La imagen difundida este miércoles por el Gobierno parecía, a primera vista, una postal protocolar más de una misión internacional. Pero en la Argentina de Javier Milei pocas fotografías son inocentes. El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, apareció junto al juez federal Ariel Lijo en París, en el marco del plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y la coincidencia rápidamente despertó suspicacias políticas y judiciales.

No se trata solamente de que Lijo sea el magistrado que investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito. Tampoco de que el viaje ocurra en medio de las negociaciones abiertas por los pliegos judiciales y la futura integración de la Corte Suprema. La escena condensa, además, varias de las tensiones que atraviesan simultáneamente al oficialismo: la interna entre Karina Milei y Santiago Caputo, la disputa por la conducción de Comodoro Py y la puja por los próximos nombramientos en el Poder Judicial.

La fotografía difundida por el Ministerio de Justicia muestra a ambos funcionarios compartiendo actividades en el encuentro internacional que se desarrolla esta semana en la capital francesa. No trascendió si mantuvieron conversaciones sobre la causa que involucra a Adorni ni hubo precisiones oficiales al respecto. Integrantes de la delegación insistieron en que se trata de una misión estrictamente técnica orientada a exhibir los avances argentinos en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

Pero hay otro dato que terminó alimentando las especulaciones. Aunque no compartieron el vuelo desde Buenos Aires, los principales integrantes de la delegación argentina decidieron alojarse en el mismo hotel, un elegante establecimiento ubicado sobre la avenida Marceau, una de las zonas más exclusivas de París. Allí conviven desde el domingo y hasta el viernes Mahiques, Lijo, el titular de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), Juan Tomás Rodríguez Ponte, y el juez federal Sebastián Casanello. Oficialmente, la explicación es sencilla: se trata de una misión técnica de cinco días. Extraoficialmente, la coincidencia volvió inevitable una pregunta en Buenos Aires: cuánto de la conversación gira alrededor del GAFI y cuánto alrededor del tablero judicial argentino.

La presencia de Rodríguez Ponte agrega otra capa de lectura política. Exsecretario del juzgado de Lijo, actual responsable de las escuchas judiciales y aspirante a ocupar un juzgado federal en Lomas de Zamora, integra uno de los expedientes más sensibles de las negociaciones abiertas por los futuros nombramientos judiciales.

La paradoja es que, mientras el oficialismo intenta mostrar una imagen de coordinación institucional ante la comunidad internacional, buena parte de sus protagonistas encarnan disputas abiertas en el plano doméstico. El ministro de Justicia responde políticamente al universo de Karina Milei. Lijo es señalado desde hace tiempo como uno de los magistrados con mejor diálogo con el entorno de Santiago Caputo.

La relación personal entre ellos, además, viene de mucho antes. Tanto Mahiques como su segundo, Santiago Viola, construyeron parte de su trayectoria profesional en el entorno del juzgado de Lijo. Son vínculos históricos que preceden a la llegada de Milei al poder y que hoy reaparecen bajo una nueva luz, atravesados por la creciente judicialización de algunos de los principales funcionarios del Gobierno.

Lijo, además, concentra varios expedientes sensibles para la administración libertaria. Además de la investigación patrimonial sobre Adorni, tiene a su cargo la causa por las presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde se encuentra procesado quien fuera su titular, el abogado Diego Spagnuolo, entre otros.

El viaje también se produce en un momento particularmente relevante para el ministro de Justicia. Después de que el Senado aprobara cerca de 70 pliegos judiciales, Mahiques intenta avanzar en una negociación más ambiciosa: ocupar las vacantes pendientes en la Justicia federal y encarar la discusión, todavía inconclusa, sobre los dos lugares disponibles en la Corte Suprema. La situación de Lijo ocupa un lugar especial dentro de ese tablero. El magistrado fue uno de los nombres originalmente impulsados por Milei para integrar el máximo tribunal, donde fue designado por decreto, pero nunca consiguió reunir los votos necesarios en la Cámara alta.

Como si fuera poco, tanto Mahiques como Lijo aparecen mencionados en otra carrera silenciosa: la sucesión en la Procuración General de la Nación. Tanto el ministro como el juez son señalados en distintos sectores judiciales como posibles aspirantes a convertirse en jefe de los fiscales, un cargo vacante desde hace casi una década y que sigue siendo una de las piezas más codiciadas del tablero institucional argentino.

Acercamiento a la OCDE

La agenda formal, sin embargo, transitó por otros carriles. El GAFI, creado en 1989 por los países integrantes del G7, es el principal organismo internacional encargado de establecer estándares globales contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otros delitos financieros. Sus cuarenta recomendaciones constituyen hoy la principal hoja de ruta que deben seguir los países para demostrar la solidez de sus sistemas de control.

Para la Argentina, la participación en este plenario tiene una importancia adicional. El país atraviesa un proceso de seguimiento luego de la evaluación aprobada en 2024 y busca consolidar los avances exhibidos en materia de prevención del lavado de dinero, un requisito clave dentro de su estrategia de acercamiento a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Según informó el Gobierno, Mahiques mantuvo este jueves una reunión con el Secretario General de ese organismo, Mathias Cormann, que se sumó al que tuvo lugar el miércoles con Giles Thomson, próximo presidente del GAFI para el período 2026-2028. Allí abordaron, de acuerdo al comunicado difundido, “los desafíos vinculados al fortalecimiento de los sistemas de prevención y persecución del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva”. Desde el Ejecutivo destacaron especialmente que Thomson valoró la participación de representantes del Poder Judicial en la delegación argentina.

Mahiques, a su vez, aseguró que las políticas impulsadas por el Ministerio de Justicia y el trabajo que desarrolla la Unidad de Información Financiera (UIF) se encuentran alineados con las prioridades de la próxima presidencia del organismo. La comitiva argentina mantuvo además un encuentro con la presidenta saliente del GAFI, Elisa de Anda Madrazo, quien felicitó al país por los avances registrados desde la aprobación del Informe de Evaluación Mutua en 2024 y por la participación activa de la delegación en los distintos grupos de trabajo.

PL/MG

Nadie —a excepción de Javier Milei y un fan, el cineasta Santiago Oria—le asignó el más mínimo crédito a la historia de la caja de zapatos repleta de dólares legada por el padre de Manuel Adorni y la multiplicación de los billetes a través de una inversión cripto. En una presentación televisiva lacerante, el jefe de Gabinete confirmó su condición de mentiroso empedernido. Fue demasiado: los leales que le quedaban en el prime time de las pantallas televisivas se bajaron del barco.

No obstante, esta conclusión casi unánime habilita lecturas en diferentes planos.

En el arco político, especialmente en el oficialismo y sus aliados, el acento de las conversaciones es elucubrar los motivos por los que los Hermanos Milei no sólo mantienen a su creación Adorni en el cargo, sino que obligan a los ministros a sacarse fotos con impostura de normalidad y a sobreactuaciones como las protagonizadas por Sandra Pettovello y Luis Caputo en la Cámara de Diputados en abril, cuando gritaban desde las gradas “Vamos Manuel”, mientras el jefe de Gabinete se aprestaba a leer un texto ficcional sobre sus bienes.

En el ámbito colindante de los tribunales, la interpretación corre por otro carril. La estrategia de Adorni fue evaluada por una fuente clave de Comodoro Py como “inteligente desde lo jurídico y contable”, aunque con escasas chances de prosperar por el nivel de “truchadas” en continuado perpetradas por el imputado.

Primero, la clave política.

¿Por que no lo echan?

El CEO de una de las empresas que más facturan en el país, de diálogo fluido con el Ejecutivo, elaboró una hipótesis días atrás. “Para mí, es a propósito. Le dan visibilidad para que no se hable de otras cosas”. “¿$LIBRA”?, consultó este medio, en referencia a la supuesta criptoestafa por volúmenes mucho mayores que involucra a los Milei y al propio jefe de Gabinete. “$LIBRA, pero, sobre todo, la economía. Si se habla de Adorni, no se habla del consumo y de los sueldos, que están por el piso”.

Esa interpretación conjuga con una idea que explica por qué medios, economistas y otras voces influyentes muy allegadas a los Hermanos Milei vuelcan su presión sobre Adorni, con saña, sin ahorrarse desprecio personal ni insultos.

El oficialismo está ávido de contradecir la realidad de ingresos reducidos y empleo en riesgo en los hogares y los barrios, y trata de convencer de que se viene el despegue definitivo, tras dos años de motosierra cruel: los “mejores 18 meses de la historia económica argentina” vaticinados por Caputo en marzo (quedan 16, los primeros dos ya se perdieron). El lenguaje festivo de los Milei y los Caputo abreva en los anuncios de adhesiones al RIGI y ciertos papers que siembran optimismo.

En esa lógica, cuando llegue el punto caramelo, la salida de Adorni, reclamada hasta por Luis Majul y Mauricio Macri, podrá ser proclamada por el mileísmo como el “ahora sí” que faltaba: con la crisis política despejada, la inflación “resuelta” (2%) y el riesgo-país en baja, el camino a la reelección está asegurado, se lee en el esperanzado texto oficialista. Riesgoso, porque quizás se pasa del punto caramelo y la faena queda chamuscada.

Un economista de alto perfil y cercano al gobierno apeló a una razón de índole psicológico-política para explicar el sostenimiento de Adorni: “Es lo que los yankees llaman ‘escalation of commitment’. Ante una decisión equivocada y contra la evidencia, deja de jugar el análisis de los costos y beneficios futuros, y pesa el tiempo, el dinero y el prestigio invertidos”. “Es la falacia del costo hundido, pero igual creo que se irá”, resume.

Cuando llegue el punto caramelo, la salida de Adorni, reclamada hasta por Luis Majul y Mauricio Macri, podrá ser proclamada por el mileísmo como el 'ahora sí' que faltaba. Riesgoso.

Hay acciones enigmáticas que alimentan la teoría de que hay algo más detrás del respaldo de los Milei al funcionario que mejor transmitió sus ejes argumentales y provocaciones. Dan la cara por él, incluso cuando les miente y oculta datos. Por menos que eso, otros advenedizos a los que el Presidente consideró “hermanos” (Nicolás Posse, Diego Spagnuolo) fueron expelidos sin honra.

“¿Sabián esto?”

En el anochecer del martes, una pregunta pobló los whatapps de la cumbre del oficialismo y sus aliados: “¿Sabían de esto?”.

Las horas previas habían quedado monopolizadas por la noticia de que Adorni, puesto en el ojo de la tormenta por su imposibilidad de explicar su progreso patrimonial apenas pisó un despacho oficial, se había adherido al régimen de Inocencia Fiscal para no ser auditado. La respuesta desde los despachos de Eduardo “Lule” Menem (mano derecha de Karina) y Santiago Caputo fue que se habían enterado del ardid de Adorni por los medios.

Ello no impidió que la secretaria general de la Presidencia organizara una foto con Patricia Bullrich soplando una velita por sus 70, Lule Menem abrazando a su enemigo y competidor por los presupuestos Santiago Caputo, y Adorni mostrando una sonrisa descompuesta. (Dato colateral: El calamitoso encuadre de la foto despertó la sospecha de la autoría de Oria, pero fuentes oficiales lo desmintieron, porque el cineasta sólo gatilla la cámara en presencia de Milei, y éste no estuvo en el reparto de la torta de Bullrich. La obra fue atribuida a una secretaria que pasaba por ahí).

