Diego Santilli oficia de bombero en medio del escándalo político que desató la negativa del Gobierno a reconocer la victoria de Lula da Silva. El jefe de Gabinete defendió el operativo que facilitó la fuga de Flavio Bolsonaro de Brasil y se prepara para enfrentar la inquisición opositora el próximo 25 de noviembre. Anticipándose a una maniobra orquestada entre José Mayans y Patricia Bullrich, Santilli brindará un informe de gestión ante el Senado con el objetivo de apaciguar los reclamos opositores, que exigen retomar el vínculo diplomático con el principal socio comercial de la Argentina. Pero Milei, cada vez más solo, se niega.

Bullrich no puso reparos cuando, durante una reunión de labor parlamentaria, Mayans le propuso citar a Santilli a brindar el informe de gestión dentro de tres semanas. El jefe de Gabinete no expuso nunca frente al Senado desde que reemplazó a Guillermo Francos hace un año, y hasta la propia jefa del bloque oficialista estaba molesta por su ausentismo. La novela de la huida de Bolsonaro, que desató decenas de denuncias y pedidos de interpelación por parte de la oposición, no hizo más que acelerar los planes. 

Santilli se adelantó: antes de que transcurriera la sesión en el Senado, en la que Mayans iba a someter a votación su convocatoria, el jefe de Gabinete envió una carta diciendo que comparecería la última semana del mes de noviembre. A Bullrich, cuando la llamó por teléfono, le dijo que iría el 25. 

En simultáneo, mientras participaba junto a Karina Milei de la ronda de negocios vinculada al RIGI que se organizó en Rosario, Santilli salió a sentar postura sobre la fuga de Bolsonaro. “Ingresó al país con la documentación correspondiente, en regla, y terminó saliendo en las mismas condiciones”, aseguró. Y agregó: “Entró por Migraciones, no tenía impedimentos de Interpol. Esa es la conclusión clara”. 

La oposición se preparará para la ocasión. En las últimas 48 horas llovieron pedidos de informes que le exigen al Gobierno que dé cuenta de si Migraciones estaba al tanto del impedimento judicial de Bolsonaro para salir del país y de si se utilizaron fondos públicos para el operativo. La oposición busca determinar si Santiago Caputo participó de la huida y cuál es su vínculo con el empresario Sergio Mastropietro, el dueño de la empresa de aviones privados que trasladó a los Bolsonaro. Quieren saber, además, si Milei retomará el vínculo diplomático con Brasil o continuará con su guerra ideológica. Santilli tendrá que prepararse para responder todas esas preguntas. 

Mientras tanto, Milei va quedando cada vez más sólo en su negativa a reconocer el resultado electoral de Brasil. Durante los últimos días, Lula se encargó de responder una por una las publicaciones en redes sociales felicitándolo por su victoria. Incluida la de Mauricio Macri, quien se diferenció de la postura de La Libertad Avanza y felicitó al presidente brasileño. Macri, que le manifestó su apoyo a Juan Guaidó cuando se autoproclamó presidente de Venezuela en 2019, nada dijo de Bolsonaro. 

Lula le agradeció a Macri y aprovechó para enviarle un mensaje envenenado a Milei: “Comparto plenamente el deseo de una región que trabaje unida por el desarrollo y la prosperidad de nuestros pueblos. Y recuerdo con nostalgia los tiempos en que diferencias circunstanciales entre nuestros países se discutían y se solucionaban de manera civilizada y republicana”. 

Macri no es, sin embargo, el único que cuestiona la decisión de Milei de llevar sus diferencias ideológicas con Lula al terreno de las formalidades diplomáticas. También Bullrich salió a diferenciarse, publicando en sus redes sociales que, pese “a las diferencias políticas con el nuevo gobierno de Brasil”, la gente “decide en las urnas y su voluntad se respeta”. La verdadera sorpresa, sin embargo, fue el posicionamiento de Martín Menem, el hombre más cercano a Karina Milei.

El presidente de la Cámara de Diputados se limitó a compartir el mensaje de Alberto Benegas Lynch (hijo), el economista liberal que Milei considera un “prócer” y que es padre de “Bertie” Benegas Lynch, diputado nacional y baterista de la banda del Presidente. “Se trata de dos temas de naturaleza distinta: por un lado el triunfo electoral del socialismo brasilero y por otro resulta inaceptable que la emprendan contra el candidato perdedor por más que afortunadamente su partido contará con un peso sumamente relevante en el Congreso”, tuiteó en sus redes sociales.

Menem, con perfil bajo, se limitó a compartir sus palabras y diferenciarse, así, de la línea política más dura que pregonan Caputo y las Fuerzas del Cielo. Una línea que Milei, pese a los cuestionamientos internos, insiste en sostener.

MCM/CRM

Karina Milei volvió a tomar el micrófono este jueves. Esta vez lo hizo en Rosario, frente a una platea de gobernadores, empresarios y funcionarios nacionales, en una nueva demostración del protagonismo público que empezó a asumir en las últimas semanas. La secretaria general de la Presidencia desembarcó en Santa Fe junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, para participar de la primera Ronda de Negocios del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). La excusa fue económica, pero la fotografía tuvo también una dimensión política: la hermana del Presidente compartió escenario con varios de los mandatarios provinciales cuyos votos necesita la Casa Rosada para avanzar con su agenda legislativa.

El anfitrión fue el gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro, que recibió a la comitiva nacional en La Fluvial de Rosario, donde se congregaron representantes de grandes proyectos de minería, energía e infraestructura y cientos de pequeñas y medianas empresas de todo el país. Entre los gobernadores presentes estuvieron Martín Llaryora, de Córdoba; Alfredo Cornejo, de Mendoza; Alberto Weretilneck, de Río Negro; Juan Pablo Valdés, de Corrientes; Marcelo Orrego, de San Juan; Carlos Sadir, de Jujuy; y Rogelio Frigerio, de Entre Ríos.

La presencia de Karina no pasó inadvertida. Acostumbrada a ejercer su poder lejos de las cámaras, la funcionaria volvió a pronunciar un discurso público, algo que hasta hace poco constituía una excepción dentro de su actividad oficial. La semana pasada había hablado en Villa Devoto durante el anuncio del traslado de presos de la histórica cárcel del barrio a Marcos Paz. Ahora eligió un auditorio empresarial para defender una de las principales apuestas económicas de su hermano y, de paso, reivindicar su propio papel en el desarrollo del sector minero.

La presentación tuvo incluso una cuota de humor. Santilli la había bautizado minutos antes como “la madrina de la minería”, un apodo que la propia Karina recogió al comenzar su intervención. “Desde el primer día de nuestra gestión vengo acompañando de cerca al sector minero, participando de ferias internacionales, rondas de negocios y encuentros con inversores alrededor del mundo”, afirmó Karina. Y explicó las razones de ese involucramiento: “Estoy convencida de que la minería va a ser uno de los sectores con mayor prosperidad y crecimiento en la Argentina”.

La funcionaria aprovechó también para agradecer a los gobernadores que acompañaron la implementación del RIGI en sus respectivas provincias. Luego hizo un reconocimiento especial a los mandatarios que adhirieron al régimen, al señalar que en sus distritos existen proyectos de inversión que, según sostuvo, permitirán transformar las economías regionales y sus matrices productivas.

El mensaje no fue menor en términos políticos. La Casa Rosada necesita mantener abiertos los canales de negociación con las provincias para conseguir respaldo parlamentario a sus principales iniciativas, entre ellas el Presupuesto 2027 y la reforma electoral. En ese escenario, el RIGI se convirtió también en un punto de encuentro entre el Gobierno nacional y administraciones provinciales que, aun manteniendo diferencias con Milei, buscan atraer capitales y generar actividad económica en sus territorios.

Karina eligió concentrarse en los beneficios que, según la administración libertaria, puede generar la vinculación entre las grandes inversiones y las empresas locales. “Tenemos acá más de 2.000 empresas PyMEs que se están conectando con grandes empresas mineras, que se han adherido al RIGI”, destacó. Y, luego de felicitar al equipo económico y mencionar especialmente a Caputo, al secretario de Coordinación Productiva, Pablo Lavigne, y al secretario de Energía y Minería, Daniel González, definió la jornada con una expresión poco habitual en sus intervenciones: “Esta jornada representa exactamente lo que nosotros queremos lograr: un win-win. Porque, como me gusta decir, acá tienen que ganar todos”.

De Catamarca a Rosario, con los gobernadores en el centro

El desembarco en Santa Fe llegó apenas dos días después de la visita de Javier Milei a Catamarca, donde el Presidente encabezó la inauguración de nuevas instalaciones de producción de carbonato de litio de la multinacional Río Tinto, en el salar del Hombre Muerto. Allí también estuvo Karina, acompañada por Santilli y Caputo, en una actividad que permitió al Gobierno mostrarse junto al gobernador Raúl Jalil, uno de los mandatarios peronistas que mantiene un diálogo fluido con la administración libertaria.

En Rosario, Santilli retomó esa experiencia para destacar el impacto que, a su entender, pueden tener las grandes inversiones sobre los proveedores nacionales. Según los datos que atribuyó a Río Tinto, de los 415 proveedores vinculados con sus proyectos, 413 son argentinos. El jefe de Gabinete también elogió a Pullaro por su gestión en materia de seguridad y trazó un paralelismo entre la recuperación de Rosario y los objetivos políticos del Gobierno nacional.

El funcionario defendió además la idea de un “Super RIGI”, una ampliación del esquema de incentivos destinada a atraer inversiones que, según explicó, actualmente no llegan a la Argentina. En su discurso, sostuvo que el país necesita consolidar cuatro motores de crecimiento: el campo y la agroindustria, la minería y la energía, las inversiones y la economía del conocimiento.

Luis Caputo, por su parte, aprovechó la jornada para reivindicar el rumbo económico y advertir contra cualquier modificación de la política oficial. El ministro aseguró que el RIGI había impulsado proyectos de inversión por 210.000 millones de dólares, una cifra que presentó como muestra de la confianza de los inversores en el país. “No podemos movernos ni un centímetro de este camino”, afirmó, antes de elogiar a Milei, a quien describió como “uno de los tres líderes más importantes del mundo”.

PL/CRM

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, defendió este jueves el procedimiento migratorio que permitió al senador brasileño Flávio Bolsonaro salir de la Argentina rumbo a Estados Unidos y aseguró que el dirigente ingresó al país con la documentación en regla y sin restricciones registradas por Interpol.

“Como lo expresó la Dirección General de Migraciones: ingresó con la documentación correspondiente, en regla y terminó saliendo en avión, también en las mismas condiciones”, afirmó Santilli durante su participación en la primera Ronda de Negocios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que se desarrolla en Rosario.

Ante una consulta sobre las circunstancias del traslado, el funcionario insistió en que las autoridades argentinas no registraron impedimentos legales para permitir el tránsito del senador brasileño. “Entró por Migraciones, no tenía impedimentos de Interpol. Esa es la conclusión clara. Viajó a EEUU vía Guayaquil”, sostuvo.

“Si un ciudadano ingresa sin ninguna limitación y se va sin ninguna limitación, Migraciones autorizó porque no había ningún impedimento”, agregó el funcionario, al justificar la actuación de las autoridades nacionales.

Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, ingresó a la Argentina el martes por la noche junto con su esposa y sus dos hijas, a través del puente internacional Tancredo Neves, en Misiones, y posteriormente abordó un avión privado en Puerto Iguazú que realizó una escala en Guayaquil.

La salida de Flávio Bolsonaro de Brasil a través de la Argentina, pese a una prohibición judicial de abandonar su país, desató este miércoles una serie de denuncias penales y pedidos de interpelación contra el gobierno de Javier Milei. Legisladores de distintos sectores de la oposición reclamaron que se investigue si funcionarios nacionales facilitaron el traslado del senador brasileño hacia Estados Unidos y si se utilizaron recursos públicos para concretar la operación.

Los cuestionamientos apuntan al presidente Milei, al canciller Pablo Quirno, al jefe de Gabinete Diego Santilli, a la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva y al asesor presidencial Santiago Caputo, cuya presencia en Misiones durante las horas previas a la salida de Bolsonaro fue mencionada en distintas publicaciones periodísticas.

La controversia comenzó después de que la Dirección Nacional de Migraciones confirmara que el excandidato presidencial brasileño ingresó a la Argentina el martes 27 de octubre a las 22.50, acompañado por su esposa y sus dos hijas, a través del puente internacional Tancredo Neves, que une Foz do Iguaçu con Puerto Iguazú. Según el organismo, la familia presentó documentación válida y no registraba impedimentos legales para ingresar al país.

A las 23.30, Bolsonaro abordó un avión privado de la empresa Baires Fly S.A. con destino a Guayaquil, Ecuador, desde donde continuó viaje hacia Miami. El dirigente había perdido el balotaje presidencial frente a Luiz Inácio Lula da Silva y estaba alcanzado por una prohibición de salida de Brasil dispuesta por el juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal, en el marco de investigaciones por presuntos delitos económicos.

Las denuncias penales contra Milei

Una de las primeras presentaciones judiciales fue realizada por la diputada nacional Marcela Pagano, quien acudió a la Justicia Federal de Puerto Iguazú para solicitar que se investiguen las circunstancias del ingreso de Bolsonaro y su posterior salida del país.

La legisladora pidió preservar las grabaciones de las cámaras de seguridad del puente internacional Tancredo Neves y del aeropuerto de Puerto Iguazú, además de acceder a los planes de vuelo, la nómina de pasajeros y la documentación relacionada con la contratación del avión privado.

