La rosca política entre la Casa Rosada y los gobernadores volvió a colarse este martes en una mesa donde, en teoría, se hablaba de otra cosa. Mientras gobernadores del Norte Grande se reunían en la sede porteña del Consejo Federal de Inversiones (CFI) para discutir cuestiones vinculadas a infraestructura y desarrollo regional, el Gobierno aprovechó la ocasión para avanzar sobre una negociación política que atraviesa desde hace semanas los despachos de Balcarce 50 y las provincias: la búsqueda de apoyos para eliminar las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).

La presencia del ministro del Interior, Diego Santilli, no fue casual. Invitado por el gobernador catamarqueño Raúl Jalil, uno de los aliados más consistentes de Javier Milei entre los mandatarios provinciales, el funcionario llegó al encuentro con un mensaje preciso. Antes incluso de ingresar al edificio de la calle Azopardo defendió públicamente la reforma electoral impulsada por el oficialismo y dejó en claro cuál es la principal apuesta política de la Casa Rosada para los próximos meses.

“Las PASO cuestan entre 220 y 250 millones de dólares”, sostuvo Santilli, al tiempo que afirmó que “la gente no quiere votar cuatro o cinco veces”. Y agregó que el Gobierno ya trabaja para reunir los votos necesarios en el Congreso junto al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la titular del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich. “Estamos trabajando para que salga”, afirmó el ministro.

La argumentación económica es la que el oficialismo eligió colocar en primer plano al momento de justificar la eliminación de las PASO. Pero detrás de ella aparece también una discusión política más profunda. La medida no sólo reduciría costos electorales. También simplificaría el calendario de votación de 2027 y eliminaría una instancia que históricamente funcionó como una gran encuesta nacional anticipada sobre el estado de ánimo de la sociedad.

La elección del escenario tampoco fue casual. El Norte Grande se convirtió en los últimos años en uno de los principales reservorios de votos legislativos para el oficialismo. Sentados alrededor de la mesa estuvieron, además del mencionado Jalil, el tucumano Osvaldo Jaldo; el salteño Gustavo Sáenz; el jujeño Carlos Sadir; el misionero Hugo Passalacqua; el formoseño Gildo Insfrán; el riojano Ricardo Quintela; el chaqueño Leandro Zdero; el correntino Juan Pablo Valdés y el santiagueño Elías Suárez. Aunque pertenecen a espacios políticos muy distintos, varios de ellos se convirtieron en interlocutores habituales de la Casa Rosada y acompañaron proyectos clave para el Gobierno en el Congreso.

Sin embargo, la actual negociación entre Nación y provincias transita sobre carriles más sinuosos. Según pudo saber elDiarioAR, uno de los temas más sensibles de la reunión de este martes fue el impacto de la modificación del régimen de zonas frías impulsada por la Casa Rosada. Varios de los gobernadores presentes acompañaron esa iniciativa a través de sus legisladores nacionales y ahora esperan una compensación para las denominadas “zonas calientes”, donde el consumo eléctrico se dispara durante los meses de verano.

Mientras Milei necesita construir una mayoría parlamentaria para avanzar con una reforma que considera estratégica de cara al próximo calendario electoral, los gobernadores, por su parte, necesitan respuestas para problemas mucho más inmediatos vinculadas a tarifas energéticas y obras inconclusas, además de recursos para sostener sus administraciones. La discusión formal en el CFI estuvo centrada en la denominada “Hoja de Ruta hacia un Futuro Federal”, una iniciativa impulsada por el CFI que reúne a las provincias alrededor de distintos proyectos.

También aparecieron reclamos vinculados al abastecimiento de gas para la industria. Según relató el propio Santilli, los gobernadores plantearon preocupaciones por la reducción de las exportaciones desde Bolivia y por el impacto que esa situación podría tener sobre la actividad productiva regional. “Había un planteo que tenía que ver con el gas para industrias, porque Bolivia no está exportando”, explicó el ministro. Y agregó que “un trabajo de Refinor va a proveer el diferencial que venía de Bolivia”.

Las conversaciones, sin embargo, transcurrieron lejos de la tensión que había caracterizado otros encuentros regionales. El último cónclave del Norte Grande había estado atravesado por reclamos sobre coparticipación y cajas previsionales. Incluso se había analizado la posibilidad de solicitar una audiencia conjunta con Milei para reclamar respuestas por fondos adeudados. Esta vez predominó una lógica diferente, de menor confrontación pública. Uno de los gobernadores resumió el clima del encuentro con una definición tan breve como elocuente. “Muy buena”, respondió ante la consulta de este medio, aunque sin mayores definiciones acerca de su posición sobre el futuro de las PASO.

Escenario trabado

Según pudo reconstruir elDiarioAR, la intención oficial es acelerar el tratamiento de la reforma electoral e intentar resolver su futuro antes de que la agenda pública quede absorbida por el Mundial. En la Casa Rosada admiten que los números todavía están lejos de ser cerrados, especialmente en el Senado, pero creen que existe margen para seguir construyendo acuerdos a través de los gobernadores que vienen acompañando al oficialismo en distintas votaciones.

El tema fue motivo de conversación en las últimas reuniones de la mesa política del Gobierno. Allí coincidieron, llamativamente, el asesor Santiago Caputo y Menem, dos dirigentes que atraviesan semanas de tensiones. Ambos empujan la idea de abrir el debate cuanto antes y aprovechar el actual clima de diálogo con las provincias. Sin embargo, del otro lado aparecieron voces más cautas: quien advirtió acerca de la dificultad de reunir una mayoría estable para aprobar una reforma de semejante magnitud fue Bullrich.

En las últimas horas, la presidenta del bloque libertario en el Senado volvió a dejar en evidencia que conserva márgenes propios de acción en determinados temas sensibles. Este lunes, Bullrich anticipó que hará uso de su “derecho a la objeción de conciencia” para votar en contra de la decisión oficial de retirar el pliego de Verónica Michelli, candidata a integrar un Tribunal Oral Federal de La Plata y cuñada del periodista Hugo Alconada Mon.

En Balcarce 50 ya comenzaron a trabajar también sobre escenarios alternativos en caso de no conseguir el apoyo necesario para la reforma política. Si la eliminación completa de las PASO no consigue reunir los votos necesarios, una de las opciones que gana terreno es mantener el carácter abierto y simultáneo de las primarias, pero eliminar la obligatoriedad para los electores. El sistema pasaría así a convertirse en una suerte de PAS: Primarias Abiertas y Simultáneas, sin obligación de concurrir a votar.

La llave de cualquiera de esos caminos vuelve a estar, una vez más, en las provincias. Varios gobernadores dialoguistas aparecen hoy como potenciales socios del oficialismo para avanzar con la reforma. Sin embargo, las negociaciones todavía tropiezan con una dificultad política de fondo. Los mandatarios reclaman garantías de que La Libertad Avanza no utilizará esos acuerdos parlamentarios para luego desplegar estrategias agresivas en sus territorios y disputarles poder local. Es una conversación que permanece abierta y que explica buena parte de la cautela con la que se mueve el oficialismo.

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Diego Santilli levantó el teléfono, llamó a los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Carlos Sadir (Jujuy) y Hugo Passalacqua (Misiones) y, en menos de 24 horas, convirtió la rebelión de los aliados en un trámite entre amigos. El ministro de Interior tuvo que transpirar, pero al final consiguió el quórum para sesionar para modificar el régimen de Zonas Frías con promesas. A cambio de reducir los subsidios al gas para algunos distritos, el Gobierno aumentaría los subsidios a la energía eléctrica para las regiones cálidas durante el verano. No había fecha para la nueva reglamentación, sólo una promesa. Y para los gobernadores fue suficiente.

24 horas antes de que sonara la chicharra que marcó el inicio de la sesión en la Cámara de Diputados, una diputada salteña dialogaba con un diputado opositor, irritada ante el parate de la obra pública en su provincia. “Nosotros no vamos a dar quórum. Tenemos todas las obras comprometidas por falta de fondos”, se quejó, y le adelantó que su gobernador ya había asegurado que Salta no daría su apoyo al gobierno para modificar el régimen de Zonas Frías. Menos de cuatro horas después, el panorama había cambiado. Santilli había llamado.

El proyecto del Gobierno afecta directamente al Norte argentino porque, al cambiar el criterio de adjudicación del subsidio al gas para las “zonas ampliadas” –es decir, las no patagónicas–, hay miles de familias que tendrían que empezar a pagar un 30% en la tarifa de gas a un mes del inicio del invierno.

El criterio de adjudicación de los subsidios, según la iniciativa de La Libertad Avanza, ya no sería geográfico, sino por ingresos. Antes, con la ley de 2021 impulsada por Máximo Kirchner, un conjunto de municipios de Buenos Aires, el sur de Santa Fe y Córdoba, San Luis, Mendoza, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, Tucuman y San Juan se veían beneficiadas con el régimen diferencial. Ahora, si la ley del Gobierno se sanciona, sería solo para aquellos hogares que cobran menos de tres Canastas Básicas Totales ($4,3 billones).

Los gobernadores se quejaron, y Santilli intervino. Les propuso un canje: a cambio de dar quórum y ayudarlos a desactivar la sesión opositora para interpelar a Manuel Adorni, convocada una hora después de la del oficialismo, les propuso ampliar las zonas que eran beneficiadas con el subsidio eléctrico por zonas cálidas.

La propuesta era un compromiso a cambiar la reglamentación del Registro de Subsidios Energéticos Focalizados, que define la Secretaría de Energía. No solo se ampliaría las zonas englobadas bajo la categoría “zona muy cálida” –que tienen un consumo base de 550 kWh mensuales–, sino que se ampliaría el período de tiempo que duraría el subsidio. Ya no sería sólo durante los meses del verano (enero, febrero, marzo), sino que pasaría a ser durante los meses comprendidos entre septiembre y marzo.

Esta propuesta de Santilli, que terminó convenciendo a los gobernadores para bajarle línea a sus diputados para que dieran quórum, era solo eso: una propuesta. Ninguno de los gobernadores logró arrancarle una fecha de implementación. Es una promesa a cumplir más adelante.

“Salieron a revolear lo de ‘zona cálida’ y es solo una hoja de Word que dice ‘zona cálida’. Si alguno dió quórum pensando que le va a dar algo, suerte, porque este es un gobierno que no cumple”, advirtió el socialista santafesino Esteban Paulón, cuando la chicharra sonó y los salteños de Sáenz y los tucumanos de Jaldo le garantizaron el quórum a Martín Menem.

El Gobierno no había ni necesitado llamar a Maximiliano Pullaro (Santa Fe) o Martín Llaryora (Córdoba). Con solo acomodar a los gobernadores del Norte había bastado. Horas después de iniciada la sesión, Santilli apareció en fotos con varios gobernadores junto a Luis “Toto” Caputo, que se reunió con Rolando Figueroa (Neuquén) y Alfrejo Cornejo (Mendoza).

Menem salvó a Adorni

El objetivo de la sesión oficialista es aprobar el nuevo régimen de Zonas Frías, pero también desactivar la sesión opositora convocada para ese mismo día. La oposición había pedido una sesión para interpelar a Adorni por la causa por enriquecimiento ilícito que avanza en la Justicia, pero Menem les ganó de mano y convocó una sesión una hora antes. El desafío de conseguir el quórum era menos la necesidad de pasar a la ofensiva, luego de dos meses y medio de parálisis legislativa, que evitar una votación que pudiera perjudicar al jefe de Gabinete.

La estrategia opositora, sin embargo, sufrió un revés cuando Menem consiguió el quórum para la sesión oficialista con lo justo: 129 diputados sentados. Pero rápidamente los opositores pasaron al Plan B: convocar a un cuarto intermedio para suspender la sesión oficialista y poder dar inicio, si conseguía quórum, la sesión opositora.

Germán Martínez, el jefe de la bancada peronista, pidió una moción para convocar el cuarto intermedio, pero Menem se negó a tratarlo. “La naturaleza jurídica del cuarto intermedio es otra. Está mal planteada la moción”, atinó a justificar Menem, que se negó, durante una hora y media, a dar lugar a la votación de la moción.

“Ustedes son los tramposos, aunque no lo quieran admitir”, lo cruzó la lilita Mónica Frade, quien acusó a Menem de tener cerradas las comisiones. El objetivo de la oposición para esa sesión era poder emplazar a las comisiones para obligarlas a tratar no solo la interpelación a Adorni, sino también un conjunto de iniciativas sociales que iban desde el restablecimiento del Plan Remediar para medicamentos -que el Gobierno desarticuló hace un mes- o la ampliación de las licencias por paternidad.

No hubo manera, sin embargo. Hasta que no pasó las 11 y media de la mañana -que era el tiempo límite para juntar quórum para la otra sesión- Menem no habilitó la votación. Y ahí sí, blindado Adorni, pudo darse el lujo de festejar el resultado: con 111 votos a favor y 131 en contra, el recinto rechazó la moción opositora.

MC/MC

Con el número mínimo de 129 diputados, el oficialismo consiguió quórum este miércoles para abrir la Cámara de Diputados y avanzar con el proyecto que busca recortar las llamadas Zonas Frías, que otorga subsidios al gas. El Gobierno aceptó cambios impuestos por provincias aliadas para evitar que caiga la sesión.

