La interna que desde hace semanas atraviesa al oficialismo misionero llegó este jueves al Senado y terminó de romper la representación unificada de la provincia en la Cámara alta. Apenas comenzada la sesión en la que se debatió el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, la senadora Sonia Rojas Decut anunció la conformación del monobloque Movimiento por Misiones (MPM), una decisión que formaliza su alineamiento con el gobernador Hugo Passalacqua y profundiza el distanciamiento con Carlos Rovira, cuyo principal referente parlamentario pasa a ser el senador Carlos Arce.

El anuncio confirma, además, el escenario que elDiarioAR había adelantado durante los últimos días. En medio de la discusión por el capítulo que derogaba la Ley de Tierras —finalmente retirado por La Libertad Avanza para facilitar el tratamiento del proyecto— comenzaron a multiplicarse las versiones sobre un eventual voto dividido de los senadores misioneros. La creación del monobloque, comunicada antes del inicio del debate, terminó de consolidar esa posibilidad.

Después de casi tres años en los que los dos senadores actuaron en forma coordinada y acompañaron la estrategia parlamentaria definida por Rovira, la representación de Misiones en la Cámara alta quedó oficialmente dividida en dos espacios con referencias políticas distintas. La fractura también representa un nuevo dolor de cabeza para Milei: desde el inicio de su gestión, Arce y Rojas Decut integraban el grupo de aliados más confiables del oficialismo en la Cámara alta. Con la conformación del nuevo bloque, la Casa Rosada pierde uno de esos apoyos previsibles y suma un nuevo foco de incertidumbre en un Senado donde cada voto resulta determinante para sostener su agenda legislativa.

En el comunicado difundido por su despacho, Rojas Decut sostuvo que la conformación del monobloque “Movimiento por Misiones” “representa la consolidación de un camino político que pone en el centro a Misiones, su identidad y el mandato de los misioneros” y aseguró que el nuevo espacio será “una herramienta de gestión al servicio del Gobierno de la provincia y de cada misionero que abraza los ideales del federalismo”.

La senadora procuró presentar la decisión como una reafirmación de una identidad provincial antes que como una ruptura política. “Vine al Senado a defender a mi provincia”, afirmó, al tiempo que sostuvo que el nuevo bloque nace para sostener “un compromiso territorial directo con los 79 municipios” de Misiones, un guiño a los intendentes que en su inmensa mayoría están alineados con el gobernador Passalacqua.

No resulta casual que el primer punto de la agenda del flamante monobloque esté dedicado a la defensa de la tierra misionera. El documento rechaza expresamente “cualquier reforma que facilite la extranjerización indiscriminada de tierras rurales” o debilite la protección de las zonas de frontera vinculadas al Acuífero Guaraní, precisamente el capítulo que desencadenó la tensión entre el Gobierno nacional y los gobernadores y que finalmente fue retirado del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

“La tierra misionera es identidad, soberanía, seguridad y arraigo para nuestras familias. Ante la más mínima duda sobre la protección de nuestro territorio, mi deber no es arriesgar: es proteger”, sostuvo Rojas Decut. Sin embargo, la definición política más significativa aparece sobre el final del texto. “Estoy a disposición para llevar la voz del Gobierno de mi provincia al Congreso de la Nación”, concluye la senadora.

La creación del monobloque agregó un nuevo elemento de incertidumbre a la sesión de este jueves. Si bien en los pasillos del Senado seguía firme la versión de que los representantes de Misiones podrían votar de manera diferente el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el anuncio de Rojas Decut terminó de institucionalizar una ruptura que ya no se limita a una diferencia circunstancial sobre una ley, sino que refleja la reconfiguración del poder dentro del oficialismo misionero.

En la votación final, los dos representantes misioneros votaron en contra de las modificaciones al Manejo del Fuego y a favor de los demás capítulos de la norma que fueron aprobados en la madrugada de este viernes.

PL/CRM

La interna en el oficialismo misionero entre Carlos Rovira y el actual gobernador Hugo Passalacqua —que este lunes terminó de formalizar su ruptura con el histórico conductor al renunciar a Encuentro Misionero, el partido que ambos compartían hasta hace pocas semanas— podría tener el próximo jueves su primera consecuencia concreta en el Congreso. Después de casi tres años en los que los dos senadores de Misiones acompañaron disciplinadamente la estrategia parlamentaria diseñada por Rovira y sostuvieron al gobierno de Javier Milei en prácticamente todas las votaciones decisivas, el tratamiento de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada amenaza con alterar esa dinámica.

El hermetismo es total y hasta último momento nadie se anima a dar por cerrado el escenario. Sin embargo, según pudo saber elDiarioAR de fuentes cercanas a los involucrados, Sonia Rojas Decut y Carlos Arce rechazarían el artículo que deroga la Ley de Tierras, el punto más controvertido del proyecto impulsado por la Casa Rosada. Las diferencias aparecerían en la votación en general: mientras Arce se inclinaría por acompañar el resto de la iniciativa, Rojas Decut también votaría en contra del proyecto completo. ¿Responderán los senadores al hombre que durante más de veinte años ordenó la política misionera o comenzarán a reflejar el nuevo equilibrio de poder que intenta construir Passalacqua?

La duda no es menor. Desde la llegada de La Libertad Avanza al poder, Rovira se convirtió en uno de los aliados parlamentarios más confiables del oficialismo. Tanto los diputados como los senadores del entonces Frente Renovador de la Concordia —hoy rebautizado Encuentro Misionero— acompañaron casi sin fisuras las principales iniciativas del Gobierno. La única excepción aparente fue el episodio de Ficha Limpia, en mayo de 2025, cuando los votos de Rojas Decut y Arce terminaron siendo determinantes para que el proyecto fracasara.

Inmediatamente, sin embargo, esa votación comenzó a ser leída como el resultado de un entendimiento subterráneo orientado a impedir la sanción de una ley que hubiera fortalecido al PRO apenas una semana antes de las elecciones porteñas. El Presidente, después del escándalo, buscó despegarse públicamente de aquella maniobra y llegó a presentar el resultado como una traición de los legisladores misioneros. En la política provincial, en cambio, siempre predominó otra interpretación: que Rojas Decut y Arce no hicieron más que ejecutar una instrucción en el marco de un acuerdo previamente conversado con la Casa Rosada.

Esta vez el escenario es diferente. La resistencia a derogar la Ley de Tierras no nació en el entorno del histórico conductor, sino en el del actual gobernador. El gobierno de Passalacqua viene marcando desde hace semanas su rechazo a la iniciativa con un argumento político sencillo: para una provincia cuya economía depende en buena medida de la producción primaria y donde la cuestión de la tierra posee una sensibilidad histórica, eliminar los límites a la compra por parte de extranjeros implicaría asumir un costo político demasiado alto. El fin de semana terminó de reforzar esa posición cuando el mandatario apareció públicamente con una gorra que llevaba la inscripción “Lo que amamos no se vende”.

Detrás de esa discusión jurídica aparece, en realidad, otra mucho más profunda. La tensión entre Rovira y Passalacqua dejó hace tiempo de ser una simple disputa por nombres o candidaturas. También expresa dos estrategias distintas frente al Gobierno nacional. Mientras Rovira fue el principal arquitecto del entendimiento político con Milei y el encargado de garantizar el acompañamiento legislativo de Misiones desde diciembre de 2023, Passalacqua nunca terminó de sentirse cómodo con ese alineamiento. El gobernador debió administrar una provincia especialmente golpeada por el ajuste nacional, con una fuerte caída de la obra pública, un deterioro de las economías regionales y una crisis sin precedentes para el sector yerbatero, uno de los pilares de la economía misionera.

La tierra como frontera política

En Misiones hay una convicción que atraviesa a buena parte del arco político, incluso por encima de las diferencias partidarias: la tierra nunca fue considerada un activo económico más. Esa es una de las razones por las que el artículo del proyecto impulsado por Milei que elimina las restricciones a la compra de campos por parte de extranjeros terminó generando una reacción tan transversal. El rechazo no provino solamente de organizaciones rurales o ambientales, sino que también alcanzó a intendentes, productores, gremios y, ahora, al propio oficialismo provincial.

Los números ayudan a entender esa sensibilidad. Según el Quinto Informe del Observatorio de Tierras, Misiones es hoy la provincia argentina con mayor porcentaje de superficie rural en manos de capitales extranjeros: el 11,29% de su territorio —unas 325.750 hectáreas— pertenece a propietarios de otros países. Distintas organizaciones provinciales sostienen incluso que el porcentaje asciende al 14% cuando se consideran únicamente las tierras de mayor productividad.

A diferencia de lo que ocurre en otras jurisdicciones, donde la propiedad extranjera aparece distribuida entre distintos actores, en Misiones la concentración tiene nombre propio. La forestal chilena Arauco, a través de Alto Paraná y otras sociedades vinculadas, controla alrededor de 240.000 hectáreas, convirtiéndose en uno de los mayores propietarios privados de tierras del país. La mayor parte de esas superficies se ubica sobre el corredor del río Paraná, precisamente la zona donde también se concentran algunos de los mayores niveles de extranjerización de toda la provincia.

Las consecuencias ya forman parte del debate cotidiano en varios municipios. En Puerto Libertad, por ejemplo, las autoridades locales sostienen que cerca del 80% de las tierras útiles pertenecen a una sola empresa, una situación que condiciona tanto la expansión urbana como la radicación de nuevos emprendimientos productivos. Ese diagnóstico es compartido por numerosos intendentes y por más de treinta organizaciones sociales, campesinas, sindicales y ambientales que durante las últimas semanas impulsaron movilizaciones y documentos públicos para reclamar a los legisladores nacionales que rechacen la derogación de la Ley de Tierras.

La discusión, además, llega en un momento especialmente delicado para la economía provincial. La crisis que atraviesa la producción yerbatera, sumada al deterioro de otras economías regionales, alimentó el temor de que muchos pequeños productores terminen desprendiéndose de sus chacras por necesidad económica. En Misiones, por eso, el debate no gira únicamente alrededor de quién puede comprar tierras. También alrededor de quién estará en condiciones de conservarlas.

Ese contexto ayuda a entender por qué el eventual voto de los senadores misioneros excede ampliamente una discusión legislativa. Si finalmente Rojas Decut y Arce rechazan el artículo que deroga la Ley de Tierras, no solo marcarán distancia de una de las iniciativas más importantes impulsadas por la Casa Rosada. También reflejarán el nuevo equilibrio de fuerzas que comenzó a emerger dentro del oficialismo provincial, donde Passalacqua encontró en la defensa de la tierra uno de los primeros temas capaces de diferenciarlo abiertamente de la estrategia de acercamiento a Milei que Rovira impulsó desde el inicio del gobierno libertario.

PL/CRM

Durante más de dos décadas, en Misiones existió una certeza que parecía inamovible: el Gobierno provincial y Carlos Rovira eran, en los hechos, una misma cosa. Ese ciclo terminó este lunes. Hugo Passalacqua formalizó su renuncia a Encuentro Misionero, el partido que hasta hace pocos meses era la columna vertebral del Frente Renovador de la Concordia, y terminó de consumar una ruptura que ya había dejado de ser un rumor para convertirse en un hecho político de enorme magnitud.

La presentación fue realizada ante la Secretaría Electoral del Distrito Misiones y quedó registrada este lunes a las 11.15. En el formulario, el gobernador escribió de puño y letra que renunciaba “en particular al partido Encuentro Misionero (ex Concordia Social)”. Horas después confirmó la decisión a través de sus redes sociales con un mensaje tan breve como contundente: “Renuncié al partido Encuentro Misionero (ex Partido de la Concordia Social, partido al que me afilié oportunamente)”.

Desde el punto de vista administrativo, se trata apenas de una desafiliación. Desde el punto de vista político, en cambio, el gesto tiene un alcance mucho mayor. Passalacqua deja formalmente el partido que Rovira decidió crear como plataforma para ordenar su propia sucesión política. Del otro lado quedó el Gobierno provincial, que en las últimas semanas comenzó a reorganizarse alrededor del espacio que denominó Movimiento por lo que Viene y de una mayoría de intendentes, ministros y dirigentes que resolvió permanecer junto al actual gobernador.

La imagen resulta casi impensada para cualquier observador de la política misionera de los últimos veinte años. Por primera vez desde 2003, el gobernador de Misiones ya no integra el espacio político conducido por Rovira. Y, por primera vez desde que dejó la Gobernación, Rovira tampoco conserva influencia formal sobre la administración provincial que él mismo construyó.

La ruptura venía gestándose desde hacía meses. Primero aparecieron las diferencias alrededor de la sucesión de 2027. Luego llegaron el lanzamiento de Encuentro Misionero, la resistencia de Passalacqua a incorporarse al nuevo esquema partidario, el respaldo de la mayoría de los intendentes al gobernador y las críticas cada vez menos disimuladas al armado político impulsado por Rovira alrededor del vicegobernador Lucas Romero Spinelli y de su hijo Ramiro.

La renuncia conocida este lunes también repercute sobre el tablero nacional. Llega apenas tres días antes de la sesión del Senado en la que se debatirá la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y, especialmente, el artículo que elimina las restricciones a la compra de tierras por parte de extranjeros. Como pudo saber elDiarioAR, el voto de los senadores misioneros podría reflejar por primera vez la nueva correlación de fuerzas dentro del oficialismo provincial y apartarse de la estrategia parlamentaria que Rovira sostuvo junto a la Casa Rosada desde la llegada de Javier Milei al poder.

Hasta hace muy poco, semejante escenario habría parecido imposible. Rovira había construido buena parte de su poder alrededor de una premisa sencilla: podía retirarse de los cargos sin abandonar nunca el gobierno. Esa lógica le permitió dejar la Gobernación en 2007 y seguir conduciendo la política provincial durante casi dos décadas desde la presidencia de la Legislatura. Lo que comenzó a resquebrajarse durante los últimos meses es justamente ese mecanismo y nada indica que vaya a haber marcha atrás.

PL/CRM

Una imagen vale más que mil palabras, dice el refrán. Pero a veces hace falta detenerse cuadro por cuadro para descubrir todo lo que contiene. La semana pasada, elDiarioAR reveló que el ex gobernador de Misiones Carlos Rovira había participado, en enero de 2025, de la celebración organizada para anunciar el sexo del bebé que esperaban Augusto Marini y su pareja. Hasta entonces, la presencia del mandamás en la casa que el joven empresario posee en Portezuelo, Punta del Este, había pasado completamente inadvertida. En el video que el propio dueño de Blender y Carajo publicó en sus redes sociales apenas se lo veía durante un instante, de espaldas, sentado en una larga mesa frente al mar.

Sin embargo, ese mismo segundo de video escondía otro dato que en su momento también pasó inadvertido. Sentado exactamente frente a Rovira se observa a otra figura de gran poder en Misiones: Marcelo Zbikoski, dueño del exGrupo Plaza, y quien controla más del 80% del transporte urbano de pasajeros de la provincia. La imagen constituye, probablemente, el primer registro público de ambos compartiendo un ámbito estrictamente privado. Pero también revela algo más: hasta ahora tampoco existían indicios públicos de un vínculo entre Zbikoski y Marini. ¿Se trata simplemente de una amistad nacida al calor de un mismo círculo social o existe, además, algún proyecto empresarial compartido que permanece fuera del conocimiento público?

La pregunta no resulta caprichosa. Más allá de la presencia de Zbikoski en aquella mesa, el transporte constituye desde hace tiempo uno de los sectores sobre los que Marini decidió expandir su holding. A través de Cale Group desembarcó en el negocio ferroviario de la mano de Motora Argentina, que supo incorporar a su estructura a Alejandro Hibbert —un histórico funcionario del área que atravesó distintos gobiernos nacionales—, comenzó a disputar algunos de los contratos más importantes del sector. Hace apenas unas semanas, Trenes Argentinos Operaciones (SOFSA) le adjudicó a Motora una millonaria compra de repuestos para coches y locomotoras de la línea San Martín, una licitación considerada estratégica dentro del proceso de reorganización del sistema ferroviario impulsado por el Gobierno.

Pero ese contrato funciona apenas como el prólogo de una disputa mucho mayor. La empresa de Marini aparece hoy como una de las principales candidatas para quedarse con la denominada reparación “de media vida” de los 117 coches CSR Puzhen que prestan servicio en esa misma línea, una obra valuada en más de US$ 100 millones en la que compite contra Materfer y la UTE conformada por BRF y Emepa. El proyecto contempla una intervención estructural integral sobre las formaciones, incluyendo la incorporación de aire acondicionado, después de más de una década sin mantenimientos de fondo.

Presencia nacional

De origen misionero, el brazo de Marcelo Zbikoski hace tiempo que alcanza a Buenos Aires. Años atrás, el empresario adquirió buena parte de los activos del histórico Grupo Plaza, el gigante del transporte fundado por los hermanos Cirigliano tras el derrumbe del conglomerado que durante años dominó buena parte de las líneas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). A partir de esa operación rebautizó la compañía como Misión Buenos Aires, que actualmente opera la histórica línea 129 —que une Retiro con La Plata—, además de otros servicios urbanos e interurbanos en territorio bonaerense.

El peso de la familia Zbikoski en el transporte argentino no termina allí. Sus hermanos, Javier y Eduardo, son los propietarios de Metropol, uno de los grupos más importantes del país. La empresa administra decenas de líneas urbanas e interurbanas en el AMBA, además de servicios de media distancia que conectan la Capital Federal con ciudades del norte de la provincia de Buenos Aires. Tras la caída de Plaza y Ecotrans, Metropol fue absorbiendo buena parte de esos recorridos y terminó consolidándose, junto con DOTA, como uno de los actores dominantes del transporte automotor de pasajeros en la Argentina. Entre Misión Buenos Aires y Metropol, los Zbikoski construyeron uno de los conglomerados privados más relevantes del sector.

Ese crecimiento incluso terminó colándose en la discusión política nacional. En julio de 2023, en medio de un paro de colectivos que paralizó el AMBA, el entonces ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa responsabilizó directamente a los hermanos. “Es un paro que forzaron los empresarios”, afirmó, antes de apuntar con nombre y apellido contra dos de los principales jugadores del mercado: “Hay un señor Faija (Dota) y uno Zbikoski, al que le dicen 'el amarillo', que pretenden tener de rehenes a los trabajadores para defender su rentabilidad”. La referencia no fue casual. En el sector se identifica desde hace años a Metropol y a Dota como los dos grupos empresarios que más crecieron tras la desaparición del imperio construido por los Cirigliano y como algunos de los principales receptores del sistema de subsidios.

Fue, probablemente, una de las pocas veces que el apellido Zbikoski irrumpió con fuerza en los medios nacionales. Hasta entonces, la influencia de la familia había permanecido casi exclusivamente asociada al ecosistema misionero.

El zar

La influencia de los Zbikoski es histórica en Misiones. Marcelo heredó y expandió el grupo empresario familiar hasta convertirlo en el principal operador del transporte urbano de la provincia. A través del Grupo Z controla empresas como Don Casimiro, Tipoka y Nuestra Señora del Rosario, responsables de buena parte del sistema de colectivos del Gran Posadas y del interior provincial. El conglomerado también administra el tren internacional Posadas-Encarnación y participa del sistema de boleto electrónico, una infraestructura clave para el funcionamiento cotidiano de la movilidad misionera.

