Karina Milei bajó línea a la tropa: gobernador que no apoyara la eliminación de las PASO, gobernador que tendría que prepararse para que el aparato de la Casa Rosada le intervenga electoralmente la provincia. Sin recursos para ofrecer, sin obras para prometer, la única prenda de cambio que tiene el Gobierno para negociar con los gobernadores es el ultimátum político: si quieren reelegir, acompañen la reforma electoral. 

Este martes, el oficialismo comenzará a debatir el proyecto de reforma política en la comisión de Asuntos Constitucionales en el Senado. El Gobierno no tiene los votos para eliminar las PASO –prioridad número uno de Karina, así como la de su hermano es el Presupuesto y la reforma de la carta orgánica del Banco Central– y el objetivo es escenificar un debate mientras Diego Santilli y Lule Menem intentan convencer a los gobernadores de aportar los votos para avanzar con la reforma. Hasta ahora, no han tenido éxito. 

La jefa del oficialismo en el Senado, Patricia Bullrich, es la primera en confesarlo en privado. “Depende de que haya acuerdos políticos, y yo no veo a nadie corriendo para cerrar un acuerdo”, admitió, en diálogo con un aliado, quien comparte con Bullrich la mirada de que, pese al crecimiento de la imagen de Milei en las últimas semanas, el presidente está débil. La ex ministra es una de las que presiona, junto a Luis Caputo, para que haya algún tipo de gestualidad hacia los sectores perjudicados por el ajuste económico. 

“Me preocupa que esa velocidad esté al ritmo de lo que cada argentino necesita, para que el año que viene sienta que el esfuerzo que hizo tuvo un sentido”, declaró, hace un par de días, en una charla en la Universidad de San Andrés. La senadora libertaria observa que Milei está perdiendo apoyo en el sector más joven que lo llevó a la presidencia en 2023 y acumula recorridas en diversos institutos educativos: en su equipo hablan de contener el voto joven, pero nunca precisan para qué. “Bullrich está siempre regando la plantita de los votos”, suele repetir uno de sus principales colaboradores. 

Estas diferenciaciones de Bullrich –que ayer dijo, ante el Colegio de Abogados de la Ciudad, que había que defender la libertad de prensa– despiertan suspicacias en Karina y muchos de sus compañeros de bloque, algunos de los cuales deslizan que es la propia jefa de bloque la que boicotea algunas iniciativas. “Yo estoy atrapada. El Gobierno puede esperar una cosa, pero tengo los votos que tengo”, responde Bullrich, encogiéndose de hombros, cuando la cuestionan por el cuello de botella de proyectos en el Senado: la reforma del régimen de zonas frías, Super RIGI, Hojarasca, Biocombustibles, entre otras iniciativas, no logran pasar el filtro de los aliados. 

En el caso de la reforma electoral, la respuesta es la misma: sin cerrar los acuerdos electorales con las provincias, el número para avanzar con la reforma electoral no aparecerá. Algunas provincias, como Jujuy o Catamarca, están más encaminadas a cerrar un acuerdo, pero hay otras aliadas clave que observan, con temor, cómo le crecen alternativas libertarias que podrían poner en peligro su proyecto reeleccionista. Es el caso del salteño Gustavo Sáenz, que mira con terror la posibilidad de una candidatura de María Emilia Orosco, y el del tucumano Osvaldo Jaldo, que no solo tendrá que enfrentarse al libertario Lisandro Catalán sino también a su ex socio, Juan Manzur. 

Pero no son sólo las provincias. El PRO y la UCR, aliados que han acompañado todas las leyes de Milei, también se resisten a dar el visto bueno. El Gobierno intentó seducirlos incluyendo el proyecto de Ficha Limpia en la reforma electoral, ampliando la inhabilitación para ejercer cargos públicos a varios delitos (no solo a los vinculados a la corrupción), pero en el PRO y la UCR no olvidan que fue el Gobierno quien boicoteó la sanción de la Ficha Limpia hace dos años a través del voto de los senadores misioneros. Bullrich, a modo de gesto, incorporó los proyectos de Martín Goerling Lara (PRO) y Edith Terenzi (UCR) al debate. Pero no alcanza. 

La semana pasada, los delegados del PRO, Cristian Ritondo y Fernando de Andreis, se reunieron con los de LLA, Martín Menem y Lule Menem, por tercera vez en el mes. En estos encuentros, que apuntan a avanzar en acuerdos políticos y afinar las estrategias legislativas, el Gobierno no logró, hasta ahora, garantizarse el apoyo del PRO a la eliminación de las PASO. Pese al alineamiento automático de Ritondo con Milei, así como su apuesta a que Santilli sea el candidato del oficialismo en Provincia de Buenos Aires, el jefe del bloque PRO en Diputados no termina de tranquilizar al Gobierno. La culpa, advierten en Casa Rosada, es de Mauricio Macri, quien no termina de querer soltar la herramienta de las PASO.

Santilli, que tiene una mano en ambos lados del mostrador, intenta interceder, pero la postura oficial de Ritondo sigue siendo la misma: el PRO está dispuesto a acompañar la eliminación de la obligatoriedad de las primarias, pero no más. Es decir, que haya una PAS (Primarias Abiertas y Simultáneas). Durante un tiempo, el Gobierno lo barajó como una posibilidad: al no ser obligatorias, las internas perderían su funcionalidad, ya que la participación bajaría y dejarían de funcionar como una gran encuesta. Dado que el presidente no tiene planeado ir a una interna con nadie, la ausencia de la propuesta electoral del oficialismo les quitaría peso y, por lo tanto, reduciría la incertidumbre política de una campaña muy larga. 

En el Gobierno ya reconocen que los votos para eliminar las PASO no están, así que apuestan a repetir la estrategia del año pasado. Es decir, ir por la suspensión y patear la discusión de fondo para más adelante. El número, sin embargo, no aparece todavía. Y los tiempos comienzan a acortarse: la Cámara Nacional Electoral ya emitió una acordada solicitando al Congreso que respete los estándares internacionales para debatir reformas electorales, advirtiendo que se estaba acercando demasiado a la fecha de la elección. 

Queda poco tiempo, y los gobernadores lo saben. Una apuesta a jugar con las ansiedades oficialistas en tiempos de vacas flacas.

MCM/CRM

En una semana marcada por la necesidad de mostrar control político en medio de tensiones internas, el presidente Javier Milei activará una agenda de alta intensidad que combina reuniones de Gabinete, encuentros con diputados y senadores, y el avance de tres proyectos clave en el Congreso: la reforma electoral, el Presupuesto 2027 y el paquete de iniciativas vinculadas a Malvinas.

Un lunes de control político: Gabinete y legisladores alineados

El Presidente abrirá la semana con una reunión de Gabinete a las 10 en Casa Rosada, instancia que en las últimas semanas se convirtió en el espacio donde Milei baja línea sobre las prioridades legislativas y revisa variables económicas junto a sus ministros.

En tanto, a las 15, volverá a reunir a diputados y senadores de La Libertad Avanza en el Salón Héroes de Malvinas, en un gesto que busca reforzar disciplina interna y ordenar la estrategia parlamentaria antes de una semana cargada de definiciones. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, serán parte del dispositivo político.

El Senado acelera por la Reforma Electoral

El oficialismo quiere avanzar esta semana con el debate de la reforma electoral, cuyo punto más sensible es la eliminación de las PASO. Después de cuatro meses, la Comisión de Asuntos Constitucionales se reunirá este martes para reactivar el debate.

Al final de la semana pasada, el presidente de la comisión Agustín Coto, incorporó al temario dos expedientes de senadores aliados a La Libertad Avanza: el de Ficha Limpia, que impulsó el PRO con las firmas de Martín Goërling Lara y Andrea Cristina; y el de Edith Terenzi, del bloque Despierta Chubut, que propone reformar las PASO y establecer obligatoriedad solo cuando exista competencia interna.

La propuesta del macrismo en el Senado está incorporada dentro del proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo en abril pasado, pero el de la legisladora patagónica es una alternativa que va en sintonía con la línea de Karina Milei, quien ya maneja la posibilidad de que eliminar las PASO no tendrá la aprobación del recinto y apuesta por una suspensión, tal como pasó en 2025, o la eliminación de la obligatoriedad de votar en las primarias, que están previstas para el domingo 8 de agosto de 2027. La idea original de la hermana del Presidente es atomizar al peronismo, quitarle la posibilidad de resolver sus peleas a través de una interna, y forzar a los aliados a ir detrás de una sola lista de derecha que confeccionarán entre ella y los Menem en cada territorio. Mientras que Javier Milei quiere ahorrarse el costo fiscal y evitar un adelantamiento de la campaña que le desestabilice la macro.

Entre varias modificaciones al sistema vigente, la Reforma Electoral endurece los requisitos para la creación de partidos políticos, con nuevas exigencias de afiliación, plazos estrictos y un control judicial permanente. Para constituir una fuerza será necesario alcanzar un mínimo de afiliaciones equivalente al 0,5% del padrón del distrito, con un tope establecido, de acuerdo a la información que recopila Parlamentario.

En el caso de los partidos nacionales, la iniciativa establece que deberán contar con presencia en al menos diez distritos y alcanzar un piso determinado de afiliaciones en todo el país. Además, fija reglas específicas para las elecciones internas obligatorias y establece mecanismos para regular las alianzas, confederaciones, fusiones y adhesiones entre fuerzas políticas.

La reforma electoral que busca el oficialismo también incorpora la Boleta Única de Papel (BUP) para todas las categorías electorales, con fotografías de los candidatos, con la posibilidad de votar por categoría y la opción de elegir una lista completa, que incorpora un casillero en blanco que permitirá realizar una única marca para votar al mismo partido en todas las opciones.

El proyecto, además, incorpora el régimen de Ficha Limpia, que impedirá postularse a personas condenadas por delitos dolosos cuando exista sentencia confirmada en segunda instancia, y un Registro Público de Ficha Limpia bajo la órbita de la Cámara Nacional Electoral y extiende la inhabilitación a cargos ejecutivos nacionales.

En tanto, el Gobierno busca que el Congreso apruebe que el financiamiento político tenga mayores controles mediante la obligación de utilizar una única recepción, la presentación de informes semanales sobre aportes privados durante las campañas, mayores restricciones para determinados donantes y regular la publicidad digital y en redes sociales, con un registro oficial de las cuentas de partidos y candidatos. El proyecto también establece que las campañas de los diferentes espacios comiencen 60 días antes de la elección y finalicen 48 horas antes, además de prohibir los actos de gobierno con fines electorales durante los 25 días previos.

Con respecto a los parlamentarios del Mercosur, la elección directa quedará suspendida, serán designados entre los diputados nacionales y no percibirán una remuneración adicional.

La Casa Rosada considera este debate como uno de los pilares de su agenda política y busca que el Congreso dé señales de avance antes del próximo viaje internacional del Presidente.

Presupuesto 2027: envío inminente y señales al mercado

El Gobierno afrontará una dificultosa negociación en el Congreso Nacional para aprobar el Presupuesto 2027, en un escenario atravesado por la campaña electoral de cara a los comicios del próximo año, en los que el presidente Javier Milei pondrá en juego su reelección.

El debate del Presupuesto se desarrollará mientras la campaña electoral ya comenzó a desplegarse tanto a nivel nacional como en las provincias, una situación que podría complicar las negociaciones del oficialismo con los gobernadores y los bloques dialoguistas, que comenzarán a priorizar sus propios intereses electorales.

Según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas, el Gobierno deberá girar este martes a la Cámara de Diputados el proyecto de ley de gastos y recursos para 2027, tal como establece la Ley de Administración Financiera. 