Si hay alguna especulación estratégica de los Hermanos Milei en dejar correr a Adorni, los costos no son menores y van más allá de la erosión en las encuestas.

La inscripción del jefe de Gabinete en Inocencia fiscal despertó el interés por ver qué otros funcionarios se habían anotado, y resultó que allí estaban Federico Sturzenegger, José Luis Espert; los mentores del régimen, el director ejecutivo de ARCA, Andrés Vázquez, y su predecesor y exsocio de Luis Caputo, Juan Pazo; y los aprovechadores todoterreno de beneficios estatales como el embajador Fernando Iglesias, el asesor Felipe Núñez y el propio cineasta Oria.

Cundió así la percepción generalizada de que, antes que “inocencia”, se trató de una verdadera “autoamnistía fiscal”. Un aliado parlamentario clave del oficialismo vaticinó el destino del proyecto de ampliación de la ley de Inocencia Fiscal mediante la cual Luis Caputo intenta tratar de convencer a los dólares que se niegan a dejar el colchón. “Eso está muerto. Caputo lo quiere matar a Adorni”, dijo la voz a este diario.

Mueve Villarruel

Definitivamente fuera del cerco oficialista, en el gobierno miran los movimientos de Victoria Villarruel. Menospreciada hasta hace poco, crece la pregunta en el búnker ultra por su capacidad de daño si Villarruel logra armar una propuesta política, algo que hasta el momento no ocurrió. Es una de las incógnitas para 2027.

La vicepresidenta tomó impulso a partir del último episodio de Adorni y trascendió su estilo de respuestas sutiles o alguna foto-oportunidad para dirigir un mensaje, por lo general a la defensiva.

Villarruel ironiza ante quien quiera escucharla sobre la “vara moral” que alguna vez mencionó Milei. En su enumeración, a las andanzas del jefe de Gabinete, suma los créditos del Banco Nación del que se aprovecharon allegados a Luis Caputo y cientos de funcionarios, y el cúmulo de designaciones en el Estado de militantes mileístas manifiestamente inhábiles para el cargo.

Sabe dónde pegar. Villarruel apunta a los dos expedientes que más preocupan a los Hermanos Milei: $LIBRA y las coimas de la Agencia Nacional de Discapacidad. Son causas en las que se vislumbran puentes claros entre corrupción a gran escala y los bolsillos presidenciales, y que también explican los diques levantados en torno al jefe de Gabinete.

Si la investigación por la criptoestafa avanza, el destino de Milei y Adorni es indisociable

El hacedor de $LIBRA Mauricio Novelli es más que un contratante de Adorni y los Milei en los años previos a 2023. La relación entre el Presidente y su jefe de Gabinete se forjó al calor del negocio conjunto con la cueva de Novelli, donde ambos fueron influencers, y llegó a la cúspide cuando organizaron las reuniones en Casa Rosada, previas al lanzamiento de $LIBRA en febrero de 2025, presuntamente a cambio de millones de dólares, tal como anotaron los criptoestafadires en sus celulares. Si la investigación avanza, el destino de Milei y Adorni es indisociable.

Esta semana, Villarruel se mostró a la ofensiva cuando conminó al jefe de Gabinete a presentar su informe ante el Senado, casi en simultáneo con el anuncio de Adorni de que lo haría en julio. La coincidencia fue interpretada en Casa Rosada como una viveza de “la traidora” para anotarse un punto que no le correspondía. Como fuera, se lo anotó. Comenzó a correr el reloj para evaluar si Adorni permanecerá en el cargo hasta la fecha de presentación, o si habrá hinchada en las gradas del Senado el 2 de julio.

La lectura del expediente

La suerte política y penal de Adorni se jugarán en gran medida en el expediente radicado en el juzgado federal de Ariel Lijo y cuya investigación instruye el fiscal Gerardo Pollicita.

El trámite de la causa tuvo un avance firme en los primeros dos meses, algo que no ha sido la norma en Comodoro Py cuando los imputados fueron del mundo Macri y sus aliados políticos y económicos. Desde marzo, se exploraron puntas surgidas de la causa y de los medios sobre las propiedades ocultas y los viajes de lujo.

El ritmo de la investigación se ralentizó en el último mes, probablemente por un motivo razonable: la presentación de la declaración jurada de Adorni, finalmente concretada el miércoles, marcaría un punto de inflexión a partir del cual se podría decidir una citación a indagatoria y posterior procesamiento.

Adorni explicitó en LN+ el consejo de su abogado, Matías Ledesma, de que presentara una explicación sobre el patrimonio precedente a la función pública. De esa manera, al jefe de Gabinete no le quedó otra que admitir la omisión perpetrada y la evasión fiscal, como mal menor ante un procesamiento por enriquecimiento ilícito, tipología que para Adorni equivale a ser “chorro”, lo que, al parecer, lo ofende.

Así surgió el relato de la herencia en 2002 y la inversión cripto en 2013 hasta llegar a los US$506.000 de ahorro inesperado. Ello más algunos retoques sobre sus ingresos y los de su esposa, Bettina Angeletti, y las deudas reconocidas con jubiladas y amigos, calzarían con los departamentos y gastos exorbitantes que Adorni mantuvo en la oscuridad hasta que este medio informó sobre su viaje a Punta del Este en avión privado a un costo de US$9.000, realizado entre el 12 y el 17 febrero pasados.

En los papeles, la estrategia elegida por el abogado Ledesma fue “inteligente” y “lo mejor que podía hacer con lo que tenía”, según la mirada de la fuente citada con acceso al expediente y un segundo observador relevante de Comodoro Py. Ahora le toca a Pollicita reconstruir la trazabilidad de las inversiones cripto para corroborar una versión que, cerca de su fiscalía, consideran “incongruente”.

Grosso modo, Adorni se enfrenta a tres tipos penales: omisión maliciosa con el fin de eludir controles y pagar menos impuestos, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

De los tres, el jefe de Gabinete eligió el de menor pena, omisión maliciosa, mientras intenta evitar el costo en multas que supondría el fraude a partir de la adhesión a la Inocencia Fiscal, describe el observador judicial ajeno a la causa. “Quedaría invalidado como funcionario, pero le saldría barato y no comprometería el patrimonio”, resume.

Como informó este diario, funcionarios judiciales clave que accedieron a movimientos económicos asentados en el expediente barajan el lavado de dinero como la hipótesis principal. Sería el tipo penal más gravoso, tanto por la pena de prisión que conlleva (5 a 22 años), como por la multa de diez veces el monto lavado. Además, la trama de lavado supone más imputados, como Angeletti y los escribanos, prestanombres y socios que lo acompañaron en el camino de dar “apariencia de legitimidad” a las operaciones. Algunos de ellos fueron citados como testigos, lo que presenta una eventual dificultad a la hora de una probable imputación, indica el abogado de una persona que pasó por esa instancia.

Adorni se enfrenta a tres tipos penales: omisión maliciosa con el fin de eludir controles y pagar menos impuestos, enriquecimiento ilícito y lavado de activos

En etapa de definiciones, circularon interpretaciones suspicaces sobre el juez y el fiscal intervinientes.

Esta semana, Lijo viajará junto al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, el juez Sebastián Casanello y otros funcionarios judiciales, del Banco Central y de la Unidad de Información Financiera, para representar al país en un encuentro en París del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

En principio, la hipótesis de que Mahiques premia a Lijo con un viaje a París o que podría pactar la impunidad de Adorni en un salón VIP de un hotel o un aeropuerto no debería tener mucho recorrido. Si algo no falta a un juez de Comodoro Py son recursos para viajar a París cuatro días por su cuenta o buscar una conferencia ad hoc, ni salones apartados en Puerto Madero o un barrio cerrado para conciliar posiciones con un Mahiques. Los viajes al GAFI con funcionarios del Ejecutivo, el fuero penal federal y organismos descentralizados son periódicos y no representan nada en sí mismos en cuanto a acuerdos políticos.

A Pollicita se lo describe como “muy amigo” de Mahiques. El ministro es leído en un ámbito muy extendido como alguien dedicado a reorganizar los tribunales federales y despejar el horizonte judicial a una dupla presidencial que muestra una avidez descontrolada.

El fiscal es uno de los habitantes de Comodoro Py que nada con mayor ductilidad entre las diferentes terminales del edificio (Angelici, la corporación judicial, la SIDE, los Grupos Clarín y La Nación), sin estar enteramente encasillado en ninguna de ellas. Hasta ahora, la citada amistad con Mahiques no impidió que el fiscal avanzara sobre Adorni mucho más allá de lo que los Milei hubieran preferido. La contracara con respecto a la parálisis de su colega Eduardo Taiano en la causa $LIBRA es palmaria.

Nunca faltan reproches en la relación entre jueces y fiscales federales, pero en general, prima la cercanía. Son pocos y se conocen mucho.

La fuente clave con acceso al expediente recuerda un dato obvio. Si en algún momento el ruido sobre la velocidad y la orientación crece más de lo esperado, Lijo podría retomar la instrucción de la causa, que hoy está en manos de Pollicita.

slacunza@eldiarioar.com

SL

El jefe de Gabinete Manuel Adorni dice que no pasará del lunes 15 de junio para presentar su declaración jurada patrimonial ante la Oficina Anticorrupción. La elección del momento no es casual. El jueves 11 arranca el Mundial de fútbol en Estados Unidos, México y Canadá, y el Gobierno apuesta a que el ruido del torneo más visto del planeta le dé cobertura mediática para un trámite que lleva meses demorado y que está directamente vinculado a la causa por presunto enriquecimiento ilícito que el juez federal Ariel Lijo tiene abierta sobre el funcionario.

La demora de Adorni tiene dos explicaciones según su entorno. La primera es técnica: querían evitar interferir en la recopilación de pruebas que impulsa el fiscal a cargo de la causa. La segunda es política: el funcionario buscó no ceder ante la presión que en las últimas semanas ejercieron sobre él tanto la senadora Patricia Bullrich como la vicepresidenta Victoria Villarruel, que reclamaban públicamente que presentara la declaración sin más dilaciones. Fue Bullrich quien forzó los tiempos al adelantar la propia.

Lo que termina de completar el cuadro es el viaje que el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, hará a París entre el 15 y el 19 de junio. Mahiques encabezará la delegación argentina ante el GAFI, el organismo internacional que evalúa las políticas del país en materia de lavado de dinero. En esa misma comitiva viajarán el juez federal Sebastián Casanello y el propio Lijo: el magistrado que investiga a Adorni por enriquecimiento ilícito, que tiene en sus manos la causa de las coimas en la ANDIS y que concentra los expedientes más sensibles para el Gobierno, compartirá estadía en la capital francesa con el ministro de Justicia.

La interna que rodea al viaje tampoco es menor. Mahiques está alineado con Karina Milei en el seno del Gobierno. Lijo, en cambio, es visto históricamente como cercano al asesor presidencial Santiago Caputo, el otro polo de la disputa interna que lleva meses tensando al oficialismo.

¿Qué es exactamente lo que la declaración jurada de Adorni deberá explicar? El fiscal federal Gerardo Pollicita, a cargo de la investigación, encargó a la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero (DAFI) un análisis pormenorizado del patrimonio de Adorni y su esposa Bettina Angeletti. El eje central de la causa es si el nivel de vida del matrimonio puede justificarse con el sueldo del funcionario, que durante 2024 y buena parte de 2025 estuvo congelado en alrededor de $3 millones en mano.

