Hay algo de las novelas de Tom Clancy en la historia. Un dirigente político que necesita abandonar su país después de una orden judicial, una frontera atravesada en plena noche, un avión privado esperando del otro lado y una operación que habría involucrado a los servicios de inteligencia de un gobierno extranjero. La diferencia es que esta vez el lugar no es Washington ni Moscú, sino Puerto Iguazú, en el extremo norte de Misiones, y uno de los protagonistas es Santiago Caputo, el asesor de Javier Milei y fanático de las historias de espionaje del escritor estadounidense.

La trama tiene como protagonista a Flávio Bolsonaro, el candidato brasileño respaldado públicamente por Milei en las elecciones presidenciales del domingo, en las que terminó derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva. El escenario no podría ser más apropiado: la Triple Frontera, ese rincón de Sudamérica donde confluyen la Argentina, Brasil y Paraguay, y que desde hace décadas alimenta relatos de espías, contrabandistas, operaciones clandestinas y misterios nunca del todo esclarecidos.

Según pudo reconstruir elDiarioAR, el gobierno argentino tuvo una participación activa en el operativo que permitió la salida de Bolsonaro de Brasil rumbo a Estados Unidos, donde Donald Trump había anunciado que le concedería asilo político. La maniobra habría sido coordinada por la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), sin conocimiento de otros organismos federales como Gendarmería Nacional y la Policía Federal.

Pero hay un dato que agrega una dimensión política a la trama: Caputo habría viajado personalmente y de manera reservada a territorio misionero el lunes, apenas un día después de las elecciones brasileñas. Según la información recogida por este medio, su desplazamiento habría coincidido con la llegada a Misiones del avión privado que terminó siendo utilizado para trasladar a Bolsonaro fuera del país. Una de las hipótesis que circulan es que el asesor incluso pudo haber llegado en esa misma aeronave. Ese extremo, sin embargo, todavía no pudo ser corroborado.

Durante todo el martes, mientras comenzaban a conocerse los detalles del operativo, el Gobierno jugó al misterio. La Casa Rosada evitó pronunciarse sobre la victoria de Lula, pese a que el resultado electoral representaba un revés para la apuesta política que Milei había realizado en Brasil. No hubo felicitaciones al presidente reelecto ni explicaciones sobre los movimientos registrados en Iguazú.

El silencio oficial coincidió con una jornada de versiones cruzadas en la que se daba por hecho que Bolsonaro ya había conseguido escapar de Brasil y se encontraba a salvo en Estados Unidos. Sin embargo, el dirigente brasileño todavía no había ingresado a la Argentina: su cruce por el puente internacional Tancredo Neves fue recién por la noche noche. Mientras buena parte de la prensa intentaba reconstruir una fuga que suponía consumada, el avión que terminaría trasladándolo permanecía en Puerto Iguazú desde el lunes. La operación, lejos de haber concluido, todavía estaba en marcha.

Cortinas de humo

La estrategia tuvo un primer capítulo en la conferencia de prensa del vocero presidencial, Adrián Ravier, quien se limitó a señalar que el Gobierno había “tomado nota” del resultado electoral brasileño. Lejos de felicitar al vencedor, buscó justificar la ausencia de un saludo recordando que Lula tampoco había felicitado personalmente a Milei cuando ganó las elecciones argentinas de 2023. La respuesta dejó en evidencia que la Casa Rosada no tenía intención de modificar su posición frente al mandatario brasileño, con quien el Presidente mantiene un enfrentamiento político y personal.

Pero el verdadero misterio estaba a más de mil kilómetros de Buenos Aires. En Puerto Iguazú, un avión privado había despertado la atención de las autoridades y alimentado las especulaciones sobre la presencia de Bolsonaro en territorio argentino. Se trataba de un Gulfstream G400, matrícula LV-JQW, perteneciente a la flota de Baires Fly, una de las principales compañías de aviación ejecutiva del país. La aeronave había llegado a Misiones desde Aeroparque el lunes por la noche, en coincidencia con el presunto desplazamiento de Caputo a la ciudad fronteriza.

La Dirección Nacional de Migraciones intervino públicamente el martes para descartar las versiones. En un comunicado, el organismo aseguró que no registraba ningún ingreso de Bolsonaro a la Argentina y que, ante la repercusión mediática provocada por la presencia del avión, se habían iniciado controles sobre la aeronave y su tripulación. También sostuvo que no existía ningún plan de vuelo que incluyera a la familia Bolsonaro.

La explicación, sin embargo, no consiguió cerrar los interrogantes. Horas después, Simón Levy, presidente del American Council y dirigente vinculado al universo trumpista, aseguró que el gobierno argentino había intervenido directamente para facilitar la salida del dirigente brasileño. “Está vivo gracias a la intercesión del presidente Milei”, afirmó el abogado mexicano, exviceministro de Turismo de su país, en una declaración que colocó a la Casa Rosada en el centro de la operación.

La versión oficial cambió este miércoles, cuando Migraciones terminó por confirmar lo que había descartado apenas unas horas antes: Bolsonaro ingresó a la Argentina el martes a las 22.50, acompañado por su esposa y sus dos hijas, a través del puente internacional Tancredo Neves, que conecta Foz do Iguaçu con Puerto Iguazú. Según precisó el organismo en una nueva comunicación, la familia partió 23.30 con destino declarado a Guayaquil, Ecuador.

¿Entre la SIDE y la EBY?

La secuencia plantea una serie de preguntas sobre el funcionamiento de los controles fronterizos y el grado de conocimiento de las autoridades nacionales. Si la SIDE y la PSA participaron de la operación, como pudo reconstruir elDiarioAR, ¿quién impartió las instrucciones y por qué quedaron al margen Gendarmería y la Policía Federal? La primera de esas fuerzas tiene responsabilidades directas en la vigilancia de las fronteras, mientras que la segunda integra el sistema federal de seguridad. La eventual exclusión de ambas constituye uno de los aspectos más llamativos del procedimiento.

En ese escenario, la presencia de Santiago Caputo adquiere una relevancia particular. El asesor presidencial conserva influencia sobre la estructura de inteligencia. También mantiene vínculos estrechos con figuras vinculadas a la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), el organismo administrado conjuntamente por la Argentina y Paraguay que tiene a su cargo la represa hidroeléctrica del mismo nombre. Su presunto desplazamiento a Iguazú durante las horas previas a la salida de Bolsonaro alimenta los interrogantes sobre una participación mucho más directa que la de un simple intermediario político.

¿Es cierto que un exintegrante de la DEA, actualmente vinculado a Yacyretá y señalado como hombre de confianza del asesor presidencial, también fue visto este martes del otro lado de la frontera, en Foz do Iguaçu? ¿Y qué hacía allí, precisamente cuando se preparaba una operación que habría involucrado a los servicios de inteligencia argentinos? Por ahora, son preguntas que permanecen sin respuesta.

Anoche, mientras se desarrollaban los acontecimientos, Caputo también jugaba su propio partido en las redes sociales. El asesor presidencial publicó casi en simultáneo con los movimientos que habrían permitido la salida de Bolsonaro un mensaje en X en el que se burló de la prensa. “La cobertura periodística del día de hoy debe haber sido probablemente uno de los papelones más grandes del periodismo mundial de la historia. Dijeron cualquier cosa. Se desdijeron. Lo volvieron a decir. Todo con el mismo nivel de certeza y animosidad. En todas partes del mundo. No sé quien es el que los sacó a pasear en chota (SIC) pero toda mi admiración”, escribió.

El mensaje adquiere otra dimensión a partir de las versiones sobre su presencia en Misiones. No hubo confirmación oficial sobre su desplazamiento ni explicaciones públicas acerca de los motivos de un eventual viaje. Tampoco quedó claro a quién atribuía la maniobra que, según sus propias palabras, había conseguido confundir a periodistas de distintas partes del mundo. Lejos de despejar las dudas, Caputo volvió a la carga este miércoles, cuando ya se conocían más detalles sobre la salida de Bolsonaro.

“No contentos con haber dicho infinitas idioteces ayer veo que se disponen a decir infinitas idioteces hoy”, escribió en X. El asesor volvió así a desacreditar la cobertura periodística, pero evitó aclarar si efectivamente había viajado a Iguazú y qué conocimiento tenía del operativo. Dos días de ironías y ninguna explicación sobre su eventual participación en una maniobra que, según pudo reconstruir elDiarioAR, contó con la intervención de organismos del Estado argentino.

Un avión bajo la lupa judicial

La identidad de la aeronave agrega otro elemento a una historia que parece acumular ramificaciones. Baires Fly, la empresa propietaria del Gulfstream G400 matrícula LV-JQW que trasladó a Flávio Bolsonaro, aparece involucrada en la investigación judicial por el presunto sistema de coimas y sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el organismo que estuvo a cargo de Diego Spagnuolo, exfuncionario cercano a Javier Milei.

Como revelaron Mauricio Caminos y Sebastián Lacunza en elDiarioAR, el fiscal federal Franco Picardi señaló a Baires Fly y al empresario aeronáutico Sergio Mastropietro, exsocio de Federico “Fred” Machado, como presuntas “cabeceras del lavado” del dinero proveniente de las contrataciones irregulares de ANDIS. Según la hipótesis fiscal, el mecanismo consistía en canalizar fondos a través de transferencias realizadas por droguerías y laboratorios proveedores de la agencia, que posteriormente eran respaldadas con facturas por la “compra de kilómetros nacionales” y horas de vuelo. Se trata de una modalidad comercial habitual en el mercado de la aviación privada, aunque en este caso quedó bajo sospecha por su presunta utilización para justificar movimientos millonarios de dinero.

La investigación avanzó sobre esas operaciones y el juez federal Sebastián Casanello ordenó un embargo superior a los 7.000 millones de pesos. En febrero, sin embargo, la Cámara Federal porteña consideró excesivo el monto y dispuso que fuera recalculado. Actualmente, el expediente se encuentra en manos del juez Ariel Lijo. La empresa Baires Fly no está imputada como persona jurídica, mientras que Mastropietro rechaza las acusaciones y sostiene que su vinculación empresarial era con otra compañía, Baires Jets, de la que es propietario.

El dueño formal de Baires Fly es Luis Grande, socio de la firma desde 1991 y uno de los empresarios de mayor trayectoria en el mercado de la aviación ejecutiva. La compañía cuenta con una flota de alrededor de diez aeronaves y una cartera de clientes que atraviesa gobiernos de distintos signos políticos.

Mastropietro, por su parte, tiene una extensa trayectoria en el negocio aeronáutico y mantuvo vínculos comerciales con Fred Machado, el empresario investigado por narcotráfico que financió al exdiputado libertario José Luis Espert. Fue, además, uno de los intermediarios que conectaron a Machado con el exdiputado en 2019.

La utilización de una aeronave de Baires Fly para trasladar a Bolsonaro no supone ninguna conexión acreditada entre ese vuelo y las presuntas irregularidades investigadas en ANDIS. Pero suma un dato significativo a la trastienda y deja planteada una pregunta todavía sin respuesta: quién contrató y pagó el vuelo que permitió al dirigente brasileño abandonar la Argentina rumbo a Estados Unidos. En una novela de Tom Clancy, Jack Ryan probablemente habría participado del operativo para garantizar la fuga. Aunque, tratándose de una misión secreta, difícilmente hubiera dejado tantas pistas.

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Cinco días después de que Javier Milei pasara por Misiones, Axel Kicillof desembarcó este miércoles en la misma provincia y protagonizó junto a Hugo Passalacqua una escena política casi inversa a la que había dejado la visita presidencial. Mientras el paso del libertario por Puerto Iguazú para participar de la convención anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) apenas produjo una foto protocolar con el gobernador misionero, el mandatario bonaerense compartió con Passalacqua buena parte de la jornada, recorrió establecimientos, firmó convenios, intercambió elogios y multiplicó los gestos de cercanía.

La secuencia adquirió rápidamente una lectura local. Kicillof llegó a Misiones en momentos en que Passalacqua intenta consolidar su nuevo lugar al frente del oficialismo provincial después de la interna que lo distanció de Carlos Rovira, quien durante más de dos décadas concentró la conducción política del espacio. Ninguno de los dos gobernadores habló públicamente de esa disputa, pero la puesta en escena funcionó igualmente como una señal de respaldo al mandatario misionero en una etapa en la que busca afirmarse con mayor autonomía.

La diferencia con la visita presidencial del viernes pasado terminó reforzando esa imagen. Passalacqua había coincidido con Milei en el hotel Loi Suites de Puerto Iguazú, pero no hubo una agenda bilateral visible, solo una sucesión de fotografías oficiales entre ambos. Con Kicillof, en cambio, el gobernador misionero construyó una jornada completa de actividades compartidas y se encargó de exhibir una afinidad política que resultó difícil de ocultar.

Passalacqua tomó en las últimas semanas una intervención más directa sobre las bancadas nacionales del oficialismo misionero y comenzó a marcar diferencias en algunos temas sensibles para las provincias. Eso todavía no significa que haya decidido incorporarse a una construcción opositora liderada por Kicillof, pero sí explica el interés que genera su nuevo posicionamiento entre quienes imaginan una coalición más amplia contra Milei hacia 2027. La fotografía de este miércoles resultó, por eso, significativa: el gobernador misionero pudo mostrarse durante horas con el principal antagonista provincial del Presidente sin la intermediación de Rovira y sin necesidad de esconder las coincidencias.

De gira

Kicillof llegó por la mañana a Posadas y recorrió junto a Passalacqua la Escuela de la Innovación y luego la Biofábrica de Misiones, una empresa estatal dedicada desde hace dos décadas al desarrollo de semillas, cultivos y bioinsumos. Allí destacó que la experiencia misionera permitió avanzar en la creación de dos establecimientos similares en la provincia de Buenos Aires, uno en Mercedes y otro en Miramar. “Son hijas de esta biofábrica”, afirmó Kicillof, quien aprovechó además la visita para reivindicar el papel del Estado en la investigación, la tecnología y el desarrollo productivo frente a la política de desregulación impulsada por la Casa Rosada.

La agenda institucional, sin embargo, convivió desde el comienzo con una dimensión política más amplia. Kicillof lleva meses recorriendo provincias mientras intenta proyectarse por fuera de Buenos Aires y construir una alternativa nacional a Milei sin confirmar todavía una candidatura presidencial. Ya pasó por Córdoba, Tierra del Fuego, Chaco, Corrientes y La Pampa, y Misiones se sumó ahora a ese itinerario en momentos en que el peronismo vuelve a discutir su conducción y el gobernador bonaerense atraviesa una renovada tensión con el cristinismo.

Consultado sobre una eventual candidatura en 2027, Kicillof evitó adelantar definiciones y sostuvo que todavía “es muy prematuro” hablar de postulaciones porque primero hay que gobernar. Su planteo, de todos modos, dejó en claro que busca utilizar este año para ampliar su estructura política y fortalecer vínculos fuera del territorio bonaerense. “Este es un año para construir”, afirmó en conferencia de prensa, antes de señalar que no quiere “anteponer ni una candidatura ni una campaña electoral” a la formación de una alternativa más amplia que debería nacer “desde abajo y desde las provincias hacia las discusiones”.

Las PASO

Kicillof también aprovechó su paso por Posadas para cargar contra uno de los proyectos que la Casa Rosada considera centrales para ordenar el escenario electoral del año próximo: la eliminación de las PASO. “Milei piensa que para tener la reelección hay que sacarlas”, afirmó el gobernador. Luego sostuvo que “su laboratorio” analiza de qué manera podría organizarse la oposición y considera que las primarias podrían convertirse en un instrumento útil para ordenar candidaturas y frentes electorales.

La defensa del sistema tiene, además, una explicación hacia el interior de la oposición. Según pudo saber elDiarioAR, distintos sectores del peronismo están interesados en que las PASO se mantengan porque, ante una interna que por ahora parece difícil de resolver mediante un acuerdo de cúpulas, consideran que las primarias pueden terminar siendo la única herramienta para dirimir candidaturas sin provocar una ruptura. La discusión cobra especial relevancia en medio de la disputa por la conducción del espacio y cuando todavía resta definir cómo se ordenarán Kicillof, el cristinismo y los demás sectores que aspiran a participar de la construcción electoral de 2027.

En ese marco, el referente del Movimiento Derecho al Futuro vinculó directamente la llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete con la estrategia oficial para conseguir los votos necesarios entre los gobernadores. “A Santilli lo pusieron con un solo objetivo, conseguir la reelección de Milei”, sostuvo, y acusó a la Casa Rosada de intentar negociar recursos con las provincias a cambio de apoyo parlamentario.

“¿Cómo va a ser el método? Viendo si puede apretar, extorsionar, te doy un recurso si me votás alguna ley, y eso es un método espantoso, porque estamos con muchas dificultades”, afirmó Kicillof, quien buscó presentar la discusión por las PASO como parte de una relación más amplia entre la Nación y las provincias atravesada por las necesidades fiscales de los gobernadores.

El bonaerense se permitió incluso especular sobre las tensiones dentro del propio oficialismo y aseguró que ya existen dirigentes que imaginan una continuidad del proyecto libertario con otro candidato. “Se les ve el serrucho”, ironizó, antes de describir esa eventual opción como una suerte de “continuidad de Milei de buenos modales, más amigable, que no putee a todo el mundo, que no esté contra los periodistas”, pero manteniendo sin cambios el mismo programa económico.

Otro de los puntos de contacto con Passalacqua apareció cuando la conferencia giró hacia el federalismo y el reparto de recursos. Kicillof sostuvo que una parte sustancial del superávit fiscal nacional fue construida a costa de las provincias y aseguró que, según sus cálculos, el acumulado ronda los 44 billones de pesos, prácticamente la misma cifra que los 23 distritos dejaron de recibir en comparación con 2023.

Crisis yerbatera

La economía misionera le ofreció también otro terreno para confrontar con Milei. Kicillof puso especial énfasis en la crisis de la yerba mate. Según el bonaerense, la desregulación debilitó a los productores más chicos frente a los sectores con mayor capacidad de negociación dentro de la cadena.

Kicillof recordó su paso por el Ministerio de Economía entre 2014 y 2015, cuando el Estado nacional intervenía en la discusión del precio de la yerba, y defendió la regulación como una herramienta capaz de impedir que el costo de una crisis recaiga exclusivamente sobre quienes ocupan el eslabón más débil. “El pequeño productor, el que levanta la cosecha, sufre”, sostuvo.

Su diagnóstico se extendió al té, la actividad forestal y otras economías regionales. Para Kicillof, la combinación de salarios deprimidos, tasas elevadas, costos energéticos, apertura de importaciones y un tipo de cambio que considera atrasado está golpeando simultáneamente al consumo, la producción y las posibilidades de exportación. “Este es un modelo que destruye la producción y el trabajo”, afirmó.

