La Cámara de Casación Penal rechazó hoy el recurso de Brenda Uliarte y, de esta manera, ratificó la condena por la tenencia ilegal de un DNI a ella y a Fernando Sabag Montiel, miembros de la banda conocida como “Los Copitos”, que atentó contra la vicepresidenta de la Nación Cristina Kirchner.

La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Angela Ledesma, Guillermo J. Yacobucci y Alejandro Slokar, rechazó por unanimidad el recurso presentado por Carlos Telleldin y Sabrina Mansilla, abogados defensores de la imputada, y de esta manera confirmó su condena por el delito de tenencia ilegítima de documento nacional de identidad ajeno. Por su parte, Fernando Sabag Montiel, quien gatilló contra Cristina Fernández de Kirchner, fue condenado y consintió la sentencia del tribunal oral.

El tribunal destacó que en el allanamiento efectuado en el monoambiente donde convivían Sabag Montiel y Uliarte en 2022 se secuestró un documento perteneciente a Francisco Almada, quien lo había extraviado en un recital de la banda Divididos, llevado a cabo en el Hipódromo de Palermo, el 15 de septiembre del 2018.

La causa por el intento de asesinato de la vicepresidenta avanza en dirección al juicio oral y público de los supuesto autores materiales mientras que la querella de la exmandataria reclama que se profundicen las medidas de pruebas vinculadas a la detección de posibles conexiones políticas o autorías intelectuales, hasta aquí descartadas por los investigadores.

El tramo central del expediente, ya elevado a juicio, se encuentra en manos del Tribunal Oral Federal (TOF) 6. El TOF 6 no tiene jueces titulares y está integrado, de momento, por los subrogantes Sabrina Namer, Daniel Obligado e Ignacio Fornari, mientras que la fiscal del debate oral y público será Gabriel Baigún y la querella será la de la exmandataria, representada por los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal.

MM con información de Agencia NA

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a denunciar hoy la resistencia de los tribunales de Comodoro Py a investigar el intento de magnicidio en su contra, en un mensaje por Twitter al que adjuntó una nota de Página 12 publicada bajo el título “La insólita conexión de Silvio Robles, la mano derecha de Rosatti, con el atentado a CFK”.

“¿Entendés por qué en Comodoro Py no se investiga a fondo el intento de magnicidio?”, preguntó Fernández de Kirchner en su posteo y agregó: “Impresiona el entramado mafioso, pero como siempre: Todo hace juego con todo”.

Robles, funcionario judicial allegado a Rosatti, aparece en conversaciones con el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, en diferentes chats que se difundieron en los últimos días, que provocaron el pedido de licencia del funcionario de CABA, en los que combinaban tácticas para que el Gobierno porteño use ante el máximo tribunal en la causa por el reparto de fondos de la coparticipación.

A raíz de eso, Robles fue denunciado por el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, y se abrió una causa federal en esa provincia.

La nota replicada por la Vicepresidenta, firmada por el periodista Raúl Kollman, sostiene que Gastón Marano, defensor de Gabriel Carrizo (procesado como partícipe secundario del intento de magnicidio) y exasesor de JxC en la Bicameral de Inteligencia, denunció luego a Robles en Comodoro Py por “negociaciones incompatibles”.

La nota periodística manifestó que esa “movida busca traer a los tribunales macristas de Buenos Aires la causa que avanza con un juez santiagueño”.

Asimismo, amplía que “la movida del letrado Gastón Marano objetivamente termina jugando a favor de Silvio Robles porque le disputa la causa judicial al juez federal de Santiago del Estero Guillermo Molinari, quien arrancó con todo: le pidió a Robles que deposite su celular en una secretaría de la Corte para luego chequear los mensajes que intercambió con el ministro de Justicia porteño, Marcelo D'Alessandro”.

DA

Fernando André Sabag Montiel (35), el hombre que intentó asesinar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, afirmó que “el acto fue más simple de lo que todos creen”, que nadie se lo dijo y que “no tiene tanta mística”, según surge del perfilado criminalístico que fue incorporado esta semana al expediente judicial, en el que se consignó que el atacante es “narcisista” y se compara con el expresidente sudafricano Nelson Mandela.

La afirmación forma parte de un informe en el que intervinieron médicos legistas, psicólogos, psiquiatras; no implica una confesión; y, si bien robustece la idea de que los atacantes pudieron haber actuado solos, no conduce a los investigadores a abandonar las pistas que tienden a determinar si alguien lo manipuló, afirmaron fuentes judiciales.

Su referencia al intento de magnicidio llama la atención dado que hasta el momento Sabag Montiel nunca quiso declarar en indagatoria -el principal acto de defensa- y solo se había limitado a decir: “Brenda (Uliarte) no tuvo nada que ver y yo tampoco”, en referencia a su pareja, procesada como coautora del homicidio en grado de tentativa.

Para los investigadores sigue despertando más interés el perfil de Uliarte, que aparece como quien pudo haber manipulado a Sabag Montiel y como aquella que podría tener otro tipo de conexiones: de hecho creen que fue ella la que le hizo escribir una carta para pedirle al dirigente de la Nueva Centro Derecha Hernán Carrol que le designara un nuevo abogado.

El estudio, que tiene por objetivo poder meterse dentro de la mente del criminal para analizar sus actos, determinó que Sabag Montiel tiene una personalidad “narcisista”, que en su actitud se destaca la “pedantería” y la “vanidad”, y que su discurso es “engorroso, extravagante y tedioso”, según pudo reconstruir Télam de fuentes con acceso al expediente.

“El acto fue simple. Es más simple de lo que todos creen. No me dijo nadie. No tiene tanta mística, yo estoy tranquilo ahora”, afirmó Sabag Montiel según surge del informe que fue requerido por el fiscal Carlos Rívolo como parte del expediente que tramita ante el juzgado de la jueza María Eugenia Capuchetti.

El perfilado criminalístico realizado sobre Sabag Montiel a través de varias entrevistas, lleva la firma de un grupo de expertos en distintas disciplinas que forman parte de la Policía Federal Argentina (PFA) y fue elaborado en presencia de peritos de la querella, indicaron a Télam fuentes judiciales.

Las expresiones allí vertidas no tienen el valor de las que se sueltan en una declaración indagatoria y, menos aún, aquellas pronunciadas en un una declaración bajo promesa de decir verdad, pero podrían servirle al Ministerio Público Fiscal -que fue quien lo solicitó- cuando el caso llegue a juicio oral para referirse a los rasgos de personalidad del acusado.

El informe dice que “el sujeto conoce la prohibición de la norma”, es decir que tiene claro cuáles son las acciones que implican la comisión de delitos, pero que “no la cumple por estar convencido de su acto” que tiene que ver con “hacer justicia”: conoce la criminalidad del acto que se le endilga y “no sufrió merma alguna” en sus capacidades mentales.

Los peritos que elaboraron el perfilado destacaron que, en el intento de autojustificar el hecho por el que se encuentra detenido, Sabag Monitel utilizó las frases “ajusticiar a una chorra” y “provocar una reacción en el pueblo”.

Del informe incorporado al expediente surge que “las consecuencias de la acción” llevada a cabo el pasado 1° de septiembre “no fueron pensadas pero tampoco le interesaron” a Sabag Montiel quien, además, definió su actual estado de detención como “un aprendizaje”.

“Para mi estar acá es un aprendizaje para poder tener introspección y analizar. Esto es un aprendizaje”, afirmó el imputado que, según el informe, “cree que si bien la justicia es divina el paga por los errores de los demás y por los propios” y “se equipara con (Nelson) Mandela en su condición de recluso político”.

En el análisis integrativo de la evaluación psicodiagnóstico de los peritos, se sostiene que su personalidad es la de quien busca impresionar a los observadores; mientras que en el pasaje referido a sus ideas políticas se señaló que no mantuvo ideas políticas en particular y que odia a toda la política.

El informe lo coloca como una persona con “normal” capacidad de atención, su curso de pensamiento es también “normal” con “tendencia marcada a la disgregación” y sostiene que tiene ideas fijas en temas de salud, con carácter hipocondríaco y mágico (hace referencia a que un cura le tocó el pecho y eso tendría algún efecto).

Télam pudo saber además que el perfilado realizado sobre Uliarte, detenida y procesada como coautora del intento de magnicidio, arrojó menos información porque ella adoptó una actitud poco colaborativa con los peritos, aunque se concluyó que atraviesa un cuadro depresivo.

Los perfilados fueron realizados con la aceptación de las respectivas defensas oficiales de los imputados, mientras que en el caso Nicolás Gabriel Carrizo, supuesto jefe de ambos en el emprendimiento de venta de copos de nieve y procesados en la causa como partícipe secundario, rechazó que se lo hicieran.

La información ingresó al expediente en la misma semana en la que la vicepresidenta Fernández de Kirchner, que reviste la calidad de víctima y querellante, adelantó a través de su cuenta personal en la red social Twitter que va a recusar a la jueza Capcuhetti.

La dos veces exmandataria lo adelantó a través de un video en el que se sostiene que la magistrada “paralizó y boicoteó la investigación” cuando “aparecieron las primeras pruebas que involucran a la política con el ataque”.

La recusación estará basada en el manejo de la pista “Casablanca”, abierta a partir del testimonio de un asesor del Frente de Todos en la Cámara de Diputados que dijo haber escuchado al diputado nacional de Juntos por el Cambio, Gerardo Milman, hacer un comentario sobre el ataque antes de que ocurriera.

El testigo, un colaborador del diputado nacional del Frente de Todos (FdT) Marcos Cleri en el Congreso, declaró el 23 de septiembre: “Escucho con mis propios oídos que Milman dice 'textual: cuando la maten yo estoy camino a la costa' ”.

A partir de esa declaración comenzó un legajo de investigación reservado que permitió a la jueza Capuchetti y al fiscal Rívolo constatar a través de distintas medidas de prueba que el 30 de agosto (fecha señalada por el testigo) Milman había estado con dos colaboradoras (Ivana Bohdziewicz y Carolina Gómez Mónaco) en la confitería Casablanca a la hora señalada en el testimonio.

Las diferencias entre la jueza y la querella surgieron el miércoles 26 de octubre cuando la magistrada se opuso a disponer la orden de secuestro de los teléfonos celulares de las dos colaboradoras que ese día concurrieron a los tribunales federales de Comodoro Py a declarar como testigos, algo que reclamó la querella.

Esta semana, los abogados que representan a la vicepresidenta en el expediente, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, volvieron a reclamar la realización de esa medida, pero esta vez ante la Cámara Federal porteña a aunque a sabiendas de que “si había una prueba, esa prueba se perdió”, según afirmaron en la audiencia que presenció esta agencia.

“Intentar matar a Cristina Kirchner es un crimen político”, sostuvo Ubeira en esa audiencia en la que remarcó que la investigación no puede detenerse cuando aparece una pista política, para luego aseverar que “todo lo que apunta (en las investigaciones judiciales) al ala derecha del PRO es borrado”.

“Queremos explorar esta línea hasta las últimas consecuencias. Tenemos una sospecha fuerte, no podemos salir de esa sospecha si no se hacen las medidas”, sostuvo allí el abogado Aldazabal que además explicó que no se busca conocer las comunicaciones privadas de las testigos sino saber si existe en ellas alguna referencia al hecho que se investiga.

MB con información de agencia de noticias Télam

Alberto Fernández puso el atentado contra Cristina Kirchner en el centro de su discurso ante la Asamblea General de la ONU. Lo comparó con “magnicidios” que generaron tragedias, lo atribuyó a la “violencia fascista que se disfraza de republicanismo” y que se ejecutó con la intención de “erosionar” la continuidad democrática.

En una intervención de 15 minutos, el Presidente enfocó su planteo sobre la violencia política. En el cierre, advirtió que el mundo “está en riesgo” y que la ONU, organización que reúne a más de 180 países, es el ámbito donde se debe actuar. Hizo, además, un link entre la pandemia, la desigualdad y la proliferación de los discursos de odio

Agradeció, para reforzar ese foco, los mensajes de “solidaridad que la Argentina ha recibido del mundo entero por el intento de magnicidio perpetrado contra nuestra Vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner”.

En paralelo, Fernández reforzó las deudas históricas sobre Malvinas, con un renovado pedido al Reino Unido de abrir las negociaciones, el repudio al terrorismo con menciones a los atentados a la embajada y la AMIA, y un reclamo para cesar las hostilidades en Ucrania tras, dijo, “el avance de la Federación rusa en territorio ucraniano”.

Además, el Presidente cuestionó las sanciones “unilaterales” y sumó a la Argentina “al reclamo de los pueblos de Cuba y Venezuela para que se levanten los bloqueos que esas naciones padecen”. 

El martes por la mañana, en la habitación del Hyatt Park donde está alojado, Fernández le dio los toques finales a un discurso que empezó a armar en Buenos Aires y redondeó, ya en Nueva York, con aportes del canciller Santiago Cafiero y el embajador argentino en Washington, Jorge Argüello.

“Los magnicidios han sido prólogos de grandes tragedias. Fundados en el rechazo o el odio hacia las víctimas, quienes perpetraron semejantes acciones quebrantaron la paz pública y abrieron las puertas a enormes disputas sociales. Pueblos enteros sucumbieron detrás de esos profetas del odio”, aseguró.

De arranque apuntó a la gravedad del hecho y sus intenciones. “El intento de asesinar a la Vicepresidenta no solo afectó la tranquilidad pública. También buscó alterar una virtuosa construcción colectiva que el año entrante cumplirá cuatro décadas de vida”, señaló.

“Los argentinos construimos el acuerdo del ”Nunca Más“ al terrorismo de Estado y a la violencia política. Valoramos la democracia como un modelo de desarrollo social que exige respetar al otro en la diversidad. Estoy seguro de que la violencia fascista que se disfraza de republicanismo no conseguirá cambiar ese amplio consenso al que adhiere la inmensa mayoría de la sociedad argentina”, apuntó en uno de los tramos de más dureza.

Con o sin intención, Fernández bordeó una imputación porque el “republicanismo” tiene, en el ecosistema político argentino, una identidad partidaria clara: sectores de Juntos por el Cambio (JxC), en particular el PRO de Mauricio Macri.

Efecto Pandemia

“Aprovechando la desazón que generó la pandemia y los efectos económicos de la guerra, los discursos extremistas y violentos proliferaron y encontraron tierra fértil para sembrar el sentimiento antipolítico en nuestras sociedades. Guardar silencio ante semejante evidencia puede conducirnos a poner en crisis el mismo Estado de Derecho. Quienes buscan debilitar y erosionar las democracias, tienen intereses específicos que los lleva a promover la polarización extrema. No aceptemos resignados esa situación. Generemos un enérgico rechazo global a quienes promueven la división en nuestras comunidades”, agregó el Presidente.

“Esta Asamblea General es quien debe ver a tiempo las señales de alerta que hay en el planeta. Como sobrevivientes de una pandemia que azotó a la humanidad, enfrentamos una disyuntiva. O aprendemos las lecciones de esa experiencia dramática o el mundo se encaminará a situaciones de enfrentamientos cada vez mayores.  La pandemia transparentó las enormes desigualdades que soporta la población mundial”, indicó Fernández.

Y luego, preguntó: “¿Es justo que la fortuna de solo 10 hombres representen más que los ingresos del 40 % de la población mundial? ¿Es ético que la pandemia se haya cobrado cuatro veces más vidas en los países más pobres que en los ricos?”

“No denunciar este modelo de acumulación que concentra el ingreso en pocos mientras millones quedan sumergidos en la pobreza, puede volvernos cómplices en la consolidación de tanta desigualdad. Mientras buscamos alcanzar el horizonte de la pacificación global, debemos abandonar las prácticas económicas y financieras que el mundo desarrollado exige cumplir al mundo que intenta desarrollarse. Sostener este presente, solo incrementará la pobreza y la marginalidad. Si no cambiamos, no podremos edificar sociedades más justas y libres, estables, comprometidas con sus instituciones. Las naciones endeudadas padecen mucho más los efectos del sistema establecido. Argentina está entre ellas. Por eso, quiero dar gracias a todos los Estados que nos apoyaron y nos apoyan en el complejo proceso de renegociación de nuestra deuda externa”, agregó el Presidente.

En ese mismo sentido, indicó: “Es un endeudamiento que mi gobierno no generó, pero que afronta con toda seriedad. Nuestros criterios son conocidos. Responden a lo dispuesto por esta Asamblea General en la Resolución 69/319 de 2015, cuando dispuso que las reestructuraciones de las deudas soberanas deben hacerse promoviendo el crecimiento sostenido e inclusivo, minimizando los costos económicos y sociales, garantizando la estabilidad del sistema financiero internacional y respetando los derechos humanos”.

