El Gobierno tiene un problema judicial. O, más precisamente, una acumulación de problemas judiciales que empiezan a superponerse en el tiempo y a dialogar entre sí. $LIBRA, ANDIS y el caso Adorni son expedientes distintos, con lógicas propias, pero atravesados por un mismo hilo conductor: todos rozan, de una u otra manera, el núcleo de poder que rodea a Javier Milei. En ese contexto, la llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia no fue solo un cambio de nombres, sino la designación, en los hechos, de un rol que nadie explicitó en público pero que en privado nadie se molesta en negar: el de escudo.

No se trata, además, de un actor ajeno a ese mundo. Mahiques viene de la llamada “familia judicial”, hijo de un histórico camarista de Casación y formado en los códigos, vínculos y lógicas de Comodoro Py, un capital que en la Casa Rosada le reconocen y por el que fue elegido para cumplir justamente esa función. La apuesta era clara: alguien que hablara el idioma de los tribunales, que conociera sus tiempos y sus reflejos, y que pudiera ofrecer cobertura en un momento de tensión creciente. El problema es que, a poco más de un mes de asumir, ese escudo todavía no logra mostrar eficacia, o peor aún, no termina de cubrir.

Hay escenas que lo delatan. En marzo, durante su primera entrevista en LN+, Mahiques ensayó la fórmula esperable, pero apenas unos segundos después cruzó esa línea y se metió de lleno en el caso $LIBRA, donde terminó actuando más como abogado defensor del Presidente que como ministro de Justicia. No lo hizo en un expediente ni en un dictamen, sino en televisión, como quien tantea el terreno, al esbozar una estrategia para desarmar la prueba central.

En Comodoro Py la hipótesis es conocida: si el origen de una prueba es cuestionable, todo lo que se construye sobre ella puede caerse. Es la mentada teoría del “fruto del árbol envenenado”. Por lo que cualquier filtración aparece, en el razonamiento de Mahiques, como una posible llave de nulidad. Ese corrimiento tuvo consecuencias, porque en los tribunales lo leyeron como una señal de debilidad más que de fortaleza. No porque la estrategia sea incorrecta, sino porque reveló la urgencia del oficialismo y expuso que las pruebas, lejos de ser marginales, preocupaban.

Esa preocupación se vuelve más tangible cuando se mira el estado de las causas. En $LIBRA, el expediente que tramita el juez Marcelo Martínez de Giorgi, las pericias sobre el teléfono de Mauricio Novelli empezaron a aportar elementos incómodos para la defensa oficial, incluyendo referencias a un presunto acuerdo económico con el propio Presidente para promocionar la criptomoneda meme que dio lugar a acusaciones de estafa y pérdidas de 251 millones de dólares para los inversores.

En paralelo, la causa que investiga los supuestos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), a cargo de Ariel Lijo, acaba de escalar con un movimiento que en Tribunales funciona como señal de cambio de fase: los fiscales pidieron 27 nuevas indagatorias, ampliaron la imputación a una estructura que combina funcionarios y empresarios y pusieron bajo la lupa un esquema de direccionamiento de contratos por más de $75 mil millones, con pedidos de inhibición de bienes incluidos, lo que indica que la investigación no solo sigue abierta sino que se expande. A su vez, en el caso Adorni, también bajo la órbita de Lijo, el expediente que más rápido se movió en los últimos días, la hipótesis de dádivas por el viaje a Punta del Este y las sospechas de enriquecimiento ilícito empiezan a consolidarse con pruebas que, al menos por ahora, resultan difíciles de desactivar. “Nos conviene que la causa avance rápido”, deslizan en Casa Rosada.

En ese mapa hay un dato que sobresale y que conecta los casos más sensibles que orbitan alrededor del oficialismo: aunque no todas están en el mismo juzgado, la figura de Lijo aparece como un actor central en este momento judicial. Su comportamiento en las últimas semanas no pasa desapercibido. Licencias llamativas, movimientos políticos y reuniones que trascienden pueden no significar demasiado por separado, pero en conjunto construyen la imagen de un magistrado en estado de activación, una percepción que circula cada vez con más fuerza en los pasillos de Comodoro Py.

Allí no lo dicen en voz alta, pero lo sugieren con insistencia. Lijo está en campaña, no en términos electorales sino institucionales, en un contexto en el que la Procuración General de la Nación volvió a entrar en la conversación como horizonte de poder, junto con los nombres de quienes aspiran a ocuparla, entre los que aparecen tanto el propio juez como el ministro Mahiques.

La paradoja es evidente, porque el funcionario que debería garantizar un vínculo aceitado entre el Gobierno y la Justicia compite, en los hechos, por el mismo objetivo que uno de los jueces que investiga a sus principales figuras. No es una disputa explícita, pero tampoco hace falta que lo sea, ya que se expresa en gestos, silencios y movimientos que se leen más por lo que insinúan que por lo que dicen, en un juego donde la exposición también construye posicionamiento.

Para Lijo, la ecuación pasa por recuperar centralidad después del traspié que significó su fallida llegada a la Corte Suprema impulsada por el asesor Santiago Caputo, mientras que para Mahiques el desafío es consolidarse en un cargo que, por ahora, lo expone más de lo que lo protege. Ambos saben que para llegar a ser jefe de los fiscales no alcanza solo con antecedentes técnicos, sino con poder político, y que ese poder se construye en el cruce, siempre inestable, entre los tribunales y la Casa Rosada.

Es que mientras en los pasillos de Comodoro Py empiezan a circular versiones que amplían el mapa —como la que menciona a Mahiques como posible nexo informal entre el Gobierno y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA)—, las causas que acorralan a Milei dejan de ser solo expedientes para convertirse también en herramientas de negociación. Por eso, cuando en Balcarce 50 hablan de levantar un escudo ante al frente judicial, quizás estén mirando el partido equivocado. Echando mano a la metáfora del último video compartido por el Presidente en su cuenta de Instagram, del otro lado, más que delanteros aislados, empieza a haber un equipo que juega en bloque y que, sin apurarse, empieza a empujar la pelota hacia el arco con cada vez menos intermediarios.

PL/CRM

Manuel Adorni suma una nueva opacidad en el registro de sus bienes. En una declaración jurada patrimonial presentada en marzo de 2025 ante el Tribunal Electoral de la Ciudad de Buenos Aires, el jefe de Gabinete omitió consignar la casa de fin de semana en el country Indio Cua, incorporada cuatro meses antes a nombre de su esposa, Bettina Angeletti. Debió hacerlo, porque se trató de un bien ganancial.

El 29 de marzo de 2025, el entonces vocero presidencial y candidato a primer legislador por la Ciudad de Buenos Aires por La Libertad Avanza informó sus bienes ante el Tribunal Electoral, requisito establecido para todos los postulantes.

La declaración incluyó el 50% del departamento en la avenida Asamblea 1132, de Parque Chacabuco —compartido con Angeletti—, y el 100% de una casa en La Plata, ambas anotadas por valores fiscales exiguos. Además, consignó depósitos bancarios que sumaban unos $50 millones. A grandes rasgos, el documento coincide —si bien es mucho más escueto— con lo informado a la Oficina Anticorrupción en 2024, cuando Adorni presentó una declaración similar como secretario de Comunicación del Gobierno de Javier Milei.

La ley electoral de CABA, en su artículo 104, es nítida: “La declaración jurada patrimonial debe contener una nómina detallada de todos los bienes, créditos, deudas e ingresos, tanto en el país como en el extranjero, propios y gananciales, del declarante”.

Los bienes gananciales son aquéllos “creados, adquiridos por título oneroso o comenzados a poseer durante la comunidad por uno u otro de los cónyuges”, según el código civil y comercial. Por si quedara alguna duda, el inciso cuatro del artículo 104 de código electoral porteño especifica que el candidato debe consignar cualquier bien del que tenga “posesión, tenencia, uso, goce, usufructo por cualquier título, motivo o causa”, aunque no esté a su nombre.

La obligación de Adorni de declarar la casa en el Indio Cua Golf Club, ubicado en Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires, era ineludible, según contadores, fuentes del Tribunal Electoral y legisladores de la Ciudad consultados por elDiarioAR. Escriturada el 15 de noviembre de 2024 a nombre de Angeletti, se trataba de un bien ganancial.

No cabe la hipótesis de que la casa de Indio Cua fuera adquirida por Angeletti mediante la venta de algún bien propio previo al matrimonio, el producto de una explotación comercial individual u otra excepción a lo que se considera “ganancial”. La vivienda en cuestión, tal como declaró el miércoles la escribana Adriana Nechevenko ante el fiscal Gerardo Pollicita en Comodoro Py y se constata en el registro de la propiedad inmueble, fue comprada a través de una hipoteca de US$100.000 sobre el departamento en común de Adorni y Angeletti en la calle Asamblea 1132. La trazabilidad del carácter ganancial del bien está expuesta en la hipoteca, indica un contador con clientes entre legisladores de diferentes partidos.

“Un bien adquirido por uno de los cónyuges es considerado ganancial, más allá de quién figure como titular, salvo excepciones establecidas en la ley. Ante la duda, mi consejo profesional es que las declaraciones juradas son una oportunidad para consignar bienes gananciales, para evitar inconvenientes posteriores”, dice el contador, que prefiere no revelar su identidad.

En la presentación del jefe de Gabinete ante el Tribunal Electoral porteño, no figura ni la casa en Indio Cua, ni la deuda hipotecaria sobre el departamento de Asamblea, ni ninguna otra deuda, pese a lo prescripto en el código electoral de la Ciudad.

Adorni no respondió la consulta de este medio. Una fuente oficial sugirió que la omisión podría deberse a que la casa del barrio privado está a nombre de Angeletti, y deslizó que podría haber sido anotada en un anexo confidencial presentado ante el Tribunal Electoral, sin precisiones. La ley electoral porteña estipula que la confidencialidad se restringe a números de cuentas o identidad de acreedores y deudores, no a bienes gananciales.

Total normalidad

Transcurridas tres semanas a los tumbos, sin capacidad de respuesta sobre la notable evolución patrimonial de Adorni, el Gobierno se apega a una secuencia para explicar que “todo es legal”.

Por un lado, el testimonio del exfutbolista Hugo Morales, vendedor del departamento de Miro 550, barrio de Caballito, y los documentos entregados por la inmobiliaria Rucci coinciden en que la operación se concretó por US$200.000, en mayo de 2025. Como se trata de un precio muy inferior al de mercado e incluso al publicado por Rucci para esa propiedad en febrero de 2024 (US$340.000), la explicación es que el departamento se encontraba en mal estado y necesitaba refacciones.

Meses más tarde, las jubiladas Beatriz Viegas y Claudia Sbabo les vendieron el departamento a Adorni y Angeletti por US$230.000, y les otorgaron un préstamo hipotecario por US$200.000.

Como informó este diario, el jefe de Gabinete dijo a los Milei que la hipoteca de su nuevo departamento sería saldada con la venta del anterior, en Asamblea 1132, todavía en veremos. En cuanto al misterioso préstamo de las jubiladas vendedoras, el argumento fue que una de ellas, Viegas, es la madre de un supuesto amigo de Adorni, de quien el miércoles se conoció el nombre: Pablo Martín Feijoo. Este desarrollador inmobiliario está, a su vez, a cargo de la venta de la unidad en Parque Chacabuco.

Sobre la casa en Indio Cua, la escribana Nechevenko dijo en la fiscalía que ella misma contactó a otras dos mujeres, policías de profesión, que actuaron como prestamistas para la adquisición. “Un mutuo que se hace regularmente”, dijo la fuente gubernamental.

Las incongruencias saltan a la vista, más allá del bajo precio del semipiso en la calle Miró.

El departamento en el que vivían los Adorni en el barrio de Parque Chacabuco está hipotecado en una parte de su valor, por US$100.000 —usados para comprar parte de Indio Cua—, y se supone que del producto de su venta también saldrán los fondos para afrontar la compra de la unidad en Caballito. La vivienda en avenida Asamblea está ofrecida a US$290.000, un precio muy superior al que pagó por Miró, que tiene mayor superficie y se encuentra en un edificio y un barrio de marcado mayor valor.

El incremento patrimonial de la sociedad Adorni-Angeletti comenzó pocos meses después de la asunción de los Milei en la Presidencia.

Ello combina con gastos mensuales sucesivos de más de $10 millones con tarjeta de crédito, la compra del vuelo privado a Punta del Este, con ida el 12 de febrero pasado y regreso cinco días más tarde (a un costo, según Adorni, de US$3.800, y según lo facturado, de US$9.000), más el pasaje de Angeletti de regreso de Nueva York en marzo por US$5.154.

Desde que elDiarioAR informó sobre el vuelo privado a Punta del Este y Adorni se mostró imposibilitado de dar explicaciones, el Gobierno insiste en que la renovación de la declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción, prevista para el 30 de mayo, aclarará todas las dudas.

Dado que el sueldo de Adorni era algo superior a $3 millones hasta diciembre de 2025 y de unos $7 millones desde febrero, la clave para entender la suma de propiedades y gastos exorbitantes de la pareja seguramente surgirá del presunto éxito fulgurante de la consultora BE, dedicada al coaching ejecutivo y de vida, fundada por Angeletti a mediados de 2024.

