Entre denuncias de organismos de DDHH, el Gobierno avanza con el proyecto que crea el Consejo de Seguridad Nacional

De “Soberanía Nacional” quedó solo el título. En eso coinciden los organismos de derechos humanos que denuncian que, detrás del proyecto malvinero anunciado por Javier Milei, se esconde una iniciativa destinada a fortalecer el aparato de inteligencia y darle mayor margen de actuación interna a las Fuerzas Armadas. La oposición advierte, además, que podría llevar a una amnistía de las empresas que, como Premier Oil (hoy rebautizada Harbour Energy), fueron inhabilitadas por participar de proyectos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas sin autorización de la Argentina. El objetivo del Gobierno, sin embargo, es aprobarlo antes de que termine el año. 

En La Libertad Avanza están decididos a embanderarse con la causa Malvinas hasta que termine el año. Después de unos días de espera, Martín Menem le dio giro al proyecto de “Ley de Defensa de la Soberanía Nacional” para que empiece a debatirse la semana próxima en las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto. El objetivo es que el canciller Pablo Quirno sea quien vaya a la Cámara de Diputados a defender una iniciativa que, además de endurecer las penas para las empresas que explotan recursos en la plataforma continental argentina, crea el Consejo de Seguridad Nacional. 

En la oposición están en estado de alerta. Concientes de que el Gobierno buscará arrinconconarlos con un discurso nacionalista, las bancadas de la izquierda, la Coalición Cívica y el peronismo comenzaron a advertir que el proyecto tiene poco que ver con Malvinas y más que ver con darle más poder de intervención al Estado sobre la política local. “Van a cambiar el eje para distraer del tema de Presupuesto y Discapacidad, pero no nos tenemos que subir”, señala uno de los diputados opositores que viene impulsando la agenda por endeudamiento y emergencia en discapacidad. 

La clave está en la creación del Consejo de Seguridad Nacional, que será el órgano encargado de asegurar la seguridad nacional y tendrá facultades extraordinarias para intervenir sobre lo que considere que es una “amenaza extranjera”. Un concepto que el proyecto amplía hasta alcanzar a cualquier persona u organismo que, por ejemplo, “procure alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva”. 

El Consejo de Seguridad Nacional estará habilitado a llevar adelante investigaciones administrativas amplias y sin control, así como aplicar sanciones a personas jurídicas o físicas. En el marco de estas investigaciones puede adoptar, ante un “riesgo grave e inminente”, medidas urgentes como congelamiento de activos, restricciones sobre transferencias bancarias y comercio exterior, suspensión de autorizaciones, sin proceso previo. El Consejo estará integrado por el Presidente, el jefe de Gabinete, los ministros de Defensa, Economía y Relaciones Exteriores, y por el titular de la SIDE. Será este organismo quien defina la política de seguridad nacional del país. 

“Más que un consejo, es una suerte de supraministerio con atribuciones muy amplias de definición de políticas, facultades de investigación y sanción administrativa, además de decidir sobre el uso del instrumento militar y la inteligencia estratégica nacional”, advierten en el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que elaboró un informe analizando el proyecto y concluyó que representa una concentración de poder “inédita” en democracia “en nombre de la defensa de la soberanía”. 

“El proyecto crea procedimientos excepcionales, similares al estado de sitio, dentro de la legislación ordinaria, sin necesidad de pasar por el Congreso y a través de evaluaciones que no son controladas por nadie. Por eso el problema de las garantías comienza en el momento en que el Ejecutivo se arroga la capacidad de definir qué situaciones entran al campo de la Seguridad Nacional”, advierte el organismo en el informe, y señala que las facultades extraordinarias del Consejo “abren la puerta a su uso para controlar la opinión pública y perseguir a la disidencia sin necesidad de comprobar delitos en sede judicial”. 

El CELS sostiene que el Gobierno presentó el proyecto con la excusa de Malvinas, pero que la iniciativa excede la agenda de la soberanía para enfocarse en “un rediseño del Estado para generar un órgano con superpoderes”.

Algunos dirigentes opositores, sin embargo, ya comenzaron a poner reparos también en la primera parte del proyecto. Específicamente en la parte de que deroga la ley 26.659 –para reemplazarla por la que propone Milei, con penas más duras para las empresas que participen o asesoren la explotación de recursos naturales en la plataforma continental argentina sin autorización del país – y que, según advierten en la oposición, podría abrirle la puerta a una amnistía de hecho a las empresas ya sancionadas por la ley vigente. 

El primero en advertirlo fue el lilito Maximiliano Ferraro, que denunció que, sin una cláusula específica que preserve las sanciones vigentes, la inhabilitación podría perder sustento normativo después de la sanción de la ley. “El resultado podría ser que, en los hechos, se termine limpiando la inhabilitación de la misma empresa que fue beneficiada con el RIGI y con otras autorizaciones para explorar y explotar recursos. Eso se parece demasiado a una autoamnistía”, señaló el diputado de la Coalición Civica. 

Ferraro hace referencia al caso de Harbour Energy, la petrolera que quedó en el ojo de la tormenta porque fue autorizada para adherirse al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) pese haber sido sancionada en 2013 por realizar actividades hidrocarburíferas en la zona de las Islas Malvinas sin autorización argentina. En ese momento, la empresa se llamaba Premier Oil PLC: cambió el nombre, pero es la misma persona jurídica con el mismo registro británico. 

Cuando llegue Quirno a la Cámara de Diputados, la oposición esperará hambrienta. 

MCM/CRM