Además, el Presidente hizo una mención aislada al incremento de la inflación en el mundo: “Estamos a tiempo de frenar varias de las amenazas que enfrenta la humanidad. Las injusticias que observamos sólo se agravarán si las posiciones extremas se instalan, si las guerras se sostienen en el tiempo profundizando el hambre y si una inflación persistente termina por corroer los ingresos de los más débiles”. 

Repudio al terrorismo

“La Argentina condena al terrorismo en todas sus formas y manifestaciones. Deben ser combatidos en el marco del estado de derecho y del pleno respeto al derecho internacional. Seguimos luchando contra la impunidad, investigando los atentados que sufrimos en 1992 a la Embajada de Israel y en 1994 a la sede de la AMIA, que se cobraron la vida de 107 personas y cientos de heridos. Queremos que los responsables de tan atroces ataques sean identificados, juzgados y eventualmente condenados”.

“Una vez más, instamos a la República Islámica de Irán a que coopere con las autoridades judiciales argentinas para avanzar en la investigación del atentado contra la AMIA. También instamos a la comunidad internacional, a que nos acompañen en nuestra lucha evitando recibir o cobijar a cualquiera de los imputados aun cuando gocen de inmunidad diplomática. Debemos recordar que sobre ellos pesan solicitudes de captura internacional y alertas rojas de Interpol”.

Energía y alimentos

Fernández destacó el papel de la Argentina en el esfuerzo por garantizar la seguridad alimentaria global. “Argentina cumplirá su rol como productor y exportador confiable de alimentos nutritivos y de calidad. También como proveedor de tecnologías aplicadas a la producción de alimentos para mejorar su rendimiento”, dijo y pidió “garantizar un sistema de comercio internacional de productos agrícolas más justo, transparente, equitativo y previsible”. 

Fernández asoció este punto al de la crisis energética global y ratificó la contribución que puede hacer la Argentina para atenuarla. “Así como debemos garantizar la seguridad alimentaria, debemos acceder en condiciones de seguridad y previsibilidad a la energía. Argentina seguirá estando presente para contribuir a enfrentar ese gran desafío. Estamos incrementando la producción para proveer al mundo de energías limpias y de aquellas que, como el gas natural, permitan reducir las emisiones de carbono durante la transición, sostuvo. 

Malvinas

Fernández también cumplió con el compromiso de todos los presidentes argentinos que exponer el reclamo histórico por Malvinas ante la Asamblea General. Renovó además el pedido a Londres a buscar una solución negociada al conflicto.

“Quiero reafirmar los legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Forman parte del territorio nacional argentino y se encuentran ocupados ilegalmente por el Reino Unido desde hace ya casi 190 años. El pedido formulado a través de la resolución 2065 del año 1965 se ha mantenido vigente y ha sido renovado en múltiples ocasiones. El Reino Unido persiste en su actitud de desoír el llamado a reanudar las negociaciones respecto de la disputa territorial. Más aún: agravó la controversia por sus llamados a la explotación ilegal de los recursos naturales renovables y no renovables en el área. La acción es contraria a la resolución 31/49 de esta Asamblea. También insiste con la injustificada y desmedida presencia militar en las Islas, que no hace más que traer tensión a una región caracterizada por ser una zona de paz y cooperación internacional”, indicó Fernández.

Y agregó: “Solicitamos al Secretario General que renueve sus esfuerzos en el cumplimiento de ese mandato y que el Reino Unido se avenga a acatar el llamado de la comunidad internacional y ponga fin a esta anacrónica situación colonial. En este contexto, deseo reiterar la plena disposición de mi país de retornar a la mesa de negociaciones y buscar una solución que permita poner fin a esta prolongada disputa de soberanía”.

PI

La vicepresidenta Cristina Kirchner recibió una amenaza de muerte por medio de un llamado al 911 y la jueza federal María Eugenia Capuchetti, quien investiga el intento de magnicidio del 1 de septiembre, pidió que se reforzara su custodia.

Frente a la solicitud de la magistrada, el Gobierno analiza la medida para garantizar la seguridad de la ex mandataria.

Según informaron fuentes oficiales, una mujer de la ciudad de La Plata realizó un llamado este lunes por la tarde al 911 y aseguró que iba a matar a Cristina Kirchner.

Fue desde el Ministerio de Seguridad que le dieron aviso a Capuchetti, quien escuchó las grabaciones del llamado y envió un oficio en el que pidió que se reforzara la custodia de Cristina, de acuerdo a lo que indicó el portal Infobae.

En tanto, los expertos informáticos de la Policía Federal analizaban la llamada para tratar de localizar el punto exacto desde donde fue hecha y, de esa manera, identificar a su autora, que hasta ahora no se sabe quién es.

En tanto, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, aseguró que “se está investigando” el llamado al 911 en el que amenazaron de muerte a Cristina Kirchner y remarcó que desde el Gobierno nacional “no se minimiza ninguna acción” que esté vinculada con la seguridad del presidente Alberto Fernández y de la Vicepresidenta.

Asimismo, el funcionario confirmó este martes que “se dio rápidamente intervención a la Policía (Federal)” y el hecho “se está investigando”. En declaraciones a la prensa realizadas en la puerta de ingreso al Ministerio, Fernández sostuvo que la amenaza de muerte “es un mensaje al 911, pero no se debe minimizar porque después uno se preocupa por algo que no le dio la debida importancia”.

“Para nosotros, cualquier hecho, aunque mínimo que parezca, es importante. Por eso, rápidamente dimos intervención del caso al jefe de la Policía (Federal) para que se ocupe y se logre arribar a los responsables”, remarcó.

Con respecto a la autoría de esta amenaza, Fernández que ese dato “se desconoce y se está investigando”.

“A ninguna de las acciones que aparecen tangencialmente las minimizamos. Le damos el valor que debe tener”, reiteró el titular de la cartera de Seguridad, al tiempo que sobre el refuerzo de la custodia, consideró que “eso lo deben analizar los especialistas y el jefe de la custodia de Cristina Kirchner”.

Además, el ministro aclaró que la amenaza de muerte mediante un llamado al 911 “se investiga en forma paralela” del intento de magnicidio el pasado jueves 1, cuando la exmandataria se disponía a ingresar a su vivienda en el barrio porteño de Recoleta.

De todas maneras, indicó que lo hace el mismo juzgado que lleva esa causa, a cargo de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, para vincular y entrecruzar datos.

Intentos anteriores

Una serie de mensajes extraídos del teléfono celular de Brenda Uliarte, imputada por el intento de homicidio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, permitieron a la justicia detectar que el mismo grupo de personas había intentado antes asesinar a la expresidenta.

La información surgió del celular de la propia novia de Fernando Sabag Montiel, el hombre que el 1 de septiembre intentó dispararle a Fernández de Kirchner en la cabeza cuando saludaba a los militantes que habían ido a manifestarle su apoyo en las inmediaciones de su casa, en el barrio porteño de Recoleta.

Fuentes de la investigación consultadas por elDiarioAR confirmaron que los mensajes dan cuenta de una intención de asesinar a CFK el 27 de agosto, durante la noche en la que la Vicepresidenta le habló a la militancia apostada en la zona de las calles Juncal y Uruguay, donde se emplaza el edificio donde vive la titular del Senado.

“No, no es que se dé cuenta, el tema es que hay una cámara de C5N, y hay poca gente, y la gente se está yendo, y el momento es ese, ahora ya es tarde, o sea son las 12 y ella salió a esa hora, y era a esa hora, o sea el escenario era con ella porque la habrán seguido”, dice uno de los mensajes que recibió Uliarte de parte de Sabag Montiel.

“¿Entendés? Después vamos a ver en la tele a ver qué pasó porque cuando ella se metió, la siguieron y ahí tendría que haber sido”, sostiene otro mensaje detectado por la justicia.

En otra comunicación, Sabag Montiel le dice a Uliarte: “No, ya se me metió adentro y el escenario, el anfiteatro lo sacaron. Le toqué la espalda a (el gobernador bonaerense) Axel Kicillof y se metió en un Toyota Etios, eh, y se fue, un quilombo. Ella está arriba, pero no creo que salga, así que ya fue, dejá, voy para allá, quédate ahí. No traigas nada”.

La información coincide con la de un video publicado la semana pasada por el canal de noticias C5N donde se ve que el 27 de agosto Sabag Montiel estaba camuflado entre los manifestantes como si fuera un vendedor de copos de nieve azucarada y logró acercarse a metros del gobernador de la provincia de Buenos Aires.

Con información de NA.

IG

Con el acuerdo entre el oficialismo y la oposición, la Cámara de Diputados votó por unanimidad el repudio al atentado a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido en la noche del pasado jueves en la puerta de su domicilio en el barrio porteño de Recoleta. Tras haberlo aprobado, el bloque del PRO abandonó el recinto al considerar que no era “un aporte a la paz”.

Así explicó el titular de ese bloque opositor, Cristian Ritondo, en una conferencia de prensa desarrollada en el Salón de los Pasos Perdidos en la que estuvo acompañado de la diputada María Eugenia Vidal. “Para nosotros quedarnos en el recinto, volviendo a escuchar lo que escuchamos en las 24 horas previas, no era un aporte a la paz social sino todo lo contrario, era volver a discutir un mensaje que no le hace bien a la sociedad y nos quita ese rol institucional que es que un hecho de esta gravedad sea repudiado por todo el arco político”, aclaró el legislador.

“En nosotros van a encontrar una vía institucional para trabajar por más democracia y libertad, pero no para escuchar esta acusación a la Justicia, a los medios y a la oposición política, que ha demostrado la madurez suficiente en los discursos de la no violencia, que es lo que la caracteriza”, sostuvo.

Al hacer referencia a los dichos del oficialismo sobre el “odio” en el Poder Judicial, aseguró que “de ninguna manera se lo puede culpabilizar por investigar y juzgar, de eso se trata una república”. “Tampoco a los medios porque la libertad de expresión es un pilar de la democracia ni a la oposición, que obviamente piensa distinto del Gobierno y tiene un modelo distinto de país, lo cual no significa que instigue o promueva hechos violentos de la magnitud que vivimos”, señaló.

A su turno, la exgobernadora bonaerense defendió la decisión del espacio y afirmó que “lo que ha demostrado Juntos por el Cambio es que tiene una posición unifica de condenar el atentado y en eso estamos juntos y parados en el mismo lugar”. “Eso no quita que digamos con convicción que la búsqueda de culpables no es en la calle ni en el recinto”, aclaró Vidal.

La diputada nacional cuestionó el mensaje en cadena nacional que brindó el jueves por la noche el presidente Alberto Fernández e indicó: “Nos parece peligroso un discurso que culpa a los medios, a los opositores y al Poder Judicial, que investiga y hace su trabajo de manera independiente”.

Después de la conferencia de prensa, el Frente PRO emitió un comunicado en que ratificaron que acordaron “un texto común de repudio a los graves sucesos ocurridos con el ataque e intento de magnicidio a la Vicepresidenta de la Nación, pero ”es por ello que luego de votar la resolución, y habiéndose cumplido el motivo de la convocatoria“, decidieron retirarse del recinto.

Nosotros creemos que no es la calle ni el recinto el lugar para determinar los culpables de un delito. Es el Poder Judicial el único que tiene el deber de investigar, juzgar y condenar“, agregó.

“No queremos que este hecho gravísimo sea utilizado con el objetivo de generar más dicciones, asignar culpables y mucho menos convertirse en una tribuna para atacar a la oposición política, Poder Judicial y los medios de comunicación, como lamentablemente vinimos escuchando en las últimas horas. Esperamos que este discurso no se replique de ahora en adelante”, completó el comunicado.

MB

Un hombre apretó el gatillo de un arma a centímetros de la cabeza de Cristina Fernández de Kirchner. Sucedió el jueves por la noche, durante la ronda de saludos que la dos veces presidenta mantiene desde hace varios días con los militantes que permanecen en vigilia en los alrededores del edificio en el que vive, ubicado en Recoleta. El hombre se infiltró en el grupo de apoyo a la vicepresidenta y blandió el arma. Solo por una cuestión técnica el disparo no salió. El intento de asesinato a Cristina Fernández conmociona a las y los argentinos. Esa es la noticia, pero la noticia tiene un contexto.

Casi la mitad de los argentinos son pobres. Todos aquí lidiamos con una inflación mensual de, en promedio, 8%. De aproximadamente 47 millones de ciudadanos, 22 millones son asistidos por el Estado con planes, programas, proyectos o subsidios. El ministro de Economía renunció en julio. Designaron a Silvina Batakis, la segunda mujer en la Historia del país en lograr el puesto. Batakis “duró” 24 días en el cargo. Estaba en un viaje oficial a Estados Unidos, donde había ido a reunirse con representantes del Fondo Monetario Internacional, el organismo con el que la Argentina mantiene deudas, cuando supo que sería reemplazada. Por teléfono le avisaron que su puesto sería ocupado por quien fuera el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

En la pospandemia y ya en carrera por las elecciones presidenciales –que serán el año próximo–, Cristina Fernández fue acusada de haber sido jefa de una asociación ilícita para defraudar al Estado. Hubo descargos en Twitter y vía streaming. Hubo apoyos de funcionarios públicos oficialistas y de los movimientos sociales. Convocatorias públicas y represión policial.

Fútbol, declaración y vigilia

El 7 de agosto, unos días antes de que el fiscal Diego Luciani se dirigiera al Tribunal para informar qué pena pediría para Cristina Fernández en la causa conocida como “Vialidad”, la vicepresidenta usó sus redes sociales para demostrar los contactos amistosos entre el fiscal que la acusaba, uno de los jueces del Tribunal y el ex presidente Mauricio Macri y su entorno. Fernández difundió fotografías en las que se observa que el fiscal, el juez Rodrigo Giménez Uriburu –presidente del Tribunal que deberá decidir sobre su destino– y el miembro de la cámara de apelaciones Rodrigo Llorens –que sobreseyó a Macri en una causa por espionaje– forman parte del mismo equipo de fútbol. El equipo se llama Liverpool y suelen jugar en la quinta de Macri, “Los Abrojos”. 

Unos días después de ese hilo en Twitter, el 22 de agosto, el fiscal Diego Luciani pidió que la vicepresidenta sea condenada a 12 años de prisión. De paso, y en un hecho inédito, también solicitó al tribunal que inhabilite de manera perpetua a la vicepresidenta a ejercer cargos públicos y se le decomisen bienes. La acusa de haber sido jefa de una asociación ilícita organizada para favorecer al empresario Lázaro Báez y como autora de fraude a la Administración pública en miles de millones de pesos desviados a las compañías del exsocio de su familia. Esa noche arrancó la vigilia en los alrededores del edificio en el que vive Fernández. Y desde esa noche, Fernández lleva a cabo su ritual: acercarse a los militantes para saludarlos y agradecerles su presencia.

Después de la petición de cárcel e inhabilitación del fiscal, la vicepresidenta pidió ampliar su declaración indagatoria, pero el Tribunal lo rechazó. Así que Cristina reaccionó y desde su despacho en el Senado hizo un descargo vía streaming. “Esto no es un juicio a Cristina Kirchner, es un juicio al peronismo”, dijo. Los principales referentes del oficialismo y la militancia más fiel habló de proscripción: en 1956, Pedro Aramburu, presidente de entonces, sancionó el decreto 4161/56 que consideraba ilegal el peronismo, prohibía sus ideas y símbolos, e incluso que se mencionaran los nombres de Perón y Evita. 

En su declaración, Cristina Fernández habló más de una hora y media. Dijo que los fiscales “adoptaron el guión de los medios” y aseguró: “No son acusaciones, es una ficción, nada fue probado”. En una defensa de carácter político, leyó mensajes de texto entre el ex secretario kirchnerista de Obras Públicas, José López, condenado por corrupción, y Nicolás Caputo, amigo cercano de Mauricio Macri, en torno a la obra del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento. “¿Los fiscales y los jueces no vieron esto?”, preguntó. El apoyo del oficialismo fue general. Incluso el presidente fue a una canal de televisión a afirmar “la honestidad” de su vice.

Vallas y escenario

Para el quinto día de vigilia, los alrededores del edificio donde vive la vicepresidenta amaneció vallado. Fue una decisión del Gobierno porteño que se inclina, en este momento, hacia la oposición. Horacio Rodríguez Larreta, alcalde de Buenos Aires, se perfila como candidato presidencial en las elecciones del año próximo. “El vallado es para evitar conflictos entre ciudadanos”, dijo el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós. 

