El oficialismo en el Senado tiene decidido darle el acuerdo al pliego de la jueza Ana María Figueroa, la camarista desplazada por la Corte tras cumplir los 75 años de edad, quien debía fallar sobre la reapertura de la llamada Causa Hotesur-Los Sauces. En ella, está imputada la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.

Tras el desplazamiento de Figueroa, la Cámara votó a favor de que se inicie el juicio oral, donde también debería comparecer el diputado nacional Máximo Kirchner.

“La ratificación del pliego de Figueroa fue un pedido expreso del Poder Ejecutivo, que es lo que corresponde. Ella estuvo en la audiencia pública (de la Comisión de Acuerdos), tuvo un comportamiento impecable, no tuvo impugnaciones y, por ahora, no hubo ningún pedido de retiro del pliego”, aseguró José Mayans, jefe del interbloque del Frente de Todos (FdT) en declaraciones a El Destape Radio.

El senador agregó que “no se puede quitar el pliego de entre los Acuerdos a ratificar por pedido de la Corte”, al afirmar que “el que tiene potestad para designar es el Senado”, ya que explicó que “la Corte hace una interpretación ajena a la Constitución”.

Mayans aseveró que “la Corte no tiene nada que hacer en este caso. No hay un conflicto de poderes”.

“Esto nunca pasó”, repetían este viernes los jueces consultados en relación a la posibilidad de que, luego de haber sido cesada en su cargo por la Corte, la ahora exjueza Figueroa consiga acuerdo del Senado para continuar ejerciendo la magistratura por cinco años más.

La sola hipótesis ya había generado durante esta mañana cierta inquietud en los pasillos de los tribunales federales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro, dónde se ubica la casación Penal Federal: “Estamos ante un posible conflicto de poderes”, coincidieron las fuentes consultadas.

En caso que el Congreso preste acuerdo a Figueroa para continuar ejerciendo como jueza y el Ejecutivo publique el decreto en el Boletín Oficial, ella tendría en sus manos elementos que la legitimarían a presentarse en el primer piso de los tribunales de Retiro y dirigirse al despacho que supo ocupar hasta principios de septiembre para continuar con su trabajo.

En ese escenario inédito, es de esperar que de oficio la Cámara de Casación, ahora bajo la presidencia del juez Mariano Borinsky, informe la novedad al Consejo de la Magistratura para que sea este órgano el que formalmente determine los pasos a seguir y habilite, o no, a Figueroa a continuar en el cargo.

En caso que el Consejo de la Magistratura decidiera hacer prevalecer la resolución de la Corte, Figueroa podría litigar en el fuero contencioso administrativo e incluso, para evitar demoras, plantear un per saltum para llegar directo al máximo tribunal.

Si el caso llegara a la Corte, deberían designarse conjueces, porque la resolución del pasado 6 de septiembre que cesó a Figueroa en el cargo fue adoptada por unanimidad por los cuatro magistrados que actualmente integran el tribunal supremo.

Mientras tanto, en la Cámara de Casación se registraron discretos movimientos durante el viernes: el tribunal convocó a un Acuerdo General a celebrarse de forma presencial el jueves 5 de octubre a las 12:00, donde se tratará la subrogancia de la vocalía 9, que hasta ayer jueves subrogaba el juez Daniel Petrone.

La reunión de acuerdo pudo haber sido convocada para la semana que viene, pero se pautó para la siguiente: una explicación posible, indicaron fuentes del tribunal, es que habrá varios magistrados de licencia; y la otra es que se eligió esa fecha para ver qué pasará antes en el Senado.

El pliego para ratificar a Figueroa fue incluido varias veces en el temario de asuntos a tratar por la Cámara akta, pero la falta de quórum hizo que no se pudiera ratificar o rechazar el asunto. Mientras que el FdT apoya el pliego, los interbloques de Juntos por el Cambio (JxC) y Unidad Federal, conformado por peronistas disidentes, así como Juntos Somos Río Negro, se niegan a darle el acuerdo a la magistrada.

“Lo que busca el oficialismo al insistir con el pliego de Figueroa es romper el orden institucional. Ya el máximo tribunal de Justicia se ha pronunciado”, aseveró Alfredo Cornejo, jefe del interbloque de JxC. El senador mendocino agregó que “el kirchnerismo vuelve a la carga y cada vez se evidencia que detrás de su obsesión está la mano de Cristina Fernández de Kirchner en búsqueda de su impunidad”.

En tanto, voceros de Unidad Federal trascendieron que darán a conocer su postura luego de una reunión de bloque que llevarán a cabo el próximo martes ya que, si bien la mayoría de sus cinco integrantes no apoyaron la ratificación de Figueroa, en el plan de labor de la posible sesión hay varios temas que les interesa apoyar, como es el caso de Ganancias o el alivio para los deudores de créditos UVA.

LC con información de agencia Télam

Hotesur-Los Sauces es un caso que vuelve a quedar en etapa de juicio, pero que lejos está de llevarse adelante en lo inmediato y aún no se tiene certeza sobre cuándo la vicepresidenta, Cristina Kirchner, eventualmente podrá estar en el banquillo de los acusados junto a su hijo, Máximo, ante sospechas de lavado de dinero y otros delitos.

Tras el fallo de Casación que ordenó realizar el juicio, pues se había dictado el sobreseimiento de los más de veinte implicados sin hacer una audiencia, todavía queda un largo camino.

El fallo de la Sala I de Casación con la firma de Daniel Petrone y Diego Barroetaveña es apelable ante la Corte Suprema de Justicia.

La titular del Senado y los demás implicados tiene dos caminos: hacerlo por la vía normal mediante un recurso extraordinario que debe conceder el propio Tribunal o bien “en queja” ante la Corte si aquel no lo concede.

Es decir, en el caso de que la vicepresidenta o cualquiera de los otros implicados apele, llegará a la Corte y ahí no hay plazos para que el máximo tribunal resuelva. Eso llevará su tiempo.

En paralelo, el Tribunal Oral 5, que había sobreseído a los implicados con la firma de los jueces Daniel Obligado y Adrián Grünberg, ya no será el mismo, porque como ambos ya opinaron que no hay delito sin hacer juicio, serán otros magistrados quienes intervengan.

Sólo quedará la jueza Adriana Palliotti, quien nunca opinó sobre el fondo del asunto.

Por ello, habrá todo un proceso para integrar el Tribunal y los nuevos integrantes también quedarán sujetos a posibles recusaciones o planteos de las partes. La integración es probable se haga una vez que haya fallo de la Corte Suprema, con lo cual no será en lo inmediato.

Además, el Tribunal Oral antes del arranque del juicio tiene pendiente la realización de algunos peritajes en esta causa en la que se sospecha de Cristina y Máximo Kirchner y los demás acusados de haber estado involucrados en maniobras de lavado de dinero.

Qué dicen los fiscales

Los fiscales Diego Velasco y Mario Villar argumentan que las sociedades Hotesur y Los Sauces funcionaron como una “pantalla” para llevar adelante contratos “simulados” y así recibir dinero de privados a quienes la entonces presidenta, Cristina Kirchner, habría beneficiado con licitaciones durante su gestión.

Velasco, el fiscal que tendrá a cargo la acusación durante el juicio, y Villar, su superior ante la Cámara Federal de Casación Penal, mantuvieron que el juicio debía realizarse para analizar los varios contratos que Lázaro Báez por un lado y Cristóbal López por el otro tenían con el matrimonio de Néstor y Cristina Kirchner.

En el caso de Lázaro Báez, ya condenado por la “Ruta del Dinero K” a diez años de prisión, a través de Austral Construcciones tenía como único cliente al Estado Nacional, en el Gobierno de Cristina Kirchner.

Asimismo, los pagos de Austral Construcciones y las empresas Los Calzos y Del Curto y Kank & Costilla por otro, eran mientras Lázaro Báez se convertía en el mayor contratista del Estado.

Sumado a eso, la investigación por la cesión de obra pública vial demostró la concentración de obras en la provincia de Santa Cruz, donde aquel predominaba.

También la acusación de los fiscales apunta a los complejos habitacionales que a la firma Los Sauces pagaban las empresas de Cristóbal López.

Justamente, hay pendientes peritajes para analizar esos contratos que se realizarán ahora que la causa vuelve al Tribunal Oral para realizar el juicio.

Parte de la argumentación fiscal en contra del sobreseimiento que habían dictado los jueces es que debía llevarse a cabo el juicio porque no había prueba nueva incorporada como sí habían determinado los magistrados Daniel Obligado y Adrián Grünberg, al valorar elementos de la causa Oil Combustibles y el caso Vialidad.

La imputación de los fiscales y las pruebas tienen que ver con los contratos y justamente derribaron el argumento sobre que los mismos están bancarizados, algo que los jueces habían valorado como indiciario que no se había cometido delito.

Antecedentes del caso

Hotesur-Los Sauces es un caso basado en el presunto lavado de dinero de la familia Kirchner a través de sus negocios privados en hoteles y propiedades inmuebles con dos grupos empresarios proveedores del Estado: los de los empresarios Báez, Cristóbal López y De Sousa. 

Fernández de Kirchner atravesó hasta ahora un único juicio oral y público hasta el momento, que le valió una condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por defraudación a la Administración pública en la adjudicación de obras viales a Báez.

El ex dueño de Austral Construcciones ya tiene dos condenas en su haber: la Cámara Federal de Casación bajó su condena de primera instancia (12 años) a diez años de prisión por lavado de dinero agravado por el caso conocido como “la ruta del dinero K”; y tiene otra sentencia de seis años en su contra por el caso Vialidad, por su participación en una defraudación a la Administración pública liderada supuestamente por la entonces presidenta y socia del empresario, que debe ser revisada en el mismo tribunal superior. 

López y De Sousa fueron absueltos por el voto de la mayoría de los jueces en el juicio por la causa Oil Combustibles, con apelación mediante del fiscal, que espera que Casación revoque esa sentencia a favor de los empresarios del Grupo Indalo, quienes fueron juzgados por presunta defraudación a la Administración pública. El Tribunal Oral Federal (TOF) número 3 condenó al ex titular de la administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a cuatro años y ocho meses de prisión por el mismo delito en este mismo juicio.

Con información de NA.

IG

La Cámara Federal de Casación Penal ordenó hoy dar marcha atrás en la Causa Hotesur-Los Sauces y resolvió revocar el  sobreseimiento de Cristina Fernández de Kirchner. Así, la vicepresidenta, junto a su hijo, Máximo Kirchner, y unos treinta imputados serán juzgados en un juicio oral y público por los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero en el alquiler de propiedades y hoteles que pertenecían a la familia. 

Los jueces resolvieron también sobreseer a Florencia Kirchner.

Pero además, la Cámara también decidió que la ex presidenta deberá someterse a otro juicio oral, en la causa que investiga el Memorándum de Entendimiento con Irán.

Con los votos de los jueces Diego Barroetaveña y Diego Petrone, el máximo tribunal penal del país dejó sin efecto los sobreseimientos dictados por los tribunales orales respectivos.

Cristina Fernández tiene como último recurso la posibilidad de poder apelar las resoluciones ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Hotesur-Los Sauces podría ser el segundo juicio oral y público contra la vicepresidenta, quien ya fue condenada en diciembre de 2022 a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en el caso Vialidad. Esta vez, su hijo y su sobrina, Romina Mercado -hija de Alicia Kirchner- también deberán sentarse en el banquillo de los acusados.

El caso se basa en supuestas maniobras de lavado de activos de la corrupción a través de los negocios hoteleros (Hotesur) e inmobiliarios (Los Sauces) de la familia Kirchner. Además de lavado de activos, se investigó a Fernández de Kirchner, sus hijos -la Cámara entendió que no había elementos para enjuiciar a Florencia- y el resto de los acusados por supuesta asociación ilícita y negociaciones incompatibles.

Sobre la situación de Florencia, los jueces entendieron que al momento de constituirse las sociedades “ella tenía doce años e ingresa a las compañías tras el fallecimiento del padre”.

La causa gira en torno a los alquileres pagados por los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López a las empresas Hotesur y Los Sauces, propiedad de la familia Kirchner, mientras las constructoras de los empresarios obtenían licitaciones y contratos de obra pública. Fernándes de Kirchner y el resto de los acusados fueron sobreseídos por dos de los tres jueces del Tribunal Oral Federal número 5 en noviembre de 2021. Los jueces debían realizar el juicio oral y público pero antes de fijar fecha de inicio analizaron una serie de planteos de las defensas, entre ellas, la de CFK, y decidieron hacer lugar a los sobreseimientos anticipados por presunta inexistencia de delito.

Antecedentes recientes

El caso tenía una tercera jueza en la Sala I, Ana María Figueroa, pero tras varias semanas de idas y vueltas por la falta de aprobación de su pliego en el Senado tras haber cumplido los 75 años el último 8 de agosto, la Corte Suprema ordenó que la magistrada dejara su cargo. El capítulo no está cerrado y se analiza en el Consejo de la Magistratura.

Figueroa dejó su voto sobre el caso Hotesur-Los Sauces, que venía analizando desde diciembre último, pero los jueces Petrone y Barroetaveña no lo incorporaron al fallo. Tampoco recurrieron a un tercer juez para desempatar ya que sus votos son coincidentes. 

Fernández de Kirchner ya evitó atravesar el juicio oral y público en la causa Dólar Futuro, por presunta administración fraudulenta. La Sala I, integrada por los mismos jueces -Figueroa, Barroetaveña y Petrone- fallaron a favor de la defensa por inexistencia de delito en abril de 2021. Este también era un caso cuestionado por propios y ajenos.

Los sobreseimientos

“El objeto procesal de los presentes actuados -Hotesur- comprende el armado de una organización criminal con la finalidad de realizar conductas de lavado de activos, a través de una sociedad anónima constituida por Néstor Kirchner, Cristina Fernández y su hijo, Máximo Kirchner; así como las operaciones concretas por las cuales el dinero proveniente de las maniobras defraudatorias antes aludidas o de otras empresas pertenecientes a concesionarios y contratistas del Estado, ingresaba al patrimonio de los ex presidentes a través de dicha sociedad”, había establecido el Tribunal Oral Federal número 5 en un fallo de 2019.

En el mismo escrito agregó: “En definitiva, estas investigaciones develan que habrían existido distintos circuitos para el obrar delictivo, uno de ellos dirigido al apoderamiento de fondos públicos destinados a la obra pública en la provincia de Santa Cruz y el otro destinado al reciclaje de las ganancias ilícitas derivadas del anterior y de otros hechos ilícitos”. 

Sin embargo, Daniel Obligado, uno de los jueces del tribunal, cambió su parecer sobre el caso en 2021 y junto con un tercer juez, Adrián Grünberg, fallo a favor de Fernández de Kirchner y el resto de los imputados, entre ellos la sobrina de la vicepresidenta Romina Mercado y los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López, acusados de pagar los alquileres a las empresas de los Kirchner con fines delictivos. La jueza Adriana Pallioti votó a favor de la realización del juicio, pero quedó en minoría.

Las razones que llevaron a los jueces Obligado y Grünberg a sobreseer de manera anticipada a la vicepresidenta fue la supuesta incorporación de nuevas pruebas a su favor en la causa, desde pericias contables a fallos antiguos en otras causas. El fiscal Diego Velazco recurrió la decisión y el fiscal Mario Villar solicitó la realización del juicio ante la Cámara Federal de Casación, que debía tomar una decisión desde fines del año pasado.

Pacto con Irán

La misma Sala I de Casación penal ordenó también que Cristina Fernández deberá ser juzgada en la causa por la firma del Memorándum con Irán. Es la causa que inició en 2015 el fiscal Alberto Nisman, quien consideraba que este acuerdo buscaba encubrir a los acusados del atentado a la AMIA ya que de esta manera perdían vigencia las las alertas rojas de Interpol contra los involucrados iraníes.

En su fallo, los jueces de la Cámara señalaron: “Ante la excepcionalidad de la solución prevista en la norma antes citada y teniendo en consideración que, una vez elevada la causa a juicio, el debate oral y público es el ámbito natural de discusión donde tratar las cuestiones de hecho y prueba, cabe concluir que la decisión recurrida se ha sustentado en afirmaciones dogmáticas acerca de la verificación en el caso de las exigencias contenidas en el art. 361 del CPPN y la pretensión de agotar el examen acerca de la responsabilidad penal de las personas acusadas en esa etapa intermedia contradice, no solo las reglas de la sana crítica, sino del debido proceso y desnaturaliza la instancia en la que se encuentra la causa”.

ED/MG

Tras la salida de la jueza Ana María Figueroa, ordenada por la Corte Suprema el miércoles último, los jueces de la Sala I de la Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal del país, darían a conocer el fallo pendiente por el caso Hotesur-Los Sauces antes de fin de mes, mientras avanza en paralelo otro caso central para Cristina Fernández de Kirchner que la misma sala debe definir: memorándum con Irán, un segundo expediente pendiente en el tribunal, confirmaron a elDiarioAR fuentes judiciales con conocimiento directo de la causa.

En ambos casos la decisión gira en torno de si la vicepresidenta debe o no ser juzgada en juicios orales y públicos por dos causas en las que estaba procesada, fue sobreseída de manera anticipada al inicio del juicio y evitó así atravesar los procesos.

Los casos son muy diferentes pero intervienen los mismos jueces, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña. Este medio pudo confirmar que los jueces prescindirán del voto que dejó firmado la jueza Figueroa, que se esperaba a favor de CFK, lo que significa que Petrone y Barroetaveña tienen votos en el mismo sentido y no necesitan convocar a un nuevo juez para desempatar. 

En la causa memorándum con Irán, el juez Barroetaveña ya emitió su voto y el juez Petrone se encuentra analizando su posición en el caso, que tiene en su despacho desde hace un mes. Aquí también prescindirían del voto que dejó firmado Figueroa, al menos por ahora, y deberán analizar pronto si requieren convocar a un tercer juez en caso de estar en desacuerdo entre ellos.

En el primer caso, Hotesur-Los Sauces, la expresidenta debía ser juzgada por supuestas maniobras de lavado de activos de la corrupción a través de sus negocios hoteleros (Hotesur) e inmobiliarios (Los Sauces), supuesta asociación ilícita y negociaciones incompatibles. La causa gira en torno de los alquileres pagados por los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López a las empresas Hotesur y Los Sauces, propiedad de la familia Kirchner, mientras las constructoras de los empresarios obtenían licitaciones y contratos de obra pública. Fernándes de Kirchner fue sobreseída por dos de los tres jueces del Tribunal Oral Federal número 5 en noviembre de 2021.

En el segundo caso, la vicepresidenta también fue sobreseída antes del juicio, unas semanas antes de la decisión del TOF 5. El fallo que la benefició fue dictado en octubre de 2021 por el Tribunal Oral Federal número 8, que debía encarar el juicio oral y público por el memorándum con Irán pero estableció la inexistencia de delito en el caso por presunto encubrimiento del atentado a la mutual judía AMIA. Este expediente es uno de los más cuestionados contra la expresidenta y el resto de los acusados.

Fernández de Kirchner ya evitó atravesar el juicio oral y público en la causa Dólar Futuro, por presunta administración fraudulenta. La Sala I, integrada por los mismos jueces -Figueroa, Barroetaveña y Petrone- fallaron a favor de la defensa por inexistencia de delito en abril de 2021. Este también era un caso cuestionado por propios y ajenos.

Hotesur-Los Sauces

“Mientras que el objeto procesal de los presentes actuados -Hotesur-comprende el armado de una organización criminal con la finalidad de realizar conductas de lavado de activos, a través de una sociedad anónima constituida por Néstor Kirchner, Cristina Fernández y su hijo, Máximo Kirchner; así como las operaciones concretas por las cuales el dinero proveniente de las maniobras defraudatorias antes aludidas o de otras empresas pertenecientes a concesionarios y contratistas del Estado, ingresaba al patrimonio de los ex presidentes a través de dicha sociedad”, había establecido el Tribunal Oral Federal número 5 en un fallo de 2019.