El respaldo que consiguió La Libertad Avanza le permitió además bloquear una iniciativa opositora para que se vote una interpelación a Manuel Adorni, investigado en la Justicia por enriquecimiento ilícito. Esa propuesta deberá posponerse por segunda vez.

La iniciativa que modifica el régimen de Zonas Frías apunta a reducir el universo de hogares que reciben un subsidio del 30%. El proyecto modifica el criterio de la adjudicación del subsidio, que dejaría de ser geográfico y pasaría a ser en base a los ingresos de los hogares. 

El proyecto del oficialismo establece que se beneficiarán del subsidio solo aquellos hogares que perciban un ingreso menor a tres Canastas Básicas Totales (que son $4,3 millones). Un cambio de criterio que afectará a 3,5 millones de hogares de zonas del interior de la Provincia Buenos Aires, el sur de Santa Fe y Córdoba, y gran parte de San Luis. También en varios municipios de Mendoza, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, Tucumán y San Juan.

A cambio el Gobierno aceptó que haya un régimen diferencial para las tarifas de electricidad en aquellas zonas cálidas del Norte. Uno de los diputados de La Libertad Avanza reconoció públicamente minutos antes del inicio de la sesión que hubo un acuerdo entre Diego Santilli, ministro del Interior, y varias provincias norteñas. “Hay un diálogo. Tengo entendido que una de las provincias es Misiones. Hay que entender que el aire acondicionado en nuestra zona es una necesidad”, admitió el diputado Lisandro Almirón, de Corrientes.

El acuerdo alcanzo con Santilli habría sido con gobernadores de provincias cálidas a los que prometieron subsidios al consumo de energía eléctrica durante los meses de verano acotado a una cantidad determinada de kilovatios.

Además del régimen de Zonas Frías, el oficialismo buscará aprobar también la llamada “Ley Hojarasca”, un proyecto del Ministerio de Desregulación de Federico Sturzenegger que propone derogar cerca de 70 leyes consideradas obsoletas, inútiles, superadas por la tecnología o restrictivas de las libertades individuales.

También hay en carpeta aprobar convenios internacionales firmados entre la Argentina y varios países.

MC

“¿Qué querés que hagamos? Si dependemos de los ATN para llegar a fin de mes”, suspira un peronista de una provincia norteña que hace tiempo se alejó de la oposición dura para votar junto al Gobierno. La decisión administrativa 20/2026, publicada en el Boletín Oficial 24 horas antes de la marcha universitaria, significó un recorte de más de $320 mil millones para las provincias. Este ajuste, sumado a la caída de la coparticipación, tiene a las provincias al borde del colapso y a los gobernadores al borde de la rebelión. Una receta para el desastre que el Gobierno intenta amortiguar con la única prenda de negociación disponible que Luis Caputo no puede recortar: los pliegos judiciales. 

Para los gobernadores aliados, el problema no es tanto la interna entre Karina Milei y Santiago Caputo o el vómito incendiario contra periodistas y empresarios de Javier Milei. Ni siquiera el escándalo patrimonial de Manuel Adorni. El problema es el plan económico de Luis Caputo y el agujero imposible que les está dejando en las cuentas públicas. 

La decisión administrativa que arrasó con $2,5 billones en prevención contra el cáncer, salario docente, infraestructura en escuelas y obra pública tuvo su correlato directo en las provincias. Solo en el programa “Relaciones con las Provincias y Desarrollo Regional” del Ministerio del Interior la contracción fue de $320.711 millones, de los cuales el 100% de los recursos estaban destinados a la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Esto significa un recorte de más del 50% sobre los ATN que, en muchas provincias, representan la única soga de salvación frente a la asfixia financiera. 

Como relata un senador peronista, los ATN son lo que garantiza que algunas provincias puedan pagar el aguinaldo a mitad de año o en diciembre. Especialmente en un contexto de recorte de las partidas nacionales, caída consecutiva de la recaudación –van nueve meses a la baja– y derrumbe de las transferencias automáticas por coparticipación. Según un informe de Politikon Chaco, en el primer trimestre de 2026 hubo una caída del 5,7% de la coparticipación nacional. Esto es $1,39 billones. 

Si los gobernadores no le terminan de soltar la mano a Javier Milei es porque la alternativa –es decir, un recorte mayor en los ATN– los dejaría al borde del colapso. Especialmente cuando se presta atención a las pocas provincias que percibieron ATN en 2026: Misiones, Mendoza, Corrientes, Catamarca, Chaco, Chubut, Neuquén, Salta, San Juan, Entre Ríos, Jujuy, Santa Cruz y Santa Fe. Todas provincias aliadas que, durante la última convocatoria opositora para interpelar a Adorni en la Cámara de Diputados, se negaron a dar quórum.

El Gobierno ha logrado, con dificultad, sostener cierto control del Congreso. La parálisis legislativa oficialista generada por el caso Adorni tuvo, como contracara, el empantanamiento de la oposición, que pese a la debilidad del Gobierno no logró avanzar en una sesión propia. Los aliados no se animan, de momento, a declararle la guerra a Milei. 

Pero es cuestión de tiempo. Durante el primer trimestre del año, el Ejecutivo repartió $121 mil millones en materia de ATN a las provincias aliadas. Después del recorte de la semana pasada, le quedan solo $127.755 millones disponibles en el Presupuesto. Es decir que, si continúa distribuyendo los ATN a este ritmo, solo le quedan cuatro meses más de recursos.

Una fecha límite a la que se le suma otra fecha clave: el fin del Mundial y el comienzo oficial de la campaña presidencial. 

Mapa judicial

Mientras Diego Santilli hace malabares para sostener el apoyo de los gobernadores sin casi elementos en su caja de herramientas, hay un actor que empezó a ser clave en el vínculo con las provincias: Juan Bautista Mahiques. El ministro de Justicia está en pleno proceso de envío de pliegos para cubrir las más de 200 vacantes que hay en la Justicia y se muestra, junto a su segundo Santiago Viola, mucho más receptivo que sus antecesores a aceptar las propuestas de los gobernadores para cubrir juzgados locales. 

El Gobierno juega con un gran tablero. Más del 35% de los juzgados de la Argentina están vacantes y eso le permite jugar con un amplio abanico de recursos para negociar con senadores y gobernadores que están interesados en cubrir las vacantes de sus provincias. La primera tanda de pliegos que Mahiques envió respondió a las prioridades de Comodoro Py –entre los que se incluye el de su padre, Carlos “Coco” Mahiques, cuyo pliego fue aprobado el jueves pasado en el Senado–, pero la segunda tanda fue un gesto a los gobernadores. 

En la última semana, el Poder Ejecutivo envió unos 60 pliegos judiciales para ser tratados durante el próximo mes. Algunos son compensaciones por favores prestados, como el caso del juez Víctor Pesino de la Cámara Laboral, que dejó sin efecto la medida cautelar conseguida por la CGT para suspender la aplicación de la reforma laboral. Otros, en cambio, son guiños a los gobernadores y senadores del PRO y la UCR que venían reclamando, desde el año pasado, un avance sobre algunas vacantes judiciales. 

Es el caso de Florentino Malaponte, de familia radical, que fue propuesto para la Cámara Federal de Rosario. Se presentaron pliegos, además, para cubrir vacantes en Chubut, Catamarca, Misiones, Chaco y Corrientes. “Les dejamos servidos en bandeja 280 cargos judiciales. Fue la impericia del kirchnerismo”, se lamenta, irritada, una senadora del peronismo. 

El Gobierno ya le adelantó a sus aliados que jugará con todo el tablero y que, en los próximos dos meses, continuará enviando los pliegos faltantes. Mahiques quiere cubrir todas las vacantes y el compromiso de acá a septiembre es tratar solo esos lugares: la Corte Suprema y la Procuración General de la Nación quedarán para después. Aunque Mahiques tiene a favor un gran antecedente: el pliego de su padre, que lo habilita a ser juez hasta los 80 años, fue aprobado con 58 votos a favor y solo 11 en contra, del kirchnerismo más duro. Más de dos tercios del Senado. 

Los mayores problemas que tiene por estas horas, en cambio, vienen de la propia interna. Y es que un sector del Gobierno se rehúsa a acompañar los pliegos de Juan Galván Greenway y Alejandro Catania para la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico. ¿El motivo? Su vínculo con la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), con su presidente “Chiqui” Tapia y con su mano derecha, Pablo Toviggino. 

Algunos senadores aliados dejaron trascender su resistencia a acompañar los pliegos, pero la mayor presión no vino del Congreso, sino de Casa Rosada.

MCM/MC

Mientras que el bloque libertario de la Cámara de Diputados era un torbellino de especulaciones sobre posibles reemplazantes de Martín Menem en el caso de que tuviera que ocupar la Jefatura de Gabinete, su principal aliado, el PRO bonaerense, se reunía en la sede partidaria para ordenar la tropa frente al último escándalo patrimonial de Manuel Adorni.

Era la primera vez que Cristian Ritondo reunía a los intendentes amarillos desde que comenzaron los roces con el Gobierno, y sumó un condimento especial: la participación de Diego Santilli, que coquetea con la posibilidad de afiliarse a La Libertad Avanza para oficializar su candidatura a gobernador de la Provincia de Buenos Aires. 

“No creo en las condenas mediáticas, creo en las condenas judiciales”, se atajó Santilli cuando ingresó al partido, ubicado a tres cuadras de Casa Rosada. Era la primera vez que el ministro de Interior participaba de una reunión PRO desde que asumió en el gabinete libertario el año pasado. Un gesto de apaciguamiento interno en el marco del distanciamiento con el Gobierno que empezó a ensayar Mauricio Macri, con guiños hacia un sector del círculo rojo que fantasea con presentarlo como la alternativa “racional” a Milei –Paolo Rocca dixit– que les garantice la continuidad del programa económico. 

El motivo oficial de la reunión era encontrarse con los líderes territoriales del PRO, con quienes el diálogo se había interrumpido en los últimos meses. Participaron Soledad Martínez (vice del PRO, intendenta de Vicente López y una de las pocas voceras macristas en la reunión), Guillermo Montenegro, José María Gentile (9 de julio), Marcelo Matzkin (Zárate), Juan Ibarguren (Pinamar), y otros intendentes del PRO. 

Hubo cuestionamientos a la situación económica –especialmente en los municipios del conurbano– y algunos intendentes aprovecharon para quejarse por las actitudes de las bancadas libertarias en las Legislaturas locales. Pero a la salida, tanto Ritondo como Santilli fueron tajantes en reafirmar su alineamiento con el Gobierno.

Ninguno de los dos, sin embargo, quiso poner las manos en el fuego por Adorni, a quien el testimonio del contratista de su casa en el country en Exaltación de la Cruz lo terminó complicando aún más. El lunes, Matias Tabar declaró frente al fiscal Pollicita en la causa por enriquecimiento ilícito que investiga a Adorni y aseguró, según relató La Nación, que el jefe de Gabinete le había pagado 245 mil dólares en efectivo por hacer refacciones en la casa. Este testimonio dinamitó la confianza del Gobierno, que creía que la novela finalizaría tras el informe de gestión del miércoles, y despertó la irritación de los aliados, que no entienden por qué Javier Milei lo sostiene en el gobierno. 

Puertas afuera, el PRO decide no meterse. Repite el libreto de que tiene que expedirse la Justicia y, luego, en privado, cuenta los días para que Javier Milei le pida la renuncia a Adorni. Presta atención, eso sí, a quién podría ser el posible reemplazante. En las últimas 24 horas comenzó a sonar con fuerza el nombre de Martín Menem como una alternativa de confianza de Karina Milei que podría ocupar el lugar de Adorni, aunque en su entorno lo niegan. “Hay que bancarlo a morir”, insisten en el entorno del riojano.

El problema de la sucesión no es solo personal, es político: no hay quién reemplace a Menem en la presidencia de la Cámara de Diputados si decide desembarcar en Casa Rosada. Circularon nombres, como el del santafesino Nicolás Mayoraz o el cordobés Gabriel Bornoroni, pero ninguno de ellos cuenta con el consenso interno suficiente como para poder ocupar la presidencia de la Cámara. 

Ritondo, que apostó a ocupar la presidencia de la Cámara de Diputados al principio del gobierno libertario, mira con atención los movimientos de Menem, pero no cree que vaya a abandonar el Congreso. No lo contactaron del Gobierno y no cree que vayan a contactarlo. Su prioridad, mientras tanto, es otra: instalar a Santilli como el único candidato de LLA en Provincia de Buenos Aires y garantizar, así, la supervivencia del PRO. 

La dupla Santilli–Ritondo está dispuesta a todo para volver a gobernar PBA. El ministro de Interior deslizó, incluso, que podría analizar la posibilidad de abandonar el PRO y afiliarse a LLA para ser candidato a gobernador. Puertas adentro, sin embargo, lo dice sin matices: si es lo que hace falta, se afiliará a LLA. Tal como ya hizo Patricia Bullrich, la primera en pintarse de violeta, abandonar el PRO y convertirse, ahora, en una de las voceras del Gobierno y su candidata en la Ciudad de Buenos Aires. 

