A once meses de la quiebra de Correo Argentino SA, dos juezas de la Cámara Comercial suspendieron el proceso a pedido de la empresa de la familia Macri, cuando el tribunal se aprestaba a tomar la decisión final que dejaría firme la situación de la compañía: debía confirmar o rechazar la bancarrota, según el fallo analizado por elDiarioAR y publicado en el sitio oficial del Poder Judicial de la Nación. 

El giro inesperado en la causa seguirá dilatando un expediente que acumula el récord de más de 20 años sin resolución (cumplirá 21 en septiembre próximo). El fallo de las juezas Matilde Ballerini y María Elsa Uzal fue firmado este miércoles, con un crítico voto en disidencia de la tercera integrante de la Sala B del tribunal de apelaciones, María Guadalupe Vázquez. 

En julio último, la jueza comercial Marta Cirulli decretó la quiebra de Correo Argentino SA. La magistrada de primera instancia basó su fallo en supuestas maniobras fraudulentas para evitar la quiebra de la compañía -que venían siendo advertidas por la fiscal general Gabriela Boquin desde finales de 2016- y en la imposibilidad de Correo para cumplir con los requisitos legales que podrían haber garantizado el salvataje de la sociedad anónima, según la sentencia.

Aunque resulte paradojal, la solución -temporaria, por cierto- que aquí se postula, resulta una forma de aventar el riesgo de mayores demoras posteriores, que derivarían de futuras eventuales nulidades.

Matilde Ballerini — Jueza de la Cámara Comercial de la Nación.

La principal accionista de Correo es Socma (Sociedades Macri), cuyos accionistas son los hermanos y dos sobrinos del expresidente. En 2001, Correo entró en concurso de acreedores. La deuda original con el Estado nacional por el no pago del canon era de 300 millones de pesos/dólares, que actualizada a 2017, alcanzaba los $4.000 millones, según el cálculo del Ministerio Público Fiscal.

Desde febrero de 2021, Socma intenta que el caso pase de la Justicia nacional a la porteña. Tras los intentos fallidos ante la cámara Comercial de la Nación para apartar a la jueza Cirulli y a la fiscal general Gabriela Boquin por “parcialidad”, la empresa acudió al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad -que vendría a funcionar como una corte suprema local- y le solicitó que intervenga como tribunal superior de la Cámara Comercial de la Nación para revisar sus fallos (que habían rechazado las recusaciones de las magistradas).

El tribunal porteño hizo lugar a los planteos de Socma pero las camaristas rechazaron la competencia de los jueces capitalinos y reafirmaron que el único tribunal superior de su fuero es la Corte Suprema de la Nación. Desde entonces, existe un planteo de la empresa de los Macri en el máximo tribunal del país para que se pronuncie sobre la disputa de competencia entre ambos tribunales.

En agosto último, Correo solicitó a las juezas de la Cámara Comercial que suspendan el proceso hasta que la Corte se pronunciara sobre el conflicto de competencia con el Tribunal Superior de Justicia porteño. 

La decisión de este miércoles hizo lugar a ese planteo de Correo. Fue, además, el primer fallo en la causa de la nueva integrante de la Sala B: la jueza Uzal, quien asumió el caso tras ser sorteada el 8 de abril último. Uzal sustituye a la jueza María Gómez Alonso de Díaz Cordero, quien alcanzó los 75 años y perdió un planteo legal para seguir en el cargo de camarista sin el aval del Senado.

Uzal torció la balanza a favor de Correo. La jueza Ballerini estaba a favor de suspender el proceso mientras que la jueza Vázquez se oponía. 

En su voto, Vázquez sostuvo que “la suspensión de la totalidad del proceso de quiebra no firme y de sus incidentes no tiene sustento legal; contradice las normas y principios de la Ley de Concursos y Quiebras, en particular la celeridad de un proceso que data de más de veinte años; y no tiene fundamento en el riesgo cierto de futuras y eventuales nulidades”.

La magistrada enumeró normas, jurisprudencia de la Corte Suprema, un dictamen específico de la Procuración General de la Nación sobre el caso y artículos de la Ley de Concursos y Quiebras y del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación que contradicen la decisión tomada por sus colegas de la Sala B.

La jueza Ballerini reconoce en su voto que “se trata de una situación casi inédita” y que “aunque resulte paradojal, la solución -temporaria, por cierto- que aquí se postula, resulta una forma de aventar el riesgo de mayores demoras posteriores, que derivarían de futuras eventuales nulidades”. 

La suspensión de la totalidad del proceso de quiebra no firme y de sus incidentes no tiene sustento legal.

María Guadalupe Vázquez — Jueza de la Cámara Comercial de la Nación.

“Continuar un proceso falencial -en el que además y justamente debe examinarse la viabilidad del decreto de quiebra- ignorando los riesgos señalados, lejos de exhibir celeridad podría derivar en una mayor demora futura, con los consiguientes perjuicios para todos los intervinientes en este proceso universal”, afirmó Ballerini.

En cambio, Vázquez aseguró que “el pedido de suspensión (de Correo) no solo no fue fundado en alguna norma de la Ley de Concursos y Quiebras, sino que contradice su principio fundamental, por lo que su concesión podría postergar los distintos derechos e intereses afectados por la cesación de pagos”.  

Vázquez también resaltó que los planteos de Correo que generan ahora la suspensión se plasmaron en el expediente como “incidentes” para que se desarrollaran de forma separada al proceso central de la causa y que el artículo 176 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación dispone que “los incidentes no suspenderán la prosecución del proceso principal”. Excepcionalmente, el juez puede resolver la suspensión “cuando lo considere indispensable por la naturaleza de la cuestión planteada”, una excepción “que debe ser evaluada de forma restrictiva”.

ED

La fiscal general Gabriela Boquin solicitó a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial que confirme la quiebra de Correo Argentino SA, la compañía residual de la familia del expresidente Mauricio Macri, de acuerdo con el dictamen al que accedió elDiarioAR. El caso tiene dos escenarios posibles a partir de la decisión de la fiscal. La situación de Correo podría implicar la extensión de la quiebra al holding familiar y a los accionistas de Socma y Sideco para pagar las deudas en su totalidad.

La principal empresa de la familia del exmandatario, Socma, es la accionista central de Correo (en otra época, ese lugar era ocupado por Sideco, controlada a su vez por Socma), según surge de los documentos contables presentados por ambas compañías ante la Inspección General de Justicia (IGJ). Los hijos del expresidente Macri no son accionistas de Socma (y por lo tanto no tienen participación indirecta en Correo) desde hace más de cuatro años, cuando cedieron sus acciones a su tío Gianfranco Macri, según corroboró este medio con la compañía.

Además, de Gianfranco, quien actualmente es el accionista mayoritario, con el 40% de las acciones de Socma, son accionistas de la empresa Florencia Macri (20%), Mariano Macri (20%) y los hermanos Rodrigo y Franco Valladares Macri (con el 10% cada uno), hijos de Sandra Macri, quien falleció en junio de 2014.

Dos escenarios inmediatos

El dictamen de Boquin fue presentado el 13 de diciembre último, pero no había trascendido. Desde entonces, las camaristas Matilde Ballerini y María Gómez Alonso de Díaz Cordero, integrantes de la Sala B de la Cámara Comercial, deben tomar una decisión en el expediente.

El dictámen de Boquin tiene dos planteos centrales en función de esos dos escenarios posibles. En primer lugar, la fiscal solicitó que las camaristas declaren mal concedido el recurso de apelación de Correo, es decir, que le denieguen a la compañía el derecho a apelar por no cumplir con los requisitos impuestos por la ley para hacerlo. Si las camaristas así lo decidieran, la quiebra debería quedar ya confirmada. 

¿Por qué Correo no puede apelar? Días después de decretar la quiebra, la jueza Cirulli suspendió su propia decisión y le concedió a la empresa la posibilidad de acudir ante la Cámara Comercial. Boquin destacó en su dictamen que “la ley concursal no prevé la posibilidad de apelar” en los casos en los que la deudora haya estado en proceso de salvataje y no haya logrado las mayorías legales entre los acreedores para cerrar un acuerdo y pagar sus deudas, tal cual fue la situación de Correo. Esto mismo fue planteado en el expediente por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), una de las acreedoras de la empresa de los Macri, que se quejó por la decisión de la jueza Cirulli de permitir la apelación.

Un segundo escenario es que las juezas acepten la apelación de la empresa y analicen la cuestión de fondo: si confirman o no la quiebra ordenada por la jueza Cirulli en julio último. En caso de que las juezas de la Sala B consideren bien concedida la apelación, la fiscal también planteó que se confirme la quiebra de la compañía de los Macri, ya que, sostuvo, no consiguió las mayorías exigidas por la ley, empezando por la del Estado nacional, que, representado por el procurador del Tesoro, Carlos Zannini, rechazó la propuesta.

La fiscal también afirmó que la mayoría de las conformidades de acreedores que Correo sí consiguió son anteriores a 2007 y no pueden validarse porque la ley exige que las conformidades deben ser posteriores a la última oferta de Correo para saldar sus deudas -que data de marzo de 2021-; y, además, esa mayoría de acreedores a favor de firmar un acuerdo fue conseguida “en fraude a la ley”, aseguró Boquin.

Antecedentes y críticas

Correo se presentó en concurso preventivo el 19 de septiembre de 2001. La deuda original entonces equivalía a unos 300 millones de pesos/dólares de la convertibilidad. El cálculo de los intereses, 20 años después, es una de las claves en la disputa legal. El Estado nacional es uno de sus acreedores porque le reclama cánones adeudados durante años por la concesión del servicio postal. En 2003, Néstor Kirchner ordenó la estatización de la compañía.

“A lo largo de estos veinte años la deudora ha ofrecido al Estado nacional once propuestas de pago, demostrando haber tenido más oportunidades que ningún deudor por mí conocido”, afirmó Boquin en el dictamen. La fiscal resaltó que esa extensión en el tiempo fue en gran parte responsabilidad de Correo y que la dilación del proceso la tuvo como única beneficiaria. La compañía culpa al Estado y a la Justicia. “La concursada contribuyó en la extraordinaria y atípica tramitación de estos actuados y a la extensión en el tiempo del expediente”, dijo Boquin.

“Correo Argentino SA ha realizado durante el trámite de su concurso actos en fraude a la ley que impiden al juez homologar la propuesta” presentada en marzo de 2021, continuó Boquin. “Ocultó información respecto de su verdadera situación patrimonial y realizó actos prohibidos o sin autorización judicial, todo ello en perjuicio evidente de los acreedores, con total indiferencia por las normas concursales y eludiendo el control” del juzgado, agregó.

Entre los “actos prohibidos”, Boquin incluyó el “progresivo vaciamiento de su patrimonio, en beneficio -en gran medida- de sus controlantes y/o terceros y en evidente perjuicio de los acreedores”, además de posibles “maniobras de lavado de activos y de trasvasamiento, las que deberán ser objeto de investigación en primera instancia y ante los juzgados penales que correspondan”. 

La fiscal viene sosteniendo denuncias contra Correo desde finales de 2016, cuando intervino en el expediente por primera vez. En su primer dictamen, se opuso al pre-acuerdo firmado entre la compañía y el gobierno de Macri, sosteniendo que implicaba una quita del 98,87% de la deuda y era “abusivo” y “perjudicial” para el Estado. Se basó en un informe de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) del Ministerio Público Fiscal.

En 2021, un informe técnico de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO) -que depende de la Corte Suprema- confirmó en la causa penal contra Macri que en dicho pre-acuerdo, “en todas las alternativas y escenarios presentados, el porcentaje de quita estimado supera el 92%” de la deuda, sostuvo el dictamen.

Correo sostuvo en uno de sus últimos planteos que Socma tiene solvencia de sobra y que “se hará cargo de afrontar el pago” de sus deudas. “A pesar de dicha afirmación -afirmó la fiscal-, ni se ha incluido dicho compromiso en el texto de las propuestas ni en el expediente, ni surge de autos el modo en que Socma habría justificado su solvencia” para cumplir con los acreedores de Correo. 

A lo largo de estos veinte años la deudora ha ofrecido al Estado nacional once propuestas de pago, demostrando haber tenido más oportunidades que ningún deudor por mí conocido.

Gabriela Boquin — Fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial.

“Fraude a los acreedores”

Correo necesitaba conseguir el aval de una mayoría de acreedores fijada por la ley. Si lo hacía, podía acordar con ellos el pago de sus deudas, imponer al resto su propuesta y evitar la quiebra. Pero la legislación establece condiciones. Una de ellas es que sean apoyos o conformidades legítimas. Boquin planteó que unas 360 conformidades “habían sido otorgadas por apoderados y/o por cesionarios vinculados a tres estudios de abogados que se encontraban vinculados con la concursada y al menos dos de ellos poseían miembros de su estudio en el directorio de Correo Argentino SA”, entre ellos, el estudio que integró el diputado de Cambiemos Pablo Tonelli. Es decir que, según la fiscalía, abogados vinculados a la empresa de los Macri compraron las deudas de unos 360 acreedores para manejar las mayoría en el concurso, forzar al resto de los acreedores a firmar un acuerdo y evitar la quiebra, en detrimento de los intereses de los acreedores reales, entre ellos, el Estado, según la investigación que Boquín replicó en el último dictamen.

Correo sostiene que las denuncias de manipulación de las mayorías no fueron probadas y que, con los apoyos a su última oferta de marzo de 2021, ha cumplido con las exigencias de la ley para concretar el salvataje y evitar la quiebra. Sin embargo, la fiscal sostuvo que la última oferta de la compañía a los acreedores (existieron once propuestas entre 2003 y 2021) “diciendo que ofrece el pago del ‘100%’ del crédito verificado en favor del Estado nacional” sería “muy inferior a la ofrecida en la novena y décima” ofertas, realizadas en 2018 y 2019, y las cuales ni siquiera fueron aceptadas por el entonces Procurador del Tesoro de la Nación de la gestión de Macri, Bernardo Saravia Frías. El cálculo se basa en los tipos de tasa de interés, plazos de pago y otras cuestiones técnicas que explicó en el dictamen.

Ocultó información respecto de su verdadera situación patrimonial y realizó actos prohibidos o sin autorización judicial.

Gabriela Boquin — Fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial.

El banco salvador

Boquin también destacó que el salvataje de la compañía de los Macri fracasó por los “acuerdos espurios con el Meinl Bank” (ahora Anglo Austrian). Esta banca de Austria era un apoyo central para la familia del expresidente en el caso y un acreedor clave para evitar la quiebra, incluso más que el Estado nacional. En 2021, elDiarioAR publicó documentos y testimonios que demostraban que la entidad quebró en febrero de ese año y que la Justicia no podía incluirlo en el salvataje, según establece la ley.

El Meinl Bank, una entidad multada en Austria, investigado en Estados Unidos y sancionada en Europa por sus vínculos con el lavado de dinero y la corrupción, acumulaba el 38% de la deuda de Correo y su voto era central para determinar si la compañía de la familia Macri se salvaba o iba a la quiebra.

El 25 de febrero de 2021, el Tribunal de Comercio de Viena ordenó el cierre del banco, según publicó el sitio oficial de edictos judiciales de Austria. Correo había asegurado a este medio que el apoyo del banco estaba garantizado porque apoyó una oferta previa de la compañía en 2007. “Si el Meinl quebró, el poder (que le otorgó el banco a su representante para apoyar la propuesta de 2007) ya no es válido”, dijo el exapoderado del banco austríaco ante la consulta de elDiarioAR. Lo mismo determinó la jueza Cirulli y ratificó Boquin en este último dictamen.

Correo no remedió esta situación y pidió a la Justicia que avale un acuerdo que por ley estaba caído desde hacía más de diez años, pero que además se hacía imposible de ratificar porque el Meinl Bank ya no estaba en poder de sus representantes de 2007 sino a cargo de un liquidador impuesto por la corte en Viena.

Boquin sostuvo que el Meinl Bank cumplió un rol sospechoso en el concurso de acreedores de Correo desde 2005, cuando decidió convertirse en acreedor comprando deudas a dos organismos de crédito y luego actuando en detrimento de sus intereses y a favor de la familia del expresidente Macri. A esta sospecha, se suma la información que surge de una auditoría realizada en diciembre de 2014 por PricewaterhouseCoopers a pedido de las autoridades bancarias en Austria, según publicó La Nación. El informe dedica un capítulo a Socma y sostiene que Franco Macri habría estado detrás de su principal acreedor a través de una maniobra offshore, algo prohibido en la Ley de Concursos y Quiebras. “Existe una sospecha de blanqueo de capital”, sostiene la auditoría de Austria.

Lo que intenta la deudora es introducir la cuestión, tardíamente, para busca demorar aún más el proceso y buscar que un tribunal que considera más ‘amigable’ a sus intereses entre por la ventana a través de lo que la doctrina denomina fórum shopping

Gabriela Boquin — Fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial.

La caja de Correo

Correo siempre ha negado las acusaciones de supuesto vaciamiento. Los movimientos de fondos de sus cuentas bancarias son un punto central del dictamen que pide confirmar la quiebra de la compañía por los presuntos desmanejos de sus administradores. Boquin sostiene desde 2017 el presunto vaciamiento de la concursada por parte de Socma y Sideco. 

Entre los supuestos desmanejos de los administradores de Correo, la fiscal afirmó que en 2007, por ejemplo, Correo le pagó US$2,1 millones a Socma por acciones de la compañía automotriz Neficor, sin que Correo haya pedido autorización a la Justicia -al estar en concurso de acreedores sus movimientos financieros son controlados judicialmente- y sin haber percibido ninguna ganancia del negocio en los años posteriores a la adquisición, entre otras supuestas irregularidades.

En 2012, Correo también firmó un “convenio de prestación de servicios profesionales de asistencia, asesoramiento y locación de bienes y servicios” con Sideco Americana SA, otra compañía de los Macri. Así, se vio obligada “a abonar por dichas prestaciones un canon mensual por la suma de U$S18.000,00 más IVA”. Sin embargo, Correo no tenía ingresos ni actividad comercial y apenas tenía cuatro empleados. El dinero salía de las cuentas bancarias. “Tampoco solicitó la respectiva autorización judicial”, denunció la fiscal. La deuda a favor de Sideco ascendía en septiembre de 2019 a más de $60 millones, sin intereses.