En el mismo escrito agregó: “En definitiva, estas investigaciones develan que habrían existido distintos circuitos para el obrar delictivo, uno de ellos dirigido al apoderamiento de fondos públicos destinados a la obra pública en la provincia de Santa Cruz y el otro destinado al reciclaje de las ganancias ilícitas derivadas del anterior y de otros hechos ilícitos”. 

Sin embargo, Daniel Obligado, uno de los jueces del tribunal, cambió su parecer sobre el caso en 2021 y junto con un tercer juez, Adrián Grünberg, fallo a favor de Fernández de Kirchner y el resto de los imputados, incluidos sus hijos, el diputado y entonces jefe de la bancada oficialista, Máximo Kirchner, y Florencia. También sobreseyeron a la sobrina de la vicepresidenta Romina Mercado y a los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López, acusados de pagar los alquileres a las empresas de los Kirchner con fines delictivos, entre otros procesados en el caso. La jueza Adriana Pallioti votó a favor de la realización del juicio.

Las razones que llevaron a los jueces Obligado y Grünberg a sobreseer de manera anticipada a la vicepresidenta fue la supuesta incorporación de nuevas pruebas a su favor en la causa, desde pericias a fallos antiguos en otras causas. El fiscal Diego Velazco recurrió la decisión y el fiscal Mario Villar solicitó la realización del juicio. 

Memorándum

Este caso se basó en la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman por la firma de un memorándum de entendimiento con Irán en 2013, que buscaba que la Justicia argentina indagara a los acusados iraníes en un país neutral que, de acuerdo al fiscal, habría implicado el presunto encubrimiento de los imputados por el atentado a la mutual judía AMIA, ocurrido en 1994. 

El fiscal de juicio, Marcelo Colombo, planteó que el juicio debía realizarse más allá de los planteos de las defensas sobre inexistencia de delito. Sostuvo que la decisión de una eventual absolución debía ser una decisión que el tribunal debía tomar después de analizar pruebas y testimonios en el juicio. Sin embargo, a diferencia del caso Hotesur-Los Sauces, el fiscal Javier de Luca planteó ante la Casación la inexistencia de delito por el memorándum. 

Si el máximo tribunal penal confirma el sobreseimiento de Fernández de Kirchner, la querella, representada por los padres de dos víctimas de ataque terrorista, podrán acudir ante la Corte Suprema. Pero si Casación revoca el sobreseimiento, la vicepresidenta deberá eventualmente enfrentar otro juicio oral y público.

ED/JJD

Con las elecciones primarias a la vuelta de la esquina, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner volverá a ser eje de la agenda judicial en los tribunales federales de Comodoro Py. La feria de invierno finaliza este viernes y el lunes los jueces y fiscales retoman la actividad, y aunque la intensidad de los expedientes en su contra ha mermado desde la condena por el caso Vialidad, hay cuestiones pendientes que, en algunos casos, se vienen demorando desde hace meses, de acuerdo a las fuentes consultadas por elDiarioAR.

La resolución central en torno a la expresidenta que aún sigue sin resolverse es si la Justicia hará o no el juicio oral y público por los casos Hotesur-Los Sauces. Fernández de Kirchner fue sobreseída de manera anticipada por el Tribunal Oral Federal número 5 en noviembre de 2021. Los recursos de los fiscales Diego Velazco y Mario Villar impidieron que esa decisión quede firme. La causa llegó a la Sala I de la Cámara Federal de Casación para su revisión.

Además de este caso, hay otras causas alrededor de Fernández de Kirchner en las que se esperan decisiones. Además de una decisión clave en la causa por el Memorándum con Irán, la vicepresidenta aguarda que la Cámara Federal de Apelaciones porteña tome una decisión en la causa por el atentado en su contra. Los jueces de la Sala I deben decidir si ordenan secuestrar el teléfono celular del diputado Gerardo Milman, vicejefe del bloque de Juntos por el Cambio en la cámara baja. 

El aliado de Patricia Bullrich, precandidata presidencial por el principal partido de oposición, quedó involucrado por un testigo en la causa y desde hace meses la querella que representa a CFK viene solicitando el secuestro de su dispositivo celular para un peritaje informático. Nadie cree que los jueces den a conocer la decisión antes de las PASO del 13 de agosto.

En la ruta del dinero K, los jueces de la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones porteña también deben tomar una decisión, aunque menor: una organización vinculada a Juntos por el Cambio solicitó que se la acepte como querellante en la causa conocida como “la ruta del dinero K”. 

En este expediente, el empresario y ex socio de los Kirchner Lázaro Báez ya fue condenado por lavado de activos pero CFK fue sobreseída a pedido del fiscal Guillermo Marijuan, un capítulo que hizo ruido político porque coincidió con la proclamación de Sergio Massa como precandidato a presidente por Unión por la Patria. Massa es cercano a Marijuan y CFK bendijo a Massa en el contexto del dictamen fiscal a su favor. Sin embargo, en el despacho de Marijuan aseguran que el fiscal no tiene contacto desde hace años con Massa.

Hotesur-Los Sauces

Desde hace casi un año y medio los jueces de la Sala I del máximo tribunal penal, Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Ana María Figueroa, tienen pendiente revisar dos sobreseimientos anticipados que la vicepresidenta obtuvo en las causas por el Memorándum con Irán y Hotesur-Los Sauces. Este último es el más avanzado. Los tres jueces ya escribieron sus votos, pero éstos son proyectos que deben discutirse entre ellos para intentar llegar a un fallo, deben fijar una fecha de reunión y ordenar los fundamentos, explicaron en el tribunal. Luego si no hay consenso entre los tres magistrados, debe haber un voto de mayoría: dos contra uno.

En ambos casos, deben decidir si la expresidenta fue correctamente sobreseída o si, por el contrario, revocan los sobreseimientos y ordenan la realización de los juicios. Los expedientes son muy distintos entre sí, pero están en la misma sala y misma situación. 

Hotesur-Los Sauces es el caso de presunto lavado de dinero de la familia Kirchner a través de sus negocios privados en hoteles y propiedades inmuebles con dos proveedores del Estado: los empresarios Lázaro Báez y, en menor medida, Cristóbal López y Fabián De Sousa. No sólo CFK está sobreseída de manera anticipada: también sus hijos, el diputado Máximo Kirchner y Florencia Kirchner. Además de los empresarios y socios de la familia Kirchner en el negocio hotelero/inmobiliario. Es el caso más sensible para la vicepresidenta.

En un principio, las decisiones en ambos casos se esperaban para finales de diciembre o principios de febrero, pero diversas licencias de los jueces de la sala interrumpieron los plazos, que se extendieron, pero luego se volvieron a extender y se volvieron a extender. La jueza Figueroa el expediente bajo estudio entre principios de diciembre y mediados de 2023. Actualmente, la causa está en el despacho de Barroetaveña, nuevamente.

Ahora rige una fecha clave para la definición que poco tiene que ver con la causa. Es la fecha de cumpleaños de Ana María Figueroa, presidenta de la Casación y una de las juezas que debe votar si debe o no realizarse el juicio oral y público por Hotesur-Los Sauces.

Figueroa cumplirá 75 años este 9 de agosto. Si para esa fecha el Senado no se aprueba nuevamente su pliego, no podrá seguir en el cargo y deberá jubilarse, como rige en la Constitución. Figueroa exteriorizó su voluntad para continuar ejerciendo como jueza, envió su pliego nuevamente al Senado -ya había sido tratado para su nombramiento- y no recibió ninguna impugnación, explicaron en la Casación a elDiarioAR, pero si el Senado no logra sesionar y luego aprobar su pliego con ese fin, la jueza pondrá su renuncia a disposición del presidente de la Nación, Alberto Fernández, como marca la ley. Entonces, el Presidente tendrá la última palabra. 

Existen precedentes de jueces que no renunciaron, siguieron en el cargo y recibieron la aprobación de su pliego con fecha posterior a su cumpleaños número 75, pero Figueroa no es cualquier juez y lo sabe. Está en el ojo de los medios y la oposición. 

El natalicio de la jueza es, entonces, una fecha límite para la Sala I: antes del 9 debería emitir el postergado fallo, que algunas fuentes directas de la causa entienden que ni siquiera es un fallo complejo porque no deberían pronunciarse necesariamente sobre el fondo de la cuestión. Bastará con que determinen si en el expediente se produjeron pruebas nuevas que habilitaban esos sobreseimientos a CFK y al resto de los imputados en el caso. 

Si los jueces de Casación determinan que no había pruebas nuevas para justificar los sobreseimientos, los revocarían u ordenarían realizar el juicio. Se espera un voto dividido. 

Tiempo electoral

El cumpleaños de la magistrada está muy cerca de las elecciones primarias del 13 de agosto y pocos creen que el tribunal fallará tan cerca de una definición electoral en un caso de alto voltaje político, a pesar de que la vicepresidenta no es candidata. 

Antes de la feria de invierno se sumó un nuevo capítulo político: el Senado, presidido por Fernández de Kirchner, debía tratar el pliego de la jueza Ana María Figueroa para ahorrarse esta disyuntiva y no sólo liberar de las trabas temporales al tribunal sino asegurarse la continuidad de la magistrada para su intervención en otras causas sensibles: Memorándum con Irán y Cuaderno son dos de ellas. 

La sesión en el Senado fracasó por falta de acuerdo y Juntos por el Cambio se encargó de que no pudiera llevarse adelante. Ahora, se negocia una nueva sesión para antes de las PASO con el único objetivo de intentar llegar al 9 de agosto con el pliego de la jueza aprobado. 

El voto de la magistrada no cambiará aprueben o no su pliego. Nadie puede discutirle a Figueroa su coherencia y ella suele reírse cuando los medios anticipan sus votos y fallos porque saben que es “predecible”: es una detractora del lawfare o guerra judicial y está convencida de que se practicó en los tribunales federales durante el gobierno de Mauricio Macri para perseguir a sus detractores políticos en el kirchnerismo. Por lo tanto, se vaticina un voto de tres a favor del sobreseimiento de CFK.

Si se confirma su sobreseimiento en Casación, el fiscal Mario Villar podrá acudir ante la Corte Suprema para pedir que se revise la nueva decisión. Si en cambio, el máximo tribunal penal revoca el sobreseimiento de Fernández de Kirchner, deberá realizarse el juicio oral y público.

ED

Un tribunal debe decidir si la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos afrontarán un nuevo juicio oral y público por el caso Hotesur-Los Sauces y el presunto lavado de dinero proveniente de los negocios hoteleros e inmobiliarios de la familia. 

La expresidenta y el resto de los acusados, entre ellos el diputado Máximo Kirchner y los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa, se encuentran sobreseídos por decisión de la mayoría del Tribunal Oral Federal número 5, que a finales de 2021 hizo lugar a los planteos del abogado Carlos Beraldi y anuló el inicio del juicio oral y público por supuesta inexistencia de delito. 

Los plazos formales de la Cámara Federal de Casación para expedirse en este caso están vencidos, ya que las últimas audiencias se realizaron en noviembre de 2022, pero el tribunal que revisa las sentencias de juicios no se maneja con tiempos perentorios y los plazos suelen extenderse. Aún así, algunos de los jueces de la Sala I consideran que están dadas las condiciones para que el fallo vea la luz a partir de esta semana, confiaron fuentes directas del caso.

El expediente ya tiene dos votos, los de los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, pero no se conocen aún sus posiciones: si revocarán los sobreseimientos anticipados y ordenarán la realización de un juicio o si, por el contrario, confirmarán la decisión a favor de los imputados. 

La jueza Ana María Figueroa -actualmente, presidenta de la Casación Federal- debe presentar el tercer voto. La magistrada tiene el caso en estudio desde el 12 de diciembre último, de acuerdo con los registros del sistema. 

Una vez que los tres votos estén disponibles, los jueces se reunirán para poner argumentos en común y debatir el fallo final. Puede ser una decisión unánime o dividida. Se requieren dos votos en el mismo sentido para confirmar los sobreseimientos y evitar el juicio o bien revocarlos y ordenar que se realice un debate oral y público en un nuevo tribunal de juicio. 

En el tribunal esperan que la presidenta de la Casación Federal presente su voto a sus colegas de la Sala en los próximos días, pero, podría incluso seguir en estudio. La jueza viene de participar en un seminario sobre neocolonialismo en el Vaticano, en el que el lawfare fue uno de los temas planteados por la comitiva argentina, informó la agencia oficial Télam.

Figueroa es una convencida de la existencia del lawfare o guerra judicial con fines políticos y económicos, uno de los argumentos de la defensa de Fernández de Kirchner para replicar el avance de las causas contra la vicepresidenta durante el gobierno de Mauricio Macri (entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019) y solicitar el sobreseimiento de la expresidenta. 

Hacia atrás y hacia adelante

El caso llegó a Casación por los planteos del Ministerio Público Fiscal. Cuando la defensa de Fernández de Kirchner y otros imputados en Hotesur-Los Sauces, planteó en 2021 que los acusados debían ser sobreseídos antes del inicio del juicio oral y público por inexistencia de delito y otros argumentos en el Tribunal Oral Federal número 5, el fiscal del juicio, Diego Velázquez, se opuso al cierre de la causa. Sin embargo, los jueces Daniel Obligado y Adrián Grunberg le dieron la razón a las defensas.

El fiscal llevó el caso a Casación a finales de ese año. Ante el máximo tribunal penal del país, el fiscal general Mario Villar acompañó el planteo de su colega y reclamó la realización del juicio oral y público. Villar sostuvo que hubo “arbitrariedad” en la decisión de los jueces Obligado y Grunberg al dictar los sobreseimientos de los imputados, ya que el expediente no cuenta con “una prueba clara” que se imponga sobre la ya existente para demostrar los planteos de las defensas. 

Este último argumento es central para que un tribunal decida cambiar el rumbo de un expediente que está en etapa de juicio. Debe aparecer una nueva prueba que demuestre que los acusados no cometieron los delitos de los que se los acusa. Este fue el argumento de los jueces Petrone, Barroetaveña y Figueroa para sobreseer a Fernández de Kirchner y el resto de los acusados en el caso Dólar Futuro, explicó entonces el fiscal Villar ante esos mismos jueces, que ahora deben decidir sobre Hotesur-Los Sauces. Se refirió así a una pericia realizada luego de que la causa fuera elevada por el juez Claudio Bonadio a juicio oral y público.

Hotesur-Los Sauces, un caso basado en el presunto lavado de dinero de la familia Kirchner a través de sus negocios privados en hoteles y propiedades inmuebles con dos grupos empresarios proveedores del Estado: los de los empresarios Báez, Cristóbal López y De Sousa. 

Fernández de Kirchner ha atravesado un único juicio oral y público hasta el momento, que le valió una condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por defraudación a la Administración pública en la adjudicación de obras viales a Báez.

El ex dueño de Austral Construcciones ya tiene dos condenas en su haber: la Cámara Federal de Casación bajó su condena de primera instancia (12 años) a diez años de prisión por lavado de dinero agravado por el caso conocido como “la ruta del dinero K”; y tiene otra sentencia de seis años en su contra por el caso Vialidad, por su participación en una defraudación a la Administración pública liderada supuestamente por la entonces presidenta y socia del empresario, que debe ser revisada en el mismo tribunal superior. 

López y De Sousa fueron absueltos por el voto de la mayoría de los jueces en el juicio por la causa Oil Combustibles, con apelación mediante del fiscal, que espera que Casación revoque esa sentencia a favor de los empresarios del Grupo Indalo, quienes fueron juzgados por presunta defraudación a la Administración pública. El Tribunal Oral Federal (TOF) número 3 condenó al ex titular de la administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a cuatro años y ocho meses de prisión por el mismo delito en este mismo juicio.

Escenarios

Si la Casación confirma por unanimidad o por el voto de la mayoría los sobreseimientos en Hotesur-Los Sauces, el fiscal Villar podrá presentarse ante la Corte Suprema para que los jueces del máximo tribunal vuelvan a analizar el caso.

En este escenario, la vicepresidenta seguiría sobreseída, aún existiendo oposiciones y planteos ante la Corte, y la causa Hotesur-Los Sauces continuará cerrada.

En otro escenario posible, en el que los jueces de Casación (por voto de la mayoría o por unanimidad) revoquen los sobreseimientos anticipados, Comodoro Py deberá realizar un nuevo juicio contra Fernández de Kirchner. 

Revocar los sobreseimientos y ordenar que comiencen los juicios anulados no es equiparable a una sentencia definitiva, por lo que los acusados verán restringidas sus opciones para acudir ante la Corte Suprema y seguir dilatando el inicio de un juicio oral y público, aseguraron fuentes judiciales con conocimiento del caso. 

Los abogados defensores pueden, igualmente, recurrir de manera excepcional a un planteo de “arbitrariedad” de los jueces de Casación y presentar un recurso extraordinario ante la Corte Suprema, pero la Corte suele rechazar de plano este tipo de planteos. 

El hecho de que las defensas recurran a esta vía no implica frenar el comienzo del juicio porque el fallo de Casación no se suspende. Además, la Corte no tiene plazos para fallar.

Si la Casación ordena realizar el juicio, Fernández de Kirchner deberá ser juzgada por un nuevo tribunal. Los jueces que intervinieron originalmente en la causa no podrían seguir haciéndolo. El fiscal Villar incluso solicitó que se aparte a los magistrados Obligado y Grunberg del sorteo, argumentando que se excedieron al cerrar la causa cuando opinaron sobre la inexistencia de delito en el caso. 

ED

Fue uno de los argumentos centrales del oficialismo y de la defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola habían sostenido la frase de la discordia: la entonces presidenta “no podía no saber” que en su gobierno los funcionarios que manejaban la adjudicación de la obra pública estaban supuestamente incumpliendo leyes y reglamentos oficiales para favorecer al empresario Lázaro Báez.

En los fundamentos de la sentencia contra la vicepresidenta a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu sostuvieron que Fernández de Kirchner es penalmente responsable de una defraudación a la administración pública, a pesar de no haber sido la funcionaria que adjudicó las 51 obras viales cuestionadas durante el juicio por el caso Vialidad.

Los abogados de Fernández de Kirchner, encabezados por Carlos Alberto Beraldi, sostienen dos cosas: que no existieron irregularidades ni delitos en la adjudicación de la obra pública durante los gobiernos de la expresidenta y que, en último caso, si hubiera sospechas de que así fuera, la exmandataria no puede ser penada por hechos en los que no participó, ya que las obras se licitaron en el área de Vialidad y la secretaría de Obras Públicas. 

De hecho, los jueces del Tribunal Oral Federal número 2 absolvieron al ex ministro de Planificación, Julio De Vido, superior directo del entonces secretario de Obras Públicas, José López, pero condenaron a López y a Fernández de Kirchner.

“No podía no saber” fue la frase más criticada por las defensas públicas de sus abogados y aliados políticos desde que la pronunciaron los fiscales durante su alegato en agosto último.

Sin embargo, los jueces ratificaron su significado y sentido en los fundamentos de la sentencia que se dieron a conocer este jueves al resaltar una “realidad” que definieron como “curiosa e igualmente innegable: por qué ninguna de las alertas activadas durante el período en cuestión (2007-2015), relativas a la ‘corrupción en la obra pública en Santa Cruz’, logró inquietar a la imputada -en referencia a la vicepresidenta- para, como mínimo, esperar alguna acción interruptiva del iter criminis de su parte”.

La defensa de la vicepresidenta sostiene que esas “alertas” no tenían peso porque no existieron irregularidades o ilegalidades en la adjudicación de la obra pública y porque argumentan que los negocios entre los Kirchner y Báez eran “legales”.

