La escena está cruzada por la preocupación. En el primer piso de la Casa de Misiones, sobre la porteña avenida Santa Fe, Facundo López Sartori recibe a elDiarioAR con una carpeta de números y un diagnóstico que atraviesa toda la charla: la economía yerbatera atraviesa una crisis profunda. El ministro del Agro de la provincia litoraleña habla pausado, mide las palabras, pero no suaviza el diagnóstico. “Desregular desde Buenos Aires es como manejar el tractor desde un escritorio”, grafica apenas empieza, como síntesis de su mirad sobre las políticas nacionales.

Ese punto lo conduce naturalmente al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), un organismo que desde la llegada de Javier Milei al poder perdió su rol central en el funcionamiento del mercado. No es la primera vez que López Sartori se refiere al tema: en conversaciones anteriores con este medio ya había señalado que quitarle su función ordenadora implicaría dejar al sector sin un precio de referencia. Hoy, afirma, ese escenario se materializó. El INYM continúa existiendo, pero sin su principal herramienta. “El gran pedido es que le devuelvan sus facultades al instituto”, señala.

En Misiones existen alrededor de 12.500 productores que venden hoja verde a un número reducido de molinos. Esa estructura, explica López Sartori, convierte al mercado yerbatero en una economía imperfecta, donde la asimetría entre compradores y productores se profundiza en ausencia de regulación. “No es un mercado equilibrado. Hay pocos compradores y miles de productores. Cuando el Estado se retira, la desigualdad en la negociación se agranda”, dice. Desde esa lógica, sostiene que el problema no es ideológico sino estructural: “El libre mercado te dice que cuando hay este tipo de patología se tiene que intervenir”.

—¿Cómo analiza el impacto de la desregulación de la yerba mate impulsada por el Gobierno nacional?

—La desregulación se usa como ejemplo a nivel nacional, pero creemos que hay un desconocimiento profundo de la realidad yerbatera. Se trata a la yerba como si fuera un mercado más, cuando no lo es. Es una economía regional sensible, con una estructura imperfecta. Lo que sí hubo fue coherencia: nunca dijeron que iban a mantener un organismo de regulación, y sabíamos que la yerba iba a terminar en esta situación.

—El INYM volvió a tener presidente tras dos años de acefalía. ¿Eso cambia algo?

—Es positivo tener una cabeza, alguien con quien dialogar. Pero el organismo perdió la facultad de fijar precios, así que hoy no puede cumplir la función que tenía antes. Sin esa herramienta, su capacidad es limitada.

El límite quedó expuesto nuevamente el viernes pasado, cuando el presidente de la Cámara de Representantes de Misiones, Sebastián Macías, mantuvo un encuentro con el flamante titular del organismo, Rodrigo Correa, con el fin de trasladar la preocupación por la situación de los pequeños productores. De la reunión también participó el referente provincial de La Libertad Avanza, Adrián Núñez. Sin embargo, desde el oficialismo nacional se encargaron de ratificar que no habrá marcha atrás en la política de desregulación del sector. Tampoco en el achicamiento del INYM.

En diciembre pasado, más de veinte trabajadores de larga trayectoria fueron despedidos, en medio de una reconfiguración interna que acompaña la pérdida de funciones del organismo. La decisión se produjo poco después de que el Directorio avanzara con una suba del valor de la estampilla yerbatera —la tasa que financia al Instituto— y sin explicaciones públicas. Para López Sartori, ese movimiento no fue aislado, sino parte de la transformación iniciada con el DNU 70/2023 y profundizada luego por el Decreto 812/2025 y la Resolución 146/2025, que terminaron de adecuar el funcionamiento del Instituto al nuevo marco normativo nacional. Con esos cambios, el INYM dejó de intervenir en la fijación de precios, en el ordenamiento del stock y en la regulación productiva, y pasó a concentrarse en funciones técnicas de control, trazabilidad y certificación.

—Si tuviera que resumir lo ocurrido desde el DNU 70/23 hasta hoy, ¿qué diría?

—Fue una caída. La yerba tiene un precio ideal dolarizado en torno a 0,60. En diciembre de 2023 cerramos en 0,53, que era muy buen valor. Era una de las pocas economías regionales en verde según Coninagro. Hoy abrimos zafra entre 0,15 y 0,18 dólares el kilo de hoja verde. Es una caída abrupta.

Ese corrimiento del Estado, plantea el ministro, no sólo alteró la dinámica económica del sector, sino también su equilibrio político y social. Durante más de dos décadas, el INYM había funcionado como regulador del mercado y como instancia de mediación entre productores, industria, provincias y Nación. La pérdida de esas atribuciones redefinió su lugar en la cadena yerbatera y modificó su propia estructura interna: áreas que antes seguían el comportamiento del mercado quedaron desactivadas, mientras el ajuste de personal aparece como consecuencia directa de ese vaciamiento funcional.

Ese trasfondo institucional se superpone con un escenario productivo crítico. La cartera de Agro y Producción de Misiones atraviesa, según describe, uno de los momentos más complejos de los últimos años. La caída del consumo, la pérdida de competitividad y la desregulación del precio de la hoja verde —que el sector considera el detonante de la crisis— alteraron toda la cadena productiva. El ministro lo sintetiza con un diagnóstico económico directo: “La yerba tiene una bajada en precio real de prácticamente un 60%”. Y agrega: “No es solamente la caída, sino también que los costos subieron. Hoy por hoy no es rentable”.

—¿Qué impacto tiene esto en la economía misionera?

—La yerba es nuestra principal economía regional. Estamos hablando de cerca de mil millones de kilos producidos. A precios razonables, eso mueve unos 700 mil millones de pesos. Hoy se mueven alrededor de 200 mil millones. Son 500 mil millones menos en la economía provincial. Esa plata no circula en el comercio, en el kiosco, en la farmacia. Nos golpea muchísimo.

Esa crítica lo lleva a cuestionar la ausencia de una estrategia nacional para las economías regionales. López Sartori señala que mantuvo una reunión reciente con el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, en la que transmitió la preocupación del Gobierno misionero por la crisis yerbatera y la necesidad de recuperar herramientas de ordenamiento del mercado. Sin embargo, la línea política que rige la situación del sector se define en realidad en el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. El rumbo responde principalmente a la lógica impulsada por Federico Sturzenegger, arquitecto del proceso de reducción del rol estatal en las economías regionales.

Frente a ese escenario, el Gobierno provincial intenta amortiguar el impacto mediante acuerdos con cooperativas e industrias para sostener precios mínimos, aunque reconoce que el margen de acción es limitado. También lo es la repercusión que se pueda tener en la opinión pública. En ese sentido, López Sartori evoca lo ocurrido en la última Fiesta Nacional del Mate, en Entre Ríos, donde la crisis yerbatera desbordó las fronteras de Misiones y se hizo visible a nivel nacional, con críticas directas de los presentes a la figura de Javier Milei. “Que llegue la crisis de los productores misioneros a un lugar donde no hay productores está bueno”, desliza.

El diagnóstico económico desemboca, hacia el final de la entrevista, en una lectura política. El ministro reconoce que el Gobierno nacional mantiene respaldo en parte del electorado yerbatero, pero advierte que la disconformidad crece. “Durante 20 años el INYM tuvo legitimidad, nació de los productores. Con el tiempo perdió credibilidad, pero hoy muchos reclaman que vuelva a regular. Cuando empezó 2024, parte del sector apoyaba al Gobierno nacional. Hoy el clima cambió, aunque el Gobierno sigue teniendo predicamento en varios sectores”, apunta López Sartori.

—¿Por qué el oficialismo misionero acompaña iniciativas de La Libertad Avanza si tienen tantos desacuerdos estructurales? Sin ir más lejos, sus dos senadores acaban de votar a favor de la reforma laboral.

—Porque Milei ganó cuatro elecciones en la provincia [las tres de 2023 y la legislativa de 2024]. Hay una responsabilidad institucional. Si la mayoría vota un rumbo, el representante debe tomarlo en cuenta. Eso no impide señalar los problemas: hoy todas las economías regionales del país están mal, desde el algodón hasta el tomate, pasando por la cebolla, el limón y hasta el vino, pero no vemos una estrategia clara del Estado nacional para resolverlo.

En línea con la tradición política del Frente Renovador de la Concordia, el espacio misionero que lidera el exgobernador Carlos Rovira, el ministro describe una relación con la Nación atravesada por el pragmatismo. La provincia, señala, procura sostener la gobernabilidad sin resignar márgenes de autonomía en la defensa de sus intereses productivos. Pero la crisis yerbatera empezó a introducir un factor de tensión en ese esquema: mientras el oficialismo local busca contener el impacto sobre el sector y evitar una escalada política, el malestar entre productores y actores de la cadena comienza a hacerse sentir con mayor intensidad.

—¿Qué espera del vínculo con Nación hacia adelante?

—Esperamos que el Gobierno nacional se interiorice más en las realidades provinciales. Hay diálogo político, creo que [el ministro del Interior, Diego] Santilli es un dirigente con mucha capacidad territorial, pero mientras el esquema económico sea el actual, no vemos soluciones claras para las economías regionales.

—¿Qué le pediría al Presidente?

—Que visite Misiones y conozca la realidad yerbatera, tabacalera y forestal. Corrientes la visitó varias veces, Misiones todavía no. Lo invitamos a ver de cerca cómo funciona nuestra provincia.

PL/MG

Las lágrimas aparecieron antes que las explicaciones. Este martes, en la vereda de las oficinas del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), sobre la calle Rivadavia casi Santa Fe, en pleno centro de Posadas, un grupo de trabajadores se quedó parado en silencio, algunos llorando, otros mirando el piso. Acababan de ser despedidos. No hubo reunión ni aviso previo: a varios les llegó un correo electrónico. A otros, un mensaje seco, administrativo. Casi ninguno quiso hablar con la prensa. El ajuste llegó un día antes de fin de año.

Según pudo saber elDiarioAR de fuentes directas, son más de 20 las desvinculaciones en el INYM, un organismo que atraviesa una reconfiguración profunda desde la llegada de Javier Milei al poder. La decisión sorprendió por el momento elegido y por el contraste con lo ocurrido días antes: el Directorio había avanzado con una suba del valor de la estampilla yerbatera —la tasa de fiscalización que financia al Instituto— con el argumento de reforzar la recaudación. Aun así, el recorte de personal se ejecutó sin transición ni explicaciones públicas.

Los despidos se produjeron apenas semanas después de la Resolución 146/2025, que terminó de adecuar el funcionamiento del INYM al nuevo marco normativo nacional. Esa resolución fue la traducción administrativa de un proceso iniciado con el DNU 70/2023 y profundizado por el Decreto 812/2025, que recortaron de manera sustancial las funciones históricas del organismo. El Instituto dejó de intervenir en la fijación de precios, en el ordenamiento del stock y en la regulación de la producción, y pasó a concentrarse en tareas formales de control, trazabilidad y certificación de calidad.

Durante más de dos décadas, el INYM había funcionado no solo como un regulador económico, sino también como un amortiguador político y social en la principal economía regional de Misiones. Su rol permitía canalizar conflictos, contener crisis cíclicas y ofrecer una instancia de negociación entre productores, industria, provincias y Nación. La pérdida de esas atribuciones redefinió su lugar en la cadena yerbatera y, con ello, su estructura interna. Áreas que antes tenían un papel activo en el seguimiento del mercado quedaron virtualmente desactivadas, y el ajuste de personal aparece ahora como una consecuencia directa de ese vaciamiento funcional.

Silencio y miedo

Puertas adentro, el impacto fue inmediato. Entre los trabajadores que permanecen en el organismo se instaló un clima de temor e incertidumbre. El método de comunicación, sin instancia previa de diálogo, funcionó como un mensaje disciplinador. El silencio posterior no fue casual: varios empleados evitaron hablar con la prensa por miedo a nuevas represalias o a quedar marcados en una estructura que se achica y se reordena bajo nuevas reglas. En un organismo históricamente atravesado por tensiones políticas y sectoriales, el ajuste introdujo un elemento nuevo: la sensación de que nadie está a salvo.

El contexto en el que se producen los despidos es particularmente sensible. La crisis yerbatera atraviesa su momento más crítico: los precios de la hoja verde no cubren los costos de producción, las cooperativas acumulan deudas y algunas ya suspendieron pagos, y la cadena productiva se concentra cada vez más en pocos actores con poder de compra. En paralelo, los productores sostienen protestas prolongadas y los tareferos sobreviven con ingresos atrasados y condiciones laborales precarias, sin un organismo con capacidad real para intervenir y equilibrar el mercado.

A mediados de diciembre, la nueva conducción del INYM quedó formalizada con la designación de Rodrigo Correa como presidente, tras casi dos años de acefalía. Contador público y dirigente de La Libertad Avanza, su llegada fue interpretada en el sector como el cierre de una etapa de transición y el inicio de una gestión alineada sin matices con la agenda libertaria de reducción del Estado y desregulación. En ese marco, el recorte de personal aparece como una de las primeras decisiones concretas de orden interno.

“En el marco de la normativa vigente, vamos a trabajar en la modernización del Instituto y también en armonizar esas normas; en un proceso de desburocratización que facilite la actividad de los operadores del sector yerbatero”, explicó Correa a través de un comunicado difundido este martes.

En ese sentido, el presidente del Directorio destacó que, al mismo tiempo, se apuntará a desarrollar controles más eficientes, que velen por la calidad del producto en los distintos eslabones de la cadena yerbatera donde tiene competencia el INYM. “Queremos mejorar todo aquello que pueda entorpecer la actividad, pero sin comprometer los estándares de calidad”, remarcó.

Sin embargo, la paradoja atraviesa todo el proceso. Mientras el Gobierno nacional celebra la desregulación del mercado yerbatero y el INYM pierde capacidad para ordenar la actividad, el organismo no solo sostiene sino que aumenta su esquema de recaudación a través de la estampilla. El ajuste no pasó por los ingresos, sino por las personas. Para los trabajadores despedidos, el mensaje fue claro: el nuevo instituto será más chico, con menos funciones y menor presencia territorial.

El recorte también tiene una lectura política más amplia. Los despidos en Posadas funcionan como una señal directa del Gobierno nacional hacia Misiones y hacia el conjunto de las economías regionales: la desregulación no es solo un cambio de reglas de mercado, sino una redefinición del rol del Estado, incluso en territorios donde históricamente cumplió una función de contención social. En un organismo que nació en 2002 tras una rebelión agraria, el ajuste ejecutado en silencio, por correo electrónico y en la antesala de fin de año, marca un punto de no retorno. No solo se achica una planta de trabajadores: se consolida un modelo en el que la mediación desaparece y el costo del reordenamiento cae, una vez más, sobre los eslabones más débiles.

PL/CRM

La reciente Resolución 146/2025 del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) no es solo una decisión administrativa: es la confirmación de que el organismo ingresó en una nueva fase política. Con la derogación y modificación de normas que durante más de veinte años estructuraron la actividad yerbatera, el Instituto terminó de alinearse con el mandato de desregulación impuesto desde la Casa Rosada y abandonó definitivamente cualquier pretensión de ordenar el mercado. El proceso había comenzado con el DNU 70/2023 y se profundizó con el Decreto 812/2025. Ahora, con resoluciones propias, el INYM ejecuta esa hoja de ruta desde adentro.

El mensaje es inequívoco: el Estado se retira como árbitro. Ya no hay precios sostén, ni regulación del stock, ni herramientas para intervenir cuando la oferta se desborda y los precios se derrumban. En nombre de la “modernización” y la “protección del carácter competitivo de la industria”, el Instituto se repliega a funciones técnicas —como la calidad, la trazabilidad y salubridad— y deja el resto en manos del mercado. El concepto que había justificado su creación en 2002, el de equilibrar fuerzas entre miles de pequeños productores y un puñado de grandes compradores, quedó explícitamente fuera del nuevo marco legal.

La resolución fue adoptada por el Directorio del INYM, ahora encabezado por Rodrigo Correa, dirigente de La Libertad Avanza designado tras casi dos años de acefalía. Con su llegada, el organismo dejó de flotar en una zona gris y pasó a ejecutar, sin ambigüedades, la política nacional para las economías regionales. La revisión normativa, que deberá completarse en un plazo de 30 días, no es una corrección marginal: es una depuración ideológica del rol del Instituto.

Las decisiones más sensibles tienen un fuerte contenido simbólico. La eliminación de la veda de cosecha de octubre y noviembre —una herramienta histórica para regular volúmenes y cuidar la brotación de la planta— marca el abandono explícito de cualquier política de ordenamiento productivo. Lo mismo ocurre con la flexibilización del régimen de infracciones y sanciones: menos controles, menos castigos, más responsabilidad individual. El nuevo INYM ya no corrige ni compensa, apenas observa, registra y certifica.

Es que, más allá de su impacto sectorial, el caso del INYM vuelve a exponer una lógica que el Gobierno nacional viene aplicando de manera sistemática: no derogar organismos creados por ley, sino vaciarlos de contenido mediante decretos y resoluciones reglamentarias. El Instituto sigue existiendo formalmente, pero sin capacidad para cumplir el objeto para el que fue creado. No hay eliminación jurídica, sino desposesión funcional. Una figura cada vez más frecuente en la arquitectura libertaria del Estado, que evita el costo político y parlamentario de cerrar entes, pero logra el mismo resultado práctico: instituciones que sobreviven como cascarones administrativos.

Antecedentes y paradojas

Lejos de tratarse de un experimento inédito, la desregulación del mercado yerbatero remite a un esquema ya conocido por el sector. Durante los años noventa, la ausencia de precios sostén y de mecanismos de ordenamiento derivó en sobreoferta, derrumbe de valores y concentración en pocas manos. Los ganadores de aquel proceso no fueron abstractos: grandes molinos y grupos concentrados que hoy vuelven a operar con ventaja en un mercado sin árbitro.

Pero mientras el Instituto se achica en poder, se fortalece en recursos. Según pudo saber elDiarioAR, en su primera reunión de Directorio, Correa impulsó una suba del 28% de la estampilla yerbatera y avanzó en un presupuesto proyectado cercano a los 8.500 millones de pesos. La paradoja es evidente: un organismo que ya no puede fijar precios ni intervenir en el mercado refuerza su caja en medio de una crisis profunda del sector. La decisión deberá ser convalidada por la Secretaría de Agricultura, pero el gesto político ya quedó claro.

La contradicción atraviesa también al propio oficialismo nacional. Mientras el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró públicamente el vaciamiento regulatorio del INYM y prometió eliminar la estampilla como símbolo del fin del intervencionismo, el organismo conducido por un dirigente libertario hace exactamente lo contrario: mantiene el tributo y lo aumenta. Un Estado que se retira del mercado, pero no de la caja.