También reclamó que se investiguen posibles delitos de encubrimiento, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. “La frontera argentina no es un pasillo VIP de nadie. La soberanía no se negocia ni se presta”, expresó Pagano, quien cuestionó las contradicciones en la información difundida inicialmente sobre el paradero del dirigente brasileño.

Por su parte, el diputado socialista Esteban Paulón presentó una denuncia penal por presunto encubrimiento agravado contra Milei, Quirno y Caputo. El legislador reclamó investigar la eventual participación de funcionarios nacionales en el traslado y determinar quién financió el vuelo.

Paulón puso especial atención en la empresa Baires Fly y sus vínculos con el empresario Sergio Daniel Mastropietro, mencionado en investigaciones judiciales relacionadas con presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El legislador también había presentado un proyecto de pedido de informes sobre el eventual ingreso y egreso de Bolsonaro del territorio argentino, registrado en Diputados bajo el expediente 5805-D-2026.

A las denuncias se sumó el dirigente del Frente de Izquierda Gabriel Solano, quien presentó una acción penal contra el Presidente por presunto encubrimiento agravado, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos. Quedó sorteada en el Juzgado a cargo de María Eugenia Capuchetti.

Solano reclamó que se investigue la posible utilización de estructuras estatales para facilitar la salida del senador brasileño y que se preserven los registros migratorios, las comunicaciones oficiales, los planes de vuelo y las órdenes de custodia. “Milei no puede utilizar el Estado argentino para proteger a sus aliados de la ultraderecha internacional ni desconocer los compromisos de cooperación judicial con Brasil”, sostuvo el dirigente.

Los pedidos de interpelación en el Congreso

En paralelo, el diputado nacional Pablo Juliano, del bloque Provincias Unidas, presentó un proyecto de resolución para interpelar al canciller Pablo Quirno. La iniciativa contiene 91 preguntas destinadas a establecer si las autoridades argentinas conocían las restricciones judiciales que pesaban sobre Bolsonaro y si existieron contactos diplomáticos o gestiones oficiales vinculadas con su traslado.

Juliano también pidió determinar si Santiago Caputo estuvo en Puerto Iguazú durante el operativo, si mantuvo contacto con el senador brasileño y si intervino en la organización del vuelo.

El proyecto reclama información sobre la posible participación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Migraciones y los servicios de inteligencia, así como sobre la utilización de vehículos, personal o recursos estatales. También solicita identificar quién contrató y pagó el avión privado.

“La política exterior no puede ser un club de amigos de la ultraderecha que se cubren entre ellos”, cuestionó Juliano, quien advirtió sobre las consecuencias diplomáticas del episodio para la relación con Brasil.

Desde la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro anunció que impulsará la interpelación de Quirno y Monteoliva para que expliquen la actuación de los organismos que dependen de sus respectivas carteras.

“Tienen que dar la cara y rendir explicaciones ante el Congreso”, sostuvo el legislador, quien acusó al Gobierno de haber brindado asistencia operativa a través de Migraciones, la PSA y la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Ferraro también cuestionó el impacto del episodio sobre las relaciones diplomáticas con Brasil, principal socio comercial de la Argentina y miembro del Mercosur.

El peronismo también reclamó explicaciones

Desde Unión por la Patria, el diputado Agustín Rossi presentó un pedido de interpelación al jefe de Gabinete, Diego Santilli, para que informe sobre la intervención de las distintas áreas del Gobierno en el ingreso y la salida de Bolsonaro. “Bolsonaro se fugó. Milei lo ayudó. Los hechos están a la vista. Las explicaciones, no”, afirmó el exministro de Defensa.

Rossi consideró que el episodio tiene una gravedad institucional excepcional y advirtió que puede afectar seriamente las relaciones entre la Argentina y Brasil. “La Argentina no puede ser la ruta de escape de nadie”, expresó.

Desde el peronismo también hubo cuestionamientos de la senadora Juliana Di Tullio, quien reclamó explicaciones sobre el paso de Bolsonaro por territorio argentino y la eventual intervención de funcionarios nacionales.

Los legisladores opositores exigieron que se esclarezca por qué no se demoró el despegue del avión mientras se verificaba la situación judicial del pasajero y quién dispuso que la confirmación oficial sobre su paso por el país se difundiera después de su partida.

También solicitaron precisiones sobre la presencia de Santiago Caputo en el aeropuerto de Puerto Iguazú durante las horas previas al vuelo.

La controversia se produce en medio de las tensiones diplomáticas entre Milei y Lula, profundizadas después del triunfo electoral del mandatario brasileño, a quien el presidente argentino evitó felicitar públicamente por su reelección.

Por el momento, el Gobierno sostiene que Bolsonaro ingresó con documentación válida y que no existían pedidos de captura ni impedimentos migratorios registrados que obligaran a las autoridades argentinas a impedir su entrada. La oposición, en cambio, exige determinar si, más allá de los controles formales, hubo una colaboración deliberada para permitir que el senador brasileño eludiera las restricciones impuestas por la Justicia de su país.

CRM

Diego Santilli celebró que la oposición no reuniera quórum en la Cámara de Diputados para tratar el DNU 70. “No dar quórum es trabajar a favor de los argentinos”, sostuvo en diálogo con Radio Mitre, y consideró que el decreto es una de las columnas de la gestión, junto con la Ley Bases.

El funcionario defendió la derogación de la anterior ley de alquileres, a la que atribuyó una menor oferta de viviendas y mayores precios. “El DNU 70 trajo muchas soluciones a un país que estaba regulado, lleno de problemas y que no te permitía desenvolverte”, señaló. Además, citó la expansión del acceso a internet satelital de Starlink en áreas rurales entre las medidas que incluyó la norma.

Sobre la reforma electoral, Santilli confió en que el Congreso respaldará la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Cuestionó que, según expresó, los ciudadanos deban votar hasta seis veces en algunos distritos y afirmó que una elección primaria tiene un costo de USD 200 millones.

“¿Qué diputado y senador va a estar en frente de la sociedad que quiere no tener que ir a votar seis veces?”, preguntó. Luego expresó su confianza en el resultado de la negociación legislativa: “Yo creo que va a funcionar. Vamos a tener reforma electoral”.

Consultado por los incidentes en las inmediaciones del Congreso durante la marcha universitaria, Santilli cuestionó con dureza a quienes participaron de los desmanes. “Repudio totalmente a los delincuentes violentos, estos energúmenos que van a las marchas a agredir, a tirar piedras, a romper todo”, afirmó.

El jefe de Gabinete defendió la política oficial para las universidades y aseguró que el Ejecutivo cumplió con una medida cautelar judicial. Según las cifras que enumeró, el Gobierno elevó en 270 % el presupuesto universitario de 2024 respecto de 2023 y aumentó los recursos de los hospitales universitarios. “Hemos cumplido el 100 % de la cautelar”, sostuvo.

Santilli relacionó las protestas y las críticas al Gobierno con una estrategia de desestabilización. “Lo que parece es que tuvieran temor a la competencia. Entonces, lo que necesitan es desestabilizar, romper la calle”, concluyó.

“Los gobernadores deberían estar preocupados si el kirchnerismo vuelve”

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, afirmó que los mandatarios provinciales deberían inquietarse ante la posibilidad de un regreso del kirchnerismo al poder con Axel Kicillof como figura central.

Santilli vinculó ese escenario con una eventual revisión de los regímenes de promoción de inversiones, conflictos por tomas de tierras y cambios en políticas sectoriales. “Los que tendrían que estar preocupados son los gobernadores”, sostuvo en una entrevista con Radio Mitre. El funcionario planteó que los acuerdos políticos con las provincias están ligados a una agenda de inversiones y desarrollo que, según dijo, podría quedar en discusión ante un cambio de signo político representado por el mandatario bonaerense.

La advertencia surgió cuando fue consultado por la falta de consolidación de acuerdos electorales entre el Gobierno y los gobernadores aliados o dialoguistas. Santilli respondió que la preocupación debía estar del lado de los mandatarios provinciales y enumeró posibles impactos en distritos vinculados con la energía, la minería, el agro y la seguridad.

“Imaginemos que el kirchnerismo vuelve y arriba Kicillof”, señaló Santillo. A partir de esa hipótesis, mencionó los cortes de calles y los piquetes en la Ciudad de Buenos Aires, la discusión por la coparticipación y las tomas de tierras en la Patagonia. También señaló que, según su interpretación, el kirchnerismo anticipó que revisaría los regímenes de inversiones.

El jefe de Gabinete puso el foco en Neuquén y Río Negro por los proyectos asociados a Vaca Muerta y a la infraestructura de exportación de hidrocarburos. “¿Qué va a pasar con Neuquén y Río Negro?”, preguntó al cuestionar una eventual marcha atrás en los marcos de promoción para inversiones.

Santilli comparó a Neuquén con Abu Dabi por su disponibilidad de recursos de petróleo y gas, mientras que describió a Río Negro como la provincia desde la que saldrá parte de la producción destinada a exportación. Afirmó que las inversiones previstas en Punta Colorada y zonas cercanas podrían llevar a la región a una situación de pleno empleo el año próximo. También incluyó a Córdoba, por las discusiones vinculadas con las retenciones; a Santa Fe, por la lucha contra el narcotráfico en Rosario; a San Juan, por los proyectos mineros de cobre; y a Salta, por el desarrollo de la actividad vinculada con el litio. “Nosotros trabajamos con los gobernadores que creen en un país distinto, que siguen luchando para que lleguen sus inversiones y para que se genere trabajo en sus provincias”, afirmó.

Como ejemplo, mencionó una visita a la zona limítrofe entre Salta y Catamarca, donde, según indicó, ambas provincias alcanzaron un acuerdo para el cobro de regalías. Allí destacó la inauguración de una segunda planta de la compañía coreana Posco, que, de acuerdo con sus declaraciones, generará más de 1.200 puestos de trabajo.

Santilli también se refirió a proyectos industriales en Bahía Blanca, entre ellos una nueva planta de urea, instalaciones para el tratamiento de gases y una planta de procesamiento de aceites. El funcionario sostuvo que esas inversiones expresan el modelo productivo que busca defender el Gobierno.

El juez federal Martín Cormick resolvió este miércoles aplicar una multa de 100.000 pesos por día al jefe de Gabinete, Diego Santilli, después de constatar que el Gobierno no cumplió con la medida cautelar que lo obliga a implementar aspectos centrales de la Ley de Financiamiento Universitario. La sanción económica comenzará a regir por la persistencia del incumplimiento y podrá aumentar si el Poder Ejecutivo continúa sin acatar la resolución.

La decisión del titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 responde a un reclamo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que había denunciado que el Gobierno dejó vencer los plazos judiciales sin concretar las actualizaciones salariales y de las becas previstas por la legislación.

En su resolución, Cormick dispuso hacer efectivo el apercibimiento que había formulado el 30 de septiembre y estableció una primera multa diaria de 100.000 pesos. También dejó abierta la posibilidad de revisar tanto la cifra como los funcionarios alcanzados por la sanción.

Las multas, conocidas jurídicamente como astreintes, son medidas destinadas a forzar el cumplimiento de una orden judicial. En este caso, el magistrado las dirigió al titular de la Jefatura de Gabinete, aunque podrían extenderse a otros integrantes del Ejecutivo si persiste la desobediencia. Entre los funcionarios que podrían quedar alcanzados se encuentran la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.

Una medida judicial que el Gobierno sigue sin cumplir

El conflicto se originó en la decisión del Ejecutivo de condicionar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario a que el Congreso determinara de dónde saldrían los recursos necesarios para financiarla.

La norma, aprobada por el Parlamento y posteriormente ratificada tras el veto presidencial, contempla la recomposición de los salarios docentes y no docentes de las universidades públicas, la actualización de las becas estudiantiles y el incremento de los recursos destinados al funcionamiento del sistema universitario.

Sin embargo, mediante el decreto 759/2025, la administración de Javier Milei supeditó su implementación a la identificación de las fuentes de financiamiento. Esa disposición fue cuestionada judicialmente por las universidades, que consideraron que el Ejecutivo estaba desconociendo una ley cuya vigencia había sido reafirmada por el Congreso.

En el marco de ese litigio, Cormick dictó una medida cautelar que ordenó avanzar con la actualización de las remuneraciones del personal universitario y las becas. La resolución fue confirmada por la Corte Suprema el 25 de junio de este año.

Ante la falta de cumplimiento, el magistrado intimó al Estado a ejecutar las medidas en un plazo de cinco días. El vencimiento de ese término, seguido de una nueva prórroga sin que se concretaran los pagos reclamados, llevó al CIN a solicitar la aplicación de sanciones económicas.

El juez ya había señalado que la documentación presentada por el Ejecutivo no demostraba que los incrementos salariales otorgados hubieran permitido recuperar el poder adquisitivo perdido frente a la inflación. En relación con las becas, reconoció avances respecto de la Manuel Belgrano, pero consideró que seguían pendientes otras obligaciones establecidas por la ley.

Los argumentos del Gobierno

La administración nacional rechaza la interpretación judicial sobre el alcance de las recomposiciones exigidas y sostiene que realizó aumentos suficientes para cumplir con sus obligaciones.

En su presentación ante la Justicia, el Ejecutivo aseguró que los incrementos salariales acumulados desde diciembre de 2023 alcanzaron el 226,80%, porcentaje que, según sus cálculos, supera levemente la inflación correspondiente al período que tomó como referencia.

