Federico “Fred” Machado llegó a un acuerdo con la fiscalía federal del distrito Este de Texas, mediante el que se declara culpable de lavado de dinero y fraude, según documentos presentados este martes ante un juzgado de la ciudad de Sherman, este de Texas.

Tras pasar seis meses en prisión en el penal del condado de Cimarrón, estado de Oklahoma, Machado intenta así lograr un drástico acortamiento de la pena. El fiscal Jay Combs dejaría caer la imputación por narcotráfico, uno de los delitos por los que se lo acusó inicialmente en 2020.

La defensa de Machado aspira a que el tribunal compute los cuatro años que permaneció en prisión domiciliaria en las afueras de Viedma, provincia de Río Negro, tras ser detenido en Bariloche en abril de 2021. El acuerdo con el fiscal Combs no especifica una pena, aunque la expectativa del entorno del exfinancista de José Luis Espert es que recupere la libertad en cuestión de meses o pocos años.

Una vez en libertad, el objetivo de Machado sería regresar a Argentina, donde tiene planeado hacer negocios. Sus conexiones empresariales son cuantiosas. En su época dorada, el empresario vendió cerca de cien aviones en el país, entre otros, al exgobernador y actual senador de Salta Juan Carlos Romero, al fallecido banquero Jorge Brito, y a las famlias Neuss, Frávega y Bada Vidal (Lácteos Vidal). Es amigo de personalidades como Juan “Pico” Mónaco, se entrevistó con gobernadores y transportó a figuras del espectáculo, el deporte y los medios de comunicación.

El argentino, dueño de la firma de aviación South Aviation y un protagonista central del negocio aéreo privado en lo que va del siglo, fue extraditado desde Argentina a Estado Unidos el 5 de noviembre, luego de que este diario informara detalles sobre su vínculo económico con Espert. El socio político de Javier Milei recibió aportes del empresario en su campaña presidencial de 2019, de entre US$200.000 y US$2,5 millones, según fuentes muy próximas a aquel armado electoral. Un registro de una transferencia de US$200.000 realizado en enero de 2020, publicado por elDiarioAR y Perfil en septiembre pasado, terminó de comprobar la relación. A partir de allí, tras días vertiginosos, Espert debió abandonar la candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y la política en general, y se aceleró la extradición de Machado.

La acusación contra Machado y su socia, Debra Lynn Mercer-Erwin, incluía narcotráfico a gran escala desde países de Centroamérica y el norte de Sudamérica a Estados Unidos, un extremo que el argentino siempre negó. Mercer-Erwin, en cambio, se declaró culpable por ese delito y recibió una condena de 16 años de prisión en 2023. Ambos se valieron de un fideicomiso para inscribir aviones con licencia estadounidense, una herramienta por la que circularon cientos de millones de dólares.

Machado se declaró culpable de haber formado una asociación para lavar dinero mediante transacciones financieras que procuraban ocultar el origen, la propiedad y el control de los fondos, indican los documentos presentados este martes. También admite haber cometido un fraude.

En un caso intrincado, que contiene más de 20 terabytes de documentación, entre correos electrónicos, transferencias y registros financieros, y propiedades y movimientos comerciales en media docena de países, la hipótesis de un juicio oral suponía para Machado el riesgo de enfrentar décadas en la cárcel.

El empresario argentino se declaró culpable de haber formado una asociación para lavar dinero mediante transacciones financieras que procuraban ocultar el origen, la propiedad y el control de los fondos, indican los documentos presentados este martes. También admitió haber cometido fraude, que es uno de los núcleos de la acusación.

Druante unos veinte años, Machado se presentaba como el puente para la compra-venta de aviones privados, y habría utilizado decenas de millones de dólares de inversores para otros fines, que el acuerdo no especifica.

El pacto con la fiscalía debe ser homologado por el juez federal de Texas Amos Mazzant. Según las prácticas de los tribunales estadounidenses, la probabilidad de corroborar el acuerdo entre la fiscalía y el acusado es alta.

Entre los detalles clave que falta dilucidar, es el grado de cooperación de Machado. Es probable que haya suministrado o prometido nombres de otros involucrados e ingenierías financieras que permitieron el fraude.

El frente Espert

Espert, por su parte, enfrenta una acusación en un juzgado federal de San Isidro, cargo de Lino Mirabelli. El fiscal Fernando Domínguez encontró indicios de lavado de dinero para la compra de propiedades e ingresos de dinero inexplicables. Aquella transferencia de Machado a Espert realizada en enero de 2020, con el supuesto objetivo de pagar una consultoría para una mina de Guatemala, fue el disparador que permitió detectar una trama de la que Espert se habría enriquecido en los últimos años.

La expectativa del exdiputado —“el profe” para Milei— era que el acuerdo de Machado lo liberara de la sospecha de lavado. Luego de negar un vínculo comercial con el empresario de los aviones durante años, una vez que el pago de US$200.000 salió a la luz, Espert adujo que se trató de un contrato real para auditar las finanzas de Minas del Pueblo, en Guatemala, pese a que el economista no contaba con ningún antecedente en la materia. Con la documentación incautada por Domínguez, Espert no pudo negar que el acuerdo con Machado era por US$1 millón, del que se habría pagado una cuota. No hay ningún elemento que haya demostrado que la asesoría técnica se llevara a cabo, lo que alimenta la hipótesis del delito.

Con la admisión de culpabilidad de Machado, el frente judicial para Espert se ensombrece. Dado que el empresario reconoce haber lavado dinero, la transferencia de cientos de miles de dólares al exdiputado de ultraderecha podría haber sido un eslabón de ese delito.

Días atrás, el exdiputado hizo una presentación en el expediente para trasladarlo a los tribunales federales de Comodoro Py, en Capital Federal. La petición fue rechazada en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi, donde tramita una causa surgida en 2021, luego de que Machado fuera detenido en Bariloche, a pedido de un tribunal de Texas.

slacunza@eldiarioar.com

SL

El expediente de Manuel Adorni acumula datos de propiedades, refacciones, préstamos de jubiladas y viajes que disparan la sospecha, pero hay otra cuenta reconstruida que concita la atención en funcionarios judiciales de Comodoro Py: gastos mensuales consecutivos de entre US$18.000 y US$ 20.000.  

Ese monto, que sólo se refiere a la parte en blanco de una familia con alta propensión a gastar en efectivo y sin factura, quintuplica el sueldo que Adorni comenzó a ganar en febrero de 2026, de $5,5 millones (USD 3.900) en mano, y decuplica los $2,7 millones (USD 1.900) que obtenía hasta enero. Con ese panorama, una fuente clave, al tanto de los pormenores del expediente, da cabida a la hipótesis de un delito con pena no excarcelable (5 a 22 años): lavado de activos.

Comprobantes obtenidos en allanamientos, requerimientos a bancos y oficinas públicas o aportados por testigos indican que la familia Adorni-Angeletti afronta mensualmente erogaciones por unos $2,5 millones de expensas (USD 1.700) entre el departamento de Caballito en el que vive, el de Parque Chacabuco que está a la venta, otra unidad en La Plata y la casa en el barrio privado Indio Cua en Exaltación de la Cruz, norte de Buenos Aires. A ello se suman montos fijos de servicios, seguros, tasas e impuestos sobre las propiedades y la camioneta Jeep Compass adquirida en 2024, la cuota del colegio de los dos hijos ($ 1,6 millones o USD 1.100), y resúmenes de tarjeta de crédito que, en los últimos 24 meses, tuvieron un piso de $10 millones en septiembre de 2024 y un máximo de $22millones en el mismo mes de 2025.

La estrategia del abogado de Adorni, por ahora, es el silencio, como quien evita dar un paso en falso, porque no sabe qué más se va a encontrar

El 10 de abril, el juez federal Ariel Lijo levantó el secreto bancario, financiero y fiscal de Adorni, su esposa, Bettina Angeletti, la firma AS Innovación Profesional, propiedad de ambos, y +BE, de la mujer.

Según la fuente citada, la suma de gastos que, tomados por separado, no llamarían la atención en una familia de ingresos medios-altos, es una vía por la que Adorni trataría de dar “apariencia de legitimidad” a ingresos que provendrían de un delito precedente.

El complemento de esos resúmenes pagados en el banco serían los viajes a Aruba, Punta del Este, Llao Llao, Gualeguaychú, Madrid y Nueva York, realizados desde 2024, por al menos US$30.000. En el rubro turístico, la familia del jefe de Gabinete abonó en efectivo y, cuando pudo, en negro. No se trata de un gasto mensual, pero sí habitual para el nivel de vida que Adorni y Angeletti decidieron darse.

El funcionario no respondió una consulta de este medio sobre sus gastos mensuales.

Con la mira en el notable incremento patrimonial, el fiscal Gerardo Pollicita, a cargo de la instrucción de la causa, maneja la hipótesis de enriquecimiento ilícito como principal delito.

Desde diciembre de 2023, Adorni y Angeletti sumaron a su patrimonio una casa en Indio Cua escriturada a US$120.000, a la que le agregaron US$245.000 en refacciones; un departamento en la calle Miró, Caballito, anotado a US$ 230.000, más US$ 65.000 en obras; la camioneta Jeep valuada en al menos US$28.000. Todo ello, sin vender las propiedades en Parque Chacabuco y La Plata, declaradas tras la designación de Adorni como secretario de Comunicación, su primer puesto en el gobierno.

Cada una de sus adquisiciones tuvo el consiguiente gasto de escribanía e inmobiliaria, nuevamente, sin factura cuando fue posible. Parte de los US$690.000 abonados sólo en propiedades —un valor que de por sí genera dudas por indicios de subfacturación—, fue solventada mediante singulares préstamos de mujeres policías, dos jubiladas y amigos por unos US$ 365.000, de los cuales ya habría devuelto US$30.000.

El papel de la defensa de Adorni, en manos del penalista Matías Ledesma, llama la atención en fuentes que siguen el expediente. Hasta ahora, el abogado presenció declaraciones de testigos y constató los movimientos, pero no requirió una sola medida ni presentó ninguna aclaración o posicionamiento de Adorni. La estrategia es el silencio, como quien evita dar un paso en falso, porque no sabe qué más se va a encontrar, evalúan.

Además de los tipos penales de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, que serían los más graves que se barajan hasta ahora, Adorni enfrenta la sombra de negociaciones incompatibles con la función pública, por los contratos de su amigo y socio Marcelo Grandio con Canal 7-TV Pública, y dádivas, si se comprueba la menor de las hipótesis del viaje en vuelo privado a Punta del Este, entre el 12 y el 17 de febrero. A propósito, la excursión carnavalesca, ¿se trató sólo de un viaje de descanso con sus hijos, como el propio Adorni se encargó de publicitar en los últimos días?

La figura del lavado de activos despierta polémica entre penalistas y funcionarios de Comodoro Py. Es un delito cuya prueba es trabajosa y tiene pocos condenados en comparación a otros tipos asociados a la corrupción (fraude, cohecho, evasión), en la medida en que se requiere establecer con claridad cuál fue el delito precedente que condujo al lavado.  

La excursión a Punta del Este en carnaval, ¿se trató sólo de un viaje de descanso con sus hijos, como el propio Adorni se encargó de publicitar en los últimos días?

Uno de los casos más emblemáticos es la condena a Lázaro Báez, en 2021. El excontratista allegado a la familia Kirchner fue sentenciado a 12 años de prisión por lavado de activos provenientes de la evasión fiscal y el fraude con la obra pública en la provincia de Santa Cruz, entre 2010 y 2013.

Por ahora, el criterio tanto de Pollicita como de Lijo es avanzar en la recolección de pruebas, sin descartar ninguna hipótesis. Llegado el caso, el fiscal podrá proponer indagatorias y describir los hechos investigados, y el juez determinará procesamientos y el tipo penal en juego.  

El precedente $LIBRA

Hay, sin embargo, indicios del delito precedente. El vínculo de Adorni con los hermanos Novelli y otros cryptobros que acercaron la estafa $LIBRA al despacho presidencial es nítido.

Cuando el actual jefe de Gabinete era panelista en programas de La Nación + y Radio Rivadavia, también recibió ingresos por dar una “master class exclusiva a los alumnos gold del mejor instituto de inversiones de toda Latinoamérica”. La “master class” fue dictada el 2 de mayo de 2022. Además de Adorni, otros promotores de los negocios de esa firma fueron Milei y José Luis Espert.

N&W (Mauricio Novelli y Jeremías Walsh) son hacedores de la presunta estafa que generó beneficios de decenas de millones de dólares para unos pocos avisados de un tuit presidencial, en febrero de 2025. Algunas visitas que Novelli y sus socios (Manuel Terrones Godoy, Hayden Davis, Pía Novelli) hicieron a despachos de Milei en Casa Rosada y Olivos fueron con Adorni presente. En definitiva, reuniones de camaradería nacida antes de que cualquiera de ellos pusiera un pie en Casa Rosada.

“Cerré un deal tremendo. Quiero festejar”, celebró Novelli al salir de la oficina presidencial, el 30 de enero de 2025. Desde la misma Casa de Gobierno, el empresario transfirió US$500.000 dólares a un destinatario por ahora desconocido. Por la tarde, se precipitó a comprarse relojes Rolex, y buscó que fueran sin factura.

En el celular de Novelli quedó registrado un modelo de contrato por el que se le pagaría al menos US$5 millones al Presidente si éste promocionaba $LIBRA y declaraba a sus mentores como asesores en blockchain, hitos que, en efecto, ocurrieron. También fueron grabadas órdenes de pago para “Javi-Kari” y “los 4.000 que hay que darle a Karina”, cuando el Soez y su hermana ya reinaban en Casa Rosada. Davis —otro jefe de la presunta banda— se vanaglorió de manejar al mandatario a control remoto porque le enviaba dólares a su hermana.

El rastro de Adorni en los negocios montados por Novelli y los presuntos pagos relacionados con el “deal tremendo” debe ser probado.

La diputada Marcela Pagano, exintegrante del entorno de Milei y hoy opositora, denunció que Adorni recibió US$3 millones depositados en billeteras virtuales, provenientes de $LIBRA y el cobro de reuniones y gestiones. No es un dato que conste a Pollicita ni a Lijo, aunque el fiscal recibió informes de que el funcionario realizó movimientos de entrada y salidas con criptomonedas, informó ayer el diario Clarín. Por su parte, mediante un comunicado, la firma de inversiones cripto Lemon Cash confirmó que el jefe de Gabinete tiene una cuenta a su nombre, pero desmintió el monto mencionado por Pagano.

La investigación de Comodoro Py también sigue la pista vinculada a los negocios de Angeletti como coach ontológica y su empresa +BE, en particular, con el Grupo Foggia. Esta firma, que perteneció a Mara Gorini, una asesora plenipotenciaria de Karina Milei, puja con La Nación y Fénix Entertainment por quedarse con la concesión del predio de Tecnópolis.

Una tercera pista que no descartan en Comodoro Py es el cobro de entrevistas y gestiones, un rubro en el que Milei podría dar una verdadera “master class”. Una cuarta serían las versiones sobre sobresueldos, algo que en la exótica conferencia de prensa del viernes, ni Adorni ni los ministros Luis Caputo y Alejandra Monteoliva se animaron a desmentir.

La frutilla del postre, reveladora cabal de la vara ética de los Hermanos Milei, sería que el gobierno que propagó a los cuatro vientos que congeló los sueldos de los altos funcionarios durante dos años, en realidad funcionaba aceitado por fajos de billetes en negro, mientras hacía padecer lo indecible a profesores universitarios, médicos del Garrahan, jubilados y empleados públicos en general.

¿Por qué no lo echa?

Adorni, vocero del Ejecutivo ultra, permanece imposibilitado de esbozar un argumento sobre su repentina riqueza o de cambiar el eje de la agenda gubernamental mediante algún anuncio. Se esfuerza, el gobierno monta escenas, pero no lo logra. Las encuestas, unánimes, señalan un descenso sensible en la aprobación del gobierno y de Milei, aunque el mandatario sigue siendo un firme candidato a la reelección.

Patricia Bullrich se activa como si oliera sangre mientras las internas del oficialismo se dirimen en las pantallas de Clarín, La Nación, América 24, Carajo y Neura. Adorni ni siquiera junta fuerzas para responderle y atina a calificar a la senadora como “una fenómena”, ante un ataque indisimulado de quien fuera, hasta hace dos meses, su competidora para la candidatura en la Ciudad en 2027.

Aquí se impone la pregunta de por qué Milei hace trascender que está dispuesto a perder una elección antes que despedir a su jefe de Gabinete.

Semanas atrás, podría leerse que el ultraderechista tenía razones para no conceder una victoria a la oposición, con el desprendimiento de uno de los máximos responsables del entramado oficialista, pese al alto costo de su permanencia. Un equipo pequeño, reducido al Presidente, su hermana y pocos más, tenía en Adorni a un vocero dañado, probablemente anulado para siempre, pero la apuesta a que el tiempo subsanara heridas e hiciera olvidar las explicaciones pueriles sobre hipotecas concedidas por jubiladas era atendible.

El testimonio del constructor Matías Tabar de que Adorni le había abonado US$245.000 en efectivo y sin factura entre 2024 y 2025, y que había intentado influir en su declaración ante Pollicita, desbarató por completo la precaria ingeniería de préstamos y propiedades subvaluadas. Adorni maneja cientos de miles de dólares como si le quemaran.

¿Por qué no lo echa?, se preguntan dentro y fuera del Ejecutivo, incluso en tribunales. Milei se desprendió en su momento de Nicolás Posse y Diego Spagnuolo cuando complicaron la vida de la Casa Rosada y afectaron el equilibrio con Santiago Caputo. El Presidente se olvidó en cuanto lo necesitó de las cuarenta veladas en Olivos con Spagnuolo y los abrazos desmesurados con quien consideraba su otro yo, Posse. Con Manuel es distinto.

Una probable respuesta es que el salto económico de Adorni es inescindible del de los Milei. No podría existir un flujo de fondos desde Novelli y $LIBRA al jefe de gabinete sin que el Presidente recibiera su parte, mucho mayor, ni se daría un esquema de sobresueldos y cobro de entrevistas y charlas, una práctica con tanta pregnancia en los Milei. La ruta del Grupo Foggia, asociado al privilegiado Grupo Werthein para el proyecto en Tecnópolis, también remite a Karina, la protectora principal de Adorni.

No faltan quienes apuntan a la particular psiquis de Milei como razón última de todo. Como su flamante vara moral se basa en preguntarse “si mató a alguien”, y Adorni no es sospechado de asesinato, entonces que se quede.

Milei asume un riesgo. Podría darse que, de buenas a primeras, la investigación judicial entre en un pantano por intervención de la Cámara, que los indicadores económicos reviertan en parte la pérdida de ingresos que lastra a la población, que la inflación se quede entre el 1% el 2%, que la oposición se hunda en sus traumas y, con ello, cambie el “humor social”, y Adorni permanezca como un pasivo asumible de cara a 2027.

O podria ocurrir lo contrario: que la economía de Milei continúe mostrando su cara recesiva para la gran mayoría y Adorni sucumba ante pruebas irrefutables.

Así las cosas, su hundimiento sería el del gobierno. Bullrich se dio cuenta.

slacunza@eldiarioar.com

SL

En un día crítico tras una declaración de un testigo que lo compromete aun más, Manuel Adorni negó haber gastado US$245.000 en refaccionar su casa en el barrio privado Indio Cua, partido de Exaltación de la Cruz, según una fuente oficial.

El jefe de Gabinete desmintió el monto declarado este lunes por el contratista Matías Tabar, quien dirigió las reformas en Indio Cua entre 2024 y 2025. “Ese no es el monto. Seguramente vayamos a solicitar un peritaje porque cualquiera que conozca mi casa sabe que no vale ese dinero”, dijo Adorni a interlocutores de Casa Rosada.

Adorni indicó que plantea solicitar una inspección ocular en la vivienda inscripta a nombre de su esposa, Bettina Angeletti, en 2024.

Según una persona que lo escuchó cerca del despacho presidencial, el jefe de Gabinete dijo: “Seguramente vayamos a solicitar un peritaje, porque cualquiera que conozca mi casa sabe que no vale ese dinero” .

El funcionario, bajo múltiples sospechas por un cúmulo de gastos en nuevas propiedades, refacciones y viajes sunutosos al exterior, sembró dudas sobre Tabar, el titular de un estudio de arquitectura que prestó declaración ante el fiscal federal Gerardo Pollicita esta mañana. “Los costos nos parecen exagerados y contamos con la buena voluntad del arquitecto que nos iba a entregar la factura por todos los costos y gastos realizados, y nunca la entregó”, denunció.

Incluso, Adorni fue a más, y anticipó que podría presentar una denuncia contra Tabar.

El contratista aportó documentación vinculada a la obra y también entregó su teléfono celular para que sea peritado. Según explicó, había borrado mensajes intercambiados con el funcionario, por lo que Pollicita buscará recuperarlos mediante análisis técnico del dispositivo.

Tabar dijo que la obra se desarrolló entre octubre de 2024 y mayo de 2025. Entre los trabajos mencionados figuran la construcción de pisos y paredes, la instalación de una pileta con revestimiento, una cascada en el jardín, un quincho y cerramientos nuevos, además de equipamiento para cocina y baños.

El testimonio de Tabar resultó perjudicial para la estrategia de Adorni y del gobierno. En una entrevista con radio El Observador el fin de semana y en la conferencia de prensa de esta mañana, el jefe de Gabinete aseguró que no piensa renunciar, al tiempo que trató de retomar una agenda no intervenida por las sospechas de corrupción.

En plena estrategia para recomponer la iniciativa del Ejecutivo luego de cincuenta días de tormenta en torno a Adorni, la declaración del arquitecto causó consternación en el gobierno. Un pago de US$245.000 en efectivo, sin factura, y sin la contrapartida de un préstamo como los que solventaron las incorporaciones de propiedades en 2024 y 2025, desbarató la esperanza de dar vuelta la página hasta en los más férreos oficialistas. “Lo va a tener que explicar”, dijo una fuente que lo respaldaba hasta hora. Otros funcionarios se refugiaron en el silencio.

Desde que este diario informó que Adorni había gastado USD9.000 en un vuelo privado a Punta del Este durante el feriado de Carnaval, una sombra de dudas apuntaló la causa por supuesto enriquecimiento ilícito radicada en el juzgado federal de Ariel Lijo.

Hasta ahora, se sabe que el jefe de Gabinete gastó algo menos de US$9.000 en el vuelo a Punta del Este en febrero pasado, US$5.150 en el regreso de Angeletti desde Nueva York a Buenos Aires en marzo, $9,1 millones en una estadía en el hotel Llao Llao de Bariloche en junio de 2024, y unos US$14.000 en un viaje a Aruba en diciembre de 2024. También hay registro de un tour de Angeletti con amigas por España a fines de 2025.