El impacto social de ese reordenamiento empezó a materializarse con crudeza en el territorio. La Cooperativa Yerbatera Andresito Ltda., una de las entidades más emblemáticas del norte misionero, declaró formalmente una crisis financiera y suspendió los pagos a sus productores asociados. La decisión afectó de manera directa a unas 130 familias que entregan hoja verde a la cooperativa y encendió alarmas en Comandante Andresito, un municipio cuya economía gira casi exclusivamente en torno a la actividad yerbatera. El comunicado oficial habló, de manera elíptica, de la “situación económica actual”, pero evitó mencionar que el derrumbe de precios y la desregulación del mercado explican buena parte del colapso financiero.

Consecuencias

El caso Andresito funciona como síntoma. Desde la quita de los precios sostén, el valor de la hoja verde cayó más de un 50%, los tareferos cobran valores de subsistencia y el consumo interno se retrae. Sin mecanismos de ordenamiento, el ajuste se distribuye de manera regresiva a lo largo de la cadena: lo absorben primero los productores chicos, luego las cooperativas y, finalmente, los trabajadores rurales.

“Durante dos décadas, el INYM no solo funcionó como una herramienta económica, sino también como un dispositivo político de contención”, señalan fuentes del sector consultadas por elDiarioAR. En ese sentido, explican que “su rol como fijador de precios y regulador del mercado permitía canalizar conflictos, amortiguar crisis” y ofrecer una instancia de negociación entre productores, industria, provincias y Nación. Al perder esas atribuciones, explican, no solo desaparece un regulador: se rompe una mediación. Sin un INYM con poder real, la bronca ya no tiene a dónde ir.

Ese quiebre institucional, sin embargo, no encuentra un correlato inmediato en el plano electoral. En los principales municipios yerbateros de Misiones, La Libertad Avanza obtuvo triunfos contundentes en 2025. El espacio que impulsó la desregulación fue respaldado electoralmente en los territorios más afectados por ella. Una paradoja: el costo político de la crisis yerbatera es bajo para el Gobierno nacional.

En ese escenario, el INYM deja de ser un instrumento de equilibrio para convertirse en una pieza de administración del nuevo orden libertario. Sin capacidad para fijar precios, ordenar la producción o amortiguar crisis, pero con una recaudación en alza y un presupuesto millonario, el organismo pasa a cumplir un rol funcional a la lógica del poder central. La experiencia de Andresito expone el límite de ese esquema y anticipa un dilema que empieza a recorrer la política: si el mercado manda y el Estado cobra, ¿quién asume el costo cuando la economía regional entra en colapso?

PL/MG

“Muchos de los compañeros que están acá son parte de un frente. Tenemos discusiones, pero las zanjamos. Yo entiendo que no conozcan, porque hace 20 años el modelo que gobierna esta provincia es manejado por una sola persona”, lanzó el docente Leandro Sánchez ante la jueza Marcela Leiva, en un dardo directo al poder del exgobernador Carlos Rovira, arquitecto y conductor real del Frente Renovador de la Concordia, que conduce las riendas de Misiones sin interrupciones desde 2003.

La escena ocurrió este miércoles en el Juzgado Correccional y de Menores N°1 de Posadas, donde la magistrada condenó a Sánchez y a la dirigente docente Mónica Gurina por “desobediencia judicial” y “entorpecimiento del transporte”, en el marco de las protestas salariales que marcaron a Misiones en mayo y junio de 2024. Las penas —10 meses de prisión en suspenso para Gurina y 8 meses para Sánchez— no implican cárcel, pero sí tareas comunitarias y un antecedente punitorio que, para los gremios, cristaliza un mensaje: el Estado provincial busca dejar asentado que la protesta tiene un límite, y que ese límite lo define la Justicia.

En su alegato final, Sánchez reivindicó la horizontalidad de las asambleas que guiaron aquellas protestas y la contrastó con la estructura verticalista que domina la política provincial desde hace dos décadas. “No tenemos liderazgos, tenemos asambleas en las plazas. Si nos condenan, van a condenar la protesta social. Se llenarán las cárceles de maestros y trabajadores”, remató el dirigente sindical, dejando planteado que el juicio que enfrenta no trata solo de dos cortes de calle, sino de la disputa por el sentido de la protesta en una provincia donde el poder tiene nombre propio.

La fiscal María Laura Álvarez había pedido todavía más pena. Argumentó perjuicios económicos para comerciantes, obstrucción del tránsito y un “plus en la ejecución” por parte de Gurina, referente sindical que fuera candidata a diputada por Confluencia Popular por la Patria en las elecciones provinciales del 8 de junio. “Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, sostuvo.

El mayo misionero

La sentencia llega dieciocho meses después del estallido que fracturó, por primera vez en casi dos décadas, la estabilidad política que Rovira había construido al menos desde la derrota del referéndum de 2006. El mayo misionero de 2024 fue un punto de quiebre: la provincia quedó desbordada por reclamos simultáneos de docentes, policías y trabajadores de la salud; y la tensión escaló hasta un lugar simbólico que nadie en la Renovación imaginaba: la protesta frente al domicilio particular del propio Rovira, en el barrio El Laurel.

Aquel episodio, inédito, activó un reflejo instantáneo en el oficialismo provincial: contraataque judicial, disciplinamiento interno y un despliegue político que buscó quebrar la unidad callejera entre maestros y uniformados. Los gremios docentes recibieron un aluvión de oficios que los obligaban a mantenerse a más de 200 metros de la Cámara de Representantes, bajo la acusación de haber instigado los incidentes del 23 de mayo. Y pocos meses más tarde, ocho policías fueron detenidos acusados de sedición, entre ellos el suboficial retirado Ramón Amarilla, hoy diputado provincial electo.

La estrategia, calcada de otras crisis, se completó con una demostración de fuerza: la convocatoria oficialista del #30M “por la paz”, cuando intendentes del oficialismo provincial trasladaron empleados municipales a Posadas para blindar la Legislatura con banderas y escenografía patriótica. Aún así, las protestas continuaron una semana más, con marchas en toda la provincia y negociaciones frenéticas. Finalmente, el 7 de junio, la docencia firmó un aumento que llevó el salario inicial a $450.000 —un 47,5% acumulado— y un punto crucial: ninguna sanción administrativa ni legal contra quienes habían participado. Algo que, a todas luces, no terminó cumpliéndose.

El juicio que terminó este miércoles arrastra precisamente ese hilo suelto. Es, para el oficialismo, un expediente incómodo: reactiva el recuerdo del único momento en que su hegemonía política pareció tambalear y exhibe la continuidad de una lógica punitiva contra los sectores que encabezaron aquellas jornadas. También deja en evidencia un patrón: mientras la causa contra Amarilla derivó en prisión preventiva sin juicio, a docentes y delegados se los procesó bajo figuras menores pero igualmente orientadas a fijar un precedente disuasivo.

El proceso judicial estuvo acompañado por un respaldo político y gremial de alcance nacional. Dirigentes como la histórica dirigente de CTERA Marta Maffei o el secretario general de CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy, se hicieron presentes en Posadas para acompañar a los acusados. También se lo pudo ver al presidente de Unidad Popular, Claudio Lozano, y al secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar.

En el fondo, el veredicto de Leiva no cierra una etapa: la criminalización de la protesta en Misiones sigue abierta, ahora con una sentencia que deja expuesto el uso de la Justicia como herramienta para reordenar el conflicto social en un territorio que vive una reconfiguración política acelerada, entre la presión libertaria, las internas del oficialismo y un clima social inflamable. Sánchez lo resumió ante el tribunal, en un susurro que quedó flotando en la sala antes del cuarto intermedio: “No somos el diablo. Somos ciudadanos insurrectos que no soportan la injusticia”.

PL/CRM

Diego Santilli llegó este martes al mediodía a Posadas para cerrar la gira federal que lo llevó en los últimos diez días por casi todas las geografías políticas del país. La escala final, acaso una de las más sensible para la Casa Rosada, lo reunió durante poco más de una hora con el gobernador Hugo Passalacqua. Con cuatro diputados, dos senadores y la conducción disciplinada de Carlos Rovira, el bloque del oficialismo de Misiones es uno de los que podría definir el destino del Presupuesto 2026 y la reforma laboral de Javier Milei en las sesiones extraordinarias.

Antes de regresar a Buenos Aires, el ministro del Interior tuvo un movimiento clave fuera de agenda: se reunió a solas con Rovira en su oficina de la Legislatura provincial. El encuentro, breve pero significativo, fue leído como el verdadero termómetro de la visita. En Misiones, la arquitectura del poder no se entiende sin la figura del conductor del Frente Renovador de la Concordia, y en Balcarce 50 lo saben. La conversación funcionó como un gesto de reconocimiento político: si Santilli busca garantizar los votos misioneros para diciembre, primero debe pasar por el despacho de quien ordena, disciplina y define la estrategia legislativa del oficialismo provincial.

La señal que buscaba el Gobierno era clara: mostrar que el ministro podía sellar un entendimiento político con el líder misionero antes del envío del paquete fiscal y laboral. “Misiones está para ayudar y construir juntos”, dijo Rovira, según un trascendido al que tuvo acceso elDiarioAR. Sin embargo, la consigna que Santilli escuchó en cada parada de su gira federal volvió a repetirse en Posadas: hay predisposición al diálogo, pero ningún mandatario entregará un apoyo sin contrapartidas. Por eso el ministro dejó para el cierre la conversación más delicada, en una provincia cuyo voto puede inclinar el tablero legislativo.

Tras el encuentro, Passalacqua difundió un mensaje público en el que detalló, punto por punto, los reclamos que llevó a la mesa. Dijo que recibió la visita de Santilli para “avanzar en una agenda de trabajo conjunta sobre temas centrales para el desarrollo de Misiones” y detalló uno por uno los puntos planteados. El gobernador pidió que Nación “facilite el financiamiento de la CAF para la línea de 132 kV San Isidro–Alem–Oberá”; que en el Presupuesto 2026 se incluyan “los aportes y remanentes del Tesoro Nacional”; y que se reactiven “los convenios firmados para la finalización de obras iniciadas por Nación, priorizando rutas, escuelas y viviendas”.

Passalacqua también recordó que Misiones arrastra desde 2017 “la deuda de ANSES con nuestra caja previsional no transferida, que genera un problema a nuestras cuentas públicas”, y exigió avances sobre “la deuda de Nación con la provincia derivada del consenso fiscal”. En la misma línea, señaló que el encuentro incluyó “temas vinculados al agro y la producción” y que los pedidos van en sintonía con los reclamos que los mandatarios del Norte Grande expresaron en su última asamblea.

La visita a Misiones cerró una semana de “federalismo de alta intensidad” para Santilli. El viernes pasado, el ministro había estado en Santiago del Estero con Gerardo Zamora, en un encuentro extenso que incluyó advertencias explícitas. Allí, el santiagueño reunió a los gobernadores del Norte Grande, que coincidieron en reclamar una nueva cumbre con Milei si el Presupuesto no avanza. También analizaron una eventual ofensiva parlamentaria para rediscutir el financiamiento de ARCA —el organismo que absorbe el 1,9% de la recaudación nacional—, un movimiento que en Balcarce 50 leyeron como presión directa.

En ese recorrido, Santilli tomó nota de demandas que se repiten a lo largo del mapa: obra pública, avales para tomar deuda externa, fondos adeudados a las 13 cajas previsionales no transferidas, mayor equidad en la distribución de los ATN y del impuesto a los combustibles. A eso se suman reclamos puntuales, como la coparticipación retenida a CABA y La Rioja. El ministro escuchó todo, pero mantuvo una línea prudente. “Pudimos avanzar en un diálogo profundo, pero obviamente hay temas que uno tiene que trabajar con el Presidente”, había dicho tras salir de su reunión con Zamora, una frase que volvió a repetir en privado este martes en Posadas.

El riesgo institucional es evidente. Si el Gobierno no logra aprobar el Presupuesto antes del 31 de diciembre, deberá reconducir por tercera vez el esquema vigente. La alternativa es legal, pero políticamente corrosiva: sería mal vista por el FMI, por los mercados y por los gobernadores, que ya dudan de la capacidad del Ejecutivo para sostener acuerdos duraderos. Desde el norte, la advertencia fue directa: sin confianza, no habrá votos para las reformas laboral y tributaria.

Misiones, la pieza que faltaba

En ese contexto, la parada final de la gira adquiere un peso estratégico. Passalacqua llegó al encuentro tras participar de la 22ª Asamblea de Gobernadores del Norte Grande en Santiago del Estero, donde planteó un diagnóstico crudo sobre las desigualdades estructurales del país. El jueves pasado, habló de la “injusticia geográfica”, recordó que “un misionero vive tres años menos que un porteño”, y remarcó que su provincia quedó fuera de la Hidrovía y es la única del país sin gas natural. Por eso reclamó obras de infraestructura, mejoras en la conectividad y en el transporte aéreo, e insistió en que el turismo debe ser una prioridad en el próximo Presupuesto.

Passalacqua reforzó un mensaje colectivo: el Norte Grande quiere que las obras estratégicas vuelvan a estar en agenda y que el Gobierno reconozca las brechas de desarrollo regional. “En soledad es un incordio; hacerlo en conjunto me parece excelente”, dijo el gobernador ante sus pares, en un gesto de voluntad federal que hoy trasladó a la reunión con Santilli.

Sus planteos se suman al contexto local marcado por el conflicto desatado por la avanzada mileísta sobre el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), clave para la economía provincial, como publicó elDiarioAR.

En lo político, el Frente Renovador de la Concordia mantiene una cohesión interna que lo vuelve decisivo para cualquier votación relevante. En Balcarce 50 lo saben desde hace tiempo, pero en esta etapa —a días del envío de las reformas— la foto de Santilli en Posadas configura algo más que un gesto: indica si el oficialismo podrá llegar a diciembre con una base territorial ordenada o si dependerá de negociaciones caso por caso en el Congreso.

La estrategia de Santilli es completar la ronda con los 20 gobernadores del Pacto de Mayo. Quedan pendientes reuniones con Claudio Vidal (Santa Cruz), Sergio Ziliotto (La Pampa), Claudio Poggi (San Luis), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gustavo Valdés (Corrientes) y Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires). La coordinación de esa agenda se articula cada semana en una mesa política encabezada por Karina Milei e integrada por el asesor Santiago Caputo, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la futura jefa del oficialismo en el Senado, Patricia Bullrich.

PL/MC

Javier Milei avanzó otro casillero en su cruzada contra los organismos estatales con capacidad regulatoria. La semana pasada, a través del decreto 812, modificó el marco vigente del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) y lo dejó sin atribuciones para intervenir en precios, volúmenes de producción o competencia dentro del mercado yerbatero. Nacido en 2002 tras la mayor protesta agraria en la historia de Misiones, el organismo fue despojado de su última herramienta política: la facultad, ya sea directa o indirecta, para equilibrar la relación entre miles de pequeños productores y un puñado de grandes industrias molineras.

Pero la letra jurídica del decreto es apenas la superficie. Lo que está en juego es una pulseada política que arrancó con el DNU 70/23 y que va de Misiones a Buenos Aires, con el mandamás Carlos Rovira como protagonista silencioso y el sector yerbatero como campo de batalla. Milei nunca designó un presidente para el INYM desde su llegada al poder y el organismo está acéfalo desde el 10 de diciembre de 2023. Una señal que en Posadas leyeron como deliberada: la Casa Rosada prefirió desactivarlo por inanición antes que intervenirlo frontalmente.

La posición que tomó en los últimos días el gobernador Hugo Passalacqua intentó equilibrar la tensión política: marcó públicamente su rechazo por el riesgo de mayor concentración, pero evitó volverlo un conflicto mayor con Nación. “Nuestra prioridad es cuidar a toda la familia yerbatera”, escribió. A través de las redes sociales, Passalacqua advirtió que “solo un mercado equilibrado garantiza que todos puedan vivir de su trabajo”. Y remató: “Nos sentimos en la obligación de reiterar nuestro llamado de atención sobre los riesgos de mayor concentración en el sector”.

La medida llegó después de un año electoral en el que el Frente Renovador de la Concordia, la fuerza política que gobierna la provincia desde hace dos décadas, hizo campaña con un discurso crítico hacia las políticas nacionales, con el exgobernador Oscar Herrera Ahuad como principal candidato. La respuesta en las urnas fue categórica: La Libertad Avanza le ganó por siete puntos y dejó definitivamente a Rovira frente a un nuevo escenario político.

Los últimos dos años estuvieron signados por los sucesivos giros pragmáticos que caracterizan al conductor del espacio: si en diciembre de 2023 el exgobernador había anunciado la creación de un Instituto Misionero de la Yerba Mate para “defender la rentabilidad de los pequeños productores”, pocos meses después desactivó la confrontación, bajó la intensidad de las críticas y se alineó con el discurso de colaboración con la Casa Rosada. “Ir a la Corte no alcanza, no sirve”, dijo Rovira en una reunión privada, en abril de 2024, donde pidió pasar “de la queja a la acción”. Desde entonces, optó por evitar la bandera anti-Milei en el tema yerbatero y concentrarse en iniciativas de innovación provincial.

Hoy, Herrera Ahuad, ya sin centralidad electoral y tras haber sido derrotado en su propio territorio, también giró la lectura hacia una lógica de mandato popular. “Los misioneros eligieron otra cosa”, admitió tras la elección nacional, justificando su mesura. En el debate sobre la reforma laboral aplicó el mismo criterio: “Tengo que escuchar a la mayoría”. La Renovación, como también se conoce al oficialismo misionero, terminó admitiendo que la agenda libertaria cuenta hoy con un aval electoral directo de su propia base.

Voces cruzadas

El nuevo decreto reabre tensiones entre los distintos actores. Para la Casa Rosada, el INYM fue durante años un instrumento de “cartelización estatal”. “Por años se usó un ente público para cartelizar un mercado competitivo”, escribió en X Federico Sturzenegger, cerebro de la desregulación y uno de los impulsores de la medida. La propuesta del ministro es reconvertir al Instituto en un organismo de certificación de calidad y promoción, similar al INV en la industria vitivinícola.

En esa línea, fuentes del INYM señalaron que el nuevo decreto tiene “cero consecuencias” prácticas y que “no afecta en nada” la operatividad del Instituto, porque la pérdida de la potestad para fijar precios ya había sido dispuesta en diciembre de 2023 con el DNU 70/23. El 812/25, remarcan, solo modifica o anula artículos del decreto reglamentario y “ratifica una decisión previa”. Desde la Secretaría de Agricultura coincidieron en esa interpretación: el rol del INYM seguirá enfocado en “promoción y control de calidad” y no en intervención económica, en línea con el artículo 42 de la Constitución y la agenda de desregulación.