Sin embargo, los jueces del tribunal enumeraron algunas de ellas: “la denuncia sobre cartelización en la obra pública efectuada por el ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, en el año 2005 ante el auditorio de la Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción (por cuanto fue anterior a los dos mandatos presidenciales correspondientes a la imputada)”, ya que el hecho sucedió cuando era senadora y primera dama y gobernaba Néstor Kirchner. Luego, existieron, según el tribunal, otros “múltiples avisos dando cuenta de lo que sucedía en Santa Cruz, precisamente, con relación a las maniobras aquí investigadas”.

“Entre ellos, vale destacar la denuncia formulada por un grupo de diputados del espacio CC-ARI, del 12 de noviembre de 2008”; “el informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) aprobado por Resolución número 33/2010, elaborado a partir del examen realizado por ese órgano de control en el ámbito de la Dirección Nacional de Vialidad”; y “la nota publicada en el diario La Nación el día 28 de abril de 2013, que indicaba que el ex gobernador de Santa Cruz, Sergio Acevedo, ‘advirtió que la Casa Rosada le pidió que firmara un anticipo del 30 por ciento sobre el costo total de las obras para las empresas allegadas al gobierno”. También, un informe de la AGN de 2013 sobre irregularidades en la adjudicación de las obras.

“A la luz de los hechos develados se explica por qué, pese a las alertas judiciales, administrativas y mediáticas, la ex Presidenta no tomó ni una sola medida en dirección a dilucidar aquello que se denunciaba con tanta insistencia. Hoy podemos observar que ello habría implicado investigarse a sí misma o a sus secuaces”, aseguraron los jueces.

“Incluso para peor, sobre finales de su primer mandato, Cristina Fernández fue más allá y mediante el Decreto número 299, de fecha 10 de marzo de 2011, designó en el cargo de sub-administrador general de la Dirección Nacional de Vialidad nada más y nada menos que al Ingeniero Carlos Joaquín Alonso, hombre del riñón del Grupo Austral, persona de confianza de Lázaro Báez y actor relevante en el cese ejecutivo de la maniobra”, afirmaron los magistrados. 

Judiciable o político

Los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner se caracterizaron por lo que Carlos Zannini, actual procurador del Tesoro Nacional y ex secretario de Legal y Técnica de ambos exmandatarios, explicó cuando declaró como testigo en el juicio oral y público. Destinar fondos nacionales a la expansión de la red vial de la provincia de Santa Cruz fue una política de Estado para el matrimonio que vino, dijo el funcionario, a remediar décadas de olvido y desinversión en dicho territorio.

Entonces, dicha decisión no puede entenderse judicialmente sino políticamente, sostuvo Zannini, entre otros testigos que declararon en el juicio a favor de los imputados. Sin embargo, el tribunal argumentó que cuando los hechos del caso se analizan como una “película completa” y no se aíslan unos de otros “podemos observar perfectamente cómo la decisión de implementar una gestión de desarrollo vial especialmente centrada en la provincia de Santa Cruz, política pública del gobierno nacional de la ex Presidenta que a nuestro modo de ver integra a priori la categoría de cuestiones políticas no judiciales, frente a los hallazgos del juicio, toma otro cariz”.

“La política pública que su gobierno pregonaba presagiando un beneficio sin precedentes para la extensa provincia patagónica, en verdad escondía, cual caballo de Troya, al presupuesto indispensable para el desarrollo exitoso de la empresa criminal y sus múltiples aristas”, afirmaron los jueces.

Hotesur y Los Sauces

La “película completa” incluye un segundo capítulo que no fue juzgado en este juicio pero sí contemplado por los jueces: Fernández de Kirchner garantizó el beneficio de “las empresas comandadas por el sujeto con quien la propia ex presidenta y su familia realizaban negocios inmobiliarios y hoteleros mientras, en forma simultánea, se ejecutaba la maniobra de defraudación en perjuicio de los fondos públicos nacionales destinados a dichas obras públicas”.

“Los beneficios indebidamente obtenidos por el empresario a raíz de la maniobra defraudatoria tenían como destino final, en parte, las empresas familiares de la ex Presidenta”, en referencia a las contrataciones realizadas en paralelo a la adjudicación de las licitaciones entre el empresario Báez y dos empresas privadas de la familia Kirchner: Hotesur (hoteles) y Los Sauces (inmobiliaria).

El “interés personal sobre el plan criminal de parte de Cristina Fernández de Kirchner” quedó “evidenciado”, dicen los jueces, “en la participación de la nombrada en el producto del delito a través de múltiples operaciones comerciales con el empresario detrás de las sociedades ilegalmente beneficiadas (incluso en forma paralela y concomitante a la adjudicación de las obras licitadas y ejecutadas en perjuicio de la DNV)”.

Socios

Los jueces afirmaron que existió una “maniobra ilícita inicial” en la adjudicación de las 51 obras a Báez de manera irregular, garantizando el flujo de fondos “de manera discrecional” mediante un decreto de Fernández de Kirchner de 2009 y sin control en la ejecución de las obras. 

La “ultrafinalidad” de la entonces presidenta en esa “maniobra ilícita ilegal” era beneficiar primero a Báez y luego a sí misma, según los magistrados, “sin margen a segundas interpretaciones”. “Los beneficios indebidamente obtenidos por el empresario a raíz de la maniobra defraudatoria tenían como destino final, en parte, las empresas familiares de la ex Presidenta”, en las que Fernández de Kirchner participaba “en forma personal, a través de sociedades en las que era accionista o a consecuencia de negocios heredados de su difunto esposo”.

“Este esquema de corrupción en la primera línea del Estado, producto de la codicia por el beneficio personal, proyectó sus aciagos efectos sobre las contrataciones públicas realizadas en materia vial en la provincia de Santa Cruz, sobrepasando todo límite ético para constituir, lisa y llanamente, una infracción penal”, concluyeron en uno de los párrafos más duros entre las 1.616 páginas del fallo.

Los fundamentos completos

ED

Con el enfrentamiento entre el oficialismo y la Corte Suprema en su pico máximo de tensión, la Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal del país, deberá tomar definiciones clave para el poder político en al menos tres expedientes de alto voltaje electoral: tres sobreseimientos de los dos principales líderes políticos, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner (por los casos Hotesur-Los Sauces) y el expresidente Mauricio Macri (por el presunto espionaje ilegal a familiares de los marinos del Ara San Juan). En ninguno de los tres casos será inminente, pero las decisiones de los jueces se esperan para los primeros meses del año, de acuerdo a las fuentes judiciales consultadas por elDiarioAR.

La Corte seguirá siendo el principal blanco de las críticas y acusaciones del oficialismo, que el próximo jueves 9 de febrero podría votar el informe de admisibilidad para dar apertura formal a la investigación contra los jueces supremos en la comisión de Juicio Político. Mientras tanto, la situación judicial de ambos expresidentes y líderes de sus espacios políticos continuará también en el centro de la escena durante el año electoral.

La Cámara Federal de Casación es el máximo tribunal penal del país y la instancia previa a la Corte en los casos de presunta corrupción, contrabando, lesa humanidad, trata de personas y narcotráfico. Está dividido en cuatro salas y cada una de ellas está compuesta por tres jueces y funciona como un tribunal en sí mismo. Su principal rol es la revisión de las sentencias de los tribunales orales federales y de los fallos y decisiones de la Cámara Federal de Apelaciones porteña.

Desde hace más de un año, la Sala I de la Casación tiene pendiente revisar los dos sobreseimientos anticipados que la vicepresidenta obtuvo en las causas por el Memorándum con Irán y Hotesur-Los Sauces. Las decisiones se esperaban para finales de diciembre o principios de febrero, pero diversas licencias de los jueces de la sala interrumpieron los plazos, que se extendieron para después del 18 y 20 de febrero. Aún así, el tribunal puede tomarse más tiempo del estimado formalmente para fallar en ambos casos.

En el caso contra Macri, la recusación del juez Carlos “Coco” Mahiques también ha demorado las definiciones del tribunal. El procesamiento por el caso de presunto espionaje ilegal a los familiares del ARA San Juan era el único procesamiento a Macri por un caso relacionado con su gestión como presidente.

Sobreseimientos anticipados

El caso Memorándum se basó en la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman por la firma de un memorándum de entendimiento con Irán en 2013, que buscaba que la Justicia argentina indagara a los acusados iraníes en un país neutral que, de acuerdo al fiscal, habría implicado el presunto encubrimiento de los imputados por el atentado a la mutual judía AMIA, ocurrido en 1994. El fiscal Javier de Luca planteó ante la Casación la inexistencia de delito en este caso. Si el máximo tribunal penal confirma el sobresemiento de Fernández de Kirchner, la querella, representada por los padres de dos víctimas de ataque terrorista, podrán acudir ante la Corte Suprema. Pero si Casación revoca el sobreseimiento, la vicepresidenta deberá eventualmente enfrentar otro juicio oral y público.

Hotesur-Los Sauces es el caso de presunto lavado de dinero de la familia Kirchner a través de sus negocios privados en hoteles y propiedades inmuebles con dos proveedores del Estado: los empresarios Lázaro Báez y, en menor medida, Cristóbal López y Fabián De Sousa. Si se confirma su sobreseimiento en Casación, el fiscal Mario Villar podrá acudir ante la Corte Suprema para pedir que se revise la nueva decisión. Si en cambio, el máximo tribunal penal revoca el sobresemiento de Fernández de Kirchner, deberá realizarse el juicio oral y público.

Estos sobreseimientos anticipados fueron ordenados por los tribunales orales federales número 8 (Memorándum) y 5 (Hotesur-Los Sauces) en octubre y noviembre de 2021. En el último caso fue con el voto en disidencia de la jueza Adriana Palliotti.

Esas decisiones permitieron a la expresidenta evitar el inicio de dos juicios orales y públicos, ya que ambos tribunales determinaron la inexistencia de delitos.

Los jueces que deberán revisar estos sobreseimientos son Ana María Figueroa, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, los mismos magistrados que ya intervinieron en la causa Dólar Futuro y ordenaron los sobreseimientos anticipados de Fernández de Kirchner y el resto de los imputados por inexistencia de delito (el caso está pendiente en la Corte Suprema, con un dictamen del procurador general Eduardo Casal a favor de la realización del juicio).

Luego del 9 de marzo, cuando el Tribunal Oral Federal número 2 haga públicos los fundamentos de la sentencia contra Fernández de Kirchner y el resto de los condenados en el caso Vialidad, otra sala de Casación, la IV, comenzará a recibir durante los meses siguientes las apelaciones de las defensas y del fiscal Diego Luciani, quien solicitará que se los condene también por el delitos de asociación ilícita. Pero la revisión de este caso podría pasar para 2024, previó una fuente del tribunal.

Sobreseimiento directo

La Sala II de la Casación debe revisar el sobreseimiento que dictó la Cámara Federal de Apelaciones porteña a favor de Macri, quien había sido procesado por el juez federal de Dolores, Martín Bava, por las tareas de presunto espionaje ilegal realizadas por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de su gestión a familiares de los marinos del submarino ARA San Juan, mientras éstos se organizaban para reclamar y protestar ante el entonces presidente.

Cuando el caso llegó por incompetencia de Dolores a los tribunales de Comodoro Py, los jueces a Sala I de la Cámara Federal (Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi) dictaron directamente el sobreseimiento (otra alternativa era revocar el procesamiento y ordenar que se siga investigando hasta obtener pruebas suficientes), lo que provocó las apelaciones del Ministerio Público Fiscal y de las querellas que representan a los familiares presuntamente damnificados. 

Casación debe entonces revisar ese sobreseimiento y determinar si Macri debe seguir siendo investigado por el presunto espionaje ilegal o si beneficia al expresidente, evitando la reapertura de la causa. En este caso, es clave la integración de la Sala que interviene en el máximo tribunal penal: la querella mayoritaria, que representa la abogada Valeria Carreras, recusó a uno de los tres jueces, Mahiques, exministro de Justicia de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, magistrado cercano a Juntos por el Cambio y a Macri y uno de los protagonistas de los chats del caso Lago Escondido.

Por esa razón, antes de tomar una decisión sobre Macri, los otros dos jueces de la Sala II -Angela Ledesma y Guillermo Yacobucci- deben decidir si aceptar que Mahiques sea apartado del caso, explicó una fuente del tribunal. Puede ser un proceso que tome su tiempo. El primer paso es que la sala fije fecha para una audiencia en la que la querella expondrá sus razones para pedir el apartamiento del juez.

En este caso, el fiscal Raúl Pleé presentó ante la Casación un planteo en la misma línea que la querella: pidió que revoquen el sobreseimiento de Macri y ordenen seguir investigando.

Espionaje, Correo y FMI

Además, Macri tiene otros dos frentes en los tribunales federales de Retiro: fue imputado por otro caso de presunto espionaje ilegal al Instituto Patria y a Fernández de Kirchner y aún hay importantes medidas pendientes; y está abierta -también con medidas pendientes- la investigación por el acuerdo que su gobierno firmó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2018, provocando el endeudamiento por US$40.000 millones.

En el caso por presunto espionaje ilegal al Instituto Patria, sede del kirchnerismo durante el gobierno de Macri, el fiscal Franco Picardi solicitó al juez Marcelo Martínez De Giorgi que pida a la AFI todas las líneas telefónicas institucionales asignadas a Macri, Gustavo Arribas (entonces jefe de Inteligencia), Silvia Majdalani (entonces segunda de la AFI) y otros tres funcionarios de la agencia oficial, entre los meses de junio y noviembre del año 2018, para que sean peritadas por la Dirección de Asistencia en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación (DAJuDeCO) y se crucen las llamadas entrantes y salientes durante los hechos clave del supuesto espionaje ilegal investigado.

El expresidente tiene otro caso penal abierto: Correo Argentino SA. Macri quedó imputado por el fiscal Juan Pedro Zoni en 2017 (lueo desplazado de la fiscalía), pero el expediente continúa abierto en el juzgado federal de Ariel Lijo.

Otros casos relacionados

Tanto Báez como López también tendrán sus propios capítulos en Casación en los próximos meses. Báez está condenado a doce años de prisión por lavado de dinero agravado de la corrupción y a otros seis años como partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, en el caso Vialidad. La confirmación de su condena por el caso de lavado también está pendiente en Casación y se espera para este año, afirmó una fuente del tribunal. A partir del 9 de marzo, su defensa podrá apelar la condena en Vialidad ante el mismo tribunal y la fiscalía presentará un recurso para solicitar que se lo condene por el delito de asociación ilícita, por el que fue absuelto.

Cristóbal López y De Sousa fueron absueltos en el juicio por el caso Oil Combustibles, lo que también está pendiente en Casación, ya que el fiscal del juicio presentó un recurso para que se revise la decisión del tribunal oral. Se fijó una audiencia para junio de este año.

ED

El día después del juicio por el caso Vialidad, que tiene a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner entre los imputados por presunta asociación ilícita y defraudación a la Administración pública, encontrará al Tribunal Oral Federal número 2 en una audiencia virtual por un caso de lesa humanidad durante la última dictadura militar. Sin embargo, el veredicto contra la expresidenta -que se espera para este martes por las tarde- incidirá en otras dos acusaciones cuyos casos atraviesan etapas clave: Hotesur-Los Sauces y el caso de los cuadernos, según la información corroborada por elDiarioAR de fuentes directas de estos expedientes.

Los fiscales que trabajan en los juicios pendientes contra la vicepresidenta ya debaten a puertas cerradas las consecuencias de una posible condena por asociación ilícita, una imputación criticada por juristas y políticos de distintos sectores que ven a este tipo de imputaciones como amplias y tendientes a la persecución política. Vialidad no es la única causa en la que Fernández de Kirchner es acusada de integrar una supuesta organización montada con fines delictivos.

En Vialidad, el único juicio oral y público en su contra que vio la luz hasta el momento, la vicepresidenta tiene un pedido de pena de la fiscalía de doce años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El fiscal Diego Luciani la acusó de ser la jefa de una asociación ilícita organizada con funcionarios durante sus dos gobiernos y el empresario Lázaro Báez para defraudar al Estado Nacional y desviar fondos del Tesoro hacia las constructoras del entonces socio de la familia presidencial a través de licitaciones direccionadas. 

La asociación ilícita debe cumplir con ciertos requisitos penales: debe estar integrada por una estructura organizada que permanezca en el tiempo y que a lo largo de su existencia cometa reiteradamente delitos. Pero, ¿puede una misma personas integrar o liderar distintas asociaciones ilícitas? Es lo que discuten los fiscales de juicio Luciani, Diego Velázco (Hotesur-Los Sauces) y Fabiana León (cuadernos) de cara a los próximos juicios orales y públicos que podría enfrentar Fernández de Kirchner, de acuerdo con la información obtenida por elDiarioAR.

Los tres fiscales mantuvieron reuniones de cara al veredicto de este martes para analizar los escenarios que deberán habitar cuando comience el juicio de los cuadernos, sin fecha de inicio; y en el caso de que la Sala I de la Cámara Federal de Casación ordene la realización del juicio de Hotesur-Los Sauces, un fallo que se espera para el próximo 22 de diciembre, pero que podría dilatarse para comienzos de 2023. 

En el caso Cuadernos, Fernández de Kirchner está acusada de liderar una supuesta asociación ilícita para recaudar sobornos o pagos ilegales de empresarios contratistas del Estado. En Hotesur-Los Sauces, la imputación también la colocaba en el rol de la jefa de una asociación ilícita para lavar dinero proveniente de los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López a través de los negocios hoteleros e inmobiliarios de su familia. 

En noviembre de 2021, la ex presidenta y el resto de los imputados de Hotesur-Los Sauces fueron sobreseídos antes del juicio por dos de los jueces del Tribunal Oral Federal número 5. Daniel Obligado y Adrián Grunberg sostuvieron en su fallo que tanto Fernández de Kirchner como Lázaro Báez eran objetos de “una múltiple persecución penal referida a un mismo hecho concreto; esto es, la presunta asociación ilícita de la que ambos habrían formado parte, la primera como ‘jefa’ y el segundo como ‘organizador’” en referencia a la imputación en el juicio de Vialidad. 

Ese mismo razonamiento podría ser aplicado por jueces de otros tribunales o de la Casación si la condena en el caso Vialidad incluye el delito de asociación ilícita. Esta posibilidad abre otros escenarios que aún no están claros: ¿cómo incidirá en las imputaciones del resto de los acusados en Cuadernos y Hotesur-Los Sauces? Por ejemplo, el exfuncionario Roberto Baratta (acusado en Cuadernos) y el diputado Máximo Kirchner (sobreseído por el momento en Hotesur-Los Sauces) no están acusados en el juicio de Vialidad. Si la imputación contra Fernández de Kirchner como jefa de una presunta asociación ilícita se cae, ¿sucederá lo mismo con los otros imputados que son juzgados por ese delito por primera vez?

Además, la exclusión de la figura de supuesta jefa de una asociación ilícita en futuros juicios incidirá en el peso de las penas. Este delito tiene un máximo de diez años de prisión, mientras que el cohecho pasivo alcanza los seis años de pena. En el caso de una eventual condena por lavado de activos agravado, el castigo de la ley contempla penas mayores.

ED

Sobreseída o nuevamente en el banquillo de los acusados de un juicio oral y público, la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner continuará en el centro de la escena durante el año electoral. Además del inminente veredicto por el caso Vialidad, aún están en  juego los dos sobreseimientos anticipados que la vicepresidenta obtuvo a finales de 2021 en las causas por el Memorándum con Irán y Hotesur-Los Sauces. Las definiciones deberían llegar el 20 y 22 de diciembre próximos, aunque los fallos podrían demorarse hacia febrero o marzo, explicaron a elDiarioAR fuentes judiciales que intervienen en ambos casos.