Al parecer, desde entonces se acumularon cuantiosos ingresos producto de convenios de BE con empresas vinculadas a negocios estatales. Es una de las hipótesis que manejan en el juzgado federal de Ariel Lijo y la fiscalía de Pollicita.

slacunza@eldiarioar.com

SL/CRM

El fiscal federal Gerardo Pollicita impulsó nuevas medidas en la causa que investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al solicitar un “historial completo de dominio” de propiedades vinculadas al funcionario y requerir información detallada sobre sus viajes al exterior.

El pedido fue dirigido al juez Ariel Lijo, quien tiene a su cargo el expediente, con el objetivo de avanzar en una investigación que busca determinar si el nivel de vida de Adorni se corresponde con sus ingresos declarados. En ese marco, también se libraron oficios a la Dirección Nacional de Migraciones para reconstruir con precisión sus salidas del país.

La pesquisa no solo abarca los movimientos del funcionario, sino también los de su entorno cercano. El fiscal solicitó datos sobre los viajes realizados por su esposa, Bettina Julieta Angeletti, y por el periodista Marcelo Grandío, además de otras personas mencionadas en la causa. Entre los puntos bajo análisis figura un presunto viaje al Caribe -con foco en una posible visita a Aruba-, así como los detalles de vuelos, escalas, rutas y quién habría financiado esos traslados.

En paralelo, la investigación pone la lupa sobre distintas propiedades. Se requirió documentación vinculada a una vivienda en el country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz, que estaría a nombre de la esposa del funcionario, y a un departamento ubicado en la calle Miró al 500, en la Ciudad de Buenos Aires, donde reside el matrimonio.

Como parte de las medidas de prueba, este miércoles deberá declarar la escribana Adriana Mónica Nechevenko, quien intervino en la escrituración de ambos inmuebles. Uno de los ejes de la investigación es el valor declarado del departamento, que según consta en la escritura sería significativamente inferior al de mercado.

Asimismo, se solicitó al Registro de la Propiedad Inmueble porteño el historial completo de los bienes bajo análisis, incluyendo titulares, transferencias, hipotecas y demás antecedentes registrales.

Las sospechas se intensificaron tras conocerse que dos jubiladas, Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, habrían otorgado una hipoteca no bancaria a favor de Adorni por más de 200 mil dólares. Según trascendió, ambas aceptaron condiciones que cubrían el 87% del valor de la propiedad, aunque luego aseguraron no conocer al funcionario.

Con información de la agencia NA

El juez federal Ariel Lijo dictó este sábado una serie de medidas de protección urgentes en favor de Vanesa Elizabeth Tossi, quien se desempeña como secretaria de la empresa aérea JAG Executive Aviation, la que utilizó Manuel Adorni en su reciente viaje a Punta del Este.

Esta determinación técnica surge tras una solicitud formal interpuesta por el fiscal Gerardo Pollicita, luego de que la testigo denunciara haber sido objeto de hostigamiento y presiones por parte de Marcelo Grandio, allegado al jefe de Gabinete.

El magistrado ordenó de manera taxativa que Grandio se abstenga de contactar a la damnificada por cualquier vía, ya sea de forma personal, telefónica, digital o mediante interpósitas personas, estableciendo además una restricción de acercamiento tanto a su domicilio particular como a su ámbito laboral y sitios de concurrencia habitual.

La génesis de esta medida precautoria se halla en los eventos ocurridos el pasado viernes durante la audiencia testimonial de Tossi, dado que, mientras la testigo brindaba declaración ante el fiscal sobre los pormenores del vuelo que trasladó a Adorni hacia Uruguay, se produjo una situación que la fiscalía calificó de escandalosa, ya que la mujer recibió sucesivas llamadas telefónicas y mensajes por parte de Grandío.

Según el testimonio de Tossi, estas comunicaciones, que se sumaron al envío previo de una carta documento en términos intimidatorios, tenían como único fin amedrentarla y condicionar su relato sobre los hechos investigados.

En su declaración, la empleada de la firma aeronáutica precisó que Grandio fue quien efectuó el pago del mencionado traslado y que además habría solicitado explícitamente que no se emitiera la factura correspondiente por dicho servicio.

Ante la gravedad de los hechos, Pollicita impulsó una investigación paralela para determinar la existencia de delitos de acción pública relacionados con amenazas y coacciones.

En su dictamen, el fiscal subrayó que las acciones de Grandío no representan meramente una situación de malestar subjetivo para la testigo, sino que constituyen indicadores concretos de presión que atentan contra la espontaneidad y la integridad de una fuente de prueba fundamental para el proceso.

El representante del Ministerio Público Fiscal justificó la necesidad de aplicar el artículo 210, inciso f, del Código Procesal Penal Federal, argumentando que la secuencia de contactos insistentes y la interrupción de la propia audiencia testimonial mediante comunicaciones intimidatorias exhiben un riesgo real que debe ser mitigado de inmediato para preservar la libertad de declaración y la estabilidad emocional de la deponente.

Finalmente, Lijo dispuso que se extraigan testimonios de las piezas procesales pertinentes, incluyendo el acta de la declaración de Vanesa Elizabeth Tossi y la documentación respaldatoria entregada por ella, para que se investiguen formalmente las presiones denunciadas.

La resolución judicial enfatiza que el objetivo primordial de estas restricciones no es la sanción anticipada, sino el resguardo de la integridad psíquica de la testigo y la protección del proceso de recolección de pruebas en una causa que involucra el uso de servicios privados por parte de altos funcionarios públicos.

De esta manera, la Justicia busca garantizar que el avance de la investigación sobre el vuelo del jefe de Gabinete Manuel Adorni se desarrolle sin interferencias externas que puedan viciar la veracidad de los testimonios recolectados.

Con información de Noticias Argentinas

JIB

El juez federal Ariel Lijo, a quien el Gobierno había promovido para integrar la Corte Suprema, quedó a cargo de la causa por los presuntos hechos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), un caso que involucra al ex funcionario Diego Spagnuolo y otros colaboradores del entorno libertario.

Lijo salió sorteado después de que el magistrado Sebastián Casanello dejara la subrogancia del Juzgado Federal 11, que es el que lleva el expediente contra Spagnuolo.

Casanello subrogaba desde el año pasado en el Juzgado Federal 11, que quedó vacante desde que falleció Claudio Bonadio.

Al haber informado a la Cámara Federal que no solicitaría una prórroga de esa subrogancia, se designó por sorteo a Lijo, titular a su vez del Juzgado Federal 7, informaorn hoy fuentes judiciales.

La causa tiene 19 procesamientos dictados: además de Spagnuolo están Daniel Garbellini, Miguel Angel Calvete, su hija Ornella Calvete y Pablo Atchabahian por delitos como cohecho activo, fraude al Estado, asociación ilícita y negociaciones incompatibles con la función pública.

A principios del año pasado el Gobierno había intentado promover a Lijo y al abogado Manuel García Mansilla para la Corte Suprema, aunque no consiguió el respaldo del Senado.

En el caso de Lijo, el máximo tribunal le exigió que renunciara a su cargo en el juzgado en lugar de presentar una licencia, lo que el magistrado se negó a hacer.

En tanto, Spagnuolo fue procesado el lunes último por asociación ilícita, mientras la Cámara Federal de Casación Penal rechazó un planteo de los hermanos Kovalivker y habilitó el avance la de la investigación.

Lo había dispuesto Casanello en la causa por presuntos cobros de sobornos, fraude al Estado y incompatibilidades en función del cargo público que ostentaba ex director de la ANDIS.

Con información de la agencia NA

El juez de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, señaló que “es respetable” la opinión del Senado que el jueves rechazó los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para integrar el máximo tribunal.

“El Senado se pronunció contra el Decreto, no contra los Candidatos, su decisión era predecible. El Senado opinó y eso es respetable”, expresó.

Además, tras asegurar que el futuro de García-Mansilla, el juez que asumió “en comisión” por un decreto del presidente Javier Milei, dependerá de una decisión personal, indicó: “Yo nunca aceptaría ser designado por decreto”.

“Creo que más allá de las discusiones que puedan haber, lo cierto es que funcionan las instituciones. El Senado opinó y eso es respetable. Si uno analiza lo que se discutió ayer, se habló más del decreto que de los candidatos. Si uno suprime mentalmente el decreto, la situación de los candidatos hubiera sido distinta”, dijo en diálogo con Radio Mitre.

Además, indicó: “La Corte es una institución que va más allá de las personas que la integramos. Estamos funcionando correctamente, se dictan sentencias, vamos a seguir haciéndolo más allá de todas las opiniones”.

Para Lorenzetti, “en estas situaciones, lo importante es ser claro, aplicar el Derecho, sino creamos una confusión muy perjudicial para la gente. Hay que ser muy serios”, sentenció. Y agregó: “La decisión del Senado hay que respetarla, no hay ganadores o perdedores. Soy muy respetuoso de las instituciones. Respeto al doctor Lijo”.

Sobre la decisión que debe tomar el máximo tribunal frente al recurso de queja que presentó Cristina Fernández de Kirchner y la recusación de García-Mansilla, en el marco de la causa Vialidad, por la que está condenada, Lorenzetti explicó: “Lo que entra en el tema de Vialidad es una queja porque no le concedieron un recurso. La Corte tiene que analizar si es correcto o no, y es un tramite interno muy transparente. Hay que dar una imagen institucional fuerte para la población”, concluyó.

Con información de agencias.

IG

El revés era previsible, pero no por eso dejó de doler. A las 20.30 del jueves, el tablero electrónico del Senado confirmó lo que en Balcarce 50 venían temiendo en silencio desde hacía días: los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, los dos candidatos que Javier Milei había designado por decreto para completar la Corte Suprema, habían sido rechazados. El resultado fue claro: el juez federal recibió 27 votos a favor y 43 en contra y el jurista, que ya asumió en la Corte, recibió 51 votos en contra: más de dos tercios del recinto. Pero lo que terminó de dejar al desnudo la fragilidad del oficialismo no fue la matemática parlamentaria sino la falta de control sobre el tablero institucional.

Milei se enteró de lo sucedido desde el exterior. Estaba en Estados Unidos, buscando su foto con Donald Trump y explorando terminar de concretar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En Buenos Aires, mientras tanto, se desmoronaba la principal jugada política de su asesor más influyente. Santiago Caputo había diseñado la estrategia con un diagnóstico implacable: no hay mayorías legislativas, pero hay tiempo y hay audacia. El plan parecía simple: aprovechar el receso del Congreso, designar por decreto a los candidatos, darles un poco de aire con una jura exprés, y empujar luego el acuerdo parlamentario como si fuera apenas una formalidad. Nada salió como estaba previsto.

En un gobierno que se jacta de no negociar con la política tradicional, la votación del Senado fue algo más que una derrota. Fue la confirmación de que hay límites que ni siquiera un presidente en modo guerra puede forzar sin consecuencias. Lijo permanecerá en su juzgado en Comodoro Py, despojado de la proyección suprema que había imaginado. García-Mansilla, en cambio, parece elegir resistir. Juró en febrero como juez de la Corte y en el Gobierno sostienen que se quedaría hasta noviembre, pese a la negativa explícita del Senado. En la Casa Rosada avalan esa decisión y dan a entender que la única manera de removerlo de su cargo sería a través de un juicio político.

“García Mansilla va a seguir hasta el 30 de noviembre”, aseguró este jueves el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Según el funcionario, la continuidad del catedrático “es sin perjuicio de lo que defina el Senado”. Y añadió que, “de la misma manera, si su pliego se rechaza en este Congreso, el próximo que se instale a partir del 10 de diciembre va a ser otro y el Presidente podrá insistir con estos pliegos u otros para que sean tratados” en la Cámara alta. A esta altura, no está claro si el conflicto es institucional, jurídico o simplemente político. Lo único claro es que está abierto.

El punto de inflexión fue la resolución 176/2025 de la Corte Suprema, firmada a comienzos de marzo por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y el propio García-Mansilla, que dejó sin efecto la licencia extraordinaria que Ariel Lijo había pedido para dejar en pausa su juzgado federal. Con ese fallo, la Corte no solo cerró la puerta jurídica a su incorporación inmediata, sino que le marcó un límite al experimento institucional del oficialismo.

La sesión de este jueves fue un capítulo aparte. A la ofensiva del peronismo, que garantizó sus 34 votos, se sumaron los senadores de la UCR y el PRO. Hubo contactos de último momento, incluso un pedido de Eduardo Vischi, el jefe del bloque radical, a Santiago Caputo para que el Gobierno retirase los pliegos. Pero la decisión del oficialismo ya estaba tomada: que la suerte de los jueces quede en manos de los senadores.

La vicepresidenta Victoria Villarruel no estuvo presente en el recinto, en su rol de presidenta interina por el viaje del mandatario. En su lugar, el senador Bartolomé Abdala presidió un debate cargado de acusaciones cruzadas. Sin embargo, desde sus redes, la titular del Senado envió un mensaje frío pero claro: recordó que los pliegos habían ingresado “hace más de un año” y que no sería ella quien pusiera la cara por una votación que el Gobierno sabía perdida. “Ante las operaciones de la casta y la vieja política, no está de más aclarar que dado el viaje del Presidente, me encuentro en el ejercicio de la Presidencia”, escribió en X.