La jornada de Kicillof en Misiones continuó después de la conferencia con la firma de convenios entre ambas provincias y un almuerzo en la residencia oficial del gobernador. Más tarde, tenía previsto visitar la cooperativa Las Tunas, en Apóstoles, y cerrar su paso por Misiones con una actividad en el PJ provincial que conduce Christian Humada.

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El presidente Javier Milei cerró este viernes la convención anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) en Iguazú, donde ratificó que no cambiará el rumbo económico: “No voy a llegar a este momento para cambiar las cosas y borrar con el codo lo que escribí con la mano”, dijo.

“No voy a cambiar la política monetaria ni financiera por lo tanto voy a seguir apretando la cantidad de dinero hasta derrotar la inflación”, resaltó.

Rodeado de empresarios, economistas y buena parte de su equipo económico, Milei defendió el trabajo en negro Lo hizo con cifras que no tienen un correlato con los números oficiales: “Se han creado medio millón de puestos de trabajo. Es una cifra que no van a ver en ningun lado porque contradice el relato. La realidad es que el empleo está subiendo, estamos hablando de empleo real , del sector privado”, dijo. Luego agregó: “Solamente muestran el empleo formal, como si el empleo informal no fuera empleo y suelen degradarlo diciendo que no es empleo de calidad, lo que no es de calidad es robar”. Y justificó que al llegar al poder el “empleo informal era algo que ya existía”

Se trató de su primera visita a Misiones desde que llegó a la Casa Rosada para participar el cierre del encuentro del IAEF en el hotel Loi Suites, ubicado en una zona selvática próxima al puente internacional Tancredo Neves, que conecta la Argentina con Brasil.

En una semana de hiperactividad en la que empezó a probarse el traje de candidato para el año próximo, se entusiasmó: “Vamos a tener mayoria en diputados y vamos a estar a dos senadores de tener quorum en el Senado. Si con este Congreso hicimos todas estas reformas, abrochense los cinturoes porque ahi si que vamos a ir a fondo”.

“Esta es, sin exagerar, la mejor gestión económica de los últimos 100 años de la Argentina”, sostuvo el Presidente quien volvió a apelar a las frases gradielocuentes: “Yo acá entré por el bronce. Pasé toda mi vida predicando lo que había que hacer, no voy a usar este momento para borrar con el codo lo que escribí con la mano”.

El día después del anuncio de medidas sobre el conflicto de Malvinas, Milei dijo: “Estoy haciendo crecer la economía como nunca antes y ademas baje diez veces la inflación, vaya que está funcionando”. Y afirmó que su “compromiso es terminar de una vez y para siempre con la maldita inflación”.

Milei llegó a Misiones en medio de una protesta de productores yerbateros que realizaron una caravana de camiones sobre las rutas del norte provincial. “Festejamos tu victoria, hoy estamos en la miseria”, decía una inscripción en uno de ellos. En las zonas productoras, sostienen, el deterioro de la actividad empezó a empujar a trabajadores y familias a buscar alternativas del otro lado de la frontera.

En su presentación, el Presidente ensayó una explicación sobre el aumento del endeudamiento en las familias: “La mora no sube porque los argentinos se hayan vuelto menos responsables de un día para el otro, sino porque hay millones de personas y pymes que no calificaban para tomar una deuda y hoy sí”. Y lo comparó con los accidentes de tránsito: “Es como criticar el aumento de accidentes tras la masificación de los automóviles. Es la misma tontería”.

Mientras prometió “redoblar la ortodoxia”, pidió a los empresarios que “no se dejen engañar por los prebendarios que les gusta cazar en el zoológico”, y lanzó una alusión directa a Javier Madanes Quintanilla, de FATE, a quien volvió a mencionar como “gomita lumínica. ”Un estafador que se abusaba de 48 millones de argentinos“, le achacó.

En otro tramo, trazó un paralelo entre los supuestos avances de la economía argentina y su cambio de posición respecto de Malvinas: : “Estamos hablando de 200 mil millones de dólares que van a ser invertidos en nuestra economía durante los próximos años para potenciar distintos sectores con mucho potencial, como la generación de energía, la minería, la infraestructura, la tecnología y la siderurgia; sectores que van a expandir aún más nuestras exportaciones nacionales y que, dicho sea de paso, nos permite ser un jugador importante de manera geopolítica y nos permite poder avanzar en el reclamo de nuestra soberanía sobre Malvinas”, subrayó.

“Festejamos tu victoria, hoy estamos en la miseria”. La frase, escrita sobre uno de los camiones que este viernes avanzaban hacia Puerto Iguazú, resumía buena parte del clima con el que Javier Milei sería recibido en su primera visita a Misiones desde que llegó a la Presidencia. Faltaban todavía varias horas para que aterrizara el avión presidencial, pero sobre las rutas del norte provincial ya comenzaba a formarse una caravana de productores yerbateros dispuestos a llevar hasta donde pudieran su protesta contra la desregulación del sector.

La convocatoria había sido fijada para las 14.30. Desde antes comenzaron a llegar camiones de trabajo, tractores, camionetas y vehículos particulares. Algunos eran modelos antiguos, con las marcas del uso cotidiano en las chacras; avanzaban uno detrás de otro entre la vegetación y después quedaban estacionados en fila sobre la banquina.

Hasta el tiempo acompañaba la incertidumbre de la jornada. El pronóstico amenazaba con lluvia sobre la triple frontera, pero por momentos las nubes se abrían y dejaban pasar el sol. Bajo ese cielo cambiante fueron llegando los productores.

Entre ellos había algunos que recorrieron decenas de kilómetros para intentar hacer visible una situación que, aseguran, se agravó durante los últimos años. “Necesitamos que Milei nos escuche”, dijo a elDiarioAR uno de ellos junto a los camiones. La posibilidad de conseguir algún contacto directo con el Presidente parecía remota, pero el objetivo era al menos conseguir que el reclamo quedara a la vista durante su paso por la provincia.

La preocupación excede el precio que reciben por la hoja verde. En las zonas productoras, sostienen, el deterioro de la actividad empezó a empujar a trabajadores y familias a buscar alternativas del otro lado de la frontera. “Hay muchos que están emigrando a Brasil”, contó otro productor a este medio durante la caravana. En una provincia que comparte cientos de kilómetros de frontera con ese país, la salida aparece entre los chacareros como una de las consecuencias más visibles de la falta de rentabilidad.

No todos los que se movilizaban habían sido siempre adversarios del Presidente. Entre los productores también había quienes acompañaron electoralmente al libertario y ahora responsabilizan a una de las primeras medidas de su gobierno por la situación que atraviesa la producción yerbatera. La protesta buscaba interpelar precisamente a Milei en su primera visita como Presidente a una provincia donde consiguió un fuerte respaldo en las elecciones de 2023.

Las asociaciones habían anticipado el tono de la recepción varios días antes. En una carta abierta dirigida a Milei y a los funcionarios nacionales que desembarcarían en Misiones, cinco organizaciones vinculadas a la producción yerbatera y agraria fueron explícitas desde la primera línea: “No son bienvenidos a la Tierra de la Yerba Mate”. El motivo, plantearon a continuación, era que las políticas del Gobierno estaban destruyendo una economía regional que durante un siglo había generado actividad y sostenido a miles de familias en la provincia.

El documento apuntó directamente contra uno de los principios que Milei reivindica como eje de su programa económico. “La falsa eficiencia del modelo de libre mercado que pregonan”, escribieron las organizaciones, antes de rebautizarlo entre paréntesis como “modelo de destrucción” y responsabilizarlo por el aumento de la pobreza en las zonas productoras.

La crítica central es que la desregulación no produjo la competencia que prometía el Gobierno porque la estructura del mercado yerbatero ya estaba fuertemente concentrada. Según plantearon las asociaciones, la eliminación de las herramientas de intervención terminó permitiendo que las empresas con mayor capacidad de compra ampliaran sus márgenes a expensas de productores primarios y trabajadores rurales. A eso sumaron la caída del consumo interno y el desmantelamiento de áreas del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) vinculadas con la fiscalización, el registro y el control técnico.

Cortes y reclamos

La movilización tenía distintos recorridos y puntos de concentración. La caravana de productores yerbateros avanzaba desde Comandante Andresito hacia Puerto Iguazú por la Ruta Nacional 101, con camiones, tractores y camionetas provenientes también de otros puntos de la provincia. Uno de los lugares clave era el encuentro de la 101 con la Ruta Nacional 12, corredor que conecta la zona del aeropuerto con Puerto Iguazú y que podía quedar dentro del recorrido presidencial en caso de que Milei fuera trasladado por tierra.

En paralelo, organizaciones sociales, sindicales y políticas habían convocado para las 14.30 sobre la Ruta Nacional 12, frente a Güirá Oga, en el acceso a Puerto Iguazú. Desde allí estaba previsto movilizarse hacia la zona del Centro de Frontera. A los reclamos de los yerbateros se sumaron estatales de ATE Misiones y otros sectores que durante las horas previas habían hecho circular convocatorias para repudiar la presencia presidencial.

El objetivo de los productores era sencillo de explicar y bastante más difícil de ejecutar: acercarse todo lo posible al lugar por donde pasaría Milei. La idea era avanzar con los tractores y camiones hasta que el operativo de seguridad se los impidiera y permanecer allí durante la estadía del mandatario.

Para entonces, las fuerzas de seguridad ya se habían desplegado sobre los corredores que conducen a Puerto Iguazú. Gendarmería montó controles sobre la Ruta Nacional 101 y en la zona de acceso al aeropuerto, por donde avanzaba la columna proveniente de Andresito. También había presencia de fuerzas federales sobre la Ruta Nacional 12 y los ingresos a Puerto Iguazú, mientras Gendarmería, Prefectura y la Policía de Misiones formaban parte del dispositivo en torno a los distintos puntos de protesta.

Más cerca del Loi Suites, el hotel donde Milei tenía previsto cerrar la 47° Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), el operativo era todavía mayor. El establecimiento está ubicado dentro de un predio de unas 600 hectáreas, rodeado de selva y con apenas dos accesos desde la Ruta Nacional 12, una geografía que facilitaba mantener las protestas a distancia del encuentro.

La otra incógnita de la tarde era si los productores llegarían siquiera a cruzarse con la comitiva presidencial. Durante buena parte de la previa no estaba definido si Milei recorrería por tierra el trayecto desde el aeropuerto hasta el hotel o si sería trasladado en helicóptero. La segunda alternativa le permitiría evitar los puntos elegidos por los manifestantes para hacer visible el reclamo.

Si optaba por el traslado terrestre, en cambio, la protesta podía quedar sobre su recorrido. Milei tenía previsto aterrizar alrededor de las 17 y debía desplazarse desde el aeropuerto hasta el hotel para hablar cerca de las 18. La posibilidad de que el Presidente viera desde su vehículo los tractores y camiones era, en buena medida, lo que sostenía la expectativa de quienes habían viajado hasta Iguazú.

La movilización, de todos modos, iba más allá de conseguir ese contacto fugaz. Los productores buscaban convertir la primera visita presidencial a Misiones en una vidriera de la crisis yerbatera y llevar el reclamo hasta el mismo lugar donde el Gobierno volvería a reivindicar su política económica y de desregulación ante empresarios y ejecutivos de finanzas.

PL

Javier Milei pisará este viernes Misiones por primera vez desde que llegó a la Casa Rosada y lo hará en un escenario que condensará algunas de las tensiones que atraviesan a su gobierno. Mientras el mandatario cierre en Puerto Iguazú la 47° Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), rodeado de empresarios, economistas y buena parte de su equipo económico, pequeños productores yerbateros intentarán llegar con tractores y camiones hasta las inmediaciones del hotel para protestar contra la desregulación de una actividad que constituye uno de los principales motores de la economía provincial.

La visita será breve. Según la agenda prevista, Milei aterrizará alrededor de las 17 en el aeropuerto internacional de Puerto Iguazú y una hora después encabezará el cierre del encuentro del IAEF en el hotel Loi Suites, ubicado en una zona selvática próxima al puente internacional Tancredo Neves, que conecta la Argentina con Brasil. Todavía resta definir si el Presidente recorrerá por tierra el trayecto entre el aeropuerto y el hotel o si será trasladado en helicóptero.

La diferencia no es menor. Si la comitiva presidencial elige la primera alternativa, deberá atravesar el cruce de las rutas nacionales 12 y 101, uno de los puntos elegidos por los productores para concentrarse. La intención de las organizaciones yerbateras es avanzar desde allí en caravana hacia Puerto Iguazú y acercarse todo lo posible al lugar donde estará el jefe de Estado.

A la protesta se sumarán estatales de ATE Misiones y otras organizaciones sindicales que comenzaron a movilizarse desde el jueves. Durante las últimas horas también circularon por grupos de WhatsApp distintas convocatorias para repudiar la presencia presidencial en la provincia.

El operativo de seguridad es considerable. El Loi Suites se encuentra dentro de un predio cerrado de unas 600 hectáreas, con apenas dos accesos desde la Ruta 12, que estarán custodiados por Gendarmería y otras fuerzas federales. La Policía de Misiones también participará del dispositivo, aunque desde el gobierno provincial buscaron tomar distancia de cualquier eventual contención de las protestas y señalaron que su intervención estará destinada a “preservar la seguridad de los misioneros”.

Desregulación yerbatera

El reclamo que Milei encontrará en su primera incursión por la provincia apunta directamente contra una de las primeras medidas de su administración. El DNU 70/2023 eliminó buena parte de las facultades regulatorias del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), entre ellas las herramientas con las que intervenía en la determinación del valor de la materia prima.

La medida modificó el equilibrio dentro de una cadena productiva en la que conviven unos 12.000 pequeños productores con secaderos y grandes industrias que concentran una porción considerable de la capacidad de compra. Las asociaciones yerbateras sostienen que la desregulación debilitó especialmente a los productores primarios y a los tareferos, los eslabones con menor capacidad de negociación frente a los molinos.

Los números que manejan las entidades explican buena parte del malestar. Actualmente los productores perciben entre 250 y 300 pesos por kilo de hoja verde, mientras estiman que el costo de producción ronda los 500 pesos. La brecha se amplió en los últimos años por el fuerte aumento de los gastos vinculados a la cosecha, los aportes laborales y el combustible, sin que el precio recibido por la materia prima acompañara esa evolución.

A fines de 2023, antes de que comenzara a aplicarse el nuevo esquema, el kilo de hoja verde puesto en secadero rondaba los 210 pesos. Desde entonces, el costo de la cosecha pasó de unos 15.000 a alrededor de 79.000 pesos por tonelada.

El deterioro ya comenzó a trasladarse a los propios yerbales. Según pudo saber elDiarioAR de fuentes del sector, aquellos productores que no consiguen cubrir sus costos redujeron tareas de fertilización y limpieza, una retracción de la inversión que empieza a repercutir sobre los niveles de producción. Las asociaciones también advierten que la pérdida de capacidad regulatoria del INYM aceleró la concentración de poder de compra en un puñado de grandes industrias.

No será la primera vez que el conflicto yerbatero se cruce con una visita de la familia presidencial a Misiones. En mayo de 2025, en medio de la campaña electoral, Karina Milei viajó a Oberá para participar de una actividad partidaria de La Libertad Avanza y se encontró con una movilización de productores que reclamaban precisamente contra la desregulación. La secretaria general de la Presidencia terminó acotando su agenda en la provincia para evitar incidentes.

Esta vez, sin embargo, será el propio Presidente quien llegue a territorio misionero. Y lo hará acompañado por algunos de los funcionarios más identificados con el programa económico que cuestionan los productores. Durante la jornada también expondrán en el foro Federico Sturzenegger, uno de los principales impulsores de la desregulación, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller Pablo Quirno. Entre los empresarios que participarán estará Jorge Brito.

Milei aterrizará en Iguazú después de una semana particularmente cargada. Tras su discurso ante el IAEF, está previsto que se traslade al hotel Falls para encontrarse con la conducción provincial de La Libertad Avanza, encabezada por Adrián Núñez y el diputado nacional Diego Hartfield. El encuentro tendrá una dimensión que excede la actividad partidaria: entre los dirigentes libertarios misioneros deberá definirse quién encabezará el desafío por la gobernación en una provincia donde el oficialismo local enfrenta, por primera vez en más de dos décadas, un escenario electoral considerablemente más abierto.

El gobernador Hugo Passalacqua también participará de las actividades vinculadas al foro y está previsto que reciba institucionalmente al Presidente, aunque por el momento no se espera una fotografía pública de ambos. El mandatario provincial compartirá el encuentro con sus pares Juan Pablo Valdés, de Corrientes; Raúl Jalil, de Catamarca; y Alfredo Cornejo, de Mendoza.

PL

Javier Milei volvió a acelerar. Después de varias semanas de agenda pública reducida, el Presidente arrancó septiembre con una sobredosis de actividad: cinco días consecutivos entre reuniones, discursos, un viaje al exterior y otro al interior del país. El contraste es particularmente visible en la Casa Rosada. Milei había pisado por última vez Balcarce 50 el 31 de julio y recién regresó el lunes 24 de agosto, cuando encabezó una reunión de gabinete. Durante buena parte de ese intervalo se había replegado en la Quinta de Olivos con una ocupación que compitió con la gestión cotidiana: terminar de escribir su nuevo libro, “La moral como política de Estado”.

Este martes ofreció quizás la imagen más clara del cambio. Apenas ocho días después de aquella reaparición, Milei volvió a sentarse a la cabecera de la mesa del gabinete, repasó con sus ministros la marcha de la economía y terminó alterando sobre la marcha una semana que ya venía cargada. La cuestión Malvinas irrumpió en la reunión y el Presidente decidió que hablará sobre el tema el jueves a las 21 por cadena nacional.

El contraste con agosto es difícil de disimular. Entre una visita y otra a la Casa Rosada transcurrieron 23 días, mientras la política seguía moviéndose sin él en el centro de la escena. La ausencia física de Milei fue, de todos modos, lo suficientemente prolongada como para alimentar versiones de todo tipo. En esos días llegaron a circular incluso rumores sobre el estado de salud del Presidente, que desde el Gobierno negaron tajantemente. En el entorno presidencial descartaron tajantemente que existiera algún problema de esa naturaleza.

