El oficialismo recalibró la estrategia y ahora piensa en aplicar cambios en el Senado tras el duro revés en la Cámara baja, donde no pudo sostener un capítulo clave del proyecto de Presupuesto 2026 que incluía la derogación de las leyes de emergencia en Discapacidad y financiamiento universitario.

Para eso, abrirán el recinto de Senadores el próximo viernes 26 de diciembre, desde las 12, a fin de buscar la media sanción restante a la Ley de Presupuesto.

El Senado podría aprobar la media sanción del Presupuesto 2026 tal cual llegó de Diputados, lo que convertiría el proyecto en ley (si así fuera, ¿Javier Milei podría vetar su propio Presupuesto?), o bien efectuarle modificaciones al texto que obligarían a volver a la cámara de origen en revisión, para lo cual se estima que se sesione en Diputados el 29 o 30 de diciembre.

“Más allá de que la comisión de presupuesto del Senado aprobó el dictamen sin modificaciones, los senadores podrían modificarlo en el recinto”, explicaron fuentes de la Cámara baja, a la espera de la definición del próximo viernes.

Cuál es el escenario en el que juega el oficialismo

El oficialismo tendría garantías absolutas, ya que de mantenerse los misma paridad de fuerzas que en la sesión del miércoles pasado la oposición podrá repetir el número para insistir en la negativa al polémico artículo 75, con el que el Gobierno pretendía derogar las leyes de universidades y Discapacidad.

Aunque reponer ese artículo sea una misión compleja, hay otros artículos que incluía el capítulo 11 que podrían hipotéticamente recuperarse, como por ejemplo la limitación del régimen de zona fría para usuarios de gas, o el fin de la automaticidad en las actualizaciones de las prestaciones de Anses como la AUH, Asignaciones Familiares o asignación por embarazo.

Tras hacer un balance de lo ocurrido, el oficialismo reconoce que en el caso del capítulo 11 “tal vez la forma de redacción que se propuso no fue la adecuada o los tiempos no fueron los suficientes”.

El problema es que el Gobierno eligió concentrar muchas medidas en un solo capítulo, y eso condicionó a muchos diputados a votar en contra de todo el paquete.

Si en la redacción se hubieran repartido las medidas en distintos capítulos, algunos diputados cercanos al oficialismo podrían haber acompañado en algunos aspectos y diferenciado en otros.

El oficialismo también podría haber aceptado la propuesta de la oposición para votar artículo por artículo, lo cual con el diario del lunes habría tenido un costo menor.

Pero confió en sus chances y apostó por la votación capítulo por capítulo, y le salió mal porque no tenía los votos para sostener el polémico capítulo 11.

El Gobierno creyó que incluyendo la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires como anzuelo para fidelizar al PRO alcanzaría de sobra para blindar el capítulo, pero no fue así, y hasta el jefe del bloque amarillo, Cristian Ritondo, se enojó con el oficialismo por “mezclar” peras con manzanas en un mismo capítulo.

La bancada del PRO, aún disconforme, acompañó en la votación en particular (con la excepción del larretista Álvaro González).

Por esa razón, Ritondo explotó de furia al enterarse que La Libertad Avanza había pactado con el kirchnerismo y que esa misma madrugada se repartirían los cargos vacantes en la Auditoría General de la Nación (AGN), dinamitando de compromisos previos asumidos con el PRO para concederle un lugar en el organismo de control.

Desde la Presidencia de la Cámara baja minimizaron la protesta del bloque aliado al señalar que “la cámara cumplió con su deber tal cual venía siendo reclamado por miembros de la oposición, periodismo y público en general”.

“El acuerdo refleja la composición política de la cámara. Seguiremos trabajando con nuestros aliados más allá de discrepancias puntuales”, transmitieron.

Más allá de los vaivenes en la sesión, en el oficialismo consideran que el resultado “ha sido muy positivo dado que se consiguieron los dictámenes y se ganaron 19/20 votaciones en recinto”.

“Obtuvimos la sanción de dos leyes: Presupuesto e Inocencia fiscal”, resaltaron, y sobre la primera ponderaron que “mantiene la regla de oro que permite asegurar el superávit fiscal”.

Con información de Noticias Argentinas

JIB

El Congreso hizo “demagogia”, votó “un horro” y quiere “que la Argentina estalle”. Con esos calificativos el vocero presidencial Manuel Adorni marcó la contraofensiva narrativa del Gobierno hacia la doble insistencia contundente de ayer de la Cámara de Diputados a la ley de emergencia del hospital Garrahan y el financiamiento universitario.

El funcionario brindó una conferencia de prensa en la Casa Rosada un día después de la fuerte derrota oficialista en la Cámara baja, acompañada por una importante movilización en las inmediaciones del Palacio Legislativo. Este jueves La Libertad Avanza se acerca a otra dura derrota: el Senado sesiona sobre el veto de Javier Milei a la coparticipación de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

“Quieren poner cuanto palo en la rueda para que la Argentina estalle”, dijo Adorni, sin contemplar que las insistencias a las leyes que promocionó la oposición recogieron más de dos tercios de los votos, incluyendo a supuestos aliados del Gobierno, como diputados del PRO y de la UCR.

“Se alinearon todos los enemigos del progreso. El 26 de octubre tenemos una oportunidad para evitar que el partido del Estado, compuesto por kirchneristas y kichneristas disfrazados de republicanos, dilapide el futuro de los argentinos”, planteó el vocero.

Adorni dijo que el Congreso “respondió con demagogia” durante la votación y habló de “un horror” sobre las insistencias. Con 181 votos a favor y 60 en contra, la oposición logró la insistencia de la ley de emergencia pediátrica. Y, luego, logró la insistencia de la ley de financiamiento universitario con 174 votos a favor y 62 votos en contra.

“El financiamiento universitario significa un diferencial de 1,9 billones de pesos. ¿Queremos financiarlo con otras partidas? Deberíamos suspender el presupuesto total del Poder Legislativo por cuatro meses”, comparó el vocero, que luego agregó: “Equivale a suspender todos los planes sociales por tres meses a cinco años de presupuesto total del Poder Judicial”.

