A solo dos días del tratamiento de la reforma laboral en el Senado, el Gobierno volvió a mover fichas en el tablero de las provincias. El ministro del Interior, Diego Santilli, recibió este lunes en la Casa Rosada al gobernador de Chaco, Leandro Zdero, uno de los aliados más firmes del oficialismo en el interior. El mandatario ingresó por el Salón de los Bustos pasadas las 10 y se dirigió a las oficinas del área política ubicadas en la planta baja, en una visita que, en Balcarce 50, leyeron como parte de la ronda final de contactos antes de la votación.

Después del encuentro con Santilli, Zdero mantuvo también una reunión con el armador político Eduardo “Lule” Menem en sus oficinas del primer piso. El ministro del Interior llegó a la Casa Rosada tras intercambiar algunas palabras con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien partía hacia el Ministerio de Seguridad. La secuencia reflejó el movimiento coordinado del oficialismo sobre el frente político, en momentos en que el Gobierno busca consolidar apoyos para garantizar el resultado en el Senado.

Santilli y Zdero coincidieron en subrayar la necesidad de que el Congreso avance con la aprobación de la reforma laboral. “Va a impulsar la llegada de inversiones privadas a cada provincia, lo que se traducirá en más empleo y en un incremento de la productividad”, destacaron tras la reunión, según deslizaron fuentes del entorno del minsitro del Interior. En la misma línea, remarcaron que “avanzar en una nueva ley laboral es importante porque las recetas del pasado nos llevan a los mismos resultados de siempre”.

No se trató del primer contacto entre Santilli y el gobernador en lo que va del año. Ambos ya se habían reunido el 12 de enero en la provincia de Chaco, donde el gobernador radical había expresado públicamente su respaldo al proyecto de reforma laboral impulsado por Javier Milei. En aquella oportunidad, también coincidieron en la necesidad de fomentar la creación de empleo y acompañar el desarrollo productivo. Zdero había señalado entonces que el rumbo económico del Gobierno y la iniciativa laboral apuntaban a reducir el riesgo país y consolidar el deficit cero, en una línea de sintonía política con la Casa Rosada.

El gobernador de Chaco, que ya suma más de 25 ingresos a la Casa Rosada desde la asunción de Milei, se convirtió en uno de los interlocutores más frecuentes del oficialismo en el interior. En el Gobierno destacan su alineamiento político y su rol dentro del grupo de mandatarios que, aun con reservas, optaron por acompañar la reforma o evitar confrontar abiertamente con el Ejecutivo.

Es que, más allá del respaldo político, la discusión que hoy atraviesa el vínculo con los gobernadores es fiscal. En el Gobierno reconocen que la baja del Impuesto a las Ganancias es uno de los puntos más sensibles del paquete y saben que genera preocupación tanto en mandatarios aliados como opositores por el impacto sobre los recursos provinciales.

En ese marco, según comentaron a elDiarioAR fuentes informales, algunos gobernadores habrían propuesto postergar la reducción durante dos años y aplicarla en etapas, a través de un proyecto fiscal separado de la reforma laboral. La alternativa buscaría aliviar el costo inmediato sobre las arcas locales sin romper el alineamiento político con la Casa Rosada. Sin embargo, nadie confirmó oficialmente este planteo, por lo que el tema sigue en discusión y forma parte de la negociación de último momento previa al debate en el recinto.

La ronda federal de Santilli

La visita de Zdero se inscribe en una secuencia más amplia de gestiones que el ministro del Interior viene desplegando desde comienzos de año para asegurar el respaldo político a la reforma. Santilli abrió su ronda federal en Chaco, donde obtuvo el apoyo explícito del propio Zdero, y luego continuó con encuentros con el salteño Gustavo Sáenz, el tucumano Osvaldo Jaldo y el catamarqueño Raúl Jalil, tres gobernadores clave en el poroteo legislativo. La gira incluyó además visitas a San Juan, donde se reunió con Marcelo Orrego, y a Mendoza, con el radical Alfredo Cornejo, ambos alineados con el oficialismo en la discusión por la “modernización” laboral.

En la Casa Rosada sostienen que el escenario parlamentario está, en términos generales, encaminado. El oficialismo trabaja para garantizar el quórum y una mayoría que supere los 37 votos necesarios, con la expectativa de acercarse a los 40 apoyos si se mantiene ordenado el respaldo de los legisladores vinculados a gobernadores aliados. En ese cálculo, el rol de las provincias no solo pasa por el voto sino también por asegurar presencia en el recinto, un factor que el Gobierno considera determinante para evitar sorpresas en la sesión.

La lectura política del oficialismo sobre los mandatarios es clara: la mayoría prefiere negociar recursos antes que confrontar abiertamente con Milei, y evita quedar alineada con la CGT en un conflicto que consideran ajeno a sus prioridades fiscales. En Balcarce 50 creen que el costo político de romper con el Gobierno es hoy más alto que el de acompañar la reforma, lo que explica el repliegue de sectores del peronismo dialoguista.

Con el frente sindical contenido y la negociación con las provincias en su tramo final, el oficialismo entra en la recta decisiva hacia la sesión del Senado. En el Gobierno confían en que el respaldo provincial seguirá ordenado y que el resultado de la votación dependerá menos de las dudas parlamentarias que de la capacidad del Ejecutivo para sostener el equilibrio político construido en las últimas semanas.

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En la Casa Rosada el martes transcurre otra vez en clave de gobernadores y la reforma laboral en el centro. Mientras Javier Milei se mantiene al margen de la escena cotidiana, el jefe de Gabinete Manuel Adorni recibió al filo del mediodía al pampeano Sergio Ziliotto, escoltado por el ministro del Interior Diego Santilli, en una reunión que estuvo a punto de no ocurrir: se postergó dos veces en las últimas semanas, primero por el clima áspero que golpeó a La Pampa y después por cuestiones de agenda.

Al salir del encuentro, en el Patio de las Palmeras, Ziliotto buscó correrse del eje estrictamente legislativo y explicó que el encuentro estuvo atravesado por un planteo que La Pampa viene sosteniendo desde hace más de un año: avanzar en “un esquema de trabajo y aporte conjunto” para que unos “600 kilómetros de rutas nacionales pasen a la provincia” e integrar así “un corredor de 1400 kilómetros” que permita mejorar la infraestructura vial.

El gobernador remarcó que se trata de un pedido formulado desde enero de 2025 y que cualquier traspaso deberá contemplar “el aporte que corresponde al Gobierno nacional”, y aseguró que ambas partes quedaron en “seguir trabajando en eso”. En paralelo, ratificó su distancia política con la Casa Rosada: dijo que su administración es “crítica del modelo económico social del Gobierno”, que lo respeta “porque estamos en democracia”, pero que no acompaña “estas reformas que plantean”.

El encuentro, que duró poco más de una hora, condensa el momento político del Gobierno. La Libertad Avanza necesita sumar voluntades para empujar en el Congreso la reforma laboral, uno de los proyectos que Milei quiere convertir en bandera durante las sesiones extraordinarias. En Casa Rosada admiten que el cronograma legislativo se acelera y que el Senado podría ser el primer escenario, con una eventual sesión el miércoles 11 de febrero.

Santilli es, en ese esquema, el ejecutor territorial. En las últimas semanas convirtió al Ministerio del Interior en una especie de oficina itinerante: recorrió Chubut, Chaco, Mendoza, San Juan, Salta, Neuquén, Entre Ríos y Corrientes, además de reunirse con gobernadores como Alberto Weretilneck (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca). El objetivo es simple y complejo a la vez: construir, provincia por provincia, una red de respaldos mínimos para que la reforma no quede atrapada en la aritmética parlamentaria.

Pero Ziliotto no es un gobernador más en esa lista. Peronista, opositor, reticente al vínculo con Milei, llega a Casa Rosada con una agenda propia que excede la reforma laboral. El eje de la charla es monitorear los pagos que Nación realiza a La Pampa luego del acuerdo por la deuda con su caja jubilatoria, un reclamo que el mandatario ubica en torno a los 400.000 millones de pesos. La provincia es una de las 14 que no transfirió su sistema previsional a la Nación y denuncia que la ANSES no actualiza los desembolsos mensuales correspondientes al déficit.

Días atrás, Ziliotto ya había dejado en claro cuál es su posición frente al proyecto de reforma laboral que impulsa Milei: sostuvo que el Gobierno nacional conoce de antemano su postura y que una transformación de ese calibre “no puede salir en tan poco tiempo”, sobre todo “sin tomar en cuenta lo que dicen las PYMEs y el sindicalismo”, a los que, según remarcó, el oficialismo mantiene “afuera” de la discusión.

El gobernador, además, se ubica deliberadamente en el lote de los mandatarios que desde el inicio marcaron una frontera con el mileísmo. No firmó el Pacto de Mayo, no acompañó ninguna de las iniciativas centrales del oficialismo y mantiene una posición crítica de conjunto sobre el rumbo del Gobierno, en línea con figuras como Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa) o Ricardo Quintela (La Rioja).

Aun así, a diferencia de otros gobernadores enfrentados de lleno con Milei, Ziliotto logró construir un vínculo utilitario con el oficialismo. Ese canal permitió cerrar en diciembre un acuerdo por la deuda previsional, con mediación de la Corte Suprema incluida. El Gobierno se comprometió a desembolsar $62.500 millones como financiamiento provisorio: un pago inicial de $2.500 millones y luego doce cuotas consecutivas de $5.000 millones desde enero de 2026, con una porción destinada también a municipios y comisiones de fomento.

Es que, desde La Pampa, la reunión es leída como una instancia estrictamente utilitaria, casi administrativa. En el entorno de Ziliotto no hay expectativa política sobre Santilli ni interés real en la reforma laboral que el Gobierno intenta empujar en extraordinarias. La visita, en ese sentido, no se interpreta como un gesto de acercamiento sino como un recordatorio: antes de discutir proyectos estructurales, la Casa Rosada debería cumplir con compromisos concretos que ya fueron prometidos y que siguen sin resolverse.

La reunión de este martes, entonces, fue menos una postal de acercamiento que un ejercicio de pragmatismo mutuo. Santilli busca mostrar que la Casa Rosada todavía puede tender puentes incluso con gobernadores opositores, mientras las provincias llegan con la calculadora fiscal en la mano. En el fondo, la escena vuelve a exponer la tensión central del mileísmo en su tercer año: un gobierno que quiere reformar estructuralmente el país desde el Congreso, pero que necesita negociar cada voto como si fuera una transferencia pendiente.

Así y todo, La Libertad Avanza busca mostrar que esa negociación no se agota en los despachos de Balcarce 50. Este sábado Milei viajará a Santa Fe para participar del acto por el aniversario de San Lorenzo y el homenaje al sable corvo, una visita en la que, según confirmaron fuentes oficiales, mantendrá al menos un encuentro protocolar con el gobernador Maximiliano Pullaro, uno de los mandatarios que sí se muestra a favor de avanzar con una reforma laboral.

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En la Casa Rosada tomaron una decisión que ordena la estrategia, pero también expone el conflicto: la reforma laboral llegará al recinto del Senado tal como fue dictaminada, sin cambios previos. Con las sesiones extraordinarias de febrero iniciadas formalmente este lunes, el Gobierno buscará no reabrir la discusión en comisión y trasladar cualquier intento de modificación al momento más crudo del debate, cuando los números se cuentan voto por voto. La disputa con los gobernadores quedaría así planteada a cielo abierto, en una semana que el oficialismo considera clave para avanzar con el temario legislativo.