Milei siguió la gestión desde Olivos, pero redujo sensiblemente su exposición presencial. No ocurrió lo mismo en las redes sociales. Allí su actividad volvió a intensificarse durante las últimas semanas y también recrudecieron sus ataques contra el periodismo. Este mismo martes por la noche, después del anuncio de la cadena nacional, reaccionó contra quienes cuestionaron su utilización para hablar sobre Malvinas. “Las MIERDAS HUMANAS (95%) de siempre salen a llorar por el uso de la cadena nacional”, escribió, y volvió a utilizar la misma expresión para acusar a sus críticos de estar dispuestos a “atacar al gobierno incluso si implica defender intereses extranjeros”.

Agenda frenética

La cadena que tendrá lugar este jueves agregó otra casilla a una agenda que prácticamente no tiene huecos. El raid comenzó el lunes con su participación en el Congreso Americano de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), donde el Gobierno volvió a exhibir su intención de recuperar una fecha de la Fórmula 1 para la Argentina. Este miércoles cerrará el encuentro “Vientos de Cambio: Avanza la Libertad en Argentina y las Américas”, un escenario bastante más familiar para Milei, que volverá a combinar allí la defensa de su programa económico con la batalla ideológica.

El jueves deberá multiplicarse. Viajará a Santiago de Chile para participar del Foro de Madrid y por la noche volverá a concentrarse en la política doméstica con la cadena nacional sobre Malvinas, que será grabada ese mismo día. El viernes cambiará nuevamente de escenario: desembarcará en Puerto Iguazú para participar de la Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), en la que será su primera visita oficial a la provincia de Misiones.

La hiperactividad también llega en un momento en el que el Gobierno necesita recuperar capacidad para imponer su propia lectura de la economía. La estabilización sigue siendo el principal activo que exhibe la Casa Rosada, pero debajo de los grandes números comenzaron a aparecer discusiones que resultan más difíciles de encapsular en el relato oficial. El propio Ravier dejó en evidencia esa tensión este martes: aseguró que el Gobierno “no ve crisis económica”, aunque reconoció que existen empresas que cierran, trabajadores que pierden sus puestos y familias sensibles al incremento de las tarifas.

Milei pretende evitar que esas fotografías particulares terminen componiendo una imagen general adversa. En las conversaciones con sus colaboradores viene reclamando una defensa más enfática de los resultados de la gestión. La discusión ya no pasa solamente por mostrar la baja de la inflación o el equilibrio fiscal, sino por disputar la interpretación de una economía en la que la Casa Rosada asegura ver una recuperación mientras distintos sectores acumulan señales menos auspiciosas.

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En medio de una sesión clave para Javier Milei y cuando la Casa Rosada vuelve a necesitar de los bloques dialoguistas para avanzar con su agenda en el Congreso, el gobernador de Misiones Hugo Passalacqua eligió este miércoles para presentar su nueva herramienta de negociación nacional. El mandatario llegó a la Cámara de Diputados para formalizar Argentina Federal, una bancada encabezada por los cuatro representantes del oficialismo provincial y compartida con legisladores que responden al salteño Gustavo Sáenz, que promete inaugurar una relación más exigente con el oficialismo: menos acompañamientos automáticos y negociación ley por ley.

La foto terminó de trasladar a Buenos Aires una ruptura que hasta hace pocas semanas podía leerse fundamentalmente en clave provincial. Después de desplazar a Carlos Rovira de la conducción efectiva de los bloques misioneros, Passalacqua decidió exhibir personalmente el nuevo orden en el lugar donde esa disputa puede adquirir mayor relevancia para la política nacional. El gobernador recorrió el Palacio Legislativo y se mostró con sus diputados, quienes también posaron con Martín Menem, una imagen cuidadosamente alejada de cualquier pretensión de ruptura definitiva con la Casa Rosada.

No estuvo Sáenz. El gobernador salteño había anticipado que permanecería en su provincia por la inauguración del aeropuerto, aunque entre los misioneros existió hasta último momento alguna expectativa de que pudiera viajar. Su ausencia dejó a Passalacqua inevitablemente en el centro de una presentación que, aun cuando reúne representantes de dos provincias, tuvo una impronta marcadamente misionera. Oscar Herrera Ahuad, exgobernador y uno de los principales protagonistas del quiebre con Rovira, quedó al frente de una bancada que integran también los misioneros Alberto Arrúa, Yamila Ruiz y Daniel Vancsik, junto con los salteños Yolanda Vega, Pablo Outes y Bernardo Biella.

No son nuevos compañeros de ruta. Los siete ya compartían el bloque Innovación Federal, por lo que la creación de Argentina Federal no altera por sí misma la aritmética de la Cámara. Lo que cambia es la conducción política del espacio y, sobre todo, la lógica con la que pretende intervenir.

El momento no podía resultar más apropiado para poner a prueba la promesa de autonomía. Apenas terminada la presentación, los integrantes del nuevo espacio bajaron al recinto y contribuyeron al quórum de la sesión convocada por Menem, en la que La Libertad Avanza busca avanzar con dos iniciativas centrales para el Gobierno: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el proyecto de Inocencia Fiscal II. Argentina Federal estuvo entre los bloques provinciales que permitieron alcanzar los 129 presentes necesarios para abrir el debate.

Sin embargo, cuando se mira el resto del temario de la jornada, aparece una iniciativa bastante más pequeña para la agenda nacional, aunque mucho más reveladora para entender la lógica con la que Passalacqua pretende moverse desde ahora. Este miércoles también se vota la reducción del IVA para la fécula, la harina, la fariña y otros derivados de la mandioca, un proyecto impulsado por los misioneros que propone llevar la alícuota del 21% al 10,5%. La iniciativa había obtenido dictamen unánime en la Comisión de Presupuesto y Hacienda y llegó al recinto en una sesión para la que el oficialismo necesitó negociar con los mismos espacios provinciales que le permitieron conseguir el quórum.

Es que, si la Casa Rosada necesita a los misioneros, los misioneros quieren que esa necesidad tenga alguna traducción para la provincia. Esa es, precisamente, una de las diferencias que Passalacqua intenta marcar respecto de la etapa anterior. Durante los primeros años de Milei, Rovira administró una relación con el Gobierno nacional que convirtió a los legisladores misioneros en aliados recurrentes en algunas de las votaciones más difíciles. La ruptura provincial desarmó ese mecanismo y dejó una pregunta que desde hace semanas recorre los despachos del Congreso: ¿los votos que antes ordenaba Rovira se convertirán ahora en votos opositores o simplemente en votos más caros?

Cerca del gobernador ofrecen una respuesta que, por ahora, combina ambas posibilidades. La intención es aumentar el nivel de confrontación cuando estén en juego intereses provinciales, pero conservar la capacidad de acordar cuando exista una respuesta de Nación. Una definición que circula en el nuevo esquema de poder misionero lo resume de manera bastante menos sofisticada: “A Hugo le van a tener que dar más de lo que le daban a Rovira”.

La mandioca puede ser este miércoles la primera traducción parlamentaria de esa frase. La negociación por las denominadas zonas cálidas había ofrecido días atrás un antecedente desde el Ejecutivo: después de que Passalacqua llevara el reclamo a la cumbre del Norte Grande en Posadas, el Gobierno nacional abrió una negociación para establecer un tratamiento diferencial de los subsidios eléctricos en las provincias sometidas a temperaturas más altas. Ahora la misma lógica desembarca en el recinto.

Y ocurre, además, en un momento especialmente sensible para la Casa Rosada. Después de los últimos tropiezos legislativos, Milei necesita reconstruir la relación con gobernadores y bloques provinciales para evitar que cada sesión se transforme en una incógnita. Passalacqua parece haber advertido esa debilidad justo cuando consiguió algo que durante años no tuvo: administrar directamente sus votos nacionales. La apuesta consiste ahora en convertir la necesidad parlamentaria de Milei en capacidad de negociación. La duda es hasta dónde podrá tensar esa cuerda sin terminar cayendo de alguno de los dos lados.

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“Ahora van a ver La Odisea”, bromeó uno de los colaboradores cuando la reunión ya estaba por terminar. No hablaba de política, aunque la frase se prestaba demasiado bien para la interpretación. La 24ª Asamblea de Gobernadores del Norte Grande había transcurrido durante buena parte de la mañana en el hall de entrada del IMAX del Parque del Conocimiento de Posadas, con las puertas de las salas de cine a pocos metros de la mesa alrededor de la cual Diego Santilli y buena parte de los mandatarios de la región habían conversado durante casi dos horas. La referencia era literal: en el complejo se proyecta la película dirigida por Christopher Nolan. Pero el chiste tenía inevitablemente una segunda lectura.

El movimiento había comenzado bastante antes. Desde las 10 fueron llegando los gobernadores y representantes provinciales al enorme predio levantado en las afueras del centro de Posadas. A las 10.20 estaba prevista la fotografía institucional y alrededor de las 10.45 comenzó la reunión. Hugo Passalacqua ofició de anfitrión y Santilli llegó como representante de un Gobierno nacional que atraviesa una etapa en la que necesita bastante más de los mandatarios de lo que su discurso original estaba dispuesto a reconocer.

Pero antes de que se cerraran las puertas apareció la frase política más fuerte de la jornada. Gustavo Sáenz ni siquiera había entrado a la reunión cuando decidió meterse de lleno en la interna de la provincia que lo recibía. El gobernador de Salta habló con los periodistas presentes, respaldó explícitamente a Passalacqua y apuntó contra Carlos Rovira. “Se terminaron los capangas”, soltó.

Para los conocedores de la historia política reciente de Misiones, la elección de las palabras resultó especialmente sugestiva. Más de dos décadas atrás, el propio Rovira había apelado a una expresión casi idéntica cuando decidió romper con Ramón Puerta, el dirigente que había sido su padrino político y bajo cuyo liderazgo había llegado a la gobernación. En 2003, aquella rebelión terminó dando origen al esquema de poder que después el líder del otrora Frente Renovador de la Concordia conduciría durante más de veinte años.

“Yo acompaño al gobernador que ha elegido la gente. No puede gobernar un fantasma, un señor ingeniero que no lo conoce nadie”, sostuvo Sáenz. Y lanzó, irónico: “Yo le mandé un mensaje una vez pero nunca me contestó porque parece que estaba con los horarios cambiados, porque no vive acá”.

El gobernador de Salta cuestionó así al viejo conductor del oficialismo misionero prácticamente en la puerta de uno de sus monumentos. Es que la escena sumaba otra paradoja. Sáenz estaba a punto de ingresar a una de las obras que mejor condensan el legado de Rovira. El Parque del Conocimiento no es simplemente uno de los principales complejos culturales de Misiones. Es también una de las construcciones más ambiciosas de la era del exgobernador y uno de los proyectos con los que buscó dejar una marca que trascendiera su paso formal por el poder.

Inaugurado en el año 2007, Rovira lo concibió como una suerte de ciudad cultural, con grandes explanadas y distintos espacios conectados por recorridos internos. Ubicado a pocos metros del Aeropuerto general José de San Martín, el predio reúne espacios que a primera vista parecen difíciles de encontrar dentro de una misma institución: un teatro lírico, una biblioteca, centros de exposiciones, un observatorio astronómico y el IMAX donde se desarrolló la reunión, una sala de cine de gran formato y alta resolución, una de las dos que existen en el país.

La escala forma parte de la pretensión con la que fue pensado. También algunos detalles de su arquitectura. Uno de los más característicos es la extensa rampa ascendente que atraviesa la entrada del edificio principal. Quienes conocen la concepción original del complejo explican que la pendiente buscó representar el esfuerzo necesario para alcanzar el conocimiento: un recorrido progresivo hacia arriba antes de llegar a destino.

Durante la mañana, la rampa adquirió una utilidad bastante más terrenal. Al finalizar la reunión, Santilli se apartó allí para hablar por teléfono. El jefe de Gabinete quedó durante algunos minutos sobre la pendiente, celular en mano, mientras a pocos metros continuaba el movimiento de funcionarios y colaboradores. En una jornada pródiga en metáforas involuntarias, el hombre encargado de reconstruir el vínculo de la Casa Rosada con los gobernadores había elegido justamente la rampa del esfuerzo para atender una llamada.

La conversación a puertas cerradas se extendió hasta cerca de las 12.45. El contenido formal giró alrededor de la agenda que Nación y las provincias vienen negociando desde hace semanas, pero el dato político estuvo en la propia presencia de Santilli. Apenas seis días antes, varios de los gobernadores representados en aquella mesa habían vuelto a demostrar en el Senado que su acompañamiento a Javier Milei tiene límites.

El jefe de Gabinete llegó por eso con una tarea que excedía ampliamente los asuntos puntuales del temario: sostener abiertos los puentes con mandatarios cuyos votos el oficialismo necesitará para atravesar los próximos meses. La lógica es ahora bastante más pragmática. Antes de abrir nuevas batallas, el Gobierno quiere saber con qué apoyos cuenta y qué resistencias puede generar en las provincias.

Pasado el mediodía, la comitiva volvió a ponerse en movimiento. Después de la actividad en el hall central, gobernadores y funcionarios caminaron hacia otro sector del predio para cerrar la jornada con un almuerzo. El destino fue Sky, el restaurante ubicado dentro del Parque del Conocimiento, a pocos metros del observatorio astronómico.

Durante los primeros minutos, las puertas permanecieron abiertas y desde afuera pudo verse una de las imágenes políticas de la jornada: Passalacqua y Santilli sentados uno al lado del otro alrededor de la mesa. La escena quedó expuesta apenas unos minutos. Poco después, las puertas se cerraron y las conversaciones continuaron fuera del alcance de cámaras y periodistas.

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Desde temprano, el movimiento empezó a concentrarse alrededor del Parque del Conocimiento de Posadas. Uno a uno fueron llegando los gobernadores y representantes de las provincias del Norte Grande para participar de la 24ª Asamblea regional, con Hugo Passalacqua como anfitrión y una agenda cargada de reclamos por energía, infraestructura y recursos. La foto institucional estaba prevista para media mañana, pero buena parte de la política ya había empezado antes, entre saludos, conversaciones breves y la expectativa por la llegada del jefe de Gabinete, Diego Santilli.

Santilli aterrizó en Misiones con una misión que excedía la formalidad de acompañar una cumbre de gobernadores. La Casa Rosada viene de varios días de negociaciones intensas con las provincias y necesita sostener esos vínculos para avanzar con su agenda legislativa. Pero antes de sentarse a escuchar reclamos sobre rutas, tarifas y zonas cálidas, el funcionario dejó una definición que terminó atravesando buena parte de la jornada. “El esfuerzo que ha hecho la sociedad es enorme, es enorme, y eso hay que destacarlo”, dijo apenas llegó a Posadas.

La frase funcionó como reconocimiento y también como pedido de paciencia. Consultado por la demora en la recuperación del consumo, la actividad y los ingresos, Santilli defendió el rumbo económico, aunque admitió que la mejora todavía no alcanza a todos. “Estamos en una etapa de transición de una economía que destruía los sectores productivos a una economía que fortalece los sectores productivos”, sostuvo.

El jefe de Gabinete reconoció además que el crecimiento es dispar. “Es un proceso de transformación del país donde se ven muchas industrias que crecen, otras que no. Nosotros estamos tratando de que la economía llegue a todos los sectores”, afirmó.

Cuando se le preguntó cuánto tiempo faltaba para que esa recuperación se sintiera de manera generalizada, evitó poner una fecha. “Yo creo que va a llegar, yo creo que va a llegar”, respondió. Luego agregó que los cambios estructurales en otros países demandaron “tres, cuatro, cinco a siete años” y aseguró que Argentina ya comenzó a crecer, aunque todavía de forma desigual.

Las definiciones tuvieron un peso particular por el escenario en el que fueron pronunciadas. El Norte Grande concentra buena parte de los reclamos de las provincias por asimetrías energéticas, infraestructura y costos logísticos. Y Santilli llegó a Posadas convertido en uno de los principales encargados de recomponer los puentes entre la Casa Rosada y los gobernadores, justo cuando el oficialismo necesita sus votos para sostener la agenda que viene en el Congreso.

La advertencia más reciente había llegado la semana pasada, cuando el Gobierno consiguió la media sanción de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, pero debió resignar varios de sus capítulos frente a la resistencia de fuerzas provinciales. La experiencia dejó una enseñanza incómoda en Balcarce 50: los gobernadores pueden acompañar a Milei, pero no están dispuestos a hacerlo a cualquier costo.

En ese contexto, uno de los temas que sobrevoló la reunión fue el régimen de Zonas Frías. El proyecto ya obtuvo media sanción en Diputados y el Gobierno pretende destrabar su tratamiento en el Senado después de las conversaciones que Santilli mantuvo con distintos mandatarios. En paralelo, las provincias del Norte Grande buscan aprovechar esa discusión para introducir su propio reclamo: un régimen específico para las denominadas zonas cálidas.

“Estamos discutiendo el tema de zonas cálidas, estamos trabajando con los gobernadores”, confirmó Santilli. La idea es avanzar sobre algún mecanismo que compense el mayor consumo eléctrico durante los meses de altas temperaturas, en paralelo con la discusión sobre los beneficios para las regiones que soportan inviernos más duros.

La energía ocupó también un lugar central en la agenda de la cumbre. Los gobernadores discutieron una Estrategia Federal Energética, con nuevas rutas y tarifas de transporte dentro del sistema de gas, además de mecanismos para mejorar las condiciones de acceso a la energía en el norte argentino.

Santilli sumó a esa lista la situación de las rutas nacionales. El jefe de Gabinete señaló que el nuevo esquema sobre más de 9.000 kilómetros de corredores viales ya comenzó a avanzar y estimó que algunos de los últimos tramos adjudicados podrían empezar a recibir trabajos entre fines de agosto y principios de septiembre.

La infraestructura sigue siendo uno de los puntos más sensibles en la relación entre Nación y las provincias. Desde el comienzo de la gestión libertaria, la Casa Rosada redujo fuertemente la obra pública nacional y trasladó buena parte de la responsabilidad hacia los distritos. Los gobernadores, en cambio, insisten en que rutas, corredores logísticos, acueductos y obras energéticas de gran escala no pueden depender únicamente de recursos provinciales.

Santilli buscó mostrar avances en esa relación. “La agenda que yo tengo de ellos casi el 90% está resuelta”, aseguró al referirse a los reclamos que recibió durante sus conversaciones con los mandatarios.

Interna misionera

La reunión también tuvo un condimento político inesperado por la interna misionera. Passalacqua recibió a sus pares en medio del proceso de ruptura con Carlos Rovira, su histórico padrino político y durante dos décadas principal conductor del oficialismo provincial.

Gustavo Sáenz decidió meterse de lleno en esa disputa apenas llegó a Posadas. El gobernador salteño respaldó explícitamente a Passalacqua y lanzó una de las frases más fuertes de la jornada contra Rovira. “Se terminaron los capangas”, afirmó al cuestionar los liderazgos que, según planteó, pretenden conducir una provincia por fuera de los cargos institucionales.