También destacó la convocatoria a negociaciones paritarias y una propuesta de mejora salarial del 3% para septiembre de 2026, que se sumaría a otro incremento del mismo porcentaje acordado en junio.

Para el Gobierno, esas medidas representan una respuesta a las exigencias de actualización de los haberes universitarios. En cambio, cuestionó el criterio que implicaría aplicar una recomposición acumulada del 312,19% entre diciembre de 2023 y junio de este año.

El Ejecutivo argumentó que una actualización de esa magnitud no cuenta con partidas específicas en el Presupuesto 2026 y advirtió que la medida cautelar lo obliga a afrontar compromisos económicos cuyo monto, a su entender, no está suficientemente determinado.

Por ese motivo, solicitó que su apelación suspendiera los efectos de la decisión judicial. No obstante, Cormick rechazó esa pretensión respecto de la cautelar, que continúa vigente mientras se tramita la revisión del expediente principal.

El decreto que frenó la aplicación de la ley

La controversia tuvo otro capítulo el 6 de octubre, cuando Cormick declaró inconstitucional la disposición del decreto 759/2025 que subordinaba la ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario a la identificación de recursos presupuestarios.

El magistrado consideró que esa condición desconocía las atribuciones del Congreso, que había insistido con la sanción de la norma después del veto presidencial. Además, señaló que la propia ley contempla mecanismos para afrontar los gastos, entre ellos la reasignación de partidas y la utilización de ingresos excedentes.

El Gobierno apeló ese pronunciamiento y la cuestión deberá ser examinada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. Sin embargo, esa discusión no elimina la obligación de respetar la medida cautelar que ordena las actualizaciones.

La multa contra Santilli se inscribe precisamente en ese escenario: mientras continúa la disputa judicial sobre el decreto, el Ejecutivo debe cumplir con una orden que permanece vigente.

Una nueva Marcha Federal Universitaria

La resolución se conoció un día antes de la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para este jueves 15 de octubre en distintos puntos del país.

Docentes, estudiantes, trabajadores no docentes y organizaciones sindicales volverán a movilizarse para reclamar la aplicación efectiva de la ley y denunciar el deterioro presupuestario de las universidades públicas. En la Ciudad de Buenos Aires está prevista una concentración frente al Congreso desde las 10.30.

La protesta se desarrollará en una jornada que incluirá otras movilizaciones frente al Parlamento, en coincidencia con el tratamiento legislativo del DNU 70/2023.

“No le peguen a los gobernadores”. La instrucción de Karina Milei fue breve, pero dejó en claro hasta dónde está dispuesta a llegar la Casa Rosada para ordenar la estrategia electoral de La Libertad Avanza de cara a 2027. Ocurrió el mes pasado, durante una reunión del bloque de diputados libertarios que, excepcionalmente, se realizó en el local partidario de San Telmo. La secretaria general de la Presidencia había ido a contener a la tropa propia, arengar por la reelección de su hermano y, sobre todo, advertirles a los legisladores que las disputas provinciales no podían poner en riesgo los acuerdos políticos que Javier Milei necesita para gobernar.

La orden tenía destinatarios concretos, aunque Karina prefirió no señalar a ninguno en particular. A medida que se acerca el calendario electoral, los dirigentes libertarios de distintas provincias empiezan a reclamar mayor protagonismo, mientras los gobernadores que colaboran con el oficialismo miran con desconfianza el crecimiento de las estructuras violetas en sus territorios. La paradoja es que Milei necesita a esos mandatarios para sostener su agenda legislativa, pero su hermana también quiere disputarles el poder en las provincias. Y no siempre ambas aspiraciones resultan compatibles.

La imagen que terminó de sintetizar esa tensión llegó unas semanas después, a miles de kilómetros de San Telmo. En París, los mandatarios posaron junto a los hermanos Milei. La escena buscó exhibir gobernabilidad y respaldo político al Presidente, pero detrás de la postal había intereses bastante menos coincidentes: varios de los gobernadores que compartieron la foto podrían terminar enfrentando candidatos libertarios en sus provincias el año próximo.

La contradicción atraviesa el esquema que diseña Karina para las elecciones de 2027. Lejos de una estrategia uniforme, la conducción libertaria trabaja sobre un mapa de acuerdos y disputas que cambia según el peso político de cada gobernador, su relación con la Casa Rosada y las posibilidades reales de ganar en su territorio. En algunos distritos, la apuesta será profundizar las alianzas que funcionaron en 2025; en otros, negociar una convivencia que garantice respaldo legislativo.

Las provincias donde Karina quiere ir por todo

Diego Santilli tiene por delante una tarea que resume buena parte de las contradicciones de la estrategia libertaria. Como jefe de Gabinete, es uno de los principales interlocutores de los gobernadores y participa de las negociaciones destinadas a conseguir respaldo parlamentario para las iniciativas de Milei. Pero, al mismo tiempo, su nombre aparece entre los posibles candidatos para enfrentar a Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires.

El territorio bonaerense ocupa un lugar central en los planes de la Casa Rosada. No sólo por su peso electoral, sino porque una eventual victoria sobre el peronismo permitiría al oficialismo consolidar su expansión territorial y debilitar a uno de los principales adversarios políticos del Presidente. Kicillof es, además, una excepción a la consigna de moderación que Karina transmitió en San Telmo. Con él no hay negociaciones electorales en marcha ni expectativas de construir una alianza: la apuesta libertaria es disputar directamente la gobernación.

Algo parecido ocurre en La Rioja, donde la conducción partidaria sueña con una eventual candidatura de Martín Menem contra Ricardo Quintela. El presidente de la Cámara de Diputados no sólo integra el círculo político más cercano a Karina, sino que conserva un apellido con una gravitación particular en la provincia. Su desembarco electoral permitiría poner a prueba si la influencia que acumuló en la estructura nacional de La Libertad Avanza puede traducirse en votos y organización territorial.

La ofensiva también contempla Córdoba, Misiones y Río Negro, donde el oficialismo pretende construir alternativas para enfrentar a Martín Llaryora, Hugo Passalacqua y Alberto Weretilneck, respectivamente. Son tres mandatarios que, con estilos y estructuras diferentes, consiguieron sostener sus oficialismos provinciales frente a los cambios políticos nacionales. La Casa Rosada apuesta a capitalizar el desgaste de esas administraciones y convertir el respaldo electoral a Milei en candidaturas competitivas.

El mapa de confrontación incluye además a Gildo Insfrán en Formosa, Gustavo Melella en Tierra del Fuego, Sergio Ziliotto en La Pampa y Elías Suárez en Santiago del Estero. En algunos de esos distritos, los libertarios admiten que sus posibilidades de ganar son reducidas, pero consideran necesario presentar alternativas propias. Para La Pampa aparece el nombre del vocero presidencial Adrián Ravier, mientras que en Santiago del Estero todavía no hay una figura definida.

Los aliados que conviene no molestar

La relación con Osvaldo Jaldo en Tucumán permite entender hasta dónde puede llegar el pragmatismo electoral de Karina Milei. El gobernador fue uno de los dirigentes peronistas que más colaboró con el Gobierno nacional y su acompañamiento resultó importante en distintas negociaciones legislativas. La Casa Rosada no quiere perder ese vínculo por una disputa provincial que, al menos por ahora, no considera prioritaria.

Por eso, entre las alternativas que circulan en el armado libertario aparece la posibilidad de promover candidatos más inofensivos, con escaso despliegue territorial y recursos limitados. No se trataría de abandonar formalmente la competencia electoral, sino de evitar una confrontación que obligue a los gobernadores aliados a romper con el Gobierno nacional. En Tucumán, el nombre asociado a esa estrategia es el de Lisandro Catalán, antiguo colaborador de Guillermo Francos en el Ministerio del Interior.

La misma cautela atraviesa las conversaciones con Raúl Jalil, aunque en Catamarca el principal problema es el futuro del propio gobernador. Jalil dejó trascender que no pretende continuar al frente del Ejecutivo provincial y que aspira a ocupar una banca en el Senado. Para Karina, el interrogante es qué ocurriría si su salida terminara favoreciendo a un sector menos dispuesto a colaborar con Milei.

En Santa Cruz, Claudio Vidal también forma parte del universo de mandatarios con los que el Gobierno pretende preservar una relación de colaboración. Los entendimientos con estos gobernadores tienen una característica común: no necesitan convertirse en alianzas públicas para resultar políticamente útiles. Pueden expresarse mediante candidaturas poco competitivas, campañas discretas y una decisión tácita de evitar ataques personales.

Hay, además, un conjunto de provincias donde la Casa Rosada prefiere mantener todas las alternativas abiertas. Neuquén ocupa un lugar especial dentro de ese grupo. Rolando Figueroa mantiene canales de diálogo con Balcarce 50 y es considerado un interlocutor relevante, aunque eso no significa que exista una alianza electoral definida.

Algo similar ocurre con Ignacio Torres en Chubut y Marcelo Orrego en San Juan. Ambos gobiernan provincias relevantes para las inversiones que promueve el oficialismo y mantienen vínculos políticos que podrían derivar en acuerdos electorales. En tanto, Claudio Poggi en San Luis, Carlos Sadir en Jujuy y Juan Pablo Valdés en Corrientes completan un universo de mandatarios con los que el oficialismo pretende explorar distintas fórmulas de entendimiento.

Cuando el problema está dentro de La Libertad Avanza

Las dificultades de la estrategia libertaria no provienen únicamente de los mandatarios provinciales. En varios distritos, los principales obstáculos para cerrar acuerdos están dentro del propio partido. Mendoza es uno de los ejemplos más claros. La conducción nacional pretende preservar su alianza con Alfredo Cornejo, que ya demostró su utilidad electoral durante los comicios legislativos de 2025. Sin embargo, las aspiraciones de Luis Petri de competir por la gobernación amenazan con complicar ese entendimiento. Por ahora, en el entorno de Karina prevalece la intención de priorizar el vínculo con el mandatario radical y buscar una salida política para el exministro de Defensa que no implique dinamitar los puentes.

Entre Ríos y Chaco aparecen como casos menos conflictivos. Rogelio Frigerio y Leandro Zdero mantienen relaciones estrechas con la Casa Rosada y forman parte del grupo de mandatarios con los que la conducción libertaria aspira a repetir los acuerdos electorales. Para Karina, esas experiencias ofrecen un modelo de convivencia en el que los gobernadores conservan el control de sus administraciones y La Libertad Avanza amplía su presencia territorial.

Pero esa fórmula no puede trasladarse automáticamente a todo el país. En Santa Fe, las conversaciones con Maximiliano Pullaro conviven con la intención de distintos sectores libertarios de construir una candidatura propia. Durante meses circuló el nombre de la diputada Romina Diez, una dirigente de extrema confianza de Karina, aunque también comenzó a mencionarse al abogado Marcos Peyrano como posible figura para disputar la gobernación.

En Salta, la interna adquiere un tono todavía más personal. Emilia Orozco, senadora nacional y una de las dirigentes libertarias con mayor proyección electoral en la provincia, mantiene una relación conflictiva con el esquema de los Menem. La legisladora ni siquiera participó del acto partidario que Karina encabezó esta semana en territorio salteño. El problema para la conducción nacional es que Orozco conserva un capital político que no resulta sencillo reemplazar, mientras la Casa Rosada intenta preservar su relación con Gustavo Sáenz, cuyo futuro electoral también está condicionado por una definición judicial sobre la posibilidad de buscar otro mandato.

La Ciudad de Buenos Aires presenta otra versión del mismo dilema. Allí, el oficialismo cuenta con Pilar Ramírez, una de las dirigentes más cercanas a Karina, pero también mantiene abierta la posibilidad de alcanzar un entendimiento con el PRO. La relación con Jorge Macri está lejos de ser sencilla y en Balcarce 50 consideran que cualquier negociación de fondo debería realizarse con su primo, Mauricio.

PL/MG

Diego Santilli aterrizó este martes en Salta con el objetivo de materializar las negociaciones que inició en París con los gobernadores Raúl Jalil y Gustavo Sáenz. El Gobierno puso un deadline para eliminar las PASO, y el jefe de Gabinete es el responsable de conseguirlo antes de noviembre. Viajó con Karina Milei, como garantía de que cualquier acuerdo electoral tendría el visto bueno de El Jefe, y se fotografió inaugurando una planta de litio en la provincia. Luego, en conversaciones privadas, le insistió a sus aliados para destrabar la reforma electoral. 

“Hay disposición de acompañar”, se jactaban en el equipo de Santilli, quien se reunió durante horas con los gobernadores anfitriones, el salteño Sáenz y el catamarqueño Jalil, luego de participar de la inauguración de la segunda planta de litio del proyecto Sal de Oro, en el Salar del Hombre Muerto. Santilli había sido invitado, junto a Karina y Luis Caputo –que se ausentó–, por la empresa surcoreana POSCO, que acaba de anunciar una nueva inversión en la Puna, y aprovechó la visita para avanzar en los compromisos que se habían hecho en la Argentina Week. 

El jefe de Gabinete está decidido a acelerar las negociaciones para aprobar la reforma electoral, un proyecto que se encuentra empantanado en el Senado desde hace medio año. La Cámara Nacional Electoral advirtió sobre los riesgos de modificar las reglas electorales tan cerca de los comicios, y en el Gobierno quieren cerrar los acuerdos políticos necesarios antes de que termine el año. 