El gesto de “concordia” terminó con una represión que incluyó gases lacrimógenos, carros hidrantes, doce policías heridos y varios detenidos. Y con el hijo de la vicepresidenta, el diputado Máximo Kirchner, asediado por agentes de la policía que le impedían el ingreso al edificio en el que vive su madre. Más tarde, ahí donde había vallas, a Fernández le levantaron un escenario. Pequeño, improvisado: apenas un micrófono de pie, iluminada por las cámaras de televisión y los postes de luz. La vicepresidenta se dirigió a su militancia: “Desde el día martes, cuando el Partido Judicial pidió 12 años de condena por cada año de los mejores 12 años que tuvo el pueblo argentino, desde ese día se produjeron a lo largo y lo ancho del país manifestaciones espontáneas de compatriotas”. Desde la tarima pidió a los manifestantes que fueran a descansar, que había sido un día largo.

El jueves a la noche, la vicepresidenta llegaba a su casa luego de presidir la sesión en el Senado cuando un hombre de 35 años apretó el gatillo de un arma en su cabeza. Había cinco balas en la recámara de la pistola, pero no disparó. El joven fue detenido e imputado por “tentativa de homicidio calificado”. Este sábado será indagado. Hacia la medianoche y por cadena nacional, el presidente Alberto Fernández repudió el hecho, llamó a la paz social y declaró feriado nacional para que “el pueblo argentino pueda expresarse en solidaridad con nuestra vicepresidenta”.

En 1991, un ex gendarme apuntó el presidente de entonces Raúl Alfonsín, en medio de un acto de campaña en San Nicolás. Cuando se oyó el disparo, el custodio se arroyó encima del mandatario y otro redujo al tirador. Al agresor lo sobreseyeron por inimputable. Se suicidó tres años después. Desde el retorno a la democracia en la Argentina, hace casi 40 años, no hay antecedentes de que un civil en su sano juicio haya un intentado un asesinato de este tipo. 

VDM/SH

Nota aclaratoria: el original de este texto fue actualizado a las 11.16 del sábado 3 de septiembre.

La Cámara de Diputados aprobó este sábado por amplia mayoría un texto de repudio el ataque a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y en el que exigió el esclarecimiento del hecho, que fue consensuado con la mayoría de los bloques parlamentarios.

Por su parte, el bloque de diputados del PRO anunció que acompaña el proyecto acordado pero que se retira del recinto, en momentos en que comienzan los discursos políticos.

De la sesión especial participan los integrantes del interbloque de diputados de Juntos por el Cambio (JxC) y de Libertad Avanza, luego de que se acordara este sábado en la reunión de Labor Parlamentaria un nuevo texto de la declaración de repudio que se votará finalmente en el recinto de sesiones.

En la reunión de Labor Parlamentaria, que se realizó en el Salón de Honor de la cámara baja y no en el Delia Parodi como se hace habitualmente, se acordó además que la sesión tendrá 14 oradores y que se evitarán los discursos confrontativos.

La sesión contará con la presencia en los palcos de embajadores y funcionarios del Poder Ejecutivo, entre ellos el ministro de Defensa, Jorge Taiana, junto a jefes militares; el titular de la cartera de Justicia, Martín Soria; y el de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié; la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, la titular del INADI, Victoria Donda; el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, entre los que ya se encuentran en el Congreso.

El texto aprobado

La siguiente es la declaración textual de condena al intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner aprobada este sábado por amplia mayoría en la Cámara de Diputados:

“La Honorable Cámara de Diputados de la Nación expresa su enérgico repudio al intento de magnicidio contra la vicepresidenta y dos veces presidenta de la Nación Doctora Cristina Fernández de Kirchner.

Además, manifestamos nuestra absoluta solidaridad con la Señora Vicepresidenta y su familia.

Exigimos el pronto y completo esclarecimiento y condena a los responsables de este hecho lamentable, que empaña la vida en democracia.

Exhortamos a la dirigencia toda y a la población a buscar todos los caminos que conduzcan a la paz social“.

Milei y Espert calificaron el atentado como un “hecho policial y delictivo”

Por su parte, los diputados Javier Milei (La Libertad Avanza) y José Luis Espert (Avanza Libertad) se refirieron al intento de asesinato de la Vicepresidenta como un hecho “delictivo” y “policial”, en el marco de la sesión especial.

“No entiendo por qué la Cámara de Diputados se encuentra sesionando un sábado para tratar un hecho de índole policial y que tiene que ser dilucidado por la Justicia”, dijo Espert en su discurso ante sus pares.

En tanto, Milei afirmó que “la política utilizó de manera miserable un hecho delictivo para armar un rédito político” y dijo que fue “dantesco declarar un feriado”, tal como dispuso el presidente Alberto Fernández para facilitar la movilización a la Plaza de Mayo.

En su discurso, Milei evitó mencionar directamente el ataque sufrido por la Vicepresidenta y condenó en forma genérica la violencia política al señalar que “dejamos en claro el repudio de la violencia, pero no aceptamos el uso de la violencia”.

En su primer pronunciamiento público tras el atentado, Milei habló en la sesión especial y luego se retiró del recinto de sesiones en medio de gritos con dirigentes de la izquierda y del oficialismo: “Casta, casta”, les gritó el diputado libertario.

Incluso, Milei tuvo un contrapunto con Cecilia Moreau cuando la presidenta de la Cámara lo corrigió cuando la llamó “Presidente” y el legislador opositor insistió con su postura, ante lo cual la titular del cuerpo lo despidió con un “gracias diputada” y fue aplaudida por el oficialismo.

En su breve pronunciamiento, Milei dijo: “Somos partidarios de la libertad y dejamos en claro el repudio a la violencia, pero no aceptamos el uso de la violencia”.

En tanto, consideró que fue “dantesco declarar un feriado” por el ataque y se preguntó: “¿Alguien me puede decir dónde está el feriado por la masacre de Once, cuando mataron a Alberto Nisman, o por las victimas de la embajada de Israel o de AMIA?”.

“Los políticos no tienen que tener privilegios diferentes del resto de la población, pero cuando tocan a uno de la casta ahí aparecen los hipócritas. Tenemos que terminar ese privilegio que tienen los políticos con respecto a los demás ciudadanos”, concluyó.

La decisión de convocar a una sesión especial pedida por el Frente de Todos (FdT) fue oficializada el viernes minutos después de que finalizara la reunión de gabinete en Casa Rosada, de la que participaron la presidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau, y el jefe del bloque de diputados del oficialismo, Germán Martínez.

Una imagen efímera

Pasadas las 23.40 del jueves, instantes después de que Alberto Fernández repudiara en Cadena Nacional el ataque, los legisladores de las dos principales bancadas políticas se reunieron en el salón Arturo Illia del Senado, y tomaron una fotografía grupal en señal de unidad. Sería solo el principio de comunicados oficiales y cataratas de tweets de autoridades de diversos frentes que repudiaron el acto de violencia.

Por su parte, el jefe del bloque oficialista del Senado, el formoseño José Mayans, manifestó que valoraban el apoyo de la oposición y que esperaban el “pronto esclarecimiento” del hecho.

“Nos hemos reunido para expresar nuestro repudio y expresarle nuestro apoyo a la vicepresidenta por este hecho lamentable a ella y a su familia. Esperamos el pronto esclarecimiento a este hecho y lamentamos profundamente lo que ha pasado”, dijo.

Alfredo Cornejo, Presidente del Interbloque de Senadores de JxC, twitteó por la mañana del viernes: “Repudio el intento de atentado contra la Vicepresidenta y expreso mi profunda solidaridad. Las autoridades competentes deben realizar ya la más profunda investigación del hecho”.

Desde la oposición, el presidente de la UCR, Gerardo Morales, expresó su “más enérgico repudio” al atentado sufrido por la vicepresidenta y afirmó que se trata de un “hecho gravísimo” al que “de ningún modo debe subestimarse”.

Sin Embargo, esa imagen de unidad duró poco. Si bien los mensajes de solidaridad con la vicepresidenta incluyeron hasta el expresidente Mauricio Macri, en los hechos, no hubo un repudio formal de Juntos por el Cambio como principal fuerza de la oposición. Es que frente a la crisis económica y política que venía hundiendo al Gobierno, el oficialismo aparece ahora encolumnado sin fisuras detrás de la figura de Cristina Fernández de Kirchner. Primero con el repudio a la acusación del fiscal Diego Luciani en la causa de vialidad, y luego con la defensa frente al intento de asesinato el jueves por la noche cuando regresaba a su casa.

Con información de agencias

Un documento leído hoy ante una multitud en la Plaza de Mayo subrayó que “la paz social es una responsabilidad colectiva” y advirtió que “no hay manera de relativizar ni minimizar un intento de magnicidio” como el sufrido anoche por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El documento fue leído por la actriz y titular de la Asociación Argentina de Actores, Alejandra Darín, desde un escenario montado en la Plaza y ante decenas de miles de personas, entre ellas representantes de sectores sindicales, sociales, empresariales y de derechos humanos.

“Frente al intento de asesinato de la principal dirigente política del país, nadie que defienda la República puede permanecer en silencio o anteponer sus diferencias ideológicas al repudio unánime que esta acción depara”, inició el escrito.

El texto refirió que “la solidaridad y el repudio de dirigentes de toda América Latina, de los Estados Unidos, de Europa y del Papa Francisco, muestran que el mundo comprende cabalmente la gravedad de lo ocurrido”.

En otro párrafo resaltó que “en el mismo sentido se expresó el movimiento obrero organizado, entidades empresarias, comunidades religiosas, asociaciones deportivas y demás organizaciones intermedias del país”.

“También gran parte de la dirigencia política nacional, a quienes agradecemos que comprendan que la convivencia democrática debe prevalecer sobre cualquier desacuerdo político”, agregó.

Por momentos interrumpida por la militancia, que cantaba 'Cristina Presidenta', Darín continuó con la lectura: “El 'límite' del que hemos oído hablar mucho en las últimas horas, no se cruzó ayer”, dijo.

“Si no queremos que la intolerancia y la violencia política arrasen con el consenso democrático que hemos construido desde 1983 a la fecha, debemos contextualizar lo ocurrido anoche contra la vicepresidenta Cristina Kirchner”, expresó el comunicado.

Y amplió: “Desde hace varios años, un sector minúsculo de la dirigencia política y de sus medios partidarios viene repitiendo un discurso de odio, de negación del otro, de estigmatización, de criminalización de cualquier dirigente popular o afín al peronismo, y aún de cualquier simpatizante. Todos hemos visto movilizaciones donde se pasearon por las plazas más importantes de la Capital Federal bolsas mortuorias, ataúdes o guillotinas”.

En la proclama sostuvieron que “no es inocente ni gratuita la legitimación de discursos extremos, de llamados a la agresión, de planteos que niegan legitimidad democrática del adversario político”.

“Nadie es individualmente responsable por las acciones de otros, pero quienes cedieron minutos de aire a los discursos de odio deberán reflexionar sobre cómo han colaborado para que lleguemos hasta esta situación”, apuntó en otro párrafo del texto sobre los medios de prensa.

Y remarcó que “la vida democrática es incompatible con el accionar de minorías violentas que pretenden llevar de las narices al resto de la sociedad, u obligar a determinada dirigencia a tomar posiciones cada vez más sectarias con tal de contentar a esa supuesta clientela electoral”.

“La convivencia en el marco de un orden democrático también es el umbral de las condiciones necesarias para el desarrollo de nuestros hijos y nuestras hijas”, puntualizó, y “el daño que producen las acciones y las palabras violentas en las mentes de niños y niñas es una condena para el futuro de la Argentina”, añadió.

Subrayó que “el pueblo argentino está conmovido, impactado por lo ocurrido, incluyendo a millones que no simpatizan con Cristina ni con el peronismo”.

“En honor a todos nuestros compatriotas es que hacemos este llamamiento a la unidad nacional pero no a cualquier precio: el odio afuera”, concluyó.

DA

Donald Trump está parado en un escenario de Nevada. Es 2016 y le habla a sus aficionados en medio de la campaña presidencial cuando el público se empieza a alborotar. Trump no alcanza a darse cuenta de lo que ocurre: en medio del discurso dos de sus custodios se le acercan, lo rodean y lo sacan trotando por una puerta lateral. La secuencia dura 10 segundos. Algunos minutos después, desactivada la falsa alarma, vuelve al escenario y retoma el hilo. 

 Estados Unidos, con un magnicidio en su haber y un largo historial de atentados, tiene un expertise mucho más desarrollado que la Argentina en custodia personal. El ataque contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quien el jueves por la noche le gatillaron un arma de fuego a centímetros de la cara, puso en evidencia fallas de su seguridad. 

Los expertos coinciden en que hubo al menos tres faltas graves en los protocolos. En primer lugar, no se dispusieron los anillos de protección necesarios para establecer distancia entre la vicepresidenta y las personas que se le acercaron. Estos anillos perimetrales, que pueden ser uno o más, buscan dar margen de acción para filtrar posibles agresiones. 

Es cierto que en la Argentina los líderes políticos están acostumbrados al contacto estrecho con sus adeptos. Sin ir más lejos, el sábado pasado la Vicepresidenta habló en medio de la multitud en plena calle, en un escenario improvisado con una camioneta. Esta laxitud habitual de los dispositivos de seguridad se revela como un error cuando efectivamente estalla un riesgo no previsto.

Más atrás en el tiempo, su esposo, Néstor Kirchner terminó con un corte en la frente cuando tropezó contra la lente de un fotógrafo el día de su asunción como Presidente. Había saltado una valla llegando a casa de Gobierno para saludar a la multitud. En el tumulto cayó al piso junto con el reportero gráfico.

Durante la campaña presidencial de Fernando de la Rúa, su custodia utilizaba a los periodistas que cubrían la gira para rodear al candidato en sus incursiones callejeras. De esa manera se garantizaban cierta protección del entonces jefe de Gobierno porteño sin dar la imagen de que se mantenía alejado de la gente.

En el caso de lo que ocurrió ayer en Recoleta, como segundo punto, falló el rol del personal civil y uniformado que integraba el cordón exterior de la Policía Federal. Así como los custodios de la primera fila, no logran detectar la amenaza y en los videos no se ven especialmente atentos a los movimientos del grupo de simpatizantes. Observan sobre todo a la vicepresidenta y no a su entorno. 

Una vez que Fernando Sabag Montiel dispara el arma, son los propios simpatizantes de la vicepresidenta los que reaccionan y lo reducen. Los custodios no proceden, como en el caso de Trump, a cubrir a la vicepresidenta con sus cuerpos y armar un pasillo de evacuación. Fernández de Kirchner continúa caminando libremente e incluso se detiene a saludar a otras personas. No se asume, como dicta el protocolo, que podría repetirse el ataque. 

Consultados por este medio, en el Ministerio de Seguridad señalaron que no están en condiciones de decir si se actuó bien o mal porque el episodio está bajo investigación judicial. Hoy se les tomó declaración a tres custodios, en calidad de testigos, y en el proceso se seguirá interrogando a otros miembros de la Policía Federal. 

“Nosotros no tenemos una evaluación hecha respecto de su desempeño y no descartamos nada. No puedo decir si los vamos a echar o no, porque eso se va a decidir en función de lo que arroje la investigación sobre su actuación”, apuntaron.  

Fernández de Kirchner tiene 100 personas de custodia asignadas para ella y su núcleo familiar, a cargo de la División de Custodia Vicepresidencia que depende de la Policía Federal. Ese área está bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, que encabeza Anibal Fernández, motivo por el que algunas fuentes los señalan  por lo sucedido.

A partir del episodio el Gobierno resolvió reforzar la seguridad en las inmediaciones del edificio de Juncal y Uruguay y hay una sugerencia del jefe de custodia de la vicepresidenta, el comisario inspector retirado de la Policía Federal, Diego Carbone, de que Fernández ceda a su estilo y mantenga mayor distancia con los simpatizantes a partir de ahora. 

Según pudo saber elDiarioAR, en 2004 Néstor Kirchner encomendó a funcionarios de su extrema confianza un proyecto de ley para establecer “las bases jurídicas, orgánicas y funcionales del Servicio de Seguridad Presidencial”. El borrador, al que este medio accedió, tuvo la supervisión de Cristina Fernández, que era por entonces senadora pero se involucró en el detalle porque afectaba directamente a su familia. 

El proyecto, que tiene más de 20 páginas, establece pautas claras sobre el funcionamiento y las obligaciones de la custodia y quedó en suspenso luego, cuando la agenda tuvo que enfocarse en la creación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). “Dieciocho años atrás ya estaban pensando en este tema”, apunta una fuente que participó de esas discusiones.  