Entre los elementos bajo escrutinio figuran dos compras de propiedades: un departamento en Caballito —adquirido con un préstamo de dos jubiladas al que faltan devolver 70.000 dólares— y una casa en el barrio privado Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz, escriturada a nombre de Angeletti como titular del 100%. A eso se suman al menos 21 viajes del matrimonio en cuatro años a destinos como Aruba, Nueva York, España, Cancún y Punta del Este, con estadías en hoteles de alta gama. El último frente que abrió la investigación son los movimientos en criptomonedas: la fiscalía detectó operaciones de entrada y salida en más de 20 exchanges —entre ellos Binance, Ripio y Lemon— con activos en BTC, ETH y USDT que aún no tienen explicación patrimonial oficial. Todo eso es lo que Adorni prometió aclarar antes del lunes 15. El Mundial empieza el jueves.

La Justicia Federal profundizó la investigación sobre posibles irregularidades en contrataciones vinculadas a la consultora +BE, propiedad de Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete Manuel Adorni. El expediente está a cargo del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Carlos Stornelli, quienes buscan determinar si existió direccionamiento en licitaciones o beneficios económicos indebidos relacionados con firmas proveedoras del Estado.

En las últimas horas, el magistrado ordenó una serie de medidas para reconstruir la relación comercial entre +BE y distintas compañías privadas, entre ellas Foggia Group, Grupo Datco y National Shipping S.A. Según pudo saber la agencia Noticias Argentinas, Lijo solicitó documentación vinculada a facturación emitida hacia la consultora de Angeletti, legajos societarios presentados ante la Inspección General de Justicia y datos sobre los beneficiarios finales de las contrataciones cuestionadas.

Además, la fiscalía requirió información a la Oficina Nacional de Contrataciones para conocer el detalle de la participación de las empresas investigadas en distintos procesos licitatorios y las adjudicaciones obtenidas en organismos públicos.

La causa se originó a partir de una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano, exintegrante de La Libertad Avanza, y apunta a esclarecer si existió un posible esquema de retornos de fondos públicos a través de vínculos comerciales entre empresas contratistas del Estado y la firma ligada a la esposa del funcionario.

Entre las compañías bajo análisis aparece Grupo Datco, dedicada a servicios tecnológicos y con antecedentes como proveedora de organismos estatales como AFIP, AySA y Aerolíneas Argentinas. También figura National Shipping S.A., empresa naviera vinculada al transporte marítimo y fluvial de hidrocarburos y señalada como una de las principales proveedoras de YPF, donde Adorni se desempeña como director titular.

Otro de los focos de la investigación es Foggia Group, conducida por Mara Gorini, identificada en el expediente como una empresaria cercana a Karina Milei. La firma estuvo vinculada a la concesión de Tecnópolis y participó en la organización de distintos eventos libertarios, incluidos actos realizados en el Luna Park y el Movistar Arena encabezados por el presidente Javier Milei.

Hasta el momento no hay imputaciones formalizadas en la causa. Sin embargo, las nuevas medidas judiciales apuntan a reconstruir el circuito de contrataciones y establecer si existieron beneficios cruzados entre compañías con negocios en el Estado y la consultora +BE.

Con información de la agencia NA

El juez federal Ariel Lijo ordenó levantar el secreto fiscal del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y de su esposa, Bettina Angeletti, ante ARBA, la agencia tributaria de la provincia de Buenos Aires, en el marco de una investigación que intenta esclarecer el origen de los fondos utilizados para distintos gastos personales.

La medida, que según fuentes judiciales había sido dispuesta en marzo, apunta a profundizar la pesquisa sobre los viajes al exterior que el funcionario realizó junto a su familia, así como a determinar si existieron irregularidades en su financiamiento.

En ese sentido, los investigadores buscan establecer si los gastos y deudas que registra Adorni guardan relación con los ingresos declarados durante su paso por el Gobierno, primero como vocero presidencial y luego como jefe de Gabinete.

De acuerdo con testimonios incorporados a la causa -incluyendo facturas y tickets-, parte de esos desembolsos corresponde a viajes internacionales y a la compra de dos propiedades: una en el barrio porteño de Caballito y otra en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. Ambos movimientos habrían sido realizados desde el inicio de su gestión en el ámbito nacional.

En paralelo, Lijo dispuso avanzar sobre las comunicaciones del periodista y productor Marcelo Grandio, cercano a Adorni, quien lo acompañó durante el último feriado de Carnaval en un vuelo privado con destino a Punta del Este.

La investigación también pone el foco en los vínculos comerciales de Grandio. A través de su productora, ImHouse, habría cerrado contratos con la Televisión Pública, que depende de la Secretaría de Comunicación bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete.

Las medidas judiciales incluyen el análisis del teléfono celular y otras comunicaciones del productor, tanto en sus intercambios con Adorni como con Horacio Silva, quien figura como titular de la productora involucrada.

Con información de la agencia NA

El juez federal Ariel Lijo dispuso avanzar con una pericia clave en la causa que investiga un presunto esquema de corrupción vinculado a la Agencia Nacional de Discapacidad. La medida apunta a analizar los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, que hasta el momento no habían sido plenamente incorporados al expediente.

La decisión marca un cambio en el rumbo de la investigación, ya que las grabaciones habían quedado en un segundo plano mientras se debatía su validez. Ahora, el magistrado que subroga el Juzgado Federal N° 11 ordenó que se determine su autenticidad y procedencia.

Para ello, Lijo encomendó la tarea a la Gendarmería Nacional Argentina, específicamente a su Dirección de Criminalística y Estudios Forenses, que deberá realizar un análisis técnico sobre el material. El objetivo es establecer si los audios son genuinos y cómo fueron obtenidos.

El avance se produce en línea con lo dispuesto previamente por la Cámara Federal porteña, que había ordenado verificar estos elementos antes de definir su valor probatorio dentro del expediente.

En paralelo, las defensas de Spagnuolo y de la empresa Suizo Argentina habían planteado la nulidad de la causa, argumentando que las grabaciones podrían tener un origen irregular. Si bien ese pedido no prosperó, sí derivó en la necesidad de profundizar el análisis sobre el material.

La resolución que impulsó esta instancia fue tomada por la Sala II del tribunal de apelaciones, integrada por los jueces Martín Irurzun, Roberto Boico y Eduardo Farah, quienes en diciembre instruyeron avanzar con la verificación.

En ese momento, el juzgado estaba a cargo de manera subrogante de Sebastián Casanello, quien había recibido la orden de iniciar las comprobaciones sobre los audios.

Con esta nueva medida, la causa entra en una etapa decisiva, ya que el resultado de las pericias podría determinar el peso de las grabaciones dentro de la investigación y su eventual impacto en la situación procesal de los involucrados.

Con colaboración de Sebastián Lacunza

JIB

El Gobierno tiene un problema judicial. O, más precisamente, una acumulación de problemas judiciales que empiezan a superponerse en el tiempo y a dialogar entre sí. $LIBRA, ANDIS y el caso Adorni son expedientes distintos, con lógicas propias, pero atravesados por un mismo hilo conductor: todos rozan, de una u otra manera, el núcleo de poder que rodea a Javier Milei. En ese contexto, la llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia no fue solo un cambio de nombres, sino la designación, en los hechos, de un rol que nadie explicitó en público pero que en privado nadie se molesta en negar: el de escudo.

No se trata, además, de un actor ajeno a ese mundo. Mahiques viene de la llamada “familia judicial”, hijo de un histórico camarista de Casación y formado en los códigos, vínculos y lógicas de Comodoro Py, un capital que en la Casa Rosada le reconocen y por el que fue elegido para cumplir justamente esa función. La apuesta era clara: alguien que hablara el idioma de los tribunales, que conociera sus tiempos y sus reflejos, y que pudiera ofrecer cobertura en un momento de tensión creciente. El problema es que, a poco más de un mes de asumir, ese escudo todavía no logra mostrar eficacia, o peor aún, no termina de cubrir.

Hay escenas que lo delatan. En marzo, durante su primera entrevista en LN+, Mahiques ensayó la fórmula esperable, pero apenas unos segundos después cruzó esa línea y se metió de lleno en el caso $LIBRA, donde terminó actuando más como abogado defensor del Presidente que como ministro de Justicia. No lo hizo en un expediente ni en un dictamen, sino en televisión, como quien tantea el terreno, al esbozar una estrategia para desarmar la prueba central.

En Comodoro Py la hipótesis es conocida: si el origen de una prueba es cuestionable, todo lo que se construye sobre ella puede caerse. Es la mentada teoría del “fruto del árbol envenenado”. Por lo que cualquier filtración aparece, en el razonamiento de Mahiques, como una posible llave de nulidad. Ese corrimiento tuvo consecuencias, porque en los tribunales lo leyeron como una señal de debilidad más que de fortaleza. No porque la estrategia sea incorrecta, sino porque reveló la urgencia del oficialismo y expuso que las pruebas, lejos de ser marginales, preocupaban.

Esa preocupación se vuelve más tangible cuando se mira el estado de las causas. En $LIBRA, el expediente que tramita el juez Marcelo Martínez de Giorgi, las pericias sobre el teléfono de Mauricio Novelli empezaron a aportar elementos incómodos para la defensa oficial, incluyendo referencias a un presunto acuerdo económico con el propio Presidente para promocionar la criptomoneda meme que dio lugar a acusaciones de estafa y pérdidas de 251 millones de dólares para los inversores.

En paralelo, la causa que investiga los supuestos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), a cargo de Ariel Lijo, acaba de escalar con un movimiento que en Tribunales funciona como señal de cambio de fase: los fiscales pidieron 27 nuevas indagatorias, ampliaron la imputación a una estructura que combina funcionarios y empresarios y pusieron bajo la lupa un esquema de direccionamiento de contratos por más de $75 mil millones, con pedidos de inhibición de bienes incluidos, lo que indica que la investigación no solo sigue abierta sino que se expande. A su vez, en el caso Adorni, también bajo la órbita de Lijo, el expediente que más rápido se movió en los últimos días, la hipótesis de dádivas por el viaje a Punta del Este y las sospechas de enriquecimiento ilícito empiezan a consolidarse con pruebas que, al menos por ahora, resultan difíciles de desactivar. “Nos conviene que la causa avance rápido”, deslizan en Casa Rosada.

En ese mapa hay un dato que sobresale y que conecta los casos más sensibles que orbitan alrededor del oficialismo: aunque no todas están en el mismo juzgado, la figura de Lijo aparece como un actor central en este momento judicial. Su comportamiento en las últimas semanas no pasa desapercibido. Licencias llamativas, movimientos políticos y reuniones que trascienden pueden no significar demasiado por separado, pero en conjunto construyen la imagen de un magistrado en estado de activación, una percepción que circula cada vez con más fuerza en los pasillos de Comodoro Py.

Allí no lo dicen en voz alta, pero lo sugieren con insistencia. Lijo está en campaña, no en términos electorales sino institucionales, en un contexto en el que la Procuración General de la Nación volvió a entrar en la conversación como horizonte de poder, junto con los nombres de quienes aspiran a ocuparla, entre los que aparecen tanto el propio juez como el ministro Mahiques.