“Si es necesario le llevamos nosotros la ficha de afiliación”, ironizó un dirigente del PRO bonaerense. 

No hay votos para la reforma electoral

Hay, sin embargo, una cosa que el PRO no está dispuesto a hacer por el Gobierno: votar la eliminación de las PASO. Ritondo ya lo advirtió públicamente y, alineado con Macri, le advierte al Gobierno que el PRO no dará sus votos en Diputados ni en el Senado. “En este tipo de leyes se necesita de un consenso previo y esto creo que el Gobierno no lo ha hecho y me parece que ha cometido un error”, señaló el jefe de bloque PRO en Diputados en declaraciones radiales.

Esta negativa del partido es un dolor de cabeza para Santilli, que es quien tiene que juntar los votos para aprobar la reforma política. Este jueves viajará a San Juan junto a Karina Milei para reunirse con los gobernadores Marcelo Orrego (San Juan), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Raúl Jalil (Catamarca), Martín Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe). Allí, Santilli buscará sumar adhesiones entre los gobernadores para poder aprobar, al menos, una parte de la reforma política, que también modifica el financiamiento de los partidos políticos y las campañas. 

El problema de Santilli es que, sin el acompañamiento de su propio partido, la reforma política no tiene los votos para ser aprobada en el Congreso. El ministro de Interior todavía se muestra optimista, pero en el Senado, Bullrich, ya comenzó a advertir que la eliminación de las PASO es una utopía.

MCM/CRM

Karina Milei dio luz verde y Patricia Bullrich no perdió un minuto. La senadora libertaria tiene el visto bueno de la hermana presidencial para comenzar a recorrer la Ciudad de Buenos Aires como candidata a jefa de Gobierno porteño: así se lo aseguró la semana pasada Karina, quien, luego de orquestar la coreografía del respaldo total del Gobierno a Manuel Adorni en la sesión de la Cámara de Diputados, le soltó la mano, llamó a Bullrich y le dijo que empezara a caminar. Y Bullrich, que está deseosa de destronar a los Macri de la Ciudad, tardó menos de 24 horas en dar comienzo a la campaña electoral. 

“Salí a caminar, Patri”. La voz de Karina Milei llegó del otro lado del teléfono de Bullrich poco después de que el Gobierno hubiera salido a respaldar, en grupo, a Adorni en el Congreso. La secretaria de la Presidencia admitía, sin decirlo, lo que no podía reconocer en público: por más apoyo que quisieran darle, Adorni ya había quedado muy golpeado por los escándalos patrimoniales y no podía ser candidato. Tenía que ser Patricia. 

La ex ministra de Seguridad, que ya venía trabajando en instalarse como candidata –lo que había generado, paradójicamente, la desconfianza de Karina–, recogió el guante. Rápido. En menos de 24 horas, Bullrich ya tenía listo un video para publicar en sus redes sociales. De fondo sonaba Aitana, con el tema “Superestrella”, y solo aparecía Bullrich caminando y saludando gente, a veces con Milei, otras con Karina. “Me dicen que quieren divertirse. Yo les digo que los rumores vuelan”, provocó, repitiendo la letra de la canción. 

La noticia cayó como un baldazo de agua en Uspallata, en donde Jorge Macri todavía espera poder cerrar un acuerdo con La Libertad Avanza para retener la Ciudad. Los últimos movimientos de Mauricio Macri, con sus recorridas por distintas provincias, hablando de que el PRO es “el siguiente paso”, y sus reuniones con el establishment económico, dejando trascender que Paolo Rocca lo quiere como alternativa “racional” a Milei, responden a esa necesidad. A esa expectativa. 

El ex presidente apuesta a subir el perfil y amenazar con presentar un candidato propio en 2027, de modo de forzar a Karina a negociar las listas. La expectativa máxima es sostener el control de la Ciudad: Macri espera que, si la imagen del Gobierno continúa cayendo y él amenaza con ir por afuera, el Gobierno podría mostrarse más receptivo a llegar a un acuerdo en CABA. Ya sea con una PASO entre Jorge Macri y una candidata con menos caudal de votos que Bullrich –como la karinista Pilar Ramírez– o consensuando otra transición.

Bullrich es consciente de esto, y por eso no descarta que, cuando llegue el momento, Karina pueda quitarle la venia y pedirle que dé un paso al costado. “La prioridad es que el presidente reelija”, asegura la senadora libertaria, copiando el leit motiv que la hermana presidencial le hace repetir a los propios. En ese caso, estará esperando alguna retribución: Bullrich planea llegar a 2027 como candidata a jefa de Gobierno porteño o a vicepresidente. Nada menos. 

Incluso, puertas adentro, más de un bullrichista aspira a algo más. La senadora jugará a ser el alfil de Milei en la Ciudad, pero, si la imagen del Gobierno sigue cayendo, no descarta ir por la presidencia. “Si Milei ve que no reelige y le pide ser la candidata a presidenta no le va a decir que no”, desliza, evitando sonreírse, un dirigente bullrichista.

Karina quiere a dos ex PRO para ganar las elecciones

Acusada de ser poco pragmática por el ala caputista del Gobierno, que siempre cuestionó la estrategia de la hermanísima de presentar candidatos propios en las provincias, Karina se mueve con más flexibilidad de lo que aparenta. “Va a haber pragmatismo. Si en las provincias aliadas hay que acordar con el gobernador se va a hacer. La prioridad es que Milei reelija”, explica un dirigente libertario que tiene a su cargo el armado político de una provincia cuyana. Insiste en que no hay nada definido excepto una cosa: Patricia en la Ciudad, Diego Santilli en la Provincia. 

El ministro de Interior hizo los deberes, se ganó la confianza de Karina y, a cambio, la hermana presidencial comenzó a presentarlo en las reuniones privadas como “el futuro gobernador de la Provincia”. Fue uno de los primeros en llegar al Congreso cuando Adorni expuso y fue el único ministro que se quedó, observando desde los palcos, hasta el final de la sesión. Cuando Macri se enfurece con Milei y lo cuestiona en público, Santilli no va a las reuniones. Se cuida, se mueve con cuidado, y Karina toma nota. 

La gran apuesta del PRO bonaerense, que lidera la dupla Santilli-Cristian Ritondo, es posicionarse como la principal oferta electoral contra el peronismo en 2027. Con el aval de Milei y el ahogo financiero de la Provincia, Santilli y Ritondo están convencidos de que un acuerdo con LLA es la puerta de entrada a volver a gobernar la Provincia. Ya no con María Eugenia Vidal a la cabeza, sino ellos mismos. Ellos, los primeros impulsores de la alianza electoral en 2025 y los equilibristas con el macrismo residual que se resiste a fusionarse con LLA.

Santilli y Ritondo juegan, sin embargo, un juego delicado. La estrategia de Macri de confrontar con el Gobierno pone en peligro su alianza con Milei, por lo que su trabajo de equilibristas siempre está tensionado por los dos polos. Aunque desde roles distintos. Santilli, a quien el Gobierno presiona para que se termine de afiliar a LLA, no puede diferenciarse del gabinete que integra. Pero Ritondo sí, y así lo ha hecho en el último par de semanas, marcando su distancia de Adorni a modo de llamado de atención al oficialismo. 

Este martes, Ritondo encabezará una cumbre del PRO bonaerense en la sede del partido sobre la calle Balcarce. Por primera vez desde que es ministro del Interior, Santilli se movilizará al partido y participará del encuentro con otros referentes territoriales bonaerenses. Los intendentes llevarán sus reclamos por el recorte de la obra pública, pero, en el fondo, lo que se discutirá será otra cosa: el estado de situación de la alianza con el Gobierno. 

Entre pases de factura y amenazas de ruptura, Ritondo y Santilli harán lo que siempre hacen: equilibrio.

MCM/CRM

A solo dos días del tratamiento de la reforma laboral en el Senado, el Gobierno volvió a mover fichas en el tablero de las provincias. El ministro del Interior, Diego Santilli, recibió este lunes en la Casa Rosada al gobernador de Chaco, Leandro Zdero, uno de los aliados más firmes del oficialismo en el interior. El mandatario ingresó por el Salón de los Bustos pasadas las 10 y se dirigió a las oficinas del área política ubicadas en la planta baja, en una visita que, en Balcarce 50, leyeron como parte de la ronda final de contactos antes de la votación.

Después del encuentro con Santilli, Zdero mantuvo también una reunión con el armador político Eduardo “Lule” Menem en sus oficinas del primer piso. El ministro del Interior llegó a la Casa Rosada tras intercambiar algunas palabras con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien partía hacia el Ministerio de Seguridad. La secuencia reflejó el movimiento coordinado del oficialismo sobre el frente político, en momentos en que el Gobierno busca consolidar apoyos para garantizar el resultado en el Senado.

Santilli y Zdero coincidieron en subrayar la necesidad de que el Congreso avance con la aprobación de la reforma laboral. “Va a impulsar la llegada de inversiones privadas a cada provincia, lo que se traducirá en más empleo y en un incremento de la productividad”, destacaron tras la reunión, según deslizaron fuentes del entorno del minsitro del Interior. En la misma línea, remarcaron que “avanzar en una nueva ley laboral es importante porque las recetas del pasado nos llevan a los mismos resultados de siempre”.

No se trató del primer contacto entre Santilli y el gobernador en lo que va del año. Ambos ya se habían reunido el 12 de enero en la provincia de Chaco, donde el gobernador radical había expresado públicamente su respaldo al proyecto de reforma laboral impulsado por Javier Milei. En aquella oportunidad, también coincidieron en la necesidad de fomentar la creación de empleo y acompañar el desarrollo productivo. Zdero había señalado entonces que el rumbo económico del Gobierno y la iniciativa laboral apuntaban a reducir el riesgo país y consolidar el deficit cero, en una línea de sintonía política con la Casa Rosada.

El gobernador de Chaco, que ya suma más de 25 ingresos a la Casa Rosada desde la asunción de Milei, se convirtió en uno de los interlocutores más frecuentes del oficialismo en el interior. En el Gobierno destacan su alineamiento político y su rol dentro del grupo de mandatarios que, aun con reservas, optaron por acompañar la reforma o evitar confrontar abiertamente con el Ejecutivo.

Es que, más allá del respaldo político, la discusión que hoy atraviesa el vínculo con los gobernadores es fiscal. En el Gobierno reconocen que la baja del Impuesto a las Ganancias es uno de los puntos más sensibles del paquete y saben que genera preocupación tanto en mandatarios aliados como opositores por el impacto sobre los recursos provinciales.

En ese marco, según comentaron a elDiarioAR fuentes informales, algunos gobernadores habrían propuesto postergar la reducción durante dos años y aplicarla en etapas, a través de un proyecto fiscal separado de la reforma laboral. La alternativa buscaría aliviar el costo inmediato sobre las arcas locales sin romper el alineamiento político con la Casa Rosada. Sin embargo, nadie confirmó oficialmente este planteo, por lo que el tema sigue en discusión y forma parte de la negociación de último momento previa al debate en el recinto.

La ronda federal de Santilli

La visita de Zdero se inscribe en una secuencia más amplia de gestiones que el ministro del Interior viene desplegando desde comienzos de año para asegurar el respaldo político a la reforma. Santilli abrió su ronda federal en Chaco, donde obtuvo el apoyo explícito del propio Zdero, y luego continuó con encuentros con el salteño Gustavo Sáenz, el tucumano Osvaldo Jaldo y el catamarqueño Raúl Jalil, tres gobernadores clave en el poroteo legislativo. La gira incluyó además visitas a San Juan, donde se reunió con Marcelo Orrego, y a Mendoza, con el radical Alfredo Cornejo, ambos alineados con el oficialismo en la discusión por la “modernización” laboral.

En la Casa Rosada sostienen que el escenario parlamentario está, en términos generales, encaminado. El oficialismo trabaja para garantizar el quórum y una mayoría que supere los 37 votos necesarios, con la expectativa de acercarse a los 40 apoyos si se mantiene ordenado el respaldo de los legisladores vinculados a gobernadores aliados. En ese cálculo, el rol de las provincias no solo pasa por el voto sino también por asegurar presencia en el recinto, un factor que el Gobierno considera determinante para evitar sorpresas en la sesión.

La lectura política del oficialismo sobre los mandatarios es clara: la mayoría prefiere negociar recursos antes que confrontar abiertamente con Milei, y evita quedar alineada con la CGT en un conflicto que consideran ajeno a sus prioridades fiscales. En Balcarce 50 creen que el costo político de romper con el Gobierno es hoy más alto que el de acompañar la reforma, lo que explica el repliegue de sectores del peronismo dialoguista.

Con el frente sindical contenido y la negociación con las provincias en su tramo final, el oficialismo entra en la recta decisiva hacia la sesión del Senado. En el Gobierno confían en que el respaldo provincial seguirá ordenado y que el resultado de la votación dependerá menos de las dudas parlamentarias que de la capacidad del Ejecutivo para sostener el equilibrio político construido en las últimas semanas.