La publicación coincidió —o no— con un tuit teledirigido desde la cuenta que se le atribuye a Caputo, acusándola de incurrir en una supuesta ilegalidad. “Que hace la Vicepresidente de la Nación en ejercicio de la Presidencia de la Nación en su despacho del Senado operando la sesión de hoy? Casi seguro que es un delito eso”, lanzó al mediodía @MileiEmperador, alias “John”, el avatar del asesor presidencial todoterreno, cuyas publicaciones son leídas atentamente por todo el arco político.

Pero no fue la primera vez que un viaje de Milei genera conflicto en el Ejecutivo. En diciembre del año pasado, fue el propio Presidente el que acusó a Villarruel de avanzar con la sesión para la expulsión del senador Edgardo Kueider, detenido por contrabando en Paraguay, a pesar de saber que él se encontraba en un vuelo rumbo a Italia. En ese entonces, el mandatario había argumentado que ella debía reemplazarlo y que, por ello, la sesión era inválida. La polémica también había sido motorizada, al igual que este jueves, por @MileiEmperador.

La incógnita García-Mansilla

El más perjudicado por toda esta novela es García-Mansilla. Hasta hace un mes, su pliego generaba cierta simpatía entre sectores dialoguistas. Pero su decisión de aceptar la designación por decreto y jurar sin esperar el acuerdo del Senado fue interpretada como una traición. “Nos mintió en la audiencia”, repetían en el peronismo. En el radicalismo también lo desautorizaron. Su permanencia en la Corte, para muchos, ya no es legítima. Él insiste en quedarse. Pero si lo hace, deberá lidiar con el riesgo de un proceso de destitución.

Así y todo, la posibilidad de que García-Mansilla renuncie por su cuenta no está descartada. Algunos, en la Corte y en el Gobierno, lo ven probable: no por presión política, sino por coherencia doctrinaria. Es un constitucionalista, y sabe que está ocupando un cargo que la carta magna le asigna al Senado. Pero su silencio, por ahora, se mantiene.

Lijo, en cambio, vuelve a su hábitat. No renunció nunca, no juró, y su regreso al Juzgado Federal N°4 es más una continuidad que una retirada. Eso no evita, sin embargo, que su postulación haya sido un fracaso rotundo. Lo que pudo ser su salto a la cima del poder judicial se volvió una escena incómoda: un juez que pidió licencia, que se la denegaron, que recibió un pliego rechazado y que ahora vuelve al llano como si nada.

En la Casa Rosada toman nota. Ya no se habla de avanzar con una nueva terna, ni de insistir con un acuerdo relámpago, sino de dejar que el tiempo haga su trabajo. Mientras García-Mansilla se aferra a su cargo con una legitimidad discutida y Lijo recompone su lugar en Comodoro Py, el Gobierno calcula costos y espera. En el fondo, lo que terminó de destruir la estrategia oficial fue la idea de que se podía construir poder institucional sin acuerdos. Eso que Milei creía domar a fuerza de voluntad, demuestra una vez más que también responde a reglas, ritmos y silencios que no se pueden decretar.

PL/MG

En un comunicado emitido apenas finalizó la votación, el Gobierno acusó al Senado de convertirse en “una máquina de impedir” que opera con el único fin de “obstruir el futuro de la Nación Argentina”. Según la versión oficial, los senadores rechazaron los pliegos propuestos por el presidente Javier Milei luego de dilatar la votación durante meses, priorizando sus “causas judiciales y las de sus dirigentes” por sobre el correcto funcionamiento de uno de los tres poderes de la República.

“Por primera vez en la historia, el Senado de la Nación ha rechazado pliegos propuestos por un Presidente, por motivos meramente políticos y no por cuestiones de idoneidad”, subrayó el comunicado, apuntando al cuerpo legislativo como un “refugio de la casta política en el Congreso de la Nación”.

La Casa Rosada remarcó que, durante el último año, los senadores tuvieron a disposición los pliegos de García-Mansilla y Lijo, participando en todas las instancias del proceso de selección establecido por la normativa vigente. Sin embargo, tras prolongar la votación durante meses, el Senado rechazó finalmente las propuestas.

El Gobierno señaló que esta decisión constituye una amenaza para la democracia y para la independencia judicial, al anteponer la “protección penal” de la clase política por sobre la normalización del sistema judicial. En ese sentido, el comunicado concluyó afirmando que el Presidente continuará utilizando “todas las herramientas que la Constitución Nacional y el voto popular han puesto en sus manos” para garantizar la independencia judicial y restaurar la confianza en las instituciones.

JJD

El Gobierno jugó a todo o nada con la Corte Suprema y perdió. A un mes de la designación por decreto de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, el Senado rechazó los pliegos en el recinto con una mayoría abrumadora. En el caso de Lijo, el oficialismo solo logró sumar 27 votos a favor y 43 en contra (con la sorpresiva abstención del riojano libertario Juan Carlos Pagotto). El caso de García-Mansilla, que apenas sí recibió 20 votos a favor, fue más devastador: el actual juez de la Corte fue rechazado para ocupar ese cargo por más de dos tercios del recinto.

Ni las llamadas de último momento de Casa Rosada, ni las promesas grandilocuentes ni las presiones electorales, surtieron efecto: el Senado rechazó los pliegos propuestos por Javier Milei y dejó a García-Mansilla en una encerrona, ya que deberá definir si renuncia o si continúa en la Corte a pesar de que el Senado le quitó su respaldo. 

Santiago Caputo logró plegar a la UCR y a las fuerzas provinciales, pero no fue suficiente. El peronismo logró habilitar la sesión con ayuda de Mauricio Macri, los radicales Pablo Blanco y Martín Lousteau, y un herido exlibertario, Francisco Paoltroni, y terminó de hundir, así, la estrategia que el asesor todoterreno trazó junto a Sebastian Amerio, hace más de un año. 

En el caso de García-Mansilla, solo acompañaron con su voto los seis senadores libertarios, los dos santacruceños, Natalia Gadano y José Carambia, los dos misioneros, Sonia Rojas Decoud y Carlos Arce, y un grupo de PRO y radicales cercanos al Gobierno. Fue el caso de Luis Juez, Carmen Álvarez Rivero y Cristina Andrada, en el caso del PRO, y Mercedes Valenzuela (Corrientes) y Víctor Zimmermann (Chaco), en el caso de la UCR. En rechazo votó todo el peronismo y el resto de la UCR y el PRO. Fueron 51 votos en contra.

Lijo, en cambio, contó con más adhesiones de parte del peronismo. Entre los 43 votos a favor hubo avales de Carolina Moisés, los santiagueños José Neder y Claudia Ledesma Abdala, la formoseña María Teresa Gonzalez, el sanjuanino Sergio Uñac el tucumano Juan Manzur. En contra votaron, en cambio, muchos de los que no habían dado quórum pero que, al final, manifestaron su rechazo a Lijo. Este es el caso de la mayoría de los radicales, así como de algunos PRO como Luis Juez. 

Todos contra García-Mansilla

El futuro de los magistrados designados por decreto se selló apenas comenzó a sonar la chicharra y el peronismo consiguió el quórum para dar inicio a la sesión. El Ejecutivo se había negado a retirar los pliegos, como le habían rogado sus aliados en el radicalismo, y había decidido apostar todo o nada a que la sesión no se realizaría. Pero falló. Solo lograría ahuyentar al bloque radical que, a pesar de prometer que daría quórum, no bajó y dejó solos a Martín Lousteau y Pablo Blanco. También logró ahuyentar a la cordobesa Alejandra Vigo - otra que había prometido bajar y, al final, no lo hizo - y la jujeña Carolina Moises, la única peronista que pegó el faltazo al momento de la verdad. 

“Defender la Constitución Nacional no es cuestión de capricho o partidaria. ¿Los senadores que están sentados qué van a decir que situación como esta se convierta en regla?”, advirtió la larretista Guadalupe Tagliaferri, quien se señaló que nunca antes se habían rechazado pliegos en el recinto porque había existido una “regla de cortesía” que suponía que el Ejecutivo los iba a retirar antes. Esta vez no sucedió. 

El principal apuntado durante todo el debate fue García-Mansilla, incluso entre aquellos que habían defendido antes su candidatura. El jurista conservador, decano de la Universidad Austral, era el único que había jurado como juez de la Corte y lo había hecho aún después de haber dicho que no aceptaría ser designado por decreto durante su audiencia en el Senado el año pasado: un episodio que se recordaría sistemáticamente a lo largo de toda la sesión. 

“Nos mintió tres veces en la cara a los senadores. Terminó aceptando. O la ambición le gana o le gana las presiones del Ejecutivo, en cualquiera de los dos casos no puede ser Juez de la Corte”, masculló Lousteau, y agregó: “Acá estamos votando por el mecanismo de designación del Presidente. Los antecedentes pasan a otro plano. El resto son excusas para avalar esta barbaridad, algo que a todas luces es inconstitucional”.

Lousteau le hablaba, así, a los pocos senadores que habían amagado con defender el decretazo de Milei bajo la premisa de que había que discutir a los candidatos y no al mecanismo. Una fue la bullrichista Carmen Álvarez Rivero, que argumentó que “las candidaturas no se evalúan según quien propone, sino por idoneidad”. Y, acto seguido, se puso a explicar que la Justicia tenía que ser independiente. 

Desde la cuenta de Twitter que se le atribuye a Santiago Caputo salieron a festejar el discurso de Álvarez Rivero. Hasta que, mientras hablaba, le recriminaron que hubiese leído todo el discurso y la senadora cordobesa respondió: “Es un orgullo para mí, me enseñaron a leer en primer grado”. Acto seguido, la supuesta cuenta de Caputo agregó: “Bueno la cagó al final”. 

Luis Juez, que votaría en contra de Lijo pero a favor de García-Mansilla, también intentó sostener la misma premisa: “No estamos analizando la constitucionalidad de un ministro. Es abstracto porque no vamos a discutir la constitucionalidad de un decreto para jurar como juez de la Corte”, argumentó.

El peronismo, sin embargo, fue tajante: la jura de García-Mansilla era inconstitucional y el magistrado tenía que renunciar una vez que el Senado rechazase su designación. “No se puede designar juez de la Corte por decreto. Los jueces no son empleados del Poder Ejecutivo, no pueden estar a tiro de la lapicera presidencial”, argumentó el camporista Martín Doñate, aludiendo al artículo de la Constitución que refiere a la designación en comisión de empleados del Poder Judicial del que se había agarrado Milei para designar a los jueces por decreto. Doñate, como luego haría Anabel Fernández Sagasti, advirtieron que cualquier fallo firmado por García-Mansilla a partir de hoy sería “nulos de nulidad absoluta”.

“No es legítimo. No puede nombrar jueces por decreto. El señor Mansilla está usurpando el cargo, no es legítimo. No nos den ese ejemplo porque si llegamos a volver no les va a gustar esto”, ironizó, ya sobre el final, el jefe del interbloque de Unión por la Patria, José Mayans. 

Algunos contra Lijo

A diferencia de García-Mansilla, Lijo, que aún no juró, sufrió menos impugnaciones. Tuvo, incluso, algún que otro apoyo suave dentro del peronismo. Por ejemplo de Moisés, quien no quiso quedarse callada después de haberse ausentado para el quórum. “Lijo tiene dictamen a favor con firmas de nuestro propio interbloque. No mezclemos las cosas. Hay un juez designado por decreto que juró, sí. Pero hay un juez con dictamen favorable que espera nuestra definición”, sostuvo la jujeña, que fue la única peronista que atinó a defender a alguno de los postulantes. 

Quien salió con los tapones de punta, en cambio, fue Paoltroni, cuya enemistad con Lijo fue lo que motivó su expulsión del bloque libertario. El formoseño, sin embargo, no olvidó quien fue quien mandó a echarlo y optó por arrastrar a Caputo con Lijo en su alocución: “Me llamó este insolente de la Casa Rosada, Santiago Caputo, y me pidió que me calle porque sabía cómo iba a votar, pero le advertí que no solo no quiero que llegue a la Corte, sino que debería dejar de ser juez”, manifestó.

Al final, Lijo solo recibiría 43 votos en contra, muchos de los cuales hubieran sido positivos si no hubiera aceptado ser designado por decreto. García-Mansilla, en cambio, apenas si logró reunir a un puñado de oficialistas y aliados libertarios. A pesar de esto, cuando finalizó el día, García-Mansilla continuaba siendo juez de la Corte y había firmado, en las últimas 24 horas, un total de 50 fallos.

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Javier Milei sufrirá las consecuencias de haber firmado por decreto la designación a la Corte Suprema de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla. Un bloque opositor formado entre el peronismo, los macristas Alfredo de Angeli y María Victoria Huala, el ex libertario Francisco Paoltroni y los radicales Martín Lousteau y Pablo Blanco consiguió quórum en el Senado y se prepara, ahora, para voltear los nombramientos en el recinto. El Gobierno, que fracasó en su intento por desactivar la sesión, no tiene el número para evitar el rechazo.