Los gobernadores son quienes manejan la llave para eliminar las PASO y solo piden una cosa a cambio: que les allanen el camino para reelegir en sus provincias. Quieren fondos, pero, sobre todo, que Karina les garantice que les liberará el camino para competir sin injerencia de la Nación. Los mandatarios están convencidos de que, con candidatos libertarios débiles y un Milei ausente, pueden asegurarse el control de sus provincias el año próximo. 

El Gobierno, mientras tanto, está desesperado por quitarle a la oposición una herramienta para dirimir sus disputas internas. Caputo pide, además, que le despejen el camino para evitar sobresaltos cambiarios. El ministro de Economía teme que una campaña excesivamente larga o una eventual derrota en las PASO desaten una corrida cambiaria. Quiere evitar repetir la experiencia de Mauricio Macri en 2019. 

El jefe de Gabinete viene acumulando bilaterales, reuniones y cumbres con gobernadores del PRO, la UCR y el peronismo con la fantasía de sortear, de una vez por todas, las trabas del Senado. En París logró anotarse el acompañamiento de Ignacio Torres (Chubut) y Alfredo Cornejo (Mendoza), quien todavía espera que bajen la candidatura de su competidor interno, Luis Petri, para la Gobernación. “El Gobierno puede ser validado electoralmente en el 2027 en una primera vuelta si hace buenas alianzas con 10 o 12 gobernadores”, deslizó, incluso, el gobernador de Mendoza desde Europa. 

Con 21 senadores propios, Santilli necesita llegar a 37 votos para conseguir la mayoría absoluta necesaria para aprobar la reforma electoral. Espera que, con el apoyo de los gobernadores radicales, al menos 7 de los 10 senadores de la UCR acompañen. Lo mismo con los peronistas, que pueden garantizar otros 3 senadores, y los de Misiones y Neuquén (otros 3 senadores). Solo con eso no le alcanza, sin embargo. Necesita del PRO. 

Necesita, además, que Patricia Bullrich deje de operar contra las leyes de su propio Gobierno. 

El juego de Patricia

La jefa del oficialismo en el Senado ya ni se molesta en ocultarlo: ella no le cierra la puerta a competir por la presidencia el año próximo y, para hacerlo, necesita sostener las PASO. Todavía no tomó la decisión: quiere esperar a ver cómo llega Milei a marzo. Bullrich considera que el Presidente conserva el acompañamiento de un tercio de la sociedad. Aunque intuye que buena parte de ese electorado le pertenece, no está dispuesta a disputarle la candidatura presidencial si cree que puede perder.

Lo ideal, adelantan en su círculo chico, sería competir con Milei en una PASO sin definir de antemano las fórmulas: quien gana conduce y quien pierde acompaña.

Todas las semanas, sin embargo, empresarios, gobernadores y ex aliados de Milei le insisten para que se desmarque del Gobierno y juegue sola. Ella los escucha con cierta distancia: se entusiasma, pero repite que “nunca los candidatos del círculo rojo ganaron una elección”. Pero en los últimos días, algo cambió: ya no son solo los ex aliados del Gobierno quienes quieren que juegue, sino que el kirchnerismo también comenzó a seducirla para que rompa con el Gobierno. 

Bullrich, como jefa del oficialismo en el Senado, conversa con muchos senadores del cristinismo, como Juliana di Tullio, José Mayans o Anabel Fernández Sagasti. No tienen mala relación: Bullrich suele ironizar, en charlas de café, que son “todos peronistas” y que se entienden. Son recurrentes las chicanas sobre su pasado en Montoneros. En las últimas semanas, muchos voceros del cristinismo comenzaron a tantearla para que los ayude a evitar que el Gobierno elimine las PASO. El peronismo sabe que ella las necesita tanto como ellos. 

Preocupados ante la posibilidad de quedarse sin un mecanismo para dirimir la interna fratricida que atraviesa al kirchnerismo bonaerense, el peronismo juega a desarticular a algunos sectores del oficialismo –o el paraoficialismo– para que boicoteen el proyecto. El peronismo no mira sólo a Bullrich, sino también a los senadores del PRO, que se resisten a acompañar, y algunos radicales, que temen quedar fuera de los acuerdos políticos. El peronismo cree que tendrá más suerte con ellos que con los gobernadores propios con los que compartieron boleta allá por 2023 y, tras la victoria de Milei, emprendieron caminos por separado. Es su última bala.

MCM/MG

En el cierre del coloquio del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), su presidente, Santiago Mignone, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, se unieron para encender las sirenas contra una “vuelta al pasado”. Mientras el riesgo país subía este viernes otro 2,2%, a 650 puntos básicos, por el creciente temor inversor al impago de la deuda, tanto Mignone, socio de la auditora contable y consultora norteamericana PwC en la Argentina, como Caputo y Santilli alertaron una y otra vez sobre lo que ellos consideran el peligro de desandar las reformas que Javier Milei acometió en los últimos tres años.

Primero habló Caputo, que está en París promoviendo inversiones en la Argentina Week junto al Presidente, ministros, gobernadores y empresarios. Lo hizo en una entrevista grabada con anterioridad en el Ministerio de Economía, en un salón decorado con la Virgen de Luján, en diálogo con el presidente del coloquio, Fabián Kon, CEO del Grupo Financiero Galicia. “Hoy estamos en más de 600 de riesgo país. La mitad es atribuible a un contexto internacional que a todos los países les perjudica en la inflación y la actividad económica. En cualquier otro momento la Argentina no hubiera durado ni cinco minutos”, reivindicó el ministro para decir que el país ahora está mejor preparada para afrontar el salto al mayor nivel en diez meses.

“No es solo eso: también es parte propia, por temor de algunos (inversores) a que se vuelva al pasado”, disparó Caputo. “El temor a volver al infierno”, dijo para volver a las metáforas que días atrás lo llevaron a comparar al gobernador bonaerense y eventual presidenciable, Axel Kicillof, con el “Anticristo”. “No es el escenario base que esperamos, pero sí nos preparamos como si pudiera pasar. Volver a votar el pasado después de los números que tenemos es subestimar al votante argentino”, opinó el ministro, que en otro pasaje destacó que el gobernador peronista y aliado de Catamarca, Raúl Jalil, haya propuesto eliminar el impuesto a los ingresos brutos para la industria. “No se va a volver al pasado”, concluyó a partir de esa iniciativa... Claro que no todos los jefes provinciales cuentan con recursos extra de la minería para compensar esas rebajas de gravámenes.

En el mundo financiero, la analista Ana Gerber Comba, de GMC Valores, atribuye el salto del riesgo país sólo al contexto internacional: “Las subas de tasas de la Fed (Reserva Federal de EE UU) nunca son una buena noticia para los mercados emergentes”, dado que encarecen el crédito a los demás países, “mientras tanto, lo único que parece resistirse a caer es el Brent (barril de petróleo) y sus productos derivados, llevando de la mano una inflación global que vuelve a dar que hablar”. Su compañero de GMC Valores Manuel Caneda relaciona el alza del riesgo país al factor externo, pero también a la falta de recuperación del consumo argentino y su impacto en las elecciones presidenciales de 2027. El colega Marcelo Lipovetzky también refiere al “componente internacional” y al “trade electoral”. Es decir, la probabilidad decreciente de que Milei sea reelecto en 2027.

El ministro coordinadoor Santilli dejó un mensaje grabado pero desde Francia. “Cuando veo al gobernador en Nueva York diciendo que va a dar vuelta todo me pregunto si será Kicillof el mejor jefe de campaña de Milei”, planteó Santilli. “A ese país no hay que volver: el de la destrucción de valor, la brecha, los cepos. El año que viene está en juego volver para atrás o avanzamos. Volver a una economía cerrada, oscurantista y de pobreza extrema o el crecimiento ininterrumpido. El gran milagro mileísta es que el presidente nos sacó del ostracismo”, añadió.

“El empresariado no quiere volver al pasado”, concluyó Mignone en su discurso final del evento de tres días en el hotel Sheraton de Mar del Plata. Abogó por “sostener el esfuerzo realizado, persistir en el esfuerzo de estabilización”. “La estabilidad no es fin en sí mismo, sino la condición necesaria para el crecimiento, que tiene sentido si trae más desarrollo humano, si recuperamos la agenda de ascenso social.”

“Sólo lo lograremos si consolidamos la estabilidad, sostenemos equilibrio fiscal, de la deuda, una inflación compatible con el mundo”, planteó el presidente de IDEA. Después habló de “respeto irrestricto de los compromisos asumidos, sin importar quién ni cuándo se asumieron”, aludió en forma implícita al Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI), que sobre todo se concentró en energía y minería, aunque ahora ha sumado una segunda iniciativa industrial, de la automotriz japonesa Toyota (antes sólo estaba la siderúrgica Sidersa).

Mignone habló de competitividad, productividad, tecnología en tiempos de inteligencia artificial, eliminación de impuestos distorsivos, combate a la informalidad e integración internacional. También de “asegurar la transición con inclusión social, apoyo, capacitación y educación”. Pero advirtió que la “transición con sectores que no la están pasando bien no puede llevar a demonizar la coyuntura sino construir sobre lo hecho”.

AR/MC

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó este martes una nueva reunión de la mesa política del Gobierno en la Casa Rosada, en un intento por encauzar las diferencias internas que quedaron expuestas durante la última semana a raíz del proyecto de Presupuesto 2027. El encuentro, que contó con la participación de Patricia Bullrich y Diego Santilli, se produjo después de los cruces públicos entre ambos por los cambios en materia de discapacidad incluidos en la iniciativa oficial. Según informó el Gobierno, los integrantes de la mesa plantearon sus posiciones y las diferencias quedaron aclaradas.

La reunión tuvo lugar mientras el presidente Javier Milei se encuentra de viaje en Estados Unidos. Su hermana decidió no acompañarlo y permanecer en Buenos Aires para atender una serie de compromisos políticos, entre ellos la reunión de este martes y los preparativos de la visita del papa León XIV, prevista para noviembre.

Al término del encuentro, fuentes del oficialismo indicaron a elDiarioAR que se discutieron “las diferencias que se expusieron públicamente la última semana sobre distintos artículos del proyecto de presupuesto 2027”. Según la versión oficial, cada integrante planteó su posición y “las diferencias quedaron aclaradas”, con el compromiso de continuar fortaleciendo el trabajo conjunto de cara a la agenda legislativa y política del Gobierno.

La formulación buscó dar por superado un conflicto que había escalado durante los últimos días y que tuvo como protagonista a Bullrich. La jefa del bloque libertario en el Senado había cuestionado públicamente los cambios introducidos en la legislación sobre discapacidad a través del proyecto presupuestario y aseguró que no había sido informada sobre ellos durante la reunión de la mesa política del martes pasado.

“Me sorprendió, porque estando en la mesa política del Gobierno el tema no salió a la luz”, había señalado la senadora, quien advirtió que la situación podía resentir las relaciones internas y reclamó corregir las modificaciones incluidas en el proyecto.

La controversia se profundizó cuando Santilli sostuvo que Bullrich se había retirado de la reunión anterior antes de que terminara la explicación del Presupuesto. La legisladora salió a desmentir esa versión y, ante las dudas sobre su participación en el encuentro de este martes, anticipó: “Voy a llegar antes y me voy a quedar hasta el final”.

Finalmente, Bullrich asistió a la reunión y participó de la discusión sobre el Presupuesto. Sin embargo, el comunicado oficial no precisó si el Gobierno modificará los artículos cuestionados ni qué solución concreta se acordó respecto del capítulo de discapacidad. La Casa Rosada se limitó a señalar que las diferencias habían quedado aclaradas y que los integrantes de la mesa se comprometieron a continuar trabajando de manera conjunta. La controversia se produce, además, en medio de la elaboración de un nuevo proyecto sobre discapacidad, cuyo texto todavía se encuentra en preparación tras la renuncia de Alejandro Vilches a la Secretaría Nacional de Discapacidad.

La agenda del Congreso: Banco Central, Zona Fría y Malvinas

Superada, al menos según la versión oficial, la discusión interna, la mesa política avanzó sobre los próximos pasos de la estrategia parlamentaria del Gobierno. Bullrich informó cómo será la próxima sesión de la Cámara alta, en la que el oficialismo buscará avanzar con tres iniciativas impulsadas por el Poder Ejecutivo: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la modificación del régimen de Zona Fría y el proyecto sobre Bonos de Carbono.

La reforma del Banco Central forma parte de las prioridades económicas del Gobierno y apunta a modificar el marco institucional de la autoridad monetaria. La iniciativa ya obtuvo media sanción en Diputados y ahora deberá atravesar el debate en el Senado, donde Bullrich tendrá a su cargo la articulación parlamentaria del oficialismo.

Otro de los asuntos que se abordaron fue el proyecto de Ley de Soberanía Nacional, la iniciativa con la que la Casa Rosada busca endurecer las sanciones contra las empresas que desarrollen actividades económicas en las Islas Malvinas sin autorización argentina. El texto también contempla la creación de un Consejo de Seguridad Nacional con amplias facultades para intervenir frente a lo que considere una “amenaza extranjera”, una definición que incluye a quienes procuren alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva y que ya despertó cuestionamientos en la oposición.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, hizo referencia al ingreso del proyecto y al trabajo que se viene realizando en las reuniones de comisión. La iniciativa forma parte de la agenda que el Gobierno busca impulsar en el Congreso y que ya había sido discutida en encuentros anteriores de la mesa política, con la participación del ministro de Defensa, Carlos Presti, y el canciller Pablo Quirno.