MC

Será la primera prueba de fuego de Javier Milei desde que perdió las elecciones bonaerenses. Este miércoles, desde las 13, la Cámara de Diputados sesiona para voltear los vetos a la ley de emergencia pediátrica y de financiamiento universitario: hubo quórum con 132 legisladores sentados en sus bancas. Afuera, en las calles, organizaciones sociales, estudiantiles y sindicales movilizan junto a las columnas del peronismo, el radicalismo y la izquierda en una tercera edición de la marcha federal universitaria con un solo objetivo: ejercer presión social para torcer la voluntad de los diputados indecisos que el presidente logró convencer a base de ATN y alianzas electorales.

El malestar comenzó a escurrir por la Cámara de Diputados con el correr de la tarde de ayer. “No están los votos, no están asegurados”, empezaron a repetir las espadas de la oposición a cargo del poroteo, preocupados ante la falta de respuesta de algunos aliados del Gobierno que habían comprometido su apoyo. Lo que parecía ser una partida sencilla, ya que ambas leyes habían conseguido los dos tercios en el recinto cuando se aprobaron en agosto, había comenzado a empantanarse.

¿El motivo? Los $12.500 millones que el Gobierno había distribuido, durante el fin de semana, entre cuatro provincias: Misiones, Santa Fe, Entre Ríos y Chaco. Las dos últimas provincias no habían movido el amperímetro: gobernadas por Rogelio Frigerio y Leandro Zdero, eran territorios en los que La Libertad Avanza había cerrado acuerdos electorales y, en la oposición, anticipaban desde un comienzo que ayudarían a blindar sus vetos. 

Era el caso de los mendocinos radicales, Lisandro Nieri y Pamela Verasay, y los chaqueños, Marilú Quiroz y Gerardo Cipolini: todos se habían ausentado en agosto y especulaban, ahora, con ayudar a Milei a vetar la emergencia en el Hospital Garrahan y la actualización del presupuesto universitario. 

El problema, sin embargo, era el caso de los cuatro diputados misioneros que responden a Carlos Rovira. Ausentes durante la votación de agosto, los diputados amagaban con votar en contra: un resultado que, con la elección finita de agosto -159 a favor y 67 en contra, en el caso Garrahan, y 158 a favor y 75 en contra, en el caso de las universidades- podía hacer tambalear el tablero en favor del Gobierno. 

Tarde a la noche, sin embargo, empezó a circular entre los chats opositores un video: era Oscar Herrera Ahuad, presidente de la Cámara de Representantes de Misiones y primer candidato de Rovira en las elecciones nacionales, llamando a los diputados nacionales a “votar a favor de las universidades públicas”. El tablero había vuelto a cambiar. “Están ratificando su rechazo al veto”, se entusiasmaba una diputada peronista, que ya había ayudado a asegurarse que tanto Gustavo Sáenz (Salta) como Osvaldo Jaldo (Tucumán) acompañarían las leyes. 

Solo quedaba Misiones, y el operativo presión había comenzado: las últimas 12 horas serían las más intensas. 

Juega el Gobierno

Después de dos meses de recibir golpes en el Congreso, Milei aceptó que Luis Caputo le habilitara la billetera al ministro del Interior, Lisandro Catalán, para poder negociar. Un pedido de Catalán como condición para aceptar el cargo. Los ATN fueron la puerta de entrada para conseguir la atención de los gobernadores, pero el golpe final fue la presentación del Presupuesto 2026. Con su cadena nacional, Milei había conseguido lo más importante: una excusa para los aliados. 

Milei prometió varias cosas en la presentación del Presupuesto: un aumento a las universidades nacionales -que los rectores denunciaron, inmediatamente después, que no alcanzaba para cubrir más de la mitad de los gastos de funcionamientos y recomposiciones salariales adeudadas-; un aumento para la Educación y las jubilaciones; y un aumento para el área de Discapacidad. Los gobernadores aliados salieron a celebrarlo, pero no solo ellos: hasta el PRO sacó un comunicado festejando “la madurez institucional” del presidente. 

El Gobierno necesitaba convencer a los aliados de atar la negociación al Presupuesto 2026. Era un mensaje a los gobernadores, pero fundamentalmente a los radicales violetas y PRO díscolos, como Mariano Campero y Martín Arjol (UCR) o Germana Figueroa Casas y María Eugenia Vidal (PRO). Era, a su vez, un mensaje a los libertarios enojados con Martín Menem, como Oscar Zago, que se habían ausentado en la votación de agosto y mantenían suspenso respecto a su voto.

Milei pretendía ofrecerles, esta vez, lo que se había negado a darles cuando se debatió la emergencia en Discapacidad: la promesa de una contrapropuesta. Aunque fuera lejana. Y, para varios diputados que ya firmaron el pase a las fuerzas del cielo, esa promesa era suficiente. 

Juega la oposición

Mientras que los alfiles políticos del Ejecutivo movían los hilos y presionaban, la oposición respondía con contraoperaciones. Llamaban a los diputados del MID y a los radicales violetas. Los peronistas presionaban a los gobernadores del Norte y los pichettistas intentaban negociar con Ignacio Torres (Chubut) y Frigerio. Intentaban convencerlos para que, al menos, habilitaran a que algunos de los diputados nacionales que les repondían, como Ana Clara Romero, pudieran manifestar su rechazo al veto absteniéndose. 

Era un juego de pesos y contrapesos, y la oposición contaba con dos ventajas. La primera, el arranque favorecedor de la primera votación de agosto. La base de votos afirmativos superaba los 158 votos, por lo que la posibilidad de asegurarse los dos tercios del recinto no quedaba lejos. El escenario político y aritmético era muy distinto al del año pasado, cuando Milei logró blindar su primer veto al incremento del presupuesto universitario.