En el territorio, la lectura es opuesta. Para Jonás Peterson, de Asociación Civil de Productores Yerbateros del Norte, el decreto “profundiza el daño que ya había hecho el DNU 70/23” consolidando el vaciamiento del organismo. En diálogo con elDiarioAR, el productor, que hasta abril de 2024 ocupó un cargo en el INYM, habla de “mucha bronca” porque, según afirma, la nueva norma “elimina por completo todo el capítulo de fijación de precios”, pero además le quita al instituto la capacidad de intervenir cuando hay desbalances en el mercado. “No sólo no puede fijar valores: tampoco puede generar herramientas para equilibrar oferta y demanda”, sostiene.

Peterson también cuestiona que el decreto “prohíbe generar calendario de cosecha” —el mecanismo usado durante dos décadas para evitar sobreproducción y cuidar los yerbales— y advierte que limita la posibilidad de “controlar la calidad de la yerba mate importada”. El resultado, afirma, será un impacto directo sobre los pequeños colonos: “A la larga nos va a ocasionar un daño enorme”. El fantasma que sobrevuela a los colonos es conocido: en los 90, sin regulación ni precios sostén, la sobreoferta de hoja verde licuó márgenes, aparecieron cheques sin fondo y desaparecieron industrias históricas.

Cerca de Passalcaqua insisten en que la postura frente al nuevo esquema no es pasiva. Facundo López Sartori, ministro del Agro misionero, aseguró a elDiarioAR que la provincia “va a exigir la restitución plena de todas las funciones del INYM”, al tiempo que buscará avanzar en la formalización del productor y mayor transparencia en la cadena comercial. En el gobierno provincial sostienen que el objetivo sigue siendo garantizar “un precio justo” y mantener el valor de la hoja verde “por encima de los 0,55 dólares por kilo”, una referencia que presentan como compromiso histórico con la “familia yerbatera”.

Sin embargo, lo que emerge detrás del decreto de Milei es un reacomodamiento político más amplio: la derrota electoral obligó al oficialismo misionero a recalibrar su relación con La Libertad Avanza, mientras la Casa Rosada profundiza el experimento desregulador en una economía regional estratégica. La pregunta ahora es si el mercado, que está en manos de pocos compradores y con miles de productores atomizados, puede sostenerse sin mecanismos de protección. La yerba mate vuelve a quedar atrapada entre la lógica de la libertad total y la memoria de las crisis que, hace más de 20 años, el INYM vino a contener.

PL/MG

Tres instituciones dedicadas a la restauración del Bosque Atlántico en Misiones informaron que llevaron a cabo la plantación de 100.000 árboles nativos luego de meses de una intensa labor.

Se trata de una iniciativa conjunta entre Aves Argentinas, el Instituto Misionero de la Biodiversidad (IMiBio) y el Ministerio de Ecología de Misiones, cuyo objetivo es recuperar uno de los ecosistemas más valiosos y amenazados de nuestro país.

El Bosque Atlántico

El Bosque Atlántico abarca parte de Argentina, Brasil y Paraguay, y es hogar de especies emblemáticas como el yaguareté, tucanes y lapachos. Es uno de los bosques con mayor biodiversidad del mundo, pero hoy se estima que solo queda el 7% de su superficie original. 

Actualmente es uno de los ecosistemas más fragmentados del planeta. Su restauración es clave para conservar la biodiversidad y enfrentar la crisis climática desde la acción local.

100 mil árboles nativos

La plantación de 100.000 árboles, según informaron, implica la recuperación de 246 hectáreas de selva, un beneficio para la naturaleza y las comunidades. Para este fin se movilizaron un total de 27 camiones repletos de plantines, sumado al incansable trabajo de un equipo de 30 personas que dedicaron más de 480 horas de trabajo a la planificación y plantación de cada árbol. 

De esta manera, se plantaron más de 37 especies emblemáticas de la selva misionera, incluyendo árboles fundamentales como el lapacho, petiribí, yvyrá pytá, timbó y yacaratiá, además de especies amenazadas y vitales para la biodiversidad como el palo rosa y el palmito. Cada uno de estos plantines es un paso firme hacia la restauración de un ecosistema más fuerte y resiliente.

“La restauración de ambientes es esencial para el futuro de las especies de aves que dependen del Bosque Atlántico para anidar, alimentarse y sobrevivir” manifestó Hernán Casañas, director ejecutivo de Aves Argentinas.

“Cada árbol que plantamos es un paso más hacia un futuro en el que el Bosque Atlántico vuelva a ser un corredor de vida, biodiversidad y oportunidades para las comunidades que lo habitan”, expresó José Beamonte, encargado de restauración de ambientes y desarrollo sostenible.

La plantación simbólica del árbol número 100.000 se realizó este martes 21 de octubre en el predio del Parque del Conocimiento, Posadas, en el marco de una jornada de restauración participativa que reunió a representantes de las instituciones firmantes, estudiantes, voluntarios y vecinos de la zona.

Con información de NA.

IG

“Vivimos a 80km de la represa hidroeléctrica de Yacyretá y no tenemos disponibilidad de energía”, dice el ingeniero Gerardo Grippo, presidente del Movimiento Industrial Misionero.

Y agrega: “Yacyretá genera 1.500 megavatios, lo que representa entre el 18 y el 25% de la matriz energética nacional, y hasta el mismo pueblo que si sitúa en la base de la represa, que se llama Ituzaingó, no tiene energía eléctrica”.

Misiones no es la única “paradoja energética” que se manifiesta en Argentina. La provincia de Chubut, por ejemplo, que produce más de diez veces la energía que consume, tiene más del 80% de su territorio por fuera del Sistema Interconectado Nacional y depende de sistemas aislados de energía, como generadores a nafta. Dos ejemplos puntuales: las poblaciones cercanas a la represa hidroeléctrica Futaleufú (cerca de las ciudades de Trevelin y Esquel) tienen problemas de abastecimiento energético; Comodoro Rivadavia, “Capital Nacional del Petróleo”, tiene al día de hoy muchos de sus barrios sin redes de gas natural y sus habitantes se calefaccionan en el rudo invierno patagónico con leña o garrafa.

Vivimos a 80km de la represa hidroeléctrica de Yacyretá y no tenemos disponibilidad de energía

En este caso, elDiarioAR entrevistó al ingeniero Gerardo Grippo, presidente del MIM (Movimiento Industrial Misionero), fundado formalmente en el año 2018, para ahondar en los problemas económicos generados por este tipo de “paradojas” en sectores como la industria. De los informes elaborados por dicha organización se desprenden cuatro conclusiones generales: 1) “Las industrias emblemáticas de Misiones —yerba mate, té, madera y tabaco— están fuertemente condicionadas por la ausencia de gas natural”. 2) “La dependencia del GLP (Gas Licuado de Petróleo) y de sistemas térmicos con leña genera sobrecostos mensuales de entre $800.000 y $1.300.000 por establecimiento”. 3) “Esta situación reduce la competitividad nacional e internacional, afecta la inversión productiva y encarece productos destinados a mercados de exportación”. 4) “La incorporación de Misiones al sistema nacional de distribución de gas permitiría ahorros anuales por empresa de entre $9,6 millones y $15,6 millones, impulsando empleo y mayor valor agregado”.

—¿Cómo está compuesta la industria en Misiones?

—Los principales componentes de la matriz productiva de la provincia son la yerba, el tabaco, la madera y el té. El 90% de la producción tealera se exporta. La madera también se exporta o se exportaba, además de atender el consumo interno de las fábricas de muebles de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos. En el caso del tabaco se trata de grandes cooperativas, porque la matriz funcional de gran parte del interior del país se organiza en cooperativas para mejorar las condiciones de comercialización. Son tres o cuatro tabacaleras y gran parte del consumo es interno, una pequeña proporción se exporta. Cuando el mercado interno se mueve, estas industrias funcionan. Por otro lado tenemos la industria metalmecánica, que está totalmente relacionada con la generación de máquinas, herramientas e infraestructura como galpones. Toda la apoyatura de la industria y su capacidad productiva está relacionada con la metalmecánica. Nuevamente, cuando se mueve el mercado interno, esto genera demanda. Si produzco té o yerba mate, necesito de las cintas transportadoras, los silos, máquinas pesadas, etc.

—¿Por qué sostienen que están ante un “cuello de botella energético”?

—Misiones es la única provincia argentina que no cuenta con gas natural por redes. El problema de no estar conectados a esa red nacional es que tenemos que utilizar leña o el gas natural licuado, la garrafa. Acá toda la población, ya sea para el consumo o la industria, está con leña, garrafa. Esto trae muchos impedimentos, es muy difícil hacer andar una industria con estas formas de energía. Se han producido a partir de los desechos de la madera otras formas de energía, pero no son generalizadas. Históricamente se usa el gas y la leña para producir yerba mate o para secar el tabaco, y esto trae varios impedimentos, en primer lugar el encarecimiento de los insumos que necesita para producir. Las garrafas, por ejemplo, tienen un costo que incluye la logística. Pero además hay problemas con la calidad del producto: está comprobado que secar por leña un producto conlleva una serie de impurezas que se generan por los humos, y que conlleva un descrédito del producto final y le baja el precio. Pero a este “cuello de botella energético” se suman otras carencias estructurales que sufre la provincia: la postergada construcción de la Autopista Mesopotámica, la desconexión del sistema ferroviario nacional, las deficiencias de calado y señalización en el tramo norte de la Hidrovía Paraná-Paraguay, y una conectividad aérea escasa y concentrada en Buenos Aires. Pero el problema energético es el más urgente y el más transversal: sin energía competitiva no hay industria posible. Además en estas provincias el combustible, la nafta convencional, son más caros, un 3%, 4%, hasta 6%. Para llegar a los centros de consumo tenemos entre un 15 y 25% de costo adicional por transporte, lo que nos saca absolutamente de competencia.

Para llegar a los centros de consumo tenemos entre un 15 y 25% de costo adicional por transporte, lo que nos saca absolutamente de competencia.

—¿Cómo afectó en el caso de la yerba la desaparición Instituto Nacional de la Yerba Mate?

—Las industrias tenían un precio sostén. Ha pegado muchísimo la desaparición del INYB (Instituto Nacional de la Yerba Mate). Lo que generaba el instituto era la reunión de industriales, productores asociados y el Estado. Se ponía un precio que permitía al productor un precio de subsistencia y aseguraba para el industrial un precio que no fuera excesivo. Al desaparecer el INYB desapareció el precio sostén, además de otro tipo de prestaciones sociales y de salud que ahora cubre la provincia. Es una novedad de las últimas horas la posibilidad de la creación de un Instituto Provincial de Yerba Mate, en la legislatura existen tres proyectos. De todas formas esto no es lo central, la posibilidad de energía más barata nos va permitir radicar industrias y comercios, nos va a permitir generar empleo, distribuir riqueza, mejorar la calidad de vida, no puede ser que las provincias se distingan entre provincias ricas y pobres. Tenemos que pasar del asistencialismo y la pobreza a la producción y el desarrollo, para eso necesitamos que el país nos tenga en cuenta, porque con la coparticipación no nos alcanza, Misiones tiene más población que Corrientes y el NOA, porque ha crecido muchísimo, y esto no se refleja en los fondos de coparticipación ni en la energía disponible.

—¿Por qué están reclamando por ser incluídos al sistema de gasoductos si tienen tan cerca la represa hidroeléctrica de Yacyretá?

—El gas, además del consumo domiciliario diario, es utilizado para producir energía eléctrica, existen muchas usinas combinadas entre gas y fuel oil para producir energía eléctrica. La población muchas veces desconoce esto. Prácticamente la mitad de la matriz energética eléctrica es producida por una combinación de gas natural. Acceder al gas nos permitiría reducir los costos de la industria. Pero respondiendo a tu pregunta, si bien ahora ya estamos interconectados al sistema eléctrico nacional, además de conexión a las redes de gas necesitamos obras de una magnitud de distribución de energía que excede la capacidad de inversión de la provincia, por ejemplo nodos, campos de transformación, redes de alta tensión. No hay que olvidar que la administración de la energía y su potencia depende de CAMMESA, que tiene una administración y dirección nacional. Son decisiones de política económica y productiva. El país permite que la zona industrial de el Grán Córdoba sea industrial, el Gran Rosario es industrial, y ¿A quién se le ocurriría no darle energía a los más de 30 de puertos que componen la industria granaria? Gran parte de esa energía parte de acá. Hay que sumar que en el caso de Misiones, que la Constitución de Misiones es de 1853, pero Misiones es provincia desde 1953, antes era territorio nacional. Evidentemente esto lleva que muchas de las vías de comunicación para promocionar la producción, vías de conexiones eléctricas, caminos, etc, vengan con cierto “retraso histórico”. Los gasoductos se han diseñado con el objetivo de llegar hasta acá, pero hasta el día de hoy nadie llegó. La idea era exportar gas a Brasil y por eso hacían una proyección hasta Corrientes, concretamente hasta Paso de los Libres, para de ahí pasar a territorio brasilero y poder exportar. Son 300 km desde Misiones hasta Paso de los Libres, no es una distancia demasiado importante como para no poder llegar.

no hay energía al pie de la represa que produce entre el 18 y el 25% de toda la energía del país

—Existe otro ejemplo de provincia con actividad industrial como Tierra del Fuego y el actual gobierno nacional sugirió que podían hacer ahí “un parque de diversiones”o. En el imaginario nacional Misiones es sinónimo de Cataratas del Iguazú y de turismo, ¿Es posible que Misiones ya esté “encasillada” como provincia turística?

—El turismo también es otra industria, está muy bien que vengan a visitar la maravilla del mundo que son las Cataratas del Iguazú, pero hay que conocer la producción de Misiones. Cada vez que un argentino toma un mate, directa o indirectamente está conectando con la industria misionera, porque gran parte de la producción de yerba mate está en Misiones, aunque algunas industrias estén ubicadas en Corrientes, las más grandes están en la frontera con Misiones. Además hay otros elementos interesantes en nuestra posición geográfica: Misiones tiene el 90% de sus fronteras con otros países. En un radio de 1000 km, a partir de la capital Posadas, tenemos una población de 35 millones de habitantes, entre Asunción (Paraguay), Porto Alegre, Sao Pablo (Brasil). Estamos en el corazón de lo que en su momento fue el Mercosur, que ahora no tiene tanta vigencia. Puesta a producir e intercambiar, Misiones sería una plataforma muy utilizada estratégicamente. Los brasileros ya tienen diseñada su conexión con el Pacífico, pasan por Paraguay, para tratar de ver cómo pueden comerciar con el mercado asiático, provocando un menor costo logístico, dejando de pasar por la Hidrovía.

—¿Este “cuello de botella energético” es un problema político?

—Parte de la concepción económica que hoy está vigente tiene a la industria pasando por una gran depresión, es un momento complicadísimo, la demanda de consumo cae, no en el caso de la yerba, pero en general la industria está impactada. Queremos pertenecer, ser parte de la planificación, aunque esa palabra no está muy en boga a nivel nacional. Que se nos provea de los elementos necesarios para tener equidad, y eso tiene que ver con la distribución de recursos, porque sabemos que la coparticipación no va a poder ser discutida de un día para otro, pero vía directa o indirecta tiene que haber una compensación para que podamos mantener cierta equidad con el resto del país, esto tiene que producirse, porque somos parte del país. Tiene que haber una distribución de energía a un precio razonable. En las boletas de energía eléctrica históricamente se pagaba un 6x1000 para brindar energía al sur del país. Estos fondos se juntaron durante mucho tiempo, todos los usuarios de energía pagamos esa tasa para compensar las obras que iban a llevar energía al sur, no estamos pidiendo exactamente lo mismo, pero pedimos completar la conexión con la red gasoductos y que se nos permita disponer de energía eléctrica como disponen otras provincias. Porque para poner cualquier taller tiene que bajar una conexión trifásica y ahí comienza la historia, no hay disponibilidad energética. En Ituzaingó, el pueblo en la base de Yacyretá, a las tres de la tarde con 40° de calor no tienen energía eléctrica. No hay energía al pie de la represa que produce entre el 18 y el 25% de toda la energía del país.

DTC

El Frente Renovador de la Concordia volvió a ganar en Misiones, pero no como siempre. Con el 98% de las mesas escrutadas, el espacio que conduce el exgobernador Carlos Rovira se imponía en las elecciones legislativas provinciales con apenas el 28,6% de los votos: el porcentaje más bajo desde que la Renovación gobierna la provincia, hace más de dos décadas. Por primera vez desde el 2013, el oficialismo logró mantener el control de la Legislatura sin arrasar —retuvo 6 de las 11 bancas que puso en juego. Y lo hizo en un escenario marcado por dos factores clave: la baja participación y la fragmentación opositora.

En segundo lugar, con el 21,8%, quedó La Libertad Avanza, con el extenista Diego Hartfield a la cabeza, seguido muy de cerca por la verdadera sorpresa de la noche: el 19,1% alcanzado por el partido Por la Vida y los Valores, cuya lista lideró Ramón Amarilla, el suboficial retirado que fue referente de la protesta policial de mayo de 2024, preso en el penal de Cerro Azul desde septiembre del año pasado acusado de “sedición”. Cuarto, con un digno 8,8%, se ubicó el Partido Agrario y Social (PAyS) del dirigente Héctor “Cacho” Bárbaro.

Por su parte, Unidos por el Futuro, el frente de retazos del PRO y la UCR que llevó como candidato a Santiago Koch, quedó relegado a un 5,9%, superado incluso por una de sus figuras díscolas: el “radical peluca” Martín Arjol, que compitió con el sello del Partido Libertario, alcanzando el 8,3% de los votos. En tanto, Mónica Gurina, referente sindical docente y cabeza del frente Confluencia Popular por la Patria, quedó séptima, con el 2,4%. Una dispersión del mapa opositor que fue funcional al esquema rovirista, que resistió el avance libertario sin mostrar músculo, pero con eficacia quirúrgica.

Además, la participación fue apenas del 55,4% de un padrón de más de un millón de personas, un porcentaje aún menor al 57,4% que se había registrado en las elecciones provinciales de 2021, cuando Misiones fue la primera provincia en ir a las urnas después de la pandemia de Covid-19. Esta vez, sin embargo, en algunos municipios, como San Pedro, el ausentismo fue aún mayor, con apenas el 51% de participación. Zonas afectadas por la desregulación del sector yerbatero —una de las consecuencias del ajuste libertario— mostraron desinterés o rechazo al sistema.