Pese al volumen de sus negocios, Zbikoski siempre cultivó un perfil particularmente bajo. Sus apariciones públicas fueron escasas y durante años evitó convertirse en una figura mediática. “Él siempre buscó pasar por debajo del radar”, resume un hombre del círculo rojo misionero que lo conoce desde hace décadas. Esa discreción, sin embargo, nunca impidió que se convirtiera en uno de los hombres de negocios más cuestionados de la provincia, señalado por competidores y sectores de la oposición como el principal beneficiario del proceso de concentración del transporte urbano.

Una de sus últimas entrevistas ocurrió en diciembre de 2025, cuando dialogó con Radio República sobre la crisis del sector. Allí reconoció que la irrupción de Uber modificó profundamente el negocio. “A nosotros nos ha disminuido la carga en un 40%; es decir, hemos perdido el 40% de los pasajeros”, afirmó al referirse al impacto de la aplicación en Posadas, especialmente a partir del crecimiento de Uber Moto. También sostuvo que, sin subsidios, el boleto debería costar entre 4.000 y 5.000 pesos por pasajero y cuestionó el diseño del esquema nacional de compensaciones. “En estos 23 años las empresas se han portado mal, principalmente en Buenos Aires. Muchas veces las empresas son traviesas, no tienen todo el control que deberían tener y después nos quejamos”, admitió.

El peso del Grupo Z no se explica únicamente por la cantidad de líneas que opera. También es el resultado de un largo proceso de concentración que fue reduciendo progresivamente la competencia dentro del sistema provincial. Uno de los episodios más ilustrativos ocurrió en 2017. Ese año, la empresa Bencivenga, una histórica prestataria del transporte urbano de Posadas, denunció públicamente que el Grupo Z ejercía prácticas monopólicas al impedirle ingresar a la estación de transferencia de la avenida Quaranta y restringir parte de sus recorridos. Semanas después, la firma fue adquirida por el grupo correntino Río Uruguay. La operación desactivó el conflicto político inmediato, pero no modificó el equilibrio del sistema.

Las tensiones reaparecieron tres años más tarde. En 2020, Bencivenga volvió a denunciar que el Grupo Z le impedía utilizar las estaciones de transferencia pese a integrar formalmente el Sistema Integrado de Transporte Urbano y Metropolitano. La disputa ya no giraba solamente alrededor de un predio, sino del control de un mercado donde, según denunciaba la empresa rival, Zbikoski había logrado construir una posición prácticamente dominante.

“Acá quien está detrás de este problema es Marcelo Zbikoski. Él maneja todo el sistema”, llegó a afirmar públicamente Darío Skrabiuk, titular de Río Uruguay y propietario de Bencivenga. La rivalidad nunca terminó de apagarse. Según reconstruyeron distintos medios locales, en julio de 2023 ambos empresarios protagonizaron una pelea a golpes de puño durante una reunión convocada en la sede de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) de Posadas para discutir la crisis del transporte.

Tensión misionera

La revelación del vínculo entre Zbikoski y Marini —advertida inicialmente por el programa Malas Compañías— generó inquietud en Misiones. No por el encuentro social en sí, sino porque se da a conocer en un momento particularmente sensible, cuando recrudece la interna entre Carlos Rovira y el actual gobernador Hugo Passalacqua y se empieza a poner bajo la lupa el mapa de poder económico construido durante las últimas dos décadas en la provincia.

El oficialismo encabezado por Passalacqua amenaza con revisar por primera vez buena parte de la arquitectura de contratos con el Estado que acompañó al largo ciclo político de Rovira. Cada vez más, en reuniones reservadas, ya no se discuten solamente candidaturas o liderazgos. También empezó a ponerse en cuestión la existencia de ciertas estructuras de proveedores que a lo largo de años parecían completamente consolidadas.

El caso de AlegraMed es probablemente el más visible. Mientras la oposición continúa cuestionando el millonario contrato de la plataforma de telemedicina desarrollada por Marini, en la provincia ya circulan versiones acerca de que Passalacqua analiza alternativas para reemplazar ese servicio. Distintas fuentes consultadas por elDiarioAR aseguran incluso que ya existe una empresa identificada como eventual sucesora, aunque hasta el momento no hubo ninguna definición oficial.

Pero AlegraMed no es el único negocio de Cale Group que empezó a quedar bajo la lupa. En las últimas horas también trascendió la participación del holding de Marini en el desarrollo de varios parques solares construidos en Misiones durante los últimos años. Según documentación de la propia empresa a la que tuvo acceso el sitio Caíco Periodismo, Cale Vial obtuvo en 2022 el contrato EPC para el parque fotovoltaico de Silicon Misiones, el polo tecnológico inaugurado por Rovira en 2023, diseñado por la estatal china PowerChina por encargo del Ministerio de Hacienda provincial.

El grupo de Marini también se atribuye la construcción del Parque Fotovoltaico Posadas I, mientras distintas fuentes del sector energético sostienen que también intervino en los proyectos de San Javier, Oberá e Itaembé Guazú, aunque esa participación nunca fue confirmada oficialmente por la Provincia.

Entre dirigentes del oficialismo provincial también aparece, cada vez con mayor frecuencia, el interrogante sobre el futuro de las concesiones del Grupo Z, cuya posición dominante dentro del sistema de transporte misionero resulta uno de los rasgos más visibles del modelo económico que acompañó al rovirismo durante las últimas dos décadas. Nadie sostiene que exista una decisión tomada ni un proceso administrativo en marcha para correr a Zbikoski. Pero el hecho de que esas conversaciones hayan comenzado a producirse refleja hasta qué punto la disputa política ya empezó a proyectarse sobre terrenos más delicados.

Quizás por eso aquella escena registrada en el verano de 2025, durante apenas un segundo, adquiere hoy una dimensión distinta. ¿Cuántas veces se vio públicamente a Carlos Rovira compartiendo una mesa privada con uno de los empresarios más poderosos de Misiones? ¿Y cuántas veces ocurrió, además, frente a un empresario como Augusto Marini, cuya expansión también empezó a cruzarse con algunos de los sectores más sensibles de la economía provincial? Para una provincia donde su mandamás construyó durante más de veinte años buena parte de su poder desde la discreción y lejos de las cámaras, la imagen resulta inédita. Y tal vez sea precisamente esa excepcionalidad la que explique por qué un simple video familiar terminó convirtiéndose en uno de los documentos políticos más reveladores de los últimos tiempos.

PL

Incredulidad. Esa fue la sensación que predominó el día que empezó a correr la versión de un distanciamiento entre el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, y el líder indiscutido del oficialismo provincial, Carlos Rovira. El rumor apareció de manera casi subterránea, se expandió durante buena parte de 2025 y, en un principio, nadie quiso tomarlo en serio. No porque las diferencias entre ambos fueran imposibles —en política nunca lo son—, sino porque suponía poner en duda el principal activo que Rovira construyó durante más de dos décadas: su condición de conductor infalible.

El lanzamiento de Encuentro Misionero, el nuevo nombre que reemplazó al histórico Frente Renovador de la Concordia, y la decisión de Rovira de no competir el año próximo por una banca en la Cámara de Representantes —la primera vez desde 2007 que ni siquiera integrará formalmente el Poder Legislativo provincial— fueron leídos por todo el mundo como la señal más evidente de que el ciclo político inaugurado en 2003 había terminado. Pero la decisión de Passalacqua de competir por la reelección en 2027 le agregó un capítulo inesperado a esa hoja de ruta.

En Misiones existe una convicción instalada desde hace años. Que nada importante ocurre sin que Rovira lo haya previsto. Que ningún movimiento político escapa a su control. Que, incluso cuando parece retroceder, en realidad está varios pasos adelante. Sin embargo, esta vez algo empezó a desacomodar esa lógica. Un proceso silencioso, alimentado por gestos y conversaciones reservadas que terminaron encontrando una confirmación inesperada en las últimas semanas.

No es un dirigente cualquiera el que aparece ahora en el otro vértice de la disputa. Passalacqua, de 68 años, gobernó la provincia entre 2015 y 2019, volvió al poder en 2023 y supo ser uno de los hombres de mayor confianza del conductor. De perfil moderado y mucho más inclinado a la gestión que a la construcción partidaria, nunca había protagonizado un cortocircuito público con quien diseñó el sistema hegemónico que rige en Misiones desde comienzos de siglo. Por el contrario, Passalacqua siempre reconoció a Rovira como el cerebro más importante de la historia política de la provincia. Precisamente por eso, el episodio adquiere una dimensión inédita.

Fractura expuesta

Durante meses, todo permaneció en el terreno de las versiones. Nadie hablaba en público. Las diferencias se insinuaban en reuniones reservadas, en gestos cada vez menos disimulados y en el creciente malestar de un sector del oficialismo con el esquema de sucesión diseñado por Rovira. Hasta que el silencio empezó a resquebrajarse. Y no fueron dirigentes menores quienes decidieron hacerlo.

El primer paso llegó después de que el flamante Encuentro Misionero difundiera el listado de sus autoridades. Entre los nombres aparecía el del propio gobernador Passalacqua, junto al de ministros, intendentes y funcionarios que, según el entorno del mandatario, jamás habían autorizado integrar ese nuevo espacio. La respuesta no tardó en llegar.

Quien salió a fijar posición fue el ministro coordinador de Gabinete, Carlos “Kako” Sartori, uno de los funcionarios de mayor confianza de Passalacqua. “Tanto el gobernador como la inmensa mayoría de los funcionarios, dirigentes y militantes que lo acompañamos formábamos parte de un partido, la Renovación, que se extinguió, ya no existe más”, sostuvo, tajante. El funcionario fue todavía más lejos y acusó al nuevo espacio de haber utilizado “nuestros nombres sin autorización” y anunció que tanto el gobernador como el resto de los dirigentes presentarían formalmente su renuncia.

“Hay un grupo que formó otro espacio y abandonó ese proyecto llevándose, entre otras cosas, las fichas de afiliación”, afirmó Sartori. De manera inédita para la política misionera, por primera vez era el propio oficialismo el que hablaba de dos espacios distintos donde hasta hacía apenas unos meses existía uno solo.

Pocos días después llegó la confirmación política. La encargada de darla fue Viviana Rovira, prima del mandamás, pareja de Passalacqua y presidenta del Instituto Misionero de Biodiversidad (IMiBio). Durante un encuentro de mujeres realizado en Puerto Rico, frente a cientos de militantes, intendentes y dirigentes de toda la provincia, pronunció una frase que terminó de confirmar lo que hasta entonces circulaba únicamente por lo bajo. “Nuestro exconductor eligió irse a otro espacio. Nosotros nos quedamos donde estuvimos siempre. Ahora tenemos que volver a empezar juntos, pero con más fuerza”, arengó.

Desde el inicio del actual mandato, Viviana volvió a ubicarse en el centro de la escena como la dirigente de mayor confianza de Passalacqua y una de las principales articuladoras del trabajo territorial del oficialismo. Sin embargo, mucho antes de convertirse en una de las principales espadas políticas del actual gobernador, había ocupado un lugar central en uno de los episodios más decisivos de la historia reciente de Misiones: en 2006 encabezó la campaña por el Sí durante el referéndum convocado por Rovira para habilitar su re-reelección. Aquella consulta terminó con el triunfo del No impulsado por el entonces obispo Joaquín Piña y representó la mayor derrota electoral del conductor renovador.

El fin del tabú

Hasta hace poco, discutir el liderazgo de Rovira en Misiones era un ejercicio reservado a las sobremesas. La combinación de una estructura territorial aceitada, una oposición fragmentada y una economía provincial relativamente ordenada había convertido al exgobernador en una figura casi indiscutida. Incluso quienes cuestionaban aspectos de su gestión solían reconocerle una virtud política poco frecuente: la capacidad para anticiparse a los acontecimientos y mantener el control del sistema.

Ese consenso empezó a resquebrajarse durante 2024. La prolongada protesta policial y de docentes primero, y la irrupción de un discurso abiertamente anti-Rovira después, modificaron un clima político que llevaba años sin grandes alteraciones. Por primera vez desde la creación del Frente Renovador de la Concordia, en 2003, comenzaron a multiplicarse las críticas dirigidas no solamente contra el Gobierno provincial, sino contra el propio conductor del espacio. La figura de Rovira dejó de ser un tema vedado y empezó a ocupar un lugar central en la discusión pública.

Aunque el exgobernador sigue siendo el dirigente con mayor capacidad de decisión, la actual situación supone el inicio de una discusión que hasta hace muy poco era prácticamente un tabú: cómo administrar la sucesión del hombre que se acostumbró a ordenar la política misionera casi sin oposición interna. Y es precisamente alrededor de esa pregunta donde empezaron a aflorar las tensiones. Lo que hoy se discute dentro del oficialismo no es solamente quién gobernará Misiones después de Rovira. Se discute también quién administrará la estructura política, económica y territorial que construyó el exgobernador.

La pulseada con Passalacqua expresa dos maneras distintas de entender la relación de Misiones con el gobierno de Javier Milei. Durante los últimos dos años y medio fue Rovira quien se encargó de tender puentes con la Casa Rosada al preservar un vínculo de cooperación con el oficialismo nacional. Los diputados y senadores responden directamente a él. Y en momentos clave, garantizó el acompañamiento legislativo a los proyectos más polémicos de La Libertad Avanza. Esa estrategia le permitió mantener capacidad de negociación con un Gobierno que hizo del ajuste fiscal una de sus principales banderas.

Passalacqua, en cambio, nunca terminó de sentirse completamente cómodo con ese esquema. No solo por las diferencias ideológicas que tiene con Milei, sino por el lugar que le tocó ocupar. Mientras Rovira administraba la relación política con la Nación, el gobernador debía gestionar una provincia golpeada por el recorte de transferencias, la caída de la obra pública y una crisis cada vez más profunda en la producción yerbatera, uno de los principales motores económicos de Misiones.

Perestroika rovirista

La palabra no apareció en boca de nadie, pero la referencia resulta inevitable. A mediados de los años ochenta, el líder soviético Mijaíl Gorbachov bautizó como perestroika (“reestructuración”, en ruso) al paquete de reformas con el que intentó modernizar un sistema que él mismo buscaba preservar. Salvando las enormes distancias históricas, algo de esa lógica comenzó a percibirse en Misiones. Casi en paralelo con el lanzamiento de Encuentro Misionero, Carlos Rovira empezó a impulsar una batería de reformas políticas e institucionales que, al menos en el plano discursivo, revisan algunos de los pilares del modelo que él mismo consolidó durante más de dos décadas.

Los anuncios se hacen en “La Previa”, comos se denomina a las reuniones políticas que instauró Rovira a partir del 2024 y que se realizan antes de cada sesión ordinaria de la Cámara de Representantes. Desde abril, cada jueves convocó a dirigentes para anticipar los proyectos considerados estratégicos y fijar la línea política del oficialismo. El encuentro dejó de realizarse hace dos semanas, justo cuando la interna con Passalacqua comenzó a hacerse cada vez más visible.

Entre las iniciativas impulsadas figura una reforma electoral que incorpora la Boleta Única Partidaria y limita la polémica Ley de Lemas a un máximo de cuatro listas por fuerza política en cada municipio. Formalmente, el objetivo es reducir la proliferación de candidaturas y simplificar el proceso electoral. Pero en Misiones pocos creen que el alcance sea únicamente administrativo.

La discusión comenzó apenas unas semanas después de que 67 intendentes firmaran la denominada “Acta Acuerdo de Ruiz de Montoya”, un documento que proclamó a Passalacqua como la “máxima autoridad del Estado”, respaldó abiertamente su eventual reelección y reclamó mayor participación de los jefes comunales en las decisiones partidarias. En ese contexto, cualquier modificación que limite el peso electoral de los intendentes o restrinja su capacidad de construir poder territorial fue interpretada como un mensaje directo hacia el principal sostén político del gobernador.

A esa reforma se suman cambios en el Código Procesal Penal para profundizar el sistema acusatorio y la oralidad de los juicios, además de un proyecto de Ficha Limpia Misionera, que incorpora nuevas causales de inhabilitación para acceder a cargos electivos y prevé incluso controles toxicológicos para quienes aspiren a representar a la ciudadanía.

¿Passalacqua 2027?

Toda la discusión en Misiones gira alrededor del esquema de poder que Carlos Rovira pretende dejar armado para la próxima etapa. El conductor no imagina a Passalacqua encabezando nuevamente la boleta para buscar la reelección y convirtiéndose, eventualmente, en el primer político en la historia provincial en alcanzar tres mandatos. Su apuesta es otra: consolidar un recambio generacional con el actual vicegobernador Lucas Romero Spinelli como principal referencia institucional, pero acompañado por un esquema de poder mucho más amplio en el que Ramiro Rovira aparece ocupando un lugar cada vez más relevante.

Mientras el joven Romero Spinelli, de solo 36 años, representa la continuidad política del proyecto, el hijo mayor del exgobernador fue ganando protagonismo en el universo empresarial que comenzó a gravitar alrededor del oficialismo durante los últimos años. En la política misionera son cada vez más quienes leen ambos procesos como partes de un mismo diseño sucesorio.

Ese proyecto, sin embargo, empezó a encontrar resistencias dentro de la propia Renovación. Con el lanzamiento de Encuentro Misionero, Rovira conservó el núcleo juvenil que desde hace años viene formando alrededor suyo. Pero buena parte del resto del ecosistema político del oficialismo tomó otro camino. Intendentes, algunos ministros y dirigentes históricos comenzaron a presionar a Passalacqua para que se despegue de esa estrategia de Rovira, convencidos de que una eventual reelección del gobernador ofrecería una transición mucho menos traumática que un recambio generacional impulsado desde arriba.

La figura de Leonardo “Lalo” Stelatto, el intendente de Posadas, también genera cierto rechazo. Aunque continúa siendo uno de los dirigentes más cercanos a Rovira y aparece como una pieza importante dentro del esquema de transición que imagina el conductor, su eventual proyección provincial despierta fuertes resistencias entre buena parte de los jefes comunales del interior. Lo identifican como uno de los grandes beneficiarios políticos y presupuestarios del rovirismo durante los últimos años y sostienen que su candidatura difícilmente lograría sintetizar al conjunto del oficialismo.

¿Y si Passalacqua es, en realidad, la verdadera prenda de unidad de cara al 2027? Algunos lo creen posible. “Si Hugo encabeza, la Renovación tiene muchas más chances de ganar que de perder”, sostiene uno de los dirigentes que impulsa esa salida unitaria. Hay quienes afirman que lo que comenzó a ponerse en tela de juicio es algo más: el grado de autonomía que tendrá quien gobierne la provincia durante los próximos años. “Cerca de Passalacqua creen que pueden administrar mucho mejor con mayor independencia”, resume uno de los dirigentes consultados.

Escenario abierto

Dentro del oficialismo, sin embargo, el debate dejó hace tiempo de limitarse a las candidaturas. “No estamos hablando solamente de política. Estamos hablando de dinero”, sintetiza descarnadamente otra fuente que participa de las conversaciones. La frase resume una percepción bastante extendida dentro del oficialismo. Los rumores acerca de una revisión silenciosa de proveedores, contratos, estructuras de financiamiento y circuitos de negocios que durante años acompañaron al modelo de poder construido por Rovira se acrecentaron en las últimas semanas. Es en ese contexto donde algunos dirigentes empezaron a releer episodios que, vistos de manera aislada, parecían desconectados entre sí.