La segunda ventaja era el espaldarazo del bloque Coherencia, integrado por los ex libertarios que habían abandonado el bloque oficialista debido a su enemistad con Menem. Marcela Pagano, Carlos D’Alessandro, Lourdes Arrieta y Gerardo González habían prometido su apoyo. No solo a los diputados de la oposición, sino a los mismos profesionales de Salud del Garrahan, que también jugaban en esta partida.

Las listas de indecisos circulaban en los chats opositores. También sus cuentas personales de Twitter y de Instagram. La oposición tenía una sola herramienta, la presión social, y pensaba utilizarla. No solo ellos: también las familias del Garrahan y los rectores universitarios comenzaron a levantar el teléfono. Todos estaban a la pesca de los mismos votos.

MC

“El Poder Ejecutivo la va a promulgar. Después tiene que dictar un decreto reglamentario para ver cómo se aplica la ley y eso tiene distintos aspectos. Lo hablaremos con el Presidente. Si fuera por mí me gustaría analizarlo con el ministro del área y con las comisiones del Congreso para ver cómo se puede contemplar ese tema porque esto abre la puerta para nuevas pensiones por discapacidad. Pero resolvamos primero si las que se dieron fueron bien otorgadas”. Con esa explicación el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reconoció que el Gobierno busca demorar la reglamentación de la Emergencia en Discapacidad que sancionó el Congreso luego del veto de Javier Milei.

El ministro coordinador admitió que el Ejecutivo promulgará la norma –tiene un plazo de diez días–, pero pisó su reglamentación, que es la letra chica legal necesaria para que la ley comience a ejecutarse. Este lunes, en una entrevista con Clarín, Francos abrió el paraguas a una negociación con la oposición a partir de que no están claros –según su mirada– de dónde salen los recursos.

El pasado 4 de septiembre el Senado rechazó el veto de Milei contra la ley que declara la Emergencia en Discapacidad hasta diciembre de 2027, luego de que fuera aprobada la insistencia en la Cámara de Diputados. La norma actualiza, entre otros ítems, el nomenclador para los prestadores, así como la regularización de pagos. El argumento mileísta es que no hay recursos suficientes para dichas medidas, pero el impacto fiscal estimado por la Oficina de Presupuesto del Congreso es de apenas entre el 0,22% y 0,42% del PBI.

“Vamos a promulgar la ley como corresponde”, insistió Francos en otro pasaje de su entrevista, pero agregó: “También es cierto que, creo que es el artículo 38 de la ley financiera que dice que el Congreso cuando sanciona una ley debe establecer de dónde salen los recursos. No me pueden endilgar a mí que soy el jefe de Gabinete que vea las partidas, cómo las reacomoda; eso no es solución, es una mentira. Que me digan sino a quién le sacamos, ¿a los jubilados y lo pasamos a discapacidad? Yo estoy dispuesto a reunirme con quien quiera para decirme cómo hacemos. Lo que no hacemos es que me digan, ”che miren, el sistema de discapacidad es este“. Lo que no me parece admisible es que, producto de un tema que genera tanta sensibilidad, la oposición en el Congreso haga un ataque al Gobierno diciéndole, ”che, arréglensela como puedan“. Eso es un ataque al presidente Milei”.

Discusión con los gobernadores por más recursos

Francos marcó la postura del Gobierno a las puertas de la presentación del Presupuesto 2026, este lunes por la noche en cadena nacional por parte de Milei. En medio de la discusión con los gobernadores por más fondos, el jefe de Gabinete adelantó que en el proyecto de Ley de Leyes “no va a haber nada particular para las provincias”. 

El funcionario rechazó que se reactive la obra pública en los distritos –“No creemos que el Estado tenga que participar en eso”, dijo– y sostuvo la negativa de la Nación de coparticipar los ATN (Adelantos del Tesoro de la Nación), que fueron vetados el viernes pasado. 

“Nosotros lo usamos para situaciones de emergencia. Los gobernadores quieren que eso ahora que se coparticipe. Esa puede ser una visión, pero entonces van a tener que hacerse cargo de las situaciones de emergencia. Creemos que eso requiere otro tipo de acuerdo, lo discutiremos, pero no tendrá el Gobierno nacional recursos para situaciones de emergencia”, planteó Francos. 

El Gobierno transfirió justamente el pasado viernes $12.500 millones a cuatro provincias en concepto de ATN: “Las provincias que recibieron los ATN fueron Misiones por $4.000 millones; Entre Ríos por $3.000 millones; Santa Fe por $3.000 millones y Chaco por $2.500 millones”, según precisó un informe de la consultora Politikón Chaco.

En ese marco, este lunes Milei le toma juramento al flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, ascendido para abrir el diálogo con los gobernadores.

MC

“Hay un nuevo mapa político. El peronismo está fuerte y se está levantando”, se entusiasma un gobernador peronista del Norte mientras hace un parate, al mediodía, en una de sus recorridas de campaña. Los empresarios empezaron a llamarlo, a él y a otros de los mandamases del PJ: quieren saber qué plan tienen para 2027, preguntan cómo pueden colaborar, sondean alternativas. Está convencido de que Javier Milei tiene “los días contados” y que, por primera vez en dos años, el peronismo vuelve a convertirse en un factor de poder. 

Desde que Fuerza Patria le sacó 13 puntos en la Provincia de Buenos Aires a La Libertad Avanza que el peronismo vive un estado de frenesí, actividad y algarabía que no sentía desde que Sergio Massa perdió el ballotage en 2023. Axel Kicillof fue el más beneficiado, ya que fue reconocido como el mariscal de la victoria, y emerge ahora como uno de los conductores del peronismo de cara a 2027. Pero la victoria no se limitó a empoderar al gobernador bonaerense, sino que tuvo un efecto radial en el resto del panperonismo.

Algunos jefes territoriales interpretaron el resultado en PBA como el principio del fin del experimento libertario. “Este tipo se está suicidando. En cualquier momento una chispa enciende la pradera”, advierte otro peso pesado del peronismo más tradicional. Mantiene, como muchos, conversaciones con las distintas terminales de la oposición que vislumbran el fin de una era. Miguel Ángel Pichetto, los gobernadores radicales, el empresariado: el teléfono del peronismo está abierto para todos.

