La Fiscalía Adjunta en lo Penal a cargo del doctor Gonzalo Nazar ordenó la liberación de los rugbiers franceses Hugo Auradou y Oscar Jegou, denunciados por el delito de abuso sexual agravado en Mendoza.

Este lunes, el Ministerio Público Fiscal de Mendoza comunicó la decisión del fiscal Nazar de liberar a los rugbiers franceses denunciados por el delito de abuso sexual agravado en la provincia cuyana. 

El fiscal alegó que no hay elementos de convicción suficientes para requerir la prisión preventiva de los jugadores y, además, también sostiene que hay contradicciones en el relato de la víctima.

En paralelo a esta determinación dada desde la Justicia de Mendoza, el fiscal Nazar informó que aún no podrán salir del país y, por el momento, no podrán retornar a Francia. Además, también sostuvo que se mantengan las medidas de coerción como la retención de los pasaportes y la prohibición de contacto, por cualquier medio, con la denunciante.

La decisión del fiscal Nazar se dio tras la viralización de audios que la víctima le envió a una amiga tras el encuentro con los dos jugadores franceses.

El hecho se dio en la madrugada del sábado 7 de julio cuando la mujer denunció que fue abusada en una habitación del hotel Diplomatic, por parte de dos integrantes de la Federación de Rugby de Francia (FRF), quienes habían llegado a Mendoza para disputar un partido contra Los Pumas. 

CRM con información de la agencia NA

Los dos jugadores de la selección francesa de rugby detenidos en Argentina fueron imputados hoy por abuso sexual con acceso carnal agravado con la participación de dos o más personas, delito que no es excarcelable y que establece una pena de 8 a 20 años de prisión.

Oscar Alain Jegou, tercera línea, de 21 años, y Hugo Araudou, segunda línea, de 20 años, fueron trasladados este jueves desde Buenos Aires, donde fueron detenidos, a Mendoza, y este viernes fueron notificados de la imputación por presuntamente haber violado a una mujer de 39 años en esa provincia el pasado fin de semana.

Los jugadores se abstuvieron de declarar este viernes, pero lo harán durante la semana, según anticipó su abogado defensor Pablo Hnatow a los medios apostados en el polo judicial de Mendoza, quien señaló que los dos “están tranquilos porque saben que son inocentes”.

La defensa solicitó la prisión domiciliaria, pero, hasta que sea concedida, los deportistas seguirán presos en el centro transitorio de detención de Mendoza.

Los hechos denunciados tuvieron lugar después de que la selección francesa de rugby -que se encuentra en Sudamérica para jugar varios amistosos contra Argentina y Uruguay- disputara un duelo el sábado pasado contra los 'Pumas' en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, cuando varios miembros del equipo salieron por la noche como parte de su descanso.

La denunciante relató que conoció a Araudou en una discoteca y, tras ingerir bebidas alcohólicas con él, comenzó a sentirse mareada, momento en el que el jugador la llevó al Hotel Diplomatic de Mendoza, donde se hospedaba el combinado y donde tuvo lugar la presunta violación grupal junto a su compañero.

Tras escuchar el testimonio de la mujer, la Fiscalía de Mendoza actuó con rapidez, debido a que el equipo viajaba a Uruguay para medirse este miércoles con la selección de ese país, y ordenó la detención de ambos integrantes del 'scrum' francés.

El abogado querellante Mauricio Colello contó al canal 7 mendocino que la denunciante está en una situación “desesperante” y que “está psicológicamente muy afectada” y que “continúa internada”; además, describió que “las lesiones son múltiples, escoriaciones, raspones, moretones, en distintas zonas del cuerpo”.

“El hecho tal como ha sido narrado por ella es suficiente para darse cuenta de la gravedad del delito”, señaló Colello.

Colello describió que los imputados estaban “inmutables” este viernes, que “se los notaba preocupados” y “conscientes de la gravedad de la situación y de la pena que arriesgan” y que “se mostraron calmos, pero en ningún momento mostraron visos de tener arrepentimiento”.

El abogado defensor Rafael Cúneo Libarona, hermano del ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, afirmó este jueves a los medios que el sexo “fue consentido”, que sus clientes “negaron rotundamente haberle impedido la salida” de la habitación y “haberla golpeado”.

El caso genera “preocupación” en el equipo y Cúneo Libarona está en “comunicación permanente” con la embajada de Francia, en tanto la familia de uno de los imputados llegará este sábado a Argentina.

CRM con información de la agencia EFE

El Tribunal de Casación bonaerense que revisó la sentencia dictada por el Tribunal nro. 1 de Dolores en la causa que se le sigue a los condenados confirmó la sentencia dictada contra los ocho rugbiers por el homicidio de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell en enero de 2020.

Si bien corrigió la calificación impuesta, porque consideró que no se constató la calificante de alevosía, la Sala II del TCP mantuvo las mismas penas por las que llegaron condenados los ocho imputados (cinco de ellos a prisión perpetua y tres de ellos a 15 años).

El máximo tribunal penal provincial ratificó las condenas a prisión perpetua para Máximo Thomsen, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Ciro Pertossi y Luciano Pertossi. En el mismo sentido, ratificó los 15 años de prisión para Ayrton Violaz, Blas Cinali y Lucas Pertossi.

En todos los casos, el delito imputado es el de “homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas”, aunque en el caso de los condenados a 15 años en grado de “participación secundaria”.

En un extenso fallo los jueces consideraron que el homicidio de Fernando Báez Sosa fue realizado con premeditación por parte de los imputados (“con el concurso premeditado de dos o más personas” como reza el artículo 80 del Código Penal).

Con relación a la alevosía por la que llegaron condenados, los Jueces de la Sala II de Casación consideraron que no estaban probadas las exigencias de la norma penal.

Si bien en términos coloquiales la descripción del hecho pareciera mostrar que fue alevoso, en términos técnicos el Código Penal exige algunas circunstancias que no se probaron por lo que se quitó esa agravante.

No obstante, como se mantuvo la agravante de la premeditación no pudo haber cambio en la pena porque en cualquiera de esos dos casos la única pena que prevé el Código es la perpetua.

Es decir, se hizo lugar parcialmente al recurso de la Defensa, aunque sin beneficios para esa parte, y se rechazaron los recursos de los acusadores –fiscales y particular damnificado-.

La siguiente instancia judicial es la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires que tendrá que pronunciarse en la medida en que las partes presenten recursos extraordinarios, lo que se entiende que harán pues ninguno obtuvo el resultado que pretendido. Los interesados en recurrir a esa instancia tienen 10 días para hacerlo.

CRM con información de la agencia NA

La invitación circula en redes sociales: “El 18 de enero se cumplen cuatro años del asesinato de Fernando Báez Sosa. Invitamos a los que puedan acompañarnos ese día tan doloroso a una oración interreligiosa por la paz”. Graciela y Silvino, los padres del joven de 18 años que fue agredido por una patota en Villa Gesell y murió, citan el jueves a las 20 en la Facultad de Derecho.

Un año atrás hicieron el mismo homenaje pero fue en el anfiteatro de la ciudad bonaerense de Dolores. Ese aniversario coincidió con el último día de la etapa probatoria del juicio contra los ocho jóvenes imputados por la muerte de Báez Sosa. Esta vez las circunstancias son diferentes: cinco agresores fueron condenados a perpetua y otros tres, a quince años de prisión. Ese primer dictamen fue apelado por la defensa, la fiscalía y la querella.

El bufete de abogados que representa a los padres de Fernando y la fiscalía no cuestionaron las perpetuas sino que pidieron que revisen las penas de quienes recibieron penas quince años. Consideran que tienen las misma responsabilidad en la muerte de Fernando que aquellos que recibieron la pena máxima. La defensa de los condenados, en cambio, pidió que revean todo el proceso.

La Sala II del Tribunal Superior de Casación bonaerense debería expedirse en marzo sobre la apelaciones, mes en que se vence el plazo estipulado por los tiempos judiciales. En un posteo reciente en redes sociales, Fernando Burlando -abogado de los padres de Báez Sosa- señaló que “nos acorrala el miedo que se genera por los rumores que desde hace unas semanas corren en ciertos ambientes judiciales”. Según la publicación, los jueces que deben decidir sobre las condenas en primera instancia “aliviarían la pena de los condenados” bajo “un entramado para fogonear otra vez la canallesca idea de un asesinato 'sin querer matar'”. El tribunal no se ha expedido, pero Burlando ya plantó la sospecha.

En ese contexto la ministra de Seguridad Patricia Bullrich recibió a los padres de Fernando. Fue el lunes, en el Ministerio. “Tenemos dos consignas bien claras: siempre estamos del lado de las víctimas y también sabemos que el que las hace, las paga. Esa es nuestra filosofía y eso les hemos transmitido”, dijo Bullrich al cierre del encuentro. Consultado por la inminencia del fallo de Casación, Silvino dijo que “espero que favorezcan a Fernando y que sea lo más rápido posible porque venir con este calvario cuatro años es durísimo...Uno tiene que levantarse todos los días para ir a trabajar para poder subsistir, pero siempre está en la mente que todo puede cambiar. Tenemos fe en la Justicia y en nuestros abogados”.

El crimen y qué hizo cada uno de los condenados

A las 4.44 de la madrugada del 18 de enero de 2020, Fernando Báez Sosa, 18 años, fue golpeado por un grupo de jóvenes que lo atacaron por la espalda frente al boliche en el que habían coincidido todos, Le Brique, ubicado sobre la Avenida 3, en Villa Gesell. La paliza duró 45 segundos. Los agresores se fueron caminando. La víctima fue asistida por una médica que llegó en una ambulancia a las 5.07 y lo encontró sin signos vitales. Siete minutos después, a las 5.14, lo ingresaron al shockroom del hospital municipal. A las 6 firmaron el certificado de defunción. Los atacantes fueron detenidos cuatro horas después, a las 10.38, en el chalet que alquilaban. 