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En la Casa Rosada el martes transcurre otra vez en clave de gobernadores y la reforma laboral en el centro. Mientras Javier Milei se mantiene al margen de la escena cotidiana, el jefe de Gabinete Manuel Adorni recibió al filo del mediodía al pampeano Sergio Ziliotto, escoltado por el ministro del Interior Diego Santilli, en una reunión que estuvo a punto de no ocurrir: se postergó dos veces en las últimas semanas, primero por el clima áspero que golpeó a La Pampa y después por cuestiones de agenda.

Al salir del encuentro, en el Patio de las Palmeras, Ziliotto buscó correrse del eje estrictamente legislativo y explicó que el encuentro estuvo atravesado por un planteo que La Pampa viene sosteniendo desde hace más de un año: avanzar en “un esquema de trabajo y aporte conjunto” para que unos “600 kilómetros de rutas nacionales pasen a la provincia” e integrar así “un corredor de 1400 kilómetros” que permita mejorar la infraestructura vial.

El gobernador remarcó que se trata de un pedido formulado desde enero de 2025 y que cualquier traspaso deberá contemplar “el aporte que corresponde al Gobierno nacional”, y aseguró que ambas partes quedaron en “seguir trabajando en eso”. En paralelo, ratificó su distancia política con la Casa Rosada: dijo que su administración es “crítica del modelo económico social del Gobierno”, que lo respeta “porque estamos en democracia”, pero que no acompaña “estas reformas que plantean”.

El encuentro, que duró poco más de una hora, condensa el momento político del Gobierno. La Libertad Avanza necesita sumar voluntades para empujar en el Congreso la reforma laboral, uno de los proyectos que Milei quiere convertir en bandera durante las sesiones extraordinarias. En Casa Rosada admiten que el cronograma legislativo se acelera y que el Senado podría ser el primer escenario, con una eventual sesión el miércoles 11 de febrero.

Santilli es, en ese esquema, el ejecutor territorial. En las últimas semanas convirtió al Ministerio del Interior en una especie de oficina itinerante: recorrió Chubut, Chaco, Mendoza, San Juan, Salta, Neuquén, Entre Ríos y Corrientes, además de reunirse con gobernadores como Alberto Weretilneck (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca). El objetivo es simple y complejo a la vez: construir, provincia por provincia, una red de respaldos mínimos para que la reforma no quede atrapada en la aritmética parlamentaria.

Pero Ziliotto no es un gobernador más en esa lista. Peronista, opositor, reticente al vínculo con Milei, llega a Casa Rosada con una agenda propia que excede la reforma laboral. El eje de la charla es monitorear los pagos que Nación realiza a La Pampa luego del acuerdo por la deuda con su caja jubilatoria, un reclamo que el mandatario ubica en torno a los 400.000 millones de pesos. La provincia es una de las 14 que no transfirió su sistema previsional a la Nación y denuncia que la ANSES no actualiza los desembolsos mensuales correspondientes al déficit.

Días atrás, Ziliotto ya había dejado en claro cuál es su posición frente al proyecto de reforma laboral que impulsa Milei: sostuvo que el Gobierno nacional conoce de antemano su postura y que una transformación de ese calibre “no puede salir en tan poco tiempo”, sobre todo “sin tomar en cuenta lo que dicen las PYMEs y el sindicalismo”, a los que, según remarcó, el oficialismo mantiene “afuera” de la discusión.

El gobernador, además, se ubica deliberadamente en el lote de los mandatarios que desde el inicio marcaron una frontera con el mileísmo. No firmó el Pacto de Mayo, no acompañó ninguna de las iniciativas centrales del oficialismo y mantiene una posición crítica de conjunto sobre el rumbo del Gobierno, en línea con figuras como Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa) o Ricardo Quintela (La Rioja).

Aun así, a diferencia de otros gobernadores enfrentados de lleno con Milei, Ziliotto logró construir un vínculo utilitario con el oficialismo. Ese canal permitió cerrar en diciembre un acuerdo por la deuda previsional, con mediación de la Corte Suprema incluida. El Gobierno se comprometió a desembolsar $62.500 millones como financiamiento provisorio: un pago inicial de $2.500 millones y luego doce cuotas consecutivas de $5.000 millones desde enero de 2026, con una porción destinada también a municipios y comisiones de fomento.

Es que, desde La Pampa, la reunión es leída como una instancia estrictamente utilitaria, casi administrativa. En el entorno de Ziliotto no hay expectativa política sobre Santilli ni interés real en la reforma laboral que el Gobierno intenta empujar en extraordinarias. La visita, en ese sentido, no se interpreta como un gesto de acercamiento sino como un recordatorio: antes de discutir proyectos estructurales, la Casa Rosada debería cumplir con compromisos concretos que ya fueron prometidos y que siguen sin resolverse.

La reunión de este martes, entonces, fue menos una postal de acercamiento que un ejercicio de pragmatismo mutuo. Santilli busca mostrar que la Casa Rosada todavía puede tender puentes incluso con gobernadores opositores, mientras las provincias llegan con la calculadora fiscal en la mano. En el fondo, la escena vuelve a exponer la tensión central del mileísmo en su tercer año: un gobierno que quiere reformar estructuralmente el país desde el Congreso, pero que necesita negociar cada voto como si fuera una transferencia pendiente.

Así y todo, La Libertad Avanza busca mostrar que esa negociación no se agota en los despachos de Balcarce 50. Este sábado Milei viajará a Santa Fe para participar del acto por el aniversario de San Lorenzo y el homenaje al sable corvo, una visita en la que, según confirmaron fuentes oficiales, mantendrá al menos un encuentro protocolar con el gobernador Maximiliano Pullaro, uno de los mandatarios que sí se muestra a favor de avanzar con una reforma laboral.

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En la Casa Rosada tomaron una decisión que ordena la estrategia, pero también expone el conflicto: la reforma laboral llegará al recinto del Senado tal como fue dictaminada, sin cambios previos. Con las sesiones extraordinarias de febrero iniciadas formalmente este lunes, el Gobierno buscará no reabrir la discusión en comisión y trasladar cualquier intento de modificación al momento más crudo del debate, cuando los números se cuentan voto por voto. La disputa con los gobernadores quedaría así planteada a cielo abierto, en una semana que el oficialismo considera clave para avanzar con el temario legislativo.

La definición busca evitar lo que en Balcarce 50 describen como una señal de debilidad. Reabrir el texto dictaminado en diciembre antes de tiempo, sostienen, solo alimentaría la presión de los mandatarios provinciales que reclaman cambios en el capítulo tributario, en particular en la rebaja del impuesto a las Ganancias para sociedades, que impacta de lleno en recursos coparticipables. “Si quieren cambiarlo, que junten los votos en el recinto”, deslizan sin matices fuentes del oficialismo.

La disputa de fondo sigue siendo fiscal y federal. Los mandatarios provinciales vienen reclamando escalonar la reducción de alícuotas o establecer mecanismos de compensación por la pérdida de recursos. El Ejecutivo, por ahora, se niega a incorporar esos planteos en el texto y apuesta a sostener el dictamen como una bandera: llegar al Senado sin haber cedido, obligar a los gobernadores a mostrar su fuerza y negociar solo cuando el costo de romper sea más alto. Aún sin confirmación oficial, en las provincias analizan la posibilidad de reunirse el mismo miércoles en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para ordenar y centralizar los reclamos.

Pero la tensión no es solo con las provincias sino que también atraviesa al propio Gobierno. En el ala dura del oficialismo, empujada por el ministro de Economía Luis “Toto” Caputo, se impone la postura de avanzar sin concesiones. El argumento es siempre el mismo: aceptar cambios en Ganancias implicaría desnaturalizar uno de los ejes del proyecto y abrir la puerta a una lógica de compensaciones paralelas que el mileísmo rechaza como parte de su relato fiscal, pese a que llegado el caso no tiene problema en abrir la billetera.

Es que la discusión, además, es identitaria. ¿Hasta dónde puede ceder un gobierno que hizo de la pureza fiscal un relato fundacional sin parecer que vuelve a la lógica de la “rosca” que prometió combatir? En el oficialismo conviven esas dos pulsiones: la épica de no negociar nada y el pragmatismo inevitable de un Congreso fragmentado.

En ese escenario, Patricia Bullrich se mueve como la jefa. La exministra de Seguridad asumió el rol de armadora del Senado. Recibe reclamos y acumula observaciones de aliados, además de administrar la mayoría como si la ley ya estuviera aprobada. Ya habla en primera persona de “los 44”: todos los senadores salvo los 28 del peronismo, un cálculo optimista que funciona como mantra interno para sostener que el proyecto, al menos en general, tiene los votos. En ese marco, Bullrich convocó para este martes a una reunión con legisladores radicales con la idea de supervisar ese bloque de respaldo.

En paralelo, el rol de Diego Santilli se volvió central como embajador ante las provincias. Después de un enero de recorridas federales y reuniones con siete gobernadores, el ministro del Interior arranca la semana con encuentros de trabajo para medir el poroteo fino. En su entorno aseguran que el funcionario dedicará estos días a seguir de cerca las negociaciones en el Congreso en la previa al tratamiento que el oficialismo espera para el próximo miércoles 11 de febrero en la Cámara Alta, aunque por ahora no tenía gobernadores agendados para esta semana. Su tarea es atender los reclamos provinciales e instrumentar soluciones con la limitación monetaria que impone Economía.

En la Casa Rosada creen que la intransigencia programática es la única forma de no perder la iniciativa. Pero también saben que en el Senado las leyes no se aprueban con desafío sino con números. Por eso, la mesa política volverá a reunirse este miércoles para dar inicio formal al operativo de conquista de voluntades que el Gobierno apuesta a desplegar durante las próximas semanas. Será la cuarta reunión del año convocada por el jefe de Gabinete Manuel Adorni, con la presencia de Karina Milei y el resto de los miembros del núcleo duro de La Libertad Avanza.

El optimismo es lo que prima puertas adentro del Gobierno a la hora de pensar en el futuro del paquete legislativo que se tratará en extraordinarias: las modificaciones a la Ley de Glaciares, el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea y la Ley Penal Juvenil, que el oficialismo espera que obtenga media sanción en febrero para avanzar con su aprobación completa después del 1° de marzo. Pero la reforma laboral, proyecto madre del período, será también el escenario donde el mileísmo deberá decidir hasta dónde puede sostener su pureza fiscal sin quedarse, simplemente, sin votos.

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El ministro del Interior, Diego Santilli, desembarcó este viernes en Corrientes para reunirse con el gobernador Juan Pablo Valdés, en una nueva escala de su gira federal en busca de respaldos para la reforma laboral que el Gobierno pretende votar en el Senado el 11 de febrero. La visita llegó apenas un día después de su participación en la Casa de Salta, donde se sumó a la cumbre de mandatarios dialoguistas y luego volvió a Balcarce 50 para integrar la mesa política que terminó de definir la estrategia oficial frente al reclamo provincial por la Emergencia Ígnea.

Con Corrientes, Santilli suma otra provincia a una gira que en enero ya lo llevó por Chubut, Chaco, Mendoza, San Juan, Salta, Neuquén y Entre Ríos, en un esquema que en la Casa Rosada describen como un poroteo territorial: cada foto, cada reunión y cada gesto apuntan a consolidar una mayoría parlamentaria que permita aprobar la reforma sin que se empantane en la negociación fina por Ganancias y coparticipación.

El encuentro con Valdés se realizó en la Casa de Gobierno provincial, donde ambos destacaron las acciones conjuntas articuladas entre Nación y provincia y coincidieron en la necesidad de que el Congreso avance con la “modernización laboral”. “Ningún gobernador puede estar en contra de una ley que busca generar empleo privado, aumentar la productividad y las inversiones para las provincias y la Argentina”, sostuvo Santilli, reforzando la línea discursiva que viene repitiendo en cada escala de su agenda federal.

Valdés, por su parte, acompañó el planteo, aunque con matices. “Tenemos que modernizar nuestro sistema laboral. Es altamente positivo que se discuta la modernización laboral sin poner en riesgo los derechos de los trabajadores”, afirmó el mandatario correntino. Y agregó: “Hay una apuesta del gobierno nacional a que el mercado laboral crezca. Es una normativa nueva que busca generar más trabajo de acá para adelante”.

Corrientes es, además, una parada estratégica por su peso en la Cámara alta. Valdés mantiene diálogo con sus representantes legislativos para pulir una posición común y tiene influencia sobre tres senadores: Eduardo Vischi y María Valenzuela, de la Unión Cívica Radical, y el peronista Carlos “Camau” Espínola, que en los últimos meses se acercó al oficialismo provincial. En un Senado de paridad ajustada, ese puñado de votos puede ser decisivo en la votación en particular, donde se juegan los artículos más sensibles del proyecto.

De hecho, el propio Valdés ya había anticipado días atrás que hay aspectos de la reforma que le generan inquietud. “Tenemos que ver los pro y los contras y, principalmente, si no se vulneran los derechos de los trabajadores”, dijo en declaraciones radiales, y advirtió también que “viene baja la coparticipación”, un mensaje que resume el clima de cautela con el que las provincias acompañan, pero negocian.