Boquin también observó que durante años Correo pagó anticipos de honorarios a directores por una suma cercana a los $8 millones, infringiendo la ley, ya que la compañía daba pérdida. En gastos por asesoramiento legal concursal y pagos a consultoras y empresas de publicidad, ya estando en concurso y sin actividad, Correo gastó casi $27 millones. También adquirió deudas por más de $58 millones con Sideco y Socma, entre otras irregularidades detalladas en el dictamen.

La pelea con la Ciudad

En 2021, Correo solicitó a la Cámara Comercial que revoque la quiebra, pero, además, Socma viene reclamando que el expediente migre a la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. La empresa ya obtuvo un fallo a favor del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad pero la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial lo desestimó, entendiendo que debe seguir tramitando en la Justicia nacional. Lo mismo dictaminó el procurador general de la Nación, Eduardo Casal. La decisión está ahora en manos de la Corte Suprema.

Boquin entendió que “lo que intenta la deudora es introducir la cuestión, tardíamente, para busca demorar aún más el proceso y buscar que un tribunal que considera más ‘amigable’ a sus intereses entre por la ventana a través de lo que la doctrina denomina fórum shopping”.

ED

Socma, empresa de la familia Macri, solicitó acudir ante la Corte Suprema de Justicia para que el máximo tribunal decida si la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires tiene competencia para meterse en el caso Correo Argentino SA, según el escrito al que accedió elDiarioAR. 

La compañía busca que la jueza comercial Marta Cirulli (del Poder Judicial de la Nación), quien decretó la quiebra de Correo este lunes, sea apartada de la causa. También apuestan a apartar a la fiscal general Gabriela Boquin, quien deberá dictaminar sobre la quiebra cuando el caso llegue a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. 

El pedido fue presentado el lunes 5 ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño, poco antes de las 15 horas. Ese mismo día, la jueza nacional que interviene en el caso decretó la quiebra. 

En el escrito presentado por los abogados de Socma, la principal accionista de Correo solicita que ante la “importancia institucional” el caso sea elevado a la Corte con “urgencia” para que el máximo tribunal dirima sobre el conflicto de competencia. 

Antecedentes

Dos tribunales se disputan el expediente Correo, una causa con incidencia directa en el futuro judicial y económico de la familia del expresidente. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad se enfrenta, a pedido de Socma, a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. 

Como el tribunal de apelaciones nacional rechazó en 2020 desplazar del caso a Cirulli y Boquin, en febrero último Socma presentó un recurso de constitucionalidad ante la Justicia porteña, buscando un fallo favorable.

El tribunal porteño se declaró competente el 24 de junio para intervenir en la causa, se asumió como instancia superior de la Justicia Nacional y ordenó a la Cámara Nacional tratar el pedido de la compañía para apartar a la jueza Cirulli del caso, como informó elDiarioAR.

Siete días más tarde, el tribunal nacional desconoció la competencia del tribunal porteño, rechazó tener que acatar la orden de los supremos de la Ciudad y confirmó que su tribunal superior es únicamente la Corte Suprema de la Nación, según el fallo que informó este medio. 

Horas después, se dio a conocer un nuevo fallo del Tribunal Superior de la Ciudad, que subió aún más la tensión y volvió a declararse competente en el caso Correo: esta vez, ordenó a la Cámara Nacional tratar el apartamiento de la fiscal Boquin, a pedido de Socma.

Ahora, Socma pide ir ante la Corte, tribunal superior de ambas instancias (el tribunal porteño y la cámara comercial) para dirimir la contienda entre ambas instancias. El planteo debe ser analizado primero por el tribunal porteño para decidir si hace lugar a la solicitud, explicó una fuente de expediente.

Noticia en desarrollo.

ED/WC

A pesar de la quiebra de Correo Argentino SA, las declaraciones del propio Mauricio Macri y el anuncio del procurador del Tesoro, Carlos Zannini, de que pedirá la extensión de esa quiebra de la cabeza del Grupo Macri, la Justicia está lejos de alcanzar a los accionistas de Socma (Sociedades Macri) y en especial, a los hijos del expresidente, según explicó una fuente directa del expediente y un abogado especializado en Derecho Comercial y Concursal ajeno al caso. 

Socma es actualmente la principal accionista de Correo (en otra época, ese lugar era ocupado por Sideco, controlada a su vez por Socma), según surge de los documentos contables presentados por ambas compañías ante la Inspección General de Justicia (IGJ) y a los que accedió elDiarioAR.

Un día antes de que la jueza Marta Cirulli decretara la quiebra de Correo, Macri se adelantó al fallo con una posición que ya ha manifestado en entrevistas y declaraciones públicas: “El Gobierno busca venganza. Buscan dañarme y tienen como objetivo a mis hijos”, escribió Macri este domingo en una carta que publicó en Facebook. “Ese acto lo ejecutan a través de la Justicia, manipulada por el procurador del Tesoro, Carlos Zannini. De eso se trata el caso del Correo Argentino SA”, agregó en la misiva pública.

Sin embargo, los hijos de Macri no son accionistas de Socma (y por lo tanto no tienen participación indirecta en Correo) desde hace tres años y medio, según corroboró este medio con la compañía.

Socma tiene actualmente cinco accionistas. Ninguno de ellos es el expresidente ni sus hijos. “El 22 de diciembre de 2017, Gianfranco Macri adquirió a Agustina A. Macri, a Gimena Macri y Francisco J. Macri, 62.001 acciones de Socma Americana SA representativas del 20% del capital social”, explicó Socma a elDiarioAR a través de un vocero de la compañía.

Luego de esa transacción, Gianfranco se convirtió en el accionista mayoritario de Socma, con el 40% de las acciones, ya que conservó su 20% y absorbió otro 20% de las acciones que habían sido del expresidente y que, a su vez, éste había cedido con anterioridad a sus tres hijos mayores de edad. 

El Gobierno busca venganza. Buscan dañarme y tienen como objetivo a mis hijos.

Mauricio Macri — Carta pública en Facebook.

El resto del paquete accionario se divide entre Florencia Macri (20%), Mariano Macri (20%) y los hermanos Rodrigo y Franco Valladares Macri (con el 10% cada uno), hijos de Sandra Macri, quien falleció en junio de 2014. 

Los cinco hermanos Macri (Mauricio, Gianfranco, Sandra, Mariano y Florencia) quedaron como titulares de las acciones de Socma en 2009, luego de que Franco Macri, su padre y dueño de la compañía, dividió las acciones de su holding entre sus descendientes directos (a excepción de Alejandra, hija extramatrimonial). 

En 2009, Mauricio Macri era jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y cedió esas acciones a tres de sus hijos: Agustina, Jimena y Francisco, que se repartieron su parte del paquete accionario en porciones iguales (el 6,66% cada uno), según consta en actas de asamblea de años posteriores presentadas por Socma ante la IGJ.

De acuerdo a esa información, los hijos del expresidente sólo figuraron como accionistas de Socma entre 2009 y 2017, aunque el traspaso de sus acciones a Gianfranco no quedó registrado en los documentos presentados por la compañía en el organismo que controla a las sociedades comerciales.

Posibles alcances legales

¿Qué responsabilidad les cabría a sus hijos, como infiere el exmandatario, en el caso Correo? La jueza Cirulli decretó la quiebra de Correo Argentino SA en base a las supuestas maniobras fraudulentas para evitar la quiebra de la compañía -que venían siendo advertidas por la fiscal general Gabriela Boquin desde finales de 2016- y ante la imposibilidad de Correo para cumplir con los requisitos legales que podrían haber garantizado el salvataje de la sociedad anónima, según el fallo publicado este lunes en el sitio oficial del Poder Judicial de la Nación. 

Además, los administradores y miembros del directorio de Correo tienen al menos tres frentes judiciales: el supuesto vaciamiento de la compañía, el presunto fraude a los acreedores del concurso y la causa penal por el pre-acuerdo firmado por el gobierno de Cambiemos en 2016, que le garantizaba a la compañía de los Macri el condonación del 98,87% de la deuda de Correo con el Estado Nacional, según el Ministerio Público Fiscal. Sólo el primero de esos expedientes podría llegar a fundamentar una extensión de quiebra a Socma, explicaron una fuente del expediente y el especialista en derecho comercial ante la consulta de elDiarioAR.

Estoy interesado en recuperar los 300 millones de dólares que el Correo le debe al Estado argentino.

Carlos Zannini — Procurador del Tesoro, en El Destape Radio.

Socma, Sideco y Correo comparten parte de sus ejecutivos y administradores. La fiscal Boquín denunció que durante 2016 los responsables del Correo migraron parte de sus fondos a Sideco a través del pago de alquileres “exorbitantes” en dólares, “gastos contables e informáticos”, cargas sociales de ejecutivos de otras compañías del grupo, entre otros movimientos de fondos, según un dictamen de abril de 2017. También hay en la mira aportes financieros y accionarios. Estas son algunas de las sospechas de posible “control abusivo” que podrían incidir en la extensión de la quiebra, explicaron las dos fuentes consultadas. En Correo, Socma y Sideco, los ejecutivos y abogados de las firmas niegan las acusaciones (tanto en sede judicial como ante los medios) y las enmarcan en la supuesta “persecución” contra Macri y su familia.

Las medidas ordenadas por la jueza Cirulli tras decretar la quiebra apuntan directamente a los miembros del directorio y administradores de Correo (inhibiciones, prohibición de salida del país) y a los bienes (escasos) de la compañía, pero no caen sobre la accionista (Socma) ni sobre los Macri, según consta en el fallo.

En las pocas actas de asamblea en la que se congregaron los accionistas de Socma entre 2009 y 2017 y entregaron a la IGJ, los hijos de Macri, al igual que el resto de los accionistas, aparecen representados por apoderados, quienes aprueban las decisiones del directorio y los balances contables. 

Mientras los hijos del expresidente eran accionistas, Mariano Macri inició una demanda en la Justicia Comercial para acceder a los libros de la comisión fiscalizadora de Socma, ante sospechas sobre el manejo irregular de la compañía por parte de su hermano Gianfranco, quien lidera la estrategia de los negocios familiares. Acusaciones que también han rechazado en Socma.

Cuando se originó un conflicto legal entre Mariano Macri y el resto de los accionistas, los tres descendientes del expresidente conformaron una mayoría junto a Gianfranco que neutralizó la postura de Mariano, según surge de los registros de estas reuniones entregados por la compañía a la IGJ (que no son la totalidad de ellos).

Un escenario lejano

La empresa Correo sostuvo en un comunicado que la decisión judicial es “por venganza e intereses políticos”. “Estoy interesado en recuperar los US$300 millones que el Correo le debe al Estado argentino”, dijo este martes el procurador del Tesoro, jefe de los abogados del Estado. En una entrevista con El Destape Radio, Zannini afirmó: “Nosotros vamos a solicitar la extensión (de la quiebra de Correo). Estamos estudiando y vamos a ver qué hace el síndico, que tiene que hacer el informe para el 1° de noviembre”.

La extensión de la quiebra de una compañía alcanza a su controlante, en este caso, Socma, e implicaría desapoderar a la cabeza del grupo de sus activos. También podría extenderse a Sideco, que fue accionista y controlante de Correo en el pasado.

Ese acto (de venganza) lo ejecutan a través de la Justicia, manipulada por el procurador del Tesoro, Carlos Zannini. De eso se trata el caso del Correo Argentino SA.

Mauricio Macri.

Sin embargo, según una fuente judicial del caso y un especialista en derecho comercial consultados se trata de un proceso sumamente complejo y extenso.

“Una eventual extensión de la quiebra del Correo sería a Socma, no a los accionistas. Este proceso lleva por lo menos cinco años y podría prolongarse hasta 20 años. Además, el Procurador del Tesoro tendría que demostrar que los accionistas y en particular los hijos de Macri tenían poder de decisión sobre la administración de Correo”, explicó una fuente con acceso directo al expediente.

“La adjudicación de responsabilidades en el artículo 162 de la Ley de Concursos y Quiebras es con respecto a los administradores, a los que toman decisiones”, agregó la fuente judicial. 

Nosotros vamos a solicitar la extensión (de la quiebra de Correo). Estamos estudiando.

Carlos Zannini — Procurador del Tesoro, en El Destape Radio.

“En teoría, podría ocurrir (que la extensión de quiebra alcance los bienes de los accionistas, con inhibiciones y otras medidas) pero hay muy pocos precedentes. En la historia de la Justicia comercial deben haber casos contados con los dedos de una mano”, explicó el abogado que enseña derecho comercial en una de las principales universidades del país y quien prefirió no ser nombrado debido a la sensibilidad del caso.

“La extensión de la quiebra pretende traer la mayor cantidad de activos para satisfacer los créditos de la compañía y dado que Correo tiene escasos bienes, es lógico que un acreedor busque llegar a los activos de la sociedad controlante”, explicó el abogado consultado. Socma tiene inversiones en dos compañías de comercialización de gas licuados; en una empresa que opera en la Central Hidroeléctrica Yacyretá; en una firma que gestiona residuos en Uruguay; en tres firmas del negocio automotriz con China; y en una agropecuaria, según el último balance a enero 2020 que presentó ante la IGJ.

Para poder extender la quiebra de Correo, Zannini y los acreedores que apuesten a este objetivo deberán demostrar “abuso de control” por parte de Socma. Las bases de esa acusación están en las denuncias y dictámenes de Boquin sobre el presunto vaciamiento de Correo, pero en sus escritos la fiscal nunca nombra ni imputa a los hijos de Macri, según surge de los escritos que constan en el expediente y que viene analizando este medio en la cobertura del caso. 

“El abuso de control implica que se van desviando recursos de una sociedad hacia otra del mismo grupo. Se la vacía y le crean pasivos. Es una hipótesis que hay acreditar con bastante rigurosidad”, afirmó el especialista en derecho comercial. “Las actas de asamblea en las que se reflejan las decisiones de los accionistas es un elemento a analizar en este sentido”, concluyó.

ED

La jueza comercial Marta Cirulli decretó la quiebra de Correo Argentino SA, compañía de la familia del expresidente Mauricio Macri, según el fallo de este lunes publicado en el sitio oficial del Poder Judicial de la Nación. Su resolución llegó tras dos décadas de concurso de acreedores, un escándalo político, causas judiciales y una deuda millonaria de la empresa con el Estado. La bancarrota deja abiertos también varios frentes penales por presunto fraude y vaciamiento que los responsables de la compañía deberán afrontar.

La magistrada basó su decisión en las supuestas maniobras fraudulentas para evitar la quiebra de la compañía -que venían siendo advertidas por la fiscal general Gabriela Boquin desde finales de 2016- y en la imposibilidad de Correo para cumplir con los requisitos legales que podrían haber garantizado el salvataje de la sociedad anónima, según su escrito. 

Cirulli también prohibió la salida del país hasta el 1° de noviembre próximo a los administradores que respondían a los Macri. Correo tenía como principal accionista a Socma, propiedades de miembros de la familia del expresidente. La jueza también decretó “la inhabilitación definitiva” de Correo y la de los administradores, por el plazo de un año contado.

La principal accionista de Correo es Socma (Sociedades Macri), cuyos accionistas son miembros de la familia del expresidente. En 2001, Correo entró en concurso de acreedores. La deuda original con el Estado nacional por el no pago del canon era de 300 millones de pesos/dólares, que actualizada a 2017, alcanzaba los $4.000 millones , según el cálculo del Ministerio Público Fiscal

Este domingo, Macri había dicho en una carta pública: “No sólo está en juego la integridad de mi familia, sino la idea misma de Justicia” y apuntó al procurador del Tesoro, Carlos Zannini, jefe de los abogados del Estado que pidió la quiebra de Correo. Según Macri, el funcionario actuó “en contra de los intereses del Estado y de la gente, rechazó cobrar el 100% de lo adeudado” por la empresa. Socma, en tanto, busca desde febrero último que el caso sea absorbido por la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Correo solicitó a la Justicia que declare al Estado Nacional “acreedor hostil”, pero su pedido fue rechazado.

Si bien Macri informó que Correo ofreció pagar el 100% del capital adeudado al Estado Nacional, la jueza comercial le recordó en su fallo que “la tasa de interés ofrecida (para actualizar ese monto luego de casi 21 años) no alcanzaría para completar la integralidad del pago”. También afirmó: “Es claro que el mantenimiento de esa tasa de interés no puede compensar ni remotamente lo adeudado por falta de pago de los cánones mensuales, devengados -cuando menos- desde el año 2001 hasta el cese de la concesión del servicio postal. ”No se perciben -dentro del expediente- elementos que conduzcan a afirmar que el rechazo de la propuesta evidenciado por el Estado Nacional no respondió a la defensa del interés público“, respondió Cirulli en su fallo.

Es un día nefasto para la justicia comercial argentina.

Comunicado de Correo Argentino SA.

“Si la deudora puede ofrecer una propuesta mejor, pero la retacea hasta el último momento posible, mal podría calificar de 'hostil' al acreedor que decide no aceptarla por hallarla insuficiente”, dijo la jueza.  “Por otra parte, la conducta desplegada por la deudora a lo largo del dilatado trámite concursal no auspicia -desde la perspectiva del acreedor- la necesaria confianza en el cumplimiento fiel de lo prometido, tanto más frente a la falta de concreción definitiva que ha caracterizado sus sucesivos ofrecimientos”, agregó.

“Es un día nefasto para la justicia comercial argentina”, sostuvo Correo este jueves por la tarde en un comunicado oficial. “La quiebra fue resuelta por una jueza recusada y requerida por la fiscal de Cámara que también se encuentra recusada. La quiebra se decretó a pesar de contarse con la conformidad de todos los acreedores de la empresa, excepto el Estado Nacional. La injusticia es mayor cuando el Estado Nacional es el culpable de la presentación en concurso por sus incumplimientos y por haberse apropiado ilegítimamente de todos los bienes de la concursada”, afirma el comunicado. 