La definición busca evitar lo que en Balcarce 50 describen como una señal de debilidad. Reabrir el texto dictaminado en diciembre antes de tiempo, sostienen, solo alimentaría la presión de los mandatarios provinciales que reclaman cambios en el capítulo tributario, en particular en la rebaja del impuesto a las Ganancias para sociedades, que impacta de lleno en recursos coparticipables. “Si quieren cambiarlo, que junten los votos en el recinto”, deslizan sin matices fuentes del oficialismo.

La disputa de fondo sigue siendo fiscal y federal. Los mandatarios provinciales vienen reclamando escalonar la reducción de alícuotas o establecer mecanismos de compensación por la pérdida de recursos. El Ejecutivo, por ahora, se niega a incorporar esos planteos en el texto y apuesta a sostener el dictamen como una bandera: llegar al Senado sin haber cedido, obligar a los gobernadores a mostrar su fuerza y negociar solo cuando el costo de romper sea más alto. Aún sin confirmación oficial, en las provincias analizan la posibilidad de reunirse el mismo miércoles en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para ordenar y centralizar los reclamos.

Pero la tensión no es solo con las provincias sino que también atraviesa al propio Gobierno. En el ala dura del oficialismo, empujada por el ministro de Economía Luis “Toto” Caputo, se impone la postura de avanzar sin concesiones. El argumento es siempre el mismo: aceptar cambios en Ganancias implicaría desnaturalizar uno de los ejes del proyecto y abrir la puerta a una lógica de compensaciones paralelas que el mileísmo rechaza como parte de su relato fiscal, pese a que llegado el caso no tiene problema en abrir la billetera.

Es que la discusión, además, es identitaria. ¿Hasta dónde puede ceder un gobierno que hizo de la pureza fiscal un relato fundacional sin parecer que vuelve a la lógica de la “rosca” que prometió combatir? En el oficialismo conviven esas dos pulsiones: la épica de no negociar nada y el pragmatismo inevitable de un Congreso fragmentado.

En ese escenario, Patricia Bullrich se mueve como la jefa. La exministra de Seguridad asumió el rol de armadora del Senado. Recibe reclamos y acumula observaciones de aliados, además de administrar la mayoría como si la ley ya estuviera aprobada. Ya habla en primera persona de “los 44”: todos los senadores salvo los 28 del peronismo, un cálculo optimista que funciona como mantra interno para sostener que el proyecto, al menos en general, tiene los votos. En ese marco, Bullrich convocó para este martes a una reunión con legisladores radicales con la idea de supervisar ese bloque de respaldo.

En paralelo, el rol de Diego Santilli se volvió central como embajador ante las provincias. Después de un enero de recorridas federales y reuniones con siete gobernadores, el ministro del Interior arranca la semana con encuentros de trabajo para medir el poroteo fino. En su entorno aseguran que el funcionario dedicará estos días a seguir de cerca las negociaciones en el Congreso en la previa al tratamiento que el oficialismo espera para el próximo miércoles 11 de febrero en la Cámara Alta, aunque por ahora no tenía gobernadores agendados para esta semana. Su tarea es atender los reclamos provinciales e instrumentar soluciones con la limitación monetaria que impone Economía.

En la Casa Rosada creen que la intransigencia programática es la única forma de no perder la iniciativa. Pero también saben que en el Senado las leyes no se aprueban con desafío sino con números. Por eso, la mesa política volverá a reunirse este miércoles para dar inicio formal al operativo de conquista de voluntades que el Gobierno apuesta a desplegar durante las próximas semanas. Será la cuarta reunión del año convocada por el jefe de Gabinete Manuel Adorni, con la presencia de Karina Milei y el resto de los miembros del núcleo duro de La Libertad Avanza.

El optimismo es lo que prima puertas adentro del Gobierno a la hora de pensar en el futuro del paquete legislativo que se tratará en extraordinarias: las modificaciones a la Ley de Glaciares, el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea y la Ley Penal Juvenil, que el oficialismo espera que obtenga media sanción en febrero para avanzar con su aprobación completa después del 1° de marzo. Pero la reforma laboral, proyecto madre del período, será también el escenario donde el mileísmo deberá decidir hasta dónde puede sostener su pureza fiscal sin quedarse, simplemente, sin votos.

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El ministro del Interior, Diego Santilli, desembarcó este viernes en Corrientes para reunirse con el gobernador Juan Pablo Valdés, en una nueva escala de su gira federal en busca de respaldos para la reforma laboral que el Gobierno pretende votar en el Senado el 11 de febrero. La visita llegó apenas un día después de su participación en la Casa de Salta, donde se sumó a la cumbre de mandatarios dialoguistas y luego volvió a Balcarce 50 para integrar la mesa política que terminó de definir la estrategia oficial frente al reclamo provincial por la Emergencia Ígnea.

Con Corrientes, Santilli suma otra provincia a una gira que en enero ya lo llevó por Chubut, Chaco, Mendoza, San Juan, Salta, Neuquén y Entre Ríos, en un esquema que en la Casa Rosada describen como un poroteo territorial: cada foto, cada reunión y cada gesto apuntan a consolidar una mayoría parlamentaria que permita aprobar la reforma sin que se empantane en la negociación fina por Ganancias y coparticipación.

El encuentro con Valdés se realizó en la Casa de Gobierno provincial, donde ambos destacaron las acciones conjuntas articuladas entre Nación y provincia y coincidieron en la necesidad de que el Congreso avance con la “modernización laboral”. “Ningún gobernador puede estar en contra de una ley que busca generar empleo privado, aumentar la productividad y las inversiones para las provincias y la Argentina”, sostuvo Santilli, reforzando la línea discursiva que viene repitiendo en cada escala de su agenda federal.

Valdés, por su parte, acompañó el planteo, aunque con matices. “Tenemos que modernizar nuestro sistema laboral. Es altamente positivo que se discuta la modernización laboral sin poner en riesgo los derechos de los trabajadores”, afirmó el mandatario correntino. Y agregó: “Hay una apuesta del gobierno nacional a que el mercado laboral crezca. Es una normativa nueva que busca generar más trabajo de acá para adelante”.

Corrientes es, además, una parada estratégica por su peso en la Cámara alta. Valdés mantiene diálogo con sus representantes legislativos para pulir una posición común y tiene influencia sobre tres senadores: Eduardo Vischi y María Valenzuela, de la Unión Cívica Radical, y el peronista Carlos “Camau” Espínola, que en los últimos meses se acercó al oficialismo provincial. En un Senado de paridad ajustada, ese puñado de votos puede ser decisivo en la votación en particular, donde se juegan los artículos más sensibles del proyecto.

De hecho, el propio Valdés ya había anticipado días atrás que hay aspectos de la reforma que le generan inquietud. “Tenemos que ver los pro y los contras y, principalmente, si no se vulneran los derechos de los trabajadores”, dijo en declaraciones radiales, y advirtió también que “viene baja la coparticipación”, un mensaje que resume el clima de cautela con el que las provincias acompañan, pero negocian.

En paralelo, Santilli le adelantó al gobernador que el Gobierno nacional enviará Aportes del Tesoro Nacional por $3.000 millones a Corrientes, en el marco de la asistencia solicitada para paliar la crisis por las inundaciones que afectan a municipios como San Luis del Palmar, San Roque y Santa Lucía. En un contexto donde los gobernadores reclaman compensaciones por el impacto fiscal del artículo que baja el impuesto a las Ganancias para las empresas, los ATN vuelven a funcionar como una señal política adicional en la negociación con las provincias.

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La mesa política de la Casa Rosada terminó este jueves pasadas las 13 con una definición de urgencia: el Gobierno avanzaría con un DNU para declarar la Emergencia Ígnea e incrementar partidas presupuestarias destinadas al combate del fuego en la Patagonia, (algo que se materializó este viernes con la publicación del DNU 73/2026 en el Boletín Oficial). La decisión, acordada en medio de la presión de los gobernadores del sur, se coló en el corazón de una reunión que en teoría estaba dedicada al sprint final de las negociaciones por la reforma laboral, el proyecto madre de febrero.

Al igual que el lunes pasado, Karina Milei encabezó el encuentro desde el mediodía en el despacho del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, rodeada del núcleo que hoy administra la agenda política del Gobierno: el asesor Santiago Caputo; el ministro del Interior, Diego Santilli, encargado del puente con los gobernadores; la senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario en la Cámara alta; Ignacio Devitt, secretario de Asuntos Estratégicos; y Martín Menem, presidente de Diputados, conectado de manera virtual.

El temario formal era el de siempre. Pero en la sala flotaba otra urgencia, todavía no anunciada públicamente: qué hacer con la emergencia por los incendios. La posibilidad de incluir una Declaración de Emergencia Ígnea para ser tratada en sesiones extraordinarias fue uno de los puntos centrales del encuentro, luego de que cinco provincias afectadas por el fuego reclamaran el martes que el Congreso tome cartas en el asunto, aunque la discusión terminó cerrándose con la decisión de resolverlo por DNU, fuera del temario parlamentario.

El decreto que firmó Milei declara la Emergencia Ígnea en las provincias del Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa por el plazo de un año “con el fin de adoptar las medidas que resulten necesarias para propiciar y atender con carácter inminente la presupresión y combate de incendios, la restauración de las zonas afectadas y la prevención de nuevos focos”.

La última vez que se había declarado la Emergencia Ígnea había sido a través del Decreto 2/2023 firmado por Alberto Fernández, que tuvo vigencia hasta el 13 de enero de 2024.

La Casa Rosada intentó mostrar movimiento antes de decidir. Admiten que el fuego se convirtió en un problema político. No porque cambie la lógica fiscal del mileísmo, sino porque expone un límite: el ajuste no sirve como explicación cuando las llamas avanzan. En la madrugada del jueves apareció en el Boletín Oficial la Resolución 91/2026 del Ministerio de Seguridad, conducido por Alejandra Monteoliva, que refuerza el financiamiento del sistema de Bomberos Voluntarios. Más de $100.810 millones distribuidos entre 1.062 asociaciones, partidas para federaciones provinciales, fondos para capacitación. La resolución había sido firmada el martes por la tarde, el mismo día en que los gobernadores del sur reclamaron formalmente la emergencia.

No fue casualidad, aunque en el Gobierno se apuren a aclarar que el pedido no fue el disparador. Fue, más bien, una forma de amortiguar el golpe. En Chubut, además, se confirmó una transferencia por $4.000 millones en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). En Balcarce 50 nadie lo dice en voz alta, pero todos lo saben: los incendios también se negocian. La emergencia ígnea, en ese sentido, empezó a leerse como un gesto componedor: una ficha para aceitar el vínculo con mandatarios que serán decisivos cuando llegue la votación fina de febrero.

Porque detrás del fuego está la otra discusión, la que de verdad le importa a la Casa Rosada. La reforma laboral que Milei quiere votar el 11 de febrero en el Senado sigue en pie, pero está en discusión si saldra intacta. Como publicó elDiarioAR, en eso coinciden peronistas kirchneristas y libertarios con vocación negociadora, como Santiago Caputo o la propia Bullrich: la ley va a salir, pero no sin cambios. Lo repiten con resignación unos y con desafío otros.