La paradoja es evidente, porque el funcionario que debería garantizar un vínculo aceitado entre el Gobierno y la Justicia compite, en los hechos, por el mismo objetivo que uno de los jueces que investiga a sus principales figuras. No es una disputa explícita, pero tampoco hace falta que lo sea, ya que se expresa en gestos, silencios y movimientos que se leen más por lo que insinúan que por lo que dicen, en un juego donde la exposición también construye posicionamiento.

Para Lijo, la ecuación pasa por recuperar centralidad después del traspié que significó su fallida llegada a la Corte Suprema impulsada por el asesor Santiago Caputo, mientras que para Mahiques el desafío es consolidarse en un cargo que, por ahora, lo expone más de lo que lo protege. Ambos saben que para llegar a ser jefe de los fiscales no alcanza solo con antecedentes técnicos, sino con poder político, y que ese poder se construye en el cruce, siempre inestable, entre los tribunales y la Casa Rosada.

Es que mientras en los pasillos de Comodoro Py empiezan a circular versiones que amplían el mapa —como la que menciona a Mahiques como posible nexo informal entre el Gobierno y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA)—, las causas que acorralan a Milei dejan de ser solo expedientes para convertirse también en herramientas de negociación. Por eso, cuando en Balcarce 50 hablan de levantar un escudo ante al frente judicial, quizás estén mirando el partido equivocado. Echando mano a la metáfora del último video compartido por el Presidente en su cuenta de Instagram, del otro lado, más que delanteros aislados, empieza a haber un equipo que juega en bloque y que, sin apurarse, empieza a empujar la pelota hacia el arco con cada vez menos intermediarios.

PL/CRM

Manuel Adorni suma una nueva opacidad en el registro de sus bienes. En una declaración jurada patrimonial presentada en marzo de 2025 ante el Tribunal Electoral de la Ciudad de Buenos Aires, el jefe de Gabinete omitió consignar la casa de fin de semana en el country Indio Cua, incorporada cuatro meses antes a nombre de su esposa, Bettina Angeletti. Debió hacerlo, porque se trató de un bien ganancial.

El 29 de marzo de 2025, el entonces vocero presidencial y candidato a primer legislador por la Ciudad de Buenos Aires por La Libertad Avanza informó sus bienes ante el Tribunal Electoral, requisito establecido para todos los postulantes.

La declaración incluyó el 50% del departamento en la avenida Asamblea 1132, de Parque Chacabuco —compartido con Angeletti—, y el 100% de una casa en La Plata, ambas anotadas por valores fiscales exiguos. Además, consignó depósitos bancarios que sumaban unos $50 millones. A grandes rasgos, el documento coincide —si bien es mucho más escueto— con lo informado a la Oficina Anticorrupción en 2024, cuando Adorni presentó una declaración similar como secretario de Comunicación del Gobierno de Javier Milei.

La ley electoral de CABA, en su artículo 104, es nítida: “La declaración jurada patrimonial debe contener una nómina detallada de todos los bienes, créditos, deudas e ingresos, tanto en el país como en el extranjero, propios y gananciales, del declarante”.

Los bienes gananciales son aquéllos “creados, adquiridos por título oneroso o comenzados a poseer durante la comunidad por uno u otro de los cónyuges”, según el código civil y comercial. Por si quedara alguna duda, el inciso cuatro del artículo 104 de código electoral porteño especifica que el candidato debe consignar cualquier bien del que tenga “posesión, tenencia, uso, goce, usufructo por cualquier título, motivo o causa”, aunque no esté a su nombre.

La obligación de Adorni de declarar la casa en el Indio Cua Golf Club, ubicado en Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires, era ineludible, según contadores, fuentes del Tribunal Electoral y legisladores de la Ciudad consultados por elDiarioAR. Escriturada el 15 de noviembre de 2024 a nombre de Angeletti, se trataba de un bien ganancial.

No cabe la hipótesis de que la casa de Indio Cua fuera adquirida por Angeletti mediante la venta de algún bien propio previo al matrimonio, el producto de una explotación comercial individual u otra excepción a lo que se considera “ganancial”. La vivienda en cuestión, tal como declaró el miércoles la escribana Adriana Nechevenko ante el fiscal Gerardo Pollicita en Comodoro Py y se constata en el registro de la propiedad inmueble, fue comprada a través de una hipoteca de US$100.000 sobre el departamento en común de Adorni y Angeletti en la calle Asamblea 1132. La trazabilidad del carácter ganancial del bien está expuesta en la hipoteca, indica un contador con clientes entre legisladores de diferentes partidos.

“Un bien adquirido por uno de los cónyuges es considerado ganancial, más allá de quién figure como titular, salvo excepciones establecidas en la ley. Ante la duda, mi consejo profesional es que las declaraciones juradas son una oportunidad para consignar bienes gananciales, para evitar inconvenientes posteriores”, dice el contador, que prefiere no revelar su identidad.

En la presentación del jefe de Gabinete ante el Tribunal Electoral porteño, no figura ni la casa en Indio Cua, ni la deuda hipotecaria sobre el departamento de Asamblea, ni ninguna otra deuda, pese a lo prescripto en el código electoral de la Ciudad.

Adorni no respondió la consulta de este medio. Una fuente oficial sugirió que la omisión podría deberse a que la casa del barrio privado está a nombre de Angeletti, y deslizó que podría haber sido anotada en un anexo confidencial presentado ante el Tribunal Electoral, sin precisiones. La ley electoral porteña estipula que la confidencialidad se restringe a números de cuentas o identidad de acreedores y deudores, no a bienes gananciales.

Total normalidad

Transcurridas tres semanas a los tumbos, sin capacidad de respuesta sobre la notable evolución patrimonial de Adorni, el Gobierno se apega a una secuencia para explicar que “todo es legal”.

Por un lado, el testimonio del exfutbolista Hugo Morales, vendedor del departamento de Miro 550, barrio de Caballito, y los documentos entregados por la inmobiliaria Rucci coinciden en que la operación se concretó por US$200.000, en mayo de 2025. Como se trata de un precio muy inferior al de mercado e incluso al publicado por Rucci para esa propiedad en febrero de 2024 (US$340.000), la explicación es que el departamento se encontraba en mal estado y necesitaba refacciones.

Meses más tarde, las jubiladas Beatriz Viegas y Claudia Sbabo les vendieron el departamento a Adorni y Angeletti por US$230.000, y les otorgaron un préstamo hipotecario por US$200.000.

Como informó este diario, el jefe de Gabinete dijo a los Milei que la hipoteca de su nuevo departamento sería saldada con la venta del anterior, en Asamblea 1132, todavía en veremos. En cuanto al misterioso préstamo de las jubiladas vendedoras, el argumento fue que una de ellas, Viegas, es la madre de un supuesto amigo de Adorni, de quien el miércoles se conoció el nombre: Pablo Martín Feijoo. Este desarrollador inmobiliario está, a su vez, a cargo de la venta de la unidad en Parque Chacabuco.

Sobre la casa en Indio Cua, la escribana Nechevenko dijo en la fiscalía que ella misma contactó a otras dos mujeres, policías de profesión, que actuaron como prestamistas para la adquisición. “Un mutuo que se hace regularmente”, dijo la fuente gubernamental.

Las incongruencias saltan a la vista, más allá del bajo precio del semipiso en la calle Miró.

El departamento en el que vivían los Adorni en el barrio de Parque Chacabuco está hipotecado en una parte de su valor, por US$100.000 —usados para comprar parte de Indio Cua—, y se supone que del producto de su venta también saldrán los fondos para afrontar la compra de la unidad en Caballito. La vivienda en avenida Asamblea está ofrecida a US$290.000, un precio muy superior al que pagó por Miró, que tiene mayor superficie y se encuentra en un edificio y un barrio de marcado mayor valor.

El incremento patrimonial de la sociedad Adorni-Angeletti comenzó pocos meses después de la asunción de los Milei en la Presidencia.

Ello combina con gastos mensuales sucesivos de más de $10 millones con tarjeta de crédito, la compra del vuelo privado a Punta del Este, con ida el 12 de febrero pasado y regreso cinco días más tarde (a un costo, según Adorni, de US$3.800, y según lo facturado, de US$9.000), más el pasaje de Angeletti de regreso de Nueva York en marzo por US$5.154.

Desde que elDiarioAR informó sobre el vuelo privado a Punta del Este y Adorni se mostró imposibilitado de dar explicaciones, el Gobierno insiste en que la renovación de la declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción, prevista para el 30 de mayo, aclarará todas las dudas.

Dado que el sueldo de Adorni era algo superior a $3 millones hasta diciembre de 2025 y de unos $7 millones desde febrero, la clave para entender la suma de propiedades y gastos exorbitantes de la pareja seguramente surgirá del presunto éxito fulgurante de la consultora BE, dedicada al coaching ejecutivo y de vida, fundada por Angeletti a mediados de 2024.

Al parecer, desde entonces se acumularon cuantiosos ingresos producto de convenios de BE con empresas vinculadas a negocios estatales. Es una de las hipótesis que manejan en el juzgado federal de Ariel Lijo y la fiscalía de Pollicita.

slacunza@eldiarioar.com

SL/CRM

El fiscal federal Gerardo Pollicita impulsó nuevas medidas en la causa que investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al solicitar un “historial completo de dominio” de propiedades vinculadas al funcionario y requerir información detallada sobre sus viajes al exterior.

El pedido fue dirigido al juez Ariel Lijo, quien tiene a su cargo el expediente, con el objetivo de avanzar en una investigación que busca determinar si el nivel de vida de Adorni se corresponde con sus ingresos declarados. En ese marco, también se libraron oficios a la Dirección Nacional de Migraciones para reconstruir con precisión sus salidas del país.

La pesquisa no solo abarca los movimientos del funcionario, sino también los de su entorno cercano. El fiscal solicitó datos sobre los viajes realizados por su esposa, Bettina Julieta Angeletti, y por el periodista Marcelo Grandío, además de otras personas mencionadas en la causa. Entre los puntos bajo análisis figura un presunto viaje al Caribe -con foco en una posible visita a Aruba-, así como los detalles de vuelos, escalas, rutas y quién habría financiado esos traslados.

En paralelo, la investigación pone la lupa sobre distintas propiedades. Se requirió documentación vinculada a una vivienda en el country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz, que estaría a nombre de la esposa del funcionario, y a un departamento ubicado en la calle Miró al 500, en la Ciudad de Buenos Aires, donde reside el matrimonio.

Como parte de las medidas de prueba, este miércoles deberá declarar la escribana Adriana Mónica Nechevenko, quien intervino en la escrituración de ambos inmuebles. Uno de los ejes de la investigación es el valor declarado del departamento, que según consta en la escritura sería significativamente inferior al de mercado.

Asimismo, se solicitó al Registro de la Propiedad Inmueble porteño el historial completo de los bienes bajo análisis, incluyendo titulares, transferencias, hipotecas y demás antecedentes registrales.

Las sospechas se intensificaron tras conocerse que dos jubiladas, Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, habrían otorgado una hipoteca no bancaria a favor de Adorni por más de 200 mil dólares. Según trascendió, ambas aceptaron condiciones que cubrían el 87% del valor de la propiedad, aunque luego aseguraron no conocer al funcionario.