“Yo acompaño al gobernador que ha elegido la gente. No puedo acompañar a una persona que no conozco”, sostuvo Sáenz al ser consultado por Rovira.

La intervención del mandatario salteño llevó así la discusión local al centro de una reunión que, en principio, tenía una agenda predominantemente federal. Pero también reforzó un mensaje más amplio del Norte Grande: la necesidad de que las provincias coordinen posiciones frente a la Nación.

“Hay que juntarnos todos y pelear por nuestras provincias”, planteó Sáenz, y volvió sobre una crítica habitual de los gobernadores del interior: la tendencia de los gobiernos nacionales a tomar decisiones desde Buenos Aires sin contemplar las particularidades productivas y sociales de cada región.

Ese es justamente el terreno que Santilli intenta administrar. La Casa Rosada necesita evitar que el Norte Grande se transforme en un bloque de resistencia, pero los gobernadores saben que el oficialismo tampoco tiene los votos suficientes para prescindir de ellos. El resultado es una negociación cada vez más explícita en la que energía, rutas, infraestructura y legislación nacional se mezclan con la construcción política para 2027.

PL

Diego Santilli desembarcará este miércoles en Posadas con una misión que excede largamente la agenda formal del Norte Grande. Apenas unos días después de que los aliados provinciales le marcaran un límite al Gobierno en el Senado, el jefe de Gabinete se sentará frente a los gobernadores de una de las regiones que más reclamos acumula contra la Nación y cuyos votos la Casa Rosada necesita para sostener la agenda legislativa de Javier Milei.

La excusa institucional será la 24ª Asamblea de Gobernadores del Norte Grande Argentino, que reunirá en el Parque del Conocimiento de la capital misionera a mandatarios y representantes de las diez provincias que integran el espacio. Además del anfitrión Hugo Passalacqua —en pleno proceso de ruptura con Carlos Rovira, su histórico padrino político y durante más de dos décadas conductor indiscutido del poder provincial—, el bloque está compuesto actualmente por Raúl Jalil, de Catamarca; Leandro Zdero, de Chaco; Juan Pablo Valdés, de Corrientes; Gildo Insfrán, de Formosa; Carlos Sadir, de Jujuy; Ricardo Quintela, de La Rioja; Gustavo Sáenz, de Salta; Elías Suárez, de Santiago del Estero; y Osvaldo Jaldo, de Tucumán.

La agenda comenzará a las 10 con la llegada de los gobernadores. Según informaron fuentes oficiales, a las 10.20 está prevista la fotografía institucional y a las 10.45 comenzará la asamblea. Los mandatarios atenderán a la prensa alrededor de las 12.45 y luego compartirán un almuerzo de trabajo.

El temario de la reunión contempla, entre otros puntos, el impacto que podría tener el fenómeno de El Niño y las herramientas de prevención y respuesta. Pero buena parte de la atención política estará puesta en el diálogo entre Santilli y los gobernadores.

Es que el jefe de Gabinete llegará a ese escenario convertido en uno de los principales encargados de recomponer los puentes entre la Casa Rosada y las provincias. Desde que asumió como ministro coordinador intensificó los contactos con mandatarios provinciales y comenzó a ocupar un lugar que para el Gobierno será cada vez más importante a medida que se acerque 2027: conseguir votos en el Congreso sin convertir cada negociación legislativa en una guerra con los mandatarios que después Milei necesitará para intentar reelegirse.

La advertencia más reciente llegó la semana pasada. El Gobierno consiguió la media sanción de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, pero tuvo que desprenderse de algunos de sus capítulos más ambiciosos frente a la resistencia de fuerzas provinciales. La modificación de la Ley de Tierras quedó afuera antes de la sesión y los cambios a la Ley de Manejo del Fuego terminaron cayéndose en el recinto. Los aliados acompañaron, pero antes obligaron al oficialismo a podar el proyecto.

La experiencia dejó una enseñanza incómoda en Balcarce 50: los gobernadores pueden ayudar a Milei, pero no están dispuestos a acompañarlo a cualquier costo. La mesa política encabezada este martes por Karina Milei volvió sobre esa dificultad y empezó a ordenar la agenda que viene bajo una lógica bastante más pragmática. Antes de abrir una nueva batalla, habrá que saber cuántos votos existen y, especialmente, qué precio político puede tener para la relación con las provincias.

Uno de los temas que sobrevolará la reunión de este miércoles en Posadas será el régimen de Zonas Frías. El proyecto ya obtuvo media sanción en Diputados y el Gobierno pretende destrabar su tratamiento en el Senado después de las conversaciones que Santilli mantuvo con distintos mandatarios. En paralelo, el Norte Grande busca aprovechar la discusión para introducir su propio reclamo: si existen beneficios para las regiones que soportan bajas temperaturas, también debería contemplarse el mayor consumo energético de las provincias sometidas durante buena parte del año a calores extremos.

De allí surgió la negociación para avanzar con un régimen específico para las denominadas zonas cálidas. La hoja de ruta que comenzó a discutirse contempla dos movimientos simultáneos: conseguir la sanción definitiva de Zonas Frías y, como contrapartida, impulsar una iniciativa destinada a compensar el mayor consumo eléctrico durante los meses de altas temperaturas en el norte del país.

El planteo energético tendrá además un capítulo propio en la agenda oficial. Los gobernadores discutirán una Estrategia Federal Energética que contempla nuevas rutas y tarifas de transporte dentro del sistema de gas y mecanismos para mejorar las condiciones de acceso a la energía en el norte argentino. También volverán sobre uno de los reclamos más persistentes desde la llegada de Milei al poder: el financiamiento de infraestructura.

Para un Gobierno que hizo del recorte de la obra pública una de las primeras banderas de su ajuste, el tema nunca resultó cómodo. Para los gobernadores, en cambio, sigue siendo una de las principales monedas de negociación con la Nación. Rutas, acueductos, energía y obras inconclusas forman parte de una lista de demandas que Santilli viene escuchando provincia por provincia mientras intenta construir una relación menos áspera que la que caracterizó buena parte de la primera mitad del mandato libertario.

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La interna que desde hace semanas atraviesa al oficialismo misionero llegó este jueves al Senado y terminó de romper la representación unificada de la provincia en la Cámara alta. Apenas comenzada la sesión en la que se debatió el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, la senadora Sonia Rojas Decut anunció la conformación del monobloque Movimiento por Misiones (MPM), una decisión que formaliza su alineamiento con el gobernador Hugo Passalacqua y profundiza el distanciamiento con Carlos Rovira, cuyo principal referente parlamentario pasa a ser el senador Carlos Arce.

El anuncio confirma, además, el escenario que elDiarioAR había adelantado durante los últimos días. En medio de la discusión por el capítulo que derogaba la Ley de Tierras —finalmente retirado por La Libertad Avanza para facilitar el tratamiento del proyecto— comenzaron a multiplicarse las versiones sobre un eventual voto dividido de los senadores misioneros. La creación del monobloque, comunicada antes del inicio del debate, terminó de consolidar esa posibilidad.

Después de casi tres años en los que los dos senadores actuaron en forma coordinada y acompañaron la estrategia parlamentaria definida por Rovira, la representación de Misiones en la Cámara alta quedó oficialmente dividida en dos espacios con referencias políticas distintas. La fractura también representa un nuevo dolor de cabeza para Milei: desde el inicio de su gestión, Arce y Rojas Decut integraban el grupo de aliados más confiables del oficialismo en la Cámara alta. Con la conformación del nuevo bloque, la Casa Rosada pierde uno de esos apoyos previsibles y suma un nuevo foco de incertidumbre en un Senado donde cada voto resulta determinante para sostener su agenda legislativa.

En el comunicado difundido por su despacho, Rojas Decut sostuvo que la conformación del monobloque “Movimiento por Misiones” “representa la consolidación de un camino político que pone en el centro a Misiones, su identidad y el mandato de los misioneros” y aseguró que el nuevo espacio será “una herramienta de gestión al servicio del Gobierno de la provincia y de cada misionero que abraza los ideales del federalismo”.

La senadora procuró presentar la decisión como una reafirmación de una identidad provincial antes que como una ruptura política. “Vine al Senado a defender a mi provincia”, afirmó, al tiempo que sostuvo que el nuevo bloque nace para sostener “un compromiso territorial directo con los 79 municipios” de Misiones, un guiño a los intendentes que en su inmensa mayoría están alineados con el gobernador Passalacqua.

No resulta casual que el primer punto de la agenda del flamante monobloque esté dedicado a la defensa de la tierra misionera. El documento rechaza expresamente “cualquier reforma que facilite la extranjerización indiscriminada de tierras rurales” o debilite la protección de las zonas de frontera vinculadas al Acuífero Guaraní, precisamente el capítulo que desencadenó la tensión entre el Gobierno nacional y los gobernadores y que finalmente fue retirado del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

“La tierra misionera es identidad, soberanía, seguridad y arraigo para nuestras familias. Ante la más mínima duda sobre la protección de nuestro territorio, mi deber no es arriesgar: es proteger”, sostuvo Rojas Decut. Sin embargo, la definición política más significativa aparece sobre el final del texto. “Estoy a disposición para llevar la voz del Gobierno de mi provincia al Congreso de la Nación”, concluye la senadora.

La creación del monobloque agregó un nuevo elemento de incertidumbre a la sesión de este jueves. Si bien en los pasillos del Senado seguía firme la versión de que los representantes de Misiones podrían votar de manera diferente el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el anuncio de Rojas Decut terminó de institucionalizar una ruptura que ya no se limita a una diferencia circunstancial sobre una ley, sino que refleja la reconfiguración del poder dentro del oficialismo misionero.

En la votación final, los dos representantes misioneros votaron en contra de las modificaciones al Manejo del Fuego y a favor de los demás capítulos de la norma que fueron aprobados en la madrugada de este viernes.

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La interna en el oficialismo misionero entre Carlos Rovira y el actual gobernador Hugo Passalacqua —que este lunes terminó de formalizar su ruptura con el histórico conductor al renunciar a Encuentro Misionero, el partido que ambos compartían hasta hace pocas semanas— podría tener el próximo jueves su primera consecuencia concreta en el Congreso. Después de casi tres años en los que los dos senadores de Misiones acompañaron disciplinadamente la estrategia parlamentaria diseñada por Rovira y sostuvieron al gobierno de Javier Milei en prácticamente todas las votaciones decisivas, el tratamiento de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada amenaza con alterar esa dinámica.

El hermetismo es total y hasta último momento nadie se anima a dar por cerrado el escenario. Sin embargo, según pudo saber elDiarioAR de fuentes cercanas a los involucrados, Sonia Rojas Decut y Carlos Arce rechazarían el artículo que deroga la Ley de Tierras, el punto más controvertido del proyecto impulsado por la Casa Rosada. Las diferencias aparecerían en la votación en general: mientras Arce se inclinaría por acompañar el resto de la iniciativa, Rojas Decut también votaría en contra del proyecto completo. ¿Responderán los senadores al hombre que durante más de veinte años ordenó la política misionera o comenzarán a reflejar el nuevo equilibrio de poder que intenta construir Passalacqua?

La duda no es menor. Desde la llegada de La Libertad Avanza al poder, Rovira se convirtió en uno de los aliados parlamentarios más confiables del oficialismo. Tanto los diputados como los senadores del entonces Frente Renovador de la Concordia —hoy rebautizado Encuentro Misionero— acompañaron casi sin fisuras las principales iniciativas del Gobierno. La única excepción aparente fue el episodio de Ficha Limpia, en mayo de 2025, cuando los votos de Rojas Decut y Arce terminaron siendo determinantes para que el proyecto fracasara.

Inmediatamente, sin embargo, esa votación comenzó a ser leída como el resultado de un entendimiento subterráneo orientado a impedir la sanción de una ley que hubiera fortalecido al PRO apenas una semana antes de las elecciones porteñas. El Presidente, después del escándalo, buscó despegarse públicamente de aquella maniobra y llegó a presentar el resultado como una traición de los legisladores misioneros. En la política provincial, en cambio, siempre predominó otra interpretación: que Rojas Decut y Arce no hicieron más que ejecutar una instrucción en el marco de un acuerdo previamente conversado con la Casa Rosada.

Esta vez el escenario es diferente. La resistencia a derogar la Ley de Tierras no nació en el entorno del histórico conductor, sino en el del actual gobernador. El gobierno de Passalacqua viene marcando desde hace semanas su rechazo a la iniciativa con un argumento político sencillo: para una provincia cuya economía depende en buena medida de la producción primaria y donde la cuestión de la tierra posee una sensibilidad histórica, eliminar los límites a la compra por parte de extranjeros implicaría asumir un costo político demasiado alto. El fin de semana terminó de reforzar esa posición cuando el mandatario apareció públicamente con una gorra que llevaba la inscripción “Lo que amamos no se vende”.

Detrás de esa discusión jurídica aparece, en realidad, otra mucho más profunda. La tensión entre Rovira y Passalacqua dejó hace tiempo de ser una simple disputa por nombres o candidaturas. También expresa dos estrategias distintas frente al Gobierno nacional. Mientras Rovira fue el principal arquitecto del entendimiento político con Milei y el encargado de garantizar el acompañamiento legislativo de Misiones desde diciembre de 2023, Passalacqua nunca terminó de sentirse cómodo con ese alineamiento. El gobernador debió administrar una provincia especialmente golpeada por el ajuste nacional, con una fuerte caída de la obra pública, un deterioro de las economías regionales y una crisis sin precedentes para el sector yerbatero, uno de los pilares de la economía misionera.

La tierra como frontera política

En Misiones hay una convicción que atraviesa a buena parte del arco político, incluso por encima de las diferencias partidarias: la tierra nunca fue considerada un activo económico más. Esa es una de las razones por las que el artículo del proyecto impulsado por Milei que elimina las restricciones a la compra de campos por parte de extranjeros terminó generando una reacción tan transversal. El rechazo no provino solamente de organizaciones rurales o ambientales, sino que también alcanzó a intendentes, productores, gremios y, ahora, al propio oficialismo provincial.

Los números ayudan a entender esa sensibilidad. Según el Quinto Informe del Observatorio de Tierras, Misiones es hoy la provincia argentina con mayor porcentaje de superficie rural en manos de capitales extranjeros: el 11,29% de su territorio —unas 325.750 hectáreas— pertenece a propietarios de otros países. Distintas organizaciones provinciales sostienen incluso que el porcentaje asciende al 14% cuando se consideran únicamente las tierras de mayor productividad.

A diferencia de lo que ocurre en otras jurisdicciones, donde la propiedad extranjera aparece distribuida entre distintos actores, en Misiones la concentración tiene nombre propio. La forestal chilena Arauco, a través de Alto Paraná y otras sociedades vinculadas, controla alrededor de 240.000 hectáreas, convirtiéndose en uno de los mayores propietarios privados de tierras del país. La mayor parte de esas superficies se ubica sobre el corredor del río Paraná, precisamente la zona donde también se concentran algunos de los mayores niveles de extranjerización de toda la provincia.

Las consecuencias ya forman parte del debate cotidiano en varios municipios. En Puerto Libertad, por ejemplo, las autoridades locales sostienen que cerca del 80% de las tierras útiles pertenecen a una sola empresa, una situación que condiciona tanto la expansión urbana como la radicación de nuevos emprendimientos productivos. Ese diagnóstico es compartido por numerosos intendentes y por más de treinta organizaciones sociales, campesinas, sindicales y ambientales que durante las últimas semanas impulsaron movilizaciones y documentos públicos para reclamar a los legisladores nacionales que rechacen la derogación de la Ley de Tierras.

La discusión, además, llega en un momento especialmente delicado para la economía provincial. La crisis que atraviesa la producción yerbatera, sumada al deterioro de otras economías regionales, alimentó el temor de que muchos pequeños productores terminen desprendiéndose de sus chacras por necesidad económica. En Misiones, por eso, el debate no gira únicamente alrededor de quién puede comprar tierras. También alrededor de quién estará en condiciones de conservarlas.

Ese contexto ayuda a entender por qué el eventual voto de los senadores misioneros excede ampliamente una discusión legislativa. Si finalmente Rojas Decut y Arce rechazan el artículo que deroga la Ley de Tierras, no solo marcarán distancia de una de las iniciativas más importantes impulsadas por la Casa Rosada. También reflejarán el nuevo equilibrio de fuerzas que comenzó a emerger dentro del oficialismo provincial, donde Passalacqua encontró en la defensa de la tierra uno de los primeros temas capaces de diferenciarlo abiertamente de la estrategia de acercamiento a Milei que Rovira impulsó desde el inicio del gobierno libertario.

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Durante más de dos décadas, en Misiones existió una certeza que parecía inamovible: el Gobierno provincial y Carlos Rovira eran, en los hechos, una misma cosa. Ese ciclo terminó este lunes. Hugo Passalacqua formalizó su renuncia a Encuentro Misionero, el partido que hasta hace pocos meses era la columna vertebral del Frente Renovador de la Concordia, y terminó de consumar una ruptura que ya había dejado de ser un rumor para convertirse en un hecho político de enorme magnitud.

La presentación fue realizada ante la Secretaría Electoral del Distrito Misiones y quedó registrada este lunes a las 11.15. En el formulario, el gobernador escribió de puño y letra que renunciaba “en particular al partido Encuentro Misionero (ex Concordia Social)”. Horas después confirmó la decisión a través de sus redes sociales con un mensaje tan breve como contundente: “Renuncié al partido Encuentro Misionero (ex Partido de la Concordia Social, partido al que me afilié oportunamente)”.

Desde el punto de vista administrativo, se trata apenas de una desafiliación. Desde el punto de vista político, en cambio, el gesto tiene un alcance mucho mayor. Passalacqua deja formalmente el partido que Rovira decidió crear como plataforma para ordenar su propia sucesión política. Del otro lado quedó el Gobierno provincial, que en las últimas semanas comenzó a reorganizarse alrededor del espacio que denominó Movimiento por lo que Viene y de una mayoría de intendentes, ministros y dirigentes que resolvió permanecer junto al actual gobernador.

La imagen resulta casi impensada para cualquier observador de la política misionera de los últimos veinte años. Por primera vez desde 2003, el gobernador de Misiones ya no integra el espacio político conducido por Rovira. Y, por primera vez desde que dejó la Gobernación, Rovira tampoco conserva influencia formal sobre la administración provincial que él mismo construyó.