La Libertad Avanza se rindió casi sin luchar. La UCR le había advertido al Gobierno que, si no retiraba los pliegos, no tendría otra que dar quórum. Eduardo Vischi le pidió, le rogó, a Santiago Caputo que los retirara pero no hubo manera: el asesor todoterreno decidió ir a matar o morir en el recinto y definió que la decisión quedaría en manos de los senadores. Si bien hubo llamadas presionando para boicotear la sesión hasta último momento, parecía casi una rendición.

El jefe de bloque libertario, Ezequiel Atauche, intentó un último manotazo de ahogado en la previa de la sesión. Reunidos en el despacho de la presidencia del Senado, aunque sin la presencia de Victoria Villarruel -que reemplaza a Javier Milei en el Ejecutivo mientras el presidente está de viaje-, Atauche le pidió ayuda a los aliados para suspender la sesión. Les dijo de firmar una resolución y aplazar el debate para dentro de dos semanas, de modo de poder ganar mayor tiempo para negociar. “Confíen en mi”, les dijo el jujeño, pero del otro lado solo recibió risas. Después de la decisión de Milei de designar a Lijo y García-Mansilla por decreto ya nadie creía en la palabra de Atauche.

El último clavo en el ataúd de la designación de los jueces por decreto lo había terminado de clavar, sin embargo, Mauricio Macri. El ex presidente había bajado línea de dar quórum en la sesión impulsada por el peronismo el día anterior: era el último gran dardo de Macri en medio de la guerra total con LLA por el control de la Ciudad de Buenos Aires. Fue el PRO, en efecto, y no la UCR quienes terminaron volcando el escenario en contra del oficialismo.

El grueso del quórum lo dieron los senadores de Unión por la Patria, que fueron entrando en banda poco después de que sonara la chicharra de inicio la sesión. El primero en sentarse, sin embargo, fue el radical Pablo Blanco, quien venía de librar una batalla interna en el bloque para rechazar los pliegos. Consiguió que Vischi y el resto de los radicales aliados del Gobierno se comprometieran a dar quórum y rechazar los pliegos, aunque al momento de la verdad solo bajaron al recinto él y Martín Lousteau. El resto de la UCR, en cambio, ingresó más tarde. 

“Vamos que las Malvinas son argentinas”, le gritó el puntano Fernando Salino, apenas ingresó al recinto. Blanco es fueguino y fue una de las figuras más críticas al discurso de Milei por el 2 de abril, en donde aludió al derecho de autodeterminación de los kelpers. Blanco sonrió, casi en soledad: su lado del hemiciclo estaba vacío. 

La presencia de Salino, que ingresó junto a Juliana Di Tullio, sirvió para poner fin a las especulaciones sobre lo que haría el flamante subbloque peronista Convicción Federal, que rompió recientemente con el resto de Unión por la Patria (aunque sin terminar de abandonar el interbloque) por sus diferencias con la conducción de Cristina Fernández de Kirchner. Había dudas sobre si darían su respaldo para voltear los pliegos y, finalmente, se sentaron como el resto del interbloque peronista. Hubo una sola excepción: la jujeña Carolina Moises no dio quórum y solo sentó después de que hubiera comenzado la sesión.

Estuvo presente casi desde un principio, a su vez, el formoseño Francisco Paoltroni. El ex libertario había sido expulsado del bloque por sus críticas al nombramiento de Lijo y se cobrabra, así, su venganza ayudando al resto de la oposición para voltear los pliegos. Desde los palcos observaba el equipo de su némesis en el Gobierno, Santiago Caputo.

Ante la ausencia de gran parte del bloque radical y de la peronista Moisés, quien terminaró de definir el partido fue el PRO. El jefe de bloque amarillo, Alfredo de Angeli, fue uno de los primeros en bajar. Así como la pampeana María Victoria Huala. Ambos senadores que responden directamente a Macri y que demostraron, con su presencia, que el ex presidente había decidido jugar en contra del Gobierno.

Hubo varios que prometieron que darían quórum y, sobre el final, se ausentaron. La mayoría del bloque radical, con figuras críticas como Carolina Losada y Maximiliano Abad, por un lado. Pero también la cordobesa Alejandra Vigo, que integra el bloque que preside “Camau” Espínola y había tuiteado, hace un mes, que colaboraría para rechazar los pliegos y, al final, no dio quórum.

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Javier Milei no tiene los votos para aprobar los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla en el Senado. No los tuvo hace un año, cuando propuso sus candidaturas y amagó con cerrar un acuerdo más amplio con el peronismo para completar la Corte Suprema. No los tuvo hace un mes, cuando decidió avanzar vía DNU y Horacio Rosatti solo le tomó juramento a uno: García-Mansilla, el decano de la Universidad Austral que prometió, antes de jurar, que nunca asumiría vía decreto. Y no los tiene ahora, cuando, a partir de las 14 horas, la oposición abra el recinto para voltear los pliegos. El Gobierno tiene una sola carta disponible y es vaciar la sesión antes de que comience. El quórum es una moneda en el aire y, hasta que suena la chicharra, todos los alfiles juegan.

Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri, Sergio Massa, Santiago Caputo, Guillermo Francos: todas los grandes líderes de la oposición y el oficialismo se pusieron a levantar el teléfono para medir voluntades. En Casa Rosada se mueven con sigilo: para afuera manifiestan querer dar la discusión por terminada —“Que se sienten y voten”, es una frase que se repite en las filas libertarias—, pero para adentro siguen conversando y negociando con los senadores del peronismo y del radicalismo. Saben que no tienen los votos para aprobar los pliegos —se necesitan los dos tercios—, por lo que el objetivo es impedir que Unión por la Patria llegue al mágico número de 37 para el quórum. 

Hay otra salida elegante, que es retirar los pliegos. Pero pese a las súplicas de los gobernadores radicales, el Gobierno se niega. Los mandatarios aliados insisten, ruegan: si el Ejecutivo retira los pliegos —como hicieron siempre los oficialismos ante la imposibilidad de arribar a un acuerdo en el Senado— no había sesión y se acababa el asunto. La propia Victoria Villarruel, incluso, le había sugerido a su Gobierno que avanzara en esa línea: le prometía conseguir los votos para retirar los pliegos —que requieren una mayoría simple— y terminar con la novela. Pero no había manera: el Gobierno quería ir a matar o morir en el recinto y, en su cruzada, arrastraba a los aliados.

La UCR estaba en una encerrona: no podía acompañar la designación de los jueces por decreto pero no se animaba a oponerse abiertamente al Gobierno. Los radicales Pablo Blanco y Martín Lousteau presionaban, puertas adentro, para voltear los pliegos, pero el resto de la bancada se resistía. Especialmente aquellos que responden a los gobernadores radicales de Mendoza, Chaco y Corrientes. El jefe de bloque, Eduardo Vischi, se reunió con Caputo en su oficina de Casa Rosada y le explicó que, si no retiraban los pliegos, su bloque insistiría por el rechazo. Y así fue: unas horas después, luego de una breve reunión de bloque, la UCR definió que daría quórum para rechazar los pliegos de Javier Milei. 

Con la UCR en la cancha, la posibilidad de llegar al quórum resulta casi inevitable. Ya hace tiempo que el jefe de la bancada de UxP, José Mayans viene afirmando que tiene “más de 30 votos” para rechazar los pliegos de Lijo y García-Mansilla. Pero al momento de contar los votos para dar quórum el número se volvía, sin embargo, más elusivo. El problema eran los gobernadores peronistas, que se resisten a soltarle la mano a Lijo —ya sea por amistad o por temor a que hubiera consecuencias judiciales en Comodoro Py— y que amenazan con vaciar la sesión antes de que comience. 

De acompañar los radicales, sin embargo, el cristinismo podría suplir las cuatro o cinco ausencias propias —la mayoría provenientes del nuevo subbloque peronista llamado Convicción Federal, que rompió con UxP por su rechazo a la conducción de CFK— con las presencias radicales. Aunque varios peronistas sospechan: el recuerdo de la creación de la comisión investigadora por el caso $Libra está presente en la mente de muchos, que sospechan que si Vischi se animó a votar en contra de un proyecto de su autoría fácilmente podría ausentarse en una sesión que perjudica al Gobierno.

Los radicales, sin embargo, no son los únicos que juegan. En las últimas horas, varios senadores del PRO comenzaron a deslizar la posibilidad de dar quórum. Una es Guadalupe Tagliaferri, que es la presidenta de la comisión de Acuerdos y firmó uno de los dictámenes de rechazo al pliego de García-Mansilla. Pero no solo ella: Alfredo de Angeli, el presidente del bloque PRO, también advierte que podría bajar a dar quórum. De Angeli fue designado como jefe de bloque luego de la renuncia de Luis Juez, quien fue acercando posturas a Javier MileI, y responde directamente a Mauricio Macri. 

Macri ya había manifestado su rechazo a la designación de Lijo y, en medio de la guerra declarada por el control de la Ciudad de Buenos Aires, está dispuesto a subir la apuesta.

Los números para el rechazo

El principal desafío de la oposición será conseguir los 37 para el quórum porque, una vez iniciada la sesión, el rechazo a los pliegos será casi un trámite. Solo se necesitan 25 votos para rechazar los pliegos y, en ambos casos, UxP tiene el número para voltear a los magistrados. Aunque será un tetris compuesto de voluntades contrapuestas.

En el caso de Lijo, el mayor dolor de cabeza lo tendrán los peronistas. Especialmente quienes responden a los gobernadores y son quienes vienen negociando cargos en la Justicia Federal a cambio de no dinamitar los planes del Gobierno. Se espera que, en el caso del juez federal, haya al menos una docena de peronistas que no acompañen el rechazo. El cristinismo, sin embargo, podría conseguir fácilmente el número con el PRO y la UCR: dos partidos que nunca quisieron mucho a Lijo. 

El caso de García-Mansilla es más sencillo, ya que todo UxP está en contra de su designación. Se podría dar la situación paradigmática, incluso, de que el actual juez de la Corte Suprema sea rechazado por casi todos los bloques del Senado. Lo que abriría una incógnita que supera lo que pueda suceder el jueves, ya que el Gobierno advierte que García-Mansilla seguirá en el cargo hasta fin de año aunque se rechace su pliego. Es decir que podría haber un juez de la Corte cuya designación fue rechazada por el Congreso firmando fallos hasta fin de año. Un escenario que tiene todos los condimentos de una futura crisis institucional.

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El teléfono de José Mayans no paró de sonar en los últimos días, pero el titular del interbloque de Unión por la Patria no fue el único que sufrió el asedio: en distintos puntos del país, senadores y gobernadores peronistas fueron convocados con insistencia. A solo cuatro días para la sesión del Senado para tratar los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, Guillermo Francos está en pleno operativo seducción. El Gobierno necesita frustrar la convocatoria: sabe que no tiene el número para ratificar los pliegos, así que buscará, de mínima, evitar que se los rechacen en el recinto. Depende de los gobernadores, que en general le han sido fieles aliados hasta ahora, pero esta vez podría no ser suficiente.

Victoria Villarruel les consiguió tiempo. Enemistada con Javier Milei y el triángulo de hierro, la vicepresidenta ensaya diversos gestos de autonomía pero sin llegar nunca a un desafío abierto. Por lo que cuando la Casa Rosada le pidió que pateara la sesión pedida por Unión por la Patria para ganar aire, acató y se lo consiguió. Tiempo para negociar, tiempo para presionar, tiempo para convencer a la oposición que había convocado una sesión con el objetivo de voltear, por primera vez en la historia institucional argentina, los pliegos del Ejecutivo para la Corte Suprema. 

Hay muchas cosas para negociar y el Gobierno presiona por diferentes flancos, pero la oferta principal, por estas horas, está vinculada a los cargos vacantes del Poder Judicial. Existen más de un centenar de lugares vacíos en juzgados federales y nacionales en distintas provincias. Varios, incluso, en Comodoro Py, que es donde se juzgan los delitos vinculados a la corrupción. La Casa Rosada negocia nombres con gobernadores peronistas y radicales, buscando atraer votos en favor de los pliegos de García-Mansilla y Lijo a cambio de ofrecer candidatos a juzgados federales que sean afines a los mandatarios. 

No es la única herramienta de presión que tiene el Gobierno —el desembolso de $120.000 millones a la provincia de Chaco, gobernada por el aliado radical Leandro Zdero, días atrás fue solo una demostración de que el Gobierno, si así lo quiere, está dispuesto a girar fondos—, pero sí la más efectiva por estas horas. El Ejecutivo está decidido a sostener los pliegos y arriesgarse, así, a que se los volteen en el recinto, por lo que está poniendo toda la carne en el asador.

Los funcionarios de Javier Milei incluso amagaron con volver a poner sobre la mesa la discusión de la ampliación de la Corte Suprema. Es un intento desesperado por volver a arrimar posturas con Cristina Fernández de Kirchner, quien había intentado negociar originalmente con el Gobierno bajo la condición de que pudiera poner a una candidata propia en la Corte. Las conversaciones, sin embargo, terminaron en la nada. Por lo que cuando Milei decidió designar a García-Mansilla y Lijo por decreto, CFK terminó fallando en favor de voltear los pliegos en el recinto. 

El Gobierno, ahora, vuelve a ofrecer la carnada de la ampliación de la Corte, pero en el cristinismo ya cerraron filas: están decididos a ir el jueves 3 al recinto y voltear los pliegos. Confían en que los 34 senadores de UxP darán quórum, pero la Casa Rosada presiona y más de uno desconfía de que, al momento de la verdad, todos bajen al recinto.