Estos sobreseimientos anticipados fueron ordenados por los tribunales orales federales número 8 (Memorándum) y 5 (Hotesur-Los Sauces) en octubre y noviembre del año pasado. Le permitieron a la expresidenta evitar el inicio de dos juicios orales y públicos pero ambos expedientes llegaron a la Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal del país que revisa las decisiones que toman los jueces de los tribunales de juicio. Todos los acusados en estas causas siempre han negado la comisión de delitos por los hechos investigados. En el caso de los hoteles, el diputado Máximo Kirchner y su hermana menor, Florencia, hijos de la exmandataria, también fueron sobreseídos y se decidirá si se les revoca ese fallo y deben ir a juicio. En Memorándum, también estuvieron acusados el senador Oscar Parrilli; el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena; el procurador del Tesoro, Carlos Zannini; y Andrés Larroque, ministro de Desarrollo de la provincia de Buenos Aires.

Ambos casos recayeron en la Sala I, integrada por los jueces Ana María Figueroa, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, los mismos que ya intervinieron en la causa Dólar Futuro y ordenaron los sobreseimientos anticipados de Fernández de Kirchner y el resto de los imputados por inexistencia de delito (el caso está pendiente en la Corte Suprema, con un dictamen del procurador general Eduardo Casal a favor de la realización del juicio).

Tras un año en la Casación, los tres jueces están en condiciones de decidir si confirman los sobreseimientos y el cierre de ambas causas o si los revocan y ordenan realizar los juicios orales y públicos.

Figueroa, la única mujer integrante de la Sala, tiene una posición tomada en los casos relacionados con Fernández de Kirchner, en los que suele fallar en consonancia con los planteos de la defensa de la vicepresidenta, por lo que su voto podría ser el más predecible, aunque cada expediente es un mundo.

Los jueces Petrone y Barroetaveña, en cambio, han votado en el caso de los cuadernos en posición contraria a las defensas, aunque a favor en Dólar Futuro. Hay que salvar las diferencias entre determinadas causas y otras, advierten en Comodoro Py ante las consultas de elDiarioAR: Dólar Futuro fue un expediente criticado por muchos juristas, incluso lejanos a las posiciones de los kirchneristas. 

El caso Memorándum tiene un perfil similar, ya que se cuestiona que la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman por la firma de un memorándum de entendimiento con Irán en 2013, que buscaba que la Justicia argentina indagara a los acusados iraníes en un país neutral- no encuadraría la comisión de delitos sino de decisiones de política internacional con intentos de incidencia en el desarrollo de la causa AMIA. 

Otro cantar es Hotesur-Los Sauces, un caso basado en el presunto lavado de dinero de la familia Kirchner a través de sus negocios privados en hoteles y propiedades inmuebles con dos proveedores del Estado: los empresarios Lázaro Báez y, en menor medida, Cristóbal López y Fabián De Sousa. El primero está condenado a doce años de prisión por lavado de dinero agravado de la corrupción y tiene un pedido idéntico de pena en Vialidad como presunto integrante de una asociación ilícita para defraudar al Estado. Los otros dos están sobreseídos por la causa Oil Combustibles y su caso fue apelado por el fiscal de juicio.

Los plazos de Casación vencen el 20 y 22 de diciembre para definir el futuro de los juicios de Hotesur-Los Sauces y Memorándum, respectivamente, ya que las últimas audiencias ante los jueces para que las partes expongan sus argumentos fueron el 23 y 24 de noviembre últimos, y los jueces tienen 20 días hábiles para fallar, aunque estos plazos muchas veces no son cumplidos. Estos son dos los escenarios que enfrenta la vicepresidenta.

Escenario sobreseída

En abril de 2021, esta misma sala de Casación sobreseyó a Fernández de Kirchner y al resto de los imputados por el caso Dólar Futuro y anuló así el comienzo del juicio oral y público. Esa decisión de los jueces Figueroa, Barroetaveña y Petrone fue recurrida (como se define a la apelación en este tribunal) por el fiscal general Raúl Plee, en representación del Ministerio Público Fiscal, quien solicitó a la Corte Suprema que revoque el fallo y ordene la realización del juicio.

El fiscal Pleé pudo acudir ante la Corte porque el fallo de Casación es equiparable a una sentencia definitiva, ya que implicó el cierre de la causa Dólar Futuro. Es en este escenario en el que las partes de un proceso tienen herramientas procesales para solicitar la intervención del máximo tribunal.

En el caso Hotesur-Los Sauces, el fiscal del juicio, Diego Velazquez se opuso al cierre de la causa y llevó el caso a Casación a finales de 2021. En dicha instancia, el fiscal general Mario Villar reclamó la realización del juicio oral y público y tendrá la misma opción que su colega Pleé si los jueces de Casación confirman los sobreseimientos de la vicepresidenta y el resto de los imputados por el presunto lavado de dinero de la familia Kirchner y los empresarios Báez y López. 

El fiscal Villar podrá presentarse ante la Corte para que los jueces del máximo tribunal decidan si confirman los sobreseimientos o los revocan y ordenan la realización del juicio.

En Memorándum la situación es diferente. El fiscal de juicio, Marcelo Colombo, y la querella, integrada por dos familiares de víctimas de la AMIA y representada por el abogado Tomás Farini Duggan, se opusieron a los sobreseimientos anticipados y al cierre de la causa dictados en octubre de 2021 por el tribunal oral federal. Llevaron el caso ante la Casación. Sin embargo, el fiscal general Javier De Luca, que representa al Ministerio Público en dicha instancia, planteó que la firma del acuerdo con Irán no implicó la comisión de ningún delito, es decir, coincidió con la lectura de los jueces del tribunal de juicio. Eso resta posibilidades a la reapertura del juicio, explicó una fuente del Ministerio Público Fiscal.

Aún así, la participación de la querella garantiza que si Casación confirma los sobreseimientos el caso llegará a la Corte, ya que los familiares de las dos víctimas de la AMIA tienen potestad para oponerse al fallo y recurrir al máximo tribunal. 

En este escenario, en el que la vicepresidenta seguiría sobreseída, aún existiendo oposiciones y planteos ante la Corte las causas Hotesur-Los Sauces y Memorándum  seguirán cerradas y los juicios no se realizarían hasta que la Corte decidiera ordenar lo contrario.

Los cortesanos no tienen plazos para intervenir. Tampoco apuro. El caso Dólar Futuro ingresó a la Corte en junio de 2021 y un año y medio después aún no hay fallo.

Escenario a juicio

En el escenario posible de que la Sala I (por voto de la mayoría de los jueces o por unanimidad) revoque los sobreseimientos anticipados dictados por los tribunales orales federales en las causas Hotesur-Los Sauces y Memorándum con Irán y ordene la realización de los juicios, ambos casos no quedarán en la misma situación que Dólar Futuro. 

Revocar los sobreseimientos y ordenar que comiencen los juicios anulados no es equiparable a una sentencia definitiva, explicaron fuentes judiciales de Casación y del Ministerio Público Fiscal ante la consulta de elDiarioAR. ¿Qué implica este escenario para la vicepresidenta y el resto de los imputados en Hotesur-Los Sauces y Memorándum? Si Casación opta por este camino, los acusados deberán atravesar los juicios orales y públicos y no hay posibilidad de frenarlos. Al menos no dentro de las normas.

Este escenario no habilita a las defensas a recurrir el fallo ante la Corte, aseguraron las fuentes consultadas. 

Como caso excepcional, los abogados podrían alegar “arbitrariedad” de los jueces de Casación y presentar un recurso extraordinario ante el máximo tribunal, aclaró uno de los juristas en diálogo con este medio, pero las chances de demostrar realmente que la decisión de los magistrados fue arbitraria es muy baja en estos casos y la Corte suele rechazar de plano los planteos. Además, el máximo tribunal no tiene plazos para fallar.

El hecho de que las defensas recurran a esta vía no implica frenar el comienzo de los juicios, afirmó la fuente, porque el fallo de Casación no se suspende.

Nuevos jueces

Si la Casación optara por este camino en uno o ambos casos pendientes, se reconfigurará el mapa de los jueces en ambos casos: deberán enviar los expedientes nuevamente a sorteo entre los tribunales orales federales de Comodoro Py. 

Los jueces que intervinieron originalmente en estas causas no podrían seguir haciéndolo. El Tribunal Oral Federal número 8 planteó por unanimidad que en el caso del Memorándum no existió la comisión de ningún delito, por lo que los tres jueces ya opinaron y no podrán juzgar el caso. 

Lo mismo sucede con dos de los tres jueces del Tribunal Oral Federal número 5, del caso Hotesur-Los Sauces. De hecho, el fiscal Villar ya solicitó que se aparte a ambos magistrados del sorteo en caso de que se ordene la realización del juicio argumentando que se excedieron al cerrar la causa cuando opinaron sobre el fondo de la cuestión. 

Memorándum sin fiscal

En el caso de que Casación ordene la realización del juicio por el acuerdo con Irán, las posiciones encontradas entre el fiscal de juicio y el fiscal de Casación abren la posibilidad de que el juicio deba realizarse sin la intervención de una fiscalía, aseguraron fuentes directas del Ministerio Público Fiscal. Esto se debe a que el fiscal de Casación, en este caso De Luca, planteó la inexistencia de delito por lo que el fiscal Colombo perdió margen para sostener su acusación.

En ese caso, la acusación quedaría en manos de la querella. 

Tiempos

De ordenarse el inicio de los juicios por Hotesur-Los Sauces y/o por Memorándum, Casación podría apurar o no los plazos en su fallo, indicando celeridad a los tribunales orales federales o, de lo contrario, obviando ese punto, abriendo la posibilidad de que se dilate el comienzo de las audiencias. 

¿Cuánto tiempo más podrá Comodoro Py evitar el inicio de los juicios en este escenario? En ambas causas, las partes ya han presentado sus pruebas y los casos están en condiciones de iniciar las audiencias. 

Sin embargo, hay cuestiones no jurídicas que incidirán, explicaron las fuentes consultadas en los tribunales: 2023 es año electoral y aún resta saber qué rol ocupará Fernández de Kirchner, si será candidata presidencial, armadora política de la sucesión de Alberto Fernández o si se mantendrá al margen.

El veredicto por el caso Vialidad también incidirá, aseguran en los tribunales de Retiro. Los jueces estarán atentos al humor social que cultivará una absolución, condena o condena parcial a la vicepresidenta. Y si los fallos de la Sala I de Casación llegan a término, en decir, a finales de diciembre, ese humor social vendrá de la mano con el rebote que generará en las mismas fechas el desempeño de la Selección argentina en el Mundial de Fútbol y el factor distracción.

ED

Condenada o absuelta, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner marcará a fondo la agenda judicial de diciembre y de los meses subsiguientes, mientras se abre el camino hacia las próximas elecciones presidenciales. El Tribunal Oral Federal número 2 comunicará el veredicto del caso Vialidad los primeros días de diciembre, de acuerdo con estimaciones de las partes que intervienen en el juicio oral y público por presunta asociación ilícita y defraudación a la Administración pública consultadas por elDiarioAR.

Antes y después del veredicto en el único juicio en su contra, otras causas centrales para Fernández de Kirchner tendrán movimientos y definiciones: Comodoro Py debe decidir si se realizarán o no los juicios por dos casos en los que la vicepresidenta y el resto de los imputados fueron sobreseídos de forma anticipada y los debates oral y públicos se anularon. Se trata de los casos Hotesur-Los Sauces y Memorándum con Irán.

Un cuarto caso que va camino al juicio oral y público, la causa de los cuadernos de la presunta corrupción en la obra pública, avanza pero lentamente, y la posibilidad del inicio de las audiencias parece lejano. Aún así, cuadernos se reinstalará en la agenda judicial cuando los ecos de una pericia oficial rebote en el futuro del debate.

Ya no como imputada o sobreseída, sino como querellante, Fernández de Kirchner espera decisiones clave en el expediente en el que se investiga el homicidio agravado en tentativa por el atentado contra la vida. 

Por lo pronto, sus abogados tendrán audiencias este martes, miércoles, jueves y viernes por los cuatro casos mencionados. Este es un resumen de los acontecimientos judiciales que tendrán a la vicepresidenta como protagonista en las próximas semanas, según pudo corroborar elDiarioAR de fuentes judiciales, de los abogados intervinientes, el Ministerio Público y documentos de los expedientes.

Querellante

En la previa al veredicto de Vialidad, la expresidenta espera un fallo de la Cámara Federal porteña en la causa por el intento de matarla, ocurrido el 1° de septiembre último. El camarista Leopoldo Bruglia se encuentra analizando la recusación a la jueza María Eugenia Capuchetti, presentada por los abogados de Fernández de Kirchner en el expediente del atentado fallido, y deberá también definir sobre medidas de prueba solicitadas por la querella. Ambas decisiones marcarán el pulso de la investigación.

Bruglia, integrante de la Sala I de la Cámara de apelaciones, tiene como una de sus prioridades de agenda definir si la jueza Capuchetti seguirá o no a cargo de la causa del atentado. La jueza ya presentó un informe de 43 páginas rechazando su apartamiento del expediente y a partir de este miércoles, cuando se realice una audiencia con la querella, Bruglia estará en condiciones de definir el incidente (al ser una recusación, interviene sólo un juez del tribunal de apelaciones), explicaron dos fuentes con acceso directo al caso.

La querella pidió que la magistrada sea apartada por presunta negligencia y temor de parcialidad, en el primer punto por el reseteo del teléfono del principal acusado, Fernando Sabag Montiel; y en segundo, por considerar que la jueza no profundizó algunas pistas importantes para que la querella, que podrían profundizar sobre más responsables en la planificación del atentado. 

Una de esas pistas en conflicto es la que apunta a Milman y por negarse a secuestrar los teléfonos celulares de las dos asesoras que acompañaba al diputado el 30 de agosto en la confitería Casablanca cuando, de acuerdo con un reciente testigo, Milman habría dicho: “Cuando la maten yo voy a estar camino a la costa”. El diputado negó haber pronunciado la frase en un escrito que presentó ante el juzgado.

La Sala I de la Cámara Federal también deberá definir sobre el secuestro de los teléfonos de ambas mujeres, ya que la querella apeló la negativa de la magistrada, aunque con conocimiento de que tiene pocas chances de ganar (las cuestiones relacionadas a medidas de prueba no son apelables por reglamento).

La jueza afirmó en el informe ante la Cámara revisora que investigó todas las hipótesis, “incluso aquellas sostenidas por la parte querellante que luego fueran desestimadas en mérito al resultado de las diligencias proyectadas y dirigidas a determinar su eventual corroboración”, de acuerdo con el escrito. También sostuvo que los planteos de la querella sobre supuestas irregularidades al inicio de la investigación se plantearon recién dos meses después, lo que ni siquiera es admisible en el Código Procesal Penal.

Bruglia no tiene plazo para tomar una decisión: si confirmar o apartar a la jueza de la causa, pero en la Cámara estima que será pronto. 

Audiencias en Casación

Esta semana, además, se celebrarán las últimas audiencias de dos casos centrales para la vicepresidenta en otra instancia: la Cámara Federal de Casación -máximo tribunal penal del país-, que tiene pendiente resolver si Fernández de Kirchner debe o no afrontar los juicios oral y públicos por Hotesur-Los Sauces y Memorándum con Irán. 

En ambos expedientes, la expresidenta y el resto de los imputados fueron sobreseídos de manera anticipada por “inexistencia de delito” y ambos expedientes están siendo revisados por los mismos jueces de Casación, integrantes de la Sala I: Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Ana María Figueroa.

El expediente en el que se acusa a la expresidenta y otros exfuncionarios y aliados del kirchnerismo por el presunto encubrimiento del atentado a la AMIA en 1994 a través de un pacto con el gobierno iraní tendrá su segunda audiencia este jueves 24 para terminar de escuchar a las partes a favor y en contra del cierre de la causa previo al juicio oral y público que debía desarrollarse este año en el Tribunal Oral Federal número 8. Tras la audiencia, los jueces estarán en condiciones de decidir el futuro de la causa, que ha despertado críticas incluso de juristas ajenos al kirchnerismo.

Este caso se sostiene por el impulso de la querella, integrada por los padres de dos víctimas del atentado de la mutual judía, ya que el fiscal Javier De Luca entendió, al igual que los jueces del tribunal oral, que la firma del memorándum no implicó un delito.

En el caso Hotesur-Los Sauces, el Tribunal Oral Federal número 5 debía juzgar a Fernández de Kirchner, a sus hijos Máximo y Florencia y otros acusados, pero dictó los sobreseimientos anticipados de todos en noviembre de 2021. 

Tras el planteo del fiscal Diego Velazco, el caso llegó a Casación. La segunda audiencia para revisar si el juicio debe realizarse será el martes. El fiscal Mario Villar ya expuso a principios de noviembre y se opuso al cierre de la causa: solicitó a los jueces que ordenen realizar el juicio oral y público por el caso de presunto lavado de dinero a través de los hoteles y propiedades inmuebles de la familia Kirchner.

Los jueces Barroetaveña, Petrone y Figueroa ya intervinieron en un caso de este tipo: en abril de 2021, sobreseyeron a la vicepresidenta y al resto de los imputados del caso Dólar Futuro, antes del inicio del juicio, por inexistencia de delito. 

Este caso -también criticado por juristas no alineados al kirchnerismo y aún pendiente de revisión en la Corte Suprema- es un precedente clave para las causas Memorándum y Hotesur-Los Sauces, pero tanto en Comodoro Py como entre las defensas, saben que el talón de Aquiles de Fernández de Kirchner es su relación comercial con Lázaro Báez, el empresario proveedor de obra pública que comparte banquillo de acusados en el juicio por Vialidad y ya fue condenado a 12 años de prisión por lavado de activos agravado provenientes de la corrupción.

Vialidad

El juicio que lleva adelante el Tribunal Oral Federal número 2 por la supuesta adjudicación irregular de 51 obras viales al empresario Báez, y en el que la vicepresidente enfrenta un pedido de pena de 12 años por parte de la fiscalía, ingresó en su etapa final, previa al veredicto: las palabras finales de los imputados. Los jueces fijaron audiencias para escuchar a los acusados que quieran dirigirse por última vez a los magistrados antes de escuchar el fallo final.

Las primeras dos audiencias de esta etapa serán el próximo viernes 25 para escuchar a Lázaro Báez, Mauricio Collareda, Raúl Daruich, Julio De Vido y Abel Fatala; y el martes 29, para Fernández de Kirchner, Héctor Garro, Carlos Santiago Kirchner y José López. 

Ese día, el tribunal debería fijar fecha para una tercera audiencia, con el objetivo de escuchar a los últimos cuatro acusados y comunicar el veredicto, que se espera para los primeros días o primera quincena de diciembre. Todos los imputados se han declarado inocentes.

Ya sea absuelta o condenada por ambos delitos o sólo por uno de ellos -asociación ilícita y defraudación a la Administración pública-, Fernández de Kirchner podrá recurrir el fallo a la Casación. También podrán hacerlo los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, en caso de una absolución total o parcial. Esto significa que Vialidad no terminará en diciembre, aunque el veredicto será la principal noticia que logre opacar el Mundial de Fútbol.

Cuadernos

El juicio oral y público por el caso de los cuadernos de la supuesta corrupción en la obra pública también ingresó en una etapa clave para el futuro del caso pero muy lejos del juicio de Vialidad. 

En la causa, serán juzgados decenas de los empresarios otrora más poderosos del país, exfuncionarios y la vicepresidenta por presunto cohecho o pago de sobornos registrados en los cuadernos del exchofer Oscar Centeno, quien trabajaba para el funcionarios Roberto Baratta, del ministerio de Planificación. 