Pero la jornada electoral no solo estuvo marcada por la apatía: también fue atravesada por denuncias de la oposición y una sospechosa lentitud en el escrutinio. El conteo oficial quedó paralizado por más de dos horas con apenas el 45% de las mesas cargadas, lo que desató una ola de críticas de los candidatos opositores, sobre todo libertarios y radicales. “Qué turbio esto”, deslizó un alto funcionario del gobierno nacional ante elDiarioAR, cuando pasaban los minutos y la web del Centro de Cómputos no se actualizaba. El resultado final se conoció recién pasada la medianoche.

577 días después

Pasadas las 22.30, cuando la carga de datos volvió a moverse, en el búnker de la Renovación —la llamada Casa del Militante, en Félix de Azara casi Entre Ríos— comenzó a tomar forma un festejo medido. Fue entonces cuando Rovira rompió un silencio que llevaba 577 días: rodeado de su tropa, agradeció el respaldo de la militancia y reivindicó el rumbo del proyecto renovador. La última vez que había hablado en público había sido el 9 de noviembre de 2023, en el acto de cierre de campaña con Sergio Massa en Misiones, antes del balottage presidencial. Esta vez no hubo euforia. Solo un mensaje sereno, para marcar la línea de continuidad.

Rovira agradeció al electorado por el respaldo: “Vayan mis saludos y mi agradecimiento a todo el pueblo de la provincia que ha dado una gesta, como siempre, contundente de la democracia”, expresó el mandamás provincial, escoltado por el gobernador Hugo Passalacqua. Además, destacó la amplitud ideológica y generacional de la nueva conformación de su espacio, al resaltar el protagonismo juvenil y la diversidad interna: “Hoy se consagró la Renovación Neo y Blend, con jóvenes de pensamiento liberal, peronista, radical e independiente. Esto no se ve en ningún otro lugar del país”, afirmó.

Durante su breve discurso, Rovira habló del proyecto político provincial como una experiencia única en Argentina, al que definió como “una mezcla mística de arraigambre y determinación”, y reafirmó el compromiso del espacio con la continuidad y la representación plural. “La Renovación sigue levantando las banderas de antes, de ahora y del futuro, con fuerza, juventud y compromiso con lo que falta”, cerró.

Mientras tanto, a escasos 150 metros de allí, en el hotel Julio César, donde funcionó el búnker de La Libertad Avanza, se retorcían de la indignación. El evento no contó con representantes del Gobierno nacional, pero sí mensajes de denuncia. Diego Hartfield publicó en su cuenta de X: “Las planillas que vimos nos dan muy competitivos en todas las ciudades grandes”, y reclamó la publicación de los datos completos. Adrián Núñez, presidente del partido en la provincia, fue aún más tajante: “El resultado no está cerrado y vamos hacia una definición que va a marcar un giro histórico en la provincia”.

Divide y reinarás

Un episodio ilustró de la mejor manera la capacidad del aparato rovirista para moldear la política misionera a su antojo: el intento de excluir a las fuerzas de seguridad del padrón electoral. La decisión del Tribunal Electoral —que en Misiones no actúa sin el aval de Rovira— se amparó en una cláusula de 1958 y apuntaba directamente a Ramón Amarilla, cuya base de apoyo se concentra en sectores uniformados. La maniobra fue denunciada como una proscripción encubierta. Pero días después, el propio gobierno provincial la desactivó: a instancias del gobernador Passalacqua, el procurador Carlos Giménez impulsó una salida política que el Superior Tribunal de Justicia terminó oficializando. El sistema se cerró y se abrió a la vez: bloqueó, habilitó, ordenó y dividió. El resultado, a la vista.

El caso Amarilla fue decisivo. No solo porque logró una banca desde la cárcel, sino porque su candidatura partió el voto “anti-renovador” que podría haberse concentrado en La Libertad Avanza. Además, su sello Por la Vida y los Valores, que lo llevó como cabeza de lista, estuvo atravesado por sospechas: la segunda en la boleta, Rita Flores, fue acusada durante la campaña de ser una “infiltrada” de la Renovación. Sin ir más lejos, el propio Amarilla llegó a desconocerla públicamente durante una entrevista, al igual que hizo con Walter Ríos, otro de los candidatos de su espacio, ahora también, al igual que Flores, legislador electo.

Con el diario del lunes, la estrategia rovirista de mimetización con el discurso de Milei —lo que dieron en llamar “blend”, en referencia a una supuesta mixtura ideológica— y la inclusión de candidatos afines a “las ideas de la libertad” dentro de la propia boleta oficialista, parece haber tenido un efecto relativo. La verdadera clave estuvo en dividir el voto opositor. El giro “libertario” fue solo un complemento.

Por otro lado, la elección de este domingo también dejó claro que el salto entre el fenómeno Milei y la construcción territorial no es automático. Misiones fue una de las provincias donde el Presidente arrasó en el balotaje de 2023 —sacó 56% de los votos—, pero esa energía no se transformó en estructura. Hartfield encabezó la única boleta libertaria con aval de la Casa Rosada, pero quedó atrapados en la lógica rovirista: un ecosistema que integra, disuelve o margina según convenga.

El Frente Renovador de la Concordia pasó la prueba. Pero no cómodamente. Y esa diferencia simbólica puede ser el dato político más relevante de la jornada. Porque la hegemonía sigue firme, pero dejó de ser automática. Resta saber si los cinco legisladores de La Libertad Avanza que ingresarán al recinto en diciembre ejercerán como oposición real o si terminarán absorbidos por la lógica integradora del oficialismo, que hasta ahora ha sabido digerir todo lo que le disputó poder. Rovira volvió a ganar, pero esta vez con un dato nuevo: ya no gana sin ruido.

PL/MC

Los comicios para las elecciones legislativas de la provincia de Misiones cerraron a las 18 de hoy y los primeros resultados se conocerán cerca de las 21, indicaron fuentes oficiales y agregaron que voto el 57% del padrón electoral. Los resultados oficiales se podrán en el sitio www.elecciones2025.misiones.gov.ar.

El ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, afirmó durante la mañana que los primeros resultados provisorios se conocerán a partir de las 21. Para estos comicios hubo un total de 1.002.188 ciudadanos habilitados para votar, lo que representa un incremento del 2,23% respecto a las últimas elecciones de 2023.

El hombre fuerte de la provincia, Carlos Rovira, y el actual gobernador, Hugo Passalacqua, impulsan la lista del Frente Renovador de la Concordia (FRC), con la que buscan mantener su hegemonía y que está encabezada por el candidato Sebastián Macias.

El oficialismo es el que más bancas pone en juego en estos comicios, ya que ostenta 11 de las 20 escaños que se renovarán en este turno electoral.

Por su parte, La Libertad Avanza (LLA) lleva una lista propia, encabezada por el ex tenista Diego Hartfield e integrada también por el presidente del partido en Misiones, Diego Núñez.

El peronismo no presentó lista, porque está intervenido por decisión de la presidenta del PJ nacional, Cristina Kirchner, por lo que el justicialismo local respalda la boleta “Confluencia Popular por la Patria”, encabezada por Olga Gurina e integrada por varios sindicalistas locales.

El radicalismo, el macrismo y la Coalición Cívica compiten juntos en una boleta bajo el nombre “Unidos por el Futuro”, con Nicolás Santiago Koch a la cabeza, en tanto los radicales “con peluca”, denominados así por su cercanía al presidente Javier Milei, participan con una lista propia denominada Partido Libertario y encabezada por Martín Alfredo Arjol.

Ex gobernador de Misiones advierte sobre el abstencionismo: “Mensaje para todo el arco político”

El ex gobernador de Misiones Maurice Closs advirtió hoy sobre un eventual alto nivel de abstencionismo en las elecciones legislativas de esa provincia, al afirmar que vislumbraba una “apatía traducida en ausencias” y que eso significaba un “mensaje para todo el arco político”.

“Recien voté y no está para frases armadas de participación y democracia. Se siente frío en el amplio sentido de la palabra.

Apatía traducida en ausencias. Mensaje para todo el arco político.

Viene pasando en todo el país“, expresó el ex mandatario desde sus redes sociales después de haber emitido su sufragio.

Closs fue gobernador de Misiones por el oficialista Frente Renovador de la Concordia por dos períodos, de 2007 a 2015, y luego se desempeñó como senador por Misiones desde 2017 a 2023.

Misiones elegía hoy a sus representantes en la Legislatura local, donde se renuevan 20 de 40 las bancas de la unicameral, además de intendentes y concejales, en otro de los desdoblamientos provinciales del año.

MU con información de la agencia NA

La elección de este domingo en Misiones estará cruzada por una doble incógnita: cuántos votos logrará retener el Frente Renovador de la Concordia —que gobierna la provincia hace más de dos décadas sin mayores sobresaltos— y cuántos podrá capturar el debut de La Libertad Avanza como fuerza local en un territorio donde Javier Milei arrasó en 2023. Con una boleta encabezada por el extenista Diego Hartfield, el espacio libertario sale por primera vez a buscar bancas en la Legislatura, que renueva 20. El contexto es singular: el pacto de gobernabilidad entre la Casa Rosada y el mandamás provincial Carlos Rovira goza de buena salud, pero esa armonía no impidió que en la última semana la campaña se polarizara y que los libertarios adoptaran un tono decididamente opositor.

El desembarco de Karina Milei, a pocos días de los comicios, acrecentó la incertidumbre en las filas roviristas. No solo reforzó la candidatura de Hartfield, que hasta entonces había sido minimizada por el oficialismo, sino que escenificó una inédita narrativa de confrontación directa con la Renovación —como también se conoce al oficialismo misionero. La encargada en marcar esa línea fue Patricia Bullrich, que también se hizo presente junto a la hermana del Presidente.

“En muchas provincias el Estado no se achica, lo agrandan. Como en el caso de Rovira en Misiones”, lanzó la minitra de Seguridad durante su visita a la tierra colorada, en lo que fue el señalamiento más explícito a la figura del líder provincial. La frase contrastó con los acuerdos que ambos sectores vienen sosteniendo a nivel legislativo —el affaire Ficha Limpia fue su expresión más retorcida. Y tensó, hacia adentro, una relación donde los guiños siempre fueron más fuertes que las críticas.

La reacción oficial no tardó en llegar. En la costanera de Posadas, casi la totalidad de los carteles de campaña de La Libertad Avanza —con la leyenda “Hartfield es Milei”— amanecieron rotos. Fue un ataque que se sumó a otro gesto que había tenido lugar en los días previos, cuando el gobierno provincial intentó instalar que Karina se había bajado de una visita a Iguazú para despegarse del armado local. El ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, escribió en X que la secretaria general de la Presidencia no había querido “quedar pegada” a Hartfield. La desmentida llegó en los hechos.

Pero fue la caminata que “El Jefe” realizó en Oberá la que expuso la otra cara del vínculo de Milei con la provincia. Un grupo de tareferos y productores yerbateros protestó al paso de la comitiva con pancartas que rezaban “Milei, no somos la casta, somos tareferos”. Hubo gritos, empujones y hojas de yerba lanzadas sobre los militantes, en reclamo por la desregulación del sector debido al vaciamiento del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). Karina debió retirarse en camioneta, aunque la situación no pasó a mayores.

Más allá del ruido, la elección será una nueva validación para Rovira, que no es candidato, no da entrevistas y su último discurso público fue en noviembre de 2023. Pero todos los caminos conducen a él. Desde hace más de dos décadas, estructura la política misionera como un campo magnético: atrae, ordena, disciplina. Fue gobernador entre 1999 y 2007, presidió la Cámara de Representantes durante 16 años y hoy es, formalmente, apenas un diputado. Pero sigue siendo el centro de gravedad de todo.

El Frente Renovador NEO —como Rovira rebautizó a su fuerza política, bajo la consigna “Misiones nos importa”— funciona como una maquinaria electoral que convierte cada comicio en una ratificación del orden. Conformado por 33 sellos partidarios, despliega una red que llega hasta el último rincón de la provincia. En la categoría de concejales, la Ley de Lemas es clave: permite que gane la lista que más voluntades sume, incluso si su candidato no es el más votado. Solo en Posadas, la Renovación presentó 17 sublemas. Lo que parece dispersión en realidad es concentración: cada lista engrosa a la totalidad.

El mecanismo renovador es tan cerrado como eficiente. Un episodio reciente dejó a la vista sus reflejos defensivos. A pocos días de la elección, el Tribunal Electoral provincial intentó excluir a todos los policías y fuerzas de seguridad del padrón electoral, amparándose en el artículo 48 inciso 10 de la Constitución de 1958. El efecto político fue inmediato: la candidatura del suboficial retirado Ramón Amarilla —detenido por liderar la protesta policial de 2024— quedaba en jaque. Sin sus pares, su base electoral se achicaba drásticamente.

Desde la oposición se denunció la maniobra como una proscripción encubierta. La tensión creció hasta que se produjo el giro. A instancias del gobernador Hugo Passalacqua, intervino el fiscal de Estado. El procurador Carlos Giménez emitió una recomendación al Superior Tribunal de Justicia, que finalmente habilitó el voto de los efectivos en actividad. La medida, que contradice el texto constitucional, se apoyó en antecedentes recientes. No fue una concesión a Amarilla. Fue un movimiento de contención.

Oposición fragmentada

En la lista de La Libertad Avanza, Diego Hartfield será secundado por Samantha Stekler —titular del PAMI local— y, en el tercer lugar, Adrián Núñez, referente local con denuncias internas por supuestos pedidos de diezmos. “En Misiones ya ganó Milei. Ahora hay que llevar la libertad a la Legislatura”, repiten en cada acto. Se trata de la única oferta con aval de la Casa Rosada. Pero no están solos. También compiten otras dos listas que se autoproclaman “libertarias”: una del diputado nacional Martín Arjol, expulsado de la UCR por “peluca”, con el sello del Partido Libertario, y otra la que encabeza desde la cárcel Amarilla, que compite por el partido Por la Vida y los Valores. Si supera los 25.000 votos, podría asumir y recuperar la libertad.

La Renovación, que renueva 11 bancas, ejecuta otra estrategia: mimetizarse con el rival. En vez de acordar formalmente con los libertarios, Rovira fabricó los suyos. Los agrupó bajo la marca “Blend” y los puso en su propia boleta legislativa, encabezada por Sebastián Macías, titular de Vialidad Provincial. Jóvenes, técnicos e influencers como Aryhatne Bahr, Juan Manuel Rodríguez y Victoria Cáceres completan la nómina, que ocupan el sexto, séptimo y décimo lugar, respectivamente.

Por fuera de esos dos polos, el resto de la oferta opositora se diluyó. El frente Unidos por el Futuro, que junta los retazos de lo que alguna vez fue Juntos por el Cambio, lleva al radical Santiago Koch, aunque sin demasiado volumen. La alianza conformada por la UCR y el PRO perdió volumen luego de que Activar, el partido del legislador Pedro Puerta, decidió no jugar en estas elecciones tras la caída en desgracia de su exsocio Germán Kiczka, hoy preso por consumo y distribución de material de abuso sexual infantil. Para Rovira, fue una revancha silenciosa frente al hijo de su viejo rival.

Más a la izquierda del espectro, el único frente con discurso frontal contra el rovirismo y el mileísmo es Confluencia Popular por la Patria, liderado por la sindicalista Mónica Gurina. Agrupa a Unidad Popular, Encuentro Ciudadano y sectores de La Cámpora, además de contar con la bendición de los interventores del PJ que impuso Cristina Kirchner desde Buenos Aires.

Gurina enfrenta una causa judicial: en noviembrepasado, el juez Miguel Mattos elevó a juicio un expediente por “desobediencia judicial y entorpecimiento del normal funcionamiento del transporte”, tras el acampe docente sobre la avenida Uruguay de Posadas en mayo de 2024 del que también participó Amarilla.

En paralelo, Héctor “Cacho” Bárbaro, exdiputado nacional y conductor histórico del Partido Agrario y Social (PAyS), se presenta con una lista propia luego de romper públicamente con Cristina Brítez, la líder camporista misionera. La pelea entre ambos terminó de fracturar el último intento de unidad peronista en la provincia.

Este domingo en Misiones se votan mucho más que nombres: se mide la elasticidad del régimen renovador, la potencia del sello libertario sin Milei en la boleta y la capacidad de una fuerza política avezada para contener, mimetizar o neutralizar cualquier amenaza. La maquinaria de Rovira vuelve a encenderse. Pero esta vez, algo se tensiona.

PL/MG

A ocho días de las elecciones provinciales en Misiones, Karina Milei aterrizó este viernes en la tierra colorada y reactivó su gira por el interior con una visita a la ciudad de Oberá, donde encabezó una caminata junto a Martín Menem, el extenista Diego Hartfield —primer candidato libertario a diputado provincial— y Adrián Núñez, presidente de La Libertad Avanza local. La actividad fue la segunda protagonizada por la secretaria general de la Presidencia en territorio misionero en menos de seis meses —había pisado Posadas en diciembre pasado—, y marcó un nuevo impulso a la campaña de la única lista autorizada oficialmente por la Casa Rosada.

Desde el mediodía, el centro de Oberá se convirtió en una escena de alto voltaje político. Entre locales y comerciantes que recibían a la hermana del Presidente con entusiasmo, no tardaron en aparecer los sectores críticos. Un grupo de productores yerbateros y tareferos, afectados por la desregulación de la actividad que impulsó Javier Milei apenas asumido, se apostó en el centro cívico con pancartas que denunciaban el abandono del sector. “Milei, no somos la casta, somos tareferos. Nos prometiste otra cosa”, rezaba uno de los carteles. Otro exigía “precio justo para la yerba mate”.

La tensión escaló cuando, al paso de la comitiva libertaria, comenzaron a lanzar hojas de yerba sobre los militantes que acompañaban la recorrida y se produjeron empujones, gritos e insultos que obligaron a la intervención de la custodia presidencial. En medio de la agitación, se escucharon arengas como “Hartfield es Milei” y, del otro lado, respuestas como “Fuera de acá, porteños. Misiones no es para amarillentos”. Karina Milei logró subir a la camioneta sin más sobresaltos y se retiró del lugar.

La agenda continuó por la tarde en Posadas, donde se sumó a la comitiva la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ya formalmente integrada al esquema libertario. Bullrich acompañó a Karina y a Menem en una nueva caminata por el centro de la capital provincial, con punto de inicio en la intersección de Colón y Entre Ríos. Más tarde, ambas participaron de una reunión con candidatos y sublemas en el salón principal del Hotel Julio César, en un acto en el que también estuvieron presentes Hartfield y Núñez.

