterior a la banda ancha. De inmediato, comenzó una guerra que todavía hoy sigue dividendo en parte las aguas de la política argentina.

Sólo con Mauricio Macri, quien le dio al Grupo vía libre para hacer pie en Telecom Argentina y multiplicar varias veces el volumen del negocio, la relación continuó en armonía hasta hoy.

La cultura y el prisma económico de Clarín y Milei tienen inocultables puntos de desencuentro.

En primer lugar, porque el negocio de Telecom Argentina es muy sensible al mercado interno. Una economía vigorosa, con crecimiento del consumo en todos los segmentos sociales, es crucial para el mayor uso de la conectividad en general. La apuesta al crecimiento del PBI vía exportaciones del agro y Vaca Muerta, más los negocios financieros, no parece la mejor receta para que los hogares populares de Buenos Aires, Córdoba y Rosario cuenten con ingresos suficientes para adherirse a un canal premium de la TV paga y sumen prestaciones al celular para navegar más.

El tiempo dará su veredicto. Por lo pronto, Adorni mintió tanto, le quemó tanto la plata, se dejó secudir de tal manera por los colchones línea superior, la cascada y los resorts caribeños, que se ganó legítimamente el prime time de TN hasta que alguien diga basta.

slacunza@eldiarioar.com

SL

Nadie —a excepción de Javier Milei y un fan, el cineasta Santiago Oria—le asignó el más mínimo crédito a la historia de la caja de zapatos repleta de dólares legada por el padre de Manuel Adorni y la multiplicación de los billetes a través de una inversión cripto. En una presentación televisiva lacerante, el jefe de Gabinete confirmó su condición de mentiroso empedernido. Fue demasiado: los leales que le quedaban en el prime time de las pantallas televisivas se bajaron del barco.

No obstante, esta conclusión casi unánime habilita lecturas en diferentes planos.

En el arco político, especialmente en el oficialismo y sus aliados, el acento de las conversaciones es elucubrar los motivos por los que los Hermanos Milei no sólo mantienen a su creación Adorni en el cargo, sino que obligan a los ministros a sacarse fotos con impostura de normalidad y a sobreactuaciones como las protagonizadas por Sandra Pettovello y Luis Caputo en la Cámara de Diputados en abril, cuando gritaban desde las gradas “Vamos Manuel”, mientras el jefe de Gabinete se aprestaba a leer un texto ficcional sobre sus bienes.

En el ámbito colindante de los tribunales, la interpretación corre por otro carril. La estrategia de Adorni fue evaluada por una fuente clave de Comodoro Py como “inteligente desde lo jurídico y contable”, aunque con escasas chances de prosperar por el nivel de “truchadas” en continuado perpetradas por el imputado.

Primero, la clave política.

¿Por que no lo echan?

El CEO de una de las empresas que más facturan en el país, de diálogo fluido con el Ejecutivo, elaboró una hipótesis días atrás. “Para mí, es a propósito. Le dan visibilidad para que no se hable de otras cosas”. “¿$LIBRA”?, consultó este medio, en referencia a la supuesta criptoestafa por volúmenes mucho mayores que involucra a los Milei y al propio jefe de Gabinete. “$LIBRA, pero, sobre todo, la economía. Si se habla de Adorni, no se habla del consumo y de los sueldos, que están por el piso”.

Esa interpretación conjuga con una idea que explica por qué medios, economistas y otras voces influyentes muy allegadas a los Hermanos Milei vuelcan su presión sobre Adorni, con saña, sin ahorrarse desprecio personal ni insultos.

El oficialismo está ávido de contradecir la realidad de ingresos reducidos y empleo en riesgo en los hogares y los barrios, y trata de convencer de que se viene el despegue definitivo, tras dos años de motosierra cruel: los “mejores 18 meses de la historia económica argentina” vaticinados por Caputo en marzo (quedan 16, los primeros dos ya se perdieron). El lenguaje festivo de los Milei y los Caputo abreva en los anuncios de adhesiones al RIGI y ciertos papers que siembran optimismo.

En esa lógica, cuando llegue el punto caramelo, la salida de Adorni, reclamada hasta por Luis Majul y Mauricio Macri, podrá ser proclamada por el mileísmo como el “ahora sí” que faltaba: con la crisis política despejada, la inflación “resuelta” (2%) y el riesgo-país en baja, el camino a la reelección está asegurado, se lee en el esperanzado texto oficialista. Riesgoso, porque quizás se pasa del punto caramelo y la faena queda chamuscada.

Un economista de alto perfil y cercano al gobierno apeló a una razón de índole psicológico-política para explicar el sostenimiento de Adorni: “Es lo que los yankees llaman ‘escalation of commitment’. Ante una decisión equivocada y contra la evidencia, deja de jugar el análisis de los costos y beneficios futuros, y pesa el tiempo, el dinero y el prestigio invertidos”. “Es la falacia del costo hundido, pero igual creo que se irá”, resume.

Cuando llegue el punto caramelo, la salida de Adorni, reclamada hasta por Luis Majul y Mauricio Macri, podrá ser proclamada por el mileísmo como el 'ahora sí' que faltaba. Riesgoso.

Hay acciones enigmáticas que alimentan la teoría de que hay algo más detrás del respaldo de los Milei al funcionario que mejor transmitió sus ejes argumentales y provocaciones. Dan la cara por él, incluso cuando les miente y oculta datos. Por menos que eso, otros advenedizos a los que el Presidente consideró “hermanos” (Nicolás Posse, Diego Spagnuolo) fueron expelidos sin honra.

“¿Sabián esto?”

En el anochecer del martes, una pregunta pobló los whatapps de la cumbre del oficialismo y sus aliados: “¿Sabían de esto?”.

Las horas previas habían quedado monopolizadas por la noticia de que Adorni, puesto en el ojo de la tormenta por su imposibilidad de explicar su progreso patrimonial apenas pisó un despacho oficial, se había adherido al régimen de Inocencia Fiscal para no ser auditado. La respuesta desde los despachos de Eduardo “Lule” Menem (mano derecha de Karina) y Santiago Caputo fue que se habían enterado del ardid de Adorni por los medios.

Ello no impidió que la secretaria general de la Presidencia organizara una foto con Patricia Bullrich soplando una velita por sus 70, Lule Menem abrazando a su enemigo y competidor por los presupuestos Santiago Caputo, y Adorni mostrando una sonrisa descompuesta. (Dato colateral: El calamitoso encuadre de la foto despertó la sospecha de la autoría de Oria, pero fuentes oficiales lo desmintieron, porque el cineasta sólo gatilla la cámara en presencia de Milei, y éste no estuvo en el reparto de la torta de Bullrich. La obra fue atribuida a una secretaria que pasaba por ahí).

Si hay alguna especulación estratégica de los Hermanos Milei en dejar correr a Adorni, los costos no son menores y van más allá de la erosión en las encuestas.

La inscripción del jefe de Gabinete en Inocencia fiscal despertó el interés por ver qué otros funcionarios se habían anotado, y resultó que allí estaban Federico Sturzenegger, José Luis Espert; los mentores del régimen, el director ejecutivo de ARCA, Andrés Vázquez, y su predecesor y exsocio de Luis Caputo, Juan Pazo; y los aprovechadores todoterreno de beneficios estatales como el embajador Fernando Iglesias, el asesor Felipe Núñez y el propio cineasta Oria.

Cundió así la percepción generalizada de que, antes que “inocencia”, se trató de una verdadera “autoamnistía fiscal”. Un aliado parlamentario clave del oficialismo vaticinó el destino del proyecto de ampliación de la ley de Inocencia Fiscal mediante la cual Luis Caputo intenta tratar de convencer a los dólares que se niegan a dejar el colchón. “Eso está muerto. Caputo lo quiere matar a Adorni”, dijo la voz a este diario.

Mueve Villarruel

Definitivamente fuera del cerco oficialista, en el gobierno miran los movimientos de Victoria Villarruel. Menospreciada hasta hace poco, crece la pregunta en el búnker ultra por su capacidad de daño si Villarruel logra armar una propuesta política, algo que hasta el momento no ocurrió. Es una de las incógnitas para 2027.

La vicepresidenta tomó impulso a partir del último episodio de Adorni y trascendió su estilo de respuestas sutiles o alguna foto-oportunidad para dirigir un mensaje, por lo general a la defensiva.

Villarruel ironiza ante quien quiera escucharla sobre la “vara moral” que alguna vez mencionó Milei. En su enumeración, a las andanzas del jefe de Gabinete, suma los créditos del Banco Nación del que se aprovecharon allegados a Luis Caputo y cientos de funcionarios, y el cúmulo de designaciones en el Estado de militantes mileístas manifiestamente inhábiles para el cargo.

Sabe dónde pegar. Villarruel apunta a los dos expedientes que más preocupan a los Hermanos Milei: $LIBRA y las coimas de la Agencia Nacional de Discapacidad. Son causas en las que se vislumbran puentes claros entre corrupción a gran escala y los bolsillos presidenciales, y que también explican los diques levantados en torno al jefe de Gabinete.

Si la investigación por la criptoestafa avanza, el destino de Milei y Adorni es indisociable

El hacedor de $LIBRA Mauricio Novelli es más que un contratante de Adorni y los Milei en los años previos a 2023. La relación entre el Presidente y su jefe de Gabinete se forjó al calor del negocio conjunto con la cueva de Novelli, donde ambos fueron influencers, y llegó a la cúspide cuando organizaron las reuniones en Casa Rosada, previas al lanzamiento de $LIBRA en febrero de 2025, presuntamente a cambio de millones de dólares, tal como anotaron los criptoestafadires en sus celulares. Si la investigación avanza, el destino de Milei y Adorni es indisociable.

Esta semana, Villarruel se mostró a la ofensiva cuando conminó al jefe de Gabinete a presentar su informe ante el Senado, casi en simultáneo con el anuncio de Adorni de que lo haría en julio. La coincidencia fue interpretada en Casa Rosada como una viveza de “la traidora” para anotarse un punto que no le correspondía. Como fuera, se lo anotó. Comenzó a correr el reloj para evaluar si Adorni permanecerá en el cargo hasta la fecha de presentación, o si habrá hinchada en las gradas del Senado el 2 de julio.

La lectura del expediente

La suerte política y penal de Adorni se jugarán en gran medida en el expediente radicado en el juzgado federal de Ariel Lijo y cuya investigación instruye el fiscal Gerardo Pollicita.

El trámite de la causa tuvo un avance firme en los primeros dos meses, algo que no ha sido la norma en Comodoro Py cuando los imputados fueron del mundo Macri y sus aliados políticos y económicos. Desde marzo, se exploraron puntas surgidas de la causa y de los medios sobre las propiedades ocultas y los viajes de lujo.

El ritmo de la investigación se ralentizó en el último mes, probablemente por un motivo razonable: la presentación de la declaración jurada de Adorni, finalmente concretada el miércoles, marcaría un punto de inflexión a partir del cual se podría decidir una citación a indagatoria y posterior procesamiento.

Adorni explicitó en LN+ el consejo de su abogado, Matías Ledesma, de que presentara una explicación sobre el patrimonio precedente a la función pública. De esa manera, al jefe de Gabinete no le quedó otra que admitir la omisión perpetrada y la evasión fiscal, como mal menor ante un procesamiento por enriquecimiento ilícito, tipología que para Adorni equivale a ser “chorro”, lo que, al parecer, lo ofende.

Así surgió el relato de la herencia en 2002 y la inversión cripto en 2013 hasta llegar a los US$506.000 de ahorro inesperado. Ello más algunos retoques sobre sus ingresos y los de su esposa, Bettina Angeletti, y las deudas reconocidas con jubiladas y amigos, calzarían con los departamentos y gastos exorbitantes que Adorni mantuvo en la oscuridad hasta que este medio informó sobre su viaje a Punta del Este en avión privado a un costo de US$9.000, realizado entre el 12 y el 17 febrero pasados.

En los papeles, la estrategia elegida por el abogado Ledesma fue “inteligente” y “lo mejor que podía hacer con lo que tenía”, según la mirada de la fuente citada con acceso al expediente y un segundo observador relevante de Comodoro Py. Ahora le toca a Pollicita reconstruir la trazabilidad de las inversiones cripto para corroborar una versión que, cerca de su fiscalía, consideran “incongruente”.

Grosso modo, Adorni se enfrenta a tres tipos penales: omisión maliciosa con el fin de eludir controles y pagar menos impuestos, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

De los tres, el jefe de Gabinete eligió el de menor pena, omisión maliciosa, mientras intenta evitar el costo en multas que supondría el fraude a partir de la adhesión a la Inocencia Fiscal, describe el observador judicial ajeno a la causa. “Quedaría invalidado como funcionario, pero le saldría barato y no comprometería el patrimonio”, resume.

Como informó este diario, funcionarios judiciales clave que accedieron a movimientos económicos asentados en el expediente barajan el lavado de dinero como la hipótesis principal. Sería el tipo penal más gravoso, tanto por la pena de prisión que conlleva (5 a 22 años), como por la multa de diez veces el monto lavado. Además, la trama de lavado supone más imputados, como Angeletti y los escribanos, prestanombres y socios que lo acompañaron en el camino de dar “apariencia de legitimidad” a las operaciones. Algunos de ellos fueron citados como testigos, lo que presenta una eventual dificultad a la hora de una probable imputación, indica el abogado de una persona que pasó por esa instancia.

Adorni se enfrenta a tres tipos penales: omisión maliciosa con el fin de eludir controles y pagar menos impuestos, enriquecimiento ilícito y lavado de activos

En etapa de definiciones, circularon interpretaciones suspicaces sobre el juez y el fiscal intervinientes.

Esta semana, Lijo viajará junto al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, el juez Sebastián Casanello y otros funcionarios judiciales, del Banco Central y de la Unidad de Información Financiera, para representar al país en un encuentro en París del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

En principio, la hipótesis de que Mahiques premia a Lijo con un viaje a París o que podría pactar la impunidad de Adorni en un salón VIP de un hotel o un aeropuerto no debería tener mucho recorrido. Si algo no falta a un juez de Comodoro Py son recursos para viajar a París cuatro días por su cuenta o buscar una conferencia ad hoc, ni salones apartados en Puerto Madero o un barrio cerrado para conciliar posiciones con un Mahiques. Los viajes al GAFI con funcionarios del Ejecutivo, el fuero penal federal y organismos descentralizados son periódicos y no representan nada en sí mismos en cuanto a acuerdos políticos.

A Pollicita se lo describe como “muy amigo” de Mahiques. El ministro es leído en un ámbito muy extendido como alguien dedicado a reorganizar los tribunales federales y despejar el horizonte judicial a una dupla presidencial que muestra una avidez descontrolada.

El fiscal es uno de los habitantes de Comodoro Py que nada con mayor ductilidad entre las diferentes terminales del edificio (Angelici, la corporación judicial, la SIDE, los Grupos Clarín y La Nación), sin estar enteramente encasillado en ninguna de ellas. Hasta ahora, la citada amistad con Mahiques no impidió que el fiscal avanzara sobre Adorni mucho más allá de lo que los Milei hubieran preferido. La contracara con respecto a la parálisis de su colega Eduardo Taiano en la causa $LIBRA es palmaria.

Nunca faltan reproches en la relación entre jueces y fiscales federales, pero en general, prima la cercanía. Son pocos y se conocen mucho.

La fuente clave con acceso al expediente recuerda un dato obvio. Si en algún momento el ruido sobre la velocidad y la orientación crece más de lo esperado, Lijo podría retomar la instrucción de la causa, que hoy está en manos de Pollicita.

slacunza@eldiarioar.com

SL

La lectura del momento político se asemeja a aquellas imágenes lenticulares que adornaban los útiles de la escuela. Con un leve giro, la ilustración en la regla cambiaba radicalmente y, así, un leoncito inofensivo podía transformarse en una fiera al ataque.

Al compás de la vida cotidiana empeorada por bajos salarios o directamente el desempleo, servicios públicos caros e insufribles —con el transporte a la cabeza—, y una moral ramplona que signa toda acción del gobierno ultraderechista, la imagen de los Hermanos Milei cayó varios puntos en los últimos meses. Se respira en las calles y lo dicen las encuestas en forma unánime, más allá del leve repunte reportado en la última semana.

Desde un brinco espasmódico marcado por la victoria electoral de octubre, los sondeos señalan deterioro que excede la percepción de Milei: caída en intención de voto, pesimismo para lo que viene y creciente atribución de responsabilidad de la crisis a la ultraderecha gobernante. Todo ello, con la contracara de una mejora en los números de la oposición, con Axel Kicillof recortado sobre el resto, y apoyos cercanos a los dos dígitos, probablemente inéditos para la izquierda argentina, en la figura de Myriam Bregman. La consultora Tendencias, que fue la primera que reportó un ascenso de la abogada del Frente de Izquierda, luego ratificado por Atlas/Intel y otras, terminó un trabajo sobre intención de voto (4.730 casos en mayo, todavía no publicado) que ubica primero a Milei, con 36,5%, seguido por Kicillof, con 29,9%, y tercera Bregman, con 14,6%. Asoma una disputa por el voto opositor.

Es un combo inquietante para el oficialismo: más allá de sus notorias diferencias y de la pericia política para sostenerse —a comprobar—, Kicillof y Bregman representan voces nítidamente opositoras a los Hermanos. Podrá haber trasvases entre ambos, o cobrará vuelo otra opción tacticista, más pragmática, pero no parece que el oficialismo pueda pescar votos en ese mercado. Algunos encuestadores, como Juan Courel, de la firma Alaska, vaticinan que la derrota de Milei en 2027 es altamente probable.

La proyección de opositores duros es coherente con la composición del 60% que declara su rechazo al gobierno. Desde la llegada de La Libertad Avanza a Casa Rosada, el segmento adverso con una evaluación “muy mala” del Soez es claramente mayoritario sobre las opciones “mala” y “regular”. Sube o baja la marea, pero el voto antimileísta tiene un núcleo sólido, por lo que no sorprende que se destaquen políticos que se apartan de Milei en lo ideológico, en la práctica y en lo formal. Imitadores de estilo arrebatado desde el “peronismo de Perón”, gobernadores blandengues, candidatos formateados por consultoras de marketing y predicadores evangélicos, afuera.

No sorprende que se destaquen políticos que difieren del Soez en lo ideológico, lo procedimental y lo formal

La regla lenticular

Pero hay que prestar atención al componente lenticular de la regla que mide la realidad.

Existe una marcada confianza en el círculo de poder, con el mercado financiero como exponente principal, sobre la reelección de Milei en 2027.

Transformado en un profeta místico, Luis Caputo vaticinó dos cosas en las últimas semanas: que se vienen los mejores 18 meses en muchas décadas, y que la postulación del ultra será “un paseo”, con la oposición humillada. Sobre lo primero, nadie se anima a tomarlo en serio, entre otras cosas, porque lo anunció en marzo y ya los números de abril —industria, construcción y consumo— lo desmintieron. A la espera del milagro, serán en todo caso 17 meses de jolgorio, no 18.

Hay bastante endogamia en ese optimismo, propio de una elite que abreva en un acotado menú de análisis político y mediocre calidad informativa

En cambio, la confianza de que el Presidente contará con un segundo mandato prevalece entre empresarios y ejecutivos de las finanzas, Vaca Muerta y el agronegocio. La idea de que la elección de Milei es causa y efecto de un cambio de paradigma, que se metió en el seno de la mayoría de los hogares, dispuestos a “bancar” aunque sufran, es proclamada en los altavoces del poder real. A lo sumo, si no es Milei —porque sus groserías y idus terraplanistas abochornan hasta algunos convencidos—, será otro, pero el rumbo no está en duda.

Hay bastante endogamia en ese razonamiento, propio de una elite que abreva en un acotado menú de análisis político y mediocre calidad informativa. Ese hombre propenso a las fake news y el agravio amargo que se vislumbra detrás de la cuenta de Twitter de Marcos Galperín tiene una oferta generosa para alimentar sus prejuicios en los medios de mayor difusión.

Vigencia del Soez

Hay, sin embargo, factores sólidos para pensar que las urnas favorecerán a Milei el año que viene. Primero, las encuestas pueden fallar y la opinión pública se volvió bastante volátil.

Si Manuel Adorni indigna hoy, podrá ser un pasivo asumido mañana. Los medios encontrarían motivos para cambiar el prisma. Quizás la aprobación de la compra de Movistar Argentina por parte de Telecom-Clarín —un dominio de mercado clamoroso—, que se rumorea inminente, provoque una súbita desatención a Adorni, las jubiladas y la cascada en el prime time de la tele y los portales.

Segundo, el antecedente de las elecciones de medio término de 2025 es insoslayable. Tras una derrota abrumadora en la provincia de Buenos Aires en septiembre, La Libertad Avanza se acercó a las urnas nacionales de octubre con pronóstico reservado por razones económicas y la carita de José Luis Espert en la boleta de la provincia de Buenos Aires. Milei emergió con una mayoría legislativa que no consiguieron los tres presidentes que lo antecedieron. Un proceso particularísimo, liderado por una extorsión a cara descubierta de Donald Trump y Scott Bessent al votante de un país del fin del mundo, lejos de aumentar el rechazo dio resultado y sacó a muchos argentinos del sillón de su casa un domingo de octubre, para ratificar el rumbo de Milei y bloquear “un regreso al pasado”.

Un tercer elemento que fortalece la confianza de la elite está dado por un peronismo inmerso en melodías gastadas, sin abordajes entendibles sobre cuál es la respuesta ante la economía que formatea Milei con motosierra.

Con las maldades de Karina, los negocios de Santiago y los devaneos filosóficos de Federico, la propuesta ultraderechista está clara: un topo destruye el Estado, para dar paso a un sálvese quien pueda. Suena feo, pero en la mirada libertaria y en cierto sentido común, es el motor de la competencia y el crecimiento.

Con las maldades de Karina, los negocios de Santiago y los devaneos filosóficos de Federico, la propuesta ultraderechista está clara

Allí la cámara vuelve a Kicillof, único candidateable peronista que registran las encuestas.

Contra pronósticos casi unánimes, el gobernador bonaerense logró independizarse de la voluntad de Cristina como ningún dirigente supo hacerlo en veinte años. El eje Patria-Cámpora hoy luce a la defensiva, forzado a optar entre negociar espacios con Kicillof —en una pulseada en la que el gobernador puede imponer condiciones como no conoció el apellido Kirchner—, o volcarse a frustrar una candidatura del “traidor”, si no para consagrar a un reemplazante, que sirva para que pierdan todos. Esa página está abierta.

“Está plantado en la cancha. No es títere de nadie y confronta con Milei. Con eso se despegó del pelotón”, resume un influyente ministro bonaerense.

Kicillof marca un paso que genera disidencias y ansiedad entre sus heterogéneos aliados, que llegan a ver en él características procrastinadoras de impronta albertista, pero los resultados electorales conseguidos e indicios de que van cediendo ciertas resistencias en las provincias (por porteño, por bonaerense, por hijo político de Cristina, por su origen de izquierda) extienden el crédito. “Este año tiene que pasar a otro plano, es un desafío”, amplía la voz.

El entorno del gobernador relata diálogos con dirigentes de todas las provincias. En algunos casos, se dan en un cono del silencio, por razones de conveniencia mutua. La indiferencia/no agresión pactada con el gobernador Martín Llaryora en una reciente visita a Córdoba es un ejemplo bastante relatado.

El “pase a otro plano” alude a la construcción de un liderazgo y una estructura partidaria que sean vistos como un activo por los referentes provinciales. En otras palabras, que un cartel de un candidato a intendente en La Banda, Trelew u Oberá junto a la leyenda Kicillof Presidente sume en lugar de restar a ambos. “La ingeniería electoral no está en la mesa”, agrega el ministro bonaerense.

Las fuentes kicillofistas son unánimes en un punto. El conflicto con Máximo y Cristina se va a agravar hasta el momento de la definición de las listas y, muy probablemente, más allá. Hay cuestiones personales y políticas consideradas insalvables de uno y otro lado. Llegado el caso, un escenario de primarias es concebido cada vez más como un paso necesario para ordenar el tablero y consagrar un liderazgo.