En el entorno de Passalacqua saben que la estrategia de romper con Rovira tendría un costo adicional. El exgobernador fue mucho más que el jefe político del oficialismo. Se trató, además, del principal arquitecto de la política extraprovincial del “misionerismo”. Mientras sus sucesivos delegados se concentraban en la gestión cotidiana, él se dedicaba a articular acuerdos que excedían largamente las fronteras de Misiones. “La Renovación hace tiempo hace política afuera, no adentro”, resume un dirigente que conoce de cerca ese funcionamiento.

La principal fortaleza política de Rovira no fue solamente su capacidad para ganar elecciones. Fue, sobre todo, la sensación de que siempre llegaba antes que los demás. Anticipó el colapso del bipartidismo provincial, sobrevivió a los cambios de signo político en la Casa Rosada, construyó una de las maquinarias electorales más estables del país y logró algo que muy pocos dirigentes consiguieron: retirarse formalmente del poder sin dejar de ejercerlo. Esa fama de estratega hizo que, durante mucho tiempo, cualquier movimiento suyo fuera interpretado como parte de un plan cuidadosamente diseñado.

Por eso todavía existen quienes desconfían de la veracidad de la interna. En la política misionera no faltan los que creen que es una escena minuciosamente montada, una nueva maniobra del propio conductor para volver a correr del centro de la escena a la oposición y reorganizar el tablero bajo sus propias reglas. La teoría no resulta extravagante en una provincia donde, durante dos décadas, casi todas las jugadas importantes terminaron llevando su firma.

Pero incluso si esa hipótesis fuera cierta, no modifica el dato político de fondo. El cambio de ciclo ya comenzó. La incógnita dejó de ser si habrá un después de Rovira. La verdadera pregunta es otra: ¿ese después será administrado en los términos que el propio Rovira consiga imponer o en los que se le terminen imponiendo desde afuera? Con una oposición todavía fragmentada y La Libertad Avanza que busca capitalizar el creciente sentimiento de hartazgo, esa disputa recién empieza.

En ese escenario, otra pregunta empieza a abrirse paso dentro del propio oficialismo provincial: ¿puede Passalacqua convertirse en el dirigente capaz de canalizar parte de ese descontento si decide romper con el sistema que lo llevó al poder, o el anti-rovirismo terminará encontrando su expresión política por fuera de la “caducada” Renovación? Esa respuesta, probablemente, defina la política misionera mucho después de que Carlos Rovira abandone definitivamente el centro de la escena.

PL

Si de algo se encargó Carlos Rovira desde que supo hacerse con el poder absoluto en Misiones es de pasar desapercibido. Sobre todo, en Buenos Aires. Mientras otros caudillos provinciales no pudieron evitar ser el foco de los medios nacionales, el líder del hoy “caducado” Frente Renovador de la Concordia transitó el camino inverso, casi como un logro: ejercer el poder desde las sombras mientras administraba la política local con autonomía, sin convertirse jamás en un actor de la conversación pública porteña.

Esa estrategia comenzó a resquebrajarse en los últimos tiempos. Primero, por la rebelión policial de 2024. Un año después, por el affaire Ficha Limpia, que lo convirtió en tapa de Clarín y La Nación. Ahora, por las inéditas tensiones internas que empezaron a aflorar dentro de su fuerza política, pero también por la irrupción de un nombre que, hasta hace poco, pertenecía exclusivamente al mundo de los negocios: Augusto Marini.

El empresario detrás de Blender y Carajo quedó en el centro de la escena después de que su empresa despidiera a trabajadores que reclamaban una recomposición salarial e intimara judicialmente a Tomás Rebord para presentarse a conducir su programa Hay Algo Ahí. El influencer respondió con un extenso descargo en sus redes sociales que cerró con una amenaza cargada de ironía que nadie pasó por alto, dirigida directamente a Marini: anunciaba que, si finalmente hacía el programa, dedicaría un especial a “la provincia de Misiones, su esquema productivo y sistema de financiamiento”.

En la provincia mesopotámica, el nombre de Marini circula desde hace tiempo. No por sus inversiones en medios, sino por la relación personal que construyó con Ramiro Rovira, hijo del hombre más poderoso de la provincia. Ese vínculo, según pudo reconstruir elDiarioAR a partir de distintas fuentes, nació hace años en los veranos compartidos en Punta del Este. Mientras la familia Rovira suele pasar el fin de año en su casa de La Barra, Marini y su esposa lo hacen en una residencia en Portezuelo, cerca del museo Casapueblo de Carlos Páez Vilaró. Entre ambos lugares comenzó a construirse una amistad que terminaría convirtiéndose en la puerta de entrada para los negocios de su holding Cale Group en territorio misionero.

La cercanía entre ambas familias incluso quedó registrada, casi de manera involuntaria, en uno de los videos más difundidos por el propio Marini. Durante la fiesta de revelación del sexo de su futuro hijo, una celebración conocida como gender reveal, organizada en su casa uruguaya, el empresario compartió imágenes de la celebración en sus redes sociales. En una de las secuencias puede verse, de espaldas, al mismísimo Rovira junto a su esposa, Rosanna Spotorno, sentados entre los invitados.

La pista Marini

En la oposición misionera hace tiempo que siguen la pista de Marini. La diputada radical Rosa Kurtz presentó en las últimas semanas un pedido de informes para que el gobierno de la provincia explique la contratación, a partir del año 2020, de una plataforma de telemedicina, propiedad del empresario, utilizada por el sistema público de salud, de nombre AlegraMed. El expediente permanece frenado en la comisión de Salud Pública de la Cámara de Representantes, pero volvió a poner bajo la lupa el negocio más importante del grupo en la provincia.

Según el planteo de la UCR, el contrato fue ejecutado a través de la Fundación Parque de la Salud y contemplaría un esquema de pagos cercano a los US$ 9 por cada usuario registrado. Sobre una base estimada de 350.000 personas inscriptas —de los cuales entre 60.000 y 100.000 son usuarios activos cada mes, según apuntó la coordinadora operativa de la aplicación, Silvina Martínez, en una entrevista de 2024 con el periodista Diego Bogarin—, la cifra superaría los US$ 3 millones financiados con recursos públicos por fuera de la estructura tradicional del Ministerio de Salud.

En los pasillos del poder misionero circula desde hace tiempo una historia sobre el origen de AlegraMed. Según esa reconstrucción, la iniciativa no surgió originalmente de Marini. La idea habría sido presentada primero por una emprendedora del sector tecnológico a funcionarios provinciales, en momentos en que el gobierno buscaba descentralizar las consultas hospitalarias. El proyecto despertó interés, pero nunca avanzó con su impulsora. Tiempo después, sostienen esas versiones, fue Ramiro quien retomó la propuesta y convocó a Marini para desarrollarla conjuntamente a través de Cale Group.

Más allá de que esa reconstrucción no fue confirmada oficialmente, distintas fuentes consultadas por elDiarioAR coinciden en un punto: la amistad entre el hijo de Rovira y Marini precedió a cualquier sociedad comercial. AlegraMed no habría sido el origen del vínculo, sino su primera expresión empresarial de gran escala. Es decir, Marini no desembarcó en Misiones como un desconocido, con un proyecto propio para ofrecerle al Estado provincial. Ocurrió exactamente al revés: la confianza personal ya existía y fue desde esa relación que ambos comenzaron a explorar negocios conjuntos, empezando por un rubro en el que el empresario bonaerense hasta entonces no tenía antecedentes: la salud.

Es precisamente en ese punto donde comienza a aparecer una pregunta de carácter estrictamente coyuntural. ¿Puede leerse el conflicto salarial en Blender como la expresión más evidente de un flujo de recursos que empezó a modificarse? En medio de un desgaste inédito del espacio que conduce Rovira —rebautizado en abril como Encuentro Misionero—, hay quienes hablan de un escenario de revisión de contratos, inminentes cambios de proveedores y reordenamiento de negocios alrededor del núcleo de poder provincial. Las versiones circulan entre dirigentes de distintos espacios, aunque nadie se anima a confirmarlas públicamente y no existen elementos concretos que permitan establecer una relación directa entre ambos episodios.

En el nombre del padre

El perfil de Ramiro Rovira, de 30 años, ayuda a entender el verdadero trasfondo de esta historia. Desde hace al menos un lustro que el hijo mayor del exgobernador comenzó a tener una participación cada vez más grande en distintos emprendimientos privados con fuerte articulación con el Estado misionero. En febrero pasado, dio un paso poco habitual: aceptó aparecer públicamente como uno de los dueños de Dignos Company, una fábrica de anteojos instalada en el Parque Industrial de Posadas que comparte con su socio Ulises Bestard. En una nota publicada por El Cronista, impulsada por la propia empresa, Dignos proyectó una facturación de US$ 1,5 millones para 2026 y se presentó como un proyecto que busca replicar en la Argentina el modelo de Luxottica, el gigante italiano que controla Ray-Ban y fabrica para marcas como Prada, Chanel, Armani o Versace.

No es el único negocio vinculado al hijo de Rovira. En los últimos años distintas investigaciones periodísticas también lo asociaron con Incertidumbre, una firma creada junto al empresario Joaquín Basanta para la organización de eventos. Basanta es, además, fundador de Agrosustentable, la empresa que instaló una planta elaboradora de bioherbicidas en el Parque Industrial de Posadas y que ganó notoriedad tras convertirse en proveedora del Estado misionero con Bioherb, el producto que el gobierno provincial promovió para reemplazar el glifosato luego de restringir su uso. La iniciativa derivó en una fuerte polémica cuando productores rurales denunciaron la escasa eficacia del bioherbicida y cuestionaron los beneficios que habría recibido la compañía. Basanta, a su vez, también es socio de Marini en IWP SA, una empresa dedicada a la captación, depuración y distribución de agua.

Junto con su hermana Miranda, cuatro años menor que él, Ramiro constituyó en 2022 otra sociedad: Eternal SA. Inscripta con un directorio integrado únicamente por ambos hermanos, la empresa posee un objeto social inusualmente amplio: además de servicios de consultoría, habilita actividades vinculadas con la producción industrial, la elaboración de bebidas, la explotación agropecuaria y forestal, viveros, yerba mate, té, azúcar y una larga lista de emprendimientos comerciales.

Con el correr de los años, Eternal convivió con la aparición de otras sociedades impulsadas por los hijos de Rovira, entre ellas las firmas creadas por Miranda. Ella comenzó a construir su propio perfil empresario desde París con Mima Concept Store. Se trata de una exclusiva tienda de diseño ubicada sobre la Rue du Faubourg Saint-Honoré, a metros del Palacio del Elíseo, cuya actividad llegó incluso a ser destacada por la revista Vogue durante la Semana de la Moda.

A partir de ese emprendimiento, Miranda amplió su estructura societaria en Francia. En noviembre de 2024 constituyó Guarala Company y, apenas un mes después, creó Mima Company, ambas con sede en territorio parisino y bajo su conducción. La novedad llegó unos meses más tarde, cuando Ramiro pasó a integrar una de esas sociedades, formalizando también en Europa la asociación empresarial entre ambos hermanos.

El cabo suelto

Durante más de dos décadas, Carlos Rovira edificó un esquema de poder basado en una regla que rara vez se alteró: acumular influencia sin exponerse. Siempre evitó proyectarse como un empresario y mantuvo su patrimonio lejos del debate público. El desembarco de sus hijos en el mundo de los negocios generó algunas fisuras en esa estrategia y coincidió, además, con un cambio estructural en su rutina.

En 2023, en simultáneo a la asunción de Javier Milei como presidente, Rovira dejó la titularidad de la Cámara de Representantes de Misiones, cargo que había ocupado durante 16 años ininterrumpidos, para pasar a ser un diputado raso más. Desde entonces, quien fuera gobernador entre 1999 y 2007 redujo todavía más sus apariciones públicas y concentró buena parte de su actividad en viajes periódicos a París, ciudad donde reside su hija Miranda y por la que nunca ocultó su fascinación.

Francófilo declarado, hace años que Rovira alterna su residencia en la mansión que levantó sobre la costa del río Paraná, en el barrio El Laurel de Posadas, con largas estadías en Europa. Sin ir más lejos, este jueves se ausentó de la penúltima sesión ordinaria de la Legislatura antes del receso de mitad de año. Su banca vacía no sorprendió a nadie. Según confiaron fuentes misioneras a elDiarioAR, el jefe político de la provincia ya habría hecho las valijas para instalarse, una vez más, del otro lado del Atlántico.

Esa aparente tranquilidad es la que la figura de Marini vino a alterar definitivamente. Es que el crecimiento exponencial del empresario amigo de su hijo Ramiro es imposible de ser explicado a partir de su injerencia en el mundo del streaming. A los contratos ferroviarios obtenidos por su firma Motora Argentina se suman su participación en licitaciones energéticas, inversiones en infraestructura y su desembarco en distintos negocios regulados por el Estado. Una expansión que terminó arrastrando hacia la conversación pública una trama de relaciones que hasta hace poco permanecía fuera del radar de los medios. De pronto, la amistad de Marini con los Rovira, nacida en las sobremesas de champagne Dom Pérignon del verano uruguayo, comenzó a ser observada con lupa por la opinión pública.

Todo ocurre, como si faltara más, en un momento especialmente delicado para el rovirismo. Después de 20 años de liderazgo incontestado, empezaron a emerger tensiones internas que hasta hace poco permanecían completamente ocultas. “Es la primera vez que se le animan”, resume un dirigente provincial que apuesta a que el actual gobernador, Hugo Passalacqua, conforme definitivamente su propio espacio y compita por su reelección el año que viene.

En ese contexto, hay quienes se preguntan, por lo bajo, si el conflicto salarial que derivó en despidos dentro de Blender no constituye la manifestación más visible de una escena que Rovira ya no puede controlar. Más que un socio, Marini parece haberse convertido en un cabo suelto. Un empresario cuya creciente exposición pública terminó iluminando una red de vínculos que durante muchísimo tiempo funcionó con absoluta discreción y que hoy empieza a ir mucho más allá de las fronteras de Misiones.

PL/MG

La transmisión se cortó de golpe. Lo que debía ser una emisión habitual de Último aviso, uno de los programas de Blender, terminó el jueves por la noche convertido en una escena inédita para el ecosistema del streaming argentino. Frente a las cámaras, la periodista Fiorella Sargenti interrumpió el programa para denunciar que varios trabajadores habían sido despedidos en medio de un reclamo salarial. “Echaron a muchos de nuestros compañeros por hacer un reclamo vinculado con nuestros salarios y los aumentos”, dijo al aire. “No podemos seguir haciendo el programa así. Hay guardias esperándonos afuera. Si tocan a uno, tocan a todos”. Segundos después, la pantalla se fundió a negro.

Este viernes, el canal difundió un comunicado para fijar su posición sobre el conflicto. “Blender es una empresa que genera trabajo para más de 100 personas, honra sus compromisos y cumple en tiempo y forma con todas sus obligaciones”, sostuvieron oficialmente. Allí aseguró que “un grupo reducido de personas adoptó conductas incompatibles con los valores de la compañía, intentando condicionar el funcionamiento del canal mediante la utilización de su propia pantalla como mecanismo de presión en el marco de una negociación entre las partes”. El texto concluye afirmando que la plataforma “continuará invirtiendo, generando empleo y trabajando para ofrecer cada día mejor contenido a su comunidad”.

Ahora todas las miradas apuntan a Augusto Marini. Con apenas 31 años, este empresario oriundo de la localidad bonaerense de General Las Heras se convirtió en uno de los hombres de negocios de mayor crecimiento durante la era libertaria. No es casual: la crisis laboral en Blender estalló en la misma semana en que el Gobierno de Jorge Macri le preadjudicó el gerenciamiento del Canal de la Ciudad, una decisión que generó ruido en el ecosistema mediático. Dueño además de Carajo —el canal de streaming que comparte con Daniel Parisini, el Gordo Dan, convertido en una de las principales usinas digitales del oficialismo—, Marini también comenzó a disputar contratos y licitaciones con el Estado en sectores estratégicos.

Es que el empresario está en un momento de fuerte exposición pública. Durante años cultivó un perfil extremadamente bajo, pero en los últimos meses comenzó a explicar con mayor frecuencia cuál es el proyecto detrás de su holding Cale Group. Su objetivo declarado es que la compañía llegue algún día a cotizar en Wall Street. “Somos un holding de inversión joven. Estamos presentes en ocho sectores industriales, pero nuestro enfoque está en energía, salud, transporte ferroviario, infraestructura y medios. Argentina tiene grandes empresarios jóvenes dedicados a los negocios tecnológicos, pero hay que lograr una convocatoria mayor para la economía real”, había afirmado en su primera entrevista, concedida a Infobae en septiembre de 2024.

La apuesta por los medios nació incluso antes de la llegada de Javier Milei al poder. Según contó el propio Marini en un mensaje publicado en LinkedIn en 2024, la idea comenzó a gestarse en 2021. El primer paso fue Blender, lanzado en mayo de 2022. “Buscamos innovar y transformar constantemente cada industria en la que participamos. Blender conecta con una audiencia joven que no estaba siendo representada. No somos sólo un medio de comunicación; Blender es hoy un movimiento”, escribió. En ese mismo mensaje explicaba que “todas las voces deben tener un espacio en nuestros activos” y anticipaba la aparición de Carajo. La convivencia de ambos proyectos convirtió a Marini en un caso atípico dentro del mapa de medios argentino: un mismo propietario detrás de dos señales que dialogan con públicos y universos políticos prácticamente opuestos.

¿Empresario libertario?

Consciente de que esa dualidad genera interrogantes, en las últimas semanas Marini también salió a responder las preguntas sobre su vínculo con el Gobierno. Aseguró que delegó completamente la conducción editorial de Carajo en el Gordo Dan y negó mantener una relación privilegiada con Javier Milei o con Santiago Caputo. “A Milei lo vi una sola vez, cuando fue a dar una entrevista. Fue un saludo institucional. Lo esperé en la puerta, le di la mano y me fui”, afirmó en diálogo con Giselle Leclercq en Perfil. Sobre el principal asesor presidencial fue todavía más categórico: “Ni siquiera tengo su número de teléfono”.

Sin embargo, el crecimiento de su holding coincide con una presencia cada vez mayor en negocios donde el Estado ocupa un lugar central. Este mes, trascendió que Motora Argentina SA, otra empresa controlada por Marini, obtuvo un contrato de aproximadamente 3,8 millones de dólares de Trenes Argentinos para reparar treinta formaciones de trocha ancha destinadas a las líneas Roca y Mitre. La contratación se realizó mediante una compulsa abreviada por emergencia ferroviaria y contó con cinco oferentes. En 2024, la misma compañía ya había obtenido otra adjudicación de menor magnitud, cercana a los 350.000 dólares.

Motora es la antigua filial argentina de la rusa Transmashholding (TMH), adquirida por Marini en 2023 luego de que la empresa decidiera desprenderse de sus activos internacionales tras el inicio de la guerra en Ucrania. El empresario sostiene que vio allí una oportunidad industrial en un mercado con fuerte potencial de crecimiento. “El estado de los trenes en Argentina es un desastre”, explicó recientemente. También rechaza cualquier sospecha de favoritismo y recuerda que el propio Estado mantiene con su empresa una deuda superior a los 5.000 millones de pesos por trabajos ya realizados. “Quiero explicar que no fui beneficiado. Es más, hace cinco meses que el Estado no me paga”, aseguró.