El nudo es Ganancias. La rebaja del impuesto para empresas incluida en el proyecto es vista por los gobernadores como un golpe directo a la coparticipación, y en la mesa política ya se discute si habrá algún mecanismo de compensación o si el Gobierno sostendrá la reforma sin anestesia, aun a riesgo de tensar el vínculo con las provincias aliadas. En paralelo, los gobernadores de Tucumán, Salta y Jujuy denunciaron a la transportadora Transnoa por “negligencia y falta de inversión” tras apagones masivos que afectaron a más de 900.000 usuarios y reclamaron al ENRE auditorías y sanciones.

Santilli llegó a la reunión de este jueves con esa agenda marcada por sus recorridas federales y después de haber pasado por la Casa de Salta, donde se reunió por la mañana con los gobernadores dialoguistas en el sprint final de las negociaciones. En el oficialismo lo describen como el traductor del humor provincial: el que escucha el reclamo, mide el costo y vuelve a Balcarce 50 con el poroteo en la mano, en un momento en que cada voto se negocia como parte de un paquete mayor.

El problema es que dentro del Gobierno conviven dos impulsos. Está el ala pragmática, que entiende que el Senado es una mesa con patas provinciales y que hay que ceder para ganar. Y está la línea dura, encarnada por el ministro de Economía Luis “Toto” Caputo, que insiste en avanzar con el texto tal como fue dictaminado: sin concesiones por Ganancias, sin concesiones a la CGT, sin concesiones a nadie. El tironeo atraviesa cada párrafo del proyecto.

Bullrich, mientras tanto, se mueve como si la ley ya estuviera aprobada. Delegó en su asesora Josefina Tajes la recepción de reclamos sindicales y empresariales, y se concentra en coordinar una mayoría que ella misma bautizó como “los 44”: todos menos los 28 del peronismo. Radicales, PRO, provinciales, aliados sueltos. Un cálculo optimista, pero posible.

El número funciona como un mantra: una mayoría imaginada que ordena el optimismo oficialista, aunque todos saben que en el Senado los acuerdos no se firman con discursos sino con concesiones. La votación en particular será el campo de batalla. Allí se jugará el verdadero partido: cuánto pierde cada provincia por Ganancias, cuánto está dispuesto Milei a ceder, cuánto puede soportar el Gobierno sin romper su relato de pureza fiscal.

PL

El anuncio pasó desapercibido, casi como la gran mayoría de los movimientos internos en el PRO desde que el partido quedó subordinado a La Libertad Avanza. Fernando de Andreis, la mano derecha de Mauricio Macri, pasará a ocupar la secretaría general del PRO. Un repliegue del macrismo sobre el macrismo en un contexto en que el partido pelea por su supervivencia con un solo objetivo: fortalecerse lo suficiente para evitar que LLA lo termine de desaparecer del mapa.

Después de años de jugar tras bambalinas para proteger los intereses de Macri, De Andreis da un paso adelante. El ex secretario General de la Presidencia de Macri será el nuevo secretario del PRO, un cargo que ostentaba el santiagueño Facundo Pérez Carletti y del que fue desplazado con el objetivo de centrar la interlocución del partido en Macri. Fue su idea y Macri, que está corrido de la agenda política y dedica sus días a recorrer Europa tras el anuncio de su separación con Juliana Awada, estuvo de acuerdo.

Para Pérez Carletti hubo una salida elegante, no como con el bullrichista Damián Arabia, que fue expulsado de la vicepresidencia del PRO por el propio santiagueño con un llamado telefónico que terminó en una pelea a cielo abierto en las redes sociales. Después de eso, Arabia hizo el pase a LLA y se llevó consigo a unos 8 diputados. En el caso de Perez Carletti, en cambio, se emitió un comunicado y se declaró que la partida era “consensuada” porque había elecciones en Santiago del Estero y Pérez Carletti, que es legislador, quería competir por la intendencia de la capital. 

En el fondo lo que hay es un reordenamiento interno del PRO, que este año tiene por delante el desafío de reorganizar el partido a nivel nacional si quiere competir en 2027. Con cinco provincias intervenidas –Tucumán, Córdoba, Tierra del Fuego, Salta y Corrientes–, un derrumbe de la intención de voto y una dirigencia que se divide entre irse a LLA o a Provincias Unidas, el PRO coquetea con la disolución territorial. Lo sostienen la Ciudad de Buenos Aires y Chubut, en donde gobierna el PRO, y la perspectiva de poder cerrar un acuerdo con LLA en la Provincia de Buenos Aires. 

“Estamos todos viendo cómo hacer para sobrevivir algo que está muriendo”, repite, cada vez que puede, un peso pesado del PRO que observa, con sorna, cómo ni Macri ni sus alfiles se muestran muy preocupados por rescatar lo que queda del partido. Un reflejo de eso es la ausencia de candidatos presidenciales o de un proyecto político de cara a 2027: solo una lógica conservacionista de retener las provincias que gobierna y evitar nuevas fugas. 

“Si fuéramos el peronismo tendríamos cinco candidatos presidenciales, pero no tenemos ni uno. El PRO tiene que recomponer la confianza interna y recuperar la ambición. Tiene que recuperar la memoria de competir”, analiza Martín Yeza, uno de los pocos dirigentes amarillos que habla de poner candidatos a competir en 2027, en diálogo con elDiarioAR. 

Más allá de Yeza —y, de manera intermitente, de María Eugenia Vidal o Ignacio Torres—, casi no hay referentes del PRO que planteen una estrategia electoral por fuera de LLA. Incluso Jorge Macri, que delegó en Daniel “Tano” Angelici el control político de la Ciudad con la expectativa de buscar la reelección como jefe de Gobierno, apuesta a cerrar un acuerdo con Karina Milei. En el PRO porteño insisten en que el objetivo inmediato es fortalecerse para llegar mejor posicionados a esa negociación

“Todos saben que el negocio del PRO es existir. Un PRO no competitivo es malo para todos, sea para el ‘Colo’ (Santilli), Cristian (Ritondo) o Jorge (Macri)”, admite un referente del partido amarillo.

Karina quiere un libertario

Hay un problema en los cálculos de supervivencia del partido amarillo, y es que Karina Milei ya advirtió que, en 2027, quiere un libertario puro encabezando la boleta en provincia de Buenos Aires y la Ciudad. No quiere candidatos prestados, como lo fue Diego Santilli tras la caída en desgracia de José Luis Espert por su vínculo con “Fred” Machado, que reveló eldiarioAR. Reivindicada por la victoria electoral de octubre, Karina demanda que los aliados se sumen a LLA si desean ser los candidatos de Javier Milei. 

“Karina no le va a dar nada al PRO. El que no pase se queda afuera”, advierte un ex dirigente amarillo que ya hizo el pase a LLA hace más de un año. 

En el PRO advierten esta letra chica, y las formas de lidiar con la exigencia de la hermanísima dividen al partido. El bulrichismo, por un lado, ya mutó de piel y se mueve como un libertario más. Patricia Bullrich, por ejemplo, tiene la expectativa de ser la candidata libertaria por la Ciudad de Buenos Aires. Su plan es disputarle a Macri la Jefatura de Gobierno porteño, pero sostiene, en paralelo, un Plan B: la vicepresidencia de la Nación. 

El ritondismo bonaerense, mientras tanto, hace malabares. Santilli no suelta su ambición por la Gobernación bonaerense, pero no anticipa sus planes. Prefiere oficiar de embajador de Milei en las provincias: recorre el país y se reúne con gobernadores y legisladores, todo con el objetivo de sumar los votos que necesita el Gobierno para aprobar sus reformas. El ministro de Interior mantiene un vínculo estrecho con Karina Milei y sostiene, a su vez, su larga relación con Cristian Ritondo. No esconde su origen PRO, pero busca dejarle en claro a los Milei que él les tributa a ellos.

Karina, sin embargo, exigirá un gesto. Así lo afirman quienes la conocen (entre los que hay varios ex PRO que tuvieron que rendir pleitesía al “Jefe”). En las fuerzas del cielo están conformes con las gestiones de Santilli, no solo con los gobernadores sino con su propio partido, con el cual debe oficiar de intermediario (como cuando Ritondo se enfureció con Martín Menem por sellar un acuerdo con el kirchnerismo por la Auditoría General de la Nación). 

Pero pese a la buena relación, en LLA anticipan que le demandarán que oficialice su pase a las fuerzas del cielo. Es la única manera: Karina no admite socios, sino afiliados.

MCM/MG

Luego de días atravesados por suspensiones y reacomodamientos de agenda, el ministro del Interior, Diego Santilli, retomó desde este jueves su gira por las provincias, una hoja de ruta clave para el Gobierno en la antesala del tratamiento de la reforma laboral. Las modificaciones estuvieron marcadas por problemas meteorológicos y por la situación en la Patagonia, pero en Balcarce 50 aseguran que el cronograma federal sigue en pie y se intensificará en los próximos días.

El itinerario volvió a tomar ritmo hoy por la mañana, cuando Santilli viajó a Mendoza para reunirse con el gobernador Alfredo Cornejo. Por la tarde, el ministro también se trasladó a San Juan, donde mantuvo un encuentro con el mandatario provincial Marcelo Orrego. Ambos contactos forman parte de la ronda de conversaciones con gobernadores que el Ejecutivo impulsa antes del debate legislativo de la reforma laboral.

En Mendoza, Santilli fue recibido por Cornejo y por el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, con quienes recorrió las obras de ampliación del Metrotranvía y su futura conexión con el Aeropuerto Internacional El Plumerillo. La infraestructura vial ocupó un lugar central en la conversación. “Mañana va a estar el ministro del Interior y vamos a reclamarle las tres grandes rutas que quedan a su cargo”, había señalado el mandatario en la previa, con especial énfasis en la ruta nacional 7, clave para la conexión con Chile. “Entendemos que para marzo debería estar licitada y, si no, mañana intentaremos tener información al respecto”, remarcó.

El gobernador mendocino amplió además sus reclamos a la Nación y pidió avanzar con la finalización del primer tramo de la doble vía a San Juan, entre el aeropuerto y la entrada a Lavalle. A eso sumó la necesidad de obras en la ruta 40, en el sur provincial, vinculadas al desarrollo minero y al petróleo no convencional, en particular el puente desde Bardas Blancas, en Malargüe, hasta el límite con Neuquén, una obra que, según afirmó, permitiría potenciar la logística y la actividad productiva.

Durante la reunión, Santilli y Cornejo coincidieron en la necesidad de sostener una agenda de trabajo conjunta y dialogaron sobre la importancia de darle tratamiento a la reforma laboral durante las próximas sesiones extraordinarias del Senado. “No creo que ningún gobernador pueda estar en contra de una reforma laboral en la Argentina”, afirmó el ministro del Interior, al sostener que avanzar en un nuevo marco normativo es clave para generar empleo, dar previsibilidad al sector productivo y acompañar el crecimiento económico en todo el país.

Por su parte, el gobernador mendocino subrayó que se trata de una reforma “relevante para que las empresas puedan tomar más empleo y para que más trabajadores se incorporen a la economía formal”. En ese sentido, reconoció que una baja de impuestos puede implicar menos recaudación en el corto plazo, pero defendió el enfoque de la ley e incluso reclamó un mayor endurecimiento del proyecto. “La reforma se quedó corta porque creo que en algunos puntos se concedió demasiado al sindicalismo y a la CGT. Yo hubiera avanzado más a fondo”, afirmó recientemente Cornejo en declaraciones a un medio local, una posición que lo ubica entre los gobernadores más alineados con la iniciativa del Ejecutivo.