Los tres jueces que componen el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores se expidieron en febrero. Prisión perpetua para Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matias Benicelli y Luciano Pertossi, y quince años de cárcel para Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi, por considerarse partícipes secundarios. Todos han tenido responsabilidad en el crimen de Fernando Báez Sosa.

Sobraron pruebas. La suela de la zapatilla de Thomsen quedó tatuada en el mentón de Báez Sosa. Quedó impregnada la sangre de Báez Sosa en la camisa, el pantalón y una zapatilla de Matías Benicelli. Luciano Pertossi fue y vino a las patadas, moviéndose entre Báez Sosa y los amigos que intentaban defenderlo. En los videos, no hay dudas, Ciro Pertossi va por derecha y Enzo Comelli por izquierda, cada uno con una trompada que deja de rodillas a Báez Sosa. Máximo Thomsen llega a la escena hacia el final, siempre está “sobre” Báez Sosa. Para el Tribunal, Lucas Pertossi -el que filmaba todo y por eso se había ganado el mote de “Croniquita”-, Ayrton Viollaz -el arengador- y Blas Cinalli -cuyo ADN quedó impregnado en el meñique de Báez Sosa- “tomaron parte en el hecho, pero sus aportes no resultaron esenciales para que la conducta de los coautores pudiera consumarse”.

VDM/JJD

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, recibió este lunes a Graciela y Silvino, los padres de Fernando Báez Sosa. El encuentro sucedió a diez días del cuarto aniversario por la muerte del estudiante de 18 años que fue agredido por ocho jóvenes a las salida del boliche Le Brique, en Villa Gesell. Se dio, también, a tres meses de que se venza el plazo para que el Tribunal Superior de Casación bonaerense se expida sobre la apelaciones al fallo de los jueces de Dolores que, en febrero, condenaron a cinco de los agresores a perpetua y a tres, a quince años de cárcel. Querella y fiscalía no cuestionaron las perpetuas sino que pidieron que revisen el caso de quienes recibieron penas quince años. La defensa de los condenados, en cambio, pidió que revean todo el proceso.

Tanto los padres de Fernando como la defensa de los condenados esperaban una resolución de la Sala II de Casación, conformada por los jueces Mario Kohan, Fernando Mancini Hebeca y María Florencia Budiño en diciembre. Pero los tiempos de la Justicia son más flexibles: seis meses renovables a partir de la presentación de las apelaciones -cursadas a fines de febrero y principios de marzo- sumado al mes de feria judicial los dejaron en espera. Los abogados que representan a Graciela y Silvino, con Fernando Burlando y Fabián y Facundo Améndola como cabezas de equipo, mostraron preocupación por la tardanza y por adelantado. “Y nos preguntamos: ¿será verdad que hay jueces que quieren aliviar la pena de los condenados? ¿Será verdad que hay en marcha un entramado para fogonear otra vez la canallesca idea de un asesinato 'sin querer matar'?”, previó en un posteo el abogado Burlando. En este contexto Bullrich recibe a los padres de Fernando.

La Sala II citó en agosto a las tres partes: querella, defensa y fiscalía. En la sala de audiencias, cerrada y acondicionada para esa convocatoria técnica, se reencontraron los condenados en primera instancia y los padres de la víctima y sus abogados. También estuvo presente la fiscal ante el tribunal, María Laura D´Gregorio. La idea de la jornada es que respaldaran de manera oral los recursos de apelación. Máximo Thomsen (23), uno de los condenados a perpetua, fue el único que habló: aseguró que no tuvieron intención de asesinar a Báez Sosa. No hubo novedades luego de esa audiencia. Los condenados siguen recluidos en el penal de Melchor Romero, en La Plata. Los jueces podrían ratificar la condena, modificarla u ordenar un nuevo juicio.

Tres meses antes de que Casación citara a las partes, se supo que un informe indica que Fernando no murió en la calle, sino que llegó con vida al hospital de Gesell. Es la historia clínica que detalla el estado en que ingresó el chico al shock room. Según el electrocardiograma, Báez Sosa tenía “actividad cardíaca”. Esa prueba no fue tenida en cuenta durante el juicio.

El crimen y qué hizo cada uno de los condenados

A las 4.44 de la madrugada del 18 de enero de 2020, Fernando Báez Sosa, 18 años, fue golpeado por un grupo de jóvenes que lo atacaron por la espalda frente al boliche en el que habían coincidido todos, Le Brique, ubicado sobre la Avenida 3, en Villa Gesell. La paliza duró 45 segundos. Los agresores se fueron caminando. La víctima fue asistida por una médica que llegó en una ambulancia a las 5.07 y lo encontró sin signos vitales. Siete minutos después, a las 5.14, lo ingresaron al shockroom del hospital municipal. A las 6 firmaron el certificado de defunción. Los atacantes fueron detenidos cuatro horas después, a las 10.38, en el chalet que alquilaban. 

Los tres jueces que componen el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores se expidieron en febrero. Prisión perpetua para Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matias Benicelli y Luciano Pertossi, y quince años de cárcel para Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi, por considerarse partícipes secundarios. Todos han tenido responsabilidad en el crimen de Fernando Báez Sosa.

Sobraron pruebas. La suela de la zapatilla de Thomsen quedó tatuada en el mentón de Báez Sosa. Quedó impregnada la sangre de Báez Sosa en la camisa, el pantalón y una zapatilla de Matías Benicelli. Luciano Pertossi fue y vino a las patadas, moviéndose entre Báez Sosa y los amigos que intentaban defenderlo. En los videos, no hay dudas, Ciro Pertossi va por derecha y Enzo Comelli por izquierda, cada uno con una trompada que deja de rodillas a Báez Sosa. Máximo Thomsen llega a la escena hacia el final, siempre está “sobre” Báez Sosa. Para el Tribunal, Lucas Pertossi -el que filmaba todo y por eso se había ganado el mote de “Croniquita”-, Ayrton Viollaz -el arengador- y Blas Cinalli -cuyo ADN quedó impregnado en el meñique de Báez Sosa- “tomaron parte en el hecho, pero sus aportes no resultaron esenciales para que la conducta de los coautores pudiera consumarse”.

VDM/JJD

La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó un planteo de habeas corpus de la defensa de los rugbiers condenados por el homicidio de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell contra las prisiones preventivas dictadas en 2020. Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, así, ratificaron lo actuado por la Sala II del Tribunal de Casación bonaerense que, en julio de 2020, declaró inadmisible el pedido.

Hugo Tomei, abogado de Máximo Thomsen (23), Enzo Comelli (23), Ayrton Viollaz (24), Ciro Pertossi (23), Lucas Pertossi (24), Matías Benicelli (23), Blas Cinalli (22) y Luciano Pertossi (21), había declarado “arbitrarias” las prisiones preventivas. Sin embargo, tras el rechazo de la Corte Suprema, los ocho imputados permanecerán alojados en la Alcandía 3 de Melchor Romero.

El martes pasado los imputados fueron trasladados a la Sala II de Casación en La Plata para participar de una audiencia oral en el que las partes respaldaron sus recursos de apelación a la sentencia dictada en febrero por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Dolores. En esa oportunidad, Thomsen volvió a plantear que jamás planearon matar a Fernando, negando así la hipótesis de premeditación en el crimen.

Thomsen fue el único de los condenados que eligió hablar ante los jueces Mario Kohan, Fernando Mancini Hebeca y María Florencia Budiño. Entre sollozos, cuestionó la legalidad del proceso desde su inicio.

Tanto él como Comelli, Benicelli, Luciano y Ciro Pertossi fueron condenados a cadena perpetua por el crimen ocurrido en Villa Gesell, mientras que Cinalli, Viollaz y Lucas Pertossi recibieron una pena de 15 años de cárcel.

Con información de agencias.

Máximo Thomsen (23), uno de los ocho condenados por la muerte de Fenando Báez Sosa, fue el único que habló ante los jueces de la Sala II de la Cámara de Casación Penal bonaerense Mario Kohan, Fernando Mancini Hebeca y María Florencia Budiño. Entre sollozos aseguró que no tuvieron intención de asesinar a Báez Sosa en la madrugada del 18 de enero de 2020 frente al boliche Le Brique, tal como hizo durante el juicio realizado el último verano ante el Tribunal Oral Criminal (TOC) 1 de Dolores. Reiteró, además, los cuestionamientos a las actuaciones judiciales, especialmente en las primeras horas de la investigación. Casación tiene tiempo hasta marzo para expedirse.

En la sala de audiencias, que fue acondicionada para esta convocatoria técnica, se reencontraron los condenados en primera instancia y los padres de la víctima y sus abogados -Fernando Burlando y Facundo y Fabián Améndola. También estuvo presente la fiscal ante el tribunal, María Laura D´Gregorio. La idea de la jornada es que respaldaran de manera oral los recursos de apelación presentados en marzo, unas semanas después de que el Tribunal de Dolores emitiera el fallo que condenó a prisión perpetua a cinco de los acusados y a 15 años de cárcel al resto.

A lo largo de dos tramos de media hora, tanto la fiscal y los abogados que representan a los padres de Báez Sosa, reclamaron que se confirmen las cinco prisiones perpetuas dictadas por los jueces María Claudia Castro, Emiliano Lázzari y Christian Rabaia, y que los jóvenes que recibieron una pena de 15 años como “partícipes secundarios”, también reciban la pena máxima.

Hugo Tomei, abogado de los jóvenes condenados, estuvo presente en la sala pero no tomó la palabra. Lo hizo su socio, Horacio Henricot durante una hora. En línea con el recurso de apelación, planteó la nulidad del proceso. Cuestionó la actuación de Verónica Zamboni, fiscal de instrucción, y de los jueces de la Cámara de Apelaciones de Dolores. La defensa de los acusados pidió que se aplique la figura del “homicidio en riña” para los casos de Thomsen, Comelli, Benicelli, y Luciano y Ciro Pertossi, sentenciados a perpetua, y la absolución para Cinalli, Viollaz y Lucas Pertossi. Un cambio del delito que se les imputa rebajaría las condenas que los jóvenes recibieron en enero.