En el rubro inmobiliario, Adorni adquirió, en 2024, la casa en Indio Cua por US$120.000 (hipoteca por US$100.000), a lo que se suman las reformas por US$245.000. En 2025, adquirió una deuda de US$200.000 por la compra del departamento de Miró 550, Caballito, escriturado en US$230.000. Se agregan US$65.000 por reformas pactadas con el prestamista Pablo Feijoo. A todo ello, se agregan al menos unos US$30.000 por comisiones a escribanías e inmobiliarias, y gastos de entrada a Indio Cua por US$5.000. También erogó US$13.000 en alquilar una casa en el barrio privado mientras construía la propia, declaró Tabar.

Los gastos corrientes de la familia Adorni-Angeletti parten de $3,5 millones, sólo entre expensas de sus propiedades (mantiene bajo su patrimonio al menos tres viviendas más en Capital Federal y la provincia de Buenos Aires) y la cuota de colegio de sus hijos.

El sueldo de Adorni era de cerca de $3 millones hasta enero, y es de $7 millones desde entonces. Angeletti, coach ontológica de profesión, era monotributista hasta el año pasado, cuando se anotó como autónoma.

El jefe de Gabinete aseguró que todo quedará aclarado en su próxima presentación jurada ante la Oficina Anticorrupción.

SL

slacunza@eldiarioar.com

Diego Spagnuolo siente que lo abandonaron. Aquellas noches en Olivos —38 visitas en los primeros 16 meses de gobierno— son un recuerdo surrealista bajo este frío otoño. Todo un abismo que va del privilegio de arreglar sobre la marcha una cena con su íntimo amigo Javier Milei, con menú comprado en La Farola de la avenida Maipú, a cinco cuadras de la Quinta, a este presente del teléfono callado y un procesamiento como jefe de una asociación ilícita y fraude al Estado.

“McBain” —como lo llamaban en el mundo Milei-Espert-Villarruel antes de llegar a la cumbre— se sitúa protagonista de una pesadilla que comenzó a vivir apenas echó a andar el gobierno ultra. Al constatar que la “traición” provino de personas en las que confió y lo elevaron adonde nunca creyó llegar, y verse ahora indagado de hecho por la cronista Mercedes Ninci frente a un ascensor de Comodoro Py, se asume como chivo expiatorio de un latrocinio perpetrado por otros. No concibe una salida aceptable. Tiene que rearmar su vida y necesita despejar el horizonte de la cárcel.

Con tiempo libre infinito que pasa en la galería reformada de su casa en un barrio cerrado de Pilar, Spagnuolo observa cómo “los Menem” —a quienes se ocupó de describir en infinidad de diálogos como jefes de una gavilla que copó la Agencia de Discapacidad (ANDIS)— se pasan la gran vida y administran poder.

Para colmo, la Justicia mantiene incautados los USD 82.000 hallados en una caja de seguridad de la casa de Pilar. Spagnuolo dice que puede justificar ese tesoro y piensa que es poco y nada para acusarlo de recibir coimas. Al fin y al cabo, no le alcanzaría ni para comprar medio departamento de esos baratos que consiguen Manuel Adorni y Bettina Angeletti.

Ni las viejas relaciones pueden dar la cara por él. José Luis Espert, a quien alguna vez Spagnuolo creyó su mejor amigo, también cayó en desgracia y transcurre sus días a la sombra de otra galería reformada. Otra amiga, Victoria Villarruel, esa mujer chispeante que hacía bromas homofóbicas y tomaba de punto a “McBain” —por un personaje de los Simpsons que resolvía todo a los tiros—, quedó raleada del mundo Milei. Cuando se dividieron las aguas entre la fórmula presidencial, el contertulio de las noches de Olivos quedó del lado del Soez. ¿La sombra del despoder volvió a encontrar a esos compinches —Victoria y Diego— que viajaban por las montañas del Norte? ¿Habrá insistido la vicepresidenta en la humillación de Spagnuolo como su caniche toy?

A la filtración de los audios que se le atribuyen al extitular de ANDIS y titularon una era, “el 3% de Karina”, le siguió un cúmulo de pruebas documentales, mails, cientos de miles de dólares en efectivo apilados en cajones y mochilas, y whatsapps indiscretos.

Las noticias de que los Menem y Karina habían instalado una burocracia proveniente del macrismo “para afanar” de los fondos de discapacitados dispararon una investigación que, entre agosto de 2025 y febrero pasado, llevaron al juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi a revelar una red de corrupción sistemática. La pregunta de fondo: ¿Se trató de una célula autónoma compuesta por decenas de personas para robar uno de los presupuestos más diezmados por la motosierra, o fue otra de las terminales para satisfacer la avidez por el dinero de los Hermanos Milei?

¿La sombra del despoder volvió a encontrar a esos compinches —Victoria y Diego— que viajaban por las montañas del Norte?

El turno de Lijo

El trayecto desde esa trama a la mentada voracidad de Karina y los Menem requiere ser probado en el expediente. Antes de dejar la causa en manos de Ariel Lijo, en febrero, Casanello procesó a 19 personas: empresarios, ejecutivos de droguerías, lobistas y exfuncionarios de segundas líneas. Esta semana comenzó un nuevo capítulo con la nueva ronda de 35 indagatorias y el horizonte de decenas de nuevos procesamientos relacionados a sobreprecios en insumos de alto costo por un valor estimado en $75.400 millones, con beneficio en las firmas Indecomm; Laboratorio Ortopédico Sagues; Probock; Prolite Orthopedics y Resposane Salud. Ese monto se suma otros $43.000 millones detectados en otra instancia del expediente, con sobreprecios estimados en 1.900%.

Las citaciones a indagatoria fueron el primer paso de Lijo en la trama ANDIS. Significativo, porque había expectativa sobre la actitud que adoptaría el excandidato a juez de la Corte Suprema que congregó las causas más sensibles para Ejecutivo en el último bimestre, a excepción de la más grave, la estafa $LIBRA, que la mantiene secuestrada el fiscal Eduardo Taiano.

El segundo paso del juez a cargo de ANDIS fue ordenar, el jueves, un peritaje sobre los audios atribuidos a Spagnuolo. La dirección de Criminalística de Gendarmería deberá dilucidar si esos archivos fueron adulterados mediante inteligencia artificial. Esa fuerza, sometida a injerencias de Patricia Bullrich, se transforma en una usina sórdida que puede llegar a cualquier conclusión —como se demostró en el caso Nisman—. El peritaje asoma como una herramienta de negociación entre la polifacética senadora y su amiga/enemiga Karina. Probablemente, la candidatura de la ultraderecha en la Ciudad para 2027 se jugará en el dictamen de un grupo de gendarmes.

Spagnuolo se aferró a la impugnación de los audios como su tabla de salvación. La estrategia le sirve a él, al resto de los procesados y a los hermanos Milei, aunque sus objetivos finales sean divergentes. Se formó así una comunidad de intereses en torno a un frágil silencio, que pende de un hilo, porque impera la desconfianza mutua.

La llegada del abogado Mauricio D’Alessandro a la defensa de Spagnuolo, en noviembre de 2025, tres meses después de iniciada la causa y con la victoria legislativa de La Libertad Avanza de por medio, apuntó a que los audios del “3% de Karina” eran creaciones de inteligencia artificial. En paralelo, los Kovalivker —los supuestos “helvéticos” de la Droguería Suizo-Argentina en los diálogos de la banda que pactaba licitaciones y coimas— habían avanzado en una estrategia similar. Los helvéticos denunciaron tempranamente que los audios difundidos por el sitio Carnaval y el portal Data Clave obedecían a una operación de inteligencia y, por lo tanto, toda la investigación debería caer como fruto del árbol prohibido.

Se formó así una comunidad de intereses en torno a un frágil silencio, que pende de un hilo, porque impera la desconfianza mutua

En la línea sostenida por Casanello y Picardi, los audios fueron apenas un indicio que disparó una noticia periodística y luego una denuncia judicial, y así comenzó la investigación, como ocurrió decenas de veces en Comodoro Py. Para no pisar el palito del “árbol prohibido”, el juez y el fiscal se ocuparon de evitar cualquier mención al contenido de los audios en sus resoluciones. Ambos situaron el componente de verosimilitud de la sospecha en el hecho de que el Ejecutivo licenció a Spagnuolo de su puesto en ANDIS en cuanto se conocieron los audios. ¿No eran artificiales?

Lo malo y lo peor

La apuesta a anular la causa tendría un altísimo costo político para un gobierno anegado por casos de corrupción, desde las pequeñas a las grandes estafas, pero no deja de ser el mal menor para los Hermanos Milei. Confirmar la percepción generalizada de que el Presidente y su hermana manejan los hilos del poder para garantizar impunidad a ellos mismos y sus elegidos es una mala opción. Dar lugar a que se investigue una sospecha de que coparon el Estado para succionar fondos de los más vulnerables de la sociedad es peor.

Con los expedientes Adorni, préstamos del Banco Nación al equipo de Luis Caputo y ANDIS en un mismo juzgado, la dupla que comanda el Ministerio de Justicia, Juan Bautista Mahiques y Santiago Viola, trata por todos los medios de incidir en la voluntad de Lijo. En un territorio —Comodoro Py— en el que inciden estamentos del macrismo, una corporación judicial a la defensiva, tentáculos de Inteligencia y los grupos Clarín y La Nación, el engranaje ya no funciona como antes.  

Spagnuolo mide su silencio. En las dos indagatorias que enfrentó —la última, el miércoles—, eligió hacer uso de su derecho a no declarar. Lo mismo hizo el jueves Daniel Garbellini, un hombre del riñón del PRO que reingresó a ANDIS con Milei para —según Spagnuolo— manejar la caja. Con intereses enfrentados, a ambos les conviene el paso del tiempo, con la mira en la invalidación de las grabaciones.

A poco de ingresar al expediente, el defensor D’Alessandro presentó un peritaje privado a cargo del experto español Miguel Ángel de la Torre. El estudio indica que la parte del audio en la que Spagnuolo aparece hablando en un bar tiene una probabilidad “baja” de ser una creación de inteligencia artificial, pero otro segmento de una conversación telefónica tendría chances “razonables” de contener “trazos de voz sintetizada”. El contenido más grave de los dichos atribuidos a Spagnuolo —incluido el 3% de Karina (8% de coimas totales sobre el precio de venta de medicamentos e insumos) y el comentario de que puso al tanto a Javier Milei de la situación— está en la parte del diálogo en el bar.

D’Alessandro afirma que los audios fueron editados, y que se incorporó ruido ambiente de una confitería para enmascarar la voz artificial. Tanto Mauro Federico e Ivy Cángaro, los periodistas que difundieron las grabaciones en Data Clave, como fuentes de la fiscalía de Picardi dan por sentado que los audios fueron editados, pero no adulterados. El fin de la edición fue borrar al interlocutor de Spagnuolo, que sería quien registró y divulgó la grabación.

Hay que prestar atención a dónde llega la explicación del extitular de ANDIS. Su desmentida es sobre haber denunciado el 3% de Karina, pero no sobre el papel de los Menem. Según fuentes que escucharon sus argumentos, tampoco niega haber transmitido a Milei el desfalco que estaban cometiendo Garbellini y el exfuncionario del PRO y exempleado del laboratorio Roche Pablo Atchabahian, a quienes definió como “delincuentes”. A partir de su aviso al Presidente, hace exactamente un año, cesaron las invitaciones nocturnas a elegir comida en el menú de La Farola de Olivos.

Spagnuolo afirma que lo único que lo vincula a los delitos investigados son los audios. Le interesa salir del foco de la causa, pero se desentiende de la suerte de “los delincuentes” y los Menem. En la fiscalía de Picardi leen eso y no entierran la posibilidad de lograr la adhesión a la figura del arrepentido. Es por ello que el silencio del extitular de ANDIS es tanto una estrategia que agradecen los Milei, como una bomba de tiempo. Aunque “McBain” parezca disimular el papel de Karina y guarde mayor encono con los Menem, dos más dos es cuatro. Por lo pronto, Spagnuolo dejó una frase sugestiva el miércoles, durante la indagatoria informal ante la periodista Ninci en un pasillo de Comodoro Py: “No es la única oportunidad en que se puede declarar”.

Una mano estuvo detrás del abismo que se creó entre Spagnuolo y quienes le manejaban la caja en ANDIS: Santiago Caputo.

El poderoso asesor tiene bajo su órbita al ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, padre de su socio, Rodrigo Lugones. Esa cartera, aun diezmada por la motosierra, es una fuente inagotable de negocios. Por el reparto inicial de responsabilidades en el gobierno ultraderechista, los medicamentos y tratamientos para discapacitados fueron capturados por los Menem. Se desató entonces una sórdida batalla por esa caja. Spagnuolo, un abogado sagaz, con poca experiencia política, débil de carácter y nulo conocimiento del mercado de la salud, fue la vía a través de la cual intentó penetrar Santiago Caputo.

En sus extensas tardes en Pilar, frente a la pantalla en negro de su celular, Spagnuolo también piensa en la impunidad del asesor que imita a los personajes de Peaky Blinders.

Cuentas pendientes en la Cámara Federal

En la fiscalía de Picardi surgen datos incesantes sobre el desfalco al Estado. Emanuel y Jonathan Kovalivker, Atchabahian, el lobista Miguel Calvete, Laboratorios Roche y Garbellini tienen motivos para preocuparse, pero la pelota está en la Cámara Federal. Se bifurca otro capítulo.

A partir de su aviso a Milei, hace exactamente un año, cesaron las invitaciones nocturnas a Olivos a elegir comida en el menú de La Farola de la avenida Maipú

La sala de la Cámara Federal que trata el expediente está compuesta por Roberto Boico, Martín Irurzun y Eduardo Farah. El primero —exabogado de Cristina— y el segundo —veterano del fuero penal federal, vinculado a la UCR— impusieron su voto mayoritario para hacer lugar al reclamo de los Kovalivker y ordenaron a Casanello que investigara el origen de esas grabaciones. Casanello tiró la pelota afuera con medidas procesales, Boico e Irurzun insistieron y ahora Lijo hizo lugar al peritaje.

Los movimientos de Boico, una de las pocas designaciones en el Poder Judicial que pudo concretar Alberto Fernández, vienen provocando desconcierto en estamentos de Comodoro Py que esperaban romper el statu quo que se había instalado. Si la mirada se detiene en Irurzun —el autor de la doctrina de la influencia de los exfuncionarios que sirvió para mantener a kirchneristas en la cárcel durante años—, la historia se vuelve más compleja. Cumple 75 años el próximo 18 de julio, por lo que debería cesar su función de camarista. El juez bregó para que se enviara al Senado la prórroga de su designación por otros cinco años, como ocurrió con colegas muy allegados al Ejecutivo, pero hasta ahora no tuvo suerte y es probable que no la tenga.

Boico e Irurzun tienen en sus manos reproducir la mayoría contra Farah para cortar la causa ANDIS de raíz, con la teoría del fruto del árbol prohibido, y satisfacer así los múltiples intereses cruzados de los imputados y de quienes miran de afuera, por ejemplo, desde varios despachos de Balcarce 50. No sería una decisión fácil para ambos camaristas, que no están entre lo más desprestigiado de Comodoro Py. De todas maneras, quedaría la instancia de Casación, donde la conformación de la sala que intervendría no sería la más oficialista posible.

En la exposición de argumentos frente a la Cámara Federal, Picardi citó jurisprudencia asentada en la causa por el soterramiento del tren Sarmiento, un fraude millonario que abarca los gobiernos de los Kirchner y Macri e involucra al gigante brasileño Odebrecht. Allí los imputados también plantearon que la acusación debía desmerecerse porque provenía de filtraciones de celulares de lobistas asociados al Lava Jato de Brasil.

En esa instancia, la Cámara Federal sostuvo que el planteo de nulidad debía fundarse en la “verificación fehaciente” de que la prueba había sido originada de forma ilegal, y no una mera suposición. Uno de los jueces firmantes de aquella resolución fue Irurzun, el 11 de marzo de 2019.

SL

slacunza@eldiarioar.com

El 30 de enero de 2022 fue una fecha trascendente para Dante Gebel. Ese día inauguró el River Arena sobre la calle Broadway, en Anaheim, California. Desde 1950, esa ciudad es la sede de Disneyland, el primer parque temático de Walt Disney Comany. La River Church, cuatro pisos de estacionamiento, estudios de radio y TV, el River Café, un teatro, una librería y las oficinas administrativas de Gebel ocupan una manzana entera, a unos tres kilómetros del parque de Mickey y la Sirenita. Para Gebel, ese fin de enero coronó su propio día de la independencia, tras catorce años de vida en EE.UU.: dejaría de depender de recursos y permisos de otras iglesias evangélicas estadounidenses, y se sacaría de encima el alquiler itinerante de templos.

“Dios nos prometió 'les tengo un Arena propio', y así fue”, dijo el pastor a su feligresía.

Con toda esa fortuna enterrada en California, Gebel baraja un regreso a Buenos Aires, al menos momentáneo, y esta semana se ocupó de organizar su bienvenida.

En un viaje exploratorio, previo a una decisión sobre una candidatura presidencial que será tomada después del Mundial, Gebel inauguró un argumento novedoso, probablemente inédito en la historia de la política universal. Dijo que no opinaría de Javier Milei como persona porque es el Presidente, y como eso equivaldría a hablar en público de un jefe, es de sentido común no hacerlo. Es decir, entiende que el Presidente del país es su jefe. Por las dudas, tampoco se permitió evaluar ninguna medida de gobierno, porque él “respeta”.

En política puede haber opiniones chocantes, insultantes, descomprometidas, inteligentes, tontas, amigables o especulativas. La obediencia bloquea la crítica si se pertenece al mismo partido o proyecto político, y ello vale como razón para preferir el silencio. De lo que no hay registro es de un aspirante presidencial que considere como su “jefe” a quien —lo diga o no— quiere destronar de la Casa Rosada, y se valga de eso para no opinar.

El vuelo de Gebel desde el River Arena venía largamente promocionado. El predicador anunció su llegada a Buenos Aires el martes pasado, con una foto en un restaurante de Puerto Madero junto a su amigo y socio Mario Pergolini, y el CEO de su iglesia, Daniel Darling. Una iglesia con CEO, toda una rareza.

Ninguna encuesta conocida hasta ahora ubicó a Gebel como un candidato mínimamente competitivo, pero, por algún motivo, se generó un súbito interés por entrevistarlo. Una gira de tres días incluyó medios como América 24, Gelatina, Urbana Play, Radio Mitre e Infobae. Sumó unas diez horas de respuestas. Logro otro mérito llamativo. No brindó ninguna definición.

Pergolini como auspiciante, estrellas muy taquilleras —Susana Giménez, Adrián Suar, los Midachi, Marcelo Tinelli— que acuden a sus espectáculos motivacionales de dos horas y media de duración, políticos y sindicalistas peronistas y libertarios que viajan a Europa a sacarse una foto para analizar la realidad argentina en torno a una botella de agua, terminales en multimedios como Clarín e Indalo, una huella evangélico-manochanta omnipresente y exhibición de fondos ilimitados configuran un combo que dificulta la respuesta a las preguntas de qué representa y quién está detrás de Gebel.

¿La agenda social y la crítica a la violencia verbal que el político en ciernes esboza tenuemente sirven para dividir el voto opositor, llegar al oído del “no politizado” y arrinconar una propuesta nítida contra Milei, como podría ser la de Axel Kicillof? ¿La aparición de otro outsider, alguien que no-es-político, con penetración en el mundo evangélico, quita una tajada en el mercado del Soez? Gebel, ¿funciona a favor o en contra de Milei?

Las conclusiones son prematuras, probablemente contradictorias, pero hay señales de cómo es leído en el sistema de poder.

Trazos

Un analista con unos 50.000 seguidores en X (Twitter), afín al kirchnerismo y muy crítico del gobierno ultraderechista, fue contactado en la primavera de 2025 por un colega “del palo”. Le propuso un trato. Si tuiteaba un video de Gebel con alguna frase que denotara apoyo, le pagarían $50.000. Lo hizo avanzada la noche, y a las tres horas tenía ese monto transferido a su cuenta bancaria.

Esta semana, el analista recibió una propuesta similar de otro colega, también filokirchnerista. Debía reproducir fotos de los encuentros de Gebel con Pergolini y sus entrevistadores de la semana, a cambio de $100.000. La figura del pastor evangélico y conferencista había tomado otro cariz, y quien recibió la oferta tenía mayor holgura económica que un año atrás, por lo que decidió preservarse. Rechazó la propuesta.

¿Un caso aislado de una mano kirchnerista detrás de la promoción a Gebel? No. Medios de perfil opositor y crítico fueron sondeados por agentes de prensa de dirigentes que juran lealtad a Néstor y Cristina para promover al ilustre visitante.

La práctica del pago de posteos en redes sociales se hizo cotidiana. Comenzaron los famosos o “influencers” con “presencias” en restaurantes, spas, locales de ropa y otros emprendimientos comerciales, a veces a cambio de canjes, y otras de importantes cachets. Posteaban que les gustaba determinada marca y ganaban un dinero fácil. Eso se extendió a negocios turbios, como los esquemas ponzi y las apuestas online. La periodista de espectáculos Yanina Latorre contó en el verano que una vez pactó con Mauricio Novelli, el socio de Milei en la supuesta criptoestafa $LIBRA, una “recomendación” que ofrecía a incautos “ganarse US$5.000 en quince minutos”.

En los últimos tiempos, surgieron posteos auspiciados por opiniones políticas, económicas y sociales. Pueden leerse como forma de compensar los bajos sueldos periodísticos y docentes, o por lisa y llana corrupción. No hace falta más que leer los mensajes de un implacable elenco oficialista que ocupa horarios de gran audiencia, cuando sale en cadena a reproducir argumentos de la Casa Rosada, para “aclarar los hechos”, en coautoría con la ineficiente Oficina de Respuesta Oficial.

Hay consultoras que se dedican a construir el vínculo entre auspiciantes e individuos de las redes. Detectan el potencial cliente, transmiten el texto y transfieren el pago. A veces pautan parrafadas interminables para elogiar a un empresario, porque es “un buen ejemplo de superación y liderazgo”. No es más que un correlato atomizado del tradicional “chivo” o publinota en los medios, que —claramente— no murió. Un presidente de una empresa con mayoría estatal muy cercano a Milei ya lleva leída al menos media docena de perfiles personales en la gran prensa, escritos desde la profunda admiración que provoca su inigualable gestión, y desde allí se disparan elogios en las redes manifestados a título individual.

Gebel utiliza lo que supo cosechar en su trayectoria mediática y artística. En 2025, realizó varias presentaciones en el Gran Rex con “PresiDante”. Figuras de la tele, futbolistas, influencers y artistas se sintieron convocados a ese teatro del centro porteño, y los portales se ocuparon de difundir prolijas carpetas de prensa. Ese mismo año, el pastor condujo quince presentaciones de “Divina Noche” en Canal 13 (Grupo Clarín), y durante 2024 y 2025 estuvo a cargo de “Dante de 10”, por Radio 10 (Indalo), los domingos a las 22.