Horas más tarde, durante su paso por San Juan, Santilli mantuvo un encuentro con el gobernador Marcelo Orrego, quien se mostró predispuesto a “encontrar los consensos necesarios para debatir el proyecto” de reforma laboral y puso el acento en “la importancia de que esa ley apunte a que en la Argentina se genere más empleo privado y crecimiento para todas las provincias”, en sintonía con los objetivos planteados por la Casa Rosada.

Gira federal

Santilli viene de mantener el lunes pasado una reunión en Chaco con el gobernador Leandro Zdero, que funcionó como punto de arranque formal de la ronda federal que el Gobierno activó tras la aprobación del Presupuesto 2026. A ese encuentro se sumó, días después, la primera visita a Chubut, donde el ministro trabajó junto al gobernador Ignacio Torres en la coordinación del despliegue nacional frente a los incendios forestales. En la Casa Rosada leen esa secuencia como parte de una estrategia más amplia: recomponer el vínculo con los mandatarios provinciales, ordenar la agenda territorial y llegar al debate en el Congreso con un mapa político más previsible.

Pero la gira tuvo algunos percances. La primera suspensión formal de la semana fue la reunión prevista para el martes con el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, que debió postergarse por una alerta meteorológica en la provincia. Lluvias intensas y caída de granizo impidieron el despegue del avión oficial, en un escenario de alerta amarilla. El encuentro fue reprogramado y quedó confirmado para este viernes a las 14 en la Casa Rosada, según informaron fuentes oficiales.

También quedó postergada la segunda visita que Santilli tenía prevista a Chubut. El ministro ya había estado allí la semana pasada junto a Torres, coordinando de manera mancomunada el despliegue territorial de las fuerzas nacionales que actúan en la zona. Este miércoles, Santilli se comunicó telefónicamente con el mandatario chubutense, quien le solicitó reprogramar la recorrida debido a los anuncios de lluvias en las áreas afectadas por los incendios. Desde el Gobierno nacional señalaron, además, que se avanzará con el giro de fondos para acompañar a la provincia en el marco de la emergencia.

El viernes, además de concretar finalmente la reunión con Ziliotto en la Casa Rosada, Santilli acompañará al presidente Javier Milei al festival de doma y folklore de Jesús María, en Córdoba, una actividad prevista en la agenda presidencial del fin de semana y leída en el oficialismo como un gesto político hacia el interior del país.

La semana próxima, en tanto, el ministro del Interior volverá a subirse a un avión: el lunes viajará a Salta, donde tiene previsto reunirse con el gobernador Gustavo Sáenz. El encuentro se inscribe en la misma lógica que ordena toda la gira: consolidar el diálogo con las provincias y despejar el terreno político antes de que la reforma laboral llegue al Congreso.

Es esa agenda federal la que cruza la negociación legislativa que el Gobierno busca ordenar antes de febrero. Con las sesiones extraordinarias a la vuelta de la esquina, en la Casa Rosada saben que el margen de éxito dependerá del humor de los gobernadores y del impacto fiscal del proyecto de “modernización laboral”, especialmente en los puntos que afectan la coparticipación. En ese esquema, la gira de Santilli funciona como una instancia previa de alineamiento político: medir resistencias, ofrecer gestos y llegar al Congreso con una mayoría lo más trabajada posible, en un escenario donde cada voto vuelve a contarse con lupa.

PL / NB

Con la reforma laboral en el centro de la agenda y febrero marcado en rojo en el calendario, el ministro del Interior, Diego Santilli, profundiza esta semana su gira por las provincias, una hoja de ruta que combina negociación política con presencia territorial en medio de la emergencia por los incendios en la Patagonia. El despliegue se inscribe en la segunda etapa del plan legislativo del Gobierno, activada tras la aprobación del Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal, y apunta a llegar al inicio del debate parlamentario con un mapa de apoyos más despejado.

La agenda inmediata prevé que Santilli visite este lunes la provincia de Chaco, donde mantendrá una reunión con Leandro Zdero y otros referentes políticos, en una de las paradas clave de la ronda federal que Interior viene articulando desde noviembre. Mañana, en tanto, será el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, quien se traslade a la Casa Rosada para reunirse con funcionarios nacionales, en un gesto que el oficialismo lee como parte del proceso de recomposición del vínculo con los mandatarios provinciales, incluso con aquellos de relación más distante con el Ejecutivo.

Durante el encuentro, Santilli y Zdero coincidieron en la necesidad de fomentar la creación de empleo y acompañar el desarrollo productivo tanto a nivel nacional como provincial. El ministro del Interior sostuvo que “no creo que ningún gobernador pueda estar en contra de una reforma laboral en la Argentina” y aseguró que el proyecto será “muy importante para las provincias” porque permitirá dinamizar “sectores claves como la energía, la minería, el agro, la industria del conocimiento” y generar nuevos puestos de trabajo.

En la misma línea, el gobernador chaqueño remarcó su sintonía con el rumbo económico del Gobierno y afirmó que “si miramos la reforma laboral y hacia dónde quiere ir el país, que es bajar el riesgo país y lograr equilibrio fiscal, sinceramente estamos en sintonía”, al tiempo que consideró que “aportar a una nueva ley laboral es importante porque las recetas del pasado nos llevan a los mismos resultados de siempre”.

Presencia en el sur

El miércoles, Santilli volverá a viajar al sur del país para recorrer nuevamente las zonas afectadas por los incendios forestales. Ya estuvo la semana pasada en Chubut y regresará ahora a esa provincia acompañado por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, con el objetivo de relevar el avance del operativo federal desplegado en la región. En el Gobierno remarcan que la asistencia nacional se activó desde el inicio de los focos ígneos, con un esquema coordinado entre múltiples áreas del Estado, aun cuando las críticas por el manejo de la emergencia no dejaron de multiplicarse.

Es que ese despliegue convive con una definición política de fondo: el mes pasado el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció en conferencia de prensa que la administración libertaria avanzará con la derogación de la Ley de Manejo del Fuego sancionada en 2020, que prohíbe durante un plazo de entre 30 y 60 años la modificación del uso de tierras afectadas por incendios forestales, una norma impulsada para evitar la explotación inmobiliaria o productiva de terrenos arrasados por el fuego ante la sospecha de incendios intencionales. Milei ya lo había anticipado a poco de asumir y legisladores de La Libertad Avanza presentaron un proyecto para dejarla sin efecto.

A contrapelo de esa decisión política, Adorni informó este domingo que distintos organismos nacionales desplegaron de manera coordinada recursos humanos, logísticos y materiales en las zonas afectadas, y destacó que gracias al trabajo de 295 brigadistas ya se habría logrado extinguir 22 de los 32 incendios registrados.

El operativo involucra a la Agencia Federal de Emergencias, la Administración de Parques Nacionales, los ministerios de Defensa, Capital Humano y Salud, Cancillería y Vialidad Nacional, además de aportes del sector privado. Según remarcó el jefe de Gabinete, YPF, Aerolíneas Argentinas y el Banco Nación figuran entre las empresas que colaboraron con combustible, insumos y asistencia financiera para productores de la Patagonia afectados por el fuego.

Quien también reforzó el mensaje oficial a través de las redes sociales fue el propio Javier Milei. “Gracias a todos los que trabajaron para que los recursos lleguen donde se necesitan”, escribió el Presidente, y agregó un agradecimiento especial a “todos los brigadistas, bomberos y voluntarios que están combatiendo el fuego dándolo todo”. “Nada más heroico que arriesgar su vida por salvar la de otros”, remató.

Mendoza y más allá

Mientras tanto, el cierre de la semana en la gira de Santilli será el jueves, en Mendoza, otra de las provincias que el oficialismo considera estratégicas para la construcción de consensos legislativos. Según confirmaron fuentes oficiales, el ministro del Interior continuará viajando al resto del país en los próximos días, con la idea de completar antes de febrero un ciclo de reuniones con gobernadores, incluidos aquellos que quedaron fuera de la primera ronda de contactos tras su desembarco en el ministerio.

El telón de fondo de esa agenda es el calendario parlamentario. En Balcarce 50 consideran llamar a sesiones extraordinarias a partir del 2 de febrero, aunque también circula la posibilidad de adelantar el llamado al 19 de enero para ordenar asistencias y permitir que las comisiones comiencen a trabajar desde el arranque del mes siguiente.

La reforma laboral —que podría llegar al recinto del Senado el 11 de febrero— aparece como el principal objetivo del período, pero también como una prueba de fuego para el esquema político que el oficialismo intenta consolidar tras un cierre de año atravesado por tensiones internas. Su margen de maniobra aparece condicionado por uno de los puntos más sensibles del proyecto. Se trata del artículo 191, que reduce la recaudación del Impuesto a las Ganancias y, por efecto directo, impacta sobre la coparticipación federal.

Según estimaciones que circulan entre los gobernadores, la pérdida para las provincias podría ubicarse entre $5.000 millones y $6.000 millones mensuales en concepto de giros automáticos, por lo que son varios los mandatarios provinciales que ya advirtieron que, si la ley avanza en esos términos, exigirán algún esquema de compensación.

Sin embargo, la centralidad que adquirió Santilli en la negociación con los gobernadores no es solo funcional a la agenda del Congreso. Como se evidenció durante la sesión del Presupuesto 2026 en el Senado, el vínculo con las provincias se volvió también un terreno sensible en la interna del Gobierno, con un reordenamiento tácito de roles que dejó en manos del ministro del Interior y de figuras dialoguistas como Patricia Bullrich la construcción de acuerdos, mientras la Casa Rosada buscó contener disputas y fijar límites hacia adentro.

PL/MC

La CGT y el Gobierno coinciden en un punto y es que la reforma laboral tiene el número para aprobarse en el Congreso, pero no sin modificaciones. En el Gobierno, esta convicción es el resultado del triunfo interno del ala dialoguista, que prefiere introducir algunos cambios en la ley –como la derogación del Fondo de Asignación Laboral (FAL) o una flexibilización en la limitación del derecho a huelga– a fin de asegurarse una victoria legislativa. Santiago Caputo quiere negociar con la CGT y la CGT observa que tiene más chances de limitar la reforma a través del diálogo con Casa Rosada que con los votos peronistas.

En Azopardo, donde se encuentra la sede central de la CGT, predomina cierta irritación. Con el Gobierno, pero fundamentalmente con el PJ, a quien acusan de haberse corrido de la pelea por los votos. “Si la política nos escuchara no saldría ningún artículo. Pero nos mandan a nosotros a juntar los votos y después le echan la culpa al sindicalismo de los problemas de la política”, masculla, molesto, un dirigente de la central sindical. 

La CGT es quien viene encabezando, hace más de un mes, las conversaciones con senadores y gobernadores. A todos les dicen lo mismo: plantean su preocupación por los aspectos regresivos de la reforma laboral de Javier Milei, advierten sobre los artículos que más afectan la supervivencia de los sindicatos y les piden no acompañar la ley. La mayoría de sus interlocutores son aliados del Gobierno, peronistas como Martín Llaryora, radicales como Maximiliano Pullaro o PRO no libertarios como Ignacio Torres. 