La expansión tampoco termina en el sector ferroviario. A través de René Energy, otra de las compañías del holding, Marini participa de la licitación impulsada por Cammesa para incorporar sistemas de almacenamiento mediante baterías de gran escala al Sistema Argentino de Interconexión. El grupo también controla EG3, la histórica marca de estaciones de servicio, además de inversiones en infraestructura, salud, agroindustria y textiles.

El frente que hoy concentra mayor atención política, sin embargo, es el de los medios públicos. Esta semana, el Gobierno porteño resolvió preadjudicar a Cale Group Media el gerenciamiento técnico, operativo y comercial del Canal de la Ciudad. La empresa ofreció un canon mensual de 50 millones de pesos, muy por encima de los 15 millones presentados por su único competidor, Argentinos Media SA, que además fue objetada por no cumplir con toda la documentación económica exigida en el pliego. Si las impugnaciones previstas en el procedimiento administrativo no prosperan, Marini administrará la señal durante los próximos cinco años.

Nexo misionero

Hijo de Omar Marini, fundador de la marca de alimentos para mascotas Kongo y uno de los empresarios que impulsaron el desarrollo de esa industria en la Argentina, el joven suele presentar su historia como la continuidad de una tradición familiar. Lo cierto es que antes de la emergenica política de Milei, Marini ya había aprendido a moverse cerca de distintos centros de poder político. Uno de los primeros vínculos que cultivó fue con el exgobernador de Misiones, Carlos Rovira.

Según pudo reconstruir elDiarioAR, el empresario y su esposa mantienen desde hace años una relación de cercanía con la familia del mandamás provincial, a quienes conocen de los veranos compartidos en Punta del Este. En ese mismo circuito social también se lo vinculó durante años con el exdiputado Facundo Moyano, con quien supo compartir festejos de Año Nuevo en el balneario uruguayo. Esa red de relaciones terminó abriendo también puertas para los negocios.

A través de AlegraMed, una plataforma de telemedicina impulsada por Cale Group, Marini logró vender servicios al Estado de Misiones. La empresa intentó luego expandir ese mismo modelo hacia sindicatos, obras sociales y empresas de medicina prepaga, aunque sin el mismo éxito. Alejandro Bercovich reconstruyó esa historia en una columna publicada en elDiarioAR en julio de 2024, donde también relató la compra de Motora Argentina y la incorporación de Javier Hibbert, un histórico funcionario ferroviario que atravesó distintas administraciones nacionales antes de sumarse al holding.

Hoy, mientras Cale Group acelera simultáneamente su expansión en distintos rubros, el verdadero interrogante es si estamos frente a un empresario que simplemente supo detectar oportunidades donde otros no las vieron o ante el surgimiento de una nueva generación de hombres de negocios cuya expansión vuelve a demostrar que, incluso en la Argentina que prometió achicar el Estado, el poder político sigue siendo un activo demasiado valioso como para ignorarlo.

PL/CRM

El acampe rompe la postal habitual del centro de Posadas. A simple vista parece una protesta más frente a la Casa de Gobierno de Misiones, en plena Plaza 9 de Julio. Sin embargo, detrás de ese campamento improvisado sobrevive uno de los conflictos políticos más traumáticos que atravesó la provincia en los últimos años: la rebelión de trabajadores estatales de mayo de 2024, que puso contra las cuerdas al poder construido a lo largo de dos décadas por el exgobernador Carlos Rovira y que tuvo al reclamo policial y docente como principal punta de lanza.

Desde el 6 de abril, un grupo de ocho efectivos permanecen apostados frente a la sede del Ejecutivo provincial reclamando su reincorporación a la Policía de Misiones. Con el correr de las semanas se sumaron otros uniformados alcanzados por la misma situación. Todos integran la lista de detenidos en septiembre de 2024, luego de ser acusados por presunta sedición y conspiración.

La protesta ya no ocupa cuadras enteras ni moviliza a cientos de personas como ocurrió durante aquellas convulsionadas jornadas de 2024. Hoy, el reclamo se reduce a una gran carpa de cuya lona cuelgan banderas argentinas y carteles escritos a mano. Algunos reclaman salarios dignos. Otros apuntan directamente contra la conducción policial. “Martínez, vendiste a tus policías”, se lee en uno de ellos, en referencia al jefe de la fuerza, Sandro Martínez.

En diálogo con elDiarioAR, uno de los voceros de los efectivos desvinculados, Diego Correa, asegura que la decisión de instalar nuevamente el conflicto en el espacio público llegó después de varios meses de gestiones infructuosas ante las autoridades provinciales. Según relata, tras recuperar la libertad comenzó a presentar notas a las autoridades sin obtener respuestas. “Nunca nadie contestó ni dio la cara”, sostiene.

El policía afirma que fueron justamente funcionarios y empleados de distintos organismos provinciales quienes comenzaron a alertarlos sobre presuntas inconsistencias en su situación administrativa. Según su versión, desde áreas del propio Estado les informaron que continuaban figurando como efectivos policiales, que sus haberes seguían siendo liquidados por la Contaduría provincial y que el supuesto decreto de cesantía nunca había completado los circuitos administrativos correspondientes.

“Sedición” y “conspiración”

El campamento, que funciona las veinticuatro horas, se convirtió en una postal incómoda para el gobierno provincial en el corazón mismo del poder político misionero. Allí pasan los días algunos de los protagonistas que estuvieron en el centro de la mayor crisis institucional que enfrentó el oficialismo misionero en décadas y que hoy denuncian haber sido convertidos en ejemplo para disciplinar al resto de la fuerza.

Para entender el origen de este reclamo hay que retroceder hasta mayo de 2024. Durante varias semanas, cientos de policías, penitenciarios, docentes y trabajadores de la salud protagonizaron una inédita protesta salarial que puso en jaque al gobierno provincial. El epicentro estuvo sobre la avenida Uruguay, frente al Comando Radioeléctrico de Posadas, donde se instalaron carpas y asambleas permanentes que tuvo al suboficial retirado y actual diputado provincial Ramón Amarilla como una de sus caras más visibles. El conflicto concluyó formalmente el 29 de aquel mes, cuando el gobierno provincial acordó una recomposición salarial y una amnistía para quienes habían participado.

La tregua, sin embargo, duró poco. Apenas cuatro meses después, en septiembre de 2024, la Justicia provincial ordenó la detención de ocho efectivos acusados de coacción, conspiración y sedición. Entre ellos, además de Correa y del propio Amarilla, estaban varios de los efectivos que hoy se encuentran apostados frente a la Casa de Gobierno, como son Iván Arrieta, Alejandro Arrieta, Adolfo Guirula, Lisandro Canteros, Joaquín Orrego y Elías Coutto.

La investigación se apoyó en una serie de mensajes extraídos de teléfonos celulares donde, según la acusación, algunos de los involucrados discutían la posibilidad de retomar las protestas e incluso impulsar acciones destinadas a generar desorden público. El juez de Instrucción Fernando Verón consideró que esos elementos permitían sospechar la existencia de un plan para presionar al gobierno provincial y avanzar sobre la conducción de la Policía de Misiones. Los imputados siempre rechazaron esa interpretación y sostuvieron que los chats fueron sacados de contexto para justificar una represalia política por el rol que habían tenido durante el conflicto salarial.

Sin proponérselo, la causa terminó produciendo uno de los fenómenos políticos más inesperados de la historia reciente de la provincia. Para cuando los misioneros fueron a votar el 8 de junio de 2025, Amarilla y el resto de los policías llevaban casi nueve meses presos. En ese contexto, el principal referente de las protestas tomó una decisión inusual: aceptó encabezar una lista de candidatos a diputados provinciales desde la cárcel y convirtió su situación judicial en una bandera política. La candidatura terminó canalizando parte del malestar que habían dejado las manifestaciones de 2024 y lo transformó en la gran sorpresa de la elección: obtuvo cerca del 20% de los votos y accedió a una banca en la Cámara de Representantes sin haber recuperado todavía la libertad.

El resultado alteró por completo la lectura política del conflicto. Lo que para el oficialismo había sido presentado como un intento de desestabilización terminó transformando a Amarilla, uno de los principales protagonistas de la prostesta, en un dirigente con representación parlamentaria propia. Recién después de los comicios, que dieron al oficialista Frente Renovador de la Concordia como ganador, comenzó a desarmarse el esquema de detenciones iniciado en septiembre del año anterior. El suboficial retirado fue el primero en salir de la cárcel. Con el correr de las semanas, le fue llegando el turno al resto de los uniformados.

¿Decreto “fantasma”?

Durante meses, los policías creyeron que su principal problema era la causa judicial que los había llevado a prisión. Sin embargo, una vez recuperada la libertad, comenzaron a concentrarse en otra pregunta: bajo qué instrumento legal habían sido expulsados de la fuerza. La cesantía de los ocho efectivos fue formalizada mediante el decreto 2084/24. Sin embargo, dos años después, la existencia misma de ese documento se convirtió en el principal eje del reclamo.

Todo había comenzado con una postal política contundente. La decisión de avanzar contra los policías fue presentada públicamente por el gobernador Hugo Passalacqua en una conferencia de septiembre de 2024. A su lado se encontraban la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Rossana Venchiarutti Sartori; el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez; y el entonces presidente de la Legislatura provincial, Oscar Herrera Ahuad. La imagen de los tres poderes del Estado encolumnados buscó transmitir una señal de respaldo institucional frente a un conflicto que el oficialismo consideraba especialmente sensible.

Pero la respuesta que fueron encontrando los policías acerca de su desvinculación resultó desconcertante. Mientras aseguran que distintas áreas del Estado provincial continuaban registrándolos como personal policial, el decreto que supuestamente había dispuesto sus cesantías parecía no aparecer en ningún lado. Esa sospecha terminó convirtiéndose en el motor del actual acampe.

Esa hipótesis cobró fuerza, según Correa, cuando logró acceder a los sumarios administrativos que venía reclamando desde septiembre de 2025. El efectivo sostiene que en esa documentación no aparecen constancias de notificaciones formales sobre su cesantía. También menciona una respuesta recibida desde la Dirección del Boletín Oficial provincial donde se le informó que el instrumento nunca fue remitido para su publicación. “Nos dijeron que el decreto no existe, que seguimos figurando como policías y que los sueldos se siguen liquidando. Ellos no nos quieren atender porque pudimos reunir todas las pruebas de que seguimos siendo policías”, afirma.

Desde el gobierno provincial rechazan de plano esa interpretación. Fuentes oficiales consultadas por elDiarioAR sostienen que los policías fueron notificados oportunamente de su situación administrativa y remarcan que sus reclamos ya fueron respondidos en reiteradas oportunidades. El 29 de abril pasado, por ejemplo, la Asesoría Jurídica de la Gobernación les comunicó formalmente que las peticiones vinculadas a la restitución de sus puestos de trabajo ya habían sido contestadas en expedientes anteriores y que no existían motivos para abrir nuevas instancias de diálogo. En esa respuesta, firmada por el asesor jurídico Carlos Javier Clerici, el Ejecutivo provincial les informó que la cuestión había sido resuelta y que la reiteración de presentaciones ante distintas dependencias “carece de sentido procesal y eficacia jurídica”.

Tampoco comparten la tesis del llamado “decreto fantasma”. “En derecho hay una máxima que dice que no hay nulidad por la nulidad misma”, argumentan cerca del gobierno provincial. Según esa interpretación, la eventual falta de publicación del decreto en el Boletín Oficial no afecta su validez jurídica porque se trata de un acto administrativo de alcance particular y no de una disposición general dirigida al conjunto de la sociedad. “El Boletín Oficial es para conocimiento general de la sociedad, no para notificar cuestiones particulares”, sostienen.

Las mismas fuentes agregan que, aun si existiera algún cuestionamiento sobre el procedimiento, el ámbito adecuado para plantearlo era la Justicia. “Si hubiera una afectación, que entendemos que no la hay, deberían haber hecho las presentaciones judiciales correspondientes”, señalan. Además, rechazan que los policías desconocieran el contenido del decreto. “Ellos mismos acompañan el decreto en algunas de sus presentaciones. En derecho existe la teoría de los actos propios: si vos te notificaste y tenés el decreto, no podés decir después que no lo tenés o que desconocés su contenido”, sentenciaron.

Presiones internas

Desde el campamento, Correa insiste en que las represalias contra su persona comenzaron mucho antes de las detenciones. Según denuncia, ya había sufrido presiones internas tras impulsar acusaciones por presuntos hechos de corrupción dentro de la fuerza policial en 2023. Y asegura que durante el conflicto salarial de mayo del 2024 tanto él como otros delegados recibieron amenazas y ofrecimientos para abandonar la protesta.

Según su relato, el 21 de ese mes, en pleno reclamo salarial, autoridades policiales y funcionarios provinciales les habrían ofrecido dinero, vehículos y otros beneficios. “A nosotros nos amenazaron, nos dijeron que nos iban a meter presos. Así lo hicieron. Nos ofrecieron plata y nos dijeron que nos teníamos que callar”, sostiene Correa en diálogo con elDiarioAR, quien luego de litigios y recursos rechazados en la justicia provincial, decidió junto con sus colegas presentar una denuncia en los tribunales de Comodoro Py donde exponen una extensa lista de presuntos delitos que incluyen abuso de autoridad, persecución política, amenazas, privación ilegítima de la libertad y violencia institucional.

Semanas atrás, Ramón Amarilla utilizó su banca en la Legislatura para visibilizar la situación de sus antiguos compañeros. “Lo que ocurrió en la avenida Uruguay frente al Comando Radioeléctrico no fue un acto de indisciplina porque el hambre no conoce de jerarquías”, sostuvo durante una sesión parlamentaria en referencia a las protestas que lo tuvieron como principal vocero. Y agregó: “Estamos ante personas que no saben si mañana van a tener para darle de comer a sus hijos, que no pueden pagar su alquiler porque sobre su cabeza está la sombra de un sumario que no avanza y de un gobierno que no los escucha”.

Por ahora, el acampe sigue allí. Mucho más pequeño que aquel que en 2024 paralizó a Misiones, pero sostenido por varios de los mismos protagonistas. Dos años después, el gobierno provincial insiste en que la historia está cerrada. Los manifestantes siguen durmiendo frente a la Casa de Gobierno para demostrar exactamente lo contrario.

PL/MG

La escena está cruzada por la preocupación. En el primer piso de la Casa de Misiones, sobre la porteña avenida Santa Fe, Facundo López Sartori recibe a elDiarioAR con una carpeta de números y un diagnóstico que atraviesa toda la charla: la economía yerbatera atraviesa una crisis profunda. El ministro del Agro de la provincia litoraleña habla pausado, mide las palabras, pero no suaviza el diagnóstico. “Desregular desde Buenos Aires es como manejar el tractor desde un escritorio”, grafica apenas empieza, como síntesis de su mirad sobre las políticas nacionales.

Ese punto lo conduce naturalmente al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), un organismo que desde la llegada de Javier Milei al poder perdió su rol central en el funcionamiento del mercado. No es la primera vez que López Sartori se refiere al tema: en conversaciones anteriores con este medio ya había señalado que quitarle su función ordenadora implicaría dejar al sector sin un precio de referencia. Hoy, afirma, ese escenario se materializó. El INYM continúa existiendo, pero sin su principal herramienta. “El gran pedido es que le devuelvan sus facultades al instituto”, señala.

En Misiones existen alrededor de 12.500 productores que venden hoja verde a un número reducido de molinos. Esa estructura, explica López Sartori, convierte al mercado yerbatero en una economía imperfecta, donde la asimetría entre compradores y productores se profundiza en ausencia de regulación. “No es un mercado equilibrado. Hay pocos compradores y miles de productores. Cuando el Estado se retira, la desigualdad en la negociación se agranda”, dice. Desde esa lógica, sostiene que el problema no es ideológico sino estructural: “El libre mercado te dice que cuando hay este tipo de patología se tiene que intervenir”.

—¿Cómo analiza el impacto de la desregulación de la yerba mate impulsada por el Gobierno nacional?

—La desregulación se usa como ejemplo a nivel nacional, pero creemos que hay un desconocimiento profundo de la realidad yerbatera. Se trata a la yerba como si fuera un mercado más, cuando no lo es. Es una economía regional sensible, con una estructura imperfecta. Lo que sí hubo fue coherencia: nunca dijeron que iban a mantener un organismo de regulación, y sabíamos que la yerba iba a terminar en esta situación.

—El INYM volvió a tener presidente tras dos años de acefalía. ¿Eso cambia algo?

—Es positivo tener una cabeza, alguien con quien dialogar. Pero el organismo perdió la facultad de fijar precios, así que hoy no puede cumplir la función que tenía antes. Sin esa herramienta, su capacidad es limitada.

El límite quedó expuesto nuevamente el viernes pasado, cuando el presidente de la Cámara de Representantes de Misiones, Sebastián Macías, mantuvo un encuentro con el flamante titular del organismo, Rodrigo Correa, con el fin de trasladar la preocupación por la situación de los pequeños productores. De la reunión también participó el referente provincial de La Libertad Avanza, Adrián Núñez. Sin embargo, desde el oficialismo nacional se encargaron de ratificar que no habrá marcha atrás en la política de desregulación del sector. Tampoco en el achicamiento del INYM.

En diciembre pasado, más de veinte trabajadores de larga trayectoria fueron despedidos, en medio de una reconfiguración interna que acompaña la pérdida de funciones del organismo. La decisión se produjo poco después de que el Directorio avanzara con una suba del valor de la estampilla yerbatera —la tasa que financia al Instituto— y sin explicaciones públicas. Para López Sartori, ese movimiento no fue aislado, sino parte de la transformación iniciada con el DNU 70/2023 y profundizada luego por el Decreto 812/2025 y la Resolución 146/2025, que terminaron de adecuar el funcionamiento del Instituto al nuevo marco normativo nacional. Con esos cambios, el INYM dejó de intervenir en la fijación de precios, en el ordenamiento del stock y en la regulación productiva, y pasó a concentrarse en funciones técnicas de control, trazabilidad y certificación.

—Si tuviera que resumir lo ocurrido desde el DNU 70/23 hasta hoy, ¿qué diría?

—Fue una caída. La yerba tiene un precio ideal dolarizado en torno a 0,60. En diciembre de 2023 cerramos en 0,53, que era muy buen valor. Era una de las pocas economías regionales en verde según Coninagro. Hoy abrimos zafra entre 0,15 y 0,18 dólares el kilo de hoja verde. Es una caída abrupta.

Ese corrimiento del Estado, plantea el ministro, no sólo alteró la dinámica económica del sector, sino también su equilibrio político y social. Durante más de dos décadas, el INYM había funcionado como regulador del mercado y como instancia de mediación entre productores, industria, provincias y Nación. La pérdida de esas atribuciones redefinió su lugar en la cadena yerbatera y modificó su propia estructura interna: áreas que antes seguían el comportamiento del mercado quedaron desactivadas, mientras el ajuste de personal aparece como consecuencia directa de ese vaciamiento funcional.

Ese trasfondo institucional se superpone con un escenario productivo crítico. La cartera de Agro y Producción de Misiones atraviesa, según describe, uno de los momentos más complejos de los últimos años. La caída del consumo, la pérdida de competitividad y la desregulación del precio de la hoja verde —que el sector considera el detonante de la crisis— alteraron toda la cadena productiva. El ministro lo sintetiza con un diagnóstico económico directo: “La yerba tiene una bajada en precio real de prácticamente un 60%”. Y agrega: “No es solamente la caída, sino también que los costos subieron. Hoy por hoy no es rentable”.