La fortuna de Gebel, que surge —según explicó— de sus espectáculos y la monetización de sus redes, le alcanza para darse una vida de jeque árabe, con traslados en avión privado y autos de alta gama. Ante cada paso que da en los medios, surge la duda de cuánto es genuino interés y cuánto compra de espacios. En el caso de Radio 10, su contratación desde 2024 fue sugerida por Jorge Rial y decidida por el entonces director, Sebastián Pedrón (hoy en Radio 750), con el objetivo de ampliar audiencia y generar contenidos con figuras famosas a las que entrevistaba Gebel, de modo de morigerar el perfil intensamente político de la emisora. Gebel se encargaba de la grabación del programa en su propio estudio en California y Radio 10 le daba amplio rebote a lo largo de su programación. La movida —resalta su responsable— se tradujo en mayor audiencia. Ahora, con el recambio de gerentes que supuso que Cristobal López se hiciera cargo del multimedios en 2025, en reemplazo de su socio Fabián de Souza, Indalo prefirió seguir de largo ante la agenda de Gebel de esta semana. No hubo entrevistas ni promociones en los medios de López.

“Un distinto”

La Sastrería, empresa de análisis político y encuestas, posó su mirada sobre Gebel. Elaboró un extenso informe titulado “El nacimiento de otro outsider”. El texto repasa su biografía, sus libros de autoayuda y el éxito del espectáculo “PresiDante”, y le concede elogios. “Una persona con visión”, “una historia de superación personal”, “un pastor distinto” y “mensajes de superación y fe”. Aunque La Sastrería —de los experimentados consultores Raúl Timerman y Juan Carlos Malagoli— reconoce que el influencer tiene alto desconocimiento público y carece de estructura social y política, arriesga una proyección: “El posible candidato de los 'ninguno'”, otra forma de llamar a la avenida del medio.

En la lógica de estrategas que miran con buenos ojos a Gebel, la gira de la semana le sirvió para “instalarse”, hacer que se hable de él, bien o mal. Ya habrá tiempo —estiman— para definiciones de algún calado. Bajo las condiciones de la politica de hoy, disponer de fondos para “generar conversación” en las redes es un punto de partida atendible.

El informe de La Sastrería sondea el mercado para un postulante no peronista y opositor a Milei, y anuncia que “la calle empieza a decir”: muestra pintadas con el apellido del evangélico que algún ser humano, por algún motivo insondable, decidió impregnar en paredes de Buenos Aires y alrededores. Quizás no se trate de fervor por Gebel que crece desde el pie sino de un pago desangelado a un grupo de obreros de la pintada.

Las cuentas en redes de La Sastrería y el propio Timerman pasaron del análisis al entusiasmo. “El Sr. @DanteGebelOk, sin lugar a dudas, tiene las condiciones de liderazgo que el rol de candidato a presidente requiere”, posteó el director de la firma.

El discretísimo armado político del pastor de Disneylandia se apoya por ahora en el cofundador de La Libertad Avanza y legislador de la Ciudad Eugenio Casielles, el secretario gremial de Aeronavegantes, Juan Pablo Brey, el ex PRO Yamil Santoro y pocas figuras más. Gebel desliza que tiene muchos más vínculos que prefieren una momentánea reserva. En estos días, se reunió con dirigentes sindicales y el gobernador cordobés, Martín Llaryora, a quien definió como “un tipo auténtico, macanudo”. Puede funcionar esa sociedad. Fuera de las fronteras de Córdoba, Llaryora, que lleva décadas de vida política, no es afecto a definiciones mucho más trascendentes que las que brindó Gebel en su incursión.

Una voz clave de la gobernación de la provincia de Buenos Aires tiene una respuesta sobre quién está detrás de Gebel. “Por supuesto que está impulsado por la UTE Massa/Máximo”. La fuente remite a la historia ya canonizada que alumbró a Milei, cuando sectores del peronismo —en especial del exministro de Economía— inflaron su figura y fiscalizaron sus votos en las primarias de 2023. Lo vieron como una forma de bloquear a los postulantes de Juntos por el Cambio Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Cuando se dieron cuenta, el ultraderechista ya estaba camino a Casa Rosada.

“Las personas que andan promoviendo a Gebel son los mismos que puso la UTE —unión transitoria de empresas— Cámpora/Massa a armar a Milei”, y anotan en la lista al integrante del triunvirato de la CGT Cristian Jerónimo (Vidrio). El jueves, Gebel se encontró con él y otros tres pesos-pesado sindicales de excelente relación con el gobierno de Milei: Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (Construcción) y José Luis Lingeri (Obras Sanitarias). El silencioso clan Moyano, con fe evangélica en la mesa familiar, está ocupado en otras cuestiones no fotografiables.

Otra voz muy relevante del peronismo bonaerense puntualiza en los nombres de Sergio Massa y el principal ladero de Cristina, Oscar Parrilli, como principales motores de Gebel: “Viven al pedo haciendo ingenierías, y así lo hicieron presidente a Milei”.

El candidato de Unión por la Patria derrotado por el ultra en el ballottage de 2023 está convencido de que la disputa del año próximo será entre Milei y el peronismo, y no habrá espacio para terceros. En ese marco, Massa piensa que hay que multiplicar al peronismo y “guardar el rifle santiario”, en referencia a que no haya vetos, ni siquiera ante gobernadores que se transformaron en incondicionales del gobierno de La Libertad Avanza, como el tucumano Osvaldo Jaldo y el catamarqueño Raúl Jalil, o exmacristas connotados como Miguel Ángel Pichetto y Emilio Monzó.

Mientras eso se dirime, el excandidato presidencial valora que el principal opositor a Milei sea “el espejo de Milei”, que devuelve una imagen de corrupción y recesión.

Tanto Massa como Gebel afirman no haberse visto nunca. La pregunta que queda abierta es si —para Massa— ese “peronismo ampliado”, que debería dirimir el liderazgo en 2027, incluye al predicador de Disney.

En la lectura del entorno de Kicillof, la estrategia de que florezan mil candidatos, en un abanico ideológico difuso, de izquierda a derecha, entre tradicionales a outsiders, y el peronismo llegue al año próximo en estado asambleario y loteado entre provincias es una vía para que lo que algún referente llama la “UTE Cámpora/Massa” se apersone cerca de las elecciones y decida poner orden mediante una bendición.

slacunza@eldiarioar.com

SL

En medio de la tormenta que atraviesa desde hace un mes y medio por el incremento de su patrimonio, Manuel Adorni cambió de estrategia para intentar vender su departamento del segundo piso de Asamblea 1132, en el barrio porteño de Parque Chacabuco. Removió como oferente de esa propiedad a su amigo Pablo Martín Feijoo —hijo de una de las jubiladas que le vendió su actual casa en Caballito— y lo puso a disposición de una inmobiliaria, según pudo saber elDiarioAR.

La venta de la excasa de la familia Adorni estuvo a cargo de Feijoo desde el verano, pero desde el lunes pasado se ofrece a través de Zona Activa a un valor de US$285.000. El jefe de Gabinete podría estar dispuesto a aceptar una oferta de entre US$279.000 y US$275.000 por parte de un potencial comprador para concretar la operación, pudo saber este medio.

Este miércoles, Feijoo se presentó en Comodoro Py para declarar como testigo ante el fiscal Gerardo Pollicita en la causa que investiga al ministro coordinador. El amigo, hijo de la jubilada Beatriz Viegas, estuvo relacionado a la compra del departamento de Miro 550 en abril de 2025. En noviembre del año pasado, Viegas y su socia, Claudia Sbabo, vendieron esa unidad a Adorni a US$230.000, unos US$110.000 menos que lo publicado por una inmobiliaria unos meses antes. En un extraño movimiento, Viegas y Sbabo le prestaron al funcionario US$200.000 para la operación. Feijoo declaró ante Pollicita que Adorni acordó pagarle otros US$65.000 por fuera de lo escriturado, según trascendió desde fuentes al tanto del expediente.

El vínculo de Adorni con Feijoo habría nacido en el colegio al que concurren los hijos de ambos. El hombre de 36 años, dueño de una constructora, aseguró a elDiarioAR que que las operaciones con Adorni “están en regla” y que “no hay nada raro”. Este medio también reveló que el desarrollador inmobiliario visitó a Adorni en Casa Rosada, en octubre de 2025, un mes antes de la operación de la calle Miró 550.

La venta del departamento de Parque Chacabuco es clave para las cuentas de Adorni porque tiene dos deudas encima: el inmueble fue hipotecado a dos mujeres policías por US$100.000, quienes aseguraron ante la Justicia que el funcionario aún les debe US$70.000, a pagar hacia fin de año. Adorni, además, tiene que cancelar los US$200.000 que le prestaron las dos jubiladas que le vendieron el inmueble de Caballito.

Según el aviso de la inmobiliaria, el departamento tiene “4 ambientes con dependencia, con una superficie cubierta de 140 m² y total de 200 m², incluyendo un cerramiento tipo quincho de 25 m² y una terraza propia de 40 m², con toldo y aberturas de aluminio con DVH”.

“El departamento se encuentra en muy buen estado general, reciclado con materiales de calidad y pensado para el confort”, señala la oferta. “Tiene aberturas DVH en todos los ambientes, pisos de porcelanato y flotantes, puertas blindadas Pentágono principal y de servicio, y una distribución funcional”, amplía.

Según los detalles del aviso, el inmueble cuenta con:

“El edificio es de buena categoría, con mantenimiento constante y expensas acordes a los servicios que ofrece. Posee disponibilidad de cocheras en alquiler”, cierra el aviso. Las expensas cuestan $500.000.

MC

En al menos dos oportunidades desde diciembre de 2023, Javier Milei se reunió con el director de La Nación, Fernán Saguier. Una transcurrió en malos términos y concluyó en un precario acuerdo, y la segunda comenzó con cierta compostura y derivó en una brusca expulsión del editor, acompañado por agentes de seguridad, con la advertencia de que no volvería a pisar el despacho presidencial.

Hacia fin de 2024, con un año en Casa Rosada, el Presidente ultraderechista creía ver una campaña en su contra en el diario conservador. Las páginas de La Nación se dividían entre una inocultable adhesión al Ejecutivo en sus editoriales y algunas columnas de opinión, matices o marcada distancia en otras, y una agenda informativa crítica, sobre todo en la sección política. En cambio, el canal de noticias de la familia Saguier, LN+ —en el que Luis Majul ocupa espacios centrales y tuvo peso en la programación—, exhibía un oficialismo bastante homogéneo, que satisfacía el exigente paladar gubernamental.

Milei protestaba en público y apuntaba específicamente contra Julio César Saguier, presidente del directorio de La Nación, de perfil conservador y encargado de las relaciones empresariales y políticas. “Los esbirros de Julio César Saguier tienen la orden de dar siempre una visión negativa”, posteó el Presidente el 27 de octubre de 2024. “JC, sé que te caigo mal, pero así es la democracia”, apostilló al día siguiente.

De acuerdo a dos fuentes independientes entre sí, Majul ofició de intermediario de los encuentros. La primera información sobre una cita conflictiva en Olivos fue dada por el periodista Roberto Navarro, en El Destape. Consultado por este medio, Majul negó haber hecho alguna gestión. Una versión indica que un tercer encuentro entre Milei y Saguier ocurrió en el despacho de éste en el quinto piso del edificio de La Nación, en el municipio de Vicente López, pero no pudo ser corroborada.

El único ingreso de Saguier a Casa Rosada está registrado el 29 de noviembre de 2024, a las 13.15, y quien habilitó la entrada por Balcarce 24 fue Manuel Adorni.

Por esos días, La Nación cuestionaba a Milei por la no sanción de la denominada “ficha limpia” —ahora reflotada—, que procuraba impedir las candidaturas de procesados y condenados por corrupción. Se trataba de una agenda por la que el macrismo decía luchar desde hacía años, y que los Saguier asumieron como propia. El contrapunto sobre el tema rompió el sesgo oficialista de los editoriales de la anteúltima página. “Ganó la ficha sucia”, sentenció la opinión institucional del diario.

La tormenta del primer encuentro se desató apenas Milei tuvo enfrente a Saguier. Con gritos y acusaciones, el Presidente exigió renuncias de cinco miembros del staff: el periodista de investigación y prosecretario de redacción Hugo Alconada Mon, los columnistas políticos Carlos Pagni, Joaquín Morales Solá y Jorge Fernández Díaz, y la periodista de economía Florencia Donovan. De todos ellos, Donovan era la que más había tratado con Milei, antes de su ascenso político.

La molestia de Milei abarcaba desde informaciones que consideraba motivadas por intereses espurios o prejuicios ideológicos, opiniones por las que se sentía ofendido y meros matices en el abordaje económico. El Presidente ya había bloqueado e insultado a Alconada Mon en Twitter. A diferencia de un agravio frecuente disparado a los periodistas de política del diario (“ensobrados amarillos”), lo despreciaba por “socialista”. A esa altura, Alconada Mon había informado sobre los pagos irregulares a Milei del Banco Provincia, durante la gestión provincial de Daniel Scioli, y las inversiones en Miami y los subsidios estatales gozados por Beto Milei, padre del mandatario. En el caso de Pagni, el reproche mayor era que supuestamente había puesto en duda su salud mental en charlas reservadas ante inversores, lo que el mandatario asumió como un agravio irreparable. Además, entre opiniones en general matizadas sobre el Gobierno, Pagni puso el foco en Leonardo Scatturice y Pablo Otero (“el Señor del Tabaco”) como empresarios con terminales en despachos clave del Ejecutivo, otro factor que le ganó la ira presidencial y de Santiago Caputo.

Saguier no cedió al reclamo. “Gracias, pero la decisión sobre quiénes integran la redacción es mía”, le dijo a Milei. A cambio, le tendió un puente: firmar columnas mensuales en el diario. La reunión concluyó a las 14.25 con un principio de acuerdo. Se concretaron tres notas con la firma presidencial, fechadas el 3 de enero, 7 de febrero y 8 de marzo de 2025.

Aunque como consecuencia del turbulento encuentro hubo alguna regulación en cuanto a los tiempos de ciertas informaciones, el rumbo periodístico del medio insignia de los Saguier continuó con una agenda incómoda para el oficialismo en la sección política, alimentada por las coberturas de la presunta criptoestafa $LIBRA, las probables coimas del 8% en la Agencia de Discapacidad y los enriquecimientos de José Luis Espert y Manuel Adorni. Los matices permanecieron en la agenda económica y los editoriales del diario y el prime time de LN+ se afirmaron como trincheras oficialistas. Suele darse que ciertos segmentos de la pantalla televisiva parecen al menos disimular las ofensas del Presidente a periodistas del diario.

Si bien la dirección de La Nación corresponde a Fernán Saguier —psicólogo de profesión, con experiencia como corresponsal en Estados Unidos—, el peso del abogado Julio César se refleja en los textos de los editoriales. El presidente del directorio tiene llegada fluida a jueces y fiscales de Comodoro Py, y es interlocutor privilegiado del mundo de los negocios y la Asociación Empresaria Argentina. En cuanto a los otros hermanos, el ingeniero industrial Luis se ocupa de los números de la empresa, el arquitecto Alejandro se encarga de temas logísticos y la docente Florencia encabeza la Fundación La Nación. La sexta hermana, María Luz Saguier, se dedica al negocio agropecuario y el transporte de cargas.

La siguiente reunión entre Milei y Fernán Saguier fue a solas en la primavera del año pasado, por la mañana. Una de las fuentes la situó en septiembre de 2025 en Olivos, la otra no lo precisó.

El director de La Nación se encontró con un Presidente afable, que tenía preparada una carpeta con recortes y notas impresas que le habían resultado agradables. Un dato saliente es que Milei portaba el mameluco de YPF que viste cuando juega con sus perros. En un momento, volvieron a surgir los nombres de Pagni y Alconada Mon, y Milei salió de sí. Increpó al visitante y se refirió a ambos periodistas como “sorete” e “hijo de puta”, términos cotidianos en su léxico. Saguier apenas pudo pronunciar palabra, hasta que el mandatario lo echó y lo hizo acompañar por la seguridad: “No vas a volver a pisar este lugar mientras yo sea Presidente”. El director del diario conservador salió con la impresión de que le habían tendido una celada, sólo para que escuchara la furia de Milei.

El “kiosquito” y los Macri

Así como el inquilino de Casa Rosada atribuye toda mirada no complaciente que se esboza en el multimedios Clarín al objetivo empresarial de que Telecom termine de absorber Telefónica, también apunta a intereses económicos y políticos de los Saguier para administrar su agenda. “El Presidente le dejó claro que La Nación defiende su kiosquito”, dijo una voz gubernamental.

Aunque los negocios del Grupo La Nación son por montos menores que los de Clarín, un apellido exacerba la prevención en Milei: Macri.

Durante años, periodistas y empresarios como Jorge Lanata, Daniel Vila (A24, La Red, América TV) y Jorge Fontevecchia (Perfil) atribuyeron a Mauricio Macri la propiedad en las sombras de LN+. En el Gobierno renacieron las suspicacias ante una agenda adversa que se filtra en ciertos segmentos del canal desde febrero pasado.

Un hito que marcan en el oficialismo es la concesión por diez años del predio de Costa Salguero a una sociedad entre Clarín y La Nación. Esas hectáreas privilegiadas sobre el río de la Plata estuvieron históricamente ligadas a empresarios cercanos al PRO, y acaban de ser asignadas por el Gobierno de Jorge Macri al duopolio informativo. El canon ofrecido por los ganadores fue inferior al de su competidor en la licitación, Eduardo Elsztain, empresario de excelente vínculo con los Milei. Sin invertir en infraestructura, Clarín y La Nación ya están anunciando muestras en Costa Salguero (rebautizada como BA Ferial) a partir del invierno, que dejarán de llevarse a cabo en La Rural de Palermo, predio explotado por IRSA, la firma de Elsztain.

Otro tema en la agenda de la pelea entre el Gobierno y La Nación es la remodelación del Luna Park. El diario de los Saguier viene informando profusamente sobre el supuesto daño en el patrimonio arquitectónico del mítico estadio que supondría la obra que propone llevar a cabo la empresa DF Entertainment. En la lectura del Ejecutivo, los accionistas de La Nación —que pugnaron por la licitación por el Luna Park— procuran evitar a toda costa la construcción de un microestadio que compita con el Movistar Arena, propiedad de los Saguier. El histórico estadio de box del Bajo porteño pertenece al Arzobispado, pero en la divisoria de aguas, DF Entertainment quedó cerca de Milei.

A ello se refirió el Presidente en una de sus últimas ofensivas. “Basura inmunda” le disparó Milei a Jorge Liotti, principal columnista dominical de La Nación y jefe de la sección política. “Obviamente estas mentiras están avaladas por editores delincuentes y dueños de moral cuestionable”, abundó. En Casa Rosada tradujeron esa frase como una alusión al negocio del Luna Park, otro “kiosquito”.

El mismo día de ese agravio, La Nación publicó un editorial titulado “Preservar el programa, proteger a Milei”. El texto, elogioso hasta lo empalagoso de las políticas económica y exterior del Gobierno ultraderechista, pareció sugerir que era necesario desprenderse de Adorni, a quien no mencionó. Consideró imperioso bloquear el regreso del peronismo porque, de lo contrario, “nos hundiremos en lo más profundo de un décimo círculo donde Dante Alighieri hubiera puesto a los países fallidos e irrecuperables”.

Un texto enjundioso que reencuentra a las fraternidades Saguier y Milei.

Sin embargo, como nada parece ser suficiente, horas más tarde, el Presidente apuntaría otra vez a Pagni en una carrera ilimitada por la ofensa. Por una confusión menor durante el programa “Odisea”, en LN+, sobre el mes de inicio del mandato ultraderechista, Milei arremetió: “delincuente mal parido”.

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Entrevistado el jueves por la noche en la radio española Cadena SER, Axel Kicillof describió un cuadro ruinoso de la Argentina de Milei y apeló a palabras de la actriz Dolores Fonzi para alertar sobre los riesgos de un avance de la ultraderecha ibérica (Vox o PP de Isabel Díaz Ayuso): “Vengo del futuro”.

El periodista preguntó: “Ante esto que sucede en Argentina, la izquierda, ¿qué puede ofrecer para volver a ser competitiva?”. La escena se repitió en la entrevista con el director de elDiario.es, Ignacio Escolar, reproducida en esta edición. “¿Qué hicieron mal los gobiernos de izquierda en Argentina para que alguien como Milei pudiera alcanzar la presidencia?”, consultó.

Para el gobernador bonaerense, el abordaje en términos ideológicos clásicos le suena más familiar que a cualquier dirigente peronista de primer orden, desde su vida universitaria —cuando era de izquierda no peronista— hasta su reelección como gobernador, en 2023, cuando apeló al eslogan “derecha versus derechos”.

En el diálogo con la radio, Kicillof comenzó a responder, pero enseguida se vio en la necesidad de aclarar. “Bueno, es una discusión. Lo que hace el peronismo, el campo popular —nosotros llamamos izquierda a partidos más pequeños, de origen trotskista— es una propuesta electoral, pero antes que eso, en el marco del desorden mundial que tenemos, presentar una alternativa que dé respuestas y una perspectiva”.

La aclaración del gobernador no es una mera cuestión taxonómica ante la ubicuidad histórica del peronismo. Representa, más bien, un desafío sobre una existencia política —para resumir, “el kirchnerismo”— en disputa, y ello constituye un problema en una era que demanda identificaciones claras. Hoy, en el despacho de La Plata, hablan con cierta naturalidad de un proyecto “peronista de izquierda”, aunque ponen el freno de mano para no herir susceptibilidades, no sólo entre los adversarios internos y gobernadores con los que tarde o temprano habrá que negociar, sino también entre algunos kicillofistas, como Andrés “Cuervo” Larroque, poco apegado a esas definiciones.

De Javier Milei se pueden decir muchas cosas, pero su vocación y arrojo por definir un perfil inequívoco está fuera de duda desde el primer minuto que piso un estudio de televisión, hace ya una década. Quiso ser ultra y lo sostuvo mucho más allá de lo que algún asesor de marketing le hubiera aconsejado.

Con el peronismo nacional pasa lo opuesto desde hace una década: no se sabe qué es. Del Daniel Scioli presidenciable de 2015, nadie puede aventurar si hubiera gobernado muy distinto de Mauricio Macri. El candidato era ambiguo y terminó siendo un farsante. ¿Cuál de los Sergio Massa conocidos estaría hoy en Casa Rosada si hubiera obtenido el mínimo margen que le faltó para ganar en la primera vuelta de 2023? Hubo un peronismo ganador, el de 2019, con los Fernández al mando, pero tampoco se sabe qué intentó hacer.