A eso suma el nuevo encono con Cristina: la arenga que lanzó Milei de que la expresidenta “irá presa”. Justo este inicio de semana la jefa del PJ presentó un recurso de queja ante la Corte y recusó a García-Mansilla. La cancha luce embarrada.

Por amor y por temor: la debilidad del peronismo por Lijo

El peronismo se siente cómodo con Lijo: eso no es una novedad. Especialmente los gobernadores peronistas, que tienen un buen vínculo con el juez federal y estaban dispuestos a votar su pliego en el caso de que el Gobierno lo llevara al recinto. Su dictamen, incluso, consiguió la firma de todos los senadores peronistas que integran la comisión de acuerdos: Lucía Corpacci (Catamarca), Sergio Uñac y Claudia Ledesma Abdala (la esposa del gobernador santiagueño Gerardo Zamora).

La decisión de Milei de designar a los dos jueces de la Corte por decreto -García-Mansilla juró, Lijo no porque la Corte no le aceptó la licencia- terminó cambiando el panorama, sin embargo. UxP denunció que la designación era “inconstitucional” y convocó a una sesión para voltear los dos pliegos. El de Lijo, el preferido de los gobernadores, incluido. 

Pero había un problema: si bien la conducción cristinista del interbloque -con Mayans y Juliana di Tullio a la cabeza- había definido que no se podía ratificar a un juez de la Corte que había aceptado ser designado por decreto, los gobernadores peronistas no pensaban lo mismo. Incluso el formoseño Gildo Insfrán, uno de los gobernadores más opositores a Milei, se resistía a soltarle la mano a Lijo.

Había varios motivos. Para algunos, Lijo era “de confianza”. Muchos gobernadores mantienen un buen vínculo con Lijo y se muestran cómodos con la idea de tener un aliado en la Corte Suprema. “Una vez que jure no va a ser más amigo”, les suele reprochar un senador peronista que tiene diálogo fluído con toda el ala más enemistada con CFK. Es la misma ala que, la semana pasada, rompió la unidad de UxP y armó un subbloque.

Los que decidieron dar un paso al costado fueron Fernando Salino (San Luis), Guillermo Andrada (Catamarca), Fernando Rejal (La Rioja) y quien orquestó la fractura, Carolina Moisés (Jujuy). Cada uno tiene sus motivos para haber roto -Moisés fue dejada fuera del armado del PJ jujeño por La Cámpora, Andrada responde a Raúl Jalil y busca mayor autonomía a la hora de votar algunas leyes de Milei-, pero todas están relacionadas a una resistencia a la conducción de CFK. Y la mayoría se prepara, de cara a esta semana, a acompañar el pliego de Lijo.

No son los únicos. En UxP hay más de una docena de senadores que está dispuesta a acompañar el pliego del juez federal. Varios por afinidad, pero no todos: muchos gobernadores le tienen miedo, más que amor. Temen que haya represalias en el caso de no respaldar su pliego en el recinto. Lijo reina, después de todo, en Comodoro Py.

En el cristinismo, sin embargo, buscan mostrar confianza y aseguran que, en la última reunión de interbloque, todos los senadores aseguraron que estarían presentes para dar quórum. Después pedían libertad de acción. De ser así, el peronismo estaría muy cerca de voltear los dos pliegos, ya que al momento de votar solo necesitaría 25 adhesiones para hacerlos caer (es decir, un tercio del recinto). El número difícil, en cambio, es conseguir los 37 para el quórum.

De todos modos, aunque el peronismo tenga presencia perfecta, UxP continuará necesitando ayuda. Y ahí es cuando intervienen tres figuras claves: los radicales Martin Lousteau y Pablo Blanco y la larretista del PRO, Guadalupe Taglaiferri. Estos tres senadores opositores no peronistas fueron claves para poder habilitar la convocatoria a la sesión y vienen trabajando, con más bajo perfil, para rechazar los pliegos. 

El rol de Lousteau, Blanco y Tagliaferri es clave no solo porque podrían habilitar el quórum: su mayor valor reside en que pueden convencer a otros radicales y aliados del Gobierno, como el exlibertario Francisco Paoltorni, para participar de la sesión opositora. El objetivo es poder equilibrar las ausencias imprevistas que surjan de las filas opositoras al momento de la verdad. 

La clave será la UCR: los rebeldes del bloque -Lousteau y Blanco- están intentando sumar a otros senadores radicales, como Carolina Losada o Flavio Fama, para hacer masa crítica. Hubo una reunión de bloque el martes pasado, pero que no arrojó ninguna certeza. Solo se escuchó una frase, casi una constante de cada encuentro: “Tengo que ver que dice mi gobernador”. Una vez más, la partida la definirán en gran medida los mandatarios provinciales.

MC/JJD/MC

Manuel José García-Mansilla defendió este martes su nombramiento en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, realizado por decreto en comisión por el presidente Javier Milei, y afirmó que su remoción antes del plazo de un año solo puede darse mediante juicio político.

“Toda vez que el nombramiento en comisión previsto en el Decreto 137/25 se hizo efectivo luego de haber prestado yo juramento, ya soy juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, aseguró el magistrado, quien subrayó que goza de las garantías establecidas en el artículo 110 de la Constitución Nacional.

En un escrito de 51 páginas, García Mansilla respondió al juez federal Alejo Ramos Padilla, que tramita una causa para impugnar su designación y la del juez federal Ariel Lijo. Allí, planteó la falta de jurisdicción del magistrado y la falta de legitimidad de los actores que impulsaron el amparo, solicitando su rechazo inmediato.

El juez recordó que fue designado para cubrir la vacante dejada por Juan Carlos Maqueda en un momento en que el Senado estaba en receso y enfatizó que su nombramiento “se ajusta estrictamente” al artículo 99, inciso 19, de la Constitución Nacional.

Asimismo, remarcó que su juramento fue tomado por los jueces de la Corte Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, y advirtió que cualquier intento de impugnación “atentaría contra el orden público constitucional”.

“Desde el 27 de febrero de 2025 estoy ejerciendo en la Corte de Justicia de la Nación la función judicial prevista en la Constitución”, indicó García Mansilla, y enfatizó que su remoción solo puede darse mediante juicio político, conforme a los artículos 53 y 110 de la Carta Magna.

Según argumentó, “no existe arbitrariedad o ilegalidad” en su designación y cualquier cuestionamiento al Decreto 137/25 no es “manifiesto” como exige la Constitución para su impugnación.

Por último, alertó que la continuidad de la causa judicial en su contra comprometería el normal funcionamiento de la Corte Suprema y sostuvo que su remoción fuera del mecanismo constitucional violaría el orden institucional del país.

MM con información de la agencia NA.

El Senado de la Nación sesionará el próximo 3 de abril para definir el futuro de los pliegos de Manuel García Mansilla y Ariel Lijo, según decretó la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel esta tarde.

La convocatoria de Villarruel responde a un pedido de sesión especial que motorizó el interbloque peronista la semana pasada con el objetivo de ir al recinto mañana jueves.

Sin embargo, al haberse tratado de un pedido de sesión especial, Villarruel podía disponer el día y la hora de la sesión; por consecuencia, retrasó la embestida de la bancada opositora.

Para esquivar las críticas, la abogada pateó para la primera semana de abril el encuentro. De esta manera, se corrió de ser el blanco de cuestionamientos por mantener el Senado cerrado y le pasó la pelota a la Casa Rosada y a los integrantes del cuerpo.

Los pliegos de García Mansilla y Lijo ya están listos para ser debatidos en el recinto. El último en quedar en condiciones fue el del abogado constitucionalista, que ya asumió en la Corte Suprema en febrero, tras ser designado -junto a Lijo, que no pudo asumir- por decreto.

Tras el decretazo del presidente Javier Milei, el peronismo y los solistas Martín Lousteau (UCR) y Guadalupe Tagliaferri (PRO) motorizaron dos dictámenes en apoyo a la candidatura a la Corte de García Mansilla y habilitar su tratamiento en el recinto. 

Con información de la agencia NA

El Gobierno no tiene respiro. En las últimas 24 horas la oposición avanzó con la creación de una comisión investigadora por el caso $LIBRA, dos diputados libertarios terminaron a las trompadas y la represión encabezada por Patricia Bullrich derivó en un pedido de renuncia de la ministra de Seguridad. Y, como frutilla del postre, el Senado activó el mecanismo para rechazar el pliego de Manuel García Mansilla en el recinto. El peronismo ya convocó a una sesión y buscará voltear la designación del juez de la Corte designado por un decreto de Javier Milei. 

Fue una maniobra de pinzas, orquestada por Unión por la Patria, por un lado, y la dupla Guadalupe Tagliaferri (PRO)-Martín Lousteau (UCR), por el otro. Temprano a la mañana, Tagliaferri convocó a la comisión de Acuerdos para igualar la situación de García-Mansilla a la de Ariel Lijo: el objetivo era ratificar las firmas del dictamen del jurista conservador para poder llevar ambos pliegos al recinto y rechazarlos solo con un tercio del recinto (25 votos). Sin el dictamen, la oposición necesitaría dos tercios para poder rechazar el pliego de García-Mansilla “sobre tablas”: un número imposible de conseguir.

La semana pasada, esta misma avanzada opositora multipartidaria había avanzado en dictaminar el pliego de García-Mansilla para dejarlo preparado para el recinto. Pero había saltado un problema reglamentario: Taglaferri argumentaba que la firma de José Mayans podía no ser aceptada, ya que no había participado de la audiencia pública protagonizada por el flamante juez de la Corte. Había, a su vez, otro motivo: un sector de la oposición buscaba presionar al resto del radicalismo para que se alineara detrás de la embestida contra las designaciones por decreto.

Y es que si bien el objetivo era presentar las nueve firmas -la mitad más uno de la comisión- para dejar listo el pliego, el protagonismo de la jornada se lo terminó llevando la interna radical. Fue Lousteau quien puso el dedo en la llaga apenas comenzó la reunión. “La verdad es que soy calentón, pero no hipócrita y lo voy a decir: me da vergüenza, hoy, mis compañeros de bloque vinieron cuando ya había quórum. Y no me lo voy a callar. Estuvieron especulando con que esta sesión no se hiciera”, lanzó el presidente de la UCR, enojado por la decisión del oficialismo de vaciar la comisión.

Al lado, solo separado por la figura de Francisco Paoltroni, estaba Maximiliano Abad, el único radical que integraba la comisión que había dado el presente —Eduardo Vischi, el jefe de bloque, y Mariana Juri se habían ausentado, en coordinación con la estrategia oficialista—. Abad, que sonreía incómodo mirando el techo mientras Lousteau hablaba, no se quedó atrás, sin embargo. “Tengo respeto político por aquellos dirigentes políticos que forman parte de colectivos, no de individualidades y que no se miran todo el tiempo el ombligo, y que se creen que son más dirigentes políticos porque denostan al resto”, lo cruzó.

El mal humor de Lousteau, sin embargo, estaba direccionado hacia el resto de la bancada que, a excepción de Pablo Blanco, se resistía a voltear el pliego de Lijo. Ya la semana pasada el senador porteño había intentado empujar al resto del bloque a firmar un dictamen de rechazo del pliego de García-Mansilla, pero sin éxito: la mayoría de los senadores responden a gobernadores radicales que no tienen interés en enemistarse con el gobierno nacional. Las únicas dos figuras que podrían acompañar, además de Blanco y Lousteau, son Abad y Carolina Losada.

Sesión para voltear a Lijo y García-Mansilla

Luego de firmados los dos dictámenes —uno de rechazo de Lousteau y Tagliaferri y otro en disidencia de UxP—. El interbloque peronista firmó un pedido de sesión para el próximo jueves al mediodía. El objetivo es tratar ambos pliegos: el de Lijo, que nunca juró porque la Corte Suprema le rechazó su pedido de licencia como juez federal, y el de García-Mansilla, quien ya ejerce como juez de la Corte por decisión de Horacio Rosatti. 

La estrategia para voltear ambos pliegos, sin embargo, será enrevesada. Y el principal problema es el apoyo que Lijo todavía tiene entre algunos senadores del peronismo, que podrían resistirse a sentarse a dar quórum. García-Mansilla, cuya designación sólo es defendida por el PRO y el oficialismo, no genera controversias —todo el peronismo está unido en su rechazo—, pero el respaldo de los gobernadores peronistas a Lijo podría hacer tambalear la sesión.

En la bancada de UxP, que comanda Mayans, se muestran confiados en que la mayoría de sus senadores se sentarán al momento del quórum, y especulan con poder sumar otras adhesiones para hacer de contrapeso por si hay sorpresas. Lousteau, Tagliaferri y Blanco participarán de la sesión y, si hubiera presencia perfecta de UxP (34 senadores), alcanzaría para el quórum. Pero hay otras figuras que podrían robustecer el número.

Una es Paoltroni, el formoseño que fue expulsado del bloque libertario por cuestionar la candidatura de Lijo y que, últimamente, viene negociando con el peronismo. La otra es la senadora cordobesa Alejandra Vigo, aliada habitual del Gobierno que, sin embargo, cuestionó la decisión del Ejecutivo de designar a los dos jueces por decreto. Los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano, mientras tanto, son otra carta posible. Así como Abad y Losada. 