DT/MG

A lo largo de la historia argentina y mundial hubo múltiples intentos de asesinar a mandatarios en funciones o exmandatarios que, por diferentes razones, no llegaron a concretarse. A raíz del atentado que sufrió la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner al enfrentar cara a cara el arma que portaba un ciudadano brasileño en la puerta de la casa de la expresidenta en el barrio porteño de Recoleta, un repaso por otras situaciones similares en el país, hace más de un siglo.

Según reseña el sitio Buenos Aires Historia, en­tre los años 1873 y 1929, hubo seis in­ten­tos perso­na­les y di­rec­tos a igual nú­me­ro de pre­si­den­tes de la Na­ción.

Nin­gu­no re­sul­tó fa­tal para el agre­di­do, y en uno so­lo el ata­ca­do su­frió li­ge­ras he­ri­das. En cuanto a los agre­so­res, cin­co fue­ron de­te­ni­dos y uno muer­to por el per­so­nal po­li­cial a car­go de la cus­to­dia del pre­si­den­te, en le­gí­ti­ma de­fen­sa.

Do­min­go Faus­ti­no Sar­mien­to

En la se­gun­da mi­tad de 1873, ya en las pro­xi­mi­da­des de la con­tien­da elec­to­ral pa­ra re­no­var repre­sen­tan­tes del Con­gre­so Na­cio­nal y ele­gir al nue­vo pre­si­den­te de la Re­pú­bli­ca pa­ra el perío­do 1874/80, el país vi­vía un cli­ma po­lí­ti­co de pa­sio­nes de­sa­ta­das, mien­tras en la pro­vin­cia de En­tre Ríos se lle­va­ba a ca­bo la re­pre­sión mi­li­tar a la re­vo­lu­ción de Ri­car­do Ló­pez Jor­dán.

To­dos los días, al fi­na­li­zar las ta­reas pre­si­den­cia­les, Sar­mien­to en­fi­la­ba su ca­rrua­je ha­cia la ca­sa de su ami­go Vé­lez Sár­field, real­men­te pa­ra en­con­trar­se con la hi­ja de és­te, Au­re­lia, con quien vi­vía un apa­sio­na­do ro­man­ce. Es­ta si­tua­ción, co­no­ci­da por to­dos, fue apro­ve­cha­da pa­ra atentar con­tra su vi­da, so­bre to­do por­que cuan­do se di­ri­gía a la ca­sa de go­bier­no o a al­gún acto ofi­cial, iba acom­pa­ña­do por una guar­dia mi­li­tar, cos­tum­bre que él ha­bía inau­gu­ra­do pa­ra im­po­ner el res­pe­to a su in­ves­ti­du­ra en­tre los ciu­da­da­nos, pe­ro cuan­do se tras­la­da­ba por cuestio­nes pri­va­das, lo ha­cía sin cus­to­dia y de­sar­ma­do.

Sar­mien­to vi­vía por ese en­ton­ces (a raíz de la se­pa­ra­ción de su es­po­sa, Be­ni­ta Pas­to­ri­za) co­mo hués­ped de su pri­ma her­ma­na Eloí­sa Sal­ce­do, en la ca­lle Mai­pú en­tre Tu­cu­mán y Tem­ple (actual Via­mon­te). En la no­che del 23 de agos­to, sa­lió en su ca­rrua­je ti­ra­do por dos ca­ba­llos, al­re­de­dor de las vein­tiu­na, pa­ra di­ri­gir­se a la ca­sa quin­ta de Dal­ma­cio Vé­lez Sar­field, si­ta en las ac­tua­les ca­lles Tte. Gral. Juan D. Pe­rón y Frías (ac­tual Raw­son), donde se ha­bía ins­ta­la­do desde fi­nes de 1864, cuan­do aco­me­tió la re­dac­ción del Có­di­go Ci­vil.

Re­co­rrió ape­nas dos cua­dras por Mai­pú y, an­tes de cru­zar Co­rrien­tes, tres su­je­tos que lo aguar­da­ban se aba­lan­zaron so­bre el ro­da­do. El que es­ta­ba más pró­xi­mo ex­trajo de en­tre sus ro­pas un tra­bu­co, afir­mó el ar­ma so­bre su ma­no iz­quier­da e hizo fue­go. El aten­ta­do fra­ca­só por­que el tra­bu­co ex­plo­tó, y los frag­men­tos del ca­ñón y el ex­ce­so de pól­vo­ra en la car­ga, le des­tro­zaron la ma­no al agresor, per­dien­do el de­do pul­gar. Los pro­yec­ti­les se in­crus­taron en la pa­red de una ca­sa de la ca­lle Mai­pú, en­tre Co­rrien­tes y del Par­que (ac­tual La­va­lle), a un me­tro y me­dio de al­tu­ra del pa­vi­men­to.

A pe­sar de las in­ten­cio­nes de los ata­can­tes, el pre­si­den­te re­sul­tó ile­so, pe­ro el es­tam­pi­do encabri­tó a los ani­ma­les, que con es­fuer­zo fueron do­mi­na­dos por el co­che­ro Jo­sé Mo­ri­llo, y el coche pro­si­guió su mar­cha ha­cia el do­mi­ci­lio de Vé­lez Sár­field. Su ocu­pan­te, en­si­mis­ma­do en sus ca­vi­la­cio­nes o de­bi­do a su avan­za­da sor­de­ra, re­cién se en­te­ró del aten­ta­do por re­fe­ren­cias de su co­che­ro, al lle­gar a des­ti­no.

Más tar­de, el je­fe de po­li­cía, En­ri­que O’Gor­man que, co­mo to­do el mun­do, sa­bía dón­de se encon­tra­ba el pre­si­den­te, arri­bó a la ca­sa de los Vé­lez, y le in­for­mó a Sar­mien­to que aca­ba­ba de frus­trar­se un aten­ta­do cri­mi­nal con­tra su vi­da y que ha­bían atra­pa­do a dos su­je­tos que inten­ta­ban es­ca­par am­pa­ra­dos por la os­cu­ri­dad.

Mien­tras Sar­mien­to pro­se­guía su ca­mi­no, en el lu­gar de los acon­te­ci­mien­tos in­ter­ve­nía la policía. Atraí­dos por la de­to­na­ción, se apro­xi­maron el ofi­cial ins­pec­tor Flo­ro La­to­rre y el vi­gi­lante Joa­quín So­to, quie­nes al­can­zaron a dis­tin­guir a los agre­so­res que em­pren­dían la fu­ga.

Quie­nes habían co­me­ti­do el ata­que eran los her­ma­nos Fran­cis­co y Pe­dro Gue­rri, y Luis Ca­si­mir, co­no­ci­do por “Eva”, to­dos de na­cio­na­li­dad ita­lia­na y ma­ri­ne­ros de pro­fe­sión, re­cién lle­ga­dos al país.

Per­se­gui­dos por la au­to­ri­dad, Fran­cis­co y Pe­dro Gue­rri fue­ron apre­sa­dos en la ca­sa de Co­rrientes 145 (ac­tual 591). El pri­me­ro es­ta­ba he­ri­do. Por­ta­ba un pu­ñal en­ve­ne­na­do con sul­fa­to de es­tric­ni­na y, pos­te­rior­men­te, se com­pro­bó que los pro­yec­ti­les uti­li­za­dos en el fa­lli­do su­ce­so tam­bién es­ta­ban en­ve­ne­na­dos con bi­clo­ru­ro de mer­cu­rio (o su­bli­ma­do co­rro­si­vo), se­gún informe del quí­mi­co Mi­guel Puig­ga­ri, que los exa­mi­nó.

Los de­te­ni­dos fueron in­te­rro­ga­dos por el co­mi­sa­rio Rai­mun­do Ara­na y negaron en prin­ci­pio sus in­ten­cio­nes, ex­pli­can­do lo ocu­rri­do co­mo una ri­ña con un ter­ce­ro que hu­yó ha­cién­do­les el dispa­ro y aban­do­nan­do el ar­ma. Es­ta ex­pli­ca­ción no con­ten­tó al co­mi­sa­rio, que con­ti­nuó el inte­rro­ga­to­rio has­ta que, al día si­guien­te, ter­mi­naron por con­fe­sar.

Se­gún de­cla­raron, el do­min­go an­te­rior, en una ca­sa de La Bo­ca, se ha­bían reu­ni­do con Aqui­les Se­ga­bru­go, apo­da­do el “Aus­tría­co”, y su ami­go “Eva”. Se­ga­bru­go les ha­bía ofre­ci­do la su­ma de diez mil pe­sos por ase­si­nar al pre­si­den­te de la Na­ción, Do­min­go Faus­ti­no Sar­mien­to, y se compro­me­tió a pro­veer­los de ar­mas y sa­car­los del país, dándoles en su­ce­si­vas en­tre­gas tres mil pe­sos y fi­jan­do la fe­cha del ase­si­na­to pa­ra el 23 de agos­to.

In­me­dia­ta­men­te la po­li­cía dis­pu­so la bús­que­da del “Aus­tría­co” y de “Eva”, que­dan­do a car­go de la pes­qui­sa el co­mi­sa­rio de ór­de­nes (car­go hoy equi­va­len­te al del sub­je­fe de la Po­li­cía Federal) Ave­li­no B. An­zó.

El “Aus­tría­co” re­sul­tó ser Aqui­les Se­ga­bru­go, ita­lia­no de 38 años, al­to, de ojos par­dos y de cabe­llo, pe­ra y bi­go­te ru­bios. So­lía con­cu­rrir a la ca­sa de sus sue­gros en Bel­gra­no y La Rio­ja. Cuan­do el co­mi­sa­rio Adol­fo Tu­ñer alla­nó la mis­ma, se en­con­tró con que ha­bía via­ja­do a Monte­vi­deo.

Con au­to­ri­za­ción su­pe­rior mar­chó tras él. Días des­pués se le su­mó An­zó, pues el je­fe O’Gorman qui­so apre­su­rar la de­ten­ción del pró­fu­go. Al no lo­ca­li­zar­lo, am­bos re­gre­sa­ron a Buenos Ai­res.

Aquí ya ha­bía si­do de­te­ni­do Luis Ca­si­mir (“Eva”) por los ofi­cia­les es­cri­bien­tes Jus­to Chá­ves y Juan An­to­nio Wi­lliams, al de­sem­bar­car de un va­por. Al igual que los Gue­rri ad­mi­tió su vinculación con el “Aus­tría­co” y su par­ti­ci­pa­ción en el su­ce­so.

Se­ga­bru­go, mien­tras tan­to, con­ti­nuaba en Mon­te­vi­deo y se hos­pe­daba en el “Ho­tel del Vapor”. Pro­ce­den­te de esa ciu­dad lle­gó un te­le­gra­ma que informaba al co­mi­sa­rio de ór­de­nes de es­ta si­tua­ción. Se de­ci­dió en­ton­ces que, en el mes de oc­tu­bre, el co­mi­sa­rio Iri­neo Mi­guens via­jara has­ta la ve­ci­na ciu­dad y se hos­pe­dara en el mis­mo ho­tel, pe­ro no lle­gó a en­con­trar­se con el “Aus­tría­co”, pues és­te, que es­ta­ba au­sen­te, nun­ca re­gre­só.

Po­co des­pués Car­los Ma­ría Que­ren­cio, re­pre­sen­tan­te de Ló­pez Jor­dán en Mon­te­vi­deo, ma­tó de dos ti­ros, en de­fen­sa pro­pia se­gún su de­cla­ra­ción, a un des­co­no­ci­do que qui­so ase­si­nar­lo en su ca­sa. Iden­ti­fi­ca­da la víc­ti­ma, re­sul­tó ser Aqui­les Se­ga­bru­go. An­te es­tos he­chos Mi­guens regre­só a Bue­nos Ai­res.

Se em­bar­có en el “Por­te­ña”, que fue abor­da­do en ho­ras de la no­che por re­vo­lu­cio­na­rios jordanis­tas al man­do del te­nien­te co­ro­nel Luis Se­ve­ro Ber­ga­ra. Los pa­sa­je­ros, ex­cep­to Miguens, fue­ron de­sem­bar­ca­dos en la cos­ta uru­gua­ya. Un bar­co de la ar­ma­da ar­gen­ti­na persiguió al “Por­te­ña” que, lue­go de aban­do­nar a Mi­guens a la al­tu­ra de Mal­do­na­do, hu­yó río Uru­guay arri­ba y en­ca­lló pró­xi­mo a la fron­te­ra bra­si­le­ña.

Fi­nal­men­te, Mi­guens re­gre­só a Bue­nos Ai­res, lue­go de en­te­rar­se en Mon­te­vi­deo de que el asesi­no de Se­ga­bru­go era Car­los Ma­ría Que­ren­cio.

Es­tos he­chos no­ve­les­cos vi­vi­dos por Mi­guens, ori­gi­na­ron en Bue­nos Ai­res una ver­sión que, aun­que ja­más fue com­pro­ba­da, to­mó cuer­po y una gran di­fu­sión. No hay que ol­vi­dar que el ru­mor pú­bli­co ya pre­sa­gia­ba con an­te­rio­ri­dad un aten­ta­do con­tra el pre­si­den­te, que se ha­lla­ba en ple­na re­pre­sión del cau­di­llo en­tre­rria­no Ri­car­do Ló­pez Jor­dán. Ade­más el mo­men­to era propi­cio, pues arre­cia­ba la crí­ti­ca pe­rio­dís­ti­ca y la opo­si­ción en el Se­na­do, cul­pán­do­se a Sarmien­to de la inac­ti­vi­dad mi­li­tar en la pro­vin­cia de En­tre Ríos y de pre­pa­rar la su­ce­sión presiden­cial en la per­so­na de Ni­co­lás Ave­lla­ne­da.

Se­gún es­ta ver­sión, Mi­guens, es­tan­do en Mon­te­vi­deo, al te­ner no­ti­cia de la muer­te de Segabru­go, obró con ce­le­ri­dad y pe­ne­tró en su ha­bi­ta­ción del ho­tel, ins­pec­cio­nó su equi­pa­je y se apo­de­ró de do­cu­men­tos que re­ve­la­ban la tra­ma. De­bían ser muy com­pro­me­te­do­res, ya que a ello si­guió el abor­da­je del “Por­te­ña” y la de­ten­ción de Mi­guens por Ber­ga­ra, que re­cu­pe­ró los pa­pe­les e im­pu­so al pri­me­ro la con­di­ción de li­be­rar­lo ba­jo pa­la­bra de ho­nor de no re­ve­lar su con­te­ni­do, o de lo con­tra­rio sería fu­si­lado. En la dis­yun­ti­va, Mi­guens ha­bría op­ta­do por la prime­ra al­ter­na­ti­va, cum­plien­do con la pa­la­bra em­pe­ña­da. To­do pa­ra ocul­tar al au­tor intelectual del aten­ta­do: Ri­car­do Ló­pez Jor­dán.

Ju­di­cial­men­te el he­cho fue en­cua­dra­do por el fis­cal doc­tor Ven­tu­ra Pon­dal en la ley 2, tí­tu­lo 23, de las Par­ti­das, aún vi­gen­tes en nues­tro país, y pi­dió pa­ra los Gue­rri y Ca­si­mir la pe­na de muer­te. La con­de­na no fue tan gra­ve; el juez Oc­ta­vio Bun­ge sen­ten­ció a Fran­cis­co Gue­rri a vein­te años de pri­sión y a quin­ce a Pe­dro Güe­rri y a Luis Ca­si­mir. Con pos­te­rio­ri­dad, la Cá­ma­ra del Cri­men, que in­te­gra­ban los doc­to­res Fran­cis­co Al­co­ben­das, Juan E. Ba­rra y To­más Is­la, confir­mó la sen­ten­cia de los Gue­rri y re­ba­jó a diez años la im­pues­ta a Ca­si­mir, con cos­tas.

So­lo es­te úl­ti­mo la cum­plió ín­te­gra­men­te, por­que Pe­dro Gue­rri fa­lle­ció en la cár­cel el 30 de abril de 1883 y Fran­cis­co Gue­rri (el au­tor del dis­pa­ro) fue in­dul­ta­do el 4 de ene­ro de 1890 por el pre­si­den­te Juá­rez Cel­man3. De to­dos los que aten­ta­ron con­tra la vi­da de pre­si­den­tes argenti­nos, fue quien más per­ma­ne­ció en pri­sión: ca­si 17 años.

Nue­ve años des­pués, cuan­do ya el he­cho era un so­lo re­cuer­do, lle­gó a ma­nos de Sar­mien­to una car­ta en la que unos pre­si­dia­rios pedían que in­ter­ce­diera an­te la jus­ti­cia pa­ra lo­grar la con­mu­ta­ción de sus con­de­nas, di­cien­do que “ha­bían si­do se­du­ci­dos y do­mi­na­dos por un cri­mi­nal” y ac­tua­do co­mo “unos po­bres lo­cos ex­tra­via­dos”. Fir­ma­ban es­ta car­ta los her­ma­nos Güe­rri.