Del Daniel Scioli presidenciable de 2015, nadie puede aventurar si hubiera gobernado muy distinto de Mauricio Macri. El candidato era ambiguo y terminó siendo un farsante

Devaneos y escondidas

Fuera de las fronteras argentinas, los devaneos sobre el lugar ideológico del peronismo se resuelven con simplicidad, por razones de tiempo y espacio. Para la prensa internacional, Kicillof y Cristina son “peronistas de izquierda”; Menem y Pichetto, “peronistas de derecha”, y Massa, pragmático. Lula en Brasil, Gabriel Boric en Chile, Elly Schlein en Italia, Pedro Sánchez en España, Yamandú Orsi en Uruguay, Gustavo Petro en Colombia, Claudia Sheinbaum en México, el SPD en Alemania, el laborismo británico y un largo etcétera se afirman en “la izquierda”, la “centroizquierda”, o “el progresismo”. Tienen recorridos disímiles y posiciones incluso opuestas ante determinados temas; hay moderados y radicales; liberales y populistas; varios tienen competencia por izquierda, aunque a todos los une la identificación de un rival o enemigo: la derecha y sus versiones extremas.

Todos los nombrados estuvieron presentes en la cumbe anti ultraderecha de Barcelona, convocada por Sánchez, que terminó ayer por la tarde. Kicillof mantuvo encuentros con buena parte de ellos, y más de uno le dio un trato de postulante presidencial. “No soy candidato”, aclaró el gobernador ante la confusión generalizada. No le creyeron.

La aversión a la identidad de “izquierda” encuentra ecos diversos en el peronismo. Por empezar, es el estandarte del máximo “peronista de Perón” y a la vez uno de los peronistas con menos votos y, sugestivamente, más minutos de streaming, Guillermo Moreno. Hasta hace poco, Miguel Ángel Pichetto —cuando combatía a bolivianos, paraguayos, mapuches e iraníes, votaba las leyes que proponía Milei y reclamaba a Macri que no cediera protagonismo— vetaba a Kicillof por “comunista”. Es el mismo lugar en el que lo ubican las profusas pantallas de la ultraderecha.

En el cristinismo —reconciliado con Moreno y Pichetto— arriesgan un argumento asombroso, alguna vez hecho público por su líder. “Izquierda y derecha son conceptos eurocéntricos”, impropios de América Latina. La idea barre con la historia del continente y la del propio peronismo, un siglo de enseñanza en la universidad pública y el lenguaje político de varios países de la región. A su vez, somete al cristinismo a tropezarse con sus contradicciones.

El Partido Justicialista (PJ) acaba de enviar una delegación de una docena de personas al encuentro organizado por la “Movilización Progresista Global” (MPG), cuyo objetivo fue “ofrecer una alternativa necesaria a las fuerzas conservadoras y de extrema derecha”. Nada de esa terminología parece seducir demasiado a quienes rodean a la expresidenta.

Entre foto y foto, y panel y panel, la delegación del PJ no se cruzó con la bonaerense en los pabellones del predio ferial FIRA, en L’Hospitalet de Llobregat, afueras de Barcelona. Habrá sido todo un desafío evitar un pantallazo ocasional que encontrara a rostros de ambas facciones en el mismo encuadre.

Kicillof estuvo acompañado por su mano derecha y ministro de Gobierno, Carlos Bianco, la ministra de Comunicación, Jésica Rey, y la parlamentaria del Mercosur Cecilia Nicolini. La Provincia afrontó el costo de los cuatro pasajes. La organización MPG cursó tres invitaciones al PJ. En una muestra de gran ecumenismo, fueron asignadas por Cristina a las camporistas Soledad Magno, Lucía Cámpora y Valentina Morán.

El senador Eduardo “Wado” de Pedro, quien supo cultivar una red de relaciones internacionales y es el “progre” más nítido del cristinismo, fue intitulado como presidente de la delegación del PJ. Pagó sus pasajes y estadía de su bolsillo, y regresó con dos fotos con alto valor simbólico para su sector. Lula y Sheinbaum posaron con un cartel “Cristina Libre”. Además de alertar sobre los “peligros” de Milei, la denuncia de la “proscripción” de la exmandataria era un objetivo de principal para la comitiva oficial peronista, indican cerca de De Pedro.

La representación punteada por Cristina incluyó a los diputados Eduardo Valdés, Nicolás Trotta, Lorena Pokoik y Roxana Monzón, el intendente de Merlo y secretario de RRII del PJ, Gustavo Menéndez (pareja de Monzón), la economista Delfina Rossi y el parlamentario del Mercosur Franco Metaza. Jorge Taiana —cercano a Kicillof— fue anotado inicialmente en el listado del PJ, pero declinó. Sí apareció por los pasillos del FIRA de Barcelona el abogado de Cristina Gregorio Dalbón. Abordó a Sheinbaum al paso y se llevó como premio un video en reclamo de la libertad de su representada.  

La concurrida delegación del PJ para una conferencia que no resulta del todo amigable para la narrativa cristinista estuvo motivada en la voluntad de impugnar a Kicillof. Máximo Kirchner denuncia un juego individualista y victimista del gobernador, por lo tanto, no obediente del liderazgo de Cristina, y un escamoteo del reclamo por la libertad de la exmandataria.

Sobre la no obediencia, no hay mucho por agregar. “Sería totalmente absurdo presentarnos con la consigna ‘Cristina Libre’ como eje central en un encuentro de este tipo. Corresponde denunciar el autoritarismo y los abusos judiciales contra Cristina, pero una convocatoria para organizar una resistencia internacional ante la ultraderecha no es el ámbito para que ésa sea la bandera central del gobernador”, dice una voz próxima a Kicillof.

Aunque ambas comitivas manifiestan haber dado testimonio de una variante de la ultraderecha en su caracter más extremo —como perfilan a Milei—, en el eje Patria-Cámpora interpretan que el objetivo de Kicillof consistió en poner un peldaño en su candidatura presidencial, y no mucho más.

Distancia

El gobernador se apresta a encarar una precampaña presidencial con dos premisas. “Viene advirtiendo a nuestros dirigentes del peligro de creer que Argentina necesita las mismas políticas de Milei, pero con buenos modos. Hay que terminar con políticas que crean pobreza, matan a la industria, desfinancian a las universidades y generan deuda externa; no es sólo una cuestión de insultos, que por supuesto están mal”, cita la fuente bonaerense.

El segundo pilar permite avizorar la magnitud de la brecha que se abrirá con el kirchnerismo ortodoxo en los próximos meses. Va a dejar claras posiciones contrarias a las de Milei, pero también marcará diferencias con los doce años de Néstor y Cristina, anticipan. Así planteado, en el mundo de Cristina, que sólo se habilita un recuerdo idílico de aquellos años, será concebido en términos de traición. Kicillof es consciente “de las respuestas que dejamos de dar”, sobre todo —pero no sólo— desde 2019, argumentan en su entorno.

Un abordaje analítico, menos comprometido con la interna partidaria, sostiene que los trazos ideológicos no deben formar parte de una propuesta peronista “porque no les interesan a los votantes”. Son —sostiene la mirada pragmática de los asesores— “ajenos” a las preocupaciones de los hogares, a los que se supone más atraídos por temas vinculados a su salario, la calidad de su trabajo, la escuela de los pibes, el precio de la boleta de gas y el transporte público.

Cualquier 'postureo', sea progre o neoliberal, genera irritación en cuanto es detectado

La mirada tiene algún parentesco con el “antiwokismo”, no necesariamente por la voluntad de restaurar definitivamente el machismo, llenar de petróleo los glaciares, gritar libremente contra los bolivianos y combatir las transexuales, si no para evitar distraer la atención de los asuntos centrales, que serían los del ingreso.

Hay un sustrato de realidad en que nadie ganaría una elección meramente por decirse de “izquierda” o de “derecha”, menos si se lo hace bajo la forma de la impostura. Más bien, cualquier “postureo”, sea progresista o neoliberal, genera irritación en cuanto es detectado. Una “feminista” que milite por la “e” inclusiva y, al mismo tiempo, maltrate a su secretaria y fomente medidas que redundan en rebajas salariales y mayor informalidad en las empleadas del hogar, o, por derecha, un honestista que dispare contra los políticos como una “casta de ladrones” y manotee todo lo que tiene a mano para acumular propiedades y millas en avión privado lo pagará caro.

Algo de eso se ha visto, pero esa aversión no dice mucho sobre la inconveniencia de asumir un discurso con componentes ideológicos, que siempre están, aunque no se los explicite. La hipocresía y la corrupción son mal vistas, bajo cualquier ideología.

El corto alcance de los realpolitikers a ultranza es que no conciben la elaboración de un texto político que aborde el gran relato de “vivir mejor” —porque el trabajo no está en peligro y el sueldo alcanza— y que ello conforme un todo con los “pequeños relatos”, como evitar la contaminación del río, que millones de personas puedan asumir su sexualidad sin ser oprimidos, las mujeres no padezcan violencia machista, se denuncie el genocidio en Gaza aunque ocurra a 12.000 kilómetros y el Nunca Más siga confrontando al terrorismo de Estado. No existe ningún motivo para disimular luchas que —bien leídas— van de la mano de la “recomposición del ingreso de los hogares”.

Como primer paso, ello significa plantarse ante la reacción conservadora, sin inhibiciones ante zócalos de la tele, editoriales, pronunciamientos de ONG y bullying en redes sociales. Y luego, la huida de una identidad de “izquierda” parece más una exageración del análisis y una sumisión ante el estigma que se configura desde aparatos de derecha, que una demanda real de los trabajadores precarizados, quienes podrán no conducir su vida con un libro de Noam Chomsky en la mano, pero tampoco saldrán corriendo si alguien promete fomentar la igualdad a través de un impuesto a la riqueza o combatir el gatillo fácil contra adolescentes. La propuesta exige, claro está, pericia para explicarla y llevarla a cabo, y capacidad de resistir las represalias.

A sus 80 años, alguien que tiene algo para decir al respecto es Lula, y lo dijo ayer en su presentación en Barcelona.

“Estoy ante cinco mil personas que se identifican como progresistas. Siempre, la política se dividió en dos campos: de un lado, los que piensan que los individuos se sobreponen a la colectividad; y los otros, los que creen que el bienestar de cada uno depende de la garantía de una vida digna y decente para todos.

Esa división ya tuvo muchos nombres: derecha, izquierda, conservador y progresista, pero el extremismo impone un nuevo desafío. El campo progresista logró avanzar en la agenda de los derechos. La situación de los trabajadores, de las mujeres, de las personas negras y de muchas minorías es mejor hoy que lo que fue en el pasado. No es una coincidencia que la reacción de los jueces reaccionarios viniera de forma tan violenta, con la misoginia, el racismo y el discurso de odio. Pero el progresismo no logró superar el pensamiento económico dominante. El proyecto neoliberal prometió prosperidad y entregó hambre, desigualdad e inseguridad. Provocó crisis tras crisis. Aún así, nosotros sucumbimos a la ortodoxia; hemos sido los gerentes de las miserias del neoliberalismo. Los gobiernos de izquierda ganan las elecciones con discursos de izquierda y creen en la austeridad. Desistimos de políticas públicas en nombre de la gobernabilidad, nos transformamos en el sistema; por eso no nos sorprende ahora que el otro lado se presente como el 'antisistema'.

El primer mandamiento para los progresistas tiene que ser la coherencia. No podemos elegirnos con un programa e implementar otro. No podemos traicionar la confianza del pueblo, aunque buena parte de la población no se vea como progresista. Ella quiere lo que nosotros proponemos: quiere comer bien, vivir bien, con escuelas de calidad, con hospitales de calidad; una política climática seria y responsable; una política de medio ambiente sana; un mundo libre y saludable; un trabajo digno, con jornada laboral equilibrada y también con un salario que permita una vida cómoda.

La extrema derecha supo aprovechar el malestar de esas poblaciones, aprovechó la frustración de las personas inventando mentiras: hablando de las mujeres, de los negros, de la población LGBTQ+, de los inmigrantes. Es decir, utiliza a las personas que más necesidades tienen para servir al discurso de odio. Nuestro rol es apuntar con el dedo a los verdaderos culpables: un puñado de multimillonarios que concentra la mayor parte de la riqueza mundial. Ellos quieren que las personas crean que 'cualquiera puede hacerlo'. Alimentan falacias de la meritocracia, pero patean la escalera para que otros no tengan la misma oportunidad de subir. Ellos pagan menos impuestos —o nada—, explotan a los trabajadores, destruyen la naturaleza y usan el algoritmo. Entonces, la desigualdad no es un hecho, es una elección política. Y nosotros, ¿qué debemos elegir? La igualdad".

slacunza@eldiarioar.com

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Corrección: En la veresión original, fue incluido Jorge Taiana como uno de los asistentes al encuentro de Barcelona. Se trató de un error.

Luis Caputo explicó que los funcionarios que accedieron a alguna de las hipotecas del Banco Nación suman apenas 0,2% de los 27.000 receptores de esos créditos a baja tasa, por lo tanto, su insignificancia anula la sospecha de delito. Es una forma de medirlo; hay otras. Por ejemplo, la que apunta un ministro de una provincia aliada del oficialismo. “Metieron a la mitad de la consultora Anker en esos créditos”.

El funcionario provincial se refiere a la consultora boutique que encabezaban Caputo y Santiago Bausili. Cuando fueron convocados por Javier Milei, en diciembre de 2023, el primero se hizo cargo del Ministerio de Economía, el segundo, del Banco Central (BCRA), y los economistas del staff pasaron a ocupar despachos oficiales.

El listado de beneficiados con hipotecas del banco público —a una tasa entre la mitad y un tercio de la de una entidad privada, mayor cobertura sobre el precio de la vivienda y menores exigencias en cuanto a ingresos del solicitante— incluye a unos doce funcionarios del Poder Ejecutivo.

De ellos, tres trabajaron para Anker, y están entre quienes recibieron los préstamos de mayor monto, no sólo entre los otorgados a funcionarios, sino entre los 27.000 clientes a los que aludía Caputo.

Encabeza el listado el ex-Anker y actual director del Banco Central Juan Pedro Inchauspe, quien cosechó $509 millones en diciembre pasado, según el sitio “Cuánto Deben”, del analista Andrés Snitcofsky, que sistematizó la información. Otro responsable de la consultora y actual secretario de Finanzas, Federico Furiase, recibió $367 millones en agosto de 2025. Le siguió Felipe Berón, exanalista en la firma de Caputo-Bausilli y actual segundo de Furiase, con $362 millones.

Del resto de los economistas de Anker —Caputo, Bausili y el director del BCRA Martín Vauthier— no hay registro de que hubieran aprovechado la gran oportunidad de endeudarse a la tasa subsidiada del Nación, al menos a su nombre.

En cambio, sí lo hicieron más hombres del Ministerio de Economía: Matías Mana, subsecretario de Relaciones Financieras Internacionales (otro en la línea Furiase, $243 millones) y Juan Manuel Garzón (subsecretario de Programación Macroeconómica).

El foco mayor se colocó sobre Felipe Núñez, asesor de Caputo y director del BICE. Juntó $373 millones en febrero de 2025. Toda una contradicción con sus provocaciones en redes sobre el cierre del Banco Nación, al que definía antes de ocupar su función actual como “una cueva de acomodados políticos que lo único que sirve es para timbearse los ahorros de la gente para salvar a inviables”.

Inusualmente apichonado para quien suele actuar como un matón virtual, Núñez mintió en el streaming fascistoide Carajo. Antes de acudir al medio preferido del equipo económico, Núñez se hizo asesorar por un abogado y leyó: “No hicimos nada moral ni ilegal, fuimos como cualquier hijo de vecino a sacar un crédito a la misma tasa y plazo que puede sacar todo el mundo. Nuestras familias se endeudaron a 30 años”. Se abstuvo de pedir que le agradecieran.

A su lado, Furiase explicó lacónico —ajeno a su novedosa preferencia por la provocación— que su préstamo fue para comprar “una segunda vivienda, y no tercera como se dijo por ahí”. Se refirió a la información dada por Alejandro Bercovich en C5N, quien mostró la suntuosa casa que Furiase compró en el barrio privado Los Pilares e informó que sus ingresos se multiplicaron en febrero, cuando pasó a cobrar honorarios como director de Aeropuertos Argentina, la empresa encabezada por Eduardo Eurnekián en la que el Estado es accionista. Con los al menos $10 millones que ganará por una tarea a la que no dedicará ni un minuto al mes, el secretario podrá afrontar la cuota de la hipoteca sin problemas.

Furiase –era director del BCRA cuando recibió el préstamo– y otros receptores de Anker probablemente deban explicar ante tribunales la tentación en la que incurrieron en momentos en que contaban con información privilegiada sobre el comportamiento de las tasas y supervisaban las condiciones del crédito.

El hecho de que más de la mitad de los funcionarios de alto rango del Poder Ejecutivo que recibieron un crédito del Nación pertenecieran a las inmediaciones de la oficina de Caputo explica la pelea en sordina que se desató esta semana entre el titular de Hacienda y colegas del gabinete.

La lista de libertarios que recibió un crédito es extensa. Como informó este diario, durante unos meses de 2025, se desató un radiopasillo en varios ministerios para sacar un crédito del Banco Nación y ofertas “te paso el contacto”. Las fuentes calculan en decenas entre las segundas líneas de su entorno que se endeudaron, entre asesores, directores y jefes de gabinete con menos nombre que los sesenta que salieron a la luz entre los tres poderes del Estado, con una clara preponderancia de integrantes de La Libertad Avanza.

Sandra Pettovello sobreactuó al fulminar a su jefe de gabinete, el radical Leandro Massacessi, receptor de $439 millones. La ministra de Capital Humano se quejó de que no le había avisado y lo echó. En la particularísima escala ética de la amiga y contenedora psicológica de Javier Milei, otros hipotecados entre funcionarios que la rodean no merecieron reparo, apunta una fuente de Economía. En la cartera de Caputo vieron en Pettovello una aprovechamiento político para desmarcarse al costo de exponer al staff de Anker, a riesgo de generarles un frente judicial.

¿Qué piensa sobre este asunto el líder cuya lógica de razonamiento y sus principios tienen encandilado a todo el elenco gobernante?

En un diálogo en penumbras con dos fans emitido por la TV Pública, Milei se hizo preguntas referidas a los créditos del Banco Nación: “Haber tomado un crédito, ¿mató gente? No”. Siguió: “¿Alguien perdió la libertad por esto? Tampoco”. Abundó: “¿La tasa es la tasa de mercado? Afirmativo. No violentaste la propiedad privada”.

Esa secuencia de preguntas condensa problemas de diverso orden. Primero, intelectual. No hay forma de que una persona que comprende de qué se trata atine a interrogantes tan absurdos. Luego, en relación con la verdad, conflicto esencial en el Mundo Milei. La tasa para primera vivienda del Banco Nación para el público en general es el doble del 4,5% que rige en la línea de créditos a la que accedieron funcionarios de Economía que hace dos años gozaban con la idea de cerrar el banco “prebendario”. No fue “tasa de mercado”.

El conflicto con la verdad del Presidente remite a un aspecto que parece haberse instalado como motor del Gobierno ultraderechista: la amoralidad. No asoma una convicción ética que priorice unos valores sobre otros, aunque sean polémicos, o que dé lugar a un prisma rector para todo el Gobierno. Prevalece una ausencia de toda moral, que da lugar a un cúmulo de comodines ramplones para tratar de justificar o esconder lo que haga falta, con lo que surja en el momento, sin línea de razonamiento o reparos sobre el procedimiento.

La presunción de corrupción sistemática que refleja el caso ANDIS y el 3% para Karina, la organización de una aparente estafa desde el propio despacho presidencial expresada por $LIBRA, la pulsión por comprar propiedades y viajar en aviones caros de los Adorni o la avivada de casta por excelencia que reflejan los créditos de Banco Nación demuestran un menú variopinto de podredumbre que tiene entretenido al Gobierno, al punto de paralizarlo en aspectos básicos de la administración.

Se suma a ello otro plano identitario del ascenso del Soez. Para Milei, el insulto y la grosería forman parte de la necesidad de “llamar a las cosas por su nombre”, hablar “sin hipocresía” para denunciar el latrocinio de la casta o, en sus términos, “políticos de mierda”. El éxito electoral del ultra tuvo un correlato en las pantallas de canales de noticias, columnas de opinión, redes, humoristas y streamings fascistoides.

Los últimos episodios de canales como Carajo –cada vez con menos audiencia– muestran a esas voces no ya para apuntar a quienes ellos consideran infrahumanos (por trabajar en el Estado, ser científico, feminista, zurdo o gay), sino para el goce del latrocinio propio. Una variante todavía de alta difusión no se preocupa por negar lo evidente, sino por decir que los anteriores fueron peores. Otra vez, la amoralidad.

Todo esto ocurre mientras millones de personas no pueden viajar en colectivo a trabajos en los que ganan menos en términos reales que hace cinco meses o tres años, otros millones están impedidos de atenderse con el médico de PAMI porque el instituto de salud de los jubilados entró en un déficit inmanejable, y unos cuantos millones más viven bajo el agobio de lidiar con escuelas, hospitales, universidades y programas de asistencia amputados por la motosierra. Todo ese mal vivir cotidiano encuentra al Gordo Dan vomitando agravios que perdieron gracia y al Presidente haciéndose entrevistar por una lista de periodistas tan restrictiva, que más temprano que tarde se reducirá a un único nombre posible: Luis Majul.

Maniatado

Se desató una guerra con Irán. La acción del Estado argentino fue limitarse a las palabras “apoyo total”, “vamos a hacer todo lo que pida Estados Unidos”. La adhesión irrestricta viene en combo con el pegoteo con Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí con pedido de arresto por crímenes de guerra e investigado por genocidio.

Semejante grandilocuencia pavloviana impide atender un aspecto tan básico como el desfasaje generado en los costos del transporte público a raíz del aumento del petróleo derivado de la crisis en el Golfo Pérsico. El precio de viajar en el área metropolitana triplicó el aumento de la inflación desde que asumió Milei, mientras trenes, subtes y colectivos no cesaron de recortar servicios. Se viaja más caro y peor.

Entre otras razones, el Gobierno está maniatado para, por ejemplo, intervenir en el mercado de combustibles, porque el dogma económico lo impide. Con las capacidades del Estado acechadas o abandonadas, los organismos de control resignan capacidad para exigir cumplimientos y auditar costos. Tampoco es posible aumentar los subsidios para mitigar el alza, porque la persistente caída de la recaudación producto de la recesión resta recursos al Estado, que profundiza los recortes y acelera la retracción del consumo.

¿Sorprendidos?