Hasta allí, el activo político de Kicillof.

¿Y el económico?

El gobernador se movió poco de la estrategia de denunciar la política económica de Milei. “Escudo para proteger a los bonaerenses y red para sostener a los afectados por la motosierra”, fue la premisa electoral en 2025. Le sirvió para ganar la elección local de septiembre, no para evitar una ajustadísima derrota en octubre.

Caputo empezó a repartir RIGIs a diestra y siniestra

Milei disparó la inanición del Estado. Redujo el gasto nacional a 15 puntos del PBI, hundió a las jubilaciones, las universidades y la cobertura de salud. Paralizó la obra pública y se empeñó en bajar impuestos a los ricos. Se encuentra en plena implementación de esquemas de promoción de actividades hiperlucrativas, como la producción de gas y petróleo (RIGI), que representa un hachazo para los ingresos estatales con vigencia por treinta años. Enunciado en 2024 como un esquema de incentivo a inversiones estratégicas, con resultado real exiguo (porque parte de las adhesiones fueron sobre proyectos que se iban a hacer de cualquier manera, y las de minería están casi todas en veremos), Caputo empezó a repartir RIGIs a diestra y siniestra.

Ese Estado raquítico enfrenta a cualquier opositor que asuma la Presidencia a la imposibilidad de restaurar el poder adquisitivo de jubilados, docentes y empleados públicos, mientras saca a las universidades del subsuelo y retoma la construcción de cloacas. El próximo gobernante no tendrá con qué responder a todas las urgencias a la vez. El financiamiento externo no existirá, porque Milei se lo habrá consumido todo, como en 2019 lo había agotado el pulcro Mauricio Macri. Y si alguien se tienta con la receta burda de la emisión monetaria como recurso constante para solventar el déficit, disparará la inflación y su capital político se extinguirá en cuestión de semanas.

Queda una receta vieja como la Biblia: cobrarles impuestos a los que más tienen para rescatar a los desclasados.

NS/NC

Kicillof no comunica nada concreto al respecto, más allá de algún criterio general. Transmitió a su equipo que, dada la magnitud del desfinanciamiento premeditado del Estado, es imposible saber dónde estará parado quien asuma en diciembre de 2027.

El gobernador bonaerense no avanzó en el estudio de aumentar el impuesto a las personas físicas (conocido como Ganancias, que en Argentina afecta al 10% de la población, el decil de ingresos altos, muy por debajo de los países europeos e incluso vecinos), ni Bienes Personales (o riqueza, que Milei redujo al mínimo y se cobró cinco años por adelantado), ni a las ganancias extraordinarias (Galperín, ganadería), ni a las grandes herencias y fortunas, ni un esquema de retenciones a ciertas exportaciones. Kicillof fue uno de los pocos dirigentes que marcó críticas a los efectos nocivos del RIGI en la producción de gas y petróleo, pero tampoco dio indicios de qué hará con ese verdadero cepo a los ingresos estatales y al desarrollo de la industria local.

Esta semana, una opinión del periodista Diego Iglesias en la radio Futurock, sobre la necesidad de levantar la bandera de cobrar impuestos con criterio de justicia social, para doblegar el sentido común coronado por la derecha de que todo gravamen en “un robo del Estado”, disparó la furia de Milei, Caputo y Galperín. “Delirante”, “zurdo ignorante”, “envidioso”. Retórica conocida, pero el camino que ofrece el oficialismo, guste o no, está claro.

La contundente expresión “no tengo idea” es fidedigna de las respuestas de media docena de voces del entorno de Kicillof consultadas sobre eventuales modificaciones impositivas con alguna mínima precisión, lo que refleja más una voluntad política de no tratar el tema, que desconocimiento real.  

Uno de ellos se permite ir más allá al decir que “no hay dudas de que Galperín tiene que pagar más impuestos que el que vende medias en el tren, a quien hay que ayudar, más que cobrarle”. La fuente —clave en un hipotético gobierno de Kicillof— pone el acento en un sistema impositivo progresivo “sobre lo patrimonial y los ingresos”. En otras palabras, Bienes Personales, grandes fortunas y Ganancias.

“El mundo está pareciéndose a una película distópica y la mayoría somos zombies. Se acelera la hiperconcentración, el Estado no hace nada y carga el peso a los de abajo”, concluye.

El capítulo impositivo requiere calibración precisa y fortaleza política para responder el previsible bombardeo mediático que ve comunismo por todas partes. De allí a la ausencia casi absoluta de una explicación sobre cuáles son las medidas concretas que permitirán superar el agujero fiscal que dejará El Topo, hay un abismo.

En el discurso de Kicillof, gana visibilidad el reclamo por la desprotección comercial de ciertas industrias, como textiles y neumáticos, o la defensa de sistemas de subsidios absurdos, como la “zona fría” ampliada en 2021 a medio país, por iniciativa de Máximo Kirchner.

En esos puntos, el texto de los Hermanos Milei encuentra argumentos efectivos, que les sirven para luego perpetrar sus verdaderas intenciones. Si la protección a textiles, neumáticos o heladeras redunda en precios extraordinariamente altos para los trabajadores, es un tema a abordar desde una perspectiva progresista, de izquierda o peronista. No alcanza con enumerar los males que genera la economía libertaria, conocidos por todo aquel que reciba un sueldo y espere un tren que se demora, acorta sus horarios y cuesta más caro. Se impone explicar cómo no empeorar las cosas.

Si por la “zona fría” resulta que un maestro o un carpintero que vive en Merlo debe pagar un extra en su factura de gas, para solventar el subsidio que beneficia a un hacendado de Pergamino, a unos 200 kilómetros, la economía cruje, el Estado se queda sin fondos y la inflación se dispara.

Es, en definitiva, la ausencia de una explicación genuina, un texto político, sobre cómo se cocinó el caldo que permitió que un día desembarcara un topo con la promesa de destruir al Estado, y cosechara votos tanto en Merlo como en Pergamino.

SL

slacunza@eldiarioar.com

El periodista, 92 años, bastón en mano, espera erguido, con una sonrisa cálida, muy propia de su rostro, a metros de la puerta de entrada. Mediodía soleado y templado en el inicio del otoño de Buenos Aires. Gabriela baja del auto y camina decidida. Se dan un abrazo sentido y, a la vez, con la distancia propia de dos personas que se vieron una única vez, cincuenta años atrás, el 31 de mayo de 1976.

—Me acuerdo perfectamente de tu abuelo, un hombre valiente.

—Gracias por todo.

Gabriela Schroeder y su tío Damián Schroeder viajaron desde Montevideo para este encuentro. Es 28 de marzo y Robert Cox está próximo a regresar a Charleston, Carolina del Sur, donde vive varios meses al año. Suele permanecer en Buenos Aires durante los actos de conmemoración de las víctimas del terrorismo de Estado.

En aquella oportunidad de 1976, Gabriela Schroeder y sus dos medios hermanos, Victoria y Máximo Whitelaw, acababan de ser liberados tras girar por casas de represores y el centro clandestino de detención de la calle Bacacay, en Flores, destinado a víctimas de países del Cono Sur. Gabriela tenía cuatro años, Victoria, uno, y Máximo, tres meses. La madre de ellos, Rosario Barredo, y el padre de los dos más pequeños, William Whitelaw, habían sido desaparecidos y luego asesinados junto a dos prominentes políticos uruguayos, Héctor Gutiérrez Ruiz y Zelmar Michelini.

Juan Pablo Schroeder, el “hombre valiente” para Cox, “extraordinario” para Gabriela, se precipitó a viajar desde Montevideo a Buenos Aires, al enterarse del secuestro de la pareja Barredo-Whitelaw (ambos tupamaros), y de los tres niños. Plena tormenta de terror en el Río de la Plata. Una persona lo escuchó: Cox.

El director del Buenos Aires Herald volcó toda la presión periodística y personal con la que contaba para que aparecieran los hermanitos. Publicó su foto en tapa del diario y encaró personalmente al ministro del Interior y jerarca represor, Albano Harguindeguy: “Tienen que devolver a los nietos”.  

Los devolvieron en un hospital de Florida, norte del conurbano, y de allí fueron trasladados en ambulancia a una comisaría, donde fue a buscarlos el abuelo Schroeder, un exitoso abogado de Montevideo, con afinidades por el Partido Nacional y varios hijos de izquierda y/o tupamaros. Gabriela recuerda el encuentro con su abuelo y un saco que, a los ojos de aquella niña de cuatro años, le pareció enorme.

Cox escribió el reencuentro en una crónica publicada en el Herald, el 31 de mayo de 1976.

“Vi a los chicos ayer por la tarde, mientras jugaban con juguetes desparramados en una habitación en la casa de un primo (en alusión al departamento de Gustavo Schroeder, tío de Gabriela, frente al Jardín Botánico). Parecían estar saludables y felices, a pesar del calvario. Gabrielita, de cuatro años, no dijo nada acerca de lo que pasó, pero le contó a uno de la familia Schroeder que papi estaba cuidando a su mami, que estaba enferma”.

ElDiarioAR publicó, el 23 de marzo pasado, la historia de cómo un pequeño periódico dirigido a la comunidad británica, los docentes de inglés, las embajadas y los ejecutivos de empresas extranjeras había sido decisivo para salvar la vida de los tres niños de las garras de la coordinacion de las dictaduras del Cono Sur, mientras casi toda la prensa guardaba un silencio cómplice. La carta de agradecimiento de Schroeder a Cox, rescatada por David Cox años más tarde, lo explica todo.

“Al heraldo de la trompeta, y adhiriendo a la causa, su nombre ha quedado para siempre grabado en mi vida y en la de mi familia. Cuando regresé a Montevideo, iba acompañado por el retrato de mi hija y las fotografías de los niños rescatados que aparecieron en la primera plana de su periódico”.

Al releer la historia que los tuvo como protagonistas, Cox y Gabriela Schroeder tuvieron ganas de verse, y acá están, seis días después de publicada la nota, en Pilar, en la casa de Uki Goñi, cronista de aquella redacción del Herald y uno de los sostenedores de la memoria del diario.

Goñi desplegó en una gran pantalla de una computadora la tapa del Herald del 27 de mayo de 1976, con el título “Ayúdenme a salvar a los chicos”, junto a dos caritas serias de Gabriela y Victoria, y un bebé de semanas, Máximo, con una mano que se posa sobre él, probablemente de Rosario Barredo.

Quien editó ese título y la niña mayor de las fotos miran ahora una portada en blanco y negro que está entre las más importantes de la prensa gráfica argentina, si es que salvar tres vidas destinadas a desaparecer o ser fraguadas por los represores amerita en algún ranking de relevancia.

Se ve que Bob y Gabriela no son de lágrima fácil, aunque los abrazos se repiten y se van aflojando. En cambio, Germán Schroeder —el tío más joven, el menor de siete hermanos, entre ellos, Gabriel, padre de Gabriela, asesinado en un supuesto enfrentamiento en Montevideo, en 1972— casi no puede hablar sin llorar.  

Años difíciles

Cox vive años difíciles. En 2023 murió su esposa y madre de sus hijos, Maud Daverio, mucho más que un apoyo espiritual en la denuncia de las atrocidades de la dictadura cívico-militar, que celebraban personas de su entorno social, profesional y familiar. También falleció hace poco el hijo mayor de la pareja Cox-Daverio. El periodista apenas soporta que Donald Trump gobierne Estados Unidos, el país que lo recibió del exilio argentino en 1980 y al que ahora ve bajo el signo “fascista”.

La denuncia de la dictadura y la memoria de sus crímenes fueron un pilar de la vida de Cox desde 1976 hasta hoy, tanto como la mirada crítica hacia el Herald de las décadas posteriores, incluido el período en que lo dirigió quien escribe (2013-2017).

Cox debió lidiar con sus propios prejuicios y equivocaciones. En el momento en que el director recibía el pedido de auxilio de Schroeder y tantos otros —en un comienzo, familias con ascendencia anglo; luego, todo el mundo desamparado—, estaba convencido de que Jorge Rafael Videla era el general probo necesario para reestablecer la democracia y doblegar al “terrorismo”. Los secuestros y las desapariciones que las páginas del Herald denunciaban eran obra —a su entender— de militares radicalizados y herederos de la Triple A. El periodista se afirmó en esa explicación hasta el mismo momento en que partió el avión que lo llevaría a una primera escala del exilio en París, junto a Maud y sus cinco hijos, en diciembre de 1979.

El director del Herald circunscribió la responsabilidad de las amenazas recibidas por él y su familia a represores “duros” como Carlos Guillermo Suárez Mason y Emilio Eduardo Massera. Recién en los primeros meses de la década de 1980, Cox comprendería la magnitud cabal del papel de Videla y el exministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz en el terrorismo de Estado. Asimiló el giro. Desde entonces, nunca cesó el reclamo de justicia, ni intentó maquillar su grado de adhesión al golpe de Estado de 1976. Enfrentó implacablemente a los cínicos que apostaron por “dar vuelta la página”.

Los silencios

Gabriela dedicó los últimos quince años a llenar silencios que prevalecieron en sus grupos de pertenencia y su país.

Ese “consenso” que desde este lado del Río de la Plata se vive con cierta admiración, porque permite la charla civilizada entre expresidentes de signo opuesto, para la hija de Gabriel Schroeder y Rosario Barredo tiene una contracara dolorosa.

Aunque el reclamo de memoria, verdad y justicia de Uruguay tiene presencia y protagoniza marchas masivas cada 20 de mayo —fecha instaurada en honor a Michelini, Gutiérrez Ruiz, Barredo y Whitelaw—, el acuerdo de convivencia incluyó un capítulo de impunidad y olvido, llevado a cabo por instituciones y cierta nomenklatura política, en forma sutil, como quien disimula.

No fue sólo una cuestión de extupamaros, blancos, colorados y represores que entendieron que era mejor no juzgar. Dos veces, en 1989 y 2009, una ajustada mayoría de los uruguayos votó por no derogar la ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, forma oriental de llamar a una impunidad, que apenas pudo ser sorteada en juicios puntuales en las décadas recientes.  

En el diálogo con Cox, Gabriela Schroeder da cuenta de una resistencia desde el fondo de su alma al destino de ser apropiada por los represores. Un integrante de la patota que secuestró y robó a la familia el 13 de mayo de 1976 —probablemente el oficial del Ejército uruguayo José Nino Gavazzo, un coordinador del Plan Condor y jefe de los grupos de tareas— le llevó algunos de sus juguetes sustraídos de la casa familiar en la calle Matorras 310, Caballito, a uno de los domicilios en los que estuvo alojada. Gabriela se recuerda irascible, rebelde y acusatoria hacia las familias por las que transitó en esas tres semanas. “Me dieron una muñeca negra que trajeron de mi casa y la descogoté en el acto”. Escuchado medio siglo más tarde, el acto de resistencia causa una sonrisa.

El terrorismo de Estado se encontraba en su apogeo y lo que siguió se complicó todavía más para los Schroeder. En cuanto organizó los papeles, el abuelo regreso con su nieta y los otros dos hijos de su nuera a Montevideo. Allí siguieron los allanamientos y la persecución a tíos de Gabriela.

Esteban Schroeder —quien viajó junto a Gabriela a un homenaje en la Legislatura porteña a los cuatro desaparecidos uruguayos, que impulsó el legislador Leandro Santoro el jueves pasado— fue la siguiente víctima. En junio de 1976 fue secuestrado por la dictadura y permaneció desaparecido 55 días en el centro de detención 300 Carlos, y luego fue legalizado como preso. En febrero de 1997, salió en libertad. Al poco tiempo, su padre, Juan Pablo Schroeder, sufrió un ataque cerebral y permaneció hemipléjico hasta su muerte, en 1981.

Máximo y Victoria Whitelaw se exiliaron con su familia paterna en Lyon, Francia. Regresaron a Uruguay con el retorno de la democracia, pero ambos hermanos emigraron ya como adultos a Europa. Él reside en Ginebra como ejecutivo de comercialización del gigante petrolero Total y ella es consultora ambiental radicada en Bruselas. No se les conocen inquietudes públicas sobre la lucha por la memoria, pese a que la mayor manifestación política anual de Uruguay es en memoria de sus padres. Gabriela no juzga a sus hermanos, con los que no tiene una relación fluida. “Hay mil formas distintas de enfrentar un dolor tan grande”.

El camino de Gabriela no fue lineal. Terminado el secundario en Montevideo, partió a Chile, un país en el que había vivido con su madre hasta la caída de Salvador Allende, en septiembre de 1973. Se recibió de ingeniera en acuicultura y desarrolló una carrera profesional. Chile, su segunda (o tercera) patria, no era ajena a la impunidad que reinaba en su Uruguay natal.

En Uruguay no prosperó algo parecido a una organización como HIJOS de Argentina, que ayudara a los hijos de desaparecidos a reconstruir una trama para conocer mejor a sus padres

Recién se asumió como víctima cuando ya era madre de tres hijos, hoy en sus veinte. Los procesos y condenas judiciales en Argentina por los campos de concentración Automotores Orletti y Bacacay, por los que pasaron muchas víctimas extranjeras, y una terapia la ayudaron a comprender que ella misma, secuestrada, con sus juguetes profanados, desaparecida dos semanas, reaparecida una madrugada oscura en un hospital, sus padres asesinados, atormentada junto a sus hermanos, era también una víctima de dos dictaduras cívico-militares, la uruguaya y la argentina.

En Uruguay no prosperó algo parecido a una organización como HIJOS de Argentina, que ayudara a los hijos de desaparecidos a reconstruir una trama para conocer mejor a sus padres. Gabriela cree que también faltan espacios institucionales consolidados. Aunque importantes sectores del Frente Amplio reivindican la memoria histórica, el máximo líder reciente de esa alianza, José Mujica, fue un mentor de los extupamaros que prefirieron “no reabrir heridas”, otro de los eufemismos de la impunidad.

Gabriela Schroeder habla fuerte y claro en la tarde de Pilar: “Para el Estado uruguayo, yo soy un 'familiar' de desaparecidos. No hay una voz ni un reconocimiento a los niños que fuimos víctimas. Tampoco en la prensa”.

Gutiérrez Ruiz, el “Toba”, fue presidente de la Cámara de Diputados por el Partido Nacional. Michelini es un apellido fundacional del Frente Amplio. El Toba y Zelmar aparecieron muertos en el mismo auto Torino junto a Barredo y Whitelaw, en una intersección del barrio de Flores Sur.

Ya de por sí, la pertenencia a Tupamaros genera distancia en el segmento de Uruguay en el que campea la teoría de los dos demonios. En el momento de su desaparición seguida de muerte, la pareja había salido del MLN- Tupamaros hacia la organización Nuevo Tiempo. Se suma que Whitelaw fue señalado como administrador de los fondos obtenidos de secuestros extorsivos de la organización armada. Ese elemento fue utilizado por el represor Gavazzo y otros personeros de la dictadura para desviar la responsabilidad hacia una disputa por dinero dentro de la guerrilla.

Gabriela no tiene certezas sobre el papel de Whitelaw en la tenencia de esos fondos, pero confirma que en la casa de Matorras 310, arrasada por el grupo de tareas, había dinero escondido.

En la tarde del jueves, en el acto de la Legislatura, estuvieron presentes el expresidente Julio María Sanguinetti, del Partido Colorado —firme defensor de la ley de Caducidad—, el presidente Yamandú Orsi, la vicepresidenta Carolina Cosse y varios referentes del Frente Amplio, así como representantes del peronismo, el PRO y otros bloques, y organismos de derechos humanos. Gabriela, Facundo Gutiérrez Ruiz y Santiago Gutiérrez Silva —hijo y nieto de Héctor Gutiérrez Ruiz—, y Rafael Michelini —hijo de Zelmar— recibieron reconocimientos por sus familiares asesinados.

En la enésima contradicción, Gabriela Schroeder siente a su “Buenos Aires querido, pero también el lugar en el que viví los mayores horrores”.

En el atardecer del sábado, el Buquebús comienza a moverse hacia Montevideo. Dice al teléfono que sintió a las calles porteñas como propias, y que son su segunda casa, incluso más que las de Santiago, donde vivió 25 años.

slacunza@eldiarioar.com

SL

Federico “Fred” Machado, el empresario argentino procesado por narcotráfico, lavado de dinero y fraude en un tribunal federal de Texas, podría recibir una pena de seis años de prisión, si prospera el acuerdo negociado con la fiscal federal de Texas Heather Rattan.

El financista del exdiputado de La Libertad Avanza José Luis Espert admitió haber cometido los delitos de lavado de dinero y fraude entre 2010 y 2021, y el fiscal dejaría caer la acusación por narcotráfico, sostenida ante el tribunal desde 2020, según documentos presentados en el expediente radicado en la ciudad de Sherman, Texas, y anticipados por este diario.

La pena de seis años que —de acuerdo fuentes cercanas a la causa— Machado habría negociado con el fiscal y el acuerdo en general, que el lenguaje jurídico estadounidense denomina plea bargain, requiere la aprobación del juez de la causa, Amos Mazzant.

El delito de lavado de dinero y el fraude contemplan, cada uno, un rango de penas desde tres años de libertad condicional hasta 20 años de cárcel, y una multa de dos veces el monto lavado, según el código penal estadounidense.

Uno de los aspectos abiertos es si el tribunal aceptará computar el período que Machado estuvo detenido en Argentina

Esas penas pueden ser sustancialmente reducidas si prospera el plea bargain. Negociaciones de ese tipo son habituales en los tribunales estadounidenses, al punto de que el 90% de las acusaciones termina en reducción de las condenas máximas, en virtud de la complejidad del caso, la contundencia de las pruebas y el costo económico del procedimiento, indican documentos del Departamento de Justicia.

En el inicio de la acusación, Ernest González, exfiscal y actual juez federal de Texas, acusó a Machado y a Mercer-Erwin de ser cómplices del Cartel de Sinaloa y el Chapo Guzmán, y sostuvo que la detención de ambos había sido decisiva para una sustancial reducción en el tráfico de cocaína desde Sudamérica y Centroamérica a Estados Unidos.

Uno de los aspectos abiertos es si el tribunal aceptará computar el período que Machado permaneció detenido en Argentina.

En marzo de 2021, el financista de Espert se fugó desde Guatemala a Buenos Aires, y fue detenido en abril a pedido de Interpol, en el aeropuerto de Bariloche. Desde entonces, pasó la mayor parte del tiempo en prisión domiciliaria, en una vivienda a nombre de una hermana en las afueras de Viedma, provincia de Río Negro. Es la misma casa que Espert visitó durante la campaña electoral de 2019.

El expediente de extradición se aceleró luego de la investigación de este diario y la comprobación, en septiembre pasado, de que Machado le había transferido US$200.000 a Espert en enero de 2020. El empresario, dueño de un negocio de minas en Guatemala y de la empresa de aviación South Aviation, fue extraditado el 5 de noviembre de 2025. Desde entonces, se encuentra alojado en la prisión del condado de Cimarrón, estado de Oklahoma.

Si las cuentas le salen bien a Machado y el juez de Texas admite que ya cumplió cinco de los seis años de la probable condena, la expectativa del examigo de Espert es regresar al país antes de fin de año. Podría darse si el tribunal estadounidense le concede la repatriación para cumplir el resto de la condena en Argentina, o si se le da la pena por cumplida en Texas.

La admisión de culpabilidad indica que Machado y su socia, la estadounidense Debra Mercer-Erwin, utilizaron el fideicomiso Aircraft Guaranty Corporation Holdings y la empresa Wright Brothers Aircraft, radicada en Texas, para canalizar dinero del fraude, y que el argentino en particular prestó sus firmas South Aviation y Pampa Aircraft como vehículos de las operaciones. A Machado, además, se lo acusa de haber organizado un esquema Ponzi de recaudación de fondos millonarios para la compra de aviones que no estaban a la venta o eran vendidos múltiples veces.

Mercer-Erwin fue condenada a 16 años de prisión en 2023. En su caso, la pena incluyó el delito de narcotráfico.

Este lunes, el juez que supervisó la legalidad de la negociación, Don Bush, recomendó a su par Mazzant la aceptación del acuerdo. Mazzant podría tomarse varias semanas o meses para decidir, o hacerlo de inmediato.