Los gobernadores suelen mostrarse receptivos, atentos a algunos de los puntos más groseramente antisindicales –como la limitación de la ultraactividad de los convenios colectivos o la primacía de los convenios por empresa por sobre los de actividad–, pero en la CGT desconfían. Más de uno de sus interlocutores en el Senado le prometió, a fines de diciembre, que no acompañaría el dictamen de Patricia Bullrich y, cuando finalizó el debate en comisión, estamparon la firma igual.

El Gobierno no es invencible, advierten, pero tampoco la oposición. Los negociadores de la CGT, entre los que están los triunviros Jorge Sola y Cristian Jerónimo, pero también muchos sindicalistas de peso, como Gerardo Martínez (UOCRA), advierten que el Gobierno quedó empoderado tras la sanción del Presupuesto, y que será muy difícil romper la red de alianzas del oficialismo. “Andá a decirle que los senadores de Catamarca que voten en contra de la ley después de que el Gobierno les dio una minera”, ironiza un dirigente sindical, aludiendo al decreto presidencial que le transfirió, hace un par de días, el control sobre los Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio al gobernador peronista Raúl Jalil.

Frente a este escenario, la mesa chica de la CGT trabaja en una contrapropuesta que ofrecer al ala dialoguista del Gobierno. Una alternativa al texto de Federico Sturzenegger, el más radical de todos los funcionarios de Casa Rosada, que permita garantizar la paz social, por parte de la CGT, y la inviolabilidad de los derechos sindicales, por parte del Gobierno. Un compromiso. 

Los artículos invotables

El Gobierno aceptó, finalmente, que deberá introducir modificaciones al proyecto de modernización laboral si quiere sancionarlo en febrero, cuando comiencen las sesiones extraordinarias. Lo reconoció la propia Patricia Bullrich, el canal oficial de negociación en una dinámica política plagada de canales informales, en una entrevista a Infobae: “El objetivo es votar la ley y así como hubo cambios en la Ley Bases va a haber cambios (en el proyecto de reforma laboral) para llegar a los votos necesarios”, aseguró la jefa del oficialismo en el Senado, luego de adelantar que retomaría las conversaciones con los senadores a partir del 15 de enero. 

Así como la CGT tiene su estrategia dual –que consiste en endurecer, para afuera, la guerra contra el Gobierno mientras, puertas adentro, se mantienen los canales de negociación–, los embajadores políticos de La Libertad Avanza también. Por un lado, la negociación con los gobernadores y senadores, que está a cargo de Bullrich y Diego Santilli. Y, por el otro, la negociación con la CGT, que está a cargo de Santiago Caputo y el secretario de Trabajo, Julio Cordero. Y cada sector tiene, respectivamente, sus artículos invotables.

En el caso de la CGT, como ya anticipó elDiarioAR, el objetivo es proteger los derechos colectivos que sostienen el modelo sindical argentino. Esto incluye, por ejemplo, la protección al derecho a huelga, que se encuentra amenazado por la ampliación del listado de “actividades esenciales” –es decir, que están obligadas a garantizar un “servicio mínimo” del 75% de la actividad en caso de una medida de fuerza– que plantea el proyecto del Ejecutivo. También la protección de las obras sociales, que la CGT denuncia que podría entrar en crisis si se recorta, como plantea el proyecto, los aportes patronales que las financian.

La limitación de la ultraactividad de las cláusulas obligacionales de los convenios colectivos, mientras tanto, es otro artículo “invotable” porque esconde, tal como denuncian los especialistas laboralistas, una eliminación de la obligatoriedad de las cuotas solidarias que aportan los trabajadores no afiliados. 

Pero no son solo los sindicalistas los que plantean sus objeciones. Los gobernadores ya le advirtieron al Gobierno que el artículo 191 del proyecto, que reduce las alícuotas de Ganancias de las grandes empresas, podría implicar pérdidas millonarias en materia de recaudación para las provincias (ya que el 60% del impuesto a las Ganancias es coparticipable). Una reforma tributaria, escondida en la reforma laboral, que los mandatarios advirtieron que no acompañarán.

Otro punto, cuestionado por la CGT pero también por muchos senadores radicales, tiene que ver con la creación del Fondo de Asignación Laboral (FAL). Este fondo es una alternativa al régimen de indemnizaciones y se financiaría con el aporte obligatorio del 3% que los empleadores destinan a la seguridad social. Es decir que el proyecto plantea financiar las indemnizaciones con el dinero destinado a las jubilaciones. “Van a desfinanciar el sistema previsional”, advierten sus detractores en el Senado.

Los artículos invotables se acumulan y, a partir de la semana que viene, el Gobierno profundizará las negociaciones para ver qué puntos blinda y cuáles suelta. El objetivo, advierten en Casa Rosada, es que la ley salga. Cualquier ley.

MCM

La reforma laboral ya tiene fecha de tratamiento: el 10 de febrero. Para entonces, el Gobierno necesita sumar los votos de al menos una decena de legisladores aliados o provinciales. Con ese objetivo, el ministro del Interior, Diego Santilli, salió de gira para negociar cara a cara con los gobernadores, abrir canales de diálogo político y ofrecer recursos a cambio de respaldo legislativo.

Pero el primer encuentro mostró el límite de esa estrategia: en Chubut, el gobernador Ignacio Torres ya exigió hace unos días el pago de una deuda previsional de más de $51.000 millones que la ANSES mantiene con la provincia desde 2017. Según advirtió el mandatario, ese dinero no afecta la administración central, sino que impacta directamente en las jubilaciones de miles de trabajadores retirados del Estado provincial.

“La deuda que tiene el Gobierno nacional es con nuestros jubilados chubutenses, que aportaron toda la vida para tener una jubilación digna”, afirmó Torres. Aunque valoró la apertura de negociaciones, ratificó que la presentación de la demanda ante la Corte Suprema para exigir el cumplimiento del convenio bilateral firmado con Nación. “Podemos sentarnos a negociar, pero no voy a desistir del reclamo judicial”, sostuvo.

La estrategia del Gobierno para aprobar la reforma laboral combina presión parlamentaria, favores fiscales y concesiones puntuales. Santilli ya tiene previsto visitar al menos diez provincias durante enero. Según confirmaron desde el Ministerio del Interior, el objetivo es “escuchar los reclamos locales” e intercambiar apoyos por asistencia financiera o flexibilización de partidas.

La escena revela una paradoja: mientras se promete modernización laboral y reducción del gasto público, se utilizan transferencias discrecionales como moneda de cambio para habilitar una reforma que recorta derechos laborales, debilita a los sindicatos y reduce los costos de despido e indemnización.

El proyecto, que ya obtuvo dictamen en el Senado, propone eliminar la ultraactividad de los convenios colectivos, limitar las cuotas solidarias que financian a los gremios, habilitar bancos de horas, flexibilizar vacaciones y acortar los plazos de preaviso. También incluye la creación de un fondo de cese laboral como sustituto de las indemnizaciones tradicionales. Para la CGT, se trata de “una reforma regresiva que rompe el equilibrio entre partes y precariza el empleo”.

En este contexto, las provincias aparecen como el escenario clave para destrabar la votación, pero también como territorio de disputa por deudas sociales. El caso de Chubut es elocuente: es una de las trece jurisdicciones que no transfirió su caja previsional a la Nación. Por ley, la ANSES debe cubrir anualmente el déficit de ese sistema. Pero en este caso, la deuda acumulada desde 2017 fue certificada por el propio organismo nacional y nunca saldada.

“No estamos mendigando nada. Estamos exigiendo lo que nos corresponde”, señaló Torres, que encabeza por primera vez una demanda judicial de este tipo en nombre de la provincia. La falta de esos fondos deja al sistema previsional local en estado crítico y obliga al Gobierno provincial a cubrirlo con recursos propios, en medio de un escenario de ajuste y recorte de transferencias.

Los jubilados del sector público, en especial docentes, administrativos y trabajadores estatales retirados, son quienes más sufren la demora.

JJD

El Gobierno volvió a poner en marcha la segunda etapa de su agenda legislativa. Con el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal ya aprobados, el objetivo es claro y tiene fecha: reunir los apoyos necesarios para sancionar la reforma laboral, cuyo debate está previsto para febrero. En ese marco, el ministro del Interior, Diego Santilli, retomó esta semana una gira por las provincias que tendrá al menos diez paradas durante enero y que arrancó este miércoles en Chubut, con una reunión con el gobernador Ignacio Torres.

La visita tuvo un doble objetivo. Por un lado, avanzar en la reconstrucción de consensos políticos con los mandatarios provinciales para allanar el camino legislativo de la reforma. Por otro, mostrar gestión en territorio: Santilli y Torres recorrieron El Hoyo, uno de los puntos más críticos por los incendios forestales, para observar los dispositivos conjuntos que Nación y provincia están implementando frente a la emergencia.

Durante la conferencia de prensa que compartió con el gobernador Torres, Santilli puso el foco en la crisis ambiental que atraviesa la región cordillerana y respaldó de manera explícita el accionar provincial frente a los incendios intencionales. “Estamos frente a hechos de una gravedad absoluta”, afirmó el ministro, al advertir que ya se perdieron más de 2.000 hectáreas de bosque nativo, con impacto directo sobre los ecosistemas, la propiedad privada y la actividad turística.

En Chubut, Santilli sostuvo que “no se puede tolerar la destrucción deliberada del patrimonio de familias enteras” y reclamó “tolerancia cero” para quienes utilizan el fuego como herramienta criminal. En ese marco, pidió que la Justicia “vaya a fondo contra los criminales que destruyen el medio ambiente”, en un mensaje que buscó combinar respaldo político y presencia territorial.

Diez provincias

El cronograma todavía está en diseño fino, pero desde el Ministerio del Interior confirmaron que la idea es concretar al menos diez reuniones con gobernadores durante enero. En carpeta aparecen Mendoza, San Juan, San Luis y Chaco como primeras paradas, en función de la disponibilidad de los mandatarios y del equilibrio político que busca construir el Ejecutivo. “Santilli está llevando a cabo una gestión extraordinaria, al igual que todo el ala política”, lo elogió el presidente Javier Milei este martes en una entrevista con Neura.

El caso chubutense no es menor. Aunque Torres comparte espacio partidario con el ministro, su vínculo con la Casa Rosada fue zigzagueante. Durante el debate del Presupuesto 2026 en el Senado, el gobernador insistió con el reclamo por una deuda superior a los 51.000 millones de pesos que ANSES mantiene con la provincia y anticipó que podría judicializar el conflicto ante la Corte Suprema. Aun así, en Balcarce 50 interpretan que el diálogo sigue abierto y que Chubut puede ser una pieza clave en el esquema de apoyos.

Ese despliegue territorial de Santilli también es leído en la Casa Rosada en clave interna: la negociación con los gobernadores se volvió un terreno sensible en la disputa de poder puertas adentro. La última sesión exitosa en el Senado dejó, junto al triunfo legislativo, un mensaje silencioso pero filoso del entorno de Karina Milei, que se ocupó de remarcar que Santiago Caputo no había sido parte de las tratativas con los mandatarios provinciales.

El señalamiento buscó fijar autorías y límites en un gobierno atravesado por tensiones, reforzando la centralidad de la arquitectura política que responde a la hermana del Presidente y al jefe de Gabinete Manuel Adorni. Desde el círculo del asesor presidencial, en cambio, leyeron ese reordenamiento como un movimiento pragmático: dejar las conversaciones en manos de Santilli y de la jefa del bloque libertario Patricia Bullrich para bajar tensiones internas y aceitar el vínculo con gobernadores de cara a la reforma laboral.