La ruptura venía gestándose desde hacía meses. Primero aparecieron las diferencias alrededor de la sucesión de 2027. Luego llegaron el lanzamiento de Encuentro Misionero, la resistencia de Passalacqua a incorporarse al nuevo esquema partidario, el respaldo de la mayoría de los intendentes al gobernador y las críticas cada vez menos disimuladas al armado político impulsado por Rovira alrededor del vicegobernador Lucas Romero Spinelli y de su hijo Ramiro.

La renuncia conocida este lunes también repercute sobre el tablero nacional. Llega apenas tres días antes de la sesión del Senado en la que se debatirá la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y, especialmente, el artículo que elimina las restricciones a la compra de tierras por parte de extranjeros. Como pudo saber elDiarioAR, el voto de los senadores misioneros podría reflejar por primera vez la nueva correlación de fuerzas dentro del oficialismo provincial y apartarse de la estrategia parlamentaria que Rovira sostuvo junto a la Casa Rosada desde la llegada de Javier Milei al poder.

Hasta hace muy poco, semejante escenario habría parecido imposible. Rovira había construido buena parte de su poder alrededor de una premisa sencilla: podía retirarse de los cargos sin abandonar nunca el gobierno. Esa lógica le permitió dejar la Gobernación en 2007 y seguir conduciendo la política provincial durante casi dos décadas desde la presidencia de la Legislatura. Lo que comenzó a resquebrajarse durante los últimos meses es justamente ese mecanismo y nada indica que vaya a haber marcha atrás.

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Una imagen vale más que mil palabras, dice el refrán. Pero a veces hace falta detenerse cuadro por cuadro para descubrir todo lo que contiene. La semana pasada, elDiarioAR reveló que el ex gobernador de Misiones Carlos Rovira había participado, en enero de 2025, de la celebración organizada para anunciar el sexo del bebé que esperaban Augusto Marini y su pareja. Hasta entonces, la presencia del mandamás en la casa que el joven empresario posee en Portezuelo, Punta del Este, había pasado completamente inadvertida. En el video que el propio dueño de Blender y Carajo publicó en sus redes sociales apenas se lo veía durante un instante, de espaldas, sentado en una larga mesa frente al mar.

Sin embargo, ese mismo segundo de video escondía otro dato que en su momento también pasó inadvertido. Sentado exactamente frente a Rovira se observa a otra figura de gran poder en Misiones: Marcelo Zbikoski, dueño del exGrupo Plaza, y quien controla más del 80% del transporte urbano de pasajeros de la provincia. La imagen constituye, probablemente, el primer registro público de ambos compartiendo un ámbito estrictamente privado. Pero también revela algo más: hasta ahora tampoco existían indicios públicos de un vínculo entre Zbikoski y Marini. ¿Se trata simplemente de una amistad nacida al calor de un mismo círculo social o existe, además, algún proyecto empresarial compartido que permanece fuera del conocimiento público?

La pregunta no resulta caprichosa. Más allá de la presencia de Zbikoski en aquella mesa, el transporte constituye desde hace tiempo uno de los sectores sobre los que Marini decidió expandir su holding. A través de Cale Group desembarcó en el negocio ferroviario de la mano de Motora Argentina, que supo incorporar a su estructura a Alejandro Hibbert —un histórico funcionario del área que atravesó distintos gobiernos nacionales—, comenzó a disputar algunos de los contratos más importantes del sector. Hace apenas unas semanas, Trenes Argentinos Operaciones (SOFSA) le adjudicó a Motora una millonaria compra de repuestos para coches y locomotoras de la línea San Martín, una licitación considerada estratégica dentro del proceso de reorganización del sistema ferroviario impulsado por el Gobierno.

Pero ese contrato funciona apenas como el prólogo de una disputa mucho mayor. La empresa de Marini aparece hoy como una de las principales candidatas para quedarse con la denominada reparación “de media vida” de los 117 coches CSR Puzhen que prestan servicio en esa misma línea, una obra valuada en más de US$ 100 millones en la que compite contra Materfer y la UTE conformada por BRF y Emepa. El proyecto contempla una intervención estructural integral sobre las formaciones, incluyendo la incorporación de aire acondicionado, después de más de una década sin mantenimientos de fondo.

Presencia nacional

De origen misionero, el brazo de Marcelo Zbikoski hace tiempo que alcanza a Buenos Aires. Años atrás, el empresario adquirió buena parte de los activos del histórico Grupo Plaza, el gigante del transporte fundado por los hermanos Cirigliano tras el derrumbe del conglomerado que durante años dominó buena parte de las líneas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). A partir de esa operación rebautizó la compañía como Misión Buenos Aires, que actualmente opera la histórica línea 129 —que une Retiro con La Plata—, además de otros servicios urbanos e interurbanos en territorio bonaerense.

El peso de la familia Zbikoski en el transporte argentino no termina allí. Sus hermanos, Javier y Eduardo, son los propietarios de Metropol, uno de los grupos más importantes del país. La empresa administra decenas de líneas urbanas e interurbanas en el AMBA, además de servicios de media distancia que conectan la Capital Federal con ciudades del norte de la provincia de Buenos Aires. Tras la caída de Plaza y Ecotrans, Metropol fue absorbiendo buena parte de esos recorridos y terminó consolidándose, junto con DOTA, como uno de los actores dominantes del transporte automotor de pasajeros en la Argentina. Entre Misión Buenos Aires y Metropol, los Zbikoski construyeron uno de los conglomerados privados más relevantes del sector.

Ese crecimiento incluso terminó colándose en la discusión política nacional. En julio de 2023, en medio de un paro de colectivos que paralizó el AMBA, el entonces ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa responsabilizó directamente a los hermanos. “Es un paro que forzaron los empresarios”, afirmó, antes de apuntar con nombre y apellido contra dos de los principales jugadores del mercado: “Hay un señor Faija (Dota) y uno Zbikoski, al que le dicen 'el amarillo', que pretenden tener de rehenes a los trabajadores para defender su rentabilidad”. La referencia no fue casual. En el sector se identifica desde hace años a Metropol y a Dota como los dos grupos empresarios que más crecieron tras la desaparición del imperio construido por los Cirigliano y como algunos de los principales receptores del sistema de subsidios.

Fue, probablemente, una de las pocas veces que el apellido Zbikoski irrumpió con fuerza en los medios nacionales. Hasta entonces, la influencia de la familia había permanecido casi exclusivamente asociada al ecosistema misionero.

El zar

La influencia de los Zbikoski es histórica en Misiones. Marcelo heredó y expandió el grupo empresario familiar hasta convertirlo en el principal operador del transporte urbano de la provincia. A través del Grupo Z controla empresas como Don Casimiro, Tipoka y Nuestra Señora del Rosario, responsables de buena parte del sistema de colectivos del Gran Posadas y del interior provincial. El conglomerado también administra el tren internacional Posadas-Encarnación y participa del sistema de boleto electrónico, una infraestructura clave para el funcionamiento cotidiano de la movilidad misionera.

Pese al volumen de sus negocios, Zbikoski siempre cultivó un perfil particularmente bajo. Sus apariciones públicas fueron escasas y durante años evitó convertirse en una figura mediática. “Él siempre buscó pasar por debajo del radar”, resume un hombre del círculo rojo misionero que lo conoce desde hace décadas. Esa discreción, sin embargo, nunca impidió que se convirtiera en uno de los hombres de negocios más cuestionados de la provincia, señalado por competidores y sectores de la oposición como el principal beneficiario del proceso de concentración del transporte urbano.

Una de sus últimas entrevistas ocurrió en diciembre de 2025, cuando dialogó con Radio República sobre la crisis del sector. Allí reconoció que la irrupción de Uber modificó profundamente el negocio. “A nosotros nos ha disminuido la carga en un 40%; es decir, hemos perdido el 40% de los pasajeros”, afirmó al referirse al impacto de la aplicación en Posadas, especialmente a partir del crecimiento de Uber Moto. También sostuvo que, sin subsidios, el boleto debería costar entre 4.000 y 5.000 pesos por pasajero y cuestionó el diseño del esquema nacional de compensaciones. “En estos 23 años las empresas se han portado mal, principalmente en Buenos Aires. Muchas veces las empresas son traviesas, no tienen todo el control que deberían tener y después nos quejamos”, admitió.

El peso del Grupo Z no se explica únicamente por la cantidad de líneas que opera. También es el resultado de un largo proceso de concentración que fue reduciendo progresivamente la competencia dentro del sistema provincial. Uno de los episodios más ilustrativos ocurrió en 2017. Ese año, la empresa Bencivenga, una histórica prestataria del transporte urbano de Posadas, denunció públicamente que el Grupo Z ejercía prácticas monopólicas al impedirle ingresar a la estación de transferencia de la avenida Quaranta y restringir parte de sus recorridos. Semanas después, la firma fue adquirida por el grupo correntino Río Uruguay. La operación desactivó el conflicto político inmediato, pero no modificó el equilibrio del sistema.

Las tensiones reaparecieron tres años más tarde. En 2020, Bencivenga volvió a denunciar que el Grupo Z le impedía utilizar las estaciones de transferencia pese a integrar formalmente el Sistema Integrado de Transporte Urbano y Metropolitano. La disputa ya no giraba solamente alrededor de un predio, sino del control de un mercado donde, según denunciaba la empresa rival, Zbikoski había logrado construir una posición prácticamente dominante.

“Acá quien está detrás de este problema es Marcelo Zbikoski. Él maneja todo el sistema”, llegó a afirmar públicamente Darío Skrabiuk, titular de Río Uruguay y propietario de Bencivenga. La rivalidad nunca terminó de apagarse. Según reconstruyeron distintos medios locales, en julio de 2023 ambos empresarios protagonizaron una pelea a golpes de puño durante una reunión convocada en la sede de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) de Posadas para discutir la crisis del transporte.

Tensión misionera

La revelación del vínculo entre Zbikoski y Marini —advertida inicialmente por el programa Malas Compañías— generó inquietud en Misiones. No por el encuentro social en sí, sino porque se da a conocer en un momento particularmente sensible, cuando recrudece la interna entre Carlos Rovira y el actual gobernador Hugo Passalacqua y se empieza a poner bajo la lupa el mapa de poder económico construido durante las últimas dos décadas en la provincia.

El oficialismo encabezado por Passalacqua amenaza con revisar por primera vez buena parte de la arquitectura de contratos con el Estado que acompañó al largo ciclo político de Rovira. Cada vez más, en reuniones reservadas, ya no se discuten solamente candidaturas o liderazgos. También empezó a ponerse en cuestión la existencia de ciertas estructuras de proveedores que a lo largo de años parecían completamente consolidadas.

El caso de AlegraMed es probablemente el más visible. Mientras la oposición continúa cuestionando el millonario contrato de la plataforma de telemedicina desarrollada por Marini, en la provincia ya circulan versiones acerca de que Passalacqua analiza alternativas para reemplazar ese servicio. Distintas fuentes consultadas por elDiarioAR aseguran incluso que ya existe una empresa identificada como eventual sucesora, aunque hasta el momento no hubo ninguna definición oficial.

Pero AlegraMed no es el único negocio de Cale Group que empezó a quedar bajo la lupa. En las últimas horas también trascendió la participación del holding de Marini en el desarrollo de varios parques solares construidos en Misiones durante los últimos años. Según documentación de la propia empresa a la que tuvo acceso el sitio Caíco Periodismo, Cale Vial obtuvo en 2022 el contrato EPC para el parque fotovoltaico de Silicon Misiones, el polo tecnológico inaugurado por Rovira en 2023, diseñado por la estatal china PowerChina por encargo del Ministerio de Hacienda provincial.

El grupo de Marini también se atribuye la construcción del Parque Fotovoltaico Posadas I, mientras distintas fuentes del sector energético sostienen que también intervino en los proyectos de San Javier, Oberá e Itaembé Guazú, aunque esa participación nunca fue confirmada oficialmente por la Provincia.

Entre dirigentes del oficialismo provincial también aparece, cada vez con mayor frecuencia, el interrogante sobre el futuro de las concesiones del Grupo Z, cuya posición dominante dentro del sistema de transporte misionero resulta uno de los rasgos más visibles del modelo económico que acompañó al rovirismo durante las últimas dos décadas. Nadie sostiene que exista una decisión tomada ni un proceso administrativo en marcha para correr a Zbikoski. Pero el hecho de que esas conversaciones hayan comenzado a producirse refleja hasta qué punto la disputa política ya empezó a proyectarse sobre terrenos más delicados.

Quizás por eso aquella escena registrada en el verano de 2025, durante apenas un segundo, adquiere hoy una dimensión distinta. ¿Cuántas veces se vio públicamente a Carlos Rovira compartiendo una mesa privada con uno de los empresarios más poderosos de Misiones? ¿Y cuántas veces ocurrió, además, frente a un empresario como Augusto Marini, cuya expansión también empezó a cruzarse con algunos de los sectores más sensibles de la economía provincial? Para una provincia donde su mandamás construyó durante más de veinte años buena parte de su poder desde la discreción y lejos de las cámaras, la imagen resulta inédita. Y tal vez sea precisamente esa excepcionalidad la que explique por qué un simple video familiar terminó convirtiéndose en uno de los documentos políticos más reveladores de los últimos tiempos.

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Incredulidad. Esa fue la sensación que predominó el día que empezó a correr la versión de un distanciamiento entre el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, y el líder indiscutido del oficialismo provincial, Carlos Rovira. El rumor apareció de manera casi subterránea, se expandió durante buena parte de 2025 y, en un principio, nadie quiso tomarlo en serio. No porque las diferencias entre ambos fueran imposibles —en política nunca lo son—, sino porque suponía poner en duda el principal activo que Rovira construyó durante más de dos décadas: su condición de conductor infalible.

El lanzamiento de Encuentro Misionero, el nuevo nombre que reemplazó al histórico Frente Renovador de la Concordia, y la decisión de Rovira de no competir el año próximo por una banca en la Cámara de Representantes —la primera vez desde 2007 que ni siquiera integrará formalmente el Poder Legislativo provincial— fueron leídos por todo el mundo como la señal más evidente de que el ciclo político inaugurado en 2003 había terminado. Pero la decisión de Passalacqua de competir por la reelección en 2027 le agregó un capítulo inesperado a esa hoja de ruta.

En Misiones existe una convicción instalada desde hace años. Que nada importante ocurre sin que Rovira lo haya previsto. Que ningún movimiento político escapa a su control. Que, incluso cuando parece retroceder, en realidad está varios pasos adelante. Sin embargo, esta vez algo empezó a desacomodar esa lógica. Un proceso silencioso, alimentado por gestos y conversaciones reservadas que terminaron encontrando una confirmación inesperada en las últimas semanas.

No es un dirigente cualquiera el que aparece ahora en el otro vértice de la disputa. Passalacqua, de 68 años, gobernó la provincia entre 2015 y 2019, volvió al poder en 2023 y supo ser uno de los hombres de mayor confianza del conductor. De perfil moderado y mucho más inclinado a la gestión que a la construcción partidaria, nunca había protagonizado un cortocircuito público con quien diseñó el sistema hegemónico que rige en Misiones desde comienzos de siglo. Por el contrario, Passalacqua siempre reconoció a Rovira como el cerebro más importante de la historia política de la provincia. Precisamente por eso, el episodio adquiere una dimensión inédita.

Fractura expuesta

Durante meses, todo permaneció en el terreno de las versiones. Nadie hablaba en público. Las diferencias se insinuaban en reuniones reservadas, en gestos cada vez menos disimulados y en el creciente malestar de un sector del oficialismo con el esquema de sucesión diseñado por Rovira. Hasta que el silencio empezó a resquebrajarse. Y no fueron dirigentes menores quienes decidieron hacerlo.

El primer paso llegó después de que el flamante Encuentro Misionero difundiera el listado de sus autoridades. Entre los nombres aparecía el del propio gobernador Passalacqua, junto al de ministros, intendentes y funcionarios que, según el entorno del mandatario, jamás habían autorizado integrar ese nuevo espacio. La respuesta no tardó en llegar.

Quien salió a fijar posición fue el ministro coordinador de Gabinete, Carlos “Kako” Sartori, uno de los funcionarios de mayor confianza de Passalacqua. “Tanto el gobernador como la inmensa mayoría de los funcionarios, dirigentes y militantes que lo acompañamos formábamos parte de un partido, la Renovación, que se extinguió, ya no existe más”, sostuvo, tajante. El funcionario fue todavía más lejos y acusó al nuevo espacio de haber utilizado “nuestros nombres sin autorización” y anunció que tanto el gobernador como el resto de los dirigentes presentarían formalmente su renuncia.

“Hay un grupo que formó otro espacio y abandonó ese proyecto llevándose, entre otras cosas, las fichas de afiliación”, afirmó Sartori. De manera inédita para la política misionera, por primera vez era el propio oficialismo el que hablaba de dos espacios distintos donde hasta hacía apenas unos meses existía uno solo.

Pocos días después llegó la confirmación política. La encargada de darla fue Viviana Rovira, prima del mandamás, pareja de Passalacqua y presidenta del Instituto Misionero de Biodiversidad (IMiBio). Durante un encuentro de mujeres realizado en Puerto Rico, frente a cientos de militantes, intendentes y dirigentes de toda la provincia, pronunció una frase que terminó de confirmar lo que hasta entonces circulaba únicamente por lo bajo. “Nuestro exconductor eligió irse a otro espacio. Nosotros nos quedamos donde estuvimos siempre. Ahora tenemos que volver a empezar juntos, pero con más fuerza”, arengó.

Desde el inicio del actual mandato, Viviana volvió a ubicarse en el centro de la escena como la dirigente de mayor confianza de Passalacqua y una de las principales articuladoras del trabajo territorial del oficialismo. Sin embargo, mucho antes de convertirse en una de las principales espadas políticas del actual gobernador, había ocupado un lugar central en uno de los episodios más decisivos de la historia reciente de Misiones: en 2006 encabezó la campaña por el Sí durante el referéndum convocado por Rovira para habilitar su re-reelección. Aquella consulta terminó con el triunfo del No impulsado por el entonces obispo Joaquín Piña y representó la mayor derrota electoral del conductor renovador.

El fin del tabú

Hasta hace poco, discutir el liderazgo de Rovira en Misiones era un ejercicio reservado a las sobremesas. La combinación de una estructura territorial aceitada, una oposición fragmentada y una economía provincial relativamente ordenada había convertido al exgobernador en una figura casi indiscutida. Incluso quienes cuestionaban aspectos de su gestión solían reconocerle una virtud política poco frecuente: la capacidad para anticiparse a los acontecimientos y mantener el control del sistema.