Hasta para Victoria Villarruel, que más de uno ironiza que se pasó a las fuerzas del peronismo. La vicepresidenta sostiene un vínculo con el PJ a través de los gobernadores, a quienes fue a visitar en varias ocasiones, y el presidente del bloque en el Senado, José Mayans, con quien mantiene una buena relación. “Ella está en la línea sucesoria, su basesita y vínculos. Pero habrá que ver si se anima a negarlo (a Milei)”, ironiza, jocoso, un dirigente del PJ. 

Ninguno se anima a hablar, sin embargo, ni de gobierno de transición ni de Asamblea Legislativa. Temen que los acusen de golpistas, pero más temen la reacción de Cristina Fernández de Kirchner, quien vio erosionada su centralidad política desde que comenzó la presión domiciliaria, pero continúa recibiendo y dialogando con actores de todo el espectro político desde San José.

La ex presidenta advierte que Milei tiene que terminar su mandato y que cualquier interrupción del ciclo constitucional afectaría, sobre todo, a la población. “Los gobiernos tienen que irse cuando corresponde. Sí, el Gobierno recibió una paliza histórica, pero Macri en 2019 pudo remontar 10 puntos. Hay que ser prudentes”, advierten cerca de CFK, desde donde miran con desconfianza el fervor de fin de ciclo de algunas terminales del peronismo. 

Quien coincide con esta mirada, curiosamente, es Kicillof. Distanciado de CFK, con quien no volvió a hablar desde el cierre de listas nacionales, y enfocado en relanzar el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el gobernador advierte que Milei tiene que terminar su mandato. “Hay que hacer las correcciones necesarias para cambiar esta situación, pero si hay un estallido, la que más va a sufrir es PBA. Los que tenemos responsabilidad de gobernar no podemos especular ni un segundo con eso”, advierten en La Plata.

Empoderado tras el resultado de la elección bonaerense, Kicillof quedó posicionado como un primus inter pares dentro del peronismo. La victoria le dio un piso de legitimidad del que carecía hasta hace una semana, lo que lo convirtió en un foco de atención para varias fuerzas políticas. Los gobernadores del PRO y la UCR lo felicitaron por su triunfo, y ahora Kicillof analiza cómo capitalizar su nuevo peso gravitacional. 

El MDF espera que, a partir de ahora, Kicillof pase a convertirse en uno de los principales interlocutores de la oposición. Una oposición que, tras la derrota de Milei en PBA, también huele sangre y busca maneras de diferenciarse de LLA en las elecciones nacionales. Un caldo de cultivo ideal para un peronismo que buscará dar una muestra de fuerza en el Congreso la semana próxima. 

El Congreso, esa pesadilla libertaria

Tras el fracaso electoral en PBA, Milei no solo no modificó el rumbo, sino que decidió profundizar la hoja de ruta. En Casa Rosada todavía estaban amagando con retomar el contacto de los gobernadores cuando Milei anunció el veto a la emergencia pediátrica en el Hospital Garrahan y al financiamiento de las universidades nacionales. Luego, 24 horas después, cuando los únicos tres gobernadores que aceptaron la convocatoria de Lisandro Catalán acababan de abandonar la Rosada, el presidente dio el zarpazo final y vetó la ley que coparticipa los ATN. 

El Congreso reaccionó rápido, y es muy probable que, esta semana, le voltee los tres vetos presidenciales. 

En la Cámara de Diputados, el titular de la bancada peronista, Germán Martínez, organizó junto al pichettismo y el radicalismo convocó una sesión para el miércoles 17. Encabezan el temario el veto a la emergencia pediátrica y al financiamiento universitario, dos leyes que contarán con el respaldo callejero de una marcha federal universitaria en todas las provincias del país. En el caso de la emergencia en el Garrahan, los dos tercios están casi asegurados: la ley ya logró sumar esa mayoría en agosto y, desde entonces, el Gobierno no ha hecho otra cosa que perder aliados. 

La ley de financiamiento universitario, mientras tanto, será más trabajosa, pero el peronismo aspira a que, con la ayuda del nuevo bloque anti Menem que lideran Marcela Pagano y Carlos D’Alessandro, lograrán voltear el veto presidencial. Los rectores ya están haciendo su trabajo y comenzaron a presionar a diputadas del PRO y la UCR que dan clases en universidades nacionales. 

En el peronismo miran con atención los movimientos de los gobernadores aglutinados bajo el sello de “Provincias Unidas”, que también tiene pretensiones de posicionarse como alternativa a Milei en 2027. Los gobernadores peronistas confían en que Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba) y Gustavo Valdés (Corrientes) acompañarán la iniciativa. “Excepto los tres que cerraron acuerdos electorales, el resto va a ir por la insistencia”, adelanta un mandatario del PJ que dialoga con todos. 

Hay dudas, mientras tanto, sobre lo que hará Ignacio Torres (Chubut), quien también integra la flamante coalición de gobernadores, pero suele ser escurridizo. “Si vas a juntar plata con él, te asalta a la salida. No es confiable”, advierte, irónico, un referente peronista. En este caso intervienen los pichettistas, con Oscar Agost Carreño a la cabeza, que buscarán conseguir que, al menos, habilite a Ana Clara Romero (PRO) a que se ausente o vote a favor. Ella es docente universitaria, como muchas otras diputadas del PRO que se muestran incómodas ante la perspectiva de tener que ayudar a blindar al Gobierno con esta iniciativa.

La Cámara de Diputados, además, sancionará una reforma de la ley de DNU que le quitará a Milei la posibilidad de legislar vía decreto. A Milei y a todos los futuros Ejecutivos, ya que exigirá que los DNU se aprueben en ambas cámaras para ser aprobados. También buscará impulsar la interpelación de Karina Milei y la conformación de una comisión investigadora por el fentanilo adulterado. Toda la carne al asador. 