Y ese hom­bre com­ba­ti­do y con mu­chos ene­mi­gos, que en 1873 ha­bía de­soí­do las ad­ver­ten­cias rei­te­ra­das del go­ber­na­dor de San­ta Fe, Si­món de Irion­do, y de otras amis­ta­des co­mo el ma­tri­mo­nio Ola­ve, y se ha­bía mos­tra­do in­di­fe­ren­te an­te la po­si­bi­li­dad de un aten­ta­do con­tra su vi­da, des­pués de nue­ve años se mostró nue­va­men­te in­di­fe­ren­te y no pres­tó aten­ción a ese pedido de sus agre­so­res.

Ju­lio Ar­gen­ti­no Ro­ca

Cin­co me­ses an­tes de fi­na­li­zar su pri­mer pe­río­do pre­si­den­cial, en la inau­gu­ra­ción del vi­gé­si­mo cuar­to pe­río­do de se­sio­nes del Con­gre­so Na­cio­nal, el ge­ne­ral Ju­lio Ar­gen­ti­no Ro­ca lee­ría la última par­te de su men­sa­je, con la fren­te ven­da­da y el uni­for­me y la ban­da pre­si­den­cial mancha­dos de san­gre, acla­ran­do que “un in­ci­den­te im­pre­vis­to me pri­va de la sa­tis­fac­ción de leer mi úl­ti­mo men­sa­je que co­mo pre­si­den­te di­ri­jo al Con­gre­so de mi país. Ha­ce un mo­men­to, sin du­da un lo­co, al en­trar yo al Con­gre­so, me ha he­ri­do en la fren­te no sé con qué ar­ma”. Al fi­nal anun­ció que se re­ti­ra­ba del go­bier­no “sin odios ni ren­co­res pa­ra na­die, ni aún pa­ra el asesi­no que me ha he­ri­do”. Con an­te­rio­ri­dad a su apa­ri­ción en la sa­la, el mi­nis­tro de Jus­ti­cia, Cul­to e Ins­truc­ción Pú­bli­ca, Eduar­do Wil­de, que era mé­di­co, le ha­bía prac­ti­ca­do una cu­ra de emer­gen­cia en la se­cre­ta­ría de la Cá­ma­ra de Di­pu­ta­dos.

El 10 de ma­yo de 1886, a las tres de la tar­de, el ge­ne­ral Ro­ca acom­pa­ña­do de mi­nis­tros y funcio­na­rios ci­vi­les y mi­li­ta­res, se di­ri­gió a pie des­de la Ca­sa de Go­bier­no al Con­gre­so Na­cio­nal, que en ese en­ton­ces se ha­lla­ba en la es­qui­na de Bal­car­ce y Vic­to­ria (ac­tual Hi­pó­li­to Iri­go­yen).

Las in­me­dia­cio­nes de la pla­za de Ma­yo al­ber­ga­ban a una mul­ti­tud que pre­sen­cia­ba el pa­so del pri­mer ma­gis­tra­do. De esa mul­ti­tud sur­gió un in­di­vi­duo que, en mo­men­tos en que las tro­pas pre­sen­ta­ban ar­mas y la ban­da eje­cu­ta­ba la mar­cha de Itu­zain­gó, con una vo­lu­mi­no­sa pie­dra que apre­ta­ba en su ma­no de­re­cha, se arro­jó so­bre Ro­ca y, an­te el asom­bro de los pre­sen­tes, lo gol­peó en la fren­te, pro­du­cién­do­le una he­ri­da en el pa­rie­tal de­re­cho de sie­te cen­tí­me­tros de ex­ten­sión y pro­fun­da has­ta el hue­so.

Su bra­zo en al­to ya pre­sa­gia­ba un nue­vo gol­pe, pe­ro an­tes de que pu­die­ra re­pe­tir el ata­que, el mi­nis­tro de Gue­rra y Ma­ri­na, Car­los Pe­lle­gri­ni, lo in­mo­vi­li­zó en­tre sus gi­gan­tes­cos bra­zos, mien­tras que el se­na­dor Da­vid Ar­güe­llo lo to­ma­ba de los ca­be­llos, has­ta que el co­mi­sa­rio Bal­do­me­ro F. Cer­na­das se hi­zo car­go de él y lo en­vió a la co­mi­sa­ría 2ª. Mientras tanto, el presiden­te era con­du­ci­do por Eduar­do Wil­de a la se­cre­ta­ría de la Cá­ma­ra de Di­pu­ta­dos.

El ata­can­te re­sul­tó ser un co­rren­ti­no, de 36 años, na­ci­do en Go­ya; su nom­bre era Ig­na­cio Monjes, ha­bía ac­tua­do en la gue­rra del Pa­ra­guay in­te­gran­do el con­tin­gen­te de tro­pas provinciales, y ha­bía to­ma­do par­te en las lu­chas con­tra Ló­pez Jor­dán y en las re­vo­lu­cio­nes de Co­rrien­tes, al­can­zan­do el gra­do de sar­gen­to ma­yor. Emi­gró lue­go a Uru­gua­ya­na (Bra­sil), don­de es­ta­ble­ció un co­mer­cio de al­ma­cén que fue des­trui­do por las tro­pas bra­si­le­ñas. Por es­ta ra­zón se di­ri­gió a Bue­nos Ai­res y se em­pleó pri­me­ro en la em­pre­sa de Tram­ways a Bel­gra­no, y más tar­de en una fá­bri­ca de la­dri­llos de la ciu­dad de La Pla­ta. Mi­li­ta­ba en el par­ti­do Li­be­ral, da­dos sus an­te­ce­den­tes de fa­mi­lia uni­ta­ria; por esa épo­ca se hos­pe­da­ba en la ca­sa del doc­tor Ma­nuel F. Man­si­lla, en Pe­rú 99 (de la an­ti­gua nu­me­ra­ción).

Mon­jes de­cla­ró que qui­so dar muer­te al pre­si­den­te “por con­si­de­rar­lo res­pon­sa­ble de la si­tua­ción po­lí­ti­ca, que era in­so­por­ta­ble des­de ha­cía un año y me­dio y con la in­ten­ción de sal­var a la pa­tria, cu­ya li­ber­tad am­bi­cio­na­ba”. En una am­plia­ción de la in­da­ga­to­ria, se­ña­ló que al in­ten­tar eli­mi­nar a Ro­ca per­se­guía me­jo­rar la si­tua­ción con un cam­bio de go­bier­no, y que aun­que tu­vo la in­ten­ción de ma­tar­lo, no qui­so co­me­ter un ase­si­na­to.

La si­tua­ción del país en la dé­ca­da del 80, da­do el au­ge in­mi­gra­to­rio, tra­jo apa­re­ja­da la introduc­ción de ideas di­sol­ven­tes y ca­be des­ta­car que el grue­so de los in­mi­gran­tes que­dó en la Ca­pi­tal, si su­ma­mos a es­to el he­cho de que Bue­nos Ai­res e­ra el lu­gar de re­si­den­cia de las autori­da­des, ló­gi­co es que aquí fue­ra don­de hi­cie­ran eclo­sión las doc­tri­nas exó­ti­cas que instiga­ron a Mon­jes a ata­car al pri­mer ma­gis­tra­do pa­ra sal­var a la pa­tria, se­gún sus declaraciones.

In­me­dia­ta­men­te de ocu­rri­do el he­cho, se le­van­tó una co­rrien­te fa­vo­ra­ble a su per­so­na, de­bi­do a sus an­te­ce­den­tes epi­lép­ti­cos, lo que de­bía ser to­ma­do en cuen­ta pa­ra exi­mír­se­lo de la pe­na.

Los mé­di­cos de los Tri­bu­na­les, doc­to­res Ju­lián M. Fer­nán­dez y Mar­ce­li­no Ara­ve­na, reconocieron que Mon­jes era en rea­li­dad epi­lép­ti­co pe­ro, aun­que su res­pon­sa­bi­li­dad de­bía ser ate­nua­da, ello no obs­ta­ba a que se le res­pon­sa­bi­li­za­ra cri­mi­nal­men­te.

El juez de pri­me­ra ins­tan­cia Car­los Mi­guel Pé­rez (se­cre­ta­ría Ro­mán Bou­rel) lo de­cla­ró con­vic­to y con­fe­so por ten­ta­ti­va de ho­mi­ci­dio, con pre­me­di­ta­ción y ale­vo­sía, más las agra­van­tes de ser la víc­ti­ma au­to­ri­dad pú­bli­ca, y lo con­de­nó a diez años de pre­si­dio a cum­plir en la Cár­cel Peniten­cia­ría, in­ha­bi­li­ta­ción ab­so­lu­ta pa­ra ejer­cer car­gos del Es­ta­do por el tiem­po de la condena y la mi­tad más, e in­ter­dic­ción ci­vil mien­tras su­frie­ra la mis­ma.

La Cá­ma­ra Co­mer­cial, Co­rrec­cio­nal y Cri­mi­nal in­te­gra­da por los doc­to­res Fe­li­pe Yo­fré, Juan E. Ba­rra, Oc­ta­vio Bun­ge, Jus­to P. Or­tiz y Ju­lián L. Agui­rre, con­fir­mó con cos­tas la sen­ten­cia apelada y la ate­nuó con pe­na de pe­ni­ten­cia­ría más be­nig­na, pues no in­cluía tra­ba­jos du­ros y pe­no­sos ni la pro­hi­bi­ción de re­ci­bir au­xi­lios des­de el ex­te­rior, que aque­lla en cam­bio establecía.

Los bió­gra­fos del ge­ne­ral Ro­ca sue­len re­pe­tir que Mon­jes fue con­de­na­do a vein­te años, y que por me­dia­ción del pri­me­ro, el pre­si­den­te Jo­sé Eva­ris­to Uri­bu­ru lo in­dul­tó el 9 de ju­lio de 1896.

El fa­vor no tu­vo —sin em­bar­go— es­tas ca­rac­te­rís­ti­cas, ya que Mon­jes re­ci­bió una pe­na de diez años de acuer­do con el fa­llo del juez del 10 de ma­yo de 1887 (exac­ta­men­te un año des­pués del aten­ta­do), y la con­fir­ma­ción de la Cá­ma­ra del 3 de se­tiem­bre de 1888, con la acla­ra­ción de que el pla­zo co­rría a par­tir del 6 de ju­lio de 1887.

Con pos­te­rio­ri­dad, Ro­ca fue ob­je­to de otro aten­ta­do. El 19 de fe­bre­ro de 1891, cuan­do desempe­ña­ba la car­te­ra de Go­bier­no, du­ran­te la pre­si­den­cia de Car­los Pe­lle­gri­ni, un pro­yec­til de re­vól­ver, dis­pa­ra­do por el me­nor Sam­bri­ce, se in­crus­tó con­tra la par­te pos­te­rior de su coche, re­sul­tan­do ile­so.

Ma­nuel Quin­ta­na

1905 fue un año de hon­da con­mo­ción po­lí­ti­ca, que se ini­ció ha­cien­do cri­sis con la fra­ca­sa­da revo­lu­ción ra­di­cal del 4 de fe­bre­ro, li­de­ra­da por Hi­pó­li­to Iri­go­yen.

En la tar­de del 12 de agos­to, el cu­pé pre­si­den­cial, ti­ra­do por dos ca­ba­llos, y con­du­ci­do por el vi­gi­lan­te An­to­nio Ma­za­to, que con­du­cía al pre­si­den­te, Ma­nuel Quin­ta­na, mar­cha­ba al tro­te por la ca­lle San­ta Fe rum­bo al es­te. Eran las ca­tor­ce y vein­ti­cin­co de un día llu­vio­so y frío. El presiden­te se tras­la­da­ba des­de su do­mi­ci­lio de Ar­tes (ac­tual Car­los Pe­lle­gri­ni) 1245 a la Ca­sa Ro­sada, en com­pa­ñía de su ede­cán, el ca­pi­tán de fra­ga­ta Jo­sé Do­na­to Al­va­rez.

Al lle­gar a la es­qui­na de San­ta Fe y Mai­pú, fren­te a la pla­za San Mar­tín, un hom­bre que, pe­se a la llu­via, se en­con­tra­ba so­bre la es­ca­li­na­ta, con las ma­nos en los bol­si­llos del so­bre­to­do, descen­dió y avan­zó ha­cia el cen­tro de la ca­lle. En su dies­tra es­gri­mía un re­vól­ver, y a un me­tro y me­dio de dis­tan­cia apun­tó a la ven­ta­ni­lla y lo ac­cio­nó sin re­sul­ta­do, co­rrió a la par y volvió a apre­tar la co­la del dis­pa­ra­dor re­pe­ti­das ve­ces, sin lo­grar su ob­je­ti­vo y, dan­do la es­pal­da arro­jó el ar­ma y hu­yó ha­cia la pla­za.

El ede­cán qui­so de­te­ner­lo y, a pe­sar de es­tar el co­che en mar­cha, ba­jó de él, pe­ro a consecuencia de la hu­me­dad de la cal­za­da res­ba­ló y ca­yó. Tras el cu­pé se­guía otro co­che en el que via­ja­ba el co­mi­sa­rio Fe­li­pe J. Pe­rey­ra, de la Co­mi­sa­ría de Pes­qui­sas (hoy Su­pe­rin­ten­den­cia de In­ves­ti­ga­cio­nes), quien te­nía a su car­go la vi­gi­lan­cia de la Ca­sa de Go­bier­no y la responsabili­dad de la cus­to­dia del pri­mer ma­gis­tra­do.

El agre­sor se in­ter­nó en la pla­za, se­gui­do de cer­ca por el co­mi­sa­rio Pe­rey­ra, que lo­gró apresarlo au­xi­lia­do por el agen­te Jo­sé Ca­sa­no­va, de fac­ción en San­ta Fe y Es­me­ral­da, conducien­do al de­te­ni­do al De­par­ta­men­to de Po­li­cía.

Quin­ta­na, se­re­na­men­te, si­guió su ca­mi­no, pe­ro al lle­gar a la ca­lle Flo­ri­da, de­bi­do a la hu­me­dad del pa­vi­men­to, cos­ta­ló uno de los ca­ba­llos del co­che y arras­tró en su caí­da al otro, por lo que as­cen­dió a un ve­hí­cu­lo de al­qui­ler y en él lle­gó a la Ca­sa de Go­bier­no a las quin­ce y vein­te. Ya allí for­mu­ló de­cla­ra­cio­nes en las que evi­den­cia­ba que no le ha­bía sor­pren­di­do el aten­ta­do. “Esta­ba us­ted en lo cier­to cuan­do me anun­ció a tiem­po cier­tos pla­nes. Pe­ro re­cuer­de lo que le di­je en­ton­ces: he re­suel­to no te­ner mie­do”, le di­jo al di­rec­tor de la Pe­ni­ten­cia­ría Na­cio­nal, ex co­mi­sa­rio y ex se­cre­ta­rio ge­ne­ral de la Po­li­cía, An­to­nio Ball­vé.

A la ciu­da­da­nía por­te­ña no le ex­tra­ñó el su­ce­so. El país se ha­lla­ba en ple­no flo­re­ci­mien­to de ideas anar­quis­tas, y ade­más lle­ga­ban no­ti­cias de la le­ja­na Eu­ro­pa, en las que se afir­ma­ba que se ha­bía aten­ta­do en Pa­rís con­tra Al­fon­so XIII y el pre­si­den­te Lou­bet. Por en­ton­ces se agi­ta­ba tam­bién la lla­ma­da “cues­tión so­cial”, cu­ya víc­ti­ma pro­pi­cia ha­bría de ser, en 1909, el je­fe de Po­li­cía co­ro­nel Ra­món L. Fal­cón, y por otra par­te se ha­bía ex­pul­sa­do del país a más de cin­cuen­ta ex­tran­je­ros in­de­sea­bles, de acuer­do con las dis­po­si­cio­nes de la Ley Nº 4144.

El agre­sor fue iden­ti­fi­ca­do co­mo Sal­va­dor En­ri­que Jo­sé Pla­nas y Vi­re­lla, ca­ta­lán, de vein­ti­cin­co años, con tres de re­si­den­cia en el país, em­plea­do en una im­pren­ta de la Ca­pi­tal. De­cla­ró ha­ber pro­ce­di­do por pro­pia ini­cia­ti­va y sin cóm­pli­ce al­gu­no, ser anar­quis­ta y ha­ber pre­ten­di­do dar muer­te al pre­si­den­te pa­ra lo­grar un cam­bio to­tal en la con­duc­ción po­lí­ti­ca.