En su segunda actividad del día en Misiones, los principales referentes nacionales y provinciales de La Libertad Avanza recorrieron varias cuadras de la ciudad capital entre saludos, selfies y gritos de apoyo. Al final del trayecto, ya en la mesa de trabajo con dirigentes locales, tomaron la palabra uno a uno. “Este país será libre, de una vez y para siempre. Yo vivo para que La Libertad Avanza esté en todo el país”, dijo Karina. A su turno, Martín Menem destacó el rol de la hermanísima en tanto “arquitecta” del armado nacional y echó un manto de sospecha sobre la transparencia del sistema electoral misionero: “No alcanza con ganar, hay que cuidar cada voto”.

Sin embargo, fue Bullrich la única que se refirió abiertamente al poder local. “En muchas provincias los argentinos no ven que el Estado se está achicando, porque allí lo mantienen o incluso lo agrandan, como el caso de Rovira en Misiones”, lanzó la ministra de Seguridad, en un mensaje que contrastó con la cautela general del espacio. Por su parte, Hartfield agradeció el acompañamiento de los vecinos. Y Núñez cerró con tono militante: “En Misiones ya ganó Javier Milei. Tenemos que seguir construyendo el faro de la libertad: vamos a triunfar”.

La semana pasada, Menem ya había estado en Iguazú, pero en esa ocasión viajó solo, sin Karina. Esa ausencia parcial fue aprovechada por el oficialismo provincial del Frente Renovador de la Concordia para sembrar dudas sobre el respaldo nacional a la lista libertaria. Adolfo Safrán, ministro de Hacienda provincial, escribió en X: “#HartfieldMiente. Queda evidenciada una vez más la forma de hacer política de algunos referentes: la mentira. Karina Milei se bajó de la visita a la provincia para no quedar pegada a él, lo que muestra que Hartfield no cuenta con el apoyo de los Milei ni del pueblo misionero”.

La jugada quedó expuesta este viernes, cuando la secretaria general de la Presidencia no solo llegó a Misiones, sino que protagonizó dos caminatas y encabezó un acto junto a los candidatos. La desmentida fue en los hechos, y dejó al oficialismo local en una posición incómoda: el intento de confundir al electorado se desarmó en tiempo real.

Desafío misionero

La elección legislativa del 8 de junio renovará 20 de las 40 bancas de la Legislatura unicameral. La Libertad Avanza no tiene representación actualmente en el cuerpo, por lo que cualquier banca obtenida significará una ganancia directa. El problema para los representantes de Milei es la dispersión: además de la lista oficial de Hartfield, competirán otras dos referenciadas en el “libertarianismo”. Una de ellas es encabezada por el diputado nacional Martín Arjol, uno de los “radicales peluca”, que fue desplazado de la UCR y ahora competirá con el sello del Partido Libertario. La otra, más disruptiva aún, postula desde la cárcel a Ramón Amarilla, líder de la revuelta policial de 2024, hoy detenido en la Unidad Penal VIII de Cerro Azul.

Esa fragmentación favorece al Frente Renovador de la Concordia, que controla la provincia desde hace más de dos décadas y hoy pone en juego 11 bancas. Sin haber cerrado un acuerdo formal con La Libertad Avanza, el espacio que comanda el exgobernador Carlos Rovira incluyó en su boleta a tres figuras “libertarias” —Aryhatne Bahr, Juan Manuel Rodríguez y Victoria Cáceres—, al tiempo que, de cara a octubre, el segundo lugar en la lista de diputados nacionales sería para otra renovadora que dice referenciarse en Milei: la abogada Micaela Gacek, actual subsecretaria de Coordinación General de Gabinete del gobernador Hugo Passalacqua.

A diferencia de Chaco, donde el radical Leandro Zdero selló una alianza abierta con Milei, Rovira eligió otra vía: absorber la ola violeta y crear a sus propios “libertarios”. La estrategia, cada vez más explícita, es la de una mimetización, que muchos no dudan en calificar de un intento de lisa y llana “infiltración”. En el mapa discursivo de Misiones, hay momentos en que parece que el mandamás provincial dijera: “Milei soy yo”.

El vínculo entre Milei y Rovira, en rigor, tampoco es malo. Comenzó en 2021, cuando ambos mantuvieron una reunión reservada. Aunque las señales de acercamiento se multiplicaron con el tiempo, en 2023 hubo un momento de tensión: Misiones fue una de las pocas provincias donde La Libertad Avanza no presentó candidatos ni a diputados ni a senadores. No fue casual. La Justicia Electoral local impugnó con minuciosidad el armado libertario, bajo presión del oficialismo provincial.

Esa maniobra le permitió a la Renovación quedarse con dos bancas propias y bloquear la irrupción de un nuevo actor que hubiera puesto en riesgo su hegemonía. Durante la campaña, aunque sus legisladores nacionales iban pegados a la boleta de Sergio Massa, en los barrios comenzaron a circular ejemplares cortados con Milei presidente. En voz baja, desde la Renovación justificaban el operativo: “No vamos a regalar el territorio”.

A partir del triunfo libertario en el balotaje, la convivencia se hizo explícita. En abril de 2024, el entonces ministro del Interior, Guillermo Francos, y Eduardo “Lule” Menem viajaron a Posadas y se reunieron con Rovira. El entendimiento fue simple: respaldo legislativo a cambio de fondos y autonomía. Misiones terminó siendo una de las provincias más beneficiadas con transferencias discrecionales de la Nación durante el primer tramo de la gestión. Esa alianza silenciosa se terminó de sellar en la firma del Pacto de Mayo en Tucumán, con el gobernador Passalacqua junto a Milei en la foto oficial.

Ficha limpia y después

En La Libertad Avanza de Misiones reconocen, por lo bajo, que existe un pacto de gobernabilidad con Rovira, al que no conviene tensar más de la cuenta. Por eso, en la Casa Rosada se cuidan de no ir a fondo con las críticas, incluso cuando el bloque misionero se aparta de la línea oficial. Pero eso no les impidió presentar una lista propia en la provincia y motorizar la campaña del extenista Diego Hartfield con el respaldo directo de Karina Milei. El juego es doble: preservar la buena vecindad sin resignar proyección política.

Pero el pacto subterráneo quedó al desnudo con el escándalo por el rechazo al proyecto de ficha limpia en el Senado. A principios de mayo, los dos senadores misioneros, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, quedaron en el ojo de la tormenta luego de votar en contra de una iniciativa que el oficialismo libertario había hecho propia en la retórica pública. En los pasillos del Congreso, nadie dudó de que había sido una jugada para evitarle a Milei un costo político directo. El Presidente intentó despegarse con una escena televisiva forzada: durante una entrevista en Telefe, estiró su brazo hacia la periodista Mariana Brey y le ofreció su celular. “Decime si hay un llamado a Rovira”, dijo, mientras la cámara captaba la escena entre el morbo y la incredulidad.

Según testigos de una reunión cerrada, el propio Rovira les dijo a sus legisladores que el pedido de votar contra ficha limpia había llegado desde la Casa Rosada. El jueves siguiente, frente a unas 150 personas en el Salón de las Dos Constituciones de la Legislatura, su fortaleza política, reafirmó su visión de que el proyecto era una jugada electoral del macrismo para potenciar a Silvia Lospennato en la disputa porteña. Días después, con la victoria de Manuel Adorni y la derrota del PRO en su bastión histórico, los principales funcionarios misioneros celebraron con el hashtag #RoviraTeníaRazón.

Pero Rovira está preocupado. Más allá de los acuerdos de gobernabilidad, Milei es peligroso: ganó el ballotage con el 56% de los votos y las últimas encuestas lo muestran con alrededor de 50 puntos de aprobación en la provincia. La apuesta de Karina, Bullrich y Menem es que aquella sintonía con el electorado se vuelva a replicar este año, pero sin el Presidente en la boleta. La duda es si una sola lista puede capitalizar un voto fragmentado, en un distrito que funciona bajo la lógica de la Ley de Lemas —norma que permite que, a la hora del escrutinio, se sumen los votos de cada sublema y gane el lema que tiene más, aún cuando el candidato ganador no sea el más votado— y donde el oficialismo juega con todos los recursos. La suerte está echada.

PL/MC

“Roma no paga traidores”, dijo Javier Milei para justificar su destrato a Jorge Macri y Victoria Villarruel este 25 de mayo, pero el Gobierno sí parece pagar favores. Menos de un mes después de la escandalosa votación en el Senado que hizo fracasar el proyecto de ficha limpia, con el giro a último momento de dos legisladores por Misiones, Patricia Bullrich reforzó la frontera de esa provincia con Brasil.

Cuidadosa de dar señales sugestivas, la funcionaria no viajó a Misiones para lanzar el plan, como sí hizo cuando presentó el alambrado de 200 metros en Salta, y prefirió exponer el programa desde la sede de su ministerio.

Este lunes la ministra de Seguridad lanzó el llamado Plan Guaçurarí, por el que destina efectivos de Gendarmería y otras fuerzas para saturar una de las zonas más permeables y complejas del noreste argentino, especialmente en la localidad de Bernardo de Irigoyen. Se trata de un tramo de 25 kilómetros de frontera seca, de difícil acceso y sin barreras naturales. El plan tendrá una duración inicial de 180 días, con posibilidad de prórroga, y buscará intensificar los patrullajes motorizados, los controles pedestres, la vigilancia aérea con drones y operativos sorpresa en días de alta circulación, como fines de semana largos y eventos públicos.

A principios de mes los senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut dieron vuelta su voto y rechazaron el proyecto de ficha limpia, lo que hizo fracasar el proyecto que ya tenía media sanción de Diputados. El episodio derivó en una serie de acusaciones lanzadas por Milei contra el kirchnerismo y el PRO, pero luego se supo que el mandamás misionero Carlos Rovira admitió ante los suyos que él había ordenado votar contra ficha limpia para darle “institucionalidad” al Gobierno. 

En su momento se supo que Misiones fue la provincia más beneficiada por los ATN girados desde Nación: $13.000 millones sobre $45.000 millones totales. Este lunes se oficializó en el Boletín Oficial el lanzamiento del Plan Guaçurarí y Bullrich hizo una presentación desde la sede de su cartera.

La conducción operativa del programa estará a cargo de la Gendarmería, con participación de la Policía Federal, la Prefectura Naval, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal. También intervendrán enlaces del Ministerio Público Fiscal de la Nación, del fuero provincial y se convocará a la Policía de Misiones para tareas de coordinación, según se comunicó. Habrá, además, cierto trabajo coordinado con autoridades brasileñas, como la Policía Federal de Santa Catarina y los intendentes de las localidades fronterizas del vecino país.

“Cada metro sin control es un metro ganado por el crimen”, remarcó Bullrich al final de la presentación. Bullrich habló desde la Sala de Situación del Comando Unificado del Ministerio de Seguridad, acompaña por los titulares de Migraciones, Sebastián Pablo Seoane, y Aduanas, José Andrés Velis; el jefe de la Policía Federal Argentina, Luis Alejandro Rolle; el jefe de la Prefectura Naval Argentina, Guillermo Giménez Pérez, y el jefe del Servicio Penitenciario Federal (SPF), Fernando Martínez.

“La idiosincrasia local se ha entrelazado con la actividad de bandas criminales”, detalla la resolución sobre la iniciación del plan. “Algunos ofician de intermediarios influenciados por los grupos criminales brasileños”. Entre los grupos identificados figuran el Primer Comando Capital (PCC) y, en menor medida, el Comando Vermelho, ambos de origen brasileño. 

El nuevo plan está en línea con el alambrado de apenas 200 metros que Bullrich mandó construir en Aguas Blancas, en Salta, en la frontera con Bolivia.

MC

A menos de tres semanas de las elecciones provinciales en Misiones, el Tribunal Electoral local dictó una resolución que generó una ola de repudios en las últimas horas: prohibió votar a policías y miembros de las fuerzas de seguridad, tanto nacionales como provinciales, amparándose en una cláusula de la Constitución misionera. La medida, adoptada mediante el Acta Acuerdo N°1221, afecta directamente al universo que rodea al suboficial retirado Ramón Amarilla, detenido hace siete meses y actualmente candidato a diputado provincial desde la cárcel.

La resolución establece que, el 8 de junio próximo “no podrán votar los soldados pertenecientes a las fuerzas armadas ni los agentes de las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales”, en línea con el artículo 48 inciso 10 de la Constitución de Misiones. Para cumplir con esa norma, el Tribunal recibió y oficializó las listas de personal activo enviadas por las autoridades de Gendarmería, Ejército, Prefectura, Policía de Misiones, Policía Federal, Servicio Penitenciario, Seguridad Aeroportuaria y hasta el Liceo Naval Almirante Storni. En cada caso, se ordenó la tacha de esos votantes del padrón electoral.

Aunque se presenta como una aplicación técnica de la normativa vigente, la decisión tiene claras implicancias políticas. Amarilla, que se convirtió en símbolo de la protesta policial que puso en jaque al poder del “misionerista” Frente Renovador de la Concordia en 2024, necesita unos 25.000 votos para lograr una banca en la Legislatura. La prohibición de que voten sus camaradas en actividad limita severamente su base electoral.

Desde la oposición no dudaron en denunciar la maniobra. “Esto es un intento de proscripción encubierta. Saben que Amarilla es competitivo incluso desde la cárcel y quieren anularlo”, apuntó un dirigente misionero que no forma parte del espacio y que prefirió resguardar su identidad. Por su parte, Rita Flores, dirigente libertaria y segunda en la lista “Fuerza y Compromiso con Misiones”, fue más allá: “Por más que sea legal, esta decisión carece de legitimidad”, sostuvo en diálogo con elDiarioAR. Explicó que la cláusula en la que se basa la inhabilitación —incluida en la reforma constitucional de 1988—, “al haber sido post dictadura, tenía algún sentido, pero pasado el tiempo ya es una ley que ha quedado totalmente obsoleta”.

En los pasillos judiciales y políticos de Posadas, se da por hecho que el oficialismo provincial, acorralado por el malestar social y la amenaza del avance libertario, busca blindarse incluso a costa de las formas institucionales. Sin embargo, justifican la medida con una defensa institucional del rol de las fuerzas. Roque Gervasoni, exdiputado provincial y actual presidente del Instituto de Macroeconomía Circular (IMaC), una de las espadas más activas de la Renovación en redes sociales, sostuvo en Facebook que “están trastocados los valores y la interpretación de lo que es la política”.

“La policía está para resguardar derechos, sostener el juramento de defender los valores de la democracia”, indicó el funcionario, para quien la fuerza “no debe identificarse con ningún partido político, credo religioso o grupo social determinado”. En ese sentido, consideró que “tener un candidato que supuestamente represente a los uniformados desvirtúa la situación” y que esa distorsión fue la que motivó la intervención del Tribunal Electoral.

“El estado de confusión total que intentan instalar representa la idea de una fuerza policial gobernando. Retazos de dictadura. Un puñado de sediciosos hoy nuevamente intenta confundir a la sociedad misionera y marcar una grieta. No han entendido que no es por ahí”, concluyó Gervasoni.

Punto de inflexión

El caso Amarilla sintetiza el punto de inflexión que vivió Misiones hace exactamente un año. En mayo de 2024, docentes, policías y trabajadores estatales salieron a las calles en un estallido social sin precedentes desde que Carlos Rovira consolidó su hegemonía hace ya más de 20 años. Las protestas llegaron hasta la puerta de su casa. La respuesta no fue la negociación: fue la represión judicial. Ocho efectivos de la Policía provincial fueron detenidos y acusados de sedición, entre ellos Amarilla, quien —según la acusación— habría participado de un grupo de WhatsApp donde se planeaba tomar autobombas y ocupar dependencias policiales.

Preso en la carcel de Cerro Azul, a 70 kilómetros de Posadas, Amarilla sostiene que su detención tiene fines ejemplificadores ya que el proceso judicial está sin avanzar. “Quieren meter miedo, que nadie más se anime a reclamar. Pero yo no me voy a callar”, le habría dicho a sus allegados. Su entorno denuncia irregularidades en la causa: desde incomunicación arbitraria hasta pruebas armadas con mensajes de WhatsApp fuera de contexto. “Toda esta causa se desarrolló de manera ilegal”, le dijo el año pasado a elDiarioAR Matías Orrego, hermano de otro de los policías detenidos.

Ahora, con una boleta oficializada, Amarilla intenta transformar su encarcelamiento en bandera electoral. Encabeza la lista “Fuerza y Compromiso con Misiones”, una alianza que busca canalizar el malestar de las bases policiales y docentes frente al oficialismo. La eliminación del voto de las fuerzas de seguridad representa un nuevo escollo. Pero también deja al descubierto algo más profundo: el sistema político misionero, que durante años se jactó de su gobernabilidad, hoy se defiende como un régimen asediado.

“Acá está en juego el pedido de justicia”, remarcó Flores. Y completó: “Le pedimos a la comunidad misionera que vote masivamente por Amarilla para ponerle un freno a este atropello”.

PL

“Decime si hay un llamado a Rovira”. Javier Milei estiró el brazo y le acercó el celular a la periodista Mariana Brey, que no pudo disimular su incomodidad. “Revisá todo lo que quieras, yo no tengo problemas; los verdes son los llamados que yo hice”, insistió el Presidente, mientras la cámara de Telefe captaba el gesto con una mezcla de morbo y sorpresa. La escena, ocurrida en plena entrevista televisiva, buscaba desactivar una versión que ya hacía ruido en Casa Rosada: que el rechazo de los senadores misioneros al proyecto de Ficha Limpia había sido acordado con el mandamás misionero Carlos Rovira. Pero la desmentida llegó tarde. Para entonces, el silencio oficial ya se había interpretado como señal de connivencia. Y el nombre del líder provincial, tras años de bajo perfil, volvía a ocupar un lugar en el centro del poder.

El exgobernador de Misiones no necesita hablar para que se entienda que sigue vigente. No lo hace desde un cargo ejecutivo ni desde el atril de un acto masivo, sino desde su puesto de diputado raso, sin estridencias. Hace más de 17 años que ocupa una banca en el hemiciclo de la Legislatura misionera: primero como presidente del cuerpo y ahora, desde 2023, como uno más. Aunque cualquier mínimo conocedor de las vicisitudes de la tierra colorada sabe que lejos está de serlo.