La jueza, que interviene en el caso desde 2005, contradijo esta versión de Macri y de Correo en su fallo e incluso mencionó “lo atípico de la duración” del concurso, al que definió como “excepcionalísimo”, un proceso que la propia Justicia postergó durante casi 21 años (se cumplían el 9 de septiembre próximo). Aseguró que si hubiese aprobado el salvataje, algunos de los acreedores “deberían aguardar no menos de once años más para percibir sus acreencias. Si sumamos ese lapso a los veinte transcurridos, es claro que para cobrarlas habrían esperado treinta y un años, aproximadamente”, afirmó.

Las razones de la quiebra

La sociedad Correo Argentino se encontraba intervenida judicialmente desde marzo de 2020 y los administradores de los Macri perdieron el control de la compañía. El manejo de la empresa residual -que no tenía actividad económica- quedó entonces a cargo de una interventora judicial. 

Para evitar la quiebra, en agosto de 2020, la Justicia comercial activó el salvataje de Correo. Ese proceso fracasó este lunes, derivando en la bancarrota de la compañía.

Para lograr el salvataje, Correo necesitaba que la jueza apruebe los apoyos de los acreedores que aceptaron su última oferta, lo que le permitiría saldar sus deudas. 

El Estado Nacional, entre otros, rechazó la oferta, pero Correo presentó centenares de conformidades de otros acreedores que sí lo apoyaban. Con alcanzar un porcentaje estipulado por ley, podía evitar la quiebra.

Por otro lado, existe un elemento que aumenta aún más el margen de duda sobre la operatividad de otras conformidades arrimadas a la causa para integrar las mayorías legales.

Sin embargo, Cirulli afirmó en su fallo: “La deudora no aportó conformidades que cumplan con la exigencia legal”. Uno de los puntos observados por la magistrada fue que “muchas de tales conformidades (de los acreedores) fueron otorgadas en 2007 (hace más de trece años), dentro de un escenario negocial muy diferente al presente”. Eso es contrario a la Ley de Concursos y Quiebras, afirmó Cirulli, ya que Correo debía conseguir los apoyos de sus acreedores en base a la oferta de marzo, no a la de 2007. Ante la consulta de elDiarioAR en abril, voceros de Socma reconocieron que las conformidades databan de 2007 pero que entendían que estaban dentro del marco legal permitido.

La presentación de estas conformidades o apoyos de los acreedores viene siendo denunciado por la fiscal Boquin, quien interviene en el caso desde finales de 2016. Aún así, Correo sostuvo en escritos ante la jueza que los apoyos que presentó para sostener el salvataje son válidos y no habrían caducado. 

Cirulli decidió lo contrario. Avaló las pruebas de que las mayorías obtenidas para el salvataje “no fueron genuinas, por haberse obtenido fraudulentamente” y “que en este concurso se manipularon las mayorías obtenidas” con la ayuda de estudios jurídicos que trabajaban para los Macri y que se convirtieron en apoderados de acreedores originales para lograr los votos a favor de Correo en el salvataje, según la denuncia de Boquin. 

La deudora no aportó conformidades que cumplan con la exigencia legal.

Esa supuesta maniobra se habría realizado en 2007 y por ese motivo, según las sospechas de la fiscal, esos avales no pudieron volver a ratificarse: quienes lo hicieran quedarían complicados penalmente. Además de estos estudios jurídicos denunciados e investigados, el caso del principal acreedor de Correo también fue un factor analizado por la jueza. Se trata del austríaco Meinl Bank.

El Meinl Bank y otras denuncias

En abril, elDiarioAR informó que el Meinl Bank, una entidad multada en Austria y sancionada en Europa por sus vínculos con lavado de dinero y corrupción, acumulaba el 38% de la deuda de Correo y su voto era central para determinar si la compañía de la familia Macri se salvaba o iba a la quiebra. 

Sin embargo, el banco está en proceso de bancarrota desde febrero último -algo que Correo no informó en el expediente- y el aval de este acreedor con el que contaba Correo databa de 2007, por lo que carecía de validez legal. 

Sin ese apoyo, el salvataje iba camino al fracaso seguro. Pero además, el acuerdo contaba con varias supuestas irregularidades que la fiscal Boquin analizó en uno de sus últimos dictámenes: el banco se había convertido en acreedor de Correo en 2006 comprando deudas ajenas y aceptó luego condiciones que sólo beneficiaban a la compañía de los Macri. Por este caso se abrió también una causa penal, tras la denuncia de Boquin.

La jueza Cirulli analizó que si la investigación judicial “arrojara como resultado la ilegitimidad de tal crédito, lo cierto es que mucho más de la mitad del capital computable para la determinación de las mayorías legales habría desaparecido”. También resaltó: “No existe constancia en la causa del acuerdo” entre Correo y el Meinl Bank, “el cual tampoco fue puesto en conocimiento de la interventora actuante cautelarmente, ni del Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales dependiente de la Corte Suprema de Justicia”.

Frentes penales

“Por otro lado, existe un elemento que aumenta aún más el margen de duda sobre la operatividad de otras conformidades arrimadas a la causa para integrar las mayorías legales”, afirmó Cirulli.

La jueza citó un caso específico: un abogado que figura como apoderado de personas que apoyaron el salvataje de la compañía y que denunció que nunca cumplió ese rol. Su presentación ante la Justicia disparó una serie de consultas que permitieron a este medio reconstruir la historia detrás de una supuesta estafa.

Ante las denuncias múltiples y una causa penal en curso, la jueza aseguró que considera que ya no es viable esperar los resultados o desenlaces de dichas sospechas acumuladas debido a que “un trámite concursal que viene durando veinte años no admite dilaciones mayores, dentro de un procedimiento de orden público que consumió largamente todas sus etapas; y cualquiera fuere el resultado de las averiguaciones en curso, la solución concursal sería la misma”: la quiebra.

El acuerdo que no fue

Correo Argentino SA explotaba la concesión del servicio postal durante los 90. En 2001, entró en concurso de acreedores, situación que se extendió por casi dos décadas. La deuda original con el Estado nacional por el no pago del canon era de 300 millones de pesos/dólares, que actualizada a 2017, alcanzaba los $4.000 millones , según el cálculo del Ministerio Público Fiscal. 

En junio de 2016, el gobierno de Macri firmó un pre-acuerdo con Correo por su deuda. Según estableció la fiscalía de Boquin y los técnicos del Ministerio Público Fiscal, ese acuerdo implicaba una quita del 98,87% a favor de la compañía. Correo hace un cálculo muy diferente. “La propuesta de Correo, el 28 de junio de 2016, planteaba dos escenarios: el monto a pagar quedaba fijado entre los $528.800.216 (lo que equivalía a una quita del 44%) y los $651.321.558 (correspondiente a una quita del 54,5%)”, sostienen los representantes de Correo consultados por este medio.

ED

Dos tribunales se enfrentaron este jueves por el caso Correo Argentino SA. Escaló, así, una pelea por el control de una causa central para el futuro judicial y económico de la familia del expresidente Mauricio Macri. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires se enfrenta a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. La instancia que gane el conflicto de competencia incidirá en si Correo va a la quiebra.

A pedido de Socma, principal empresa de los Macri y accionista de Correo, el Tribunal Superior de Justicia porteño se declaró competente el 24 de junio para intervenir en la causa, se asumió como instancia superior de la Justicia Nacional y ordenó a la Cámara Nacional tratar el pedido de la compañía para apartar a la jueza Marta Cirulli del caso, como informó elDiarioAR. 

Siete días más tarde, este jueves, el tribunal nacional desconoció la competencia del tribunal porteño, rechazó tener que acatar la orden de los supremos de la Ciudad y confirmó que su tribunal superior es únicamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación, según el fallo al que accedió este medio. Horas después, se dio a conocer un nuevo fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, que subió aún más la tensión y volvió a declararse competente en el caso Correo: esta vez, ordenó a la Cámara Nacional tratar el apartamiento de la fiscal Boquin, a pedido de Socma.

Las camaristas nacionales de la Sala B, Matilde Ballerini y María Gómez Alonso de Díaz Cordero, respondieron al tribunal de la Ciudad que la Cámara Nacional “no accederá a lo solicitado por el Tribunal oficiante” y acusaron al tribunal porteño de “crear pretorianamente” un procedimiento para el reclamo de Socma, “soslayando la ley vigente”. “La pretensión de que esta causa tramite en la Justicia local (en la Ciudad) no resiste análisis; este fuero es federal, como toda la Justicia Nacional de la Capital Federal”, aseguraron las camaristas. 

“A lo largo de los años, ha existido una serie de convenios por los cuales la Nación fue transfiriendo competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires, lo que en ningún caso implicó la transferencia de jueces o tribunales”, sostuvieron las camaristas. “A su vez, el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación dispone que contra las sentencias de los tribunales nacionales procederá un recurso extraordinario de apelación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, agregaron.

En el fallo de este jueves, las juezas nacionales también apuntaron que “es claro a esta altura que el Tribunal Superior de Justicia de la CABA no integra el mismo Poder Judicial al que pertenece esta Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial”. Al final del escrito, remitieron copia a la Corte Suprema de la Nación.

La pretensión de que esta causa tramite en la Justicia local (en la Ciudad) no resiste análisis.

Sala B — Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial.

Antecedente del antecedente

El caso Correo, en el que debe determinarse si la compañía va a la quiebra, se desarrolla desde 2001 en la Justicia Nacional. La Sala B de la Cámara Nacional rechazó tras un largo trámite los planteos para apartar a la jueza y a la fiscal por supuesta “parcialidad” y “enemistad manifiesta”, mientras la causa se acerca a la recta final: decidir sobre la quiebra. 

Socma consideró que estas decisiones de las camaristas violaban sus garantías constitucionales y derecho a la defensa. En lugar de recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación -como venía sucediendo en la causa- Socma dio un giro y en 2021 acudió a la Justicia porteña. 

Ante esta decisión de la compañía, la fiscal Boquin acusó a Socma de un supuesto forum shopping, como se conoce a la maniobra mediante la cual una de las partes involucradas elige al juez que debe decidir sobre su propio caso, según consta en un dictamen del expediente. Socma sostiene que “planteó un recurso legítimo admitido por el Máximo Tribunal de la Ciudad”. 

Un tribunal dividido

El caso Correo también divide a los supremos de la Ciudad. Son cinco los jueces que integran el Tribunal Superior de Justicia porteño. Todos admiten la competencia en el caso pero sólo tres apoyaron los dos planteos de Socma: Marcela De Langhe; Santiago Otamendi, exsecretario de Justicia del gobierno de Macri; e Inés Weinberg, candidata del expresidente de Cambiemos a la Procuración General de la Nación y miembro del consejo consultivo de Alberto Fernández para la reforma judicial. 

Tanto el 24 de junio como este jueves, los tres jueces ordenaron a la Cámara Nacional que trate los planteos de los abogados de los Macri para intentar correr a la jueza Cirulli y a la fiscal Boquin. “Este Tribunal afirmó su competencia para conocer de los recursos de inconstitucionalidad y de las quejas contra las resoluciones dictadas por tribunales de la justicia nacional ordinaria en supuestos como el del presente juicio”, aseguraron los jueces. 

El juez Francisco Lozano y la jueza Alicia Ruiz votaron en contra de los planteo de Socma, pero sin dejar de reconocer la competencia de la Justicia porteña en el caso. Lozano afirmó que ambos recursos de inconstitucionalidad presentados carecen de fundamentos y agregó que Socma no había fundamentado o demostrado la supuesta arbitrariedad de la jueza Cirulli y de la fiscal Boquin.

La jueza Ruiz planteó que el tribunal debía admitir las quejas de Socma, rechazar sus argumentos y confirmar las sentencias de la Cámara Nacional en lo Comercial, que se había negado a apartar a Cirulli y Boquin. Ruiz afirmó que las afectaciones constitucionales que planteó Socma “lo son de forma genérica, limitándose a enumerar derechos que considera afectados, pero sin vincularlos de manera suficiente con lo decidido por la Cámara o expresar de qué manera lo decidido resulta violatorio de esos derechos”.   

“La decisión es importante desde el plano institucional porque el Superior Tribunal de Justicia ratificó la jurisprudencia que viene fijando los últimos años, por la cual reclama que le corresponde ocupar el lugar de Tribunal Máximo en todos los juicios que se llevan a cabo en CABA”, afirmaron a elDiarioAR fuentes allegadas a la defensa de Socma tras el primer fallo del tribunal porteño. “Así lo dijo por ejemplo en los conocidos caso Chocobar (de derecho penal) y Levinas (de derecho civil)”, agregaron. 

La controversia se enmarca en la disputa por el traspaso de la Justicia nacional al ámbito de la Ciudad, pero la relación directa con Socma y la familia del expresidente y aliado del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, le subió la temperatura a la disputa. La eventual quiebra de Correo puede tener consecuencias directas sobre el resto del grupo Macri, ya que los acreedores podrían pedir la extensión de la quiebra a sus accionistas, Socma y Sideco.

El Tribunal Superior porteño está integrado por jueces elegidos por concurso por el Consejo de la Magistratura de la Ciudad, que envía una terna al jefe de Gobierno porteño y éste envía los pliegos de sus candidatos a la Legislatura porteña. Actualmente, es presidido por la jueza Inés Weinberg de Roca.

ED

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de Buenos Aires firmó este jueves un fallo a favor de Socma, la compañía de la familia del expresidente Mauricio Macri, según el fallo al que accedió elDiarioAR. Al hacerlo, se declaró competente en el caso y esa decisión abre el camino para que la empresa tenga una nueva instancia para insistir con su objetivo, hasta ahora trunco: apartar a la jueza Marta Cirulli y a la fiscal general Gabriela Boquin del caso Correo Argentino SA, en el que ambas vienen tomando decisiones contrarias a los intereses de los Macri y sus administradores.

Socma es la principal accionista de Correo y en febrero último acudió al máximo tribunal porteño en lugar de presentar su planteo ante la Corte Suprema de la Nación, como venía haciéndolo Correo hasta entonces. La Corte viene fallando en contra de los planteos de la compañía de los Macri. Además tiene pendiente resolver el último planteo de Correo desde diciembre de 2019. 

Ante el escenario adverso en la Corte y la salida de Macri de la Casa Rosada; luego de que la jueza Cirulli ordenara intervenir Correo, apartar a los administradores de los Macri de la compañía y abrir el proceso de salvataje de la empresa; más sucesivos fallos desfavorables de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, los Macri acudieron a un territorio amigo: la Justicia porteña. Buscan consenso para apartar a Cirulli y Boquin y poner un freno al posible final: la quiebra.

Camino a la Ciudad

Entre noviembre y diciembre de 2020, Socma solicitó a la Sala B de la Cámara Nacional en lo comercial que aparte a la jueza Cirulli y a la fiscal Boquin de la causa Correo al entender que ambas magistradas actuaban con presunta “parcialidad” y “enemistad manifiesta”.

En febrero, las camaristas Matilde Ballerini y María Gómez Alonso de Díaz Cordero rechazaron ambos planteos. Socma presentó un recurso de inconstitucionalidad y solicitó acudir ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad para que revise la decisión. Las camaristas lo rechazaron in limine.

“El recurso de inconstitucionalidad interpuesto en la presentación a despacho no se encuentra previsto en la normativa del Código Procesal, Civil y Comercial de la Nación, de aplicación a la materia y litigios ventilados en este fuero”, afirmaron entonces las camaristas, al rechazar el planteo de Socma en apenas media carilla. Las juezas no analizaron la cuestión planteada por Socma y los alcances del caso.

Aún así, Socma se presentó ante el tribunal porteño. Cuatro meses después, la máxima instancia judicial de la Ciudad hizo lugar al recurso de Socma y votó a favor con los votos de tres de sus cinco jueces. 

Con esta decisión, que se centró sólo en el caso de la jueza Cirulli -queda pendiente el planteo contra la fiscal Boquin- el Superior se metió de llenó en la controversia, entendió que es el tribunal superior competente para intervenir en el caso Correo y ordenó a la Cámara Nacional en lo Comercial otorgar a Socma el recurso para acudir ante el Tribunal Superior de la Ciudad.

Ahora, Socma podrá pedirle a los jueces porteños que aparten a Cirulli y a Boquin del caso Correo.

Los votos de los jueces 

Los jueces Marcela De Langhe, Santiago Otamendi -exsecretario de Justicia del gobierno de Macri- e Inés Weinberg -candidata del expresidente de Cambiemos a la Procuración General de la Nación y miembro del consejo consultivo de Alberto Fernández para la reforma judicial- votaron a favor de Socma. 

“Este Tribunal afirmó su competencia para conocer de los recursos de inconstitucionalidad y de las quejas contra las resoluciones dictadas por tribunales de la justicia nacional ordinaria en supuestos como el del presente juicio”, aseguraron los jueces. En ese marco, requirieron a la Sala B de la Cámara Nacional en lo Comercial “que se pronuncie sobre la admisibilidad del recurso de inconstitucionalidad de Socma”, que las camaristas habían rechazado en apenas unas líneas.

El juez Francisco Lozano y la jueza Alicia Ruiz votaron en contra del planteo de Socma, pero sin dejar de reconocer la competencia de la Justicia porteña en el caso. Escribieron diferentes argumentos.

Lozano afirmó que “el recurso de inconstitucionalidad carece de una fundamentación mínima que justifique tramitarlo” y agregó que Socma no había fundamentado o demostrado la supuesta arbitrariedad de la jueza Cirulli.

La jueza Ruiz planteó que el tribunal debía admitir la queja de Socma, rechazar sus argumentos y confirmar la sentencia de la Cámara Nacional en lo Comercial, que rechazó apartar a la jueza Cirulli. Ruiz afirmó que las afectaciones constitucionales que planteó Socma “lo son de forma genérica, limitándose a enumerar derechos que considera afectados, pero sin vincularlos de manera suficiente con lo decidido por la Cámara o expresar de qué manera lo decidido resulta violatorio de esos derechos”.   