En paralelo, Santilli le adelantó al gobernador que el Gobierno nacional enviará Aportes del Tesoro Nacional por $3.000 millones a Corrientes, en el marco de la asistencia solicitada para paliar la crisis por las inundaciones que afectan a municipios como San Luis del Palmar, San Roque y Santa Lucía. En un contexto donde los gobernadores reclaman compensaciones por el impacto fiscal del artículo que baja el impuesto a las Ganancias para las empresas, los ATN vuelven a funcionar como una señal política adicional en la negociación con las provincias.

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La mesa política de la Casa Rosada terminó este jueves pasadas las 13 con una definición de urgencia: el Gobierno avanzaría con un DNU para declarar la Emergencia Ígnea e incrementar partidas presupuestarias destinadas al combate del fuego en la Patagonia, (algo que se materializó este viernes con la publicación del DNU 73/2026 en el Boletín Oficial). La decisión, acordada en medio de la presión de los gobernadores del sur, se coló en el corazón de una reunión que en teoría estaba dedicada al sprint final de las negociaciones por la reforma laboral, el proyecto madre de febrero.

Al igual que el lunes pasado, Karina Milei encabezó el encuentro desde el mediodía en el despacho del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, rodeada del núcleo que hoy administra la agenda política del Gobierno: el asesor Santiago Caputo; el ministro del Interior, Diego Santilli, encargado del puente con los gobernadores; la senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario en la Cámara alta; Ignacio Devitt, secretario de Asuntos Estratégicos; y Martín Menem, presidente de Diputados, conectado de manera virtual.

El temario formal era el de siempre. Pero en la sala flotaba otra urgencia, todavía no anunciada públicamente: qué hacer con la emergencia por los incendios. La posibilidad de incluir una Declaración de Emergencia Ígnea para ser tratada en sesiones extraordinarias fue uno de los puntos centrales del encuentro, luego de que cinco provincias afectadas por el fuego reclamaran el martes que el Congreso tome cartas en el asunto, aunque la discusión terminó cerrándose con la decisión de resolverlo por DNU, fuera del temario parlamentario.

El decreto que firmó Milei declara la Emergencia Ígnea en las provincias del Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa por el plazo de un año “con el fin de adoptar las medidas que resulten necesarias para propiciar y atender con carácter inminente la presupresión y combate de incendios, la restauración de las zonas afectadas y la prevención de nuevos focos”.

La última vez que se había declarado la Emergencia Ígnea había sido a través del Decreto 2/2023 firmado por Alberto Fernández, que tuvo vigencia hasta el 13 de enero de 2024.

La Casa Rosada intentó mostrar movimiento antes de decidir. Admiten que el fuego se convirtió en un problema político. No porque cambie la lógica fiscal del mileísmo, sino porque expone un límite: el ajuste no sirve como explicación cuando las llamas avanzan. En la madrugada del jueves apareció en el Boletín Oficial la Resolución 91/2026 del Ministerio de Seguridad, conducido por Alejandra Monteoliva, que refuerza el financiamiento del sistema de Bomberos Voluntarios. Más de $100.810 millones distribuidos entre 1.062 asociaciones, partidas para federaciones provinciales, fondos para capacitación. La resolución había sido firmada el martes por la tarde, el mismo día en que los gobernadores del sur reclamaron formalmente la emergencia.

No fue casualidad, aunque en el Gobierno se apuren a aclarar que el pedido no fue el disparador. Fue, más bien, una forma de amortiguar el golpe. En Chubut, además, se confirmó una transferencia por $4.000 millones en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). En Balcarce 50 nadie lo dice en voz alta, pero todos lo saben: los incendios también se negocian. La emergencia ígnea, en ese sentido, empezó a leerse como un gesto componedor: una ficha para aceitar el vínculo con mandatarios que serán decisivos cuando llegue la votación fina de febrero.

Porque detrás del fuego está la otra discusión, la que de verdad le importa a la Casa Rosada. La reforma laboral que Milei quiere votar el 11 de febrero en el Senado sigue en pie, pero está en discusión si saldra intacta. Como publicó elDiarioAR, en eso coinciden peronistas kirchneristas y libertarios con vocación negociadora, como Santiago Caputo o la propia Bullrich: la ley va a salir, pero no sin cambios. Lo repiten con resignación unos y con desafío otros.

El nudo es Ganancias. La rebaja del impuesto para empresas incluida en el proyecto es vista por los gobernadores como un golpe directo a la coparticipación, y en la mesa política ya se discute si habrá algún mecanismo de compensación o si el Gobierno sostendrá la reforma sin anestesia, aun a riesgo de tensar el vínculo con las provincias aliadas. En paralelo, los gobernadores de Tucumán, Salta y Jujuy denunciaron a la transportadora Transnoa por “negligencia y falta de inversión” tras apagones masivos que afectaron a más de 900.000 usuarios y reclamaron al ENRE auditorías y sanciones.

Santilli llegó a la reunión de este jueves con esa agenda marcada por sus recorridas federales y después de haber pasado por la Casa de Salta, donde se reunió por la mañana con los gobernadores dialoguistas en el sprint final de las negociaciones. En el oficialismo lo describen como el traductor del humor provincial: el que escucha el reclamo, mide el costo y vuelve a Balcarce 50 con el poroteo en la mano, en un momento en que cada voto se negocia como parte de un paquete mayor.

El problema es que dentro del Gobierno conviven dos impulsos. Está el ala pragmática, que entiende que el Senado es una mesa con patas provinciales y que hay que ceder para ganar. Y está la línea dura, encarnada por el ministro de Economía Luis “Toto” Caputo, que insiste en avanzar con el texto tal como fue dictaminado: sin concesiones por Ganancias, sin concesiones a la CGT, sin concesiones a nadie. El tironeo atraviesa cada párrafo del proyecto.

Bullrich, mientras tanto, se mueve como si la ley ya estuviera aprobada. Delegó en su asesora Josefina Tajes la recepción de reclamos sindicales y empresariales, y se concentra en coordinar una mayoría que ella misma bautizó como “los 44”: todos menos los 28 del peronismo. Radicales, PRO, provinciales, aliados sueltos. Un cálculo optimista, pero posible.

El número funciona como un mantra: una mayoría imaginada que ordena el optimismo oficialista, aunque todos saben que en el Senado los acuerdos no se firman con discursos sino con concesiones. La votación en particular será el campo de batalla. Allí se jugará el verdadero partido: cuánto pierde cada provincia por Ganancias, cuánto está dispuesto Milei a ceder, cuánto puede soportar el Gobierno sin romper su relato de pureza fiscal.

PL

El anuncio pasó desapercibido, casi como la gran mayoría de los movimientos internos en el PRO desde que el partido quedó subordinado a La Libertad Avanza. Fernando de Andreis, la mano derecha de Mauricio Macri, pasará a ocupar la secretaría general del PRO. Un repliegue del macrismo sobre el macrismo en un contexto en que el partido pelea por su supervivencia con un solo objetivo: fortalecerse lo suficiente para evitar que LLA lo termine de desaparecer del mapa.

Después de años de jugar tras bambalinas para proteger los intereses de Macri, De Andreis da un paso adelante. El ex secretario General de la Presidencia de Macri será el nuevo secretario del PRO, un cargo que ostentaba el santiagueño Facundo Pérez Carletti y del que fue desplazado con el objetivo de centrar la interlocución del partido en Macri. Fue su idea y Macri, que está corrido de la agenda política y dedica sus días a recorrer Europa tras el anuncio de su separación con Juliana Awada, estuvo de acuerdo.

Para Pérez Carletti hubo una salida elegante, no como con el bullrichista Damián Arabia, que fue expulsado de la vicepresidencia del PRO por el propio santiagueño con un llamado telefónico que terminó en una pelea a cielo abierto en las redes sociales. Después de eso, Arabia hizo el pase a LLA y se llevó consigo a unos 8 diputados. En el caso de Perez Carletti, en cambio, se emitió un comunicado y se declaró que la partida era “consensuada” porque había elecciones en Santiago del Estero y Pérez Carletti, que es legislador, quería competir por la intendencia de la capital. 

En el fondo lo que hay es un reordenamiento interno del PRO, que este año tiene por delante el desafío de reorganizar el partido a nivel nacional si quiere competir en 2027. Con cinco provincias intervenidas –Tucumán, Córdoba, Tierra del Fuego, Salta y Corrientes–, un derrumbe de la intención de voto y una dirigencia que se divide entre irse a LLA o a Provincias Unidas, el PRO coquetea con la disolución territorial. Lo sostienen la Ciudad de Buenos Aires y Chubut, en donde gobierna el PRO, y la perspectiva de poder cerrar un acuerdo con LLA en la Provincia de Buenos Aires. 

“Estamos todos viendo cómo hacer para sobrevivir algo que está muriendo”, repite, cada vez que puede, un peso pesado del PRO que observa, con sorna, cómo ni Macri ni sus alfiles se muestran muy preocupados por rescatar lo que queda del partido. Un reflejo de eso es la ausencia de candidatos presidenciales o de un proyecto político de cara a 2027: solo una lógica conservacionista de retener las provincias que gobierna y evitar nuevas fugas. 

“Si fuéramos el peronismo tendríamos cinco candidatos presidenciales, pero no tenemos ni uno. El PRO tiene que recomponer la confianza interna y recuperar la ambición. Tiene que recuperar la memoria de competir”, analiza Martín Yeza, uno de los pocos dirigentes amarillos que habla de poner candidatos a competir en 2027, en diálogo con elDiarioAR. 

Más allá de Yeza —y, de manera intermitente, de María Eugenia Vidal o Ignacio Torres—, casi no hay referentes del PRO que planteen una estrategia electoral por fuera de LLA. Incluso Jorge Macri, que delegó en Daniel “Tano” Angelici el control político de la Ciudad con la expectativa de buscar la reelección como jefe de Gobierno, apuesta a cerrar un acuerdo con Karina Milei. En el PRO porteño insisten en que el objetivo inmediato es fortalecerse para llegar mejor posicionados a esa negociación

“Todos saben que el negocio del PRO es existir. Un PRO no competitivo es malo para todos, sea para el ‘Colo’ (Santilli), Cristian (Ritondo) o Jorge (Macri)”, admite un referente del partido amarillo.

Karina quiere un libertario

Hay un problema en los cálculos de supervivencia del partido amarillo, y es que Karina Milei ya advirtió que, en 2027, quiere un libertario puro encabezando la boleta en provincia de Buenos Aires y la Ciudad. No quiere candidatos prestados, como lo fue Diego Santilli tras la caída en desgracia de José Luis Espert por su vínculo con “Fred” Machado, que reveló eldiarioAR. Reivindicada por la victoria electoral de octubre, Karina demanda que los aliados se sumen a LLA si desean ser los candidatos de Javier Milei. 

“Karina no le va a dar nada al PRO. El que no pase se queda afuera”, advierte un ex dirigente amarillo que ya hizo el pase a LLA hace más de un año. 

En el PRO advierten esta letra chica, y las formas de lidiar con la exigencia de la hermanísima dividen al partido. El bulrichismo, por un lado, ya mutó de piel y se mueve como un libertario más. Patricia Bullrich, por ejemplo, tiene la expectativa de ser la candidata libertaria por la Ciudad de Buenos Aires. Su plan es disputarle a Macri la Jefatura de Gobierno porteño, pero sostiene, en paralelo, un Plan B: la vicepresidencia de la Nación. 

El ritondismo bonaerense, mientras tanto, hace malabares. Santilli no suelta su ambición por la Gobernación bonaerense, pero no anticipa sus planes. Prefiere oficiar de embajador de Milei en las provincias: recorre el país y se reúne con gobernadores y legisladores, todo con el objetivo de sumar los votos que necesita el Gobierno para aprobar sus reformas. El ministro de Interior mantiene un vínculo estrecho con Karina Milei y sostiene, a su vez, su larga relación con Cristian Ritondo. No esconde su origen PRO, pero busca dejarle en claro a los Milei que él les tributa a ellos.

Karina, sin embargo, exigirá un gesto. Así lo afirman quienes la conocen (entre los que hay varios ex PRO que tuvieron que rendir pleitesía al “Jefe”). En las fuerzas del cielo están conformes con las gestiones de Santilli, no solo con los gobernadores sino con su propio partido, con el cual debe oficiar de intermediario (como cuando Ritondo se enfureció con Martín Menem por sellar un acuerdo con el kirchnerismo por la Auditoría General de la Nación). 

Pero pese a la buena relación, en LLA anticipan que le demandarán que oficialice su pase a las fuerzas del cielo. Es la única manera: Karina no admite socios, sino afiliados.

MCM/MG

Luego de días atravesados por suspensiones y reacomodamientos de agenda, el ministro del Interior, Diego Santilli, retomó desde este jueves su gira por las provincias, una hoja de ruta clave para el Gobierno en la antesala del tratamiento de la reforma laboral. Las modificaciones estuvieron marcadas por problemas meteorológicos y por la situación en la Patagonia, pero en Balcarce 50 aseguran que el cronograma federal sigue en pie y se intensificará en los próximos días.