Machado contó con la asistencia legal de Jamie Solano, una abogada con amplia experiencia en fiscalías de Texas y New Jersey. También participó de su defensa Alex Spiro, socio del estudio Quinn Emanuel, uno de los más cotizados de Manhattan, que tiene a Elon Musk como uno de sus clientes. Los abogados del empresario en Argentina son Roberto Rallín y Franciso Oneto. Éste también representa a Milei.

Si el acuerdo en Texas se lleva a cabo, el plan de Machado es regresar a Argentina de inmediato y dedicarse al negocio de las tierras raras

El empresario oriundo de Río Negro y radicado en Estados Unidos desde comienzos de la década de 1990 fue considerado durante décadas como uno de los principales comercializadores de aviones privados en el mercado argentino, con magnates, figuras del deporte, la política y el espectáculo como clientes. Si el acuerdo en Texas se lleva a cabo, su plan es regresar a Argentina de inmediato y dedicarse al negocio de las tierras raras.

En el plano de la política local, Milei dijo haber interpretado que el acuerdo de Machado con la fiscalía de Texas beneficia a Espert. Con insultos y groserías irreproducibles, pidió una reivindicación para el diputado que debió renunciar a su candidatura para renovar el cargo, a raíz de la investigación de éste y otros medios. Luego de años de negar o minimizar el vínculo con Machado, el cúmulo de pruebas se tornó insostenible para el aliado de Milei.

En rigor, dado que Machado admitió el delito de lavado, la sospecha de que Espert fue parte de ese engranaje cobra fuerza, según fuentes con acceso al expediente radicado en tribunales federales de San Isidro.

Espert recibió de Machado un pago de US$200.000 en enero de 2020, con el supuesto fin de asesoramiento contable en la empresa Minas del Pueblo, de Guatemala. Esa transferencia, más otros US$100.000 de pago inicial, fueron parte de un contrato por US$1 millón firmado a mediados de 2019, a cambio de un trabajo que el exdiputado nunca realizó.

A partir de esa transferencia, el fiscal federal Fernando Domínguez indagó en los bienes y el flujo de dinero de Espert en los últimos años. El economista, rebautizado como “El Profe” por Milei tras la última reconciliación, adquirió propiedades, formó fideicomisos y y emergió como titular o beneficiario de cuentas bancarias en el exterior que no formaban parte de sus declaraciones juradas ante la Cámara de Diputados.

Sus bienes permanecen embargados.

SL/MC

slacunza@eldiarioar.com

El empresario uruguayo Rolando Rozenblum, uno de los constructores de la Trump Tower de Punta del Este, confirmó este lunes que Manuel Adorni dio una charla sobre la economía argentina ante una docena de empresarios en febrero pasado, en ocasión del viaje del jefe de Gabinete durante el feriado de carnaval, como informó elDiarioAR el domingo. La cita fue organizada por Rozenblum y Marcelo Grandio, pero —según dijo— tuvo un caracter “de camaradería”, sin cobro del cubierto.

El desarrollador puntaesteño, concejal de Punta del Este por el Partido Nacional (PN), negó ante dos radios de su ciudad que el encuentro en su propio departamento en la Trump Tower hubiera tenido una meta “empresarial o política”, y resaltó la presencia de su familia y la de Adorni.

Sin embargo, Rozenblum detalló que el jefe de Gabinete brindó una charla de entre cuarenta minutos y una hora ante unos doce empresarios.

“Manuel hizo una explicación de cuarenta minutos o casi una hora sobre la economía argentina, la situación política y, como la mayoría éramos uruguayos, qué impacto genera (el gobierno de Javier Milei) en Uruguay”. Según pudo reconstruir este diario, además de esos temas, los asistentes argentinos se interesaron por la ley de Inocencia Fiscal que estaba siendo reglamentada en esos días por el Poder Ejecutivo.

De acuerdo a lo narrado por el empresario a las radios Cadena del Mar y FM Gente de Punta del Este, también estuvieron presentes los padres y los hijos del anfitrión, la exsenadora del PN Verónica Alonso y Bettina Angeletti, esposa de Adorni, entre otras personalidades. En suma, la reunión congregó a unas veinte personas, más que la docena informada por este diario, aunque una de las fuentes indicó que hubo un momento apartado para la agenda empresarial.

El constructor uruguayo dijo que había organizado el encuentro porque le interesa “recibir bien al turista” y por el impacto que tiene Argentina en la economía esteña.

“Manuel Adorni vino a pasar un fin de semana largo de carnaval a Punta del Este y en torno a ese fin de semana, Marcelo (Grandio) y yo le propusimos recibirlo en mi casa una noche”, contó Rozenblum. El empresario se desentendió del pago del vuelo privado en torno a los US$9.000, operado por la firma Alpha Centauri, que habría sido abonado por Grandio y el propio jefe de Gabinete, según declararon ambos.

'Es totalmente falso, es mentira, no hubo ningún tipo de pago', dijo en referencia al abono de US$1.000 el cubierto, narrado a este diario por dos fuentes

“Es fundamental que nosotros aprovechemos a explicar mano a mano a estos referentes, cuál es el funcionamiento de Uruguay, de Punta del Este, las costumbres y la sana política mayoritaria que tenemos”, argumentó Rozenblum en el estudio de Cadena del Mar.

“Es totalmente falso, es mentira, no hubo ningún tipo de pago”, dijo en referencia al abono de US$1.000 el cubierto, narrado a este diario por dos fuentes. “(Los asistentes) no se llevaron más que buenas empanadas y buenas pizzas. No vendo tickets en mi casa para eventos”, agregó.

La nota del domingo informó que el lugar del encuentro fue un salón de la Trump Tower, donde tanto Rozenblum como Grandio tienen departamentos. El cobro de un fee para escuchar a Adorni generó objeciones en empresarios convocados a la cita. El periodista deportivo y Adorni no respondieron la consulta de elDiarioAR, y Rozenblum indicó que no haría declaraciones a la prensa, como se consignó.

La admisión tardía del empresario uruguayo choca con la explicación de Adorni de que había optado por ir en vuelo privado a Punta del Este porque quería pasar un fin de semana largo con sus hijos, agotado tras permanecer dos años sin vacaciones. Luego se supo que Adorni y/o Angeletti, durante 2024 y 2025, habían recorrido Bariloche, Aruba, Madrid y Gualeguaychú, en general, en estadías de lujo, con un costo de decenas de miles de dólares. Ahora queda desmentido que el propósito haya sido sólo pasar un fin de semana con sus hijos, sino que incluyó una cena de tono político-empresarial en la torre Trump de Parada 9 de Punta del Este.

De todas maneras, Adorni sí pasó días de playa y compró churros en Manolo, aclaró el constructor.

“Manu, brillante”

Rozenblum —un empresario que estuvo preso en Brasil, acusado de fraude y luego resultó absuelto—, aprovechó las entrevistas con las radios uruguayas para defender a Adorni y atacar a elDiarioAR.

“Manu Adorni es un tipo brillante. Para estar en esa función, como también Javier Milei, uno tiene que estar medio enfermo, en el buen sentido”, describió. “Esto va a pasar y ojalá Argentina siga el camino del bien que está construyendo… El esfuerzo que esta gente está generando en la economía argentina es titánico”, se entusiasmó.

En el sentido opuesto, Rozenblum consideró que elDiarioAR es “un medio de izquierda que quiere politizar y dramatizar una cena de camaradería, forma parte de una prensa muy voraz, con pauta de los K, para dañar al gobierno de Milei”.

“Están en esa onda de que ‘esto es amarillo y chicaneo’, es una mala práctica”, dijo Rozenblum en referencia a este medio.

El constructor y concejal del PN hizo una defensa integral ante la sospecha de corrupción que pesa sobre Adorni.

“Hay una politización tremenda de la información. Si uno evalúa todo lo que pasa con una persona durante 24 horas, algún chicle puede tirar a la calle sin querer. Un contratista paga algo en negro y lo responsabilizan a Adorni”, se quejó.

Rozenblum y Grandio ya habían sido artífices de la visita de Adorni y Javier Milei en febrero de 2022, en los orígenes del proyecto presidencial de ultraderecha. El entonces diputado y Adorni brindaron una conferencia el 11 de febrero de hace cuatro años, en el auditorio de la escuela International College, a la que asistieron algunos cientos de personas, que pagaron una entrada de hasta US$30.

Quién es Rozenblum

El anfitrión de Adorni vivió años en Brasil, donde montó un negocio de bicicletas junto a su padre, Isidoro. En 2006, ambos terminaron condenados en Curitiba por “corrupción activa” y evasión, en la llamada Operación Pôr do Sol, con un supuesto desfalco al Estado de decenas de millones de dólares. Padre e hijo se escaparon de un hospital y fugaron a Uruguay, hasta que el juicio fue anulado en 2008 por el Tribunal Superior de Justicia de Brasil, por vicios procesales.

Afincado en Punta del Este, Rozenblum se dedicó a la construcción y el negocio de la videovigilancia, y en 2017 fundó el International College, una escuela orientada al público extranjero y de alto poder adquisitivo. El amigo de Grandio presidió la Cámara Empresarial del departamento de Maldonado y la ONG Comunidad Israelita de Punta del Este y Maldonado-Uruguay.

Desde esas posiciones, se conectó con colegas argentinos, también dedicados al desarrollo inmobiliario, algunos de los cuales participaron de la cena con Adorni.

Ante la parálisis de la construcción de la Trump Tower durante varios años, Rozenblum, Grandio y otros formaron un consorcio para hacerse cargo de la obra. El edificio de Parada 9 fue inaugurado en 2022.  

Con tiempo y dólares, Rozenblum irrumpió en la vida interna del PN. En ese camino, fue el promotor de la incursión del ultraderechista español Javier Negre, socio de La Derecha Diario, durante todo 2024, año electoral en Uruguay. En abierta tarea promocional, LDD lo bautizó “el Milei de Uruguay”.

Rozenblum chocó con la estructura tradicional del PN —hoy más bien crítica de Milei— y perdió las primarias, pero mantiene su proyecto político en pie.

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Sin explicaciones para dar sobre quién pagó los cerca de US$9.000 que costó el vuelo en avión privado a Punta del Este durante el feriado de carnaval, Manuel Adorni apeló a un argumento de la esfera íntima: “Tengo derecho a irme de vacaciones con mis hijos”.

El relato del jefe de gabinete incluyó una primera mentira, que resultaría un eslabón de una larga cadena. “Hacía dos años que no me iba de vacaciones, no tengo por qué dar explicaciones”. A esa altura, la cuenta turística de la familia Adorni-Angeletti en el bienio 2024-2025 acumulaba decenas de miles de millas y dólares gastados en destinos de lujo en el país y en el mundo.

De acuerdo a una información reconstruida por este diario con dos fuentes con conocimiento directo de los hechos, Adorni también faltó a la verdad sobre el motivo principal del viaje a Punta del Este, entre el 12 y el 17 de febrero pasados.

Durante su estadía, el funcionario encabezó una reunión con empresarios uruguayos y argentinos radicados en esa ciudad oriental. Unos doce asistentes al reservado ágape en la Trump Tower, cerca de la Parada 9, sobre la rambla Lorenzo Batlle Pacheco, abonaron US$1.000 el cubierto. Los artífices del negocio fueron el socio de Adorni y exconductor en la TV Pública, Marcelo Grandio, y el empresario y directivo de la Comunidad Israelita de Punta del Este y Maldonado-Uruguay (CIPEMU) Rolando Rozenblum.

Grandio y Adorni no respondieron preguntas de este medio. Rozenblum —figura polémica de la política uruguaya— pidió conocer el motivo de la consulta y se comprometió a devolver el llamado, pero finalmente informó que no hablaría con la prensa. Un funcionario de Casa Rosada dijo que trasladaría la inquietud a Adorni, sin respuesta.

El revuelo suscitado por la difusión del viaje de los Adorni y Grandio en el Honda Jet de cinco plazas encendió los corrillos en el mundo empresarial de Punta del Este

La información dada por elDiarioAR de que Adorni, su pareja Bettina Angeletti, los hijos de ambos y el amigo Grandio habían viajado a Punta del Este el 12 de febrero, en un vuelo operado por la empresa Alpha Centauri, fue el disparo de largada para conocer una vida dispendiosa: propiedades por centenares de miles de dólares, refacciones por otro tanto, misteriosos préstamos otorgados por jubiladas, viajes, deudas, alquileres y un gasto mensual en blanco que no baja de los US$18.000. Todo ello, mientras Adorni llevaba la voz cantante de los recortes en universidades, hospitales y asistencia a discapacitados.

El revuelo suscitado por la difusión del viaje de los Adorni y Grandio en el Honda Jet de cinco plazas encendió los corrillos en el mundo empresarial de Punta del Este. De inmediato, el encuentro en la Trump Tower —del que hay registro visual— trascendió el cono del silencio al que se comprometieron los asistentes.

A algunos de asistentes les pareció impropio e incluso ilegal que se cobrara un fee para escuchar a Adorni, más allá de que prevaleciera una adhesión entusiasta al gobierno ultraderechista argentino en el ambiente empresarial de Punta del Este, en particular, en el rubro de desarrolladores inmobiliarios y el negocio de la tecnología de seguridad. Las fuentes dijeron no saber si Adorni cobró por su presentación o si lo recaudado fue para cubrir los gastos del lugar y el traslado en vuelo privado.

La conversación de los empresarios con Adorni se centró en el panorama legislativo y electoral de cara a 2027, las chances de retorno del peronismo a Casa Rosada y un tema de específico interés para los oyentes argentinos: la ley de Inocencia Fiscal, la norma que restringe al mínimo el control estatal e impositivo sobre el flujo de fondos, hasta un extremo sin precedentes, y entró en vigencia en el mismo mes del encuentro en la Trump Tower.

Joint Venture

Adorni, Milei, Rozenblum y Grandio ya habían armado un pequeño joint venture cuatro años atrás, auspiciado por el estudio Insight Trust, especializado en la creación de fideicomisos en Islas Vírgenes, una guarida fiscal. El 11 de febrero de 2022, organizaron un “talk show” de Milei y Adorni en el International College, colegio bilingüe que era propiedad de Rozenblum. Cobraron entre US$15 y US$30 la entrada a un recinto con aforo para unas mil personas. Grandio fue el moderador y la producción integral estuvo a cargo de Imhouse, la empresa a nombre de la cual se emitieron las facturas del vuelo privado de Adorni en febrero pasado, en lo que parece ser la repetición de un esquema.

Aquel viaje de 2022 fundó la amistad de los matrimonios Adorni-Angeletti y Grandio-Nofal, que tanto rédito les traería después.

En esa oportunidad, Milei —que conocía a Grandio hacía años— cantó “Panic sow” y anticipó los trazos de su proyecto presidencial, y Adorni bromeó con que sería su vocero. Faltaba año y medio para la elección que consagró al Soez en la Casa Rosada.

Con dos décadas como emigrado a Punta del Este junto a su esposa, Mónica Nofal, Grandio se familiarizó con la Trump Tower apenas quedó inaugurada, en 2022. “Hablaba como si fuera de él y jodía con que la rebautizaría Grandio Tower”, dijo una persona que lo escuchó. A caballo de una vida relajada en su casa de Rincón del Indio, un reducto caro de Punta del Este, producto de la fortuna de su familia política —exaccionista de Torneos y Competencias—, el periodista deportivo Grandio aceleró la frecuencia de sus viajes a Buenos Aires desde que su socio Adorni le consiguió contratos en la TV Pública.

El papel de Rozenblum es más importante que el de Grandio en el ambiente esteño. No “juega” de local en la Trump Tower; es local. Formó parte del grupo empresarial que terminó la construcción y comercialización, que había quedado empantanada por problemas de los argentinos que iniciaron la obra. Rozenblum vive en un departamento de la torre junto a su pareja brasileña.

Emigrado de joven a Brasil, él y su padre, Isidoro, montaron un negocio de bicicletas y, en 2006, terminaron condenados en Curitiba por “corrupción activa” y evasión, en la llamada Operación Pôr do Sol, con un presunto desfalco al Estado de decenas de millones de dólares. Padre e hijo se escaparon de un hospital en una escena cinematográfica y fugaron a Uruguay, hasta que el juicio fue anulado en 2008 por el Tribunal Superior de Justicia de Brasil. Los magistrados detectaron abusos procesales del juez federal Sergio Moro y del fiscal Deltan Dallagnol, la misma dupla que cometería ilegalidades para encarcelar a Lula da Silva una década más tarde.  

Con tiempo y dólares, Rozenblum irrumpió en la vida interna del Partido Nacional (PN, o Partido Blanco), uno de los tres que protagonizan la política oriental. El ascenso del economista argentino lo entusiasmó al punto de presentarse como “el Milei uruguayo”. Rozemblum fue el promotor de la incursión del ultraderechista español Javier Negre, socio de La Derecha Diario (LDD), durante todo 2024, año electoral en Uruguay. El cubo del cronista de LDD comenzó a aparecer en todos los actos de campaña Rozenblum, en forma tan asidua como las entrevistas que le concedió a Grandio en sus ciclos televisivos.

Finalmente, Rozenblum perdió la primaria del PN ante Javier Carballal en la puja por la alcaldía de Punta del Este, pero le alcanzó para ser electo concejal. Mantiene desde hace dos años la condición de aliado tenso de Carballal y del intendente de Maldonado, Miguel Abella. La desconfianza entre la estructura tradicional de los blancos y el cuentapropista Rozenblum es profunda.

Derecha en alquiler

El papel de Negre expone el tejido regional de la ultraderecha. En su país, articula con Vox, la derecha del Partido Popular y otros grupúsculos de esa vertiente. Con problemas judiciales en España, Negre se trasladó a Buenos Aires, donde fue mimado por Adorni y el aparato comunicacional de Casa Rosada durante más de un año, al tiempo que hizo negocios con gobiernos provinciales, incluidos libertarios y peronistas. Consumado el objetivo, viajó a combatir el comunismo en México y en Uruguay, hasta que se afincó en la Casa Blanca, donde se dedica a dar pelea por Donald Trump.

La vocación política no es la más importante para Rozenblum. Antes, presidió la Cámara Empresarial de Maldonado y el CIPEMU, en el que hoy sigue integrando la comisión directiva. Desde esos pilares, vio una oportunidad con los cerca de 1.000 argentinos emigrados a Punta del Este en los últimos años, comunidad que tiene a figuras tan connotadas como Marcos Galperin, dueño de Mercado Libre, y Martín Migoya, de Globant. Ninguno de esos dos grandes empresarios estuvo en la reunión con Adorni en la Trump Tower, llevada a cabo o el domingo 15 o el lunes 16 de febrero (difieren las fuentes).

Según Rozenblum, cerca de la mitad de la matrícula de 400 alumnos del International College —escuela fundada por él en 2017, vendida en 2025— eran argentinos.

El CIPEMU es hoy una entidad binacional, con tantos uruguayos como argentinos, que se dedica a la vida comunitaria, la defensa del Estado de Israel y la asistencia social. Como organización judía apartidaria, no estuvo involucrada en la visita de Adorni a Punta del Este, más allá de lo que pudieran haber hecho Rozenblum y otros referentes a título individual, indicó a elDiarioAR una voz de la entidad. Una de las fuentes indicó que el CIPEMU, con la impronta de Rozenblum, se transformó en una plataforma de promoción política y económica, y en ese marco, se dio la visita de Adorni.

La realización de una actividad comercial brinda algo de sentido al pago de un vuelo privado por cinco días, cuyo costo duplica el sueldo que Adorni comenzó a ganar este año, y cuadruplica el ingreso mensual durante 2025. Si bien el jefe de Gabinete dijo —sin demostrarlo— que pagó el traslado de su familia a Punta del Este, la alternativa —que Grandio hubiera sido generoso con su amigo— tampoco parecía del todo lógica.

Entre las hipótesis que manejan en el juzgado federal de Ariel Lijo para explicar una carrera desenfrenada hacia el lujo del jefe de Gabinete, se encuentra el cobro de entrevistas y gestiones, un camino en el que los hermanos Milei desarrollaron expertise en cuanto saltaron a la fama.

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SL

Federico “Fred” Machado llegó a un acuerdo con la fiscalía federal del distrito Este de Texas, mediante el que se declara culpable de lavado de dinero y fraude, según documentos presentados este martes ante un juzgado de la ciudad de Sherman, este de Texas.

Tras pasar seis meses en prisión en el penal del condado de Cimarrón, estado de Oklahoma, Machado intenta así lograr un drástico acortamiento de la pena. El fiscal Jay Combs dejaría caer la imputación por narcotráfico, uno de los delitos por los que se lo acusó inicialmente en 2020.

La defensa de Machado aspira a que el tribunal compute los cuatro años que permaneció en prisión domiciliaria en las afueras de Viedma, provincia de Río Negro, tras ser detenido en Bariloche en abril de 2021. El acuerdo con el fiscal Combs no especifica una pena, aunque la expectativa del entorno del exfinancista de José Luis Espert es que recupere la libertad en cuestión de meses o pocos años.

Una vez en libertad, el objetivo de Machado sería regresar a Argentina, donde tiene planeado hacer negocios. Sus conexiones empresariales son cuantiosas. En su época dorada, el empresario vendió cerca de cien aviones en el país, entre otros, al exgobernador y actual senador de Salta Juan Carlos Romero, al fallecido banquero Jorge Brito, y a las famlias Neuss, Frávega y Bada Vidal (Lácteos Vidal). Es amigo de personalidades como Juan “Pico” Mónaco, se entrevistó con gobernadores y transportó a figuras del espectáculo, el deporte y los medios de comunicación.

El argentino, dueño de la firma de aviación South Aviation y un protagonista central del negocio aéreo privado en lo que va del siglo, fue extraditado desde Argentina a Estado Unidos el 5 de noviembre, luego de que este diario informara detalles sobre su vínculo económico con Espert. El socio político de Javier Milei recibió aportes del empresario en su campaña presidencial de 2019, de entre US$200.000 y US$2,5 millones, según fuentes muy próximas a aquel armado electoral. Un registro de una transferencia de US$200.000 realizado en enero de 2020, publicado por elDiarioAR y Perfil en septiembre pasado, terminó de comprobar la relación. A partir de allí, tras días vertiginosos, Espert debió abandonar la candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y la política en general, y se aceleró la extradición de Machado.

La acusación contra Machado y su socia, Debra Lynn Mercer-Erwin, incluía narcotráfico a gran escala desde países de Centroamérica y el norte de Sudamérica a Estados Unidos, un extremo que el argentino siempre negó. Mercer-Erwin, en cambio, se declaró culpable por ese delito y recibió una condena de 16 años de prisión en 2023. Ambos se valieron de un fideicomiso para inscribir aviones con licencia estadounidense, una herramienta por la que circularon cientos de millones de dólares.

Machado se declaró culpable de haber formado una asociación para lavar dinero mediante transacciones financieras que procuraban ocultar el origen, la propiedad y el control de los fondos, indican los documentos presentados este martes. También admite haber cometido un fraude.

En un caso intrincado, que contiene más de 20 terabytes de documentación, entre correos electrónicos, transferencias y registros financieros, y propiedades y movimientos comerciales en media docena de países, la hipótesis de un juicio oral suponía para Machado el riesgo de enfrentar décadas en la cárcel.

El empresario argentino se declaró culpable de haber formado una asociación para lavar dinero mediante transacciones financieras que procuraban ocultar el origen, la propiedad y el control de los fondos, indican los documentos presentados este martes. También admitió haber cometido fraude, que es uno de los núcleos de la acusación.

Druante unos veinte años, Machado se presentaba como el puente para la compra-venta de aviones privados, y habría utilizado decenas de millones de dólares de inversores para otros fines, que el acuerdo no especifica.

El pacto con la fiscalía debe ser homologado por el juez federal de Texas Amos Mazzant. Según las prácticas de los tribunales estadounidenses, la probabilidad de corroborar el acuerdo entre la fiscalía y el acusado es alta.