El peronismo observa que Milei está débil, y buscará aprovechar la situación. También en el Senado, en donde Mayans está trabajando en sesionar el jueves 18 para voltear el veto de coparticipación de los ATN. El jefe de la bancada peronista en el Senado sospecha que los gobernadores saldrán en defensa de la ley que ellos mismos impulsaron, y pretende cerrar la semana con una triple derrota al Gobierno.

“La gente no lo aguanta más. Pero nosotros no vamos a hacer nada, nuestro enemigo lo hará todo”, desliza, sonriente, un peso pesado del peronismo que, por primera vez en años, celebra que el peronismo recuperó su vocación de poder. 

MC/MG

Javier Milei decidió acelerar en la curva, y ahora es el turno del Congreso. Envalentonados tras la derrota de La Libertad Avanza en Provincia de Buenos Aires, la oposición sesionará el próximo miércoles para voltear el veto a la emergencia pediátrica en el Hospital Garrahan y al Financiamiento Educativo. Se esperan marchas federales, paros nacionales y gente en las calles, y la Cámara de Diputados buscará hacer lo propio y pavimentar el inicio de la campaña nacional del Gobierno con dos nuevas derrotas legislativas.

Fue motivo de discusión interna si unir todo en una mega sesión o si ir por partes. Los rectores pidieron tiempo para organizar la marcha federal, la tercera en tiempos de Milei, pero la oposición terminó resolviendo que la mejor estrategia era resolver los dos vetos el mismo día. Las universidades tienen planeado, además, un plan de lucha que comenzará este viernes con un paro general: el objetivo es generar un clima de presión social que permita, de acá al miércoles, torcer las voluntades de los aliados incómodos del oficialismo. 

En el Congreso no hubo sorpresa. La multipartidaria opositora de la Cámara de Diputados estaba preparada cuando llegó la comunicación oficial de los vetos a la Ley de Financiamiento Educativo y a la declaración de la emergencia pediátrica en el Hospital Garrahan. En menos de 12 horas, los secretarios parlamentarios del peronismo, el pichettismo, el radicalismo díscolo, la izquierda y la Coalición Cívica pactaron una reunión virtual para definir un plan de acción y definieron convocar una sesión. 

Había que actuar rápido y aprovechar el clima social que había posibilitado, la semana pasada, voltear el veto a la emergencia en Discapacidad. Pero primero había que asegurar el número.

La ley de emergencia pediátrica es el punto débil del Gobierno. Sancionada al calor de las protestas y medidas de fuerza de los trabajadores y familias del Hospital Garrahan, que reclamaban recursos y una recomposición salarial, la iniciativa se aprobó en Diputados con dos tercios. La ley tuvo solo 67 votos en contra, provenientes de las espadas más leales del PRO y LLA. 

Solo los radicales “con peluca” Luis Picat y Francisco Monti votaron en contra: el resto de la UCR optó por ausentarse o votar a favor. Lo mismo sucedió con los gobernadores más fieles. Ninguno quería exponerse a votar en contra de una ley que buscaba garantizar el funcionamiento del hospital pediátrico más importante de América Latina. 

En la oposición se muestran confiados en que podrán repetir el número e, incluso, sumar algunos votos más entre los gobernadores. La cercanía con las elecciones de octubre juega a su favor, así como la cantidad de heridos que dejó el armado de las listas. El Gobierno se granjeó enemigos en Tucumán, Salta, Córdoba, Santa Fe y Corrientes, que solían jugar con Milei -algunos siempre, algunos a veces- y hoy no encuentran “negocio” en alinearse con LLA. 

El baile de los gobernadores

“Los tipos no quieren subirse al Titanic”, desliza un armador opositor, que dialoga con varios de los gobernadores a los que el Gobierno les creó un Ministerio del Interior para retomar el diálogo. Los tres que fueron el jueves a la Rosada -Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos)- representan el núcleo duro de los “afines”. No son ellos los que la oposición buscará convencer: el ojo está puesto en los que no fueron. 

Algunos, como Gustavo Sáenz (Salta), ya le declararon la guerra al Gobierno. Fiel aliado de Milei durante dos años, el gobernador salteño ahora lo llama “paloma de iglesia” y lo acusa de haberlo “cagado en las obras y en lo electoral”. Una de sus diputadas, Yolanda Vega, ya definió sumarse a varios de los embates opositores: la comisión $LIBRA, la citación a Karina Milei, los dictámenes de la comisión de Discapacidad. El Gobierno no solo pierde aliados solo para una ley, sino que los pierde para todas.

Los gobernadores aglutinados bajo el sello de “Provincias Unidas”, la nueva invención electoral de “centro” del consultor Guillermo Seita, también tienen pretensiones de convertirse en un factor de poder. Maximiliano Pullaro, Martín Llaryora, Gustavo Valdés, Ignacio Torres, Carlos Sadir y Claudio Vidal fantasean con convertirse en una alternativa a Milei en 2027 con el aval del círculo rojo y parte del establishment económico, por lo que juegan a diferenciarse del presidente mientras esperan una llamada de Lisandro Catalán.

En el radicalismo y el pichettismo esperan que, cuando llegue el momento, este sector cumplirá con su palabra y jugará a favor de las leyes. Pero no todos confían. El peronismo sospecha que el ex “Grito Federal” volverá a especular hasta último momento. “Si Nacho Torres te dice que está soleado vos llevá paraguas”, masculla un referente de la bancada peronista. 

Financiamiento Universitario, la revancha

El verdadero desafío de la oposición será lograr lo que no consiguió hace un año, cuando Milei vetó la primera ley de Financiamiento Universitario, causó la primera Marcha Federal universitaria y, pese a todo, logró blindar el veto. La iniciativa contará con el respaldo de los rectores, docentes y estudiantes de todo el país, que marcharán y levantarán el teléfono para presionar a los diputados indecisos. 