“La decisión es importante desde el plano institucional porque el Superior Tribunal de Justicia ratificó la jurisprudencia que viene fijando los últimos años, por la cual reclama que le corresponde ocupar el lugar de Tribunal Máximo en todos los juicios que se llevan a cabo en CABA”, afirmaron fuentes allegadas a la defensa de Socma. “Así lo dijo por ejemplo en los conocidos caso Chocobar (de derecho penal) y Levinas (de derecho civil)”, agregaron. 

La controversia se enmarca en la disputa por el traspaso de la Justicia nacional al ámbito de la Ciudad, pero la relación directa con Socma y la familia del expresidente y aliado del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, suma un trasfondo político mucho más amplio.

El Tribunal Superior porteño está integrado por jueces elegidos por concurso por el Consejo de la Magistratura de la Ciudad, que envía una terna al jefe de Gobierno porteño y éste envía los pliegos de sus candidatos a la Legislatura porteña. Es TSJ es presidido por la jueza Weinberg de Roca.

El concurso de Correo tramita en la Justicia comercial, que pertenece al Poder Judicial de la Nación. La fiscal depende del Ministerio Público Fiscal y la Procuración General de la Nación. Ninguno reconoce en este caso la competencia de la Justicia local de la Ciudad.

La fiscal Boquin ya había planteado en el expediente que la decisión de Socma de acudir a la Justicia porteña se encuadraría en un supuesto forum shopping, como se conoce a la maniobra mediante la cual una de las partes involucradas elige al juez que debe decidir sobre su propio caso. Socma presentó un nuevo escrito afirmando que sólo “se planteó un recurso legítimo admitido por el Máximo Tribunal de la Ciudad”.

Antecedentes

Correo está en proceso de salvataje y si éste fracasa, la jueza Cirulli deberá decretar la quiebra. Esa decisión podría llevar también a la quiebra a Socma y Sideco, accionista y exaccionista de Correo, según sostienen fuentes judiciales que intervienen en el caso. 

El concurso de acreedores ya suma casi 20 años. En 2017, la fiscal Boquin frenó el acuerdo entre el gobierno de Cambiemos y la compañía de los Macri, que implicaba una quita del 98,87% de la deuda de capital e intereses proyectados con el Estado Nacional. Desde entonces, el caso sigue sin resolverse.

ED

La suerte de Correo Argentino SA y de las compañías del grupo Macri gira sobre un eje cada vez más complejo: para salvarse de la quiebra, Correo tiene un aliado central, el banco Meinl Bank, que sigue acumulando problemas con la ley en Austria, en Argentina y ahora, en los Estados Unidos. La fiscalía del Distrito Este de Nueva York presentó cargos contra dos exejecutivos del Meinl Bank por los presuntos delitos de conspiración para lavar dinero, lavado de dinero internacional y blanqueo de capitales de procedencia supuestamente ilegal, según informó el Departamento de Justicia estadounidense el 25 de mayo último. 

Los acusados son el ex CEO del Meinl Bank, Peter Weinzierl (55), quien se encuentra detenido en Londres; y un segundo ejecutivo, Alexander Waldstein (73), supuestamente prófugo, según la última información publicada en los medios internacionales. Ambos son austríacos, de acuerdo con un comunicado del organismo de los Estados Unidos. 

Meinl Bank es el principal acreedor de Correo Argentino SA, ya que concentra el 38% de la deuda y esa posición le permite tener poder de voto sobre el resto de los acreedores de la compañía de los Macri. Con ese poder puede incluso imponerse al Estado nacional y forzar a Carlos Zannini, procurador del Tesoro, a aceptar la última oferta de Correo para pagar su deuda, evitar la quiebra y cerrar el caso. Zannini ha rechazado, al igual que otros acreedores como el Banco Nación, esa última oferta y pidió la quiebra. La compañía de los Macri ha negado en sus planteos ante la Justicia y ante consultas de elDiarioAR que existan irregularidades en su relación con el Meinl Bank.

Sin embargo, ese poder del Meinl Bank es un castillo de arena, de acuerdo con los documentos y datos oficiales y judiciales que viene informando elDiarioAR desde abril; a los dictámenes de la fiscal general Gabriela Boquin; y a una auditoría encargada por las autoridades bancarias de Austria en diciembre de 2014 y que ha revelado el diario La Nación. La presentación en Nueva York de cargos formales por presunto lavado y las acusaciones puntuales de actos de supuesta corrupción contra Weinzierl y Waldstein agudizan aún más la endeble situación de este importante acreedor del que depende el grupo Macri para salvarse de la quiebra de Correo.

Las acusaciones contra los banqueros austríacos en los Estados Unidos y la detención del ex CEO habían pasado desapercibidos en Argentina hasta este domingo, cuando fue publicado por Jorge Elbaum en El Cohete a la Luna.

La acusación en Nueva York

La fiscalía del Distrito Este de Nueva York venía investigando a los ejecutivos del Meinl Bank en torno a un caso ya confirmado de sobornos y lavado de activos: el caso Odebrecht.

Las cuentas bancarias de la empresa fantasma que estaban involucradas en el plan y que se utilizaban para pagar sobornos a funcionarios extranjeros se mantenían en el Antigua Bank, que estaba controlado por Weinzierl, Waldstein y sus co-conspiradores.

Weinzierl y Waldstein están acusados de haber montado un esquema de cuentas offshore para que la constructora brasileña Odebrecht pagara, entre 2006 y 2016, cientos de millones de dólares en sobornos a funcionarios públicos de al menos tres países: Brasil, México y Panamá. Para armar dicho sistema utilizaron la estructura del Meinl Bank en Austria y en Nueva York, entre otras jurisdicciones como Suiza, Portugal y Panamá, sostiene el escrito de acusación.

La maniobra incluyó “transacciones fraudulentas y acuerdos ficticios para transferir más de US$170 millones de cuentas bancarias en Nueva York a nombre de Odebrecht” y a través del banco austríaco transferían el dinero “a cuentas bancarias de empresas fantasma en el extranjero que son propiedad y estaban controladas en secreto por Odebrecht”, informó el ya citado comunicado del Departamento de Justicia. 

Además de trabajar para Odebrecht desde Austria, en 2010 ambos ejecutivos gestionaron y autorizaron que el Meinl vendiera a Odebrecht el 51% de las acciones de la sucursal del banco en Antigua y Bermuda (Antigua Bank), en el Caribe, que se utilizó para que la constructora manejara con mayor independencia sus cuentas del Departamento de Operaciones Estructuradas, o, como lo definió el Departamento de Justicia en 2016, el Departamento de Sobornos de la constructora. 

Los testimonios de exejecutivos de Odebrecht que declararon como arrepentidos también fueron clave en la presentación de la prueba contra Weinzierl y Waldstein, miembros de la junta de un banco de Antigua, según el escrito de acusación.

“Las cuentas bancarias de la empresa fantasma que estaban involucradas en el plan y que se utilizaban para pagar sobornos a funcionarios extranjeros se mantenían en el Antigua Bank, que estaba controlado por Weinzierl, Waldstein y sus co-conspiradores (exejecutivos de Odebrecht) y que se utilizaba para promover el plan”, agregó el Departamento de Justicia. “Los acusados ​​se presumen inocentes a menos que se pruebe su culpabilidad y hasta que se demuestre su culpabilidad”, finaliza el comunicado.

En dicho documento, de unas 30 páginas y acceso público, los fiscales de Nueva York no hacen mención a Correo ni a Socma. Argentina es mencionada una única vez, cuando los acusadores sostienen que los ejecutivos autorizaron operaciones que buscaban simular la transferencia de fondos con fines legales cuando, en realidad, se trataba de una pantalla. Entre esas maniobras de camuflaje, otorgaron créditos y “garantías contra riesgos políticos en los países donde Odebrecht operaba” y cita específicamente “en Argentina, Angola y Rusia”. 

La compañía brasileña, cuyos dueños y ejecutivos admitieron el pago de coimas a exfuncionarios argentinos, ganó en 2008 la licitación del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, en sociedad con Iecsa, entonces propiedad de Angelo Calcaterra (primo de Mauricio Macri), quien ha sido indagado por el juez Marcelo Martínez de Giorgi por los supuestos sobornos a exfuncionarios de Néstor y Cristina Kirchner y ha negado -al igual que los exmiembros de los gobiernos kirchneristas- cualquier participación en los ilícitos. 

Si bien el Meinl Bank acumula escándalos y acusaciones, en Socma aseguraron ante la consulta que sus deudas con el banco son anteriores a que se dieran a conocer esos casos, dijo una fuente de la compañía.

El CEO detenido

La investigación contra Weinzierl y Waldstein era confidencial hasta el 25 de mayo último, cuando la fiscalía anunció que Weinzierl había sido arrestado ese mismo día en el Reino Unido, como consignó el Departamento de Justicia. El ejecutivo fue capturado tras aterrizar en ese país con su jet privado en un aeropuerto al sur de Londres, según informó la agencia Bloomberg el 2 de junio último. Su colega, Waldstein, permanece prófugo de la Justicia estadounidense y no había comunicación oficial sobre su captura al cierre de esta nota.

Actualmente, Weinzierl se encuentra en una prisión en Londres. Este miércoles, tuvo una nueva audiencia en los tribunales londinenses para volver a pedir su libertad bajo fianza de US$5 millones, pero el juez le solicitó más información sobre su patrimonio real para considerar si esa cifra es adecuada, informó la agencia Bloomberg.

Hasta el momento, Weinzierl ha presentado dos abogados defensores ante los tribunales londinenses: Ben Watson y James Lewis, según informó la agencia Bloomberg. A principios de junio, Lewis planteó en una audiencia en Londres que la solicitud de las autoridades estadounidenses “pinta una imagen totalmente injustificada y engañosa”, según reflejó el mismo medio. De acuerdo con su defensor, “Weinzierl sabía de las investigaciones y había cooperado con las autoridades austriacas y la Oficina Federal de Investigaciones”, citó Bloomberg. 

El fraude consistía en poner a un banco austríaco como testaferro, el banco Meinl, y nosotros quedar como accionistas ocultos a través de fundaciones en Luxemburgo y como dueños de unas sociedades en Panamá.

Mariano Macri — al periodista Santiago O’Donnell en el libro Hermano.

La conexión con Correo

La fiscal general Gabriela Boquin sostuvo en su dictamen del 6 de mayo que el Meinl Bank cumplió un rol sospechoso en el concurso de acreedores de Correo desde 2005, actuando en detrimento de sus intereses y a favor de la familia del expresidente Mauricio Macri. 

En uno de los puntos que señaló, la fiscal explicó que el Meinl Bank se convirtió en el principal acreedor de Correo por decisión propia: en 2005 y 2006 -al mismo tiempo que comenzó a trabajar para la constructora Odebrecht, según la fiscalía de Nueva York- el banco absorbió las acreencias de la Corporación Financiera Internacional (CFI) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que equivalen a un total de US$117.294.798. 

Luego, en 2013, el Meinl Bank acordó con Correo congelar esa deuda al valor del dólar de noviembre de ese año: costaba $6,525. Esa deuda de la compañía de los Macri con el Meinl Bank equivalía entonces a $765.348.560. Y así se quedó en el tiempo. A mayo de este año, superaría los $11.582 millones (con un dólar oficial a $98,75), según el cálculo de elDiarioAR con base en los datos del dictamen fiscal. ¿Por qué el Meinl aceptó este acuerdo? “Eso habría que preguntárselo al banco”, respondieron en Correo ante la consulta de este medio en abril. 

Weinzierl sabía de las investigaciones y había cooperado con las autoridades austriacas y la Oficina Federal de Investigaciones.

James Lewis — Abogado del ex CEO del Meinl Bank.

El banco austríaco resignó cobrar 15 veces el valor de la deuda real de Correo y además intentó garantizar que la compañía de los Macri no vaya a la quiebra. Por esto, Boquin solicitó que se investigue. “La única relación (con el Meinl) es por acreencias con el banco”, sostuvieron en Socma ante la consulta de este medio en abril. 

A esta sospecha, se suma la información que surge de una auditoría realizada en diciembre de 2014 por PriceWaterhouseCoopers a pedido de las autoridades bancarias en Austria. El informe le dedica un capítulo a la relación entre el Meinl Bank y Socma (Sociedades Macri), principal compañía de la familia del expresidente y accionista de Correo: sostiene que Franco Macri -padre del expresidente- gestionó que el Meinl Bank le comprara los créditos del BID y la CFI con Correo, en 2005 y 2006. Es decir, que Socma estaría detrás de su principal acreedor, algo prohibido en Ley de Concursos y Quiebras. “Existe una sospecha de blanqueo de capital”, sostiene la auditoría de Austria.

Mariano Macri, el menor de los hermanos varones del expresidente y accionista del 20% de Socma, también se refirió a la relación entre el banco y el grupo empresario de su familia en una supuesta maniobra para correr a los Macri de Socma de manera ficticia ante la acumulación de una deuda con un banco de Brasil (el BNDES). “El fraude consistía en poner a un banco austríaco como testaferro, el banco Meinl, y nosotros quedar como accionistas ocultos a través de fundaciones en Luxemburgo y como dueños de unas sociedades en Panamá”, contó Mariano Macri al periodista Santiago O’Donnell en el libro Hermano. Socma y Correo desmienten cualquier irregularidad en su relación con el banco austríaco y negaron ante la consulta las aseveraciones del hermano menor de Mauricio Macri.

El 26 de mayo, la jueza comercial Marta Cirulli ordenó investigar el acuerdo entre Correo y el Meinl Bank, según el fallo al que accedió elDiarioAR. La magistrada también dispuso librar exhortos a autoridades de Austria y al Banco Central Europeo para obtener información sobre las sospechas y denuncias contra la entidad bancaria y el acuerdo celebrado con Socma (Sociedades Macri).

En Austria, el Meinl Bank está denunciado por supuesto lavado de dinero con bancos de Europa del Este; fue sancionado por la autoridad de control financiero de Austria en 2019; y el Banco Central Europeo (BCE) le quitó la licencia para operar ese mismo año. Cambió su nombre a Anglo Austrian Bank pero terminó en bancarrota y la Justicia austríaca ordenó el cierre de la compañía en febrero último, como reveló elDiarioAR en abril. 

El 7 de junio, días después de la orden de la jueza Cirulli de investigar la relación con el Meinl Bank, Correo se opuso a las medidas, las calificó en un escrito en el expediente como “absolutamente improcedentes e injustificadas” y pidió que sean suspendidas. La magistrada Cirulli aún no ha decidido sobre dicho planteo.

ED

La jueza comercial Marta Cirulli ordenó este miércoles investigar el acuerdo entre Correo Argentino SA y el Meinl Bank, un banco austríaco quebrado y denunciado por presunto lavado de dinero y corrupción, según el fallo al que accedió elDiarioAR. La magistrada también dispuso librar exhortos a autoridades de Europa para obtener información sobre las sospechas y denuncias contra la entidad bancaria y el acuerdo celebrado con Socma (Sociedades Macri).

El banco austríaco es una pieza clave para evitar la quiebra de Correo, una compañía de la familia Macri. Es su principal acreedor y puede forzar al Estado Nacional a aceptar el salvataje de la empresa. Sin embargo, el Meinl Bank está bajo sospecha en el expediente: actuó en contra de sus propios intereses para favorecer a Correo; está denunciado por supuesto lavado de dinero con bancos de Europa del Este; transfirió sobornos de la constructora brasileña Odebrecht a funcionarios de Brasil y América Latina; fue sancionado por la autoridad de control financiero de Austria en 2019 y el Banco Central Europeo (BCE) le quitó la licencia para operar ese mismo año. 

A sus antecedentes se suma que el Meinl Bank terminó en proceso de bancarrota en 2020 y la Justicia austríaca ordenó el cierre de la compañía en febrero último, como reveló elDiarioAR en abril. En esa situación, la entidad no podría haber prestado conformidad al salvataje de Correo, pero figura en el expediente apoyando la última oferta de la compañía de los Macri a sus acreedores, según el documento público presentado por la compañía.

La fiscal general Gabriela Boquin sostuvo en su último dictamen que el banco cumplió un rol sospechoso en el concurso de acreedores de Correo, actuando en detrimento de sus intereses y a favor de la familia Macri. Por eso solicitó que se investigue una supuesta maniobra para perjudicar al resto de los acreedores, entre ellos, el Estado Nacional, y que libren exhortos internacionales para solicitar información a Austria.

El Meinl Bank apoyó un salvataje frustrado de Correo en 2007, por lo que Socma plantea que su conformidad debería ser tomado por válida en 2021. Sin embargo, al estar en bancarrota desde febrero último, el banco austríaco está en manos de nuevas autoridades, nombradas por la Justicia de Viena, quienes debían ser quienes aprobaran en marzo la oferta de Correo y su salvataje. Sin embargo, ninguna de esas autoridades figuran en el expediente argentino, por lo que ese apoyo que presentó la compañía de los Macri no tendría validez. Si así fuera, Correo debería quebrar.

Por eso, la jueza Cirulli ordenó exhortos diplomáticos a la Justicia y la Procuración General con sede en Viena, a las autoridades austríacas y al Banco Central Europeo para requerir los antecedentes del retiro de la licencia al Meinl Bank, actualmente denominado Anglo Austrian Bank, y su posterior cierre, como había solicitado la fiscal. La magistrada también librará exhortos a los actuales responsables del banco, los liquidadores que administran sus bienes, “a fin de esclarecer todo lo concerniente a la situación pasada y presente del acreedor Meinl Bank”, hoy denominado Anglo Austrian AAB Bank (cambió su nombre tras las denuncia de presunto lavado de 2019).

La magistrada ordenó a Correo poner a disposición de su juzgado los libros y balances de la compañía elaborados entre 2003 y 2019 y el acuerdo celebrado con Meinl Bank que figure en los estados contables de la empresa de los Macri. 