Entre los detalles clave que falta dilucidar, es el grado de cooperación de Machado. Es probable que haya suministrado o prometido nombres de otros involucrados e ingenierías financieras que permitieron el fraude.

El frente Espert

Espert, por su parte, enfrenta una acusación en un juzgado federal de San Isidro, cargo de Lino Mirabelli. El fiscal Fernando Domínguez encontró indicios de lavado de dinero para la compra de propiedades e ingresos de dinero inexplicables. Aquella transferencia de Machado a Espert realizada en enero de 2020, con el supuesto objetivo de pagar una consultoría para una mina de Guatemala, fue el disparador que permitió detectar una trama de la que Espert se habría enriquecido en los últimos años.

La expectativa del exdiputado —“el profe” para Milei— era que el acuerdo de Machado lo liberara de la sospecha de lavado. Luego de negar un vínculo comercial con el empresario de los aviones durante años, una vez que el pago de US$200.000 salió a la luz, Espert adujo que se trató de un contrato real para auditar las finanzas de Minas del Pueblo, en Guatemala, pese a que el economista no contaba con ningún antecedente en la materia. Con la documentación incautada por Domínguez, Espert no pudo negar que el acuerdo con Machado era por US$1 millón, del que se habría pagado una cuota. No hay ningún elemento que haya demostrado que la asesoría técnica se llevara a cabo, lo que alimenta la hipótesis del delito.

Con la admisión de culpabilidad de Machado, el frente judicial para Espert se ensombrece. Dado que el empresario reconoce haber lavado dinero, la transferencia de cientos de miles de dólares al exdiputado de ultraderecha podría haber sido un eslabón de ese delito.

Días atrás, el exdiputado hizo una presentación en el expediente para trasladarlo a los tribunales federales de Comodoro Py, en Capital Federal. La petición fue rechazada en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi, donde tramita una causa surgida en 2021, luego de que Machado fuera detenido en Bariloche, a pedido de un tribunal de Texas.

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SL

El expediente de Manuel Adorni acumula datos de propiedades, refacciones, préstamos de jubiladas y viajes que disparan la sospecha, pero hay otra cuenta reconstruida que concita la atención en funcionarios judiciales de Comodoro Py: gastos mensuales consecutivos de entre US$18.000 y US$ 20.000.  

Ese monto, que sólo se refiere a la parte en blanco de una familia con alta propensión a gastar en efectivo y sin factura, quintuplica el sueldo que Adorni comenzó a ganar en febrero de 2026, de $5,5 millones (USD 3.900) en mano, y decuplica los $2,7 millones (USD 1.900) que obtenía hasta enero. Con ese panorama, una fuente clave, al tanto de los pormenores del expediente, da cabida a la hipótesis de un delito con pena no excarcelable (5 a 22 años): lavado de activos.

Comprobantes obtenidos en allanamientos, requerimientos a bancos y oficinas públicas o aportados por testigos indican que la familia Adorni-Angeletti afronta mensualmente erogaciones por unos $2,5 millones de expensas (USD 1.700) entre el departamento de Caballito en el que vive, el de Parque Chacabuco que está a la venta, otra unidad en La Plata y la casa en el barrio privado Indio Cua en Exaltación de la Cruz, norte de Buenos Aires. A ello se suman montos fijos de servicios, seguros, tasas e impuestos sobre las propiedades y la camioneta Jeep Compass adquirida en 2024, la cuota del colegio de los dos hijos ($ 1,6 millones o USD 1.100), y resúmenes de tarjeta de crédito que, en los últimos 24 meses, tuvieron un piso de $10 millones en septiembre de 2024 y un máximo de $22millones en el mismo mes de 2025.

La estrategia del abogado de Adorni, por ahora, es el silencio, como quien evita dar un paso en falso, porque no sabe qué más se va a encontrar

El 10 de abril, el juez federal Ariel Lijo levantó el secreto bancario, financiero y fiscal de Adorni, su esposa, Bettina Angeletti, la firma AS Innovación Profesional, propiedad de ambos, y +BE, de la mujer.

Según la fuente citada, la suma de gastos que, tomados por separado, no llamarían la atención en una familia de ingresos medios-altos, es una vía por la que Adorni trataría de dar “apariencia de legitimidad” a ingresos que provendrían de un delito precedente.

El complemento de esos resúmenes pagados en el banco serían los viajes a Aruba, Punta del Este, Llao Llao, Gualeguaychú, Madrid y Nueva York, realizados desde 2024, por al menos US$30.000. En el rubro turístico, la familia del jefe de Gabinete abonó en efectivo y, cuando pudo, en negro. No se trata de un gasto mensual, pero sí habitual para el nivel de vida que Adorni y Angeletti decidieron darse.

El funcionario no respondió una consulta de este medio sobre sus gastos mensuales.

Con la mira en el notable incremento patrimonial, el fiscal Gerardo Pollicita, a cargo de la instrucción de la causa, maneja la hipótesis de enriquecimiento ilícito como principal delito.

Desde diciembre de 2023, Adorni y Angeletti sumaron a su patrimonio una casa en Indio Cua escriturada a US$120.000, a la que le agregaron US$245.000 en refacciones; un departamento en la calle Miró, Caballito, anotado a US$ 230.000, más US$ 65.000 en obras; la camioneta Jeep valuada en al menos US$28.000. Todo ello, sin vender las propiedades en Parque Chacabuco y La Plata, declaradas tras la designación de Adorni como secretario de Comunicación, su primer puesto en el gobierno.

Cada una de sus adquisiciones tuvo el consiguiente gasto de escribanía e inmobiliaria, nuevamente, sin factura cuando fue posible. Parte de los US$690.000 abonados sólo en propiedades —un valor que de por sí genera dudas por indicios de subfacturación—, fue solventada mediante singulares préstamos de mujeres policías, dos jubiladas y amigos por unos US$ 365.000, de los cuales ya habría devuelto US$30.000.

El papel de la defensa de Adorni, en manos del penalista Matías Ledesma, llama la atención en fuentes que siguen el expediente. Hasta ahora, el abogado presenció declaraciones de testigos y constató los movimientos, pero no requirió una sola medida ni presentó ninguna aclaración o posicionamiento de Adorni. La estrategia es el silencio, como quien evita dar un paso en falso, porque no sabe qué más se va a encontrar, evalúan.

Además de los tipos penales de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, que serían los más graves que se barajan hasta ahora, Adorni enfrenta la sombra de negociaciones incompatibles con la función pública, por los contratos de su amigo y socio Marcelo Grandio con Canal 7-TV Pública, y dádivas, si se comprueba la menor de las hipótesis del viaje en vuelo privado a Punta del Este, entre el 12 y el 17 de febrero. A propósito, la excursión carnavalesca, ¿se trató sólo de un viaje de descanso con sus hijos, como el propio Adorni se encargó de publicitar en los últimos días?

La figura del lavado de activos despierta polémica entre penalistas y funcionarios de Comodoro Py. Es un delito cuya prueba es trabajosa y tiene pocos condenados en comparación a otros tipos asociados a la corrupción (fraude, cohecho, evasión), en la medida en que se requiere establecer con claridad cuál fue el delito precedente que condujo al lavado.  

La excursión a Punta del Este en carnaval, ¿se trató sólo de un viaje de descanso con sus hijos, como el propio Adorni se encargó de publicitar en los últimos días?

Uno de los casos más emblemáticos es la condena a Lázaro Báez, en 2021. El excontratista allegado a la familia Kirchner fue sentenciado a 12 años de prisión por lavado de activos provenientes de la evasión fiscal y el fraude con la obra pública en la provincia de Santa Cruz, entre 2010 y 2013.

Por ahora, el criterio tanto de Pollicita como de Lijo es avanzar en la recolección de pruebas, sin descartar ninguna hipótesis. Llegado el caso, el fiscal podrá proponer indagatorias y describir los hechos investigados, y el juez determinará procesamientos y el tipo penal en juego.  

El precedente $LIBRA

Hay, sin embargo, indicios del delito precedente. El vínculo de Adorni con los hermanos Novelli y otros cryptobros que acercaron la estafa $LIBRA al despacho presidencial es nítido.

Cuando el actual jefe de Gabinete era panelista en programas de La Nación + y Radio Rivadavia, también recibió ingresos por dar una “master class exclusiva a los alumnos gold del mejor instituto de inversiones de toda Latinoamérica”. La “master class” fue dictada el 2 de mayo de 2022. Además de Adorni, otros promotores de los negocios de esa firma fueron Milei y José Luis Espert.

N&W (Mauricio Novelli y Jeremías Walsh) son hacedores de la presunta estafa que generó beneficios de decenas de millones de dólares para unos pocos avisados de un tuit presidencial, en febrero de 2025. Algunas visitas que Novelli y sus socios (Manuel Terrones Godoy, Hayden Davis, Pía Novelli) hicieron a despachos de Milei en Casa Rosada y Olivos fueron con Adorni presente. En definitiva, reuniones de camaradería nacida antes de que cualquiera de ellos pusiera un pie en Casa Rosada.

“Cerré un deal tremendo. Quiero festejar”, celebró Novelli al salir de la oficina presidencial, el 30 de enero de 2025. Desde la misma Casa de Gobierno, el empresario transfirió US$500.000 dólares a un destinatario por ahora desconocido. Por la tarde, se precipitó a comprarse relojes Rolex, y buscó que fueran sin factura.

En el celular de Novelli quedó registrado un modelo de contrato por el que se le pagaría al menos US$5 millones al Presidente si éste promocionaba $LIBRA y declaraba a sus mentores como asesores en blockchain, hitos que, en efecto, ocurrieron. También fueron grabadas órdenes de pago para “Javi-Kari” y “los 4.000 que hay que darle a Karina”, cuando el Soez y su hermana ya reinaban en Casa Rosada. Davis —otro jefe de la presunta banda— se vanaglorió de manejar al mandatario a control remoto porque le enviaba dólares a su hermana.

El rastro de Adorni en los negocios montados por Novelli y los presuntos pagos relacionados con el “deal tremendo” debe ser probado.

La diputada Marcela Pagano, exintegrante del entorno de Milei y hoy opositora, denunció que Adorni recibió US$3 millones depositados en billeteras virtuales, provenientes de $LIBRA y el cobro de reuniones y gestiones. No es un dato que conste a Pollicita ni a Lijo, aunque el fiscal recibió informes de que el funcionario realizó movimientos de entrada y salidas con criptomonedas, informó ayer el diario Clarín. Por su parte, mediante un comunicado, la firma de inversiones cripto Lemon Cash confirmó que el jefe de Gabinete tiene una cuenta a su nombre, pero desmintió el monto mencionado por Pagano.

La investigación de Comodoro Py también sigue la pista vinculada a los negocios de Angeletti como coach ontológica y su empresa +BE, en particular, con el Grupo Foggia. Esta firma, que perteneció a Mara Gorini, una asesora plenipotenciaria de Karina Milei, puja con La Nación y Fénix Entertainment por quedarse con la concesión del predio de Tecnópolis.

Una tercera pista que no descartan en Comodoro Py es el cobro de entrevistas y gestiones, un rubro en el que Milei podría dar una verdadera “master class”. Una cuarta serían las versiones sobre sobresueldos, algo que en la exótica conferencia de prensa del viernes, ni Adorni ni los ministros Luis Caputo y Alejandra Monteoliva se animaron a desmentir.

La frutilla del postre, reveladora cabal de la vara ética de los Hermanos Milei, sería que el gobierno que propagó a los cuatro vientos que congeló los sueldos de los altos funcionarios durante dos años, en realidad funcionaba aceitado por fajos de billetes en negro, mientras hacía padecer lo indecible a profesores universitarios, médicos del Garrahan, jubilados y empleados públicos en general.

¿Por qué no lo echa?

Adorni, vocero del Ejecutivo ultra, permanece imposibilitado de esbozar un argumento sobre su repentina riqueza o de cambiar el eje de la agenda gubernamental mediante algún anuncio. Se esfuerza, el gobierno monta escenas, pero no lo logra. Las encuestas, unánimes, señalan un descenso sensible en la aprobación del gobierno y de Milei, aunque el mandatario sigue siendo un firme candidato a la reelección.

Patricia Bullrich se activa como si oliera sangre mientras las internas del oficialismo se dirimen en las pantallas de Clarín, La Nación, América 24, Carajo y Neura. Adorni ni siquiera junta fuerzas para responderle y atina a calificar a la senadora como “una fenómena”, ante un ataque indisimulado de quien fuera, hasta hace dos meses, su competidora para la candidatura en la Ciudad en 2027.

Aquí se impone la pregunta de por qué Milei hace trascender que está dispuesto a perder una elección antes que despedir a su jefe de Gabinete.

Semanas atrás, podría leerse que el ultraderechista tenía razones para no conceder una victoria a la oposición, con el desprendimiento de uno de los máximos responsables del entramado oficialista, pese al alto costo de su permanencia. Un equipo pequeño, reducido al Presidente, su hermana y pocos más, tenía en Adorni a un vocero dañado, probablemente anulado para siempre, pero la apuesta a que el tiempo subsanara heridas e hiciera olvidar las explicaciones pueriles sobre hipotecas concedidas por jubiladas era atendible.

El testimonio del constructor Matías Tabar de que Adorni le había abonado US$245.000 en efectivo y sin factura entre 2024 y 2025, y que había intentado influir en su declaración ante Pollicita, desbarató por completo la precaria ingeniería de préstamos y propiedades subvaluadas. Adorni maneja cientos de miles de dólares como si le quemaran.

¿Por qué no lo echa?, se preguntan dentro y fuera del Ejecutivo, incluso en tribunales. Milei se desprendió en su momento de Nicolás Posse y Diego Spagnuolo cuando complicaron la vida de la Casa Rosada y afectaron el equilibrio con Santiago Caputo. El Presidente se olvidó en cuanto lo necesitó de las cuarenta veladas en Olivos con Spagnuolo y los abrazos desmesurados con quien consideraba su otro yo, Posse. Con Manuel es distinto.

Una probable respuesta es que el salto económico de Adorni es inescindible del de los Milei. No podría existir un flujo de fondos desde Novelli y $LIBRA al jefe de gabinete sin que el Presidente recibiera su parte, mucho mayor, ni se daría un esquema de sobresueldos y cobro de entrevistas y charlas, una práctica con tanta pregnancia en los Milei. La ruta del Grupo Foggia, asociado al privilegiado Grupo Werthein para el proyecto en Tecnópolis, también remite a Karina, la protectora principal de Adorni.

No faltan quienes apuntan a la particular psiquis de Milei como razón última de todo. Como su flamante vara moral se basa en preguntarse “si mató a alguien”, y Adorni no es sospechado de asesinato, entonces que se quede.

Milei asume un riesgo. Podría darse que, de buenas a primeras, la investigación judicial entre en un pantano por intervención de la Cámara, que los indicadores económicos reviertan en parte la pérdida de ingresos que lastra a la población, que la inflación se quede entre el 1% el 2%, que la oposición se hunda en sus traumas y, con ello, cambie el “humor social”, y Adorni permanezca como un pasivo asumible de cara a 2027.

O podria ocurrir lo contrario: que la economía de Milei continúe mostrando su cara recesiva para la gran mayoría y Adorni sucumba ante pruebas irrefutables.

Así las cosas, su hundimiento sería el del gobierno. Bullrich se dio cuenta.

slacunza@eldiarioar.com

SL

En un día crítico tras una declaración de un testigo que lo compromete aun más, Manuel Adorni negó haber gastado US$245.000 en refaccionar su casa en el barrio privado Indio Cua, partido de Exaltación de la Cruz, según una fuente oficial.

El jefe de Gabinete desmintió el monto declarado este lunes por el contratista Matías Tabar, quien dirigió las reformas en Indio Cua entre 2024 y 2025. “Ese no es el monto. Seguramente vayamos a solicitar un peritaje porque cualquiera que conozca mi casa sabe que no vale ese dinero”, dijo Adorni a interlocutores de Casa Rosada.

Adorni indicó que plantea solicitar una inspección ocular en la vivienda inscripta a nombre de su esposa, Bettina Angeletti, en 2024.

Según una persona que lo escuchó cerca del despacho presidencial, el jefe de Gabinete dijo: “Seguramente vayamos a solicitar un peritaje, porque cualquiera que conozca mi casa sabe que no vale ese dinero” .

El funcionario, bajo múltiples sospechas por un cúmulo de gastos en nuevas propiedades, refacciones y viajes sunutosos al exterior, sembró dudas sobre Tabar, el titular de un estudio de arquitectura que prestó declaración ante el fiscal federal Gerardo Pollicita esta mañana. “Los costos nos parecen exagerados y contamos con la buena voluntad del arquitecto que nos iba a entregar la factura por todos los costos y gastos realizados, y nunca la entregó”, denunció.

Incluso, Adorni fue a más, y anticipó que podría presentar una denuncia contra Tabar.

El contratista aportó documentación vinculada a la obra y también entregó su teléfono celular para que sea peritado. Según explicó, había borrado mensajes intercambiados con el funcionario, por lo que Pollicita buscará recuperarlos mediante análisis técnico del dispositivo.

Tabar dijo que la obra se desarrolló entre octubre de 2024 y mayo de 2025. Entre los trabajos mencionados figuran la construcción de pisos y paredes, la instalación de una pileta con revestimiento, una cascada en el jardín, un quincho y cerramientos nuevos, además de equipamiento para cocina y baños.

El testimonio de Tabar resultó perjudicial para la estrategia de Adorni y del gobierno. En una entrevista con radio El Observador el fin de semana y en la conferencia de prensa de esta mañana, el jefe de Gabinete aseguró que no piensa renunciar, al tiempo que trató de retomar una agenda no intervenida por las sospechas de corrupción.

En plena estrategia para recomponer la iniciativa del Ejecutivo luego de cincuenta días de tormenta en torno a Adorni, la declaración del arquitecto causó consternación en el gobierno. Un pago de US$245.000 en efectivo, sin factura, y sin la contrapartida de un préstamo como los que solventaron las incorporaciones de propiedades en 2024 y 2025, desbarató la esperanza de dar vuelta la página hasta en los más férreos oficialistas. “Lo va a tener que explicar”, dijo una fuente que lo respaldaba hasta hora. Otros funcionarios se refugiaron en el silencio.

Desde que este diario informó que Adorni había gastado USD9.000 en un vuelo privado a Punta del Este durante el feriado de Carnaval, una sombra de dudas apuntaló la causa por supuesto enriquecimiento ilícito radicada en el juzgado federal de Ariel Lijo.

Hasta ahora, se sabe que el jefe de Gabinete gastó algo menos de US$9.000 en el vuelo a Punta del Este en febrero pasado, US$5.150 en el regreso de Angeletti desde Nueva York a Buenos Aires en marzo, $9,1 millones en una estadía en el hotel Llao Llao de Bariloche en junio de 2024, y unos US$14.000 en un viaje a Aruba en diciembre de 2024. También hay registro de un tour de Angeletti con amigas por España a fines de 2025.

En el rubro inmobiliario, Adorni adquirió, en 2024, la casa en Indio Cua por US$120.000 (hipoteca por US$100.000), a lo que se suman las reformas por US$245.000. En 2025, adquirió una deuda de US$200.000 por la compra del departamento de Miró 550, Caballito, escriturado en US$230.000. Se agregan US$65.000 por reformas pactadas con el prestamista Pablo Feijoo. A todo ello, se agregan al menos unos US$30.000 por comisiones a escribanías e inmobiliarias, y gastos de entrada a Indio Cua por US$5.000. También erogó US$13.000 en alquilar una casa en el barrio privado mientras construía la propia, declaró Tabar.

Los gastos corrientes de la familia Adorni-Angeletti parten de $3,5 millones, sólo entre expensas de sus propiedades (mantiene bajo su patrimonio al menos tres viviendas más en Capital Federal y la provincia de Buenos Aires) y la cuota de colegio de sus hijos.

El sueldo de Adorni era de cerca de $3 millones hasta enero, y es de $7 millones desde entonces. Angeletti, coach ontológica de profesión, era monotributista hasta el año pasado, cuando se anotó como autónoma.

El jefe de Gabinete aseguró que todo quedará aclarado en su próxima presentación jurada ante la Oficina Anticorrupción.

SL

slacunza@eldiarioar.com

Diego Spagnuolo siente que lo abandonaron. Aquellas noches en Olivos —38 visitas en los primeros 16 meses de gobierno— son un recuerdo surrealista bajo este frío otoño. Todo un abismo que va del privilegio de arreglar sobre la marcha una cena con su íntimo amigo Javier Milei, con menú comprado en La Farola de la avenida Maipú, a cinco cuadras de la Quinta, a este presente del teléfono callado y un procesamiento como jefe de una asociación ilícita y fraude al Estado.

“McBain” —como lo llamaban en el mundo Milei-Espert-Villarruel antes de llegar a la cumbre— se sitúa protagonista de una pesadilla que comenzó a vivir apenas echó a andar el gobierno ultra. Al constatar que la “traición” provino de personas en las que confió y lo elevaron adonde nunca creyó llegar, y verse ahora indagado de hecho por la cronista Mercedes Ninci frente a un ascensor de Comodoro Py, se asume como chivo expiatorio de un latrocinio perpetrado por otros. No concibe una salida aceptable. Tiene que rearmar su vida y necesita despejar el horizonte de la cárcel.

Con tiempo libre infinito que pasa en la galería reformada de su casa en un barrio cerrado de Pilar, Spagnuolo observa cómo “los Menem” —a quienes se ocupó de describir en infinidad de diálogos como jefes de una gavilla que copó la Agencia de Discapacidad (ANDIS)— se pasan la gran vida y administran poder.

Para colmo, la Justicia mantiene incautados los USD 82.000 hallados en una caja de seguridad de la casa de Pilar. Spagnuolo dice que puede justificar ese tesoro y piensa que es poco y nada para acusarlo de recibir coimas. Al fin y al cabo, no le alcanzaría ni para comprar medio departamento de esos baratos que consiguen Manuel Adorni y Bettina Angeletti.

Ni las viejas relaciones pueden dar la cara por él. José Luis Espert, a quien alguna vez Spagnuolo creyó su mejor amigo, también cayó en desgracia y transcurre sus días a la sombra de otra galería reformada. Otra amiga, Victoria Villarruel, esa mujer chispeante que hacía bromas homofóbicas y tomaba de punto a “McBain” —por un personaje de los Simpsons que resolvía todo a los tiros—, quedó raleada del mundo Milei. Cuando se dividieron las aguas entre la fórmula presidencial, el contertulio de las noches de Olivos quedó del lado del Soez. ¿La sombra del despoder volvió a encontrar a esos compinches —Victoria y Diego— que viajaban por las montañas del Norte? ¿Habrá insistido la vicepresidenta en la humillación de Spagnuolo como su caniche toy?

A la filtración de los audios que se le atribuyen al extitular de ANDIS y titularon una era, “el 3% de Karina”, le siguió un cúmulo de pruebas documentales, mails, cientos de miles de dólares en efectivo apilados en cajones y mochilas, y whatsapps indiscretos.

Las noticias de que los Menem y Karina habían instalado una burocracia proveniente del macrismo “para afanar” de los fondos de discapacitados dispararon una investigación que, entre agosto de 2025 y febrero pasado, llevaron al juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi a revelar una red de corrupción sistemática. La pregunta de fondo: ¿Se trató de una célula autónoma compuesta por decenas de personas para robar uno de los presupuestos más diezmados por la motosierra, o fue otra de las terminales para satisfacer la avidez por el dinero de los Hermanos Milei?

¿La sombra del despoder volvió a encontrar a esos compinches —Victoria y Diego— que viajaban por las montañas del Norte?

El turno de Lijo

El trayecto desde esa trama a la mentada voracidad de Karina y los Menem requiere ser probado en el expediente. Antes de dejar la causa en manos de Ariel Lijo, en febrero, Casanello procesó a 19 personas: empresarios, ejecutivos de droguerías, lobistas y exfuncionarios de segundas líneas. Esta semana comenzó un nuevo capítulo con la nueva ronda de 35 indagatorias y el horizonte de decenas de nuevos procesamientos relacionados a sobreprecios en insumos de alto costo por un valor estimado en $75.400 millones, con beneficio en las firmas Indecomm; Laboratorio Ortopédico Sagues; Probock; Prolite Orthopedics y Resposane Salud. Ese monto se suma otros $43.000 millones detectados en otra instancia del expediente, con sobreprecios estimados en 1.900%.