Con información de la agencia NA

El juez federal Ariel Lijo dictó este sábado una serie de medidas de protección urgentes en favor de Vanesa Elizabeth Tossi, quien se desempeña como secretaria de la empresa aérea JAG Executive Aviation, la que utilizó Manuel Adorni en su reciente viaje a Punta del Este.

Esta determinación técnica surge tras una solicitud formal interpuesta por el fiscal Gerardo Pollicita, luego de que la testigo denunciara haber sido objeto de hostigamiento y presiones por parte de Marcelo Grandio, allegado al jefe de Gabinete.

El magistrado ordenó de manera taxativa que Grandio se abstenga de contactar a la damnificada por cualquier vía, ya sea de forma personal, telefónica, digital o mediante interpósitas personas, estableciendo además una restricción de acercamiento tanto a su domicilio particular como a su ámbito laboral y sitios de concurrencia habitual.

La génesis de esta medida precautoria se halla en los eventos ocurridos el pasado viernes durante la audiencia testimonial de Tossi, dado que, mientras la testigo brindaba declaración ante el fiscal sobre los pormenores del vuelo que trasladó a Adorni hacia Uruguay, se produjo una situación que la fiscalía calificó de escandalosa, ya que la mujer recibió sucesivas llamadas telefónicas y mensajes por parte de Grandío.

Según el testimonio de Tossi, estas comunicaciones, que se sumaron al envío previo de una carta documento en términos intimidatorios, tenían como único fin amedrentarla y condicionar su relato sobre los hechos investigados.

En su declaración, la empleada de la firma aeronáutica precisó que Grandio fue quien efectuó el pago del mencionado traslado y que además habría solicitado explícitamente que no se emitiera la factura correspondiente por dicho servicio.

Ante la gravedad de los hechos, Pollicita impulsó una investigación paralela para determinar la existencia de delitos de acción pública relacionados con amenazas y coacciones.

En su dictamen, el fiscal subrayó que las acciones de Grandío no representan meramente una situación de malestar subjetivo para la testigo, sino que constituyen indicadores concretos de presión que atentan contra la espontaneidad y la integridad de una fuente de prueba fundamental para el proceso.

El representante del Ministerio Público Fiscal justificó la necesidad de aplicar el artículo 210, inciso f, del Código Procesal Penal Federal, argumentando que la secuencia de contactos insistentes y la interrupción de la propia audiencia testimonial mediante comunicaciones intimidatorias exhiben un riesgo real que debe ser mitigado de inmediato para preservar la libertad de declaración y la estabilidad emocional de la deponente.

Finalmente, Lijo dispuso que se extraigan testimonios de las piezas procesales pertinentes, incluyendo el acta de la declaración de Vanesa Elizabeth Tossi y la documentación respaldatoria entregada por ella, para que se investiguen formalmente las presiones denunciadas.

La resolución judicial enfatiza que el objetivo primordial de estas restricciones no es la sanción anticipada, sino el resguardo de la integridad psíquica de la testigo y la protección del proceso de recolección de pruebas en una causa que involucra el uso de servicios privados por parte de altos funcionarios públicos.

De esta manera, la Justicia busca garantizar que el avance de la investigación sobre el vuelo del jefe de Gabinete Manuel Adorni se desarrolle sin interferencias externas que puedan viciar la veracidad de los testimonios recolectados.

Con información de Noticias Argentinas

JIB

El juez federal Ariel Lijo, a quien el Gobierno había promovido para integrar la Corte Suprema, quedó a cargo de la causa por los presuntos hechos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), un caso que involucra al ex funcionario Diego Spagnuolo y otros colaboradores del entorno libertario.

Lijo salió sorteado después de que el magistrado Sebastián Casanello dejara la subrogancia del Juzgado Federal 11, que es el que lleva el expediente contra Spagnuolo.

Casanello subrogaba desde el año pasado en el Juzgado Federal 11, que quedó vacante desde que falleció Claudio Bonadio.

Al haber informado a la Cámara Federal que no solicitaría una prórroga de esa subrogancia, se designó por sorteo a Lijo, titular a su vez del Juzgado Federal 7, informaorn hoy fuentes judiciales.

La causa tiene 19 procesamientos dictados: además de Spagnuolo están Daniel Garbellini, Miguel Angel Calvete, su hija Ornella Calvete y Pablo Atchabahian por delitos como cohecho activo, fraude al Estado, asociación ilícita y negociaciones incompatibles con la función pública.

A principios del año pasado el Gobierno había intentado promover a Lijo y al abogado Manuel García Mansilla para la Corte Suprema, aunque no consiguió el respaldo del Senado.

En el caso de Lijo, el máximo tribunal le exigió que renunciara a su cargo en el juzgado en lugar de presentar una licencia, lo que el magistrado se negó a hacer.

En tanto, Spagnuolo fue procesado el lunes último por asociación ilícita, mientras la Cámara Federal de Casación Penal rechazó un planteo de los hermanos Kovalivker y habilitó el avance la de la investigación.

Lo había dispuesto Casanello en la causa por presuntos cobros de sobornos, fraude al Estado y incompatibilidades en función del cargo público que ostentaba ex director de la ANDIS.

Con información de la agencia NA

El juez de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, señaló que “es respetable” la opinión del Senado que el jueves rechazó los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para integrar el máximo tribunal.

“El Senado se pronunció contra el Decreto, no contra los Candidatos, su decisión era predecible. El Senado opinó y eso es respetable”, expresó.

Además, tras asegurar que el futuro de García-Mansilla, el juez que asumió “en comisión” por un decreto del presidente Javier Milei, dependerá de una decisión personal, indicó: “Yo nunca aceptaría ser designado por decreto”.

“Creo que más allá de las discusiones que puedan haber, lo cierto es que funcionan las instituciones. El Senado opinó y eso es respetable. Si uno analiza lo que se discutió ayer, se habló más del decreto que de los candidatos. Si uno suprime mentalmente el decreto, la situación de los candidatos hubiera sido distinta”, dijo en diálogo con Radio Mitre.

Además, indicó: “La Corte es una institución que va más allá de las personas que la integramos. Estamos funcionando correctamente, se dictan sentencias, vamos a seguir haciéndolo más allá de todas las opiniones”.

Para Lorenzetti, “en estas situaciones, lo importante es ser claro, aplicar el Derecho, sino creamos una confusión muy perjudicial para la gente. Hay que ser muy serios”, sentenció. Y agregó: “La decisión del Senado hay que respetarla, no hay ganadores o perdedores. Soy muy respetuoso de las instituciones. Respeto al doctor Lijo”.

Sobre la decisión que debe tomar el máximo tribunal frente al recurso de queja que presentó Cristina Fernández de Kirchner y la recusación de García-Mansilla, en el marco de la causa Vialidad, por la que está condenada, Lorenzetti explicó: “Lo que entra en el tema de Vialidad es una queja porque no le concedieron un recurso. La Corte tiene que analizar si es correcto o no, y es un tramite interno muy transparente. Hay que dar una imagen institucional fuerte para la población”, concluyó.

Con información de agencias.

IG

El revés era previsible, pero no por eso dejó de doler. A las 20.30 del jueves, el tablero electrónico del Senado confirmó lo que en Balcarce 50 venían temiendo en silencio desde hacía días: los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, los dos candidatos que Javier Milei había designado por decreto para completar la Corte Suprema, habían sido rechazados. El resultado fue claro: el juez federal recibió 27 votos a favor y 43 en contra y el jurista, que ya asumió en la Corte, recibió 51 votos en contra: más de dos tercios del recinto. Pero lo que terminó de dejar al desnudo la fragilidad del oficialismo no fue la matemática parlamentaria sino la falta de control sobre el tablero institucional.

Milei se enteró de lo sucedido desde el exterior. Estaba en Estados Unidos, buscando su foto con Donald Trump y explorando terminar de concretar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En Buenos Aires, mientras tanto, se desmoronaba la principal jugada política de su asesor más influyente. Santiago Caputo había diseñado la estrategia con un diagnóstico implacable: no hay mayorías legislativas, pero hay tiempo y hay audacia. El plan parecía simple: aprovechar el receso del Congreso, designar por decreto a los candidatos, darles un poco de aire con una jura exprés, y empujar luego el acuerdo parlamentario como si fuera apenas una formalidad. Nada salió como estaba previsto.

En un gobierno que se jacta de no negociar con la política tradicional, la votación del Senado fue algo más que una derrota. Fue la confirmación de que hay límites que ni siquiera un presidente en modo guerra puede forzar sin consecuencias. Lijo permanecerá en su juzgado en Comodoro Py, despojado de la proyección suprema que había imaginado. García-Mansilla, en cambio, parece elegir resistir. Juró en febrero como juez de la Corte y en el Gobierno sostienen que se quedaría hasta noviembre, pese a la negativa explícita del Senado. En la Casa Rosada avalan esa decisión y dan a entender que la única manera de removerlo de su cargo sería a través de un juicio político.

“García Mansilla va a seguir hasta el 30 de noviembre”, aseguró este jueves el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Según el funcionario, la continuidad del catedrático “es sin perjuicio de lo que defina el Senado”. Y añadió que, “de la misma manera, si su pliego se rechaza en este Congreso, el próximo que se instale a partir del 10 de diciembre va a ser otro y el Presidente podrá insistir con estos pliegos u otros para que sean tratados” en la Cámara alta. A esta altura, no está claro si el conflicto es institucional, jurídico o simplemente político. Lo único claro es que está abierto.

El punto de inflexión fue la resolución 176/2025 de la Corte Suprema, firmada a comienzos de marzo por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y el propio García-Mansilla, que dejó sin efecto la licencia extraordinaria que Ariel Lijo había pedido para dejar en pausa su juzgado federal. Con ese fallo, la Corte no solo cerró la puerta jurídica a su incorporación inmediata, sino que le marcó un límite al experimento institucional del oficialismo.

La sesión de este jueves fue un capítulo aparte. A la ofensiva del peronismo, que garantizó sus 34 votos, se sumaron los senadores de la UCR y el PRO. Hubo contactos de último momento, incluso un pedido de Eduardo Vischi, el jefe del bloque radical, a Santiago Caputo para que el Gobierno retirase los pliegos. Pero la decisión del oficialismo ya estaba tomada: que la suerte de los jueces quede en manos de los senadores.

La vicepresidenta Victoria Villarruel no estuvo presente en el recinto, en su rol de presidenta interina por el viaje del mandatario. En su lugar, el senador Bartolomé Abdala presidió un debate cargado de acusaciones cruzadas. Sin embargo, desde sus redes, la titular del Senado envió un mensaje frío pero claro: recordó que los pliegos habían ingresado “hace más de un año” y que no sería ella quien pusiera la cara por una votación que el Gobierno sabía perdida. “Ante las operaciones de la casta y la vieja política, no está de más aclarar que dado el viaje del Presidente, me encuentro en el ejercicio de la Presidencia”, escribió en X.

La publicación coincidió —o no— con un tuit teledirigido desde la cuenta que se le atribuye a Caputo, acusándola de incurrir en una supuesta ilegalidad. “Que hace la Vicepresidente de la Nación en ejercicio de la Presidencia de la Nación en su despacho del Senado operando la sesión de hoy? Casi seguro que es un delito eso”, lanzó al mediodía @MileiEmperador, alias “John”, el avatar del asesor presidencial todoterreno, cuyas publicaciones son leídas atentamente por todo el arco político.