La audiencia fue a sala cerrada, a diferencia del juicio en Dolores en la que se permitió el ingreso y permanencia de la prensa en todas las jornadas. Al finalizar la audiencia, Burlando se mostró confiado en que la condena a perpetua “será a los ocho”. Dijo a los medios: “Creo que el tribunal va a dictaminar lo que corresponda, vemos en la sentencia algunas fallas en los razonamientos y de hecho tanto la fiscalía como la defensa han esgrimido esos errores. Creo la condena será a los ocho y no lo contrario”, dijo.

Silvino Báez dijo que están “muy tranquilos”

Silvino Báez, padre del joven asesinado, dijo al salir de la sede judicial que estaban “muy tranquilos” y con “mucha confianza”, y que no vio que los condenados se mostraran “arrepentidos de lo que hicieron”. En cuanto a la declaración de Thomsen, Báez señaló que “hablaba sollozando”, y que “trata de zafar de esto pero están en un lugar muy complicado”.

Fernando Báez Sosa fue asesinado la madrugada del 18 de enero de 2020 a la salida del boliche Le Brique en pleno centro de la localidad balnearia de Villa Gesell, tras ser atacado a golpes por un grupo de jóvenes que habían sido expulsados de la disco. Horas después del homicidio, los ahora condenados fueron detenidos en la casa de veraneo que alquilaban a pocas cuadras de la escena del crimen, y quedaron alojados en la Alcaidía 3 de Melchor Romero, en La Plata.

VDM con información de Télam.

Hoy, a las once de la mañana, en los tribunales de La Plata, los ocho condenados en primera instancia por el crimen de Fernando Báez Sosa y los padres del chico fallecido y sus abogados volverán a encontrarse. Los jueces otorgaron treinta minutos a cada parte para que expongan de manera oral lo presentado por escrito en las apelaciones. El fallo de febrero, al que se autorizó presencia de los medios de comunicación, sentenció a cinco acusados a prisión perpetua y a otros tres a penas de 15 años de cárcel por haber matado a golpes al joven de 18 años la madrugada del 18 de enero de 2020 en Villa Gesell.

Es una audiencia técnica y se realizará en la Sala II de la Cámara de Casación Penal bonaerense, ubicada en calle 43 al 800. El operativo de seguridad organizado para custodiar el traslado y la permanencia en el recinto de los ocho condenados en primera instancia es similar al de Dolores. Pero a diferencia de las cinco semanas de audiencia que se habilitaron en plena feria judicial para el juicio, esta vez no se autorizó el ingreso de la prensa.

Esta instancia fue convocada por los jueces Mario Kohan, Fernando Mancini Hebeca y María Florencia Budiño, y permitirá respaldar sus recursos tanto a la defensa, a cargo de Hugo Tomei; como a los abogados que representan a la familia de la víctima, Fernando Burlando, y Fabián y Facundo Améndola; y a la fiscal ante el tribunal, María Laura D´ Gregorio.

La defensa de los condenados insistirá con distintos planteos de nulidad y pondrá el foco en la figura del “homicidio en riña” para los casos de Máximo Thomsen (23), Enzo Comelli (23), Matías Benicelli (23) y Luciano (21) y Ciro Pertossi (23), sentenciados a prisión perpetua, y la absolución para Blas Cinalli (22), Ayrton Viollaz (24) y Lucas Pertossi (24), que recibieron una pena de 15 años de cárcel. Así, el abogado Hugo Tomei reiterará su pedido para que se declare la “ilegalidad” del procedimiento en el que fueron detenidos los jóvenes la mañana posterior al crimen y en los cuestionamientos a las indagatorias y al allanamiento de la casa que alquilaban en Villa Gesell.

Fuentes judiciales indicaron que Tomei mantuvo días atrás un encuentro con los condenados en la Alcaidía III del penal de Melchor Romero, donde están alojados. Allí conversaron sobre la estrategia recursiva, sin definir por el momento si alguno de ellos declarará en la audiencia. La fiscalía y la acusación, en tanto, insistirán en el pedido de que la prisión perpetua alcance a los ocho jóvenes, por considerar que tuvieron el mismo grado de responsabilidad en el crimen ocurrido frente al boliche “Le Brique”.

Qué reclaman los fiscales y los abogados de los padres de Fernando

En su apelación al fallo de primera instancia, Juan Manuel Dávila y Gustavo García, quienes llevaron adelante la acusación fiscal ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de la ciudad de Dolores, consideran que todos los acusados fueron coautores del delito de “homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, en concurso ideal con lesiones leves”. Más simple: para los fiscales “no hubo roles”, sino que “todos hicieron todo” y “se pusieron de acuerdo para matar a Fernando”. Para ellos esto quedó acreditado en la prueba incorporada durante la instrucción, que reunió a 87 testigos, decenas de videos reproducidos y las pericias detalladas en las distintas audiencias. Por eso rechazan la calificación de “partícipes secundarios” para Cinalli, Viollaz y Lucas Pertossi.

En la misma línea, los abogados Fernando Burlando y Fabián y Facundo Améndola, representantes de los padres de Fernando, ratificarán el pedido de que la prisión perpetua alcance a los ocho condenados, por entender que todos fueron coautores del crimen.

Cocina, “calistenia” y expectativa por lo que pase en Casación: la espera de los ocho condenados

Los jóvenes acusados de matar a golpes a Báez Sosa continúan alojados en parejas, en cuatro celdas ubicadas en el Pabellón 6 de Melchor Romero, en La Plata. Tienen permitido permanecer tres horas al aire libre. La rutina carcelaria se reparte entre ejercicios físicos de calistenia, y en algunos casos, con tareas en la cocina de la unidad.

En caso de solicitarlo, cuentan con asistencia psicológica y, además, familiares los visitan una vez por semana. Allegados a los jóvenes confirmaron a Télam que tienen “esperanzas” de que el fallo sea revisado.

VDM con información Télam.

Los rugbiers condenados por asesinar a Fernando Báez Sosa en enero de 2020 en la ciudad balnearia de Villa Gesell, saldrán de la cárcel luego de que la Justicia haya fijado una nueva audiencia donde podrán detallar sus apelaciones por las condenas recibidas el pasado 6 de febrero.

Será el próximo martes 15 de agosto a las 11 y se tratará de la primera vez que saldrán de Melchor Romero después de haber sido encontrados culpables por el crimen.

El abogado de los padres de Fernando, Fabián Améndola confirmó en diálogo con TN que es una audiencia para “detallar lo que ya se hizo por escrito”. Aunque no es obligatorio la presencia de los acusados, desde el entorno de los rugbiers confirmaron que los ocho irán.

Según se supo, está previsto que ese martes los jóvenes sean trasladados desde la alcaldía de Melchor Romero al Tribunal de Casación, ubicado en la calle 43 de La Plata.

En la resolución se pudo anunciar que el tribunal rechazó el pedido de la defensa de citar a declarar a la doctora Verónica Zamboni, Agente Fiscal del Departamento Judicial Dolores, a la doctora Olindi Huespi, Defensora Oficial del mismo Departamento Judicial y a Alejo Milanesi.

“El ofrecimiento de prueba testimonial realizado por la Defensa no prospera pues en esta etapa recursiva se requiere -como exigencia dirimente de admisibilidad para el avance de toda articulación- que la parte interesada demuestre las circunstancias que tornarían atendible dicho ofrecimiento a fin de que esta Alzada pueda evaluar su admisibilidad supuesto que, en autos, se verifica incumplido”, indica el informe.

En este sentido, es importante destacar que Máximo Thomsen, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Ciro y Luciano Pertossi fueron condenados a prisión perpetua por “homicidio doblemente agravado, por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía en concurso real con ideal con lesiones leves”.

En tanto, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi recibieron penas de 15 años de prisión por ser partícipes secundarios del mismo hecho.

Días después de conocerse las condenas, todas las partes presentaron ante el Tribunal de Casación los pedidos de apelación.

Tanto la fiscalía como la querella pidieron que los tres rugbiers condenados a 15 años de prisión también sean encontrados culpables por el homicidio y no por ser partícipes secundarios.

Por su lado, Hugo Tomei, abogado de los jóvenes, solicitó que se modifique el delito a los que tienen la máxima condena ya que la muerte de Fernando Báez Sosa se relaciona a un “homicidio en riña”.

Con respecto a los de menor pena insistió en que debería ser absueltos.

NB con información de agencia NA.

Para los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal de Dolores, Fernando Báez Sosa murió inmediatamente después del ataque, es decir, a las 4.45 de la madrugada del 18 de enero de 2020. Pero en el informe que elDiarioAR publicó ayer, el horario de la muerte está fijado a las 6 de la mañana. En esa ventana de tiempo pasaron varias cosas y en esa diversidad de eventos podría cambiar la situación de los ocho jóvenes condenados por el asesinato del chico. Esta novedad en la causa no anula el hecho de que la víctima agonizó luego de la golpiza, pero sí marca un diferencia respecto del veredicto en primera instancia que deberá ser revisado por la Cámara de Casación Penal.

La paliza duró 45 segundos. Los agresores se fueron caminando. Así lo registran las cámaras de seguridad privada, los domos municipales y las filmaciones de los celulares de algunos de los condenados y de peatones. Báez Sosa quedó tendido en el piso, frente a Le Brique, inconsciente. En ese momento, una chica que salía del boliche y un agente de prefectura intentaron reanimarlo con masaje cardíaco. A las 5.07 llegó la ambulancia y una médica lo asistió en el lugar con RCP. A las 5.14 entró en el shockroom del hospital de Gesell, donde lo intubaron y le inyectaron ampollas de varios tipos de medicación mientras lo conectaron al electrocardiograma. En tres de ellos -a las 5.27, 5.45 y 5.55- se detectó actividad cardíaca. Decretaron su muerte, según consta en el informe, a las 6 de la mañana.