Las citaciones a indagatoria fueron el primer paso de Lijo en la trama ANDIS. Significativo, porque había expectativa sobre la actitud que adoptaría el excandidato a juez de la Corte Suprema que congregó las causas más sensibles para Ejecutivo en el último bimestre, a excepción de la más grave, la estafa $LIBRA, que la mantiene secuestrada el fiscal Eduardo Taiano.

El segundo paso del juez a cargo de ANDIS fue ordenar, el jueves, un peritaje sobre los audios atribuidos a Spagnuolo. La dirección de Criminalística de Gendarmería deberá dilucidar si esos archivos fueron adulterados mediante inteligencia artificial. Esa fuerza, sometida a injerencias de Patricia Bullrich, se transforma en una usina sórdida que puede llegar a cualquier conclusión —como se demostró en el caso Nisman—. El peritaje asoma como una herramienta de negociación entre la polifacética senadora y su amiga/enemiga Karina. Probablemente, la candidatura de la ultraderecha en la Ciudad para 2027 se jugará en el dictamen de un grupo de gendarmes.

Spagnuolo se aferró a la impugnación de los audios como su tabla de salvación. La estrategia le sirve a él, al resto de los procesados y a los hermanos Milei, aunque sus objetivos finales sean divergentes. Se formó así una comunidad de intereses en torno a un frágil silencio, que pende de un hilo, porque impera la desconfianza mutua.

La llegada del abogado Mauricio D’Alessandro a la defensa de Spagnuolo, en noviembre de 2025, tres meses después de iniciada la causa y con la victoria legislativa de La Libertad Avanza de por medio, apuntó a que los audios del “3% de Karina” eran creaciones de inteligencia artificial. En paralelo, los Kovalivker —los supuestos “helvéticos” de la Droguería Suizo-Argentina en los diálogos de la banda que pactaba licitaciones y coimas— habían avanzado en una estrategia similar. Los helvéticos denunciaron tempranamente que los audios difundidos por el sitio Carnaval y el portal Data Clave obedecían a una operación de inteligencia y, por lo tanto, toda la investigación debería caer como fruto del árbol prohibido.

Se formó así una comunidad de intereses en torno a un frágil silencio, que pende de un hilo, porque impera la desconfianza mutua

En la línea sostenida por Casanello y Picardi, los audios fueron apenas un indicio que disparó una noticia periodística y luego una denuncia judicial, y así comenzó la investigación, como ocurrió decenas de veces en Comodoro Py. Para no pisar el palito del “árbol prohibido”, el juez y el fiscal se ocuparon de evitar cualquier mención al contenido de los audios en sus resoluciones. Ambos situaron el componente de verosimilitud de la sospecha en el hecho de que el Ejecutivo licenció a Spagnuolo de su puesto en ANDIS en cuanto se conocieron los audios. ¿No eran artificiales?

Lo malo y lo peor

La apuesta a anular la causa tendría un altísimo costo político para un gobierno anegado por casos de corrupción, desde las pequeñas a las grandes estafas, pero no deja de ser el mal menor para los Hermanos Milei. Confirmar la percepción generalizada de que el Presidente y su hermana manejan los hilos del poder para garantizar impunidad a ellos mismos y sus elegidos es una mala opción. Dar lugar a que se investigue una sospecha de que coparon el Estado para succionar fondos de los más vulnerables de la sociedad es peor.

Con los expedientes Adorni, préstamos del Banco Nación al equipo de Luis Caputo y ANDIS en un mismo juzgado, la dupla que comanda el Ministerio de Justicia, Juan Bautista Mahiques y Santiago Viola, trata por todos los medios de incidir en la voluntad de Lijo. En un territorio —Comodoro Py— en el que inciden estamentos del macrismo, una corporación judicial a la defensiva, tentáculos de Inteligencia y los grupos Clarín y La Nación, el engranaje ya no funciona como antes.  

Spagnuolo mide su silencio. En las dos indagatorias que enfrentó —la última, el miércoles—, eligió hacer uso de su derecho a no declarar. Lo mismo hizo el jueves Daniel Garbellini, un hombre del riñón del PRO que reingresó a ANDIS con Milei para —según Spagnuolo— manejar la caja. Con intereses enfrentados, a ambos les conviene el paso del tiempo, con la mira en la invalidación de las grabaciones.

A poco de ingresar al expediente, el defensor D’Alessandro presentó un peritaje privado a cargo del experto español Miguel Ángel de la Torre. El estudio indica que la parte del audio en la que Spagnuolo aparece hablando en un bar tiene una probabilidad “baja” de ser una creación de inteligencia artificial, pero otro segmento de una conversación telefónica tendría chances “razonables” de contener “trazos de voz sintetizada”. El contenido más grave de los dichos atribuidos a Spagnuolo —incluido el 3% de Karina (8% de coimas totales sobre el precio de venta de medicamentos e insumos) y el comentario de que puso al tanto a Javier Milei de la situación— está en la parte del diálogo en el bar.

D’Alessandro afirma que los audios fueron editados, y que se incorporó ruido ambiente de una confitería para enmascarar la voz artificial. Tanto Mauro Federico e Ivy Cángaro, los periodistas que difundieron las grabaciones en Data Clave, como fuentes de la fiscalía de Picardi dan por sentado que los audios fueron editados, pero no adulterados. El fin de la edición fue borrar al interlocutor de Spagnuolo, que sería quien registró y divulgó la grabación.

Hay que prestar atención a dónde llega la explicación del extitular de ANDIS. Su desmentida es sobre haber denunciado el 3% de Karina, pero no sobre el papel de los Menem. Según fuentes que escucharon sus argumentos, tampoco niega haber transmitido a Milei el desfalco que estaban cometiendo Garbellini y el exfuncionario del PRO y exempleado del laboratorio Roche Pablo Atchabahian, a quienes definió como “delincuentes”. A partir de su aviso al Presidente, hace exactamente un año, cesaron las invitaciones nocturnas a elegir comida en el menú de La Farola de Olivos.

Spagnuolo afirma que lo único que lo vincula a los delitos investigados son los audios. Le interesa salir del foco de la causa, pero se desentiende de la suerte de “los delincuentes” y los Menem. En la fiscalía de Picardi leen eso y no entierran la posibilidad de lograr la adhesión a la figura del arrepentido. Es por ello que el silencio del extitular de ANDIS es tanto una estrategia que agradecen los Milei, como una bomba de tiempo. Aunque “McBain” parezca disimular el papel de Karina y guarde mayor encono con los Menem, dos más dos es cuatro. Por lo pronto, Spagnuolo dejó una frase sugestiva el miércoles, durante la indagatoria informal ante la periodista Ninci en un pasillo de Comodoro Py: “No es la única oportunidad en que se puede declarar”.

Una mano estuvo detrás del abismo que se creó entre Spagnuolo y quienes le manejaban la caja en ANDIS: Santiago Caputo.

El poderoso asesor tiene bajo su órbita al ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, padre de su socio, Rodrigo Lugones. Esa cartera, aun diezmada por la motosierra, es una fuente inagotable de negocios. Por el reparto inicial de responsabilidades en el gobierno ultraderechista, los medicamentos y tratamientos para discapacitados fueron capturados por los Menem. Se desató entonces una sórdida batalla por esa caja. Spagnuolo, un abogado sagaz, con poca experiencia política, débil de carácter y nulo conocimiento del mercado de la salud, fue la vía a través de la cual intentó penetrar Santiago Caputo.

En sus extensas tardes en Pilar, frente a la pantalla en negro de su celular, Spagnuolo también piensa en la impunidad del asesor que imita a los personajes de Peaky Blinders.

Cuentas pendientes en la Cámara Federal

En la fiscalía de Picardi surgen datos incesantes sobre el desfalco al Estado. Emanuel y Jonathan Kovalivker, Atchabahian, el lobista Miguel Calvete, Laboratorios Roche y Garbellini tienen motivos para preocuparse, pero la pelota está en la Cámara Federal. Se bifurca otro capítulo.

A partir de su aviso a Milei, hace exactamente un año, cesaron las invitaciones nocturnas a Olivos a elegir comida en el menú de La Farola de la avenida Maipú

La sala de la Cámara Federal que trata el expediente está compuesta por Roberto Boico, Martín Irurzun y Eduardo Farah. El primero —exabogado de Cristina— y el segundo —veterano del fuero penal federal, vinculado a la UCR— impusieron su voto mayoritario para hacer lugar al reclamo de los Kovalivker y ordenaron a Casanello que investigara el origen de esas grabaciones. Casanello tiró la pelota afuera con medidas procesales, Boico e Irurzun insistieron y ahora Lijo hizo lugar al peritaje.

Los movimientos de Boico, una de las pocas designaciones en el Poder Judicial que pudo concretar Alberto Fernández, vienen provocando desconcierto en estamentos de Comodoro Py que esperaban romper el statu quo que se había instalado. Si la mirada se detiene en Irurzun —el autor de la doctrina de la influencia de los exfuncionarios que sirvió para mantener a kirchneristas en la cárcel durante años—, la historia se vuelve más compleja. Cumple 75 años el próximo 18 de julio, por lo que debería cesar su función de camarista. El juez bregó para que se enviara al Senado la prórroga de su designación por otros cinco años, como ocurrió con colegas muy allegados al Ejecutivo, pero hasta ahora no tuvo suerte y es probable que no la tenga.

Boico e Irurzun tienen en sus manos reproducir la mayoría contra Farah para cortar la causa ANDIS de raíz, con la teoría del fruto del árbol prohibido, y satisfacer así los múltiples intereses cruzados de los imputados y de quienes miran de afuera, por ejemplo, desde varios despachos de Balcarce 50. No sería una decisión fácil para ambos camaristas, que no están entre lo más desprestigiado de Comodoro Py. De todas maneras, quedaría la instancia de Casación, donde la conformación de la sala que intervendría no sería la más oficialista posible.

En la exposición de argumentos frente a la Cámara Federal, Picardi citó jurisprudencia asentada en la causa por el soterramiento del tren Sarmiento, un fraude millonario que abarca los gobiernos de los Kirchner y Macri e involucra al gigante brasileño Odebrecht. Allí los imputados también plantearon que la acusación debía desmerecerse porque provenía de filtraciones de celulares de lobistas asociados al Lava Jato de Brasil.

En esa instancia, la Cámara Federal sostuvo que el planteo de nulidad debía fundarse en la “verificación fehaciente” de que la prueba había sido originada de forma ilegal, y no una mera suposición. Uno de los jueces firmantes de aquella resolución fue Irurzun, el 11 de marzo de 2019.

SL

slacunza@eldiarioar.com

El 30 de enero de 2022 fue una fecha trascendente para Dante Gebel. Ese día inauguró el River Arena sobre la calle Broadway, en Anaheim, California. Desde 1950, esa ciudad es la sede de Disneyland, el primer parque temático de Walt Disney Comany. La River Church, cuatro pisos de estacionamiento, estudios de radio y TV, el River Café, un teatro, una librería y las oficinas administrativas de Gebel ocupan una manzana entera, a unos tres kilómetros del parque de Mickey y la Sirenita. Para Gebel, ese fin de enero coronó su propio día de la independencia, tras catorce años de vida en EE.UU.: dejaría de depender de recursos y permisos de otras iglesias evangélicas estadounidenses, y se sacaría de encima el alquiler itinerante de templos.

“Dios nos prometió 'les tengo un Arena propio', y así fue”, dijo el pastor a su feligresía.

Con toda esa fortuna enterrada en California, Gebel baraja un regreso a Buenos Aires, al menos momentáneo, y esta semana se ocupó de organizar su bienvenida.

En un viaje exploratorio, previo a una decisión sobre una candidatura presidencial que será tomada después del Mundial, Gebel inauguró un argumento novedoso, probablemente inédito en la historia de la política universal. Dijo que no opinaría de Javier Milei como persona porque es el Presidente, y como eso equivaldría a hablar en público de un jefe, es de sentido común no hacerlo. Es decir, entiende que el Presidente del país es su jefe. Por las dudas, tampoco se permitió evaluar ninguna medida de gobierno, porque él “respeta”.

En política puede haber opiniones chocantes, insultantes, descomprometidas, inteligentes, tontas, amigables o especulativas. La obediencia bloquea la crítica si se pertenece al mismo partido o proyecto político, y ello vale como razón para preferir el silencio. De lo que no hay registro es de un aspirante presidencial que considere como su “jefe” a quien —lo diga o no— quiere destronar de la Casa Rosada, y se valga de eso para no opinar.

El vuelo de Gebel desde el River Arena venía largamente promocionado. El predicador anunció su llegada a Buenos Aires el martes pasado, con una foto en un restaurante de Puerto Madero junto a su amigo y socio Mario Pergolini, y el CEO de su iglesia, Daniel Darling. Una iglesia con CEO, toda una rareza.

Ninguna encuesta conocida hasta ahora ubicó a Gebel como un candidato mínimamente competitivo, pero, por algún motivo, se generó un súbito interés por entrevistarlo. Una gira de tres días incluyó medios como América 24, Gelatina, Urbana Play, Radio Mitre e Infobae. Sumó unas diez horas de respuestas. Logro otro mérito llamativo. No brindó ninguna definición.

Pergolini como auspiciante, estrellas muy taquilleras —Susana Giménez, Adrián Suar, los Midachi, Marcelo Tinelli— que acuden a sus espectáculos motivacionales de dos horas y media de duración, políticos y sindicalistas peronistas y libertarios que viajan a Europa a sacarse una foto para analizar la realidad argentina en torno a una botella de agua, terminales en multimedios como Clarín e Indalo, una huella evangélico-manochanta omnipresente y exhibición de fondos ilimitados configuran un combo que dificulta la respuesta a las preguntas de qué representa y quién está detrás de Gebel.

¿La agenda social y la crítica a la violencia verbal que el político en ciernes esboza tenuemente sirven para dividir el voto opositor, llegar al oído del “no politizado” y arrinconar una propuesta nítida contra Milei, como podría ser la de Axel Kicillof? ¿La aparición de otro outsider, alguien que no-es-político, con penetración en el mundo evangélico, quita una tajada en el mercado del Soez? Gebel, ¿funciona a favor o en contra de Milei?

Las conclusiones son prematuras, probablemente contradictorias, pero hay señales de cómo es leído en el sistema de poder.

Trazos

Un analista con unos 50.000 seguidores en X (Twitter), afín al kirchnerismo y muy crítico del gobierno ultraderechista, fue contactado en la primavera de 2025 por un colega “del palo”. Le propuso un trato. Si tuiteaba un video de Gebel con alguna frase que denotara apoyo, le pagarían $50.000. Lo hizo avanzada la noche, y a las tres horas tenía ese monto transferido a su cuenta bancaria.

Esta semana, el analista recibió una propuesta similar de otro colega, también filokirchnerista. Debía reproducir fotos de los encuentros de Gebel con Pergolini y sus entrevistadores de la semana, a cambio de $100.000. La figura del pastor evangélico y conferencista había tomado otro cariz, y quien recibió la oferta tenía mayor holgura económica que un año atrás, por lo que decidió preservarse. Rechazó la propuesta.

¿Un caso aislado de una mano kirchnerista detrás de la promoción a Gebel? No. Medios de perfil opositor y crítico fueron sondeados por agentes de prensa de dirigentes que juran lealtad a Néstor y Cristina para promover al ilustre visitante.

La práctica del pago de posteos en redes sociales se hizo cotidiana. Comenzaron los famosos o “influencers” con “presencias” en restaurantes, spas, locales de ropa y otros emprendimientos comerciales, a veces a cambio de canjes, y otras de importantes cachets. Posteaban que les gustaba determinada marca y ganaban un dinero fácil. Eso se extendió a negocios turbios, como los esquemas ponzi y las apuestas online. La periodista de espectáculos Yanina Latorre contó en el verano que una vez pactó con Mauricio Novelli, el socio de Milei en la supuesta criptoestafa $LIBRA, una “recomendación” que ofrecía a incautos “ganarse US$5.000 en quince minutos”.

En los últimos tiempos, surgieron posteos auspiciados por opiniones políticas, económicas y sociales. Pueden leerse como forma de compensar los bajos sueldos periodísticos y docentes, o por lisa y llana corrupción. No hace falta más que leer los mensajes de un implacable elenco oficialista que ocupa horarios de gran audiencia, cuando sale en cadena a reproducir argumentos de la Casa Rosada, para “aclarar los hechos”, en coautoría con la ineficiente Oficina de Respuesta Oficial.

Hay consultoras que se dedican a construir el vínculo entre auspiciantes e individuos de las redes. Detectan el potencial cliente, transmiten el texto y transfieren el pago. A veces pautan parrafadas interminables para elogiar a un empresario, porque es “un buen ejemplo de superación y liderazgo”. No es más que un correlato atomizado del tradicional “chivo” o publinota en los medios, que —claramente— no murió. Un presidente de una empresa con mayoría estatal muy cercano a Milei ya lleva leída al menos media docena de perfiles personales en la gran prensa, escritos desde la profunda admiración que provoca su inigualable gestión, y desde allí se disparan elogios en las redes manifestados a título individual.

Gebel utiliza lo que supo cosechar en su trayectoria mediática y artística. En 2025, realizó varias presentaciones en el Gran Rex con “PresiDante”. Figuras de la tele, futbolistas, influencers y artistas se sintieron convocados a ese teatro del centro porteño, y los portales se ocuparon de difundir prolijas carpetas de prensa. Ese mismo año, el pastor condujo quince presentaciones de “Divina Noche” en Canal 13 (Grupo Clarín), y durante 2024 y 2025 estuvo a cargo de “Dante de 10”, por Radio 10 (Indalo), los domingos a las 22.

La fortuna de Gebel, que surge —según explicó— de sus espectáculos y la monetización de sus redes, le alcanza para darse una vida de jeque árabe, con traslados en avión privado y autos de alta gama. Ante cada paso que da en los medios, surge la duda de cuánto es genuino interés y cuánto compra de espacios. En el caso de Radio 10, su contratación desde 2024 fue sugerida por Jorge Rial y decidida por el entonces director, Sebastián Pedrón (hoy en Radio 750), con el objetivo de ampliar audiencia y generar contenidos con figuras famosas a las que entrevistaba Gebel, de modo de morigerar el perfil intensamente político de la emisora. Gebel se encargaba de la grabación del programa en su propio estudio en California y Radio 10 le daba amplio rebote a lo largo de su programación. La movida —resalta su responsable— se tradujo en mayor audiencia. Ahora, con el recambio de gerentes que supuso que Cristobal López se hiciera cargo del multimedios en 2025, en reemplazo de su socio Fabián de Souza, Indalo prefirió seguir de largo ante la agenda de Gebel de esta semana. No hubo entrevistas ni promociones en los medios de López.

“Un distinto”

La Sastrería, empresa de análisis político y encuestas, posó su mirada sobre Gebel. Elaboró un extenso informe titulado “El nacimiento de otro outsider”. El texto repasa su biografía, sus libros de autoayuda y el éxito del espectáculo “PresiDante”, y le concede elogios. “Una persona con visión”, “una historia de superación personal”, “un pastor distinto” y “mensajes de superación y fe”. Aunque La Sastrería —de los experimentados consultores Raúl Timerman y Juan Carlos Malagoli— reconoce que el influencer tiene alto desconocimiento público y carece de estructura social y política, arriesga una proyección: “El posible candidato de los 'ninguno'”, otra forma de llamar a la avenida del medio.

En la lógica de estrategas que miran con buenos ojos a Gebel, la gira de la semana le sirvió para “instalarse”, hacer que se hable de él, bien o mal. Ya habrá tiempo —estiman— para definiciones de algún calado. Bajo las condiciones de la politica de hoy, disponer de fondos para “generar conversación” en las redes es un punto de partida atendible.

El informe de La Sastrería sondea el mercado para un postulante no peronista y opositor a Milei, y anuncia que “la calle empieza a decir”: muestra pintadas con el apellido del evangélico que algún ser humano, por algún motivo insondable, decidió impregnar en paredes de Buenos Aires y alrededores. Quizás no se trate de fervor por Gebel que crece desde el pie sino de un pago desangelado a un grupo de obreros de la pintada.

Las cuentas en redes de La Sastrería y el propio Timerman pasaron del análisis al entusiasmo. “El Sr. @DanteGebelOk, sin lugar a dudas, tiene las condiciones de liderazgo que el rol de candidato a presidente requiere”, posteó el director de la firma.

El discretísimo armado político del pastor de Disneylandia se apoya por ahora en el cofundador de La Libertad Avanza y legislador de la Ciudad Eugenio Casielles, el secretario gremial de Aeronavegantes, Juan Pablo Brey, el ex PRO Yamil Santoro y pocas figuras más. Gebel desliza que tiene muchos más vínculos que prefieren una momentánea reserva. En estos días, se reunió con dirigentes sindicales y el gobernador cordobés, Martín Llaryora, a quien definió como “un tipo auténtico, macanudo”. Puede funcionar esa sociedad. Fuera de las fronteras de Córdoba, Llaryora, que lleva décadas de vida política, no es afecto a definiciones mucho más trascendentes que las que brindó Gebel en su incursión.

Una voz clave de la gobernación de la provincia de Buenos Aires tiene una respuesta sobre quién está detrás de Gebel. “Por supuesto que está impulsado por la UTE Massa/Máximo”. La fuente remite a la historia ya canonizada que alumbró a Milei, cuando sectores del peronismo —en especial del exministro de Economía— inflaron su figura y fiscalizaron sus votos en las primarias de 2023. Lo vieron como una forma de bloquear a los postulantes de Juntos por el Cambio Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Cuando se dieron cuenta, el ultraderechista ya estaba camino a Casa Rosada.

“Las personas que andan promoviendo a Gebel son los mismos que puso la UTE —unión transitoria de empresas— Cámpora/Massa a armar a Milei”, y anotan en la lista al integrante del triunvirato de la CGT Cristian Jerónimo (Vidrio). El jueves, Gebel se encontró con él y otros tres pesos-pesado sindicales de excelente relación con el gobierno de Milei: Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (Construcción) y José Luis Lingeri (Obras Sanitarias). El silencioso clan Moyano, con fe evangélica en la mesa familiar, está ocupado en otras cuestiones no fotografiables.

Otra voz muy relevante del peronismo bonaerense puntualiza en los nombres de Sergio Massa y el principal ladero de Cristina, Oscar Parrilli, como principales motores de Gebel: “Viven al pedo haciendo ingenierías, y así lo hicieron presidente a Milei”.

El candidato de Unión por la Patria derrotado por el ultra en el ballottage de 2023 está convencido de que la disputa del año próximo será entre Milei y el peronismo, y no habrá espacio para terceros. En ese marco, Massa piensa que hay que multiplicar al peronismo y “guardar el rifle santiario”, en referencia a que no haya vetos, ni siquiera ante gobernadores que se transformaron en incondicionales del gobierno de La Libertad Avanza, como el tucumano Osvaldo Jaldo y el catamarqueño Raúl Jalil, o exmacristas connotados como Miguel Ángel Pichetto y Emilio Monzó.

Mientras eso se dirime, el excandidato presidencial valora que el principal opositor a Milei sea “el espejo de Milei”, que devuelve una imagen de corrupción y recesión.

Tanto Massa como Gebel afirman no haberse visto nunca. La pregunta que queda abierta es si —para Massa— ese “peronismo ampliado”, que debería dirimir el liderazgo en 2027, incluye al predicador de Disney.

En la lectura del entorno de Kicillof, la estrategia de que florezan mil candidatos, en un abanico ideológico difuso, de izquierda a derecha, entre tradicionales a outsiders, y el peronismo llegue al año próximo en estado asambleario y loteado entre provincias es una vía para que lo que algún referente llama la “UTE Cámpora/Massa” se apersone cerca de las elecciones y decida poner orden mediante una bendición.

slacunza@eldiarioar.com

SL

En medio de la tormenta que atraviesa desde hace un mes y medio por el incremento de su patrimonio, Manuel Adorni cambió de estrategia para intentar vender su departamento del segundo piso de Asamblea 1132, en el barrio porteño de Parque Chacabuco. Removió como oferente de esa propiedad a su amigo Pablo Martín Feijoo —hijo de una de las jubiladas que le vendió su actual casa en Caballito— y lo puso a disposición de una inmobiliaria, según pudo saber elDiarioAR.