Pero no fue la primera vez que un viaje de Milei genera conflicto en el Ejecutivo. En diciembre del año pasado, fue el propio Presidente el que acusó a Villarruel de avanzar con la sesión para la expulsión del senador Edgardo Kueider, detenido por contrabando en Paraguay, a pesar de saber que él se encontraba en un vuelo rumbo a Italia. En ese entonces, el mandatario había argumentado que ella debía reemplazarlo y que, por ello, la sesión era inválida. La polémica también había sido motorizada, al igual que este jueves, por @MileiEmperador.

La incógnita García-Mansilla

El más perjudicado por toda esta novela es García-Mansilla. Hasta hace un mes, su pliego generaba cierta simpatía entre sectores dialoguistas. Pero su decisión de aceptar la designación por decreto y jurar sin esperar el acuerdo del Senado fue interpretada como una traición. “Nos mintió en la audiencia”, repetían en el peronismo. En el radicalismo también lo desautorizaron. Su permanencia en la Corte, para muchos, ya no es legítima. Él insiste en quedarse. Pero si lo hace, deberá lidiar con el riesgo de un proceso de destitución.

Así y todo, la posibilidad de que García-Mansilla renuncie por su cuenta no está descartada. Algunos, en la Corte y en el Gobierno, lo ven probable: no por presión política, sino por coherencia doctrinaria. Es un constitucionalista, y sabe que está ocupando un cargo que la carta magna le asigna al Senado. Pero su silencio, por ahora, se mantiene.

Lijo, en cambio, vuelve a su hábitat. No renunció nunca, no juró, y su regreso al Juzgado Federal N°4 es más una continuidad que una retirada. Eso no evita, sin embargo, que su postulación haya sido un fracaso rotundo. Lo que pudo ser su salto a la cima del poder judicial se volvió una escena incómoda: un juez que pidió licencia, que se la denegaron, que recibió un pliego rechazado y que ahora vuelve al llano como si nada.

En la Casa Rosada toman nota. Ya no se habla de avanzar con una nueva terna, ni de insistir con un acuerdo relámpago, sino de dejar que el tiempo haga su trabajo. Mientras García-Mansilla se aferra a su cargo con una legitimidad discutida y Lijo recompone su lugar en Comodoro Py, el Gobierno calcula costos y espera. En el fondo, lo que terminó de destruir la estrategia oficial fue la idea de que se podía construir poder institucional sin acuerdos. Eso que Milei creía domar a fuerza de voluntad, demuestra una vez más que también responde a reglas, ritmos y silencios que no se pueden decretar.

PL/MG

En un comunicado emitido apenas finalizó la votación, el Gobierno acusó al Senado de convertirse en “una máquina de impedir” que opera con el único fin de “obstruir el futuro de la Nación Argentina”. Según la versión oficial, los senadores rechazaron los pliegos propuestos por el presidente Javier Milei luego de dilatar la votación durante meses, priorizando sus “causas judiciales y las de sus dirigentes” por sobre el correcto funcionamiento de uno de los tres poderes de la República.

“Por primera vez en la historia, el Senado de la Nación ha rechazado pliegos propuestos por un Presidente, por motivos meramente políticos y no por cuestiones de idoneidad”, subrayó el comunicado, apuntando al cuerpo legislativo como un “refugio de la casta política en el Congreso de la Nación”.

La Casa Rosada remarcó que, durante el último año, los senadores tuvieron a disposición los pliegos de García-Mansilla y Lijo, participando en todas las instancias del proceso de selección establecido por la normativa vigente. Sin embargo, tras prolongar la votación durante meses, el Senado rechazó finalmente las propuestas.

El Gobierno señaló que esta decisión constituye una amenaza para la democracia y para la independencia judicial, al anteponer la “protección penal” de la clase política por sobre la normalización del sistema judicial. En ese sentido, el comunicado concluyó afirmando que el Presidente continuará utilizando “todas las herramientas que la Constitución Nacional y el voto popular han puesto en sus manos” para garantizar la independencia judicial y restaurar la confianza en las instituciones.

JJD

El Gobierno jugó a todo o nada con la Corte Suprema y perdió. A un mes de la designación por decreto de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, el Senado rechazó los pliegos en el recinto con una mayoría abrumadora. En el caso de Lijo, el oficialismo solo logró sumar 27 votos a favor y 43 en contra (con la sorpresiva abstención del riojano libertario Juan Carlos Pagotto). El caso de García-Mansilla, que apenas sí recibió 20 votos a favor, fue más devastador: el actual juez de la Corte fue rechazado para ocupar ese cargo por más de dos tercios del recinto.

Ni las llamadas de último momento de Casa Rosada, ni las promesas grandilocuentes ni las presiones electorales, surtieron efecto: el Senado rechazó los pliegos propuestos por Javier Milei y dejó a García-Mansilla en una encerrona, ya que deberá definir si renuncia o si continúa en la Corte a pesar de que el Senado le quitó su respaldo. 

Santiago Caputo logró plegar a la UCR y a las fuerzas provinciales, pero no fue suficiente. El peronismo logró habilitar la sesión con ayuda de Mauricio Macri, los radicales Pablo Blanco y Martín Lousteau, y un herido exlibertario, Francisco Paoltroni, y terminó de hundir, así, la estrategia que el asesor todoterreno trazó junto a Sebastian Amerio, hace más de un año. 

En el caso de García-Mansilla, solo acompañaron con su voto los seis senadores libertarios, los dos santacruceños, Natalia Gadano y José Carambia, los dos misioneros, Sonia Rojas Decoud y Carlos Arce, y un grupo de PRO y radicales cercanos al Gobierno. Fue el caso de Luis Juez, Carmen Álvarez Rivero y Cristina Andrada, en el caso del PRO, y Mercedes Valenzuela (Corrientes) y Víctor Zimmermann (Chaco), en el caso de la UCR. En rechazo votó todo el peronismo y el resto de la UCR y el PRO. Fueron 51 votos en contra.

Lijo, en cambio, contó con más adhesiones de parte del peronismo. Entre los 43 votos a favor hubo avales de Carolina Moisés, los santiagueños José Neder y Claudia Ledesma Abdala, la formoseña María Teresa Gonzalez, el sanjuanino Sergio Uñac el tucumano Juan Manzur. En contra votaron, en cambio, muchos de los que no habían dado quórum pero que, al final, manifestaron su rechazo a Lijo. Este es el caso de la mayoría de los radicales, así como de algunos PRO como Luis Juez. 

Todos contra García-Mansilla

El futuro de los magistrados designados por decreto se selló apenas comenzó a sonar la chicharra y el peronismo consiguió el quórum para dar inicio a la sesión. El Ejecutivo se había negado a retirar los pliegos, como le habían rogado sus aliados en el radicalismo, y había decidido apostar todo o nada a que la sesión no se realizaría. Pero falló. Solo lograría ahuyentar al bloque radical que, a pesar de prometer que daría quórum, no bajó y dejó solos a Martín Lousteau y Pablo Blanco. También logró ahuyentar a la cordobesa Alejandra Vigo - otra que había prometido bajar y, al final, no lo hizo - y la jujeña Carolina Moises, la única peronista que pegó el faltazo al momento de la verdad. 

“Defender la Constitución Nacional no es cuestión de capricho o partidaria. ¿Los senadores que están sentados qué van a decir que situación como esta se convierta en regla?”, advirtió la larretista Guadalupe Tagliaferri, quien se señaló que nunca antes se habían rechazado pliegos en el recinto porque había existido una “regla de cortesía” que suponía que el Ejecutivo los iba a retirar antes. Esta vez no sucedió. 

El principal apuntado durante todo el debate fue García-Mansilla, incluso entre aquellos que habían defendido antes su candidatura. El jurista conservador, decano de la Universidad Austral, era el único que había jurado como juez de la Corte y lo había hecho aún después de haber dicho que no aceptaría ser designado por decreto durante su audiencia en el Senado el año pasado: un episodio que se recordaría sistemáticamente a lo largo de toda la sesión. 

“Nos mintió tres veces en la cara a los senadores. Terminó aceptando. O la ambición le gana o le gana las presiones del Ejecutivo, en cualquiera de los dos casos no puede ser Juez de la Corte”, masculló Lousteau, y agregó: “Acá estamos votando por el mecanismo de designación del Presidente. Los antecedentes pasan a otro plano. El resto son excusas para avalar esta barbaridad, algo que a todas luces es inconstitucional”.

Lousteau le hablaba, así, a los pocos senadores que habían amagado con defender el decretazo de Milei bajo la premisa de que había que discutir a los candidatos y no al mecanismo. Una fue la bullrichista Carmen Álvarez Rivero, que argumentó que “las candidaturas no se evalúan según quien propone, sino por idoneidad”. Y, acto seguido, se puso a explicar que la Justicia tenía que ser independiente. 

Desde la cuenta de Twitter que se le atribuye a Santiago Caputo salieron a festejar el discurso de Álvarez Rivero. Hasta que, mientras hablaba, le recriminaron que hubiese leído todo el discurso y la senadora cordobesa respondió: “Es un orgullo para mí, me enseñaron a leer en primer grado”. Acto seguido, la supuesta cuenta de Caputo agregó: “Bueno la cagó al final”. 

Luis Juez, que votaría en contra de Lijo pero a favor de García-Mansilla, también intentó sostener la misma premisa: “No estamos analizando la constitucionalidad de un ministro. Es abstracto porque no vamos a discutir la constitucionalidad de un decreto para jurar como juez de la Corte”, argumentó.

El peronismo, sin embargo, fue tajante: la jura de García-Mansilla era inconstitucional y el magistrado tenía que renunciar una vez que el Senado rechazase su designación. “No se puede designar juez de la Corte por decreto. Los jueces no son empleados del Poder Ejecutivo, no pueden estar a tiro de la lapicera presidencial”, argumentó el camporista Martín Doñate, aludiendo al artículo de la Constitución que refiere a la designación en comisión de empleados del Poder Judicial del que se había agarrado Milei para designar a los jueces por decreto. Doñate, como luego haría Anabel Fernández Sagasti, advirtieron que cualquier fallo firmado por García-Mansilla a partir de hoy sería “nulos de nulidad absoluta”.

“No es legítimo. No puede nombrar jueces por decreto. El señor Mansilla está usurpando el cargo, no es legítimo. No nos den ese ejemplo porque si llegamos a volver no les va a gustar esto”, ironizó, ya sobre el final, el jefe del interbloque de Unión por la Patria, José Mayans. 

Algunos contra Lijo

A diferencia de García-Mansilla, Lijo, que aún no juró, sufrió menos impugnaciones. Tuvo, incluso, algún que otro apoyo suave dentro del peronismo. Por ejemplo de Moisés, quien no quiso quedarse callada después de haberse ausentado para el quórum. “Lijo tiene dictamen a favor con firmas de nuestro propio interbloque. No mezclemos las cosas. Hay un juez designado por decreto que juró, sí. Pero hay un juez con dictamen favorable que espera nuestra definición”, sostuvo la jujeña, que fue la única peronista que atinó a defender a alguno de los postulantes. 

Quien salió con los tapones de punta, en cambio, fue Paoltroni, cuya enemistad con Lijo fue lo que motivó su expulsión del bloque libertario. El formoseño, sin embargo, no olvidó quien fue quien mandó a echarlo y optó por arrastrar a Caputo con Lijo en su alocución: “Me llamó este insolente de la Casa Rosada, Santiago Caputo, y me pidió que me calle porque sabía cómo iba a votar, pero le advertí que no solo no quiero que llegue a la Corte, sino que debería dejar de ser juez”, manifestó.