El oficialismo pretende avanzar con su tratamiento parlamentario y reunir los apoyos necesarios para aprobar una iniciativa que también fue objeto de conversaciones con sus aliados del PRO. En las bancadas de la izquierda, la Coalición Cívica y el peronismo, sin embargo, advierten que el Gobierno buscará utilizar la cuestión Malvinas para arrinconar a sus adversarios y desplazar la discusión sobre el Presupuesto y discapacidad, mientras amplía las facultades de intervención del Estado sobre la política doméstica.

Karina Milei, entre la interna y la visita del Papa

La reunión de este martes también permitió repasar los preparativos de la visita del papa León XIV, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. Los integrantes de la mesa analizaron la agenda del Pontífice y las actividades que realizarán los distintos funcionarios del Gobierno nacional durante su estadía en la Argentina.

La organización de la visita constituye otro de los motivos por los que Karina Milei decidió permanecer en Buenos Aires mientras su hermano viajó a la conferencia de las Naciones Unidas. Este martes por la tarde, la secretaria general de la Presidencia tiene previsto mantener un encuentro de trabajo con representantes de la Conferencia Episcopal Argentina y autoridades de la Ciudad de Buenos Aires y de las provincias de Buenos Aires y Córdoba, las tres jurisdicciones que recibirán al Papa.

El encuentro se inscribe en los preparativos de una visita para la que el Gobierno anunció un despliegue de seguridad que denominó “el más grande de la historia argentina”. Abarcará 120 horas ininterrumpidas, tres aeropuertos, cuatro eventos masivos y once actividades cerradas, con un aforo global estimado de siete millones de personas.

De la reunión de este martes participaron, además de Karina Milei, Santilli, Bullrich y Martín Menem, el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

PL

Diego Santilli continuó este jueves su ronda con los gobernadores para buscar los apoyos que el Gobierno necesita en el Congreso, pero lo hizo en un escenario bastante más incómodo que el que imaginaba la Casa Rosada cuando organizó las reuniones. A menos de 48 horas del envío del Presupuesto 2027, el proyecto no solamente comenzó a despertar reclamos entre las provincias: también abrió una discusión dentro del propio oficialismo después de que Patricia Bullrich admitiera que algunos de sus puntos más sensibles ni siquiera habían sido informados en la mesa política.

El jefe de Gabinete recibió por la mañana, junto con el ministro de Economía, Luis Caputo, al gobernador de Jujuy, Carlos Sadir. Según la escueta información difundida oficialmente, durante el encuentro, que tuvo lugar en el Palacio de Hacienda, repasaron los proyectos legislativos que el Ejecutivo pretende llevar adelante. Más tarde, Santilli continuó la ronda con Gustavo Melella, de Tierra del Fuego. La reunión con el chaqueño Leandro Zdero, inicialmente prevista para este jueves, fue reprogramada para el 24 de septiembre.

La presencia de Caputo en el encuentro con Sadir adquirió una relevancia particular después de las primeras repercusiones del Presupuesto. Apenas dos días antes, el ministro había participado de la mesa política en la Casa Rosada y presentado allí las principales variables económicas contempladas para 2027. Pero, según reveló ahora Bullrich, hubo aspectos relevantes del proyecto que quedaron fuera de aquella conversación.

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado apuntó particularmente contra las modificaciones introducidas sobre la Ley de Discapacidad. “No estaba enterada, tenemos que corregir eso”, aseguró. Y fue todavía más explícita sobre cómo se procesó internamente la iniciativa: “Me sorprendió, porque estando en la mesa política del Gobierno el tema no salió a la luz. Llegó el Presupuesto 2027 al Congreso, con esta introducción de cambios en la Ley de Discapacidad, que no eran conocidos”. Bullrich incluso reconoció que el episodio tuvo consecuencias políticas. “Esto resiente un poco las relaciones”, advirtió.

Los primeros reclamos

La ronda con gobernadores había comenzado el miércoles por la tarde, cuando Santilli recibió conjuntamente a Raúl Jalil, de Catamarca; Juan Pablo Valdés, de Corrientes; Gustavo Sáenz, de Salta; y Osvaldo Jaldo, de Tucumán. Son cuatro mandatarios con canales de diálogo abiertos con el Gobierno y cuyos legisladores pueden resultar necesarios para aprobar una agenda que excede largamente la ley de gastos y recursos.

El comunicado oficial evitó entrar en detalles. La Jefatura de Gabinete informó que se había conversado sobre la situación del Norte Grande, la agenda legislativa y los asuntos pendientes entre la Nación y las provincias. Las declaraciones posteriores de los gobernadores, sin embargo, permitieron conocer algunos de los reclamos concretos que empezaron a aparecer sobre la mesa.

Al salir de la reunión, Jaldo contó que plantearon la situación de las compensaciones energéticas y explicó que, en el caso de Tucumán, pidió especialmente por las obras en las rutas nacionales. También hizo una aclaración significativa: los mandatarios recién estaban comenzando a estudiar el Presupuesto que el Ejecutivo había enviado al Congreso durante la noche anterior.

El Presupuesto establece un gasto total de $202,10 billones para la Administración Nacional y sostiene como condición central el resultado fiscal positivo. El equilibrio de las cuentas es el límite que Milei y Caputo se fijaron para cualquier negociación, pero también reduce el margen de Santilli para responder a los pedidos de los gobernadores sin modificar partidas o buscar compensaciones dentro del propio proyecto.

La “ley de leyes” es, de todos modos, apenas una parte de la conversación que el jefe de Gabinete pretende sostener con los gobernadores. La Casa Rosada necesita también construir apoyos para la reforma electoral, con la eliminación de las PASO como uno de sus principales objetivos, y para el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional vinculado con Malvinas, que acaba de ser enviado al Congreso.

Santilli deberá administrar todas esas discusiones al mismo tiempo. La ronda continuará la semana próxima y la reprogramación del encuentro con Zdero extenderá todavía más las conversaciones. La apuesta de la Casa Rosada es transformar el buen vínculo que mantiene con un grupo de gobernadores en votos concretos cuando los proyectos lleguen al recinto.

PL/CRM

Apenas unas horas después de que el Gobierno enviara al Congreso el Presupuesto 2027, Diego Santilli pondrá en marcha la negociación política necesaria para intentar convertir las proyecciones de Luis Caputo en una ley. El jefe de Gabinete recibirá entre este miércoles y el jueves a siete gobernadores en tres reuniones en la Casa Rosada, con una agenda que no se agotará en las cuentas públicas: el oficialismo también buscará apoyos para la reforma electoral y el nuevo proyecto sobre Malvinas.

La primera cita será hoy a las 15, cuando Santilli reciba a Raúl Jalil, de Catamarca; Juan Pablo Valdés, de Corrientes; Gustavo Sáenz, de Salta; y Osvaldo Jaldo, de Tucumán. Será el primer contacto formal con un grupo de mandatarios provinciales después de que el Ejecutivo girara el proyecto a Diputados y, sobre todo, el comienzo de una discusión en la que los gobernadores buscarán llevar la conversación desde las grandes variables macroeconómicas hacia un terreno bastante más concreto: cuánto dinero habrá para las provincias y qué margen existe para recuperar recursos y obras después de tres años de ajuste.

La ronda continuará el jueves. Por la mañana, Santilli recibirá junto con Caputo al gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, una presencia que le dará a ese encuentro un carácter particularmente económico. Pasado el mediodía será el turno del chaqueño Leandro Zdero y, por la tarde, el jefe de Gabinete cerrará las conversaciones con el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella.

Las reuniones representan el paso inmediatamente posterior a la mesa política que se realizó el martes en la Casa Rosada. Allí, Caputo presentó ante el núcleo político del Gobierno las variables con las que fue confeccionado el Presupuesto: 4% de crecimiento del PBI, una inflación promedio del 21,1%, salarios creciendo 25,4%, exportaciones superiores a los US$130.000 millones y un superávit comercial de más de US$15.000 millones. Para el dólar se calculó un promedio anual de $1.728.

El Gobierno también volvió a colocar el superávit fiscal como condición innegociable del programa. Ese punto será precisamente uno de los límites con los que Santilli deberá negociar con las provincias: cualquier concesión que implique mayores partidas deberá convivir con la decisión de Milei y Caputo de no poner en riesgo el equilibrio de las cuentas públicas.

La discusión comienza, además, sobre un Presupuesto que llega después de tres años de fuerte contracción del gasto. El proyecto establece $202,10 billones de gasto total para la Administración Nacional y, aunque contempla algunas recuperaciones respecto del presupuesto vigente, mantiene varias áreas muy por debajo de los niveles de 2023. Es allí donde puede aparecer una de las principales tensiones con los gobernadores, especialmente alrededor de la obra pública y la infraestructura, dos rubros que durante toda la gestión de Milei formaron parte de las negociaciones entre la Nación y las provincias.

La denominada “ley de leyes” comenzará a discutirse en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados durante la primera semana de octubre. Hasta entonces, la Casa Rosada intentará detectar qué reclamos provinciales pueden ser atendidos sin alterar el corazón del programa fiscal y, sobre todo, qué gobernadores están dispuestos a traducir el diálogo con Santilli en votos de sus diputados y senadores.

Una negociación que va más allá del Presupuesto

El oficialismo pretende aprovechar las reuniones para avanzar también sobre otras prioridades. Una es la reforma electoral, cuyo debate comenzó a moverse en el Congreso y para la cual La Libertad Avanza todavía necesita ampliar su base de apoyos. La modificación de las PASO y del sistema electoral exige una mayoría especialmente difícil de construir, por lo que la posición de los gobernadores vuelve a ser determinante.

El asunto fue discutido el martes en la mesa política. Patricia Bullrich repasó allí el comienzo del tratamiento en comisiones y el estado de las conversaciones parlamentarias. La estrategia oficial pasa por evitar una votación hasta contar con los números necesarios, mientras Santilli trabaja sobre los mandatarios provinciales que pueden inclinar a sus legisladores. Jalil y Zdero se encuentran entre los gobernadores que expresaron respaldo a la reforma.

El tercer tema será Malvinas. El Gobierno busca avanzar con el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, preparado durante las últimas semanas por la Cancillería y el Ministerio de Defensa, que contempla endurecer las sanciones contra empresas que desarrollen actividades en las islas sin autorización argentina. La iniciativa forma parte de la nueva ofensiva política que Milei puso en marcha alrededor del reclamo de soberanía y que ahora pretende trasladar al Congreso. Las tres discusiones tienen calendarios y dificultades diferentes, pero comparten una misma necesidad: votos que La Libertad Avanza no puede garantizar por sí sola.

PL

Diego Santilli sentó a Luis Caputo en la mesa de negociaciones y destrabó el acuerdo con los gobernadores del Norte para avanzar con la reforma del régimen de zonas frías. El ministro de Economía se comprometió a avanzar con lo prometido hace tres meses, cuando el Gobierno aprobó en Diputados el proyecto que reduce los subsidios al gas gracias al apoyo de los gobernadores norteños. Es decir: avanzar con una resolución que aumente los topes para los subsidios a la electricidad en las provincias del Norte.

La cumbre de los gobernadores con Caputo, Santilli y los cuadros técnicos de Energía se extendió hasta entrada la noche del martes en el Ministerio de Economía. A la salida, el jefe de Gabinete celebró haber cerrado un “acuerdo histórico” sin fecha concreta de implementación, pero que resultó suficiente para apaciguar las ansiedades de los gobernadores norteños. Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta), Carlos Sadir (Jujuy), Leandro Zdero (Chaco) y Juan Pablo Valdés (Corrientes) se mostraron conformes: si Caputo se comprometía a cumplir con su parte del trato, ellos estaban dispuestos a sancionar el nuevo régimen de zonas frías.

El acuerdo es el mismo que Santilli cerró en mayo, luego de que la Cámara de Diputados le diera media sanción a una ley que reduce los subsidios al gas para más de 3 millones de hogares. La iniciativa limita el subsidio del 30% para las zonas frías ampliadas –que incluyen varios municipios de Provincia de Buenos Aires, Córdoba, San Luis, Mendoza, Salta, entre otras– para que solo se aplique a los hogares que superan las 3 canastas básicas totales de ingresos. Pero también limita el subsidio para la Patagonia, la Puna y Malargüe, en donde pasará a deducirse sólo sobre la mitad de la boleta (lo que implica, en la práctica, un aumento en las facturas de gas en todos los hogares).

El Gobierno había ofrecido un toma y daca: una resolución para aumentar los topes de consumo eléctrico subsidiado a las provincias norteñas durante el verano a cambio de disminuir los subsidios al consumo de gas en las zonas frías. En los cálculos que hacía el Ministerio de Economía, esta reforma le permitiría ahorrarse unos $272.000 millones. Pese a la promesa de Santilli, sin embargo, el Ejecutivo no publicó nunca la resolución en el Boletín Oficial y los senadores se sublevaron: hasta que no se avanzara con lo prometido, el Senado no sancionaría la reforma.

El proyecto de zonas frías estuvo congelado en el Senado durante dos meses. Pero el martes, con Caputo sentado como garantía de cumplimiento, Santilli logró destrabar la negociación. El Gobierno aumentará los topes de consumo eléctrico de 300 a 550 kWh durante el verano para las zonas “muy cálidas” y de 150 kWh a 300 kWh para las zonas “cálidas”. El nuevo régimen de subsidios, que se aplicará entre los meses de noviembre y abril, se presentará una vez que el Senado apruebe los cambios en el régimen de zonas frías.