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Manuel Adorni suma una nueva opacidad en el registro de sus bienes. En una declaración jurada patrimonial presentada en marzo de 2025 ante el Tribunal Electoral de la Ciudad de Buenos Aires, el jefe de Gabinete omitió consignar la casa de fin de semana en el country Indio Cua, incorporada cuatro meses antes a nombre de su esposa, Bettina Angeletti. Debió hacerlo, porque se trató de un bien ganancial.

El 29 de marzo de 2025, el entonces vocero presidencial y candidato a primer legislador por la Ciudad de Buenos Aires por La Libertad Avanza informó sus bienes ante el Tribunal Electoral, requisito establecido para todos los postulantes.

La declaración incluyó el 50% del departamento en la avenida Asamblea 1132, de Parque Chacabuco —compartido con Angeletti—, y el 100% de una casa en La Plata, ambas anotadas por valores fiscales exiguos. Además, consignó depósitos bancarios que sumaban unos $50 millones. A grandes rasgos, el documento coincide —si bien es mucho más escueto— con lo informado a la Oficina Anticorrupción en 2024, cuando Adorni presentó una declaración similar como secretario de Comunicación del Gobierno de Javier Milei.

La ley electoral de CABA, en su artículo 104, es nítida: “La declaración jurada patrimonial debe contener una nómina detallada de todos los bienes, créditos, deudas e ingresos, tanto en el país como en el extranjero, propios y gananciales, del declarante”.

Los bienes gananciales son aquéllos “creados, adquiridos por título oneroso o comenzados a poseer durante la comunidad por uno u otro de los cónyuges”, según el código civil y comercial. Por si quedara alguna duda, el inciso cuatro del artículo 104 de código electoral porteño especifica que el candidato debe consignar cualquier bien del que tenga “posesión, tenencia, uso, goce, usufructo por cualquier título, motivo o causa”, aunque no esté a su nombre.

La obligación de Adorni de declarar la casa en el Indio Cua Golf Club, ubicado en Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires, era ineludible, según contadores, fuentes del Tribunal Electoral y legisladores de la Ciudad consultados por elDiarioAR. Escriturada el 15 de noviembre de 2024 a nombre de Angeletti, se trataba de un bien ganancial.

No cabe la hipótesis de que la casa de Indio Cua fuera adquirida por Angeletti mediante la venta de algún bien propio previo al matrimonio, el producto de una explotación comercial individual u otra excepción a lo que se considera “ganancial”. La vivienda en cuestión, tal como declaró el miércoles la escribana Adriana Nechevenko ante el fiscal Gerardo Pollicita en Comodoro Py y se constata en el registro de la propiedad inmueble, fue comprada a través de una hipoteca de US$100.000 sobre el departamento en común de Adorni y Angeletti en la calle Asamblea 1132. La trazabilidad del carácter ganancial del bien está expuesta en la hipoteca, indica un contador con clientes entre legisladores de diferentes partidos.

“Un bien adquirido por uno de los cónyuges es considerado ganancial, más allá de quién figure como titular, salvo excepciones establecidas en la ley. Ante la duda, mi consejo profesional es que las declaraciones juradas son una oportunidad para consignar bienes gananciales, para evitar inconvenientes posteriores”, dice el contador, que prefiere no revelar su identidad.

En la presentación del jefe de Gabinete ante el Tribunal Electoral porteño, no figura ni la casa en Indio Cua, ni la deuda hipotecaria sobre el departamento de Asamblea, ni ninguna otra deuda, pese a lo prescripto en el código electoral de la Ciudad.

Adorni no respondió la consulta de este medio. Una fuente oficial sugirió que la omisión podría deberse a que la casa del barrio privado está a nombre de Angeletti, y deslizó que podría haber sido anotada en un anexo confidencial presentado ante el Tribunal Electoral, sin precisiones. La ley electoral porteña estipula que la confidencialidad se restringe a números de cuentas o identidad de acreedores y deudores, no a bienes gananciales.

Total normalidad

Transcurridas tres semanas a los tumbos, sin capacidad de respuesta sobre la notable evolución patrimonial de Adorni, el Gobierno se apega a una secuencia para explicar que “todo es legal”.

Por un lado, el testimonio del exfutbolista Hugo Morales, vendedor del departamento de Miro 550, barrio de Caballito, y los documentos entregados por la inmobiliaria Rucci coinciden en que la operación se concretó por US$200.000, en mayo de 2025. Como se trata de un precio muy inferior al de mercado e incluso al publicado por Rucci para esa propiedad en febrero de 2024 (US$340.000), la explicación es que el departamento se encontraba en mal estado y necesitaba refacciones.

Meses más tarde, las jubiladas Beatriz Viegas y Claudia Sbabo les vendieron el departamento a Adorni y Angeletti por US$230.000, y les otorgaron un préstamo hipotecario por US$200.000.

Como informó este diario, el jefe de Gabinete dijo a los Milei que la hipoteca de su nuevo departamento sería saldada con la venta del anterior, en Asamblea 1132, todavía en veremos. En cuanto al misterioso préstamo de las jubiladas vendedoras, el argumento fue que una de ellas, Viegas, es la madre de un supuesto amigo de Adorni, de quien el miércoles se conoció el nombre: Pablo Martín Feijoo. Este desarrollador inmobiliario está, a su vez, a cargo de la venta de la unidad en Parque Chacabuco.

Sobre la casa en Indio Cua, la escribana Nechevenko dijo en la fiscalía que ella misma contactó a otras dos mujeres, policías de profesión, que actuaron como prestamistas para la adquisición. “Un mutuo que se hace regularmente”, dijo la fuente gubernamental.

Las incongruencias saltan a la vista, más allá del bajo precio del semipiso en la calle Miró.

El departamento en el que vivían los Adorni en el barrio de Parque Chacabuco está hipotecado en una parte de su valor, por US$100.000 —usados para comprar parte de Indio Cua—, y se supone que del producto de su venta también saldrán los fondos para afrontar la compra de la unidad en Caballito. La vivienda en avenida Asamblea está ofrecida a US$290.000, un precio muy superior al que pagó por Miró, que tiene mayor superficie y se encuentra en un edificio y un barrio de marcado mayor valor.

El incremento patrimonial de la sociedad Adorni-Angeletti comenzó pocos meses después de la asunción de los Milei en la Presidencia.

Ello combina con gastos mensuales sucesivos de más de $10 millones con tarjeta de crédito, la compra del vuelo privado a Punta del Este, con ida el 12 de febrero pasado y regreso cinco días más tarde (a un costo, según Adorni, de US$3.800, y según lo facturado, de US$9.000), más el pasaje de Angeletti de regreso de Nueva York en marzo por US$5.154.

Desde que elDiarioAR informó sobre el vuelo privado a Punta del Este y Adorni se mostró imposibilitado de dar explicaciones, el Gobierno insiste en que la renovación de la declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción, prevista para el 30 de mayo, aclarará todas las dudas.

Dado que el sueldo de Adorni era algo superior a $3 millones hasta diciembre de 2025 y de unos $7 millones desde febrero, la clave para entender la suma de propiedades y gastos exorbitantes de la pareja seguramente surgirá del presunto éxito fulgurante de la consultora BE, dedicada al coaching ejecutivo y de vida, fundada por Angeletti a mediados de 2024.

Al parecer, desde entonces se acumularon cuantiosos ingresos producto de convenios de BE con empresas vinculadas a negocios estatales. Es una de las hipótesis que manejan en el juzgado federal de Ariel Lijo y la fiscalía de Pollicita.

slacunza@eldiarioar.com

SL/CRM

El departamento del segundo piso de Asamblea 1132, en el que vivieron Manuel Adorni y su familia durante más de una década, se transformó en un comodín que multiplica su valor en el entramado de bienes del jefe de Gabinete.

Quien mostró el departamento de Parque Chacabuco “un par de veces” a interesados y se declara a cargo de la venta es Pablo Feijoo, hijo de Beatriz Viegas, una de las dos mujeres a las que Adorni y Bettina Angeletti compraron la vivienda en Miró 550, Caballito.

En diálogo con elDiarioAR, Feijoo se plegó a la versión de que las operaciones “están en regla” y “no hay nada raro”, tal como sostiene Adorni. El registro de ingresos a Casa Rosada constata que el desarrollador inmobiliario de 36 años visitó a Adorni en octubre de 2025, un mes antes de la operación de Miró.

Feijoo es el “Pablo” a quien el exfutbolista Hugo Morales mencionó como el comprador del departamento de Miró en mayo de 2025 a US$200.000, pese a que la inmobiliaria Rucci lo había publicado quince meses antes a US$340.000. Según declaró Morales en sede judicial y ratifican responsables de Rucci, en el momento de la escritura se presentó la madre del interesado, Viegas, y una allegada a ésta, Claudia Sbabo. Seis meses más tarde, las dos mujeres vendieron el departamento de Miró a Adorni y su esposa a US$230.000.

Si bien el amigo de Adorni prefirió no abundar sobre sus negocios y su papel, trascendió que es directivo de la desarrolladora TJS Group y de la constructora Avda SRL, y tiene como socio Leandro Miano, quien sería familiar de Sbabo.

Ante la inquietud generada por la concesión de una hipoteca de parte de Viegas y Sbabo por el 87% del valor del departamento de Miró, la versión de Adorni fue que se trataba de la madre de un amigo. La escribana Adriana Nechevenko confirmó la naturaleza de ese vínculo porque “los hijos (de Adorni y Feijoo) van al mismo colegio”.

Adorni necesita que la venta se concrete antes de noviembre, cuando deberá pagar el capital de US$100.000 prestado para Indio Cua, más los US$200.000 que quedaron pendientes ante la madre y otra familiar de Feijoo por la hipoteca de Miró

El departamento de Asamblea fue hipotecado en noviembre de 2024, y con esos fondos, el jefe de Gabinete y Angeletti compraron la casa en el barrio privado Indio Cua. La escritura fue anotada a nombre de la esposa del funcionario.

A su vez, la promesa de pago de la hipoteca de Viegas y Sbabo por Miró fue contra la venta de Asamblea, de tal manera que ese bien serviría para pagar una casa en un country que tiene expensas por $700.000 y un departamento con expensas por $1 millón. Como parámetro de valor, la vivienda de Asamblea registra expensas por $500.000. El contraste con el semipiso de Miró tanto por la categoría del edificio como por la cotización del barrio —Caballito—, es evidente.

Feijoo afirmó que el carácter de hipotecado del departamento de Asamblea no obstaculizará la venta y ello será constatado por el escribano que intervenga.

La escribana Nechevenko declaró ante la fiscalía de Franco Picardi que acercó las prestamistas de US$100.000 a Adorni y Angeletti —dos mujeres policías— para la compra de la casa de fin de semana en Indio Cua contra la hipoteca de Asamblea. El plazo de pago es dos años y paga un interés de 11% anual.

El intermediario se negó a responder más allá de las características del departamento de Asamblea, y afirmó que brindará las explicaciones requeridas por la fiscalía de Picardi.

Desde que fue publicada, sólo dos interesados visitaron la propiedad de Asamblea 1132.

Adorni necesita que la venta se concrete antes de noviembre, cuando deberá afrontar el capital de US$100.000 prestado para Indio Cua, más los US$200.000 que quedaron pendientes ante la madre y otra familiar de Feijoo por la hipoteca de Miró.  

slacunza@eldiarioar.com

SL / NB

“Tenés que sacar un crédito del Nación. ¿Querés el contacto?”. La voz, segunda línea en un ministerio, narra el diálogo de un año atrás y da cuenta de un reparto que define como “una locura” de los préstamos hipotecarios del principal banco público, ése que Javier Milei propuso cerrar o privatizar. “Lo ofrecían por los pasillos”, recuerda ahora, cuando en los despachos oficiales repasan de memoria quiénes aceptaron y quiénes se perdieron la oportunidad.

La cartera más comprometida es —una vez más— la de Luis “Toto” Caputo. Allí se anotan como receptores el secretario de Finanzas, Federico Furiase (US$280.000), y el asesor y director del BICE, el picante Felipe Núñez (US$315.000), entre otros. Una y otra vez, se demuestra que un plantel “exitosísimo” en el mundo privado llega a la función pública y exprime al Estado. En este caso, se hace entregar un crédito a tasa subsidiada, que cubre un porcentaje de la “primera vivienda” mucho más alto que cualquier entidad privada.

Si pueden y quieren, los tribunales deberán evaluar si los créditos a decenas de funcionarios y diputados transfugas al oficialismo cumplieron con las exigencias de ingresos, o si se trató de un favoritismo a la hora de darles prioridad sobre ciudadanos de a pie, o nada de eso. El listado de violetas que usufructuaron la línea del Banco Nación habla por sí solo de la anormalidad en curso.

En el Palacio de Hacienda se vive un clásico: tirria contra Sandra Pettovello, la ministra de Capital Humano que se desprendió de su jefe de Gabinete, Leandro Massacessi, apenas veinte minutos después de leer un tuit que lo sindicaba como beneficiario de una hipoteca del Banco Nación por unos US$ 300.000. Pettovello le pidió explicaciones por teléfono al hijo del “Menem Rubio” Horacio Massacessi, éstas fueron insatisfactorias y dispuso su despido inmediato.

“Los dejó reexpuestos a todos, están recalientes”, razona un testigo de la pelea con Caputo. Ayer, inmerso en la realidad paralela en la que se autopercibe domador del universo, Milei se desgañitaba en X para aclarar que el despido del jefe de Gabinete de Pettovello nada había tenido que ver con el crédito del Banco Nación, contra lo obvio explicado por el propio expulsado y por múltiples fuentes oficiales.

La rivalidad entre Pettovello y el ministro de Economía se remonta a comienzos de la gestión ultraderechista, cuando la ministra trataba de destrabar partidas urgentes para asistencia social, salud y educación, y se encontraba con la negativa tajante de su colega, porque “no hay plata”. Aquellos tironeos derivaron en al menos una renuncia de la ministra, finalmente retirada.

Núñez o el jefe de campañas digitales de Casa Rosada, Juan Pablo Carreira (Juan Doe, US$76.000), caen bajo el mismo tipo de daño autoinfligido que padece Manuel Adorni. Fueron tan agraviantes, abusaron tanto de la injuria y la calumnia, que ahora, cuando quedan expuestos por avivadas, corruptelas o corrupción a gran escala, se acumularon los enemigos y son pocos los dispuestos a dar la cara por ellos. Señalados por los vecinos del consorcio del edificio al que se mudaron o los tribunales, nada los incrimina tanto como el goce expresado en redes ante el dolor social generado por la motosierra.

Aunque los oficialistas beneficiados con los créditos que detectó el diseñador gráfico y experto en datos Andrés Snitcofsky pertenecen a las distintas tribus, el escándalo no escapa a la interna. Unos trataban de hilvanar explicaciones y otros buscaban salir por arriba, con imposturas que decían no entender “qué está mal” de solicitar un crédito.

La misma fuente gubernamental antes citada acotaba ayer: “Qué barato le está saliendo a Darío Wasserman. ¿Por qué nadie lo nombra?”. Se trata del presidente del Banco Nación, responsable principal de un esquema de créditos canalizado por el método de la casta voraz enquistada en el Estado. Además de administrador de una pauta publicitaria generosa, Wasserman es esposo de Pilar Ramírez, una ex filocamporista que se volvió inseparable de Karina Milei, la terminal donde conducen casi todos los indicios de corrupción en el Gobierno del Soez.

Territorio Mahiques

El martes tuvo lugar una reunión clave y reveladora entre el nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y ocho de los nueve jueces de la Cámara de Casación Federal. El único ausente entre los magistrados fue Alejandro Slokar, quien prefirió ahorrarse la foto de una cita convocada sin agenda. En un dato elocuente, el lugar central en la foto protocolar lo ocupó el décimo participante del encuentro, Santiago Viola, el viceministro de Justicia, proveniente de la línea SIDE y otro de los adoptados por Karina.

El comienzo de la cita tuvo un tono emotivo. El más veterano de los jueces, Carlos Mahiques, no es el presidente de la máxima instancia penal del sistema judicial, pero ofició como anfitrión. Se mostró movilizado por el hecho de ser visitado por el ministro Juan Bautista. No fue ni de cerca el primer encuentro semipúblico del que participan padre e hijo. Por caso, ambos compartieron el inolvidable viaje a Lago Escondido organizado por el Grupo Clarín, en 2022, periplo de lujo que incluyó a jueces, espías, directivos del conglomerado mediático y funcionarios del entonces gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta.

La filtración oral y escrita del Telegram del grupo de Lago Escondido, en plena efervescencia por esconder el hecho, alumbró el papel de Mahiques padre caracterizado por la irascibilidad y la promesa de venganza, mientras que a Mahiques hijo le tocó pergeñar el invento de “una facturita” para justificar gastos y el diseño para trasladar la investigación a Comodoro Py, donde consiguió un éxito rotundo meses después, cuando la causa fue archivada.

Mahiques padre se juega mucho en las próximas semanas. En noviembre próximo cumple 75 años, edad de retiro para los jueces, pero Javier Milei quiere que permanezca en esa silla. La conexión con el ministro será fundamental en la instancia penal por la que pasan todas las investigaciones de corrupción de funcionarios nacionales y que además interviene en los procesos inferiores, reasignando causas entre juzgados, separando jueces, vetando pruebas o atrayendo expedientes a Comodoro Py.

El 3 de febrero, el Gobierno envió al Senado el pedido para extender el acuerdo de Mahiques padre hasta sus ochenta años, lo que tiene altas chances de prosperar. El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) ya impugnó el proyecto. Esa organización menciona los antecedentes de Lago Escondido y el festejo de la familia Mahiques en el predio de la AFA como razones para que el patriarca efectivice su jubilación de una vez por todas, pero se basa en un argumento de mayor peso.

En 2013, Mahiques fue designado por concurso como juez de la Cámara de Casación Penal (fuero ordinario, no federal). Tras un interregno como ministro del Gobierno de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, Mahiques volvió a tribunales, pero fue trasladado por decreto de Mauricio Macri a la estratégica Casación federal, sin concurso, en 2017. Al año siguiente, ante las quejas por esa práctica de la que abusó el Ejecutivo de Cambiemos, el Senado votó el nombramiento, pero —recuerda INECIP— ello no salva la falta de concurso establecida en la ley. En esa línea, la extensión del mandato de Mahiques con la que ahora pretenden premiarlo los Milei sería la prolongación de una ilegalidad. Si el Senado consigue los 37 miembros que levanten la mano, les tocará al Presidente y a Mahiques hijo firmar la extensión. Otro brindis emotivo.

El encuentro en la sala de Acuerdos de Casación Federal no fue sólo camaradería, emoción y protocolo. El juez Guillermo Yacobucci —otro veterano del fuero— aprovechó para reforzar la idea de que no es necesario completar las cuatro vacantes de la Cámara (son trece asientos y hay nueve ocupados). Según dos fuentes al tanto del contenido de la reunión, varios de sus colegas y el ministro Mahiques celebraron la idea, que podría materializarse en un proyecto de ley para reducir el número de integrantes del tribunal o, más sencillo, con la simple inacción del Ejecutivo. Si no propone a nadie, las sillas siguen vacías. Son varios los jueces de Casación que enfrentaron pedidos de juicio político, algunos de ellos con mucho cuerpo, pero todos fueron anulados o hibernados. Mejor dejar todo como está y ganan todos.

El frente de Casación Federal parece despejado con la influencia de los Mahiques, mientras la Corte Suprema reducida a tres miembros tampoco presenta mayores problemas para el Gobierno ultraderechista. Ninguno de los supremos supone un desafío para los deseos de Karina, y la mala relación entre los cortesanos contribuye a neutralizar algún intento individual de salirse del guion.

Más abajo, en la segunda y primera instancia del fuero criminal federal de la Ciudad de Buenos Aires, parece estar en curso un tránsito desde un esquema que en la última década y media pareció orbitar en el macrismo, sea por adhesión ideológica o comunidad de intereses, a otro de impronta mileista. Hasta ahora, el Ejecutivo de La Libertad Avanza convivió a gusto con esa trama dominada por la mesa judicial constituida en el Gobierno de Macri, estamentos tradicionales del fuero federal y la SIDE. Algo está cambiando bajo la dirección de la dupla Mahiques-Viola. Una terminal propia permitiría a los Milei moverse con soltura sin tener que pedir lealtades prestadas.

Vetos

Los movimientos alcanzan a la Cámara Federal, dividida en dos salas de tres miembros cada una. Martín Irurzun también tiene 74 años y aspira a lograr una extensión de su designación como camarista federal. Uno de los más veteranos de Comodoro Py y considerado afín a la UCR, fue el autor de la doctrina que sirvió para encarcelar a varios funcionarios de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, bajo el argumento del peso residual que podrían conservar para entorpecer el proceso judicial. El concepto se restringió exclusivamente a funcionarios peronistas, que pasaron meses y años en la cárcel sin sentencia. La relación con el macrismo de Irurzun, considerado propio por la UCR, fue inmejorable, pero por algún motivo —acaso ése— el tándem Mahiques-Viola no muestra intenciones de enviar al Senado la solicitud de extensión del mandato.

Milei tiene la oportunidad de congelar la foto actual de Casación, designar a tres de los seis jueces que integran la Cámara Federal porteña, unos cuantos de la primera instancia, además de magistrados federales en todo el país.

Meses atrás, Irurzun tuvo una intervención que dio que hablar en el expediente de las presuntas coimas asociadas a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), conocida como “el 3% de Karina”. En línea con las defensas de los lobistas y empresarios imputados, el camarista puso el foco en la necesidad de constatar la legalidad de los audios del amigo de Milei Diego Spagnuolo. El argumento está en el aire y podría definirse en los próximos días.

A la vacante que dejaría Irurzun en la Cámara, se podrían sumar las de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. Ambos fueron trasladados, en 2018, sin concurso por Macri a Comodoro Py, al igual que Mahiques padre, pero sin siquiera contar con el acuerdo posterior del Senado. La Corte Suprema ya estableció que su designación fue ilegal, aunque permitió su permanencia hasta que la Cámara alta nombre a sus reemplazantes. En el edificio de Retiro se narra que el hoy viceministro Viola les hizo la cruz por su intervención en un expediente de inteligencia ilegal contra el juez Sebastián Casanello. Bruglia y Bertuzzi votaron por procesar a Viola, quien oficiaba como abogado de los hijos de Lázaro Báez y había armado una operación con sello de la SIDE. El interinato de Bruglia y Bertuzzi se da por acabado.

De tal manera que Milei tiene la oportunidad de congelar la foto actual de Casación, designar a tres de los seis integrantes de la Cámara Federal porteña, unos cuantos de la primera instancia, además de jueces y fiscales federales en todo el país.

Apellidos permanentes

El concepto de “familia judicial” es más viejo que la democracia argentina. Hay un montón de Mahiques en diferentes cargos judiciales. Por aludir a otro apellido ya mencionado en la nota, el camarista de Casación Yacobucci —un juez muy receptivo a los pedidos de las defensas de los represores de la dictadura— tiene a su hijo, Ignacio, como secretario de la vocalía de su colega Javier Carbajo. La endogamia es ley, pero se avizora una nueva escala.