El primer escollo, sin embargo, será lograr que Victoria Villarruel convoque a la sesión. La vice ya forzó el reglamento, en el pasado, para dilatar convocatorias opositoras que fueran incómodas para el Gobierno. En la oposición sospechan que, esta vez, será similar y dependerán de conseguir una mayoría para imponerse, a fuerza del número, en el recinto. 

El segundo escollo, en cambio, vendrá después de la sesión. Y es que, aunque la oposición triunfase y el Senado rechazase los pliegos, el Gobierno sostiene que García-Mansilla puede continuar siendo juez de la Corte Suprema por un año. “Ya le tomaron juramento y la Corte es corporativa”, desliza un dirigente de peso en LLA que observa, con pesimismo, que la oposición será exitosa en voltear los dos pliegos. Es así que, incluso rechazando las designaciones por decreto, el país podría encaminarse a una disputa de poderes que derive en una crisis institucional.

MC/JJD

Una vez más, los gobernadores radicales se posicionan como la última línea defensiva del gobierno de Javier Milei. En este caso, para sostener la designación por decreto de Manuel García-Mansilla como juez de la Corte Suprema. Los motivos son diversos —alianzas electorales, crisis económicas, especulaciones políticas—, pero son suficientes para demorar la convocatoria de una sesión que rechace los pliegos de García-Mansilla y Ariel Lijo. En la Casa Rosada perciben que el kirchnerismo está cerca de conseguir el número, por lo que presiona y apuesta su salvación a quienes han sido, hasta ahora, sus más fieles aliados.

La bancada radical en el Senado se encuentra en crisis. Atravesada por una fuerte disputa interna respecto a cómo responder institucionalmente a la designación por decreto de García-Mansilla y Lijo, el radicalismo ensaya una coreografía muy similar al episodio de la comisión investigadora para el caso $LIBRA; un escándalo que fracturó al bloque y expuso, como ninguna otra votación, el alineamiento automático de los gobernadores radicales con el gobierno libertario. 

Primero, la presión para avanzar de los radicales más opositores, como Pablo Blanco y Martín Lousteau, y la respuesta evasiva de los más amigables con el Gobierno, como Eduardo Vischi o Mariana Juri. Eso se observó la semana pasada, luego del operativo de pinzas orquestado junto al kirchnerismo para dictaminar el pliego de García-Mansilla y dejarlo preparado para tratarlo en el recinto. Esta estrategia respondía a la necesidad de la oposición de regularizar la situación del pliego —que, a diferencia del de Lijo, nunca consiguió las firmas necesarias— para poder rechazarlo con solo 25 votos. Sin dictamen, la oposición debía tratarlo “sobre tablas” y ahí ya necesitaba los dos tercios del recinto: un número imposible de conseguir. 

Al momento de estampar la firma en el dictamen de rechazo, sin embargo, solo estaba Lousteau. Los otros radicales integrantes de la comisión de Acuerdos, como Juri (Mendoza) o Vischi (Corrientes), pidieron tiempo para pensarlo y conversarlo con sus gobernadores. Frente a la indecisión, Lousteau terminó firmando un dictamen de rechazo con Guadalupe Tagliaferri (PRO) y, en paralelo, lo mismo hicieron los siete senadores peronistas con un dictamen propio. Estaban las nueves firmas —la mitad más uno de los integrantes— para llevar el tema al recinto, pero surgió un problema: Victoria Villarruel no reconocía la firma de José Mayans bajo el argumento de que no había estado presente en la audiencia en la que García-Mansilla expuso en el Senado. 

La discusión era técnica, pero dilataba la posibilidad de convocar una sesión. Por lo que la apuesta era esperar a que otro senador radical, Carolina Losada o Maximiliano Abad, firmase para allanar el camino. Pero, el fin de semana, se desarrolló el segundo paso de la danza: el silencio elocuente de los más críticos —Losada, Abad— y las excusas de los más concesivos con el Gobierno.

Quienes responden a los gobernadores empezaron a poner el foco en el kirchnerismo, acusándolo de no estar dispuesto a voltear el pliego de Lijo. “El que tiene la llave es el kirchnerismo, pero son ellos los que no convocan”, explicaba un senador radical norteño, buscando hacer foco en el respaldo de los gobernadores peronistas a la candidatura de Lijo. El temor era que Cristina Fernández de Kirchner estuviera negociando para ampliar la Corte Suprema con la amenaza de voltear los pliegos y que, a último momento, se negase a votar en contra de Lijo. 

La excusa, sin embargo, tuvo poco vuelo interno. “Están mintiendo. Usan ese argumento para no firmar, pero no firman por otros motivos”, admitía, por lo bajo, un senador radical. ¿Cuál era el motivo? El respaldo de los gobernadores Alfredo Cornejo, Gustavo Valdés, Leandro Zdero y Maximiliano Pullaro, todos de la UCR, al Gobierno nacional. Se consolidaba, así, el tercer paso que, en el caso de la comisión investigadora por el criptogate, anticipó la votación negativa del bloque radical.

Los motivos son varios y difieren de provincia a provincia, tal como ya contó elDiarioAR. Algunas están más atadas de manos que otras, como el caso de Chaco, que atraviesa una fuerte crisis económica y el año pasado se salvó del default solo gracias a una intervención del Gobierno nacional. Zdero depende de la Nación para sobrevivir, y no solo por la precaria situación fiscal: el temor de que el peronismo, liderado por “Coqui” Capitanich, retome el control de la provincia es una realidad muy cercana a menos de dos meses de las elecciones locales. 

Los senadores que responden a los gobernadores no anticiparon aún su postura, sin embargo. Lo harán el martes a la tarde, cuando el bloque se reúna en el tercer piso del Senado. “Que los defensores de la República expliquen por qué cambian de opinión”, provoca un dirigente radical de peso, apuntando los cañones contra Losada, quien se había manifestado en contra de la designación por decreto pero se negó a firmar el pliego de rechazo de García-Mansilla.

La incógnita, sin embargo, es lo que hará Maximiliano Abad. El senador bonaerense suele articular con Lousteau en el recinto y fue uno de los que más se enojó con Vischi, jefe de bloque de la bancada, cuando votó en contra de la creación de la comisión investigadora. Ahora, sin embargo, guarda silencio, y algunos compañeros de bloque sospechan que su negativa a colaborar con el rechazo de los pliegos está vinculada al armado electoral de la Provincia de Buenos Aires. Abad viene trabajando junto a Cristian Ritondo (PRO) para cerrar una alianza en PBA y, si bien el expresidente de la UCR bonaerense piensa más en una reedición de Cambiemos, en el PRO descuentan que el armado derivará en un acuerdo electoral con La Libertad Avanza. 

El panorama se aclarará este martes por la tarde, cuando el bloque se reúna y se defina convocar o no una sesión para rechazar los pliegos. El peronismo, hasta entonces, aguarda satisfecho: la pelota ahora está en la cancha del radicalismo. Necesita que una parte de la UCR acompañe con el quórum porque el kirchnerismo desconfía del accionar de los gobernadores: los mandatarios provinciales tienen mucho poder de fuego en el Senado y podrían arrastrar hasta una docena de ausencias.

 “Para voltear a Mansilla estamos todos, pero muchos quieren a Lijo. Piden que lo dejemos, que es buen tipo. Pero ese no puede ser el argumento”, masculla un dirigente peronista que dialoga con los gobernadores. Y finaliza: “Lijo podrá ser nuestro, pero infringió la ley”.

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El Gobierno se metió en una encerrona con la designación de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla en la Corte Suprema. Para el primero, el número de apoyos en el Senado parece factible, pero difícil. Más allá de complicidades que atraviesan todos los bloques, entran a jugar intereses contrapuestos, como un playmobil fallado en el que siempre queda una pieza suelta y reclama lo suyo. En cuanto el segundo, el necesario aval de los dos tercios del Senado asoma imposible.

Al haber optado por la designación vía decreto, la situación se complica todavía más. El bloque de poder queda girando sobre sus contradicciones.

García-Mansilla cuenta con el aval de la elite económica y los sectores más conservadores del ámbito judicial, político y religioso. Esa facción se metió de lleno en su tradicional simulación de preocupación republicana para rechazar el nombramiento de Lijo como supremo, a quien reprochan sus terminales en sindicatos, tribus peronistas y negocios conurbanos que no se sientan a la mesa de la Asociación Empresaria Argentina, ni remiten al Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, sello que agrupa a los estudios corporativos con más pedigree.

El desembarco de comisionados del Ejecutivo en el máximo tribunal dispuesto por los hermanos Milei deja atónito al establishment. A saber, ¿qué espacio le queda al mutimedios La Nación para denunciar un contubernio a favor de Lijo, si el atajo corona una silla en el máximo tribunal para un abogado vinculado al Opus Dei y la industria del petróleo? Aunque parezca mentira, García-Mansilla era, hasta el momento de su postulación, director ejecutivo de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH), puesto desde el que negociaba intereses empresariales con sindicatos, gobernadores y proveedores que pueblan causas sobre las que ahora deberá expedirse.

¿Qué espacio le queda al mutimedios La Nación para denunciar un contubernio a favor de Lijo, si el mecanismo de designación corona una silla en el máximo tribunal para un abogado vinculado al Opus Dei y el petróleo?

Bajo un régimen de torcimiento de voluntades y fugitivos en Paraguay, todo puede pasar en el Senado, pero la oposición está cerca de llevar el pliego de García-Mansilla al recinto y rechazarlo. Si eso ocurre, el Gobierno y los animadores televisivos que lo acompañan argumentarán que la designación en comisión es válida hasta noviembre. Podrán decirlo, pero ante los ojos del mundo, incluidos tribunales internacionales, el postulado de que los pintorescos Milei vulneran las reglas básicas de la democracia habrá encontrado un argumento incontrastable.

“Peteco” acerca ideas

El correntino Eduardo “Peteco” Vischi, presidente del bloque de senadores de la UCR, imaginó una vía para que Gobierno saliera de la encerrona por arriba: solicitar por nota al Ejecutivo que retire los pliegos de García-Mansilla y Lijo, de modo que la designación “en comisión” no choque con un rechazo explícito en la Cámara Alta.

La propuesta de Vischi en una reunión de su bloque de trece miembros causó entre indiferencia y estupor, y no porque entre sus pares falten voluntades para darle una mano a Milei.

Ocurre que Vischi quedó escaldado hace diez días, luego de presentar un proyecto para formar una comisión investigadora por la presunta criptoestafa de Milei y, horas más tarde, votar en contra de su propia iniciativa. En un cuerpo que funciona bajo la sombra de Edgardo Kueider, el peronista fugitivo aliado de Milei atrapado en la frontera con Paraguay escondiendo dólares, la pirueta de “Peteco” dejó secuelas. A ello se suma que la santafesina Carolina Losada, del sector “republicano” anti-Lijo, le desconfía porque el presidente del bloque firmó el dictamen para aprobar el pliego del alfil de Comodoro Py.

En una dinámica de desconfianza mutua en el arco paraoficialista que incluye a libertarios, PRO, casi toda la UCR, provinciales y disidentes peronistas —dato útil bajo el precepto “divide y reinarás” para un Gobierno que necesita consolidar un bloque por las buenas o por las malas—, a Vischi —como a otros— le atribuyen más margen de acción propio del que parece. El supuesto seguimiento autómata de lo que le indique el gobernador de su provincia, Gustavo Valdés, radical sometido a la tensión de encontrar un sucesor, deja al senador en un lugar poco edificante, pero lo exceptúa de explicar sus salidas de gira. Si son los propios senadores quienes tiene un canal propio de negociación con el Gobierno, la historia cambia.

Con ese background, diputados y senadores deberán lidiar con una ampliación del préstamo con el Fondo Monetario Internacional.

Trump-Caputo-FMI, toma dos

A los Milei se les ocurrió anunciar que el Ejecutivo enviaría al Congreso un DNU para cumplir con la exigencia de la aprobación parlamentaria de un aumento de la deuda externa bajo jurisdicción extranjera, según lo establecido en una ley votada casi por unanimidad en 2021.

La norma, conocida como “ley Guzmán”, fue concebida con la idea de no repetir una estampida de deuda externa como la gestada durante el Gobierno de Mauricio Macri para saldar la avidez del carry trade por la que inversores obtuvieron ganancias siderales en dólares. Responsables tanto de aquel y como del actual Gobierno se atrevieron esta semana a cuestionar el procedimiento.

El anuncio de Milei es un oxímoron. Si quiere cumplir con la legislación y la Constitución, el Poder Ejecutivo envía al Congreso proyectos de ley, no decretos de necesidad y urgencia con el argumento de que la discusión parlamentaria “tarda mucho”.

El “mejor Gobierno de la historia” que “hizo el mayor ajuste de la historia”, tiene “el mejor ministro de Economía de la historia” y logró una economía que “viaja al 5,5%” no debería tener ni necesidad ni urgencia de aprobar un préstamo a hurtadillas, salvo que, en realidad, no se crea su megalomanía y esté computando cómo las reservas en el Banco Central cayeron US$1.500 millones en lo que va del año, quedando en una posición cada vez más parecida a la recibida en diciembre de 2023.