“Nosotros necesitamos votos. La marcha está bien, pero necesitamos votos”, sostiene, nerviosa, una diputada del peronismo. La iniciativa, que actualiza los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales y que recompone el salario de docentes y no docentes, fue aprobada en agosto con 158 votos a favor y 75 en contra en agosto. Estuvo a solo un voto de conseguir los dos tercios, casi nada, pero en la oposición están intranquilos.

Tienen cinco días para torcer las voluntades de quienes se abstuvieron o votaron en contra, muchos de los cuales son docentes en universidades nacionales. Ese es el caso de diputadas del PRO, como Ana Clara Romero, Germana Figueroa Casas y Sabrina Ajmechet, o de diputados del radicalismo violeta, como Martín Arjol. “Estamos muy cerca, pero necesitamos compromisos más férreos y que no se caiga ninguno. Empezamos ahora”, anticipa, más esperanzada, una diputada del radicalismo.

La cuenta regresiva comenzó. La oposición está empoderada, observa que el Gobierno no reacciona y aspira a asestarle una nueva derrota legislativa. Milei movió, ahora es turno del Congreso.

MC/MG

Tras la dura derrota electoral del domingo frente al peronismo, Javier Milei tiene el desafío de aferrarse a su modelo de ajuste o de pegar un volantazo con dos medidas inminentes y con fuerte impacto social: los vetos a la emergencia pediátrica en el hospital Garrahan y el presupuesto para las universidades nacionales. También está a tiro el veto a la coparticipación de los Aportes Nacionales del Tesoro (ATN), que sancionó el Congreso a instancias de las provincias, justo cuando el Gobierno busca convocar a los gobernadores a un “diálogo federal”.

El Presidente tiene plazo formal para vetar esas leyes hasta este jueves próximo, cuando se cumple el plazo de 10 días hábiles desde que se informó oficialmente la sanción de las normas.

En ese marco es que los trabajadores del hospital pediátrico y los universitarios ya están en alerta. Una asamblea de médicos en el Garrahan convocó a un paro para el próximo viernes si Milei veta la ley, y hubo una fuerte declaración del rectorado de la UBA. Por el lado de las provincias, los mandatarios locales aún esperan el llamado concreto de Guillermo Francos para una cumbre federal.

Pese a reconocer la derrota y admitir que tendrá que hacer cambios en su gobierno, Milei ratificó el domingo por la noche la política de ajuste económico. Lo mismo aventuró el ministro de Economía, Luis Caputo. Para los libertarios es un mantra el déficit cero y las tres leyes mencionadas afectarían gravemente la billetera de la Nación, según entiende el oficialismo, aunque el costo fiscal no parece significativo.

Si Milei finalmente avanza con los vetos, se abre el juego al Congreso para impulsar la insistencia, todo en medio de la campaña electoral para las elecciones del 26 de octubre. En el Senado se aventura un escenario favorable para volver a aprobar las leyes -como pasó la semana pasada con la emergencia en discapacidad- pero en la Cámara de Diputados la disputa aún está abierta.

La emergencia pediátrica

Los trabajadores del Garrahan, tanto médicos como residentes y administrativos están en alerta si Milei veta la emergencia pediátrica, por lo que ya propusieron para el viernes 12 un paro con posible movilización.

La ley que sancionó el Senado el pasado 21 de agosto propone un freno al vaciamiento por parte de Nación, la recomposición salarial de todos los trabajadores, la actualización de los residentes y el refuerzo del presupuesto. En el Garrahan hay aproximadamente 4.500 trabajadores de planta y 420 residentes. La ley plantea en el artículo 3 la recomposición salarial llevando la grilla a los niveles de noviembre de 2023: implica un 70% de aumento, clave porque es para todos los trabajadores.

La ley también deroga la resolución ministerial de Mario Lugones que degrada las residencias y las convierte en becas, precarizando ese plan laboral. La ley plantea además garantizar insumos, equipamiento y condiciones críticas para la pediatría. Y también la eximición del impuesto a las Ganancias a los trabajadores en pediatría porque hay quienes entran a la cuarta categoría por cobrar apenas unos pesos.

Los universitarios

El rector y los decanos de las 13 facultades de la UBA le reclamaron a Milei que reglamente la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso y pidieron que no la vete porque es “imprescindible” para sostener la educación superior pública y de calidad.

Las autoridades de la UBA grabaron un video de poco más de un minuto de duración que se publicó en redes sociales, en el que recalcan: “Queremos seguir enseñando. Queremos seguir aprendiendo dentro de nuestras aulas con tranquilidad. Queremos que los mejores profesores sigan formando a las próximas generaciones”.

La ley de Financimiento es la segunda que se aprueba tras la sanción y posterior veto blindado del año pasado. En su versión 2025, los puntos clave de la ley son el aumento de las becas Progresar —congeladas en 35 mil pesos— y Manuel Belgrano —en 81 mil pesos—; la paritaria docente, con una pérdida salarial del 38% cuando el Gobierno no convocó a paritarias y dio solo un 5% de aumento; y las partidas para funcionamiento e investigación, que siguen congeladas.

Los fondos de las provincias

Milei también tiene un desafío institucional con los gobernadores porque el Congreso sancionó recientemente la coparticipación de los ATN, que actualmente se reparten a discreción. Aunque el costo fiscal de la medida equivaldría al 0,03% del PBI ($253.000 millones), para la Casa Rosada sería un golpe político ceder ante las provincias.

La ley dispone que a la Nación le corresponderá el 41,2% de ese fondo, mientras que el 58,8% restante se repartirá entre las provincias según los coeficientes de coparticipación.

En ese contexto es que Francos quiere apurar una convocatoria federal, que se anunció este lunes junto a la conformación de una mesa política mileísta. Pero aún nada se concretó y los gobernadores ya alzaron su voz.

Tras un Zoom, los gobernadores de Provincias Unidas ya levantaron su voz: “La gente viene hablando fuerte y claro. El gobierno sigue sin escuchar, paralizado”, se quejó Maximiliano Pullaro, de Santa Fe. El grupo de mandatarios prepara para el viernes una reunión Río Cuarto, Córdoba, como una foto desafiante para Milei.