Fernández de Kirchner está acusada de haber liderado una asociación ilícita que recaudaba dinero de empresarios contratistas del Estado (obra pública, transporte, energía).

El Tribunal Oral Federal número 7 se encuentra en condiciones de analizar qué pruebas solicitadas por la fiscalía de juicio y los abogados defensores realizará antes del debate oral y público por la causa madre -hay otros expedientes satélites que vienen más atrasados-. 

Esto significa que el caso ya comenzó a moverse en el tribunal. Pero el proceso viene lento. La fiscal Fabiana León solicitó que se suspenda la vista hasta que se termine de digitalizar el expediente de los cuadernos para poder acceder a la totalidad de la causa. Como consecuencia, todo podría demorarse más, pero dependerá de los jueces del tribunal.

El tribunal tiene, además, los originales en papel de seis de los ocho cuadernos de Centeno, y varias defensas han vuelto a solicitar que se realicen pericias caligráficas de los escritos para determinar cuándo se escribieron, ya que algunos abogados sostienen que no habrían sido escritos como un diario, a lo largo de los años, sino que formarían parte de una operación contra el kirchnerismo durante el gobierno de Mauricio Macri.

Los nunca fueron peritados en la causa. Los jueces deberán decidir si ordenan la pericia caligráfica. Ahora tienen un antecedente que algunas de las defensas no dejarían pasar: en los tribunales de Comodoro Py, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ordenó una pericia caligráfica a la Policía Federal Argentina (PFA) a pedido de uno de los empresarios imputados, Armando Losón, del Grupo Albanesi.

La pericia oficial se realizó sobre las fotografías digitalizadas de tres de los ochos cuadernos, que son en los que se menciona a Losón: los cuadernos 4, 7 y 8. Los expertos de la Policía Federal ratificaron que los cuadernos fueron escritos por el chofer Centeno pero detectaron ciertas alteraciones en el texto original realizadas “por otro escribiente” en los cuadernos 7 y 8, de acuerdo al informe pericial al que accedió elDiarioAR.

ED

El rol de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la adjudicación de obra pública durante sus dos mandatos presidenciales (2007-2015) y el alcance penal de esa responsabilidad es uno de los puntos centrales del juicio oral y público del caso Vialidad, por el que la funcionaria enfrenta un pedido de pena de doce años de prisión e inhabilitación perpetua por liderar una supuesta asociación ilícita para defraudar al Estado a través de la adjudicación ilegal de 51 obras viales al empresario Lázaro Báez, exsocio comercial de los Kirchner.

Uno de los contrapuntos en los alegatos fue el debate sobre “cosa juzgada”, un planteo de las defensas de algunos de los acusados del juicio -entre ellos la de la vicepresidenta- que llegó hasta la Corte Suprema y que refleja la historia de la relación entre el kirchnerismo y el Poder Judicial, que ha oscilado entre la cooptación y el enfrentamiento irreparable. Y el lawfare o guerra judicial, según la versión del oficialismo. 

El máximo tribunal rechazó los argumentos de los abogados, quienes sostienen que la adjudicación de obras a Báez en Santa Cruz y la supuesta cartelización de las mismas a favor del empresario ya fue “juzgada” parcialmente -por el delito de presunta defraudación a la administración pública- tres veces en la Justicia federal de Santa Cruz. 

A partir de 2016, estos planteos de las defensas fueron rechazados desde el juzgado de instrucción hasta el máximo tribunal del país, que se expidió sobre el caso a mediados de este año y con el juicio oral y público cerca del veredicto (se espera para noviembre o antes de finales de año).

La historia del caso Vialidad se remonta a 2008, explicó Fernández de Kirchner durante su alegato, el viernes 23 de septiembre. Efectivamente, en noviembre de ese año, Elisa Carrió denunció al expresidente Néstor Kirchner; al entonces ministro de Planificación, Julio De Vido; y a los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López, entre otros, por presunta asociación ilícita. La denuncia recayó en el juzgado federal número 10, a cargo de Julián Ercolini. El fiscal Gerardo Pollicita requirió que se investigaran los hechos denunciados, que incluían los negocios adjudicados por el Estado Nacional hasta ese momento a ambos empresarios.

“Es necesario que Néstor Kirchner tenga una causa, es necesario que alguna vez alguien vaya preso y devuelva el dinero”, sostuvo Carrió por esas fechas en declaraciones a los medios.   

Entonces, la líder de la Coalición Cívica (CC) afirmó que no buscaba “perjudicar” a Fernández de Kirchner, quien había asumido un año antes como presidenta, pero que la Justicia debía establecer si la mandataria tenía o no responsabilidad en la supuesta asociación ilícita denunciada. “La jefa de la banda seguro que no es -dijo entonces Carrió sobre CFK-, el jefe de la banda se llama Néstor Kirchner y nosotros queremos preservar la autoridad constitucional de la Presidenta de la Nación”.

En 2012, la relación entre el kirchnerismo y el Poder Judicial comenzó a transformarse lentamente de un matrimonio forzado pero conveniente a un divorcio combativo. La fractura tal vez nació con la investigación contra el entonces vicepresidente Amado Boudou por el caso Ciccone, se profundizó con la inconstitucionalidad del memorándum con Irán y se instaló con las causas Hotesur y Los Sauces hasta llegar a los allanamientos a la presidenta en ejercicio en 2014.

Lejos quedaron, entonces, los sobreseimientos apurados a los Kirchner por presunto enriquecimiento ilícito, el desguace de causas como Skanska y los certificados de buena salud judicial que expidieron algunos jueces y fiscales durante los años anteriores. Fernández de Kirchner no habló en su alegato de aquella época, en la que la relación con el Poder Judicial gozaba de armonía, los jueces no eran enemigos, el kirchnerismo no hablaba de lawfare o guerra judicial y ciertos funcionarios garantizaban junto a los servicios de inteligencia del Estado una interpretación muy diferente de los hechos jurídicos.

La denuncia de Carrió terminó dividida en varios expedientes: en 2011, el juez Ercolini concentró una parte de los hechos pero envió a otras jurisdicciones los que correspondían a denuncias de obra pública en las provincias de Chaco, Formosa y Santa Cruz. 

El fiscal Pollicita apeló esa decisión pero su superior, el entonces fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones porteña, Germán Moldes, no acompañó el recurso y evitó así que la discusión continuara. Pocos años más tarde, Moldes sería uno de los principales representantes de Comodoro Py en enfrentar abiertamente a Fernández de Kirchner y miembros de su gobierno, tanto en los medios como en las causas. 

Así nació en 2011 la primera causa por la que Fernández de Kirchner alega que ya fue juzgada por el supuesto direccionamiento de obras viales adjudicadas a Báez en esa provincia y por las que actualmente es juzgada como presunta jefa de una asociación ilícita para defraudar al Estado. Entonces, planteó la defensa de Fernández de Kirchner, que encabeza el penalista Carlos Alberto Beraldi, “se hizo expresa referencia a la existencia de una supuesta asociación ilícita”.

En 2013, una segunda denuncia fue presentada por la diputada Mariana Zuvic (Coalición Cívica) ante el juzgado federal de Río Gallegos, también, por supuesto direccionamiento de obras viales a Báez en esa provincia. 

La tercera causa nació en 2015, en el juzgado de Instrucción número 2 de Río Gallegos.

Los resultados en las tres causas fueron favorables a los funcionarios de la Agencia de Vialidad Provincial y a Báez. Dos de los expedientes fueron archivados y el tercero terminó en sobreseimiento. 

En Comodoro Py, tras varias medidas, la causa original de 2008 quedó en pausa, sin avances significativos. Hasta principios de 2016, cuando tras la llegada de Mauricio Macri a la Casa Rosada, el director de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, presentó con ahínco ante el juez Ercolini una denuncia basada en una auditoría interna del organismo en la que expuso varias de las acusaciones que hoy forman parte del juicio de Vialidad: 

Comenzó entonces la discusión sobre la “cosa juzgada”: ni Fernández de Kirchner, ni Báez ni los funcionarios denunciados podían ser investigados por los mismos hechos dos veces, como garantiza la ley en Argentina. Si bien ella no fue parte de esas tres causas, Beraldi planteó que el objeto procesal sería “sustancialmente idéntico'' y que en las tres causas se determinó la inexistencia de delito.

“Se denunciaron e investigaron supuestas irregularidades advertidas en distintos procesos licitatorios a través de los cuales se asignaron contratos de obra pública vial a las empresas de Lázaro Báez (sobreprecios en las adjudicaciones, incumplimientos contractuales de distinta índole, falta de controles, maniobras de cartelización, etc.)”, planteó la defensa de Fernández de Kirchner. “Cuarenta y nueve de las cincuenta y una obras que son investigadas en esta causa -por Vialidad- ya fueron analizadas en distintos procesos penales que tramitaron en la provincia de Santa Cruz […] las cuales fueron archivadas por inexistencia de delito o bien concluyeron con el dictado de un sobreseimiento” 

Mal puede sostenerse peligro de doble juzgamiento sobre la base de lo que nunca se sometió a juzgamiento en los primeros expedientes.

Fallo de la Cámara Federal porteña.

Desde Comodoro Py hasta la Corte, la interpretación de los jueces fue contraria a las defensas: sostuvieron que para que exista “cosa juzgada” debe haber existido una investigación y no un archivo o sobreseimiento sin medidas de fondo, como se habría dado en Santa Cruz, entre otros argumentos.

El juez Ercolini “realizó un pormenorizado análisis de lo actuado en cada uno de los expedientes” de Santa Cruz y consideró que las denuncias describían los hechos “de forma vaga e indeterminada” y que “los fiscales actuantes en esos legajos, en dos casos, pidieron su desestimación inmediata y, en el restante, delimitaron un objeto procesal genérico, sin realizar una investigación que pudiera siquiera activar el riesgo de una persecución penal múltiple”. “La única medida” realizada por el fiscal del último expediente “fue la obtención de los listados de obras efectuadas en la Provincia de Santa Cruz”, sostuvo Ercolini en respuesta a la defensa. La Cámara Federal porteña, la Cámara Federal de Casación, el Tribunal Oral Federal número 2 y la Corte le dieron la razón al juez.

La Cámara Federal porteña aseguró: “Mal puede sostenerse peligro de doble juzgamiento sobre la base de lo que nunca se sometió a juzgamiento en los primeros expedientes”, radicados en la jurisdicción en la que las acusaciones de lawfare no tienen cabida y en la que los Kirchner moldearon a medida la Justicia local, incluyendo la designación de familiares directos.

Pero si en 2011 Comodoro Py remitió la investigación sobre adjudicación de obras a Báez en Santa Cruz a la Justicia de la provincia, ¿por qué en 2016 se investigó el caso en los tribunales porteños? 

“Esta Corte tiene dicho que frente a casos en los que organismos nacionales remiten fondos a entes provinciales o municipales, ‘una vez que aquéllos fueron recibidos e incorporados al patrimonio local, su presunta afectación o uso indebido solo causaría un perjuicio a sus rentas y no al Estado nacional, por lo que corresponde a la justicia local entender acerca de los hechos presuntamente delictivos que pudieron haberse cometido desde entonces’”, planteó Beraldi ante el máximo tribunal.

“Esta doctrina, sin embargo, no es aplicable” a Vialidad, le respondieron los cuatro jueces de la Corte. Esta es otra discusión central entre las defensas y Comodoro Py, que fue mutando a medida que también cambiaba la relación entre el Poder Judicial y el kirchnerismo. 

Los jueces que intervinieron en el análisis de los planteos de las defensas plantearon que la causa Vialidad implica fondos del Tesoro Nacional orquestados por el ministerio de Planificación Federal y la Dirección Nacional de Vialidad, lo que excluía la jurisdicción de la Justicia santacruceña, incluyendo a la federal con asiento en la provincia porque ambos organismos se manejaban desde la ciudad de Buenos Aires. 

ED

La Cámara Federal de Casación comenzará a revisar a partir del 10 de noviembre próximo el sobreseimiento de todos los imputados, entre ellos la vicepresidenta Cristina Kirchner, en las causas conocidas como Los Sauces y Hotesur, las firmas que administraban los hoteles y otras propiedades de la ex familia presidencial.

El máximo tribunal penal convocó a una audiencia para analizar las apelaciones contra el fallo que declaró el sobreseimiento de todos los imputados, acusados por el delito de lavado de activos.

La fecha de la audiencia es coincidente con el tramo final de la Causa Obra Pública, en la que los fiscales Diego Luciani y Jorge Mola están terminando con sus alegatos.

La audiencia estará a cargo de la Sala I de la Casación, presidida por el juez Diego Barroetaveña, e integrada también por los vocales Daniel Petrone y Ana María Figueroa.

Las partes pueden optar por una audiencia presencial con exposiciones orales (como ocurrió, por ejemplo, en las causas Dólar Futuro y Memorando de Entendimiento con Irán) o presentar sus argumentos por escrito para la evaluación de los jueces.

Para el caso de que la audiencia fuera oral, el tribunal previó una segunda jornada que eventualmente se celebrará el 22 de noviembre.

Cristina Kirchner y el resto de los imputados, entre ellos sus hijos Máximo y Florencia, llegarán a esta instancia sobreseídos por una decisión adoptada por el Tribunal Oral Federal número cinco, que a fines del año pasado adoptó tal decisión por mayoría.

Del resultado de esa audiencia dependerá que los sobreseimientos sean confirmados o que, en su defecto, la Casación los revoque y ordene que se sustancie el debate oral y público.

En ese caso, lo más probable es que el máximo tribunal penal ordene que se sortee un nuevo tribunal para realizar el juicio, para preservar la garantía de imparcialidad.

Con información de agencias.

IG

A pesar de su peso pluma, Judith König dejó huellas profundas. Nació en Buenos Aires, en abril de 1964, y se despidió de este mundo a los 57, el último sábado de enero. Contadora y licenciada en Economía (UBA), de bajo perfil -también era magister en Derecho Tributario por la Universidad de Barcelona-, cumplió un rol central en un sinnúmero de investigaciones que marcaron la historia judicial de las últimas décadas. 

Trabajó en el Juicio a las Juntas Militares en 1985; asesoró a fiscales de todo el país; intervino en causas icónicas, desde el enriquecimiento ilícito de María Julia Alsogaray hasta el juicio de la Tragedia de Once y Hotesur. Además, realizó el cálculo que demostró que el acuerdo entre el gobierno de Mauricio Macri y Correo Argentina SA le costaría $4.000 millones al Estado Nacional en intereses no percibidos; y desentrañó secretos contables del poder económico, como cuando analizó los libros contables de Loma Negra y descubrió la correlación entre la desaparición de uno de los abogados laboralistas en 1977 y la reducción en la previsión de gastos en indemnizaciones laborales en el 72%. 

En los tribunales, es toda una proeza ser persona entrañable. Entre grietas, conflictos de intereses, competencias y recelos, a veces el afecto es cosa de pocos o entre pocos. Pero König tiene un doble mérito: no sólo se ganó el respeto de los tribunales, también se robó el corazón de muchos en el Ministerio Público Fiscal. Su trabajo consistía en asistir a los fiscales para encontrar las pruebas contables, financieras y económicas en delitos complejos y crimen organizado. 

Su último cargo fue el de directora de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) del Ministerio Público Fiscal, una división clave en la asistencia a las fiscalías de todo el país que ella misma creó. Pero su trayectoría en la Procuración General de la Nación comenzó en 1982, en el edificio de la calle Guido. 

Su primera gran colaboración llegaría tres años después al participar de los preparativos del Juicio a las Juntas Militares. Tenía apenas 20 años, cuando Luis Moreno Ocampo le preguntó si quería integrar el equipo de la fiscalía de Julio Strassera, ad honorem y después de horario. König aceptó de inmediato. 

Le asignaron la producción y logística de todos los testimonios del megajuicio, recuerda Carlos “Maco” Somigliana, quien la conoció como parte del equipo, en diciembre de 1984, y fue desde entonces su amigo entrañable. “Judith era una persona muy práctica, así que le asignaron contactar a cada uno de los testigos, que estaban en distintas partes del país, para coordinar con ellos su llegada a Buenos Aires, sus pasajes, el hospedaje. Era mucho trabajo -la tarea continuó durante toda la etapa de audiencias- y los testigos venían con mucho miedo, pero con su vitalidad y calidez, ella lo hacía muy bien”, afirmó Somigliana en diálogo con elDiarioAR.

Fue muy valiente en el caso Correo y no se equivocó en nada. La vamos a extrañar.

Gabriela Boquin — Fiscal general ante la Cámara Comercial.

Al estar pegada al teléfono, König era también la receptora de las amenazas para el fiscal Strassera, casi siempre, amenazas de bomba. Somigliana recuerda lo que su amiga les contestaba: “Para amenazas tiene que llamar en otro horario”. Llevaba siempre puestos el buen humor y la sonrisa. 

Cálida y humilde, son otras dos palabras que surgen instantáneamente ante la pregunta: ¿cómo era más allá de lo profesional? Lo resaltaron cada uno de los entrevistados. También su valentía, afirmó la fiscal general Gabriela Boquin.

En base al cálculo de König, a finales de 2016, Boquin estableció que el acuerdo entre el gobierno de Macri y la empresa de su familia -Correo- era “abusivo” y “en detrimento para el Estado”; y la fiscal frenó así lo planificado desde el Ejecutivo. “La conocí cuando la convocamos a la fiscalía para pedirle colaboración. La DAFI era la más preparada para hacer las pericias en materia comercial y siempre estuvo solícita, no sólo a brindar la colaboración, sino a explicarle a los integrantes de mi fiscalía y a mí cuestiones que exceden el conocimiento de un abogado”, contó Boquin a elDiarioAR. 

Le asignaron contactar a cada uno de los testigos del Juicio a las Juntas, que estaban en distintas partes del país, para coordinar con ellos su llegada a Buenos Aires, sus pasajes, el hospedaje.

Carlos "Maco" Somigliana — Equipo Argentino de Antropología Forense, amigo y excompañero del equipo.

“Me pareció siempre una persona sumamente íntegra y honesta, que aún ante casos hipersensibles para la opinión pública, trabajó con convicción y brindando lo mejor de su conocimiento. Era una mujer muy sana, muy humilde, a pesar de sus conocimientos y experiencia”, aseguró Boquin.

Otra característica de König que resaltó la fiscal general y repitieron algunos de sus colegas consultados para esta nota es que “siempre estaba dispuesta a considerar la opinión del otro y a reconsiderar lo que ella pensaba”. “Fue muy valiente en el caso Correo y no se equivocó en nada. La vamos a extrañar”, dijo Boquin.

El fiscal Carlos Rívolo resaltó otras cualidades de König ante la consulta de elDiarioAR: “Después de que se recibió de contadora, a medida que desarrollaba un expertise en investigaciones patrimoniales, contables y financieras se fue haciendo su lugar. Judith fue perito oficial -por el Ministerio Público Fiscal- en causas relevantes de corrupción de todos los gobiernos democráticos”. 

“Era clara y contundente”, agregó Rívolo y destacó cómo fue gestando las distintas oficinas especializadas en criminalidad económica hasta lograr la creación de la DAFI. ¿Cómo era como asesora de los fiscales? “Proponía lo razonablemente probable y no se iba por las ramas”, afirmó el fiscal y titular de la Asociación de Fiscales, organización en la que König fue tesorera hasta que enfermó de cáncer y donde ayudó a que los fiscales tuvieran su propio edificio como sede de la asociación. “Se fue una amiga, filosa y aguda, en todo sentido. Demasiado temprano e innecesariamente”, afirmó Rívolo.