Cirulli dispuso además que se solicite al diario La Nación la remisión de una copia del informe de auditoría elaborado por PriceWaterhouseCoopers con presunta información sobre el rol del Meinl Bank en el concurso preventivo de Correo, revelado por el medio el 28 de abril último que podría aportar datos clave sobre un posible acuerdo entre Socma y la entidad para controlar el concurso de acreedores, en perjuicio del Estado Nacional.

¿Cómo se convirtió este banco austríaco en el principal acreedor de Correo? En 2006, adquirió las deudas de la compañía con dos entidades internacionales: el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Financiera Internacional (CFI). Estos dos organismos de crédito, a los que Correo debía millones de dólares, cedieron sus créditos con la compañía al Meinl Bank, según confirma el dictamen de Boquin. 

Entonces, el Meinl Bank absorbió las acreencias del BID y la CFI, que equivalen a un total de US$117.294.798. Luego, en 2013, el banco acordó congelar esa deuda al valor del dólar de noviembre de ese año: costaba $6,525. Esa deuda de la compañía de los Macri con el Meinl Bank equivalía entonces a $765.348.560. Y así se quedó en el tiempo. A mayo de este año, superaría los $11.582 millones (con un dólar oficial a $98,75), según el cálculo de elDiarioAR con base en los datos del dictamen fiscal. El banco austríaco resignó cobrar 15 veces el valor de la deuda real de Correo. 

ED

La Justicia penal abrió un nuevo expediente sobre el caso Correo Argentino SA, que gira en torno a un presunto fraude a los acreedores de la compañía de la familia Macri, según los dictámenes a los que accedió elDiarioAR. 

La causa, que podría complicar el futuro judicial de Correo y de los representantes de la empresa, se originó en las últimas semanas, tras la denuncia de un abogado que durante los años 2000 trabajó para el estudio jurídico de Abraham Yeduda Kozak, un penalista reconocido en Córdoba por la lucha estudiantil en los agitados años 60. 

El denunciante, quien dialogó con este medio pero pidió que se reservara su nombre, figura como apoderado de 23 acreedores de Correo que vienen aceptando las últimas ofertas de la compañía y colaboran así para evitar la quiebra. Sin embargo, el abogado asegura que nunca fue apoderado de ninguno de ellos. Su testimonio, que consta en un escrito publicado en el sitio web del Poder Judicial, llamó la atención de la fiscal general Gabriela Boquin, quien ya venía investigando a este mismo estudio jurídico. 

La denuncia

El relato de este abogado encaja con las sospechas de Boquin sobre una supuesta maniobra montada por tres bufetes que estuvieron de los dos lados del mostrador: durante años, sus abogados integraban el directorio de la empresa de los Macri y al mismo tiempo representaban a los acreedores en la negociación por las deudas de Correo, un escenario que sólo podía beneficiar a Correo y que podría constituir un supuesto fraude, según dos dictámenes de la fiscal de 2019 y 2021. 

Uno de esos tres estudios sospechados es el de Kozak. Los otros dos son el Estudio Tonelli (fundado por el diputado Pablo Tonelli, de Juntos por el Cambio) y el de Jaime Kleidermacher, abogado de Correo. 

La compañía de los Macri necesitaba juntar una mayoría de acreedores para salvarse de la quiebra. En 2007, presentó ante la Justicia las conformidades de unas 360 personas y empresas a las que la compañía les debía dinero y que aceptaban la oferta de Correo para saldar sus deudas. Las 360 personas y empresas aparecían representadas por apoderados, todos abogados de estos tres estudios jurídicos.

La fiscal sostiene que los apoderados, en realidad, estarían trabajando para inclinar la balanza a favor de Correo y contra la conveniencia del resto de los acreedores del concurso. El 61% de esas conformidades bajo sospecha tiene como apoderados a abogados del estudio de Kozak, según surge de dos dictámenes de la fiscal. Algunos de ellos fundaron un nuevo estudio, tras la muerte de su jefe, y ocupan las mismas oficinas sobre la calle Tucumán al 1.600. 

La nueva causa penal tramita en el juzgado nacional de Laura Bruniard y en la fiscalía 11. Como primera medida, tras la denuncia del abogado, el fiscal Daniel Togni solicitó una pericia caligráfica para analizar si su firma podría haber sido falsificada en los documentos del concurso de Correo. 

El denunciante se presentó en los tribunales el 14 de abril último, luego de haber leído su nombre en un artículo de Página/12 sobre este grupo de abogados apuntados por la fiscal Boquin. Afirmó en un escrito “desconocer participación personal alguna ni carácter de apoderado ni en ninguna otra forma” en el concurso de Correo, es decir, que nunca ofició como apoderado de acreedores. 

Socma, principal accionista de Correo, respondió ante la consulta de elDiarioAR: “Todas las firmas están certificadas ante escribano, así que si firmó, la firma es de él”. En la compañía de los Macri niegan una relación con el abogado Kozak, a pesar de que fue director de Correo durante tres años, entre 2004 y 2007 (según consta en las actas de la compañía y en el expediente). “No hay conocimiento acerca de esa persona y por lo tanto no hay información al respecto”, afirmaron.

Un outsider

Kozak falleció el 11 de agosto de 2007, a los 68, y catorce años más tarde, su nombre terminó involucrado en un supuesto fraude para salvar de la quiebra a Correo. ¿Por qué lo desconocen en Socma?

Fue dos veces presidente de la Federación Universitaria en Córdoba; defendió a presos políticos, fue perseguido por la Triple A y la intervención en la provincia durante 1974; cayó preso, pasó un año en la cárcel de Devoto y tras un decreto de Isabel Perón partió hacia el exilio en Venezuela, en diciembre de 1975. Así surge de los testimonios de un familiar directo, tres de sus colaboradores, dos dirigentes radicales y artículos y publicaciones.

Regresó a Argentina con la vuelta de la democracia, fundó su estudio jurídico en Buenos Aires, trabajó para el radicalismo durante el gobierno de Fernando De La Rúa y en 2004 se convirtió en director de Correo Argentino SA, la compañía de los Macri. 

La relación de Kozak con la familia Macri surgió en Venezuela, durante su exilio, cuando el abogado trabajó para la Fiat en Venezuela, según confirmaron dos abogados que trabajaron con él. Un familiar directo de Kozak desconoció que el abogado hubiera tenido un nexo con la automotriz durante su exilio. También dijeron que nunca lo vieron con los Macri ni lo escucharon referirse a la familia del expresidente.

A finales de los ‘60, Franco Macri se asoció a la italiana Fiat y fundó Impresit Sideco, que más tarde sería Socma (Sociedades Macri). “Abraham Kozak fue ejecutivo de la Fiat en Venezuela. Tenía aproximadamente 40 años en aquel entonces. No ejerció el derecho sino que se encargó del departamento de compras internacionales y trámites de importación”, explicó Julián Afonzo, especialista en temas automotrices y editor en Caracas. Llegó “referido por Fiat Argentina”, agregó Afonzo.

En su entorno familiar más directo, una de las personas más cercanas a Kozak, que además lo acompañó en el exilio, negó que el abogado haya participado de cualquier fraude o delito. La persona consultada aseguró que Kozak “fue un hombre recto”. Negó conocer a los clientes del abogado o haberlo visto alguna vez con los Macri o hablar de ellos.

“Firmamos lo que Kozak nos pedía. Muchos de nosotros no sabemos ni qué firmamos ni de qué acreedores éramos apoderados ni si eran acreedores reales. Tenían que juntar conformidades para evitar la quiebra de Correo”, contó uno de los exabogados del estudio de Kozak ante la consulta telefónica. Él también figura como apoderado de acreedores de Correo. 

Otros dos de sus colegas del bufete ratificaron su versión: la dinámica en el estudio con respecto al caso Correo era “firmar lo que pedían”. Uno de los tres abogados consultados dijo haberse enterado por este medio que había sido apoderado de Correo durante los años 2000. Si la investigación por presunto fraude avanza, todos podrían terminar declarando ante la Justicia.

Abraham Kozak fue ejecutivo de la Fiat en Venezuela. Tenía aproximadamente 40 años en aquel entonces. No ejerció el derecho sino que se encargó del departamento de compras internacionales y trámites de importación.

Julián Afonzo — Especialista en temas automotrices y editor en Caracas.

“Kozak era penalista, no manejaba casos de concursos y quiebras. Terminó en Correo por su relación con los Macri”, afirmó. “Era un hombre con muchos contactos en la política por su trayectoria. Muy cercano a Ramón Mestre y a los radicales”, contó el excolaborador de Kozak. Ramón Mestre hijo no respondió los llamados y consultas de este medio, pero Kozak fue asesor de su padre durante la intervención en Corriente de 1999, según las publicaciones de ese año y ratificaron dos dirigentes del radicalismo.  

La pista de los abogados

Los abogados señalados por la fiscal Boquin como partícipes de esta presunta maniobra de fraude a favor de los Macri están nucleados en tres bufetes. El primero es el Estudio Tonelli, fundado por el diputado Tonelli, aliado del expresidente Macri, y dirigido actualmente por su hermano Alejandro. Este estudio tiene tres abogados “de los dos lados del mostrador”: representaban a 54 acreedores y al mismo tiempo estaban en el directorio de Correo.

Voceros de Tonelli no respondieron la consulta de este medio, pero en el pasado han negado la comisión de delitos para favorecer a Correo.

El segundo estudio señalado es de Kleidermacher, abogado de Correo en los tribunales comerciales. Cuatro abogados vinculados a su estudio aparecen como apoderados de 86 acreedores. El letrado ha negado vínculos con esos abogados o cualquier irregularidad para defraudar a los acreedores de Correo. 

El tercer bufete es el de Kozak. No sólo él fue director de Correo sino que otros tres abogados de su estudio figuran con distintos cargos en la compañía (directores, apoderados y encargado de asuntos jurídicos) entre 2005 y 2012. Al mismo tiempo, esos tres abogados y otros cinco letrados del estudio Kozak aparecen en el expediente como apoderados de 220 acreedores. Uno de ellos es quien presentó la denuncia en abril desconociendo haber sido apoderado de acreedores de Correo.

Este año, la empresa de los Macri debió presentar nuevamente estas conformidades para salvarse de la quiebra y la jueza Marta Cirulli, del fuero comercial, debe determinar si son válidas y cumplen con la ley. Los acreedores que representaban los abogados de Kozak siguen figurando en la lista, según el documento que presentó la compañía en el juzgado comercial (los documentos son públicos y pueden consultarse en la página web del Poder Judicial).

ED

La familia del expresidente Mauricio Macri sumó una nueva denuncia penal, esta vez por sus nexos con el banco austríaco Meinl Bank, una entidad acusada de presunto lavado de dinero y corrupción. La fiscal general Gabriela Boquin presentó este jueves un nuevo dictamen en el que analiza la relación de Correo Argentino SA y el banco con sede en Viena, y remite la documentación a la Justicia penal “a los fines de investigar la posible comisión de delitos”, según el escrito del expediente. 

Boquin también pidió exhortos internacionales y envió copia de su dictamen, de los balances de Correo Argentino SA y de una pericia contable de los libros de la compañía al organismo antilavado, la Unidad de Información Financiera (UIF); y a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). 

El Meinl Bank es el principal acreedor de Correo Argentino SA, compañía de los Macri, y es central para evitar que esta vaya a la quiebra. La fiscal sostuvo en su dictamen que el banco cumplió un rol sospechoso en el concurso de acreedores, actuando en detrimento de sus intereses y a favor de Correo. Por eso solicita que se investigue una supuesta maniobra para perjudicar al resto de los acreedores, entre ellos, el Estado Nacional.

A estas sospechas, se suman más datos desconcertantes sobre el rol de este banco. Según Correo, la entidad bancaria apoyó el salvataje de la empresa prestando conformidad a la última oferta de la compañía para saldar sus deudas. Sin embargo, elDiarioAR reveló en abril que el banco está actualmente en bancarrota, según los registros públicos del Tribunal de Comercio de Viena. 

Al estar en bancarrota, aquellos representantes de la entidad que habían apoyado a Correo en el pasado han perdido el poder de voto con el que contaban para salvar a la compañía, según explicó a este medio el abogado Cristóbal Von Der Fecht, exapoderado del banco en Argentina. El Meinl Bank, de hecho, quedó a cargo de dos liquidadores oficiales que nunca se presentaron en el expediente que tramita en la Justicia argentina. 

Eso significa que la jueza Marta Cirulli, a cargo del caso, no podría avalar el apoyo del Meinl Bank a Correo. Sin ese apoyo (tiene el 38% de la deuda), la familia Macri no tiene los votos suficientes para lograr el salvataje. 

Exhortos a Europa

El último dictamen de Boquin podría hacer todavía más difícil alcanzar el salvataje de la compañía. 

Antes de quebrar, el Meinl Bank fue multado por el organismo de control del sistema financiero en Austria y el Banco Central Europeo le revocó su licencia por sus vínculos con lavado de dinero y corrupción en Europa del Este y Brasil.

Boquin solicitó a la jueza Cirulli que se ordene exhortos diplomáticos a la Justicia y la Procuración General con sede en Viena, a las autoridades austríacas y al Banco Central Europeo para requerir los antecedentes del retiro de la licencia al Meinl Bank, actualmente denominado Anglo Austrian Bank, y su posterior cierre. También pidió exhortos a los actuales responsables del banco, los liquidadores que administran sus bienes.

¿Cómo se convirtió este banco austríaco en el principal acreedor de Correo? Parte de las sospechas de la fiscal parten de que el Meinl Bank no es un acreedor original de la empresa de los Macri sino que decidió serlo. En 2006, adquirió las deudas de Correo con dos entidades internacionales: el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Financiera Internacional (CFI). Estos dos organismos de crédito, a los que Correo debía millones de dólares, cedieron sus créditos con la compañía al Meinl Bank, según confirma el dictamen de Boquin. 

Entonces, el Meinl Bank absorbió las acreencias del BID y la CFI, que equivalen a un total de US$117.294.798.

En 2013, el banco austríaco acordó congelar esa deuda al valor del dólar de noviembre de ese año: costaba $6,525. Esa deuda de la compañía de los Macri con el Meinl Bank equivalía entonces a $765.348.560. Y así se quedó en el tiempo. 

Nuevo peritaje

Boquin también solicitó que un equipo de peritos contables de la Corte Suprema analicen el acuerdo entre el banco austríaco y Correo. El acuerdo se reitera en los estados contables de 2014, 2015, 2016 y 2017, informó Boquin, mientras el dólar escalaba sin cesar.

Si el Meinl Bank no hubiese aceptado ese acuerdo, aquella deuda que se mantiene hasta la actualidad en unos $765.348.560 (con un dólar oficial a $6,525) hoy superaría los $11.582 millones (con un dólar oficial a $98,75), según el cálculo de elDiarioAR con base en los datos del dictamen fiscal. El banco austríaco resignó cobrar 15 veces el valor de la deuda real de Correo. 

¿Por qué un banco renunciara a cobrar? “Eso habría que preguntarle al Meinl Bank”, respondieron desde Socma ante la consulta que este medio ya había realizado a principios de abril. 

En ese sentido, Boquin también pidió a la jueza que solicite a periodistas de La Nación un informe de auditoría realizado en Europa sobre el Meinl Bank. El estudio fue elaborado por PriceWaterhouseCoopers (PwC) y obtenido por OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) y la revista austríaca Profil, que luego se lo facilitaron a La Nación.

De dicho informe, que analiza las irregularidades cometidas por el banco, “surgiría información relativa a los antecedentes de la compra por parte del Meinl de los créditos verificados en el concurso de Correo a la Corporación Financiera Internacional (CFI) al Banco Interamericano de Desarrollo (BID)”, sostuvo la fiscal.

De la auditoría también surge que Franco Macri adquirió una sociedad constituida en Liechstentein, Mervet Establishment Ltd, y gestionó que el Meinl Bank le comprara los créditos al BID y la CFI, según La Nación. Eso, sería contrario a la Ley de Concursos y Quiebras.

Los votos y apoyos que Correo consiguió para evitar la quiebra deben cumplir ciertas normas legales: Correo no puede estar detrás de los acreedores que le prestan su apoyo, no puede ser accionista de esos acreedores o controlada por esos acreedores.

Si las mayorías no cumplen con la ley, la Justicia debe hacer caer el salvataje y decretar la quiebra. Por eso, los Macri se juegan mucho en esta etapa del proceso. 

La quiebra, además, podría extenderse a Socma y Sideco, principales compañías del grupo.

Ante la consulta de elDiarioAR, fuentes directas de Socma y Sideco negaron tajantemente que el Meinl Bank haya mantenido una relación espuria con las compañías de los Macri. “La única relación es por acreencias con el banco”, sostuvieron.

La teoría de Mariano Macri

La relación de la familia con el banco austríaco va más allá de Correo. En 2013, Mariano Macri, hermano menor del expresidente y accionista de Socma, principal compañía del holding familiar, se opuso a que la compañía de su familia ceda el 60% de Sideco al Meinl Bank e impugnó en la Justicia la asamblea en la que se había votado la cesión. 

Según el menor de los varones Macri, su impugnación se debió a que no tuvo acceso a la documentación que necesitaba para evaluar la propuesta del banco y, según le reveló al periodista Santiago O’Donnell en su libro Hermano, calificó esa operación con el banco austríaco como un “fraude”, una supuesta “venta simulada” de las acciones de Sideco con un objetivo “oculto”: vaciar la compañía y evitar el pago de una deuda de Socma con un banco de Brasil: el Banco de Desarrollo Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES).

Fuentes directas de Socma y Sideco rechazaron las acusaciones de Mariano Macri ante la consulta.

ED

La jueza Marta Cirulli tiene un rol central en el futuro de Correo Argentino SA, ya que es quien deberá decidir si la compañía de los Macri quiebra. En los próximos días tendrá además una tarea central en ese camino, cuando reciba el informe de los síndicos que controlan el desarrollo del salvataje de Correo. La magistrada debe decidir en el corto plazo sobre dos cuestiones, según un pedido de los representantes de Correo en el expediente de acceso público:

Este lunes, vence el plazo para que los síndicos del concurso preventivo de Correo comuniquen a Cirulli si los apoyos presentados por Correo para salvarse de la quiebra cumplen con las cantidades requeridas por la ley de Concursos y Quiebras (necesita que una mayoría determinada de acreedores acepte su oferta para el pago de sus deudas para concretar el salvataje).