Al final, Lijo solo recibiría 43 votos en contra, muchos de los cuales hubieran sido positivos si no hubiera aceptado ser designado por decreto. García-Mansilla, en cambio, apenas si logró reunir a un puñado de oficialistas y aliados libertarios. A pesar de esto, cuando finalizó el día, García-Mansilla continuaba siendo juez de la Corte y había firmado, en las últimas 24 horas, un total de 50 fallos.

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Javier Milei sufrirá las consecuencias de haber firmado por decreto la designación a la Corte Suprema de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla. Un bloque opositor formado entre el peronismo, los macristas Alfredo de Angeli y María Victoria Huala, el ex libertario Francisco Paoltroni y los radicales Martín Lousteau y Pablo Blanco consiguió quórum en el Senado y se prepara, ahora, para voltear los nombramientos en el recinto. El Gobierno, que fracasó en su intento por desactivar la sesión, no tiene el número para evitar el rechazo.

La Libertad Avanza se rindió casi sin luchar. La UCR le había advertido al Gobierno que, si no retiraba los pliegos, no tendría otra que dar quórum. Eduardo Vischi le pidió, le rogó, a Santiago Caputo que los retirara pero no hubo manera: el asesor todoterreno decidió ir a matar o morir en el recinto y definió que la decisión quedaría en manos de los senadores. Si bien hubo llamadas presionando para boicotear la sesión hasta último momento, parecía casi una rendición.

El jefe de bloque libertario, Ezequiel Atauche, intentó un último manotazo de ahogado en la previa de la sesión. Reunidos en el despacho de la presidencia del Senado, aunque sin la presencia de Victoria Villarruel -que reemplaza a Javier Milei en el Ejecutivo mientras el presidente está de viaje-, Atauche le pidió ayuda a los aliados para suspender la sesión. Les dijo de firmar una resolución y aplazar el debate para dentro de dos semanas, de modo de poder ganar mayor tiempo para negociar. “Confíen en mi”, les dijo el jujeño, pero del otro lado solo recibió risas. Después de la decisión de Milei de designar a Lijo y García-Mansilla por decreto ya nadie creía en la palabra de Atauche.

El último clavo en el ataúd de la designación de los jueces por decreto lo había terminado de clavar, sin embargo, Mauricio Macri. El ex presidente había bajado línea de dar quórum en la sesión impulsada por el peronismo el día anterior: era el último gran dardo de Macri en medio de la guerra total con LLA por el control de la Ciudad de Buenos Aires. Fue el PRO, en efecto, y no la UCR quienes terminaron volcando el escenario en contra del oficialismo.

El grueso del quórum lo dieron los senadores de Unión por la Patria, que fueron entrando en banda poco después de que sonara la chicharra de inicio la sesión. El primero en sentarse, sin embargo, fue el radical Pablo Blanco, quien venía de librar una batalla interna en el bloque para rechazar los pliegos. Consiguió que Vischi y el resto de los radicales aliados del Gobierno se comprometieran a dar quórum y rechazar los pliegos, aunque al momento de la verdad solo bajaron al recinto él y Martín Lousteau. El resto de la UCR, en cambio, ingresó más tarde. 

“Vamos que las Malvinas son argentinas”, le gritó el puntano Fernando Salino, apenas ingresó al recinto. Blanco es fueguino y fue una de las figuras más críticas al discurso de Milei por el 2 de abril, en donde aludió al derecho de autodeterminación de los kelpers. Blanco sonrió, casi en soledad: su lado del hemiciclo estaba vacío. 

La presencia de Salino, que ingresó junto a Juliana Di Tullio, sirvió para poner fin a las especulaciones sobre lo que haría el flamante subbloque peronista Convicción Federal, que rompió recientemente con el resto de Unión por la Patria (aunque sin terminar de abandonar el interbloque) por sus diferencias con la conducción de Cristina Fernández de Kirchner. Había dudas sobre si darían su respaldo para voltear los pliegos y, finalmente, se sentaron como el resto del interbloque peronista. Hubo una sola excepción: la jujeña Carolina Moises no dio quórum y solo sentó después de que hubiera comenzado la sesión.

Estuvo presente casi desde un principio, a su vez, el formoseño Francisco Paoltroni. El ex libertario había sido expulsado del bloque por sus críticas al nombramiento de Lijo y se cobrabra, así, su venganza ayudando al resto de la oposición para voltear los pliegos. Desde los palcos observaba el equipo de su némesis en el Gobierno, Santiago Caputo.

Ante la ausencia de gran parte del bloque radical y de la peronista Moisés, quien terminaró de definir el partido fue el PRO. El jefe de bloque amarillo, Alfredo de Angeli, fue uno de los primeros en bajar. Así como la pampeana María Victoria Huala. Ambos senadores que responden directamente a Macri y que demostraron, con su presencia, que el ex presidente había decidido jugar en contra del Gobierno.

Hubo varios que prometieron que darían quórum y, sobre el final, se ausentaron. La mayoría del bloque radical, con figuras críticas como Carolina Losada y Maximiliano Abad, por un lado. Pero también la cordobesa Alejandra Vigo, que integra el bloque que preside “Camau” Espínola y había tuiteado, hace un mes, que colaboraría para rechazar los pliegos y, al final, no dio quórum.

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Javier Milei no tiene los votos para aprobar los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla en el Senado. No los tuvo hace un año, cuando propuso sus candidaturas y amagó con cerrar un acuerdo más amplio con el peronismo para completar la Corte Suprema. No los tuvo hace un mes, cuando decidió avanzar vía DNU y Horacio Rosatti solo le tomó juramento a uno: García-Mansilla, el decano de la Universidad Austral que prometió, antes de jurar, que nunca asumiría vía decreto. Y no los tiene ahora, cuando, a partir de las 14 horas, la oposición abra el recinto para voltear los pliegos. El Gobierno tiene una sola carta disponible y es vaciar la sesión antes de que comience. El quórum es una moneda en el aire y, hasta que suena la chicharra, todos los alfiles juegan.

Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri, Sergio Massa, Santiago Caputo, Guillermo Francos: todas los grandes líderes de la oposición y el oficialismo se pusieron a levantar el teléfono para medir voluntades. En Casa Rosada se mueven con sigilo: para afuera manifiestan querer dar la discusión por terminada —“Que se sienten y voten”, es una frase que se repite en las filas libertarias—, pero para adentro siguen conversando y negociando con los senadores del peronismo y del radicalismo. Saben que no tienen los votos para aprobar los pliegos —se necesitan los dos tercios—, por lo que el objetivo es impedir que Unión por la Patria llegue al mágico número de 37 para el quórum. 

Hay otra salida elegante, que es retirar los pliegos. Pero pese a las súplicas de los gobernadores radicales, el Gobierno se niega. Los mandatarios aliados insisten, ruegan: si el Ejecutivo retira los pliegos —como hicieron siempre los oficialismos ante la imposibilidad de arribar a un acuerdo en el Senado— no había sesión y se acababa el asunto. La propia Victoria Villarruel, incluso, le había sugerido a su Gobierno que avanzara en esa línea: le prometía conseguir los votos para retirar los pliegos —que requieren una mayoría simple— y terminar con la novela. Pero no había manera: el Gobierno quería ir a matar o morir en el recinto y, en su cruzada, arrastraba a los aliados.

La UCR estaba en una encerrona: no podía acompañar la designación de los jueces por decreto pero no se animaba a oponerse abiertamente al Gobierno. Los radicales Pablo Blanco y Martín Lousteau presionaban, puertas adentro, para voltear los pliegos, pero el resto de la bancada se resistía. Especialmente aquellos que responden a los gobernadores radicales de Mendoza, Chaco y Corrientes. El jefe de bloque, Eduardo Vischi, se reunió con Caputo en su oficina de Casa Rosada y le explicó que, si no retiraban los pliegos, su bloque insistiría por el rechazo. Y así fue: unas horas después, luego de una breve reunión de bloque, la UCR definió que daría quórum para rechazar los pliegos de Javier Milei. 

Con la UCR en la cancha, la posibilidad de llegar al quórum resulta casi inevitable. Ya hace tiempo que el jefe de la bancada de UxP, José Mayans viene afirmando que tiene “más de 30 votos” para rechazar los pliegos de Lijo y García-Mansilla. Pero al momento de contar los votos para dar quórum el número se volvía, sin embargo, más elusivo. El problema eran los gobernadores peronistas, que se resisten a soltarle la mano a Lijo —ya sea por amistad o por temor a que hubiera consecuencias judiciales en Comodoro Py— y que amenazan con vaciar la sesión antes de que comience. 

De acompañar los radicales, sin embargo, el cristinismo podría suplir las cuatro o cinco ausencias propias —la mayoría provenientes del nuevo subbloque peronista llamado Convicción Federal, que rompió con UxP por su rechazo a la conducción de CFK— con las presencias radicales. Aunque varios peronistas sospechan: el recuerdo de la creación de la comisión investigadora por el caso $Libra está presente en la mente de muchos, que sospechan que si Vischi se animó a votar en contra de un proyecto de su autoría fácilmente podría ausentarse en una sesión que perjudica al Gobierno.

Los radicales, sin embargo, no son los únicos que juegan. En las últimas horas, varios senadores del PRO comenzaron a deslizar la posibilidad de dar quórum. Una es Guadalupe Tagliaferri, que es la presidenta de la comisión de Acuerdos y firmó uno de los dictámenes de rechazo al pliego de García-Mansilla. Pero no solo ella: Alfredo de Angeli, el presidente del bloque PRO, también advierte que podría bajar a dar quórum. De Angeli fue designado como jefe de bloque luego de la renuncia de Luis Juez, quien fue acercando posturas a Javier MileI, y responde directamente a Mauricio Macri. 

Macri ya había manifestado su rechazo a la designación de Lijo y, en medio de la guerra declarada por el control de la Ciudad de Buenos Aires, está dispuesto a subir la apuesta.

Los números para el rechazo

El principal desafío de la oposición será conseguir los 37 para el quórum porque, una vez iniciada la sesión, el rechazo a los pliegos será casi un trámite. Solo se necesitan 25 votos para rechazar los pliegos y, en ambos casos, UxP tiene el número para voltear a los magistrados. Aunque será un tetris compuesto de voluntades contrapuestas.

En el caso de Lijo, el mayor dolor de cabeza lo tendrán los peronistas. Especialmente quienes responden a los gobernadores y son quienes vienen negociando cargos en la Justicia Federal a cambio de no dinamitar los planes del Gobierno. Se espera que, en el caso del juez federal, haya al menos una docena de peronistas que no acompañen el rechazo. El cristinismo, sin embargo, podría conseguir fácilmente el número con el PRO y la UCR: dos partidos que nunca quisieron mucho a Lijo. 

El caso de García-Mansilla es más sencillo, ya que todo UxP está en contra de su designación. Se podría dar la situación paradigmática, incluso, de que el actual juez de la Corte Suprema sea rechazado por casi todos los bloques del Senado. Lo que abriría una incógnita que supera lo que pueda suceder el jueves, ya que el Gobierno advierte que García-Mansilla seguirá en el cargo hasta fin de año aunque se rechace su pliego. Es decir que podría haber un juez de la Corte cuya designación fue rechazada por el Congreso firmando fallos hasta fin de año. Un escenario que tiene todos los condimentos de una futura crisis institucional.