Senado empantanado

El objetivo del Gobierno es llevar la discusión al recinto a finales de septiembre, cuando el invierno empiece a amainar y los gobernadores aliados más renuentes a pagar el costo político de aumentar el gas con bajas temperaturas, como el mendocino Alfredo Cornejo, acepten dar sus votos. Durante los últimos meses, hasta los gobernadores más cercanos al Gobierno se negaron a acompañar la iniciativa. O a darle dictamen, siquiera. Ninguno quería ser el responsable de aumentar las boletas de gas en medio del invierno.

Blindado el acuerdo con los gobernadores del Norte, el oficialismo confía en que tendrá el número para aprobar el nuevo esquema de zonas frías. Con el apoyo de las provincias de Salta, Tucumán y Catamarca, los votos del PRO y LLA y algunos del radicalismo, el oficialismo podría acercarse a los 36-37 votos propios. Estará ajustado, pero en LLA pretenden avanzar sobre algunos díscolos radicales en lo que queda del mes.

Pero el mayor problema del Gobierno es político. Desde el desguace de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que Patricia Bullrich no logra convencer a los aliados de avanzar con una nueva sesión en el Senado. Bullrich necesita una victoria para combatir los pases de factura del karinismo, que la responsabilizan por la caída del capítulo de extranjerización de la tierra, pero no logra acordar un temario con los aliados provinciales y radicales. Intentó avanzar en una sesión para esta semana, solo acotada a los pliegos judiciales enviados por Juan Bautista Mahiques, pero los senadores le rechazaron la propuesta.

Bullrich, además, es crítica de la estrategia del Gobierno de cerrar con los gobernadores del Norte a costa de enfurecer a los aliados radicales, muchos de los cuales no quieren saber nada con canjear zona fría por zona cálida, La jefa del oficialismo del Senado está convencida de que las negociaciones no tienen que ser “ley a ley”, sino organizar un esquema de mayorías macro, que pueda aplicarse a diferentes iniciativas.

Donde el Gobierno ve una victoria, Bullrich, en cambio, anticipa derrotas futuras.

MCM/CRM

“Hay que ver qué hace el peronismo ahora, tenemos que estar alerta. Yo a estos hijos de puta los conozco, antes me votaban todo y ahora no”, advirtió Patricia Bullrich el día después de la trágica sesión en el Senado en la que el oficialismo pudo aprobar la la Ley de Propiedad Privada a costa de bajar el capítulo sobre extranjerízación de la tierra. La jefa del oficialismo vio los movimientos del peronismo para voltear los votos aliados y anticipó que algo estaba cambiando. Lo mostraban las encuestas y las redes sociales: la culpa no era suya, le insistió a Karina Milei, el “clima de época” había cambiado. Cuatro días después, Axel Kicillof, Máximo Kirchner, Sergio Massa y los gobernadores se reunieron en un hotel por cinco horas por primera vez en años.

El boicot a la extranjerización de tierras generó un cimbronazo al interior de la clase política. Para el Gobierno fue un llamado de atención, una alarma que llevó a que viejos enemigos, como Karina y Mauricio Macri, volvieran a levantar el teléfono y empezaran a medir las condiciones de un acuerdo político de cara a 2027.

Para el peronismo, en cambio, fue como una bocanada de aire fresco, la comprobación de que no todo estaba perdido y de que el respaldo social habilitaba una coordinación interna que permitía fantasear con sumar aliados para frenar a Javier Milei. O al menos sus leyes.

“Les agradezco el gesto que tuvieron el otro día, que demuestra que si todos trabajamos juntos podemos frenarlo. Necesitamos de todos”, proclamó José Mayans, en el Hotel Emperador, mientras miraba a los ojos a casi todos los candidatos presidenciales del panperonismo. Kicillof estaba a su lado, mientras que Massa y el santiagueño Gerardo Zamora lo miraban a unos metros. Cuando Mayans insistió en que “hay que acompañar al que mide mejor y nadie tiene que sacar los pies del plato”, todos los presentes dijeron que sí con la cabeza.

La reunión había sido organizada entre Mayans y Germán Martínez para plantear una mínima hoja de ruta de prioridades legislativas, pero se terminó extendiendo hasta pasada la medianoche. Se repartieron tareas y se ensayaron estrategias para evitar que el Gobierno pueda eliminar las PASO, un anticipo de que esperan que sea el voto popular, y no un acuerdo de cúpula, lo que defina la pelea interna por el liderazgo. “Los otros (gobernadores) van a tener que sacarse la careta. Están con nosotros o están con Milei. Quien ayude a eliminar las PASO está con Milei, que se sepa”, sacó pecho uno de los participantes.

No hubo pases de factura, a pesar de que era la primera vez que Máximo y Kicillof se veían las caras después del raid de insultos y acusaciones cruzadas de los últimos meses. Ninguno hizo referencia a la resistencia de Kicillof a visitar a Cristina Fernández de Kirchner en San José 1111. El líder de La Cámpora, que saludó a todos los presentes con un abrazo, fue el último en tomar la palabra y se limitó a hacer una evaluación territorial de la fuerza del peronismo en cada provincia. “Escuchó a todos y habló bien, fue un análisis objetivo”, suspiró, con alivio, uno de los dirigentes.

Se habló mucho de los otros gobernadores, de los que vienen funcionando como aliados de Milei y que, durante la sesión del jueves, fueron claves para voltear el capítulo de la Ley de Manejo del Fuego. Ninguno tiene expectativas de sumar al salteño Gustavo Sáenz, el catamarqueño Raúl Jalil o el tucumano Osvaldo Jaldo a reuniones futuras. Estos ya dieron a entender que se limitarán a proteger el pago chico y que, incluso, analizan la posibilidad de cerrar un acuerdo político con LLA si Karina lo habilita. Mayans y Martínez esperan, de mínima, aprovechar los desplantes del Gobierno a los mandatarios para convencerlos de ensayar un frente anti Milei en el Congreso.

“De donde menos se espera salta la liebre”, analiza, en tono zen, uno de los armadores peronistas, que ya está haciendo cálculos. El objetivo es claro: evitar que Bullrich pueda sumar 37 senadores para avanzar con la eliminación de las PASO. Algunos gobernadores, como Jaldo, ya anticiparon que no ayudarán al Gobierno a eliminar las PASO. Jalil, en cambio, ya manifestó en público que cree que los partidos tienen que definir sus propias internas. Sáenz es una incógnita: Flavia Royón, la senadora que le responde, fue una de las aliadas que se dio vuelta de manera intempestiva, sin que Bullrich lo anticipara, a la hora de votar la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

La convocatoria a los gobernadores esconde una amenaza, sin embargo. Si cualquiera que acompañe la eliminación de las PASO apuesta a la reelección de Milei, entonces el peronismo no tendrá otra opción que tener candidatos propios en cada una de esas provincias. El mensaje es “si no podemos ganar, al menos los haremos perder”.

Pragmatismo o pureza, la incógnita oficialista

El Gobierno también mira con atención a los gobernadores, a quienes necesita para asegurar la eliminación de las PASO, pero también para garantizar una gobernabilidad que le permita surfear con tranquilidad la campaña de 2027. Mientras el peronismo se reunía en Retiro, Diego Santilli viajaba a Misiones para hacer control de daños y poner la cara después del desplante en el Senado. Intentó convencerlos de avanzar con la reforma del Régimen de Zonas Frías y con la reforma electoral, pero se volvió con las manos vacías.

“El problema es que no tienen plata para ofrecer. Los gobernadores miran que la imagen de Milei es mala, entonces se enojan y empiezan a pedir más”, explica un senador que responde a los intereses de los gobernadores del Norte Grande. Santilli no pudo garantizar ni un decreto para modificar el régimen de energía eléctrica para las zonas cálidas ni el reparto de los miles de pesos destinados a obras viales que se recaudan del impuesto a los combustibles y que el Gobierno, yendo en contra de la ley, utiliza para mantener la ficción del superávit fiscal.

Los gobernadores miran las encuestas y detectan que la imagen de Milei está estancada en unos 30-35 puntos, que el voto joven –clave para el triunfo de Milei en 2023– empieza a derrumbarse y que, para colmo, los Menem no detienen la voracidad de la construcción territorial. El reclamo político es sencillo, que pongan un candidato débil y no jueguen a fondo a ganar la provincia, pero ni Martín ni Lule Menem terminan de darles garantías. Los gobernadores sospechan que, cuando llegue el momento, replicarán la estrategia de 2025 y priorizarán la consolidación de LLA en todo el país sobre los acuerdos locales.

Los Menem, puertas adentro, no lo esconden: si funcionó en 2025, ¿por qué no repetir la estrategia en 2027? “Necesitamos gente propia que no se de vuelta por el cambio de clima. Si hubiésemos acordado, Adorni nunca habría sobrevivido a la expulsión. No hay que resignar nada”, advierte un dirigente menemista, que mira con sorna las veleidades acuerdistas que reclama el caputismo. “Massa les dio todo, y fueron y desdoblaron. No podes confiar en los gobernadores. A la mínima que hay ruido político se dan vuelta”, insiste.

En el Gobierno no pasó desapercibido el acto de Daniel Hadad en la Facultad de Derecho con toda la clase política. Los armadores de Karina saben que el Círculo Rojo está en la búsqueda de un candidato que garantice el “rumbo económico” de Milei, pero sin tener que lidiar con el libertario. Lo intentaron con Bullrich, la senadora jugó a diferenciarse y Karina la castigó: la dejó sin candidatura en CABA, le boicoteó la negociación en el Senado y ni sueña con dejarle la vicepresidencia (un lugar que quedará para Menem). En LLA observan que quieren hacer lo mismo con Hadad, y les preocupa el poder de fuego que el empresario pueda llegar a tener desde Infobae.

Distinta fue la actitud de Karina con el PRO, a quien fue a buscar inmediatamente después de la derrota en el Senado. Llamó por teléfono a Macri, acordaron crear una mesa de trabajo y cerraron un pacto de no agresión en las provincias que gobierna el partido amarillo. En LLA advierten que hay cada vez más consenso para dejarle a Macri lo único que realmente quiere, que es la Ciudad de Buenos Aires, pero señalan que el acuerdo no termina de cerrarse por la guerra que Mauricio sostiene con su primo Jorge, el jefe de Gobierno. “Es Mauricio el que anda operando que no puede ser Jorge el candidato porque no le dan los votos”, señalan en LLA.

Es por eso que, en los últimos días, empezó a circular con más fuerza la posibilidad de que Santilli sea candidato en CABA, como una forma de acordar con el PRO y sostener cierto margen de influencia. Y dejarle la Provincia al peronismo. “Que se reagrupen ahí, es un desperdicio el Colo en la Provincia. Que el peronismo se quede con PBA, si quiere”, afirmó un dirigente libertario.

MCM/MG

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo, viajaron este viernes a Catamarca, donde mantuvieron un encuentro con el gobernador local, Raúl Jalil, y su par de Santiago del Estero, Elías Suárez. Durante la jornada, los funcionarios firmaron acuerdos vinculados con obras de infraestructura y avanzaron en la delegación a Catamarca de la gestión integral de distintos tramos de rutas nacionales.

Uno de los principales puntos de la agenda fue la firma del convenio para poner en marcha la Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras Albigasta, un proyecto destinado a ampliar el acceso al agua potable y mejorar las condiciones para el desarrollo productivo en localidades del este de Catamarca y Santiago del Estero.

La visita había sido prevista originalmente para la semana anterior, pero debió postergarse debido a las condiciones meteorológicas que afectaban a la región.

Del encuentro también participaron el vicejefe de Gabinete del Interior, Gustavo Coria; el secretario de Coordinación de Infraestructura del Ministerio de Economía, Fernando Herrmann, y el administrador general de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy.

Tras la firma de los acuerdos, Santilli y Caputo brindaron una conferencia de prensa junto a los mandatarios provinciales. El ministro de Economía destacó la importancia de avanzar en una agenda de trabajo con las provincias y sostuvo que uno de los objetivos de la gestión es fortalecer un modelo de gobierno federal.

“El objetivo de nuestro Gobierno es hacer un gobierno mucho más federal, que no esté centrado en Buenos Aires, sino que cada provincia tenga la posibilidad de explotar sus recursos y que esos recursos favorezcan a los gobernadores para que puedan generar más trabajo y dar una mejor calidad de vida a la gente”, afirmó Caputo.

Santilli, en tanto, aseguró que desde el Gobierno nacional trabajan para “corregir esas asimetrías” y sostuvo que buscan que “el Norte vaya hacia adelante fuertemente, en el marco del equilibrio que vivimos en nuestro país”.

Una obra para Catamarca y Santiago del Estero

La Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras Albigasta contempla la construcción de dos plantas potabilizadoras y aproximadamente 50 kilómetros de acueductos. La obra alcanzará a unos 35.900 habitantes de Catamarca y Santiago del Estero. El proyecto será financiado mediante un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y demandará una inversión estimada en $99.769 millones. El plazo previsto para su ejecución es de 36 meses.

Además de ampliar el abastecimiento de agua para los hogares, la infraestructura busca mejorar la disponibilidad del recurso para productores de una región que enfrenta dificultades estructurales para acceder al agua.

La iniciativa había sido solicitada formalmente por los gobiernos de Catamarca y Santiago del Estero al Gobierno nacional en enero de 2025. Durante ese año se avanzó con el proceso licitatorio internacional y se realizó la apertura de ofertas. Con la firma del convenio, Nación y las provincias quedaron en condiciones de avanzar en las distintas etapas para concretar el proyecto.