En 2018, el crédito fue para afrontar los compromisos asumidos por la emisión masiva de bonos orquestada por Caputo entre 2016 y 2017, y ahora, servirá para descomprimir una agenda de pagos con el FMI del acuerdo sellado por Caputo en 2018

El vaciamiento absoluto de las palabras en que incurre el Ejecutivo ultraderechista tiene un correlato en la proclama de que los US$10.000 millones a US$20.000 millones, que se sumarán a los US$40.000 millones otorgados por el Fondo a Macri, “no incrementarán la deuda, sino que sanearán las cuentas del Banco Central”.

En los hechos, se anula una deuda intra sector público —del Tesoro con el Banco Central— registrada en letras intransferibles, y se pasa a deber dólares reales a un acreedor externo que impone metas y condiciones.

La similitud con situaciones pasadas llega a la cúspide ante el hecho de que un Gobierno de Estados Unidos en manos de Donald Trump vuelve a motorizar un préstamo de los más abultados de la historia del FMI a un aliado político en Argentina, cuyas finanzas están a cargo de Luis Caputo. En 2018 el crédito fue para afrontar los compromisos asumidos por la emisión masiva de bonos orquestada por Caputo entre 2016 y 2017 y, ahora, servirá para descomprimir una agenda de pagos con el FMI del acuerdo sellado por mismo Caputo en 2018.

A favor del Gobierno ultra, la situación actual conlleva una diferencia con las traumáticas experiencias. El blindaje en 2001 y el préstamo a Macri en 2018 fueron para solventar a gobiernos que no podían domar el gasto público, entre otras razones, porque sus políticas recesivas aumentaban el déficit por la caída de ingresos.

El sistema financiero y el FMI en particular le reconocen a Milei el crédito que da la motosierra durante su primer año de gestión, que rebanó cinco puntos de gasto público como pocas veces en la historia. Los prestamistas confían en que el superávit llegó para quedarse. Las dudas que se abren al respecto son enormes, porque, además del daño a los ingresos, la salud y la educación, las infraestructuras se resquebrajan sin inversión, pero “el mercado” entra en modo terraplanista cuando decide hacer como si no existiera la aceleración de la pérdida de reservas del Banco Central. Caputo dice que esta vez los fondos del Fondo no se quemarán para cubrir el déficit de dólares. ¿Por qué no creerle?

Cámara de Pandora

En el Senado, el bloqueo del DNU del FMI está en el horizonte de posibilidades, pero nadie se anima siquiera a sugerir que la Cámara de Diputados hará lo propio.

El Gobierno cuenta con varias capas de aliados a las que apelar. Desde el vamos, a los bloques PRO-La Libertad Avanza, se suman los denominados radicales con peluca y los Vendidos del PJ Tucumano. La oferta de provincialistas de Córdoba, Misiones, Salta, Neuquén, Río Negro y Santa Cruz siempre está, y si ese armado falla porque algún gobernador se va de las manos, acudirán al rescate las bancadas “Darle las Herramientas al Presidente” de la UCR que conduce Rodrigo de Loredo, los “moderados” que remiten a Miguel Ángel Pichetto, la Coalición Cívica y, acaso, Margarita Stolbizer. Y si la cosa se complica, habrá fluctuantes del PJ de Catamarca o Santiago del Estero, o la UCR más opositora (Facundo Manes), que, llegado el caso, bien podrían dividirse o ausentarse.

El antidemocrático régimen que da por aprobado los DNU salvo que ambas cámaras lo rechacen explícitamente fue obra de un proyecto de Cristina, entonces senadora, en 2006

A esa debilidad parlamentaria se suma la debilidad argumentativa de Cristina, que se va transformando en una invariante y explica, entre otras cosas, el insólito silencio de la presidenta del Partido Justicialista ante el DNU del FMI y los desmanes en torno a Lijo y García-Mansilla. Un silencio que, al menos, evita caer en el terreno vulgar que proponen los Milei con las alocuciones de la expresidenta bajo el vocativo “Che, Milei”, mayúsculas y groserías.

El antidemocrático régimen que da por aprobado los DNU salvo que ambas cámaras lo rechacen explícitamente, con amplia discrecionalidad para que se efectivice el tratamiento en el recinto, fue obra de un proyecto de Cristina, entonces senadora, en 2006. El instrumento fue utilizado bastante por Néstor Kirchner, menos por la expresidenta, algo por Alberto Fernández enfocado en la pandemia, pero cobró una fuerza inusitada con Macri, cuando, no bien asumió, derogó por esa vía la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, sancionada tras una profunda discusión y por amplia mayoría.

Los Milei llevaron el abuso a otra escala, con el DNU 70 de diciembre de 2023, que modifica decenas de leyes, otorga poderes desorbitados al Ejecutivo y alberga pretensiones constitucionales, y sigue vigente porque la Cámara de Diputados no lo trata y la Corte Suprema cajoneó los reclamos de inconstitucionalidad. En un nuevo capítulo, el país se encuentra a las puertas de asumir un nuevo zarpazo de deuda a través de un DNU, gracias a la laxitud del mecanismo arbitrado en 2006.

Fuerte, débil y todo lo contrario

La conformación de la Corte y el nuevo acuerdo con el FMI, dos ejes de la agenda de días pasados y de los que vienen, ponen sobre la mesa la pregunta sobre un gobierno débil o fuerte.

¿Fuerte porque arremete con dos delegados ante la Corte Suprema designados por decreto, o débil porque su vandalismo institucional queda expuesto y podría tornarse inútil? ¿Fuerte porque logra el aval del sistema financiero y de Trump para estirar la apreciación del peso hasta las elecciones, o débil porque Caputo siempre parece retornar al punto de partida?

La criptoestafa $LIBRA también orienta una dicotomía entre la fortaleza que supone la impunidad, o la chapucería que retrata a los hermanos Milei como memes de un probable fraude en medios de todo el mundo.

Las incógnitas sobre quién es quién y cuánto pesa cada uno en el sistema político podrán comenzar a esclarecerse en el transcurso de año electoral, que tiene a la elección de legisladores porteños como una de las primeras citas, el 18 de mayo.

Una hipótesis plausible es que las pujas internas del sello en construcción La Libertad Avanza más la competencia directa por un mercado electoral similar con el PRO y gran parte de la UCR Colaboradora encenderán fricciones, que se disolverán cuando los diputados y senadores electos en octubre ocupen sus bancas y los respectivos bloques retomen la sintonía. De Cristian Ritondo a Patricia Bullrich, de Karina Milei a María Eugenia Vidal, de De Loredo a Martín Llaryora podrán decirse cosas feas en los meses que siguen, pero luego se sentirán convocados por “la ética de la responsabilidad”. Ya ocurrió.

O acaso la batalla podrá dejar heridas profundas.

Una pirómana por excelencia, Lilia Lemoine, la diputada preferida de los Milei, probó un límite de la bajeza cuando atacó a Jorge Macri días atrás.

A su vez, Bullrich lanzó un dardo virtual contra “Macri, Mauricio”, en medio de la pelea por el manejo de la Policía de la Ciudad, la construcción de cárceles y la fuga de presos. Dadas las responsabilidades del PRO en la Nación y en la Ciudad en los últimos veinte años y, en particular, el papel de Bullrich en Seguridad, la pulseada no resiste el menor análisis.

La ministra cerró el ataque con un desliz sugerente. “Gestionar seguridad no es diseñar uniformes”.

En el momento en que Bullrich escribía el mensaje, se definía una licitación para renovar la totalidad de los uniformes de la Policía de la Ciudad, que tendrán nuevos colores y diseños.

“Todos los años se renuevan 2.000 a 3.000 elementos de los uniformes, pero ahora licitan 30.000 completos por US$ 7 millones porque no les gustan los colores”, marcó una voz crítica del proceso, que ve una invención de un negocio para oferentes cartelizados. En cualquier caso, un privilegio estético que sólo puede otorgarse el único distrito del país que vio incrementar los ingresos por transferencias nacionales en 2024, producto del acuerdo alcanzado con los Milei a instancias de la Corte Suprema.

Jorge Macri sigue de cerca el presupuesto de Seguridad en la Ciudad, que no para de crecer para desesperación de subtes, escuelas y hospitales, a través de dos hombres que lo acompañan desde su gestión en Vicente López, Raúl López Presa y Claudio Panichelli, secretario de Coordinación y Subsecretario de Administración de la cartera, respectivamente.

Otra fuente al tanto del proceso licitatorio califica como necesaria y justificada la renovación total de uniformes por razones de practicidad y presencia, resalta la participación de varios oferentes en la compulsa y atribuye a una operación de Inteligencia la intención de plantar la semilla de la duda.

La alusión remite ineludiblemente a que Diego Kravetz recaló en la Secretaría de Inteligencia en enero pasado, proveniente de la Secretaría de Seguridad del Gobierno de Jorge Macri, tras un año de conflictos con Waldo Wolff, ministro del área hasta días atrás.

Posicionamientos de la campaña que se inicia. Podría darse que los forcejeos entre la derecha y la ultraderecha sean ornamento de campaña, o que alcancen un volumen ingobernable y la chispa encienda la pradera.

SL/DTC

slacunza@eldiarioar.com

Después de un breve compás de espera, el kirchnerismo activó el operativo para voltear las designaciones de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como jueces de la Corte Suprema. No lo hizo en soledad, sino con el apoyo —silencioso, arisco— del radicalismo y un sector del PRO que cuestiona la decisión de Javier Milei de haber designado a los jueces por decreto. Es un movimiento de pinzas que comenzó este mismo viernes, con el rechazo al pliego de García-Mansilla, y que finalizará el próximo lunes, cuando la oposición convoque a una sesión para rechazar en el recinto las dos designaciones.

La maniobra se gestó en silencio, y tuvo varios protagonistas. La decisión de la Corte Suprema de tomarle juramento a García-Mansilla pese a que no contaba con el acuerdo del Senado fue un bombazo para varios senadores que, hasta hace un mes, estaban dispuestos a votar en favor de su designación. “Mansilla nos mintió en la cara. Dijo que no iba a aceptar ser designado por decreto y lo hizo. No puede ser juez de la Corte”, mascullaban, indignados, sus antiguos defensores en la UCR y el PRO. 

El sacudón del escándalo terminó arrimando a ambos sectores: al kirchnerismo que quería a Lijo y rechazaba a García-Mansilla, por un lado, y a la oposición dialoguista que detestaba al juez federal pero aceptaba al jurista conservador, por el otro. Cada uno, por separado, coincidía en que el Senado debía rechazar los pliegos en el recinto, pero arrastraba diferencias internas que boicoteaban cualquier tipo de accionar conjunto. La rebelión de los gobernadores, en el caso del peronismo, y el temor a enemistarse con el Gobierno, en el caso del radicalismo, imposibilitaban alcanzar un número que pudiera llegar al recinto. Hasta que una serie de conversaciones informales entre ambos bandos terminaron destrabando el escenario.

El rechazo al pliego de García-Mansilla

El pliego de García-Mansilla, a diferencia del de Lijo, nunca había sumado la cantidad de firmas suficientes para poder llegar al recinto. En el oficialismo se quejaban, hace meses, de que solo les faltaban tres firmas para poder aprobar el pliego, pero que sin el apoyo de un sector de UxP no podían conseguir el número. Estas firmas, sin embargo, no eran oficiales: estaban plasmadas en un pliego escondido bajo llave que guardaba Carlos “Camau” Espínola, un peronista aliado del Gobierno que no tiene ninguna autoridad en la comisión de Acuerdos. La encargada de juntar las firmas, según el reglamento, debería ser la presidenta de la comisión, Guadalupe Tagliaferri (PRO), pero el oficialismo decidió reemplazarla y dejar en manos de su aliado peronista la tarea de guardián de los pliegos de la Corte Suprema. 

Se daba una situación paradójica: García-Mansilla había jurado como juez de la Corte cuando el oficialismo no sólo no había logrado aprobar su designación, sino que ni siquiera había podido juntar las firmas para aprobar el pliego. Pero el problema para la oposición, sin embargo, era otro. Y es que, sin la mitad más uno de las firmas en el dictamen —cualquier dictamen, a favor o en contra—, se necesitaba conseguir dos tercios del recinto para aprobar su tratamiento sobre tablas. Es decir que había tres mayorías distintas en juego para la sesión: 37 votos para conseguir el quórum, 48 votos para aprobar su tratamiento y 25 votos para rechazarlo. 

El primer número era alcanzable, el segundo ya no. Por lo que el primer objetivo de la multipartidaria opositora era dictaminar el pliego de García-Mansilla, de modo de que se pudiera rechazar con 25 firmas al igual que el de Lijo sin necesidad de tener que pasar por el filtro del tratamiento sobre tablas. El plan era claro: si el oficialismo no firmaba, lo haría la oposición.

Las firmas aparecieron el viernes por la tarde, dejando el pliego listo para ser tratado en el recinto. En total, se presentaron dos dictámenes de rechazo: uno firmado por Tagliaferri (PRO) y Martín Lousteau (UCR), y otro firmado por los siete senadores de UxP. Pese a los recelos de los gobernadores peronistas, que piden sostener a Lijo en la Corte, ningún senador de UxP escatimó la firma: José Mayans (Formosa), Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Juliana Di Tullio (Buenos Aires), Lucía Corpacci (Catamarca), Sergio Uñac (San Juan) y Claudia Ledesma Abdala (Santiago del Estero). 