Reverenciado casi como una deidad por sus acólitos, “el Ingeniero” maneja las riendas de la provincia que supo gobernar entre 1999 y 2007 con mano de hierro y guante de seda, sin que nada escape a su radar. En su estilo austero y hermético, descubrió hace tiempo la fórmula del poder perdurable: aferrarse al terruño, consolidar estructura y ejercer el mando sin exponerse. Rovira no da entrevistas ni aparece en televisión. Su último discurso público fue en noviembre de 2023, junto a Sergio Massa. Desde entonces, silencio.

Hasta que el país volvió a mirarlo. En la última semana, el nombre de Rovira irrumpió con fuerza en la escena nacional. Fue tras el rechazo misionero al proyecto que buscaba prohibirle competir en elecciones nacionales a condenados en segunda instancia, como es el caso de la expresidenta Cristina Kirchner. Dos votos, los de los senadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, bastaron para sepultar una iniciativa que el gobierno libertario había hecho propia en la retórica, pero que nunca terminó de abrazar del todo. La escena pareció un gesto de autonomía del oficialismo provincial, pero en los pasillos del Congreso empezó a circular otra hipótesis: que el Frente Renovador de la Concordia hizo el trabajo sucio para evitarle al presidente Javier Milei un costo político directo.

Esa versión cobró fuerza cuando el mandamás admitió que el rechazo al proyecto había sido parte de un acuerdo con la Casa Rosada. “Era una ley que poco tenía de ‘limpia’”, dijo Rovira, según confiaron a elDiarioAR testigos presenciales de la reunión a puertas cerradas que mantuvo con su tropa al día siguiente de lo ocurrido en el Senado —como cada jueves antes de cada sesión ordinaria de la Legislatura. El sábado 10, La Nación y Clarín llevaron sus dichos a la tapa de sus respectivas ediciones impresas, lo que obligó al propio Milei a salir a desmentirlo. Sin embargo, si bien La Libertad Avanza intentó despegarse del escándalo, nadie en Balcarce 50 salió a cuestionar abiertamente a Rovira. La señal fue elocuente.

La última vez que Rovira había concentrado tanta atención nacional fue en 2006. Entonces, desde su rol de gobernador, buscó reformar la Constitución provincial para habilitar su re-reelección. Contaba con el aval explícito de Néstor Kirchner, quien le pidió “dar la pelea por el proyecto” y convirtió a Misiones en globo de ensayo para otras iniciativas similares en Jujuy y la provincia de Buenos Aires. La oposición se articuló en torno a una figura inesperada: el obispo Joaquín Piña. Su candidatura, bendecida en las sombras por Jorge Bergoglio, desató una batalla cultural que traspasó los límites de la política.

La campaña por el “No” a la reforma se volvió un fenómeno nacional, con marchas multitudinarias, iglesias quemadas y acusaciones cruzadas entre el Gobierno nacional y la Iglesia. El 29 de octubre de 2006, el referéndum se saldó con un resultado inapelable: el 56,5% de los misioneros rechazó la enmienda.

La derrota dejó a Rovira sin re-reelección y sumido en la desolación. Pero, como dice el dicho, “no hay mal que por bien no venga”. En 2007 asumió como diputado provincial, y desde entonces, sin volver a ocupar cargos ejecutivos, ungió y condujo a cada uno de sus sucesores en la gobernación: primero a Maurice Closs (2007-2015), luego a Hugo Passalacqua (2015-2019), después a Oscar Herrera Ahuad (2019-2023), y hoy nuevamente a Passalacqua. Ninguno osó salirse del libreto que él mismo escribió desde la presidencia de la Cámara de Representantes: sin exposición ni confrontaciones innecesarias, aunque no sin privarse de cierto revanchismo.

De “Carlitos” al “conductor”

Amado y temido por igual, Rovira tejió el inigualable poder que hoy ostenta con la paciencia de un monje budista. Su perfil, introspectivo y metódico, lo diferenció desde joven de los militantes apasionados de su generación. Mientras otros se sumaban a la agitación política de la década del 70, él prefería el deporte y el estudio. Se graduó de igeniero químico en la Universidad Nacional de Misiones, pero mucho antes, a sus 22 años, comenzó una carrera como docente que luego sorpresivamente abandonaría. ¿El motivo? Empezar a tabajar junto a un incipiente dirigente del peronismo misionero: Federico Ramón Puerta.

El ingreso de Rovira a la vida política tuvo más de familiar que de ideológico. Su padre, Miguel Ángel “Pichón” Rovira, fue quien se acercó a un viejo conocido suyo de sus años en Apóstoles, el empresario yerbatero Federico Gumersindo “Nene” Puerta, para pedirle un favor: que Ramón incluyera a “Carlitos” en su equipo. Corría 1987 y quien una década más tarde sería presidente por un día, estaba a punto de asumir una banca como diputado nacional por el PJ. Su meta, en realidad, era alcanzar la gobernación de Misiones, que acababa de ser recuperada por el peronismo, de la mano de Julio César Humada, tras el mandato del radical Ricardo “Cacho” Barrios Arrechea, primer gobernador misionero de la democracia.

Rovira se mudó a Buenos Aires como secretario privado de Puerta, pero para eso debió dejar atrás tanto su puesto en la cátedra de Física como la consultoría que en ese momento realizaba para el INTI, en vinculación con el Ministerio de Ecología de la provincia. El trato alcanzado con Puerta fue que, si el proyecto de alcanzar el poder en 1991 fracasaba, él se quedaría trabajando en su empresa.

A partir de ese momento, Puerta adoptó a Rovira como un protegido, aunque siempre dejó en claro la asimetría. La relación fue estrecha pero distante. Ya en los 90, con el yerbatero al frente de la gobernación y “el hijo de Pichón” como presidente de Vialidad provincial, el entonces joven ingeniero se mantuvo alejado de los círculos de tertulia y negocios que rodeaban a su jefe. Sus compañeros de partido llegaron a apodarlo “el mudo” por su silencio en las reuniones, una imagen que con los años se transformó en una marca de estilo. Esa frialdad contenida fue el preludio de una ruptura silenciosa y decisiva.

En 1995, las carambolas de la historia llevarían a Rovira a su primer cargo electivo: ni más ni menos que intendente de Posadas. Desde allí, comenzaría a aceitar su cintura política. Pero no será sino a partir de 1999, ya como gobernador, que se animará a ensayar un liderazgo propio. El quiebre final con Puerta llegaría en 2003, cuando, junto a un grupo de radicales díscolos, fundará el Frente Renovador de la Concordia para emanciparse definitivamente del justicialismo ortodoxo. En esa jugada clave contó con el apoyo directo de Néstor Kirchner, quien lo empujó a lanzarse con una promesa: “Si soy presidente, te doy todo el respaldo”. Meses después, el 28 de septiembre, con el 47,8% de los votos, Rovira le ganaría a quien fuera su padrino político, convirtiéndose así en el primer experimento exitoso de la “transversalidad” kirchnerista.

Desde entonces, su influencia no solo se consolidó en lo político. También se expandió hacia el plano económico. A través de vínculos familiares, como el que mantiene con su suegro Nelson Spotorno —dueño de una de las principales constructoras de la provincia—, su entorno ha estado ligado históricamente a licitaciones clave de obra pública. Aunque no declara bienes, en Posadas nadie ignora que Rovira es uno de los hombres más ricos de Misiones. Su participación en sociedades vinculadas al Estado conforman una fortuna tan ostensible como inverificable. No vive como un político tradicional: tiene una casa con muelle privado sobre el río Paraná, pasa los veranos en París y acumula propiedades que no figuran a su nombre. 

El año en que se rompió la calma

En mayo de 2024, la calma que Rovira había sabido construir desde la derrota del referéndum de 2006 se quebró por primera vez en casi dos décadas. El descontento social explotó en las calles con protestas de docentes, policías y trabajadores de la salud, y la tensión trepó hasta su propio domicilio. La respuesta fue un contraataque sin matices: causas judiciales y posteriores detenciones. Ocho policías fueron acusados de sedición, entre ellos el suboficial retirado Ramón Amarilla, quien será candidato a diputado provincial desde la cárcel en las elecciones del próximo 8 de junio. Fue el punto de inflexión de un año que puso a prueba los límites del modelo rovirista: frente a la presión social y el avance libertario, la reacción no solo fue adaptarse, sino también endurecerse.

Pero el clima de tensión no se limitó a la calle. En los meses siguientes, en el marco del caso Kiczka, el gobierno provincial impulsó la creación de una Fiscalía Especializada en Ciberdelitos, cuya ley insinúa la posibilidad de allanar domicilios en casos de “fake news”. La norma encendió alarmas en la oposición y en organizaciones de derechos civiles, que advirtieron sobre la institucionalización de la censura. En paralelo, se multiplicaron los casos de hostigamiento a tiktokers críticos. Una de ellas, la enfermera Florencia Belén Aguirre, denunció que la policía ingresó con violencia a su casa y le secuestró los teléfonos tras ser acusada de injurias por un funcionario provincial. Lo mismo ocurrió con Ramiro Barrionuevo, conocido como “Quito”, y con Cristian Cabral, un referente barrial.

Ese giro de tinte autoritario dejó al descubierto otro Rovira. Uno más cerrado, más ensimismado, menos cuidadoso. “Si algo demostró el 2024 es que Carlos está dispuesto a hacer lo que tenga que hacer para conservar su poder”, sentenció un viejo militante renovador ante elDiarioAR, preocupado por la “pérdida” de la “sutileza” que siempre supo caracterizar al “conductor” de la Renovación. “Está cada vez más parecido a Gildo”, espetó, en referencia a Insfrán, el eterno gobernador formoseño.

Es que en el oficialismo misionero, las decisiones ya no se discuten ni siquiera en el interior de su espacio. La Renovación NEO, como rebautizó a su fuerza política, se volvió más vertical, más tecnocrática y más dependiente de su figura. Desaparecieron los cuadros intermedios, se achicaron los márgenes de deliberación y se amplificó el culto a la “juventud” por sobre la política. En marzo de 2023, durante el lanzamiento de listas de ese año, el propio Rovira pidió que en la primera fila del acto se sentaran solo “neos”. Al subir al escenario, los miró y dijo: “No los conozco, nunca vi sus caras”. Era una frase de autoelogio, pero también el síntoma de una dirigencia que ya no produce líderes, sino ejecutores.

En paralelo, también profundizó una narrativa que mezcla modernización con personalismo. “El verdadero poder está en quién accede al conocimiento”, dijo Rovira durante el discurso de inauguración del Silicon Misiones, el polo tecnológico ubicado a las afueras de Posadas, al que calificó como “el santuario intelectual más importante que se erigió en la Argentina”. Ese día, entre citas del economista Richard Thaler y el lingüista George Lakoff, sostuvo que Misiones es la “primera provincia start up de la Argentina”, tal y como reza el cartel de bienvenida apostado en el límite con Corrientes. Una contradicción: mientras impulsa a los jóvenes a programar, reprime a los que critican en redes. El contraste entre discurso de vanguardia y prácticas regresivas atraviesa el modelo “misionerista” como una tensión no resuelta.

Pactos son pactos

En ese contexto, el vínculo con Milei apareció como un salvavidas inesperado. El entendimiento entre ambos comenzó en 2021, aunque se puso en duda en 2023, cuando Misiones fue una de las pocas provincias donde La Libertad Avanza no presentó candidatos a senadores. No fue casual: la Justicia Electoral local impugnó con minuciosidad el armado libertario, bajo presión del oficialismo provincial. Esa jugada le permitió a Rovira quedarse con dos bancas propias y bloquear la irrupción de un nuevo actor que hubiera puesto en riesgo su hegemonía.

Los rumores sobre un pacto comenzaron a circular en la opinión pública desde, al menos, el mes de septiembre de 2023. Lo curioso es que no fueron agitados por la oposición, sino por la propia Renovación. A pocos días de las PASO, el portal MisionesOnline —voz para-oficial de la Renovación— publicó una nota titulada “Recuerdos del futuro”, donde revelaba una reunión secreta entre Rovira y Milei en 2021. El artículo no buscaba incomodar al “conductor”, sino legitimar una narrativa: la de una convivencia posible entre dos proyectos en apariencia irreconciliables.

La campaña también alimentó las sospechas. Aunque los candidatos legislativos de Rovira fueron pegados a la boleta de Massa, en los barrios comenzaron a repartirse ejemplares ya cortados, junto a la de Milei presidente. En voz baja, dirigentes del oficialismo justificaban el operativo como una forma de “no regalar el territorio”. En las PASO, el libertario sacó el 43% de los votos. Y en el ballotage, ganó con el 56%. Para entonces, la convivencia ya era inevitable.

Pero fue en abril de 2024, un mes antes del inicio de las protestas que tuvieron en vilo a la provincia, que el entendimiento tomó forma pública. Guillermo Francos, entonces ministro del Interior, viajó a Posadas junto a Eduardo “Lule” Menem y se reunió con Rovira, además de con el gobernador Passalacqua. El acuerdo fue claro: apoyo legislativo a cambio de fondos y autonomía. Los números lo confirmaron: Misiones fue la provincia que más recursos discrecionales recibió de la Nación hasta fines del año pasado.

Rovira nunca más volvió a pisar oficialmente Buenos Aires. Entre los dirigentes que trajinan los pasillos del poder central, su figura genera tanta intriga como admiración. A sus 69 años, controla los tres poderes del Estado misionero a su gusto, aunque alejado de la tranquilidad que supo disfrutar en otras épocas. El caso Ficha Limpia fue una muestra: lo exhibió ante los ojos del país, por voluntad o impericia, como un político a escala nacional. En la superficie, expuso a Milei. En el fondo, le hizo un favor. Y volvió, una vez más, a estar en el centro de la escena. Como en 2006. Como tantas veces. Sin hablar públicamente. Pero al mando.

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Cada uno tiene su teoría. Que fue una traición, que fue un pase de factura, que fue una jugada acordada de antemano. La inesperada negativa de los dos senadores misioneros al proyecto de ficha limpia descolocó a propios y ajenos. En apariencia, significó un gesto de autonomía del oficialismo provincial frente al gobierno nacional. Pero en los pasillos del Congreso empezó a circular una sospecha incómoda: que esa ruptura aparente no fue más que una jugada en tándem, un favor prestado por el eterno Carlos Rovira al presidente Javier Milei para evitar que avance una ley que nunca terminó de convencer del todo al oficialismo, pese a su retórica anticasta.

En esa hipótesis, el líder misionero habría hecho lo que mejor sabe hacer: leer el clima, anticiparse a los movimientos del poder central y actuar en consecuencia. Este viernes, sin ir más lejos, una fuente presente en una reunión privada que encabezó ayer Rovira, en la previa a la sesión ordinaria en la Legislatura provincial, aseguró a elDiarioAR que “el ingeniero” admitió ante su propia tropa haber ordenado a sus senadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut rechazar el proyecto por pedido explícito de la Casa Rosada. “Dijo que era una ley que poco tenía de 'limpia'”, aseguraron desde Misiones.

Es que aunque en la superficie el rechazo misionero dejó a La Libertad Avanza en minoría, en el subsuelo político la jugada fue funcional a los intereses del Gobierno, que evitó un costo político directo mientras la presión pública quedaba absorbida por otro actor. Después de todo, el vínculo entre Rovira y Milei no se parece al de un aliado tradicional: es, desde hace tiempo, un experimento silencioso de cohabitación política.

El posicionamiento de Rovira no es nuevo. Fue dos veces gobernador de Misiones, y desde que fundó el Frente Renovador de la Concordia en 2003, no volvió a soltar el poder. Desde el 2007 que ocupa una banca en la Legislatura provincial. Lideró primero con Néstor Kirchner, luego con Cristina, también con Macri y después con Alberto Fernández. En 2023, su espacio jugó decididamente con Sergio Massa: los candidatos a legisladores de la Renovación, como también se conoce al oficialismo misionero, iban pegados a su boleta presidencial, y él mismo lo definió como “el candidato nacional que mejor conoce la provincia”. Pero con el resultado electoral consumado, y Milei camino a la Casa Rosada, Rovira volvió a hacer lo que lo convirtió en un dirigente único en la política argentina: adaptarse, anticiparse, sobrevivir.

Pero la historia Rovira-Milei comenzó mucho antes. Según reconstrucciones periodísticas y testimonios de dirigentes libertarios, hubo al menos dos encuentros reservados entre el mandamás y el entonces economista outsider: uno en 2021 y otro a comienzos de 2022. En ese último, Rovira le ofreció a Milei prestarle su estructura partidaria para competir en Misiones, con una condición innegociable: controlar él mismo la confección de listas. Milei se negó. La respuesta fue una jugada quirúrgica: con el cierre de listas en el horizonte, el oficialismo misionero activó sus resortes sobre la Justicia Electoral local, que comenzó a impugnar con minuciosidad el armado libertario.

Bajo ese cerco legal, La Libertad Avanza terminó excluida del juego. Misiones fue una de las tres únicas provincias donde Milei no pudo presentar candidatos a senadores en 2023. No fue una omisión técnica: fue un veto político. Esa decisión, tomada bajo radar, tuvo consecuencias visibles dos años después. Si Milei hubiese competido con listas propias, hoy podría contar con al menos un senador en la Cámara Alta. Pero el oficialismo provincial se llevó dos de las tres bancas en juego. Y fueron precisamente esos senadores —Carlos Arce y Sonia Rojas Decut— quienes contribuyeron a enterrar el proyecto de Ficha Limpia. Una maniobra ejecutada tiempo atrás que, paradójicamente, terminó beneficiando al Gobierno que entonces había sido bloqueado.

Lo curioso del caso misionero es que, en su momento, los rumores sobre un supuesto pacto entre Milei y Rovira no fueron difundidos por la oposición, sino por el propio aparato oficialista. A pocos días de las PASO de 2023, el portal MisionesOnline —voz casi oficial de la Renovación— publicó una nota titulada “Recuerdos del futuro”, en la que revelaba una reunión secreta entre ambos dirigentes en agosto de 2021. El artículo no buscaba incomodar al “conductor”, sino fundar una narrativa: la de la convivencia posible entre dos proyectos que, en apariencia, eran irreconciliables.

El entendimiento explícito llegó más tarde. En abril de 2024, el por entonces ministro del Interior, Guillermo Francos, aterrizó en Posadas junto a Eduardo “Lule” Menem, mano derecha de Karina Milei. No solo se reunieron con el actual gobernador, Hugo Passalacqua, sino también con Rovira. Fue en la Legislatura misionera donde sellaron un acuerdo que trascendía la lógica de la gobernabilidad coyuntural.