MC

Javier Milei partió a Estados Unidos en la medianoche del miércoles, horas después de encabezar el cierre de campaña en Moreno. Lo hizo con un telón de fondo áspero: el Senado terminó de voltear el primer veto presidencial en más de dos décadas y reimpuso la Emergencia en Discapacidad a tres días de que se vote en la provincia de Buenos Aires. La simultaneidad de escenas condensó el clima de los últimos días: el Presidente sacándose fotos en Los Ángeles, manifestantes en la la Plaza de los Dos Congresos y la Cámara alta reescribiendo una decisión clave de la Casa Rosada.

La apuesta de Milei es jugar en dos tableros simultáneos: afuera, mostrar músculo de contactos y reafirmar que el programa económico no cambia. Adentro, blindar el objetivo fiscal. El problema es la óptica. A tres días de las elecciones bonaerenses, con indicadores sociales en tensión y el ecosistema libertario aún sacudido por la interna de los audios, el viaje luce como un desentendimiento calculado: delegar el barro local y encarnar en primera persona el relato internacional del “plan en marcha”.

En ese sentido, el contraste es deliberado. Con un oficialismo que repite el mantra (“la prioridad sigue siendo el superavit fiscal”) mientras busca ganar tiempo, Milei combinó este jueves agenda científica, energética y de negocios en territorio norteamericano: almuerzo con la astronauta Noel del Castro –apadrinada por la CONAE para subirse a un vuelo espacial privado–, reunión con Michael Milken, el histórico “rey de los bonos basura”, y encuentros con Mark A. Nelson (Chevron) y el emprendedor argentino Andy Kleinman. La postal previa incluyó un intercambio con medio centenar de ejecutivos convocados por el Instituto Milken, con un mensaje único para los mercados: el ajuste no se negocia.

Durante esos eventos, escoltaron a Milei el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y el embajador argentino en Washington, Alec Oxenford. Esta vez, ni su hermana Karina ni el canciller Gerardo Werthein, habituales en los viajes, lo acompañaron. El tramo a Las Vegas, pensado para sumar citas con inversores de Turismo y una aparición de Fátima Florez, se canceló sobre la marcha para acotar la exposición.

Estrategia oficial

En Buenos Aires, mientras tanto, se encendieron las luces de la “mesa judicial”. La secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal, el viceministro Sebastián Amerio y equipos de la Procuración del Tesoro –bajo la coordinación de Santiago Castro Videla– calibran opciones para que el golpe parlamentario no se traduzca en impacto presupuestario. Según pudo saber elDiarioAR, en el abanico aparecen tres rutas: no promulgar y esperar una demanda para litigar sobre la ejecución, ir en directo a la Corte Suprema con un planteo de nulidad de la sesión por “autoconvocatoria ilegal”, o abrir un frente en lo Contencioso Administrativo bajo el paraguas de la Ley de Administración Financiera.

El Presidente ya había anticipado el libreto días atrás: “Supongamos que me rechazan el veto. Bueno, yo eso lo voy a judicializar. No va a tener efecto ni en el gasto público ni en la cantidad de dinero”. La Casa Rosada insiste en que cualquier norma que eleve el gasto debe explicitar su fuente de financiamiento –artículo 38 de la Ley de Administración Financiera– y que aprobar “sin costo” viola la restricción fiscal. El informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que estimó un impacto de entre 0,22% y 0,42% del PBI sin medidas complementarias, alimentó el alegato oficialista, aunque puertas adentro admiten que, si se suman arrastres y deudas, la cuenta podría crecer.

En ese marco, el Gobierno blanquea un dilema político: la narrativa del déficit cero choca con una demanda social de alta legitimidad. Sin embargo, como si fuera poco, el temario del Senado agregó otro frente: un proyecto que limita el alcance de los DNU al obligar su tratamiento individual, invirtiendo la lógica de la sanción ficta vigente desde 2006. Para el oficialismo, el combo es letal: a la derrota por Discapacidad se suma el riesgo de perder discrecionalidad en una herramienta decisiva para el plan de reformas.

En las oficinas de Balcarce 50 se jactaban este jueves de que a la oposición “no le dan los tiempos para causar daño”, convencidos de que la ventana electoral atenúa la ejecución de cualquier norma con costo. Pero la señal parlamentaria dejó un precedente: los “enemigos” de Milei pueden articular mayorías sobre temas sensibles aun en medio de la campaña, y esa novedad altera los incentivos para el día después de la elección.

El regreso del Presidente está previsto para la madrugada del sábado. Para entonces, su mesa jurídica habrá seguido afinando el hilo de la estrategia: no promulgar, demorar, litigar e insistir con el déficit cero. El lunes, cualquiera sea el resultado en la provincia de Buenos Aires, el Gobierno deberá reconectar los dos planos que hoy lo tensionan: el de un plan económico que se afirma en foros internacionales, y el de un Congreso –y una calle– que aprendieron a ponerle límites.

PL

La Ley de Emergencia en Discapacidad establece beneficios económicos para el sector de las personas con discapacidad. Pero también significa un golpe político al Gobierno, ya que los legisladores doblegaron el veto del presidente Javier Milei y le marcan la agenda sobre un tema más que sensible para el oficialismo: Karina Milei está en el ojo de la tormenta por una supuesta trama de corrupción donde se cobrarían coimas para otorgar contratos con Agencia Nacional de Discapacidad. En ese marco, la norma tiene un significado mayúsculo, y sus puntos centrales son:

El sector universitario prepara una nueva marcha federal contra la decisión de Javier Milei de vetar la nueva ley de financiamiento que sancionó el Congreso la semana pasada. La protesta se definió este jueves en un encuentro de rectores, gremios de docentes y no-docentes, y estudiantes, en el marco del Primer Congreso Nacional de Innovación Universitaria, que se desarrolla en Rosario.