Estos elementos contradicen lo declarado por la médica Carolina Giribaldi Larrosa, que llegó en la ambulancia y fue la primera en asistir a Báez Sosa. Giribaldi Larrosa dijo que la víctima “no tenía signos vitales” ni “capacidad de sobrevida”. Pero también ponen en jaque el veredicto del Tribunal, que condenó a prisión perpetua a cinco agresores y a quince años a los otros tres. El TOC N°1 consideró que estaba “plenamente probado” que “luego de acabar con la vida de Fernando Báez Sosa, segundos después de las 04.45 horas, los ocho imputados se alejaron del lugar”.

¿En qué cambia la situación de los condenados?

Algo curioso: tanto los abogados que representan a los padres de Báez Sosa, como los fiscales Gustavo García y Juan Manuel Dávila pidieron al Tribunal que este informe fuera incorporado como prueba en el juicio, pero el abogado defensor de los ahora condenados, Hugo Tomei, se negó. ¿Por qué Tomei pidió que fuera omitido si le conviene? Quizás responda a la estrategia que el abogado aplicó desde el principio: que por más prueba que se pusiera en análisis, sus defendidos estaban condenados antes de que el juicio se iniciara. La mediatización del caso, el tratamiento que le dieron los medios de comunicación y la narrativa que construyó el abogado que representa a los padres de la víctima, Fernando Burlando, son más fuertes que cualquier prueba presentada en la Justicia.

Según Télam, fuentes cercanas al Ministerio Público Fiscal aseguraron que “no cambia en nada la historia”. Tampoco cambia la situación de los condenados para Fernando Burlando, el abogado de los padres de la víctima, que dijo ayer que “el expediente que dice que Fernando Báez Sosa murió en el hospital no es nada nuevo”. Es cierto, pero no del todo. El informe impactó en el sistema de la Cámara de Casación Penal la semana pasada; además, los peritos de parte de la defensa de los acusados no tuvieron acceso al informe -tal como declararon al Tribunal en la última jornada de juicio- justamente porque no fue añadido al expediente durante la etapa de instrucción.

Para la defensa de los condenados, en cambio, sí es importante la incorporación de la historia clínica en el expediente que está en Casación. ¿Por qué? elDiarioAR pudo saber que para el entorno de los ochos jóvenes condenados por el asesinato de Báez Sosa, este informe fortalece la posición que Báez Sosa fallece a las seis de la mañana, como dice el certificado de defunción que fue omitido en el juicio. Esto indica que Báez Sosa, que entró en estado de agonía al hospital de Gesell, no murió en la calle sino en el hospital. Fiscalía, querella y defensa apelaron el fallo del TOC. La defensa pide la nulidad de las condenas; querella y fiscalía pidieron que se revean las penas a 15 años que recibieron tres de los condenados. Será la Cámara de Casación Penal la que decida el futuro de los ocho agresores.

VDM/NB

Fernando Burlando, abogado de la familia Báez Sosa, habló sobre la aparición del electrocardiograma que indica que Fernando Báez Sosa estaba inconsciente pero con actividad cardíaca al momento de su ingreso al Hospital de Villa Gesell. “No es nada nuevo para las partes el expediente que apareció. La doctora Garibaldi constató que ya no tenía signos vitales. A partir de ahí le hace masaje cardíaco y le aplica el desfibrilador”, apuntó el letrado.

Reclamado por las partes, el informe es parte de la historia clínica que fue omitida en el proceso contra los ocho jóvenes que terminaron condenados en febrero, cinco de ellos a perpetua y el resto a 15 años de prisión. Ahora, es estudiado por la Cámara de Casación Penal, luego de que el fallo fuera apelado tanto por los padres del joven fallecido como por la defensa de los condenados.

“Ya durante el juicio la doctora nos informó que (Fernando Báez Sosa) ya había fallecido cuando ella lo intenta reanimar en el lugar y durante el viaje al hospital”, recordó Burlando en diálogo con Radio Continental. “Cuando llega al hospital, se lo interna en el shockroom, le aplican medicinas que pudieron haberle causado una reanimación momentánea, pero el sistema nervioso estaba muy afectado y no lo pudieron mantener”, añadió.

“Que introduzcan este tema de vuelta, además de ser de muy mal gusto, no variaría la situación de los acusados. En definitiva, la muerte se produce por este plan de castigo en manada con la única intención de matarlo, es lo que dijo la Justicia”, sentenció Burlando.

A casi cuatro meses de la sentencia, elDiarioAR contó que introducción de este factor podría marcar un giro en la causa. Si Fernando Báez Sosa llegó al hospital con signos vitales, se abre la pregunta sobre si su muerte se dio por los golpes propinados por la patota, por no recibir la atención médica adecuada cuando agonizaba frente al boliche Le Brique, o ambos.

LC

Fernando Báez Sosa estaba inconsciente cuando lo ingresaron al Hospital de Villa Gesell, pero tenía actividad cardíaca. Así lo indica el electrocardiograma incluido en el informe de catorce páginas que elaboraron los médicos en la madrugada del 18 de enero de 2020, cuando murió. El electrocardiograma forma parte de la historia clínica que fue omitida en el juicio contra los ocho jóvenes que terminaron condenados en febrero, cinco de ellos a perpetua y el resto a 15 años de prisión. Pero esta semana, ese informe apareció y lo incorporaron al expediente que ahora estudia la Cámara de Casación Penal, luego de que el fallo fuera apelado por los padres del joven fallecido y por la defensa de los condenados.

Este documento había sido reclamado por fiscales y querella durante el juicio, pero el Tribunal Oral en lo Criminal de Dolores no hizo lugar al pedido. También descartó como testigo a quien constató la muerte de Báez Sosa, Silvia Romero, que declaró la muerte de Fernando a las seis de la mañana. A casi cuatro meses de la sentencia, la introducción de la historia clínica en la causa podría marcar un giro en el caso: si Báez Sosa llegó con signos vitales, aunque leves, al hospital, ¿lo mataron los golpes propinados por la patota o no recibió la atención médica indicada en emergencias cuando agonizaba frente al boliche Le Brique? ¿O su muerte se produjo por ambos motivos?

El informe contradice a la emergentóloga y al médico que hizo la autopsia

El informe incorporado -tarde- a la causa contradice lo declarado por Carolina Garibaldi Larrosa, la médica emergentóloga que llegó en la ambulancia, es decir, la primera en asistir a Báez Sosa. Larrosa dijo que Fernando no tenía signos vitales. Sin embargo, el electrocardiograma hecho en el hospital indica actividad cardíaca y se informa que lo desfibrilaron en dos ocasiones, lo que indica que al menos una vez su corazón tuvo algún tipo de ritmo eléctrico, aunque desorganizado.

Otro dato que surge del parte médico es que “no se observan lesiones en cráneo de origen traumático” y que “en tórax había claros signos de aspiración de fluidos y signos de ahogamiento con ocupación de la tráquea y bronquios”. Diego Duarte, el forense que hizo la autopsia, concluyó que la muerte fue “instantánea” por “golpes multidireccionales en la cabeza”. Las declaraciones de la emergentóloga y el forense van en el mismo sentido: Fernando ya estaba muerto cuando lo asistieron en la calle -y no había manera de salvarlo-; la muerte se produjo por la golpiza -hecha entre varias personas-. La historia clínica recién incorporada al expediente marca algunos grises.

Un corazón que trataba de “zafar”

Teniendo en cuenta el informe, elDiarioAR pidió a dos peritos forenses que explicaran qué podría haber pasado entre que a Fernando la golpearon y el momento en qué murió. Con reserva de su nombre, coincidieron en que se trató de “una persona que llegó (al hospital) en estado agónico, con latidos muy leves, pero que es posible observar los 'palatazos' del corazón; era un corazón que estaba tratando de zafar ”. Sobre el ahogamiento dijeron que podría haberse producido por “no haber protegido las vías aéreas con una intubación endotraquial posiblemente durante el traslado”.

En su declaración ante el Tribunal, la emergentóloga Larrosa dijo que no utilizó el respirador de la ambulancia porque “necesitaba hacer RCP (N. de la R.: reanimación cardiopulmonar) avanzada en el hospital” y que usó “el Ambu, que era más práctico”. El Ambu es un respirador manual formado por una máscara y un globo que se usa para ventilar a las personas que no pueden respirar.

Un informe desestimado durante el juicio

El 5 de enero, durante la cuarta jornada del juicio por la muerte de Báez Sosa, el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores, presidido por la jueza María Claudia Castro, resolvió cuestiones pendientes. Una fue el pedido de la querella y de los fiscales, quienes habían solicitado que se incorpore el informe en el que se detallaba el ingreso de Báez Sosa al hospital y las maniobras de resucitación que le habían practicado. También pidieron que declare como testigo la médica que firmó la muerte del joven, Silvia Romero. Los jueces desestimaron ambos pedidos. ¿Por qué el informe aparece ahora y se incorpora en una segunda instancia? No hay, por lo pronto, respuesta a esa pregunta.

Este informe se anexó al expediente que pasó, luego de las apelaciones, a la Cámara de Casación Penal. El documento no fue analizado por los peritos de parte de la defensa de los condenados porque como no era parte de la prueba, no tuvieron acceso. Sin embargo, algunos datos coinciden con las dudas que plantearon los peritos forenses Juan José Fenoglio y Jorge Rodolfo Velich. Puestos por la defensa, cuestionaron ante el Tribunal las conclusiones de la autopsia. Durante más de dos horas insistieron en que el informe final no explicaba la causa de la muerte porque no precisa si ciertas lesiones fueron producto de los golpes o de las maniobras de reanimación que le practicaron. El fiscal Gustavo García y Fernando Burlando, uno de los abogados que representan a los padres de Fernando, cuestionaron la exposición de ambos. El cruce fue tan tenso que la jueza debió intervenir. Ese día, el último de la etapa de presentación de pruebas, se cumplían tres años de la muerte de Fernando.