Ese consenso empezó a resquebrajarse durante 2024. La prolongada protesta policial y de docentes primero, y la irrupción de un discurso abiertamente anti-Rovira después, modificaron un clima político que llevaba años sin grandes alteraciones. Por primera vez desde la creación del Frente Renovador de la Concordia, en 2003, comenzaron a multiplicarse las críticas dirigidas no solamente contra el Gobierno provincial, sino contra el propio conductor del espacio. La figura de Rovira dejó de ser un tema vedado y empezó a ocupar un lugar central en la discusión pública.

Aunque el exgobernador sigue siendo el dirigente con mayor capacidad de decisión, la actual situación supone el inicio de una discusión que hasta hace muy poco era prácticamente un tabú: cómo administrar la sucesión del hombre que se acostumbró a ordenar la política misionera casi sin oposición interna. Y es precisamente alrededor de esa pregunta donde empezaron a aflorar las tensiones. Lo que hoy se discute dentro del oficialismo no es solamente quién gobernará Misiones después de Rovira. Se discute también quién administrará la estructura política, económica y territorial que construyó el exgobernador.

La pulseada con Passalacqua expresa dos maneras distintas de entender la relación de Misiones con el gobierno de Javier Milei. Durante los últimos dos años y medio fue Rovira quien se encargó de tender puentes con la Casa Rosada al preservar un vínculo de cooperación con el oficialismo nacional. Los diputados y senadores responden directamente a él. Y en momentos clave, garantizó el acompañamiento legislativo a los proyectos más polémicos de La Libertad Avanza. Esa estrategia le permitió mantener capacidad de negociación con un Gobierno que hizo del ajuste fiscal una de sus principales banderas.

Passalacqua, en cambio, nunca terminó de sentirse completamente cómodo con ese esquema. No solo por las diferencias ideológicas que tiene con Milei, sino por el lugar que le tocó ocupar. Mientras Rovira administraba la relación política con la Nación, el gobernador debía gestionar una provincia golpeada por el recorte de transferencias, la caída de la obra pública y una crisis cada vez más profunda en la producción yerbatera, uno de los principales motores económicos de Misiones.

Perestroika rovirista

La palabra no apareció en boca de nadie, pero la referencia resulta inevitable. A mediados de los años ochenta, el líder soviético Mijaíl Gorbachov bautizó como perestroika (“reestructuración”, en ruso) al paquete de reformas con el que intentó modernizar un sistema que él mismo buscaba preservar. Salvando las enormes distancias históricas, algo de esa lógica comenzó a percibirse en Misiones. Casi en paralelo con el lanzamiento de Encuentro Misionero, Carlos Rovira empezó a impulsar una batería de reformas políticas e institucionales que, al menos en el plano discursivo, revisan algunos de los pilares del modelo que él mismo consolidó durante más de dos décadas.

Los anuncios se hacen en “La Previa”, comos se denomina a las reuniones políticas que instauró Rovira a partir del 2024 y que se realizan antes de cada sesión ordinaria de la Cámara de Representantes. Desde abril, cada jueves convocó a dirigentes para anticipar los proyectos considerados estratégicos y fijar la línea política del oficialismo. El encuentro dejó de realizarse hace dos semanas, justo cuando la interna con Passalacqua comenzó a hacerse cada vez más visible.

Entre las iniciativas impulsadas figura una reforma electoral que incorpora la Boleta Única Partidaria y limita la polémica Ley de Lemas a un máximo de cuatro listas por fuerza política en cada municipio. Formalmente, el objetivo es reducir la proliferación de candidaturas y simplificar el proceso electoral. Pero en Misiones pocos creen que el alcance sea únicamente administrativo.

La discusión comenzó apenas unas semanas después de que 67 intendentes firmaran la denominada “Acta Acuerdo de Ruiz de Montoya”, un documento que proclamó a Passalacqua como la “máxima autoridad del Estado”, respaldó abiertamente su eventual reelección y reclamó mayor participación de los jefes comunales en las decisiones partidarias. En ese contexto, cualquier modificación que limite el peso electoral de los intendentes o restrinja su capacidad de construir poder territorial fue interpretada como un mensaje directo hacia el principal sostén político del gobernador.

A esa reforma se suman cambios en el Código Procesal Penal para profundizar el sistema acusatorio y la oralidad de los juicios, además de un proyecto de Ficha Limpia Misionera, que incorpora nuevas causales de inhabilitación para acceder a cargos electivos y prevé incluso controles toxicológicos para quienes aspiren a representar a la ciudadanía.

¿Passalacqua 2027?

Toda la discusión en Misiones gira alrededor del esquema de poder que Carlos Rovira pretende dejar armado para la próxima etapa. El conductor no imagina a Passalacqua encabezando nuevamente la boleta para buscar la reelección y convirtiéndose, eventualmente, en el primer político en la historia provincial en alcanzar tres mandatos. Su apuesta es otra: consolidar un recambio generacional con el actual vicegobernador Lucas Romero Spinelli como principal referencia institucional, pero acompañado por un esquema de poder mucho más amplio en el que Ramiro Rovira aparece ocupando un lugar cada vez más relevante.

Mientras el joven Romero Spinelli, de solo 36 años, representa la continuidad política del proyecto, el hijo mayor del exgobernador fue ganando protagonismo en el universo empresarial que comenzó a gravitar alrededor del oficialismo durante los últimos años. En la política misionera son cada vez más quienes leen ambos procesos como partes de un mismo diseño sucesorio.

Ese proyecto, sin embargo, empezó a encontrar resistencias dentro de la propia Renovación. Con el lanzamiento de Encuentro Misionero, Rovira conservó el núcleo juvenil que desde hace años viene formando alrededor suyo. Pero buena parte del resto del ecosistema político del oficialismo tomó otro camino. Intendentes, algunos ministros y dirigentes históricos comenzaron a presionar a Passalacqua para que se despegue de esa estrategia de Rovira, convencidos de que una eventual reelección del gobernador ofrecería una transición mucho menos traumática que un recambio generacional impulsado desde arriba.

La figura de Leonardo “Lalo” Stelatto, el intendente de Posadas, también genera cierto rechazo. Aunque continúa siendo uno de los dirigentes más cercanos a Rovira y aparece como una pieza importante dentro del esquema de transición que imagina el conductor, su eventual proyección provincial despierta fuertes resistencias entre buena parte de los jefes comunales del interior. Lo identifican como uno de los grandes beneficiarios políticos y presupuestarios del rovirismo durante los últimos años y sostienen que su candidatura difícilmente lograría sintetizar al conjunto del oficialismo.

¿Y si Passalacqua es, en realidad, la verdadera prenda de unidad de cara al 2027? Algunos lo creen posible. “Si Hugo encabeza, la Renovación tiene muchas más chances de ganar que de perder”, sostiene uno de los dirigentes que impulsa esa salida unitaria. Hay quienes afirman que lo que comenzó a ponerse en tela de juicio es algo más: el grado de autonomía que tendrá quien gobierne la provincia durante los próximos años. “Cerca de Passalacqua creen que pueden administrar mucho mejor con mayor independencia”, resume uno de los dirigentes consultados.

Escenario abierto

Dentro del oficialismo, sin embargo, el debate dejó hace tiempo de limitarse a las candidaturas. “No estamos hablando solamente de política. Estamos hablando de dinero”, sintetiza descarnadamente otra fuente que participa de las conversaciones. La frase resume una percepción bastante extendida dentro del oficialismo. Los rumores acerca de una revisión silenciosa de proveedores, contratos, estructuras de financiamiento y circuitos de negocios que durante años acompañaron al modelo de poder construido por Rovira se acrecentaron en las últimas semanas. Es en ese contexto donde algunos dirigentes empezaron a releer episodios que, vistos de manera aislada, parecían desconectados entre sí.

En el entorno de Passalacqua saben que la estrategia de romper con Rovira tendría un costo adicional. El exgobernador fue mucho más que el jefe político del oficialismo. Se trató, además, del principal arquitecto de la política extraprovincial del “misionerismo”. Mientras sus sucesivos delegados se concentraban en la gestión cotidiana, él se dedicaba a articular acuerdos que excedían largamente las fronteras de Misiones. “La Renovación hace tiempo hace política afuera, no adentro”, resume un dirigente que conoce de cerca ese funcionamiento.

La principal fortaleza política de Rovira no fue solamente su capacidad para ganar elecciones. Fue, sobre todo, la sensación de que siempre llegaba antes que los demás. Anticipó el colapso del bipartidismo provincial, sobrevivió a los cambios de signo político en la Casa Rosada, construyó una de las maquinarias electorales más estables del país y logró algo que muy pocos dirigentes consiguieron: retirarse formalmente del poder sin dejar de ejercerlo. Esa fama de estratega hizo que, durante mucho tiempo, cualquier movimiento suyo fuera interpretado como parte de un plan cuidadosamente diseñado.

Por eso todavía existen quienes desconfían de la veracidad de la interna. En la política misionera no faltan los que creen que es una escena minuciosamente montada, una nueva maniobra del propio conductor para volver a correr del centro de la escena a la oposición y reorganizar el tablero bajo sus propias reglas. La teoría no resulta extravagante en una provincia donde, durante dos décadas, casi todas las jugadas importantes terminaron llevando su firma.

Pero incluso si esa hipótesis fuera cierta, no modifica el dato político de fondo. El cambio de ciclo ya comenzó. La incógnita dejó de ser si habrá un después de Rovira. La verdadera pregunta es otra: ¿ese después será administrado en los términos que el propio Rovira consiga imponer o en los que se le terminen imponiendo desde afuera? Con una oposición todavía fragmentada y La Libertad Avanza que busca capitalizar el creciente sentimiento de hartazgo, esa disputa recién empieza.

En ese escenario, otra pregunta empieza a abrirse paso dentro del propio oficialismo provincial: ¿puede Passalacqua convertirse en el dirigente capaz de canalizar parte de ese descontento si decide romper con el sistema que lo llevó al poder, o el anti-rovirismo terminará encontrando su expresión política por fuera de la “caducada” Renovación? Esa respuesta, probablemente, defina la política misionera mucho después de que Carlos Rovira abandone definitivamente el centro de la escena.

PL

Si de algo se encargó Carlos Rovira desde que supo hacerse con el poder absoluto en Misiones es de pasar desapercibido. Sobre todo, en Buenos Aires. Mientras otros caudillos provinciales no pudieron evitar ser el foco de los medios nacionales, el líder del hoy “caducado” Frente Renovador de la Concordia transitó el camino inverso, casi como un logro: ejercer el poder desde las sombras mientras administraba la política local con autonomía, sin convertirse jamás en un actor de la conversación pública porteña.

Esa estrategia comenzó a resquebrajarse en los últimos tiempos. Primero, por la rebelión policial de 2024. Un año después, por el affaire Ficha Limpia, que lo convirtió en tapa de Clarín y La Nación. Ahora, por las inéditas tensiones internas que empezaron a aflorar dentro de su fuerza política, pero también por la irrupción de un nombre que, hasta hace poco, pertenecía exclusivamente al mundo de los negocios: Augusto Marini.

El empresario detrás de Blender y Carajo quedó en el centro de la escena después de que su empresa despidiera a trabajadores que reclamaban una recomposición salarial e intimara judicialmente a Tomás Rebord para presentarse a conducir su programa Hay Algo Ahí. El influencer respondió con un extenso descargo en sus redes sociales que cerró con una amenaza cargada de ironía que nadie pasó por alto, dirigida directamente a Marini: anunciaba que, si finalmente hacía el programa, dedicaría un especial a “la provincia de Misiones, su esquema productivo y sistema de financiamiento”.

En la provincia mesopotámica, el nombre de Marini circula desde hace tiempo. No por sus inversiones en medios, sino por la relación personal que construyó con Ramiro Rovira, hijo del hombre más poderoso de la provincia. Ese vínculo, según pudo reconstruir elDiarioAR a partir de distintas fuentes, nació hace años en los veranos compartidos en Punta del Este. Mientras la familia Rovira suele pasar el fin de año en su casa de La Barra, Marini y su esposa lo hacen en una residencia en Portezuelo, cerca del museo Casapueblo de Carlos Páez Vilaró. Entre ambos lugares comenzó a construirse una amistad que terminaría convirtiéndose en la puerta de entrada para los negocios de su holding Cale Group en territorio misionero.

La cercanía entre ambas familias incluso quedó registrada, casi de manera involuntaria, en uno de los videos más difundidos por el propio Marini. Durante la fiesta de revelación del sexo de su futuro hijo, una celebración conocida como gender reveal, organizada en su casa uruguaya, el empresario compartió imágenes de la celebración en sus redes sociales. En una de las secuencias puede verse, de espaldas, al mismísimo Rovira junto a su esposa, Rosanna Spotorno, sentados entre los invitados.

La pista Marini

En la oposición misionera hace tiempo que siguen la pista de Marini. La diputada radical Rosa Kurtz presentó en las últimas semanas un pedido de informes para que el gobierno de la provincia explique la contratación, a partir del año 2020, de una plataforma de telemedicina, propiedad del empresario, utilizada por el sistema público de salud, de nombre AlegraMed. El expediente permanece frenado en la comisión de Salud Pública de la Cámara de Representantes, pero volvió a poner bajo la lupa el negocio más importante del grupo en la provincia.

Según el planteo de la UCR, el contrato fue ejecutado a través de la Fundación Parque de la Salud y contemplaría un esquema de pagos cercano a los US$ 9 por cada usuario registrado. Sobre una base estimada de 350.000 personas inscriptas —de los cuales entre 60.000 y 100.000 son usuarios activos cada mes, según apuntó la coordinadora operativa de la aplicación, Silvina Martínez, en una entrevista de 2024 con el periodista Diego Bogarin—, la cifra superaría los US$ 3 millones financiados con recursos públicos por fuera de la estructura tradicional del Ministerio de Salud.

En los pasillos del poder misionero circula desde hace tiempo una historia sobre el origen de AlegraMed. Según esa reconstrucción, la iniciativa no surgió originalmente de Marini. La idea habría sido presentada primero por una emprendedora del sector tecnológico a funcionarios provinciales, en momentos en que el gobierno buscaba descentralizar las consultas hospitalarias. El proyecto despertó interés, pero nunca avanzó con su impulsora. Tiempo después, sostienen esas versiones, fue Ramiro quien retomó la propuesta y convocó a Marini para desarrollarla conjuntamente a través de Cale Group.

Más allá de que esa reconstrucción no fue confirmada oficialmente, distintas fuentes consultadas por elDiarioAR coinciden en un punto: la amistad entre el hijo de Rovira y Marini precedió a cualquier sociedad comercial. AlegraMed no habría sido el origen del vínculo, sino su primera expresión empresarial de gran escala. Es decir, Marini no desembarcó en Misiones como un desconocido, con un proyecto propio para ofrecerle al Estado provincial. Ocurrió exactamente al revés: la confianza personal ya existía y fue desde esa relación que ambos comenzaron a explorar negocios conjuntos, empezando por un rubro en el que el empresario bonaerense hasta entonces no tenía antecedentes: la salud.

Es precisamente en ese punto donde comienza a aparecer una pregunta de carácter estrictamente coyuntural. ¿Puede leerse el conflicto salarial en Blender como la expresión más evidente de un flujo de recursos que empezó a modificarse? En medio de un desgaste inédito del espacio que conduce Rovira —rebautizado en abril como Encuentro Misionero—, hay quienes hablan de un escenario de revisión de contratos, inminentes cambios de proveedores y reordenamiento de negocios alrededor del núcleo de poder provincial. Las versiones circulan entre dirigentes de distintos espacios, aunque nadie se anima a confirmarlas públicamente y no existen elementos concretos que permitan establecer una relación directa entre ambos episodios.

En el nombre del padre

El perfil de Ramiro Rovira, de 30 años, ayuda a entender el verdadero trasfondo de esta historia. Desde hace al menos un lustro que el hijo mayor del exgobernador comenzó a tener una participación cada vez más grande en distintos emprendimientos privados con fuerte articulación con el Estado misionero. En febrero pasado, dio un paso poco habitual: aceptó aparecer públicamente como uno de los dueños de Dignos Company, una fábrica de anteojos instalada en el Parque Industrial de Posadas que comparte con su socio Ulises Bestard. En una nota publicada por El Cronista, impulsada por la propia empresa, Dignos proyectó una facturación de US$ 1,5 millones para 2026 y se presentó como un proyecto que busca replicar en la Argentina el modelo de Luxottica, el gigante italiano que controla Ray-Ban y fabrica para marcas como Prada, Chanel, Armani o Versace.

No es el único negocio vinculado al hijo de Rovira. En los últimos años distintas investigaciones periodísticas también lo asociaron con Incertidumbre, una firma creada junto al empresario Joaquín Basanta para la organización de eventos. Basanta es, además, fundador de Agrosustentable, la empresa que instaló una planta elaboradora de bioherbicidas en el Parque Industrial de Posadas y que ganó notoriedad tras convertirse en proveedora del Estado misionero con Bioherb, el producto que el gobierno provincial promovió para reemplazar el glifosato luego de restringir su uso. La iniciativa derivó en una fuerte polémica cuando productores rurales denunciaron la escasa eficacia del bioherbicida y cuestionaron los beneficios que habría recibido la compañía. Basanta, a su vez, también es socio de Marini en IWP SA, una empresa dedicada a la captación, depuración y distribución de agua.

Junto con su hermana Miranda, cuatro años menor que él, Ramiro constituyó en 2022 otra sociedad: Eternal SA. Inscripta con un directorio integrado únicamente por ambos hermanos, la empresa posee un objeto social inusualmente amplio: además de servicios de consultoría, habilita actividades vinculadas con la producción industrial, la elaboración de bebidas, la explotación agropecuaria y forestal, viveros, yerba mate, té, azúcar y una larga lista de emprendimientos comerciales.

Con el correr de los años, Eternal convivió con la aparición de otras sociedades impulsadas por los hijos de Rovira, entre ellas las firmas creadas por Miranda. Ella comenzó a construir su propio perfil empresario desde París con Mima Concept Store. Se trata de una exclusiva tienda de diseño ubicada sobre la Rue du Faubourg Saint-Honoré, a metros del Palacio del Elíseo, cuya actividad llegó incluso a ser destacada por la revista Vogue durante la Semana de la Moda.

A partir de ese emprendimiento, Miranda amplió su estructura societaria en Francia. En noviembre de 2024 constituyó Guarala Company y, apenas un mes después, creó Mima Company, ambas con sede en territorio parisino y bajo su conducción. La novedad llegó unos meses más tarde, cuando Ramiro pasó a integrar una de esas sociedades, formalizando también en Europa la asociación empresarial entre ambos hermanos.