La iniciativa tendrá como ejes centrales el mantenimiento del equilibrio fiscal, la consolidación de la estabilidad macroeconómica y la continuidad del proceso de reducción de la inflación.

El presidente Javier Milei adelantará precisiones sobre el proyecto el próximo lunes a diputados y senadores en un encuentro que se realizará en la Casa Rosada. 

En esa reunión también se brindarán detalles de la iniciativa destinada a endurecer las penas contra las empresas que operen en las Islas Malvinas sin autorización del Gobierno argentino.

Tras el envío del tercer presupuesto de su gestión -el oficialismo recién logró aprobar uno el año pasado, durante las sesiones extraordinarias- el Gobierno deberá iniciar una nueva ronda de negociaciones con los gobernadores y los bloques aliados para conseguir la sanción de la denominada “ley de leyes”.

La estrategia política comenzará a definirse en la Mesa Política que se reúne los martes, encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. 

Allí se establecerán los lineamientos que seguirá el oficialismo para negociar con los distintos bloques de la Cámara baja.

Las tratativas se desarrollarán en paralelo al debate en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside Bertie Benegas Lynch, mientras que también tendrá un papel central el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Poroteo

El principal desafío para el Gobierno estará en reunir los 129 votos en la Cámara de Diputados para tener quórum, y aprobar el proyecto y, especialmente, para sostener los artículos centrales durante la votación en particular.

En la Cámara de Diputados, el oficialismo cuenta con el respaldo de distintos bloques aliados con los que, además, busca construir una alianza electoral, entre ellos el PRO, la UCR, Por Santa Cruz, Adelante Buenos Aires y Producción y Trabajo.

Sin embargo, esos respaldos no alcanzarían por sí solos para garantizar la aprobación del Presupuesto, por lo que el oficialismo necesitará sumar al menos una decena de votos adicionales en determinados tramos de la votación.

El problema para la Casa Rosada es que varios de los actuales aliados parlamentarios han comenzado a tomar distancia a medida que se acerquen las elecciones y los gobernadores empiecen a concentrarse en sus propias campañas.

Ese es el caso de los espacios de Argentina Federal, vinculados a los mandatarios de Misiones, Hugo Passalacqua; Salta, Gustavo Sáenz; y el espacio Independencia, que tiene como principal referencia al gobernador tucumano Osvaldo Jaldo.

Esos sectores ya comenzaron a marcar diferencias con el oficialismo en debates sensibles, como los proyectos vinculados al endeudamiento y a la emergencia en discapacidad. 

Esa tensión podría profundizarse cuando llegue el momento de discutir la distribución de recursos prevista en el Presupuesto 2027 y su impacto sobre las cuentas provinciales.

El escenario será todavía más complejo porque el Gobierno no parece dispuesto a flexibilizar los principales lineamientos que sostienen su programa económico, especialmente el equilibrio fiscal.

Detalles

El Gobierno Nacional realizó en julio un adelanto del Presupuesto 2027 ante la Cámara de Diputados, en el que anticipó un escenario de reducción de la inflación, recuperación del salario real y continuidad de la estabilidad macroeconómica durante el año electoral.

En un documento de 17 páginas, el ministro de Economía, Luis Caputo, cumplió con la obligación de presentar un adelanto de las principales variables del proyecto, que deberá ser enviado al Congreso el 15 de septiembre, según establece la Ley de Administración Financiera.

El documento sostiene que las proyecciones macroeconómicas para el período 2027-2029 contemplan “la continuidad del proceso de normalización y crecimiento de la economía argentina”, en un contexto caracterizado por la consolidación de la estabilidad macroeconómica, la reducción de la inflación y la recuperación de los principales agregados de la demanda.

El Ejecutivo prevé “una desaceleración significativa de la inflación”, que contribuiría a fortalecer la recuperación de los salarios reales y del ingreso disponible de los hogares, además de mejorar las condiciones para las decisiones de consumo e inversión.

Respecto del crecimiento, el Gobierno estimó que el Producto Interno Bruto (PIB) durante 2027 estará impulsado principalmente por una mejora de la inversión, que permitiría generar mejores condiciones para el desarrollo de proyectos productivos, junto con una recuperación del consumo privado y una contribución positiva del sector externo.

En materia laboral, el Ejecutivo proyectó que el mercado de trabajo continuará mostrando una evolución favorable, con una reducción de la tasa de desempleo y una generación de puestos de trabajo acompañando el crecimiento de la actividad económica.

También estimó que la pobreza y la indigencia continuarán descendiendo durante el período proyectado.

En cuanto a los recursos tributarios, el Gobierno calculó que entre 2027 y 2029 habrá “un leve incremento real anual de los recursos durante el trienio”, principalmente explicado por la evolución de la actividad económica y el crecimiento de las exportaciones.

Sin embargo, el documento también ratifica uno de los principales lineamientos económicos de la gestión: continuar reduciendo la presión sobre el sector privado.

Biocombustibles, reforma del BCRA y nueva Inocencia Fiscal

Esta semana, el Senado también se prepara para retomar el debate por la Ley de Biocombustibles, después de que su tratamiento se haya postergado el último jueves debido a la falta de acuerdo entre Libertad Avanza y los bloques dialoguistas.

Si bien debe ser oficializado, los funcionarios podrían retomar el tratamiento de esta ley el próximo jueves 17 de septiembre.

Según informaron fuentes a la agencia Noticias Argentinas, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, había logrado un principio de acuerdo con bloques dialoguistas para tratar el cambio en la norma, pero no pudo superar las distinciones sobre los beneficios que pierden las pymes de biodiesel denominadas “no integradas”.

El objetivo del oficialismo, en ese sentido, es superar estas diferencias e incorporar la reforma que impulsa la jefa de la bancada de La Libertad Avanza en la sesión de esta semana, cuando también se buscará convertir los proyectos de reforma del Banco Central y de Inocencia Fiscal II.

El proyecto propone modificar la Ley 27.640, vigente hasta 2030, para aumentar los porcentajes de corte obligatorio de combustibles de origen vegetal. El texto dictaminado establece llevar el corte de bioetanol en las naftas del 12% al 15% en el plazo de un año, distribuyéndose entre la producción a partir de caña de azúcar, la de maíz y un tramo sujeto a competencia.

Malvinas: sanciones, base naval y agenda internacional

El Poder Ejecutivo también enviará a Diputados el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que endurece sanciones a actividades vinculadas a Malvinas, incluyendo pesca y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental.

La iniciativa se complementa con el avance de la base naval integrada en Tierra del Fuego y con la reciente escalada diplomática tras declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, que se ofreció como mediador en un eventual conflicto.

El cierre de la semana: viaje a Bahía Blanca

El viernes, Milei viajará a Bahía Blanca para visitar el proyecto del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) de la empresa Mega, integrado por YPF, Dow y Petrobras. Será su primera visita a la ciudad desde las inundaciones de 2025.

Tras el tortazo por el capítulo de extranjerización de las tierras, el Gobierno decidió barajar y dar de nuevo. Con Javier Milei corrido a un segundo plano, restringido a la batalla cultural de la cruzada superavitaria y de la avanzada regional de ultraderecha, Karina Milei se encarga de garantizar su reelección. El desafío es eliminar las PASO, pero la caída en las encuestas y la acumulación de promesas incumplidas le retacean el apoyo de los gobernadores aliados. Frente a esto, el Gobierno decide “parar la bocha” y reordenar las conversaciones para que entren todos los temas en una sola negociación. Reforma electoral, Presupuesto, cierres de listas. Todo.

“Se bajaron mil cambios. Lo mejor es tener una negociación única y cerrada. No vas a poder llevar a trote a ningún gobernador, y es lo mismo eliminar las PASO en octubre o en diciembre”, sintetiza un dirigente que abreva en las filas karinistas y menemistas que encabezan, junto a Diego Santilli, la negociación para aprobar la reforma electoral. Es el primer paso del proyecto para garantizar la reelección de Milei, no solo por su capacidad para desordenar al peronismo, sino porque dialoga con la preocupación de Luis Caputo de hacer todo lo posible para evitar una incertidumbre política que derive en una corrida cambiaria.

En el karinismo le echan la culpa a Patricia Bullrich por los males que los aquejan en el Senado, donde se ha generado un cuello de botella en el que solo los pliegos judiciales de Juan Bautista Mahiques avanzan sin interrupción. “Hay que evitar los escenarios caóticos”, deslizan en la Cámara de Diputados, en donde Martín Menem trabaja para diferenciarse de su coequiper –y adversaria– en el Senado.

El riojano se imagina integrando la boleta presidencial –ya sea como compañero de fórmula de Milei en 2027 o como su sucesor en 2031– y juega a mostrar orden donde, del otro lado de Pasos Perdidos, predomina el desorden. Está preparando una sesión para el 26 de agosto con un temario extenso, que incluye desde la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la nueva Ley de Inocencia Fiscal hasta la adhesión argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y una iniciativa para reducir el IVA aplicado a la fécula y la harina de mandioca. Este último proyecto es impulsado por los diputados misioneros como parte de las negociaciones que el oficialismo mantiene con las provincias para reunir respaldos en el Congreso.

Bullrich, en cambio, denuncia que la realidad política cambió en las últimas semanas y que eso es lo que explica que, después de cinco intentos, la oposición haya logrado desguazar la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Senado. La jefa del oficialismo mira las mismas encuestas que los gobernadores y observa que, hoy por hoy, el país se encuentra polarizado pero que la balanza se inclina más en favor de la oposición que a favor de Milei.

La preocupación principal gira en torno al voto joven, pero la caída de la imagen del Gobierno se consolidó en gran parte de los grupos etarios. Según el informe de agosto de la Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública (ESPOP) de la Universidad de San Andrés, la insatisfacción general sobre el rumbo del país predomina con un 69%, mientras que la satisfacción se ubica en un 29%.

Los números son mejores que los de Mauricio Macri y Alberto Fernández durante su tercer año de gobierno, pero el problema del Gobierno se vincula a la imposibilidad de recuperarse de la caída por el escándalo del caso Manuel Adorni. Por tercer mes consecutivo, Milei no logra superar el 35% de imagen positiva.

“Hoy la balanza está inclinada a la oposición. Y la única que hoy aporta algo diferente es Patricia”, señala uno de los dirigentes de mayor confianza de la senadora, quien advierte que Bullrich no saca los pies del plato, pero que seguirá apostando a diferenciarse cuando sea necesario.

Más allá de las excusas, Bullrich quedó golpeada tras la votación de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Muchos de los senadores que integraban “el grupo de los 40”, esa mayoría que supo construir brevemente durante el debate por la reforma laboral, abandonaron el espacio. Algunos literalmente, como los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano, que se fueron del grupo de WhatsApp a los insultos. Otros, en cambio, optaron por alejarse, a la espera de que el Gobierno termine de cerrar un acuerdo con sus gobernadores.

Toma y daca

Los gobernadores del Norte Grande exigen respuestas. “El problema es que no tienen plata para ofrecer. Los gobernadores miran que la imagen de Milei es mala, entonces se enojan y empiezan a pedir más”, explica un senador que responde a una provincia norteña, mientras trabaja en cambios para el régimen de zonas frías que el Gobierno no logra aprobar en la Cámara alta.