Los ocho condenados por el crimen , aislados en Melchor Romero

El 6 de febrero, el TOC N°1 de Dolores sentenció a prisión perpetua a Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matias Benicelli y Luciano Pertossi por ser autores del crimen. Y condenó a quince años de cárcel a Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi, por considerarse partícipes secundarios. El ataque, concluyeron los jueces, fue un desquite por el cruce que Thomsen había tenido dentro del boliche con la víctima y dos amigos. Bastó un empujón y un golpe en el estómago para que el asunto siguiera afuera. En la sentencia los jueces pusieron en duda que la paliza haya estada destinada solo a Báez Sosa, entienden que los agresores fueron contra el grupo de amigos de Fernando pero aprovecharon que la víctima estaba inconsciente.

Los ocho jóvenes presenciaron todas las jornadas del juicio en su contra. Luego de la lectura del fallo, volvieron al penal de Melchor Romero. Están aislados del resto de los presos y no pueden participar de las actividades que sí se le ofrecen al resto de la población carcelaria. Habían dicho que ése no sería el lugar de detención definitiva, pero hasta ahora no hay novedades del traslado.

VDM/MG

Entre las autoridades del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) se generó una gran preocupación por el estado de salud que atraviesan los ocho condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa, sobre todo aquellos cinco que recibieron prisión perpetua, luego de que se conociera que sufren depresión.

Fuentes penitenciarias revelaron que “los ocho están con una medida de resguardo de integridad física por miedo a que se lastimen ellos mismos por la depresión que padecen”. Indicaron que existe un “temor de que alguno pueda suicidarse”.

Desde que fueron detenidos por el asesinato de Báez Sosa hasta el día de hoy “jamás se pelearon a golpes de puño”, ya que los guardias los tienen “bien custodiados”. “Si bien pudo haber ocurrido alguna discusión, no pasó de eso”, precisaron las fuentes consultadas ante el hermetismo del SPB.

Los ocho culpables estuvieron todo este tiempo en la alcaidía de Melchor Romero, salvo el tiempo que duró el juicio, entre el 1 de enero y el 6 de febrero, cuando fueron alojados solos en un penal de Dolores.

El pasado lunes se conoció la sentencia que condenó a una pena de prisión perpetua a Máximo Thomsen, Ciro y Luciano Pertossi, Enzo Comelli y Matías Benicelli.En tanto Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi recibieron 15 años por ser partícipes secundarios.

Ya de regreso en Melchor Romero y a la espera del traslado a un penal para cumplir la condena, el cual se espera que sea la Unidad 57 de Campana donde se pidieron ocho cupos, la preocupación del SPB crece por la situación emocional de los ocho. “Ellos estaban mal antes del juicio, imaginate ahora ya condenados de esta manera”, explicó la fuente penitenciaria consultada.

Más allá de las penas que recibieron, otro golpe duro que sufrieron fue el secuestro de los dos teléfonos celulares a Comelli y Cinalli, debido a que se descubrió que usaban redes sociales, algo que está prohibido dentro de la cárcel, porque solo se pueden hacer llamadas a familiares y allegados.

Uno de ellos habló con un funcionario del SPB y le dijo: “Nos sacaron los celulares que usábamos para hablar con nuestras familias. Hablar con ellos era lo único que nos mantenía vivos”. Esa frase alertó al Servicio Penitenciario, por lo que se pidió un extremo cuidado de los presos.

Thomsen es el más afectado de los ocho y varias veces pidió asistencia psicológica, lo mismo que Comelli. También solicitaron que les llevaran biblias y pidieron que un pastor evangélico los visitara dentro de la alcaidía.

LC con información de agencia NA

“Golpear violentamente era una actividad habitual para todo el grupo, lo que me permite inferir que todos conocían la gravedad de las consecuencias que la modalidad de la forma de atacar desencadenaba”, escribió en la sentencia la jueza María Claudia Castro, presidenta del Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores. Ninguno de los ocho condenados por haber sido responsables de la muerte de Fernando Báez Sosa tenía antecedentes penales al momento del procesamiento y el Tribunal lo consideró un atenuante. Sin embargo, destacó en el fallo que actuar en patota era frecuente y que por eso eran conscientes de las consecuencias de esa conducta. Tomaron en cuenta los testimonios de tres testigos: Pablo Ventura, el remero acusado falsamente por Máximo Thomsen; Juan Pedro Guarino, primero imputado por el crimen y después sobreseído, y Francisco Santoro, amigo de Ventura.

En la mañana del 18 de enero de 2020, cuatro horas después de que declararan muerto a Báez Sosa, la policía allanó el chalet que los ahora condenados alquilaron. Un policía preguntó de quien era una zapatilla negra de suela blanca que a simple vista estaba manchada de sangre. Máximo Thomsen, dueño del calzado, se lo atribuyó a Ventura. Dijo además, que Ventura había “huido” en un auto blanco a las 7.30, es decir, casi tres horas antes. Ventura, que nunca estuvo en Gesell, fue detenido esa misma tarde en su casa de Zárate. Lo liberaron tres días después, cuando la fiscal de Instrucción, Verónica Zamboni, determinó que esa noche, el remero había cenado con sus padre a 400 kilómetros de la Costa.

“Eran chicos problemáticos”, dijo Ventura en la audiencia, dado que fue citado como testigo. “Siempre agarran en grupo a alguien. En Zárate eran conocidos porque se peleaban después de las jodas y a la salida de los boliches”, dijo. La fiscalía expuso a Ventura a los mensajes de WhatsApp que se había enviado con amigos el día de la detención de los condenados, cuando todavía estaba en su casa e incluso cuando llegó a la DDI de Campana, ya notificado de la acusación. Pablo escribió: “Si llega a ser Lucas Pertossi que siempre la flasha conmigo les juro que ahí sí voy a preso pero por matarlo”. La fiscalía le preguntó si había tenido problemas con ellos antes. Pablo dijo que no, pero que los había visto pelear “entre tres, cuatro o cinco, contra dos; ellos siempre eran mayoría”. Tomei, abogado defensor, pidió precisiones. Ventura no supo responder cuándo había visto aquellas peleas. El Tribunal tomó nota.

Francisco Santoro, amigo de Ventura, también citado a declarar, habló de la “impunidad con la que se movían en Zárate”. “Siempre en grupo. Hubo casos puntuales, los vi de cerca. Ellos provocan, buscan tu reacción con empujones, toques en la cabeza o volcando tu vaso. Te ponen a prueba a ver tu reacción. O te quedas callado y te alejas, o reaccionás. Si reaccionás... ya saben los resultados”, contó. Santoro describió otro episodio, sucedido en 2019. Se trató de una pelea que empezó adentro de una fiesta y terminó afuera: en grupo contra uno. “El chico terminó en el hospital con fractura de cadera. Su diversión en la noche era salir a buscar problemas, en vez de tomarse un trago y almorzar con la familia”, agregó el amigo de Ventura.

Juan Pedro Guarino fue uno de los diez detenidos en la mañana del crimen, pero como pudieron ubicarlo en la escena, lo sobreseyeron. Lo mismo El día de los alegatos, la fiscalía lo acusó ante el Tribunal a él y a Tomás Colazo por falso testimonio.  “Habíamos ido de vacaciones a pasarla bien, ellos ya se habían peleado otras veces. Yo había hablado con mi mamá y mi novia que si volvía a pasar yo me iba a volver de la vacaciones, por eso digo que no lo podía creer”, dijo Guarino a los jueces.

Ellos provocan, buscan tu reacción con empujones, toques en la cabeza o volcando tu vaso. Te ponen a prueba a ver tu reacción.

Francisco Santoro. — Amigo de Pablo Ventura.

Como testigos, hablaron al Tribunal los padres de los hermanos Ciro y Luciano Pertossi, y el de Matías Benicelli. “¿Que qué pienso de este hecho? Que es una desgracia. Que uno cree que las cosas están encaminadas en la vida y llega esto. Mis hijos no son asesinos, son chicos, son adolescentes. Son vagos, como decimos en el barrio. No puedo creer de lo que se los está acusando”, dijo el padre de Ciro y Luciano Pertossi en la audiencia. Mauro trabajó 25 años en la automotriz Toyota. Le dijeron que “por lo mediático del caso” preferían “desligarlo” de la empresa. Eso fue hace casi tres años. Desde entonces no consigue empleo.

“Quedó evidenciado el conocimiento y la amistad que los ocho acusados mantenían al momento del suceso. Esa cohesión grupal se vio plasmada en la coordinación del hecho y el apoyo de unos a otros”, señaló en el fallo la jueza Castro. Condenaron a prisión perpetua a Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matias Benicelli y Luciano Pertossi, y a quince años de cárcel a Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi, por considerarse partícipes secundarios. Todos han tenido responsabilidad en el crimen de Fernando Báez Sosa, el chico que estaba veraneando en Villa Gesell con amigos y en la madrugada del 18 de enero de 2020 murió a causa de los golpes que los condenados le propinaron en patota y a traición. 

La fiscalía y los abogados que representan a los padres de Fernando Báez Sosa quieren que Casación revise las penas a 15 años que recibieron tres de los ocho jóvenes responsables del crimen. La defensa de los condenados pedirá la revisión total del proceso, que incluye también a los cinco condenados a perpetua. Todas las partes avisaron que apelarán la sentencia.

VDM/MG

Antes de que se venciera el plazo legal, los fiscales y la querella que representa a los padres de Fernando Báez Sosa ya avisaron al Tribunal Oral en lo Criminal N°1 que apelarán ante Casación las condenas a 15 años que recibieron Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi por el crimen ocurrido en enero del 2020 en Villa Gesell, confirmaron hoy fuentes judiciales.