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El teléfono de José Mayans no paró de sonar en los últimos días, pero el titular del interbloque de Unión por la Patria no fue el único que sufrió el asedio: en distintos puntos del país, senadores y gobernadores peronistas fueron convocados con insistencia. A solo cuatro días para la sesión del Senado para tratar los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, Guillermo Francos está en pleno operativo seducción. El Gobierno necesita frustrar la convocatoria: sabe que no tiene el número para ratificar los pliegos, así que buscará, de mínima, evitar que se los rechacen en el recinto. Depende de los gobernadores, que en general le han sido fieles aliados hasta ahora, pero esta vez podría no ser suficiente.

Victoria Villarruel les consiguió tiempo. Enemistada con Javier Milei y el triángulo de hierro, la vicepresidenta ensaya diversos gestos de autonomía pero sin llegar nunca a un desafío abierto. Por lo que cuando la Casa Rosada le pidió que pateara la sesión pedida por Unión por la Patria para ganar aire, acató y se lo consiguió. Tiempo para negociar, tiempo para presionar, tiempo para convencer a la oposición que había convocado una sesión con el objetivo de voltear, por primera vez en la historia institucional argentina, los pliegos del Ejecutivo para la Corte Suprema. 

Hay muchas cosas para negociar y el Gobierno presiona por diferentes flancos, pero la oferta principal, por estas horas, está vinculada a los cargos vacantes del Poder Judicial. Existen más de un centenar de lugares vacíos en juzgados federales y nacionales en distintas provincias. Varios, incluso, en Comodoro Py, que es donde se juzgan los delitos vinculados a la corrupción. La Casa Rosada negocia nombres con gobernadores peronistas y radicales, buscando atraer votos en favor de los pliegos de García-Mansilla y Lijo a cambio de ofrecer candidatos a juzgados federales que sean afines a los mandatarios. 

No es la única herramienta de presión que tiene el Gobierno —el desembolso de $120.000 millones a la provincia de Chaco, gobernada por el aliado radical Leandro Zdero, días atrás fue solo una demostración de que el Gobierno, si así lo quiere, está dispuesto a girar fondos—, pero sí la más efectiva por estas horas. El Ejecutivo está decidido a sostener los pliegos y arriesgarse, así, a que se los volteen en el recinto, por lo que está poniendo toda la carne en el asador.

Los funcionarios de Javier Milei incluso amagaron con volver a poner sobre la mesa la discusión de la ampliación de la Corte Suprema. Es un intento desesperado por volver a arrimar posturas con Cristina Fernández de Kirchner, quien había intentado negociar originalmente con el Gobierno bajo la condición de que pudiera poner a una candidata propia en la Corte. Las conversaciones, sin embargo, terminaron en la nada. Por lo que cuando Milei decidió designar a García-Mansilla y Lijo por decreto, CFK terminó fallando en favor de voltear los pliegos en el recinto. 

El Gobierno, ahora, vuelve a ofrecer la carnada de la ampliación de la Corte, pero en el cristinismo ya cerraron filas: están decididos a ir el jueves 3 al recinto y voltear los pliegos. Confían en que los 34 senadores de UxP darán quórum, pero la Casa Rosada presiona y más de uno desconfía de que, al momento de la verdad, todos bajen al recinto.

A eso suma el nuevo encono con Cristina: la arenga que lanzó Milei de que la expresidenta “irá presa”. Justo este inicio de semana la jefa del PJ presentó un recurso de queja ante la Corte y recusó a García-Mansilla. La cancha luce embarrada.

Por amor y por temor: la debilidad del peronismo por Lijo

El peronismo se siente cómodo con Lijo: eso no es una novedad. Especialmente los gobernadores peronistas, que tienen un buen vínculo con el juez federal y estaban dispuestos a votar su pliego en el caso de que el Gobierno lo llevara al recinto. Su dictamen, incluso, consiguió la firma de todos los senadores peronistas que integran la comisión de acuerdos: Lucía Corpacci (Catamarca), Sergio Uñac y Claudia Ledesma Abdala (la esposa del gobernador santiagueño Gerardo Zamora).

La decisión de Milei de designar a los dos jueces de la Corte por decreto -García-Mansilla juró, Lijo no porque la Corte no le aceptó la licencia- terminó cambiando el panorama, sin embargo. UxP denunció que la designación era “inconstitucional” y convocó a una sesión para voltear los dos pliegos. El de Lijo, el preferido de los gobernadores, incluido. 

Pero había un problema: si bien la conducción cristinista del interbloque -con Mayans y Juliana di Tullio a la cabeza- había definido que no se podía ratificar a un juez de la Corte que había aceptado ser designado por decreto, los gobernadores peronistas no pensaban lo mismo. Incluso el formoseño Gildo Insfrán, uno de los gobernadores más opositores a Milei, se resistía a soltarle la mano a Lijo.

Había varios motivos. Para algunos, Lijo era “de confianza”. Muchos gobernadores mantienen un buen vínculo con Lijo y se muestran cómodos con la idea de tener un aliado en la Corte Suprema. “Una vez que jure no va a ser más amigo”, les suele reprochar un senador peronista que tiene diálogo fluído con toda el ala más enemistada con CFK. Es la misma ala que, la semana pasada, rompió la unidad de UxP y armó un subbloque.

Los que decidieron dar un paso al costado fueron Fernando Salino (San Luis), Guillermo Andrada (Catamarca), Fernando Rejal (La Rioja) y quien orquestó la fractura, Carolina Moisés (Jujuy). Cada uno tiene sus motivos para haber roto -Moisés fue dejada fuera del armado del PJ jujeño por La Cámpora, Andrada responde a Raúl Jalil y busca mayor autonomía a la hora de votar algunas leyes de Milei-, pero todas están relacionadas a una resistencia a la conducción de CFK. Y la mayoría se prepara, de cara a esta semana, a acompañar el pliego de Lijo.

No son los únicos. En UxP hay más de una docena de senadores que está dispuesta a acompañar el pliego del juez federal. Varios por afinidad, pero no todos: muchos gobernadores le tienen miedo, más que amor. Temen que haya represalias en el caso de no respaldar su pliego en el recinto. Lijo reina, después de todo, en Comodoro Py.

En el cristinismo, sin embargo, buscan mostrar confianza y aseguran que, en la última reunión de interbloque, todos los senadores aseguraron que estarían presentes para dar quórum. Después pedían libertad de acción. De ser así, el peronismo estaría muy cerca de voltear los dos pliegos, ya que al momento de votar solo necesitaría 25 adhesiones para hacerlos caer (es decir, un tercio del recinto). El número difícil, en cambio, es conseguir los 37 para el quórum.

De todos modos, aunque el peronismo tenga presencia perfecta, UxP continuará necesitando ayuda. Y ahí es cuando intervienen tres figuras claves: los radicales Martin Lousteau y Pablo Blanco y la larretista del PRO, Guadalupe Taglaiferri. Estos tres senadores opositores no peronistas fueron claves para poder habilitar la convocatoria a la sesión y vienen trabajando, con más bajo perfil, para rechazar los pliegos. 

El rol de Lousteau, Blanco y Tagliaferri es clave no solo porque podrían habilitar el quórum: su mayor valor reside en que pueden convencer a otros radicales y aliados del Gobierno, como el exlibertario Francisco Paoltorni, para participar de la sesión opositora. El objetivo es poder equilibrar las ausencias imprevistas que surjan de las filas opositoras al momento de la verdad. 

La clave será la UCR: los rebeldes del bloque -Lousteau y Blanco- están intentando sumar a otros senadores radicales, como Carolina Losada o Flavio Fama, para hacer masa crítica. Hubo una reunión de bloque el martes pasado, pero que no arrojó ninguna certeza. Solo se escuchó una frase, casi una constante de cada encuentro: “Tengo que ver que dice mi gobernador”. Una vez más, la partida la definirán en gran medida los mandatarios provinciales.

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Manuel José García-Mansilla defendió este martes su nombramiento en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, realizado por decreto en comisión por el presidente Javier Milei, y afirmó que su remoción antes del plazo de un año solo puede darse mediante juicio político.

“Toda vez que el nombramiento en comisión previsto en el Decreto 137/25 se hizo efectivo luego de haber prestado yo juramento, ya soy juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, aseguró el magistrado, quien subrayó que goza de las garantías establecidas en el artículo 110 de la Constitución Nacional.

En un escrito de 51 páginas, García Mansilla respondió al juez federal Alejo Ramos Padilla, que tramita una causa para impugnar su designación y la del juez federal Ariel Lijo. Allí, planteó la falta de jurisdicción del magistrado y la falta de legitimidad de los actores que impulsaron el amparo, solicitando su rechazo inmediato.

El juez recordó que fue designado para cubrir la vacante dejada por Juan Carlos Maqueda en un momento en que el Senado estaba en receso y enfatizó que su nombramiento “se ajusta estrictamente” al artículo 99, inciso 19, de la Constitución Nacional.

Asimismo, remarcó que su juramento fue tomado por los jueces de la Corte Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, y advirtió que cualquier intento de impugnación “atentaría contra el orden público constitucional”.

“Desde el 27 de febrero de 2025 estoy ejerciendo en la Corte de Justicia de la Nación la función judicial prevista en la Constitución”, indicó García Mansilla, y enfatizó que su remoción solo puede darse mediante juicio político, conforme a los artículos 53 y 110 de la Carta Magna.

Según argumentó, “no existe arbitrariedad o ilegalidad” en su designación y cualquier cuestionamiento al Decreto 137/25 no es “manifiesto” como exige la Constitución para su impugnación.

Por último, alertó que la continuidad de la causa judicial en su contra comprometería el normal funcionamiento de la Corte Suprema y sostuvo que su remoción fuera del mecanismo constitucional violaría el orden institucional del país.

MM con información de la agencia NA.

El Senado de la Nación sesionará el próximo 3 de abril para definir el futuro de los pliegos de Manuel García Mansilla y Ariel Lijo, según decretó la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel esta tarde.

La convocatoria de Villarruel responde a un pedido de sesión especial que motorizó el interbloque peronista la semana pasada con el objetivo de ir al recinto mañana jueves.

Sin embargo, al haberse tratado de un pedido de sesión especial, Villarruel podía disponer el día y la hora de la sesión; por consecuencia, retrasó la embestida de la bancada opositora.

Para esquivar las críticas, la abogada pateó para la primera semana de abril el encuentro. De esta manera, se corrió de ser el blanco de cuestionamientos por mantener el Senado cerrado y le pasó la pelota a la Casa Rosada y a los integrantes del cuerpo.

Los pliegos de García Mansilla y Lijo ya están listos para ser debatidos en el recinto. El último en quedar en condiciones fue el del abogado constitucionalista, que ya asumió en la Corte Suprema en febrero, tras ser designado -junto a Lijo, que no pudo asumir- por decreto.

Tras el decretazo del presidente Javier Milei, el peronismo y los solistas Martín Lousteau (UCR) y Guadalupe Tagliaferri (PRO) motorizaron dos dictámenes en apoyo a la candidatura a la Corte de García Mansilla y habilitar su tratamiento en el recinto. 

Con información de la agencia NA