El encargado de dialogar con estos mandatarios es Santilli, quien ya viajó a Misiones y Catamarca la semana pasada. El martes, a su vez, recibió a la mayoría de los mandatarios en el Ministerio de Economía con Caputo y el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González, y la secretaria de Energía, María Tettamanti. La presencia de los cuadros técnicos de Economía apuntó a calmar las suspicacias alrededor de la promesa de crear un régimen tarifario específico para el consumo de energía eléctrica en las “zonas cálidas”. Un reclamo de los gobernadores del Norte a cambio de debatir los cambios del régimen de zonas frías.

Tarde a la noche, el Gobierno emitió un comunicado anunciando que había llegado a un acuerdo “para avanzar en una solución que contemple las particularidades de las zonas cálidas y muy cálidas del país”. No hubo anuncio de fecha de implementación, pero Caputo prometió, al finalizar la cumbre con los gobernadores, que aplicaría “lo antes posible”.

El objetivo del Gobierno, sin embargo, es incluir todas las demandas en una misma negociación. Por un lado, avanzar con los reclamos específicos de algunos gobernadores –como los subsidios energéticos de “zonas cálidas” o la reducción del IVA de la mandioca– y, en paralelo, comenzar a trazar un esquema de trabajo de cara a la presentación del Presupuesto 2027. Un Presupuesto que presentará el propio Milei y que, según presumen en el oficialismo, tendrá la particularidad de incluir una proyección superavitaria en el marco de un año electoral.

“El Presupuesto va a ser un toma y daca importante. Quién te dice que no metemos todo, PASO, Presupuesto, todo, en una misma sesión”, se entusiasma un alfil oficialista.

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El plan es copar la agenda, inundarla con iniciativas de alto y bajo perfil que imposibiliten cualquier avanzada opositora y esperar llegar entero al Mundial de Fútbol. El Gobierno tiene dos prioridades reales en el mar de anuncios destinados a simular el internismo: el Super RIGI y la reforma electoral. El resto son ensayos, reformas cuyo principal objetivo es sostener la narrativa de que Javier Milei, pese al descontrol interno, todavía conserva el poder para torcerle la mano a los gobernadores y mantener el control del Congreso. Al menos hasta el Mundial. 

El “Super RIGI”, que es como el Gobierno denominó al nuevo régimen de inversiones destinado a proyectos de más de US$ 1.000 millones en actividades vinculadas a la inteligencia artificial e infraestructura digital, comenzará a debatirse la semana que viene en la Cámara de Diputados. El debate comenzará en las comisiones de Presupuesto y de Industria y, pese al interés del Gobierno en aprobar la iniciativa mientras Peter Thiel todavía está en el país, las autoridades del oficialismo advierten que no habrá media sanción antes de que Argentina juegue su primer partido en el Mundial. 

La fecha no es una ironía: el inicio del Mundial de Fútbol representa uno de los dos momentos claves para la gestión libertaria de este año. El primero es el comienzo de la fiebre mundialista, un hito que el Gobierno espera que le represente un respiro frente al teleobjetivo político y mediático sobre los escándalos patrimoniales de Manuel Adorni o las internas del Gobierno. El segundo es la elección de medio término en Estados Unidos, cuyo resultado definirá la muñeca política –y financiera– que Milei tendrá para encarar la campaña electoral. 

El Gobierno pretende liquidar todo el paquete de reformas que quiere aprobar este año antes de que lleguen esas dos fechas. Porque después, advierten en el oficialismo, será cada vez más difícil acordar con los aliados. Especialmente con los gobernadores que apunten a reelegir en 2027 y desdoblen las elecciones locales para tomar distancia de la influencia de las nacionales. Varios mandatarios, incluso, están conversando para coordinar una misma fecha de comicios en varias provincias, de modo de organizar un “super domingo electoral” que impida que Milei pueda concentrar su atención en una sola provincia. 

Es por este motivo que el Gobierno buscará apurar una media sanción del nuevo “Super RIGI” antes del 12 de junio. En la Cámara de Diputados, sin embargo, son poco optimistas. Si bien no anticipan, todavía, que participarán funcionarios del debate, sí sospechan que no será un debate express. Recién la semana próxima podrá comenzar el debate en comisiones y, aún con el apoyo de los gobernadores –que ratificaron su alianza con Milei la sesión de la semana pasada, cuando aprobaron los cambios del régimen de zonas frías aún cuando los perjudicaba directamente–, habrá que abrir una negociación que llevará tiempo. 

La Ley de Lobby, mientras tanto, tendrá otro derrotero. La iniciativa busca crear un registro público de “gestores de intereses” que deberán dar cuenta de cuándo representantes de algunas empresas o colectivos se reúnen con legisladores, funcionarios o asesores del Poder Ejecutivo. Basada en la legislación norteamericana, la Ley de Lobby comenzará a debatirse en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General. También la semana que viene, aunque con menos apuro. 

Sin los 129 votos garantizados, Menem no se arriesgará a abrir el recinto. El riojano prefiere, antes de tratar el “Super RIGI”, someter a votación proyectos que vienen siendo debatidos hace más tiempo. Es el caso del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) con Estados Unidos, que el oficialismo analiza tratar en las dos semanas que le quedan antes de que comience el Mundial. 

La reforma electoral

El verdadero dolor de cabeza del Gobierno es la eliminación de las PASO, una negociación fallida que quedó en stand by luego de la escalada de la interna entre Karina Milei y Patricia Bullrich. La jefa del oficialismo en el Senado había comenzado a negociar introducir modificaciones al proyecto de reforma electoral del Ejecutivo pero la hermana presidencial se negó: era la eliminación de las PASO o nada. Con el correr del tiempo, sin embargo, Karina tuvo que aceptar que no podría eliminarlas, así que le exigió negociar una suspensión. O que al menos las Primarias dejasen de ser Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. 

Hay un principio de acuerdo respecto a eliminar la obligatoriedad, una propuesta del PRO, que se resiste a acompañar al Gobierno con esta iniciativa. El resto de los reclamos, mientras tanto, continúan siendo objeto de debate. Pero no hay mucho tiempo: Bullrich necesita apurarse porque los tiempos corren especialmente para ella, ya que la reforma electoral necesita ser aprobada antes de que termine 2026. 

Y más de un senador sospecha que, una vez que comience el Mundial, habrá varios legisladores que decidan viajar al norte a participar del espectáculo deportivo.

MCM/MG

Karina Milei ganó la pulseada, y Patricia Bullrich tuvo que romper el acuerdo que había cerrado con sus aliados en el PRO y el radicalismo (que la ex ministra siente cada vez más propios que del Gobierno). Este miércoles, el oficialismo comenzará a debatir en el Senado la reforma electoral con la que pretende eliminar las PASO. No tiene los votos y Bullrich les había prometido a sus aliados que solo debatirían la Ficha Limpia, pero Karina se metió en el medio y le intervino la estrategia: era toda la reforma o nada. 

La secretaria de la Presidencia salió a marcarle la cancha a la ex ministra en el territorio que considera propio: el Senado. Lo hizo luego de que Bullrich cuestionara públicamente a Manuel Adorni por no haber presentado la declaración jurada, una declaración de rebeldía que cayó pésimo en la hermana presidencial, que no tolera los librepensadores. Los hermanos Milei tomaron la decisión política de sostener al jefe de Gabinete pese a la acumulación de escándalos patrimoniales, y así se lo hicieron saber a todo el gabinete. Cuando Bullrich intentó, durante la reunión del último viernes, tomar la palabra, Milei la frenó en seco. 

“Ya escucharon al Presidente. Al que le gusta bien, al que no ya sabe qué puede hacer”, atinó a zanjar la discusión Adorni, una vez que Milei hubo abandonado la reunión. Según uno de los participantes de la cumbre, Bullrich volvió a protestar, pero la advertencia había surtido efecto en el gabinete libertario: el resto de los funcionarios no dijo ni pío sobre la situación patrimonial del jefe de ministros. Bullrich terminó quedando sola en el reclamo por la presentación de la declaración jurada.  

“El Presidente tiene una emocionalidad importante”, le restó importancia la exministra, días después, desde la Jornada Nacional del Agro, que organizó la CRA (Confederaciones Rurales Argentinas). En privado, la senadora continúa cuestionando la decisión de sostener políticamente a Adorni. Una decisión que, argumenta, le impide avanzar con la agenda del Gobierno en el Senado. 

El Senado, terreno de disputa

Bullrich logró construir, luego del recambio legislativo de diciembre, una sólida mayoría en la Cámara alta que le permitió fantasear, incluso, con la posibilidad de llegar a los dos tercios que necesita para avanzar con los pliegos de la Corte Suprema. Se ganó la confianza de senadores radicales y peronistas, de PRO y representantes de fuerzas provinciales. Repartió cargos y lugares en las comisiones y se aseguró de convertirse, así, en la principal interlocutora de los aliados con el Gobierno. Una actitud que despertó las suspicacias de un sector del bloque libertario, que la acusó de estar armando para ella misma. 

Karina decidió dejarla hacer, atenta a que Bullrich le conseguía resultados. Pero en la última semana, la hermana presidencial decidió intervenir. ¿Cuándo? Cuando se enteró de que Bullrich había cerrado un acuerdo con el jefe del PRO, Martín Goerling, y de la UCR, Eduardo “Peteco” Vischi para tratar por separado el proyecto de Ficha Limpia del resto de la reforma electoral del Gobierno, que propone la eliminación de las PASO y la privatización de las campañas y partidos políticos. 

Vía Gabriel Bornoroni, el jefe del bloque libertario en Diputados, Karina le hizo saber que la reforma electoral se votaba completa o no se votaba. Bullrich, que se había comprometido con los aliados, tuvo que ceder. Y el martes, cuando el libertario Agustín Coto convocó a la comisión de Asuntos Constitucionales para el día siguiente, aparecía todo el proyecto de reforma política en el temario.

Desafío reforma electoral

El Gobierno tiene una prioridad legislativa para el 2026: eliminar las PASO y dejar a la oposición sin una herramienta para ordenarse de cara a las elecciones presidenciales. El argumento es fiscalista –el “gasto” que representa llevar a cabo tantas elecciones–, pero el motivo de fondo es político. El Gobierno apuesta a ganar en primera vuelta en 2027 y, para lograrlo, necesita tener al peronismo disgregado y atomizado. 

Hace más de un mes que el ministro de Interior, Diego Santilli, comenzó a reunirse con gobernadores para negociar los votos que le permitan alcanzar una mayoría especial en el Senado. Es decir: no alcanza con tener la mayoría de los votos, sino que tiene que haber un mínimo de 37 votos a favor (la mitad más uno de las bancas del Senado). Algunos gobernadores fueron receptivos, como Rogelio Frigerio, pero otros no tanto. Es el caso del tucumano Osvaldo Jaldo, que ya manifestó su rechazo a eliminar las PASO y que arrastra consigo a todo el norte peronista aliado del Gobierno, como el catamarqueño Raúl Jalil o el salteño Gustavo Sáenz. 

“Nosotros negociamos la gestión para sobrevivir. Pero saben que para los temas políticos no estamos”, admitió un senador peronista de una provincia norteña que, en el último tiempo, viene votando con el Gobierno. 

Sin los gobernadores del peronismo, la aritmética para conseguir los votos está complicada. Y Bullrich lo sabe. Es por eso que intentó negociar, a modo de gesto de buena fe con los aliados del PRO y la UCR, comenzar a debatir primero, por separado, el proyecto de Ficha Limpia. Una iniciativa impulsada originalmente por los radicales y macristas que fracasó, hace un año, por una operación de último momento del Gobierno. Esta vez, el proyecto es diferente: la iniciativa prohíbe las candidaturas de las personas condenadas por cualquier tipo de delito doloso en segunda instancia, no solo por corrupción. 