Según reconstruyó elDiarioAR, el Gobierno le cedía a la Renovación la posibilidad de impulsar candidaturas “libertarias” propias en las legislativas de 2025, a cambio de que sus diputados y senadores acompañaran las leyes clave en el Congreso. La negociación habría sido sellada por una conversación directa entre Milei y Rovira. El Presidente le garantizó que no competiría electoralmente en su territorio. A cambio, el misionero se comprometió a respaldar el Pacto de Mayo y la Ley Bases.

Desde entonces, la relación fue acompañada por hechos concretos. Misiones se convirtió en la provincia que más fondos discrecionales recibió de la Nación, al menos hasta noviembre de 2024: más de $13.000 millones en Aportes del Tesoro Nacional durante el primer semestre de la gestión Milei, duplicando a la segunda en el ranking. Un dato que robustece la consigna que Rovira repite hace años y que se volvió mantra de gestión: “Gobernabilidad con gobernabilidad se paga”.

Pacto subterráneo

A medida que se acercan las elecciones provinciales del 8 de junio, la sintonía entre la Renovación y Milei se vuelve más visible. La Libertad Avanza decidió participar de los comicios locales con una estrategia más que amigable, evitando cualquier confrontación directa con el oficialismo. Su principal candidato es Adrián Núñez, abogado tributario, exapoderado del municipio de Posadas y actual referente del espacio, que irá tercero en la lista de diputados provinciales. Muy lejos de la pelea por el poder real. Núñez, que fue oficializado con una foto junto a Karina Milei y Martín Menem, está hoy bajo el fuego cruzado de denuncias internas por el supuesto pedido de “diezmos” a militantes. Pero ni eso parece haber alterado la voluntad de preservar los puentes tendidos con la Renovación.

Mientras tanto, el propio Rovira se mantuvo fiel a su estilo. Hermético por naturaleza, no habla en público desde el 9 de noviembre de 2023, cuando recibió a Massa en un acto de campaña. Desde entonces, todo lo que no dijo para afuera lo ordenó para adentro: cada jueves, en la previa a cada sesión ordinaria, baja línea a su bloque, sostiene el ritmo legislativo y da instrucciones sobre el posicionamiento político.

Es que el liderazgo de Rovira es muy particular: evita toda épica retrospectiva y se concentra en sostener, en silencio, una estructura que depende cada vez más de su arquitectura que de sus cuadros dirigentes. Su estilo de conducción sigue intacto: administrar poder sin exposición, dejar que hablen los hechos y moverse con precisión quirúrgica en las grietas del sistema.

La votación de Ficha Limpia se inscribe en esa lógica. ¿Por qué Rovira habría de dinamitar un puente que construyó con tanto esmero? ¿Qué sentido tendría exponer al oficialismo misionero a una votación impopular si no hubiese, del otro lado, un guiño tácito? Quienes sostienen esta hipótesis señalan un dato revelador: pese al comunicado de la Oficina del Presidente, nadie del oficialismo salió a cruzar directamente a los senadores misioneros. El silencio, en política, también puede ser una forma de consentimiento.

Desde el Frente Renovador de la Concordia, sin embargo, ofrecieron este jueves su propia lectura. “Nuestros senadores votaron con autonomía, no con obediencia a los bandos del poder central”, dejaron trascender en off the record. La crítica no apuntó solo al kirchnerismo, sino también al PRO y su interna en la Ciudad de Buenos Aires. “Mientras unos estaban ocupados en la interna Milei vs. Macri, nosotros actuamos con cabeza fría y con independencia”, afirmaron.

En su mirada, la versión final del proyecto había sido “apurada por los tiempos electorales de CABA” y convertido en una herramienta de posicionamiento. “No nos prestamos a una jugada política que usó una bandera noble como ficha limpia para dirimir disputas personales y posicionar a la candidata del PRO, Silvia Lospennato”, apuntaron. Y cerraron con una definición que buscó marcar diferencias: “Eso, aunque no les guste a los que siempre quieren a Misiones como furgón de cola, es dignidad política”.

En la superficie, Misiones votó contra el Gobierno. Pero en la profundidad, actuó como ha sabido hacerlo desde hace dos décadas: leyendo el tablero nacional y jugando su propia partida. Rovira no necesita obedecer para ser funcional, ni romper para marcar autonomía. Entre las versiones cruzadas, las teorías de pasillo y las acusaciones de oportunismo, lo único claro es que la Renovación volvió a demostrar que no es furgón de cola de nadie, aunque tampoco deja de subirse al tren cuando le conviene.

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En una sesión marcada por la sorpresa final, los dos senadores que responden el exgobernador de misiones Carlos Rovira, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, cambiaron su voto a último momento y votaron en contra del proyecto de Ficha Limpia, dejando a la ley, que hubiese imposibilitado una futura candidatura nacional de Cristina Fernández de Kirchner, sin la mayoría especial que necesitaba.

Es que los legisladores de La Libertad Avanza, Juntos por el Cambio y aliados contaban con esos dos votos para torcer el brazo del peronismo, que buscaba el rechazo del proyecto. Pero el plan no salió como esperaba el oficialismo y finalmente, por un voto, no logró las 37 voluntades necesarias para sacara adelante Ficha Limpia, sorprendiendo a propios y extraños. Y todas las miradas se volcaron en Arce y Rojas Decut, ambos representantes del Frente Renovador de La Concordia Social y que hasta ahora habían acompañado sistemáticamente las iniciativas libertarias, como los pliegos de Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo impulsados por Javier Milei para la Corte Suprema o el veto a la ley de Financiamiento Universitario.

Fue la misma Sonia Rojas Decut quien a comienzos de abril había asegurado en declaraciones a Radio UP de Misiones su compromiso para acompañar el proyecto de Ficha Limpia: “Nosotros hemos acompañado la media sanción de Ficha Limpia. La política argentina necesita más transparencia. Y las instituciones debemos responder a la confianza de la gente con herramientas concretas y eficaces. Vamos a actuar en correspondencia con lo que hacen nuestros diputados, siempre actuamos en equipo”, dijo la legisladora.

Y para que no queden dudas, agregó: “Ficha limpia tiene que salir, es algo que la sociedad demanda y es transversal a todas las fuerzas políticas del país. La gente quiere representantes íntegros, comprometidos con la ética y con la responsabilidad pública. Somos un país que merece que esta ley sea sancionada. Y queremos que se amplíe a lo que son todos los delitos informáticos y no solo a los hechos de corrupción. Hoy necesitamos representantes íntegros. Eso tiene que ser clave”, aseguró. Un mes más tarde, su voto fue contrario.

Por su parte, Carlos Arce le había dicho al diario La Nación días atrás que iba a votar a favor del proyecto: “Es una ley muy importante, tiene que ser aprobada”, sostuvo.

Lo cierto es que este cambio de sentido en la intención de voto de los misioneros generó el rechazo del oficialismo y las denuncias de un supuesto pacto político entre Rovira y la gestión Milei para que se caiga el proyecto en la sesión, bajo los rumores de una “necesidad” de LLA de antagonizar con Cristina Fernández de Kirchner en las próximas elecciones legislativas.

Por caso, este jueves, Lilita Carrió, apuntó en declaraciones en A24 que existe “un pacto entre Santiago Caputo y los misioneros para que no salga Ficha Limpia y que Cristina sea diputada nacional para que La Libertad Avanza y Cristina queden solos en la contienda nacional por la provincia de Buenos Aires”.

Pero el Gobierno salió a rechazar las acusaciones de querer sabootear la ley. A los dichos de Javier Milei, de calificar como “lamentable” la votación en el Senado, este jueves, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, sostuvo que Ficha limpia “no es un proyecto nuevo. Hace casi 10 años que la política viene poniendo excusas para no aprobarlo” y tildó de “insólito que quienes no lograron aprobar el proyecto en sus 4 años como Gobierno nacional ni en sus 17 años como Gobierno en la Ciudad, nos acusen a nosotros de querer postergarlo”.

“El PRO buscó instalar hace semanas que nosotros queríamos que se trate, ahora que se cayó el proyecto por su propia impericia nos salen a acusar infundadamente. Una vez más mintieron. Ahora hay que esperar hasta el año que viene, en el medio hay elecciones y los corruptos podrán volver a presentarse y refugiarse en sus fueros”, sentenció el vocero y candidato a legislador porteño.

Quiénes son Rojas Decut y Arce

Sonia Elizabeth Rojas Decut nació el 5 de agosto de 1973 y se recibió de profesora de matemáticas en la Universidad Nacional de Misiones. Es hija de docentes, fue rectora del Instituto Santa María en Posadas, donde trabajó durante 26 años junto a la Congregación de Siervas del Espíritu Santo, y fue diputada provincial por Misiones entre 2021 y 2023. En octubre de 2023 fue electa senadora de la Nación por el Frente Renovador de la Concordia-Innovación Federal, que después se reconvirtió en Frente Renovador de La Concordia Social.

Carlos Omar Arce nació en Posadas el 27 de octubre de 1959 y estudió en la Universidad Nacional del Nordeste, donde se tituló de médico cirujano. Entre 2019 y 2023 fue vicegobernador de Misiones bajo la gestión de Oscar Herrera Ahuad. En 2023 fue elegido senador de la Nación para el periodo 2024-2029 formando parte del bloque Renovación para la Concordia Social.

Con información de agencias.

IG

La vida de Irma Fraga siempre transcurrió en ámbitos rurales de Misiones. Nació hace 62 años en una familia que se dedicaba al cultivo de tabaco y a la cría de pollos. Allí aprendió a desarrollar distintas tareas y, después de formar pareja, empezó a trabajar en el campo de la yerba mate, desde donde descubrió el mundo del té.

Lo que empezó como un hobbie, lentamente fue convirtiéndose en una de sus actividades centrales y actualmente es una de las productoras más destacadas de Campo Viera, una localidad conocida como la Capital Nacional del Té.

En Misiones, una de las provincias argentinas con mayor biodiversidad, un grupo de mujeres mantiene viva una tradición que se inició hace más de un siglo en el país: la producción artesanal de té. Con técnicas minuciosas y respetuosas con el ambiente, lideran cada etapa del proceso, desde la cuidadosa cosecha de las hojas hasta el meticuloso secado que define su aroma y calidad, generando nuevas alternativas de trabajo y fuentes de empleo de calidad. 

Pero los resultados que están obteniendo estas emprendedoras no son producto de esfuerzos individuales. Son parte de una serie de acciones de varias organizaciones para atender una necesidad urgente en esta provincia y en distintos puntos del país: la implementación de prácticas y políticas que atienden a la inequidad de género en la agricultura.

Se estima que más del 30 por ciento de la población de Misiones vive en áreas rurales. A su vez, la provincia se encuentra en la región del país que registra los mayores índices de pobreza y desigualdad. Las mujeres que habitan estas comunidades se enfrentan a un doble desafío: asegurar el sustento familiar en condiciones desfavorables y luchar por el reconocimiento de su papel en el mundo laboral, históricamente relegado.

La producción de té artesanal se convirtió en una alternativa que no sólo genera empleo verde, puestos de trabajo que contribuyen a la protección del ambiente y a la sostenibilidad, sino que también brinda un espacio para el desarrollo laboral de las mujeres que viven en ámbitos rurales. Así lo reconocieron desde Mujeres Rurales Argentinas (MRA), una asociación civil que se consolidó en los últimos años, convirtiéndose en un ámbito de intercambio, capacitación y reconocimiento en el que se reúnen representantes de distintos puntos del país. 

En un país donde las políticas de género están en retroceso, el rol de espacios como MRA cobra mayor protagonismo, creando espacios para la subsistencia de iniciativas que brindan herramientas a las mujeres para que sigan trabajando por alcanzar la igualdad de oportunidades en ámbitos rurales. El impacto de la creación de esta asociación también alcanza al ámbito público, ya que ha sido fundamental para la consolidación de proyectos orientados a las mujeres en organismos gubernamentales, como el Gabinete de Género que funciona en el Ministerio del Agro y la Producción de la Provincia de Misiones.

De la invisibilización al protagonismo 

La llegada de las mujeres a lugares de liderazgo de emprendimientos rurales no fue sencilla. El rol femenino en el trabajo rural fue invisibilizado y menospreciado durante gran parte de la historia productiva de la provincia, según indican estudios realizados en Misiones. 

“Las mujeres recién fueron presentadas y reconocidas en su capacidad de agencia y en su rol como trabajadoras en documentos de la década del 90, más precisamente en publicaciones periodísticas”, señala Diana Haugg, historiadora y docente de la Universidad Nacional de Misiones. Su línea de investigación de doctorado estuvo orientada a los estudios de género y particularmente a la participación de las mujeres en el cultivo de la yerba mate en Misiones.

Durante su investigación, Haugg advirtió que los varones eran los protagonistas en esa historia. “Las mujeres aparecían en los documentos de manera tangencial o eran nombradas muy al pasar. Aparecían con características peyorativas, como prostitutas o como la causa de los problemas o los gastos excesivos de los hombres. No se las reconocía como trabajadoras”, señala. 

Es que, aunque las mujeres trabajan a la par de los hombres en el ámbito rural, lograr el reconocimiento o la igualdad de oportunidades sigue siendo desafiante para ellas. Esa fue la inquietud que movilizó a un grupo de mujeres en el año 2019, que comenzaron a reunirse para hablar de temas que no se tocaban en otras asociaciones rurales. 

“Empezó como un espacio de catarsis entre mujeres que participábamos de actividades gremiales del sector rural. Cuando nos juntábamos, advertíamos que había un montón de temas que a nosotras nos importaban, muchas veces referidos a nuestro trabajo cotidiano, pero que no estaban en ninguna agenda de trabajo de las instituciones tradicionales”, cuenta Patricia Gorza, actual presidenta de MRA. 

La convocatoria fue creciendo boca a boca y explotó en 2020, durante el aislamiento por la pandemia de COVID: comenzaron el año siendo 30 y lo finalizaron con más de 400 integrantes. Con esa convocatoria, decidieron organizarse y convertir al grupo en una asociación civil con personería jurídica en el año 2022. 

Desde ese entonces, en el medio de un clima social y político favorable para la organización feminista en la Argentina, MRA se consolidó como un espacio de encuentro, ofreciendo capacitaciones, acciones políticas y hasta distinciones que reconocen el aporte de las mujeres que trabajan en el ámbito rural. El enfoque es amplio, ya que el colectivo incluye a “artesanas, asalariadas, productoras de subsistencia, docentes, asesoras, huerteras, agricultoras, periodistas, ganaderas, productoras familiares, tamberas, microemprendedoras y estudiantes”, según indican en su sitio web. 

Así, mujeres que se desempeñaban en diversos espacios se empezaron involucrar en el tema para dar respuestas a las demandas que se generan en el ámbito del trabajo en la ruralidad. Ese es el caso de Josefina Pividori, una comunicadora social que trabaja en el Ministerio del Agro y la Producción de la Provincia de Misiones y que forma parte de Mujeres Rurales Argentinas. 

Desde el año 2022, Pividori coordina un Gabinete de Género, un espacio que motorizó junto con otras funcionarias del Ministerio del Agro de Misiones que estaban movilizadas por la temática y por los debates que surgían dentro de MRA, con el objetivo de transversalizar una mirada hacia adentro de la institución que permita incorporar la perspectiva de género en las diferentes áreas. Además de ese objetivo, desde el Gabinete buscan destinar partidas presupuestarias para poder involucrar a las mujeres y aumentar su participación en espacios de toma de decisión hacia el interior de las cadenas productivas. 

“Más allá de esas acciones, nuestra propuesta también apunta al plano discursivo y busca no sólo poner en valor e impulsar políticas y acciones destinadas a la mujer, sino también reconocer la multiplicidad de mujeres que hay en la ruralidad, que son las que sostienen la economía doméstica, tanto productiva como reproductiva y que no sólo es aquella que está ordeñando una vaca, cosechando lechuga o tabaco, sino que también es mujer rural la que está en el puesto de salud, la docente que camina kilómetros para que los los chicos tengan garantizado el derecho a la educación, las emprendedoras en las chacras o las empresarias que agregan valor produciendo quesos o té para exportación”, detalla Pividori. 

Agregando valor a un cultivo ancestral  

Entre los diversos ámbitos en los que se desempeñan las mujeres que viven en ambientes rurales en Misiones, el cultivo del té es un buen ejemplo del crecimiento de la participación. Más del 50 por ciento de los establecimientos que se dedican a la producción de té en hebras y blends artesanales están liderados por mujeres, ya sea como productoras o tea blenders, según indica un informe del Ministerio del Agro de la provincia.

Después del agua, el té es la bebida más consumida en el mundo y Argentina es el principal productor en el continente americano. El 90 por ciento de la producción está en la provincia de Misiones, donde en comenzaron los primeros cultivos en la década del 20 y se instaló la primera fábrica de Sudamérica, en la década del 40. 

Más del 90 por ciento de la producción del té argentino se exporta y en los últimos años han cobrado protagonismo los emprendimientos de té gourmet, que recuperan las técnicas ancestrales y utilizan métodos agroecológicos para obtener un producto de mayor calidad. Uno de ellos es Akasha Tea, una marca creada por Adriana Yañez, una ingeniera agrónoma que cultiva té en 40 hectáreas en la localidad de Leandro N. Alem y fue distinguida en 2024 por MRA con un premio al valor agregado, en el marco del primer Foro Internacional de Género y Ruralidad. 

Al igual que la mayoría de los ámbitos rurales, Adriana Yañez asegura que el mundo del té no es fácil para las mujeres. “La mayoría de los productores son hombres, es un ambiente muy masculinizado y a las mujeres nos cuesta lograr que se respete nuestro lugar. Tenemos que estar siempre rindiendo exámenes triples, digamos. Tenemos que ser la más trabajadora, la más inteligente, la más en todo sólo para lograr la aceptación en el medio”, asegura. 

Irma Fraga, de Campo Viera, coincide en que el ámbito del trabajo rural es desafiante para las mujeres, pero advierte que en los últimos años se notan cambios. “A medida que las chicas van estudiando y se van formando, tienen más herramientas para defender su lugar y sus derechos”, afirma. 

De acuerdo a un informe del Gabinete de Género del Ministerio del Agro de Misiones, la participación de las mujeres rurales en las diferentes instancias de capacitación que brindan desde el organismo fue aumentando en los últimos años, en distintas temáticas abordadas. En algunos rubros, como el frutihortícola, ya superan a los varones, con un 52 por ciento del total de los participantes. 

Un factor clave que contribuyó a este incremento, aseguran desde el Gabinete, fue la planificación de actividades que tengan en cuenta los horarios en los que las productoras puedan asistir sin descuidar las tareas de cuidado, así como la manera en la que fueron realizadas las convocatorias, a través de invitaciones concretas, aclarando que la actividad es tanto para productoras como para productores.

