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Cristina pide secuestrar los celulares de las asesoras de Gerardo Milman

La vicepresidenta Cristina Fernández durante su primera aparición pública tras el atentado

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Tras la difusión de un video en el que vincula al dirigente del PRO, Gerardo Milman, con el atentado que sufrió el 1 de septiembre, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, pidió este jueves que se ordene el secuestro de los teléfonos celulares de dos asistentes del dirigente opositor. Fue mediante una presentación que hicieron sus abogados ante la Cámara Federal porteña.

La querella pidió también que se investigue “con contundencia” la pista que surgió a raíz de un testigo que aseguró haber escuchado a Milman hablar con sus asistentes en la confitería Casablanca, ubicada en la esquina del Congreso, sobre el atentado a la vicepresidenta en los días previos a que se cometiera el ataque.

“No estamos pidiendo la detención de Milman, estamos pidiendo que secuestren los celulares”, para “que se proceda a investigar esta línea con contundencia”, aseguró uno de los abogados de la querella, Marcos Aldazábal.

Por su parte, José Manuel Ubeira, denunció ante los jueces de la sala I del Tribunal de Apelaciones que la liberación de los integrantes de Revolución Federal -resuelta en otra causa- busca instalar la idea de que el atentado “no es un crimen político”. “Claramente le resta entidad”, dijo el abogado sobre la resolución de Sala I de la Cámara Federal porteña. Y agregó que “el mensaje dado a la sociedad” es que “matar a Cristina, a sus hijos o a su entorno no tiene costo”.

“Es imposible avanzar en esta causa sino queremos meter los pies en la política”, señaló Ubeira y remarcó que “todo lo que apunta a la derecha del PRO es borrado”.

Esta mañana, en su cuenta de Twitter, la vicepresidenta publicó un video en el que adelantó que recusará a la jueza que lleva adelante la causa, María Eugenia Capuchetti,.

La querella realizó el reclamo para secuestrar los celulares ante los jueces Pablo Bertuzzi, Mariano Llorens y Leopoldo Bruglia. Según los abogados, Ivana Bohdziewicz y Carolina Gómez Mónaco, incurrieron en contradicciones durante su declaración como testigos.

Además, además en el caso de Gómez Mónaco fue denunciada en otra causa por supuesto lavado de dinero a raíz de una sociedad en la que su socia tendría relación con la detenida por el intento de homicidio Brenda Uliarte.

Para Aldazábal, la negativa de esa prueba resuelta por Capuchetti tuvo “arbitrariedad y total falta de fundamentación”, y recordó que la jueza no delegó la pesquisa y la mantiene bajo su órbita por lo cual se niega “una prueba esencial” ante la “gravedad institucional de lo que se está investigando”.

“Se trata del deber de investigar de la Justicia”, agregó el abogado y remarcó que Capuchetti es “una persona que asumió la investigación, no la delegó y no les hizo una sola pregunta” a las asesoras de Milman cuando las citó a declaración testimonial.

La querella señaló otro “elemento muy llamativo”: durante el allanamiento a la procesada por el intento de magnicidio Uliarte se “encontró un papel manuscrito con la llamada regla de Tueller, vinculada a cómo disparar a corta distancia, antes de que otro saque un arma. Esta doctrina a la Argentina la trajo Milman”.

Aldazábal aseguró que en la causa se corroboró todo lo que declaró el testigo de esa conversación de Milman en la confitería ubicada frente al Congreso Nacional, de apellido Abello.

“Se corroboran todas las presencias, pedimos investigar si Milman estuvo en Pinamar o no y no se hizo nada”, agregó sobre el viaje que emprendió el diputado del PRO a esa ciudad luego de haber estado en la confitería.

En otro tramo, Ubeira aseguró “(Jonathan) Morel se fue por la puerta después de haber escrito que los iba matar y que iban a tener miedo de salir a la calle. Estamos acá sentados porque tenemos que recorrer el pedestal para llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero la realidad es que no esperamos nada”.

Los abogados de la Vicepresidenta apelaron ante la Cámara Federal de Casación la excarcelación del referente de Revolución Federal.

Durante la audiencia presencial, Ubeira le recordó al juez Llorens, haber votado en otra causa a favor de “quitarle los fueros a la Vicepresidenta para ordenar su detención”.

En la audiencia -que comenzó pasadas las 10 y se extendió por media hora- estuvieron presentes Bertuzzi y Llorens, mientras que Bruglia siguió sus alternativas por videoconferencia.

Con información de Télam

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