Debido a la intervención de Karina, este miércoles a las 15 horas se comenzará a debatir todo el proyecto de reforma electoral, no solo el de Ficha Limpia. Una decisión que generó malestar entre los aliados, pero que desde un sector del oficialismo salieron a tranquilizarlos rápidamente: se podía dictaminar por separado la Ficha Limpia y dejar, aparte, la discusión por las PASO. 

“Hay que cuidar a los aliados. Pero desde acá mucho no podemos hacer”, murmura un importante senador libertario que considera, como Bullrich, que Adorni debería dar un paso al costado, pero que es decisión de los Milei sostenerlo en el cargo. Y con eso no hay nada que hacer. 

Incluso los más mileístas advierten que no estarán los votos para eliminar las elecciones primarias, por lo que ya empezaron a ensayar alternativas. Una es la posibilidad de hacerlas no obligatorias, que es la propuesta del PRO. Otra es modificarlas, de modo de hacerlas optativas y, además, habilitarlas para que sean solo para candidaturas presidenciales, de modo que el cargo de vicepresidente quede vacante. Una posibilidad que dejaría abiertas futuras alianzas políticas a posteriori de las PASO.

MCM/MG

El Gobierno nacional busca avanzar con una reforma electoral de amplio alcance que ya ingresó al Congreso y que tiene como eje central la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). La iniciativa, impulsada por la administración de Javier Milei, apunta a modificar de manera integral las reglas de competencia política, pero enfrenta un escenario complejo en el Senado, donde no están garantizados los votos necesarios.

El proyecto propone directamente derogar el régimen vigente de primarias, una herramienta que desde su implementación funciona como instancia de selección de candidatos y ordenamiento interno de los partidos. Desde el oficialismo sostienen que se trata de un mecanismo costoso e innecesario, aunque la mayoría de las fuerzas políticas —incluidos sectores dialoguistas— rechazan su eliminación.

En la Cámara alta, donde la iniciativa comenzará su recorrido legislativo, el panorama aparece adverso. Para aprobar una reforma electoral se requiere mayoría absoluta, es decir, 37 votos. Hoy, ese número luce lejano para el oficialismo. La Unión Cívica Radical ya adelantó que no acompañará la eliminación de las PASO y propone, en cambio, reformarlas para que sean optativas. En la misma línea se ubican partidos provinciales.

El rechazo también se extiende al peronismo. El kirchnerismo se opone de manera cerrada a eliminar las primarias, mientras que gobernadores que mantienen diálogo con la Casa Rosada tampoco garantizan su respaldo. En ese contexto, incluso dentro de La Libertad Avanza reconocen que la propuesta, tal como está planteada, difícilmente reúna las mayorías necesarias.

Ante ese escenario, en despachos oficialistas comenzaron a circular alternativas. Una de ellas es convertir las PASO en un sistema optativo, con inscripción voluntaria de votantes para participar en internas partidarias, similar al modelo utilizado en Estados Unidos. Sin embargo, esa variante tampoco genera consenso por el momento.

Más allá del debate por las primarias, el proyecto incluye otros cambios de peso. Uno de los puntos destacados es la incorporación del criterio de “Ficha Limpia”, que impediría ser candidatos a quienes tengan condenas confirmadas en segunda instancia por delitos dolosos.

La iniciativa también introduce modificaciones en la Ley de Partidos Políticos, con requisitos más estrictos para la afiliación, el funcionamiento y el reconocimiento de las agrupaciones. A su vez, establece nuevas condiciones para la oficialización de listas y la presentación de candidaturas.

En materia de financiamiento, el texto propone reglas más rígidas para los aportes públicos y privados, con mayores controles y límites a las contribuciones, en línea con la intención oficial de transparentar el sistema.

El intento de eliminar las PASO no es nuevo. El año pasado, el Gobierno ya había impulsado su suspensión, aunque finalmente debió conformarse con una solución intermedia para poder avanzar en el Congreso. Ahora, con el calendario electoral de 2027 en el horizonte, la discusión adquiere otra dimensión: para muchas fuerzas, las primarias siguen siendo una herramienta clave para definir liderazgos y ordenar la competencia interna.

Con información de la agencia NA

El presidente Javier Milei anunció que el Gobierno enviará este miércoles al Congreso un proyecto de reforma electoral que contempla la eliminación de las PASO, modificaciones en el financiamiento de los partidos y la incorporación de la Ficha Limpia para impedir candidaturas de personas con condenas por corrupción.

A través de sus redes sociales, el mandatario afirmó que la iniciativa apunta a “poner fin a la impunidad” y criticó el esquema vigente al señalar que no corresponde que los ciudadanos financien internas partidarias.

Asimismo, explicó que el nuevo sistema de financiamiento buscará reducir el uso de fondos públicos en la actividad política y sostuvo que la propuesta pretende avanzar sobre lo que definió como privilegios del sistema político.

“Mañana enviaremos la reforma electoral al Congreso”, anunció el presidente Javier Milei en su cuenta de X destacando, punto por punto, el plan del oficialismo.

Sobre la eliminación de las PASO, el mandatario dijo: “Basta de obligar a los argentinos a pagar internas de la casta”, agregando respecto del financiamiento que “se termina la política viviendo de tu bolsillo”. También dio un apartado sobre Ficha Limpia al decir que “los corruptos, afuera para siempre”.

“Se acabó la impunidad. Se acabó la joda”, cerró el mandatario antes de subir al avión que lo traerá de regreso de Israel a la Argentina.

Con información de agencias y redes

JIB

El Gobierno nacional busca acelerar la discusión de una reforma electoral que incluye modificaciones en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y la implementación de la Boleta Única, con la intención de que el tema pueda tratarse en el Congreso antes de mitad de año.

La Casa Rosada apunta a avanzar en estos cambios durante 2026, un año sin elecciones nacionales, para evitar interferencias en el calendario electoral y lograr consensos políticos más amplios.

En ese marco, uno de los principales puntos en debate es el futuro de las PASO. El oficialismo evalúa distintas alternativas que van desde su modificación hasta una eventual eliminación, aunque reconoce que cualquier cambio requerirá acuerdos con sectores de la oposición para avanzar en el Congreso.

La estrategia del Gobierno es abrir una instancia de negociación con gobernadores y bloques legislativos para definir un esquema que permita reducir costos del sistema electoral y simplificar el proceso de votación, en un contexto donde las primarias vienen siendo cuestionadas por distintos espacios políticos.

En paralelo, el Ejecutivo impulsa la implementación de la Boleta Única de Papel a nivel nacional, una iniciativa que ya cuenta con antecedentes en algunas provincias y que busca reemplazar el sistema actual de boletas partidarias.

La propuesta apunta a mejorar la transparencia del proceso electoral y evitar irregularidades vinculadas a la provisión de boletas.

La reforma es parte de una agenda institucional más amplia que el Gobierno pretende instalar en el Congreso en los próximos meses, en medio de un escenario de negociaciones políticas donde el oficialismo busca construir consensos para avanzar en cambios estructurales del sistema electoral argentino.

Con información de Noticias Argentinas

JIB

Por primera vez en la historia argentina, el 26 de octubre la ciudadanía nacional depositará su voto utilizando la Boleta Única de Papel (BUP), un instrumento inédito que cambiará radicalmente la dinámica de las elecciones y dejará atrás el tradicional sistema de boletas partidarias. Este salto, dispuesto tras la reforma del Código Electoral Nacional sancionada en 2024, busca evitar confusiones, reducir irregularidades y optimizar la transparencia del proceso electoral; tal es el argumento de quienes la apoyaron en el Congreso así como de la Cámara Nacional Electoral (CNE), la máxima autoridad judicial en materia electoral del país.

Precisamente, la CNE, integrada por los jueces Daniel Bejas (presidente), Alberto Dalla Via y Santiago Corcuera, aprobó los modelos base y las características de diseño de la BUP mediante la Acordada extraordinaria 40/25, oficializando un nuevo estándar que regirá de modo homogéneo en todos los distritos del país. La boleta única contendrá la totalidad de la oferta electoral nacional del distrito en una sola hoja que será entregada a cada elector por la autoridad de mesa.

¿Qué es la boleta única de papel?

Es un único documento impreso, estandarizado, que reúne a todas las agrupaciones políticas y candidatos de cada distrito. El elector marca en la boleta la opción elegida con una lapicera y la deposita en la urna. Por primera vez, todos los nombres, colores y símbolos partidarios comparten un mismo papel, en igualdad de condiciones visuales. Ya no aparecerán, al menos para diputados y senadores nacionales (en las ocho provincias que este año eligen representantes en la Cámara alta), fajos de boletas de cada partido o frente apilados en los pupitres. Porque las autoridades de mesa le entregarán a cada elector su papeleta, su boleta única, donde deberá marcar su decisión. Luego, sí, eso va a una urna.

La CNE subrayó la necesidad de una “mayor estandarización y homogeneidad en el diseño y procedimientos”, de manera de optimizar tanto la logística como la capacitación ciudadana en esta transición. Las boletas deberán respetar pautas comunes en todo el país para evitar confusiones y asegurar que el instrumento de votación tenga la misma lógica en cada distrito, independientemente de la jurisdicción. Por eso, la Cámara consultó a jueces federales electorales, partidos, ONG y organismos estatales para escuchar inquietudes y recomendaciones.

Así es el nuevo instrumento electoral

El diseño de la BUP se apoya en una estructura clara y accesible: en la franja superior figura la identificación del proceso electoral, el distrito, sección, circuito y mesa, además de las instrucciones de voto. El resto de la boleta se distribuye en columnas para cada agrupación política, con su número, nombre, logotipo y color identificatorio, todos en lugares destacados. El color es fundamental: ocupa al menos dos tercios del espacio de cada columna y se utiliza como referencia visual principal para el elector.

Las boletas incluyen casilleros cuadrados para que el votante marque su opción, ubicados encima de las fotos de los primeros dos candidatos de cada lista, con alineación y tamaño estandarizados para garantizar claridad. Los nombres de los candidatos se disponen siempre en mayúsculas, iniciando por el apellido y resaltando este último en negrita. El formato de la BUP varía según la cantidad de agrupaciones y categorías que se elijan, pero siempre mantiene los mismos criterios de organización y visualización.

Los modelos aprobados presentan la distribución de agrupaciones con nombres y colores ficticios para fines didácticos, ilustrando tanto boletas de una sola categoría (por ejemplo, diputados nacionales) como de dos (senadores y diputados a la vez). En la práctica, la boleta puede tener desde siete hasta más de veinte columnas, cada una identificada con el color, el logotipo y los candidatos de la agrupación correspondiente.

Siempre según información de la CNE, cada boleta única lleva impresas marcas de agua, microtexto y guías para el doblado, con el fin de dificultar la falsificación y facilitar la introducción en la urna. Además, cada mesa tendrá talonarios exclusivos, con boletas individualizadas por sección y mesa, para permitir un control estricto y trazabilidad. Se prevén también talonarios de contingencia para situaciones excepcionales.

La CNE destacó la importancia de la capacitación: el cambio de sistema exige un esfuerzo adicional para que la ciudadanía comprenda la nueva lógica de emisión del voto. Por eso, la Justicia Electoral, junto con los partidos y organismos responsables, se abocará a campañas de información y formación para facilitar el proceso.

JJD

Subido a una popularidad que, según varios sondeos, lo coloca en el punto más alto desde su llegada a la Casa Rosada, Javier Milei pretende ir a fondo con uno de los temas que más debates generó en los últimos años: la derogación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), un mecanismo electoral que, desde su implementación en 2010, tendió a sobrevivir más por inercia que por consenso real. ¿Un movimiento audaz que podría contar con cierto apoyo del kirchnerismo, abierto a discutir el tema en el Congreso? La incógnita flota en el aire.