Las actividades de capacitación son las que permiten que cada vez más mujeres cuenten con herramientas para mejorar su producción y crecer en diversos ámbitos. En el caso del té gourmet, uno de los mayores desafíos tiene que ver con las técnicas de cultivo que permitan las certificaciones. “En nuestro caso, nuestro proceso es completamente agroecológico y estamos en proceso de obtener la certificación internacional que lo acredite, pero es un proceso complejo y que además, cuesta bastante dinero”, señala Fraga, cuyo emprendimiento lleva el nombre de Doña Irma.

De acuerdo a un informe del Ministerio del Agro, hasta 2023 existían 38 productores primarios certificados con Producción Orgánica en la Provincia de Misiones, de los cuales solo siete son mujeres, lo que equivale a menos del 20 por ciento. Los registros también contabilizan 21 operadores elaboradores, entre los que se cuenta una sola mujer. 

En el caso de Irma, el té gourmet comenzó como un hobbie dentro de las distintas actividades productivas que desarrollaba junto con su familia, pero el emprendimiento está creciendo cada vez más y ahora su equipo de trabajo está compuesto por cuatro personas que se ocupan de las distintas etapas del proceso, que se realiza de manera artesanal. “La primera parte de la cosecha se realiza de manera manual y después se pasa a las distintas etapas del secado y envasado”, detalla.

Desde el Ministerio del Agro de Misiones aseguran que siguen trabajando en un cambio de paradigma productivo que promueva el cuidado de la biodiversidad y los recursos, como el agua y el suelo. En este sentido, desde el Gabinete de Género aseguran que acompañan y promueven los procesos de certificación orgánica de diversos emprendimientos. 

Políticas de género con enfoque mixto 

El Gabinete de Género del Ministerio del Agro y la Producción de Misiones se estableció en abril de 2022 con una composición deliberadamente mixta, incluyendo dos representantes (un varón y una mujer) de cada subsecretaría, además de una coordinación. Esta estructura, según explicó Josefina Pividori, coordinadora del Gabinete e integrante de MRA, no surgió de manera azarosa, sino como una estrategia consciente para evitar que el espacio fuera percibido como exclusivo de mujeres. 

“La intención fue crear un ámbito representativo de todas las áreas del ministerio, donde tanto hombres como mujeres se sintieran involucrados y comprometidos con la integración de la perspectiva de género en las políticas y acciones del sector agropecuario”, explica. Este enfoque buscó superar la limitación que a menudo se observa en otros espacios de género, donde la discusión y la búsqueda de soluciones recaen principalmente en las mujeres interesadas en la temática.

Esta decisión fue considerada un acierto, ya que ha generado cambios significativos en las perspectivas y miradas de los técnicos que trabajan directamente en el campo. “Ahora ya no asumen automáticamente que el hombre es quien está a cargo del establecimiento rural o de la producción al llegar a una visita sino que preguntan quién se ocupa de cada cosa para identificar con quién tienen que hablar”, señala la coordinadora del Gabinete.

Esta transformación evidencia cómo la inclusión de voces masculinas en el Gabinete de Género ha contribuido a una sensibilización más amplia dentro del ministerio, promoviendo una mirada más equitativa en la interacción con las familias y productoras rurales. Al no ser visto como un asunto que concierne únicamente a las mujeres, se logró una mayor apertura y un compromiso más sólido por parte de los equipos técnicos, evitando que la labor del gabinete se percibiera como una carga adicional y ad honorem solo para las mujeres.

Esta experiencia del Gabinete de Género de Misiones se presenta como un aprendizaje valioso para otros organismos e instituciones que trabajan en cuestiones de género. La estrategia de conformar espacios mixtos puede ser clave para fomentar una mayor inclusión y un entendimiento más integral de las desigualdades de género. 

La experiencia en Misiones sugiere que esta aproximación no solo evita la segregación de las problemáticas de género como “asuntos de mujeres”, sino que también facilita la implementación y sostenibilidad de políticas con enfoque de género al generar una mayor apropiación y responsabilidad compartida entre todos los actores institucionales.

Hablar de género en un contexto adverso 

En un contexto global marcado por el ascenso de gobiernos de ultraderecha, la sostenibilidad de las políticas de género es desafiante. Para Patricia Gorza de MRA, el mayor obstáculo actual radica en la capacidad de mantener las banderas de género en una sociedad que experimenta un retroceso en la mirada hacia las mujeres. 

“La influencia de figuras como Donald Trump y Javier Milei, cuyos gobiernos generan un clima donde las agendas de género son susceptibles de ser canceladas en diversos espacios, representan una regresión ideológica y una una amenaza directa a los avances logrados y a la continuidad de las políticas destinadas a promover la igualdad” reflexiona la presidenta y co fundadora de la asociación civil.

Para hacer frente a este panorama, la resistencia y la articulación se presentan como estrategias cruciales. “Es fundamental la potenciación mutua entre las organizaciones de la sociedad civil y los sectores del gobierno que aún mantienen su compromiso con la igualdad de género. Otra alternativa es establecer alianzas internacionales para buscar financiamiento y apoyo en países donde la agenda de género sigue siendo una prioridad”, señala Gorza.

La experiencia de Misiones, con su Gabinete de Género mixto creado a través de una resolución ministerial que busca integrar la perspectiva de género de manera transversal, se erige como un caso de aprendizaje valioso que demuestra cómo, a pesar de las adversidades, iniciativas orgánicas y bien implementadas pueden persistir y generar cambios positivos. La clave reside en la continuidad, la adaptación y la capacidad de seguir visibilizando la urgencia de las políticas de género en todos los ámbitos.

“Las mujeres rurales tenemos que trabajar unidas, no achicarnos ante los desafíos y mantener la garra y la determinación”, reflexiona Adriana Yañez, quien subraya la importancia de capacitarse para empoderarse, enfatizando que a través del esfuerzo colectivo y la perseverancia, las mujeres rurales pueden seguir dejando una huella importante para el futuro. 

El crecimiento del té artesanal, un sector pionero en Misiones y que hoy se revitaliza con mujeres creando productos gourmet y agroecológicos bajo condiciones laborales justas, destaca el potencial de estas iniciativas para generar empleo verde. Estas alternativas no sólo brindan sustento económico, sino que también promoviendo prácticas sostenibles y ofreciendo oportunidades de trabajo de mejor calidad y mayor ingreso para las mujeres en la ruralidad, contribuyendo a un futuro más equitativo y ambientalmente responsable.

Este reportaje se realizó con el apoyo de la Solutions Journalism Network y la Fundación Hewlett, a través del Fondo para el Periodismo de Soluciones en Latinoamérica, una iniciativa de El Colectivo 506. Su versión en inglés fue publicada en el portal Fair Planet.

A poco más de un mes de las elecciones provinciales del 8 de junio, Misiones atraviesa una coyuntura de alta densidad política, donde el poder se reorganiza sigilosamente y el escándalo judicial más grave en años dejó a la oposición sumida en la parálisis. La condena a 14 años de prisión al exdiputado Germán Kiczka por tenencia, distribución y facilitación de material de abuso sexual infantil marcó el cierre judicial de un caso que se había iniciado en agosto del año pasado, cuando la Legislatura votó por unanimidad su desafuero.

Pero su onda expansiva fue mucho más allá: alcanzó a su exjefe político, Pedro Puerta, desarmó al partido Activar y reconfiguró el mapa político provincial con una carga simbólica que todavía resuena. En esa trama, el exgobernador Carlos Rovira no solo consolidó su hegemonía: también saldó una vieja cuenta pendiente con su mentor político, Ramón Puerta.

La historia entre el mandamás provincial y la familia Puerta atraviesa, en paralelo, las dos últimas décadas de la política misionera. Ramón, dos veces gobernador de la provincia y fugaz presidente de la Nación durante la crisis de 2001, fue el padrino político de Rovira. Lo impulsó a la gobernación en 1999, lo bendijo como su heredero, pero lo perdió para siempre cuando el ingeniero decidió construir poder propio y fundar el Frente Renovador de la Concordia en 2003. Desde entonces, la relación derivó en ruptura, silencios y estrategias cruzadas. En ese contexto, la irrupción de Pedro Puerta como figura joven y competitiva fue leída como una reedición —más prolija, más moderna— de aquella disputa que había quedado inconclusa. El caso Kiczka dinamitó ese intento de revancha.

El escándalo fue creciendo en etapas. Tras la acusación, tanto Germán como su hermano Sebastián se dieron a la fuga por separado y fueron capturados seis días después. “¡Esta es la foto que querían!”, gritó el exlegislador al ser trasladado por la policía desde Corrientes, donde fue encontrado. Ya entonces, la maquinaria mediático-política del rovirismo se había puesto en marcha. Volantes anónimos aparecieron en las inmediaciones de la Cámara de Representantes, durante la sesión en la que se votó el desafuero, con una consigna directa: “Kiczka es Puerta”. Desde el bloque oficialista, la diputada Anazul Centeno encabezó la ofensiva y acusó a la oposición de haber guardado silencio. “Miedo tienen los que torcido andan. Miedo tenemos las madres”, exclamó en el recinto. Sentado en su banca, Puerta no respondió.

Lo que siguió fue una caída libre. La única oposición relativamente amenazante en la provincia, la que llegó a encarnar el empresario yerbatero, terminó de disolverse entre los escombros del caso Kiczka. Desde el punto de vista de Rovira, el desenlace fue perfecto: la escena se limpió sin necesidad de confrontación directa. Y con una carga adicional: ver derrotado al hijo de su antiguo protector.

Desde el vamos, Puerta había buscado recostarse en la figura de Javier Milei, con la esperanza de capitalizar el ascenso libertario en la provincia. En 2021, Patricia Bullrich respaldó la candidatura de Kiczka a legislador provincial con un spot, y apenas un mes antes de su detención, el exdiputado fue recibido en la Casa Rosada por el entonces secretario de Prensa de Milei, Eduardo Serenellini.

Hoy Puerta continúa como legislador, pero quedó reducido a un rol marginal. Desde el principio intentó despegarse sin éxito del caso. En su descargo por escrito durante el juicio aseguró que su relación con Kiczka era “estrictamente política”. Que no eran amigos. Que solo compartían espacio en la Legislatura. La Fiscalía no le creyó: dijo que el escrito parecía redactado por un abogado y que las respuestas no coincidían con los antecedentes del expediente. Pidió que se lo investigue por presunto falso testimonio. Es que a Puerta tampoco lo ayudan las imágenes. En Posadas todos recuerdan el video viral en el que se lo ve junto a Kiczka bromeando sobre “estimulantes eróticos” para el mate como técnica de conquista.

Pero las preocupaciones de Puerta están hoy en otro plano: el personal. El próximo 26 de abril se casará con Karen Fiege, exdiputada renovadora, que debió renunciar a su banca en enero pasado. Fue la crónica de un desenlace anunciado: Fiege era una de las figuras más leales a Rovira, cercana al núcleo duro del oficialismo, por lo que el vínculo afectivo con quien fuera su compañero de recinto le terminó costando bastante más que solo el puesto de legisladora. La boda se celebrará en un hotel de Puerto Iguazú, con dos ceremonias religiosas y más de 300 invitados. En la lista figuran nombres como Mauricio Macri —ahijado político de Ramón Puerta—, Eduardo Duhalde y Adolfo Rodríguez Saá, entre otros. Un evento que, en la política misionera, nadie lee solo como un hecho privado. 

Rovira en silencio, pero al mando

Mientras tanto, el “misionerista” Frente Renovador de la Concordia avanza sin sobresaltos. Con 33 sellos partidarios y la marca de siempre, se dispone a retener las 11 bancas legislativas que pone en juego, además de disputar las concejalías en diez municipios. Su camino parece estar allanado: el partido Activar de Pedro Puerta —cuya diputada nacional, Florencia Klipauka, forma parte del bloque libertario en la Cámara baja— quedó fuera de competencia, sin siquiera figurar en la oferta electoral. Juntos por el Cambio reapareció con otro nombre, “Unidos por el Futuro”, aunque sin un liderazgo claro. En tanto, La Libertad Avanza confirmó que jugará solo, con el abogado Adrián Núñez como principal referente, una figura que lejos está de incomodar al oficialismo.

Sentado en una banca desde 2007, cuando dejó la gobernación de Misiones para nunca más volver, Rovira ya no necesita presidir la Legislatura ni ocupar su vicepresidencia. En él eso no significa retiro: significa concentración. A sus 69 años, maneja los hilos de los tres poderes de la provincia como un diputado raso más y sin la exposición pública a la que son sometidos otros “caudillos” de la Argentina. Una estrategia que, hasta el momento, le viene dando resultado.

Hace tiempo que el mandamás misionero adoptó un perfil bajísimo. Su último discurso público fue el 9 de noviembre de 2023. Desde entonces, todo lo que no habló para afuera, lo habló para adentro: cada jueves, antes de cada sesión legislativa, se encargó de ordenar discursivamente a su tropa. En septiembre, ese silencio se rompió: publicó una breve pero contundente columna de opinión sobre el caso Kiczka. Se refirió a la existencia de “asociaciones para el engaño, la manipulación, la estafa moral y política”. Y, en un gesto lindante con la proscripción política, exigió que también se sancione al “frente o alianza” que lo había llevado a una banca. Fue su única intervención en casi un año y medio. Bastó para marcar el ritmo.

“Si algo demostró el 2024 es que Carlos está dispuesto a hacer lo que tenga que hacer para conservar su poder”, sentenció un viejo militante renovador ante elDiarioAR, preocupado por la “pérdida” de la “sutileza” que siempre caracterizó al “conductor” de la Renovación. “Está cada vez más parecido a Gildo”, espetó, en referencia a Insfrán, el eterno gobernador formoseño. Algo se quebró hace un año: en mayo pasado, las históricas protestas salariales de policías, docentes y personal de salud expusieron como nunca antes las costuras del armado hegemónico rovirista. La tensión llegó hasta la casa del gobernador Hugo Passalacqua y, por primera vez en dos décadas, hasta el domicilio particular de Rovira. Fue un punto de inflexión.

El contraataque fue contundente: aprobar en la Legislatura una polémica ley de ciberdelitos para penalizar las “fake news” —en medio de una abierta persecusión a tiktokers críticos— y, meses después, detener a ocho policías que participaron de las revueltas de mayo, entre ellos, su principal referente, Ramón Amarilla, acusado de sedición y conspiración. Todavía preso, hoy su nombre vuelve a la primera plana de la opinión pública: Amarilla será candidato a diputado provincial en las elecciones del 8 de junio. Si obtiene 25.000 votos, podría asumir una banca y recuperar la libertad. Su postulación desde la cárcel se convirtió en una bandera simbólica para los sectores que protagonizaron los reclamos, y una advertencia al oficialismo: el malestar social no se apagó, solo se replegó.

Pero en el gobierno de Misiones no hay tensión explícita con Milei y su política de ajuste. La Renovación evita confrontar con la Casa Rosada por los recortes en las tranferencias y la paralización de la obra pública. Por el contrario, sus representantes en el Congreso se jactan de sostenerse con recursos propios y, cada vez que tienen oportunidad, votan en línea con los intereses de La Libertad Avanza. El propio Rovira se encargó de bajar la línea de “dejar atrás las quejas” y “pasar a la acción con ideas propias”. Varias veces, ante sus funcionarios, habló de “austeridad”, “eficiencia”, y un “futuro Neo” para su fuerza política, a la que exhortó a sumar perfiles “libertarios” a sus filas. Sin embargo, detrás de ese discurso, el panorama se volvió más opaco: desaparecieron los cuadros intermedios, la militancia se diluyó, y el tono mileísta se filtró en la comunicación oficial como reflejo de un nuevo orden.

Rovira resiste. Como siempre. Pero ya no con el margen de otros tiempos. No celebró los 20 años de su espacio en 2023. Evita mirar hacia atrás. Se aleja de toda épica. A su lado ya no quedan voces que cuestionen, ni órganos de debate que contengan. El vicegobernador Lucas Romero Spinelli asoma como virtual sucesor de Passalacqua en 2027. Pero es cada vez más cuestionado internamente. El Frente Renovador de la Concordia, a esta altura, es una organización que depende más de la arquitectura de su líder que de la consistencia de su dirigencia. El caso Kiczka dejó claro que Rovira aún sabe cómo sobrevivir a cualquier crisis: dejando que los demás caigan primero.

PL/MG

El exdiputado del partido Activar Germán Kiczka fue sentenciado a la pena de 14 años de prisión por los delitos de tenencia, facilitación y distribución de material de abuso sexual infantil, mientras que su hermano Sebastián recibió años 12 años de cárcel por tenencia y facilitación de videos de violación en perjuicio de menores de edad y el abuso sexual simple de una adolescente de 15 años.

Tras tres horas de deliberación, los jueces Gustavo Bernie, Viviana Cukla y César Yaya (subrogante) declararon culpables a a los hermanos en uno de los casos que sacudió la historia judicial de Misiones.

Según detalló la Fiscalía durante la audiencia de este miércoles, el ordenador hallado en la residencia de Sebastián y en el que se encontraron casi 600 archivos de material de abuso infantil de niños y adolescentes, pertenecía a Germán y contenía su documentación personal.

El ordenador fue descripto por los fiscales como “el centro del asunto”, en alusión a su relevancia en materia probatoria.

Los hermanos, quienes al formularse la acusación en su contra en agosto de 2022 se dieron a la fuga y fueron recapturados seis días después en la provincia de Corrientes, permanecían detenidos en prisión preventiva en la Unidad Penal VIII, de la localidad de Cerro Azul, ubicada al suroeste de la provincia.

Las investigaciones surgieron a raíz de la operación 'Guardianes digitales por la niñez', cuando a comienzos del año pasado la Policía Federal Argentina desbarató una red internacional de producción y distribución de material de abuso sexual infantil, tras denuncias de ONGs internacionales como Child Rescue Coalition (CRC) y The International Centre for Missing and Exploited Children (Icmec), que derivaron en registros en domicilios de la capital argentina y las provincias de Buenos Aires, Misiones y Tucumán.

Entre otras cosas, la Fiscalía se apoyó en la magnitud del operativo internacional para desestimar el argumento de “persecución política” expuesto por la defensa del exdiputado.

Germán Kiczka era entonces diputado por la provincia de Misiones como integrante de Activar, una fuerza política cercana a la coalición de centroderecha Juntos por el Cambio y al partido de Javier Milei, La Libertad Avanza.

En septiembre de 2024, Kiczka fue expulsado de la Cámara de Diputados provincial por el voto unánime de 38 legisladores. 

MM