Ha­bía pla­nea­do el aten­ta­do con la in­ten­ción de eli­mi­nar al pre­si­den­te y así, me­dian­te su reempla­zo, guar­da­ba la es­pe­ran­za de que el su­ce­sor pu­die­ra co­rre­gir la hon­da in­jus­ti­cia so­cial que pa­de­cía la cla­se obre­ra. Su me­ta ideal de pro­gre­so era que lle­ga­se al po­der un po­lí­ti­co de la ta­lla del uru­gua­yo Bat­lle y Or­dó­ñez.

Su plan ha­bía si­do me­di­ta­do en for­ma mi­nu­cio­sa y pro­li­ja, a pun­to de aban­do­nar días an­tes su em­pleo en la im­pren­ta de Tail­ha­de y Ro­se­lli, pa­ra dis­po­ner de más tiem­po y es­tu­diar to­dos los de­ta­lles. Se preo­cu­pó de ob­ser­var du­ran­te va­rios días el do­mi­ci­lio del pre­si­den­te, interiorizándo­se de sus ho­ras de sa­li­da y lle­ga­da, ade­más de su tra­yec­to ha­bi­tual. Co­mo pre­cau­ción, el día an­te­rior al he­cho se hi­zo afei­tar el bi­go­te en la pe­lu­que­ría de Mon­te­vi­deo 652, pa­ra evi­tar así ser re­co­no­ci­do por los po­li­cías de la re­si­den­cia pre­si­den­cial. Por úl­ti­mo, rea­li­zó una nue­va ins­pec­ción de la mis­ma y aguar­dó en la pla­za San Mar­tín el pa­so del ca­rrua­je, consuman­do el fra­ca­sa­do aten­ta­do.

El es­tu­dio del ar­ma usa­da, re­co­gi­da en el lu­gar de los he­chos, in­di­có que se tra­ta­ba de un revól­ver ti­po Smith Wes­son de cin­co ti­ros, ca­li­bre 38, mo­de­lo 1871, car­ga­do con to­dos los proyec­ti­les, dos de los cua­les pre­sen­ta­ban se­ña­les de la agu­ja del per­cu­tor, lo que in­di­ca­ba que se ha­bían in­ten­ta­do al me­nos ese nú­me­ro de dis­pa­ros. En el bol­si­llo de Pla­nas y Vi­re­lla se encon­tra­ron otros cin­co pro­yec­ti­les.

Una vez más ad­mi­tió su cul­pa­bi­li­dad, ya que ra­ti­fi­có sus de­cla­ra­cio­nes an­te el juez de instrucción doc­tor Ser­van­do E. Ga­lle­gos (se­cre­ta­ría Luis Es­pi­no­sa), di­cien­do que “ha­bía aca­ri­cia­do des­de el mar­tes an­te­rior la idea de eli­mi­nar al pre­si­den­te de la Re­pú­bli­ca, por considerar­lo cul­pa­ble co­mo je­fe del Es­ta­do del ma­les­tar ge­ne­ral del obre­ro, y en la es­pe­ran­za de que el que le su­ce­die­se pon­dría re­me­dio a ese ma­les­tar”.

La de­fen­sa sos­tu­vo que su clien­te era irres­pon­sa­ble de sus ac­tos, pues ha­bía pro­ce­di­do ba­jo la in­fluen­cia de una cri­sis emo­ti­va. Los mé­di­cos, por su par­te, in­for­ma­ron que no pa­de­cía de altera­ción men­tal y que no era un fron­te­ri­zo, ni pre­dis­pues­to a la lo­cu­ra. Sin em­bar­go, considera­ron po­dría ha­ber pro­ce­di­do ba­jo una cri­sis emo­ti­va pro­vo­ca­da por un amor con­tra­ria­do y una car­ta de sus pa­dres des­de Es­pa­ña, en la que le ha­cían sa­ber de sus pre­mu­ras econó­mi­cas.

El juz­ga­do, que en ca­so de du­da ha de es­tar­se a lo que sea fa­vo­ra­ble al acu­sa­do, con­si­de­ró esas cir­cuns­tan­cias co­mo ate­nuan­tes, pe­ro de to­dos mo­dos to­mó en cuen­ta los agra­van­tes del Có­di­go Pe­nal en­ton­ces vi­gen­te, pues el he­cho “ha­bía si­do eje­cu­ta­do en per­so­nas que ejer­zan au­to­ri­dad pú­bli­ca”, en­ten­dien­do que de acuer­do con la ley Nº 4189 (ar­tí­cu­lo 17, in­ci­so 1º), corres­pon­día al ho­mi­ci­dio con­su­ma­do la pe­na de vein­te años, pe­ro he­cha la re­duc­ción pre­vis­ta por el ar­tí­cu­lo 3º de la ci­ta­da ley, fa­lló im­po­nién­do­le, por ten­ta­ti­va de ho­mi­ci­dio, tre­ce años y cua­tro me­ses de pri­sión.

La Cá­ma­ra, in­te­gra­da por los doc­to­res Ra­món Mén­dez, Car­los Mi­guel Pé­rez, Mi­guel Es­te­ves, Die­go Saa­ve­dra y Ben­ja­mín Ba­sual­do, la re­du­jo a diez años de pre­si­dio, con cos­tas y ac­ce­so­rias le­ga­les, de­bién­do­se com­pu­tar des­de el 29 de abril de 1907. El pre­so fue re­mi­ti­do a la Penitencia­ría Na­cio­nal, don­de se le asig­nó el nú­me­ro 610, y se lo des­ti­nó al ta­ller de im­pren­ta, don­de se de­sem­pe­ñó co­mo au­xi­liar de ti­pó­gra­fo.

Pe­ro lo que apa­ren­ta­ba ser el fi­nal de la his­to­ria, tu­vo un ma­tiz ines­pe­ra­do. Pla­nas y Vi­re­lla no so­lo se­ría el pri­mer anar­quis­ta que in­ten­tó ma­tar a un pre­si­den­te, si­no que se­ría tam­bién uno de los agre­so­res pre­si­den­cia­les que hui­ría de la cár­cel. Efec­ti­va­men­te, el día 6 de ene­ro de 1911, a las tre­ce y trein­ta ho­ras, tre­ce re­clu­sos de la Pe­ni­ten­cia­ría Na­cio­nal fu­ga­ron a tra­vés de un tú­nel, cu­ya bo­ca de ac­ce­so se ha­lla­ba en el jar­dín del es­ta­ble­ci­mien­to. En­tre los pró­fu­gos es­ta­ba Pla­nas y Vi­re­lla.

La cus­to­dia in­ter­na de la cár­cel la rea­li­za­ban 54 guar­dia­nes, afec­ta­dos a muy di­ver­sas ta­reas y dis­tri­bui­dos en dis­tin­tos tur­nos. La vi­gi­lan­cia ex­ter­na la pro­veía el ejér­ci­to na­cio­nal con soldados cons­crip­tos de in­fan­te­ría, de ser­vi­cio en los to­rreo­nes so­bre la ca­lle Jun­cal, en­tre las do­ce del me­dio­día y las dos de la tar­de. Dos de ellos fue­ron con­si­de­ra­dos res­pon­sa­bles “por ne­gli­gen­cia en el de­sem­pe­ño de su ser­vi­cio de guar­dia”. El 11 de abril si­guien­te el Con­se­jo de Gue­rra Per­ma­nen­te pa­ra Tro­pa fa­lló la cau­sa con­de­nan­do a Fran­cis­co Gas­tón y Fran­cis­co Spando­ri, del re­gi­mien­to 1 de in­fan­te­ría, a diez me­ses de pri­sión.

En­tre los eva­di­dos es­ta­ba Pla­nas y Vi­re­lla, quien nun­ca fue ha­lla­do por la po­li­cía. Es­ta consideró que sa­lió fur­ti­va­men­te del país con nom­bre su­pues­to, re­gre­san­do a su pa­tria. Las ave­ri­gua­cio­nes per­ti­nen­tes pa­ra lo­ca­li­zar­lo no die­ron re­sul­ta­do, ya que se per­dió el ras­tro, y es­ta his­to­ria pa­só a for­mar par­te de los ar­chi­vos po­li­cia­les.

Jo­sé Fi­gue­roa Al­cor­ta

En me­dio de un agi­ta­do y con­fu­so cli­ma po­lí­ti­co, y pró­xi­mas a rea­li­zar­se en to­do el país las elec­cio­nes pa­ra la re­no­va­ción de la Cá­ma­ra de Di­pu­ta­dos, la opi­nión pú­bli­ca fue sa­cu­di­da por la no­ti­cia de un aten­ta­do cri­mi­nal en la per­so­na del pre­si­den­te.

El doc­tor Jo­sé Fi­gue­roa Al­cor­ta se ha­bía he­cho car­go del Po­der Eje­cu­ti­vo des­pués de acae­ci­da la muer­te de su an­te­ce­sor, Ma­nuel Quin­ta­na, ocu­rri­da el 12 de mar­zo de 1906. Ha­bía ocu­pa­do la vi­ce­pre­si­den­cia, y asu­mió la pri­me­ra ma­gis­tra­tu­ra ca­ren­te de apo­yo po­lí­ti­co. Su­frió la presión del ge­ne­ral Ro­ca, que as­pi­ra­ba a go­ber­nar un ter­cer pe­río­do y obs­ta­cu­li­za­ba su ges­tión con­tro­lan­do el Se­na­do por in­ter­me­dio del par­ti­do Au­to­no­mis­ta Na­cio­nal.

Al de­cre­tar­se la in­ter­ven­ción a la pro­vin­cia de Co­rrien­tes en di­ciem­bre de 1907, hi­zo eclo­sión la cri­sis. En re­pre­sa­lia por es­ta ac­ti­tud, el Se­na­do se ne­gó a tra­tar el pre­su­pues­to pa­ra 1908. Fi­gue­roa Al­cor­ta clau­su­ró en­ton­ces el pe­río­do ex­traor­di­na­rio de se­sio­nes y por de­cre­to pu­so en vi­gen­cia el pre­su­pues­to de 1907. Los le­gis­la­do­res in­ten­ta­ron se­sio­nar, pe­ro el je­fe de policía, Ra­món L. Fal­cón, hi­zo ocu­par el Con­gre­so con cien bom­be­ros a las ór­de­nes de su je­fe, el co­ro­nel Jo­sé Ma­ría Ca­la­za, im­pi­dién­do­les el ac­ce­so. Los se­na­do­res y di­pu­ta­dos opo­si­to­res, por tal mo­ti­vo, sus­cri­bie­ron dos ino­pe­ran­tes do­cu­men­tos de pro­tes­ta. En me­dio de tal es­ta­do de con­mo­ción po­lí­ti­ca, se pro­du­jo el aten­ta­do.

El 28 de fe­bre­ro de 1908, a las die­cio­cho y trein­ta, fren­te al do­mi­ci­lio pre­si­den­cial, Tu­cu­mán 848, aguar­da­ba el ofi­cial ins­pec­tor Jo­sé Gon­zá­lez, de la co­mi­sa­ría 3ª, con per­so­nal a sus órdenes, la lle­ga­da del je­fe del Es­ta­do. La vi­gi­lan­cia se ha­bía acen­tua­do en ra­zón de que días an­tes le ha­bía si­do en­via­da a la pri­me­ra da­ma una ca­nas­ta de fru­tas que con­te­nía una bom­ba ex­plo­si­va, que de­bía es­ta­llar a una ho­ra de­ter­mi­na­da. Pa­ra ello, el re­loj des­per­ta­dor que la accio­na­ba te­nía com­bi­na­do un me­ca­nis­mo con su cam­pa­ni­lla en­vuel­ta en pa­pel de li­ja y fósforos ad­he­ri­dos al per­cu­tor. Es­tos, al ar­der por fro­ta­mien­to, en­cen­de­rían la me­cha, que pro­vo­ca­ría la ex­plo­sión. El anó­ni­mo re­mi­ten­te de tan si­nies­tro pre­sen­te no pre­vió que el frotamien­to, al ac­cio­nar el per­cu­tor del re­loj, no se­ría su­fi­cien­te pa­ra que se in­fla­ma­ran los fósfo­ros; fra­ca­san­do por con­si­guien­te ese in­ten­to.

El día 28, un hom­bre en las in­me­dia­cio­nes de la fin­ca pre­si­den­cial aguar­da­ba ocul­to en el zaguán de una ca­sa lin­de­ra, en el nú­me­ro 842. Es­te per­so­na­je era un jo­ven que si­mu­la­ba es­pe­rar el pa­so del tran­vía, jus­ti­fi­cán­do­se su pre­sen­cia en el za­guán, ya que allí se pro­te­gía de la llu­via. Ner­vio­so, apre­ta­ba en­tre sus bra­zos, con­tra el cuer­po, un pa­que­te en­vuel­to en pa­pel made­ra y ata­do con pio­lín y alam­bre.

De­te­ni­do el ve­hí­cu­lo de Fi­gue­roa Al­cor­ta, lue­go del ha­bi­tual tra­yec­to des­de la ca­sa de go­bier­no por las ca­lles Ri­va­da­via, Flo­ri­da y Tu­cu­mán, el pre­si­den­te des­cen­dió se­gui­do de su ede­cán de tur­no, el ca­pi­tán de fra­ga­ta Er­nes­to Ana­bia. Al ad­ver­tir la pre­sen­cia de su víc­ti­ma, el jo­ven se apro­xi­mó co­rrien­do, arro­jó a sus pies el bul­to e in­me­dia­ta­men­te em­pren­dió la fu­ga en ve­loz ca­rre­ra. Se­re­no, aun­que sor­pren­di­do, el man­da­ta­rio ati­nó a ale­jar de sí, con el pie, el pa­que­te, cu­ya en­vol­tu­ra se ha­bía in­cen­dia­do y des­pren­día una den­sa hu­ma­re­da.

El per­so­nal po­li­cial ale­jó del lu­gar al doc­tor Fi­gue­roa Al­cor­ta, quien pe­ne­tró en su do­mi­ci­lio, mien­tras que uno de sus la­ca­yos, Juan Ca­sa­no­va, des­de el pes­can­te del co­che, da­ba vo­ces de alar­ma, gri­tan­do a la vez que se­ña­la­ba al pró­fu­go: “¡Atá­jen­lo… Atá­jen­lo…!”. Al es­cu­char­lo, el ofi­cial ins­pec­tor Luis Aya­la, que ve­nía por Tu­cu­mán, des­de la ca­lle Mai­pú, de­sen­fun­dan­do su re­vól­ver in­ti­mó al agre­sor que se de­tu­vie­ra, y con dos vi­gi­lan­tes lo con­du­jo a la co­mi­sa­ría 3ª. En el tra­yec­to, el pri­sio­ne­ro sa­có un pu­ñal que lle­va­ba en la cin­tu­ra, pe­ro fue inú­til, por­que logra­ron de­sar­mar­lo. Mien­tras, otros po­li­cías arro­ja­ban bal­des de agua so­bre la hu­mean­te bom­ba, que lue­go un agen­te lle­vó a la co­mi­sa­ría.

El de­te­ni­do fue con­du­ci­do, pos­te­rior­men­te, al De­par­ta­men­to de Po­li­cía, an­te el co­mi­sa­rio de in­ves­ti­ga­cio­nes Jo­sé Ros­si, y allí de­cla­ró ser Fran­cis­co So­la­no Re­jis, sal­te­ño, de 21 años, sol­te­ro y de pro­fe­sión mo­sai­quis­ta. Ad­mi­tió su ac­ción, y al igual que Pla­nas y Vi­re­lla, ex­pre­só que qui­so ase­si­nar al pre­si­den­te por con­si­de­rar­lo res­pon­sa­ble de las cau­sas del ma­les­tar obre­ro. Por su pro­ce­der lo ca­li­fi­có de ti­ra­no, y afir­mó que es­ta­ba con­ven­ci­do de que ha­bía obra­do pa­ra el bien de to­dos. El agre­sor no re­gis­tra­ba an­te­ce­den­tes pe­na­les de nin­gu­na cla­se.

Al alla­nar su do­mi­ci­lio, una ha­bi­ta­ción en la ca­lle Ave­lla­ne­da 352, en el ba­rrio del Ca­ba­lli­to, se se­cues­tra­ron va­rias re­tor­tas y va­sos gra­dua­dos, un fras­co de clo­ra­to de po­ta­sio, otro de áci­do clor­hí­dri­co y un fo­lle­to: “Fa­bri­ca­ción de ex­plo­si­vos”, del que era au­tor un te­nien­te co­ro­nel espa­ñol.