El expresidente Mauricio Macri le apuntó a Cirulli el viernes 9 de abril en su cuenta personal de Twitter: dijo que espera que la jueza rechace el pedido del Estado Nacional y evite la quiebra de Correo, solicitada dos días antes por Zannini, representante del Estado en el expediente. El Estado Nacional tiene poco más del 30% de la deuda de la compañía de los Macri.

Para cumplir con el pedido del exmandatario, la magistrada debería homologar los apoyos de los acreedores que prestaron su conformidad para salvar a Correo, entre ellos, el del Meinl Bank, un banco quebrado y acusado de lavado de dinero y corrupción.

La jueza Cirulli solicitó a los síndicos que se expidan únicamente sobre los números y cantidades de apoyos presentados por Correo, pero no les ordenó que analicen si esos apoyos cumplen con los requisitos de la ley, según consta en escrito que firmó la magistrada el 9 de abril último y que es de público acceso. 

Será ella, entonces, quien tenga la última palabra para determinar si los acreedores que están pujando para salvar a Correo representan apoyos reales y legales (tendrá que evaluarlo, por ejemplo, en el caso del Meinl Bank) y evaluar si no encuadran en posibles conflictos de intereses o fraude (como en el caso de los acreedores que cedieron sus deudas a abogados que fueron directivos de Correo o miembros de estudios jurídicos que trabajan para Correo y que denunció en un dictamen la fiscal Gabriela Boquin).

Próximos pasos

Si la jueza determina que los apoyos presentados por Correo a principios de abril para salvarse son insuficientes, debe decretar la quiebra de la compañía, según establece la ley. Correo podrá acudir entonces a la Cámara de Apelaciones de la Justicia Comercial para pedir que se revierta la decisión de la jueza.

Allí comenzaría otra etapa central en el futuro de los Macri: si la causa ingresa a la Cámara Comercial, las camaristas deben dar intervención a la fiscal Boquin.

Socma, principal accionista de Correo, ya se adelantó y acudió al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, integrado por jueces que llegaron gracias al apoyo de la Legislatura porteña y del jefe de Gobierno porteño y aliado de Macri, Horacio Rodríguez Larreta, para solicitar que aparten a la fiscal del caso por supuesta “parcialidad”.

Boquin viene denunciando el supuesto vaciamiento de Correo y el presunto fraude a los acreedores. La compañía y su accionista, Socma, niega esas acusaciones.

Correo Argentino SA explotaba la concesión del servicio postal durante los 90. En 2001, entró en concurso de acreedores, situación que se extendió por casi dos décadas. La deuda original con el Estado nacional por el no pago del canon era de 300 millones de pesos/dólares, que actualizada a 2017, alcanzaba los $4.000 millones , según el cálculo del Ministerio Público Fiscal. 

En junio de 2016, el gobierno de Macri firmó un pre-acuerdo con Correo por su deuda. Según estableció la fiscalía de Boquin y los técnicos del Ministerio Público Fiscal, implicaba una quita del 98,87% a favor de la compañía. El pre-acuerdo se cayó tras la posición de la fiscal. Correo hace un cálculo muy diferente y dice que la quita no superaba el 54% de la deuda.

ED

Es el principal acreedor de Correo Argentino SA y su voto es central para determinar si la compañía de la familia Macri se salva o va a la quiebra, según los expedientes y fuentes judiciales y empresariales consultados por elDiarioAR. Es también clave en un expediente por supuesto fraude a los acreedores que enfrenta la empresa en el fuero penal. Se trata del Meinl Bank, un banco austríaco sancionado por maniobras de presunto lavado de dinero e involucrado directamente en el pago de sobornos del caso Odebrecht. 

Esta semana, el caso entró en la recta final: Correo presentó los apoyos de una mayoría de acreedores que dieron su conformidad a su última oferta para saldar las deudas de la compañía. Sin embargo, la Procuración del Tesoro, que encabeza Carlos Zannini y representa los intereses del Estado Nacional (acreedor de Correo) rechazó la propuesta y pidió la quiebra de la empresa de los Macri. 

El expresidente Mauricio Macri escribió este viernes en su cuenta personal de Twitter que espera que la jueza que interviene en el caso, Marta Cirulli, rechace el pedido del Estado Nacional y evite la quiebra de Correo. Para hacerlo, la magistrada debe homologar los apoyos de los acreedores que prestaron su conformidad para salvar a Correo, entre ellos, el del Meinl Bank.

Estas mayorías que Correo consiguió para evitar la quiebra deben cumplir ciertas normas legales: Correo no puede estar detrás de los acreedores que le prestan su apoyo, no puede ser accionista de esos acreedores o controlada por esos acreedores.

Si las mayorías no cumplen con la ley, la Justicia debe hacer caer el salvataje y decretar la quiebra. Por eso, los Macri se juegan mucho en esta etapa del proceso. La quiebra, además, podría extenderse a Socma y Sideco, principales compañías del grupo.

El presunto fraude a los acreedores es también un frente penal para Correo y los Macri y es parte de la causa que investiga el juez federal Ariel Lijo, confirmó una fuente con acceso directo a ese expediente.

Publicaciones periodísticas y el propio Mariano Macri, hermano del expresidente y uno de los accionistas de Socma (Sociedades Macri), principal empresa de la familia, expusieron ante la Justicia el estrecho vínculo entre el Meinl Bank y los Macri. 

¿Por qué un banco austríaco está dispuesto a salvar a una empresa residual de los Macri, cuyas acciones valen cero pesos y cuyas deudas no paga hace más de 20 años? Esa es una de las preguntas que viene planteando la fiscal general Gabriela Boquin en el expediente.

En Correo responden que “la sospecha está fuera de foco” y que “no merece ni cinco segundos de análisis”. “Es un banco extranjero como cualquier otro banco del exterior”, sostienen en la compañía.  

Las manchas de Austria

Si bien el Meinl Bank acumula escándalos y acusaciones, en Socma sostienen que sus deudas con el banco son anteriores a esos casos, dijo una fuente de la compañía a este medio. 

El banco austríaco está directamente involucrado en el pago de las coimas por parte de la constructora brasileña Odebrecht, un caso que se destapó en 2014. La compañía de Brasil cuyos ejecutivos y sus dueños admitieron el pago de sobornos millonarios a funcionarios de Brasil, América latina y África para obtener contratos de obra pública llegó a adquirir una sucursal del Meinl en Antigua, un paraíso fiscal del Caribe, desde la que administraba los pagos ilegales. 

Odebrecht ganó la licitación del soterramiento del ferrocarril Sarmiento como socia de Iecsa, la constructora que fue propiedad de Socma y que quedó luego en manos del primo de Macri, Angelo Calcaterra. Ambas empresas son investigadas en Argentina por el supuesto pago de coimas a exfuncionarios de Cristina Fernández de Kirchner.

Es un banco extranjero como cualquier otro banco del exterior.

En febrero de 2019, ante otras acusaciones por presunto lavado de dinero en Europa del Este y tras el caso Odebrecht y sus implicancias en el Lava Jato brasileño, la Financial Market Authority de Austria (FMA) sancionó al Meinl Bank con una multa de 500.000 euros, según un comunicado del organismo extranjero. 

La sanción fue por “incumplimiento de los requisitos de diligencia debida para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo”, resaltó entonces el medio británico Financial Times.

En noviembre de ese mismo año, el Banco Central Europeo (BCE) le revocó la licencia para operar en el viejo continente. 

Los Meinl

Luego de la medida tomada por el Banco Central Europeo, el Meinl Bank publicó en su sitio web un comunicado en el que rechazó la decisión del organismo y sostuvo que, antes de la sanción, sus autoridades ya habían decidido retirarse del mundo financiero, según informó Financial Times. 

La conformidad del Meinl Bank no es de ahora, es anterior y nunca antes había sido cuestionada.

El banco austríaco era propiedad de la familia Meinl pero sus accionistas, según su reporte anual de 2015 que analizó este medio, eran cuatro sociedades inversoras con sede en Viena. Fue luego absorbido por otro banco, en medio de las denuncias en su contra. elDiarioAR se comunicó vía mail con la entidad que absorbió al Meinl Bank en el extranjero pero al cierre de esta nota no obtuvo respuesta.

En su artículo de 2019, Financial Times informa que los Meinl hicieron su fortuna “como grandes importadores de café durante la era de los Habsburgo, y los blends de Meinl todavía se elaboran y sirven en las distintivas bandejas de plata de los salones urbanos de Viena”. 

También inauguraron en 1950 Julius Meinl am Graben, catalogada como la “tienda de alimentos de lujo más conocida de Viena”, vecina a la catedral de San Esteban, en Viena, publicó el medio británico. Es también restaurante, bar y casa de té y café. En su tienda online, pueden adquirirse productos alimenticios de todo tipo, como café de distintas categorías, desde $1.500 hasta $14.300 el medio kilo.

Desembarco en el caso Correo

¿Cómo se convirtió este banco austríaco en el principal acreedor de Correo? El Meinl Bank no es un acreedor original de la empresa de los Macri sino que decidió serlo con posterioridad, cuando adquirió las deudas de Correo con dos entidades internacionales: el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Financiera Internacional (CFI). Estos dos organismos de crédito, a los que Correo debía cientos de millones de pesos, cedieron sus créditos con la compañía al Meinl Bank, algo que quedó ratificado en el expediente, según confirmaron fuentes judiciales a este medio. 

Entre ambos créditos el banco austríaco absorbió más de $374 millones (sin intereses) que ahora Correo le debe al Meinl Bank. A cambio, esos organismos internacionales cobraron un reducido porcentaje de la deuda que tenían con Correo en ese momento y que debido al prolongado concurso de acreedores no podían cobrar. 

El Meinl Bank ha votado en forma contraria a su interés como acreedor, por lo que su decisión, equivale a la renuncia al cobro de su crédito.

El Estado Nacional tiene una acreencia original de casi $300 millones (sin intereses), equivalente al 30,5% de la deuda de su categoría.

Qué fin podía perseguir un banco absorbiendo deudas ajenas que no puede cobrar desde hace once años es algo que no está claro en el expediente, según planteó en varios de sus dictámenes la fiscal Boquin. “Eso habría que preguntárselo al banco”, respondieron en Correo ante la consulta de este medio. “La conformidad del Meinl Bank no es de ahora, es anterior y nunca antes había sido cuestionada”, agregó una fuente de la compañía de los Macri.

El Meinl Bank “ha votado en forma contraria a su interés como acreedor, por lo que su decisión, equivale a la renuncia al cobro de su crédito”, dictaminó el fiscal Boquin en la causa.

El fraude consistía en poner a un banco austríaco como testaferro, el banco Meinl, y nosotros quedar como accionistas ocultos a través de fundaciones en Luxemburgo y como dueños de unas sociedades en Panamá.

“Las cesiones de los créditos del BID y la CFI han sido aprobadas por los comités de esos organismos y los contratos de cesión con el banco fueron firmados en Washington. Luego, el Meinl Bank solicitó a Correo un incremento de garantías y la compañía se los concedió”, respondió una fuente de la empresa, que rechazó cualquier irregularidad en los apoyos de los acreedores y el rol del banco austríaco. 

La versión de Mariano Macri

Los vínculos del banco austríaco con la familia del expresidente van más allá de la relación con Correo. En 2005, el Meinl Bank absorbió una deuda de más de $109 millones (unos US$20 millones en ese momento) que la principal empresa del Grupo Macri, Socma (Sociedades Macri), tenía con la Corporación Financiera Internacional (CFI). La operación del Meinl Bank consta en un acta de Socma fechada el 24 de enero de 2011, según publicó el portal Nuestras Voces. Socma es además accionista de Correo y de Sideco (la constructora de la familia). 

Mariano Macri, accionista de Socma y hermano del expresidente, aseguró en una entrevista al periodista Santiago O’Donnell para su libro Hermano que en 2012, Socma intentó ceder el 60% de sus acciones en Sideco al banco austríaco para saldar aquella deuda contraída años antes por Socma.

En 2013, Mariano Macri se opuso a que la compañía de su familia ceda Sideco al Meinl Bank e impugnó en la Justicia la asamblea en la que se había votado la cesión. Según el menor de los varones Macri, su impugnación se debió a que no tuvo acceso a la documentación que necesitaba para evaluar la propuesta del banco y, según registró O’Donnell, Mariano Macri calificó esa operación como un “fraude”, una supuesta “venta simulada” con un objetivo “oculto”: evitar el pago de una deuda de Socma con un banco de Brasil: el Banco de Desarrollo Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES).

“El fraude consistía en poner a un banco austríaco como testaferro, el banco Meinl, y nosotros quedar como accionistas ocultos a través de fundaciones en Luxemburgo y como dueños de unas sociedades en Panamá”, contó Mariano Macri a O’Donnell. 

“Me propusieron vaciar la empresa”, dijo, con el objetivo de evitar que el brasileño BNDES pudiera cobrar un crédito que tenía con Socma. Luego, dijo, el Meinl Bank quedaría como el dueño controlante de Sideco “para presentarse en todas las licitaciones que tuvieran por delante”.

Sobre las aseveraciones de Mariano Macri, en Correo afirmaron a elDiarioAR: “Son habladurías, él se ha desdicho muchas veces de sus dichos”.

Se han manipulado las mayorías en perjuicio de los acreedores.

Mariano Macri llevó el conflicto con su familia a la Justicia comercial y pidió una medida cautelar para frenar la cesión de las acciones de Sideco al banco austríaco. Sin embargo, en diciembre de 2013, Socma comunicó al juzgado interviniente que la cesión del 60% de las acciones de Sideco no se llevó adelante, según sostuvo O’Donnell en base a la documentación de la causa judicial.

Ante la consulta de elDiarioAR, otras fuentes directas de Socma y Sideco negaron tajantemente que el Meinl Bank sea accionista de las compañías y socio de los Macri. “La única relación es por acreencias con el banco”, sostuvieron.

Mayorías en la mira

La fiscal Boquin advirtió por primera vez las sospechas sobre la supuesta manipulación de las mayorías en diciembre de 2016, en su primer dictamen (que se daría a conocer en febrero de 2017). En el escrito, Boquin sostuvo: “Se han manipulado las mayorías en perjuicio de los acreedores” para que estos “queden sometidos a una mayoría ficticia” y “a la pérdida sustancial de sus derechos”.

En 2017, la fiscal advirtió en otro dictamen sobre el rol del Meinl Bank en el concurso de Correo. Aunque no es el único acreedor observado: la fiscal confirmó en 2019 que los representantes de los Macri habían comprado las deudas de varios acreedores a través de abogados y miembros del directorio de Correo. Uno de los estudios es el que codirigía entonces el actual diputado Pablo Tonelli, aliado político de Macri, según consta en el expediente. Correo rechaza las acusaciones sobre un presunto fraude a través de la manipulación de mayorías.

La interventora judicial en la compañía y el perito contable de la Corte Suprema también buscan saber más sobre esta relación y solicitaron acceso a los documentos en los que Correo y el Meinl Bank acordaron condiciones de la deuda luego de la cesión, confirmó una fuente judicial con acceso directo al expediente.

*Este artículo fue modificado el 11 de abril de 2021 para corregir una referencia a la categoría que integra el Meinl Bank en el concurso de acreedores. Los acreedores están divididos en categorías. El 17 de abril se actualizó y aclaró información sobre la deuda de Socma con el Meinl Bank y se corrigió la fecha de la ratificación de dicha operación en el expediente de Correo, gracias al acceso a documentos que constan en la causa.

ED

El procurador del Tesoro, Carlos Zannini, representante del Estado Nacional, solicitó este jueves la quiebra de Correo Argentino SA, la compañía de la familia Macri, según el escrito al que accedió elDiarioAR. Este jueves, vencía el plazo para que Correo presente el apoyo de sus acreedores a su última oferta y evitar la quiebra. Necesita una mayoría marcada por la ley para salvarse.

Sin embargo, para que ese escenario sea posible, Correo también necesitaba obtener el apoyo del Estado, que Zannini rechazó por considerar “irrisoria” la oferta de la empresa de los Macri. La alternativa que ahora le queda a Correo es solicitar a la jueza Marta Cirulli (que tramita el concurso de acreedores) que declare al Estado Nacional como “acreedor hostil” por rechazar su oferta y le imponga el acuerdo, obligándolo a aceptar la propuesta de la compañía, como viene adelantando elDiarioAR.

En su última oferta, presentada a fines de marzo, la compañía de los Macri ofreció al Estado Nacional abonarle en un pago $1.011 millones, alrededor de una cuarta parte de la deuda calculada por el Ministerio Público Fiscal: más de $4.000 millones, a 2017 (que podrían alcanzar casi los $5.000 millones a la actualidad).

Es evidente su abusivo proceder.

El Estado no es el único acreedor de Correo pero sí uno de los más importantes. El reclamo estatal es por la falta de pago del canon de explotación del servicio que los Macri tenían en concesión a fines de los años 90 y hasta 2003. 

La oferta de Correo, sostuvo Zannini en un escrito ante la jueza, “pone en evidencia su mala fe y conducta dilatoria”. “Es llamativo que ahora haya ‘mejorado’ la propuesta realizada con anterioridad”, teniendo en cuenta, señala, que la situación económica y comercial de la empresa no cambió. “La única explicación posible es que habiendo podido realizar esa misma propuesta antes, optó por no hacerla, tratando de imponer anteriormente un acuerdo irrisorio y ruinoso para el Estado Nacional”, sostuvo el procurador del Tesoro, junto al subprocurador Horacio Pedro Diez. 

“Es evidente su abusivo proceder, pues a sabiendas de lo irrisorio de las ofertas, continúa haciéndolas con la única intención de seguir dilatando el trámite de este procedimiento”, agregó Zannini.