Reforma laboral

En el oficialismo reconocen que, pese al receso estival, el tiempo apremia. El proyecto de reforma laboral todavía presenta diferencias sensibles, especialmente con algunos gobernadores aliados y con el sindicalismo, que mira con recelo varios artículos del texto impulsado por Federico Sturzenegger y Luis Caputo. Por eso, Santilli buscará reactivar el diálogo no solo con los mandatarios de mejor vínculo, sino también con aquellos que quedaron afuera de la primera ronda de contactos que desplegó tras asumir en noviembre. En ese esquema aparece incluso el puntano Claudio Poggi, pese a que no cuenta con legisladores propios en el Congreso.

En paralelo, la Casa Rosada evalúa llamar a sesiones extraordinarias a partir del 2 de febrero, aunque también circula la posibilidad de adelantarlo al 19 de enero para ordenar asistencias y permitir que las comisiones comiencen a trabajar desde el inicio de febrero. La definición dependerá del pulso político que logre marcar Interior en las próximas semanas.

Mientras tanto, según pudo saber elDiarioAR, Patricia Bullrich y Martín Menem activaron reuniones con los bloques aliados para el cierre de la semana, con el objetivo de acercar posiciones y evitar que la reforma laboral vuelva a empantanarse como ocurrió en Diputados durante otros debates sensibles. En el oficialismo aseguran que existe margen para negociar algunos puntos del capítulo tributario y hasta “mejorar la redacción” de ciertos artículos para contener a los gremios.

No todos, sin embargo, comparten esa flexibilidad. En la mesa chica presidencial hay quienes sostienen que el proyecto ya contempla modificaciones suficientes y que no hay margen para reabrir la discusión. “No hay más nada que hablar. Está bastante consensuada”, lanzó una voz con acceso directo al despacho presidencial.

Con la expectativa de que el equipo legislativo que logró aprobar la llamada “ley de leyes” en diciembre repita el desempeño en el Senado, el Gobierno se prepara para un febrero sin tregua, en medio del avance opositor que pretende voltear el DNU de la SIDE. Sin tiempo para el descanso y con una meta más compleja por delante, la gira de Santilli aparece como la primera jugada de una negociación que recién empieza y que será decisiva tanto para el rumbo legislativo como para el delicado equilibrio interno del oficialismo.

PL/MC

El Gobierno nacional redobla la presión para que la reforma laboral tenga luz verde este verano. La “modernización” de las normas laborales es una prioridad personal del presidente Javier Milei, y para eso el oficialismo relanzó su maquinaria de negociación territorial. El objetivo es llegar a la primera semana de febrero con los votos necesarios para sancionar el proyecto durante las sesiones extraordinarias.

La primera escala será Chubut. Este miércoles, el ministro del Interior, Diego Santilli, viajará a Rawson para reunirse con el gobernador Ignacio Torres, integrante del PRO pero enfrentado con la Casa Rosada por la deuda previsional que el Estado mantiene con su provincia. La cifra reclamada por Chubut supera los $51.000 millones, y ya fue anticipado un reclamo judicial ante la Corte Suprema.

Desde el Ministerio del Interior confirmaron que Santilli tiene planeado un cronograma de visitas a al menos diez provincias durante enero, con el fin de “escuchar los reclamos locales” e intercambiar apoyos legislativos por asistencia financiera o fiscal. La coordinación incluye al ministro de Economía, Luis Caputo, y al secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

En paralelo, Patricia Bullrich y Martín Menem retomaron el diálogo con los bloques aliados en el Congreso, a fin de “aceitar” las condiciones para el tratamiento del proyecto. Ambos fueron piezas clave para la aprobación del Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal, y ahora vuelven a actuar bajo el comando de Karina Milei y del núcleo legislativo libertario.

“La ley no está cerrada, se va a discutir artículo por artículo”, aseguró Bullrich a senadores de bloques provinciales, en un intento por abrir la negociación. La jefa de bloque ya había logrado el dictamen de mayoría en el Senado a fines de 2025, pero la reforma no se trató por la presión sindical y la tensión política en medio del debate presupuestario.

En su versión actual, el proyecto elimina la ultraactividad de los convenios colectivos, debilita el rol sindical en la negociación paritaria, introduce indemnizaciones más bajas, y permite a las empresas modificar horarios mediante un sistema de banco de horas. También elimina las cuotas solidarias, principal fuente de financiamiento de los gremios.

Desde la CGT advirtieron que si el Gobierno avanza con la reforma, volverán a movilizar. Las centrales obreras ya preparan una agenda de medidas para febrero, con asambleas, protestas regionales y posibles paros escalonados. “Es una reforma para precarizar el trabajo y romper la negociación colectiva, no para generar empleo”, afirmó uno de los dirigentes del consejo directivo.

El Gobierno, en cambio, busca mostrar la reforma como parte de un paquete para reducir costos laborales y estimular inversiones. En ese marco, la estrategia de Santilli apunta a destrabar los votos “provinciales” a través de una diplomacia fiscal a medida: ofrecer fondos o flexibilizar partidas a cambio de apoyos en el Congreso.

Los próximos días serán clave para el futuro del proyecto. Si el oficialismo logra convencer a un puñado de legisladores aliados y provinciales, podrá avanzar en febrero con una reforma que podría cambiar de raíz las reglas del mundo del trabajo en Argentina, debilitando al sindicalismo y trasladando el poder de negociación hacia las empresas.

JJD

El sonido llegaba antes que las palabras. Desde el Patio de las Palmeras, en el corazón de la Casa Rosada, se colaba el crepitar seco de los tambores, una cadencia constante que sube y baja según el viento. Cada tanto, el estallido más áspero de un cohete cortaba el aire y hacía vibrar los ventanales. Desde Plaza de Mayo, a pocos metros, la protesta de la CGT imponía su propia banda sonora: bombos, redoblantes y música amplificada que rebota contra la fachada rosada y se filtraba hasta el interior del edificio donde, casi al mismo tiempo, el poder político intentaba ordenar su respuesta.

Los primeros rumores empezaron a correr casi en simultáneo con el inicio del acto. Eran las 15 cuando, mientras las columnas sindicales terminaban de acomodarse frente al escenario montado, en los pasillos de la Casa Rosada comenzó a circular la versión de una reunión inminente. Nadie la confirmaba oficialmente, pero el movimiento inusual de asesores, custodios y funcionarios en los alrededores terminó de darle forma a la escena. Afuera, los bombos marcaban el inicio formal de la protesta; adentro, el poder empezaba a replegarse.

Minutos después, se terminó de confirmar lo que hasta entonces era un murmullo. En una de las salas de la Casa Rosada se reunieron el jefe de Gabinete Manuel Adornil, la jefa de bloque del Senado, Patricia Bullrich, el ministro del Interior Diego Santilli, el asesor presidencial Santiago Caputo, el ministro de Economía Luis Caputo y el titular de la Cámara de Diputados Martín Menem. Además, participó del cónclave Ignacio Devitt, flamante mano derecha del ministro coordinador.

El presidente Javier Milei se encontraba en la Casa Rosada, pero no participó del encuentro. La coincidencia horaria no pasó desapercibida dentro del edificio. “Vino a actualizar la firma digital”, deslizaron oficialmente, como si el mandatario estuviera ajeno a todo lo que ocurría a su alrededor.

Definiciones

En Balcarce 50 explican que la reunión no fue improvisada, pero sí reactiva. El diagnóstico interno combina alivio y límite. Para el Gobierno, haber logrado la media sanción del Presupuesto después de tres años es un hito político que no minimizan. Pero la lectura se vuelve estricta cuando se entra en el detalle: el texto tal como salió de Diputados, sostienen, no respeta el equilibrio fiscal. “Nosotros no vamos a aceptar un presupuesto así”, definieron, contundentes. Las leyes que quedaron vigentes en el Capítulo XI —Discapacidad y Financiamiento Universitario— son consideradas directamente “impagables” bajo el esquema de superávit que el oficialismo pretende sostener.

Por eso, según pudo saber elDiarioAR, el foco de la reunión estuvo puesto en el Senado. El objetivo inmediato es trabajar una modificación del proyecto en la Cámara alta, con la intención de obtener dictamen lo antes posible. En el oficialismo deslizan que, si el Senado introduce los cambios que buscan, la idea es volver a tratar el Presupuesto en Diputados el próximo 29. Para esa ingeniería legislativa, el rol de Bullrich es central: es quien hoy conduce las negociaciones en el Senado y quien debe definir el camino reglamentario para reabrir el texto.

En ese esquema, el PRO aparece como un aliado valorado. En el Gobierno destacan que el bloque amarillo acompañó sin fisuras y puso “todo en la cancha” durante la votación. No ocurre lo mismo con otros espacios. Puertas adentro, reconocen además que los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) no garantizan disciplinamiento automático: hubo abstenciones clave, como un diputado de Chaco y dos radicales de Entre Ríos, que dejaron al descubierto que la negociación sigue abierta y que todavía queda trabajo por delante.

La reunión funcionó así como una mesa de coordinación política, más que como un encuentro de emergencia. Y con el correr de los minutos, la dinámica interna empezó a mostrar movimientos. Cerca de una hora después de haber ingresado, Bullrich se retiró del encuentro para continuar las gestiones legislativas.

Mientras afuera la movilización seguía activa y el triunvirato de la CGT amenzaba con un paro general, adentro el Gobierno comenzaba a definir su plan de acción en el Palacio. La escena quedaba así partida en dos planos simultáneos: la Plaza todavía en movimiento y la Casa Rosada funcionando como centro de decisión, con el Presupuesto y la reforma laboral (que finalmente llegará al recinto en febrero) como próximos capítulos de una negociación que, lejos de cerrarse, acaba de entrar en su fase más delicada.

PL/CRM

Con el dictamen del Presupuesto 2026 prácticamente asegurado, el Gobierno entra este martes en la instancia decisiva de su negociación con las provincias. Los gobernadores fijaron una línea roja para el resto de su agenda: sin presupuesto aprobado, no habrá reforma laboral. Tras la conformación de la comisión y luego de semanas de conversaciones reservadas, la Casa Rosada confía en reunir los votos necesarios mientras administra, caso por caso, las demandas de los gobernadores, que aceptan acompañar la ley en general pero mantienen reparos en la discusión en particular.

En ese sentido, la ronda de diálogo que viene encabezando el ministro del Interior, Diego Santilli, empieza a rendir frutos. Salvo el núcleo duro del kirchnerismo, los mandatarios provinciales están dispuestos a dar respaldo al proyecto oficial, aunque sin resignar reclamos. “Lo primero es encontrar una previsibilidad de cara al año que viene, después debatamos la reforma laboral”, es la frase que más escuchó Santilli en sus contactos con gobernadores y dirigentes de provincias dialoguistas.

El oficialismo parte de una ventaja numérica: los votos para aprobar el Presupuesto 2026 estarían garantizados tanto en Diputados como en el Senado. Pero el apoyo no es automático ni homogéneo. Las negociaciones se desarrollan de manera individual, sin coordinación entre los gobernadores, una dinámica que la Casa Rosada alienta para evitar un frente común de reclamos. Cada mandatario plantea exigencias propias, aun cuando, por ahora, la mayoría admite que las respuestas concretas escasean.