Santilli destacó que la obra se enmarca en la búsqueda de compatibilizar el desarrollo de infraestructura con el equilibrio de las cuentas públicas. “Equilibrio fiscal e infraestructura no son conceptos contrapuestos. La Argentina necesita infraestructura para crecer y desarrollarse, pero tenemos que hacerla de manera sostenible: con inversión del sector privado y financiamiento de los organismos multilaterales a tasas competitivas y a largo plazo”, sostuvo.

Durante la visita también se firmaron acuerdos para delegar en Catamarca la gestión integral de distintos tramos de rutas nacionales. La medida forma parte de una agenda que el Gobierno nacional viene desarrollando con diferentes provincias para avanzar en el mantenimiento y la ejecución de obras sobre rutas nacionales. El esquema ya tuvo antecedentes recientes con Santa Fe y San Juan y se suma a las conversaciones entre la Nación y los gobiernos provinciales en torno a la infraestructura y la distribución de recursos. En el caso de Catamarca, además, la agenda de trabajo incluye la discusión sobre deudas recíprocas entre el Estado nacional y la provincia.

Un nuevo acercamiento con los gobernadores

La presencia conjunta de Santilli y Caputo en Catamarca también se inscribe en el acercamiento que el Gobierno nacional busca profundizar con los gobernadores considerados dialoguistas. El jefe de Gabinete participó esta semana de un encuentro del Consejo Federal del Norte Grande en Misiones, donde se reunió con mandatarios de distintas provincias de la región. La agenda estuvo atravesada por reclamos vinculados con infraestructura, obras y subsidios.

La Casa Rosada busca fortalecer los vínculos con los gobernadores de cara a las negociaciones legislativas y a los proyectos que el Poder Ejecutivo pretende impulsar en el Congreso. Entre las iniciativas que forman parte de esa agenda aparecen la reforma política, que contempla modificaciones vinculadas con las PASO, y cambios en la Carta Orgánica del Banco Central.

El acercamiento con las provincias también se desarrolla en paralelo a los contactos que el oficialismo comenzó a mantener con sectores del PRO con vistas a un eventual acuerdo electoral para 2027.

En ese escenario, la visita de Santilli y Caputo a Catamarca combinó una agenda institucional y de infraestructura con una señal política hacia los mandatarios provinciales. El objetivo planteado por el Gobierno nacional es avanzar en proyectos considerados prioritarios sin abandonar el equilibrio fiscal y mediante financiamiento de organismos multilaterales.

La jornada terminó así con acuerdos concretos para el desarrollo del Acueducto Albigasta y la transferencia de la gestión de determinados tramos de rutas nacionales, en el marco de una estrategia de la Casa Rosada para profundizar su relación con las provincias.

El Gobierno oficializó este jueves, mediante el Decreto 730/2026 publicado en el Boletín Oficial, la designación de Adriana Baravalle como secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete, en reemplazo de Darío Leandro Geuna. La nueva funcionaria llega al cargo con un perfil marcadamente técnico, orientado a la inteligencia artificial, y reportará bajo la estructura de la vicejefatura de Gabinete que conduce Ignacio Devitt.

Baravalle es analista de sistemas por la Universidad Nacional de Defensa (UNDEF), magíster en Ciencia de Datos y Gestión del Conocimiento por la Universidad Austral y doctoranda en Ingeniería en la misma casa de estudios, donde trabaja desde hace más de dos décadas. Hasta su nombramiento, dirigía el Laboratorio de Tecnologías Exponenciales de la Facultad de Ingeniería de Austral y era profesora de Seguridad Informática, Inteligencia Artificial Generativa y Visión por Computadora. Previamente había estado al frente del Laboratorio de Tecnologías Emergentes de la universidad.

En el plano de la producción académica, Baravalle figura como coautora, junto a la investigadora Gabriela Robiolo, del estudio “The World State of Artificial Intelligence based on the Analysis of Research Papers and Patents”, presentado en la Universidad de Manchester, que analiza el estado global de la IA a partir de métricas de patentes y publicaciones científicas relevadas en la plataforma Lens.org. Es además fundadora y directora académica de synapsIA, una red regional de especialistas en inteligencia artificial dedicada a formación, investigación y cooperación en distintos países de América Latina, y lidera líneas de investigación sobre criptografía poscuántica e infraestructuras críticas.

El comunicado oficial con el que el Gobierno presentó su designación la describió como una profesional que “articula los mundos de la academia, la tecnología aplicada y la política internacional” y la calificó como “doctora en IA”. Ese doctorado no aparece mencionado en el perfil oficial que la propia Universidad Austral mantiene publicado sobre Baravalle, donde se la presenta únicamente como doctoranda en Ingeniería, magíster y analista de sistemas, sin referencia al título de la universidad estadounidense.

Baravalle fue acercada a Diego Santilli por el CEO de Globant, Martín Migoya, en momentos en que el jefe de Gabinete buscaba reemplazo para Geuna, cuya salida del organismo a fines de julio había sido definida en términos de una “distancia irreconciliable” con Santilli. El comunicado oficial agradeció los “servicios prestados” por el funcionario saliente. Con este movimiento, Santilli consolida el control político de la Secretaría de Innovación, un área que el Gobierno busca posicionar como eje de una agenda de transformación tecnológica y de articulación entre el sector público, el sector privado y el ecosistema científico-académico, en un contexto de creciente centralidad de la inteligencia artificial en la discusión de políticas públicas a nivel global.

“Ahora van a ver La Odisea”, bromeó uno de los colaboradores cuando la reunión ya estaba por terminar. No hablaba de política, aunque la frase se prestaba demasiado bien para la interpretación. La 24ª Asamblea de Gobernadores del Norte Grande había transcurrido durante buena parte de la mañana en el hall de entrada del IMAX del Parque del Conocimiento de Posadas, con las puertas de las salas de cine a pocos metros de la mesa alrededor de la cual Diego Santilli y buena parte de los mandatarios de la región habían conversado durante casi dos horas. La referencia era literal: en el complejo se proyecta la película dirigida por Christopher Nolan. Pero el chiste tenía inevitablemente una segunda lectura.

El movimiento había comenzado bastante antes. Desde las 10 fueron llegando los gobernadores y representantes provinciales al enorme predio levantado en las afueras del centro de Posadas. A las 10.20 estaba prevista la fotografía institucional y alrededor de las 10.45 comenzó la reunión. Hugo Passalacqua ofició de anfitrión y Santilli llegó como representante de un Gobierno nacional que atraviesa una etapa en la que necesita bastante más de los mandatarios de lo que su discurso original estaba dispuesto a reconocer.

Pero antes de que se cerraran las puertas apareció la frase política más fuerte de la jornada. Gustavo Sáenz ni siquiera había entrado a la reunión cuando decidió meterse de lleno en la interna de la provincia que lo recibía. El gobernador de Salta habló con los periodistas presentes, respaldó explícitamente a Passalacqua y apuntó contra Carlos Rovira. “Se terminaron los capangas”, soltó.

Para los conocedores de la historia política reciente de Misiones, la elección de las palabras resultó especialmente sugestiva. Más de dos décadas atrás, el propio Rovira había apelado a una expresión casi idéntica cuando decidió romper con Ramón Puerta, el dirigente que había sido su padrino político y bajo cuyo liderazgo había llegado a la gobernación. En 2003, aquella rebelión terminó dando origen al esquema de poder que después el líder del otrora Frente Renovador de la Concordia conduciría durante más de veinte años.

“Yo acompaño al gobernador que ha elegido la gente. No puede gobernar un fantasma, un señor ingeniero que no lo conoce nadie”, sostuvo Sáenz. Y lanzó, irónico: “Yo le mandé un mensaje una vez pero nunca me contestó porque parece que estaba con los horarios cambiados, porque no vive acá”.

El gobernador de Salta cuestionó así al viejo conductor del oficialismo misionero prácticamente en la puerta de uno de sus monumentos. Es que la escena sumaba otra paradoja. Sáenz estaba a punto de ingresar a una de las obras que mejor condensan el legado de Rovira. El Parque del Conocimiento no es simplemente uno de los principales complejos culturales de Misiones. Es también una de las construcciones más ambiciosas de la era del exgobernador y uno de los proyectos con los que buscó dejar una marca que trascendiera su paso formal por el poder.

Inaugurado en el año 2007, Rovira lo concibió como una suerte de ciudad cultural, con grandes explanadas y distintos espacios conectados por recorridos internos. Ubicado a pocos metros del Aeropuerto general José de San Martín, el predio reúne espacios que a primera vista parecen difíciles de encontrar dentro de una misma institución: un teatro lírico, una biblioteca, centros de exposiciones, un observatorio astronómico y el IMAX donde se desarrolló la reunión, una sala de cine de gran formato y alta resolución, una de las dos que existen en el país.

La escala forma parte de la pretensión con la que fue pensado. También algunos detalles de su arquitectura. Uno de los más característicos es la extensa rampa ascendente que atraviesa la entrada del edificio principal. Quienes conocen la concepción original del complejo explican que la pendiente buscó representar el esfuerzo necesario para alcanzar el conocimiento: un recorrido progresivo hacia arriba antes de llegar a destino.

Durante la mañana, la rampa adquirió una utilidad bastante más terrenal. Al finalizar la reunión, Santilli se apartó allí para hablar por teléfono. El jefe de Gabinete quedó durante algunos minutos sobre la pendiente, celular en mano, mientras a pocos metros continuaba el movimiento de funcionarios y colaboradores. En una jornada pródiga en metáforas involuntarias, el hombre encargado de reconstruir el vínculo de la Casa Rosada con los gobernadores había elegido justamente la rampa del esfuerzo para atender una llamada.

La conversación a puertas cerradas se extendió hasta cerca de las 12.45. El contenido formal giró alrededor de la agenda que Nación y las provincias vienen negociando desde hace semanas, pero el dato político estuvo en la propia presencia de Santilli. Apenas seis días antes, varios de los gobernadores representados en aquella mesa habían vuelto a demostrar en el Senado que su acompañamiento a Javier Milei tiene límites.

El jefe de Gabinete llegó por eso con una tarea que excedía ampliamente los asuntos puntuales del temario: sostener abiertos los puentes con mandatarios cuyos votos el oficialismo necesitará para atravesar los próximos meses. La lógica es ahora bastante más pragmática. Antes de abrir nuevas batallas, el Gobierno quiere saber con qué apoyos cuenta y qué resistencias puede generar en las provincias.

Pasado el mediodía, la comitiva volvió a ponerse en movimiento. Después de la actividad en el hall central, gobernadores y funcionarios caminaron hacia otro sector del predio para cerrar la jornada con un almuerzo. El destino fue Sky, el restaurante ubicado dentro del Parque del Conocimiento, a pocos metros del observatorio astronómico.

Durante los primeros minutos, las puertas permanecieron abiertas y desde afuera pudo verse una de las imágenes políticas de la jornada: Passalacqua y Santilli sentados uno al lado del otro alrededor de la mesa. La escena quedó expuesta apenas unos minutos. Poco después, las puertas se cerraron y las conversaciones continuaron fuera del alcance de cámaras y periodistas.

PL/CRM

Desde temprano, el movimiento empezó a concentrarse alrededor del Parque del Conocimiento de Posadas. Uno a uno fueron llegando los gobernadores y representantes de las provincias del Norte Grande para participar de la 24ª Asamblea regional, con Hugo Passalacqua como anfitrión y una agenda cargada de reclamos por energía, infraestructura y recursos. La foto institucional estaba prevista para media mañana, pero buena parte de la política ya había empezado antes, entre saludos, conversaciones breves y la expectativa por la llegada del jefe de Gabinete, Diego Santilli.

Santilli aterrizó en Misiones con una misión que excedía la formalidad de acompañar una cumbre de gobernadores. La Casa Rosada viene de varios días de negociaciones intensas con las provincias y necesita sostener esos vínculos para avanzar con su agenda legislativa. Pero antes de sentarse a escuchar reclamos sobre rutas, tarifas y zonas cálidas, el funcionario dejó una definición que terminó atravesando buena parte de la jornada. “El esfuerzo que ha hecho la sociedad es enorme, es enorme, y eso hay que destacarlo”, dijo apenas llegó a Posadas.

La frase funcionó como reconocimiento y también como pedido de paciencia. Consultado por la demora en la recuperación del consumo, la actividad y los ingresos, Santilli defendió el rumbo económico, aunque admitió que la mejora todavía no alcanza a todos. “Estamos en una etapa de transición de una economía que destruía los sectores productivos a una economía que fortalece los sectores productivos”, sostuvo.

El jefe de Gabinete reconoció además que el crecimiento es dispar. “Es un proceso de transformación del país donde se ven muchas industrias que crecen, otras que no. Nosotros estamos tratando de que la economía llegue a todos los sectores”, afirmó.

Cuando se le preguntó cuánto tiempo faltaba para que esa recuperación se sintiera de manera generalizada, evitó poner una fecha. “Yo creo que va a llegar, yo creo que va a llegar”, respondió. Luego agregó que los cambios estructurales en otros países demandaron “tres, cuatro, cinco a siete años” y aseguró que Argentina ya comenzó a crecer, aunque todavía de forma desigual.

Las definiciones tuvieron un peso particular por el escenario en el que fueron pronunciadas. El Norte Grande concentra buena parte de los reclamos de las provincias por asimetrías energéticas, infraestructura y costos logísticos. Y Santilli llegó a Posadas convertido en uno de los principales encargados de recomponer los puentes entre la Casa Rosada y los gobernadores, justo cuando el oficialismo necesita sus votos para sostener la agenda que viene en el Congreso.