El proyecto de Milei ingresó al Parlamento hace pocas semanas y está previsto que se debata en las sesiones extraordinarias, cuyo llamado todavía está al caer. Pero el plan no se limita únicamente a la eliminación de las PASO. Con la boleta única de papel ya aprobada y lista para debutar en las elecciones de 2025, La Libertad Avanza va más allá y plantea una reforma política integral ambiciosa, con modificaciones que buscan cambiar las reglas del juego electoral desde su propia base.

La avanzada oficial tiene una clara lógica estratégica. La intención del Gobierno es consolidar un escenario polarizado que lo enfrente directamente con Cristina Kirchner, mientras elimina una herramienta que tradicionalmente facilitó la competitividad de la oposición. Sin PASO, el sector político que alguna vez fue Juntos por el Cambio se enfrentaría a una tormenta: estaría obligado a resolver sus liderazgos en un contexto de fragmentación, con el PRO por un lado y un radicalismo dividido que no encuentra un terreno común para negociar.

Poroteo

Mientras el Congreso se alista para el debate, las dudas se multiplican. Más allá del futuro de las PASO, el Gobierno también buscará endurecer los requisitos para la existencia de partidos políticos, con pisos de afiliados más altos y un sistema de financiamiento público replanteado que, según los críticos, concentraría aún más poder en los grandes aparatos partidarios. La paradoja no pasa desapercibida: en 2023, Milei se apoyó en una red de pequeños sellos provinciales que le permitió tener presencia en todo el país. Ahora, una vez en el poder, intenta cerrar esa puerta para evitar que otros sigan el mismo camino.

En Diputados, el poroteo todavía es muy incipiente. Salvo el kirchnerismo, que dejó trascender que está dispuesto a debatir la “suspensión” de las primarias, desde la oposición denuncian estar frente a una maniobra del oficialismo. Los sectores más pequeños del espectro político también ya lanzaron sus alarmas. Es que, con las PASO virtualmente fuera del camino, las internas ya no se dirimirían en las urnas, sino en negociaciones de cúpula que, lejos de ordenar, suelen profundizar las fracturas.

En las filas amarillas hay un rechazo total a la iniciativa. Mauricio Macri no está dispuesto a subordinarse a una eventual alianza con La Libertad Avanza en la que Karina Milei monopolice el armado de listas. Por eso, la diputada María Eugenia Vidal impulsa un proyecto que plantea volver opcionales las primarias partidarias, pero manteniendo la organización a cargo del Gobierno en los casos donde haya competencia interna en algún frente.

La UCR está dividida. Mientras gobernadores como el mendocino Alfredo Cornejo quieren flexibilizar las primarias para que no sean obligatorias, dirigentes provinciales, como el jefe de bloque Rodrigo De Loredo, se aferran a ellas para no perder influencia en sus distritos. En tanto, los radicales del bloque Democracia para Siempre, con 12 miembros, defienden las PASO a capa y espada. Entre ellos está Melina Giorgi, aliada del gobernador Maximiliano Pullaro, quien no piensa ceder en un sistema que Santa Fe implementa desde el 2011.  

La discusión también se extiende al variopinto Encuentro Federal, donde algunos diputados, como Florencio Randazzo y Emilio Monzó, siguen apostando por esa herramienta para dirimir candidaturas que impulsó en su momento Néstor Kirchner, mientras otros, como Margarita Stolbizer y Miguel Ángel Pichetto, quieren enterrarla. Los cordobeses del bloque oficialista provincial tampoco la apoyan.

Reformismo

La idea de erradicar las PASO está lejos de ser exclusiva de esta gestión. Durante el gobierno de Mauricio Macri, el entonces presidente evaluó su eliminación tras las legislativas de 2017, cuando Cambiemos no supo aprovecharlas para unificar liderazgos clave en distritos complejos. Pero la oposición peronista, siempre pragmática, bloqueó cualquier avance.

Alberto Fernández también lo intentó, pero ampoco pudo lograrlo. En 2020, echó mano a un argumento que sonaba razonable en medio de la pandemia: ahorrar dinero. La verdadera intención, sin embargo, era otra: impedir que Juntos por el Cambio se fortaleciera a través de primarias abiertas. Ese proyecto se estrelló por la resistencia de sectores kirchneristas que veían en las PASO una herramienta útil para mantener sus propias alianzas territoriales.

Ahora, al igual que en el pasado, la jugada de Milei tampoco es segura. Su discurso de “romper con la casta” se enfrenta a la ironía de imponer reglas que podrían favorecer a los grandes actores del sistema, a partir de una propuesta reformista que es coherente con su estilo incendiario, pero que también revela el pragmatismo de un gobierno dispuesto a moldear la realidad en función de sus propios intereses.

La idea del oficialismo es ir paso a paso. Según pudo saber elDiarioAR, dejará fuera del debate algunas propuestas de alto impacto que formaban parte de la primera versión de la ley Bases, como la eliminación total del financiamiento público para los partidos o un sistema de “voto por adhesión” que prometía simplificar alianzas, pero generaba temores de vaciar de contenido las disputas locales.

Aquel proyecto presentado por Milei en diciembre de 2023 también incluía cambios sustanciales en la composición y elección de diputados. Proponía reducir las bancas totales de 257 a 254 y achicar drásticamente la representación de las provincias menos pobladas, eliminando el piso mínimo de cinco diputados por provincia. Esto dejaba a distritos como Tierra del Fuego con apenas un representante, mientras que Buenos Aires hubiera subido de 70 a 97 y Córdoba de 18 a 21. Paralelamente, buscaba reemplazar el sistema de representación proporcional por circunscripciones uninominales, donde cada distrito enviaría a un solo diputado al Congreso, seleccionado por mayoría simple.

El Gobierno justificaba los cambios al señalar que el rediseño de las circunscripciones acercaría más a los legisladores a las demandas locales. Pero ese punto no hizo más que generar un fuerte rechazo ya que el dibujo iba a estar a cargo del Poder Ejecutivo, lo que abría la puerta al “gerrymandering”: manipular los límites para favorecer al oficialismo. Además, la reforma chocaba con el artículo 45 de la Constitución, que establece a las provincias como distritos electorales indivisibles. Y erosionaba la representatividad, consolidando el poder de las más pobladas a expensas de las menos habitadas.

Un año después de esa polémica, La Libertad Avanza vuelve a la carga con su hoja de ruta, aunque algo más acotada. La virtual eliminación de las PASO y la implementación de la boleta única de papel son medidas que van mucho más de un cambio técnico. Representan una movida enfocada en redibujar las bases del poder en el país. Para Milei, más allá de garantizarse los votos para avanzar con sus anhelos, se trata de marcar una agenda. ¿Pero hasta dónde puede resistir un sistema que cada nuevo gobierno busca reescribir a su medida? Si algo queda claro, es que la Argentina de Milei no es un terreno para las medias tintas: o se juega todo, o no se juega nada.

PL/JJD

Tras la aprobación del proyecto de la Boleta Única de Papel, que entrará en vigencia para las elecciones de medio término del 2025, el Gobierno nacional ahora va por más y buscará eliminar las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), de acuerdo a lo que confirmó este viernes el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

De acuerdo al funcionario, la administración libertaria va a proponer formalmente la eliminación de las PASO al considerar que son “un instrumento inútil y costoso” para el Estado.

De esta manera, el gobierno de Javier Milei confirmó el rumbo de su reforma electoral y, de acuerdo a Francos, el sistema creado bajo la gestión de Cristina Kirchner en 2009 “no cumplió con su propósito original de dirimir internas partidarias y por eso es necesario un cambio rotundo”.

“Tenemos que diseñar un sistema nuevo porque las PASO no sirvieron para nada”, remarcó. Además, explicó que genera “un costo enorme para el Estado” y a la vez es “una molestia generalizada para los ciudadanos”, dijo el dirigente en declaraciones a Radio Continental.

De acuerdo a Francos, “los problemas internos de los partidos los tienen que resolver los partidos, no el Estado nacional ni el conjunto de todos los ciudadanos” y destacó que las reformas que propone la administración libertaria van en el sentido de avanzar en un plan que busque “mejorar la eficiencia del sistema electoral y reducir los gastos innecesarios”.

“Las Primarias no cumplen el objetivo de dirimir internas partidarias de manera eficiente y a la vez representan un costo excesivo para el Estado. Nosotros vamos a proponer la eliminación de las PASO”, concluyó Francos.

Con información de agencias.

IG

El Gobierno le puso día y hora al primer paso de su nuevo objetivo político tras la aprobación de la ley Bases y el paquete fiscal: impulsar una reforma electoral que contemple la eliminación de las PASO. Ayer el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, le transmitió en un encuentro privado a Miguel Pichetto el deseo de la Casa Rosada de armar esta misma semana una reunión con los espacios aliados –Hacemos Coalición Federal, el PRO y la UCR– para discutir la posibilidad de quitar las primarias hacia el 2025. La cumbre ocurriría el jueves a las 16.30, según la agenda tentativa, y estaría encabezada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Menem había abierto su despacho para recibir a Pichetto y a Oscar Agost Carreño, con quienes tenía pendiente discutir la integración de una comisión por demás sensible para el oficialismo: la bicameral de Inteligencia, justo cuando el Gobierno acaba de anunciar el regreso de la SIDE en reemplazo de la AFI. El riojano ratificó el rechazo de que los federales queden afuera del cuerpo, pero a cambio les prometió ocupar otras dos bicamerales de importancia. Con esa primera tensión superada, Menem pasó al segundo tema de conversación: los invitó a sentarse con Francos para escuchar la propuesta del Gobierno sobre las PASO, supo este medio de fuentes parlamentarias y de Balcarce 50. Pichetto avisó que estaba OK, pero con reparos.

Tal como anticipó elDiarioAR el domingo, la idea de eliminar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias está atravesada por la implementación de la Boleta Única de Papel, que ya tiene media sanción de Diputados y espera su votación en el Senado. A priori los distintos espacios opositores cercanos a La Libertad Avanza no quieren quitar las PASO, a menos que el oficialismo primero logre sancionar el cambio del instrumento de votación. 

“El bloque aún no tiene una postura, quieren saber qué proponen en el Gobierno. Igual Pichetto va a pedir que primero presionen para sacar en el Senado lo de boleta única”, dijo una voz del espacio federal luego de la reunión de ayer. Días otros otra fuente de HCF había comentado lo que parece que va a terminar sucediendo: “Si el Gobierno quisiera tener una conversación política seria, podríamos tener una negociación cruzada de boleta única por las PASO”. Es decir que ambos temas estarían ahora sobre la mesa que abriría Francos el jueves, si finalmente se confirma el día y el horario, supeditado al receso de invierno del Congreso. 

“Queremos que estén los jefes de las bancas dialoguistas”, afirmaron a su vez en el despacho de Francos. El jefe de Gabinete quiere ser anfitrión en la Casa Rosada, pero el experimentado diputado de HCF pidió que sea en el Congreso. Además de Pichetto, sería de la partida Cristian Ritondo, jefe de la bancada del PRO, que ayer se mostró activo en una reunión con dirigentes de la juventud amarilla. La duda es si de la UCR podría participar Rodrigo de Loredo, quien está de vacaciones con su familia.