El cabo suelto

Durante más de dos décadas, Carlos Rovira edificó un esquema de poder basado en una regla que rara vez se alteró: acumular influencia sin exponerse. Siempre evitó proyectarse como un empresario y mantuvo su patrimonio lejos del debate público. El desembarco de sus hijos en el mundo de los negocios generó algunas fisuras en esa estrategia y coincidió, además, con un cambio estructural en su rutina.

En 2023, en simultáneo a la asunción de Javier Milei como presidente, Rovira dejó la titularidad de la Cámara de Representantes de Misiones, cargo que había ocupado durante 16 años ininterrumpidos, para pasar a ser un diputado raso más. Desde entonces, quien fuera gobernador entre 1999 y 2007 redujo todavía más sus apariciones públicas y concentró buena parte de su actividad en viajes periódicos a París, ciudad donde reside su hija Miranda y por la que nunca ocultó su fascinación.

Francófilo declarado, hace años que Rovira alterna su residencia en la mansión que levantó sobre la costa del río Paraná, en el barrio El Laurel de Posadas, con largas estadías en Europa. Sin ir más lejos, este jueves se ausentó de la penúltima sesión ordinaria de la Legislatura antes del receso de mitad de año. Su banca vacía no sorprendió a nadie. Según confiaron fuentes misioneras a elDiarioAR, el jefe político de la provincia ya habría hecho las valijas para instalarse, una vez más, del otro lado del Atlántico.

Esa aparente tranquilidad es la que la figura de Marini vino a alterar definitivamente. Es que el crecimiento exponencial del empresario amigo de su hijo Ramiro es imposible de ser explicado a partir de su injerencia en el mundo del streaming. A los contratos ferroviarios obtenidos por su firma Motora Argentina se suman su participación en licitaciones energéticas, inversiones en infraestructura y su desembarco en distintos negocios regulados por el Estado. Una expansión que terminó arrastrando hacia la conversación pública una trama de relaciones que hasta hace poco permanecía fuera del radar de los medios. De pronto, la amistad de Marini con los Rovira, nacida en las sobremesas de champagne Dom Pérignon del verano uruguayo, comenzó a ser observada con lupa por la opinión pública.

Todo ocurre, como si faltara más, en un momento especialmente delicado para el rovirismo. Después de 20 años de liderazgo incontestado, empezaron a emerger tensiones internas que hasta hace poco permanecían completamente ocultas. “Es la primera vez que se le animan”, resume un dirigente provincial que apuesta a que el actual gobernador, Hugo Passalacqua, conforme definitivamente su propio espacio y compita por su reelección el año que viene.

En ese contexto, hay quienes se preguntan, por lo bajo, si el conflicto salarial que derivó en despidos dentro de Blender no constituye la manifestación más visible de una escena que Rovira ya no puede controlar. Más que un socio, Marini parece haberse convertido en un cabo suelto. Un empresario cuya creciente exposición pública terminó iluminando una red de vínculos que durante muchísimo tiempo funcionó con absoluta discreción y que hoy empieza a ir mucho más allá de las fronteras de Misiones.

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La transmisión se cortó de golpe. Lo que debía ser una emisión habitual de Último aviso, uno de los programas de Blender, terminó el jueves por la noche convertido en una escena inédita para el ecosistema del streaming argentino. Frente a las cámaras, la periodista Fiorella Sargenti interrumpió el programa para denunciar que varios trabajadores habían sido despedidos en medio de un reclamo salarial. “Echaron a muchos de nuestros compañeros por hacer un reclamo vinculado con nuestros salarios y los aumentos”, dijo al aire. “No podemos seguir haciendo el programa así. Hay guardias esperándonos afuera. Si tocan a uno, tocan a todos”. Segundos después, la pantalla se fundió a negro.

Este viernes, el canal difundió un comunicado para fijar su posición sobre el conflicto. “Blender es una empresa que genera trabajo para más de 100 personas, honra sus compromisos y cumple en tiempo y forma con todas sus obligaciones”, sostuvieron oficialmente. Allí aseguró que “un grupo reducido de personas adoptó conductas incompatibles con los valores de la compañía, intentando condicionar el funcionamiento del canal mediante la utilización de su propia pantalla como mecanismo de presión en el marco de una negociación entre las partes”. El texto concluye afirmando que la plataforma “continuará invirtiendo, generando empleo y trabajando para ofrecer cada día mejor contenido a su comunidad”.

Ahora todas las miradas apuntan a Augusto Marini. Con apenas 31 años, este empresario oriundo de la localidad bonaerense de General Las Heras se convirtió en uno de los hombres de negocios de mayor crecimiento durante la era libertaria. No es casual: la crisis laboral en Blender estalló en la misma semana en que el Gobierno de Jorge Macri le preadjudicó el gerenciamiento del Canal de la Ciudad, una decisión que generó ruido en el ecosistema mediático. Dueño además de Carajo —el canal de streaming que comparte con Daniel Parisini, el Gordo Dan, convertido en una de las principales usinas digitales del oficialismo—, Marini también comenzó a disputar contratos y licitaciones con el Estado en sectores estratégicos.

Es que el empresario está en un momento de fuerte exposición pública. Durante años cultivó un perfil extremadamente bajo, pero en los últimos meses comenzó a explicar con mayor frecuencia cuál es el proyecto detrás de su holding Cale Group. Su objetivo declarado es que la compañía llegue algún día a cotizar en Wall Street. “Somos un holding de inversión joven. Estamos presentes en ocho sectores industriales, pero nuestro enfoque está en energía, salud, transporte ferroviario, infraestructura y medios. Argentina tiene grandes empresarios jóvenes dedicados a los negocios tecnológicos, pero hay que lograr una convocatoria mayor para la economía real”, había afirmado en su primera entrevista, concedida a Infobae en septiembre de 2024.

La apuesta por los medios nació incluso antes de la llegada de Javier Milei al poder. Según contó el propio Marini en un mensaje publicado en LinkedIn en 2024, la idea comenzó a gestarse en 2021. El primer paso fue Blender, lanzado en mayo de 2022. “Buscamos innovar y transformar constantemente cada industria en la que participamos. Blender conecta con una audiencia joven que no estaba siendo representada. No somos sólo un medio de comunicación; Blender es hoy un movimiento”, escribió. En ese mismo mensaje explicaba que “todas las voces deben tener un espacio en nuestros activos” y anticipaba la aparición de Carajo. La convivencia de ambos proyectos convirtió a Marini en un caso atípico dentro del mapa de medios argentino: un mismo propietario detrás de dos señales que dialogan con públicos y universos políticos prácticamente opuestos.

¿Empresario libertario?

Consciente de que esa dualidad genera interrogantes, en las últimas semanas Marini también salió a responder las preguntas sobre su vínculo con el Gobierno. Aseguró que delegó completamente la conducción editorial de Carajo en el Gordo Dan y negó mantener una relación privilegiada con Javier Milei o con Santiago Caputo. “A Milei lo vi una sola vez, cuando fue a dar una entrevista. Fue un saludo institucional. Lo esperé en la puerta, le di la mano y me fui”, afirmó en diálogo con Giselle Leclercq en Perfil. Sobre el principal asesor presidencial fue todavía más categórico: “Ni siquiera tengo su número de teléfono”.

Sin embargo, el crecimiento de su holding coincide con una presencia cada vez mayor en negocios donde el Estado ocupa un lugar central. Este mes, trascendió que Motora Argentina SA, otra empresa controlada por Marini, obtuvo un contrato de aproximadamente 3,8 millones de dólares de Trenes Argentinos para reparar treinta formaciones de trocha ancha destinadas a las líneas Roca y Mitre. La contratación se realizó mediante una compulsa abreviada por emergencia ferroviaria y contó con cinco oferentes. En 2024, la misma compañía ya había obtenido otra adjudicación de menor magnitud, cercana a los 350.000 dólares.

Motora es la antigua filial argentina de la rusa Transmashholding (TMH), adquirida por Marini en 2023 luego de que la empresa decidiera desprenderse de sus activos internacionales tras el inicio de la guerra en Ucrania. El empresario sostiene que vio allí una oportunidad industrial en un mercado con fuerte potencial de crecimiento. “El estado de los trenes en Argentina es un desastre”, explicó recientemente. También rechaza cualquier sospecha de favoritismo y recuerda que el propio Estado mantiene con su empresa una deuda superior a los 5.000 millones de pesos por trabajos ya realizados. “Quiero explicar que no fui beneficiado. Es más, hace cinco meses que el Estado no me paga”, aseguró.

La expansión tampoco termina en el sector ferroviario. A través de René Energy, otra de las compañías del holding, Marini participa de la licitación impulsada por Cammesa para incorporar sistemas de almacenamiento mediante baterías de gran escala al Sistema Argentino de Interconexión. El grupo también controla EG3, la histórica marca de estaciones de servicio, además de inversiones en infraestructura, salud, agroindustria y textiles.

El frente que hoy concentra mayor atención política, sin embargo, es el de los medios públicos. Esta semana, el Gobierno porteño resolvió preadjudicar a Cale Group Media el gerenciamiento técnico, operativo y comercial del Canal de la Ciudad. La empresa ofreció un canon mensual de 50 millones de pesos, muy por encima de los 15 millones presentados por su único competidor, Argentinos Media SA, que además fue objetada por no cumplir con toda la documentación económica exigida en el pliego. Si las impugnaciones previstas en el procedimiento administrativo no prosperan, Marini administrará la señal durante los próximos cinco años.

Nexo misionero

Hijo de Omar Marini, fundador de la marca de alimentos para mascotas Kongo y uno de los empresarios que impulsaron el desarrollo de esa industria en la Argentina, el joven suele presentar su historia como la continuidad de una tradición familiar. Lo cierto es que antes de la emergenica política de Milei, Marini ya había aprendido a moverse cerca de distintos centros de poder político. Uno de los primeros vínculos que cultivó fue con el exgobernador de Misiones, Carlos Rovira.

Según pudo reconstruir elDiarioAR, el empresario y su esposa mantienen desde hace años una relación de cercanía con la familia del mandamás provincial, a quienes conocen de los veranos compartidos en Punta del Este. En ese mismo circuito social también se lo vinculó durante años con el exdiputado Facundo Moyano, con quien supo compartir festejos de Año Nuevo en el balneario uruguayo. Esa red de relaciones terminó abriendo también puertas para los negocios.

A través de AlegraMed, una plataforma de telemedicina impulsada por Cale Group, Marini logró vender servicios al Estado de Misiones. La empresa intentó luego expandir ese mismo modelo hacia sindicatos, obras sociales y empresas de medicina prepaga, aunque sin el mismo éxito. Alejandro Bercovich reconstruyó esa historia en una columna publicada en elDiarioAR en julio de 2024, donde también relató la compra de Motora Argentina y la incorporación de Javier Hibbert, un histórico funcionario ferroviario que atravesó distintas administraciones nacionales antes de sumarse al holding.

Hoy, mientras Cale Group acelera simultáneamente su expansión en distintos rubros, el verdadero interrogante es si estamos frente a un empresario que simplemente supo detectar oportunidades donde otros no las vieron o ante el surgimiento de una nueva generación de hombres de negocios cuya expansión vuelve a demostrar que, incluso en la Argentina que prometió achicar el Estado, el poder político sigue siendo un activo demasiado valioso como para ignorarlo.

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El acampe rompe la postal habitual del centro de Posadas. A simple vista parece una protesta más frente a la Casa de Gobierno de Misiones, en plena Plaza 9 de Julio. Sin embargo, detrás de ese campamento improvisado sobrevive uno de los conflictos políticos más traumáticos que atravesó la provincia en los últimos años: la rebelión de trabajadores estatales de mayo de 2024, que puso contra las cuerdas al poder construido a lo largo de dos décadas por el exgobernador Carlos Rovira y que tuvo al reclamo policial y docente como principal punta de lanza.

Desde el 6 de abril, un grupo de ocho efectivos permanecen apostados frente a la sede del Ejecutivo provincial reclamando su reincorporación a la Policía de Misiones. Con el correr de las semanas se sumaron otros uniformados alcanzados por la misma situación. Todos integran la lista de detenidos en septiembre de 2024, luego de ser acusados por presunta sedición y conspiración.

La protesta ya no ocupa cuadras enteras ni moviliza a cientos de personas como ocurrió durante aquellas convulsionadas jornadas de 2024. Hoy, el reclamo se reduce a una gran carpa de cuya lona cuelgan banderas argentinas y carteles escritos a mano. Algunos reclaman salarios dignos. Otros apuntan directamente contra la conducción policial. “Martínez, vendiste a tus policías”, se lee en uno de ellos, en referencia al jefe de la fuerza, Sandro Martínez.

En diálogo con elDiarioAR, uno de los voceros de los efectivos desvinculados, Diego Correa, asegura que la decisión de instalar nuevamente el conflicto en el espacio público llegó después de varios meses de gestiones infructuosas ante las autoridades provinciales. Según relata, tras recuperar la libertad comenzó a presentar notas a las autoridades sin obtener respuestas. “Nunca nadie contestó ni dio la cara”, sostiene.

El policía afirma que fueron justamente funcionarios y empleados de distintos organismos provinciales quienes comenzaron a alertarlos sobre presuntas inconsistencias en su situación administrativa. Según su versión, desde áreas del propio Estado les informaron que continuaban figurando como efectivos policiales, que sus haberes seguían siendo liquidados por la Contaduría provincial y que el supuesto decreto de cesantía nunca había completado los circuitos administrativos correspondientes.

“Sedición” y “conspiración”

El campamento, que funciona las veinticuatro horas, se convirtió en una postal incómoda para el gobierno provincial en el corazón mismo del poder político misionero. Allí pasan los días algunos de los protagonistas que estuvieron en el centro de la mayor crisis institucional que enfrentó el oficialismo misionero en décadas y que hoy denuncian haber sido convertidos en ejemplo para disciplinar al resto de la fuerza.

Para entender el origen de este reclamo hay que retroceder hasta mayo de 2024. Durante varias semanas, cientos de policías, penitenciarios, docentes y trabajadores de la salud protagonizaron una inédita protesta salarial que puso en jaque al gobierno provincial. El epicentro estuvo sobre la avenida Uruguay, frente al Comando Radioeléctrico de Posadas, donde se instalaron carpas y asambleas permanentes que tuvo al suboficial retirado y actual diputado provincial Ramón Amarilla como una de sus caras más visibles. El conflicto concluyó formalmente el 29 de aquel mes, cuando el gobierno provincial acordó una recomposición salarial y una amnistía para quienes habían participado.

La tregua, sin embargo, duró poco. Apenas cuatro meses después, en septiembre de 2024, la Justicia provincial ordenó la detención de ocho efectivos acusados de coacción, conspiración y sedición. Entre ellos, además de Correa y del propio Amarilla, estaban varios de los efectivos que hoy se encuentran apostados frente a la Casa de Gobierno, como son Iván Arrieta, Alejandro Arrieta, Adolfo Guirula, Lisandro Canteros, Joaquín Orrego y Elías Coutto.

La investigación se apoyó en una serie de mensajes extraídos de teléfonos celulares donde, según la acusación, algunos de los involucrados discutían la posibilidad de retomar las protestas e incluso impulsar acciones destinadas a generar desorden público. El juez de Instrucción Fernando Verón consideró que esos elementos permitían sospechar la existencia de un plan para presionar al gobierno provincial y avanzar sobre la conducción de la Policía de Misiones. Los imputados siempre rechazaron esa interpretación y sostuvieron que los chats fueron sacados de contexto para justificar una represalia política por el rol que habían tenido durante el conflicto salarial.

Sin proponérselo, la causa terminó produciendo uno de los fenómenos políticos más inesperados de la historia reciente de la provincia. Para cuando los misioneros fueron a votar el 8 de junio de 2025, Amarilla y el resto de los policías llevaban casi nueve meses presos. En ese contexto, el principal referente de las protestas tomó una decisión inusual: aceptó encabezar una lista de candidatos a diputados provinciales desde la cárcel y convirtió su situación judicial en una bandera política. La candidatura terminó canalizando parte del malestar que habían dejado las manifestaciones de 2024 y lo transformó en la gran sorpresa de la elección: obtuvo cerca del 20% de los votos y accedió a una banca en la Cámara de Representantes sin haber recuperado todavía la libertad.

El resultado alteró por completo la lectura política del conflicto. Lo que para el oficialismo había sido presentado como un intento de desestabilización terminó transformando a Amarilla, uno de los principales protagonistas de la prostesta, en un dirigente con representación parlamentaria propia. Recién después de los comicios, que dieron al oficialista Frente Renovador de la Concordia como ganador, comenzó a desarmarse el esquema de detenciones iniciado en septiembre del año anterior. El suboficial retirado fue el primero en salir de la cárcel. Con el correr de las semanas, le fue llegando el turno al resto de los uniformados.

¿Decreto “fantasma”?

Durante meses, los policías creyeron que su principal problema era la causa judicial que los había llevado a prisión. Sin embargo, una vez recuperada la libertad, comenzaron a concentrarse en otra pregunta: bajo qué instrumento legal habían sido expulsados de la fuerza. La cesantía de los ocho efectivos fue formalizada mediante el decreto 2084/24. Sin embargo, dos años después, la existencia misma de ese documento se convirtió en el principal eje del reclamo.

Todo había comenzado con una postal política contundente. La decisión de avanzar contra los policías fue presentada públicamente por el gobernador Hugo Passalacqua en una conferencia de septiembre de 2024. A su lado se encontraban la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Rossana Venchiarutti Sartori; el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez; y el entonces presidente de la Legislatura provincial, Oscar Herrera Ahuad. La imagen de los tres poderes del Estado encolumnados buscó transmitir una señal de respaldo institucional frente a un conflicto que el oficialismo consideraba especialmente sensible.

Pero la respuesta que fueron encontrando los policías acerca de su desvinculación resultó desconcertante. Mientras aseguran que distintas áreas del Estado provincial continuaban registrándolos como personal policial, el decreto que supuestamente había dispuesto sus cesantías parecía no aparecer en ningún lado. Esa sospecha terminó convirtiéndose en el motor del actual acampe.

Esa hipótesis cobró fuerza, según Correa, cuando logró acceder a los sumarios administrativos que venía reclamando desde septiembre de 2025. El efectivo sostiene que en esa documentación no aparecen constancias de notificaciones formales sobre su cesantía. También menciona una respuesta recibida desde la Dirección del Boletín Oficial provincial donde se le informó que el instrumento nunca fue remitido para su publicación. “Nos dijeron que el decreto no existe, que seguimos figurando como policías y que los sueldos se siguen liquidando. Ellos no nos quieren atender porque pudimos reunir todas las pruebas de que seguimos siendo policías”, afirma.