La venta de la excasa de la familia Adorni estuvo a cargo de Feijoo desde el verano, pero desde el lunes pasado se ofrece a través de Zona Activa a un valor de US$285.000. El jefe de Gabinete podría estar dispuesto a aceptar una oferta de entre US$279.000 y US$275.000 por parte de un potencial comprador para concretar la operación, pudo saber este medio.

Este miércoles, Feijoo se presentó en Comodoro Py para declarar como testigo ante el fiscal Gerardo Pollicita en la causa que investiga al ministro coordinador. El amigo, hijo de la jubilada Beatriz Viegas, estuvo relacionado a la compra del departamento de Miro 550 en abril de 2025. En noviembre del año pasado, Viegas y su socia, Claudia Sbabo, vendieron esa unidad a Adorni a US$230.000, unos US$110.000 menos que lo publicado por una inmobiliaria unos meses antes. En un extraño movimiento, Viegas y Sbabo le prestaron al funcionario US$200.000 para la operación. Feijoo declaró ante Pollicita que Adorni acordó pagarle otros US$65.000 por fuera de lo escriturado, según trascendió desde fuentes al tanto del expediente.

El vínculo de Adorni con Feijoo habría nacido en el colegio al que concurren los hijos de ambos. El hombre de 36 años, dueño de una constructora, aseguró a elDiarioAR que que las operaciones con Adorni “están en regla” y que “no hay nada raro”. Este medio también reveló que el desarrollador inmobiliario visitó a Adorni en Casa Rosada, en octubre de 2025, un mes antes de la operación de la calle Miró 550.

La venta del departamento de Parque Chacabuco es clave para las cuentas de Adorni porque tiene dos deudas encima: el inmueble fue hipotecado a dos mujeres policías por US$100.000, quienes aseguraron ante la Justicia que el funcionario aún les debe US$70.000, a pagar hacia fin de año. Adorni, además, tiene que cancelar los US$200.000 que le prestaron las dos jubiladas que le vendieron el inmueble de Caballito.

Según el aviso de la inmobiliaria, el departamento tiene “4 ambientes con dependencia, con una superficie cubierta de 140 m² y total de 200 m², incluyendo un cerramiento tipo quincho de 25 m² y una terraza propia de 40 m², con toldo y aberturas de aluminio con DVH”.

“El departamento se encuentra en muy buen estado general, reciclado con materiales de calidad y pensado para el confort”, señala la oferta. “Tiene aberturas DVH en todos los ambientes, pisos de porcelanato y flotantes, puertas blindadas Pentágono principal y de servicio, y una distribución funcional”, amplía.

Según los detalles del aviso, el inmueble cuenta con:

“El edificio es de buena categoría, con mantenimiento constante y expensas acordes a los servicios que ofrece. Posee disponibilidad de cocheras en alquiler”, cierra el aviso. Las expensas cuestan $500.000.

MC

En al menos dos oportunidades desde diciembre de 2023, Javier Milei se reunió con el director de La Nación, Fernán Saguier. Una transcurrió en malos términos y concluyó en un precario acuerdo, y la segunda comenzó con cierta compostura y derivó en una brusca expulsión del editor, acompañado por agentes de seguridad, con la advertencia de que no volvería a pisar el despacho presidencial.

Hacia fin de 2024, con un año en Casa Rosada, el Presidente ultraderechista creía ver una campaña en su contra en el diario conservador. Las páginas de La Nación se dividían entre una inocultable adhesión al Ejecutivo en sus editoriales y algunas columnas de opinión, matices o marcada distancia en otras, y una agenda informativa crítica, sobre todo en la sección política. En cambio, el canal de noticias de la familia Saguier, LN+ —en el que Luis Majul ocupa espacios centrales y tuvo peso en la programación—, exhibía un oficialismo bastante homogéneo, que satisfacía el exigente paladar gubernamental.

Milei protestaba en público y apuntaba específicamente contra Julio César Saguier, presidente del directorio de La Nación, de perfil conservador y encargado de las relaciones empresariales y políticas. “Los esbirros de Julio César Saguier tienen la orden de dar siempre una visión negativa”, posteó el Presidente el 27 de octubre de 2024. “JC, sé que te caigo mal, pero así es la democracia”, apostilló al día siguiente.

De acuerdo a dos fuentes independientes entre sí, Majul ofició de intermediario de los encuentros. La primera información sobre una cita conflictiva en Olivos fue dada por el periodista Roberto Navarro, en El Destape. Consultado por este medio, Majul negó haber hecho alguna gestión. Una versión indica que un tercer encuentro entre Milei y Saguier ocurrió en el despacho de éste en el quinto piso del edificio de La Nación, en el municipio de Vicente López, pero no pudo ser corroborada.

El único ingreso de Saguier a Casa Rosada está registrado el 29 de noviembre de 2024, a las 13.15, y quien habilitó la entrada por Balcarce 24 fue Manuel Adorni.

Por esos días, La Nación cuestionaba a Milei por la no sanción de la denominada “ficha limpia” —ahora reflotada—, que procuraba impedir las candidaturas de procesados y condenados por corrupción. Se trataba de una agenda por la que el macrismo decía luchar desde hacía años, y que los Saguier asumieron como propia. El contrapunto sobre el tema rompió el sesgo oficialista de los editoriales de la anteúltima página. “Ganó la ficha sucia”, sentenció la opinión institucional del diario.

La tormenta del primer encuentro se desató apenas Milei tuvo enfrente a Saguier. Con gritos y acusaciones, el Presidente exigió renuncias de cinco miembros del staff: el periodista de investigación y prosecretario de redacción Hugo Alconada Mon, los columnistas políticos Carlos Pagni, Joaquín Morales Solá y Jorge Fernández Díaz, y la periodista de economía Florencia Donovan. De todos ellos, Donovan era la que más había tratado con Milei, antes de su ascenso político.

La molestia de Milei abarcaba desde informaciones que consideraba motivadas por intereses espurios o prejuicios ideológicos, opiniones por las que se sentía ofendido y meros matices en el abordaje económico. El Presidente ya había bloqueado e insultado a Alconada Mon en Twitter. A diferencia de un agravio frecuente disparado a los periodistas de política del diario (“ensobrados amarillos”), lo despreciaba por “socialista”. A esa altura, Alconada Mon había informado sobre los pagos irregulares a Milei del Banco Provincia, durante la gestión provincial de Daniel Scioli, y las inversiones en Miami y los subsidios estatales gozados por Beto Milei, padre del mandatario. En el caso de Pagni, el reproche mayor era que supuestamente había puesto en duda su salud mental en charlas reservadas ante inversores, lo que el mandatario asumió como un agravio irreparable. Además, entre opiniones en general matizadas sobre el Gobierno, Pagni puso el foco en Leonardo Scatturice y Pablo Otero (“el Señor del Tabaco”) como empresarios con terminales en despachos clave del Ejecutivo, otro factor que le ganó la ira presidencial y de Santiago Caputo.

Saguier no cedió al reclamo. “Gracias, pero la decisión sobre quiénes integran la redacción es mía”, le dijo a Milei. A cambio, le tendió un puente: firmar columnas mensuales en el diario. La reunión concluyó a las 14.25 con un principio de acuerdo. Se concretaron tres notas con la firma presidencial, fechadas el 3 de enero, 7 de febrero y 8 de marzo de 2025.

Aunque como consecuencia del turbulento encuentro hubo alguna regulación en cuanto a los tiempos de ciertas informaciones, el rumbo periodístico del medio insignia de los Saguier continuó con una agenda incómoda para el oficialismo en la sección política, alimentada por las coberturas de la presunta criptoestafa $LIBRA, las probables coimas del 8% en la Agencia de Discapacidad y los enriquecimientos de José Luis Espert y Manuel Adorni. Los matices permanecieron en la agenda económica y los editoriales del diario y el prime time de LN+ se afirmaron como trincheras oficialistas. Suele darse que ciertos segmentos de la pantalla televisiva parecen al menos disimular las ofensas del Presidente a periodistas del diario.

Si bien la dirección de La Nación corresponde a Fernán Saguier —psicólogo de profesión, con experiencia como corresponsal en Estados Unidos—, el peso del abogado Julio César se refleja en los textos de los editoriales. El presidente del directorio tiene llegada fluida a jueces y fiscales de Comodoro Py, y es interlocutor privilegiado del mundo de los negocios y la Asociación Empresaria Argentina. En cuanto a los otros hermanos, el ingeniero industrial Luis se ocupa de los números de la empresa, el arquitecto Alejandro se encarga de temas logísticos y la docente Florencia encabeza la Fundación La Nación. La sexta hermana, María Luz Saguier, se dedica al negocio agropecuario y el transporte de cargas.

La siguiente reunión entre Milei y Fernán Saguier fue a solas en la primavera del año pasado, por la mañana. Una de las fuentes la situó en septiembre de 2025 en Olivos, la otra no lo precisó.

El director de La Nación se encontró con un Presidente afable, que tenía preparada una carpeta con recortes y notas impresas que le habían resultado agradables. Un dato saliente es que Milei portaba el mameluco de YPF que viste cuando juega con sus perros. En un momento, volvieron a surgir los nombres de Pagni y Alconada Mon, y Milei salió de sí. Increpó al visitante y se refirió a ambos periodistas como “sorete” e “hijo de puta”, términos cotidianos en su léxico. Saguier apenas pudo pronunciar palabra, hasta que el mandatario lo echó y lo hizo acompañar por la seguridad: “No vas a volver a pisar este lugar mientras yo sea Presidente”. El director del diario conservador salió con la impresión de que le habían tendido una celada, sólo para que escuchara la furia de Milei.

El “kiosquito” y los Macri

Así como el inquilino de Casa Rosada atribuye toda mirada no complaciente que se esboza en el multimedios Clarín al objetivo empresarial de que Telecom termine de absorber Telefónica, también apunta a intereses económicos y políticos de los Saguier para administrar su agenda. “El Presidente le dejó claro que La Nación defiende su kiosquito”, dijo una voz gubernamental.

Aunque los negocios del Grupo La Nación son por montos menores que los de Clarín, un apellido exacerba la prevención en Milei: Macri.

Durante años, periodistas y empresarios como Jorge Lanata, Daniel Vila (A24, La Red, América TV) y Jorge Fontevecchia (Perfil) atribuyeron a Mauricio Macri la propiedad en las sombras de LN+. En el Gobierno renacieron las suspicacias ante una agenda adversa que se filtra en ciertos segmentos del canal desde febrero pasado.

Un hito que marcan en el oficialismo es la concesión por diez años del predio de Costa Salguero a una sociedad entre Clarín y La Nación. Esas hectáreas privilegiadas sobre el río de la Plata estuvieron históricamente ligadas a empresarios cercanos al PRO, y acaban de ser asignadas por el Gobierno de Jorge Macri al duopolio informativo. El canon ofrecido por los ganadores fue inferior al de su competidor en la licitación, Eduardo Elsztain, empresario de excelente vínculo con los Milei. Sin invertir en infraestructura, Clarín y La Nación ya están anunciando muestras en Costa Salguero (rebautizada como BA Ferial) a partir del invierno, que dejarán de llevarse a cabo en La Rural de Palermo, predio explotado por IRSA, la firma de Elsztain.

Otro tema en la agenda de la pelea entre el Gobierno y La Nación es la remodelación del Luna Park. El diario de los Saguier viene informando profusamente sobre el supuesto daño en el patrimonio arquitectónico del mítico estadio que supondría la obra que propone llevar a cabo la empresa DF Entertainment. En la lectura del Ejecutivo, los accionistas de La Nación —que pugnaron por la licitación por el Luna Park— procuran evitar a toda costa la construcción de un microestadio que compita con el Movistar Arena, propiedad de los Saguier. El histórico estadio de box del Bajo porteño pertenece al Arzobispado, pero en la divisoria de aguas, DF Entertainment quedó cerca de Milei.

A ello se refirió el Presidente en una de sus últimas ofensivas. “Basura inmunda” le disparó Milei a Jorge Liotti, principal columnista dominical de La Nación y jefe de la sección política. “Obviamente estas mentiras están avaladas por editores delincuentes y dueños de moral cuestionable”, abundó. En Casa Rosada tradujeron esa frase como una alusión al negocio del Luna Park, otro “kiosquito”.

El mismo día de ese agravio, La Nación publicó un editorial titulado “Preservar el programa, proteger a Milei”. El texto, elogioso hasta lo empalagoso de las políticas económica y exterior del Gobierno ultraderechista, pareció sugerir que era necesario desprenderse de Adorni, a quien no mencionó. Consideró imperioso bloquear el regreso del peronismo porque, de lo contrario, “nos hundiremos en lo más profundo de un décimo círculo donde Dante Alighieri hubiera puesto a los países fallidos e irrecuperables”.

Un texto enjundioso que reencuentra a las fraternidades Saguier y Milei.

Sin embargo, como nada parece ser suficiente, horas más tarde, el Presidente apuntaría otra vez a Pagni en una carrera ilimitada por la ofensa. Por una confusión menor durante el programa “Odisea”, en LN+, sobre el mes de inicio del mandato ultraderechista, Milei arremetió: “delincuente mal parido”.

SL

slacunza@eldiarioar.com

Entrevistado el jueves por la noche en la radio española Cadena SER, Axel Kicillof describió un cuadro ruinoso de la Argentina de Milei y apeló a palabras de la actriz Dolores Fonzi para alertar sobre los riesgos de un avance de la ultraderecha ibérica (Vox o PP de Isabel Díaz Ayuso): “Vengo del futuro”.

El periodista preguntó: “Ante esto que sucede en Argentina, la izquierda, ¿qué puede ofrecer para volver a ser competitiva?”. La escena se repitió en la entrevista con el director de elDiario.es, Ignacio Escolar, reproducida en esta edición. “¿Qué hicieron mal los gobiernos de izquierda en Argentina para que alguien como Milei pudiera alcanzar la presidencia?”, consultó.

Para el gobernador bonaerense, el abordaje en términos ideológicos clásicos le suena más familiar que a cualquier dirigente peronista de primer orden, desde su vida universitaria —cuando era de izquierda no peronista— hasta su reelección como gobernador, en 2023, cuando apeló al eslogan “derecha versus derechos”.

En el diálogo con la radio, Kicillof comenzó a responder, pero enseguida se vio en la necesidad de aclarar. “Bueno, es una discusión. Lo que hace el peronismo, el campo popular —nosotros llamamos izquierda a partidos más pequeños, de origen trotskista— es una propuesta electoral, pero antes que eso, en el marco del desorden mundial que tenemos, presentar una alternativa que dé respuestas y una perspectiva”.

La aclaración del gobernador no es una mera cuestión taxonómica ante la ubicuidad histórica del peronismo. Representa, más bien, un desafío sobre una existencia política —para resumir, “el kirchnerismo”— en disputa, y ello constituye un problema en una era que demanda identificaciones claras. Hoy, en el despacho de La Plata, hablan con cierta naturalidad de un proyecto “peronista de izquierda”, aunque ponen el freno de mano para no herir susceptibilidades, no sólo entre los adversarios internos y gobernadores con los que tarde o temprano habrá que negociar, sino también entre algunos kicillofistas, como Andrés “Cuervo” Larroque, poco apegado a esas definiciones.

De Javier Milei se pueden decir muchas cosas, pero su vocación y arrojo por definir un perfil inequívoco está fuera de duda desde el primer minuto que piso un estudio de televisión, hace ya una década. Quiso ser ultra y lo sostuvo mucho más allá de lo que algún asesor de marketing le hubiera aconsejado.

Con el peronismo nacional pasa lo opuesto desde hace una década: no se sabe qué es. Del Daniel Scioli presidenciable de 2015, nadie puede aventurar si hubiera gobernado muy distinto de Mauricio Macri. El candidato era ambiguo y terminó siendo un farsante. ¿Cuál de los Sergio Massa conocidos estaría hoy en Casa Rosada si hubiera obtenido el mínimo margen que le faltó para ganar en la primera vuelta de 2023? Hubo un peronismo ganador, el de 2019, con los Fernández al mando, pero tampoco se sabe qué intentó hacer.

Del Daniel Scioli presidenciable de 2015, nadie puede aventurar si hubiera gobernado muy distinto de Mauricio Macri. El candidato era ambiguo y terminó siendo un farsante

Devaneos y escondidas

Fuera de las fronteras argentinas, los devaneos sobre el lugar ideológico del peronismo se resuelven con simplicidad, por razones de tiempo y espacio. Para la prensa internacional, Kicillof y Cristina son “peronistas de izquierda”; Menem y Pichetto, “peronistas de derecha”, y Massa, pragmático. Lula en Brasil, Gabriel Boric en Chile, Elly Schlein en Italia, Pedro Sánchez en España, Yamandú Orsi en Uruguay, Gustavo Petro en Colombia, Claudia Sheinbaum en México, el SPD en Alemania, el laborismo británico y un largo etcétera se afirman en “la izquierda”, la “centroizquierda”, o “el progresismo”. Tienen recorridos disímiles y posiciones incluso opuestas ante determinados temas; hay moderados y radicales; liberales y populistas; varios tienen competencia por izquierda, aunque a todos los une la identificación de un rival o enemigo: la derecha y sus versiones extremas.

Todos los nombrados estuvieron presentes en la cumbe anti ultraderecha de Barcelona, convocada por Sánchez, que terminó ayer por la tarde. Kicillof mantuvo encuentros con buena parte de ellos, y más de uno le dio un trato de postulante presidencial. “No soy candidato”, aclaró el gobernador ante la confusión generalizada. No le creyeron.

La aversión a la identidad de “izquierda” encuentra ecos diversos en el peronismo. Por empezar, es el estandarte del máximo “peronista de Perón” y a la vez uno de los peronistas con menos votos y, sugestivamente, más minutos de streaming, Guillermo Moreno. Hasta hace poco, Miguel Ángel Pichetto —cuando combatía a bolivianos, paraguayos, mapuches e iraníes, votaba las leyes que proponía Milei y reclamaba a Macri que no cediera protagonismo— vetaba a Kicillof por “comunista”. Es el mismo lugar en el que lo ubican las profusas pantallas de la ultraderecha.

En el cristinismo —reconciliado con Moreno y Pichetto— arriesgan un argumento asombroso, alguna vez hecho público por su líder. “Izquierda y derecha son conceptos eurocéntricos”, impropios de América Latina. La idea barre con la historia del continente y la del propio peronismo, un siglo de enseñanza en la universidad pública y el lenguaje político de varios países de la región. A su vez, somete al cristinismo a tropezarse con sus contradicciones.

El Partido Justicialista (PJ) acaba de enviar una delegación de una docena de personas al encuentro organizado por la “Movilización Progresista Global” (MPG), cuyo objetivo fue “ofrecer una alternativa necesaria a las fuerzas conservadoras y de extrema derecha”. Nada de esa terminología parece seducir demasiado a quienes rodean a la expresidenta.

Entre foto y foto, y panel y panel, la delegación del PJ no se cruzó con la bonaerense en los pabellones del predio ferial FIRA, en L’Hospitalet de Llobregat, afueras de Barcelona. Habrá sido todo un desafío evitar un pantallazo ocasional que encontrara a rostros de ambas facciones en el mismo encuadre.

Kicillof estuvo acompañado por su mano derecha y ministro de Gobierno, Carlos Bianco, la ministra de Comunicación, Jésica Rey, y la parlamentaria del Mercosur Cecilia Nicolini. La Provincia afrontó el costo de los cuatro pasajes. La organización MPG cursó tres invitaciones al PJ. En una muestra de gran ecumenismo, fueron asignadas por Cristina a las camporistas Soledad Magno, Lucía Cámpora y Valentina Morán.

El senador Eduardo “Wado” de Pedro, quien supo cultivar una red de relaciones internacionales y es el “progre” más nítido del cristinismo, fue intitulado como presidente de la delegación del PJ. Pagó sus pasajes y estadía de su bolsillo, y regresó con dos fotos con alto valor simbólico para su sector. Lula y Sheinbaum posaron con un cartel “Cristina Libre”. Además de alertar sobre los “peligros” de Milei, la denuncia de la “proscripción” de la exmandataria era un objetivo de principal para la comitiva oficial peronista, indican cerca de De Pedro.

La representación punteada por Cristina incluyó a los diputados Eduardo Valdés, Nicolás Trotta, Lorena Pokoik y Roxana Monzón, el intendente de Merlo y secretario de RRII del PJ, Gustavo Menéndez (pareja de Monzón), la economista Delfina Rossi y el parlamentario del Mercosur Franco Metaza. Jorge Taiana —cercano a Kicillof— fue anotado inicialmente en el listado del PJ, pero declinó. Sí apareció por los pasillos del FIRA de Barcelona el abogado de Cristina Gregorio Dalbón. Abordó a Sheinbaum al paso y se llevó como premio un video en reclamo de la libertad de su representada.  

La concurrida delegación del PJ para una conferencia que no resulta del todo amigable para la narrativa cristinista estuvo motivada en la voluntad de impugnar a Kicillof. Máximo Kirchner denuncia un juego individualista y victimista del gobernador, por lo tanto, no obediente del liderazgo de Cristina, y un escamoteo del reclamo por la libertad de la exmandataria.

Sobre la no obediencia, no hay mucho por agregar. “Sería totalmente absurdo presentarnos con la consigna ‘Cristina Libre’ como eje central en un encuentro de este tipo. Corresponde denunciar el autoritarismo y los abusos judiciales contra Cristina, pero una convocatoria para organizar una resistencia internacional ante la ultraderecha no es el ámbito para que ésa sea la bandera central del gobernador”, dice una voz próxima a Kicillof.

Aunque ambas comitivas manifiestan haber dado testimonio de una variante de la ultraderecha en su caracter más extremo —como perfilan a Milei—, en el eje Patria-Cámpora interpretan que el objetivo de Kicillof consistió en poner un peldaño en su candidatura presidencial, y no mucho más.

Distancia

El gobernador se apresta a encarar una precampaña presidencial con dos premisas. “Viene advirtiendo a nuestros dirigentes del peligro de creer que Argentina necesita las mismas políticas de Milei, pero con buenos modos. Hay que terminar con políticas que crean pobreza, matan a la industria, desfinancian a las universidades y generan deuda externa; no es sólo una cuestión de insultos, que por supuesto están mal”, cita la fuente bonaerense.

El segundo pilar permite avizorar la magnitud de la brecha que se abrirá con el kirchnerismo ortodoxo en los próximos meses. Va a dejar claras posiciones contrarias a las de Milei, pero también marcará diferencias con los doce años de Néstor y Cristina, anticipan. Así planteado, en el mundo de Cristina, que sólo se habilita un recuerdo idílico de aquellos años, será concebido en términos de traición. Kicillof es consciente “de las respuestas que dejamos de dar”, sobre todo —pero no sólo— desde 2019, argumentan en su entorno.

Un abordaje analítico, menos comprometido con la interna partidaria, sostiene que los trazos ideológicos no deben formar parte de una propuesta peronista “porque no les interesan a los votantes”. Son —sostiene la mirada pragmática de los asesores— “ajenos” a las preocupaciones de los hogares, a los que se supone más atraídos por temas vinculados a su salario, la calidad de su trabajo, la escuela de los pibes, el precio de la boleta de gas y el transporte público.

Cualquier 'postureo', sea progre o neoliberal, genera irritación en cuanto es detectado

La mirada tiene algún parentesco con el “antiwokismo”, no necesariamente por la voluntad de restaurar definitivamente el machismo, llenar de petróleo los glaciares, gritar libremente contra los bolivianos y combatir las transexuales, si no para evitar distraer la atención de los asuntos centrales, que serían los del ingreso.