Negociaciones cruzadas

Hay expectativa sobre cuál será el argumento oficial para avanzar en una reforma electoral que puede ser clave para la elección de medio término que enfrentará Milei, una suerte de plebiscito de su gestión. La semana pasada, Francos sostuvo que las PASO “no han servido para nada” y que “se implementaron solamente como un gasto más”. Marcó que costaron en su versión 2023 unos 52 millones de dólares. 

“Vamos a insistir en que se eliminen las PASO porque son una gran encuesta que nos sale muy caro”, comentó ayer un diputado libertario a este medio. La misma fuente anticipó que parte de la propuesta del Gobierno podría ser convertir las primarias en una instancia no obligatoria; quedarían unas PAS: Primarias Abiertas y Simultáneas. Así cada fuerza política podría optar si la usa o no, y no sería obligatoria la participación ciudadana. El riesgo para las fuerzas políticas es que no haya atractivo público, además de que quedaría pendiente quién asumirá el costo de su organización. El oficialismo no quiere que recaiga en el Estado.

En la negociación cruzada de las primarias con la BUP, Victoria Villarruel ya tiene luz verde para reflotar ese debate que finalmente no ocurrió al inicio del año por falta de apoyo. La discusión en la Cámara alta pasa por si finalmente se adoptaría un formato a lo Córdoba –donde se puede votar la lista completa– o Santa Fe –que impide ese arrastre–. “Será una de las prioridades con las que se va a arrancar en agosto”, aseguró ayer una fuente cercana al oficialismo en el Senado.

Además del tema PASO y BUP, el Gobierno tiene en carpeta otro movimiento en sintonía. En Diputados ya se agendó para el martes 6 de agosto una reunión plenaria de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia para tratar los distintos proyectos que hay sobre ficha limpia. Son iniciativas que estipulan que no puede haber candidatos con condena judicial. “Queremos discutir todos los proyectos y armonizar el mejor”, dijo el legislador de LLA consultado.

La apuesta a una cumbre de Francos con los aliados sobre el futuro de las PASO revela la necesidad del oficialismo para sumar votos, porque cualquier iniciativa de reforma política requiere la mayoría absoluta de ambas cámaras. Por eso la reunión de ayer entre Menem y Pichetto, que se anticipaba áspera en la previa por el enojo que cargaba el jefe de HCF sobre el “robo” de una silla de su espacio en la bicameral de Inteligencia. Finalmente hubo fumata blanca al respecto.

“Fue buena la reunión”, concluyó una fuente de los federales. Finalmente el Gobierno no cedió a que Emilio Monzó se sume a la bicameral que está encima de las actividades de los espías, pero acordó otros espacios para la fuerza de Pichetto. Le ofreció a Monzó hacerse cargo otra bicameral clave –podría ser la encargada de revisar la actuación de los organismo de Seguridad Interior– y Pichetto quedaría el frente de la bicameral mixta Revisora de Cuentas, cuerpo clave para auditar las gestiones de gobierno y atado a la Auditoría General de la Nación (AGN), que el diputado condujo hasta el año pasado. 

MC/MG

Con la ley Bases debajo del brazo, luego de meses de debates que parecieron interminables, el gobierno de Javier Milei comenzó a moverse con la intención de profundizar las reformas que le quedaron pendientes y que pretende llevar a cabo antes de 2025. Una de ellas es la vinculada al régimen electoral, con dos puntos como ejes principales: la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y la instrumentación de la Boleta Única de Papel, que ya tiene media sanción de Diputados.

Desde Casa Rosada aseguraron que las tratativas ya comenzaron y que los bloques dialoguistas se mostraron abiertos al debate de ambos ítems, que ya estaban incluidos en un capítulo del proyecto original de la ley Bases enviado en diciembre. “Se está trabajando en esa línea”, deslizaron a elDiarioAR desde el entorno del jefe de Gabinete, Guillermo Francos. La semana que pasó, el funcionario que hace las veces de principal espada política del Gobierno fue contundente al sostener que las PASO en realidad “no han servido para nada” y que “se implementaron solamente como un gasto más”.

“En las últimas se gastaron 52 millones de dólares, en una PASO que no sirvió para nadie, salvo para la elección de Juntos por el Cambio, donde debatían dos propuestas diferentes, pero para el resto de las fuerzas no significaban nada”, argumentó Francos durante su exposición ante los empresarios del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP). El jefe de Gabinete adelantó además que la semana próxima el oficialismo buscará reunirse con “diputados de distintos sectores” para “tratar temas que son básicos”, entre los que mencionó tanto la supresión de las primarias como la implementación de la boleta única.

Pero en el Congreso hay cierto reparo sobre las propuestas de reforma electoral que impulsa Milei. A contramano del optimismo que reina en Balcarce 50, distintas voces opositoras consultadas por elDiarioAR cuestionaron que, más allá de las intenciones mediáticas del Gobierno por eliminar las PASO, recortar el financiamiento a los partidos políticos o –la más sorpresiva aún– bajar aún más la edad para el voto voluntario, todavía todas esas iniciativas no tuvieron un correlato en proyectos de ley concretos. La única excepción es la instrumentación de la Boleta Única de Papel, que tiene media sanción de Diputados y espera en el Senado el acuerdo que logre Victoria Villarruel con los distintos bloques para llevarla al recinto. 

“Es todo metaverso. No hay nada”, se quejó un diputado de la bancada de Miguel Pichetto que tiene trato directo con funcionarios de la Casa Rosada. Así y todo, la fuente reconoció que sí hubo contactos preliminares, tanto con Francos como con su segundo, José Rolandi. “Nos tantearon a ver qué pensamos, pero cuando le decimos las otras cosas que queremos discutir, reculan”, apuntó el legislador, que mencionó también que se le acercaron el titular de la Cámara baja, Martín Menem, y el jefe de la bancada libertaria, el cordobés Gabriel Bornoroni.

Tanto en Hacemos Coalición Federal como en el PRO y la UCR, las principales bancadas aliadas a La Libertad Avanza, hay un rechazo generalizado a la posibilidad de eliminar las primarias abiertas, una iniciativa que fue impulsada originalmente por el kirchnerismo hace 14 años. “No estamos de acuerdo”, fue tajante un importante operador parlamentario del radicalismo. 

Los que tampoco escondieron su rechazo a la posibilidad de eliminar las PASO fueron los miembros del bloque PRO que conduce Cristian Ritondo. “Queremos que sigan existiendo, y también queremos que se apruebe de una vez por todas la boleta única”, dijo un vocero en la bancada amarilla, muy alineada con el oficialismo.

Los opositores dialoguistas ven, si las conversaciones avanzan, que el toma y daca entre ambos virtuales proyectos puede ser una posibilidad, pero no confían en el oficialismo. “Si el Gobierno quisiera tener una conversación política seria, podríamos tener una negociación cruzada de boleta única por las PASO. Después hay que ver la letra chica: ¿desde cuándo vas a eliminar las primarias? Si es el año que viene, ni en pedo. Si es en tres años, hablemos”, desafió el diputado cercano a Pichetto.

Otro reparo que ponen desde la oposición dialoguistas es al eventual intento del Gobierno de recortar el financiamiento público a los partidos. “Sabemos que lo van a presentar como una baja del gasto de la política, pero la contracara es que las empresas se adueñan del Estado”, consideraron desde la UCR. Y añadieron: “El financiamiento público viene a establecer equidad entre los partidos para competir, y los aísla de los intereses privados”.

El oficialismo está en un escenario desafiante porque cualquier iniciativa de reforma política requiere la mayoría absoluta de ambas cámaras, una cantidad de voluntades que LLA está muy lejos de conseguir por su cuenta. De hecho, la oposición ya demostró que está a tiro de juntar por su cuenta los dos tercios, como ya quedó demostrado cuando acordó con el kirchnerismo avanzar con la nueva fórmula jubilatoria en Diputados. Francos deberá seguir ejercitando su muñeca.

MC/PL/DTC

El piso actual de cinco diputados por distrito le da a Tierra del Fuego, la provincia más despoblada del país (186.000 habitantes), un diputado por cada 38.000 de sus pobladores: una sobrerrepresentación evidente. “Si fuera todo puramente matemático, con ese número de TdF, la provincia de Buenos Aires tendría que tener 436 diputados (16 millones de habitantes) y el país tendría que sumar 1.210”, graficó un diputado opositor. “La que sí es una cuestión a resolver es la subrepresentación de la provincia de Buenos Aires”, aclaró otro representante de la provincia más poblada del país, sin desconocer que “es la receptora de mucha migración interna que no encuentra futuro en sus distritos de origen”.

El número –por escandaloso– asusta, aunque cabe aclarar que, en la mayor parte de los países del mundo, no se resuelve así, ya que existen los pisos de representación para los distritos más chicos. En Argentina también, pero vale el juego de ponerlo de relieve, con la aclaración de que es una hipótesis incumplible, desde lo político, y mucho más desde lo social, sobre todo en tiempos de aceptación de los discursos ‘anti-política’

Es cierto, sin embargo, que los 257 miembros actuales de la Cámara baja quedaron desactualizados de acuerdo al aumento poblacional y, en ese contexto, la provincia de Buenos Aires es la más subrepresentada: un fueguino 'vale por' 38.000 y un bonaerense equivale al aval de 237.000 de sus habitantes (cifra desproporcionada si se trata de algún proyecto que afecte intereses de estos últimos).

En este contexto, la inclusión en el proyecto de Ley Ómnibus enviada por el gobierno de Javier Milei de la reconfiguración de la distribución por provincias que tendrían que tener las bancas de la Cámara de Diputados es uno de los pocos puntos que logró encolumnar a todo el arco opositor: El rechazo fue contundente, y se lo hicieron saber esta semana al ministro del Interior, Guillermo Francos, en su visita a la comisión.

El tema sería uno de los que quedaría frenado por el rojo del 'semáforo' que puntean desde las jefaturas de los principales bloques opositores en relación a las prioridades del articulado de la Ley. De acuerdo a sondeos realizados en los últimos días por elDiarioAR, el tema quedaría fuera de la Ley Ómnibus que se sancionaría a fin de enero. Si bien no niegan que hagan falta algunas modificaciones, consideran que las mismas deben llegar a partir de marzo, con la apertura de las sesiones ordinarias.

La cuestión del número de bancas y su distribución por provincias en la Cámara de Diputados es un tema de vieja data: La ley vigente establece que el número se debe modificar de acuerdo a los resultados que de cada censo nacional. Pero un decreto-ley de 1983, firmado en los últimos meses de la Dictadura, estableció un mínimo de diputados por cantidad de habitantes y un piso mínimo de bancas por provincias, generando así una desproporcionalidad entre las más despobladas y Buenos Aires, que ostenta el 38% de los habitantes de Argentina.

La mayoría de las iniciativas preexistentes sobre el tema, hablaban de aumentar de 257 bancas a entre 300 y 330, para que Buenos Aires y otras provincias recuperen parte de su actual subrepresentación. Pero el tema se volvió en contra cada vez que algún diputado lo intentó plantear.

En 2016, el massismo y el PRO se unieron una medianoche en la Cámara baja y en medio de una sesión intentaron reflotar el tema, pero los radicales advirtieron a sus socios del entonces oficialista Juntos por el Cambio que la sanción generaría un fuerte cuestionamiento social. La iniciativa volvió a dormir 'el sueño de los justos' en algún cajón del Parlamento.

“Quieren aumentar el número de bancas”, “Más diputados, más ñoquis”, “los privilegiados serían más”, eran algunas de las muletillas que se escucharon entre los 90 y el 2020, y que en los últimos tres años encontraron en Milei al exponente que las utilizó de caballito de batalla para llegar a la Presidencia de la Nación.