Desde el gobierno provincial rechazan de plano esa interpretación. Fuentes oficiales consultadas por elDiarioAR sostienen que los policías fueron notificados oportunamente de su situación administrativa y remarcan que sus reclamos ya fueron respondidos en reiteradas oportunidades. El 29 de abril pasado, por ejemplo, la Asesoría Jurídica de la Gobernación les comunicó formalmente que las peticiones vinculadas a la restitución de sus puestos de trabajo ya habían sido contestadas en expedientes anteriores y que no existían motivos para abrir nuevas instancias de diálogo. En esa respuesta, firmada por el asesor jurídico Carlos Javier Clerici, el Ejecutivo provincial les informó que la cuestión había sido resuelta y que la reiteración de presentaciones ante distintas dependencias “carece de sentido procesal y eficacia jurídica”.

Tampoco comparten la tesis del llamado “decreto fantasma”. “En derecho hay una máxima que dice que no hay nulidad por la nulidad misma”, argumentan cerca del gobierno provincial. Según esa interpretación, la eventual falta de publicación del decreto en el Boletín Oficial no afecta su validez jurídica porque se trata de un acto administrativo de alcance particular y no de una disposición general dirigida al conjunto de la sociedad. “El Boletín Oficial es para conocimiento general de la sociedad, no para notificar cuestiones particulares”, sostienen.

Las mismas fuentes agregan que, aun si existiera algún cuestionamiento sobre el procedimiento, el ámbito adecuado para plantearlo era la Justicia. “Si hubiera una afectación, que entendemos que no la hay, deberían haber hecho las presentaciones judiciales correspondientes”, señalan. Además, rechazan que los policías desconocieran el contenido del decreto. “Ellos mismos acompañan el decreto en algunas de sus presentaciones. En derecho existe la teoría de los actos propios: si vos te notificaste y tenés el decreto, no podés decir después que no lo tenés o que desconocés su contenido”, sentenciaron.

Presiones internas

Desde el campamento, Correa insiste en que las represalias contra su persona comenzaron mucho antes de las detenciones. Según denuncia, ya había sufrido presiones internas tras impulsar acusaciones por presuntos hechos de corrupción dentro de la fuerza policial en 2023. Y asegura que durante el conflicto salarial de mayo del 2024 tanto él como otros delegados recibieron amenazas y ofrecimientos para abandonar la protesta.

Según su relato, el 21 de ese mes, en pleno reclamo salarial, autoridades policiales y funcionarios provinciales les habrían ofrecido dinero, vehículos y otros beneficios. “A nosotros nos amenazaron, nos dijeron que nos iban a meter presos. Así lo hicieron. Nos ofrecieron plata y nos dijeron que nos teníamos que callar”, sostiene Correa en diálogo con elDiarioAR, quien luego de litigios y recursos rechazados en la justicia provincial, decidió junto con sus colegas presentar una denuncia en los tribunales de Comodoro Py donde exponen una extensa lista de presuntos delitos que incluyen abuso de autoridad, persecución política, amenazas, privación ilegítima de la libertad y violencia institucional.

Semanas atrás, Ramón Amarilla utilizó su banca en la Legislatura para visibilizar la situación de sus antiguos compañeros. “Lo que ocurrió en la avenida Uruguay frente al Comando Radioeléctrico no fue un acto de indisciplina porque el hambre no conoce de jerarquías”, sostuvo durante una sesión parlamentaria en referencia a las protestas que lo tuvieron como principal vocero. Y agregó: “Estamos ante personas que no saben si mañana van a tener para darle de comer a sus hijos, que no pueden pagar su alquiler porque sobre su cabeza está la sombra de un sumario que no avanza y de un gobierno que no los escucha”.

Por ahora, el acampe sigue allí. Mucho más pequeño que aquel que en 2024 paralizó a Misiones, pero sostenido por varios de los mismos protagonistas. Dos años después, el gobierno provincial insiste en que la historia está cerrada. Los manifestantes siguen durmiendo frente a la Casa de Gobierno para demostrar exactamente lo contrario.

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La escena está cruzada por la preocupación. En el primer piso de la Casa de Misiones, sobre la porteña avenida Santa Fe, Facundo López Sartori recibe a elDiarioAR con una carpeta de números y un diagnóstico que atraviesa toda la charla: la economía yerbatera atraviesa una crisis profunda. El ministro del Agro de la provincia litoraleña habla pausado, mide las palabras, pero no suaviza el diagnóstico. “Desregular desde Buenos Aires es como manejar el tractor desde un escritorio”, grafica apenas empieza, como síntesis de su mirad sobre las políticas nacionales.

Ese punto lo conduce naturalmente al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), un organismo que desde la llegada de Javier Milei al poder perdió su rol central en el funcionamiento del mercado. No es la primera vez que López Sartori se refiere al tema: en conversaciones anteriores con este medio ya había señalado que quitarle su función ordenadora implicaría dejar al sector sin un precio de referencia. Hoy, afirma, ese escenario se materializó. El INYM continúa existiendo, pero sin su principal herramienta. “El gran pedido es que le devuelvan sus facultades al instituto”, señala.

En Misiones existen alrededor de 12.500 productores que venden hoja verde a un número reducido de molinos. Esa estructura, explica López Sartori, convierte al mercado yerbatero en una economía imperfecta, donde la asimetría entre compradores y productores se profundiza en ausencia de regulación. “No es un mercado equilibrado. Hay pocos compradores y miles de productores. Cuando el Estado se retira, la desigualdad en la negociación se agranda”, dice. Desde esa lógica, sostiene que el problema no es ideológico sino estructural: “El libre mercado te dice que cuando hay este tipo de patología se tiene que intervenir”.

—¿Cómo analiza el impacto de la desregulación de la yerba mate impulsada por el Gobierno nacional?

—La desregulación se usa como ejemplo a nivel nacional, pero creemos que hay un desconocimiento profundo de la realidad yerbatera. Se trata a la yerba como si fuera un mercado más, cuando no lo es. Es una economía regional sensible, con una estructura imperfecta. Lo que sí hubo fue coherencia: nunca dijeron que iban a mantener un organismo de regulación, y sabíamos que la yerba iba a terminar en esta situación.

—El INYM volvió a tener presidente tras dos años de acefalía. ¿Eso cambia algo?

—Es positivo tener una cabeza, alguien con quien dialogar. Pero el organismo perdió la facultad de fijar precios, así que hoy no puede cumplir la función que tenía antes. Sin esa herramienta, su capacidad es limitada.

El límite quedó expuesto nuevamente el viernes pasado, cuando el presidente de la Cámara de Representantes de Misiones, Sebastián Macías, mantuvo un encuentro con el flamante titular del organismo, Rodrigo Correa, con el fin de trasladar la preocupación por la situación de los pequeños productores. De la reunión también participó el referente provincial de La Libertad Avanza, Adrián Núñez. Sin embargo, desde el oficialismo nacional se encargaron de ratificar que no habrá marcha atrás en la política de desregulación del sector. Tampoco en el achicamiento del INYM.

En diciembre pasado, más de veinte trabajadores de larga trayectoria fueron despedidos, en medio de una reconfiguración interna que acompaña la pérdida de funciones del organismo. La decisión se produjo poco después de que el Directorio avanzara con una suba del valor de la estampilla yerbatera —la tasa que financia al Instituto— y sin explicaciones públicas. Para López Sartori, ese movimiento no fue aislado, sino parte de la transformación iniciada con el DNU 70/2023 y profundizada luego por el Decreto 812/2025 y la Resolución 146/2025, que terminaron de adecuar el funcionamiento del Instituto al nuevo marco normativo nacional. Con esos cambios, el INYM dejó de intervenir en la fijación de precios, en el ordenamiento del stock y en la regulación productiva, y pasó a concentrarse en funciones técnicas de control, trazabilidad y certificación.

—Si tuviera que resumir lo ocurrido desde el DNU 70/23 hasta hoy, ¿qué diría?

—Fue una caída. La yerba tiene un precio ideal dolarizado en torno a 0,60. En diciembre de 2023 cerramos en 0,53, que era muy buen valor. Era una de las pocas economías regionales en verde según Coninagro. Hoy abrimos zafra entre 0,15 y 0,18 dólares el kilo de hoja verde. Es una caída abrupta.

Ese corrimiento del Estado, plantea el ministro, no sólo alteró la dinámica económica del sector, sino también su equilibrio político y social. Durante más de dos décadas, el INYM había funcionado como regulador del mercado y como instancia de mediación entre productores, industria, provincias y Nación. La pérdida de esas atribuciones redefinió su lugar en la cadena yerbatera y modificó su propia estructura interna: áreas que antes seguían el comportamiento del mercado quedaron desactivadas, mientras el ajuste de personal aparece como consecuencia directa de ese vaciamiento funcional.

Ese trasfondo institucional se superpone con un escenario productivo crítico. La cartera de Agro y Producción de Misiones atraviesa, según describe, uno de los momentos más complejos de los últimos años. La caída del consumo, la pérdida de competitividad y la desregulación del precio de la hoja verde —que el sector considera el detonante de la crisis— alteraron toda la cadena productiva. El ministro lo sintetiza con un diagnóstico económico directo: “La yerba tiene una bajada en precio real de prácticamente un 60%”. Y agrega: “No es solamente la caída, sino también que los costos subieron. Hoy por hoy no es rentable”.

—¿Qué impacto tiene esto en la economía misionera?

—La yerba es nuestra principal economía regional. Estamos hablando de cerca de mil millones de kilos producidos. A precios razonables, eso mueve unos 700 mil millones de pesos. Hoy se mueven alrededor de 200 mil millones. Son 500 mil millones menos en la economía provincial. Esa plata no circula en el comercio, en el kiosco, en la farmacia. Nos golpea muchísimo.

Esa crítica lo lleva a cuestionar la ausencia de una estrategia nacional para las economías regionales. López Sartori señala que mantuvo una reunión reciente con el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, en la que transmitió la preocupación del Gobierno misionero por la crisis yerbatera y la necesidad de recuperar herramientas de ordenamiento del mercado. Sin embargo, la línea política que rige la situación del sector se define en realidad en el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. El rumbo responde principalmente a la lógica impulsada por Federico Sturzenegger, arquitecto del proceso de reducción del rol estatal en las economías regionales.

Frente a ese escenario, el Gobierno provincial intenta amortiguar el impacto mediante acuerdos con cooperativas e industrias para sostener precios mínimos, aunque reconoce que el margen de acción es limitado. También lo es la repercusión que se pueda tener en la opinión pública. En ese sentido, López Sartori evoca lo ocurrido en la última Fiesta Nacional del Mate, en Entre Ríos, donde la crisis yerbatera desbordó las fronteras de Misiones y se hizo visible a nivel nacional, con críticas directas de los presentes a la figura de Javier Milei. “Que llegue la crisis de los productores misioneros a un lugar donde no hay productores está bueno”, desliza.

El diagnóstico económico desemboca, hacia el final de la entrevista, en una lectura política. El ministro reconoce que el Gobierno nacional mantiene respaldo en parte del electorado yerbatero, pero advierte que la disconformidad crece. “Durante 20 años el INYM tuvo legitimidad, nació de los productores. Con el tiempo perdió credibilidad, pero hoy muchos reclaman que vuelva a regular. Cuando empezó 2024, parte del sector apoyaba al Gobierno nacional. Hoy el clima cambió, aunque el Gobierno sigue teniendo predicamento en varios sectores”, apunta López Sartori.

—¿Por qué el oficialismo misionero acompaña iniciativas de La Libertad Avanza si tienen tantos desacuerdos estructurales? Sin ir más lejos, sus dos senadores acaban de votar a favor de la reforma laboral.

—Porque Milei ganó cuatro elecciones en la provincia [las tres de 2023 y la legislativa de 2024]. Hay una responsabilidad institucional. Si la mayoría vota un rumbo, el representante debe tomarlo en cuenta. Eso no impide señalar los problemas: hoy todas las economías regionales del país están mal, desde el algodón hasta el tomate, pasando por la cebolla, el limón y hasta el vino, pero no vemos una estrategia clara del Estado nacional para resolverlo.

En línea con la tradición política del Frente Renovador de la Concordia, el espacio misionero que lidera el exgobernador Carlos Rovira, el ministro describe una relación con la Nación atravesada por el pragmatismo. La provincia, señala, procura sostener la gobernabilidad sin resignar márgenes de autonomía en la defensa de sus intereses productivos. Pero la crisis yerbatera empezó a introducir un factor de tensión en ese esquema: mientras el oficialismo local busca contener el impacto sobre el sector y evitar una escalada política, el malestar entre productores y actores de la cadena comienza a hacerse sentir con mayor intensidad.

—¿Qué espera del vínculo con Nación hacia adelante?

—Esperamos que el Gobierno nacional se interiorice más en las realidades provinciales. Hay diálogo político, creo que [el ministro del Interior, Diego] Santilli es un dirigente con mucha capacidad territorial, pero mientras el esquema económico sea el actual, no vemos soluciones claras para las economías regionales.

—¿Qué le pediría al Presidente?

—Que visite Misiones y conozca la realidad yerbatera, tabacalera y forestal. Corrientes la visitó varias veces, Misiones todavía no. Lo invitamos a ver de cerca cómo funciona nuestra provincia.

PL/MG

Las lágrimas aparecieron antes que las explicaciones. Este martes, en la vereda de las oficinas del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), sobre la calle Rivadavia casi Santa Fe, en pleno centro de Posadas, un grupo de trabajadores se quedó parado en silencio, algunos llorando, otros mirando el piso. Acababan de ser despedidos. No hubo reunión ni aviso previo: a varios les llegó un correo electrónico. A otros, un mensaje seco, administrativo. Casi ninguno quiso hablar con la prensa. El ajuste llegó un día antes de fin de año.

Según pudo saber elDiarioAR de fuentes directas, son más de 20 las desvinculaciones en el INYM, un organismo que atraviesa una reconfiguración profunda desde la llegada de Javier Milei al poder. La decisión sorprendió por el momento elegido y por el contraste con lo ocurrido días antes: el Directorio había avanzado con una suba del valor de la estampilla yerbatera —la tasa de fiscalización que financia al Instituto— con el argumento de reforzar la recaudación. Aun así, el recorte de personal se ejecutó sin transición ni explicaciones públicas.

Los despidos se produjeron apenas semanas después de la Resolución 146/2025, que terminó de adecuar el funcionamiento del INYM al nuevo marco normativo nacional. Esa resolución fue la traducción administrativa de un proceso iniciado con el DNU 70/2023 y profundizado por el Decreto 812/2025, que recortaron de manera sustancial las funciones históricas del organismo. El Instituto dejó de intervenir en la fijación de precios, en el ordenamiento del stock y en la regulación de la producción, y pasó a concentrarse en tareas formales de control, trazabilidad y certificación de calidad.

Durante más de dos décadas, el INYM había funcionado no solo como un regulador económico, sino también como un amortiguador político y social en la principal economía regional de Misiones. Su rol permitía canalizar conflictos, contener crisis cíclicas y ofrecer una instancia de negociación entre productores, industria, provincias y Nación. La pérdida de esas atribuciones redefinió su lugar en la cadena yerbatera y, con ello, su estructura interna. Áreas que antes tenían un papel activo en el seguimiento del mercado quedaron virtualmente desactivadas, y el ajuste de personal aparece ahora como una consecuencia directa de ese vaciamiento funcional.

Silencio y miedo

Puertas adentro, el impacto fue inmediato. Entre los trabajadores que permanecen en el organismo se instaló un clima de temor e incertidumbre. El método de comunicación, sin instancia previa de diálogo, funcionó como un mensaje disciplinador. El silencio posterior no fue casual: varios empleados evitaron hablar con la prensa por miedo a nuevas represalias o a quedar marcados en una estructura que se achica y se reordena bajo nuevas reglas. En un organismo históricamente atravesado por tensiones políticas y sectoriales, el ajuste introdujo un elemento nuevo: la sensación de que nadie está a salvo.

El contexto en el que se producen los despidos es particularmente sensible. La crisis yerbatera atraviesa su momento más crítico: los precios de la hoja verde no cubren los costos de producción, las cooperativas acumulan deudas y algunas ya suspendieron pagos, y la cadena productiva se concentra cada vez más en pocos actores con poder de compra. En paralelo, los productores sostienen protestas prolongadas y los tareferos sobreviven con ingresos atrasados y condiciones laborales precarias, sin un organismo con capacidad real para intervenir y equilibrar el mercado.

A mediados de diciembre, la nueva conducción del INYM quedó formalizada con la designación de Rodrigo Correa como presidente, tras casi dos años de acefalía. Contador público y dirigente de La Libertad Avanza, su llegada fue interpretada en el sector como el cierre de una etapa de transición y el inicio de una gestión alineada sin matices con la agenda libertaria de reducción del Estado y desregulación. En ese marco, el recorte de personal aparece como una de las primeras decisiones concretas de orden interno.

“En el marco de la normativa vigente, vamos a trabajar en la modernización del Instituto y también en armonizar esas normas; en un proceso de desburocratización que facilite la actividad de los operadores del sector yerbatero”, explicó Correa a través de un comunicado difundido este martes.

En ese sentido, el presidente del Directorio destacó que, al mismo tiempo, se apuntará a desarrollar controles más eficientes, que velen por la calidad del producto en los distintos eslabones de la cadena yerbatera donde tiene competencia el INYM. “Queremos mejorar todo aquello que pueda entorpecer la actividad, pero sin comprometer los estándares de calidad”, remarcó.

Sin embargo, la paradoja atraviesa todo el proceso. Mientras el Gobierno nacional celebra la desregulación del mercado yerbatero y el INYM pierde capacidad para ordenar la actividad, el organismo no solo sostiene sino que aumenta su esquema de recaudación a través de la estampilla. El ajuste no pasó por los ingresos, sino por las personas. Para los trabajadores despedidos, el mensaje fue claro: el nuevo instituto será más chico, con menos funciones y menor presencia territorial.

El recorte también tiene una lectura política más amplia. Los despidos en Posadas funcionan como una señal directa del Gobierno nacional hacia Misiones y hacia el conjunto de las economías regionales: la desregulación no es solo un cambio de reglas de mercado, sino una redefinición del rol del Estado, incluso en territorios donde históricamente cumplió una función de contención social. En un organismo que nació en 2002 tras una rebelión agraria, el ajuste ejecutado en silencio, por correo electrónico y en la antesala de fin de año, marca un punto de no retorno. No solo se achica una planta de trabajadores: se consolida un modelo en el que la mediación desaparece y el costo del reordenamiento cae, una vez más, sobre los eslabones más débiles.

PL/CRM