—¿Qué impacto tiene esto en la economía misionera?

—La yerba es nuestra principal economía regional. Estamos hablando de cerca de mil millones de kilos producidos. A precios razonables, eso mueve unos 700 mil millones de pesos. Hoy se mueven alrededor de 200 mil millones. Son 500 mil millones menos en la economía provincial. Esa plata no circula en el comercio, en el kiosco, en la farmacia. Nos golpea muchísimo.

Esa crítica lo lleva a cuestionar la ausencia de una estrategia nacional para las economías regionales. López Sartori señala que mantuvo una reunión reciente con el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, en la que transmitió la preocupación del Gobierno misionero por la crisis yerbatera y la necesidad de recuperar herramientas de ordenamiento del mercado. Sin embargo, la línea política que rige la situación del sector se define en realidad en el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. El rumbo responde principalmente a la lógica impulsada por Federico Sturzenegger, arquitecto del proceso de reducción del rol estatal en las economías regionales.

Frente a ese escenario, el Gobierno provincial intenta amortiguar el impacto mediante acuerdos con cooperativas e industrias para sostener precios mínimos, aunque reconoce que el margen de acción es limitado. También lo es la repercusión que se pueda tener en la opinión pública. En ese sentido, López Sartori evoca lo ocurrido en la última Fiesta Nacional del Mate, en Entre Ríos, donde la crisis yerbatera desbordó las fronteras de Misiones y se hizo visible a nivel nacional, con críticas directas de los presentes a la figura de Javier Milei. “Que llegue la crisis de los productores misioneros a un lugar donde no hay productores está bueno”, desliza.

El diagnóstico económico desemboca, hacia el final de la entrevista, en una lectura política. El ministro reconoce que el Gobierno nacional mantiene respaldo en parte del electorado yerbatero, pero advierte que la disconformidad crece. “Durante 20 años el INYM tuvo legitimidad, nació de los productores. Con el tiempo perdió credibilidad, pero hoy muchos reclaman que vuelva a regular. Cuando empezó 2024, parte del sector apoyaba al Gobierno nacional. Hoy el clima cambió, aunque el Gobierno sigue teniendo predicamento en varios sectores”, apunta López Sartori.

—¿Por qué el oficialismo misionero acompaña iniciativas de La Libertad Avanza si tienen tantos desacuerdos estructurales? Sin ir más lejos, sus dos senadores acaban de votar a favor de la reforma laboral.

—Porque Milei ganó cuatro elecciones en la provincia [las tres de 2023 y la legislativa de 2024]. Hay una responsabilidad institucional. Si la mayoría vota un rumbo, el representante debe tomarlo en cuenta. Eso no impide señalar los problemas: hoy todas las economías regionales del país están mal, desde el algodón hasta el tomate, pasando por la cebolla, el limón y hasta el vino, pero no vemos una estrategia clara del Estado nacional para resolverlo.

En línea con la tradición política del Frente Renovador de la Concordia, el espacio misionero que lidera el exgobernador Carlos Rovira, el ministro describe una relación con la Nación atravesada por el pragmatismo. La provincia, señala, procura sostener la gobernabilidad sin resignar márgenes de autonomía en la defensa de sus intereses productivos. Pero la crisis yerbatera empezó a introducir un factor de tensión en ese esquema: mientras el oficialismo local busca contener el impacto sobre el sector y evitar una escalada política, el malestar entre productores y actores de la cadena comienza a hacerse sentir con mayor intensidad.

—¿Qué espera del vínculo con Nación hacia adelante?

—Esperamos que el Gobierno nacional se interiorice más en las realidades provinciales. Hay diálogo político, creo que [el ministro del Interior, Diego] Santilli es un dirigente con mucha capacidad territorial, pero mientras el esquema económico sea el actual, no vemos soluciones claras para las economías regionales.

—¿Qué le pediría al Presidente?

—Que visite Misiones y conozca la realidad yerbatera, tabacalera y forestal. Corrientes la visitó varias veces, Misiones todavía no. Lo invitamos a ver de cerca cómo funciona nuestra provincia.

PL/MG

Las lágrimas aparecieron antes que las explicaciones. Este martes, en la vereda de las oficinas del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), sobre la calle Rivadavia casi Santa Fe, en pleno centro de Posadas, un grupo de trabajadores se quedó parado en silencio, algunos llorando, otros mirando el piso. Acababan de ser despedidos. No hubo reunión ni aviso previo: a varios les llegó un correo electrónico. A otros, un mensaje seco, administrativo. Casi ninguno quiso hablar con la prensa. El ajuste llegó un día antes de fin de año.

Según pudo saber elDiarioAR de fuentes directas, son más de 20 las desvinculaciones en el INYM, un organismo que atraviesa una reconfiguración profunda desde la llegada de Javier Milei al poder. La decisión sorprendió por el momento elegido y por el contraste con lo ocurrido días antes: el Directorio había avanzado con una suba del valor de la estampilla yerbatera —la tasa de fiscalización que financia al Instituto— con el argumento de reforzar la recaudación. Aun así, el recorte de personal se ejecutó sin transición ni explicaciones públicas.

Los despidos se produjeron apenas semanas después de la Resolución 146/2025, que terminó de adecuar el funcionamiento del INYM al nuevo marco normativo nacional. Esa resolución fue la traducción administrativa de un proceso iniciado con el DNU 70/2023 y profundizado por el Decreto 812/2025, que recortaron de manera sustancial las funciones históricas del organismo. El Instituto dejó de intervenir en la fijación de precios, en el ordenamiento del stock y en la regulación de la producción, y pasó a concentrarse en tareas formales de control, trazabilidad y certificación de calidad.

Durante más de dos décadas, el INYM había funcionado no solo como un regulador económico, sino también como un amortiguador político y social en la principal economía regional de Misiones. Su rol permitía canalizar conflictos, contener crisis cíclicas y ofrecer una instancia de negociación entre productores, industria, provincias y Nación. La pérdida de esas atribuciones redefinió su lugar en la cadena yerbatera y, con ello, su estructura interna. Áreas que antes tenían un papel activo en el seguimiento del mercado quedaron virtualmente desactivadas, y el ajuste de personal aparece ahora como una consecuencia directa de ese vaciamiento funcional.

Silencio y miedo

Puertas adentro, el impacto fue inmediato. Entre los trabajadores que permanecen en el organismo se instaló un clima de temor e incertidumbre. El método de comunicación, sin instancia previa de diálogo, funcionó como un mensaje disciplinador. El silencio posterior no fue casual: varios empleados evitaron hablar con la prensa por miedo a nuevas represalias o a quedar marcados en una estructura que se achica y se reordena bajo nuevas reglas. En un organismo históricamente atravesado por tensiones políticas y sectoriales, el ajuste introdujo un elemento nuevo: la sensación de que nadie está a salvo.

El contexto en el que se producen los despidos es particularmente sensible. La crisis yerbatera atraviesa su momento más crítico: los precios de la hoja verde no cubren los costos de producción, las cooperativas acumulan deudas y algunas ya suspendieron pagos, y la cadena productiva se concentra cada vez más en pocos actores con poder de compra. En paralelo, los productores sostienen protestas prolongadas y los tareferos sobreviven con ingresos atrasados y condiciones laborales precarias, sin un organismo con capacidad real para intervenir y equilibrar el mercado.

A mediados de diciembre, la nueva conducción del INYM quedó formalizada con la designación de Rodrigo Correa como presidente, tras casi dos años de acefalía. Contador público y dirigente de La Libertad Avanza, su llegada fue interpretada en el sector como el cierre de una etapa de transición y el inicio de una gestión alineada sin matices con la agenda libertaria de reducción del Estado y desregulación. En ese marco, el recorte de personal aparece como una de las primeras decisiones concretas de orden interno.

“En el marco de la normativa vigente, vamos a trabajar en la modernización del Instituto y también en armonizar esas normas; en un proceso de desburocratización que facilite la actividad de los operadores del sector yerbatero”, explicó Correa a través de un comunicado difundido este martes.

En ese sentido, el presidente del Directorio destacó que, al mismo tiempo, se apuntará a desarrollar controles más eficientes, que velen por la calidad del producto en los distintos eslabones de la cadena yerbatera donde tiene competencia el INYM. “Queremos mejorar todo aquello que pueda entorpecer la actividad, pero sin comprometer los estándares de calidad”, remarcó.

Sin embargo, la paradoja atraviesa todo el proceso. Mientras el Gobierno nacional celebra la desregulación del mercado yerbatero y el INYM pierde capacidad para ordenar la actividad, el organismo no solo sostiene sino que aumenta su esquema de recaudación a través de la estampilla. El ajuste no pasó por los ingresos, sino por las personas. Para los trabajadores despedidos, el mensaje fue claro: el nuevo instituto será más chico, con menos funciones y menor presencia territorial.

El recorte también tiene una lectura política más amplia. Los despidos en Posadas funcionan como una señal directa del Gobierno nacional hacia Misiones y hacia el conjunto de las economías regionales: la desregulación no es solo un cambio de reglas de mercado, sino una redefinición del rol del Estado, incluso en territorios donde históricamente cumplió una función de contención social. En un organismo que nació en 2002 tras una rebelión agraria, el ajuste ejecutado en silencio, por correo electrónico y en la antesala de fin de año, marca un punto de no retorno. No solo se achica una planta de trabajadores: se consolida un modelo en el que la mediación desaparece y el costo del reordenamiento cae, una vez más, sobre los eslabones más débiles.

PL/CRM

La reciente Resolución 146/2025 del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) no es solo una decisión administrativa: es la confirmación de que el organismo ingresó en una nueva fase política. Con la derogación y modificación de normas que durante más de veinte años estructuraron la actividad yerbatera, el Instituto terminó de alinearse con el mandato de desregulación impuesto desde la Casa Rosada y abandonó definitivamente cualquier pretensión de ordenar el mercado. El proceso había comenzado con el DNU 70/2023 y se profundizó con el Decreto 812/2025. Ahora, con resoluciones propias, el INYM ejecuta esa hoja de ruta desde adentro.

El mensaje es inequívoco: el Estado se retira como árbitro. Ya no hay precios sostén, ni regulación del stock, ni herramientas para intervenir cuando la oferta se desborda y los precios se derrumban. En nombre de la “modernización” y la “protección del carácter competitivo de la industria”, el Instituto se repliega a funciones técnicas —como la calidad, la trazabilidad y salubridad— y deja el resto en manos del mercado. El concepto que había justificado su creación en 2002, el de equilibrar fuerzas entre miles de pequeños productores y un puñado de grandes compradores, quedó explícitamente fuera del nuevo marco legal.

La resolución fue adoptada por el Directorio del INYM, ahora encabezado por Rodrigo Correa, dirigente de La Libertad Avanza designado tras casi dos años de acefalía. Con su llegada, el organismo dejó de flotar en una zona gris y pasó a ejecutar, sin ambigüedades, la política nacional para las economías regionales. La revisión normativa, que deberá completarse en un plazo de 30 días, no es una corrección marginal: es una depuración ideológica del rol del Instituto.

Las decisiones más sensibles tienen un fuerte contenido simbólico. La eliminación de la veda de cosecha de octubre y noviembre —una herramienta histórica para regular volúmenes y cuidar la brotación de la planta— marca el abandono explícito de cualquier política de ordenamiento productivo. Lo mismo ocurre con la flexibilización del régimen de infracciones y sanciones: menos controles, menos castigos, más responsabilidad individual. El nuevo INYM ya no corrige ni compensa, apenas observa, registra y certifica.

Es que, más allá de su impacto sectorial, el caso del INYM vuelve a exponer una lógica que el Gobierno nacional viene aplicando de manera sistemática: no derogar organismos creados por ley, sino vaciarlos de contenido mediante decretos y resoluciones reglamentarias. El Instituto sigue existiendo formalmente, pero sin capacidad para cumplir el objeto para el que fue creado. No hay eliminación jurídica, sino desposesión funcional. Una figura cada vez más frecuente en la arquitectura libertaria del Estado, que evita el costo político y parlamentario de cerrar entes, pero logra el mismo resultado práctico: instituciones que sobreviven como cascarones administrativos.

Antecedentes y paradojas

Lejos de tratarse de un experimento inédito, la desregulación del mercado yerbatero remite a un esquema ya conocido por el sector. Durante los años noventa, la ausencia de precios sostén y de mecanismos de ordenamiento derivó en sobreoferta, derrumbe de valores y concentración en pocas manos. Los ganadores de aquel proceso no fueron abstractos: grandes molinos y grupos concentrados que hoy vuelven a operar con ventaja en un mercado sin árbitro.

Pero mientras el Instituto se achica en poder, se fortalece en recursos. Según pudo saber elDiarioAR, en su primera reunión de Directorio, Correa impulsó una suba del 28% de la estampilla yerbatera y avanzó en un presupuesto proyectado cercano a los 8.500 millones de pesos. La paradoja es evidente: un organismo que ya no puede fijar precios ni intervenir en el mercado refuerza su caja en medio de una crisis profunda del sector. La decisión deberá ser convalidada por la Secretaría de Agricultura, pero el gesto político ya quedó claro.

La contradicción atraviesa también al propio oficialismo nacional. Mientras el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró públicamente el vaciamiento regulatorio del INYM y prometió eliminar la estampilla como símbolo del fin del intervencionismo, el organismo conducido por un dirigente libertario hace exactamente lo contrario: mantiene el tributo y lo aumenta. Un Estado que se retira del mercado, pero no de la caja.

El impacto social de ese reordenamiento empezó a materializarse con crudeza en el territorio. La Cooperativa Yerbatera Andresito Ltda., una de las entidades más emblemáticas del norte misionero, declaró formalmente una crisis financiera y suspendió los pagos a sus productores asociados. La decisión afectó de manera directa a unas 130 familias que entregan hoja verde a la cooperativa y encendió alarmas en Comandante Andresito, un municipio cuya economía gira casi exclusivamente en torno a la actividad yerbatera. El comunicado oficial habló, de manera elíptica, de la “situación económica actual”, pero evitó mencionar que el derrumbe de precios y la desregulación del mercado explican buena parte del colapso financiero.

Consecuencias

El caso Andresito funciona como síntoma. Desde la quita de los precios sostén, el valor de la hoja verde cayó más de un 50%, los tareferos cobran valores de subsistencia y el consumo interno se retrae. Sin mecanismos de ordenamiento, el ajuste se distribuye de manera regresiva a lo largo de la cadena: lo absorben primero los productores chicos, luego las cooperativas y, finalmente, los trabajadores rurales.

“Durante dos décadas, el INYM no solo funcionó como una herramienta económica, sino también como un dispositivo político de contención”, señalan fuentes del sector consultadas por elDiarioAR. En ese sentido, explican que “su rol como fijador de precios y regulador del mercado permitía canalizar conflictos, amortiguar crisis” y ofrecer una instancia de negociación entre productores, industria, provincias y Nación. Al perder esas atribuciones, explican, no solo desaparece un regulador: se rompe una mediación. Sin un INYM con poder real, la bronca ya no tiene a dónde ir.

Ese quiebre institucional, sin embargo, no encuentra un correlato inmediato en el plano electoral. En los principales municipios yerbateros de Misiones, La Libertad Avanza obtuvo triunfos contundentes en 2025. El espacio que impulsó la desregulación fue respaldado electoralmente en los territorios más afectados por ella. Una paradoja: el costo político de la crisis yerbatera es bajo para el Gobierno nacional.

En ese escenario, el INYM deja de ser un instrumento de equilibrio para convertirse en una pieza de administración del nuevo orden libertario. Sin capacidad para fijar precios, ordenar la producción o amortiguar crisis, pero con una recaudación en alza y un presupuesto millonario, el organismo pasa a cumplir un rol funcional a la lógica del poder central. La experiencia de Andresito expone el límite de ese esquema y anticipa un dilema que empieza a recorrer la política: si el mercado manda y el Estado cobra, ¿quién asume el costo cuando la economía regional entra en colapso?

PL/MG

“Muchos de los compañeros que están acá son parte de un frente. Tenemos discusiones, pero las zanjamos. Yo entiendo que no conozcan, porque hace 20 años el modelo que gobierna esta provincia es manejado por una sola persona”, lanzó el docente Leandro Sánchez ante la jueza Marcela Leiva, en un dardo directo al poder del exgobernador Carlos Rovira, arquitecto y conductor real del Frente Renovador de la Concordia, que conduce las riendas de Misiones sin interrupciones desde 2003.

La escena ocurrió este miércoles en el Juzgado Correccional y de Menores N°1 de Posadas, donde la magistrada condenó a Sánchez y a la dirigente docente Mónica Gurina por “desobediencia judicial” y “entorpecimiento del transporte”, en el marco de las protestas salariales que marcaron a Misiones en mayo y junio de 2024. Las penas —10 meses de prisión en suspenso para Gurina y 8 meses para Sánchez— no implican cárcel, pero sí tareas comunitarias y un antecedente punitorio que, para los gremios, cristaliza un mensaje: el Estado provincial busca dejar asentado que la protesta tiene un límite, y que ese límite lo define la Justicia.

En su alegato final, Sánchez reivindicó la horizontalidad de las asambleas que guiaron aquellas protestas y la contrastó con la estructura verticalista que domina la política provincial desde hace dos décadas. “No tenemos liderazgos, tenemos asambleas en las plazas. Si nos condenan, van a condenar la protesta social. Se llenarán las cárceles de maestros y trabajadores”, remató el dirigente sindical, dejando planteado que el juicio que enfrenta no trata solo de dos cortes de calle, sino de la disputa por el sentido de la protesta en una provincia donde el poder tiene nombre propio.

La fiscal María Laura Álvarez había pedido todavía más pena. Argumentó perjuicios económicos para comerciantes, obstrucción del tránsito y un “plus en la ejecución” por parte de Gurina, referente sindical que fuera candidata a diputada por Confluencia Popular por la Patria en las elecciones provinciales del 8 de junio. “Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, sostuvo.

El mayo misionero

La sentencia llega dieciocho meses después del estallido que fracturó, por primera vez en casi dos décadas, la estabilidad política que Rovira había construido al menos desde la derrota del referéndum de 2006. El mayo misionero de 2024 fue un punto de quiebre: la provincia quedó desbordada por reclamos simultáneos de docentes, policías y trabajadores de la salud; y la tensión escaló hasta un lugar simbólico que nadie en la Renovación imaginaba: la protesta frente al domicilio particular del propio Rovira, en el barrio El Laurel.

Aquel episodio, inédito, activó un reflejo instantáneo en el oficialismo provincial: contraataque judicial, disciplinamiento interno y un despliegue político que buscó quebrar la unidad callejera entre maestros y uniformados. Los gremios docentes recibieron un aluvión de oficios que los obligaban a mantenerse a más de 200 metros de la Cámara de Representantes, bajo la acusación de haber instigado los incidentes del 23 de mayo. Y pocos meses más tarde, ocho policías fueron detenidos acusados de sedición, entre ellos el suboficial retirado Ramón Amarilla, hoy diputado provincial electo.