El oficialismo, sin embargo, está cuestionando el aval del jefe de UxP, Mayans, argumentando que se había ausentado en la audiencia de García-Mansilla en agosto. Una formalidad dilatoria que el peronismo rechaza —el artículo 105 del reglamento del Senado exige sólo la firma del senador, no su presencia, argumentan— y que se muestran confiados en que se resolverá cuando aparezcan las firmas del resto de la UCR.

El drama radical

El radicalismo, mientras tanto, atraviesa una fuerte discusión interna respecto a cómo responder a la designación por decreto de los jueces de la Corte Suprema. El caso de Lijo, que todavía no juró porque le rechazaron su pedido de licencia, era más sencillo, ya que la mayoría se oponía a su designación. La mayoría excepto el jefe de bloque, Eduardo Vischi, que firmó en secreto el pliego de Lijo y luego les mintió a sus compañeros de bancada. El alineamiento automático de Vischi con el gobierno libertario, sin embargo, es un factor que le pesa a varios senadores radicales, que cuestionan a Vischi pero tampoco desean enemistarse con Javier Milei.

Dentro del bloque radical, hay dos sectores. Una oposición más dura, liderada por Lousteau, el fueguino Pablo Blanco y el bonaerense Maximiliano Abad. Y, después, una mayoría que responde a los gobernadores y que evita pelearse con el Gobierno. El sector más opositor viene reclamando, hace días, rechazar las designaciones de los jueces por decreto, pero se encuentra la resistencia de una UCR friendly que busca boicotear el pedido de sesión. Esta tensión ya se observó hace un par de semanas, cuando los radicales de los gobernadores boicotearon el proyecto de creación de la comisión investigadora que sus propios compañeros de bancada habían impulsado. 

En esta ocasión, sin embargo, los radicales díscolos confían en que sumarán más votos para rechazar el pliego y, luego, sumar votos para el quórum. Su acompañamiento, así como el de otras díscolas como Tagliaferri, resulta clave para rechazar los pliegos, ya que el peronismo podría arrastrar varias bajas al momento de bajar al recinto. Los gobernadores peronistas, en los últimos días, estuvieron operando con fuerza para desactivar el rechazo al pliego de Lijo. 

“Lijo no, que es amigo”, argumentan los gobernadores que les escriben a los senadores del peronismo. El kirchnerismo, sin embargo, tomó la decisión de voltear ambos pliegos. No descuentan que pueda haber algunas ausencias sorpresivas, así que dependerán del radicalismo y el PRO díscolo. El lunes se buscará convocar sesión, y ahí se verá qué senadores aparecen.

MC/JJD

El anhelo era ambicioso: Ariel Lijo quería ser juez de la Corte Suprema de Justicia sin dejar de ser juez federal. Todo al mismo tiempo, todo bajo el mismo techo institucional. Pero este jueves, en un pronunciamiento que hizo crujir los pasillos de Comodoro Py y cuyo eco retumbó en Balcarce 50, el máximo tribunal le recordó que existen límites.

Fue por mayoría: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y el flamante Manuel García-Mansilla firmaron la resolución 176/2025, mientras que el supremo Ricardo Lorenzetti directamente decidió no emitir voto alguno. En pocas páginas, tres de los cuatro jueces que conforman la Corte anularon la licencia extraordinaria que Lijo había obtenido —con llamativa velocidad— de la Cámara Federal para ausentarse de su cargo en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 4. La excusa: irse, pero no tanto. O mejor dicho, irse, pero sin soltar el cargo. Todo para poder asumir como juez del propio tribunal, tras haber sido designado en comisión por Javier Milei vía el decreto 137/2025 del Poder Ejecutivo.

El máximo tribunal, con un tono mezcla de manual jurídico y regaño burocrático, fue lapidario. “Resulta constitucionalmente inadmisible que una misma persona pretenda investir simultáneamente la doble condición de juez con acuerdo y de juez designado en comisión”, escribieron, sin margen para interpretaciones creativas.

Por si quedaban dudas, los jueces supremos recordaron que la licencia solicitada por Lijo “no encuadra en ninguno de los supuestos de licencias extraordinarias”, y que lo que había pedido el juez era, en rigor, una “licencia de excepción”, figura que solo la propia Corte puede conceder. En este caso, optaron por negarla.

La jurisprudencia, además, no jugaba a favor del magistrado. “La aceptación del nuevo nombramiento como juez en comisión implicó por su parte un acto de voluntad expresa de poner fin a la situación anterior”, recordaron, citando el caso Daffis Niklison, de 1975, como quien despliega el álbum de fotos familiares para explicar que esto ya pasó y que la respuesta fue la misma.

Niklison, entonces juez de primera instancia, fue designado “en comisión” como juez en el Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal Nº 4, curiosamente el mismo que ocupa hoy Lijo. Este nombramiento temporal implicaba que asumía un cargo de mayor jerarquía sin renunciar formalmente a su posición original.

Al concluir el período legislativo siguiente, Niklison intentó regresar a su cargo de origen, argumentando que no había perdido su titularidad. Sin embargo, la Corte Suprema de entonces resolvió que aceptar un nombramiento en comisión implicaba una renuncia tácita al cargo anterior, estableciendo que un juez no podía retener su puesto original mientras ocupaba otro en una instancia superior de manera transitoria.

La jugada, que hasta hace poco parecía encaminada, ahora quedó en un limbo difícil de remontar. Porque si Lijo quisiera efectivamente ser juez de la Corte, debería renunciar a su cargo actual. Y si renuncia, se arriesga a que su designación en comisión no sobreviva al primer soplido político.

El fallo también deja expuesto al Gobierno. No tanto porque le frene el ascenso exprés de Lijo, sino porque blanquea la endeble arquitectura legal que sostenía la operación. Es cierto que el Presidente puede nombrar jueces en comisión cuando el Senado está en receso. Pero no hay decreto que permita transformar a un juez federal en supremo sin que ese juez suelte antes su sillón original.

A la Corte, mientras tanto, no se le movió un pelo. “La Constitución Nacional no admite que una misma persona sea titular de dos cargos de juez”, concluyeron, como si leyeran en voz alta algo tan obvio que casi sonroja. El Gobierno, que ya imaginaba la foto del nuevo juez jurando bajo los vitrales del Palacio, tendrá que guardar la lapicera. Aunque, si algo enseña la historia, es que nunca conviene dar por cerrada una jugada mientras quede una ficha sobre el tablero.

PL/JJD

La noticia cayó como un baldazo de agua helada en los despachos de Balcarce 50. La Corte Suprema rechazó la licencia extraordinaria que pidió Ariel Lijo para dejar en pausa su juzgado federal y mudarse al máximo tribunal, tal como lo había soñado Javier Milei y ejecutado su asesor estrella Santiago Caputo, en una jugada tan audaz como endeble. El fallo, que contó con los votos de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Manuel García-Mansilla —sí, el mismo que hace una semana juraba de apuro, rodeado de sus nuevos compañeros— dejó expuesto que ni siquiera adentro del Palacio de Justicia hay consenso para sostener la estrategia oficialista.

Quien finalmente se abstuvo de emitir opinión fue Ricardo Lorenzetti, el socio silencioso de la aventura, que no solo había dejado trascender que avalaría la licencia sino que fue el arquitecto de la postulación de Lijo. Lo hizo con llamados discretos al asesor todoterreno del Presidente y a su mano derecha en Justicia, Sebastián Amerio. Pero ni con todo su empuje alcanzó para torcer una mayoría que, a esta altura, parece dispuesta a marcarle la cancha al Gobierno y al propio Lorenzetti, que también disputa su partido interno.

La reacción en la Casa Rosada fue de desconcierto. “Nadie esperaba que le bajaran el pulgar así, tan rápido”, reconoció, sin disimular la molestia, un funcionario que sigue de cerca la ingeniería jurídica que rodea a los decretazos judiciales. Mucho menos que uno de los partícipes necesarios de ese rechazo fuera García-Mansilla. “Son las reglas de juego”, mascullaba por lo bajo una fuente oficialista en referencia al sorpresivo voto del académico, que generó perplejidad en la mesa chica del Gobierno. En un principio, hasta pensaron que se trataba de una operación mediática.

Es que lo que esperaban en Balcarce 50 era otra cosa: una transición ordenada, en la que Lijo pudiera cubrirse con una licencia hasta que el Senado le garantizara el blindaje definitivo. Pero no. Ahora, si quiere ser juez de la Corte, tiene que soltar Comodoro Py y tirarse al vacío, sabiendo que su nombramiento “en comisión” vence con el calendario legislativo. Fin de noviembre, reloj en cuenta regresiva.

Y Lijo, se sabe, no está dispuesto a semejante riesgo. La idea de dejar su histórico Juzgado Federal N°4 —donde acumuló poder, causas sensibles y terminales políticas que trascienden gobiernos— para un asiento transitorio en la Corte, no lo seduce. Prefiere esperar a que el Senado haga su parte y le entregue la llave definitiva del Palacio de Tribunales. “Lo ideal sería ese aval porque es lo institucional”, filtran cerca suyo, en un intento de disimular que, detrás de la cautela jurídica, hay puro instinto de supervivencia.

Mientras tanto, García-Mansilla vive su propio limbo. Ya juró, sí, pero su cargo también tiene fecha de vencimiento si el Senado no convalida su pliego. Y aunque en el Gobierno apuestan a que la ceremonia que le organizó Rosatti le dio “estabilidad” hasta fin de año, los constitucionalistas avisan que no es tan fácil: la Cámara alta puede rechazarlo y mandarlo de vuelta a su cátedra.

Lo de Lijo, sin embargo, abre otro frente. Porque si no renuncia, no asume. Y si no asume, ¿qué fue toda esta novela? ¿Para qué tanto decreto, tanta firma, tanto forcejeo constitucional? En Comodoro Py, donde todos lo conocen y nadie se sorprende, lo dicen sin vueltas: “Ariel no va a rifar su sillón por seis meses de incógnita”. Al menos, no todavía.

En el Senado, mientras tanto, empieza a cocinarse la verdadera partida. Con sesiones especiales en el horizonte y estrategias divididas, los bloques opositores analizan si rebotan los pliegos en comisión o los liquidan en el recinto. El Gobierno presiona para blindar a García-Mansilla y seguir apostando a que Lijo pueda llegar por la vía “institucional”. Pero los votos no aparecen, y el tiempo corre.

Así, en apenas una semana, el operativo para completar la Corte con nombres a dedo y tiempos exprés quedó atrapado en sus propias trampas. Lijo, que debía ser la pieza fuerte del plan, hoy se resigna a esperar, aferrado a su juzgado y mirando de reojo a la Cámara alta, mientras la Casa Rosada mastica la bronca por una jugada que, por ahora, salió mal.

Una toga o la otra

Fue por mayoría: Rosatti, Rosenkrantz y el flamante García-Mansilla firmaron la resolución 176/2025. En pocas páginas, anularon la licencia extraordinaria que Lijo había obtenido —con llamativa velocidad— de la Cámara Federal para ausentarse de su cargo en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 4. La excusa: irse, pero no tanto. O mejor dicho, irse, pero sin soltar el cargo. Todo para poder asumir como juez de la propia Corte, designado en comisión por el decreto 137/2025 del Poder Ejecutivo.

El máximo tribunal, con un tono mezcla de manual jurídico y regaño burocrático, fue lapidario. “Constitucionalmente inadmisible”, dijeron sobre la pretensión de Lijo de mantener la doble investidura. Citando un caso de 1975 —el expediente Daffis Niklison, para los nostálgicos—, recordaron que no es posible ser juez con acuerdo del Senado y, al mismo tiempo, juez en comisión. Mucho menos cuando el primer cargo sigue vigente y el segundo apenas es un pase fugaz mientras el Congreso está de vacaciones. En otras palabras: o una toga o la otra. Pero no ambas.

La jugada, que hasta hace poco parecía encaminada, ahora quedó en un limbo difícil de remontar. Porque si Lijo quisiera efectivamente ser juez de la Corte, debería renunciar a su cargo actual. Y si renuncia, se arriesga a que su designación en comisión no sobreviva al primer soplido político. Nadie ignora que los nombramientos interinos suelen durar poco y nada.

La resolución de la Corte también deja expuesto al Gobierno. No tanto porque le frene el ascenso exprés de Lijo, sino porque blanquea la endeble arquitectura legal que sostenía la operación. El Presidente puede nombrar jueces en comisión cuando el Senado está en receso. Pero no hay decreto que permita transformar a un juez federal en supremo sin que ese juez suelte antes su sillón original.

Con este traspié, Lijo se queda en su juzgado. La Corte, por su parte, da señales de que no piensa ser espectadora pasiva de las jugadas institucionales del Ejecutivo. Y el sistema judicial, siempre aficionado a los tecnicismos, suma un nuevo capítulo a su historial de paradojas: un juez que quiso estar en dos lugares a la vez, pero terminó, al menos por ahora, quedándose en el mismo.

PL/MC