En la primera tanda de 62 propuestas de designación de jueces, fiscales y defensores oficiales, Mahiques se propuso agrandar la familia. Entre ellos, el hijo del fallecido fiscal ultramenemista y macrista Germán Moldes, Juan Andrés Moldes, para cubrir un puesto de juez penal económico; Ana María Juan, esposa de Marcelo Martínez de Giorgi, el juez federal que tiene paralizada la causa $LIBRA, como titular de un juzgado federal en Hurlingham; y Emilio Rosatti, hijo del supremo Horacio Rosatti, para el Tribunal Oral Federal de Santa Fe. De unos cuarenta jueces propuestos en esta instancia, al menos el 10% tienen relaciones de parentesco primario con apellidos de primer orden de la magistratura.

Los problemas de Emilio Rosatti con el alcohol —en dos oportunidades, 2021 y 2022, fue hallado al volante con más de 2 gramos de alcohol en sangre, unas cinco veces lo permitido, en caminos de su provincia, Santa Fe— y una denuncia por un divorcio turbulento que en el pasado lo obligaron a retirarse de un concurso, parecen zanjados para la vara moral de los hermanos Milei.

Una voz con peso en Comodoro Py define el mapa que quedará con los movimientos, remociones y designaciones que lleva adelante la sociedad Mahiques-Viola. “Con un promedio de edad de unos cincuenta años y horizonte de jubilación a los 75, se están asegurando un cuarto de siglo de dominio de Comodoro Py mediante un clan asociado al Gobierno”.

Procesión sin resurrección

En el corto plazo, los reacomodamientos en curso dejan capítulos a dilucidar. Uno de ellos es la investigación por las coimas en ANDIS. El fiscal Franco Picardi, quien instruyó una primera parte de la causa que derivó en 19 procesamientos, acaba de solicitar otras treinta indagatorias. El juez Ariel Lijo recibió en febrero la causa de manos de su colega Sebastián Casanello y debe decidir ahora si da curso a las indagatorias en una causa que, si escala, tocaría las puertas de la Presidencia.

Entre Martínez de Giorgi y el fiscal Eduardo Taiano tienen estaqueada la investigación por la criptoestafa $LIBRA, pero las pruebas difundidas por medios periodísticos que apuntan directamente a los hermanos Milei son tan contundentes, que enterrar ese expediente no será tan fácil.

Cada vez que sale un posteo con la foto y a Adorni le surge otra propiedad, otro viaje, otra trapisonda.

En cuanto a José Luis Espert y el financiamiento por parte de un presunto narco, la causa está radicada en un juzgado federal de San Isidro. El último movimiento del exdiputado fue para mudar la investigación a Comodoro Py.

La causa que aportó más color y efervescencia en las últimas semanas es la de los gastos desmesurados y la expansión de bienes de Adorni, verdadero monotema puertas adentro de Casa Rosada. Sin voz, el exvocero y jefe de Gabinete petrificó su sonrisa para sacarse selfies con ministros que se acercan para mostrarle su apoyo y darle el pésame. Cada vez que sale un posteo con la foto y a Adorni le surge otra propiedad, otro viaje, otra trapisonda.

El miércoles deberá prestar declaración testimonial la escribana Adriana Nechevenko, en apariencia, la armadora del pase de manos, hipoteca sospechosa y subfacturación del departamento en la calle Miró 550, barrio de Caballito, y de la casa en el country Indio Cua. El fiscal Gerardo Pollicita, en quien Lijo delegó la investigación, prepara más citaciones a testimoniales para encontrar la punta del ovillo. Dilucidar los pasos de Lijo en pleno reacomodamiento de Comodoro Py y tras haber sido rechazado para ocupar una silla en la Corte Suprema despierta múltiples elucubraciones en despachos oficiales.

Nechevenko conoce bien a Adorni, a quien frecuentó en Casa Rosada. Tienen un punto en común. El jefe de Gabinete no pagó las expensas de enero, febrero y marzo de la calle Miró, por lo que acumula una deuda de $3 millones. Nechevenko, por su parte, debería siete meses de expensas en su oficina del edificio de Luis Sáenz Peña 259, unos $2,2 millones.

El jefe de Gabinete designó abogado en la causa por los vuelos a Punta del Este y el presunto enriquecimiento ilícito. Su letrado es Matías Ledesma, hijo de un juez que condenó a las Juntas militares. Entre varios clientes famosos, Ledesma representó a Rosatti en un juicio por enriquecimiento ilícito en Santa Fe, que no prosperó, y a Silvio Robles, mano derecha de Rosatti en su vocalía de la Corte Suprema. En este caso, lo defendió por su indebida asesoría a Marcelo D’Alessandro, ministro de Justicia de Larreta y pasajero de Lago Escondido, en el marco de una disputa entre Nación y Ciudad. Para sorpresa de nadie, la causa tampoco avanzó.

El hijo de Robles es el community manager de Martín Menem.

slacunza@eldiarioar.com

SL

Javier y Karina Milei se ocuparon de difundir este miércoles que la confianza en Manuel Adorni sigue intacta y que permanece “inamovible” como jefe de Gabinete. Ante el cúmulo de cabos sueltos que aparecen a diario sobre su incremento patrimonial y gastos desmesurados, el Presidente y su hermana trataron de escenificar algo parecido a la normalidad y le armaron una agenda de reuniones con ministros para delinear “la recta final de la segunda etapa de Gobierno”.

Detrás de la retórica grandilocuente, nadie en el Ejecutivo da crédito a esa pantalla de “crisis superada”, otro de los conceptos que surgió de las entrañas oficialistas. Todos en el Gobierno —incluidos los Milei— saben que la situación de Adorni se define día a día, al calor de las propiedades y los gastos que se van conociendo, las sospechosas transacciones y la causa judicial en Comodoro Py que con alta probabilidad tendrá al funcionario indagado más temprano que tarde.

Uno de los últimos datos que alimentó la presunción de ilegalidades en el ascenso económico de Adorni es que las dos mujeres que figuran como prestamistas de US$200.000 para concretar la compra del departamento en la calle Miró 550 del barrio de Caballito parecen no conocer al jefe de Gabinete. Beatriz Viegas, jubilada de 72 años, negó algún vínculo con Adorni, así como haberle concedido un crédito hipotecario, en un diálogo a través de un portero eléctrico con el periodista de La Nación Ignacio Grimaldi. Una mujer que atendió el celular de la otra prestamista en partes iguales, Claudia Sbabo, de 64 años, también dio a entender que no estaba al tanto de la operación.

De acuerdo a datos consignados en el registro de propiedad de la Ciudad de Buenos Aires, Viegas y Sbabo compraron la unidad de 200 m2 en Miró 550 al exjugador de fútbol Hugo Morales, a un precio de US$200.000, en mayo de 2025. Ambas vendieron el departamento a Adorni siete meses más tarde a cambio de US$230.000. Los valores consignados se ubican en la mitad del precio por metro cuadrado en esa zona de Caballito.

Los Milei le habían pedido a Adorni que agotara la información sobre los pormenores de su patrimonio, para evitar enterarse por la prensa de novedades inexplicables. Ante la versión de que las mujeres no conocían a Adorni, éste debió volver a responder preguntas ante la cúpula del Gobierno, pudo constatar este diario. El jefe de Gabinete les explicó al Presidente y a la secretaria general que una de las mujeres, Viegas, es la madre de un amigo, y que Sbabo es familiar de la primera.

De esta manera, el jefe de Gabinete se apresta a desmentir la versión publicada en La Nación, y también tratará de anular otra presunción que circuló en los últimos días: que Viegas y Sbabo no se conocen entre sí.

Adorni dice ahora que la hipoteca concedida será saldada con la venta del departamento en la avenida Asamblea, en Parque Chacabuco, cerca de la nueva propiedad en la calle Miró. Otra anomalía es que el precio publicado por la unidad de 191 m2 en Asamblea, US$ 289.000, es sustancialmente más alto que el abonado por Miró, pese a que esa zona de Caballito es bastante más cara.

El jefe de Gabinete insiste en que tanto la propiedad en Caballito como la casa en el barrio privado Indio Cua, en Exaltación de la Cruz, adquirida en 2024 y anotada a nombre de Angeletti, formarán parte de la declaración jurada a ser presentada el 30 de mayo. Allí también deberá dar cuenta de un nuevo automóvil, un Jeep Compass Sport de 2021, que adquirió sin haber vendido el anterior. “Los números cierran”, insistió una fuente que escuchó las explicaciones de Adorni.

El presunto enriquecimiento ilícito que investiga el fiscal federal Gerardo Pollicita incluye el flujo de gastos, como el vuelo a Punta del Este en un avión privado entre el 12 y el 17 de febrero junto al amigo Marcelo Grandio, por el que uno de ellos o entre ambos oblaron cerca de US$9.000. Desde que este diario publicó la información, el 11 de marzo, Adorni se adentró en un galimatías para explicar su vida dispendiosa del que no pudo salir.

No es el único viaje bajo la lupa de la fiscalía federal, que quedó a cargo de la causa por delegación del juez Ariel Lijo. Hay otros vuelos de Adorni y Angeletti a playas de la región que llamaron la atención de Pollicita, supo elDiarioAR de fuentes con acceso al expediente. El destino en cuestión no es Hawaii, como circuló este miércoles.

Aunque Adorni no parece tener margen para recuperar la palabra en el corto plazo, los Milei creen que podrán dar vuelta la página con la apertura de nuevos debates, siempre y cuando no aparezcan más propiedades y gustos suntuarios. Las encuestas sobre el caso difundidas hasta ahora son demoledoras para la imagen del jefe de Gabinete.

Como sea, el operativo “olvido” deberá superar el escollo judicial, que comenzó a paso firme. Como anticipó este diario, la escribana Adriana Nechevenko, quien parece una figura clave en el armado de las compras de Adorni y Angeletti, fue citada a prestar declaración testimonial el 8 de abril. Ya pasaron por el juzgado de Lijo otros testigos vinculados al vuelo a Punta del Este y la lista de convocados por Pollicita promete crecer.

Una vez superada la primera ronda de testigos y con la documentación recabada en allanamientos y pedidos de informe, será el turno de las indagatorias.

slacunza@eldiarioar.com

SL

La versión de Manuel Adorni y Marcelo Grandio sobre el vuelo en un avión privado Hondajet a Punta del Este se transformó en un callejón sin salida para ambos.

Las declaraciones de testigos de ese periplo de carnaval y los documentos incautados no hicieron más que acumular dudas sobre el vuelo, el patrimonio y la vida dispendiosa del funcionario enaltecido por los Hermanos Milei. Con diez días en el candelero por malas razones, Adorni enfrenta una imputación judicial, en principio, por enriquecimiento ilícito.

Tras titubeos iniciales, Adorni y su amigo sostuvieron que cada uno pagó su parte, y redujeron el monto abonado lo máximo posible, hasta un precio inverosímil para el mercado: US$3.600-3.800 el funcionario y US$800 el periodista acomodado en la TV Pública. En condiciones normales, un vuelo ida y vuelta a Punta del Este cotiza entre US$10.000 y US$12.000.

Con el corset de su propia declaración y la necesidad de achicar el monto pagado, Grandio acosó a Vanesa Tossi, la empleada de la firma Jag Executive Aviation, cuando la mujer se comunicó para emitir la factura con tres semanas de retraso, tal como declaró el viernes en la causa radicada en el juzgado federal de Ariel Lijo.

Tossi, con más precisión que su jefe, Agustín Issin, el piloto y broker que revendió el vuelo de regreso, narró el presunto amedrentamiento de Grandio para que no emitiera el comprobante una vez que el viaje se transformó en un problema para Adorni, según una fuente con acceso al expediente.

La secuencia explica el nerviosismo de Grandio descripto por Tossi.

El 9 de marzo pasado,, en el editorial del programa “Odisea Argentina” en La Nación +, el periodista Carlos Pagni se preguntó si Adorni había viajado en vuelo privado a Punta del Este. La mención de Pagni se dio tras un fin de semana en que el jefe de Gabinete ocupó el centro de la escena por la inclusión su esposa, Bettina Angeletti, en la comitiva oficial que viajó a Nueva York por la Argentina Week ante inversores.

En su primera defensa fallida, cuando se dijo “deslomado” en Nueva York, Adorni explicó en el canal A24 que Angeletti había comprado su pasaje a la ciudad estadounidense por US$ 5.345, se supone que en primera clase en un vuelo de línea, sin dejar claro si el monto había sido devuelto tras el traslado de su esposa en el avión oficial ARG-01. En esa entrevista, el jefe de Gabinete se negó a dar cuentas de su escapada a Punta del Este porque —dijo— se trataba de su “vida privada”.

A partir de la difusión del vuelo a Punta del Este, Issin, dueño de la comercializadora de vuelos privados Jag Executive Aviation y empleado de la firma Consultatio, se inquietó por emitir la factura del regreso del 17 de febrero por la tarde. En su declaración, el broker negó que hubiera buscado emitir la factura a raíz del revuelo generado, sino que atribuyó la demora a que estuvo de vacaciones. La factura a nombre de Grandio fue confeccionada unos días después y predatada al 9 de marzo.

El tramo de ida, del 12 de febrero, había sido facturado directamente por la operadora del vuelo, Alpha Centauri, a la productora televisiva de Grandio, Imhouse, según reconstruyó el fiscal federal Franco Picardi. 

Hasta allí, el monto de la factura por la ida, US$4.830, era cercano a la versión de Adorni y su amigo, entre los US$3800 abonados por el jefe de Gabinete y los US$800 de su exsocio y amigo.

Este diario informó el 11 de marzo la declaración jurada de salida de los Adorni y Grandio, desde San Fernando a Punta del Este, y todos los detalles del vuelo con matrícula LVHWA, así como el regreso con la familia del jefe de Gabinete, sin el amigo, en el cierre del Carnaval.

La presión de Grandio sobre Tossi para que no emitiera la factura se incrementó. “¿Viste lo que está pasando, vos lo filtraste?”, acusó el amigo de Adorni a la empleada del broker de vuelos. Uno de los mensajes de Grandio al celular de Tossi atacó a Pagni. Lo trató de “pseudoperiodista al que se le cayó la pauta”, un argumento similar la que utilizan Adorni y Milei para defenestrar a sus críticos.

En un raid de entrevistas disparadas por la nota de elDiarioAR, Grandio —un hombre adinerado, yerno del exdirectivo de Torneos y Competencias Luis Nofal y beneficiado por múltiples contratos con la TV Pública y Radio Nacional desde la asunción de Milei— arremetió con contradicciones sobre el precio y el pagador del vuelo.

Para Adorni y Grandio resultaba imperioso que no apareciera otra factura más allá de los US$4.830 emitida por Alpha Centauri, porque ello daría cuenta de más fondos que el jefe de Gabinete no puede explicar

Cuando el amigo de Adorni se volvió demasiado insistente y envió una carta documento desconociendo la factura del regreso, Tossi dejó de contestarle, declaró en el juzgado de Lijo. El dato de la carta documento fue aportado por la empleada y omitido el jueves por su jefe, el piloto Issin, por lo que deberá ampliar su testimonial.

Para Adorni y Grandio resultaba imperioso que no apareciera otra factura más allá de los US$4.830 registrados por Alpha Centauri, porque ello daría cuenta de más fondos que el jefe de Gabinete no puede explicar, o de un favor tampoco justificable por parte del amigo beneficiado con contratos en la TV Pública, además de contradecir la versión inicial.

Sobre el precio del viaje de regreso desde el aeropuerto de Laguna del Sauce, en Punta del Este, a San Fernando, norte del Gran Buenos Aires, hay varias lagunas. La primera factura hallada por Picardi fue emitida por Alpha Centauri a nombre de Issin por un paquete de diez vuelos con un valor de US$42.250, uno de los cuales utilizó Adorni a su regreso. Issin, en tanto broker, trataría de revender cada tramo a un precio cercano a US$4.800.

Según declararon Tossi y su jefe, el precio acordado con Grandio para el regreso fue de US$3.000, en virtud de un descuento por asientos comercializados en el Hondajet en el tramo de regreso de la ida a Punta del Este, y en el de ida para buscar a los Adorni, cinco días más tarde. Ese tipo de descuentos es inusual y en cambio pudo haberse tratado de una subfacturación, bastante frecuente en el mercado de la aviación privada, dedujo una fuente del sector.

En sendas exposiciones, Issin y Tossi sostuvieron que tanto el pasaje de ida como el de regreso habían sido abonados por Grandio, lo que va en sentido contrario a lo afirmado por Adorni y su amigo en varias entrevistas.

De los US$4.830 de la ida hay registro tanto por la factura como por la transferencia bancaria, pero en cuanto a los presuntos US$3.000, el comprobante está en disputa porque Grandio lo desconoce, y además fue saldado en efectivo, según la empleada Tossi.

En la hipótesis más beneficiosa para Adorni, debería explicar cómo hizo para pagar US$3.800 por un vuelo ocasional en febrero, monto no acorde a sus ingresos ni su patrimonio declarado. Si a eso se suma el monto de regreso, la complicación es mayor, tanto si abonó el jefe de Gabinete, como si fue un favor de alguien acomodado junto a sus hijos en la TV Pública.

El descontrol que transita Grandio se vio corroborado cuando envió mensajes a Tossi en el medio de su declaración en el edificio de Comodoro Py en la mañana del viernes, para sorpresa del juez y el fiscal.

Por ahora, Grandio y Adorni mantienen versiones unificadas, aunque tanto en Comodoro Py como en el Gobierno, fuentes estiman que podrían tomar caminos separados si sus intereses comienzan a distanciarse. Una persona con peso en el Gobierno sugiere que Adorni podría declararse desconocedor del precio de los vuelos privados y admitir que su amigo le ocultó detalles.

En la imputación por enriquecimiento ilícito, Pollicita solicitó una docena de medidas de prueba, que incluyen informes de dominio pedidos a los registros de propiedad de la provincia de Buenos Aires y la Capital Federal, secuencia de viajes, el anexo reservado de la declaración jurada de Angeletti ante la Oficina Anticorrupción y datos del country Indio Cuá.

A los pasajes por más de US$10.000 a Nueva York y Punta del Este abonados sólo en febrero, se suman elevadísimos gastos con tarjetas de crédito varios meses seguidos, al menos dos propiedades —una casa en el country Indio Cua y un departamento en Caballito— que no figuran en la declaración jurada y otras excentricidades.

El departamento en la calle Miró, en el barrio porteño de Caballito, tuvo un costo en el orden de los US$300.000, pagados en 2025. Se agregan refacciones profundas antes de la mudanza, reveladas por el periodista Fabián Waldman en el sitio La Patriada.

Entre expensas de $900.000 y la cuota del colegio de $800.000 por cada uno de sus hijos, más las expensas en Indio Cua y los gastos asociados a la camioneta de alta gama que adquirió, por citar los bienes que salieron a la luz en los últimos días, la sospecha generalizada que se constata en encuestas de opinión y entre sus acusadores es que el ascenso económico de Adorni en apenas dos años parece no tener fin.

SL

slacunza@eldiarioar.com

Avanzada la década de 1970, el Cono Sur de América Latina era un campo minado para los militantes y disidentes de izquierda. A sus veintipico, Rosario Barredo y William Whitelaw ya habían escapado de dos dictaduras: la de su propio país, Uruguay, y la de Chile. Pese a su pasado común en el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros y la ruta de exilio hacia la tierra de Salvador Allende, formaron pareja recién en Buenos Aires, a poco de eludir la cacería desatada tras el golpe de Augusto Pinochet, en septiembre de 1973.

Cuando el terrorismo de Estado de Videla se estrenaba con furia en 1976, estos militantes uruguayos vivían en el barrio de Caballito, centro geográfico de Buenos Aires, junto a los pequeños Máximo, de tres meses, Victoria, de 18, y Gabriela, de cuatro años. Los dos primeros eran hijos en común, mientras que Gabriela era hija de Barredo y Gabriel Schroeder, otro tupamaro asesinado en Montevideo, en 1972.

En la madrugada del 13 de mayo de 1976, una patota atacó la casa en el pasaje Matorras 310. Los represores saquearon y destruyeron todo, y se llevaron secuestrados a Barredo, Whitelaw y los tres niños.

Los hermanos recorrieron casas de familias asignadas por los represores, hasta que finalmente recalaron en el centro clandestino de detención (CCD) en la calle Bacacay, sucursal de Automotores Orletti, el campo de concentración ubicado en Floresta por el que pasaron uruguayos, chilenos, paraguayos y bolivianos secuestrados en el marco del Plan Cóndor.  

Gabriela Schroeder tiene recuerdos nítidos de aquellos días. A tal punto, que cuando declaró en el juzgado federal a cargo de Daniel Rafecas, en 2022, 46 años más tarde, quienes le tomaron testimonio se sorprendieron de la precisión con la que describió la arquitectura del CCD de Bacacay, coincidente con la de adultos que fueron detenidos y torturados allí.

La niña de cuatro años no paró de hablar y preguntar durante sus días de cautiverio. Acaso por eso no llegó a ser apropiada, como unos quinientos hijos de desaparecidos. “Con lo hinchahuevos que era, o me entregaban o me mataban”, dice desde Montevideo.

El abogado uruguayo Juan Pablo Schroeder viajó de urgencia desde Montevideo a Buenos Aires apenas se enteró del secuestro de su nuera y su familia. Tenía conexiones profesionales en la ciudad. Schroeder era un letrado con honorarios importantes y cierta vocación social, afín al Partido Nacional (Blanco). Sus hijos Gabriel y Gustavo se habían enrolado en la guerrillla Tupamaros. El primero había sido asesinado diez días antes del nacimiento de Gabriela y el segundo vivía sus días en Argentina.

El 20 o 21 de mayo de 1976 —hay dos versiones—, aparecieron los cuerpos de cuatro uruguayos en un automóvil Torino en una intersección de Flores Sur. Eran Barredo, Whitelaw y dos prominentes políticos: el blanco Héctor Gutiérrez Ruiz —centrista, expresidente de la Cámara de Diputados— y el exsenador frenteamplista (izquierda) Zelmar Michelini, secuestrados respectivamente en Recoleta y el Centro entre la noche del 18 y la madrugada del 19. Secuestro, detención y asesinato pasaron en barrios próximos de Buenos Aires: Caballito, Floresta y Flores Sur.

El abuelo Schroeder, ayudado por su hijo Gustavo y Fernando Barredo, hermano de la madre de los niños desaparecidos, repartió cartas por toda la ciudad. Se leía en un párrafo:

“Les pido que nos devuelvan a Lita María (Gabriela, su nieta), a María Victoria y a Máximo Fernando (hijos de su nuera), para educarlos en el amor a la patria –sin distinción de fronteras entre la tierra uruguaya y la tierra argentina— y en el amor a todos los hombres. Sin excluir a los que mataron a sus padres”.