En tanto, la defensa de los acusados, a cargo del abogado Hugo Tomei, también hizo la reserva ante el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Dolores para recurrir a Casación bonaerense por todas las condenas: las perpetuas que recibieron Máximo Thomsen (23), Ciro Pertossi (22), Enzo Comelli (22), Matías Benicelli (23) y Luciano Pertossi (21) y a 15 años que le dictaron a Blas Cinalli (21), Ayrton Viollaz (23) y Lucas Pertossi (23).

Los representantes del Ministerio Público Fiscal, Juan Manuel Dávila y Gustavo García, hicieron la presentación el mismo lunes, horas después de haber escuchado el fallo. En el escrito, al que tuvo acceso Télam, los fiscales manifestaron “la intención de interponer Recurso de Casación” respecto de Lucas Pertossi, Cinalli y Viollaz, “quienes fueran condenados como partícipes secundarios del hecho calificado como homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía en concurso ideal con lesiones leves”, en perjuicio de Báez Sosa y algunos de sus amigos.

“Desde la fiscalía estamos muy conformes. Lo único que no compartimos, pero deberemos analizar, es la participación que el tribunal le endilga a estas tres personas”, señaló a la prensa el fiscal Juan Manuel Dávila el pasado lunes tras conocerse las condenas. Dávila manifestó estar convencido de que Cinalli, Viollaz y Pertossi “son coautores y no que tienen una participación secundaria como dictó el tribunal”.

El equipo querellante, Fernando Burlando, Fabián Améndola, Germán Facio y Facundo Améndola, en calidad de representantes de Graciela Sosa y Silvino Báez, los padres del joven asesinado, presentaron esta mañana la reserva de Casación. “Venimos por el presente a efectuar la manifestación de la intención de interponer recurso de Casación, contra el fallo de fecha 6 de febrero de 2023 en cuanto resolvió condenar a Cinalli, Viollaz y Lucas Pertossi a la pena de 15 años”.

Ahora las partes tienen 20 días corridos para interponer formalmente el escrito ante el Tribunal de Casación bonaerense. Los jóvenes fueron condenados el lunes por haber asesinado a golpes o haber participado de la agresión a Fernando Báez Sosa en la madrugada 18 de enero del 2020 a la salida del boliche Le Brique, Villa Gesell.

VDM con información de Télam.

En la confitería La Ley, ubicada en la esquina de los Tribunales de Dolores, sintonizaron el televisor en un noticiero de aire. La pantalla devolvía lo que pasaba dentro de la sala de audiencias: el veredicto contra los ocho acusados de matar a golpes a Fernando Báez Sosa. Las mesas estaban ocupadas, había gente de pie que apretaba rosarios contra el pecho, y curiosos con la cara pegada al vidrio. Todo era silencio hasta que el secretario del juzgado dijo “condenados a la pena de prisión perpetua”. Entonces sobrevinieron los aplausos, los abrazos, las palmadas en la espalda. Si no fuera porque a coro se gritó la palabra “justicia” inmediatamente después, el fallo, en ese bar, se festejó como un gol de penal en la final de un Mundial. Un paisaje futbolístico de equipo único: el de la camiseta con la cara estampada de la víctima. Alguien dentro de la confitería gritó “vayan preparando la vaselina”.

Dolores, ciudad siestera, ciudad de perros buenos, de perros salvajemente domesticados, ciudad de motos que zumban como mosquitos. Dolores sabe cómo es recibir un aluvión de personas con interés judicial. Aquí se llevó a cabo el juicio por el asesinato de José Luis Cabezas y aquí estuvo detenido Guillermo Coppola, cuando lo acusaron de formar parte de una red narco que vendía drogas a la farándula. Este verano, Dolores fue el escenario de un juicio que sacudió estructuras de todo tipo: de clase, deportivas, de color de piel, de crianza. En la ciudad donde el que no vive del empleo municipal, trabaja para el Servicio Penitenciario o en el sistema Judicial, suma a su Historia el juicio por el crimen de Báez Sosa. Durante cinco semanas, Dolores estuvo intervenida por el “juicio a los rugbiers”.

Fue de a poco. Como una ola que se cuece en el fondo del mar y cuando llega a la orilla, arrasa. Los padres de Báez Sosa se cuidaron al pedir que “su hijo descanse en paz con una condena justa”. Igual que en las redes sociales, el clima, sin embargo, iba transformándose: hubo, por momentos, un reclamo de venganza más que de una pena acorde a la ley. El 18 de enero, al cumplirse tres años del asesinato de Báez Sosa, el anfiteatro de la ciudad estuvo colmado de personas que encendieron las linternas de sus celulares, rezaron el Padre Nuestro, se conmovieron con un video de fotos que repasaba la vida -corta, fugaz- de Báez Sosa. Graciela Sosa, la madre de la víctima, tomó el micrófono y dijo: “Nosotros no queremos venganza, queremos que paguen lo que le hicieron a mi hijo”. El mismo mensaje dio en cada entrevista ofrecida junto a su marido en Dolores. Y sin embargo, hubo gente que aplaudió cuando alguien entre el público gritó “pena de muerte”.

El 2 de enero, primer día de audiencias, la valla azul que protegía el frente de los Tribunales estaba despejada. A medida que pasaban los días, la adornaban con fotos, flores, medallitas, banderas… Permanece el relicario, nadie lo toca. Una cartulina dice: “Fernando es el hijo de todos”. Un cartel dice: “A Fernando lo mató el RCP que le hicieron los rugbiers: le Rompieron la Cabeza a Patadas”. Alguien imprimió una foto de los condenados, la enmarcó y tejió alambres sobre la imagen como si fueran rejas: “44 millones contra ustedes. Lágrimas secas, cero empatía, asesinos, mentirosos, peor que un animal, racistas, soberbios, violentos”. Ocho características, una por cada acusado. 

“¿Sabés qué pasa? A mí cuando era pibe me cagaron a trompadas”, me dice un hombre después de pedirme una birome para dejar una dedicatoria en una de las fotos de Fernando que cuelga de la valla. Insiste: “Y mirá lo que soy” y yo veo a un hombre robusto, ancho, de estatura considerable, y pienso que ese cuerpo estaba en ciernes cuando era adolescente y sin embargo: “En grupo me cagaron a trompadas, bien de cagones… Te agarran solo. Estas bestias, se merecen lo peor”.

“Justicia es perpetua”, dice un triángulo de tela blanca. La leyenda está escrita con fibrón, pero si hubiera estado bordada podría ser un pañuelo de Madres o Abuelas. La apropiación de símbolos, la resignificación de símbolos. Una nueva era. A la vuelta de los Tribunales hay un local partidario de “La Julio Argentino”, la facción joven de los seguidores de Javier Milei. 

Graciela Arce se ocupó de custodiar, reponer y forrar con nylon cada cartel. Vive en La Boca, era docente, se jubiló hace seis años. El 1 de enero, cuando ya estaba arriba del micro, le envió una selfie a sus hijos. Fue su forma de anunciar que se instalaría en Dolores hasta el final del juicio. “Les dije que necesitaba estar con Silvino y Graciela. Estoy parando en una pensión acá, a cuatro cuadras. Me cobran 1.500 pesos por día. ¿Por qué? Porque me conmueven las personas que están solas y les pasa una desgracia”, explica Graciela. También cuidó “las piedras del Covid”, una instalación-homenaje a las víctimas de la pandemia que instalaron al pie de la Pirámide, en Plaza de Mayo. Hacía diez años que no se tomaba vacaciones. Invirtió sus ahorros en estas cinco semanas en Dolores.

VDM

Para los fiscales y la querella, los ocho imputados idearon un plan con el objetivo de asesinar a golpes y en grupo a Fernando Báez Sosa. Para la defensa, en cambio, la organización no existió y la muerte se produjo por exceso. Después de quince jornadas de debate, alegatos incluidos, y 87 testigos, hoy a las 13 los jueces que componen el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores dictarán su sentencia.

María Claudia Castro -presidenta del Tribunal-, Emiliano Lazzari y Christian Rabaia resolverán en su fallo si a todos los acusados les corresponde la prisión perpetua, si solo alguno de ellos recibe esa sentencia, o si el hecho se encuadra en una figura más leve y reciben una pena menor, que incluso podría significar la salida de la cárcel casi inmediata, por los casi tres años que llevan con prisión preventiva. La lectura del fallo podrá seguirse vía streaming, por el canal de YouTube de la Suprema Corte de Justicia bonaerense.

Fernando Báez Sosa, 18 años, murió en la madrugada del 18 de enero de 2020 en Villa Gesell luego de ser atacado a golpes. Por el hecho, Máximo Thomsen (23), Enzo Comelli (22), Matías Benicelli (23), Blas Cinalli (21), Ayrton Viollaz (23), y Luciano (21), Ciro (22) y Lucas Pertossi (23) llegaron al juicio imputados por “homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas”. Para las partes acusatorias la evidencia indica que después de un cruce adentro de la disco Le Brique, los ocho jóvenes idearon una venganza que terminó con la muerte de Báez Sosa. La defensa de los agresores no niega el hecho, pero pone en cuestionamiento la intención de matar, que haya existido un plan y que la víctima no pudo defenderse del ataque.

Para la fiscalía el móvil del crimen fue éste: Máximo Thomsen se vengó del golpe que le había pegado en el estómago Fernando Báez Sosa. Según reconstruyeron los fiscales Gustavo García y Juan Manuel Dávila, la víctima y tres amigos se cruzaron con Thomsen, Ayrton Viollaz y a alguno de los Pertossi dentro de Le Brique, cuando la pista estaba colmada de gente en la previa del show de Neo Pistea. Por ese intercambio de manotazos, la Seguridad del lugar los expulsó del boliche. Afuera, según el alegato de García, los agresores tuvieron siete minutos para organizar la venganza. Esperaron a que la policía, de custodia en el lugar, corriera hacia la esquina a resolver otra pelea. La emboscada sucedió con la cuadra liberada. La paliza duró 45 segundos. Pidieron perpetua para todos.