Ante la necesidad de adecuarse a los números del censo, pero sin aumentar el número de bancas, la solución que encontraron en el oficialismo fue quitarle escaños a las provincias más chicas y sumárselos a Buenos Aires y a un par más que también estaban en desventaja.

El proyecto baja el número total de 257 a 254 y establece la cantidad de Diputados que obtendrá cada provincia pasando de 161 mil habitantes a 180 mil (o fracción no menor a 90 mil) por banca, además de eliminar el adicional de tres por provincia y el mínimo de cinco por distrito. De acuerdo a la iniciativa, la Provincia de Buenos Aires sumaría 27 bancas, Córdoba tres, Mendoza, Salta, Santa Fe y Tucumán ganarían una, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires perdería ocho, Tierra del Fuego perdería cuatro, Catamarca, La Pampa, La Rioja y Santa Cruz perderían tres, Chubut, Formosa y San Luis perderían dos, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, San Juan y Santiago del Estero perderían una y Corrientes y Misiones quedarían iguales.

Entre las más perjudicadas, estarían La Pampa, Santa Cruz, Catamarca y La Rioja, quedarían con sólo dos diputados nacionales, por lo que elegirían sólo a un representante en el parlamento cada dos años. Hoy, ninguna provincia tiene menos de cinco integrantes.

Estudiosos del tema que transitan el Congreso ponen el siguiente ejemplo para calificar de ‘ridícula’ a la propuesta: “Si en un turno electoral en esas provincias está en juego una sola banca, y una fuerza saca el 33% y otra el 32% solo ingresará uno de ellos”. Pero, grafican, peor es la situación en la que quedaría Tierra del Fuego, que al pasar a tener un solo diputado de los 257, lo elegiría cada cuatro años (en un turno electoral no habría competencia y si, por caso, irrumpiera una fuerza como la Libertad Avanza en 2023, y en ese año no le tocara renovar a la banca fueguina, quedaría sin chances de ingresar al parlamento).

LF/CRM

Si el Senado convierte en ley la boleta única, se producirá un hecho histórico: por primera vez la Argentina cambiaría su forma de votar, dejando atrás las boletas partidarias —que se ubican de a fajos en el cuarto oscuro— para pasar a elegir presidente y demás cargos nacionales usando una sola boleta por elector, donde figura toda la oferta electoral y donde se marca la decisión por cada categoría con un lápiz o lapicera.

Este sistema ya funciona en provincias como Santa Fe y Córdoba, y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero en el ámbito nacional sigue rigiendo la boleta partidaria.

Este cambio histórico puede ocurrir pronto, pero para que eso pase el gobierno de Javier Milei, que promueve la boleta única, debe conseguir al menos 37 de los 72 votos posibles en el Senado. Es decir, la mitad más uno de los integrantes del cuerpo. Esos votos hoy por hoy no están.

La boleta única obtuvo la media sanción de la Cámara de Diputados el 8 de junio de 2022 por obra y gracia de la oposición más numerosa al gobierno de Alberto Fernández, Juntos por el Cambio, y otros espacios provinciales. El tablero terminó 132 votos afirmativos contra 104 negativos (todos, del Frente de Todos), 4 abstenciones y 17 ausentes.

Dos años después, en el Senado el ex Frente de Todos, ahora Unión por la Patria, junta entre sus dos bloques 33 de los 72 senadores. Como se trata de una ley electoral, la iniciativa debe reunir sí o sí al menos 37 votos afirmativos el día de la sesión. La tarea no es sencilla: la suma de todos los bloques no kirchneristas es 39. Es decir que no solamente deben reunir un consenso amplísimo para cumplir el cometido sino tratar de que ninguno de ellos se resfríe o pierda el vuelo para llegar al recinto o prefiera el dictamen de minoría, que propone cambios y que, de ser aprobado, significa que el expediente debería volver a Diputados.

Este miércoles, el asunto quedó habilitado para ser discutido —y eventualmente convertido en ley— en el recinto del Senado. Fue después de que en la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Cámara alta se firmaran los dictámenes de comisiones. Fueron dos: el dictamen de mayoría, que confirma sin modificaciones el texto que aprobó Diputados, y el de minoría, que es Unión por la Patria junto a la rionegrina Mónica Silva, que responde al gobernador Alberto Weretilneck.

Esto significa que el dictamen de minoría podría reunir 34 votos en sesión. Los restantes votos posibles son 38. Ese número consiguió hace unas semanas la vicepresidenta, Victoria Villarruel, para lograr desplazar al peronismo del reparto de puestos en la conducción de la cámara y de presidencias de las comisiones. Pero fue una mayoría circunstancial, con ese fin. Ahora hay que ver si ese acuerdo para distribución cargos tiene impacto a favor de la boleta única o si se quedan cortos.

Argumentos a favor y en contra de la boleta única

La UCR, el PRO y el oficialismo, entre otros espacios, sostienen que la boleta única tiene una serie de ventajas respecto de la herramienta actual: resaltan que es una sola boleta por cada votante y que la impresión la realiza el Estado, sin la participación de los partidos políticos, que en muchos casos suelen financiar las campañas con el dinero de las boletas que reciben del Estado; que los fiscales no deben ir a chequear los posibles faltantes de boletas porque con la boleta única en el cuarto oscuro no hay nada; que los cuartos oscuros pueden ser más chicos o directamente boxes de votación, y no necesariamente usar un aula entera para un solo elector por vez, lo que podría agilizar el proceso electoral; que es más económica y que es ecológicamente sostenible.

“Estoy convencido que tenemos que avanzar en este proyecto de ley de Boleta Única Papel porque la tienen el 80% de las democracias del mundo, sólo 16 países no la tienen, es muy accesible al ciudadano y es menos costosa, universal, genera equidad para los partidos”, argumentó el senador radical Maximiliano Abad. “No creo que esto sea para distraer frente a la situación del país porque lo único que tenemos para debatir acá (en el Senado) es esto. Toda ley es perfectible, yo plantee modificaciones también, pero me gustaría que se hagan una vez sancionada”, dijo el representante de la Provincia de Buenos Aires, confirmando que el radicalismo apoyará la media sanción de Diputados sin cambiarla ni una coma.

Los detractores de la bolta única, en cambio, señalan que como consecuencia de la enorme oferta electoral los electores podrían tener que marcar su decisión en boletas del tamaño de afiches de la calle; y que la boleta única tampoco resuelve el problema de la lista sábana, que es cerrada y bloqueada, porque uno vota una lista completa y no puede elegir candidatos de una u otra lista. Además, que en la boleta única no figura la oferta completa de candidaturas.

“Soy un defensor de la Boleta Única Papel pero coincido con los dichos de los senadores de mi bloque en el sentido de que no podemos entregar una ley mal redactada, con problemas. Eso no significa aprobar de forma apurada este proyecto de ley mal redactado y con problemas”, dijo el salteño Sergio Leavy, de Unión por la Patria, y se preguntó: “¿Cómo hacemos para meter una sábana adentro del sobre? Es muy complicado”.

JJD

El Gobierno se metió de lleno en el debate por la Boleta Única de Papel (BUP) para frenar la reforma electoral que busca imponer la oposición desde el Congreso. A través de Patricia García Blanco, secretaria de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, la Casa Rosada intervino hoy en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados que discute la veintena de iniciativas presentadas, en el último día de exposiciones antes de que se firme dictamen el martes próximo y se vote en el recinto durante la primera quincena de junio.

Con los 132 votos que consiguió en su momento el acuerdo logrado entre Juntos por el Cambio, el Interbloque Federal, el espacio de Provincias Unidas y el libertario José Luis Espert, y que sumó el sorpresivo apoyo de Romina del Plá –del Partido Obrero–, la oposición da por descontado darle media sanción al proyecto en la Cámara Baja y podría lograr incluso su sanción definitiva en el Senado –como publicó hoy elDiarioAR–, obligando al presidente Alberto Fernández a asumir el costo político de vetar la ley.

“La Boleta Única de Papel puede traer efectos no deseados en la legitimidad de origen de las autoridades y la gobernabilidad”, alertó Blanco, quien fue la primera invitada especial en hacer uso de la palabra y despertó fuertes críticas de todo el arco opositor. “No conozco ningún caso que haya judicializado quién ganó y quién perdió”, apuntó. 

El clima se tensó de tal manera en la sala 2 del Anexo C de Diputados, que hasta el propio diputado radical Mario Negri pidió “bajar la temperatura”. “Yo noto un clima, eh, y eso que recién arrancamos”, dijo el legislador cordobés, una de las espadas de Juntos por el Cambio, apenas se inició la discusión poco después de las 10.

La Boleta Única de Papel puede traer efectos no deseados en la legitimidad de origen de las autoridades y la gobernabilidad

Patricia García Blanco — secretaria de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior

Funcionaria de la cartera que conduce el camporista Wado de Pedro, área que siempre organiza el dispositivo para las elecciones junto con la Cámara Nacional Electoral, García Blanco expuso la posición oficial en contra de eliminar la boleta partidaria y alertó el timming elegido por la oposición, justo un año antes de las presidenciales del 2023. “La elección presidencial es el momento menos propicio para introducir un cambio de esta magnitud, porque crea incertidumbre al momento de elegir la primera magistratura”, afirmó.

Intentando rebatir los argumentos opositores a favor de la BUP, planteó que “el posible ahorro de dinero no garantiza reducción de costos y tampoco hay diagnóstico sobre la logística necesaria”. Dijo que la reforma electoral “no termina con las listas sábanas” –uno de los principales cuestionamientos a la boleta partidaria–, ya que la Boleta Única “genera que el votante desconozca la oferta electoral, otorga mayor posición a las cabezas de lista, desvaloriza a las agrupaciones políticas y personaliza a los candidatos”. Y también señaló que la BUP “genera confusión en el conteo de votos”.

“Una reforma política no puede hacerse a las apuradas y menos para imponer agenda”, afirmó García Blanco al cerrar su exposición, momento en que varios diputados de la oposición le salieron al cruce. La primera en cuestionarla fue Silvia Lospennato, figura del PRO y quien está a cargo –junto con Emilio Monzó, de Encuentro Federal– de la estrategia opositora para sacar la media sanción. 

“¿Por qué no se pueden hacer reformas en las elecciones presidenciales, cuando el kirchnerismo impuso las PASO para 2011, y también la paridad de género en 2019?”, preguntó la diputada macrista con énfasis. Tan larga fue su intervención que el kirchnerista Hernán Pérez Araujo, conductor del plenario de Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Hacienda, tuvo que pedirle “concretar su pregunta”. 

“Dos años antes se hizo la implementación de las PASO y de la paridad de género”, contestó la funcionaria nacional. “No puedo decirle qué beneficio tiene la boleta única, yo no lo veo”, dijo ante otra pregunta de la oposición. Y ante una consulta de Alejandro “Topo” Rodríguez, del Interbloque Federal, aseguró: “A mi entender la boleta partidaria soluciona todos los conflictos que hoy están puestos sobre la mesa”.

Tras la intervención de García Blanco, en el plenario de comisiones expusieron una veintena de invitados especiales, casi todos de JxC. El foco de atención se puso en la opinión que iba a hacer la Fundación RAP (Red de Acción Política), una ONG integrada por empresarios y dirigentes partidarios, y liderada por Alan Clutterbuck, quien trabajó junto al ex diputado radical Gustavo Menna en un proyecto de BUP.