Las puertas en Buenos Aires se cerraban para Schroeder. El poder económico e institucional que este abogado había conocido se había plegado a la lucha anticomunista de la Junta. Una única puerta se abrió: el Buenos Aires Herald, el diario de habla inglesa entonces con un siglo de existencia que dirigía el británico Robert Cox.

Este periodista, llegado a Buenos Aires en 1959, a sus 25 años, había sido instruido sobre la Argentina en el ideario antiperonista y concebía a Jorge Rafael Videla como un general que pondría orden ante los escuadrones ultraderechistas de la Triple A y la violencia de las organizaciones armadas ERP (trotskista) y Montoneros (peronista), y repondría las libertades. Sus juicios y prejuicios no le nublaron la mirada ni mucho menos la voluntad. A esa altura, con dos meses transcurridos de la dictadura, era consciente de un terror que atribuía a elementos descontrolados del Proceso de Reorganización Nacional. Sin miramientos, Cox se había comprometido a salvar vidas, una tarea que asumió junto al secretario de redacción, el argentino Andrew Graham-Yooll, el primero en informar sobre violaciones a los derechos humanos en el Herald.

Una única puerta se abrió: el Buenos Aires Herald, el diario de habla inglesa entonces con un siglo de existencia que dirigía el británico Robert Cox

Schroeder entregó la carta al director del diario el 27 de mayo. Cox le pidió fotos de la nieta y sus hermanastros y preparó su arma más poderosa: publicó primeros planos de los tres niños en la tapa del periódico que leía la comunidad de habla inglesa, los ejecutivos extranjeros y —clave en esas circunstancias— el cuerpo diplomático. El título principal del 28 de mayo de 1976 citó a Schroeder: “Help me save the children” (Ayúdenme a salvar a los chicos“).

Ese mismo día, el ministro del Interior de la dictadura, Albano Harguindeguy, citó a Cox a su despacho. Se produjo un diálogo que se transformaría en un clásico ante cada impertinencia del Herald.

—Se está dejando llevar por mentiras.

—Usted tiene que encontrar a los niños. El abuelo no pide demasiado, sólo que le devuelvan a sus nietos (…)

—Está completamente equivocado.

—No, el equivocado es usted. Continuaremos publicando la nota hasta que aparezcan los niños (reproducido en el libro Guerra Sucia, Secretos Sucios, de David Cox. Sudamericana, 2010)

Aparición con vida

Los niños Victoria y Máximo Whitelaw Barredo y Gabriela Schroeder Barredo aparecieron el 30 de mayo en un hospital de zona norte del Gran Buenos Aires y el abuelo los reencontró en una comisaría del municipio de Vicente López. Cox firmó al día siguiente una crónica pulcra con el título “Niños desaparecidos sanos y salvos”, que incluyó la mención a automóviles Falcón —icónicos de los represores— y a “escuadrones de la muerte de derecha” que habían matado a sus padres y a Michelini y Gutiérrez Ruiz. El director del Herald cerró el texto: “El Gobierno argentino repudió el asesinato y ordenó una investigación”.

Schroeder permaneció varios días más en Buenos Aires hasta que aprobaron el traslado a Uruguay de su nieta y los hermanastros que tenían el apellido de su nuera, Barredo, porque Whitelaw estaba en la clandestinidad y no pudo inscribirse como padre.

Ya de regreso a su casa de Montevideo junto a los tres niños, con un hijo y una nuera asesinados, Schroeder envió una carta a Cox.

“Hay ocasiones en la vida en que, andando por un camino, encontramos problemas de gran magnitud que nos enfrentan cara a cara con oscuros abismos. En esos momentos, hasta nuestros mejores amigos desaparecen de la vista, pero también aparecen grandes amigos… Al heraldo de la trompeta, y adhiriendo a la causa, su nombre ha quedado para siempre grabado en mi vida y en la de mi familia. Cuando regresé a Montevideo, iba acompañado por el retrato de mi hija y las fotografías de los niños rescatados que aparecieron en la primera plana de su periódico. Nunca he olvidado que mi padre… decía que los actos simples van de la mano con la grandeza del alma. Por esa razón, quiero expresar en estos párrafos, en mi nombre y en el de mi mujer y mis hijos, particularmente en el de Gabriela y sus hermanos, que aquí, en Montevideo, nuestra casa de la calle Millán 3835 lo estará esperando cada día a partir de hoy… No hay necesidad de que anuncie su visita. Las puertas de la casa y nuestros corazones estarán siempre abiertas. Lo saludo con afecto, Juan Pablo Schroeder”.

Víctimas

Los destellos del terror quedan impregnados en la memoria de las víctimas. Una vida acaso tumultuosa, pero con mamá y/o papá en el hogar, queda arrasada de buenas a primeras cuando irrumpe un grupo de tareas. Cada casa de la ciudad de La Plata bombardeada, el cuerpo que aparece en las costas de Las Toninas, los restos que encuentra el Equipo Argentino de Antropología Forense, el nieto que recupera su identidad a sus 45 años, la escena en la que una patota baja de un Ford Falcon y chupa a una persona, o el bebé que le arrancan a la madre en la Capucha de la ESMA deja una huella que se inscribe en la historia y en la crónica periodística. Pero la vida sigue para los protagonistas. A sentir y reflexionar sobre ello se dedica Gabriela Schroeder desde hace cinco décadas.

Los niños Máximo y Victoria pasaron al cuidado de los abuelos Whitelaw y partieron a fin de 1976 a Francia, donde se exilaron la familia y otros dirigentes de Nuevo Tiempo, un grupo posterior a la salida de Tupamaros que integraron Rosario Barredo y William Whitelaw antes de ser asesinados.

Gabriela quedó en Montevideo al cuidado de Juan Pablo Schroeder y su abuela, Beatriz Orozco, “mi madre”. Sus abuelos Barredo ya habían fallecido.

“En mi casa siempre hubo un eterno agradecimiento y reconocimiento a Cox”, dice a este diario.

Nunca se encontró ni habló con el director del Herald que ayudó a salvarle la vida. Las cosas se complicaron aun más apenas se instaló en Montevideo. Los allanamientos fueron una constante y al poco tiempo desapareció otro tío. Gustavo Schroeder, hermano de su padre, debió partir a un nuevo exilio. Cuando Gabriela todavía era una niña, Juan Pablo Schroeder tuvo un accidente cerebro-vascular, sufrió hemiplegia y falleció en 1981, a sus 61 años.

La mujer rememora la carta en la que su abuelo afirma la voluntad de “criarla en el amor a todos los hombres”. “Un tipo absolutamente extraordinario, que ganaba un juicio y los honorarios podían ser un penthouse en Punta del Este, y al mismo tiempo, atendía causas probono para ayudar a los más necesitados. Cuando la vida giró 180 grados, se dedicó a tratar de salvar las vidas de sus hijos de y los hijos de sus amigos”.

“Sin ponerme de espaldas a lo que había vivido, me criaron en el absoluto amor, alejada del odio y del rencor. Más allá de que mi abuelo me encontró y me devolvió la vida, y de que el Herald fue importantísimo para que me recuperara, fue la crianza que me dieron él y mi abuela la que me rescató el alma”, dice.

La muerte de sus padres era omnipresente en el hogar formado con los abuelos, pero el texto de reconocerse víctima, “que no es lo mismo que ser victimizado”, demoró años en redactarse. “Fue a través de una terapia que pude reconocerme víctima y a darme cuenta de que había sido secuestrada con cuatro años y había sobrevivido. Imaginate ver a tu abuela con ese inmenso dolor y esos ‘grandes héroes’ que entregaron su vida. Te preguntás: ¿‘qué derecho tengo yo al dolor’?”.

Gabriela Schroeder no se enroló en movimientos de derechos humanos ni de familiares de desaparecidos. Estuvo atenta a las causas, militó de adolescente el “voto verde” que intentó infructuosamente en 1989, a través de un referéndum, poner fin a la impunidad pactada con la dictadura uruguaya. “Nunca usando mi nombre ni diciendo quién soy. No es fácil ser la única niña desaparecida y aparecida. Pasás a ser una niñita símbolo y no es fácil manejarlo”.

A sus 18 partió a Chile, donde vivió los 25 años siguientes. Se recibió de ingeniera en acuicultura, trabajó en empresas e instituciones privadas, se casó con un chileno y fue madre de tres hijos, hoy de 21, 26 y 29 años.

Testimonio

En 2009, la hija de Rosario Barredo y Gabriel Schroeder viajó a Buenos Aires para prestar testimonio en el juicio por el asesinato de su madre y de “Willy” Whitelaw. Un siniestro comandante de la represión, Jorge Olivera Róvere, resultó condenado a prisión perpetua.

Gabriela volvió a vivir a Uruguay hace una década. Continuó su carrera en el ámbito científico estatal y privado, y desde hace un año es jefa de Innovación en el Ministerio de Industria, Energía y Minería.

En 2016, quince jerarcas argentinos y uruguayos vinculados al Plan Cóndor (Reynaldo Benito Bignone, Santiago Omar Riveros, Manuel Cordero Piacentini, Miguel Ángel Furci) fueron condenados a penas de entre ocho y 25 años de prisión.

Otro expediente que investiga delitos en Automotores Orletti y el CCD de Bacacay tiene procesados a cinco agentes de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Gabriela Schroeder declaró en la instrucción de la causa no sólo como denunciante del asesinato de sus padres, sino también de su propio secuestro. Fue un paso trascendente en su vida. El juicio oral por Orletti-Bacacay comenzó en febrero pasado.

Somos una generación que llegó a la mesa con los platos rotos y tuvo que aprender a vivir en esas condiciones

Gabriela Schroeder

Reflexiona: “Lo que nos pasó a los niños, en mi país al menos (Uruguay), está absolutamente invisibilizado. Somos víctimas directas, nos secuestraron. No lograron apropiarse, pero lo intentaron. Es muy importante reconocerlo porque dibuja la crueldad más absoluta de lo que pasó. Ni siquiera a los niños nos respetaron. Somos una generación que llegó a la mesa con los platos rotos y tuvo que aprender a vivir en esas condiciones”.

En 2021, Gabriela plasmó su vivencia en Un mundo nuevo — Una novela que rescata silencios de la historia reciente, con Ignacio Ampudia como coautor.

Máximo y Victoria Whitelaw fueron criados en Lyon “en una familia muy distinta, con formas de encarar el pasado de forma muy diferente” a la de los abuelos Schroeder y Orozco. Los Whitelaw regresaron a Montevideo cuando Uruguay recuperó la democracia, en 1985. Con el tiempo, los hermanos continuaron su vida en Europa. Máximo es ejecutivo de la industria petrolera y reside en Ginebra, y Victoria vive en Bruselas, donde es consultora en sustentabilidad ambiental. “Les tengo todo el cariño, aunque querría haber tenido otra vida con ellos”, dice Gabriela.

Robert Cox tiene 92 años y reparte su año entre Buenos Aires y Charleston, Estados Unidos, donde se radicó tras partir al exilio en 1979. En 2023 falleció su esposa, Maud Daverio, una argentina proveniente de una familia con recursos que resultó fundamental en el compromiso del director del Herald con los familiares de desaparecidos. Graham-Yooll, quien se exilió en Londres en septiembre de 1976 y regresó a Buenos Aires 18 años más tarde, falleció en 2019.

Gabriela Schroeder se apresta a participar de los actos por la Memoria, la Verdad y la Justicia el próximo 20 de mayo en Uruguay. La fecha más importante del movimiento de derechos humanos en ese país conmemora la desaparición y muerte de Michelini, Gutiérrez Ruiz, William Whitelaw y Rosario Barredo.

slacunza@eldiarioar.com

SL

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, trazó rápidamente las coordenadas para encauzar los múltiples casos de corrupción que apuntan de lleno a la cúpula del Gobierno: trasladar todos los expedientes al fuero criminal federal sito en la calle Comodoro Py y cuestionar la legitimidad de las denuncias, con la teoría del fruto del árbol prohibido como dé lugar.

Hombre que camina por Comodoro Py como si fuera su casa; con terminales en las diferentes vertientes y disidencias del PRO, desde los primos Macri y Daniel Angelici a Horacio Rodríguez Larreta; y nexos fluidos con los servicios de Inteligencia y el Grupo Clarín, Mahiques sabe de lo que habla. Todas esas intersecciones llevaron al ministro a ser ungido por Karina Milei y su hermano, condición indispensable para ocupar una silla en el Gobierno ultraderechista.

La estategia de defensa elaborada por Mahiques repercute en expedientes que involucran a Javier y Karina Milei como la presunta criptoestafa $LIBRA y las coimas en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad, el nexo del procesado por narco Federico “Fred” Machado y José Luis Espert, y la vida lujuriosa de Manuel Adorni.

En un cono de sombras sobre gastos exorbitantes y multiplicación de viviendas asociadas a Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, el titular de Justicia lanzó un fuego de artificio para tratar de ensuciar la causa más urgente. Apeló a un video, que el Gobierno asocia a espionaje ilegal, para invalidar el expediente en el que el jefe de Gabinete debe dar cuenta de quién pagó los vuelos privados de ida y vuelta desde San Fernando a Punta del Este en el feriado de carnaval, a un costo de US$9.000.

El registro fílmico en el que se ve a los Adorni y al oportunista acomodado en la TV Pública Marcelo Grandio en la partida del 12 de febrero salió a la luz horas después de que elDiarioAR publicara los detalles horarios, pasajeros, matrícula de la nave, precio y declaraciones juradas de ingreso y salida. No hay indicios de que esa filmación fuera producto de inteligencia ilegal, ni tiene ninguna relevancia ante el cúmulo de documentos, fotos y facturas que comprometen a Adorni. Pero Mahiques lo tiró y la prensa oficialista se dedicó a atizar las llamas. Un último capítulo lamentable fue la difusión de la identidad de quien supuestamente registró a los Adorni, tras una “investigación” de Casa Rosada.

“Podríamos averiguar el tema de alguna facturita”, dijo la voz del propio Mahiques en el grupo de Telegram cuando jueces federales, fiscales, funcionarios de Larreta, espías y ejecutivos tramaban delitos para esquivar la investigación por la excursión de lujo al paraíso patagónico de Lago Escondido al que invitó el Grupo Clarín, en octubre de 2022. El entonces fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires fue el gestor para arrancar la causa de los tribunales federales de Bariloche para aterrizarla en Comodoro Py. En la Navidad de diciembre de 2023, con Milei recién asumido, el juez Sebastián Ramos se ocupó de liquidar el investigación para siempre. Mahiques se anotó un poroto ante sus pares.

La “facturita” de Lago Escondido sentó un precedente que Adorni ahora utiliza. En otro anticipo de elDiarioAR, apareció un comprobante del vuelo de regreso a nombre de Grandio emitida por el broker de vuelos y piloto de Consultatio Agustín Issin. Sobre esa factura, hay que prestar atención a la fecha: 9 de marzo. Ese día, el periodista Carlos Pagni deslizó en su programa en La Nación Más que el jefe de Gabinete había viajado en vuelo privado a Punta del Este en los días de Carnaval. La facturita que hizo aparecer Adorni esta semana soluciona poco. El funcionario quedó demudado a la hora de explicar cómo pagó unos US$14.000 en vuelos a Punta del Este y Nueva York entre febrero y marzo.

El propio Pagni resultó beneficiado en otro diciembre, pero de 2015, a días de la asunción presidencial de Mauricio Macri, del abrupto final de una causa por espionaje ilegal que habría perpetrado el exjefe de la SIDE Juan Bautista “Tata” Yofre. Tras años de investigación pormenorizada de esa trama que combinaba a espías y periodistas, la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado también apeló al “fruto del árbol prohibido” para dar un carpetazo y archivar la denuncia que ella misma había impulsado.

En el expediente de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), conocido como el 3% de Karina, el intento de alegar espionaje ilegal sobre el amigo Diego Spagnuolo tiene todo un recorrido. Comodoro Py parece estar calentando motores para otro sablazo con el sello de Mahiques. Los interesados en la teoría del fruto del árbol prohibido son empresarios de laboratorios que pagaban coimas, lobistas y funcionarios que sirvieron a Macri y hoy a los Milei. En $LIBRA, en tanto, el ministro también intentó fraguar un argumento de “contaminación” del peritaje que expone un aluvión de indicios sobre pagos directos de los cripto gángsters a los hermanos Milei.

Contra viento y marea, el fiscal Eduardo Taiano reza para el cajón de su escritorio no se abra.

¿Y Espert?

Necesidad y urgencia

El exdiputado de La Libertad Avanza enfrenta una investigación por presunto lavado de dinero en el juzgado federal de San Isidro a cargo de Lino Mirabelli, con el fiscal Fernando Domínguez a cargo de la instrucción. Con un sinnúmero de ingresos y egresos de fondos que no cierran, Espert tiene sus bienes inhibidos, a la espera de datos solicitados a la Justicia de Guatemala que podrían probar que su benefactor Machado había montado una falsa explotación minera como vehículo del lavado. Dispositivos incautados a Machado tanto por tribunales argentinos como de Texas, donde se lo investiga por presuntos fraude y narcotráfico, podrían aportar más detalles sobre su vínculo con Espert.

El juzgado de Mirabelli no es un lugar cómodo para Espert, un economista cuyo ascenso en la política estuvo íntimamente ligado a los Milei y personajes surgidos de las redes como Spagnuolo y Adorni. La llegada de Mahiques a Justicia reactivó en Espert esperanzas de mudar el expediente de San Isidro a Comodoro Py.

El 16 de marzo, el aguerrido abogado de Espert, Alejandro Freeland, presentó un pedido ante le juzgado federal a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi para concentrar la investigación allí. Se trata del mismo juez que toleró el tenaz empeño del fiscal Taino de adormecer la investigación de $LIBRA.

El argumento de Espert es que el juzgado federal 8 de CABA, a cargo de Martínez de Giorgi, tiene radicada una denuncia presentada el 19 de abril de 2021, cuando salió a la luz que Machado le había prestado sus aviones para la campaña presidencial de 2019. El expediente hibernó durante cuatro años y recién mostró señales vitales cuando se inició la causa por supuesto lavado en San Isidro, a raíz de la información del pago de US$200.000 de Machado a Espert publicada por este diario.

Por ahora, Martínez de Giorgi solicitó a Mirabelli, su par de San Isidro, una “certificación” del expediente. Es decir, un informe que exponga cuáles son los delitos investigados y quiénes son los imputados.

En San Isidro lidian con ese intento desde que comenzaron a investigar a raíz de una denuncia presentada por Juan Grabois, en octubre pasado. Además del hecho de que, en pocos meses, el expediente alcanzó muchos más resultados que el de Comodoro Py en cuatro años, fuentes judiciales argumentan que el intento de Espert es vano. “Son dos objetos procesales distintos. En Comodoro Py se investiga el uso de los aviones durante la campaña, así está delimitado, mientras en San Isidro se sigue el posible lavado de dinero a partir de la transferencia realizada por Machado en enero de 2020”, indicó una voz.

La ruta de esos US$200.000 llevó a una realidad económica y financiera de Espert y su pareja, Mercedes González, con múltiples inconsistencias. Por ejemplo, la compra de la vivienda en la que viven en Beccar, escriturada en US$ 487.000 días después de la elección presidencial de 2019, un BMW deportivo de alta gama adquirido en 2020, fideicomisos conformados con hermanos e hijos armados desde entonces, pagos recibidos en el exterior que no habían sido declarados y otros indicios que apuntalarían enriquecimiento ilícito.

La instrucción detectó que Espert, pocos días después de iniciada la investigación, cuando la exposición de su vínculo con Machado estaba candente, realizó una extracción de US$80.000 de una de sus inversiones

El expediente de San Isidro aportó recientemente dos novedades, que motivaron la prórroga de la inhibición sobre sus bienes por 90 días a partir del 9 de marzo pasado.

La instrucción detectó que Espert, pocos días después de iniciada la investigación, cuando la exposición de su vínculo con Machado estaba candente, realizó una extracción de US$80.000 de una de sus inversiones “sin que se conozca, de momento, el destino o aplicación de tales fondos”.

Además, se conoció la participación de Mercedes González en el fideicomiso Costa Dunas, al que aportó un pago de US$55.501 y de $50.893.221,38 el 18 de febrero de 2025, que serían cuotas de un monto pactado mucho mayor.

Con esos datos inquietantes, el juzgado de San Isidro dispuso extender la prohibición de innovar sobre bienes y activos financieros de la pareja, y de los bienes muebles del fideicomiso El Encuentro de Castello, el condominio con sus dos hijos, y Killaco SA. El juez Mirabelli también dispuso un embargo sobre los fondos de González en el fideicomiso Costa Dunas.

Así las cosas, la ruta hacia Comodoro Py se transformó en indispensable para Espert. Mahíques se podría ocupar del resto.

slacunza@eldiarioar.com

SL

El círculo sobre el viaje a Punta del Este de Manuel Adorni parece cerrarse.

La factura del tramo de regreso del 17 de febrero pasado fue emitida a nombre de Agustín Issin, un piloto que trabaja a sueldo para la firma Consultatio, de Eduardo Costantini, y además vende vuelos por su cuenta.

Como informó este diario, la ida desde el aeropuerto de San Fernando a Laguna del Sauce, en Punta del Este, fue facturada por el operador de vuelos Alpha Centauri a la productora Imhouse, del amigo de Adorni Marcelo Grandio, por US$4.830.

La ruta del regreso, el 17 de febrero por la tarde, fue pagada a Alpha Centauri por Issin, como parte de un paquete de diez vuelos por US$42.250. Issin dijo a este diario que revendió el tramo a Grandio, un cliente habitual.

En diálogo con elDiarioAR, el piloto privado de Costantini informó que él, en un negocio independiente, sin vinculación con Consultatio, actúa como broker de vuelos. Es decir, vende tramos aéreos y recibe una comisión de las operadoras dueñas de los aviones, como Alpha Centauri. La función es habitual en el mercado de la aviación privada.

En ese punto, la versión del piloto —que no fue quien comandó los vuelos de Adorni— es coincidente con la que dio el propio Costantini a este medio. El empresario afirmó que Issin es uno de sus tres pilotos registrados a sueldo en Consultatio, y que no tenía conocimiento de su actividad como broker.

Costantini, dueño de emprendimientos inmobiliarios como Nordelta y edificios de alta gama, el museo Malba y la financiera y consultora Consultatio, dijo no haberse encontrado nunca con Adorni y sólo haber visto una vez a Javier Milei. “No tengo vínculo habitual con funcionarios del Gobierno”, afirmó quien fue listado este año como fortuna número 2.858 en el mundo y quinta en Argentina (Forbes).