Últimos movimientos

Según las normas, la empresa debe lograr las conformidades de los acreedores que representen al menos el 75% del capital de la deuda. En los últimos días, Correo sumó nuevos apoyos y los presentó en el expediente: 34 acreedores más aceptaron su última oferta y otros 95 ratificaron el apoyo previo que habían dado a la compañía, informó ante la consulta de este medio el abogado de Correo. Ahora, la jueza del caso deberá analizar estos apoyos, ver si encuadran dentro de la ley, si son genuinos y si efectivamente alcanzan para evitar la quiebra. La fiscal Gabriela Boquin, que interviene en el caso desde octubre de 2016, viene denunciando que la compañía podría haber incurrido en fraude a los acreedores al comprar las deudas de varios de ellos para forzar una mayoría ilegítima en el acuerdo final, lo que en la ley se denomina “quiebra fraudulenta”.

Dado el peso de la deuda con el Estado, al rechazar Zannini la oferta de Correo, el salvataje de la compañía entra en zona de riesgo. Pero los Macri tienen otra opción, que ya vienen planteando en la causa: solicitarle a la jueza que declare al Estado como “acreedor hostil” por estar supuestamente trabando una solución al caso. De esta manera, Correo ya no necesitaría el apoyo del Ejecutivo para evitar la quiebra y si logra la mayoría legal con otros acreedores, podría obligar al Ejecutivo a aceptar su última oferta: $1.011 millones.

“El Estado nacional no es acreedor hostil ni abusa de su posición” por lo que es “improcedente” excluir su voto del acuerdo final, aseguró el procurador del Tesoro este jueves.

Pone en evidencia su mala fe y conducta dilatoria.

“No hay ninguna intencionalidad política como falazmente acusa la concursada”, respondió ante las acusaciones de Correo en un escrito de fines de marzo en el que la compañía sostuvo que el Estado Nacional ha manifestado supuesta “hostilidad manifiesta” contra Correo debido “al vínculo del expresidente Mauricio Macri con la sociedad accionista”, es decir, Socma. Afirmaron, además, que serían objeto de una “persecución que intenta decretar la quiebra de la empresa a toda costa”.

“El único objetivo del Estado Nacional es lograr la satisfacción de su postergada acreencia, cada vez más diluida, cada vez más licuada y depreciada a consecuencia de los dilatorios planteos de Correo Argentino SA”, aseguró el funcionario

“Evidentemente, el interés de Correo Argentino SA no está (ni estuvo nunca) centrado en obtener conformidades, sino en continuar con su estrategia dilatoria”, afirmó antes de solicitarle a la jueza que dé por fracasado el proceso de salvataje de la compañía y decrete su quiebra.

Los Macri corren el riesgo de que la Justicia comercial extienda la quiebra a los accionistas de Correo (Sideco y Socma) por presunto “control abusivo”. La quiebra implicaría perder control sobre sus activos. Ambas compañías fueron accionistas y controlantes de Correo en distintas fechas a lo largo de las últimas décadas. La principal accionista actualmente es Socma. 

El proceso de extensión de quiebra puede llevar mucho tiempo. El Estado o cualquier otro acreedor disidente tiene seis meses desde la fecha de la quiebra de Correo para pedir la extensión a Socma y Sideco. Estas compañías luego pueden apelar y retrasar el proceso. La Justicia incluso podría dictar medidas cautelares a su favor, según explicó una fuente que interviene en el caso. 

No hay ninguna intencionalidad política como falazmente acusa la concursada.

Antecedentes

En 2016, el gobierno de Macri había firmado un pre-acuerdo que terminó en escándalo y el caso debió volver a “foja cero”. La deuda original de Correo con el Estado Nacional era por 300 millones de pesos/dólares (a 2001). El pre-acuerdo que se firmó en junio de 2016 implicaba que el Estado dejaría de percibir más de $4.656 millones en intereses por esa deuda, a febrero de 2017, de acuerdo al cálculo realizado por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) del Ministerio Público Fiscal. Equivalía a una quita del 98,87% de la deuda, porcentaje que Correo rechaza y asegura que no supera el 54%.

Durante el resto del gobierno de Macri y ante la apertura de una causa penal en la que se debe determinar la responsabilidad de quienes cerraron la negociación con la empresa de la familia presidencial, los funcionarios de Cambiemos frenaron durante más de dos años un nuevo acuerdo para el pago de la deuda de Correo. En noviembre de 2019, semanas antes de dejar el poder, rechazaron la oferta de la compañía al Estado.

Tras la asunción de Alberto Fernández, el caso dio un giro. La Justicia intervino la compañía, desplazó a los administradores de los Macri y abrió el salvataje que actualmente está en trámite, llegando a su fin. 

ED

Jueves decisivo para los Macri en la Justicia. Este 8 de abril por la mañana, vence el plazo para que Correo Argentino SA presente el apoyo de sus acreedores a su última oferta. Si la compañía consigue las conformidades de una mayoría, podría evitar la quiebra. Sin embargo, para que ese escenario sea posible, Correo necesita imponerse sobre el Estado Nacional, uno de sus principales acreedores.

En las últimas horas, Correo sumó nuevos apoyos y los presentó en el expediente: 34 acreedores más aceptaron su última oferta y otros 95 ratificaron el apoyo previo que habían dado a la compañía, informó ante la consulta de este medio el abogado de Correo. Ahora, la jueza del caso, Marta Cirulli, deberá analizar estos apoyos, ver si encuadran dentro de la ley, si son genuinos y si efectivamente alcanzan para evitar la quiebra. Según las normas, la empresa debe lograr las conformidades de los acreedores que representen al menos el 75% del capital de la deuda. 

Uno de los acreedores de la empresa de la familia del expresidente Mauricio Macri es central en su futuro: el Estado Nacional. En su última oferta, presentada a fines de marzo, la compañía de los Macri ofreció abonarle en un pago $1.011 millones, alrededor de una cuarta parte de la deuda calculada por el Ministerio Público Fiscal: más de $4.000 millones, a 2017 (que podrían alcanzar casi los $5.000 millones a la actualidad).

El Estado no es el único acreedor de Correo pero sí uno de los más importante. El reclamo estatal es por la falta de pago del canon de explotación del servicio que los Macri tenían en concesión a fines de los años 90 y hasta 2003. 

Correo tenía tiempo hasta este jueves para lograr el sí del Estado Nacional, representado en el expediente por el procurador del Tesoro, Carlos Zannini. Ante la consulta de este medio, el jefe de los abogados estatales no respondió si aceptará o no la última propuesta de Correo.

Si Zannini rechaza la oferta de Correo, la compañía tiene otra opción, que ya viene planteando en la causa: solicitarle a la jueza que declare al Estado como “acreedor hostil” por estar supuestamente trabando una solución al caso. De esta manera, Correo ya no necesitaría el apoyo del Ejecutivo para evitar la quiebra y si logra la mayoría legal con otros acreedores, podría obligar al Ejecutivo a aceptar su última oferta: $1.011 millones. Este es el escenario que confirmaron a elDiarioAR fuentes directas del expediente y un escrito presentado por la compañía de los Macri ante la jueza Cirulli. 

Otros dos acreedores clave debían definir si llegaban a un acuerdo con Correo: el Banco Nación y la AFIP. Al cierre de esta nota, no se conocía la posición de la AFIP.

Fuentes directas del Nación, que acumula un crédito millonario en dólares contra la compañía de los Macri, informaron a elDiarioAR que el directorio del banco votó este martes rechazar la oferta de la empresa, que ofrecía pagar en cuotas y a plazos extendidos en el tiempo. Sin embargo, los acreedores tienen categorías en un concurso y por el tipo de categoría que integra (las minorías), el rechazo del Nación no es definitorio para decretar la quiebra, confirmó una fuente judicial del caso. Sí, lo es, por otro lado, el Estado Nacional. 

Salvataje Power

La ley de Concursos y Quiebras permite como opción el “cramdown (salvataje) power” para imponer el acuerdo cuando existen acreedores “hostiles”. En esa línea, los representantes de los Macri ya sostuvieron en un escrito a fines de marzo que el Estado Nacional ha manifestado supuesta “hostilidad manifiesta” contra Correo debido “al vínculo del expresidente Mauricio Macri con la sociedad accionista”, es decir, Socma. Afirmaron, además, que serían objeto de una “persecución que intenta decretar la quiebra de la empresa a toda costa”.

Según Correo, si el Estado Nacional no acepta su última propuesta “perseguiría un innegable revanchismo político contra un expresidente de la Nación y uno de los actuales líderes de la oposición al gobierno vigente”. Adelantó en el escrito que, de ser rechazada su postura sobre el Estado Nacional, la empresa acudirá directamente ante la Corte Suprema al considerar que se encuentran en juego garantías constitucionales como el “derecho de propiedad, de ejercer toda industria lícita y de defensa en juicio”.

Si la jueza acepta este planteo de Correo, deberá abrir un espacio para que los acreedores corridos del acuerdo (a los que se les impone la oferta final) puedan plantear sus oposiciones e impugnaciones. El plazo para impugnar sería de cinco días, según consta en la ley. Zannini tendría ese plazo, por ejemplo, para argumentar por qué no sería un “acreedor hostil”.

Sospechas sobre las mayorías

Conseguir que la jueza Cirulli declare “acreedor hostil” al Estado y lo corra de la negociación no es la única piedra en el zapato de los Macri. Correo tiene otro frente pendiente: la fiscal Gabriela Boquin, que interviene en el caso desde octubre de 2016, denunció que la compañía podría haber incurrido en fraude a los acreedores al comprar las deudas de varios de ellos para forzar una mayoría ilegítima en el acuerdo final, lo que en la ley se denomina “quiebra fraudulenta”. 

Más de 300 acreedores cedieron sus créditos a 14 abogados de estudios jurídicos, algunos de los cuales incluso representan o representaron a Correo en el expediente. Por ejemplo, el de Pablo Tonelli, diputado del PRO, exabogado de Correo y aliado de Macri, según la denuncia de Boquin. También han sido adquiridas por otros abogados que integraron el directorio de Correo.

Correo niega las acusaciones. 

Otro acreedor importante es el Meinl Bank, un banco austríaco que aterrizó en el caso en 2010 (cuando el concurso ya tenía nueve años). El Meinl Bank adquirió los créditos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Financiera Internacional (CFI), otro organismo de crédito, a los que Correo debe cientos de millones de pesos.  Según pudo precisar elDiarioAR de fuentes directas de Correo, una de las conformidades ratificadas es la del Meinl Bank. 

El fantasma de la extensión

Si todo este proceso fracasa, Correo quiebra. Los Macri corren el riesgo de que la Justicia comercial extienda la quiebra a los accionistas de Correo (Sideco y Socma) por presunto “control abusivo”. La quiebra implicaría perder control sobre sus activos. Ambas compañías fueron accionistas y controlantes de Correo en distintas fechas a lo largo de las últimas décadas. La principal accionista actualmente es Socma. 

El proceso de extensión de quiebra puede llevar mucho tiempo. El Estado o cualquier otro acreedor disidente tiene seis meses desde la fecha de la quiebra de Correo para pedir la extensión a Socma y Sideco. Estas compañías luego pueden apelar y retrasar el proceso. La Justicia incluso podría dictar medidas cautelares a su favor, según explicó una fuente que interviene en el caso. 

Antecedentes

En 2016, el gobierno de Macri había firmado un pre-acuerdo que terminó en escándalo y el caso debió volver a “foja cero”. La deuda original de Correo con el Estado Nacional era por 300 millones de pesos/dólares (a 2001). El pre-acuerdo que se firmó en junio de 2016 implicaba que el Estado dejaría de percibir más de $4.656 millones en intereses por esa deuda, a febrero de 2017, de acuerdo al cálculo realizado por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) del Ministerio Público Fiscal. Equivalía a una quita del 98,87% de la deuda, porcentaje que Correo rechaza y asegura que no supera el 54%.

Durante el resto del gobierno de Macri y ante la apertura de una causa penal en la que se debe determinar la responsabilidad de quienes cerraron la negociación con la empresa de la familia presidencial, los funcionarios de Cambiemos frenaron durante más de dos años un nuevo acuerdo para el pago de la deuda de Correo. En noviembre de 2019, semanas antes de dejar el poder, rechazaron la oferta de la compañía al Estado.

Tras la asunción de Alberto Fernández, el caso dio un giro. La Justicia intervino la compañía, desplazó a los administradores de los Macri y abrió el salvataje que actualmente está en trámite, llegando a su fin. 

ED

Desde el 19 de septiembre de 2001, Correo Argentino SA, la empresa de la familia del expresidente Mauricio Macri, está en concurso de acreedores. Seis gobiernos más tarde, el caso llega a una etapa final, tras haber girado entre jueces y tribunales durante más de dos décadas. Estos son los principales hitos del caso, en base al expediente y a la consulta a la compañía y a las partes realizada por elDiarioAR.

ED

El caso Correo Argentino SA llegará esta semana a un punto cúlmine. Entre el miércoles 7 y el jueves 8, se vencen los plazos para que la compañía de los Macri presente las conformidades de sus acreedores para saldar sus deudas y evitar la quiebra. Pero si no lo consigue, irá a la quiebra, confirmaron a elDiarioAR fuentes judiciales con acceso directo al expediente. Es lo que marca la ley de Concursos y Quiebras. Están en juego miles de millones de pesos y el futuro de Socma y Sideco (principales compañías de los Macri y accionistas de Correo en distintos momentos). Sólo otra excepcionalidad a la ley podrá revertir el cronograma anunciado. 

Correo se encuentra en proceso de salvataje o cramdown desde agosto de 2020. Esto implicaba que la empresa podría ser adquirida por terceros, incluso por otra compañía de los Macri (siempre y cuando hubiera otros interesados). Quienes adquirieran las acciones de Correo debían inscribirse para presentar una oferta al Estado y al resto de los acreedores de la compañía para saldar sus deudas. Se inscribieron cinco interesados y Correo, pero sólo la empresa de los Macri se presentó a fines de marzo a la audiencia en la que los inscriptos debían presentar sus ofertas. Este es el tercer salvataje de Correo pero el primero que llega a su fin. 

En 2016, el gobierno de Macri había firmado un pre-acuerdo que terminó en escándalo y el caso debió volver a “foja cero”. La deuda original de Correo era por 300 millones de pesos/dólares (2001). El pre-acuerdo que se firmó en junio de 2016 implicaba que el Estado dejaría de percibir más de $4.656 millones en intereses por esa deuda, a febrero de 2017, de acuerdo al cálculo realizado por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) del Ministerio Público Fiscal. Equivalía a una quita del 98,87% de la deuda, porcentaje que Correo rechaza y asegura que no supera el 54%.

Durante el resto de su gobierno y ante la apertura de una causa penal en la que se debe determinar la responsabilidad de quienes cerraron la negociación con la empresa de la familia presidencial, los funcionarios de Macri a cargo del caso no avanzaron con un nuevo acuerdo para el pago de la deuda de Correo. En noviembre de 2019, semanas antes de dejar el poder, rechazaron la oferta de la compañía al Estado.

Tras la asunción de Alberto Fernández, el caso dio un giro. La Justicia intervino la compañía, desplazó a los administradores de los Macri y abrió el salvataje. El representante del Estado en el expediente es ahora Carlos Zannini, procurador del Tesoro.

Salvataje o quiebra

Para evitar la quiebra, Correo necesita presentar esta semana ante la jueza Marta Cirulli las conformidades de la mayoría de sus acreedores. Si lo hace y la magistrada homologa la propuesta, la compañía puede salvarse. Si no lo logra y la jueza no homologa el acuerdo, Cirulli debería decretar la quiebra de Correo, según los procedimientos que marca la ley de Concursos y Quiebras.

Correo tiene un frente pendiente: la fiscal Gabriela Boquin denunció que la compañía podría haber incurrido en fraude a los acreedores al comprar las deudas de varios de ellos para forzar una mayoría en el acuerdo final. Correo niega las acusaciones. La jueza aprueba las mayorías conseguidas, sortearán el obstáculo legal.

El Estado no es el único acreedor de Correo pero sí uno de los más importante. El reclamo estatal es por la falta de pago del canon de explotación del servicio estatal que los Macri tenían en concesión a fines de los años 90 y hasta 2003. La compañía ofertó a fines de marzo pagar $1.100 millones al Estado, pero el Ministerio Público Fiscal viene sosteniendo que esa suma sería sólo una cuarta o quinta parte de la deuda real. Aún no se conoce la respuesta de Zannini. Otros acreedores importantes son el Banco Nación, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y el Meinl Bank. 

Si Correo quiebra, los Macri corren el riesgo de que acreedores o síndicos (por ejemplo, Zannini) soliciten a la Justicia comercial que extienda la quiebra a sus accionistas, Sideco y Socma, por presunto “control abusivo”, ya que ambas compañías fueron accionistas y controlantes de Correo en distintas fechas a lo largo de las última décadas. La principal accionista actualmente es Socma. El proceso de extensión de quiebra puede extenderse en el tiempo. Las compañías pueden apelar y retrasar el proceso. La Justicia incluso podría dictar medidas cautelares a su favor, según explicó una fuente que interviene en el caso.

La quiebra puede apelar ante la Cámara Comercial de Apelaciones, pero no tiene carácter suspensivo, según consta en la legislación, informaron fuentes del fuero comercial. Mientras transcurre la apelación, la quiebra se ejecuta y la compañía queda desapoderada de sus cuentas bancarias y bienes. El manejo de la compañía quedaría en manos de la actual  interventora judicial o los síndicos que intervienen en el concurso. Correo también pierde control sobre su principal activo: los juicios que los Macri le iniciaron al Estado en 2016, en reclamo de resarcimientos económicos por la estatlización de 2003 y la falta de pago de servicios postales.

Otro escenario posible

Hay otra alternativa menos habitual, para la que Correo preparó el terreno en su última presentación ante la jueza, cuando los representantes de los Macri sostuvieron en un escrito que el Estado Nacional ha manifestado supuesta “hostilidad manifiesta” contra Correo debido “al vínculo del expresidente Mauricio Macri con la sociedad accionista”, es decir, Socma. Afirmaron, además, que serían objeto de una “persecución que intenta decretar la quiebra de la empresa a toda costa”.