En ese esquema, la reforma laboral quedó deliberadamente relegada. El punto más sensible para las provincias es el impacto fiscal del proyecto: la modificación de la escala del impuesto a las Ganancias de las sociedades recortaría alrededor de $1,6 billones anuales de recursos coparticipables. El mensaje que baja desde las provincias es claro: sin un proyecto de “ley de leyes” cerrado y sin certezas sobre la distribución de fondos, no hay margen político para abrir ese debate.

El problema de fondo es que el cambio de clima con la Casa Rosada no vino acompañado, hasta ahora, de una mejora sustantiva en el flujo de recursos. La excepción fue Tucumán. El gobernador Osvaldo Jaldo recibió una transferencia de $20.000 millones en Aportes del Tesoro Nacional (ATN), el monto individual más alto otorgado en lo que va del gobierno de Javier Milei. Jaldo, con influencia directa sobre tres diputados y un senador, se reunió la semana pasada con Santilli, en un gesto leído por el resto de los mandatarios como parte del toma y daca presupuestario.

En las provincias siguen de cerca si ese movimiento se replica. En noviembre, Economía no giró ATN y, descontando lo enviado a Tucumán, todavía quedan $708.000 millones disponibles. La expectativa es que en las próximas horas otras provincias reciban ATN, en un mes especialmente sensible por el pago de aguinaldos y la situación financiera de muchos municipios. En el oficialismo admiten que se evalúan distintas alternativas para liberar recursos, aunque nadie garantiza que alcancen para descomprimir todos los frentes abiertos.

Santilli es consciente de ese límite. Tutelado por el jefe de Gabinete Manuel Adorni, su desembarco en el Ministerio del Interior apuntó a recomponer el vínculo con los gobernadores y a construir el consenso político que el Gobierno necesitaba para encarar esta etapa legislativa. La flexibilización en la firma de avales para que las provincias salgan a colocar deuda en los mercados fue leída como un gesto, aunque insuficiente para compensar reclamos estructurales. El único mandatario al que la Nación dejó en claro que no le habilitará esa vía es el bonaerense Axel Kicillof.

También aparecen tensiones en otros capítulos sensibles del Presupuesto. Uno es el de las cajas previsionales provinciales no transferidas, donde varios gobernadores buscan asegurar un flujo mensual de fondos y dejar para más adelante la discusión por la deuda acumulada. Otro es la obra pública, con avances lentos y convenios que, como en el caso de Salta, siguen sin traducirse en desembolsos efectivos.

Con ese telón de fondo, el dictamen del Presupuesto 2026 aparece como una meta alcanzable, pero sostenida sobre equilibrios frágiles. Los gobernadores prometen el gesto político de acompañar la ley, aun cuando desconfían de que luego los recursos se ejecuten según lo aprobado. Para el Gobierno, la apuesta es cerrar rápido ese capítulo y recién entonces abrir el frente más espinoso: la reforma laboral. La incógnita es cuánto durará esa tregua tácita y si el consenso alcanzará para algo más que garantizar, una vez más, que el presupuesto exista, aunque muchos sospechen que buena parte de sus números volverán a quedar en letra muerta.

Los principales ejes del Presupuesto 2026

PL/CRM

Con el inicio de las sesiones extraordinarias, el Gobierno entra en la instancia más delicada de su hoja de ruta legislativa y pone a prueba su capacidad real de construir mayorías. El debate del Presupuesto 2026 y el paquete de reformas asociadas —con la “modernización laboral” y la ley de Inocencia Fiscal en el centro— encuentran a un protagonista definido: Diego Santilli, el ministro del Interior, convertido en el principal operador político del oficialismo en el Congreso.

Desde su entorno lo dejaron claro este lunes, con un mensaje que funcionó como señal política hacia adentro y hacia afuera del oficialismo: Santilli tendrá una semana “abocado 100 por ciento a la estrategia parlamentaria”, con presencia permanente en el Congreso y en coordinación directa con Martín Menem y Patricia Bullrich, además de gobernadores, diputados y senadores. El objetivo inmediato es conseguir los votos necesarios para aprobar la “ley de leyes”, una discusión prioritaria para los mandatarios provinciales.

La escena legislativa empieza a ordenarse desde hoy con la conformación de las comisiones clave. En Diputados, comenzará el tratamiento en Presupuesto y Hacienda —que seguirá bajo el control del oficialismo— junto con Legislación Penal. En el Senado ocurrirá lo mismo con Trabajo y Previsión Social y con Presupuesto y Hacienda. Para la Casa Rosada, este paso es decisivo: el plan es que el Presupuesto 2026 tenga media sanción en la Cámara baja en cuestión de días y pueda convertirse en ley antes de fin de año.

El oficialismo llega a esta instancia con una ventaja política: tras las elecciones de medio término, La Libertad Avanza se consolidó como primera minoría en Diputados y, con aliados, quedó muy cerca de los 129 votos necesarios. En la Cámara alta, el escenario también aparece más favorable que un año atrás. Distinto es el panorama para la reforma laboral, donde persiste la resistencia sindical y el escepticismo de sectores opositores dialoguistas, lo que abre la posibilidad de un segundo tramo de sesiones extraordinarias entre enero y febrero.

En ese contexto, el rol de Santilli no es coyuntural ni improvisado. La semana que comienza es la culminación de un trabajo político que el ministro del Interior inició apenas asumió, hace poco más de un mes. Desde entonces, su agenda estuvo dominada por una ronda constante de reuniones con gobernadores de distintos signos políticos, tanto en Casa Rosada como en las provincias, con un temario que se repitió: Presupuesto, deudas previsionales, obras frenadas, financiamiento internacional y respaldo parlamentario.

Santilli también activó encuentros con jefes de bloques aliados y dialoguistas, y sostuvo conversaciones reservadas con senadores clave de cara a la votación en la Cámara alta. En ese recorrido se inscribió, por ejemplo su paso por Misiones, donde se reunió con Carlos Rovira, uno de los dirigentes provinciales con mayor capacidad de ordenar votos propios. El mensaje fue siempre el mismo: orden fiscal sin concesiones en el discurso público, pero negociación política fina para garantizar gobernabilidad.

En ese esquema se inscribió también la reunión que Santilli mantuvo la semana pasada con Jorge Macri en Casa Rosada, uno de los encuentros que el ministro venía postergando desde su llegada a Interior. El temario combinó la discusión por el Presupuesto 2026 con dos puntos sensibles para la Ciudad: la deuda por coparticipación y la coordinación política en el Congreso. Para el Gobierno, el gesto tuvo una doble lectura: ordenar el vínculo institucional con la administración porteña y asegurar un canal de diálogo fluido con un actor clave del PRO en momentos en que cada voto cuenta.

La coordinación con Menem en Diputados y con Bullrich en el Senado terminó de cerrar la estrategia. Mientras Balcarce 50 empuja la narrativa de reformas estructurales, Interior quedó a cargo de traducir ese programa en votos concretos. La presencia permanente de Santilli en el Congreso durante esta semana apunta justamente a eso: anticipar conflictos, cerrar acuerdos parciales y evitar que las resistencias se conviertan en bloqueos legislativos.

Con el Presupuesto 2026 como primera prueba de fuego, el ministro enfrenta ahora algo más que una negociación de números y votos. La estrategia de instalarlo como el articulador político del oficialismo en el Congreso pone en juego su propio peso dentro del esquema de poder del Gobierno: si el plan avanza sin sobresaltos, Interior quedará consolidado como la usina de gobernabilidad del mileísmo. Pero si se empantana, las tensiones volverán a exponer los límites de un oficialismo que creció en bancas pero sigue dependiendo de acuerdos frágiles.

PL/MC

El Consejo de Mayo tendrá este miércoles su última reunión, en medio de expectativas por el texto final de la reforma laboral y tensiones acumuladas tras la filtración de borradores. El encuentro marcará el debut de Manuel Adorni como coordinador político del espacio, tras la salida de Guillermo Francos, y se dará en simultáneo con la búsqueda de votos para el Presupuesto 2026, que encabeza el ministro del Interior, Diego Santilli.

El objetivo oficial es cerrar la etapa técnica antes del 15 de diciembre, fecha límite que se impuso la Casa Rosada para presentar el paquete de reformas en el Congreso. La sesión será en el Salón de los Escudos del Ministerio del Interior y contará con los siete integrantes habituales del Consejo: Federico Sturzenegger (Ejecutivo), Alfredo Cornejo (provincias), Carolina Losada y Cristian Ritondo (Poder Legislativo), Martín Rappallini (UIA) y Gerardo Martínez (UOCRA), por el sindicalismo.

“Hasta ahora solo hay esquemas generales sin precisión técnica”, advierten desde la CGT, que aún no recibió el texto preliminar. El Ejecutivo promete una versión consolidada para los próximos días, pero se reserva el contenido definitivo, que responderá a la línea política del presidente Javier Milei.

Entre los temas en discusión figuran la descentralización de convenios, el banco de horas, la ultraactividad, las cuotas solidarias y modalidades de contratación, algunos de los cuales ya estaban en el DNU 70/2023, invalidado por la Justicia en su capítulo laboral.

La CGT sigue en alerta, mientras espera una convocatoria formal de Santilli. El ala dialoguista busca negociar límites sin romper el canal de diálogo, pero sectores más duros acusan al oficialismo de intentar desarticular la organización sindical. La conducción central mantiene un equilibrio precario: abrir el juego sin ceder en lo que consideran derechos adquiridos.

Gerardo Martínez expondrá esa postura en la reunión del Consejo, mientras Santilli se posiciona como interlocutor clave del Gobierno. A su cargo está la doble tarea de asegurar los votos del Presupuesto y abrir un puente con los gremios, en un contexto donde la reforma laboral aparece como una de las apuestas estratégicas del oficialismo.

La última reunión del Consejo de Mayo también incluye en su temario las reformas tributaria y previsional, aunque el núcleo del debate será el capítulo laboral. La Casa Rosada quiere evitar nuevas filtraciones, pero la indefinición sobre qué puntos quedarán dentro del proyecto genera malestar entre los consejeros.

En el Gobierno reconocen que el cierre del Consejo no implicará consenso pleno, sino una base para avanzar en el diseño final del proyecto. El contenido específico se definirá en la Casa Rosada, con margen para ajustes políticos hasta febrero, cuando el oficialismo buscará tratarlo en sesiones extraordinarias.

Los gobernadores aliados se mostraron dispuestos a discutir, pero advirtieron que no avalarán cambios sin conocer los detalles. Por eso, el Gobierno necesita tiempo, acuerdos y precisión técnica para sostener su estrategia de reformas, sin agravar la conflictividad con los gremios ni perder apoyos legislativos.

JJD

Diego Santilli finalmente recibió este mediodía a Jorge Macri en la Casa Rosada. Era uno de los mandatarios con el que aún le faltaba reunirse desde que asumió en el Ministerio del Interior. El jefe de Gobierno porteño llegó minutos antes de las 12, atravesó el Salón de los Bustos y fue al despacho del funcionario acompañado por su mano derecha, Gabriel Sánchez Zinny, y el titular de Hacienda local, Gustavo Arengo. En la mesa lo esperaban también Manuel Adorni y Pilar Ramírez, la referente porteña de La Libertad Avanza, cuya presencia terminó de confirmar el carácter político del encuentro. Al retirarse por el Patio de las Palmeras, Macri lo definió como una “buena reunión”.