Una historia de amor

En 1994, el ahora fiscal Pablo Parenti era un joven meritorio de la fiscalía de Gabriel Cavallo. En un encuentro de empleados judiciales en la casa de Manuel Garrido vio por primera vez a Judith König y fue amor a primera vista. Ella ni lo registró. Era unos años mayor que Parenti, estaba en pareja y tenía un hijo, Juan. Pasaron unos tres años hasta que volvieron a reencontrarse en los tribunales. Almuerzos de por medio, con amigos en común, terminaron concretando una historia de amor de 25 años. Tuvieron dos hijas, Morena y Julieta.

“Ella siempre fue del aquí y ahora, fue una persona muy libre. También pasaba muchas horas sentada en la silla, trabajando en la computadora. Yo le reclamaba que no trabajara los domingos -recuerda Parenti ante la consulta de elDiarioAR-. En diciembre de 2020, le diagnosticaron cáncer de ovario. Pasó por una cirugía y un tratamiento que duró hasta julio de 2021. Entonces se reintegró al trabajo pero con otro equilibrio, más consciente de que la vida es mucho más. Fueron unos meses super felices, hermosos, salíamos a caminar, se juntaba más con sus amigos, viajamos a Villa La Angostura y a Ushuaia. Judith se sentía bien, yo la vi más luminosa, más serena”, contó Parenti.

Pero en diciembre último, volvió a sentirse mal. 

En diálogo con este medio, un funcionario de un organismo de control contó que hace casi un año, König le dijo que estaba “con energía para dar pelea” al cáncer. “La vida te sorprende, ahora me tocó esto”, le dijo por chat. Meses más tarde, en junio de 2021, le respondió: “El tratamiento se hace largo”.

“Palabra santa”

Tras el Juicio a las Juntas Militares, Moreno Ocampo montó un equipo para colaborar en causas de criminalidad económica y sumó a König. También fue la primera contadora del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Fue docente y autora de publicaciones.

Cuando llegó el menemismo hacía años que trabajaba en la Justicia federal realizando investigaciones de delitos económicos y su trabajo no era sólo hallar las pruebas contables, económicas y financieras sino presentarlas de forma tal que los jueces y fiscales las comprendieran.

Entre otros tantos cargos, trabajó como secretaria del juzgado de Martín Irurzun. En 1993, descubrió una serie de supuestas irregularidades en la contabilidad de la empresa Torno, que realizaba las obras de limpieza del río Matanza y que fueron clave para que el juez procesara al entonces embajador en Brasil, Alieto Guadagni, publicó Clarín el 7 de agosto de ese año. 

Se fue una amiga, filosa y aguda, en todo sentido. Demasiado temprano e innecesariamente.

Carlos Rívolo — Fiscal federal y titular de la Asociación de Fiscales.

Ante el avance del caso, en el gobierno de Carlos Menem redactaron un decreto para desplazarla del cargo y nombrarla como defensora oficial en otro juzgado, pero König tenía una amiga que era empleada en la Casa Rosada, quien vio el borrador del decreto y avisó a sus superiores a tiempo: era contadora, no abogada. No le encontraron otro cargo y el decreto nunca se firmó.

“Sufrió situaciones de maltrato, de injusticia, de chocarse con la incompetencia de otros, de ver cómo se intentaron muchas veces forzar pruebas, y eso la amargaba mucho”, contó a elDiarioAR una persona de su máxima confianza. “Pero tenía sus estrategias para protegerse a ella misma y a su equipo. Siempre dejaban un dictamen escrito con su posición”, agregó.

El influyente Alberto Binder, abogado especializado en derecho procesal y proceso penal, recuerda que König “fue siempre una de las personas que estaba presente en la ardua tarea de construir herramientas más eficaces contra la corrupción y la criminalidad financiera. Cumplió un papel importante en el fortalecimiento de la capacidad de investigación en los delitos economicos. No tenemos mucha gente así”, afirmó Binder ante la consulta de este medio.

Ella siempre fue del aquí y ahora, fue una persona muy libre. También pasaba muchas horas sentada en la silla, trabajando en la computadora.

Fiscal Pablo Parenti — Esposo.

“Una de sus innovaciones fue que los fiscales pudieran tener sus propios peritos contables”, resaltó Parenti, quien actualmente lidera la Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado (UFICANTE).

El fiscal general Sergio Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), dijo a elDiarioAR: “Tengo una tristeza enorme porque la pérdida de Judith es una pérdida tremenda. Todos los que la conocíamos realmente estamos muy tristes y todavía estamos buscando explicaciones. Son las injusticias de la vida”. 

“Creo que Judith conoce el Ministerio Público Fiscal como pocos y sin dudas que la institución ha perdido una gran baluarte. Un informe de Judith en una causa penal era palabra santa para todos, para las partes, para los jueces. El rigor con el que conjugaba su lado contable, su lado económico y su lado del derecho”, añadió Rodríguez. “Maravillosa, cálida y con mucho carácter, con firmeza. Si tenía que decirte algo que le parecía mal, no dudaba en hacerlo”. Rodríguez también la va a extrañar, aseguró. 

Generaciones

La vida de König tiene otro costado más: los y las más jóvenes del ámbito de fiscalías, ONGs, centros de estudios y universidades la valoran como referente y recuerdan su generosidad y capacidad docente. Los periodistas también conocimos esa faceta suya, cuando nos ahogábamos en informes contables y financieros y recurríamos a la pitonisa de la DAFI para desentrañar la historia detrás del tecnicismo. 

La fiscal federal Alejandra Mángano también trabajó con König en varios casos de corrupción económica. “Fue una mujer solidaria, sorora, divertida y buena compañera. Su importante trayectoria la hizo también una gran docente y formadora profesional para muchos fiscales, entre quienes me incluyo. La vamos a extrañar mucho”, dijo a este medio la fiscal y cotitular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX).

Un informe de Judith en una causa penal era palabra santa para todos, para las partes, para los jueces.

Sergio Rodríguez — Fiscal general y titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).

“Brillante e inteligente, siempre se anticipaba a los acontecimientos”, afirmó la economista y contadora Magdalena Rúa. “Sabía más de derecho procesal penal que cualquier abogado. Ella era la directora de la DAFI pero nos presentaba siempre como compañeros de trabajo”, agregó.

Martina Cirimele, exdirectora ejecutiva del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE), también resaltó la generosidad de König y su predisposición a compartir sus conocimientos y su tiempo. “Es una referenta en investigación financiera y patrimonial -contó la joven la especialista-. Cuando inauguramos el grupo de género en el CIPCE, ella se reunió con el equipo para aportar todas sus ideas y sus ganas para la incorporación de esta perspectiva al estudio de la criminalidad económica. Siempre con mucho entusiasmo”. 

“No sé si Judith se consideraba feminista, pero lo era”, contó a elDiarioAR una de sus colaboradoras en la DAFI.

“Una pionera en la investigación financiera que dejó una huella en sus colaboradores, siempre luchando por los intereses de los que menos tienen y pueden”, afirmó Magalí Bausset, una de sus colaboradoras en la DAFI. En marzo de 2021, König dejó uno de sus puntos de vista en Twitter, algo que no solía hacer con frecuencia. “No importa qué tributos progresivos quieran imponer los legisladores, siempre va a haber un juez conservador dispuesto a salir en defensa de los ricos que no quieran pagar impuestos. Así se mantiene la regresividad tributaria y los pobres siguen pagando el IVA”, escribió.

Fue una mujer solidaria, sorora, divertida y buena compañera.

Alejandra Mángano — Fiscal federal y cotitular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX).

Un funcionario de un organismo de control que compartió con König diversos casos de investigación en los años ‘90 y 2000, recuerda a la experta pronunciando reiteradamente el nombre “Morena”, su primera hija con Parenti. “La tenía siempre presente”. Más tarde, nació Julieta, su segunda niña. 

Sebastián Narvaja, fiscal de la Unidad de Delitos Económicos de Santa Fe, recalcó que en su provincia, König “fue incondicional colaboradora para capacitar investigadores”. El abogado Pedro Biscay recordó el aporte de la experta en “el cómputo del perjuicio del caso Greco”.

“Habíamos conseguido la detención de un prófugo y eso le costó una apuesta. La llamé contento y me dijo: ‘Prisión preventiva consigue cualquiera. El tema es que esté preso con condena’ -contó a este medio otro investigador del Ministerio Público Fiscal-. Igualmente pagó el almuerzo por la apuesta en un prestigioso club de la Ciudad de Buenos Aires. ‘Acá están todos los que investigás, te traje sólo para que veas que el trabajo termina cuando tengamos condena’. La condena del prófugo llegó en 2019 y me replicó: ‘Aún falta, tiene que estar firme’. Incansable motivadora”, concluyó.

Su esposo, Parenti, recordó una de sus últimas huellas: “Cuando se enfermó y después, en los últimos días, me dijo que ella estaba tranquila, serena. Estaba conforme con su vida y sonreía mucho. La vi con mucha paz, tenía ganas de vivir pero estaba tranquila. Me dijo: ‘Hice todo, tuve una vida hermosa’”.

Este artículo se corrigió a las 15:08. Donde decía Juana debía decir Julieta. König falleció el sábado 29 de enero de 2022 debido a un cáncer de ovario. También se debió quitar un testimonio en on the record a pedido de la autora del testimonio posterior a la publicación.

ED

El fiscal Diego Velazco presentó este lunes un recurso legal para que se revoque el último fallo a favor de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, en el caso Hotesur-Los Sauces, confirmó a elDiarioAR una fuente directa con acceso al expediente. El magistrado solicitó a la Cámara Federal de Casación que revise los sobreseimientos dictados por los jueces Daniel Obligado y Adrián Grünberg, integrantes del Tribunal Oral Federal número 5, y que ordene la realización del juicio.

La expresidenta, sus hijos Máximo y Florencia, y el resto de los acusados, entre quienes se encuentran los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López, fueron sobreseídos antes del juicio oral y público por supuestas maniobras de lavado de activos de la corrupción a través de los negocios hoteleros (Hotesur) e inmobiliarios (Los Sauces) de la familia Kirchner, supuesta asociación ilícita y negociaciones incompatibles. Todos, cargos que Fernández de Kirchner y el resto de los sobreseídos han negado. Sus defensas habían planteado una serie de nulidades.

El caso gira en torno a los alquileres pagados por Báez y Cristóbal López a las empresas Hotesur y Los Sauces, propiedad de la familia Kirchner, mientras las constructoras de los empresarios obtenían licitaciones y contratos de obra pública.

La querella, a cargo de la Unidad de Información Financiera (UIF), no había presentado su oposición a los sobreseimientos anticipados al cierre de esta nota. El organismo antilavado, que depende del Ejecutivo, se encuentra en plena transición tras la salida de Carlos Cruz y la asunción la semana última de su nuevo titular, Juan Carlos Otero, explicaron en el organismo ante la consulta.

La continuidad de este caso no sólo dependía hasta este lunes de Velazco, quien preparó su apelación durante las últimas dos semanas. Tendrá un rol clave en el futuro del juicio anulado el fiscal Mario Villar, quien interviene hasta ahora en este expediente ante la Casación. Su función en este tribunal es acompañar o desestimar la apelación de su colega para que sus planteos lleguen a la Sala I del tribunal de revisión. Allí, los jueces Ana María Figueroa, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña deberán analizar los argumentos de los fiscales y decidir si ordenan la realización del juicio.

Son días clave en este tribunal, que debe elegir a su próximo presidente o presidenta. Si uno de los tres jueces de la Sala I es elegido por sus pares no podría integrar la sala momentáneamente, como sucedió con el actual presidente de Casación, Gustavo Hornos. Eso requeriría que otro magistrado del tribunal comience a intervenir en las causas contra la vicepresidenta. Podría ser una decisión clave para el futuro judicial de Fernández de Kirchner, ya que en Casación hay tanto jueces con posturas jurídicas tanto en sintonía como en oposición a las de su defensa.  

Los sobreseimientos

El 26 de noviembre último, los jueces Obligado y Grünberg basaron los sobreseimientos en dos argumentaron centrales: que los acusados no pueden ser juzgados por presunta asociación ilícita porque los hechos y el delito son los mismos que están siendo juzgados en el juicio por la causa Vialidad por presunta corrupción en la obra pública; y, en segundo lugar, que la acusación de presunto lavado de dinero tampoco puede llevarse a juicio porque debe aplicarse la ley de lavado de activos anterior a 2011, que es la más benigna, y no incluye hechos de autolavado, es decir, de maniobras para blanquear el propio dinero supuestamente mal habido.

Los ejes centrales del recurso presentado por Velazco para reclamar la realización del juicio buscan contradecir estas dos posturas, entre otras. Una de las claves está en la jurisprudencia que analizaron en la fiscalía para rebatir a los jueces del tribunal oral. 

Vialidad es el único de los cinco juicios contra Fernández de Kirchner que fue iniciado en los tribunales, en 2019. El caso es por presunta defraudación a la administración pública, entre otros supuestos delitos, en la concesión de obras viales en la provincia de Santa Cruz a favor de las compañías de Báez. Sin embargo, los alquileres pagados por el empresario a Hotesur y Los Sauces no son parte de este expediente, confirmó una fuente directa del proceso de juicio. Sería un punto a favor de Velazco.

La sentencia contra Báez en el juicio que finalizó en febrero es otra carta de la fiscalía, entre otros tantos expedientes, según confirmaron distintas fuentes del Ministerio Público Fiscal consultadas para esta nota. Los jueces del Tribunal Oral Federal número 4 tomaron el criterio del fiscal: que el delito de autolavado es continuado en el tiempo, ya que las maniobras y sus consecuencias se extienden a lo largo de los años y sobrepasa la barrera temporal de 2011. Los hechos de este caso se extienden hasta 2016.

El juez que instruyó la causa contra Báez, Sebastián Casanello, y el fiscal del juicio, Abel Córdoba, también han sostenido que debía aplicarse la nueva ley de lavado, a pesar de que los hechos habían comenzado con anterioridad a su sanción.

Los jueces

En la Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal del país y la instancia previa a la Corte, la revisión de los cuatro grandes juicios contra la vicepresidenta quedaron en manos de los mismos tres jueces. Este tribunal está integrado por doce jueces que se dividen en cuatro salas y un presidente. Tanto Dólar Futuro como Memorándum y Hotesur-Los Sauces terminaron en la Sala I. 

Los mismos tres magistrados también tienen a su cargo la revisión del caso Cuadernos, un expediente sobre el que se espera que los abogados de la vicepresidenta, encabezados por Carlos Beraldi, también planteen nuevas nulidades para evitar el inicio del juicio, que aún ni siquiera tiene fecha. Dos ellos, Petrone y Barroetaveña, ya validaron las declaraciones de los arrepentidos de la causa. 

Sin embargo, en Dólar Futuro, tuvieron otra posición. Los tres jueces de la sala coincidieron a principios de año en sobreseer de forma anticipada al juicio a Fernández de Kirchner y al resto de los acusados, entre ellos el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; y el presidente del Banco Central, Miguel Pesce. 

Ahora, tras haber abierto la puerta con aquel primer fallo, deben decidir sobre los sobreseimientos anticipados dictados por dos tribunales orales: Memorándum con Irán y Hotesur-Los Sauces.

ED

El fiscal Diego Velazco, a cargo de la acusación en el juicio oral y público por el caso Hotesur-Los Sauces, prepara un recurso para apelar los sobreseimientos de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia, los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López y el resto de los acusados, confirmó a elDiarioAR una fuente con acceso directo al expediente.

El escrito será presentado ante la Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal del país, para que otros tres jueces revisen los sobreseimientos anticipados que dictó el Tribunal Oral Federal número 5 este viernes.

Los jueces Daniel Obligado y Adrián Grünberg votaron a favor de Fernández de Kirchner y del resto de los imputados. La jueza Adriana Palliotti, la tercera integrante del tribunal 5, votó en contra de los sobreseimientos y planteó que el caso debía ser analizado en un juicio oral y público, como había solicitado el fiscal Velazco.

El fiscal de juicio tiene un plazo de diez días hábiles para plantear sus argumentos contra el fallo del tribunal. Para que su presentación sea tratada por la Casación, deberá ser acompañada por otro fiscal que interviene en el caso ante el máximo tribunal penal.

En el último planteo de la defensa intervino ante la Casación el fiscal Mario Villar pero una fuente del expediente sostuvo que debería intervenir Raúl Pleé. 

Luego los jueces de la Sala I de la Casación deberán analizar los planteos de ambos fiscales y decidir si confirman los sobreseimientos anticipados o los revocan, lo que habilitaría la continuidad del proceso de juicio.

La Sala I está compuesta por los jueces Ana María Figueroa, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone. Son los mismos que dictaron los sobreseimientos de Fernández de Kirchner y el resto de los imputados del caso Dólar Futuro antes del inicio del juicio oral y público.

Los alquileres

La causa Hotesur-Los Sauces se encontraba hasta este viernes en etapa de instrucción complementaria, un periodo entre la elevación a juicio y el inicio del debate oral y público en el que la fiscalía y las partes pueden proponer al tribunal medidas de prueba complementarias. De hecho, por una solicitud de las defensas, se ordenaron dos pericias contables que aún no han finalizado, según explicó la jueza Palliotti en su voto del viernes.  

En el juicio, que ahora fue dejado sin efecto, los acusados debían ser juzgados por supuestas maniobras de lavado de activos de la corrupción a través de sus negocios hoteleros (Hotesur) e inmobiliarios (Los Sauces), supuesta asociación ilícita y negociaciones incompatibles.

Los hechos giran en torno a los alquileres de hoteles y propiedades inmuebles de la familia Kirchner y un supuesto circuito para blanquear dinero de la corrupción en la obra pública. Los Kirchner no niegan la existencia de los alquileres pagados por Báez y López pero sí rechazan que Hotesur y Los Sauces se hayan montado para la comisión de ilícitos.

Hotesur SA era la dueña de los hoteles Alto Calafate y Las Dunas. Valle Mitre, una sociedad de Báez que administró el hotel Alto Calafate entre 2008 y 2013, le pagó a Hotesur al menos $26.514.978 en concepto de “cánones locativos” y otros $6.909.708 por la gerencia de Las Dunas, según los procesamientos dictados por el juez Julián Ercolini. Los contratos se firmaron con Néstor Kirchner en vida pero se prorrogaron en 2011, cuando el expresidente ya había fallecido. 

Los fondos de Valle Mitre que terminaron en el patrimonio de la familia Kirchner provenían a su vez de otras empresas de Báez con contratos de obra pública en Santa Cruz, como Austral Construcciones, Kank & Costilla Sa y Loscalzo y Del Curto SRL, que le pagaban a Valle Mitre por la supuesta ocupación de habitaciones en los hoteles.

La sociedad anónima Los Sauces nació en 2008. Fue creada por Néstor, Cristina y Máximo Kirchner, pero comenzó a tener actividad como empresa inmobiliaria en 2009, cuando compañías de Báez y López comenzaron a girarle fondos, según consta en la confirmación de los procesamientos en la Cámara Federal porteña. 

Para montar esta empresa inmobiliaria, entre 2008 y 2010, Néstor y Cristina cedieron algunas propiedades de su patrimonio a Los Sauces. Luego Néstor y Máximo Kirchner adquirieron otros inmuebles y los inscribieron a nombre de la sociedad.  

Entre 2009 y diciembre de 2016, Los Sauces le facturó $18.554.725 a dos empresas de Grupo Indalo (de López) y otros $6.851.650 a empresas del Grupo Báez por “alquileres para viviendas u oficinas”. Entre ambos empresarios garantizaron casi el 90% de los ingresos de Los Sauces, según la pericia contable realizada durante la instrucción de la causa. 

La mayoría de los contratos de alquiler de las propiedades de Los Sauces no pudieron ser hallados ni se dio con la totalidad de las facturas, según la pericia. La sociedad sólo registró dos empleados: un jardinero y Florencia Kirchner, según el fallo de la Cámara de 2017.