El itinerario volvió a tomar ritmo hoy por la mañana, cuando Santilli viajó a Mendoza para reunirse con el gobernador Alfredo Cornejo. Por la tarde, el ministro también se trasladó a San Juan, donde mantuvo un encuentro con el mandatario provincial Marcelo Orrego. Ambos contactos forman parte de la ronda de conversaciones con gobernadores que el Ejecutivo impulsa antes del debate legislativo de la reforma laboral.

En Mendoza, Santilli fue recibido por Cornejo y por el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, con quienes recorrió las obras de ampliación del Metrotranvía y su futura conexión con el Aeropuerto Internacional El Plumerillo. La infraestructura vial ocupó un lugar central en la conversación. “Mañana va a estar el ministro del Interior y vamos a reclamarle las tres grandes rutas que quedan a su cargo”, había señalado el mandatario en la previa, con especial énfasis en la ruta nacional 7, clave para la conexión con Chile. “Entendemos que para marzo debería estar licitada y, si no, mañana intentaremos tener información al respecto”, remarcó.

El gobernador mendocino amplió además sus reclamos a la Nación y pidió avanzar con la finalización del primer tramo de la doble vía a San Juan, entre el aeropuerto y la entrada a Lavalle. A eso sumó la necesidad de obras en la ruta 40, en el sur provincial, vinculadas al desarrollo minero y al petróleo no convencional, en particular el puente desde Bardas Blancas, en Malargüe, hasta el límite con Neuquén, una obra que, según afirmó, permitiría potenciar la logística y la actividad productiva.

Durante la reunión, Santilli y Cornejo coincidieron en la necesidad de sostener una agenda de trabajo conjunta y dialogaron sobre la importancia de darle tratamiento a la reforma laboral durante las próximas sesiones extraordinarias del Senado. “No creo que ningún gobernador pueda estar en contra de una reforma laboral en la Argentina”, afirmó el ministro del Interior, al sostener que avanzar en un nuevo marco normativo es clave para generar empleo, dar previsibilidad al sector productivo y acompañar el crecimiento económico en todo el país.

Por su parte, el gobernador mendocino subrayó que se trata de una reforma “relevante para que las empresas puedan tomar más empleo y para que más trabajadores se incorporen a la economía formal”. En ese sentido, reconoció que una baja de impuestos puede implicar menos recaudación en el corto plazo, pero defendió el enfoque de la ley e incluso reclamó un mayor endurecimiento del proyecto. “La reforma se quedó corta porque creo que en algunos puntos se concedió demasiado al sindicalismo y a la CGT. Yo hubiera avanzado más a fondo”, afirmó recientemente Cornejo en declaraciones a un medio local, una posición que lo ubica entre los gobernadores más alineados con la iniciativa del Ejecutivo.

Horas más tarde, durante su paso por San Juan, Santilli mantuvo un encuentro con el gobernador Marcelo Orrego, quien se mostró predispuesto a “encontrar los consensos necesarios para debatir el proyecto” de reforma laboral y puso el acento en “la importancia de que esa ley apunte a que en la Argentina se genere más empleo privado y crecimiento para todas las provincias”, en sintonía con los objetivos planteados por la Casa Rosada.

Gira federal

Santilli viene de mantener el lunes pasado una reunión en Chaco con el gobernador Leandro Zdero, que funcionó como punto de arranque formal de la ronda federal que el Gobierno activó tras la aprobación del Presupuesto 2026. A ese encuentro se sumó, días después, la primera visita a Chubut, donde el ministro trabajó junto al gobernador Ignacio Torres en la coordinación del despliegue nacional frente a los incendios forestales. En la Casa Rosada leen esa secuencia como parte de una estrategia más amplia: recomponer el vínculo con los mandatarios provinciales, ordenar la agenda territorial y llegar al debate en el Congreso con un mapa político más previsible.

Pero la gira tuvo algunos percances. La primera suspensión formal de la semana fue la reunión prevista para el martes con el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, que debió postergarse por una alerta meteorológica en la provincia. Lluvias intensas y caída de granizo impidieron el despegue del avión oficial, en un escenario de alerta amarilla. El encuentro fue reprogramado y quedó confirmado para este viernes a las 14 en la Casa Rosada, según informaron fuentes oficiales.

También quedó postergada la segunda visita que Santilli tenía prevista a Chubut. El ministro ya había estado allí la semana pasada junto a Torres, coordinando de manera mancomunada el despliegue territorial de las fuerzas nacionales que actúan en la zona. Este miércoles, Santilli se comunicó telefónicamente con el mandatario chubutense, quien le solicitó reprogramar la recorrida debido a los anuncios de lluvias en las áreas afectadas por los incendios. Desde el Gobierno nacional señalaron, además, que se avanzará con el giro de fondos para acompañar a la provincia en el marco de la emergencia.

El viernes, además de concretar finalmente la reunión con Ziliotto en la Casa Rosada, Santilli acompañará al presidente Javier Milei al festival de doma y folklore de Jesús María, en Córdoba, una actividad prevista en la agenda presidencial del fin de semana y leída en el oficialismo como un gesto político hacia el interior del país.

La semana próxima, en tanto, el ministro del Interior volverá a subirse a un avión: el lunes viajará a Salta, donde tiene previsto reunirse con el gobernador Gustavo Sáenz. El encuentro se inscribe en la misma lógica que ordena toda la gira: consolidar el diálogo con las provincias y despejar el terreno político antes de que la reforma laboral llegue al Congreso.

Es esa agenda federal la que cruza la negociación legislativa que el Gobierno busca ordenar antes de febrero. Con las sesiones extraordinarias a la vuelta de la esquina, en la Casa Rosada saben que el margen de éxito dependerá del humor de los gobernadores y del impacto fiscal del proyecto de “modernización laboral”, especialmente en los puntos que afectan la coparticipación. En ese esquema, la gira de Santilli funciona como una instancia previa de alineamiento político: medir resistencias, ofrecer gestos y llegar al Congreso con una mayoría lo más trabajada posible, en un escenario donde cada voto vuelve a contarse con lupa.

PL / NB

Con la reforma laboral en el centro de la agenda y febrero marcado en rojo en el calendario, el ministro del Interior, Diego Santilli, profundiza esta semana su gira por las provincias, una hoja de ruta que combina negociación política con presencia territorial en medio de la emergencia por los incendios en la Patagonia. El despliegue se inscribe en la segunda etapa del plan legislativo del Gobierno, activada tras la aprobación del Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal, y apunta a llegar al inicio del debate parlamentario con un mapa de apoyos más despejado.

La agenda inmediata prevé que Santilli visite este lunes la provincia de Chaco, donde mantendrá una reunión con Leandro Zdero y otros referentes políticos, en una de las paradas clave de la ronda federal que Interior viene articulando desde noviembre. Mañana, en tanto, será el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, quien se traslade a la Casa Rosada para reunirse con funcionarios nacionales, en un gesto que el oficialismo lee como parte del proceso de recomposición del vínculo con los mandatarios provinciales, incluso con aquellos de relación más distante con el Ejecutivo.

Durante el encuentro, Santilli y Zdero coincidieron en la necesidad de fomentar la creación de empleo y acompañar el desarrollo productivo tanto a nivel nacional como provincial. El ministro del Interior sostuvo que “no creo que ningún gobernador pueda estar en contra de una reforma laboral en la Argentina” y aseguró que el proyecto será “muy importante para las provincias” porque permitirá dinamizar “sectores claves como la energía, la minería, el agro, la industria del conocimiento” y generar nuevos puestos de trabajo.

En la misma línea, el gobernador chaqueño remarcó su sintonía con el rumbo económico del Gobierno y afirmó que “si miramos la reforma laboral y hacia dónde quiere ir el país, que es bajar el riesgo país y lograr equilibrio fiscal, sinceramente estamos en sintonía”, al tiempo que consideró que “aportar a una nueva ley laboral es importante porque las recetas del pasado nos llevan a los mismos resultados de siempre”.

Presencia en el sur

El miércoles, Santilli volverá a viajar al sur del país para recorrer nuevamente las zonas afectadas por los incendios forestales. Ya estuvo la semana pasada en Chubut y regresará ahora a esa provincia acompañado por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, con el objetivo de relevar el avance del operativo federal desplegado en la región. En el Gobierno remarcan que la asistencia nacional se activó desde el inicio de los focos ígneos, con un esquema coordinado entre múltiples áreas del Estado, aun cuando las críticas por el manejo de la emergencia no dejaron de multiplicarse.

Es que ese despliegue convive con una definición política de fondo: el mes pasado el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció en conferencia de prensa que la administración libertaria avanzará con la derogación de la Ley de Manejo del Fuego sancionada en 2020, que prohíbe durante un plazo de entre 30 y 60 años la modificación del uso de tierras afectadas por incendios forestales, una norma impulsada para evitar la explotación inmobiliaria o productiva de terrenos arrasados por el fuego ante la sospecha de incendios intencionales. Milei ya lo había anticipado a poco de asumir y legisladores de La Libertad Avanza presentaron un proyecto para dejarla sin efecto.

A contrapelo de esa decisión política, Adorni informó este domingo que distintos organismos nacionales desplegaron de manera coordinada recursos humanos, logísticos y materiales en las zonas afectadas, y destacó que gracias al trabajo de 295 brigadistas ya se habría logrado extinguir 22 de los 32 incendios registrados.

El operativo involucra a la Agencia Federal de Emergencias, la Administración de Parques Nacionales, los ministerios de Defensa, Capital Humano y Salud, Cancillería y Vialidad Nacional, además de aportes del sector privado. Según remarcó el jefe de Gabinete, YPF, Aerolíneas Argentinas y el Banco Nación figuran entre las empresas que colaboraron con combustible, insumos y asistencia financiera para productores de la Patagonia afectados por el fuego.

Quien también reforzó el mensaje oficial a través de las redes sociales fue el propio Javier Milei. “Gracias a todos los que trabajaron para que los recursos lleguen donde se necesitan”, escribió el Presidente, y agregó un agradecimiento especial a “todos los brigadistas, bomberos y voluntarios que están combatiendo el fuego dándolo todo”. “Nada más heroico que arriesgar su vida por salvar la de otros”, remató.

Mendoza y más allá

Mientras tanto, el cierre de la semana en la gira de Santilli será el jueves, en Mendoza, otra de las provincias que el oficialismo considera estratégicas para la construcción de consensos legislativos. Según confirmaron fuentes oficiales, el ministro del Interior continuará viajando al resto del país en los próximos días, con la idea de completar antes de febrero un ciclo de reuniones con gobernadores, incluidos aquellos que quedaron fuera de la primera ronda de contactos tras su desembarco en el ministerio.

El telón de fondo de esa agenda es el calendario parlamentario. En Balcarce 50 consideran llamar a sesiones extraordinarias a partir del 2 de febrero, aunque también circula la posibilidad de adelantar el llamado al 19 de enero para ordenar asistencias y permitir que las comisiones comiencen a trabajar desde el arranque del mes siguiente.

La reforma laboral —que podría llegar al recinto del Senado el 11 de febrero— aparece como el principal objetivo del período, pero también como una prueba de fuego para el esquema político que el oficialismo intenta consolidar tras un cierre de año atravesado por tensiones internas. Su margen de maniobra aparece condicionado por uno de los puntos más sensibles del proyecto. Se trata del artículo 191, que reduce la recaudación del Impuesto a las Ganancias y, por efecto directo, impacta sobre la coparticipación federal.

Según estimaciones que circulan entre los gobernadores, la pérdida para las provincias podría ubicarse entre $5.000 millones y $6.000 millones mensuales en concepto de giros automáticos, por lo que son varios los mandatarios provinciales que ya advirtieron que, si la ley avanza en esos términos, exigirán algún esquema de compensación.

Sin embargo, la centralidad que adquirió Santilli en la negociación con los gobernadores no es solo funcional a la agenda del Congreso. Como se evidenció durante la sesión del Presupuesto 2026 en el Senado, el vínculo con las provincias se volvió también un terreno sensible en la interna del Gobierno, con un reordenamiento tácito de roles que dejó en manos del ministro del Interior y de figuras dialoguistas como Patricia Bullrich la construcción de acuerdos, mientras la Casa Rosada buscó contener disputas y fijar límites hacia adentro.

PL/MC

La CGT y el Gobierno coinciden en un punto y es que la reforma laboral tiene el número para aprobarse en el Congreso, pero no sin modificaciones. En el Gobierno, esta convicción es el resultado del triunfo interno del ala dialoguista, que prefiere introducir algunos cambios en la ley –como la derogación del Fondo de Asignación Laboral (FAL) o una flexibilización en la limitación del derecho a huelga– a fin de asegurarse una victoria legislativa. Santiago Caputo quiere negociar con la CGT y la CGT observa que tiene más chances de limitar la reforma a través del diálogo con Casa Rosada que con los votos peronistas.

En Azopardo, donde se encuentra la sede central de la CGT, predomina cierta irritación. Con el Gobierno, pero fundamentalmente con el PJ, a quien acusan de haberse corrido de la pelea por los votos. “Si la política nos escuchara no saldría ningún artículo. Pero nos mandan a nosotros a juntar los votos y después le echan la culpa al sindicalismo de los problemas de la política”, masculla, molesto, un dirigente de la central sindical. 