Hay un sustrato de realidad en que nadie ganaría una elección meramente por decirse de “izquierda” o de “derecha”, menos si se lo hace bajo la forma de la impostura. Más bien, cualquier “postureo”, sea progresista o neoliberal, genera irritación en cuanto es detectado. Una “feminista” que milite por la “e” inclusiva y, al mismo tiempo, maltrate a su secretaria y fomente medidas que redundan en rebajas salariales y mayor informalidad en las empleadas del hogar, o, por derecha, un honestista que dispare contra los políticos como una “casta de ladrones” y manotee todo lo que tiene a mano para acumular propiedades y millas en avión privado lo pagará caro.

Algo de eso se ha visto, pero esa aversión no dice mucho sobre la inconveniencia de asumir un discurso con componentes ideológicos, que siempre están, aunque no se los explicite. La hipocresía y la corrupción son mal vistas, bajo cualquier ideología.

El corto alcance de los realpolitikers a ultranza es que no conciben la elaboración de un texto político que aborde el gran relato de “vivir mejor” —porque el trabajo no está en peligro y el sueldo alcanza— y que ello conforme un todo con los “pequeños relatos”, como evitar la contaminación del río, que millones de personas puedan asumir su sexualidad sin ser oprimidos, las mujeres no padezcan violencia machista, se denuncie el genocidio en Gaza aunque ocurra a 12.000 kilómetros y el Nunca Más siga confrontando al terrorismo de Estado. No existe ningún motivo para disimular luchas que —bien leídas— van de la mano de la “recomposición del ingreso de los hogares”.

Como primer paso, ello significa plantarse ante la reacción conservadora, sin inhibiciones ante zócalos de la tele, editoriales, pronunciamientos de ONG y bullying en redes sociales. Y luego, la huida de una identidad de “izquierda” parece más una exageración del análisis y una sumisión ante el estigma que se configura desde aparatos de derecha, que una demanda real de los trabajadores precarizados, quienes podrán no conducir su vida con un libro de Noam Chomsky en la mano, pero tampoco saldrán corriendo si alguien promete fomentar la igualdad a través de un impuesto a la riqueza o combatir el gatillo fácil contra adolescentes. La propuesta exige, claro está, pericia para explicarla y llevarla a cabo, y capacidad de resistir las represalias.

A sus 80 años, alguien que tiene algo para decir al respecto es Lula, y lo dijo ayer en su presentación en Barcelona.

“Estoy ante cinco mil personas que se identifican como progresistas. Siempre, la política se dividió en dos campos: de un lado, los que piensan que los individuos se sobreponen a la colectividad; y los otros, los que creen que el bienestar de cada uno depende de la garantía de una vida digna y decente para todos.

Esa división ya tuvo muchos nombres: derecha, izquierda, conservador y progresista, pero el extremismo impone un nuevo desafío. El campo progresista logró avanzar en la agenda de los derechos. La situación de los trabajadores, de las mujeres, de las personas negras y de muchas minorías es mejor hoy que lo que fue en el pasado. No es una coincidencia que la reacción de los jueces reaccionarios viniera de forma tan violenta, con la misoginia, el racismo y el discurso de odio. Pero el progresismo no logró superar el pensamiento económico dominante. El proyecto neoliberal prometió prosperidad y entregó hambre, desigualdad e inseguridad. Provocó crisis tras crisis. Aún así, nosotros sucumbimos a la ortodoxia; hemos sido los gerentes de las miserias del neoliberalismo. Los gobiernos de izquierda ganan las elecciones con discursos de izquierda y creen en la austeridad. Desistimos de políticas públicas en nombre de la gobernabilidad, nos transformamos en el sistema; por eso no nos sorprende ahora que el otro lado se presente como el 'antisistema'.

El primer mandamiento para los progresistas tiene que ser la coherencia. No podemos elegirnos con un programa e implementar otro. No podemos traicionar la confianza del pueblo, aunque buena parte de la población no se vea como progresista. Ella quiere lo que nosotros proponemos: quiere comer bien, vivir bien, con escuelas de calidad, con hospitales de calidad; una política climática seria y responsable; una política de medio ambiente sana; un mundo libre y saludable; un trabajo digno, con jornada laboral equilibrada y también con un salario que permita una vida cómoda.

La extrema derecha supo aprovechar el malestar de esas poblaciones, aprovechó la frustración de las personas inventando mentiras: hablando de las mujeres, de los negros, de la población LGBTQ+, de los inmigrantes. Es decir, utiliza a las personas que más necesidades tienen para servir al discurso de odio. Nuestro rol es apuntar con el dedo a los verdaderos culpables: un puñado de multimillonarios que concentra la mayor parte de la riqueza mundial. Ellos quieren que las personas crean que 'cualquiera puede hacerlo'. Alimentan falacias de la meritocracia, pero patean la escalera para que otros no tengan la misma oportunidad de subir. Ellos pagan menos impuestos —o nada—, explotan a los trabajadores, destruyen la naturaleza y usan el algoritmo. Entonces, la desigualdad no es un hecho, es una elección política. Y nosotros, ¿qué debemos elegir? La igualdad".

slacunza@eldiarioar.com

SL

Corrección: En la veresión original, fue incluido Jorge Taiana como uno de los asistentes al encuentro de Barcelona. Se trató de un error.

Luis Caputo explicó que los funcionarios que accedieron a alguna de las hipotecas del Banco Nación suman apenas 0,2% de los 27.000 receptores de esos créditos a baja tasa, por lo tanto, su insignificancia anula la sospecha de delito. Es una forma de medirlo; hay otras. Por ejemplo, la que apunta un ministro de una provincia aliada del oficialismo. “Metieron a la mitad de la consultora Anker en esos créditos”.

El funcionario provincial se refiere a la consultora boutique que encabezaban Caputo y Santiago Bausili. Cuando fueron convocados por Javier Milei, en diciembre de 2023, el primero se hizo cargo del Ministerio de Economía, el segundo, del Banco Central (BCRA), y los economistas del staff pasaron a ocupar despachos oficiales.

El listado de beneficiados con hipotecas del banco público —a una tasa entre la mitad y un tercio de la de una entidad privada, mayor cobertura sobre el precio de la vivienda y menores exigencias en cuanto a ingresos del solicitante— incluye a unos doce funcionarios del Poder Ejecutivo.

De ellos, tres trabajaron para Anker, y están entre quienes recibieron los préstamos de mayor monto, no sólo entre los otorgados a funcionarios, sino entre los 27.000 clientes a los que aludía Caputo.

Encabeza el listado el ex-Anker y actual director del Banco Central Juan Pedro Inchauspe, quien cosechó $509 millones en diciembre pasado, según el sitio “Cuánto Deben”, del analista Andrés Snitcofsky, que sistematizó la información. Otro responsable de la consultora y actual secretario de Finanzas, Federico Furiase, recibió $367 millones en agosto de 2025. Le siguió Felipe Berón, exanalista en la firma de Caputo-Bausilli y actual segundo de Furiase, con $362 millones.

Del resto de los economistas de Anker —Caputo, Bausili y el director del BCRA Martín Vauthier— no hay registro de que hubieran aprovechado la gran oportunidad de endeudarse a la tasa subsidiada del Nación, al menos a su nombre.

En cambio, sí lo hicieron más hombres del Ministerio de Economía: Matías Mana, subsecretario de Relaciones Financieras Internacionales (otro en la línea Furiase, $243 millones) y Juan Manuel Garzón (subsecretario de Programación Macroeconómica).

El foco mayor se colocó sobre Felipe Núñez, asesor de Caputo y director del BICE. Juntó $373 millones en febrero de 2025. Toda una contradicción con sus provocaciones en redes sobre el cierre del Banco Nación, al que definía antes de ocupar su función actual como “una cueva de acomodados políticos que lo único que sirve es para timbearse los ahorros de la gente para salvar a inviables”.

Inusualmente apichonado para quien suele actuar como un matón virtual, Núñez mintió en el streaming fascistoide Carajo. Antes de acudir al medio preferido del equipo económico, Núñez se hizo asesorar por un abogado y leyó: “No hicimos nada moral ni ilegal, fuimos como cualquier hijo de vecino a sacar un crédito a la misma tasa y plazo que puede sacar todo el mundo. Nuestras familias se endeudaron a 30 años”. Se abstuvo de pedir que le agradecieran.

A su lado, Furiase explicó lacónico —ajeno a su novedosa preferencia por la provocación— que su préstamo fue para comprar “una segunda vivienda, y no tercera como se dijo por ahí”. Se refirió a la información dada por Alejandro Bercovich en C5N, quien mostró la suntuosa casa que Furiase compró en el barrio privado Los Pilares e informó que sus ingresos se multiplicaron en febrero, cuando pasó a cobrar honorarios como director de Aeropuertos Argentina, la empresa encabezada por Eduardo Eurnekián en la que el Estado es accionista. Con los al menos $10 millones que ganará por una tarea a la que no dedicará ni un minuto al mes, el secretario podrá afrontar la cuota de la hipoteca sin problemas.

Furiase –era director del BCRA cuando recibió el préstamo– y otros receptores de Anker probablemente deban explicar ante tribunales la tentación en la que incurrieron en momentos en que contaban con información privilegiada sobre el comportamiento de las tasas y supervisaban las condiciones del crédito.

El hecho de que más de la mitad de los funcionarios de alto rango del Poder Ejecutivo que recibieron un crédito del Nación pertenecieran a las inmediaciones de la oficina de Caputo explica la pelea en sordina que se desató esta semana entre el titular de Hacienda y colegas del gabinete.

La lista de libertarios que recibió un crédito es extensa. Como informó este diario, durante unos meses de 2025, se desató un radiopasillo en varios ministerios para sacar un crédito del Banco Nación y ofertas “te paso el contacto”. Las fuentes calculan en decenas entre las segundas líneas de su entorno que se endeudaron, entre asesores, directores y jefes de gabinete con menos nombre que los sesenta que salieron a la luz entre los tres poderes del Estado, con una clara preponderancia de integrantes de La Libertad Avanza.

Sandra Pettovello sobreactuó al fulminar a su jefe de gabinete, el radical Leandro Massacessi, receptor de $439 millones. La ministra de Capital Humano se quejó de que no le había avisado y lo echó. En la particularísima escala ética de la amiga y contenedora psicológica de Javier Milei, otros hipotecados entre funcionarios que la rodean no merecieron reparo, apunta una fuente de Economía. En la cartera de Caputo vieron en Pettovello una aprovechamiento político para desmarcarse al costo de exponer al staff de Anker, a riesgo de generarles un frente judicial.

¿Qué piensa sobre este asunto el líder cuya lógica de razonamiento y sus principios tienen encandilado a todo el elenco gobernante?

En un diálogo en penumbras con dos fans emitido por la TV Pública, Milei se hizo preguntas referidas a los créditos del Banco Nación: “Haber tomado un crédito, ¿mató gente? No”. Siguió: “¿Alguien perdió la libertad por esto? Tampoco”. Abundó: “¿La tasa es la tasa de mercado? Afirmativo. No violentaste la propiedad privada”.

Esa secuencia de preguntas condensa problemas de diverso orden. Primero, intelectual. No hay forma de que una persona que comprende de qué se trata atine a interrogantes tan absurdos. Luego, en relación con la verdad, conflicto esencial en el Mundo Milei. La tasa para primera vivienda del Banco Nación para el público en general es el doble del 4,5% que rige en la línea de créditos a la que accedieron funcionarios de Economía que hace dos años gozaban con la idea de cerrar el banco “prebendario”. No fue “tasa de mercado”.

El conflicto con la verdad del Presidente remite a un aspecto que parece haberse instalado como motor del Gobierno ultraderechista: la amoralidad. No asoma una convicción ética que priorice unos valores sobre otros, aunque sean polémicos, o que dé lugar a un prisma rector para todo el Gobierno. Prevalece una ausencia de toda moral, que da lugar a un cúmulo de comodines ramplones para tratar de justificar o esconder lo que haga falta, con lo que surja en el momento, sin línea de razonamiento o reparos sobre el procedimiento.

La presunción de corrupción sistemática que refleja el caso ANDIS y el 3% para Karina, la organización de una aparente estafa desde el propio despacho presidencial expresada por $LIBRA, la pulsión por comprar propiedades y viajar en aviones caros de los Adorni o la avivada de casta por excelencia que reflejan los créditos de Banco Nación demuestran un menú variopinto de podredumbre que tiene entretenido al Gobierno, al punto de paralizarlo en aspectos básicos de la administración.

Se suma a ello otro plano identitario del ascenso del Soez. Para Milei, el insulto y la grosería forman parte de la necesidad de “llamar a las cosas por su nombre”, hablar “sin hipocresía” para denunciar el latrocinio de la casta o, en sus términos, “políticos de mierda”. El éxito electoral del ultra tuvo un correlato en las pantallas de canales de noticias, columnas de opinión, redes, humoristas y streamings fascistoides.

Los últimos episodios de canales como Carajo –cada vez con menos audiencia– muestran a esas voces no ya para apuntar a quienes ellos consideran infrahumanos (por trabajar en el Estado, ser científico, feminista, zurdo o gay), sino para el goce del latrocinio propio. Una variante todavía de alta difusión no se preocupa por negar lo evidente, sino por decir que los anteriores fueron peores. Otra vez, la amoralidad.

Todo esto ocurre mientras millones de personas no pueden viajar en colectivo a trabajos en los que ganan menos en términos reales que hace cinco meses o tres años, otros millones están impedidos de atenderse con el médico de PAMI porque el instituto de salud de los jubilados entró en un déficit inmanejable, y unos cuantos millones más viven bajo el agobio de lidiar con escuelas, hospitales, universidades y programas de asistencia amputados por la motosierra. Todo ese mal vivir cotidiano encuentra al Gordo Dan vomitando agravios que perdieron gracia y al Presidente haciéndose entrevistar por una lista de periodistas tan restrictiva, que más temprano que tarde se reducirá a un único nombre posible: Luis Majul.

Maniatado

Se desató una guerra con Irán. La acción del Estado argentino fue limitarse a las palabras “apoyo total”, “vamos a hacer todo lo que pida Estados Unidos”. La adhesión irrestricta viene en combo con el pegoteo con Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí con pedido de arresto por crímenes de guerra e investigado por genocidio.

Semejante grandilocuencia pavloviana impide atender un aspecto tan básico como el desfasaje generado en los costos del transporte público a raíz del aumento del petróleo derivado de la crisis en el Golfo Pérsico. El precio de viajar en el área metropolitana triplicó el aumento de la inflación desde que asumió Milei, mientras trenes, subtes y colectivos no cesaron de recortar servicios. Se viaja más caro y peor.

Entre otras razones, el Gobierno está maniatado para, por ejemplo, intervenir en el mercado de combustibles, porque el dogma económico lo impide. Con las capacidades del Estado acechadas o abandonadas, los organismos de control resignan capacidad para exigir cumplimientos y auditar costos. Tampoco es posible aumentar los subsidios para mitigar el alza, porque la persistente caída de la recaudación producto de la recesión resta recursos al Estado, que profundiza los recortes y acelera la retracción del consumo.

¿Sorprendidos?

slacunza@eldiarioar.com

SL

Manuel Adorni suma una nueva opacidad en el registro de sus bienes. En una declaración jurada patrimonial presentada en marzo de 2025 ante el Tribunal Electoral de la Ciudad de Buenos Aires, el jefe de Gabinete omitió consignar la casa de fin de semana en el country Indio Cua, incorporada cuatro meses antes a nombre de su esposa, Bettina Angeletti. Debió hacerlo, porque se trató de un bien ganancial.

El 29 de marzo de 2025, el entonces vocero presidencial y candidato a primer legislador por la Ciudad de Buenos Aires por La Libertad Avanza informó sus bienes ante el Tribunal Electoral, requisito establecido para todos los postulantes.

La declaración incluyó el 50% del departamento en la avenida Asamblea 1132, de Parque Chacabuco —compartido con Angeletti—, y el 100% de una casa en La Plata, ambas anotadas por valores fiscales exiguos. Además, consignó depósitos bancarios que sumaban unos $50 millones. A grandes rasgos, el documento coincide —si bien es mucho más escueto— con lo informado a la Oficina Anticorrupción en 2024, cuando Adorni presentó una declaración similar como secretario de Comunicación del Gobierno de Javier Milei.

La ley electoral de CABA, en su artículo 104, es nítida: “La declaración jurada patrimonial debe contener una nómina detallada de todos los bienes, créditos, deudas e ingresos, tanto en el país como en el extranjero, propios y gananciales, del declarante”.

Los bienes gananciales son aquéllos “creados, adquiridos por título oneroso o comenzados a poseer durante la comunidad por uno u otro de los cónyuges”, según el código civil y comercial. Por si quedara alguna duda, el inciso cuatro del artículo 104 de código electoral porteño especifica que el candidato debe consignar cualquier bien del que tenga “posesión, tenencia, uso, goce, usufructo por cualquier título, motivo o causa”, aunque no esté a su nombre.

La obligación de Adorni de declarar la casa en el Indio Cua Golf Club, ubicado en Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires, era ineludible, según contadores, fuentes del Tribunal Electoral y legisladores de la Ciudad consultados por elDiarioAR. Escriturada el 15 de noviembre de 2024 a nombre de Angeletti, se trataba de un bien ganancial.

No cabe la hipótesis de que la casa de Indio Cua fuera adquirida por Angeletti mediante la venta de algún bien propio previo al matrimonio, el producto de una explotación comercial individual u otra excepción a lo que se considera “ganancial”. La vivienda en cuestión, tal como declaró el miércoles la escribana Adriana Nechevenko ante el fiscal Gerardo Pollicita en Comodoro Py y se constata en el registro de la propiedad inmueble, fue comprada a través de una hipoteca de US$100.000 sobre el departamento en común de Adorni y Angeletti en la calle Asamblea 1132. La trazabilidad del carácter ganancial del bien está expuesta en la hipoteca, indica un contador con clientes entre legisladores de diferentes partidos.

“Un bien adquirido por uno de los cónyuges es considerado ganancial, más allá de quién figure como titular, salvo excepciones establecidas en la ley. Ante la duda, mi consejo profesional es que las declaraciones juradas son una oportunidad para consignar bienes gananciales, para evitar inconvenientes posteriores”, dice el contador, que prefiere no revelar su identidad.

En la presentación del jefe de Gabinete ante el Tribunal Electoral porteño, no figura ni la casa en Indio Cua, ni la deuda hipotecaria sobre el departamento de Asamblea, ni ninguna otra deuda, pese a lo prescripto en el código electoral de la Ciudad.

Adorni no respondió la consulta de este medio. Una fuente oficial sugirió que la omisión podría deberse a que la casa del barrio privado está a nombre de Angeletti, y deslizó que podría haber sido anotada en un anexo confidencial presentado ante el Tribunal Electoral, sin precisiones. La ley electoral porteña estipula que la confidencialidad se restringe a números de cuentas o identidad de acreedores y deudores, no a bienes gananciales.

Total normalidad

Transcurridas tres semanas a los tumbos, sin capacidad de respuesta sobre la notable evolución patrimonial de Adorni, el Gobierno se apega a una secuencia para explicar que “todo es legal”.

Por un lado, el testimonio del exfutbolista Hugo Morales, vendedor del departamento de Miro 550, barrio de Caballito, y los documentos entregados por la inmobiliaria Rucci coinciden en que la operación se concretó por US$200.000, en mayo de 2025. Como se trata de un precio muy inferior al de mercado e incluso al publicado por Rucci para esa propiedad en febrero de 2024 (US$340.000), la explicación es que el departamento se encontraba en mal estado y necesitaba refacciones.

Meses más tarde, las jubiladas Beatriz Viegas y Claudia Sbabo les vendieron el departamento a Adorni y Angeletti por US$230.000, y les otorgaron un préstamo hipotecario por US$200.000.

Como informó este diario, el jefe de Gabinete dijo a los Milei que la hipoteca de su nuevo departamento sería saldada con la venta del anterior, en Asamblea 1132, todavía en veremos. En cuanto al misterioso préstamo de las jubiladas vendedoras, el argumento fue que una de ellas, Viegas, es la madre de un supuesto amigo de Adorni, de quien el miércoles se conoció el nombre: Pablo Martín Feijoo. Este desarrollador inmobiliario está, a su vez, a cargo de la venta de la unidad en Parque Chacabuco.

Sobre la casa en Indio Cua, la escribana Nechevenko dijo en la fiscalía que ella misma contactó a otras dos mujeres, policías de profesión, que actuaron como prestamistas para la adquisición. “Un mutuo que se hace regularmente”, dijo la fuente gubernamental.

Las incongruencias saltan a la vista, más allá del bajo precio del semipiso en la calle Miró.

El departamento en el que vivían los Adorni en el barrio de Parque Chacabuco está hipotecado en una parte de su valor, por US$100.000 —usados para comprar parte de Indio Cua—, y se supone que del producto de su venta también saldrán los fondos para afrontar la compra de la unidad en Caballito. La vivienda en avenida Asamblea está ofrecida a US$290.000, un precio muy superior al que pagó por Miró, que tiene mayor superficie y se encuentra en un edificio y un barrio de marcado mayor valor.

El incremento patrimonial de la sociedad Adorni-Angeletti comenzó pocos meses después de la asunción de los Milei en la Presidencia.

Ello combina con gastos mensuales sucesivos de más de $10 millones con tarjeta de crédito, la compra del vuelo privado a Punta del Este, con ida el 12 de febrero pasado y regreso cinco días más tarde (a un costo, según Adorni, de US$3.800, y según lo facturado, de US$9.000), más el pasaje de Angeletti de regreso de Nueva York en marzo por US$5.154.

Desde que elDiarioAR informó sobre el vuelo privado a Punta del Este y Adorni se mostró imposibilitado de dar explicaciones, el Gobierno insiste en que la renovación de la declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción, prevista para el 30 de mayo, aclarará todas las dudas.

Dado que el sueldo de Adorni era algo superior a $3 millones hasta diciembre de 2025 y de unos $7 millones desde febrero, la clave para entender la suma de propiedades y gastos exorbitantes de la pareja seguramente surgirá del presunto éxito fulgurante de la consultora BE, dedicada al coaching ejecutivo y de vida, fundada por Angeletti a mediados de 2024.

Al parecer, desde entonces se acumularon cuantiosos ingresos producto de convenios de BE con empresas vinculadas a negocios estatales. Es una de las hipótesis que manejan en el juzgado federal de Ariel Lijo y la fiscalía de Pollicita.

slacunza@eldiarioar.com

SL/CRM

El departamento del segundo piso de Asamblea 1132, en el que vivieron Manuel Adorni y su familia durante más de una década, se transformó en un comodín que multiplica su valor en el entramado de bienes del jefe de Gabinete.

Quien mostró el departamento de Parque Chacabuco “un par de veces” a interesados y se declara a cargo de la venta es Pablo Feijoo, hijo de Beatriz Viegas, una de las dos mujeres a las que Adorni y Bettina Angeletti compraron la vivienda en Miró 550, Caballito.

En diálogo con elDiarioAR, Feijoo se plegó a la versión de que las operaciones “están en regla” y “no hay nada raro”, tal como sostiene Adorni. El registro de ingresos a Casa Rosada constata que el desarrollador inmobiliario de 36 años visitó a Adorni en octubre de 2025, un mes antes de la operación de Miró.

Feijoo es el “Pablo” a quien el exfutbolista Hugo Morales mencionó como el comprador del departamento de Miró en mayo de 2025 a US$200.000, pese a que la inmobiliaria Rucci lo había publicado quince meses antes a US$340.000. Según declaró Morales en sede judicial y ratifican responsables de Rucci, en el momento de la escritura se presentó la madre del interesado, Viegas, y una allegada a ésta, Claudia Sbabo. Seis meses más tarde, las dos mujeres vendieron el departamento de Miró a Adorni y su esposa a US$230.000.

Si bien el amigo de Adorni prefirió no abundar sobre sus negocios y su papel, trascendió que es directivo de la desarrolladora TJS Group y de la constructora Avda SRL, y tiene como socio Leandro Miano, quien sería familiar de Sbabo.