ED

El sobreseimiento de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el caso Hotesur-Los Sauces antes del inicio del juicio oral y público podría resumirse en dos factores recurrentes en los tribunales de Comodoro Py 2002: sintonía y sincronización, según surge de la lectura de los últimos fallos, escritos y dictámenes del expediente que analizó elDiarioAR. Esas dos variables son, paradójicamente, las que también le valieron algunos de sus procesamientos más cuestionados durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando era la principal figura opositora, pero también el avance de algunos de los expedientes en los que la prueba advertía una complicación más judicial que política.

Un fallo de abril de 2019 del Tribunal Oral Federal número 5, que sobreseyó este viernes a la expresidenta, muestra una interpretación muy diferente de uno de los argumentos que tomaron dos de los jueces para fallar a favor de la funcionaria, según los escritos analizados y las consultas a fuentes directas de la causa. Entonces, cuando aquel fallo de hace más de dos años y medio contradijo a los abogados de Fernández de Kirchner, gobernaba Mauricio Macri y el nuevo escenario político que marcarían las elecciones presidenciales aún no podía vislumbrarse. 

¿Qué cambió en el caso Hotesur-Los Sauces entre 2019 y 2021?

La incorporación al tribunal del juez Adrián Grünberg y el cambio de interpretación del juez Daniel Obligado sobre dos puntos clave del fallo: por un lado, su determinación de que los acusados no pueden ser juzgados por presunta asociación ilícita porque los hechos y el delito son los mismos que están siendo juzgados en el juicio por la causa Vialidad por presunta corrupción en la obra pública; y en segundo lugar, el planteo, después de siete años, de que la acusación de presunto lavado de dinero tampoco puede llevarse a juicio porque debe aplicarse la ley de lavado de activos anterior a 2011.

El tribunal 5 decidió sobreseer a Fernández de Kirchner de manera anticipada tras un nuevo planteo de sus abogados, Carlos Beraldi y Ari Llernovoy. La decisión fue por mayoría, dos votos contra uno. La jueza Adriana Pallioti votó en contra de los sobreseimientos y planteó que el caso debía ser analizado en un juicio oral y público. Sus colegas Daniel Obligado y Adrián Grünberg fallaron a favor de Fernández de Kirchner y el resto de los imputados, incluidos sus hijos, el diputado y jefe de la bancada oficialista, Máximo Kirchner, y Florencia. También la sobrina de la vicepresidenta Romina Mercado y los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López, entre otros.

La defensa viene presentando sus argumentos desde hace siete años en distintas instancias, desde planteos de nulidades de la causa hasta pedidos de nuevas pericias contables y recusaciones de jueces. Los Kirchner reconocen el pago de los alquileres de las empresas de Lázaro Báez y Cristóbal López pero sostienen que “Hotesur SA y Los Sauces SA eran negocios legales” y que “los pagos de los alquileres de departamentos y hoteles” realizados por los contratistas del Estado (Báez y López) no fueron dádivas o retornos por las licitaciones y contratos que los empresarios obtuvieron durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

En el tribunal 5 ya habían demostrado flexibilidad con la familia de la vicepresidenta: atendieron las solicitudes en torno a Florencia Kirchner, su estadía en Cuba y su salud; pero también rechazaron en 2019 y 2020 planteos de nulidades que buscaban evitar o dilatar el juicio oral y público. 

Esta vez, el planteo de la defensa de la vicepresidenta y sus hijos se basó en un recurso que habilita el Código Procesal Penal de la Nación para solicitar el sobreseimiento antes del inicio de juicio. Para que la Justicia haga lugar a dicho planteo, deben cumplirse ciertas condiciones. Dos de ellas son que aparezca nueva prueba que demuestre “que el imputado obró en estado de inimputabilidad”, se extinga la acción penal -por el paso de los años- “y para comprobarla no sea necesario el debate”, o “el imputado quedare exento de pena en virtud de una ley penal más benigna”. 

Según el último dictamen del fiscal de juicio, Diego Velazco, ninguna de esas condiciones estaba dada en el expediente. De hecho, resta incorporar los resultados finales de dos pericias contables solicitadas por las defensas y suspendidas por los jueces Obliga y Grünberg este viernes tras el fallo.

Una composición a tiempo

Para conseguir los sobreseimientos anticipados en Hotesur-Los Sauces, los abogados de Fernández de Kirchner tenían dos cartas clave, la temporalidad y la escasez, y dos votos sincronizados y en sintonía. 

Cada tribunal oral federal debe estar compuesto por tres jueces titulares pero la cantidad de magistrados no alcanza para ocupar todas las vacantes y los magistrados van rotando entre tribunales, cubriendo los baches, ya que el poder político no avanza con los concursos de nombramiento desde hace años.

Actualmente, el tribunal oral federal número 5 está integrado por Daniel Obligado, Adriana Palliotti y Adrián Grünberg, quien dejará ese cargo suplente el 30 de noviembre, es decir, este martes, y será sustituido por otro juez. 

Grünberg ya había coincidido con otros planteos de la defensa de Fernández de Kirchner. En otro tribunal, el magistrado entendió que la vicepresidenta y el resto de los imputados debían ser sobreseídos de manera anticipada en la causa Dólar Futuro, tras analizar los resultados de una pericia. Sus colegas en el Tribunal Oral Federal número 1 rechazaron ese planteo de los abogados defensores. La cuestión terminó en la Cámara Federal de Casación con un fallo a favor de los acusados a principios de año.

El martes último, el presidente del tribunal, Obligado, notificó a sus colegas que debían presentar sus votos sobre el planteo de Fernández de Kirchner antes de la mañana del lunes 29.

La jueza Palliotti votó en contra de los sobreseimientos, dijo que no estaban dadas las condiciones que exige el Código Procesal Penal de la Nación para hacerlo y planteó que los argumentos de la defensa debían tratarse en el juicio oral y público. Los jueces Grünberg y Obligado apoyaron la postura de la defensa de la familia Kirchner. 

Interpretación

Uno de los antecedentes centrales en la causa es un fallo del tribunal 5 de abril de 2019. En aquella fecha, los tres jueces que intervenían entonces en el caso Hotesur rechazaron varios planteos de la defensa de Fernández de Kirchner, entre ellos un pedido de nulidad de la causa y los consecuentes sobreseimientos anticipados de los acusados. Entonces, Obligado criticó a las defensas por supuestamente entorpecer el avance del juicio oral y público y rechazó un argumento que ahora le valió a Fernández de Kirchner un fallo favorable: la conexidad con el caso Vialidad. 

En 2019, el tribunal que debía llevar adelante el juicio estaba compuesto por los jueces Obligado, Adriana Palliotti y José Martínez Sobrino. 

El planteo de la defensa ante el tribunal 5 fue sólo por la causa Hotesur, ya que recién en mayo de ese año, los expedientes de Hotesur y Los Sauces serían unificados en un único juicio. 

Los abogados solicitaron a los jueces del tribunal que declaren la nulidad de la elevación a juicio de Hotesur y que se archiven las acusaciones por presunta asociación ilícita, debido a que la expresidenta estaba ya siendo juzgada por ese supuesto delito en el caso Vialidad por el Tribunal Oral Federal número 2 e implicaba una “doble persecución penal”.  

“Los cuestionamientos ensayados por las defensas parten de una visión parcializada y sesgada, dirigida, en nuestra opinión, a entorpecer el normal avance del proceso”, dijeron entonces los tres miembros del tribunal 5, incluidos Palliotti y Obligado, quien también sostuvo, junto con sus colegas, que las resoluciones de la causa Hotesur criticadas por la defensa “lejos están también de carecer de motivación suficiente o de una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos”.

La conexión con la causa Vialidad es una de las claves del fallo de este viernes a favor de la vicepresidenta: es uno de los puntos que los jueces Grünberg y Obligado tomaron como válido para habilitar el pedido de sobreseimientos por el supuesto delito de asociación ilícita en Hotesur, según explicaron en el fallo del viernes. 

Prueba nueva

¿Qué tomaron este viernes los magistrados como “nueva prueba no valorada durante la instrucción” del caso? Las elevaciones a juicio oral y público de los casos Vialidad (o presunta corrupción en la obra pública de Santa Cruz) y Oil Combustible (el juicio en trámite contra Cristóbal López), aunque los jueces Grünberg y Obligado aclararon que no podían interpretarse como tal de manera estricta. Ambos fallos son de 2018, según consta en los archivos del Centro de Información Judicial (CIJ).

Los jueces Obligado y Grünberg sostuvieron que la acusación por presunta asociación ilícita en Hotesur-Los Sauces contra Fernández de Kirchner y Báez “no resulta viable” porque se trataría del “mismo hecho” que está siendo juzgado en el juicio de Vialidad contra ambos acusados. 

Vialidad es el único de los cinco juicios contra Fernández de Kirchner que fue iniciado en los tribunales. El caso es por presunta defraudación a la administración pública, entre otros supuestos delitos, en la concesión de obras viales en la provincia de Santa Cruz a favor de las compañías de Báez. Sin embargo, los alquileres pagados por el empresario a Hotesur y Los Sauces no son parte de este expediente.

Entre 2008 y 2013, la empresa Hotesur -propiedad de la familia Kirchner- recibió alrededor de $33,4 millones de Báez por “cánones locativos” de dos hoteles mientras las constructoras del empresario patagónico ganaban licitaciones y contrataciones de obras públicas, según los procesamientos dictados por el juez Julián Ercolini en base a una pericia contable. Entre 2009 y 2016, Los Sauces SA -otra compañía de los Kirchner- facturó otros $25 millones de empresas de Báez y Cristóbal López, otro beneficiario de la obra pública y negocios con el Estado, de acuerdo con el fallo de la Cámara Federal porteña que confirmó los procesamiento. 

Los cuestionamientos ensayados por las defensas parten de una visión parcializada y sesgada, dirigida, en nuestra opinión, a entorpecer el normal avance del proceso.

Fallo del Tribunal Oral Federal 5, 2019.

A diferencia del fallo de este viernes, en abril de 2019, Obligado había votado junto con el resto de los jueces del tribunal (Palliotti y Martínez Sobrido), en contra de los argumentos de la defensa de que avanzar con Hotesur-Los Sauces implicaría una doble persecución penal a Fernández de Kirchner y Báez. elDiarioAR intentó consultar este viernes y sábado al juez Obligado para ampliar su explicación sobre la diferencia entre los fallos de 2019 y 2021, pero no obtuvo respuesta al cierre de esta nota.

Entonces, Obligado y sus colegas citaron el fallo de la Sala I de la Cámara Federal porteña que había confirmado los procesamientos del caso Hotesur y para rebatir los planteos de los abogados de Fernández de Kirchner y sus hijos y reprodujeron los argumentos del camarista Leopoldo Bruglia, cuyas palabras definieron como “de una justeza y claridad tal, que torna innecesario agregar otros argumentos”.

Esas palabras de “justeza y claridad” sostenían que si bien existe una conexidad entre los casos Vialidad y Hotesur, “se observa que el temperamento adoptado en esas actuaciones -Vialidad- abarca otros extremos fácticos distintos de los que aquí se investigan. Los cuales, si bien podrían estar relacionados, resultan claramente diferenciables”. 

“En la causa citada -Vialidad- se investigan las maniobras tendientes al apoderamiento de fondos del Estado Nacional destinados a la obra pública vial en la provincia de Santa Cruz, mediante el otorgamiento ilegal de contrataciones a las empresas vinculadas a Lázaro Báez; así como la conformación de una organización criminal con el fin de cometer esa clase de actos delictivos”, citaron en 2019 Obligado y sus colegas del tribunal. 

“Mientras que el objeto procesal de los presentes actuados -Hotesur-comprende el armado de una organización criminal con la finalidad de realizar conductas de lavado de activos, a través de una sociedad anónima constituida por Néstor Kirchner, Cristina Fernández y su hijo, Máximo Kirchner; así como las operaciones concretas por las cuales el dinero proveniente de las maniobras defraudatorias antes aludidas o de otras empresas pertenecientes a concesionarios y contratistas del Estado, ingresaba al patrimonio de los ex presidentes a través de dicha sociedad”, continúa el fallo de 2019. 

Luego, el Tribunal Oral Federal número 5 agregó: “En definitiva, estas investigaciones develan que habrían existido distintos circuitos para el obrar delictivo, uno de ellos dirigido al apoderamiento de fondos públicos destinados a la obra pública en la provincia de Santa Cruz y el otro destinado al reciclaje de las ganancias ilícitas derivadas del anterior y de otros hechos ilícitos”, citando al juez Bruglia.

La ley más benigna

Los jueces Obligado y Grünberg también plantearon esta vez que debe aplicarse la ley más benigna y que hasta 2011 -los hechos investigados comienzan en 2008- el “autolavado” -es decir la maniobra de blanquear uno mismo su dinero de origen ilícito- no estaba contemplado por la ley argentina. 

La aplicación de la ley penal más benigna es otro de los argumentos para habilitar el sobreseimiento anticipado, según el Código Procesal Penal. En la sentencia contra Báez, sin embargo, los jueces del Tribunal Oral Federal número 4 tomaron otro criterio: que el delito de autolavado es continuado en el tiempo, ya que las maniobras y sus consecuencias se extienden a lo largo de los años y sobrepasa la barrera temporal de 2011. 

El juez que instruyó la causa contra Báez, Sebastián Casanello, y el fiscal del juicio, Abel Córdoba, también han sostenido que debía aplicarse la nueva ley de lavado, a pesar de que los hechos habían comenzado con anterioridad a su sanción. 

La nueva ley permite juzgar el lavado como delito autónomo, explicó uno de los magistrados especializados en este tipo de delitos ante la consulta de elDiarioAR. Eso implica que no es necesario probar el delito precedente al lavado: sólo bastan presunciones o indicios de un origen ilícito del dinero para avanzar en una condena por lavado de activo, agregaron fuentes judiciales que intervinieron en el caso. Es el mismo criterio que sostiene el Ministerio Público Fiscal y distintos tribunales en casos similares, según distintos fallos publicados. 

ED

Los pasillos de Comodoro Py suelen contar historias apasionantes de amores, odios y traiciones. El viernes a la tarde, cuando se hizo público el sobreseimiento de Cristina Fernández de Kirchner y los demás imputados en la causa Hotesur y los Sauces, recordé una de ellas. 

La historia empieza en el año 2010, cuando el fiscal Alberto Nisman, denunció la existencia de un plan para amedrentarlo de diversas formas. De dicho complot contra Nisman habría participado Carlos Corach, su hijo Maximiliano, el “Fino” Palacios y Claudio Bonadío. El origen de la denuncia era un mail anónimo. En la causa que se abrió a raíz de la denuncia de Nisman, se presentó el entonces jefe de operación de la SIDE, conocido como Jaime Stiusso. La denuncia navegó en la indiferencia hasta el mes de noviembre de 2014, cuando repentinamente Stiusso se presentó y denunció que Bonadío le había hecho visitas al Fino Palacios, entonces preso en el penal de Ezeiza por la causa de escuchas ilegales por parte del gobierno de la Ciudad. Bonadío, como juez, investigaba al Fino Palacios en una causa vinculada al encubrimiento del atentado de la AMIA. De la causa principal de encubrimiento de AMIA, Bonadío ya había sido apartado en durísimos términos por la Cámara Criminal y Correccional, imputándole múltiples irregularidades y la paralización de dicha investigación. Recibida la denuncia de Stiusso, se pidió la prueba de dichas visitas y las mismas se constataron. Por ello se pidió la indagatoria de Bonadío. 

Cuenta la historia que fue una acción un tanto desesperada de Stiusso, quien veía – acertadamente- el fin de su manejo de la SIDE e intentaba congraciarse con el kirchnerismo. En efecto, en diciembre de 2014, la presidenta Cristina Fernández descabezó a la conducción de la SIDE y despidió a Stiusso. Pero para ello todavía faltaban uno días. Cuentan que Bonadío habría interpretado la presentación de la documentación probatoria de sus visitas al “Fino” Palacios como una hostilidad ordenada por el kirchnerismo contra él, sin entender la jugada desesperada de Stiusso. 

Por aquellos días, había sido asignada al juzgado de Bonadío una denuncia de Margarita Stolbizer contra la presidenta Fernández de Kirchner por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abusos de autoridad. La presidenta había declarado su participación accionaria en la empresa Hotesur, que era propietaria del hotel alto Calafate y que era alquilado por Lázaro Báez. Enfurecido por lo que el propio Claudio Bonadio habría considerado una posición de agresión por parte del kirchnerismo, y secundado por Carlos Stornelli, dio impulso a la denuncia más bien deficiente de Stolbizer y ordenó una serie de medidas. La denuncia se basaba en que Hotesur no había presentado sus balances anuales. Era una infracción administrativa que también habían cometido más de 30 mil empresas en el país.

A Bonadío el ímpetu le duró hasta el 16 de julio de 2015, cuando fue apartado por la Cámara Criminal y Correccional de la causa Hotesur por haber ordenado que una serie de peritos realizara un informe sobre los puntos que deberían investigarse en esa causa y todo eso sin darle a las partes participación ni en la designación de los peritos ni en la realización del informe. Esa había sido la venganza de Bonadío. Convertir una intrascendente denuncia por falta de presentación de balances, en una mega causa por lavado de dinero y asociación ilícita. Dijo en aquella oportunidad Bonadío que había solicitado la intervención de los peritos porque para obtener buenas respuestas, necesitaba que lo ayudaran a formular buenas preguntas. Lo cual daba ya cuenta entonces que Claudio Bonadío no sabía que investigar, pero que habría tenido toda la voluntad de hacerlo en esa causa. Por ser la conducta del juez vulneratoria del derecho a defensa Bonadío fue apartado de la causa y la misma se asignó a Julián Ercolini. 

Pero el cántaro volvió a la fuente y en abril de 2016 Margarita Stolbizer volvió a denunciar a Cristina Fernández de Kirchner, esta vez por la empresa Los Sauces invocando presuntas conductas ilícitas que involucraban a la ya ex presidenta, sus hijos y a los empresarios Cristóbal López y Lázaro Báez. En la causa “Los Sauces” Claudio Bonadío hizo dos cosas. Primero procesó a Cristina Fernandez y al resto de los apuntados por la denuncia. Acto seguido, se declaró incompetente. Es decir que, conociendo que ya Julián Ercolini tenía una causa similar, desde el año 2008 Bonadío “investigó” – es un decir, que quede claro- y procesó a los acusados para acto después, declararse incompetente. Una verdadera tropelía judicial que debió haber sido dejada sin efecto por las cámaras de Comodoro Py. Pero corría el años 2017 y la Mesa Judicial Macrista estaba en plena actividad y Gustavo Hornos- juez de casación- ya se reunía con Mauricio Macri.

Finalmente, las causas Hotesur y Los Sauces terminaron acumuladas y declaradas conexas por la Cámara de Casación Federal de Py.

Y en este punto debo detenerme para señalar algo que puede escaparselé a quien me está leyendo. El Poder Judicial funciona con un sistema de controles jerárquicos. Así, si un juez penal federal comete un error o vulnera garantías procesales, lo corrige la Cámara Criminal y Correccional. Si la Cámara Criminal y Correccional se equivoca, el orden jurídico debería reestablecerlo la Cámara de Casación Federal. Y si la Cámara de Casación Penal no reestablece el orden jurídico, es tarea de la Corte Suprema reestablecerlo. 