La estrategia, calcada de otras crisis, se completó con una demostración de fuerza: la convocatoria oficialista del #30M “por la paz”, cuando intendentes del oficialismo provincial trasladaron empleados municipales a Posadas para blindar la Legislatura con banderas y escenografía patriótica. Aún así, las protestas continuaron una semana más, con marchas en toda la provincia y negociaciones frenéticas. Finalmente, el 7 de junio, la docencia firmó un aumento que llevó el salario inicial a $450.000 —un 47,5% acumulado— y un punto crucial: ninguna sanción administrativa ni legal contra quienes habían participado. Algo que, a todas luces, no terminó cumpliéndose.

El juicio que terminó este miércoles arrastra precisamente ese hilo suelto. Es, para el oficialismo, un expediente incómodo: reactiva el recuerdo del único momento en que su hegemonía política pareció tambalear y exhibe la continuidad de una lógica punitiva contra los sectores que encabezaron aquellas jornadas. También deja en evidencia un patrón: mientras la causa contra Amarilla derivó en prisión preventiva sin juicio, a docentes y delegados se los procesó bajo figuras menores pero igualmente orientadas a fijar un precedente disuasivo.

El proceso judicial estuvo acompañado por un respaldo político y gremial de alcance nacional. Dirigentes como la histórica dirigente de CTERA Marta Maffei o el secretario general de CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy, se hicieron presentes en Posadas para acompañar a los acusados. También se lo pudo ver al presidente de Unidad Popular, Claudio Lozano, y al secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar.

En el fondo, el veredicto de Leiva no cierra una etapa: la criminalización de la protesta en Misiones sigue abierta, ahora con una sentencia que deja expuesto el uso de la Justicia como herramienta para reordenar el conflicto social en un territorio que vive una reconfiguración política acelerada, entre la presión libertaria, las internas del oficialismo y un clima social inflamable. Sánchez lo resumió ante el tribunal, en un susurro que quedó flotando en la sala antes del cuarto intermedio: “No somos el diablo. Somos ciudadanos insurrectos que no soportan la injusticia”.

PL/CRM

Diego Santilli llegó este martes al mediodía a Posadas para cerrar la gira federal que lo llevó en los últimos diez días por casi todas las geografías políticas del país. La escala final, acaso una de las más sensible para la Casa Rosada, lo reunió durante poco más de una hora con el gobernador Hugo Passalacqua. Con cuatro diputados, dos senadores y la conducción disciplinada de Carlos Rovira, el bloque del oficialismo de Misiones es uno de los que podría definir el destino del Presupuesto 2026 y la reforma laboral de Javier Milei en las sesiones extraordinarias.

Antes de regresar a Buenos Aires, el ministro del Interior tuvo un movimiento clave fuera de agenda: se reunió a solas con Rovira en su oficina de la Legislatura provincial. El encuentro, breve pero significativo, fue leído como el verdadero termómetro de la visita. En Misiones, la arquitectura del poder no se entiende sin la figura del conductor del Frente Renovador de la Concordia, y en Balcarce 50 lo saben. La conversación funcionó como un gesto de reconocimiento político: si Santilli busca garantizar los votos misioneros para diciembre, primero debe pasar por el despacho de quien ordena, disciplina y define la estrategia legislativa del oficialismo provincial.

La señal que buscaba el Gobierno era clara: mostrar que el ministro podía sellar un entendimiento político con el líder misionero antes del envío del paquete fiscal y laboral. “Misiones está para ayudar y construir juntos”, dijo Rovira, según un trascendido al que tuvo acceso elDiarioAR. Sin embargo, la consigna que Santilli escuchó en cada parada de su gira federal volvió a repetirse en Posadas: hay predisposición al diálogo, pero ningún mandatario entregará un apoyo sin contrapartidas. Por eso el ministro dejó para el cierre la conversación más delicada, en una provincia cuyo voto puede inclinar el tablero legislativo.

Tras el encuentro, Passalacqua difundió un mensaje público en el que detalló, punto por punto, los reclamos que llevó a la mesa. Dijo que recibió la visita de Santilli para “avanzar en una agenda de trabajo conjunta sobre temas centrales para el desarrollo de Misiones” y detalló uno por uno los puntos planteados. El gobernador pidió que Nación “facilite el financiamiento de la CAF para la línea de 132 kV San Isidro–Alem–Oberá”; que en el Presupuesto 2026 se incluyan “los aportes y remanentes del Tesoro Nacional”; y que se reactiven “los convenios firmados para la finalización de obras iniciadas por Nación, priorizando rutas, escuelas y viviendas”.

Passalacqua también recordó que Misiones arrastra desde 2017 “la deuda de ANSES con nuestra caja previsional no transferida, que genera un problema a nuestras cuentas públicas”, y exigió avances sobre “la deuda de Nación con la provincia derivada del consenso fiscal”. En la misma línea, señaló que el encuentro incluyó “temas vinculados al agro y la producción” y que los pedidos van en sintonía con los reclamos que los mandatarios del Norte Grande expresaron en su última asamblea.

La visita a Misiones cerró una semana de “federalismo de alta intensidad” para Santilli. El viernes pasado, el ministro había estado en Santiago del Estero con Gerardo Zamora, en un encuentro extenso que incluyó advertencias explícitas. Allí, el santiagueño reunió a los gobernadores del Norte Grande, que coincidieron en reclamar una nueva cumbre con Milei si el Presupuesto no avanza. También analizaron una eventual ofensiva parlamentaria para rediscutir el financiamiento de ARCA —el organismo que absorbe el 1,9% de la recaudación nacional—, un movimiento que en Balcarce 50 leyeron como presión directa.

En ese recorrido, Santilli tomó nota de demandas que se repiten a lo largo del mapa: obra pública, avales para tomar deuda externa, fondos adeudados a las 13 cajas previsionales no transferidas, mayor equidad en la distribución de los ATN y del impuesto a los combustibles. A eso se suman reclamos puntuales, como la coparticipación retenida a CABA y La Rioja. El ministro escuchó todo, pero mantuvo una línea prudente. “Pudimos avanzar en un diálogo profundo, pero obviamente hay temas que uno tiene que trabajar con el Presidente”, había dicho tras salir de su reunión con Zamora, una frase que volvió a repetir en privado este martes en Posadas.

El riesgo institucional es evidente. Si el Gobierno no logra aprobar el Presupuesto antes del 31 de diciembre, deberá reconducir por tercera vez el esquema vigente. La alternativa es legal, pero políticamente corrosiva: sería mal vista por el FMI, por los mercados y por los gobernadores, que ya dudan de la capacidad del Ejecutivo para sostener acuerdos duraderos. Desde el norte, la advertencia fue directa: sin confianza, no habrá votos para las reformas laboral y tributaria.

Misiones, la pieza que faltaba

En ese contexto, la parada final de la gira adquiere un peso estratégico. Passalacqua llegó al encuentro tras participar de la 22ª Asamblea de Gobernadores del Norte Grande en Santiago del Estero, donde planteó un diagnóstico crudo sobre las desigualdades estructurales del país. El jueves pasado, habló de la “injusticia geográfica”, recordó que “un misionero vive tres años menos que un porteño”, y remarcó que su provincia quedó fuera de la Hidrovía y es la única del país sin gas natural. Por eso reclamó obras de infraestructura, mejoras en la conectividad y en el transporte aéreo, e insistió en que el turismo debe ser una prioridad en el próximo Presupuesto.

Passalacqua reforzó un mensaje colectivo: el Norte Grande quiere que las obras estratégicas vuelvan a estar en agenda y que el Gobierno reconozca las brechas de desarrollo regional. “En soledad es un incordio; hacerlo en conjunto me parece excelente”, dijo el gobernador ante sus pares, en un gesto de voluntad federal que hoy trasladó a la reunión con Santilli.

Sus planteos se suman al contexto local marcado por el conflicto desatado por la avanzada mileísta sobre el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), clave para la economía provincial, como publicó elDiarioAR.

En lo político, el Frente Renovador de la Concordia mantiene una cohesión interna que lo vuelve decisivo para cualquier votación relevante. En Balcarce 50 lo saben desde hace tiempo, pero en esta etapa —a días del envío de las reformas— la foto de Santilli en Posadas configura algo más que un gesto: indica si el oficialismo podrá llegar a diciembre con una base territorial ordenada o si dependerá de negociaciones caso por caso en el Congreso.

La estrategia de Santilli es completar la ronda con los 20 gobernadores del Pacto de Mayo. Quedan pendientes reuniones con Claudio Vidal (Santa Cruz), Sergio Ziliotto (La Pampa), Claudio Poggi (San Luis), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gustavo Valdés (Corrientes) y Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires). La coordinación de esa agenda se articula cada semana en una mesa política encabezada por Karina Milei e integrada por el asesor Santiago Caputo, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la futura jefa del oficialismo en el Senado, Patricia Bullrich.

PL/MC

Javier Milei avanzó otro casillero en su cruzada contra los organismos estatales con capacidad regulatoria. La semana pasada, a través del decreto 812, modificó el marco vigente del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) y lo dejó sin atribuciones para intervenir en precios, volúmenes de producción o competencia dentro del mercado yerbatero. Nacido en 2002 tras la mayor protesta agraria en la historia de Misiones, el organismo fue despojado de su última herramienta política: la facultad, ya sea directa o indirecta, para equilibrar la relación entre miles de pequeños productores y un puñado de grandes industrias molineras.

Pero la letra jurídica del decreto es apenas la superficie. Lo que está en juego es una pulseada política que arrancó con el DNU 70/23 y que va de Misiones a Buenos Aires, con el mandamás Carlos Rovira como protagonista silencioso y el sector yerbatero como campo de batalla. Milei nunca designó un presidente para el INYM desde su llegada al poder y el organismo está acéfalo desde el 10 de diciembre de 2023. Una señal que en Posadas leyeron como deliberada: la Casa Rosada prefirió desactivarlo por inanición antes que intervenirlo frontalmente.

La posición que tomó en los últimos días el gobernador Hugo Passalacqua intentó equilibrar la tensión política: marcó públicamente su rechazo por el riesgo de mayor concentración, pero evitó volverlo un conflicto mayor con Nación. “Nuestra prioridad es cuidar a toda la familia yerbatera”, escribió. A través de las redes sociales, Passalacqua advirtió que “solo un mercado equilibrado garantiza que todos puedan vivir de su trabajo”. Y remató: “Nos sentimos en la obligación de reiterar nuestro llamado de atención sobre los riesgos de mayor concentración en el sector”.

La medida llegó después de un año electoral en el que el Frente Renovador de la Concordia, la fuerza política que gobierna la provincia desde hace dos décadas, hizo campaña con un discurso crítico hacia las políticas nacionales, con el exgobernador Oscar Herrera Ahuad como principal candidato. La respuesta en las urnas fue categórica: La Libertad Avanza le ganó por siete puntos y dejó definitivamente a Rovira frente a un nuevo escenario político.

Los últimos dos años estuvieron signados por los sucesivos giros pragmáticos que caracterizan al conductor del espacio: si en diciembre de 2023 el exgobernador había anunciado la creación de un Instituto Misionero de la Yerba Mate para “defender la rentabilidad de los pequeños productores”, pocos meses después desactivó la confrontación, bajó la intensidad de las críticas y se alineó con el discurso de colaboración con la Casa Rosada. “Ir a la Corte no alcanza, no sirve”, dijo Rovira en una reunión privada, en abril de 2024, donde pidió pasar “de la queja a la acción”. Desde entonces, optó por evitar la bandera anti-Milei en el tema yerbatero y concentrarse en iniciativas de innovación provincial.

Hoy, Herrera Ahuad, ya sin centralidad electoral y tras haber sido derrotado en su propio territorio, también giró la lectura hacia una lógica de mandato popular. “Los misioneros eligieron otra cosa”, admitió tras la elección nacional, justificando su mesura. En el debate sobre la reforma laboral aplicó el mismo criterio: “Tengo que escuchar a la mayoría”. La Renovación, como también se conoce al oficialismo misionero, terminó admitiendo que la agenda libertaria cuenta hoy con un aval electoral directo de su propia base.

Voces cruzadas

El nuevo decreto reabre tensiones entre los distintos actores. Para la Casa Rosada, el INYM fue durante años un instrumento de “cartelización estatal”. “Por años se usó un ente público para cartelizar un mercado competitivo”, escribió en X Federico Sturzenegger, cerebro de la desregulación y uno de los impulsores de la medida. La propuesta del ministro es reconvertir al Instituto en un organismo de certificación de calidad y promoción, similar al INV en la industria vitivinícola.

En esa línea, fuentes del INYM señalaron que el nuevo decreto tiene “cero consecuencias” prácticas y que “no afecta en nada” la operatividad del Instituto, porque la pérdida de la potestad para fijar precios ya había sido dispuesta en diciembre de 2023 con el DNU 70/23. El 812/25, remarcan, solo modifica o anula artículos del decreto reglamentario y “ratifica una decisión previa”. Desde la Secretaría de Agricultura coincidieron en esa interpretación: el rol del INYM seguirá enfocado en “promoción y control de calidad” y no en intervención económica, en línea con el artículo 42 de la Constitución y la agenda de desregulación.

En el territorio, la lectura es opuesta. Para Jonás Peterson, de Asociación Civil de Productores Yerbateros del Norte, el decreto “profundiza el daño que ya había hecho el DNU 70/23” consolidando el vaciamiento del organismo. En diálogo con elDiarioAR, el productor, que hasta abril de 2024 ocupó un cargo en el INYM, habla de “mucha bronca” porque, según afirma, la nueva norma “elimina por completo todo el capítulo de fijación de precios”, pero además le quita al instituto la capacidad de intervenir cuando hay desbalances en el mercado. “No sólo no puede fijar valores: tampoco puede generar herramientas para equilibrar oferta y demanda”, sostiene.

Peterson también cuestiona que el decreto “prohíbe generar calendario de cosecha” —el mecanismo usado durante dos décadas para evitar sobreproducción y cuidar los yerbales— y advierte que limita la posibilidad de “controlar la calidad de la yerba mate importada”. El resultado, afirma, será un impacto directo sobre los pequeños colonos: “A la larga nos va a ocasionar un daño enorme”. El fantasma que sobrevuela a los colonos es conocido: en los 90, sin regulación ni precios sostén, la sobreoferta de hoja verde licuó márgenes, aparecieron cheques sin fondo y desaparecieron industrias históricas.

Cerca de Passalcaqua insisten en que la postura frente al nuevo esquema no es pasiva. Facundo López Sartori, ministro del Agro misionero, aseguró a elDiarioAR que la provincia “va a exigir la restitución plena de todas las funciones del INYM”, al tiempo que buscará avanzar en la formalización del productor y mayor transparencia en la cadena comercial. En el gobierno provincial sostienen que el objetivo sigue siendo garantizar “un precio justo” y mantener el valor de la hoja verde “por encima de los 0,55 dólares por kilo”, una referencia que presentan como compromiso histórico con la “familia yerbatera”.

Sin embargo, lo que emerge detrás del decreto de Milei es un reacomodamiento político más amplio: la derrota electoral obligó al oficialismo misionero a recalibrar su relación con La Libertad Avanza, mientras la Casa Rosada profundiza el experimento desregulador en una economía regional estratégica. La pregunta ahora es si el mercado, que está en manos de pocos compradores y con miles de productores atomizados, puede sostenerse sin mecanismos de protección. La yerba mate vuelve a quedar atrapada entre la lógica de la libertad total y la memoria de las crisis que, hace más de 20 años, el INYM vino a contener.

PL/MG

Tres instituciones dedicadas a la restauración del Bosque Atlántico en Misiones informaron que llevaron a cabo la plantación de 100.000 árboles nativos luego de meses de una intensa labor.

Se trata de una iniciativa conjunta entre Aves Argentinas, el Instituto Misionero de la Biodiversidad (IMiBio) y el Ministerio de Ecología de Misiones, cuyo objetivo es recuperar uno de los ecosistemas más valiosos y amenazados de nuestro país.

El Bosque Atlántico

El Bosque Atlántico abarca parte de Argentina, Brasil y Paraguay, y es hogar de especies emblemáticas como el yaguareté, tucanes y lapachos. Es uno de los bosques con mayor biodiversidad del mundo, pero hoy se estima que solo queda el 7% de su superficie original. 

Actualmente es uno de los ecosistemas más fragmentados del planeta. Su restauración es clave para conservar la biodiversidad y enfrentar la crisis climática desde la acción local.

100 mil árboles nativos

La plantación de 100.000 árboles, según informaron, implica la recuperación de 246 hectáreas de selva, un beneficio para la naturaleza y las comunidades. Para este fin se movilizaron un total de 27 camiones repletos de plantines, sumado al incansable trabajo de un equipo de 30 personas que dedicaron más de 480 horas de trabajo a la planificación y plantación de cada árbol. 

De esta manera, se plantaron más de 37 especies emblemáticas de la selva misionera, incluyendo árboles fundamentales como el lapacho, petiribí, yvyrá pytá, timbó y yacaratiá, además de especies amenazadas y vitales para la biodiversidad como el palo rosa y el palmito. Cada uno de estos plantines es un paso firme hacia la restauración de un ecosistema más fuerte y resiliente.

“La restauración de ambientes es esencial para el futuro de las especies de aves que dependen del Bosque Atlántico para anidar, alimentarse y sobrevivir” manifestó Hernán Casañas, director ejecutivo de Aves Argentinas.

“Cada árbol que plantamos es un paso más hacia un futuro en el que el Bosque Atlántico vuelva a ser un corredor de vida, biodiversidad y oportunidades para las comunidades que lo habitan”, expresó José Beamonte, encargado de restauración de ambientes y desarrollo sostenible.

La plantación simbólica del árbol número 100.000 se realizó este martes 21 de octubre en el predio del Parque del Conocimiento, Posadas, en el marco de una jornada de restauración participativa que reunió a representantes de las instituciones firmantes, estudiantes, voluntarios y vecinos de la zona.

Con información de NA.

IG

“Vivimos a 80km de la represa hidroeléctrica de Yacyretá y no tenemos disponibilidad de energía”, dice el ingeniero Gerardo Grippo, presidente del Movimiento Industrial Misionero.

Y agrega: “Yacyretá genera 1.500 megavatios, lo que representa entre el 18 y el 25% de la matriz energética nacional, y hasta el mismo pueblo que si sitúa en la base de la represa, que se llama Ituzaingó, no tiene energía eléctrica”.

Misiones no es la única “paradoja energética” que se manifiesta en Argentina. La provincia de Chubut, por ejemplo, que produce más de diez veces la energía que consume, tiene más del 80% de su territorio por fuera del Sistema Interconectado Nacional y depende de sistemas aislados de energía, como generadores a nafta. Dos ejemplos puntuales: las poblaciones cercanas a la represa hidroeléctrica Futaleufú (cerca de las ciudades de Trevelin y Esquel) tienen problemas de abastecimiento energético; Comodoro Rivadavia, “Capital Nacional del Petróleo”, tiene al día de hoy muchos de sus barrios sin redes de gas natural y sus habitantes se calefaccionan en el rudo invierno patagónico con leña o garrafa.