El equipo de abogados que representa a los padres de Báez Sosa alegó en el mismo sentido y pidió, también, prisión perpetua.  “Fernando fue fusilado a golpes mortales”,  dijo Fernando Burlando, abogado de la querella. Remarcó que “hubo voluntad de matar y por eso lo mataron”. Bajo la premisa de que “todos asesinaron, todos mataron”, el socio de Burlando, Fabián Améndola, aclaró que “el plan se acredita a partir de la forma de comisión del hecho; no eligieron cualquier forma: eligieron una forma alevosa, no hay que hablar de división de roles porque todos golpearon a Báez Sosa y todos evitaron que recibiera ayuda”.

Las partes acusadoras sostuvieron que hubo “dolo”, es decir: un plan mentado para asesinar a Fernando. Afirman que cuando los imputados coincidieron con Báez Sosa y sus amigos en la vereda de enfrente a Le Brique, dos de los atacantes -Ayrton Viollaz y Lucas Pertossi- se aseguraron que no hubiera custodia policial en la cuadra. Cuando Viollaz dio la orden de arrancar el ataque, Enzo Comelli y Ciro Pertossi le asestaron a Fernando las dos trompadas que lo desmayaron. Luego se sumó el resto. El último en llegar, según reconstruyeron, fue Máximo Thomsen.

“No era pegar contra el grupo, era pegarle a Fernando. Y sobre eso, ¿a quién había que liberarle la zona? ¿Quién era el ofendido? Máximo Thomsen. Thomsen esperó a que sus compañeros le liberen la zona. Thomsen siempre está arriba de Fernando. No digo que es el líder del grupo, pero ese día sí. Porque ese día el que sintió ofendido fue él. Fernando estaba 'regalado'. Sus amigos también”, señaló el fiscal García. El día que declaró su madre, Rosalía Zárate, Thomsen pidió hablar al Tribunal y dio su versión de esa madrugada.

Hugo Tomei, abogado defensor de los ocho, rebatió la acusación con la que sus asistidos llegaron a juicio. Para la defensa la agresión existe, pero también existen varios “pero”: a su entender, fiscalía y querella no pudieron comprobar la intención de matar ni la planificación, y también es discutible que la víctima haya estado indefensa al momento del ataque. Tomei apuntó que sus asistidos deberían ser absueltos por la “incongruencia” entre la imputación original y la planteada por la acusación en sus alegatos. Pidió que, en caso de ser condenados, el hecho debería ser encuadrado como un homicidio en riña, que contempla una pena máxima de seis años, u homicidio simple con dolo eventual, delito que prevé una pena de 8 a 25 años de cárcel. Tres años después de aquella madrugada fatal, en plena feria judicial, con una cantidad de prueba contundente entre informes, pericias y testigos, muchos de ellos presenciales del hecho, el juicio por la muerte de Báez Sosa llega al final.

VDM/MG

Con las últimas horas del domingo comenzó una vigilia silenciosa en Dolores. Hay antorchas caseras y flores en las veredas de las casas ubicadas entre Pellegrini y Marconi, a pocas cuadras de la plaza central de la ciudad, donde también está el Tribunal Oral en lo Criminal 1 que dirá este lunes si condena o no a los imputados por el crimen de Fernando Báez Sosa. Esta noche también hay una imagen repetida en esas cuadras: la foto sonriente del joven estudiante de abogacía asesinado en la madrugada del 18 de enero de 2020 a la salida del boliche Le Brique en Villa Gesell.

“Dolores está muy movilizado por el caso de Fernando. Hay mucha expectativa por la sentencia de mañana. Esta es una manera que encontramos de acompañar a los padres, que sepan que estamos con ellos. Esperamos la pena máxima”, dijo a elDiarioAR una vecina que pidió reserva de su nombre. Vive en una de las cuadras en las que se organizo la vigilia. Trabaja, como muchos residentes de Dolores, en el sistema judicial. Otros son parte de las fuerzas de seguridad.

La vigilia se extiende por tres cuadras y consiste en imágenes de Fernando y flores colgadas de los árboles. Al pie de cada homenaje están las antorchas armadas por los vecinos, con latas de alimentos no perecederos, trapos y aceite que donó un taller mecánico de la zona.

Eran pasadas las 21 cuando llegó Graciela Sosa, madre de Fernando, al barrio. La esperaba Lidia Moisá, una de las vecinas que organizó la iniciativa, con quien se agarró de las manos. Otros se acercan, le dedican palabras, la abrazan y la besan.

“Espero que mañana sea un día histórico. Me siento acompañada y me dan fuerzas para no caer. Perdí lo más hermoso que tenía en la vida. Sólo espero Justicia para que no haya otro Fernando, y para que él pueda descansar y nosotros tengamos un poco de paz”, expresó Graciela para después retirarse. Con su esposo Silvino Báez llegaron este sábado a Dolores para participar del último día del juicio.

A las 13 de este lunes, los jueces María Claudia Castro, Emiliano Lazzari y Christian Rabaia darán a conocer si Máximo Thomsen (23), Enzo Comelli (22), Matías Benicelli (23), Blas Cinalli (21), Ayrton Viollaz (23), y Luciano (21), Ciro (22) y Lucas Pertossi (23) son condenados o no. Y en caso de que así sea, cuáles serán las sentencias que recibirán cada uno.

Los ocho llegaron a juicio imputados como coautores del delito de “homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas”, y el mismo fue sostenido en sus alegatos por los fiscales Juan Manuel Dávila y Gustavo García, y por los abogados Fernando Burlando y Fabián y Facundo Améndola, que representan a los padres de la víctima.

El abogado defensor de los acusados, Hugo Tomei, por su parte, pidió la absolución, ya que existió una “incongruencia” entre la imputación original con la que llegó a juicio y la que la fiscalía planteó en su alegato. En ese sentido pidió la nulidad del secuestro de los celulares y prendas de vestir de los imputados al momento de ser detenidos, y dedicó parte de su argumentación a cuestionar distintos procedimientos de la causa y el tratamiento mediático recibido por el hecho.

“No puede permitirse otra sanción que no sea perpetua”

Así aseguró este domingo Burlando, quien representa a los padres de Fernando Báez Sosa, a pocas horas de conocerse la sentencia. Además anticipó que el fallo “generará un gran llamado de atención a todas las familias de Argentina”.

“Tenemos la misma expectativa y tranquilidad. Cuando uno tiene la convicción de que puso lo mejor de sí, cuando ha visto lo que ocurrió en la sala de debate y la contundencia de la prueba no podemos permitir otra sanción que no sea la prisión perpetua para todos”, afirmó.

A su vez, el abogado indicó a Télam que a lo largo del juicio por el crimen de Fernando “se constató que existen problemáticas en los jóvenes que no son abordadas” y opinó que “el caso será bisagra”. “Son la franja más importante de nuestra sociedad. Parece que los padres se preocupan más en los mensajes que reciben en el teléfono que en los problemas que tienen sus hijos”, resaltó.

“Fernando no puede ser olvidado así nomás”, consideró Burlando, ya que “estará presente en infinidad de familias”. Y concluyó: “Espero que mañana haya justicia. Ojalá nos podamos abrazar con Silvino y Graciela y decirles que se cumplió la tarea. Espero que podamos decirles que hubo un gran acto de justicia. Que la Justicia no se fue engañada. Desde Dolores puede salir un gran mensaje para la sociedad toda. Tengo fe en estos jueces”.

VDM/MB

Mañana a las 13, el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de la ciudad de Dolores, dirá si condena o no a los imputados por el crimen de Fernando Báez Sosa. Si los considera culpables, los jueces deberán determinar si los ocho reciben la pena de prisión perpetua. La opción es que distinga roles entre ellos. De individualizarlos en el hecho y determinar diferentes responsabilidades, algunos podrían obtener la libertad en poco tiempo. Aquí, en qué figuras podrían encuadrarse los delitos y que penas prevé cada una

“Homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas”: perpetua

Máximo Thomsen (23), Enzo Comelli (22), Matías Benicelli (23), Blas Cinalli (21), Ayrton Viollaz (23), y Luciano (21), Ciro (22) y Lucas Pertossi (23) llegaron a juicio imputados como coautores del delito de “homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas”, y el mismo fue sostenido en sus alegatos por los fiscales Juan Manuel Dávila y Gustavo García, y por los abogados que representan a los padres de la víctima.

Si los jueces María Claudia Castro, Emiliano Lazzari y Christian Rabaia hacen lugar a lo planteado por fiscales y particular damnificado y entienden que todos o algunos son coautores del mismo delito, la pena que les cabe es la prisión perpetua. En caso de que el tribunal considere acreditado uno solo de los agravantes, la pena será también de perpetua para aquellos que sean hallados penalmente responsables como coautores.

Si para los jueces existe una “incongruencia”: absolución

El abogado defensor de los ocho imputados, Hugo Tomei, planteó en su alegato ante el Tribunal que los ocho imputados sean absueltos ya que existió una “incongruencia” entre la imputación original con la que llegó a juicio y la que la fiscalía planteó en su alegato, pidió la nulidad del secuestro de los celulares y prendas de vestir de los imputados al momento de ser detenidos, y dedicó parte de su argumentación a cuestionar distintos procedimientos de la causa y el tratamiento mediático recibido por el hecho.

Homicidio en riña: libertad

Homicidio en riña es cuando un grupo de personas mata a otra pero no es posible determinar quién de todos terminó con la vida de la víctima. Tomei pidió que, de manera subsidiaria y en caso de ser condenados, a sus defendidos se los acuse de un “homicidio en riña”. Como los ocho acusados llevan tres años en prisión preventiva, “quedarían todos en libertad”.