Ahora bien, una de las mayores anomalías sistémicas que produjo el gobierno de Mauricio Macri fue alterar ese funcionamiento de la justicia federal penal. Así fueron cooptando, mesa judicial mediante, las diversas instancias jerárquicas del poder judicial penal. Interfirieron con la integración de la Cámara Criminal y Correccional, forzando la renuncia de jueces o destituyendo a uno de sus integrantes y designando a dedos a los reemplazantes. También se reunía Macri con los miembros de la Cámara de Casación Federal y, con la designación de dos miembros de la Corte Suprema por decreto, tenía controlada todas las instancias judiciales. Además, luego de forzar la renuncia de Alejandra Gils Carbó y designar a su reemplazante interino, el hoy procurador Eduardo Casal, se aseguró el control de los fiscales, cuya misión es resguardar la legalidad de los actos del Poder Judicial y que con Macri dejaron de hacerlo y convalidaron todas las tropelías de persecución que impulsaban desde el gobierno del ingeniero. Entre ellas, convalidaron el “derecho penal creativo” – léase inventado por voluntad de los jueces- 

La causa “Hotesur- Los Sauces” es una cabal muestra del funcionamiento anómalo del Poder Judicial en aquellos días. Bonadío, Stornelli, Bertuzzi, Hornos. Borinsky y el art. 280 aplicado sistemáticamente por la Corte Suprema – artículo del Código Procesal Civil y Comercial de la Nacion que permite a la Corte rechazar un recurso sin fundar la decisión- dan testimonio suficiente de lo que pasó en esos años y que los abogados y nuestros defendidos supimos padecer. Y denunciar inútilmente.

El poder judicial se encontró con situaciones como las de causas “Dólar Futuro” “Memorándum con Irán” “Qunitas” y “Hotesur- Los Sauces”, entre otras. Causas judiciales elevadas a juicio oral y que tramitaron con tal cumulo de irregularidades que no pueden ser saneadas por el poder judicial en la instancia de juicio oral. Eso es lo que también pasó en la causa “Hotesur- Los Sauces”. La causa estaba en instancia de llevarse a cabo el juicio oral. En una etapa llamada instrucción suplementaria, que implica una investigación que lleva adelante el tribunal de juicio. A título de ejemplo en “Dólar Futuro” y en “Qunitas”, la nueva prueba producida determinó la ausencia de perjuicio fiscal y de los presuntos sobreprecios. En “Memorandum con Iran” las visitas secretas de Hornos y Borinsky a Macri y la inobservancia de los temas probatorios y jurídicos durante la investigación. Todas cuestiones que determinan la inexistencia de delito y el lógico sobreseimiento de los acusados, sin la realización del juicio oral. Todos aspectos previstos en el articulo 361 del Código Procesal Penal de la Nacion que dispone que “Cuando por nuevas pruebas resulte evidente que el imputado obró en estado de inimputabilidad o exista o sobrevenga una causa extintiva de la acción penal y para comprobarla no sea necesario el debate, o el imputado quedare exento de pena en virtud de una ley penal más benigna o del artículo 132 ó 185 inciso 1 del Código Penal, el tribunal dictará, de oficio o a pedido de parte, el sobreseimiento.”

Básicamente el art 361 del CPPN es el que establece que si Juan es acusado de asesinar a Pedro y Pedro aparece vivo, no hace falta hacer el juicio oral para decir que Juan es inocente y no cometió un homicidio. O bien la que determina que si alguien va a ser sometido a juicio por un delito que fue derogado, tampoco debe ser sometido a dicho juicio. 

En la causa “Hotesur – Los Sauces.”, las defensas invocaron que la causa no debía ser elevada a juicio por múltiples razones. Y el tribunal le reconoció la razón y determinó el sobreseimiento de los acusados sin la realización del juicio oral. Los motivos del sobreseimiento son los siguientes: a) no existió el delito de lavado de activos: y no existió el lavado de dinero porque nunca hubo dinero negro, Todas las operaciones fueron realizadas en blanco y de modo bancario. Veamos, el lavado de activos se configura cuando alguien comete un delito – llamado delito precedente- y luego para “blanquear ”el dinero que obtuvo de ese delito, hace operaciones para darle aspecto de dinero legal. Está claro que en este caso nunca hubo dinero negro. Todas las operaciones eran en blanco. El origen de los fondos es perfectamente rastreable y también los pagos. 

A ello debe añadírsele la falta de tipicidad de las conductas de los acusados. En materia penal rige lo que los abogados llamamos el principio de tipicidad. Esto es que la conducta tiene que ajustarse al tipo legal descripto, esto es a la acción descripta por la ley. Por ejemplo, cuando me dejó mi novio yo sentí que me moría, que de alguna forma me mataba por dentro. Pero para poder acusarlo de homicidio, esto es lo que el código penal describe como “el que matara a otro”, como conducta típica, yo debería haber muerto, lo que no sucedió. A la imputación de homicidio sobre mi ex novio le falta la conducta típica. Y por eso no constituye delito de homicidio que me haya dejado, por doloroso que me haya resultado. Y voy a señalar que en materia penal, cuando no hay una conducta típica, no hay delito. Y la conducta típica debe estar descripta expresamente por ley. Por eso los abogados hablamos de que es nula la pena si no hay una ley previa que sancione una conducta. Y también tenemos como principio la prohibición de la analogía en materia penal. Por ejemplo, a principios de siglo pasado se puso de moda secuestrar los cadáveres de las familias adineradas de Capital Federal y pedir una recompensa por su devolución. Pero aun cuando el secuestro si estaba previsto como delito, no lo estaba respecto a los cadáveres. La causa quedó impune por falta de ley que tipificara la conducta. Luego se incorpora la conducta secuestro de cadáveres en el código penal.  Tampoco, en este caso, está probado el delito precedente, porque ese delito precedente había sido “inventado” por la Cámara Criminal y Correccional, cuando necesito inventar el delito de Dadivas, como delito precedente, para confirmar el procesamiento que en su momento había dictado el juez de primera instancia, sin fundamentos. Para que haya lavado debe haber un delito previo.  En este caso no existía. El problema de inventar un delito es que no hay prueba de su existencia ni los acusados fueron interrogados por dicho delito. 

En el fallo cobra especial importancia el principio de ne bis in idem que señala que nadie puede ser perseguido penalmente por delitos por los que ya fue investigado. Y en el caso de los delitos por obra pública vial contra Lázaro Báez, esos delitos ya habían sido denunciados ante Ercolini, que se declaró incompetente y remitió la causa a la Justicia de Santa Cruz, donde se dicto el sobreseimiento de los acusados y ese sobreseimiento quedó firme. ¡Lo mismo había pasado con la denuncia sobre delitos que involucraban a Cristóbal López, que habían sido desestimado por el propio Ercolini!

También se cuestiona la multiplicidad de investigaciones sobre los mismos delitos y las mismas personas, esto es sobre los hechos y las personas. Es lo que sucede con las asociaciones ilícitas que tanto le gustaban a Bonadío y Comodoro Py inventa para poder pedir la prisión preventiva de los acusados, porque asociación ilícita no es un delito en principio excarcelable. Es por esta multiplicidad de causas duplicadas es que Cristina Fernández llegó a ser acusada por integrar cuatro asociaciones ilícitas. De hecho, a mí siempre me causó gracia que incluso la acusaron de ser la jefa de una asociación ilícita de modo ad honoren, esto sin ningún beneficio para ella. Fue cuando Bonadío señaló que no tenía dudas que la destinataria final del dinero de “Cuadernos” era CFK aun cuando señala que no ha podido constatar que CFK haya recibido el dinero. Cosas de Bonadío. Que nadie controlo. Porque esa era la instrucción. Perseguir, aun cuando no hubiese argumentos o pruebas.

En conclusión, la causa “Hotesur- Los Sauces” resulto concluida por sobreseimiento de los acusados, por inexistencia de delito, porque no se acredito que exista ni lavado de dinero ni el delito precedente que genero el presunto dinero negro. 

No habían pasado ni 20 minutos desde que se hizo pública la sentencia absolutoria en la causa “Hotesur- Los Sauces”, cuando los medios de comunicación y los miembros de la oposición ya estaban hablando públicamente de impunidad y reclamando que se hiciese de todos modos el juicio oral. Me acorde de la frase “la pena es el proceso”, porque esos dichos quieren impulsar que personas a quien se le han imputado delitos que a la postre no existan, pasen por la situación agraviante de ser sometidos a un juicio oral.  Sé a ciencia cierta que la sentencia absolutoria tiene 375 paginas y que en 20 minutos era imposible que nadie la leyera. Reclamaban el juicio por el juicio mismo. Porque reitero a nadie le importan los argumentos o las pruebas. En este caso se vio claramente. Raudas y sin leer una página de la sentencia absolutoria, dirigentes como Zubic y Carrió anunciaron que pedirían el juicio político de los jueces Carrió que habían dictado esa sentencia. 

A decir verdad, la sentencia se presenta sólida en sus argumentos jurídico, aunque farragosa de leer. Y se toma un par de páginas para explicar la aplicación del art. 361 del CPPN. Que de hecho se aplica en Comodoro Py en muchos casos, que la propia sentencia se encarga de reseñar. Como y porque se pueden cerrar causas sin la realización de juicios orales. Todos casos que no escandalizaron a Zubic ni a Carrió ni a ningún periodista. 

A mi siempre me impresionó el regodeo de los periodistas y de los dirigentes políticos con esta causa. A la que llamaban “la que más preocupa a Cristina”, sin aclarar que la preocupación de la vicepresidenta radicaba en que en esa causa estaban involucrados sus hijos. No era una preocupación nacida de pruebas. Esa causa siempre careció de pruebas y estuvo poblada de defectos procesales que solo hacían prever su inevitable nulidad o sobreseimiento por inexistencia de delito, tal como finalmente sucedió. Pero la fortaleza de afrontar un juicio penal no es para cualquiera y no conozco madre que desee eso para sus hijos. 

Cuando los juzgados que investigan no hacen las cosas bien, esto es lo que pasa. Cuando se construye una acusación sin pruebas esto es también lo que pasa. Cuando no se respetan las garantías de ne bis in idem y de ley mas benigna, esto es lo que pasa. Y cuando se pretende reemplazar los criterios judiciales por criterios mediáticos esto también pasa. Porque ningunas de esas conductas ayudan a hacer justicia ni a investigar ni a reestablecer el orden jurídico. Cuando se reemplaza la presunción de inocencia por la presunción de culpabilidad – prohibida en nuestro ordenamiento jurídico-, esas causas construidas en violación a la propia ley y solo basadas en la voluntad caprichosa de los jueces, sin pruebas y sin garantías durante su tramitación, la única conclusión lógica a la que se puede llegar es a esta conclusión: que así, con esas formas espurias no se pueden probar los delitos. Ni siquiera investigarlos. No hay delito sin ley que así lo determine y esa ley debe ser previa a la conducta que se investiga. 

Espero con toda honestidad que las historias de Py también reflejen las enseñanzas de lo que sucedió durante los años de persecución que supimos vivir. Que registre el sufrimiento que la persecución infundada provoca a las personas. Y la inutilidad final de tanta barbarie. Y el supremo valor del Estado de Derecho.

En el 2014 tuve la primera sospecha sobre Hotesur mirando la declaración jurada patrimonial de CFK donde aparecía esta sociedad y también Los Sauces SA. Las sociedades de la Presidenta de la Nación no cumplían con ninguna normativa ni eran sancionadas por la autoridad de control (la IGJ). No presentaban balances, ni actualizaban directorio, ni pagaban tasas y tenían domicilio falso!! Algo se escondía por detrás de esas pantallas con apariencia societaria: se usaban para disimular el origen ilegal del dinero que la familia recibía por parte de empresarios contratistas del estado: Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Souza.

Ellos recibían negocios millonarios del estado y devolvían sumas igualmente siderales a través del pago de ocupación de habitaciones y salones en los hoteles o de alquiler de inmuebles (justamente los empresarios con demasiadas propiedades como para necesitar otras).

No hay muchos casos de un circuito de pago de coimas que se pueda ver de manera tan explícita. Hotesur administraba el Hotel Alto Calafate adquirido por Néstor y Cristina Kirchner con apenas algunos días de diferencia en relación a su desembarco en el gobierno nacional.

Las maniobras de lavado de dinero a través de hoteles, como casinos y otras actividades, son universalmente conocidas. En este caso lo burdo era que se trataba de un circuito de personas y sociedades muy cerrado, muy cercano, entre quienes circuló mucho dinero durante mucho tiempo.

Luego de presentar la denuncia, las investigaciones judiciales pudieron colectar una enorme cantidad de pruebas sobre la ejecución de esas maniobras. Claro que ellas tenían que ver con otros ilícitos que se investigan en otras causas (Vialidad, Obra Pública, Cuadernos) pero Hotesur y Los Sauces son operatorias independientes de aquellas a través de una asociación ilícita constituída a estos fines y que acumuló negocios por varios años, los que fueron comandados primero por Néstor y Luego por su hijo Máximo. Florencia a partir de la muerte de su padre también participó de manera directa tomando decisiones y retirando dinero; y Ella, Cristina, siempre presente como líder y beneficiaria de todo el accionar ilegal que se investigó.

En estos 7 años la causa transitó por las manos de una gran cantidad de fiscales, jueces y camaristas y así se llegó a un procesamiento -reiteradamente confirmado- sobre la existencia de los delitos y la responsabilidad que se asignó a los imputados.

Al llegar la causa al Tribunal Oral Federal 5 para el inicio del juicio oral no había dudas sobre la procedencia de esta etapa que debía culminar con la condena de los culpables (claro que el tribunal podría declarar la inocencia, muy poco probable frente a todas las pruebas de la causa que llenan varias habitaciones de un edificio militar en Retiro). Sin embargo, el tribunal planchó la causa durante varios años para terminar resolviendo que no se haría, o sea, no se va a poder conocer la puesta en escena de las pruebas ni la posibilidad de la condena.

Se espera ahora la reacción del fiscal que apele esa decisión para que sea revocada por la Cámara de Casación y tengamos la oportunidad de conocer -a través de un juicio que sea oral y público- de qué manera la actual Vicepresidenta, sus hijos y otras personas, se enriquecieron y ocultaron el origen ilegal del dinero que compone su patrimonio.

Este fallo es vergonzoso, nos pone en el peor lugar frente al mundo, porque afecta la igualdad ante la ley y la independencia de la justicia. Y eso se paga con aislamiento, menos inversiones y empleo, más pobreza y la degradación del sistema institucional. Se necesita magistrados que actúen pero también una sociedad que se indigne y no abandone la lucha para recuperar los valores de la moralidad pública.

Presidenta del partido GEN. Diputada electa por Juntos. Denunciante del caso.

WC

Un dirigente experimentado que conoce bien a Mauricio Macri arriesga que el expresidente va a seguir tensionando la interna en Juntos con el fin de mantener la expectativa sobre su candidatura presidencial 2023. A Macri lo fortalece en términos políticos pero también jurídicos, sostiene la fuente ante elDiarioAr: “Si Macri se baja, los jueces se lo van a llevar puesto”.

Este razonamiento podría explicar desde una dimensión política el sobreseimiento de Cristina Kirchner dispuesto por el Tribunal Federal Oral Nro. 5 en la causa por lavado de dinero y asociación ilícita conocida como Hotesur-Los Sauces. La política, todo indica, compone la música que ejecuta la Justicia.

Ante la evidencia acumulada en el expediente durante largos siete años de investigación, en la que intervinieron una docena de funcionarios judiciales, la opinión entre quienes conocen la causa es que, si fuera llevada a juicio, difícilmente la vicepresidenta podría resultar absuelta. 

La primera conclusión a la que puede llegarse es que los jueces en la Argentina han decidido desistir de enjuiciar a la expresidenta. Se trata de un país en el que los jueces desisten de juzgar. Es la tercera vez en ocho meses que esto ocurre.

En abril pasado, la Sala I de la Cámara de Casación integrada por los jueces Ana María Figueroa, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña archivó la investigación contra la vicepresidenta por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública por operaciones con el dólar en el mercado de futuros por inexistencia de delito. Lo hizo con el voto de sus tres integrantes.

En octubre, la ex presidenta fue sobreseída por inexistencia de delito junto a los demás acusados en el trámite por la firma del Memorándum con Irán por el atentado a la AMIA en un fallo unánime del tribunal que preparaba el juicio oral. Los jueces que lo integran son María Gabriela López Iñiguez, Daniel Obligado y José Michilini.

La investigación sobre la responsabilidad de Cristina Kirchner y un grupo de exfuncionarios de su gobierno en torno a las operaciones con el dólar futuro fue controvertida desde el comienzo. Como se sabe, se trata de una herramienta financiera a la que recurrió el gobierno de entonces en un contexto de alta presión cambiaria -con el dólar oficial casi anclado- con la intención de preservar las reservas y evitar una devaluación. La devaluación llegaría con el gobierno de Macri.

La causa por el Memorándum es hija de la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman. La muerte de Nisman amplificó la investigación por encubrimiento del atentado a la Amia contra la ex presidenta y a un grupo de funcionarios de su gobierno. Este expediente también ha sido motivo de controversia. Si bien Cristina Kirchner hubiera tenido mucho para explicar en una instancia oral, la firma del pacto con Irán fue una decisión de política exterior del Poder Ejecutivo, una de sus atribuciones, que además fue ratificada en 2013 por el Congreso de la Nación, con la mayoría oficialista de entonces. Con todo, el hoy presidente Alberto Fernández no dudó en decir entonces que el propio Memorándum era la prueba concluyente de la existencia del delito de encubrimiento.

Junto con el juicio conocido como Vialidad, la causa por lavado es una de las que más compromete a la vicepresidenta en la justicia. Están involucrados sus hijos y empresarios ligados al kirchnerismo, como Lázaro Báez y Cristóbal López. Los jueces buscaron echar luz sobre un entramado de sociedades vinculadas al negocio inmobiliario cuyo fin habría sido encubrir dinero de origen ilegal, según la denuncia original de la hoy diputada electa Margarita Stolbizer. Para el tribunal oral que sobreseyó a la expresidenta ese dinero es de origen lícito.

Horas antes de conocida la decisión del tribunal, y acaso anticipándose a ella, la Cámara de Casación rechazó un pedido de Cristina Kirchner para anular la elevación a juicio de la causa Hotesur-Los Sauces. El fiscal ante el tribunal oral, Diego Velasco, en respuesta al planteo de la vicepresidenta, también se había pronunciado en favor de que el juicio se sustancie.

La resolución se conoce días antes de que el tribunal cambie su composición, con la salida del juez subrogante Adrián Grunberg, quien junto con el titular del cuerpo, Daniel Obligado, conformó el voto de la mayoría favorable al sobreseimiento. Y cuando, lo más significativo según los observadores en los tribunales federales, hay diligencias judiciales -pericias contables- en desarrollo.

La solución perentoria del complejo frente judicial de la expresidenta integra presumiblemente el pliego de compromisos que acompañaron la decisión de delegar la candidatura presidencial del Frente de Todos en la figura de Alberto Fernández. Nunca ha sido desmentida esa presunción.

Fernández poco había podido hacer en ese campo por la expresidenta con sus iniciativas de reforma de la justicia federal, frustradas por la debilidad del oficialismo en la Cámara de Diputados. Este año la vicepresidenta tomó la iniciativa y se aceleraron las definiciones. Incluso de otro orden: semanas atrás, la Anses, manejada por el cristinismo, desistió de apelar el fallo que ordenó devolverle la doble pensión vitalicia a Cristina Kirchner, un beneficio de 2,5 millones de pesos mensuales al que viene accediendo desde abril pasado.

A partir del año próximo veremos un oficialismo condicionado en el Congreso, con pérdida de la mayoría propia en el Senado, que ha sido hasta ahora el lugar de fortaleza institucional de la vicepresidenta. Se insinúa un cambio en los equilibrios internos del Frente de Todos, con la aparición de nuevos actores institucionales como gobernadores y gremios en un escenario de profundo ajuste económico. La apuesta del Presidente para la nueva etapa no parece contemplar el liderazgo de la ex presidenta. ¿Cristina Kirchner se resignará a esta estrategia? Decisiones como la tomada hoy por la Justicia acaso respondan al interrogante.

WC