La CGT es quien viene encabezando, hace más de un mes, las conversaciones con senadores y gobernadores. A todos les dicen lo mismo: plantean su preocupación por los aspectos regresivos de la reforma laboral de Javier Milei, advierten sobre los artículos que más afectan la supervivencia de los sindicatos y les piden no acompañar la ley. La mayoría de sus interlocutores son aliados del Gobierno, peronistas como Martín Llaryora, radicales como Maximiliano Pullaro o PRO no libertarios como Ignacio Torres. 

Los gobernadores suelen mostrarse receptivos, atentos a algunos de los puntos más groseramente antisindicales –como la limitación de la ultraactividad de los convenios colectivos o la primacía de los convenios por empresa por sobre los de actividad–, pero en la CGT desconfían. Más de uno de sus interlocutores en el Senado le prometió, a fines de diciembre, que no acompañaría el dictamen de Patricia Bullrich y, cuando finalizó el debate en comisión, estamparon la firma igual.

El Gobierno no es invencible, advierten, pero tampoco la oposición. Los negociadores de la CGT, entre los que están los triunviros Jorge Sola y Cristian Jerónimo, pero también muchos sindicalistas de peso, como Gerardo Martínez (UOCRA), advierten que el Gobierno quedó empoderado tras la sanción del Presupuesto, y que será muy difícil romper la red de alianzas del oficialismo. “Andá a decirle que los senadores de Catamarca que voten en contra de la ley después de que el Gobierno les dio una minera”, ironiza un dirigente sindical, aludiendo al decreto presidencial que le transfirió, hace un par de días, el control sobre los Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio al gobernador peronista Raúl Jalil.

Frente a este escenario, la mesa chica de la CGT trabaja en una contrapropuesta que ofrecer al ala dialoguista del Gobierno. Una alternativa al texto de Federico Sturzenegger, el más radical de todos los funcionarios de Casa Rosada, que permita garantizar la paz social, por parte de la CGT, y la inviolabilidad de los derechos sindicales, por parte del Gobierno. Un compromiso. 

Los artículos invotables

El Gobierno aceptó, finalmente, que deberá introducir modificaciones al proyecto de modernización laboral si quiere sancionarlo en febrero, cuando comiencen las sesiones extraordinarias. Lo reconoció la propia Patricia Bullrich, el canal oficial de negociación en una dinámica política plagada de canales informales, en una entrevista a Infobae: “El objetivo es votar la ley y así como hubo cambios en la Ley Bases va a haber cambios (en el proyecto de reforma laboral) para llegar a los votos necesarios”, aseguró la jefa del oficialismo en el Senado, luego de adelantar que retomaría las conversaciones con los senadores a partir del 15 de enero. 

Así como la CGT tiene su estrategia dual –que consiste en endurecer, para afuera, la guerra contra el Gobierno mientras, puertas adentro, se mantienen los canales de negociación–, los embajadores políticos de La Libertad Avanza también. Por un lado, la negociación con los gobernadores y senadores, que está a cargo de Bullrich y Diego Santilli. Y, por el otro, la negociación con la CGT, que está a cargo de Santiago Caputo y el secretario de Trabajo, Julio Cordero. Y cada sector tiene, respectivamente, sus artículos invotables.

En el caso de la CGT, como ya anticipó elDiarioAR, el objetivo es proteger los derechos colectivos que sostienen el modelo sindical argentino. Esto incluye, por ejemplo, la protección al derecho a huelga, que se encuentra amenazado por la ampliación del listado de “actividades esenciales” –es decir, que están obligadas a garantizar un “servicio mínimo” del 75% de la actividad en caso de una medida de fuerza– que plantea el proyecto del Ejecutivo. También la protección de las obras sociales, que la CGT denuncia que podría entrar en crisis si se recorta, como plantea el proyecto, los aportes patronales que las financian.

La limitación de la ultraactividad de las cláusulas obligacionales de los convenios colectivos, mientras tanto, es otro artículo “invotable” porque esconde, tal como denuncian los especialistas laboralistas, una eliminación de la obligatoriedad de las cuotas solidarias que aportan los trabajadores no afiliados. 

Pero no son solo los sindicalistas los que plantean sus objeciones. Los gobernadores ya le advirtieron al Gobierno que el artículo 191 del proyecto, que reduce las alícuotas de Ganancias de las grandes empresas, podría implicar pérdidas millonarias en materia de recaudación para las provincias (ya que el 60% del impuesto a las Ganancias es coparticipable). Una reforma tributaria, escondida en la reforma laboral, que los mandatarios advirtieron que no acompañarán.

Otro punto, cuestionado por la CGT pero también por muchos senadores radicales, tiene que ver con la creación del Fondo de Asignación Laboral (FAL). Este fondo es una alternativa al régimen de indemnizaciones y se financiaría con el aporte obligatorio del 3% que los empleadores destinan a la seguridad social. Es decir que el proyecto plantea financiar las indemnizaciones con el dinero destinado a las jubilaciones. “Van a desfinanciar el sistema previsional”, advierten sus detractores en el Senado.

Los artículos invotables se acumulan y, a partir de la semana que viene, el Gobierno profundizará las negociaciones para ver qué puntos blinda y cuáles suelta. El objetivo, advierten en Casa Rosada, es que la ley salga. Cualquier ley.

MCM

La reforma laboral ya tiene fecha de tratamiento: el 10 de febrero. Para entonces, el Gobierno necesita sumar los votos de al menos una decena de legisladores aliados o provinciales. Con ese objetivo, el ministro del Interior, Diego Santilli, salió de gira para negociar cara a cara con los gobernadores, abrir canales de diálogo político y ofrecer recursos a cambio de respaldo legislativo.

Pero el primer encuentro mostró el límite de esa estrategia: en Chubut, el gobernador Ignacio Torres ya exigió hace unos días el pago de una deuda previsional de más de $51.000 millones que la ANSES mantiene con la provincia desde 2017. Según advirtió el mandatario, ese dinero no afecta la administración central, sino que impacta directamente en las jubilaciones de miles de trabajadores retirados del Estado provincial.

“La deuda que tiene el Gobierno nacional es con nuestros jubilados chubutenses, que aportaron toda la vida para tener una jubilación digna”, afirmó Torres. Aunque valoró la apertura de negociaciones, ratificó que la presentación de la demanda ante la Corte Suprema para exigir el cumplimiento del convenio bilateral firmado con Nación. “Podemos sentarnos a negociar, pero no voy a desistir del reclamo judicial”, sostuvo.

La estrategia del Gobierno para aprobar la reforma laboral combina presión parlamentaria, favores fiscales y concesiones puntuales. Santilli ya tiene previsto visitar al menos diez provincias durante enero. Según confirmaron desde el Ministerio del Interior, el objetivo es “escuchar los reclamos locales” e intercambiar apoyos por asistencia financiera o flexibilización de partidas.

La escena revela una paradoja: mientras se promete modernización laboral y reducción del gasto público, se utilizan transferencias discrecionales como moneda de cambio para habilitar una reforma que recorta derechos laborales, debilita a los sindicatos y reduce los costos de despido e indemnización.

El proyecto, que ya obtuvo dictamen en el Senado, propone eliminar la ultraactividad de los convenios colectivos, limitar las cuotas solidarias que financian a los gremios, habilitar bancos de horas, flexibilizar vacaciones y acortar los plazos de preaviso. También incluye la creación de un fondo de cese laboral como sustituto de las indemnizaciones tradicionales. Para la CGT, se trata de “una reforma regresiva que rompe el equilibrio entre partes y precariza el empleo”.

En este contexto, las provincias aparecen como el escenario clave para destrabar la votación, pero también como territorio de disputa por deudas sociales. El caso de Chubut es elocuente: es una de las trece jurisdicciones que no transfirió su caja previsional a la Nación. Por ley, la ANSES debe cubrir anualmente el déficit de ese sistema. Pero en este caso, la deuda acumulada desde 2017 fue certificada por el propio organismo nacional y nunca saldada.

“No estamos mendigando nada. Estamos exigiendo lo que nos corresponde”, señaló Torres, que encabeza por primera vez una demanda judicial de este tipo en nombre de la provincia. La falta de esos fondos deja al sistema previsional local en estado crítico y obliga al Gobierno provincial a cubrirlo con recursos propios, en medio de un escenario de ajuste y recorte de transferencias.

Los jubilados del sector público, en especial docentes, administrativos y trabajadores estatales retirados, son quienes más sufren la demora.

JJD

El Gobierno volvió a poner en marcha la segunda etapa de su agenda legislativa. Con el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal ya aprobados, el objetivo es claro y tiene fecha: reunir los apoyos necesarios para sancionar la reforma laboral, cuyo debate está previsto para febrero. En ese marco, el ministro del Interior, Diego Santilli, retomó esta semana una gira por las provincias que tendrá al menos diez paradas durante enero y que arrancó este miércoles en Chubut, con una reunión con el gobernador Ignacio Torres.

La visita tuvo un doble objetivo. Por un lado, avanzar en la reconstrucción de consensos políticos con los mandatarios provinciales para allanar el camino legislativo de la reforma. Por otro, mostrar gestión en territorio: Santilli y Torres recorrieron El Hoyo, uno de los puntos más críticos por los incendios forestales, para observar los dispositivos conjuntos que Nación y provincia están implementando frente a la emergencia.

Durante la conferencia de prensa que compartió con el gobernador Torres, Santilli puso el foco en la crisis ambiental que atraviesa la región cordillerana y respaldó de manera explícita el accionar provincial frente a los incendios intencionales. “Estamos frente a hechos de una gravedad absoluta”, afirmó el ministro, al advertir que ya se perdieron más de 2.000 hectáreas de bosque nativo, con impacto directo sobre los ecosistemas, la propiedad privada y la actividad turística.

En Chubut, Santilli sostuvo que “no se puede tolerar la destrucción deliberada del patrimonio de familias enteras” y reclamó “tolerancia cero” para quienes utilizan el fuego como herramienta criminal. En ese marco, pidió que la Justicia “vaya a fondo contra los criminales que destruyen el medio ambiente”, en un mensaje que buscó combinar respaldo político y presencia territorial.

Diez provincias

El cronograma todavía está en diseño fino, pero desde el Ministerio del Interior confirmaron que la idea es concretar al menos diez reuniones con gobernadores durante enero. En carpeta aparecen Mendoza, San Juan, San Luis y Chaco como primeras paradas, en función de la disponibilidad de los mandatarios y del equilibrio político que busca construir el Ejecutivo. “Santilli está llevando a cabo una gestión extraordinaria, al igual que todo el ala política”, lo elogió el presidente Javier Milei este martes en una entrevista con Neura.

El caso chubutense no es menor. Aunque Torres comparte espacio partidario con el ministro, su vínculo con la Casa Rosada fue zigzagueante. Durante el debate del Presupuesto 2026 en el Senado, el gobernador insistió con el reclamo por una deuda superior a los 51.000 millones de pesos que ANSES mantiene con la provincia y anticipó que podría judicializar el conflicto ante la Corte Suprema. Aun así, en Balcarce 50 interpretan que el diálogo sigue abierto y que Chubut puede ser una pieza clave en el esquema de apoyos.

Ese despliegue territorial de Santilli también es leído en la Casa Rosada en clave interna: la negociación con los gobernadores se volvió un terreno sensible en la disputa de poder puertas adentro. La última sesión exitosa en el Senado dejó, junto al triunfo legislativo, un mensaje silencioso pero filoso del entorno de Karina Milei, que se ocupó de remarcar que Santiago Caputo no había sido parte de las tratativas con los mandatarios provinciales.

El señalamiento buscó fijar autorías y límites en un gobierno atravesado por tensiones, reforzando la centralidad de la arquitectura política que responde a la hermana del Presidente y al jefe de Gabinete Manuel Adorni. Desde el círculo del asesor presidencial, en cambio, leyeron ese reordenamiento como un movimiento pragmático: dejar las conversaciones en manos de Santilli y de la jefa del bloque libertario Patricia Bullrich para bajar tensiones internas y aceitar el vínculo con gobernadores de cara a la reforma laboral.

Reforma laboral

En el oficialismo reconocen que, pese al receso estival, el tiempo apremia. El proyecto de reforma laboral todavía presenta diferencias sensibles, especialmente con algunos gobernadores aliados y con el sindicalismo, que mira con recelo varios artículos del texto impulsado por Federico Sturzenegger y Luis Caputo. Por eso, Santilli buscará reactivar el diálogo no solo con los mandatarios de mejor vínculo, sino también con aquellos que quedaron afuera de la primera ronda de contactos que desplegó tras asumir en noviembre. En ese esquema aparece incluso el puntano Claudio Poggi, pese a que no cuenta con legisladores propios en el Congreso.

En paralelo, la Casa Rosada evalúa llamar a sesiones extraordinarias a partir del 2 de febrero, aunque también circula la posibilidad de adelantarlo al 19 de enero para ordenar asistencias y permitir que las comisiones comiencen a trabajar desde el inicio de febrero. La definición dependerá del pulso político que logre marcar Interior en las próximas semanas.