Con pos­te­rio­ri­dad se de­cla­ró co­mu­nis­ta-anar­quis­ta y di­jo ha­ber pro­ce­di­do de acuer­do con sus con­vic­cio­nes, pe­ro sin co­ne­xión con or­ga­ni­za­ción al­gu­na, sin cóm­pli­ces ni ins­ti­ga­do­res. En otro tiem­po ha­bía per­te­ne­ci­do a so­cie­da­des gre­mia­les, pe­ro se ha­bía ale­ja­do de ellas de­sen­ga­ña­do de la con­duc­ta y am­bi­cio­nes per­so­na­les de sus di­ri­gen­tes. En cuan­to a la bom­ba, la ha­bía fabrica­do en su ha­bi­ta­ción y la ha­bía lle­va­do en tran­vía has­ta la Ca­sa de Go­bier­no a las ca­tor­ce ho­ras. Co­mo Fi­gue­roa Al­cor­ta ya ha­bía pe­ne­tra­do en la mis­ma, deam­bu­ló a la es­pe­ra de la hora de re­gre­so al do­mi­ci­lio del pre­si­den­te, don­de de­ci­dió arro­jar el ar­te­fac­to.

El juez del cri­men doc­tor Er­nes­to Ma­de­ro (se­cre­ta­ría Ju­lián By­ron), lo con­de­nó a vein­te años de pre­si­dio, con diez días de re­clu­sión so­li­ta­ria en los ani­ver­sa­rios del de­li­to, y cin­co años de vi­gi­lan­cia de la au­to­ri­dad so­bre su per­so­na, des­pués de cum­pli­da la con­de­na. La Cá­ma­ra integra­da por los doc­to­res Car­los Mi­guel Pé­rez, L. Ló­pez Ca­ba­ni­llas, Mi­guel Es­te­ves, Die­go Saave­dra y Ra­món Mén­dez, con­fir­mó la sen­ten­cia, a con­tar del 8 de mar­zo de 1909.

El de­te­ni­do fue des­ti­na­do a la Pe­ni­ten­cia­ría Na­cio­nal, don­de se le asig­nó el nú­me­ro 335 y se lo des­ti­nó al ta­ller de li­to­gra­fía, co­mo apren­diz. Allí no tar­dó en ha­cer­se ami­go de Pla­nas y Vi­re­lla, y jun­tos par­ti­ci­pa­ron de la fu­ga men­cio­na­da an­te­rior­men­te. La po­li­cía sos­pe­chó que lo acompa­ñó a Es­pa­ña. Fran­cis­co So­la­no Re­jis no al­can­zó a cum­plir tres años de la pe­na, mien­tras que su ami­go ca­ta­lán per­ma­ne­ció po­co más de cin­co años en pre­si­dio.

La eva­sión de los tre­ce pe­na­dos mo­ti­vó no so­lo la con­de­na de los dos sol­da­dos por ne­gli­gen­cia en la guar­dia, si­no que el 14 del mis­mo mes de ene­ro de 1911, el Po­der Eje­cu­ti­vo, en acuer­do de mi­nis­tros, creó un cuer­po es­pe­cial de seis­cien­tas pla­zas pa­ra la vi­gi­lan­cia de las cár­ce­les na­cio­na­les, con el nom­bre de guar­dia­cár­ce­les, de­pen­dien­tes del mi­nis­te­rio de Jus­ti­cia e Instrucción Pú­bli­ca.

Vic­to­ri­no de la Pla­za

El pre­si­den­te Ro­que Sáenz Pe­ña, ele­gi­do pa­ra el pe­río­do 1910-1916, fa­lle­ció el 9 de agos­to de 1914. Le su­ce­dió su vi­ce­pre­si­den­te, Vic­to­ri­no de la Pla­za, al que pro­pu­sie­ra el mis­mo Sáenz Peña pa­ra tal car­go a la Jun­ta Eje­cu­ti­va del Par­ti­do Unión Na­cio­nal en vís­pe­ras elec­to­ra­les, prefi­rién­do­lo a otros can­di­da­tos. De la Pla­za ac­tuó en los pri­me­ros años de la gue­rra mun­dial, en la que nues­tro país no in­ter­vi­no por ha­ber de­cla­ra­do la neu­tra­li­dad que man­tu­vo has­ta el fi­nal de la mis­ma, aún an­te la pre­sión de las po­ten­cias alia­das y en me­dio de nu­me­ro­sos conflic­tos obre­ros, de­bi­do al ele­va­do cos­to de la vi­da y la in­su­fi­cien­cia de los sa­la­rios.

So­lo le res­ta­ban tres me­ses pa­ra aban­do­nar la pre­si­den­cia, y ya su su­ce­sor, Hi­pó­li­to Yri­go­yen, ha­bía re­sul­ta­do elec­to, ha­bién­do­se apli­ca­do y cum­pli­do en su in­te­gri­dad la Ley Sáenz Pe­ña el 2 de abril. Es­to y su edad de se­ten­ta y seis años, que traía apa­re­ja­do su ale­ja­mien­to de­fi­ni­ti­vo de la es­ce­na po­lí­ti­ca, hi­cie­ron inex­pli­ca­ble a to­das lu­ces el aten­ta­do con­tra su per­so­na.

El 9 de ju­lio de 1916, a las quin­ce y trein­ta ho­ras, la Pla­za de Ma­yo apa­re­cía con­ges­tio­na­da de pú­bli­co. El pre­si­den­te, des­de el bal­cón de la Ca­sa Ro­sa­da, te­nien­do a su de­re­cha al em­ba­ja­dor de la Re­pú­bli­ca de Bo­li­via, doc­tor Vi­lla­zón, y a su iz­quier­da al en­via­do es­pe­cial de los Es­ta­dos Uni­dos del Bra­sil, doc­tor Ruy Bar­bo­sa, y ro­dea­do de sus mi­nis­tros, con­tem­pla­ba el pa­so de la úl­ti­ma for­ma­ción del des­fi­le mi­li­tar, la de gim­na­sia y es­gri­ma. Se­gui­da­men­te ve­nían los explora­do­res, pre­ce­di­dos de una ban­da mu­si­cal y, lue­go, una co­lum­na cí­vi­ca. De es­ta úl­ti­ma sur­gió un in­di­vi­duo de la pri­me­ra fi­la que, ex­tra­yen­do un re­vól­ver, y sin de­te­ner­se, apun­tó hacia el bal­cón pre­si­den­cial. El pro­yec­til dio con­tra una mol­du­ra, trein­ta cen­tí­me­tros de­ba­jo del mis­mo y en la dia­go­nal del pre­si­den­te. In­ten­tó un se­gun­do dis­pa­ro, que fa­lló, mien­tras la mul­ti­tud se dis­per­sa­ba, pre­sa del pá­ni­co.

Sin em­bar­go, al­gu­nas per­so­nas pró­xi­mas al agre­sor se pre­ci­pi­ta­ron so­bre él con in­ten­ción de lin­char­lo. La po­li­cía lo res­ca­tó de los exal­ta­dos y lo de­sar­mó, no sin que su­frie­ra dos le­sio­nes en la ca­be­za, una de ellas pro­duc­to de un bas­to­na­zo. La de­ten­ción la rea­li­zó el agen­te de investiga­cio­nes Ma­nuel Ba­rral, jun­to con su igual Juan Sil­va Straw, el sar­gen­to del Departamen­to, Gre­go­rio Mo­ra­les, el se­ñor Juan Yan­zi Oro, el in­ge­nie­ro Vir­gi­lio Raf­fi­net­ti y el se­ñor Al­fre­do Jor­ge Mail­hé. Yan­zi Oro le pe­gó en la ma­no de­re­cha pa­ra de­sar­mar­lo; al ha­cer­lo el tam­bor del re­vól­ver se abrió y ca­ye­ron al pa­vi­men­to los pro­yec­ti­les, de los cua­les se ex­tra­vió una de las ba­las; sin em­bar­go se re­cu­pe­ra­ron las vai­nas ser­vi­das y has­ta el pro­yec­til dis­pa­ra­do.

El agre­sor fue apre­sa­do mien­tras gri­ta­ba: “¡Au­tó­cra­ta!” y “¡Vi­va la anar­quía!”. La po­li­cía tu­vo que for­mar un cor­dón pa­ra evi­tar la ira del pú­bli­co, pues se vio in­clu­so a una se­ño­ra que, extrayen­do el enor­me al­fi­ler que su­je­ta­ba su som­bre­ro, in­ten­tó agre­dir­lo. Pa­ra su se­gu­ri­dad fue tras­la­da­do a la guar­dia de Gra­na­de­ros de la Ca­sa de Go­bier­no, lue­go a la co­mi­sa­ría 2ª, y por úl­ti­mo a la al­cai­día del Pa­la­cio de Jus­ti­cia.

El de­te­ni­do era Juan Man­dri­ni, por­te­ño, sol­te­ro, de 24 años, fren­tis­ta, quien en pre­sen­cia del juez de ins­truc­ción, doc­tor Jo­sé An­to­nio de Oro, y del co­mi­sa­rio To­ran­zo, se ne­gó a de­cla­rar, por lo que se dis­pu­so su in­co­mu­ni­ca­ción. Al día si­guien­te re­vió su ac­ti­tud y re­fi­rió que la pe­na ca­pi­tal apli­ca­da a los au­to­res de la muer­te del se­ñor Car­los Li­vings­ton, los pes­ca­do­res Lau­ro y Sal­vat­to, lo su­ble­va­ron en for­ma tal que qui­so pro­du­cir un ac­to de pro­tes­ta re­so­nan­te, no encon­tran­do na­da me­jor que si­mu­lar un aten­ta­do al pre­si­den­te de la Na­ción. Con tal mo­ti­vo se ubi­có fren­te a la Ca­te­dral y, cuan­do el pre­si­den­te de la Pla­za pa­só con su ca­rrua­je ha­cia la Ca­sa Ro­sa­da, te­mió he­rir­lo a él o a al­gu­no de sus acom­pa­ñan­tes con el re­vól­ver ca­li­bre 7 de mar­ca ile­gi­ble, que se le se­cues­tró con pos­te­rio­ri­dad. Cam­bió de ubi­ca­ción y se acer­có has­ta la Ca­sa de Go­bier­no, fren­te al bal­cón pre­si­den­cial, pa­ra pre­sen­ciar el des­fi­le mi­li­tar. Ya ha­bía de­sis­ti­do de sus pro­pó­si­tos y se re­ti­ra­ba de la pla­za, cuan­do una ava­lan­cha lo em­pu­jó has­ta en­fren­tar nue­va­men­te el bal­cón, y un vér­ti­go (se­gún sus pro­pias pa­la­bras) le hi­zo sa­car el ar­ma y disparar, pe­ro con cui­da­do de no he­rir a na­die.

“Ese lo­co me­re­ce que lo con­de­na­ran… por mal ti­ra­dor”, fue­ron las pa­la­bras del an­cia­no presiden­te, quien en un pri­mer mo­men­to no se per­ca­tó del pe­li­gro su­fri­do, ya que se en­te­ró de lo ocu­rri­do por re­fe­ren­cia de los fun­cio­na­rios que lo ro­dea­ban. El pre­si­den­te de­cla­ró an­te el juez, me­dian­te un es­cri­to, no ha­ber te­ni­do co­no­ci­mien­to di­rec­to de los he­chos, cre­yen­do que to­do pro­ce­día de la de­to­na­ción de un pe­tar­do ex­plo­ta­do en­tre el pú­bli­co, no ha­bien­do experimen­ta­do la sen­sa­ción de un aten­ta­do con­tra su per­so­na.

Tan mal ele­gi­dos es­ta­ban el si­tio y la oca­sión, que la pri­me­ra re­fle­xión que sur­gió fue que no po­día tra­tar­se más que de la ac­ción de un lo­co o de un de­se­qui­li­bra­do; a pe­sar de lo cual el mé­di­co de po­li­cía, doc­tor Car­los de Are­na­za, dic­ta­mi­nó que lo en­con­tra­ba li­ge­ra­men­te excitado, y con ace­le­ra­ción del rit­mo car­día­co —120 pul­sa­cio­nes por mi­nu­to—, pe­ro nor­mal y por con­si­guien­te res­pon­sa­ble de su pro­ce­der.

El fis­cal, doc­tor Vic­to­ri­no Or­te­ga, al ex­pe­dir­se en el pro­ce­so, re­cha­zó co­mo prue­ba el que no hu­bo in­ten­ción de ma­tar, la cir­cuns­tan­cia de que Man­dri­ni al ha­cer el dis­pa­ro dio vuel­ta la ca­ra (es­to fue co­rro­bo­ra­do por los tes­ti­gos), y que a pe­sar de es­to hi­zo fun­cio­nar re­pe­ti­das ve­ces el per­cu­tor. Tam­po­co se con­si­de­ró im­por­tan­te el he­cho de que, se­gún al­gu­nos tes­ti­gos, hu­bie­ra gri­ta­do “¡Vi­va la anar­quía!” Im­por­tan­te era que los mé­di­cos le­gis­tas que lo exa­mi­na­ron conside­ra­ran que ca­re­cía de ca­pa­ci­dad de im­pu­ta­ción ju­rí­di­ca. La fis­ca­lía no es­ta­ba de acuer­do en que fue­ra ab­so­lu­ta­men­te irres­pon­sa­ble. Po­día ser un fron­te­ri­zo, pe­ro no tan­to que le impidie­ra un cla­ro co­no­ci­mien­to de sus ac­tos. El acu­sa­do ha­bía ex­pli­ca­do su de­li­to en for­ma ra­zo­na­ble y co­he­ren­te, con una de­fen­sa há­bil, ne­gan­do ser un ase­si­no. Por to­das es­tas cau­sas fue de­cla­ra­do res­pon­sa­ble.

La cau­sa no fue pro­se­gui­da por ten­ta­ti­va de ho­mi­ci­dio, por­que el he­cho se ca­li­fi­có de “dis­pa­ro de ar­ma de fue­go”. Por es­tas ra­zo­nes, so­lo se lo con­de­nó a un año y cua­tro me­ses de pre­si­dio y el juez del cri­men, doc­tor Juan R. Se­rú, el 1º de fe­bre­ro de 1918, en ofi­cio di­ri­gi­do al je­fe de Po­li­cía, doc­tor Ju­lio Mo­re­no, al co­mu­ni­car la sen­ten­cia ha­cía sa­ber que la pe­na se ha­lla­ba cumpli­da, da­do el tiem­po que Man­dri­ni lle­va­ba de­te­ni­do en la Al­cal­día 1ª Sec­ción de la Po­li­cía, des­de don­de se lo pu­so en li­ber­tad.

De to­das las ten­ta­ti­vas de ho­mi­ci­dios pre­si­den­cia­les, és­ta fue sin du­da la más ab­sur­da y ri­dí­cu­la, y su au­tor el que me­nos tiem­po pur­gó sus cul­pas, por­que en rea­li­dad fue con­si­de­ra­do por la ma­yo­ría, in­clu­so el pro­pio doc­tor de la Pla­za, co­mo un de­men­te.

Hi­pó­li­to Yri­go­yen

El aten­ta­do ocu­rrió el 24 de di­ciem­bre de 1919, a las on­ce ho­ras. A esa ho­ra lle­gó a la mo­des­ta ca­sa del pre­si­den­te, en la ca­lle Bra­sil 1039, co­mo lo ha­cía dia­ria­men­te, el au­to­mó­vil con­du­ci­do por el cho­fer Eu­do­sio L. Gif­fi. Vein­ti­cin­co mi­nu­tos des­pués as­cendió al mis­mo el pre­si­den­te Yrigo­yen, acom­pa­ña­do de su mé­di­co, el doc­tor Os­val­do Mea­be. En el asien­to de­lan­te­ro se ubicó, al la­do del con­duc­tor, el sub­co­mi­sa­rio Al­fre­do Pic­cia Bo­ne­lli, de la Po­li­cía de la Pro­vin­cia de Bue­nos Ai­res, en­car­ga­do de la cus­to­dia.

Ini­ciaron la mar­cha en di­rec­ción al es­te; el ve­hí­cu­lo tras­puso la ca­lle trans­ver­sal, Ber­nar­do de Iri­go­yen, y el pa­sa­je In­ter­na­cio­nal, don­de se ha­llaba de vi­gi­lan­cia el agen­te de in­ves­ti­ga­cio­nes Car­los Ma­ría Si­ci­lia, de la Po­li­cía de la Ca­pi­tal. Se­gun­dos des­pués, fren­te al nú­me­ro 924 de la ca­lle Bra­sil (ace­ra nor­te), don­de es­ta­ba ins­ta­la­do el ho­tel “Ti­gre”, emer­gió del za­guán un hombre que ex­trajo de en­tre sus ro­pas un re­vól­ver y apun­tó al au­to­mó­vil. Hizo dos dis­pa­ros. Des­pués tres más. El con­duc­tor Gif­fi ma­nio­bró en zig­zag pa­ra di­fi­cul­tar el blan­co.