La advertencia más reciente había llegado la semana pasada, cuando el Gobierno consiguió la media sanción de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, pero debió resignar varios de sus capítulos frente a la resistencia de fuerzas provinciales. La experiencia dejó una enseñanza incómoda en Balcarce 50: los gobernadores pueden acompañar a Milei, pero no están dispuestos a hacerlo a cualquier costo.

En ese contexto, uno de los temas que sobrevoló la reunión fue el régimen de Zonas Frías. El proyecto ya obtuvo media sanción en Diputados y el Gobierno pretende destrabar su tratamiento en el Senado después de las conversaciones que Santilli mantuvo con distintos mandatarios. En paralelo, las provincias del Norte Grande buscan aprovechar esa discusión para introducir su propio reclamo: un régimen específico para las denominadas zonas cálidas.

“Estamos discutiendo el tema de zonas cálidas, estamos trabajando con los gobernadores”, confirmó Santilli. La idea es avanzar sobre algún mecanismo que compense el mayor consumo eléctrico durante los meses de altas temperaturas, en paralelo con la discusión sobre los beneficios para las regiones que soportan inviernos más duros.

La energía ocupó también un lugar central en la agenda de la cumbre. Los gobernadores discutieron una Estrategia Federal Energética, con nuevas rutas y tarifas de transporte dentro del sistema de gas, además de mecanismos para mejorar las condiciones de acceso a la energía en el norte argentino.

Santilli sumó a esa lista la situación de las rutas nacionales. El jefe de Gabinete señaló que el nuevo esquema sobre más de 9.000 kilómetros de corredores viales ya comenzó a avanzar y estimó que algunos de los últimos tramos adjudicados podrían empezar a recibir trabajos entre fines de agosto y principios de septiembre.

La infraestructura sigue siendo uno de los puntos más sensibles en la relación entre Nación y las provincias. Desde el comienzo de la gestión libertaria, la Casa Rosada redujo fuertemente la obra pública nacional y trasladó buena parte de la responsabilidad hacia los distritos. Los gobernadores, en cambio, insisten en que rutas, corredores logísticos, acueductos y obras energéticas de gran escala no pueden depender únicamente de recursos provinciales.

Santilli buscó mostrar avances en esa relación. “La agenda que yo tengo de ellos casi el 90% está resuelta”, aseguró al referirse a los reclamos que recibió durante sus conversaciones con los mandatarios.

Interna misionera

La reunión también tuvo un condimento político inesperado por la interna misionera. Passalacqua recibió a sus pares en medio del proceso de ruptura con Carlos Rovira, su histórico padrino político y durante dos décadas principal conductor del oficialismo provincial.

Gustavo Sáenz decidió meterse de lleno en esa disputa apenas llegó a Posadas. El gobernador salteño respaldó explícitamente a Passalacqua y lanzó una de las frases más fuertes de la jornada contra Rovira. “Se terminaron los capangas”, afirmó al cuestionar los liderazgos que, según planteó, pretenden conducir una provincia por fuera de los cargos institucionales.

“Yo acompaño al gobernador que ha elegido la gente. No puedo acompañar a una persona que no conozco”, sostuvo Sáenz al ser consultado por Rovira.

La intervención del mandatario salteño llevó así la discusión local al centro de una reunión que, en principio, tenía una agenda predominantemente federal. Pero también reforzó un mensaje más amplio del Norte Grande: la necesidad de que las provincias coordinen posiciones frente a la Nación.

“Hay que juntarnos todos y pelear por nuestras provincias”, planteó Sáenz, y volvió sobre una crítica habitual de los gobernadores del interior: la tendencia de los gobiernos nacionales a tomar decisiones desde Buenos Aires sin contemplar las particularidades productivas y sociales de cada región.

Ese es justamente el terreno que Santilli intenta administrar. La Casa Rosada necesita evitar que el Norte Grande se transforme en un bloque de resistencia, pero los gobernadores saben que el oficialismo tampoco tiene los votos suficientes para prescindir de ellos. El resultado es una negociación cada vez más explícita en la que energía, rutas, infraestructura y legislación nacional se mezclan con la construcción política para 2027.

PL

Diego Santilli desembarcará este miércoles en Posadas con una misión que excede largamente la agenda formal del Norte Grande. Apenas unos días después de que los aliados provinciales le marcaran un límite al Gobierno en el Senado, el jefe de Gabinete se sentará frente a los gobernadores de una de las regiones que más reclamos acumula contra la Nación y cuyos votos la Casa Rosada necesita para sostener la agenda legislativa de Javier Milei.

La excusa institucional será la 24ª Asamblea de Gobernadores del Norte Grande Argentino, que reunirá en el Parque del Conocimiento de la capital misionera a mandatarios y representantes de las diez provincias que integran el espacio. Además del anfitrión Hugo Passalacqua —en pleno proceso de ruptura con Carlos Rovira, su histórico padrino político y durante más de dos décadas conductor indiscutido del poder provincial—, el bloque está compuesto actualmente por Raúl Jalil, de Catamarca; Leandro Zdero, de Chaco; Juan Pablo Valdés, de Corrientes; Gildo Insfrán, de Formosa; Carlos Sadir, de Jujuy; Ricardo Quintela, de La Rioja; Gustavo Sáenz, de Salta; Elías Suárez, de Santiago del Estero; y Osvaldo Jaldo, de Tucumán.

La agenda comenzará a las 10 con la llegada de los gobernadores. Según informaron fuentes oficiales, a las 10.20 está prevista la fotografía institucional y a las 10.45 comenzará la asamblea. Los mandatarios atenderán a la prensa alrededor de las 12.45 y luego compartirán un almuerzo de trabajo.

El temario de la reunión contempla, entre otros puntos, el impacto que podría tener el fenómeno de El Niño y las herramientas de prevención y respuesta. Pero buena parte de la atención política estará puesta en el diálogo entre Santilli y los gobernadores.

Es que el jefe de Gabinete llegará a ese escenario convertido en uno de los principales encargados de recomponer los puentes entre la Casa Rosada y las provincias. Desde que asumió como ministro coordinador intensificó los contactos con mandatarios provinciales y comenzó a ocupar un lugar que para el Gobierno será cada vez más importante a medida que se acerque 2027: conseguir votos en el Congreso sin convertir cada negociación legislativa en una guerra con los mandatarios que después Milei necesitará para intentar reelegirse.

La advertencia más reciente llegó la semana pasada. El Gobierno consiguió la media sanción de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, pero tuvo que desprenderse de algunos de sus capítulos más ambiciosos frente a la resistencia de fuerzas provinciales. La modificación de la Ley de Tierras quedó afuera antes de la sesión y los cambios a la Ley de Manejo del Fuego terminaron cayéndose en el recinto. Los aliados acompañaron, pero antes obligaron al oficialismo a podar el proyecto.

La experiencia dejó una enseñanza incómoda en Balcarce 50: los gobernadores pueden ayudar a Milei, pero no están dispuestos a acompañarlo a cualquier costo. La mesa política encabezada este martes por Karina Milei volvió sobre esa dificultad y empezó a ordenar la agenda que viene bajo una lógica bastante más pragmática. Antes de abrir una nueva batalla, habrá que saber cuántos votos existen y, especialmente, qué precio político puede tener para la relación con las provincias.

Uno de los temas que sobrevolará la reunión de este miércoles en Posadas será el régimen de Zonas Frías. El proyecto ya obtuvo media sanción en Diputados y el Gobierno pretende destrabar su tratamiento en el Senado después de las conversaciones que Santilli mantuvo con distintos mandatarios. En paralelo, el Norte Grande busca aprovechar la discusión para introducir su propio reclamo: si existen beneficios para las regiones que soportan bajas temperaturas, también debería contemplarse el mayor consumo energético de las provincias sometidas durante buena parte del año a calores extremos.

De allí surgió la negociación para avanzar con un régimen específico para las denominadas zonas cálidas. La hoja de ruta que comenzó a discutirse contempla dos movimientos simultáneos: conseguir la sanción definitiva de Zonas Frías y, como contrapartida, impulsar una iniciativa destinada a compensar el mayor consumo eléctrico durante los meses de altas temperaturas en el norte del país.

El planteo energético tendrá además un capítulo propio en la agenda oficial. Los gobernadores discutirán una Estrategia Federal Energética que contempla nuevas rutas y tarifas de transporte dentro del sistema de gas y mecanismos para mejorar las condiciones de acceso a la energía en el norte argentino. También volverán sobre uno de los reclamos más persistentes desde la llegada de Milei al poder: el financiamiento de infraestructura.

Para un Gobierno que hizo del recorte de la obra pública una de las primeras banderas de su ajuste, el tema nunca resultó cómodo. Para los gobernadores, en cambio, sigue siendo una de las principales monedas de negociación con la Nación. Rutas, acueductos, energía y obras inconclusas forman parte de una lista de demandas que Santilli viene escuchando provincia por provincia mientras intenta construir una relación menos áspera que la que caracterizó buena parte de la primera mitad del mandato libertario.

PL/MG

“72 personas deciden quién puede comprar la Argentina”. Con esa frase una web invita a comunicarse con los senadores nacionales a través de su mail institucional o sus redes sociales para exigirles que voten en contra de la reforma de la Ley de Tierras que propone el Gobierno para desregular la venta a extranjeros. La plataforma es parte de un ecosistema de acciones de autoconvocados que impulsan el rechazo a la norma, que se vota este jueves en el Senado.

El plato fuerte será la movilización que se está gestando para este 6 de agosto frente al Congreso y en distintos puntos del país. La resistencia está creciendo en grupos de WhatsApp y espacios virtuales, y ya tuvo acciones callejeras como volantedas y hasta un banderazo en el Obelisco el sábado pasado, como anticipó elDiarioAR.

En el medio, el Gobierno avanza con su iniciativa tras incorporar cambios de último momento. Este martes temprano el jefe de Gabinete, Diego Santilli, confirmó que se cambió el tope de 15% al 25% para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. “Está poniendo un límite parecido en la región, sin ir más lejos me voy a Brasil”, dijo el ministro coordinador, que buscó no anticiparse demasiado a la conferencia de prensa que agendó Patricia Bullrich para esta tarde a las 16.

“No creo que vaya a haber un desempate. Por mis conversaciones con Patricia, creo que está encaminado el tema”, dijo Santilli en diálogo con radio Rivadavia, en referencia a la jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta, encargada de presentar oficialmente las modificaciones al texto original.

El proyecto en discusión es la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que en su versión original eliminaba por completo el límite a la propiedad extranjera de tierras rurales. Tras las negociaciones de las últimas semanas, el oficialismo resolvió no derogar el tope sino elevarlo al 25% de la superficie rural como promedio nacional y provincial, pero deja al descubierto a nivel departamental. “Hay 36 departamentos que superan el límite del 15%, creemos que ahí están los recursos que quieren vender”, denunció Julieta Caggiano, cofundadora del Observatorio de Tierras, otra de las plataformas virtuales que denuncian el avance de la extranjerización de la ltierra. “Los intereses están donde hay agua potable y minerales”, alertó la socióloga.

El rechazo de abajo

Mientras el oficialismo negocia los votos necesarios para destrabar una iniciativa que ya sufrió cuatro intentos fallidos de tratamiento, el rechazo social al proyecto se organiza a nivel federal. La red de asambleas "Ponete la camiseta" convocó movilizaciones para el mismo jueves 6 de agosto en al menos veinte provincias, con epicentro en el Congreso de la Nación, donde se prevén un verdurazo, una radio abierta y un festival durante toda la tarde.

Bajo la consigna “la tierra no se vende, no se quema ni se desaloja”, también habrá concentraciones en Rosario, Santa Fe, Bahía Blanca, Comodoro Rivadavia, Bariloche, Salta, San Juan, Tucumán y localidades de Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, Neuquén, Chubut y Río Negro, entre otras.

A la movilización callejera se sumó la herramienta digital de seguimiento legislativo que reúne la posición declarada de cada uno de los 72 senadores nacionales sobre la Ley de Tierras y permite a cualquier ciudadano identificar a los representantes de su provincia y enviarles un mail con un texto pre armado para pedirles el rechazo del proyecto. La iniciativa busca capitalizar la presión ciudadana en un debate donde el oficialismo, que parte de una base de 21 senadores propios, necesita sumar al PRO, la UCR y bloques provinciales para alcanzar la mayoría de 37 para tener quórum y aprobar la ley.

La presión también llegó por escrito. La Mesa de Organismos de Derechos Humanos —que integran, entre otras, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la Liga Argentina por los Derechos Humanos— envió el 30 de julio una carta a los 72 senadores para pedirles que rechacen lo que calificó de “rapiña” y “desguace de la Nación”. El texto menciona el caso del exsenador Edgardo Kueider, detenido en Paraguay con dinero no declarado, como advertencia sobre las “enormes presiones de grupos económicos extranjeros” que —sostienen— pueden alcanzar “no solo tierras sino también la voluntad de quienes gobiernan nuestras provincias y la de sus representantes en el Congreso”. La carta enmarca el proyecto de tierras junto al Decreto 70/23 y las leyes de RIGI, Súper RIGI y de Glaciares, y advierte a quienes voten a favor: “No olvidaremos, no perdonaremos ni nos reconciliaremos jamás con quienes faciliten, del modo que sea, tamaña rapiña”.

MC