Según Correo, si el Estado Nacional no acepta su nueva propuesta “perseguiría un innegable revanchismo político contra un expresidente de la Nación y uno de los actuales líderes de la oposición al gobierno vigente”. Adelantó en el escrito que, de ser rechazada su postura sobre el Estado Nacional, la empresa acudirá directamente ante la Corte Suprema al considerar que se encuentran en juego garantías constitucionales como el “derecho de propiedad, de ejercer toda industria lícita y de defensa en juicio”.

En esa línea, para evitar la quiebra, Correo necesita sí o sí la conformidad del Estado. Si no la consigue, la compañía de los Macri puede plantear que se trata de un “acreedor hostil”, que estaría frenando el acuerdo con otros acreedores, explicó una fuente con conocimiento del caso.  

El concurso preventivo de Correo se dilató de manera inédita, confirman fuentes judiciales que intervienen en este y otros centenares de casos similares pero de más corta vida. En los últimos 20 años, la empresa atravesó tres intentos de salvataje (el desenlace del tercero se define esta semana); un decreto de quiebra que nunca se ejecutó; una guerra fría con el kirchnerismo que dejó el caso en pausa durante años; y un pre-acuerdo durante el gobierno de Macri. Esa negociación fue catalogada por la fiscal del caso como “abusiva” para el Estado, terminó en un escándalo de conflicto de intereses, desembocó en una causa penal contra el entonces mandatario (que sigue en trámite) y el expediente comercial siguió extendiéndose por cinco años más. 

ED

El caso Correo Argentino SA se acerca a su definición, que podría implicar la quiebra de la compañía y de Socma, su principal accionista y empresa emblema de la familia Macri. Para evitar ese escenario, este lunes los representantes de Correo solicitaron a la jueza comercial Marta Cirulli que, en caso de rechazar su oferta final, el Estado Nacional sea excluido de la negociación, según los escritos a los que accedió elDiarioAR. 

El Estado Nacional, principal acreedor de Correo, es representado en el expediente por el Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, uno de los hombres de confianza de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y su última palabra es clave en el futuro de los Macri. Si rechaza la nueva oferta de Correo, el salvataje fracasa y entre el 7 y 8 de abril próximo, la jueza debería decretar la quiebra. 

Los representantes de los Macri sostuvieron en un escrito que el Estado Nacional ha manifestado supuesta “hostilidad manifiesta” contra Correo debido “al vínculo del expresidente Mauricio Macri con la sociedad accionista de Correo Argentino SA”, es decir, Socma. Afirmaron, además, que serían objeto de una “persecución que intenta decretar la quiebra de la empresa a toda costa”.

En su última oferta, Correo sostuvo que su deuda con el Estado Nacional asciende a $1.110 millones, según el escrito presentado en marzo. Este lunes, la compañía de los Macri afirmó que su propuesta es pagar el 100% de esa suma en un único pago “con el aporte y enorme esfuerzo de sus accionistas”. Pero también solicitó que si el Estado Nacional rechaza esa oferta, la jueza debe excluirlo de las conformidades necesarias para concretar el salvataje y evitar la quiebra. 

El Estado Nacional jamás quiso cobrar la deuda de Correo Argentino, solo le ha interesado perjudicar a sus adversarios políticos y realizar un juego mediático con este proceso concursal.

La oferta final se aleja de los $4.000 millones de deuda calculados por el Ministerio Público Fiscal en 2017, lo que hará difícil que el Ejecutivo acepte la nueva oferta. La deuda es por el no pago del canon que la empresa debía abonar al Estado por la explotación del servicio postal en la década de 1990. A su vez, los Macri iniciaron en 2016 juicios contra el Estado por deudas cruzadas y por la estatización del correo en 2003.

El nuevo escrito que presentó Correo se conecta con la investigación penal que lleva adelante el juez federal Ariel Lijo sobre la supuesta responsabilidad de los exfuncionarios que firmaron un pre-acuerdo en junio de 2016 y en el que aceptaron una quita del 98,87% de la deuda, según estableció el Ministerio Público Fiscal. La explicación oficial, entonces, fue que eso era lo único que Correo podía pagar: casi $300 millones. El pre-acuerdo nunca se concretó por la oposición de la fiscal general Gabriela Boquin.

Ahora, Correo sostiene que podría pagar tres veces más ese valor. 

Según Correo, si el Estado Nacional no acepta su nueva propuesta “perseguiría un innegable revanchismo político contra un expresidente de la Nación y uno de los actuales líderes de la oposición al gobierno vigente”. 

Correo adelantó en el escrito que, de ser rechazada su postura sobre el Estado Nacional, la empresa acudirá directamente ante la Corte Suprema al considerar que se encuentran en juego garantías constitucionales como el “derecho de propiedad, de ejercer toda industria lícita y de defensa en juicio”.

La anteúltima oferta de Correo había sido presentada a mediados de 2016, durante el gobierno de Macri, pero fue rechazada a finales de 2019 por los funcionarios de Cambiemos a través del entonces Procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías.  

“El Estado Nacional jamás quiso cobrar la deuda de Correo Argentino, solo le ha interesado perjudicar a sus adversarios políticos y realizar un juego mediático con este proceso concursal”, aseguró Correo en su escrito ante la jueza.  

Qué es el salvataje

La empresa de los Macri está en pleno proceso de salvataje o cramdown, lo que implica que se abrió un trámite para que pueda ser adquirida por terceros que deberán solventar las deudas con el Estado y el resto de los acreedores. Este lunes al mediodía vencían los plazos para que los seis inscriptos en el salvataje presentaran sus ofertas a los acreedores. Sin embargo, de los seis inscriptos para participar del salvataje, sólo se presentó la propia Correo.

Durante 2020, se registraron OCASA, Transporte Chimiray (de la familia de Ramón Puerta), MV Cargo SAS, Valuaciones SA (su principal rubro es el inmobiliario), Jorge Alberto Anselmi, (un excomisario inspector de la Policía Federal cuya empresa de seguridad privada atravesó un concurso de acreedores) y la propia Correo (que puede hacerlo por ley, siempre y cuando existan otros registrados ajenos a la empresa). 

En los últimos días, OCASA SA y Transporte Chimiray se bajaron del salvataje y lo informaron por escrito a la jueza. MV Cargo SA y Valuaciones SA, que serán fiscalizadas por la Inspección General de Justicia (IGJ), y Anselmi no se presentaron a la audiencia, según consta el acta de la reunión. Finalmente, sólo Correo presentó una oferta. 

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Desde hace dos años, la Justicia debe decidir sobre un tercer capítulo del caso Correo Argentino SA, la empresa de la familia del expresidente Mauricio Macri, que podría determinar si la exvicepresidenta Gabriela Michetti cerró de manera anticipada una investigación interna sobre el desempeño de miembros del gabinete de Cambiemos que acordaron una quita del 98,87% de la deuda de la empresa con el Estado Nacional. 

El fiscal general Sergio Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), instó el último 9 de marzo al juez Pablo Cayssials, quien subroga el juzgado Contencioso Administrativo Federal número 7, a que dicte sentencia en el caso. El magistrado debe determinar si se reabre la investigación administrativa disciplinaria contra los funcionarios de Macri que aceptaron en junio de 2016 la oferta efectuada por la firma de la familia del expresidente y “todos aquellos que puedan tener responsabilidad administrativa” en el caso, incluyendo al propio exmandatario. Así consta en el expediente, según confirmó una fuente judicial del caso a elDiarioAR.

Si bien los funcionarios de Macri ya no están en el Ejecutivo, una nueva investigación administrativa quedaría a cargo del actual gobierno y podría tener consecuencias para quienes intervinieron en el caso: si se determinan sanciones para los exfuncionarios quedarán registradas en sus legajos en la administración pública pero además el sumario tendría efectos penales, ya que el rol de los agentes estatales también es investigado por el juez federal Ariel Lijo.

La conducta desplegada por los letrados no importó violación a la Ley ni al Código de Ética de la Función Pública, no se vio comprometido el erario público, ni se efectuó renuncia alguna a un interés patrimonial del Estado Nacional.

El expediente que tramita desde hace dos años en el fuero contencioso administrativo federal, donde se dirimen las demandas contra el Estado Nacional por las decisiones que toman sus funcionarios a nivel administrativo, es uno de los tres frentes judiciales en torno al caso Correo. En el fuero penal federal, el juez Ariel Lijo investiga si el expresidente, funcionarios del entonces Ministerio de Comunicaciones y ejecutivos de la empresa de los Macri cometieron delitos al acordar la quita de la deuda de Correo con el Estado, en junio de 2016.

En el fuero comercial, la jueza Marta Cirulli tramita el concurso de acreedores y el salvataje de la empresa de los Macri, que de no concretarse este 7 de abril, iría a la quiebra, como adelantó este medio. En la Justicia comercial también tramita un expediente satélite en el que debe determinarse si los administradores de la compañía vaciaron Correo, supuestamente desviando hacia otras compañías de los Macri fondos que debían destinarse al pago de las deudas, una acusación que viene sosteniendo la fiscal general Gabriela Boquin y que los ejecutivos de Correo siempre negaron.

Antecedentes de un decreto

Luego de que el caso Correo saliera a la luz, la PIA, como parte de sus funciones, ordenó en febrero de 2017 que se iniciara un sumario administrativo para determinar si los funcionarios que intervinieron o tenían intereses en el caso cometieron irregularidades, como la violación a la ley de Ética Pública y una inadecuada defensa de los intereses del Estado en la negociación con la empresa de la familia Macri. 

La investigación interna quedó a cargo de la Procuración del Tesoro. En octubre de 2017, el organismo entonces a cargo de Bernardo Saravia Frías dio por clausurado el sumario y declaró “la inexistencia de perjuicio fiscal y de irregularidad administrativa imputable a agente alguno”. Ante esa decisión, la PIA recurrió ante el Tesoro y luego ante Presidencia solicitando que se reabra el sumario y se continúe investigando a los funcionarios, ya que el fiscal Rodríguez resaltó que el sumario no había incluido las medidas de prueba necesarias para el objetivo.

Sin embargo, Michetti estableció en un decreto de octubre de 2018, que también lleva la firma del entonces jefe de Gabinete, Marcos Peña, que el sumario había sido instruido correctamente y que la prueba producida “respetó cabalmente el principio de congruencia”. 

Sobre el presunto perjuicio al Estado que hubiera significado la quita de la deuda a Correo acordada entre la empresa y los funcionarios ante la Justicia comercial en 2016, Michetti sostuvo que no puede reprochársele a los funcionarios ya que el hecho no se llegó a consumar.

La fiscal Boquin, del fuero comercial, se opuso al acuerdo entre el Ejecutivo y la empresa en diciembre de 2016. “La conducta desplegada por los letrados no importó violación a la Ley ni al Código de Ética de la Función Pública, no se vio comprometido el erario público, ni se efectuó renuncia alguna a un interés patrimonial del Estado Nacional”, afirmó la entonces vicepresidenta en el decreto.

elDiarioAr intentó comunicarse con Michetti para ampliar su posición sobre el caso pero una vocera de la exfuncionaria explicó que se encuentra abocada a un tema familiar y que no se encuentra disponible. Michetti debió intervenir porque Macri se había excusado días antes de intervenir en cualquier cuestión relacionada con la firma Correo Argentino SA.

La demanda

En marzo de 2019, el fiscal Rodríguez presentó la demanda contra Presidencia, la Procuración del Tesoro y el Estado Nacional por la decisión de Michetti de cerrar la investigación interna. Pero tras dos años sin sentencia, el titular de la PIA instó al juez Cayssials a un “pronto pronunciamiento” ante la “injustificada dilación” en el expediente, debido al tiempo transcurrido desde el inicio de la demanda. La PIA busca que declare nulo el decreto de Michetti y todo lo actuado en el sumario administrativo y que se reabra la investigación interna en el Estado. 

La PIA sostuvo en su demanda de 2019 que no puede afirmarse por decreto que no hubo irregularidad alguna que investigar, cuando existe una causa penal, con exfuncionarios indagados por el caso, como el exministro de Comunicaciones, Oscar Aguad; y que la investigación interna realizada por el macrismo fue “parcial”, “cercenada de los hechos” y con “cierre apresurado”. Aguad niega los cargos en su contra al igual que el resto de los indagados: su subalterno, Juan Manuel Mocoroa; y los dos representantes de Correo Argentino SA que firmaron el acuerdo con el Ejecutivo.

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La jueza Marta Cirulli avanzó este miércoles con el salvataje de Correo Argentino SA, fijó el valor de las acciones en cero pesos y dispuso una audiencia para definir el destino de la compañía de la familia Macri para el próximo 29 de marzo, según el escrito publicado en sitio web del Poder Judicial. De esta manera, la magistrada fijó que entre el 7 y 8 de abril próximos, Correo o los interesados en salvar la compañía deben alcanzar un acuerdo con sus acreedores para saldar sus deudas. De lo contrario, deberá decretar la quiebra de la empresa, según lo que establece la Ley de Concursos y Quiebras.

La familia del expresidente Mauricio Macri se juega mucho más que el Correo en este expediente comercial. Si el proceso de salvataje fracasa en abril, la quiebra de la compañía podría incluso extenderse a Socma y Sideco, principales compañías de los Macri, explicaron tres fuentes directas del caso. Ese sería el peor escenario para la familia del expresidente.

El salvataje o cramdown implica que, para evitar la quiebra, la empresa puede ser adquirida por terceros, incluso por otra compañía de los Macri. Los interesados en hacerlo debían inscribirse en registro público. Durante 2020, se registraron OCASA, Transporte Chimiray (de la familia de Ramón Puerta), MV Cargo SAS, Valuaciones SA (su principal rubro es el inmobiliario), Jorge Alberto Anselmi, (un excomisario inspector de la Policía Federal cuya empresa de seguridad privada atravesó un concurso de acreedores) y la propia Correo (que puede hacerlo por ley). 

Con esta última decisión de la jueza Cirulli, comenzó a correr el plazo legal de 20 días para que los seis inscriptos presenten sus ofertas a los acreedores de Correo, incluido el Estado Nacional, y logren las conformidades de la mayoría de ellos, según establece el artículo 48 de la Ley de Concursos y Quiebras. En la audiencia del 29 de marzo, los inscriptos deberán presentar esas conformidades. La jueza Cirulli deberá entonces evaluarlas y decidir si el salvataje fue saldado o si la compañía va a la quiebra, en caso de que ninguno de los inscriptos pueda presentar un acuerdo con los acreedores. 

La deuda original de Correo era por 300 millones de pesos/dólares (2001). El cálculo del Ministerio Público Fiscal estableció que, en 2017, ya superaba los $4 mil millones. 

El escrito de la jueza Cirulli fue ingresado en el sistema web inmediatamente después de la última presentación del Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, en el expediente. Este mismo miércoles, el jefe de los abogados del Estado Nacional había solicitado a la magistrada que reactive el proceso de salvataje “a fin de dar continuidad al procedimiento previsto por la ley” de Concursos y Quiebras. 

El que pierde es el Estado con las demoras,

El presidente Alberto Fernández hizo alusión al caso del Correo en su discurso del lunes durante la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso cuando entre sus críticas al Poder Judicial mencionó “concursos comerciales que demoran décadas” como uno de los “desvíos en la Justicia” que dijo observar desde hace tiempo. El concurso preventivo de la empresa de la familia Macri cumplió 19 años en septiembre último.

Para evitar su quiebra, la Justicia comercial ordenó el salvataje de Correo hace más de un año, pero el proceso se suspendió y dilató durante meses, en parte debido a los planteos de los abogados de la principal accionista, Socma (Sociedades Macri), que buscó apartar a la jueza y a la fiscal general que interviene en el proceso, Gabriela Boquin. Además, Correo se opone al salvataje y solicitó hace alrededor de un año a la Corte Suprema que revise la decisión. 

La Sala B de la Cámara Comercial confirmó a Cirulli el 17 de febrero último, decisión que tenía pendiente desde noviembre de 2020 y que había paralizado el salvataje, ya que en el fuero comercial, los jueces son apartados de los expedientes hasta que se resuelva la recusación. Socma, principal accionista de Correo, se presentó ante el máximo tribunal de la Ciudad de Buenos Aires para insistir con apartamiento de la fiscal.

Antecedentes del caso

Correo Argentino SA explotaba la concesión del servicio postal durante los 90. En 2001, entró en concurso de acreedores, situación que se extendió por casi dos décadas. En 2003, el servicio fue estatizado, situación que la compañía atribuye a su debacle económica, junto con la falta de pago de los servicios postales prestados al Estado durante años. En el expediente, sin embargo, también se expone la falta de pago de canon que la empresa debía cumplir con la administración pública y no hizo. De allí, su deuda con el Estado.

En junio de 2016, el gobierno de Macri firmó un pre-acuerdo con Correo por su deuda. Según estableció la fiscalía de Boquin y los técnicos del Ministerio Público Fiscal, lo acordado implicaba una quita del 98,87% a favor de la compañía. Por ese motivo, la fiscal se opuso al acuerdo, que nunca se concretó.

“La propuesta de Correo, del 28 de junio de 2016, planteaba dos escenarios: el monto a pagar quedaba fijado entre los $ 528.800.216 (lo que equivalía a una quita del 44%) y los $ 651.321.558 (correspondiente a una quita del 54,5%)”, sostienen los representantes de Correo consultados por este medio a principios de febrero.

“Lo que sucedió en junio de ese año fue que el Estado aceptó la oferta de la empresa porque, como dijo (el exministro de Comunicaciones, Oscar) Aguad, era lo máximo que le podía sacar a la compañía debido al estado en el que estaba y está: no tiene bienes, no tiene actividad comercial y sus acciones valen cero pesos”, agregó uno de los representantes. Para la compañía de los Macri “no hay abuso si el deudor paga lo mejor que puede”. “El que pierde es el Estado con las demoras”, afirmó.

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