Vivimos a 80km de la represa hidroeléctrica de Yacyretá y no tenemos disponibilidad de energía

En este caso, elDiarioAR entrevistó al ingeniero Gerardo Grippo, presidente del MIM (Movimiento Industrial Misionero), fundado formalmente en el año 2018, para ahondar en los problemas económicos generados por este tipo de “paradojas” en sectores como la industria. De los informes elaborados por dicha organización se desprenden cuatro conclusiones generales: 1) “Las industrias emblemáticas de Misiones —yerba mate, té, madera y tabaco— están fuertemente condicionadas por la ausencia de gas natural”. 2) “La dependencia del GLP (Gas Licuado de Petróleo) y de sistemas térmicos con leña genera sobrecostos mensuales de entre $800.000 y $1.300.000 por establecimiento”. 3) “Esta situación reduce la competitividad nacional e internacional, afecta la inversión productiva y encarece productos destinados a mercados de exportación”. 4) “La incorporación de Misiones al sistema nacional de distribución de gas permitiría ahorros anuales por empresa de entre $9,6 millones y $15,6 millones, impulsando empleo y mayor valor agregado”.

—¿Cómo está compuesta la industria en Misiones?

—Los principales componentes de la matriz productiva de la provincia son la yerba, el tabaco, la madera y el té. El 90% de la producción tealera se exporta. La madera también se exporta o se exportaba, además de atender el consumo interno de las fábricas de muebles de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos. En el caso del tabaco se trata de grandes cooperativas, porque la matriz funcional de gran parte del interior del país se organiza en cooperativas para mejorar las condiciones de comercialización. Son tres o cuatro tabacaleras y gran parte del consumo es interno, una pequeña proporción se exporta. Cuando el mercado interno se mueve, estas industrias funcionan. Por otro lado tenemos la industria metalmecánica, que está totalmente relacionada con la generación de máquinas, herramientas e infraestructura como galpones. Toda la apoyatura de la industria y su capacidad productiva está relacionada con la metalmecánica. Nuevamente, cuando se mueve el mercado interno, esto genera demanda. Si produzco té o yerba mate, necesito de las cintas transportadoras, los silos, máquinas pesadas, etc.

—¿Por qué sostienen que están ante un “cuello de botella energético”?

—Misiones es la única provincia argentina que no cuenta con gas natural por redes. El problema de no estar conectados a esa red nacional es que tenemos que utilizar leña o el gas natural licuado, la garrafa. Acá toda la población, ya sea para el consumo o la industria, está con leña, garrafa. Esto trae muchos impedimentos, es muy difícil hacer andar una industria con estas formas de energía. Se han producido a partir de los desechos de la madera otras formas de energía, pero no son generalizadas. Históricamente se usa el gas y la leña para producir yerba mate o para secar el tabaco, y esto trae varios impedimentos, en primer lugar el encarecimiento de los insumos que necesita para producir. Las garrafas, por ejemplo, tienen un costo que incluye la logística. Pero además hay problemas con la calidad del producto: está comprobado que secar por leña un producto conlleva una serie de impurezas que se generan por los humos, y que conlleva un descrédito del producto final y le baja el precio. Pero a este “cuello de botella energético” se suman otras carencias estructurales que sufre la provincia: la postergada construcción de la Autopista Mesopotámica, la desconexión del sistema ferroviario nacional, las deficiencias de calado y señalización en el tramo norte de la Hidrovía Paraná-Paraguay, y una conectividad aérea escasa y concentrada en Buenos Aires. Pero el problema energético es el más urgente y el más transversal: sin energía competitiva no hay industria posible. Además en estas provincias el combustible, la nafta convencional, son más caros, un 3%, 4%, hasta 6%. Para llegar a los centros de consumo tenemos entre un 15 y 25% de costo adicional por transporte, lo que nos saca absolutamente de competencia.

Para llegar a los centros de consumo tenemos entre un 15 y 25% de costo adicional por transporte, lo que nos saca absolutamente de competencia.

—¿Cómo afectó en el caso de la yerba la desaparición Instituto Nacional de la Yerba Mate?

—Las industrias tenían un precio sostén. Ha pegado muchísimo la desaparición del INYB (Instituto Nacional de la Yerba Mate). Lo que generaba el instituto era la reunión de industriales, productores asociados y el Estado. Se ponía un precio que permitía al productor un precio de subsistencia y aseguraba para el industrial un precio que no fuera excesivo. Al desaparecer el INYB desapareció el precio sostén, además de otro tipo de prestaciones sociales y de salud que ahora cubre la provincia. Es una novedad de las últimas horas la posibilidad de la creación de un Instituto Provincial de Yerba Mate, en la legislatura existen tres proyectos. De todas formas esto no es lo central, la posibilidad de energía más barata nos va permitir radicar industrias y comercios, nos va a permitir generar empleo, distribuir riqueza, mejorar la calidad de vida, no puede ser que las provincias se distingan entre provincias ricas y pobres. Tenemos que pasar del asistencialismo y la pobreza a la producción y el desarrollo, para eso necesitamos que el país nos tenga en cuenta, porque con la coparticipación no nos alcanza, Misiones tiene más población que Corrientes y el NOA, porque ha crecido muchísimo, y esto no se refleja en los fondos de coparticipación ni en la energía disponible.

—¿Por qué están reclamando por ser incluídos al sistema de gasoductos si tienen tan cerca la represa hidroeléctrica de Yacyretá?

—El gas, además del consumo domiciliario diario, es utilizado para producir energía eléctrica, existen muchas usinas combinadas entre gas y fuel oil para producir energía eléctrica. La población muchas veces desconoce esto. Prácticamente la mitad de la matriz energética eléctrica es producida por una combinación de gas natural. Acceder al gas nos permitiría reducir los costos de la industria. Pero respondiendo a tu pregunta, si bien ahora ya estamos interconectados al sistema eléctrico nacional, además de conexión a las redes de gas necesitamos obras de una magnitud de distribución de energía que excede la capacidad de inversión de la provincia, por ejemplo nodos, campos de transformación, redes de alta tensión. No hay que olvidar que la administración de la energía y su potencia depende de CAMMESA, que tiene una administración y dirección nacional. Son decisiones de política económica y productiva. El país permite que la zona industrial de el Grán Córdoba sea industrial, el Gran Rosario es industrial, y ¿A quién se le ocurriría no darle energía a los más de 30 de puertos que componen la industria granaria? Gran parte de esa energía parte de acá. Hay que sumar que en el caso de Misiones, que la Constitución de Misiones es de 1853, pero Misiones es provincia desde 1953, antes era territorio nacional. Evidentemente esto lleva que muchas de las vías de comunicación para promocionar la producción, vías de conexiones eléctricas, caminos, etc, vengan con cierto “retraso histórico”. Los gasoductos se han diseñado con el objetivo de llegar hasta acá, pero hasta el día de hoy nadie llegó. La idea era exportar gas a Brasil y por eso hacían una proyección hasta Corrientes, concretamente hasta Paso de los Libres, para de ahí pasar a territorio brasilero y poder exportar. Son 300 km desde Misiones hasta Paso de los Libres, no es una distancia demasiado importante como para no poder llegar.

no hay energía al pie de la represa que produce entre el 18 y el 25% de toda la energía del país

—Existe otro ejemplo de provincia con actividad industrial como Tierra del Fuego y el actual gobierno nacional sugirió que podían hacer ahí “un parque de diversiones”o. En el imaginario nacional Misiones es sinónimo de Cataratas del Iguazú y de turismo, ¿Es posible que Misiones ya esté “encasillada” como provincia turística?

—El turismo también es otra industria, está muy bien que vengan a visitar la maravilla del mundo que son las Cataratas del Iguazú, pero hay que conocer la producción de Misiones. Cada vez que un argentino toma un mate, directa o indirectamente está conectando con la industria misionera, porque gran parte de la producción de yerba mate está en Misiones, aunque algunas industrias estén ubicadas en Corrientes, las más grandes están en la frontera con Misiones. Además hay otros elementos interesantes en nuestra posición geográfica: Misiones tiene el 90% de sus fronteras con otros países. En un radio de 1000 km, a partir de la capital Posadas, tenemos una población de 35 millones de habitantes, entre Asunción (Paraguay), Porto Alegre, Sao Pablo (Brasil). Estamos en el corazón de lo que en su momento fue el Mercosur, que ahora no tiene tanta vigencia. Puesta a producir e intercambiar, Misiones sería una plataforma muy utilizada estratégicamente. Los brasileros ya tienen diseñada su conexión con el Pacífico, pasan por Paraguay, para tratar de ver cómo pueden comerciar con el mercado asiático, provocando un menor costo logístico, dejando de pasar por la Hidrovía.

—¿Este “cuello de botella energético” es un problema político?

—Parte de la concepción económica que hoy está vigente tiene a la industria pasando por una gran depresión, es un momento complicadísimo, la demanda de consumo cae, no en el caso de la yerba, pero en general la industria está impactada. Queremos pertenecer, ser parte de la planificación, aunque esa palabra no está muy en boga a nivel nacional. Que se nos provea de los elementos necesarios para tener equidad, y eso tiene que ver con la distribución de recursos, porque sabemos que la coparticipación no va a poder ser discutida de un día para otro, pero vía directa o indirecta tiene que haber una compensación para que podamos mantener cierta equidad con el resto del país, esto tiene que producirse, porque somos parte del país. Tiene que haber una distribución de energía a un precio razonable. En las boletas de energía eléctrica históricamente se pagaba un 6x1000 para brindar energía al sur del país. Estos fondos se juntaron durante mucho tiempo, todos los usuarios de energía pagamos esa tasa para compensar las obras que iban a llevar energía al sur, no estamos pidiendo exactamente lo mismo, pero pedimos completar la conexión con la red gasoductos y que se nos permita disponer de energía eléctrica como disponen otras provincias. Porque para poner cualquier taller tiene que bajar una conexión trifásica y ahí comienza la historia, no hay disponibilidad energética. En Ituzaingó, el pueblo en la base de Yacyretá, a las tres de la tarde con 40° de calor no tienen energía eléctrica. No hay energía al pie de la represa que produce entre el 18 y el 25% de toda la energía del país.

DTC

El Frente Renovador de la Concordia volvió a ganar en Misiones, pero no como siempre. Con el 98% de las mesas escrutadas, el espacio que conduce el exgobernador Carlos Rovira se imponía en las elecciones legislativas provinciales con apenas el 28,6% de los votos: el porcentaje más bajo desde que la Renovación gobierna la provincia, hace más de dos décadas. Por primera vez desde el 2013, el oficialismo logró mantener el control de la Legislatura sin arrasar —retuvo 6 de las 11 bancas que puso en juego. Y lo hizo en un escenario marcado por dos factores clave: la baja participación y la fragmentación opositora.

En segundo lugar, con el 21,8%, quedó La Libertad Avanza, con el extenista Diego Hartfield a la cabeza, seguido muy de cerca por la verdadera sorpresa de la noche: el 19,1% alcanzado por el partido Por la Vida y los Valores, cuya lista lideró Ramón Amarilla, el suboficial retirado que fue referente de la protesta policial de mayo de 2024, preso en el penal de Cerro Azul desde septiembre del año pasado acusado de “sedición”. Cuarto, con un digno 8,8%, se ubicó el Partido Agrario y Social (PAyS) del dirigente Héctor “Cacho” Bárbaro.

Por su parte, Unidos por el Futuro, el frente de retazos del PRO y la UCR que llevó como candidato a Santiago Koch, quedó relegado a un 5,9%, superado incluso por una de sus figuras díscolas: el “radical peluca” Martín Arjol, que compitió con el sello del Partido Libertario, alcanzando el 8,3% de los votos. En tanto, Mónica Gurina, referente sindical docente y cabeza del frente Confluencia Popular por la Patria, quedó séptima, con el 2,4%. Una dispersión del mapa opositor que fue funcional al esquema rovirista, que resistió el avance libertario sin mostrar músculo, pero con eficacia quirúrgica.

Además, la participación fue apenas del 55,4% de un padrón de más de un millón de personas, un porcentaje aún menor al 57,4% que se había registrado en las elecciones provinciales de 2021, cuando Misiones fue la primera provincia en ir a las urnas después de la pandemia de Covid-19. Esta vez, sin embargo, en algunos municipios, como San Pedro, el ausentismo fue aún mayor, con apenas el 51% de participación. Zonas afectadas por la desregulación del sector yerbatero —una de las consecuencias del ajuste libertario— mostraron desinterés o rechazo al sistema.

Pero la jornada electoral no solo estuvo marcada por la apatía: también fue atravesada por denuncias de la oposición y una sospechosa lentitud en el escrutinio. El conteo oficial quedó paralizado por más de dos horas con apenas el 45% de las mesas cargadas, lo que desató una ola de críticas de los candidatos opositores, sobre todo libertarios y radicales. “Qué turbio esto”, deslizó un alto funcionario del gobierno nacional ante elDiarioAR, cuando pasaban los minutos y la web del Centro de Cómputos no se actualizaba. El resultado final se conoció recién pasada la medianoche.

577 días después

Pasadas las 22.30, cuando la carga de datos volvió a moverse, en el búnker de la Renovación —la llamada Casa del Militante, en Félix de Azara casi Entre Ríos— comenzó a tomar forma un festejo medido. Fue entonces cuando Rovira rompió un silencio que llevaba 577 días: rodeado de su tropa, agradeció el respaldo de la militancia y reivindicó el rumbo del proyecto renovador. La última vez que había hablado en público había sido el 9 de noviembre de 2023, en el acto de cierre de campaña con Sergio Massa en Misiones, antes del balottage presidencial. Esta vez no hubo euforia. Solo un mensaje sereno, para marcar la línea de continuidad.

Rovira agradeció al electorado por el respaldo: “Vayan mis saludos y mi agradecimiento a todo el pueblo de la provincia que ha dado una gesta, como siempre, contundente de la democracia”, expresó el mandamás provincial, escoltado por el gobernador Hugo Passalacqua. Además, destacó la amplitud ideológica y generacional de la nueva conformación de su espacio, al resaltar el protagonismo juvenil y la diversidad interna: “Hoy se consagró la Renovación Neo y Blend, con jóvenes de pensamiento liberal, peronista, radical e independiente. Esto no se ve en ningún otro lugar del país”, afirmó.

Durante su breve discurso, Rovira habló del proyecto político provincial como una experiencia única en Argentina, al que definió como “una mezcla mística de arraigambre y determinación”, y reafirmó el compromiso del espacio con la continuidad y la representación plural. “La Renovación sigue levantando las banderas de antes, de ahora y del futuro, con fuerza, juventud y compromiso con lo que falta”, cerró.

Mientras tanto, a escasos 150 metros de allí, en el hotel Julio César, donde funcionó el búnker de La Libertad Avanza, se retorcían de la indignación. El evento no contó con representantes del Gobierno nacional, pero sí mensajes de denuncia. Diego Hartfield publicó en su cuenta de X: “Las planillas que vimos nos dan muy competitivos en todas las ciudades grandes”, y reclamó la publicación de los datos completos. Adrián Núñez, presidente del partido en la provincia, fue aún más tajante: “El resultado no está cerrado y vamos hacia una definición que va a marcar un giro histórico en la provincia”.

Divide y reinarás

Un episodio ilustró de la mejor manera la capacidad del aparato rovirista para moldear la política misionera a su antojo: el intento de excluir a las fuerzas de seguridad del padrón electoral. La decisión del Tribunal Electoral —que en Misiones no actúa sin el aval de Rovira— se amparó en una cláusula de 1958 y apuntaba directamente a Ramón Amarilla, cuya base de apoyo se concentra en sectores uniformados. La maniobra fue denunciada como una proscripción encubierta. Pero días después, el propio gobierno provincial la desactivó: a instancias del gobernador Passalacqua, el procurador Carlos Giménez impulsó una salida política que el Superior Tribunal de Justicia terminó oficializando. El sistema se cerró y se abrió a la vez: bloqueó, habilitó, ordenó y dividió. El resultado, a la vista.

El caso Amarilla fue decisivo. No solo porque logró una banca desde la cárcel, sino porque su candidatura partió el voto “anti-renovador” que podría haberse concentrado en La Libertad Avanza. Además, su sello Por la Vida y los Valores, que lo llevó como cabeza de lista, estuvo atravesado por sospechas: la segunda en la boleta, Rita Flores, fue acusada durante la campaña de ser una “infiltrada” de la Renovación. Sin ir más lejos, el propio Amarilla llegó a desconocerla públicamente durante una entrevista, al igual que hizo con Walter Ríos, otro de los candidatos de su espacio, ahora también, al igual que Flores, legislador electo.

Con el diario del lunes, la estrategia rovirista de mimetización con el discurso de Milei —lo que dieron en llamar “blend”, en referencia a una supuesta mixtura ideológica— y la inclusión de candidatos afines a “las ideas de la libertad” dentro de la propia boleta oficialista, parece haber tenido un efecto relativo. La verdadera clave estuvo en dividir el voto opositor. El giro “libertario” fue solo un complemento.

Por otro lado, la elección de este domingo también dejó claro que el salto entre el fenómeno Milei y la construcción territorial no es automático. Misiones fue una de las provincias donde el Presidente arrasó en el balotaje de 2023 —sacó 56% de los votos—, pero esa energía no se transformó en estructura. Hartfield encabezó la única boleta libertaria con aval de la Casa Rosada, pero quedó atrapados en la lógica rovirista: un ecosistema que integra, disuelve o margina según convenga.

El Frente Renovador de la Concordia pasó la prueba. Pero no cómodamente. Y esa diferencia simbólica puede ser el dato político más relevante de la jornada. Porque la hegemonía sigue firme, pero dejó de ser automática. Resta saber si los cinco legisladores de La Libertad Avanza que ingresarán al recinto en diciembre ejercerán como oposición real o si terminarán absorbidos por la lógica integradora del oficialismo, que hasta ahora ha sabido digerir todo lo que le disputó poder. Rovira volvió a ganar, pero esta vez con un dato nuevo: ya no gana sin ruido.

PL/MC

Los comicios para las elecciones legislativas de la provincia de Misiones cerraron a las 18 de hoy y los primeros resultados se conocerán cerca de las 21, indicaron fuentes oficiales y agregaron que voto el 57% del padrón electoral. Los resultados oficiales se podrán en el sitio www.elecciones2025.misiones.gov.ar.

El ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, afirmó durante la mañana que los primeros resultados provisorios se conocerán a partir de las 21. Para estos comicios hubo un total de 1.002.188 ciudadanos habilitados para votar, lo que representa un incremento del 2,23% respecto a las últimas elecciones de 2023.

El hombre fuerte de la provincia, Carlos Rovira, y el actual gobernador, Hugo Passalacqua, impulsan la lista del Frente Renovador de la Concordia (FRC), con la que buscan mantener su hegemonía y que está encabezada por el candidato Sebastián Macias.

El oficialismo es el que más bancas pone en juego en estos comicios, ya que ostenta 11 de las 20 escaños que se renovarán en este turno electoral.

Por su parte, La Libertad Avanza (LLA) lleva una lista propia, encabezada por el ex tenista Diego Hartfield e integrada también por el presidente del partido en Misiones, Diego Núñez.

El peronismo no presentó lista, porque está intervenido por decisión de la presidenta del PJ nacional, Cristina Kirchner, por lo que el justicialismo local respalda la boleta “Confluencia Popular por la Patria”, encabezada por Olga Gurina e integrada por varios sindicalistas locales.

El radicalismo, el macrismo y la Coalición Cívica compiten juntos en una boleta bajo el nombre “Unidos por el Futuro”, con Nicolás Santiago Koch a la cabeza, en tanto los radicales “con peluca”, denominados así por su cercanía al presidente Javier Milei, participan con una lista propia denominada Partido Libertario y encabezada por Martín Alfredo Arjol.