De acuerdo a la evidencia presentada las trece jornadas de audiencia, la Fiscalía y la querella reconstruyeron el ataque, que duró 45 segundos. Enzo Comelli fue el que le dio el primer golpe, junto a Ciro Pertossi: uno por delante y otro por detrás. Es cuando Báez Sosa cae de rodillas al piso. Blas Cinalli aparece por detrás de Ciro, igual que Ayrton Viollaz. Y hay una persona más, que le pegó una patada a Fernando. Los fiscales apuntaron a Matías Benicelli, pero dijeron no tener demasiada certeza. En la ropa de Benicelli y en una de sus zapatillas encontraron ADN de la víctima. Máximo Thomsen está “sobre” Fernando, que está tendido en el piso, nunca se mueve de su lado. Luciano Pertossi alterna entre pegarle a Báez Sosa y pegarle a los amigos que intentaban defenderlo. Su primo, Lucas, filmó hasta el primer golpe. Luego se sumó a la paliza. ¿Quién lo mata? Para las partes acusatorias fueron todos.

Homicidio preterintencional: libertad

De acuerdo al código penal, el homicidio preterintencional es cuando, con el propósito de causar un daño en el cuerpo o en la salud de otra persona, se produce su muerte. Se tiene en cuenta que el medio empleado no debía razonablemente ocasionar la muerte. En ese caso, los acusados también podrían salir de prisión. El abogado defensor también planteó esta figura para sus asistidos.

“Homicidio simple con dolo eventual”: de 8 a 25 años de cárcel

Finalmente propuso que se los condene por un “homicidio simple con dolo eventual”: a los acusados debió habérseles ocurrido que, al estar golpeando de esa manera a Báez Sosa, podrían ocasionarle la muerte y, a sabiendas, continuaron con su accionar. Si los jueces condenan a los imputados por este delito, podría existir la opción de que les imponga una pena distinta a cada uno de ellos de acuerdo al rol desempeñado en el ataque a la víctima.

VDM con información de Télam

Juan Pedro Guarino ya había hablado con su mamá y con su novia: si sus amigos se trompeaban durante las vacaciones, él se volvería. Pero no llegó a sacar pasaje de regreso. La policía lo detuvo cuatro horas después de que a Fernando Báez Sosa lo declarasen muerto. Guarino, como los demás, tuvo que salir de la casa que habían alquilado entre todos, entregó su teléfono y la clave, le ataron las manos con precintos y se tiró boca abajo en el piso mientras allanaban. Estuvo detenido 23 días en Dolores. Como no lo identificaron en las ruedas de reconocimiento y tampoco pudieron ubicarlo cerca de la víctima -aunque sí en las inmediaciones- la fiscal de Instrucción lo desvinculó de la causa. Pero fue citado a declarar como testigo en el juicio contra sus amigos y terminó imputado por falso testimonio. ¿La razón? Guarino sabe más de lo que dijo ante el Tribunal y, sobre todo, estuvo donde dijo que no había estado.

Su testimonio era muy esperado. Tan esperado como el de Alejo Milanesi, el otro sobreseído de cuya declaración al final prescindieron todas las partes. Cuando Guarino llegó a los Tribunales de Dolores intentó esquivar a los canales de televisión: una misión imposible. "Vengo a ayudar a la Justicia por Fernando", murmuró el joven antes de entrar. En la sala, declaró durante más de dos horas. Raúl, su padre, lo acompañó. Aprovechó para hacerles llegar a Silvino y Graciela, los padres de Báez Sosa, una carta. “Para la familia Báez Sosa, de Juan Pedro Guarino y familia”, rezaba el dorso del sobre. “Sé que hay una carta dando vueltas, pero no me interesa leerla. Perdió su tiempo escribiendo. En lugar de eso, me hubiera gustado que dijera la verdad porque sabe mucho y no dio tantas explicaciones”, dijo Graciela en una entrevista a Infobae.

elDiarioAR contactó a Raúl Guarino, el padre de Juan Pedro. “Sólo pude hablar directamente unos minutos con Silvino por teléfono hace mucho y no quise molestarlo más. Siempre quisimos ayudar pero jamás molestarlos. Ojalá les haya llegado la carta. Se la mandamos hace un año y medio pero no sé si les llegó en ese momento. Nos aseguramos ahora de que les llegue dándosela nosotros mismos a un secretario de ellos en mano”, dijo Raúl.  

Juan Manuel Dávila, fiscal del juicio junto a Gustavo García, cerró su alegato imputando a Guarino por falso testimonio. La misma imputación corrió para Tomas Colazo, que no paraba con los agresores pero había salido con ellos la madrugada del 18 de enero de 2020, cuando atacaron a Fernando. Colazo tenía 17 años y nunca estuvo involucrado en la investigación, pero declaró como testigo. “Tomas Colazo y (Juan Pedro) Guarino se ubicaron atrás del auto, apoyados contra la pared donde se producía el ataque. Inmutados quedaron. No se acordaban de lo que pasó. Estas personas por omisión, mintieron. Solicitamos abrir causa por separado por el delito de falso testimonio”, pidió Dávila.

“Juan Pedro dijo la verdad. Más no tenía para decir. Entiendo que la Fiscalía tenga que hacer su trabajo pero nosotros siempre tratamos de ayudar sobre todo a la familia Báez Sosa y a la Justicia. Hay que confiar que todo va a salir bien”, dijo el papá de Guarino a elDiarioAR.

A Guarino lo comprometen una selfie, un suéter y una billetera

Juan Pedro Guarino fue el último en salir del boliche. Lo hizo, como el resto, por la cocina de Le Brique. La diferencia es que a él no lo habían expulsado. Guarino no vio el cruce entre Máximo Thomsen y, según él, Matías Benicelli, y Báez Sosa y los amigos en la pista, cerca de la barra: “Me enteré por los medios”, dijo al Tribunal. Salió último porque sí vio que al grupo lo sacaban y no quería quedarse solo en la disco: “Y ahí es cuando yo pensé 'no me voy a quedar solo'; como nadie me saca, me voy”. Pero en vez de salir por la puerta principal, se sumó a la fila de las echados. Es cuando lo toma la cámara de seguridad de la cocina de Le Brique. Guarino vestía un buzo negro estampado en blanco con el logo y la marca de Adidas.

Como Guarino salió un minuto o dos más tarde, llegó a ver la pelea que los imputados protagonizaron antes del ataque a Báez Sosa. Declaró que esa situación lo había hecho enojar y que se separó unos metros del grupo, que los hermanos Ciro y Luciano Pertossi se acercaron adonde estaba él y que cuando oyeron “unos gritos” fueron a pelearse. “Yo imaginé que iban a pelearse de vuelta y no lo podía creer. Veo a Máximo y a un chico tirado en el piso que después me entero quién era… Cuando vi eso (N. de la R.: se refiere a la pelea) no lo puedo creer. Me enojó muchísimo. Y me fui”, siguió Guarino. Agregó que caminó “para el lado de la casa” y “solo”. Pero no.

Inmeditamente después del ataque, un domo municipal lo toma con un suéter claro sobre los hombros, atado al cuello. El suéter, acreditó la Fiscalía, no era suyo sino de Ciro Pertossi, uno de los imputados más complicados en la investigación. Guarino no estaba solo sino con el resto. Incluso con Máximo Thomsen, que se suma último al bloque. Luego, la cámara del Supermercado Marina lo filma a él junto a Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicell y Luciano Pertossi. Guarino le devuelve a Luciano algo que podría ser una billetera. Para la Fiscalía, en los minutos que comparte Guarino con los hermanos Pertossi, ellos le piden que “tenga” el suéter y la billetera. Guarino dirá que no lo recuerda cómo llegó el buzo a sus hombros ni la billetera a su mano derecha. Las imágenes contradicen al menos una afirmación: que caminó solo hacia la casa.

Hay más. Guarino declaró que cuando llegó al chalet que alquilaban estaba tan enojado que se encerró en la habitación, enchufó el teléfono y no quiso hablar con nadie. Sin embargo, fue a desayunar a Mc Donald´s luego del ataque y aparece en una foto grupal que envía Blas Cinalli a unos amigos con la frase “contando la secuencia”. Guarino había sido mencionado en audiencias anteriores a la jornada en la que declaró, el 16 de enero. Apareció, por ejemplo, en los chats de WhatsApp que esa madrugada intercambiaron los agresores entre sí y con otras personas que no estaban en Gesell. Formaba parte del grupo de “delBoca3” donde ya se hablaba de la pelea.

Por su cuenta, Guarino contactó a su novia. A las 6.21 la mensajeó: “Esta noche fue rara, no me siento bien”. A esa misma hora le envió a un contacto agendado como Roji una foto desde el Mc Donald's con Ciro Pertossi. En ese momento todos sabían que algo había pasado con el chico al que habían golpeado: Lucas Pertossi había enviado un audio al grupo que decía: “Estoy acá cerca donde está el pibe y están todos ahí a los gritos, está la Policía, llamaron a la ambulancia... Caducó”. Y Ciro googleó “pelea en Gesell”. Guarino recibió el audio de Lucas y estaba junto a Ciro cuando buscaba información en Internet. No sólo eso: estaba en la misma mesa cuando Ciro ordenó: “De esto no se cuenta nada a nadie”.

“Desde que pasó me pregunto si podría haber hecho algo para que no pasara”

Pasaron tres años y Juan Pedro Guarino es, a simple vista, un chico muy diferente al que se ve en las fotos y filmaciones. Al Tribunal le dijo que cortó toda relación con los imputados. “Seguí juntándome con mi grupo de amigos de siempre. Ellos saben como soy yo. Esto para mí es una mierda. Fui a la psicóloga, cambié de carrera”, dijo Guarino. A menos de un metro y medio lo escuchaban los ocho acusados de haber matado a golpes de Fernando Báez Sosa. Lo último que Guarino dijo fue para los padres de Báez Sosa: “Todos los días desde que pasó me pregunto si podría haber hecho algo para que no pasara”. Faltar a la verdad es, para el Código Penal, un delito excarcelable.

VDM/MG