En cualquier caso, el viaje de Adorni sigue dejando varios cabos sueltos. Por un lado, se sabe que el jefe de Gabinete y su amigo mintieron cuando dijeron que el vuelo sólo había costado US$4.600, entre los US$3.800 dólares pagados por el primero y el resto, pr el segundo. Las facturas indican que, entre los US$4.830 de ida y los US$4.200 de vuelta, la suma ascendió a US$9.000, de los cuales Grandio se hizo cargo de US$800, correspondientes a su asiento de ida (no regresó con los Adorni).

En el expediente que instruyen el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita figura la factura emitida a nombre de Imhouse y el regreso, con Issin como destinatario por US$42.250. Éste se muestra dispuesto a aportar la factura de la reventa al expediente.

La fecha de la factura informada por Issin no es neutra: 9 de marzo, unas tres semanas después de concretado el vuelo. Ese día, el periodista Carlos Pagni deslizó en su editorial de La Nación + que Adorni había viajado a Punta del Este en un avión privado

El piloto y broker de vuelos indicó que una colaboradora recibió en febrero un llamado de Grandio, el periodista acomodado por su exsocio Adorni en la TV Pública, para contratar el vuelo de regreso, y que le hizo una oferta. No le cobró US$4.200, sino US$3.000.

La fecha de la factura informada por Issin no es neutra y despierta sospechas: 9 de marzo, unas tres semanas después de concretado el vuelo. Ese día, el periodista Carlos Pagni deslizó en su editorial de La Nación+ que Adorni había viajado a Punta del Este en un avión privado, en otro signo de una vida dispendiosa, incoherente con sus ingresos. A esa altura, ya se había desatado el revuelo por la inclusión de Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete, en la comitiva presidencial que visitó Nueva York para la denominada Argentina Week.

Dos días después de lanzada la versión de Pagni, elDiarioAR informó día y horarios de los vuelos en el Hondajet de Alpha Centauri, la matrícula LV-HWA, los pasajeros, las declaraciones juradas de ingreso y egreso y el costo. Partieron cuatro Adorni y Grandio a la ida, y sólo la familia del jefe de Gabinete a la vuelta.

SL/MC

slacunza@eldiarioar.com

El vuelo de Manuel Adorni a Punta del Este el 12 de febrero y el regreso el 17 del mismo mes costaron algo más de US$9.000, informaron fuentes judiciales a elDiarioAR. El dato surge de las primeras medidas de prueba solicitadas por el fiscal Gerardo Pollicita y el juez federal Ariel Lijo, quienes llevan adelante la investigación.

El tramo de ida, desde el aeropuerto de San Fernando, fue facturado a nombre de la productora Imhouse SA, del periodista Marcelo Grandio, el quinto pasajero y amigo de Adorni, por un monto de $6,9 millones de pesos (US$ 4.830).

El regreso desde el aeropuerto de Laguna del Sauce, Punta del Este, en el último día del feriado de Carnaval, sólo con los Adorni como pasajeros, fue por un monto algo inferior, contratado bajo otra modalidad y a nombre de un tercero, dijeron las fuentes. La vuelta formó parte de un paquete prepago de US$42.000 por diez viajes, es decir, US$4.200 por tramo, con lo que el periplo completo de Adorni, entre la ida del 12 y regreso del 17, tuvo un costo de unos US$9.000.

El precio informado desmiente de plano la versión dada tanto por Adorni y Grandio desde que elDiarioAR, el 11 de marzo, hizo público el viaje del que participaron el jefe de Gabinete; su esposa, Bettina Angeletti; dos integrantes de su familia y el conductor de varios ciclos en la TV Pública desde la asunción de Javier Milei.

La vuelta formó parte de un paquete prepago de US$42.000 por diez viajes, es decir, US$4.200 por tramo, con lo que el vuelo completo tuvo un costo de unos US$9.000.

La información dada por este medio indicó que el vuelo del Hondajet matrícula LVHWA tuvo un costo de US$10.000 entre ida y vuelta, de acuerdo a fuentes del mercado de la aviación privada y a un presupuesto emitido por la empresa Alpha Centauri, que operó el traslado de los Adorni, aunque faltaba —como se aclaró— corroborar el dato con una factura.

Tras incurrir en un mar de contradicciones sobre quién pagó —él mismo, el jefe de Gabinete o el Estado—, Grandio consolidó la versión de que el vuelo había salido US$3.600 o US$3.800 a los Adorni, y que él había abonado su parte, unos US$800. Esa versión fue luego ratificada por voceros del Gobierno y el propio jefe de Gabinete en entrevista con LN+.

El monto declarado por Grandio y Adorni (US$4.600 en total) resulta menos de la mitad del valor del mercado, y ahora se demuestra falso o premeditadamente incompleto, si ambos se refirieron sólo a la ida.

El exsocio de Adorni y conductor de los ciclos Giros y Gritalo Mundial en la TV Pública explicó que el vuelo había sido contratado a la firma Alpha Centauri bajo el formato de “pata vacía”, que significa que las operadoras de vuelos hacen una oferta especial cuando son requeridas por un tramo e intentan amortizar el costo del regreso, cobrando mucho menos. De acuerdo a lo recabado por este diario con fuentes del mundo de la aviación y estatales, la explicación dada por Grandio no era cierta ni coherente.

La causa radicada en el juzgado de Lijo se originó en una denuncia de los diputados Esteban Paulón (socialista), Pablo Juliano (UCR opositora) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica).

El dato de la facturación surge de las primeras medidas de prueba, pero la instrucción de la causa apunta en las próximas horas a dilucidar, por un lado, quién está detrás del pago de regreso por US$4.200 y si el jefe de Gabinete utilizó más cupos de los diez viajes contratados.

Adorni y Grandio no respondieron las consultas de este medio.

Mientras, surgen novedades sobre viviendas, gastos desorbitantes con tarjetas de crédito y contratos, en apariencia imposibles de abordar con los ingresos declarados del jefe de Gabinete y su esposa.

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A esta altura, la pregunta que cabe es si hay alguna acción emprendida por la cúpula del Gobierno que no conduzca tarde o temprano a un episodio de corrupción desenfrenado, voraz y chapucero.

Los indicios y las pruebas se amontonan. Incluyen giros bancarios, testimonios, whatsapps impúdicos, frenesí de llamadas, fotos, videos y tropiezos de sus protagonistas cuando no les queda otra que defenderse, hasta en entrevistas arregladas.

Existen contratos sospechosos de menor y mayor escala que involucran arribistas criados bajo el ala presidencial y emporios permanentes que se adaptan a todo escenario, vigentes desde mucho antes de la patria contratista. Hasta allí, más o menos la historia de todos los Gobiernos. Lamentable, pero real.

La novedad que aporta la administración libertaria es la frecuencia e intensidad con que los rastros conducen a Javier y Karina Milei en persona, sin mediaciones, con dedicación particular por la contabilidad y los giros. No tan inesperado si se tienen en cuenta los cobros de US$25.000 por charlas de cuarenta minutos que daba el economista cuando ya se había lanzado a la carrera presidencial, en un conflicto de intereses —razonarían los hermanos— de “costo marginal” para el Estado.

El arco narrativo de la presunta corrupción mileista va desde la coima sistemática de 3% en las licitaciones de medicamentos descripta por el exíntimo amigo del Presidente, Diego Spagnuolo; la organización de una criptoestafa global; o el abuso de bienes del Estado y funcionarios que de buenas a primeras se lanzan a pagar miles y miles de dólares por vuelos privados.

La bajísima vara ética expone ejemplos de poca monta, pero reveladores. En su enésimo viaje a una convención de la ultraderecha, en este caso en Madrid, Milei recibió ayer el premio Ludwig von Mises por parte de Philipp Bagus, un fan alemán. Su esposa, la española Eva María Carrasco Bañuelos, fue designada al frente de la residencia para estudiantes Colegio Mayor Argentino en Madrid, dependiente de la Secretaría de Educación, con un sueldo de € 7.500, tal como reveló este diario hace un año. Bagus parece extasiado con la recompensa y no para de escribir libros sobre Milei.

El sello personalísimo de los Milei en casos tan variados de probable corrupción tiene un correlato en el ascenso de dos hermanos con traumática vida social y familiar, y exigua foja laboral. Por diversos motivos —talento escénico, crisis económica, fascistización de una sociedad, frustraciones políticas, azar de la historia—, los Milei están ahora en la cabeza del Estado argentino y hacen y deshacen con su sello indeleble.

Los casos de corrupción salvaje abarcan todas las magnitudes. Por lo general, chocan con la complicidad del fuero federal criminal de la Ciudad de Buenos Aires conocido como Comodoro Py, por la calle en que se encuentra su principal edificio.

Esta semana, la periodista Natalia Volosin reveló en el sitio La Justa que el fiscal Eduardo Taiano escondía hacía meses documentación clave como un borrador del contrato entre Javier Milei y Mauricio Novelli, mentor del presunto criptofraude $LIBRA. Taiano también cajoneaba registros de transferencias por cientos de miles de dólares y mensajes entre protagonistas de la estafa.

Los indicios sobre la gestión directa de Milei en el asunto —confesión del cryptobro Hayden Davis, otro mentor; visitas a Casa Rosada; movimientos de dinero; retiro de bolsos de cajas de seguridad— tenían un largo recorrido en medios nacionales e internacionales, incluidos algunos de los locales que son habitualmente amables con el Soez. Se sabía que Taiano remoloneaba, es su expertise. Descubierto su encubrimiento por la publicación de Volosin, el fiscal se vio forzado a habilitar las pruebas a las partes. El jueves, el periodista Ariel Zak reveló en C5N más información obtenida de peritajes que dormían en el expediente. Las huellas de Milei como coorganizador de la presunta estafa aparecen por todas partes.

El Presidente y su amigo y contratante Novelli se comunicaron varias veces antes y después de las 19.01 del 14 de febrero de 2025, momento en que Milei lanzó la criptomoneda $LIBRA en X. Uno en Olivos y otro en Dallas.

El mensaje del especialista en crecimiento con o sin dinero incluyó la dirección del contrato, un conjunto de más de cuarenta caracteres entre letras, números y signos. Casi en simultáneo, Novelli, Davis y otros secuaces disparaban giros, como lo habían hecho cuando visitaron la Casa Rosada dos semanas antes. Las llamadas y mensajes con Milei, su hermana, el asesor Demian Reidel y Santiago Caputo son decenas, ese día, los anteriores y los posteriores.

El mensaje del especialista en crecimiento con o sin dinero incluyó la dirección del contrato, un conjunto de más de cuarenta caracteres entre letras, números y signos. Casi en simultáneo, Novelli, Davis y otros secuaces disparaban giros

Algunos de los datos fueron recuperados por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) desde archivos borrados en el teléfono de Novelli.

El 17 de febrero de 2025, días después de la estafa que habría generado ganancias de decenas de millones hasta US$180 millones para un puñado de personas, Milei dio una entrevista al periodista Jonatan Viale en el canal TN. El diálogo se hizo famoso en el mundo porque el asesor Santiago Caputo intervino y obligó a reeditar una pregunta, con anuencia de Viale y el canal de Clarín. Según informó Hugo Alconada Mon en La Nación, Milei y Novelli habían intercambiado mensajes para coordinar qué ocultar durante la entrevista, según surge del teléfono del segundo.

En un último hecho conocido que podría ser un golpe letal para la estrategia de los Hermanos, el celular de Novelli también contendría un archivo en el que se detallan pagos escalonados hasta US$5 millones a Milei, divididos en US$1,5 millones como adelanto, US$1,5 millones por un posteo en X en el que el Presidente anunciaría que Davis y la empresa Kelsier Ventures eran sus asesores, y US$2 millones por la firma del contrato.

La información fue dada a conocer ayer por los periodistas Ari Lijalad y Franco Mizrahi en El Destape. El archivo, creado el 11 de febrero de 2025, tres días antes de la estafa lanzada por Milei, reproduce un mensaje de Novelli sobre su acuerdo con “H”, que sería Hayden Davis, y fue rescatado del teléfono del cryptobro por la DATIP.

Milei mintió en todo lo que adujo sobre el caso. Por empezar, en su posteo de la misma noche de la estafa, cuando borró el tuit fijado y dijo ser totalmente ajeno al asunto. Sin su intervención, la estafa no se habría consumado. Hasta ahora, eligió entrevistadores que se privaron de preguntar quién le pasó la dirección del contrato $LIBRA que posibilitó la comercialización, y que hasta entonces sólo estaba en manos de un puñado de adelantados que compraron activos minutos antes del posteo presidencial y luego se retiraron con sus ganancias exorbitantes, dejando miles de damnificados.

Ahora, ante el grave delito descripto en el celular de Novelli, le queda un camino: soltarle la mano, algo que siempre resistió. Si ocurre, todo puede pasar.

El sistema de impunidad judicial respondió con actos autómatas ante la difusión de la información escondida en el expediente. Taiano convocó a declarar a Volosin en calidad de testigo, mientras la Procuración General, a cargo del interino Eduardo Casal, formuló una denuncia por la filtración del informe de la DATIP.

Llueven datos que denotan enorme gravedad institucional, ¿aguanta el dique de impunidad?

Política marginal

Antes de las últimas informaciones sobre $LIBRA, la semana estuvo dominada por los vuelos de Manuel Adorni.

Primero, por el aventón en el ARG-01 a la experta en “coaching de vida” Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete. Iba para la Gran Manzana, pagó US$ 5.345 por un pasaje, se enteró Milei y la subió al avión estatal. ¿Le devolvieron lo pagado por el ticket de línea? No tan marginal sería ese costo. Un tuit involuntario de la radio amiga FM Jai en una visita a una secta judía y una rápida lectura del periodista de Clarín Emiliano Russo arruinaron la estadía.

Siguió la información sobre el vuelo privado a Punta del Este el 12 de febrero. Adorni, Angeletti, dos integrantes de la familia y el amigo Marcelo Grandio completaron los asientos disponibles en el Hondajet, matrícula LVHWA. En el regreso, el 17 de febrero, sólo viajaron los Adorni, tal como informó este diario.

Dada la precisión de los datos informados, que incluyó la declaración jurada de entrada y salida del país, el foco se posó en el jefe de Gabinete y vocero presidencial, con ingresos y patrimonios incoherentes con el pago de US$10.000 sólo en vuelos por un fin de semana largo. Desde Nueva York, Adorni, atribulado, remó como pudo la escasez de asistentes extranjeros a la Argentina Week, algo que quedó reflejado en fotos y selfies de funcionarios nacionales y provinciales, siempre con argentinos.

La primera línea de defensa corrió a cargo de Grandio, un periodista deportivo radicado en Uruguay al que Adorni acomodó con varios contratos en la TV Pública. En su raid mediático, Grandio dio al menos cuatro versiones: que Adorni pagó el vuelo, que cada uno se pagó lo suyo, que lo pagó él y Adorni le dio su parte y que lo pagó el Estado.

Agregó, fuera de sí, que la Argentina le debía agradecer el hecho de que hubiera viajado semanalmente a Buenos Aires en vuelos privados para hacer los programas que le consiguió Adorni en la TV Pública, que se caracterizaron por entrevistar al propio Adorni. Como según Grandio no cobraba honorarios, su presencia en la emisora estatal era inocua, similar concepto que utilizó Milei para explicar por qué había subido a Angeletti al ARG-01.

Como único recurso a su alcance, el amigo del jefe de Gabinete pretendió bajarle el precio al costo del viaje en el Hondajet operado por la empresa Alpha Centauri. Afirmó que toda la excursión le costó a Adorni US$ 3.600 o US$ 3.800.

Los ingresos declarados del jefe de Gabinete están lejos de poder afrontar ese monto, pero quedan menos lejos de los US$10.000, sobre todo, luego de que el propio Adorni dijera que el primer pasaje de Angeletti a Nueva York costó US$5.345. Sean US$8.000 o U$S15.000 en un bimestre sólo en pasajes, vuelan los dólares en el día a día de los Adorni.

El valor barajado por Grandio, luego asumido como propio por voceros del Gobierno, no sólo está largamente fuera de mercado por lo bajo, sino de lo que ofrece la propia empresa Alpha Centauri que voló con los Adorni el 12 de febrero.

Fuentes del negocio de la aviación afirman que un tramo de ida desde Aeroparque o San Fernando a Punta del Este y otro de regreso cinco días después tiene un precio de US$11.600, lo que es concordante con el presupuesto de US$10.000 emitido por una empresa menos reconocida como Alpha Centauri, adjunto en esta nota. Las firmas que dominan el mercado son Baires Fly, de Luis Grande; Royal Class, de socios de la familia Yabrán o Leonardo Scatturice; y Flyzar, de Gustavo Carmona.

Grandio explicó que el descuento en el viaje de su amigo se debió al esquema de “pata vacía”. En la jerga de la aviación, significa que una empresa es contratada con determinado destino, a precio de mercado, y luego, si consigue un interesado circunstancial, comercializa el regreso con una oferta especial para no volar vacío.

Resume una fuente del negocio. “La pata vacía existe poco en verano a Punta del Este, porque la demanda es alta, y nadie cobraría más barata la ida porque a la vuelta el avión podría estar ocupado. Si una empresa puede ganar el doble, con el avión lleno ida y vuelta, obviamente lo cobra”.

Luego, voceros gubernamentales exploraron la teoría del “taxi aéreo”, y arriesgaron valores de US$450 por persona por tramo, para tratar de que cuadrara dentro de los US$3.600 que Grandio afirmó que pagaron los Adorni. Ese precio muy barato por un vuelo privado —máxime si se lo compara con un pasaje de línea a Punta del Este, sacado a último momento, de cara a un feriado de carnaval— requeriría frecuencias regulares a un mismo destino, en horarios estables.

La teoría del “taxi aéreo” falla por varios motivos. Los vuelos de Alpha Centauri no son en horarios regulares y cambian de destino con frecuencia, según la demanda. La empresa no ofrece “taxi aéreo” en la página web ni en ninguna publicación en la web, entre otros motivos, porque sus naves son de alta gama, pero pequeñas, ineficientes para el negocio taxi.

El vuelo de ida de los Adorni y Grandio en el Hondajet LVHWA fue el 12 de febrero a las 20.21, desde San Fernando a Punta del Este. Se trató del primer movimiento de la nave ese día, es decir, el modelo “pata vacía” —se aprovecha un vuelo de regreso y se cobra menos— no corre. El avión hizo el camino inverso esa misma noche a las 21.56 —dejar el Hondajet a dormir en el aeropuerto de Laguna del Sauce en Punta del Este habría tenido un costo de US$2.000, indicó una fuente del negocio—. Una versión indica que el avión regresó vacío, aunque este diario no pudo constatar la declaración jurada presentada ante las autoridades aeroportuarias.

El valor de US$3.600 es de por sí inexplicable para la economía de Adorni y Angeletti y su declaración jurada de bienes. “Eso no quiere decir que no se haya facturado a ese valor y el resto haya sido en negro, es algo frecuente en el negocio”, indicó la misma fuente.

Ante las consultas de este diario sobre un recibo o alguna aclaración coherente, Adorni no respondió. Grandio, en cambio, solicitó dejar de ser molestado.

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El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, viajó a Punta del Este en vuelo privado junto a su pareja, Bettina Angeletti, dos integrantes de su familia y el periodista libertario Marcelo Grandio, entre el 12 y el 17 de febrero pasados, según documentos a los que accedió este medio y fuentes con conocimiento del hecho.

El vuelo fue en un avión Honda Jet, matrícula LVHWA, contratado al operador Alpha Centauri. El costo de cada tramo en una nave considerada de alta gama entre las pequeñas, con capacidad para cinco pasajeros y dos tripulantes, es de US$ 5.800, aunque quien pagó la factura, cuya identidad no fue revelada, habría recibido una oferta total por US$ 10.000 entre ida y vuelta.

La partida a las 20.21 del jueves 12 de febrero fue desde el aeropuerto de San Fernando, norte del Gran Buenos Aires, con llegada a Laguna del Sauce, Punta del Este, a las 20.56, según la documentación. Los pasajeros transportados fueron Adorni, Angeletti, dos integrantes de la familia y Grandio, conductor del programa “Giros” en la TV Pública y allegado al jefe de Gabinete antes de la asunción de Javier Milei en Casa Rosada.

El regreso, cinco días después, fue en el mismo Honda Jet con la familia de Adorni, sin Grandio. Este periodista, yerno del antiguo accionista de Torneos y Competencias Luis Nofal, reside en Uruguay y viaja a Buenos Aires a realizar su programa.

En la llegada a San Fernando por la tarde, Adorni solicitó hacer los trámites de ingreso al país en el Hangar de la empresa Aviaser en el que se estacionó la nave, para evitar el paso por las áreas comunes del aeropuerto, indicó una de las fuentes. Ese tratamiento por parte del personal de Migraciones es una excepción que se otorga a funcionarios y personajes VIP que prefieren no ser vistos.

La costosa escapada de carnaval a Punta del Este por parte de un funcionario que declara ingresos y un patrimonio discretos se suma a la cuestionada presencia de Angeletti en la comitiva oficial que participa esta semana de la Argentina Week en Nueva York. Angeletti, quien se dedica al “coaching de vida”, llegó a la ciudad estadounidense en el avión oficial, invitada por Presidencia, según admitió Adorni en una entrevista con Eduardo Feinmann en el canal A24.

El jefe de Gabinete explicó que su pareja inicialmente había pagado un vuelo de línea con un costo de US$ 5.345, pero que finalmente se subió al avión presidencial para llegar a Nueva York.

Adorni se negó a responder sobre las minivacaciones en Punta del Este porque dijo que es un asunto de su “vida privada”. Ante consultas de este medio, fuentes oficiales repitieron el argumento. El operador aéreo Alpha Centauri y Grandio tampoco respondieron.

Durante la campaña presidencial de 2023, Adorni y Grandio realizaron entrevistas a militantes, economistas y referentes ultraderechistas en el programa de streaming Gritalo, que se transmitía por Youtube. Grandio condujo ese ciclo durante nueve años, y entre sus entrevistados, contó con Milei y Guillermo Moreno, además de periodistas y personalidades del deporte.

Una vez que Adorni se hizo cargo de los medios públicos, Grandio estrenó Giros en Línea Recta en la TV Pública, con similar contenido. El propio exvocero y jefe de Gabinete fue entrevistado varias veces en el programa (febrero, junio y septiembre de 2025, por ejemplo), al punto de que dijo sentirse como en “el living de casa”.

Este año, el amigo de Adorni sumó “Gritalo Mundial”, un programa que se emite los martes en un streaming de la TV Pública. Juan Grandio, hijo del conductor, comenzó a trabajar en el ciclo.

Fuentes del canal estiman que Grandio se apunta a tener un papel destacado en la transmisión del próximo Mundial de fútbol. El propio Adorni anunció el acuerdo para la televisación del certamen en el canal del Estado.

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