Mientras tanto, según pudo saber elDiarioAR, Patricia Bullrich y Martín Menem activaron reuniones con los bloques aliados para el cierre de la semana, con el objetivo de acercar posiciones y evitar que la reforma laboral vuelva a empantanarse como ocurrió en Diputados durante otros debates sensibles. En el oficialismo aseguran que existe margen para negociar algunos puntos del capítulo tributario y hasta “mejorar la redacción” de ciertos artículos para contener a los gremios.

No todos, sin embargo, comparten esa flexibilidad. En la mesa chica presidencial hay quienes sostienen que el proyecto ya contempla modificaciones suficientes y que no hay margen para reabrir la discusión. “No hay más nada que hablar. Está bastante consensuada”, lanzó una voz con acceso directo al despacho presidencial.

Con la expectativa de que el equipo legislativo que logró aprobar la llamada “ley de leyes” en diciembre repita el desempeño en el Senado, el Gobierno se prepara para un febrero sin tregua, en medio del avance opositor que pretende voltear el DNU de la SIDE. Sin tiempo para el descanso y con una meta más compleja por delante, la gira de Santilli aparece como la primera jugada de una negociación que recién empieza y que será decisiva tanto para el rumbo legislativo como para el delicado equilibrio interno del oficialismo.

PL/MC

El Gobierno nacional redobla la presión para que la reforma laboral tenga luz verde este verano. La “modernización” de las normas laborales es una prioridad personal del presidente Javier Milei, y para eso el oficialismo relanzó su maquinaria de negociación territorial. El objetivo es llegar a la primera semana de febrero con los votos necesarios para sancionar el proyecto durante las sesiones extraordinarias.

La primera escala será Chubut. Este miércoles, el ministro del Interior, Diego Santilli, viajará a Rawson para reunirse con el gobernador Ignacio Torres, integrante del PRO pero enfrentado con la Casa Rosada por la deuda previsional que el Estado mantiene con su provincia. La cifra reclamada por Chubut supera los $51.000 millones, y ya fue anticipado un reclamo judicial ante la Corte Suprema.

Desde el Ministerio del Interior confirmaron que Santilli tiene planeado un cronograma de visitas a al menos diez provincias durante enero, con el fin de “escuchar los reclamos locales” e intercambiar apoyos legislativos por asistencia financiera o fiscal. La coordinación incluye al ministro de Economía, Luis Caputo, y al secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

En paralelo, Patricia Bullrich y Martín Menem retomaron el diálogo con los bloques aliados en el Congreso, a fin de “aceitar” las condiciones para el tratamiento del proyecto. Ambos fueron piezas clave para la aprobación del Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal, y ahora vuelven a actuar bajo el comando de Karina Milei y del núcleo legislativo libertario.

“La ley no está cerrada, se va a discutir artículo por artículo”, aseguró Bullrich a senadores de bloques provinciales, en un intento por abrir la negociación. La jefa de bloque ya había logrado el dictamen de mayoría en el Senado a fines de 2025, pero la reforma no se trató por la presión sindical y la tensión política en medio del debate presupuestario.

En su versión actual, el proyecto elimina la ultraactividad de los convenios colectivos, debilita el rol sindical en la negociación paritaria, introduce indemnizaciones más bajas, y permite a las empresas modificar horarios mediante un sistema de banco de horas. También elimina las cuotas solidarias, principal fuente de financiamiento de los gremios.

Desde la CGT advirtieron que si el Gobierno avanza con la reforma, volverán a movilizar. Las centrales obreras ya preparan una agenda de medidas para febrero, con asambleas, protestas regionales y posibles paros escalonados. “Es una reforma para precarizar el trabajo y romper la negociación colectiva, no para generar empleo”, afirmó uno de los dirigentes del consejo directivo.

El Gobierno, en cambio, busca mostrar la reforma como parte de un paquete para reducir costos laborales y estimular inversiones. En ese marco, la estrategia de Santilli apunta a destrabar los votos “provinciales” a través de una diplomacia fiscal a medida: ofrecer fondos o flexibilizar partidas a cambio de apoyos en el Congreso.

Los próximos días serán clave para el futuro del proyecto. Si el oficialismo logra convencer a un puñado de legisladores aliados y provinciales, podrá avanzar en febrero con una reforma que podría cambiar de raíz las reglas del mundo del trabajo en Argentina, debilitando al sindicalismo y trasladando el poder de negociación hacia las empresas.

JJD

El sonido llegaba antes que las palabras. Desde el Patio de las Palmeras, en el corazón de la Casa Rosada, se colaba el crepitar seco de los tambores, una cadencia constante que sube y baja según el viento. Cada tanto, el estallido más áspero de un cohete cortaba el aire y hacía vibrar los ventanales. Desde Plaza de Mayo, a pocos metros, la protesta de la CGT imponía su propia banda sonora: bombos, redoblantes y música amplificada que rebota contra la fachada rosada y se filtraba hasta el interior del edificio donde, casi al mismo tiempo, el poder político intentaba ordenar su respuesta.

Los primeros rumores empezaron a correr casi en simultáneo con el inicio del acto. Eran las 15 cuando, mientras las columnas sindicales terminaban de acomodarse frente al escenario montado, en los pasillos de la Casa Rosada comenzó a circular la versión de una reunión inminente. Nadie la confirmaba oficialmente, pero el movimiento inusual de asesores, custodios y funcionarios en los alrededores terminó de darle forma a la escena. Afuera, los bombos marcaban el inicio formal de la protesta; adentro, el poder empezaba a replegarse.

Minutos después, se terminó de confirmar lo que hasta entonces era un murmullo. En una de las salas de la Casa Rosada se reunieron el jefe de Gabinete Manuel Adornil, la jefa de bloque del Senado, Patricia Bullrich, el ministro del Interior Diego Santilli, el asesor presidencial Santiago Caputo, el ministro de Economía Luis Caputo y el titular de la Cámara de Diputados Martín Menem. Además, participó del cónclave Ignacio Devitt, flamante mano derecha del ministro coordinador.

El presidente Javier Milei se encontraba en la Casa Rosada, pero no participó del encuentro. La coincidencia horaria no pasó desapercibida dentro del edificio. “Vino a actualizar la firma digital”, deslizaron oficialmente, como si el mandatario estuviera ajeno a todo lo que ocurría a su alrededor.

Definiciones

En Balcarce 50 explican que la reunión no fue improvisada, pero sí reactiva. El diagnóstico interno combina alivio y límite. Para el Gobierno, haber logrado la media sanción del Presupuesto después de tres años es un hito político que no minimizan. Pero la lectura se vuelve estricta cuando se entra en el detalle: el texto tal como salió de Diputados, sostienen, no respeta el equilibrio fiscal. “Nosotros no vamos a aceptar un presupuesto así”, definieron, contundentes. Las leyes que quedaron vigentes en el Capítulo XI —Discapacidad y Financiamiento Universitario— son consideradas directamente “impagables” bajo el esquema de superávit que el oficialismo pretende sostener.

Por eso, según pudo saber elDiarioAR, el foco de la reunión estuvo puesto en el Senado. El objetivo inmediato es trabajar una modificación del proyecto en la Cámara alta, con la intención de obtener dictamen lo antes posible. En el oficialismo deslizan que, si el Senado introduce los cambios que buscan, la idea es volver a tratar el Presupuesto en Diputados el próximo 29. Para esa ingeniería legislativa, el rol de Bullrich es central: es quien hoy conduce las negociaciones en el Senado y quien debe definir el camino reglamentario para reabrir el texto.

En ese esquema, el PRO aparece como un aliado valorado. En el Gobierno destacan que el bloque amarillo acompañó sin fisuras y puso “todo en la cancha” durante la votación. No ocurre lo mismo con otros espacios. Puertas adentro, reconocen además que los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) no garantizan disciplinamiento automático: hubo abstenciones clave, como un diputado de Chaco y dos radicales de Entre Ríos, que dejaron al descubierto que la negociación sigue abierta y que todavía queda trabajo por delante.

La reunión funcionó así como una mesa de coordinación política, más que como un encuentro de emergencia. Y con el correr de los minutos, la dinámica interna empezó a mostrar movimientos. Cerca de una hora después de haber ingresado, Bullrich se retiró del encuentro para continuar las gestiones legislativas.

Mientras afuera la movilización seguía activa y el triunvirato de la CGT amenzaba con un paro general, adentro el Gobierno comenzaba a definir su plan de acción en el Palacio. La escena quedaba así partida en dos planos simultáneos: la Plaza todavía en movimiento y la Casa Rosada funcionando como centro de decisión, con el Presupuesto y la reforma laboral (que finalmente llegará al recinto en febrero) como próximos capítulos de una negociación que, lejos de cerrarse, acaba de entrar en su fase más delicada.

PL/CRM

Con el dictamen del Presupuesto 2026 prácticamente asegurado, el Gobierno entra este martes en la instancia decisiva de su negociación con las provincias. Los gobernadores fijaron una línea roja para el resto de su agenda: sin presupuesto aprobado, no habrá reforma laboral. Tras la conformación de la comisión y luego de semanas de conversaciones reservadas, la Casa Rosada confía en reunir los votos necesarios mientras administra, caso por caso, las demandas de los gobernadores, que aceptan acompañar la ley en general pero mantienen reparos en la discusión en particular.

En ese sentido, la ronda de diálogo que viene encabezando el ministro del Interior, Diego Santilli, empieza a rendir frutos. Salvo el núcleo duro del kirchnerismo, los mandatarios provinciales están dispuestos a dar respaldo al proyecto oficial, aunque sin resignar reclamos. “Lo primero es encontrar una previsibilidad de cara al año que viene, después debatamos la reforma laboral”, es la frase que más escuchó Santilli en sus contactos con gobernadores y dirigentes de provincias dialoguistas.

El oficialismo parte de una ventaja numérica: los votos para aprobar el Presupuesto 2026 estarían garantizados tanto en Diputados como en el Senado. Pero el apoyo no es automático ni homogéneo. Las negociaciones se desarrollan de manera individual, sin coordinación entre los gobernadores, una dinámica que la Casa Rosada alienta para evitar un frente común de reclamos. Cada mandatario plantea exigencias propias, aun cuando, por ahora, la mayoría admite que las respuestas concretas escasean.

En ese esquema, la reforma laboral quedó deliberadamente relegada. El punto más sensible para las provincias es el impacto fiscal del proyecto: la modificación de la escala del impuesto a las Ganancias de las sociedades recortaría alrededor de $1,6 billones anuales de recursos coparticipables. El mensaje que baja desde las provincias es claro: sin un proyecto de “ley de leyes” cerrado y sin certezas sobre la distribución de fondos, no hay margen político para abrir ese debate.

El problema de fondo es que el cambio de clima con la Casa Rosada no vino acompañado, hasta ahora, de una mejora sustantiva en el flujo de recursos. La excepción fue Tucumán. El gobernador Osvaldo Jaldo recibió una transferencia de $20.000 millones en Aportes del Tesoro Nacional (ATN), el monto individual más alto otorgado en lo que va del gobierno de Javier Milei. Jaldo, con influencia directa sobre tres diputados y un senador, se reunió la semana pasada con Santilli, en un gesto leído por el resto de los mandatarios como parte del toma y daca presupuestario.

En las provincias siguen de cerca si ese movimiento se replica. En noviembre, Economía no giró ATN y, descontando lo enviado a Tucumán, todavía quedan $708.000 millones disponibles. La expectativa es que en las próximas horas otras provincias reciban ATN, en un mes especialmente sensible por el pago de aguinaldos y la situación financiera de muchos municipios. En el oficialismo admiten que se evalúan distintas alternativas para liberar recursos, aunque nadie garantiza que alcancen para descomprimir todos los frentes abiertos.

Santilli es consciente de ese límite. Tutelado por el jefe de Gabinete Manuel Adorni, su desembarco en el Ministerio del Interior apuntó a recomponer el vínculo con los gobernadores y a construir el consenso político que el Gobierno necesitaba para encarar esta etapa legislativa. La flexibilización en la firma de avales para que las provincias salgan a colocar deuda en los mercados fue leída como un gesto, aunque insuficiente para compensar reclamos estructurales. El único mandatario al que la Nación dejó en claro que no le habilitará esa vía es el bonaerense Axel Kicillof.

También aparecen tensiones en otros capítulos sensibles del Presupuesto. Uno es el de las cajas previsionales provinciales no transferidas, donde varios gobernadores buscan asegurar un flujo mensual de fondos y dejar para más adelante la discusión por la deuda acumulada. Otro es la obra pública, con avances lentos y convenios que, como en el caso de Salta, siguen sin traducirse en desembolsos efectivos.

Con ese telón de fondo, el dictamen del Presupuesto 2026 aparece como una meta alcanzable, pero sostenida sobre equilibrios frágiles. Los gobernadores prometen el gesto político de acompañar la ley, aun cuando desconfían de que luego los recursos se ejecuten según lo aprobado. Para el Gobierno, la apuesta es cerrar rápido ese capítulo y recién entonces abrir el frente más espinoso: la reforma laboral. La incógnita es cuánto durará esa tregua tácita y si el consenso alcanzará para algo más que garantizar, una vez más, que el presupuesto exista, aunque muchos sospechen que buena parte de sus números volverán a quedar en letra muerta.

Los principales ejes del Presupuesto 2026

PL/CRM