La iniciativa de RAP, que busca emular el sistema cordobés –una misma boleta concentrando la oferta electoral total del distrito (gobernador, legisladores, intendente, concejales)–, es el caballito de batalla de JxC, ya que ese proyecto no solo funcionaría como síntesis de la veintena que hay presentados, sino que también tendría el aval de un puñado de senadores oficialistas, lo que daría a la oposición serias chances de convertir en ley la BUP, según supo elDiarioAR.

“La BUP no deteriora la gobernabilidad”, aseguró Clutterbuck en su intervención, contestando directamente la posición de la funcionario de Interior. “Se habla de que puede generar más incentivos para el voto cruzado, una opción que hoy el ciudadano tienen simplemente cortando boleta”, señaló. 

A su vez, Menna dijo que “está en juego un derecho humano que es el de elegir”, porque el sistema de boleta partidario es vulnerable al faltante en el cuarto oscuro, dejando en manos de las propias fuerzas electorales la capacidad de reponer sus propias papeletas a través de sus fiscales. “Si una sola persona ve frustrado este derecho porque no dispone de la boleta en el cuarto oscuro, el sistema no sirve y vale la pena encarar esta reforma”, defendió el ex legislador, que al cerrar su posición apuntó contra el oficialismo: “¿Por qué se empecina un sector de la política en sostener algo que ve el ejercicio de un derecho electoral desde este punto de vista?”.

MC

Con el 31 de mayo como fecha autoimpuesta para firmar dictamen sobre el proyecto de Boleta Única de Papel (BUP), la oposición avanzará hoy un casillero más en su estrategia parlamentaria para sancionar la ley de reforma electoral que el Gobierno rechaza de plano.

En el edificio del Anexo C de la Cámara de Diputados, en el marco de un plenario de comisiones, volverán a desfilar durante la mañana una serie de expositores en favor de la iniciativa, principalmente invitados por el arco opositor. Será la última audiencia informativa antes de que el martes de la semana próxima se firme un dictamen que busca ser consensuado –según supo elDiarioAR–, para luego ir al recinto.

Con los 132 votos que consiguió en su momento el acuerdo logrado entre Juntos por el Cambio, el Interbloque Federal, el espacio de Provincias Unidas y el libertario José Luis Espert, y que sumó el sorpresivo apoyo de Romina del Plá –del Partido Obrero–, se da por descontado su media sanción en la Cámara Baja durante los primeros días de junio. 

Entonces la pelota pasará al Senado, donde pese a tener números más ajustados –33 sobre 72 bancas– se le abrió una puerta a la oposición: en las últimas horas se supo que un puñado de senadores oficialistas, históricamente a favor de la BUP, está dispuesto a “dar el debate”. Eso inclinaría la balanza en contra de Cristina Kirchner y dejaría a Alberto Fernández en la siempre costosa posición de tener que vetar la ley.

El avance opositor en Diputados

El foco de atención en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Hacienda estará puesto hoy en la exposición que hará la Fundación RAP (Red de Acción Política), una ONG integrada por empresarios y dirigentes partidarios, y liderada por Alan Clutterbuck, quien trabajó junto a Gustavo Mena en un proyecto de BUP. Ambos serán los primeros en exponer de un total de 15 invitados presentados por la oposición.

La iniciativa de RAP, que busca emular el sistema cordobés –una misma boleta concentrando la oferta electoral total del distrito (gobernador, legisladores, intendente, concejales)–, es el caballito de batalla de JxC, según supo elDiarioAR de una espada legislativa que participa en las negociaciones. La intención opositora no solo es que ese proyecto funcione como síntesis de la veintena que hay presentados, sino que también tenga aval en el Senado, lo que daría serias chances de convertirlo en ley.

El texto del dictamen opositor está bajo siete llaves, en una estrategia encabezada por los diputados Silvia Lospennato (PRO) y Emilio Monzó (Encuentro Federal), confió otra fuente parlamentaria a este medio. En paralelo al plenario de comisiones –que se transmite en vivo por YouTube–, el interbloque de JxC se reuniría a puertas cerradas para terminar de pulir los detalles que faltan de cara al 31 de mayo. “Va a ser una semana muy importante”, adelantó ayer el legislador consultado.

Uno de los pendientes de JxC es conseguir el apoyo de Graciela Camaño y del resto de sus colegas peronistas del Interbloque Federal. Sería la llave definitiva para bajar el proyecto al recinto y darle media sanción, dejando expuesta la impotencia del kirchnerismo para conseguir siquiera quórum propio, pese a ser la primera minoría. 

Futuro prometedor para la oposición en el Senado

En JxC confían en que si finalmente se impone el proyecto “del modelo cordobés”, la sanción en la Cámara alta estaría sellada, ya que saben que legisladores oficialistas como el jujeño Guillermo Snopek la avalan. 

A él se sumarían el correntino Carlos Espínola, que también se mostró a favor de la BUP, y al entrerriano Edgardo Kueider, quien junto con el gobernador Gustavo Bordet impulsó una iniciativa de reforma electoral en 2018 en la provincia, que sorpresivamente fue rechazada por el macrismo local. “Creemos que es un tema importante que hay que debatirlo”, dijo ayer Kueider en radio Mitre. 

Para que en el Senado sancione la ley se necesitan 37 votos, de los cuales el bloque cambiemita ostenta 33 bancas propias. Llega a 35 con los apoyos peronistas disidentes de Alejandra Vigo –esposa del gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti– y Alberto Weretilneck –de Juntos Somos Río Negro, habitual aliado del kirchnerismo pero con cintura para jugar con independencia–. 

Conseguiría su objetivo si convence a los oficialistas Snopek y Espínola, y podría darle mayor volumen político si finalmente dan su apoyo Kueider y hasta Aldolfo Rodríguez Saá, senador del FdT por San Luis y quien firmó en su momento un proyecto propio de boleta única.

“Está totalmente abierta la discusión. Hay que ver qué proyecto llega”, advirtió el senador por Entre Ríos, lanzando la moneda en el aire. Todo dependerá, entonces, de qué texto sale de Diputados y entra al Senado. Y luego será el turno de Alberto Fernández, si en medio de la crisis interna en el Gobierno, veta la ley por pedido de Cristina Kirchner o sostiene la reforma electoral para las próximas elecciones.

MC

La oposición en bloque logró forzar al oficialismo a debatir la boleta única, luego de que en una sesión especial en la Cámara de Diputados, este jueves, se votara emplazar para que tres comisiones parlamentarias traten a partir de la semana próxima la iniciativa de reforma electoral.

Con 132 votos afirmativos, el acuerdo al que llegaron Juntos por el Cambio con el Interbloque Federal, además del sector de José Luis Espert y del rionegrino Luis Di Giacomo (Provincias Unidas), le ganó la pulseada al Frente de Todos, que rechazó cualquier tipo de cambio en el sistema de las elecciones nacionales. Hubo 116 votos negativos y tres abstenciones.

Según el cronograma que propuso JxC, el tratamiento de la boleta única debería comenzar el martes próximo, luego de que se conformen las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia, después de seis meses de demora. La iniciativa también se girará a Presupuesto, comisión que ya está conformada. 

La oposición espera que haya una reunión conjunta de las tres comisiones el miércoles 11 desde las 15, para que luego de un tratamiento durante dos semanas se emita dictamen el 31 de mayo. 

Llegado al recinto y dado el acuerdo opositor, el proyecto podría obtener la media sanción y luego girarse al Senado, aunque allí el oficialismo cuenta con la mayoría para bloquear su sanción definitiva.

“Boleta única significa hablar de transparencia y terminar con la idea de la trampa cada vez que hablamos de elecciones”, dijo al abrir el debate el titular del interbloque de JxC, Mario Negri, marcando la tesis argumentativa del proyecto opositor: que el sistema actual de boletas de papel es permisivo al robo o copia de las papeletas. 

“Hace casi cien años que tenemos este sistema anacrónico para la economía y el ambiente, que además vulnera el derecho del sujeto activo al cual tenemos que cuidar: facilita la trampa, el esconder la boleta y todo lo demás que estamos cansados de ver y sufrir”, expresó Graciela Camaño, del Interbloque Federal encabezado por Alejandro “Topo” Rodríguez.

La votación de este jueves fue consecuencia de la jugada opositora de ayer, que tras una reunión remitieron una nota para que Sergio Massa, titular de la Cámara baja, unificara las sesiones que estaban convocadas desde ambos bandos: la oposición por la boleta única, y el oficialismo para tratar una serie de proyectos que tienen cierto consenso político –una nueva ley de VIH, de cannabis medicinal y cáñamo industrial, además de la prórroga del blanqueo previsto en la Ley de Régimen de Incentivo a la Construcción–. El peso del acuerdo opositor logró torcer el brazo del FdT. 

Luego de la definición de la boleta única, las demás iniciativas esperaban ser aprobadas durante la tarde-noche.

Chicanas y sorpresas

“Se habló de sospecha de trampa, pero ojo que si ponemos manto de sospecha con las elecciones lo estamos haciendo sobre la legitimidad de cada uno de nosotros”, planteó el jefe del bloque del FdT, Germán Martínez, al encabezar el rechazo oficialista. Todo el espacio votó en contra, pero de los 116 negativos hubo una sorpresa: María Eugenia Vidal, de JxC, quien no habló en el recinto.

Sin números para bloquear la ofensiva opositora, en el kirchnerismo jugaron con una chicana. “¿Se puede venir de sport o hay que venir de ropa de gala?”, le planteó la oficialista Cecilia Moreau a Silvia Lospennato, la diputada cambiemita encargada de explicitar en el recinto el pedido de emplazamiento del proyecto de boleta única a las comisiones. Sin responderle, Lospennato se llevó los primeros abrazos y saludos de sus colegas de bancada tras la votación.

Massa también protagonizó un momento de tensión con Camaño, ex socia en el Frente Renovador. Cuando la diputada se había pasado del tiempo reglamentario para hablar, el tigrense le pidió redondear su discurso. “Usted también votó la reforma en 2016”, le espetó Camaño, recordando la iniciativa parlamentaria que naufragó en la Cámara alta. “Sí, yo la voté”, le contestó Massa.

“Es un imperativo cambiar de sistema”, cerró la legisladora del espacio también conformado por Florencio Randazzo, y pidió que en el debate en comisión se agregue en la reforma electoral la ficha limpia, para que no pueda haber candidatos procesados por la Justicia. También exigió discutir la extinción de dominio, lo que le permitiría al Estado tomar la propiedad de bienes derivados de delitos.

“Se está cediendo un poco a las ideas liberales. Las elecciones no son un gasto, más allá de que se pueda ahorrar presupuesto con la boleta única”, planteó Myriam Bregman al argumentar la abstención del Frente de Izquierda-Unidad. La posición no fue unificada en el bloque de cuatro diputadas y fue otra de las sorpresas en el recinto: Romina del Plá –referente del Partido Obrero, socio del PTS de Bregman en la alianza trotskista– acompañó el emplazamiento de la iniciativa a las comisiones. “Las campañas electorales deben ser financiadas por el Estado y hay que prohibir los aportes privados. No me vengan a hablar con cartelitos de marketing”, concluyó la diputada porteña, lo que despertó el aplauso del kirchnerismo.

Una de las ausencias más llamativas en el debate fue la de Máximo Kirchner, ex titular del bloque oficialista y hoy protagonista de la avanzada kirchnerista contra parte del gabinete de Alberto Fernández, principalmente el ministro de Economía, Martín Guzmán. Consumada la votación por la boleta única, el hijo de la vicepresidenta apareció en el recinto para dar quórum al debate por la ley de HIV. Apenas se sentó, varios de sus pares legislativos del frentedotismo se le acercaron a hablar.

MC