El temario estuvo atravesado por dos discusiones sensibles: el respaldo al Presupuesto 2026, que el Gobierno buscará aprobar en extraordinarias desde el 10 de diciembre, y la demorada transferencia de los fondos coparticipables que Nación adeuda a la Ciudad. La administración porteña volvió a insistir en la restitución del porcentaje histórico y en un mecanismo de pagos semanales que cumpla con el fallo de la Corte Suprema. Los equipos técnicos de ambas jurisdicciones ya habían retomado el diálogo el martes, sin avances concretos, tras la foto entre Macri y Luis Caputo por la deuda que CABA calcula en unos $274.000 millones.

En paralelo, el jefe de Gobierno dejó planteadas otras demandas de autonomía: autorización para créditos internacionales, traspaso de competencias judiciales, control del puerto y transferencia de bienes. Santilli encara el desafío de equilibrar los reclamos del PRO con las restricciones fiscales que impone Economía, mientras la Casa Rosada acelera la búsqueda de votos para la “ley de leyes” y las reformas de “segunda generación”, como la laboral y la fiscal.

El diálogo con Macri llega en un momento de tensión entre la administración porteña y La Libertad Avanza, después de que un grupo de diputados referenciados en Cristian Ritondo saltara hacia el oficialismo y le permitiera a Martín Menem asegurarse la primera minoría en Diputados. En el PRO respondieron con el armado de un interbloque propio con la UCR y el MID, y remarcan que mantendrán una bancada “ordenada y sin sobresaltos”, destinada a defender el modelo amarillo frente al avance libertario.

En ese clima, el encuentro de este mediodía funcionó como un gesto político mutuo: Santilli completa su ronda con un socio central del ecosistema opositor aliado. Macri, en tanto, preserva canales abiertos en un momento de disputa por influencia legislativa y de negociación por recursos que considera impostergables.

PL/MC

El ministro del Interior, Diego Santilli, mantuvo la mañana de este martes una reunión en Casa Rosada con el embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, en el marco de la recta final de las negociaciones por el acuerdo comercial entre ambos países, cuya letra chica se terminará de definir en los próximos días.

El encuentro tuvo lugar en el Salón de los Escudos del Ministerio del Interior. Según confirmaron fuentes de la cartera, Santilli y Lamelas repasaron “los principales puntos de la agenda bilateral” y destacaron la “relación de alto nivel” que une a ambas naciones. También evaluaron nuevas oportunidades de cooperación orientadas a ampliar el intercambio comercial y subrayaron los “valores compartidos de libertad y progreso”.

Lamelas llegó a Casa Rosada poco después de las 10.30 y atravesó el Salón de los Bustos camino a la reunión. Minutos más tarde, Casa Militar desplegó el operativo habitual de seguridad ante la inminente llegada del presidente Javier Milei, quien encabezó la jura de Alejandra Monteoliva como nueva ministra de Seguridad en reemplazo de Patricia Bullrich.

En la antesala del encuentro, el embajador había calificado como “histórico” el acuerdo comercial impulsado por los presidentes Donald Trump y Javier Milei, y sostuvo que Washington “está convencido de la importancia de acompañar el crecimiento de la Argentina”.

Además de la agenda económica, ambas delegaciones coinciden en su visión crítica sobre el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Mientras Trump amenaza con intervenir en la dinámica interna del país caribeño, Milei respalda las denuncias contra lo que define como una “dictadura”.

Con información de la agencia NA

El ministro del Interior, Diego Santilli, viajó este lunes a Corrientes y obtuvo el respaldo del gobernador saliente, Gustavo Valdés, para la aprobación del Presupuesto 2026 y de las reformas laboral e impositiva que el Gobierno pretende debatir en las sesiones extraordinarias. La reunión, que se extendió por casi dos horas en la Casa de Gobierno provincial, se inscribe en la gira federal que el funcionario despliega para asegurar apoyos legislativos entre los mandatarios que firmaron el Consejo de Mayo.

Durante el encuentro, Santilli y Valdés acordaron una agenda de trabajo común “orientada a generar condiciones de crecimiento y prosperidad en la provincia y en todo el país”. También coincidieron en la necesidad de que el Congreso avance con el paquete de reformas estructurales impulsado por Javier Milei, en un clima de urgencia marcado por la falta de Presupuesto vigente.

Valdés, que concluirá su mandato en los próximos días y será sucedido por su hermano, Juan Pablo, aprovechó la visita del ministro para reiterar reclamos históricos de la provincia: la regularización de deudas previsionales, compensaciones pendientes y fondos por regalías de Yacyretá. Según estimó, la deuda total supera los 300 mil millones de pesos, entre cajas jubilatorias no transferidas, ATN y recursos adeudados por el sector energético. También volvió a plantear la pérdida de un punto de coparticipación que Corrientes reclama desde hace años. “Son entre 500 y 600 mil millones por año. Esa pérdida la seguimos pagando hasta hoy”, advirtió.

Santilli reconoció la complejidad fiscal del escenario nacional, pero planteó que las reformas proyectadas son imprescindibles para reactivar la economía. “La frazada es corta. El 85% del gasto nacional es jubilación, salud y educación. Por eso es necesario crecer y crecer”, señaló. En ese sentido, destacó que bajar el riesgo país y facilitar el acceso al crédito permitiría apuntalar inversiones, exportaciones y desarrollo productivo.

La agenda bilateral incluyó, además, un repaso por obras clave para la provincia, como el segundo puente Chaco–Corrientes, y sectores estratégicos como forestación, arroz, ganadería y mercados de exportación.

La visita del ministro del Interior forma parte de una serie de encuentros con gobernadores para garantizar apoyos en el Congreso. En los últimos días, Santilli ya se reunió con Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero), entre otros. Esta semana tiene previstas reuniones con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y con el mandatario pampeano, Sergio Ziliotto, quien también mantiene un reclamo millonario contra la Nación por deudas previsionales.

El Gobierno busca acelerar los consensos para aprobar en diciembre el Presupuesto 2026 y la reforma laboral, resistida por la CGT, y dejar para febrero el resto del temario extraordinario. En la Casa Rosada reconocen que los votos que responden a Valdés, un diputado y tres senadores nacionales, serán decisivos para la pulseada parlamentaria que se viene.

CRM

Un grupo de diputados nacionales, entre los que están en ejercicio y los que fueron electos el 26 de octubre, renunciarán el próximo miércoles a sus mandatos en la previa a la sesión prevista para la jura de nuevos representantes y elección de autoridades de la cámara.

Las renuncias, que fueron comunicadas por escrito al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se efectivizarán en una sesión pedida por el jefe de la bancada de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, para las 11 del próximo miércoles 3 de diciembre, supo la Agencia Noticias Argentinas de fuentes legislativas.

Durante meses se especuló con que Silvia Lospennato (PRO) iba a asumir en la Legislatura porteña tras haber sido la cara del PRO en los comicios de mayo, pero la situación dio un giro y ya comunicó internamente en su bloque que seguirá en la Cámara baja para completar su mandato.

El flamante ministro de Interior, Diego Santilli, comunicó su renuncia a la banca, lo que terminó de ratificar que su candidatura a diputado nacional, encabezando la lista de La Libertad Avanza (LLA) fue puramente testimonial.

Santilli no estaba enterado de todos modos que iba a ser convocado a integrar el Gabinete de Javier Milei cuando puso su firma para integrar la lista libertaria, ni tampoco tiempo después, cuando el devenir de los acontecimientos lo empujó a liderar la nómina tras la renuncia de José Luis Espert en medio de un escándalo por presunto financiamiento narco.

Otro caso atípico es el de Itai Hagman, quien renuncia a su mandato de diputado nacional a dos años de haber asumido, pero con la paradoja de que lo hará como condición para comenzar un nuevo ciclo de cuatro años. El referente Patria Grande, el partido político que lidera Juan Grabois, aceptó ser cabeza de la lista de candidatos a diputados nacionales de Fuerza Patria luego de que la joven dirigente Ofelia Fernández declinara un ofrecimiento previo de la fuerza política. Como a Hagman le quedaban dos años completos de mandato, no le queda más remedio que renunciar para poder iniciar un nuevo período de cuatro años.

El encumbramiento del economista de Patria Grande fue parte de un acuerdo bendecido por Cristina Kirchner para darle a Grabois la cabeza de lista de la Capital Federal como premio por no romper con el peronismo tanto en el distrito porteño como -fundamentalmente- en la provincia de Buenos Aires. Para el kirchnerismo duro esta decisión es toda ganancia porque quien completará los últimos dos años de mandato que deja vacantes Hagman es el camporista Javier Andrade.

El Frente de Izquierda, fiel a su tradición de rotación de bancas, ya tenía definido que el sociólogo y referente del PTS Christian “Chipi” Castillo renunciaría a su banca para darle lugar a Néstor Pitrola, dirigente del Partido Obrero que ya tuvo un paso por la Cámara de Diputados entre el 2015 y el 2017.

El resto de los diputados que renuncian a sus mandatos son representantes de LLA que se postularon a la Cámara Alta y lograron meterse en la próxima composición del Senado.

El caso más llamativo es el de la diputada Lorena Villaverde, quien se prepara para jurar este viernes como senadora en medio de una catarata de impugnaciones de parte del peronismo. La rionegrina fue impugnada por sus vínculos con Fred Machado, el empresario vinculado al narcotráfico y extraditado a Estados Unidos que financió la campaña de Espert.

Además, Villaverde había sido detenida en el 2002 en el estado norteamericano de Florida cuando intentaba trasportar un kilo de cocaína. Uno de sus mayores detractores es Martín Soria, el ex intendente de General Roca que desde hace dos años viene machacando en el recinto de la Cámara de Diputados sobre los supuestos nexos de Villaverde con el negocio del narcotráfico.

Al igual que su antagonista libertaria, Soria también renunciará el martes a su banca para asumir en el Senado por Río Negro, tras resultar electo.

La neuquina Nadia Márquez, una de las grandes revelaciones de LLA en Diputados, seguirá el mismo recorrido: interrumpirá su mandato en la Cámara baja a mitad de mandato para iniciar un período de seis años en el Senado. Tanto Menem como la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, tienen depositadas grandes expectativas en el papel que puede jugar la neuquina evangelista en la Cámara alta, a tal punto que la promovieron como candidata a la presidencia provisional del Senado.

La salteña libertaria María Emilia Orozco también saltará de Diputados al Senado, tras haber sido electa en los comicios de octubre. Se trata de una joven dirigente proveniente de Ahora Patria, el partido político de Alfredo Olmedo con el que desembarcó en Diputados en 2023. Junto a su compañero y referente Carlos Zapata se integraron a LLA y durante las últimas elecciones Orozco recibió la responsabilidad de ponerse al frente de la lista libertaria en Salta para el Senado.

Pablo Cervi es uno de los diputados que rompió con el bloque de la UCR el año pasado para conformar una bancada de “radicales con peluca”, muy cercanos al Gobierno, que funcionó como aliado firme del oficialismo. Como parte de su conversión total a las Fuerzas del Cielo, le dieron un lugar en la lista libertaria para el Senado encabezada por Nadia Márquez y consiguió un lugar en la próxima composición de la Cámara alta por el triunfo de LLA.

Con información de la agencia NA