Ante la inquietud generada por la concesión de una hipoteca de parte de Viegas y Sbabo por el 87% del valor del departamento de Miró, la versión de Adorni fue que se trataba de la madre de un amigo. La escribana Adriana Nechevenko confirmó la naturaleza de ese vínculo porque “los hijos (de Adorni y Feijoo) van al mismo colegio”.

Adorni necesita que la venta se concrete antes de noviembre, cuando deberá pagar el capital de US$100.000 prestado para Indio Cua, más los US$200.000 que quedaron pendientes ante la madre y otra familiar de Feijoo por la hipoteca de Miró

El departamento de Asamblea fue hipotecado en noviembre de 2024, y con esos fondos, el jefe de Gabinete y Angeletti compraron la casa en el barrio privado Indio Cua. La escritura fue anotada a nombre de la esposa del funcionario.

A su vez, la promesa de pago de la hipoteca de Viegas y Sbabo por Miró fue contra la venta de Asamblea, de tal manera que ese bien serviría para pagar una casa en un country que tiene expensas por $700.000 y un departamento con expensas por $1 millón. Como parámetro de valor, la vivienda de Asamblea registra expensas por $500.000. El contraste con el semipiso de Miró tanto por la categoría del edificio como por la cotización del barrio —Caballito—, es evidente.

Feijoo afirmó que el carácter de hipotecado del departamento de Asamblea no obstaculizará la venta y ello será constatado por el escribano que intervenga.

La escribana Nechevenko declaró ante la fiscalía de Franco Picardi que acercó las prestamistas de US$100.000 a Adorni y Angeletti —dos mujeres policías— para la compra de la casa de fin de semana en Indio Cua contra la hipoteca de Asamblea. El plazo de pago es dos años y paga un interés de 11% anual.

El intermediario se negó a responder más allá de las características del departamento de Asamblea, y afirmó que brindará las explicaciones requeridas por la fiscalía de Picardi.

Desde que fue publicada, sólo dos interesados visitaron la propiedad de Asamblea 1132.

Adorni necesita que la venta se concrete antes de noviembre, cuando deberá afrontar el capital de US$100.000 prestado para Indio Cua, más los US$200.000 que quedaron pendientes ante la madre y otra familiar de Feijoo por la hipoteca de Miró.  

slacunza@eldiarioar.com

SL / NB

“Tenés que sacar un crédito del Nación. ¿Querés el contacto?”. La voz, segunda línea en un ministerio, narra el diálogo de un año atrás y da cuenta de un reparto que define como “una locura” de los préstamos hipotecarios del principal banco público, ése que Javier Milei propuso cerrar o privatizar. “Lo ofrecían por los pasillos”, recuerda ahora, cuando en los despachos oficiales repasan de memoria quiénes aceptaron y quiénes se perdieron la oportunidad.

La cartera más comprometida es —una vez más— la de Luis “Toto” Caputo. Allí se anotan como receptores el secretario de Finanzas, Federico Furiase (US$280.000), y el asesor y director del BICE, el picante Felipe Núñez (US$315.000), entre otros. Una y otra vez, se demuestra que un plantel “exitosísimo” en el mundo privado llega a la función pública y exprime al Estado. En este caso, se hace entregar un crédito a tasa subsidiada, que cubre un porcentaje de la “primera vivienda” mucho más alto que cualquier entidad privada.

Si pueden y quieren, los tribunales deberán evaluar si los créditos a decenas de funcionarios y diputados transfugas al oficialismo cumplieron con las exigencias de ingresos, o si se trató de un favoritismo a la hora de darles prioridad sobre ciudadanos de a pie, o nada de eso. El listado de violetas que usufructuaron la línea del Banco Nación habla por sí solo de la anormalidad en curso.

En el Palacio de Hacienda se vive un clásico: tirria contra Sandra Pettovello, la ministra de Capital Humano que se desprendió de su jefe de Gabinete, Leandro Massacessi, apenas veinte minutos después de leer un tuit que lo sindicaba como beneficiario de una hipoteca del Banco Nación por unos US$ 300.000. Pettovello le pidió explicaciones por teléfono al hijo del “Menem Rubio” Horacio Massacessi, éstas fueron insatisfactorias y dispuso su despido inmediato.

“Los dejó reexpuestos a todos, están recalientes”, razona un testigo de la pelea con Caputo. Ayer, inmerso en la realidad paralela en la que se autopercibe domador del universo, Milei se desgañitaba en X para aclarar que el despido del jefe de Gabinete de Pettovello nada había tenido que ver con el crédito del Banco Nación, contra lo obvio explicado por el propio expulsado y por múltiples fuentes oficiales.

La rivalidad entre Pettovello y el ministro de Economía se remonta a comienzos de la gestión ultraderechista, cuando la ministra trataba de destrabar partidas urgentes para asistencia social, salud y educación, y se encontraba con la negativa tajante de su colega, porque “no hay plata”. Aquellos tironeos derivaron en al menos una renuncia de la ministra, finalmente retirada.

Núñez o el jefe de campañas digitales de Casa Rosada, Juan Pablo Carreira (Juan Doe, US$76.000), caen bajo el mismo tipo de daño autoinfligido que padece Manuel Adorni. Fueron tan agraviantes, abusaron tanto de la injuria y la calumnia, que ahora, cuando quedan expuestos por avivadas, corruptelas o corrupción a gran escala, se acumularon los enemigos y son pocos los dispuestos a dar la cara por ellos. Señalados por los vecinos del consorcio del edificio al que se mudaron o los tribunales, nada los incrimina tanto como el goce expresado en redes ante el dolor social generado por la motosierra.

Aunque los oficialistas beneficiados con los créditos que detectó el diseñador gráfico y experto en datos Andrés Snitcofsky pertenecen a las distintas tribus, el escándalo no escapa a la interna. Unos trataban de hilvanar explicaciones y otros buscaban salir por arriba, con imposturas que decían no entender “qué está mal” de solicitar un crédito.

La misma fuente gubernamental antes citada acotaba ayer: “Qué barato le está saliendo a Darío Wasserman. ¿Por qué nadie lo nombra?”. Se trata del presidente del Banco Nación, responsable principal de un esquema de créditos canalizado por el método de la casta voraz enquistada en el Estado. Además de administrador de una pauta publicitaria generosa, Wasserman es esposo de Pilar Ramírez, una ex filocamporista que se volvió inseparable de Karina Milei, la terminal donde conducen casi todos los indicios de corrupción en el Gobierno del Soez.

Territorio Mahiques

El martes tuvo lugar una reunión clave y reveladora entre el nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y ocho de los nueve jueces de la Cámara de Casación Federal. El único ausente entre los magistrados fue Alejandro Slokar, quien prefirió ahorrarse la foto de una cita convocada sin agenda. En un dato elocuente, el lugar central en la foto protocolar lo ocupó el décimo participante del encuentro, Santiago Viola, el viceministro de Justicia, proveniente de la línea SIDE y otro de los adoptados por Karina.

El comienzo de la cita tuvo un tono emotivo. El más veterano de los jueces, Carlos Mahiques, no es el presidente de la máxima instancia penal del sistema judicial, pero ofició como anfitrión. Se mostró movilizado por el hecho de ser visitado por el ministro Juan Bautista. No fue ni de cerca el primer encuentro semipúblico del que participan padre e hijo. Por caso, ambos compartieron el inolvidable viaje a Lago Escondido organizado por el Grupo Clarín, en 2022, periplo de lujo que incluyó a jueces, espías, directivos del conglomerado mediático y funcionarios del entonces gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta.

La filtración oral y escrita del Telegram del grupo de Lago Escondido, en plena efervescencia por esconder el hecho, alumbró el papel de Mahiques padre caracterizado por la irascibilidad y la promesa de venganza, mientras que a Mahiques hijo le tocó pergeñar el invento de “una facturita” para justificar gastos y el diseño para trasladar la investigación a Comodoro Py, donde consiguió un éxito rotundo meses después, cuando la causa fue archivada.

Mahiques padre se juega mucho en las próximas semanas. En noviembre próximo cumple 75 años, edad de retiro para los jueces, pero Javier Milei quiere que permanezca en esa silla. La conexión con el ministro será fundamental en la instancia penal por la que pasan todas las investigaciones de corrupción de funcionarios nacionales y que además interviene en los procesos inferiores, reasignando causas entre juzgados, separando jueces, vetando pruebas o atrayendo expedientes a Comodoro Py.

El 3 de febrero, el Gobierno envió al Senado el pedido para extender el acuerdo de Mahiques padre hasta sus ochenta años, lo que tiene altas chances de prosperar. El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) ya impugnó el proyecto. Esa organización menciona los antecedentes de Lago Escondido y el festejo de la familia Mahiques en el predio de la AFA como razones para que el patriarca efectivice su jubilación de una vez por todas, pero se basa en un argumento de mayor peso.

En 2013, Mahiques fue designado por concurso como juez de la Cámara de Casación Penal (fuero ordinario, no federal). Tras un interregno como ministro del Gobierno de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, Mahiques volvió a tribunales, pero fue trasladado por decreto de Mauricio Macri a la estratégica Casación federal, sin concurso, en 2017. Al año siguiente, ante las quejas por esa práctica de la que abusó el Ejecutivo de Cambiemos, el Senado votó el nombramiento, pero —recuerda INECIP— ello no salva la falta de concurso establecida en la ley. En esa línea, la extensión del mandato de Mahiques con la que ahora pretenden premiarlo los Milei sería la prolongación de una ilegalidad. Si el Senado consigue los 37 miembros que levanten la mano, les tocará al Presidente y a Mahiques hijo firmar la extensión. Otro brindis emotivo.

El encuentro en la sala de Acuerdos de Casación Federal no fue sólo camaradería, emoción y protocolo. El juez Guillermo Yacobucci —otro veterano del fuero— aprovechó para reforzar la idea de que no es necesario completar las cuatro vacantes de la Cámara (son trece asientos y hay nueve ocupados). Según dos fuentes al tanto del contenido de la reunión, varios de sus colegas y el ministro Mahiques celebraron la idea, que podría materializarse en un proyecto de ley para reducir el número de integrantes del tribunal o, más sencillo, con la simple inacción del Ejecutivo. Si no propone a nadie, las sillas siguen vacías. Son varios los jueces de Casación que enfrentaron pedidos de juicio político, algunos de ellos con mucho cuerpo, pero todos fueron anulados o hibernados. Mejor dejar todo como está y ganan todos.

El frente de Casación Federal parece despejado con la influencia de los Mahiques, mientras la Corte Suprema reducida a tres miembros tampoco presenta mayores problemas para el Gobierno ultraderechista. Ninguno de los supremos supone un desafío para los deseos de Karina, y la mala relación entre los cortesanos contribuye a neutralizar algún intento individual de salirse del guion.

Más abajo, en la segunda y primera instancia del fuero criminal federal de la Ciudad de Buenos Aires, parece estar en curso un tránsito desde un esquema que en la última década y media pareció orbitar en el macrismo, sea por adhesión ideológica o comunidad de intereses, a otro de impronta mileista. Hasta ahora, el Ejecutivo de La Libertad Avanza convivió a gusto con esa trama dominada por la mesa judicial constituida en el Gobierno de Macri, estamentos tradicionales del fuero federal y la SIDE. Algo está cambiando bajo la dirección de la dupla Mahiques-Viola. Una terminal propia permitiría a los Milei moverse con soltura sin tener que pedir lealtades prestadas.

Vetos

Los movimientos alcanzan a la Cámara Federal, dividida en dos salas de tres miembros cada una. Martín Irurzun también tiene 74 años y aspira a lograr una extensión de su designación como camarista federal. Uno de los más veteranos de Comodoro Py y considerado afín a la UCR, fue el autor de la doctrina que sirvió para encarcelar a varios funcionarios de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, bajo el argumento del peso residual que podrían conservar para entorpecer el proceso judicial. El concepto se restringió exclusivamente a funcionarios peronistas, que pasaron meses y años en la cárcel sin sentencia. La relación con el macrismo de Irurzun, considerado propio por la UCR, fue inmejorable, pero por algún motivo —acaso ése— el tándem Mahiques-Viola no muestra intenciones de enviar al Senado la solicitud de extensión del mandato.

Milei tiene la oportunidad de congelar la foto actual de Casación, designar a tres de los seis jueces que integran la Cámara Federal porteña, unos cuantos de la primera instancia, además de magistrados federales en todo el país.

Meses atrás, Irurzun tuvo una intervención que dio que hablar en el expediente de las presuntas coimas asociadas a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), conocida como “el 3% de Karina”. En línea con las defensas de los lobistas y empresarios imputados, el camarista puso el foco en la necesidad de constatar la legalidad de los audios del amigo de Milei Diego Spagnuolo. El argumento está en el aire y podría definirse en los próximos días.

A la vacante que dejaría Irurzun en la Cámara, se podrían sumar las de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. Ambos fueron trasladados, en 2018, sin concurso por Macri a Comodoro Py, al igual que Mahiques padre, pero sin siquiera contar con el acuerdo posterior del Senado. La Corte Suprema ya estableció que su designación fue ilegal, aunque permitió su permanencia hasta que la Cámara alta nombre a sus reemplazantes. En el edificio de Retiro se narra que el hoy viceministro Viola les hizo la cruz por su intervención en un expediente de inteligencia ilegal contra el juez Sebastián Casanello. Bruglia y Bertuzzi votaron por procesar a Viola, quien oficiaba como abogado de los hijos de Lázaro Báez y había armado una operación con sello de la SIDE. El interinato de Bruglia y Bertuzzi se da por acabado.

De tal manera que Milei tiene la oportunidad de congelar la foto actual de Casación, designar a tres de los seis integrantes de la Cámara Federal porteña, unos cuantos de la primera instancia, además de jueces y fiscales federales en todo el país.

Apellidos permanentes

El concepto de “familia judicial” es más viejo que la democracia argentina. Hay un montón de Mahiques en diferentes cargos judiciales. Por aludir a otro apellido ya mencionado en la nota, el camarista de Casación Yacobucci —un juez muy receptivo a los pedidos de las defensas de los represores de la dictadura— tiene a su hijo, Ignacio, como secretario de la vocalía de su colega Javier Carbajo. La endogamia es ley, pero se avizora una nueva escala.

En la primera tanda de 62 propuestas de designación de jueces, fiscales y defensores oficiales, Mahiques se propuso agrandar la familia. Entre ellos, el hijo del fallecido fiscal ultramenemista y macrista Germán Moldes, Juan Andrés Moldes, para cubrir un puesto de juez penal económico; Ana María Juan, esposa de Marcelo Martínez de Giorgi, el juez federal que tiene paralizada la causa $LIBRA, como titular de un juzgado federal en Hurlingham; y Emilio Rosatti, hijo del supremo Horacio Rosatti, para el Tribunal Oral Federal de Santa Fe. De unos cuarenta jueces propuestos en esta instancia, al menos el 10% tienen relaciones de parentesco primario con apellidos de primer orden de la magistratura.

Los problemas de Emilio Rosatti con el alcohol —en dos oportunidades, 2021 y 2022, fue hallado al volante con más de 2 gramos de alcohol en sangre, unas cinco veces lo permitido, en caminos de su provincia, Santa Fe— y una denuncia por un divorcio turbulento que en el pasado lo obligaron a retirarse de un concurso, parecen zanjados para la vara moral de los hermanos Milei.

Una voz con peso en Comodoro Py define el mapa que quedará con los movimientos, remociones y designaciones que lleva adelante la sociedad Mahiques-Viola. “Con un promedio de edad de unos cincuenta años y horizonte de jubilación a los 75, se están asegurando un cuarto de siglo de dominio de Comodoro Py mediante un clan asociado al Gobierno”.

Procesión sin resurrección

En el corto plazo, los reacomodamientos en curso dejan capítulos a dilucidar. Uno de ellos es la investigación por las coimas en ANDIS. El fiscal Franco Picardi, quien instruyó una primera parte de la causa que derivó en 19 procesamientos, acaba de solicitar otras treinta indagatorias. El juez Ariel Lijo recibió en febrero la causa de manos de su colega Sebastián Casanello y debe decidir ahora si da curso a las indagatorias en una causa que, si escala, tocaría las puertas de la Presidencia.

Entre Martínez de Giorgi y el fiscal Eduardo Taiano tienen estaqueada la investigación por la criptoestafa $LIBRA, pero las pruebas difundidas por medios periodísticos que apuntan directamente a los hermanos Milei son tan contundentes, que enterrar ese expediente no será tan fácil.

Cada vez que sale un posteo con la foto y a Adorni le surge otra propiedad, otro viaje, otra trapisonda.

En cuanto a José Luis Espert y el financiamiento por parte de un presunto narco, la causa está radicada en un juzgado federal de San Isidro. El último movimiento del exdiputado fue para mudar la investigación a Comodoro Py.

La causa que aportó más color y efervescencia en las últimas semanas es la de los gastos desmesurados y la expansión de bienes de Adorni, verdadero monotema puertas adentro de Casa Rosada. Sin voz, el exvocero y jefe de Gabinete petrificó su sonrisa para sacarse selfies con ministros que se acercan para mostrarle su apoyo y darle el pésame. Cada vez que sale un posteo con la foto y a Adorni le surge otra propiedad, otro viaje, otra trapisonda.

El miércoles deberá prestar declaración testimonial la escribana Adriana Nechevenko, en apariencia, la armadora del pase de manos, hipoteca sospechosa y subfacturación del departamento en la calle Miró 550, barrio de Caballito, y de la casa en el country Indio Cua. El fiscal Gerardo Pollicita, en quien Lijo delegó la investigación, prepara más citaciones a testimoniales para encontrar la punta del ovillo. Dilucidar los pasos de Lijo en pleno reacomodamiento de Comodoro Py y tras haber sido rechazado para ocupar una silla en la Corte Suprema despierta múltiples elucubraciones en despachos oficiales.

Nechevenko conoce bien a Adorni, a quien frecuentó en Casa Rosada. Tienen un punto en común. El jefe de Gabinete no pagó las expensas de enero, febrero y marzo de la calle Miró, por lo que acumula una deuda de $3 millones. Nechevenko, por su parte, debería siete meses de expensas en su oficina del edificio de Luis Sáenz Peña 259, unos $2,2 millones.

El jefe de Gabinete designó abogado en la causa por los vuelos a Punta del Este y el presunto enriquecimiento ilícito. Su letrado es Matías Ledesma, hijo de un juez que condenó a las Juntas militares. Entre varios clientes famosos, Ledesma representó a Rosatti en un juicio por enriquecimiento ilícito en Santa Fe, que no prosperó, y a Silvio Robles, mano derecha de Rosatti en su vocalía de la Corte Suprema. En este caso, lo defendió por su indebida asesoría a Marcelo D’Alessandro, ministro de Justicia de Larreta y pasajero de Lago Escondido, en el marco de una disputa entre Nación y Ciudad. Para sorpresa de nadie, la causa tampoco avanzó.

El hijo de Robles es el community manager de Martín Menem.

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Javier y Karina Milei se ocuparon de difundir este miércoles que la confianza en Manuel Adorni sigue intacta y que permanece “inamovible” como jefe de Gabinete. Ante el cúmulo de cabos sueltos que aparecen a diario sobre su incremento patrimonial y gastos desmesurados, el Presidente y su hermana trataron de escenificar algo parecido a la normalidad y le armaron una agenda de reuniones con ministros para delinear “la recta final de la segunda etapa de Gobierno”.

Detrás de la retórica grandilocuente, nadie en el Ejecutivo da crédito a esa pantalla de “crisis superada”, otro de los conceptos que surgió de las entrañas oficialistas. Todos en el Gobierno —incluidos los Milei— saben que la situación de Adorni se define día a día, al calor de las propiedades y los gastos que se van conociendo, las sospechosas transacciones y la causa judicial en Comodoro Py que con alta probabilidad tendrá al funcionario indagado más temprano que tarde.

Uno de los últimos datos que alimentó la presunción de ilegalidades en el ascenso económico de Adorni es que las dos mujeres que figuran como prestamistas de US$200.000 para concretar la compra del departamento en la calle Miró 550 del barrio de Caballito parecen no conocer al jefe de Gabinete. Beatriz Viegas, jubilada de 72 años, negó algún vínculo con Adorni, así como haberle concedido un crédito hipotecario, en un diálogo a través de un portero eléctrico con el periodista de La Nación Ignacio Grimaldi. Una mujer que atendió el celular de la otra prestamista en partes iguales, Claudia Sbabo, de 64 años, también dio a entender que no estaba al tanto de la operación.

De acuerdo a datos consignados en el registro de propiedad de la Ciudad de Buenos Aires, Viegas y Sbabo compraron la unidad de 200 m2 en Miró 550 al exjugador de fútbol Hugo Morales, a un precio de US$200.000, en mayo de 2025. Ambas vendieron el departamento a Adorni siete meses más tarde a cambio de US$230.000. Los valores consignados se ubican en la mitad del precio por metro cuadrado en esa zona de Caballito.

Los Milei le habían pedido a Adorni que agotara la información sobre los pormenores de su patrimonio, para evitar enterarse por la prensa de novedades inexplicables. Ante la versión de que las mujeres no conocían a Adorni, éste debió volver a responder preguntas ante la cúpula del Gobierno, pudo constatar este diario. El jefe de Gabinete les explicó al Presidente y a la secretaria general que una de las mujeres, Viegas, es la madre de un amigo, y que Sbabo es familiar de la primera.

De esta manera, el jefe de Gabinete se apresta a desmentir la versión publicada en La Nación, y también tratará de anular otra presunción que circuló en los últimos días: que Viegas y Sbabo no se conocen entre sí.

Adorni dice ahora que la hipoteca concedida será saldada con la venta del departamento en la avenida Asamblea, en Parque Chacabuco, cerca de la nueva propiedad en la calle Miró. Otra anomalía es que el precio publicado por la unidad de 191 m2 en Asamblea, US$ 289.000, es sustancialmente más alto que el abonado por Miró, pese a que esa zona de Caballito es bastante más cara.

El jefe de Gabinete insiste en que tanto la propiedad en Caballito como la casa en el barrio privado Indio Cua, en Exaltación de la Cruz, adquirida en 2024 y anotada a nombre de Angeletti, formarán parte de la declaración jurada a ser presentada el 30 de mayo. Allí también deberá dar cuenta de un nuevo automóvil, un Jeep Compass Sport de 2021, que adquirió sin haber vendido el anterior. “Los números cierran”, insistió una fuente que escuchó las explicaciones de Adorni.

El presunto enriquecimiento ilícito que investiga el fiscal federal Gerardo Pollicita incluye el flujo de gastos, como el vuelo a Punta del Este en un avión privado entre el 12 y el 17 de febrero junto al amigo Marcelo Grandio, por el que uno de ellos o entre ambos oblaron cerca de US$9.000. Desde que este diario publicó la información, el 11 de marzo, Adorni se adentró en un galimatías para explicar su vida dispendiosa del que no pudo salir.

No es el único viaje bajo la lupa de la fiscalía federal, que quedó a cargo de la causa por delegación del juez Ariel Lijo. Hay otros vuelos de Adorni y Angeletti a playas de la región que llamaron la atención de Pollicita, supo elDiarioAR de fuentes con acceso al expediente. El destino en cuestión no es Hawaii, como circuló este miércoles.

Aunque Adorni no parece tener margen para recuperar la palabra en el corto plazo, los Milei creen que podrán dar vuelta la página con la apertura de nuevos debates, siempre y cuando no aparezcan más propiedades y gustos suntuarios. Las encuestas sobre el caso difundidas hasta ahora son demoledoras para la imagen del jefe de Gabinete.

Como sea, el operativo “olvido” deberá superar el escollo judicial, que comenzó a paso firme. Como anticipó este diario, la escribana Adriana Nechevenko, quien parece una figura clave en el armado de las compras de Adorni y Angeletti, fue citada a prestar declaración testimonial el 8 de abril. Ya pasaron por el juzgado de Lijo otros testigos vinculados al vuelo a Punta del Este y la lista de convocados por Pollicita promete crecer.

Una vez superada la primera ronda de testigos y con la documentación recabada en allanamientos y pedidos de informe, será el turno de las indagatorias.

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