El ata­que fue re­pe­li­do por el sub­co­mi­sa­rio Pic­cia, que fue he­ri­do de gra­ve­dad en el ab­do­men, ya que via­ja­ba del la­do de­re­cho, des­de don­de pro­ce­dió el dis­pa­ro; y el agen­te Si­ci­lia, que desde su pues­to se co­rrió al lu­gar, tam­bién re­sul­tó he­ri­do en la pier­na iz­quier­da. El per­so­nal de la cus­to­dia, que via­ja­ba de­trás en un do­ble fae­tón, efec­tuó al­gu­nos dis­pa­ros.

El ata­can­te cayó ins­tan­tá­nea­men­te muer­to, fren­te al nú­me­ro 912, has­ta don­de se ha­bía despla­za­do, al­can­za­do por cin­co ba­la­zos. Su cuer­po fue lle­va­do a la co­mi­sa­ría 16ª, pró­xi­ma al lu­gar. Allí se di­ri­gió Iri­go­yen, quien tu­vo opor­tu­ni­dad de ob­ser­varlo lar­ga y pen­sa­ti­va­men­te. El pre­si­den­te vol­vió a su do­mi­ci­lio y, a las tre­ce ho­ras sa­lió, con to­tal tran­qui­li­dad, a ini­ciar sus tareas ofi­cia­les en la Ca­sa de Go­bier­no.

Un año an­tes, el 12 de oc­tu­bre, ha­bía asu­mi­do por se­gun­da vez la pri­me­ra ma­gis­tra­tu­ra, después de una elec­ción con­sa­gra­to­ria que fue ca­li­fi­ca­da de “ple­bis­ci­to” (838.583 vo­tos con­tra 414.026). Ve­nía a reem­pla­zar a Mar­ce­lo T. de Al­vear, tam­bién de la Unión Cí­vi­ca Ra­di­cal, pe­ro de la frac­ción es­cin­di­da, la “an­ti­per­so­na­lis­ta”, que lla­mó “per­so­na­lis­tas” a los se­gui­do­res de Yri­go­yen y en su afán opo­si­tor hi­zo mi­gas con los con­ser­va­do­res. El ra­di­ca­lis­mo yri­go­ye­nis­ta ca­li­fi­có a esa unión de “con­tu­ber­nio”.

El pre­si­den­te te­nía en­ton­ces se­ten­ta y sie­te años, sus ener­gías ya no eran las mis­mas que lo dis­tin­guie­ron du­ran­te su pri­me­ra pre­si­den­cia de 1916 a 1922, lo que fue usa­do por la oposición pa­ra pre­go­nar que ha­bían de­caí­do sus fa­cul­ta­des y lu­ci­dez men­tal. Cier­tos ac­tos de su se­gun­do go­bier­no, co­mo las ce­san­tías de em­plea­dos pú­bli­cos, rein­cor­po­ra­cio­nes y as­cen­sos mi­li­ta­res, in­ter­ven­ción a las pro­vin­cias de Men­do­za y San Juan, pro­vo­ca­ron su des­pres­ti­gio y die­ron oca­sión a la re­vo­lu­ción del 6 de se­tiem­bre de 1930, que lo de­pu­so y con­fi­nó en la is­la de Mar­tín Gar­cía. Es­to ocu­rri­ría ca­si un año des­pués del aten­ta­do cu­yo au­tor ha­bía caí­do muer­to por las ba­las po­li­cia­les de su cus­to­dia.

El ca­dá­ver fue iden­ti­fi­ca­do co­mo Gual­te­rio Ma­ri­ne­lli, ita­lia­no, de 44 años, lle­ga­do al país en 1905, con un ta­ller de me­cá­ni­co den­tal ins­ta­la­do en Bra­sil 811 (co­mo se ad­vier­te, muy pró­xi­mo al lu­gar de los he­chos). Su de­ce­so im­pi­dió to­da in­ves­ti­ga­ción pre­ci­sa y abrió pa­so a to­da cla­se de con­je­tu­ras.

La po­li­cía con­ta­ba pa­ra la pes­qui­sa con dos ele­men­tos: su fi­lia­ción y el ar­ma uti­li­za­da. Por es­ta vía es­ta­ble­ció que el ita­lia­no era un anar­quis­ta y es­ta­ba sin­di­ca­do co­mo in­te­gran­te del gru­po de esa ideo­lo­gía de­no­mi­na­do “Nue­va Era”, aun­que por en­ton­ces es­ta­ba ale­ja­do de esas activida­des. El ar­ma era un re­vól­ver mar­ca Iver John­son’s de cin­co ti­ros, ca­li­bre 32 cor­to, adqui­ri­do vein­te días an­tes y con el que se pro­bó que ha­bía efec­tua­do prác­ti­cas de ti­ro pa­ra ejer­ci­tar­se en su ma­ne­jo.

Su muer­te abrió pa­so a las con­je­tu­ras y los pe­rió­di­cos sen­sa­cio­na­lis­tas y opo­si­to­res se­ña­la­ron que Ma­ri­ne­lli no era el au­tor y sí la víc­ti­ma ca­sual de un error po­li­cial, pues ha­brían con­fun­di­do al ver­da­de­ro agre­sor con el me­cá­ni­co den­tal, in­di­can­do que el pri­me­ro ha­bía hui­do a fa­vor de la con­fu­sión. Las crí­ti­cas fue­ron muy se­ve­ras por no ha­ber­lo apre­sa­do vi­vo. Tam­bién se ase­gu­ró que Ma­ri­ne­lli mu­rió acri­bi­lla­do, pre­sen­tan­do en­tre vein­te y trein­ta he­ri­das de ba­la.

La au­top­sia prac­ti­ca­da por los mé­di­cos le­gis­tas Mar­tín R. Ara­na y J. Ma­nuel Ocam­po vi­no a pro­bar que el cuer­po al­ber­ga­ba cin­co he­ri­das, dos en el ros­tro, una en la ca­ja to­rá­ci­ca, una en el pe­cho y una en el omó­pla­to, de las cua­les tres eran mor­ta­les. Otra ver­sión de­cía que Marine­lli pre­ten­dió acer­car­se al au­to­mó­vil por­tan­do una car­ta, que el per­so­nal de un hos­pi­tal don­de es­tu­vo in­ter­na­do le en­tre­ga­ra pa­ra ha­cer­la lle­gar has­ta el pre­si­den­te en pro­cu­ra de mejo­ras. Es­to plan­teó el in­te­rro­gan­te de por qué fue de­po­si­ta­rio de la mi­si­va, si no es­ta­ba vincu­la­do al pri­mer ma­gis­tra­do ni al par­ti­do ofi­cia­lis­ta. Por otra par­te, la car­ta nun­ca apa­re­ció.

Raúl Alfonsín

Más de seis décadas tuvieron que pasar hasta que se registrara otro intento de magnicidio, cuando el 19 de mayo de 1986 el también radical Raúl Alfonsín se dirigía hacia el Cuerpo del Ejército III de Córdoba y el vehículo que lo trasladaba estuvo a punto de pisar un artefacto explosivo que se había instalado bajo una alcantarilla: se trataba de una bala de mortero de 120 milímetros, con 2,5 kilos de TNT en su interior y casi un kilo de trotyl.

Reseña de Osvaldo Carlos Sidoli, para Buenos Aires Historia.

IG

Si entre los primeros en expresar su solidaridad con la vicepresidenta y dos veces presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner después del frustrado ataque contra su vida se cuentan Luiz Inácio Lula da Silva y Evo Morales Ayma, no parece casual. Son dos sobrevivientes. Porque tampoco extraña que el ex obrero y sindicalista dos veces presidente de Brasil y actual candidato a un tercer mandato, y que un indígena gremialista cocalero, tres veces presidente de Bolivia, derribado por un golpe donde nuevamente corrió peligro una vida muchas veces antes amenazada y atacada –y al momento del recuento de una elección que iba a conferirle un cuarto mandato y que la oposición impugnaba como fraudulenta-, declararan abiertamente política la índole del ataque sufrido por CFK. Esto ocurre en un contexto amplio donde una nueva candidatura presidencial de la actual vicepresidenta argentina es una hipótesis difundida y comentada después de su respuesta al alegato de la fiscalía de la causa llamada 'Vialidad', en el cual, como imputada de mayor perfil por asociación ilícita en la adjudicación de la obra pública de la provincia de Santa Cruz, pidieron para ella una pena de 12 años de cárcel.

En un contexto más estricto, Lula, su sucesora la presidenta Dilma Rousseff, y Evo fueron objeto de diversas formas de lawfare; el partido español Podemos unió la peligrosa línea de puntos “el intento de asesinato de CFK es consecuencia del lawfare”. A la inversa, acaso pueda verse en el lawfare de la Justicia o el Congreso una forma más civilizada, sin derramar sangre, del magnicidio. Un progreso. En 1999, el vicepresidente colorado Luis María Argaña fue asesinado en las calles de Asunción, por autores materiales conocidos e intelectuales aún indeterminados; en 2012, en un impeachment express, que fuera calificado por sus detractores como ‘golpe de Estado soft’, fue derrocado en el Congreso paraguayo el obispo católico y presidente progresista Fernando Lugo, con los votos de la mayoría colorada y de la minoría liberal de su vicepresidente Federico Franco.

Un vicepresidente asesinado en la calle

Si el lawfare es progreso, sus beneficios humanitarios no están asegurados ni para siempre ni para todos. Lino Oviedo conoció prisión y exilio, acusado en 1999 de autoría intelectual del asesinato del vicepresidente Argaña y de instigar y organizar la posterior masacre en Asunción de civiles que se manifestaron en repudio al gobierno del presidente colorado Raúl Cubas durante los hechos conocidos como “marzo paraguayo”. Finalmente absuelto de lo primero en 2007 y sobreseído de lo segundo en 2008, volvió a la vida política paraguaya.

A sus 69 años, Oviedo aspiraba a ganar la presidencia en las elecciones de abril de 2013 al frente de la Unión Nacional de Colorados Éticos (UNACE), el partido que fundó en 1996. El presunto autor de un magnicidio fue a su vez víctima de un presunto magnicidio, cuando murió al desmoronarse en pleno vuelo el helicóptero que lo llevaba de Concepción a Asunción. El vocero de prensa de la UNACE, César Durant, denunció “un crimen político” y un “mensaje de la mafia”, aunque no profundizó en sus sospechas ni acusó a nadie en particular.

La fecha de la muerte del último de los colorados éticos, 2 de febrero, y la hora, 10 de la noche, son irónicas. En 1989, exactamente 24 años antes, y a esa misma hora, Oviedo había amenazado con cometer un magnicidio. Desde un tanque blindado, Oviedo amenazó con bombardear la oficina del Comando en Jefe en donde estaba el presidente Alfredo Stroessner con su “primer anillo” de defensa si el jefe de Estado no se entregaba. Tres horas después, Stroessner subió a su auto con Oviedo a su lado. Dicen que Oviedo llevaba una granada en la mano y que le dijo al chofer: “Vaya directo a la Caballería (donde estaba el general Andrés  Rodríguez, consuegro de Stroessner, líder del golpe de Palacio, y su sucesor en la presidencia) sin parar. Se detiene o se desvía de camino, y acá volamos todos”. Oviedo fue el candidato que supo representar la expectativa conservadora de un sector de la población. Sus votos nunca lo llevarían a la presidencia de la República, pero eran suficientes para zanjar negociaciones, cuando UNACE constituía la tercera fuerza en el Congreso, después del hegemónico Partido Colorado y del Partido Liberal.

Impunidad de magnicidas y repolitización de los magnicidios

El presidente y candidato Jair Messias Bolsonaro eligió lanzar la campaña oficial para su reelección 2022 en Juiz de Fora. En el mismo lugar donde en 2018 cayó herido haciendo campaña y donde casi muere asesinado a puñaladas. Sobre la espontaneidad y móviles del desequilibrado que las asestó aún hoy subsisten dudas irresueltas, si no irresolubles. La gravedad extrema de las lesiones sufridas obliga al líder derechista -que era era entonces candidato presidencial favorito- a continuar bajo control médico por sus secuelas.

Su contendiente Lula -favorito hoy para las elecciones presidenciales de este octubre-, había elegido para el lanzamiento San Bernardo del Campo. El acto se vio frustrado, cuando los organizadores llegaron a la conclusión de que faltaban condiciones suficientes para preservar al rival de Bolsonaro de un atentado homicida. La seguridad del candidato del PT es la prioridad máxima –según algunos medios, una obsesión absorbente- de su campaña, que ha llegado a incluir entre las medidas preventivas el renunciar a entrevistas cara a cara con el periodismo.

En el atentado a Bolsonaro y en sus consecuencias inmediatas se reúnen apretada, pero limpiamente, rasgos característicos de algunos de los magnicidios consumados o intentados en las tres últimas décadas latinoamericanas. Muerte o heridas graves infligidas con armas blancas o de fuego, antiguas (como la Bersa calibre 42) o improvisadas e inadecuadas, por un agresor que es apresado en el acto. Un extranjero (como el brasileño Fernando André Sabag Montiel, como los exsoldados colombianos que asesinaron en Haití al presidente Jovenel Moïse), un forastero. Un sujeto de salud mental nunca en todo íntegra, de inteligencia jamás del todo entera, solitario en la vida y oscuro en sus propósitos, que las pericias encuentran narcisista y mitómano, con vínculos difusos pero lejanos o tenues con personas a las que sí podría animar algún móvil político de atentar contra su víctima.

Tal el perfil del atacante de Bolsonaro. Y muy especialmente de Mario Aburto Martínez, condenado por el asesinato de Luis Donaldo Colosio a 42 años de cárcel, y liberado en 2014. Atacado en campaña como Bolsonaro, el candidato oficial del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI) no sobrevivió al disparo que le asestó en la cabeza este obrero michoacano al fin de un acto proselitista en Tijuana, Baja California, el 23 de marzo de 1994. El primer magnicidio en México desde el asesinato del presidente Álvaro Obregón en 1928.

La creciente popularidad de Colosio, su sonoro discurso anti-corrupción y su programa de redistribución de la riqueza lo habían enemistado con Carlos Salinas de Gortari, a quien estaba destinado a suceder. Vacante con la muerte la candidatura, el presidente neoliberal usó el ‘dedazo’ priista. El favorecido para sucederlo y gobernar el país durante el siguiente sexenio, a partir de ese año que se había abierto con la inauguración del NAFTA y el levantamiento zapatista, fue su ministro de Economía, Ernesto Zedillo Ponce de León.

La opinión popular prevaleciente señala a Salinas en la cúspide de un complot asesino. Las investigaciones del ex presidente como autor intelectual, de otros funcionarios de gobierno, del narco, de todos estos actores conjurados entre sí, nunca llevaron a nada. Pero tampoco acabaron con todas las sospechas. Hace un par de meses, la Fiscalía General de la República (FGR) reabrió el caso. Con Colosio parece haber muerto para México la ilusión de una reforma social con gobernabilidad, que estaba entre las posibilidades del PRI programar y conseguir.

Bolsonaro busca realzar su importancia al mostrarse blanco de un odio asesino de sus contrincantes, que no pueden vencerlo en las urnas. El clima de odio existe. Cuando el presidente candidato mostró en los medios la cicatriz en su abdomen, el gran escritor y veterano cronista de la bossa nova, Ruy Castro, propuso en su columna en la Folha de S. Paulo que el tiro fuera “en el corazón, no en la cabeza, que deja un enchastre de huesos, sangre y mocos. El disparo en el pecho es clean. Deja el rostro intacto, apto para servir para confeccionar la máscara mortuoria, modelo de futuros bustos y estatuas, indispensables para la leyenda”. Entretanto, Bolsonaro no sufrió ningún atentado nuevo. Cuando este año el ex premier Shinzo Abe, el político que por más años gobernó Japón en la posguerra, murió asesinado durante un acto de campaña, muerto por un sectario religioso con un arma improvisada, Bolsonaro decretó solemne duelo nacional en Brasil por tres días. El candidato del Partido Liberal (PL) brasileño, dijo, veía en el asesinado líder del Partido Liberal Demócrata (LDP) japonés a su propia imagen, la de un hombre al que atacan por sus ideas patrióticas y valientes. Entretanto, un candidato del PT, en la acalorada campaña rumbo a la primera vuelta de las presidenciales del 2 de octubre, fue asesinado en un acto por un irritado policía bolsonarista. 

AGB