Ex gobernador de Misiones advierte sobre el abstencionismo: “Mensaje para todo el arco político”

El ex gobernador de Misiones Maurice Closs advirtió hoy sobre un eventual alto nivel de abstencionismo en las elecciones legislativas de esa provincia, al afirmar que vislumbraba una “apatía traducida en ausencias” y que eso significaba un “mensaje para todo el arco político”.

“Recien voté y no está para frases armadas de participación y democracia. Se siente frío en el amplio sentido de la palabra.

Apatía traducida en ausencias. Mensaje para todo el arco político.

Viene pasando en todo el país“, expresó el ex mandatario desde sus redes sociales después de haber emitido su sufragio.

Closs fue gobernador de Misiones por el oficialista Frente Renovador de la Concordia por dos períodos, de 2007 a 2015, y luego se desempeñó como senador por Misiones desde 2017 a 2023.

Misiones elegía hoy a sus representantes en la Legislatura local, donde se renuevan 20 de 40 las bancas de la unicameral, además de intendentes y concejales, en otro de los desdoblamientos provinciales del año.

MU con información de la agencia NA

La elección de este domingo en Misiones estará cruzada por una doble incógnita: cuántos votos logrará retener el Frente Renovador de la Concordia —que gobierna la provincia hace más de dos décadas sin mayores sobresaltos— y cuántos podrá capturar el debut de La Libertad Avanza como fuerza local en un territorio donde Javier Milei arrasó en 2023. Con una boleta encabezada por el extenista Diego Hartfield, el espacio libertario sale por primera vez a buscar bancas en la Legislatura, que renueva 20. El contexto es singular: el pacto de gobernabilidad entre la Casa Rosada y el mandamás provincial Carlos Rovira goza de buena salud, pero esa armonía no impidió que en la última semana la campaña se polarizara y que los libertarios adoptaran un tono decididamente opositor.

El desembarco de Karina Milei, a pocos días de los comicios, acrecentó la incertidumbre en las filas roviristas. No solo reforzó la candidatura de Hartfield, que hasta entonces había sido minimizada por el oficialismo, sino que escenificó una inédita narrativa de confrontación directa con la Renovación —como también se conoce al oficialismo misionero. La encargada en marcar esa línea fue Patricia Bullrich, que también se hizo presente junto a la hermana del Presidente.

“En muchas provincias el Estado no se achica, lo agrandan. Como en el caso de Rovira en Misiones”, lanzó la minitra de Seguridad durante su visita a la tierra colorada, en lo que fue el señalamiento más explícito a la figura del líder provincial. La frase contrastó con los acuerdos que ambos sectores vienen sosteniendo a nivel legislativo —el affaire Ficha Limpia fue su expresión más retorcida. Y tensó, hacia adentro, una relación donde los guiños siempre fueron más fuertes que las críticas.

La reacción oficial no tardó en llegar. En la costanera de Posadas, casi la totalidad de los carteles de campaña de La Libertad Avanza —con la leyenda “Hartfield es Milei”— amanecieron rotos. Fue un ataque que se sumó a otro gesto que había tenido lugar en los días previos, cuando el gobierno provincial intentó instalar que Karina se había bajado de una visita a Iguazú para despegarse del armado local. El ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, escribió en X que la secretaria general de la Presidencia no había querido “quedar pegada” a Hartfield. La desmentida llegó en los hechos.

Pero fue la caminata que “El Jefe” realizó en Oberá la que expuso la otra cara del vínculo de Milei con la provincia. Un grupo de tareferos y productores yerbateros protestó al paso de la comitiva con pancartas que rezaban “Milei, no somos la casta, somos tareferos”. Hubo gritos, empujones y hojas de yerba lanzadas sobre los militantes, en reclamo por la desregulación del sector debido al vaciamiento del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). Karina debió retirarse en camioneta, aunque la situación no pasó a mayores.

Más allá del ruido, la elección será una nueva validación para Rovira, que no es candidato, no da entrevistas y su último discurso público fue en noviembre de 2023. Pero todos los caminos conducen a él. Desde hace más de dos décadas, estructura la política misionera como un campo magnético: atrae, ordena, disciplina. Fue gobernador entre 1999 y 2007, presidió la Cámara de Representantes durante 16 años y hoy es, formalmente, apenas un diputado. Pero sigue siendo el centro de gravedad de todo.

El Frente Renovador NEO —como Rovira rebautizó a su fuerza política, bajo la consigna “Misiones nos importa”— funciona como una maquinaria electoral que convierte cada comicio en una ratificación del orden. Conformado por 33 sellos partidarios, despliega una red que llega hasta el último rincón de la provincia. En la categoría de concejales, la Ley de Lemas es clave: permite que gane la lista que más voluntades sume, incluso si su candidato no es el más votado. Solo en Posadas, la Renovación presentó 17 sublemas. Lo que parece dispersión en realidad es concentración: cada lista engrosa a la totalidad.

El mecanismo renovador es tan cerrado como eficiente. Un episodio reciente dejó a la vista sus reflejos defensivos. A pocos días de la elección, el Tribunal Electoral provincial intentó excluir a todos los policías y fuerzas de seguridad del padrón electoral, amparándose en el artículo 48 inciso 10 de la Constitución de 1958. El efecto político fue inmediato: la candidatura del suboficial retirado Ramón Amarilla —detenido por liderar la protesta policial de 2024— quedaba en jaque. Sin sus pares, su base electoral se achicaba drásticamente.

Desde la oposición se denunció la maniobra como una proscripción encubierta. La tensión creció hasta que se produjo el giro. A instancias del gobernador Hugo Passalacqua, intervino el fiscal de Estado. El procurador Carlos Giménez emitió una recomendación al Superior Tribunal de Justicia, que finalmente habilitó el voto de los efectivos en actividad. La medida, que contradice el texto constitucional, se apoyó en antecedentes recientes. No fue una concesión a Amarilla. Fue un movimiento de contención.

Oposición fragmentada

En la lista de La Libertad Avanza, Diego Hartfield será secundado por Samantha Stekler —titular del PAMI local— y, en el tercer lugar, Adrián Núñez, referente local con denuncias internas por supuestos pedidos de diezmos. “En Misiones ya ganó Milei. Ahora hay que llevar la libertad a la Legislatura”, repiten en cada acto. Se trata de la única oferta con aval de la Casa Rosada. Pero no están solos. También compiten otras dos listas que se autoproclaman “libertarias”: una del diputado nacional Martín Arjol, expulsado de la UCR por “peluca”, con el sello del Partido Libertario, y otra la que encabeza desde la cárcel Amarilla, que compite por el partido Por la Vida y los Valores. Si supera los 25.000 votos, podría asumir y recuperar la libertad.

La Renovación, que renueva 11 bancas, ejecuta otra estrategia: mimetizarse con el rival. En vez de acordar formalmente con los libertarios, Rovira fabricó los suyos. Los agrupó bajo la marca “Blend” y los puso en su propia boleta legislativa, encabezada por Sebastián Macías, titular de Vialidad Provincial. Jóvenes, técnicos e influencers como Aryhatne Bahr, Juan Manuel Rodríguez y Victoria Cáceres completan la nómina, que ocupan el sexto, séptimo y décimo lugar, respectivamente.

Por fuera de esos dos polos, el resto de la oferta opositora se diluyó. El frente Unidos por el Futuro, que junta los retazos de lo que alguna vez fue Juntos por el Cambio, lleva al radical Santiago Koch, aunque sin demasiado volumen. La alianza conformada por la UCR y el PRO perdió volumen luego de que Activar, el partido del legislador Pedro Puerta, decidió no jugar en estas elecciones tras la caída en desgracia de su exsocio Germán Kiczka, hoy preso por consumo y distribución de material de abuso sexual infantil. Para Rovira, fue una revancha silenciosa frente al hijo de su viejo rival.

Más a la izquierda del espectro, el único frente con discurso frontal contra el rovirismo y el mileísmo es Confluencia Popular por la Patria, liderado por la sindicalista Mónica Gurina. Agrupa a Unidad Popular, Encuentro Ciudadano y sectores de La Cámpora, además de contar con la bendición de los interventores del PJ que impuso Cristina Kirchner desde Buenos Aires.

Gurina enfrenta una causa judicial: en noviembrepasado, el juez Miguel Mattos elevó a juicio un expediente por “desobediencia judicial y entorpecimiento del normal funcionamiento del transporte”, tras el acampe docente sobre la avenida Uruguay de Posadas en mayo de 2024 del que también participó Amarilla.

En paralelo, Héctor “Cacho” Bárbaro, exdiputado nacional y conductor histórico del Partido Agrario y Social (PAyS), se presenta con una lista propia luego de romper públicamente con Cristina Brítez, la líder camporista misionera. La pelea entre ambos terminó de fracturar el último intento de unidad peronista en la provincia.

Este domingo en Misiones se votan mucho más que nombres: se mide la elasticidad del régimen renovador, la potencia del sello libertario sin Milei en la boleta y la capacidad de una fuerza política avezada para contener, mimetizar o neutralizar cualquier amenaza. La maquinaria de Rovira vuelve a encenderse. Pero esta vez, algo se tensiona.

PL/MG

A ocho días de las elecciones provinciales en Misiones, Karina Milei aterrizó este viernes en la tierra colorada y reactivó su gira por el interior con una visita a la ciudad de Oberá, donde encabezó una caminata junto a Martín Menem, el extenista Diego Hartfield —primer candidato libertario a diputado provincial— y Adrián Núñez, presidente de La Libertad Avanza local. La actividad fue la segunda protagonizada por la secretaria general de la Presidencia en territorio misionero en menos de seis meses —había pisado Posadas en diciembre pasado—, y marcó un nuevo impulso a la campaña de la única lista autorizada oficialmente por la Casa Rosada.

Desde el mediodía, el centro de Oberá se convirtió en una escena de alto voltaje político. Entre locales y comerciantes que recibían a la hermana del Presidente con entusiasmo, no tardaron en aparecer los sectores críticos. Un grupo de productores yerbateros y tareferos, afectados por la desregulación de la actividad que impulsó Javier Milei apenas asumido, se apostó en el centro cívico con pancartas que denunciaban el abandono del sector. “Milei, no somos la casta, somos tareferos. Nos prometiste otra cosa”, rezaba uno de los carteles. Otro exigía “precio justo para la yerba mate”.

La tensión escaló cuando, al paso de la comitiva libertaria, comenzaron a lanzar hojas de yerba sobre los militantes que acompañaban la recorrida y se produjeron empujones, gritos e insultos que obligaron a la intervención de la custodia presidencial. En medio de la agitación, se escucharon arengas como “Hartfield es Milei” y, del otro lado, respuestas como “Fuera de acá, porteños. Misiones no es para amarillentos”. Karina Milei logró subir a la camioneta sin más sobresaltos y se retiró del lugar.

La agenda continuó por la tarde en Posadas, donde se sumó a la comitiva la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ya formalmente integrada al esquema libertario. Bullrich acompañó a Karina y a Menem en una nueva caminata por el centro de la capital provincial, con punto de inicio en la intersección de Colón y Entre Ríos. Más tarde, ambas participaron de una reunión con candidatos y sublemas en el salón principal del Hotel Julio César, en un acto en el que también estuvieron presentes Hartfield y Núñez.

En su segunda actividad del día en Misiones, los principales referentes nacionales y provinciales de La Libertad Avanza recorrieron varias cuadras de la ciudad capital entre saludos, selfies y gritos de apoyo. Al final del trayecto, ya en la mesa de trabajo con dirigentes locales, tomaron la palabra uno a uno. “Este país será libre, de una vez y para siempre. Yo vivo para que La Libertad Avanza esté en todo el país”, dijo Karina. A su turno, Martín Menem destacó el rol de la hermanísima en tanto “arquitecta” del armado nacional y echó un manto de sospecha sobre la transparencia del sistema electoral misionero: “No alcanza con ganar, hay que cuidar cada voto”.

Sin embargo, fue Bullrich la única que se refirió abiertamente al poder local. “En muchas provincias los argentinos no ven que el Estado se está achicando, porque allí lo mantienen o incluso lo agrandan, como el caso de Rovira en Misiones”, lanzó la ministra de Seguridad, en un mensaje que contrastó con la cautela general del espacio. Por su parte, Hartfield agradeció el acompañamiento de los vecinos. Y Núñez cerró con tono militante: “En Misiones ya ganó Javier Milei. Tenemos que seguir construyendo el faro de la libertad: vamos a triunfar”.

La semana pasada, Menem ya había estado en Iguazú, pero en esa ocasión viajó solo, sin Karina. Esa ausencia parcial fue aprovechada por el oficialismo provincial del Frente Renovador de la Concordia para sembrar dudas sobre el respaldo nacional a la lista libertaria. Adolfo Safrán, ministro de Hacienda provincial, escribió en X: “#HartfieldMiente. Queda evidenciada una vez más la forma de hacer política de algunos referentes: la mentira. Karina Milei se bajó de la visita a la provincia para no quedar pegada a él, lo que muestra que Hartfield no cuenta con el apoyo de los Milei ni del pueblo misionero”.

La jugada quedó expuesta este viernes, cuando la secretaria general de la Presidencia no solo llegó a Misiones, sino que protagonizó dos caminatas y encabezó un acto junto a los candidatos. La desmentida fue en los hechos, y dejó al oficialismo local en una posición incómoda: el intento de confundir al electorado se desarmó en tiempo real.

Desafío misionero

La elección legislativa del 8 de junio renovará 20 de las 40 bancas de la Legislatura unicameral. La Libertad Avanza no tiene representación actualmente en el cuerpo, por lo que cualquier banca obtenida significará una ganancia directa. El problema para los representantes de Milei es la dispersión: además de la lista oficial de Hartfield, competirán otras dos referenciadas en el “libertarianismo”. Una de ellas es encabezada por el diputado nacional Martín Arjol, uno de los “radicales peluca”, que fue desplazado de la UCR y ahora competirá con el sello del Partido Libertario. La otra, más disruptiva aún, postula desde la cárcel a Ramón Amarilla, líder de la revuelta policial de 2024, hoy detenido en la Unidad Penal VIII de Cerro Azul.

Esa fragmentación favorece al Frente Renovador de la Concordia, que controla la provincia desde hace más de dos décadas y hoy pone en juego 11 bancas. Sin haber cerrado un acuerdo formal con La Libertad Avanza, el espacio que comanda el exgobernador Carlos Rovira incluyó en su boleta a tres figuras “libertarias” —Aryhatne Bahr, Juan Manuel Rodríguez y Victoria Cáceres—, al tiempo que, de cara a octubre, el segundo lugar en la lista de diputados nacionales sería para otra renovadora que dice referenciarse en Milei: la abogada Micaela Gacek, actual subsecretaria de Coordinación General de Gabinete del gobernador Hugo Passalacqua.

A diferencia de Chaco, donde el radical Leandro Zdero selló una alianza abierta con Milei, Rovira eligió otra vía: absorber la ola violeta y crear a sus propios “libertarios”. La estrategia, cada vez más explícita, es la de una mimetización, que muchos no dudan en calificar de un intento de lisa y llana “infiltración”. En el mapa discursivo de Misiones, hay momentos en que parece que el mandamás provincial dijera: “Milei soy yo”.

El vínculo entre Milei y Rovira, en rigor, tampoco es malo. Comenzó en 2021, cuando ambos mantuvieron una reunión reservada. Aunque las señales de acercamiento se multiplicaron con el tiempo, en 2023 hubo un momento de tensión: Misiones fue una de las pocas provincias donde La Libertad Avanza no presentó candidatos ni a diputados ni a senadores. No fue casual. La Justicia Electoral local impugnó con minuciosidad el armado libertario, bajo presión del oficialismo provincial.

Esa maniobra le permitió a la Renovación quedarse con dos bancas propias y bloquear la irrupción de un nuevo actor que hubiera puesto en riesgo su hegemonía. Durante la campaña, aunque sus legisladores nacionales iban pegados a la boleta de Sergio Massa, en los barrios comenzaron a circular ejemplares cortados con Milei presidente. En voz baja, desde la Renovación justificaban el operativo: “No vamos a regalar el territorio”.

A partir del triunfo libertario en el balotaje, la convivencia se hizo explícita. En abril de 2024, el entonces ministro del Interior, Guillermo Francos, y Eduardo “Lule” Menem viajaron a Posadas y se reunieron con Rovira. El entendimiento fue simple: respaldo legislativo a cambio de fondos y autonomía. Misiones terminó siendo una de las provincias más beneficiadas con transferencias discrecionales de la Nación durante el primer tramo de la gestión. Esa alianza silenciosa se terminó de sellar en la firma del Pacto de Mayo en Tucumán, con el gobernador Passalacqua junto a Milei en la foto oficial.

Ficha limpia y después

En La Libertad Avanza de Misiones reconocen, por lo bajo, que existe un pacto de gobernabilidad con Rovira, al que no conviene tensar más de la cuenta. Por eso, en la Casa Rosada se cuidan de no ir a fondo con las críticas, incluso cuando el bloque misionero se aparta de la línea oficial. Pero eso no les impidió presentar una lista propia en la provincia y motorizar la campaña del extenista Diego Hartfield con el respaldo directo de Karina Milei. El juego es doble: preservar la buena vecindad sin resignar proyección política.

Pero el pacto subterráneo quedó al desnudo con el escándalo por el rechazo al proyecto de ficha limpia en el Senado. A principios de mayo, los dos senadores misioneros, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, quedaron en el ojo de la tormenta luego de votar en contra de una iniciativa que el oficialismo libertario había hecho propia en la retórica pública. En los pasillos del Congreso, nadie dudó de que había sido una jugada para evitarle a Milei un costo político directo. El Presidente intentó despegarse con una escena televisiva forzada: durante una entrevista en Telefe, estiró su brazo hacia la periodista Mariana Brey y le ofreció su celular. “Decime si hay un llamado a Rovira”, dijo, mientras la cámara captaba la escena entre el morbo y la incredulidad.

Según testigos de una reunión cerrada, el propio Rovira les dijo a sus legisladores que el pedido de votar contra ficha limpia había llegado desde la Casa Rosada. El jueves siguiente, frente a unas 150 personas en el Salón de las Dos Constituciones de la Legislatura, su fortaleza política, reafirmó su visión de que el proyecto era una jugada electoral del macrismo para potenciar a Silvia Lospennato en la disputa porteña. Días después, con la victoria de Manuel Adorni y la derrota del PRO en su bastión histórico, los principales funcionarios misioneros celebraron con el hashtag #RoviraTeníaRazón.

Pero Rovira está preocupado. Más allá de los acuerdos de gobernabilidad, Milei es peligroso: ganó el ballotage con el 56% de los votos y las últimas encuestas lo muestran con alrededor de 50 puntos de aprobación en la provincia. La apuesta de Karina, Bullrich y Menem es que aquella sintonía con el electorado se vuelva a replicar este año, pero sin el Presidente en la boleta. La duda es si una sola lista puede capitalizar un voto fragmentado, en un distrito que funciona bajo la lógica de la Ley de Lemas —norma que permite que, a la hora del escrutinio, se sumen los votos de cada sublema y gane el lema que tiene más, aún cuando el candidato ganador no sea el más votado— y donde el oficialismo juega con todos los recursos. La suerte está echada.

PL/MC