La fecha prevista para la movilización oscila entre el 17 y 24 de septiembre próximos, dos miércoles en los que se espera que se reúna la Cámara de Diputados para debatir el nuevo veto presidencial, según pudo saber elDiarioAR de participantes de la reunión.

La sesión que busca la oposición aún no está confirmada y está a la espera del momento en que Milei haga efectiva su voluntad de vetar la norma ya sancionada.

La semana pasada el Senado aprobó la ley que aumenta el presupuesto universitario con 58 votos a favor, diez en contra y tres abstenciones; es decir que logró ya el aval de los dos tercios del pleno de la Cámara alta. Ahora la insistencia iniciará su recorrido en Diputados, donde la ley se aprobó con 158 votos, quedando muy cerca del piso de los dos tercios que se necesitan para quedar blindada post veto mileísta.

El proyecto impone actualizaciones presupuestarias para el funcionamiento de las universidades teniendo en cuenta lo perdido en 2024 y hasta ahora este años, junto a una convocatoria obligatoria a paritarias y subas en las becas estudiantiles.

La tercera marcha federal coronaría el proceso que se abrió el año pasado con la multitudinaria protesta del 23 de abril. Luego hubo una segunda marcha el 2 de octubre, que si bien fue importante fue menos imponente en su convocatoria, ya que pasó de la Plaza de Mayo al Congreso.

Esas marchas no impidieron que la oposición ratificara la ley aprobada, ya que el oficialismo consiguió blindar el primer veto de Milei gracias a los “85 héroes”, entre ellos los flamantes “radicales con peluca” que acompañaron al oficialismo.

La expectativa de los universitarios es que esta vez la oposición pueda insistir favorablemente con la nueva ley, sobre todo en medio de la seguidilla de golpes parlamentarios y políticos que recibió en las últimas semanas el Gobierno.

MC

La última semana dejó al Gobierno acorralado en el Congreso. El miércoles en Diputados se ratificó el veto presidencial a la ley de movilidad jubilatoria por apenas tres votos, pero se ratificó la ley de emergencia en discapacidad. El jueves en el Senado se acumularon triunfos opositores con la sanción de la ley de financiamiento universitario y la emergencia en el hospital Garrahan, junto el rechazo a decretos que disolvía Vialidad Nacional y degradaba el INTA, además de otros organismos autárquicos.

Las calles acompañaron cada votación con movilizaciones de jubilados, organizaciones de personas con discapacidad, trabajadores estatales, estudiantes y médicos. Todos ahora enfrentan el próximo round. Excepto el aumento jubilatorio, el veto a la emergencia en discapacidad aún tienen que pasar por el Senado. Por otro lado, Milei ya amenazó con vetar el presupuesto universitario y la emergencia en pediatría. Y, a su vez, pese a la caída del DNU sobre el INTA, el Ejecutivo pasó a disponibilidad a sus trabajadores.

Entre la bronca y la celebración parcial, convocados por elDiarioAR, distintas voces directas de los trabajadores e involucrados en cada uno de los sectores que están en pie de lucha contra el Gobierno dan su testimonio en primera persona, con una misma conclusión: los derechos conquistados en el Parlamento solo podrán sostenerse con más organización y protestas populares.

Manuel Gutiérrez, secretario de la Mesa Coordinadora de Jubilados

“El miércoles pasado fue importante el acompañamiento, sobre todo de dirigentes gremiales, las dos CTA presentes. Además hubo un acto unitario porque el equipo de sonido se bancó junto con los compañeros de las organizaciones de discapacidad. Tendría que haber sido de otra envergadura la marcha, pero fue importante en términos de representación política y social. Recordemos que en nuestro reclamo empezamos siendo 20 o 50 personas años atrás y el otro día ya fuimos unos 2000. Eso quiere decir que hay un crecimiento de la solidaridad con los jubilados.

La ratificación del veto la vivimos con una gran bronca y mucha decepción. Existía la posibilidad cierta de que se rechazara el veto. Fue solo por tres votos que no se logró. Estuvo cerca. Y también hay bronca por el sinceramiento del escenario hostil hacia los jubilados. Esto ratifica el camino de crueldad del Gobierno, allanado por la compra de votos.

Los jubilados quedamos en 370 mil pesos: es el congelamiento de la miseria de los jubilados. Una cosa es saber que te van a matar, pero cuando te matan se ve la cosa real. La bronca nos plantea a la Mesa cómo seguir, porque este sinceramiento de Milei debe llevarnos a reflexionar cuál será nuestra estrategia.

La pregunta del millón es cómo seguir: no hay que dejar lo hecho pero también hay que agregar nuevas acciones ante la necesidad de Milei de aplastar a los jubilados. El Gobierno no quiere negociar, el Parlamento está cerrado para nosotros, y entonces decimos que hay que reflexionar sobre que no hay una institucionalidad con la cual conversar. El Estado está cerrado para los jubilados.

Tenemos que buscar estrategias que logren arrancarle estas demandas al Gobierno. La acción tiene que radicalizarse sobre el principio de la soberanía popular y la legitimidad de la Constitución. Lo hecho hasta aquí no alcanzó. Hasta aquí nos ganó, ahora tenemos que radicalizar la lucha en el sentido y espíritu de la defensa constitucional de nuestro derecho, de un criterio humano de existencia y en defensa de un futuro mejor.

Dentro del cambio de actitud tiene que existir la unidad porque es un gobierno que viene por todo. Los miércoles se mantienen en la ciudad de Buenos Aires, pero también en Catamarca, La Rioja, Córdoba, Rosario, Mendoza. En todo el país hay acciones de los jubilados. Sería bueno hacer una gran marcha nacional de los jubilados hacia la ciudad de Buenos Aires.“

Natt Rodríguez, referente de la Red en Discapacidad

“El rechazo al veto lo vivimos con alegría pero con sabor amargo porque acompañamos también a los jubilados. Sabíamos que había un bloque de gobernadores que se estaba separando del Gobierno y veíamos que había una posibilidad, mezclado entre el tratamiento de la ATN y el reparto a las provincias.

Con las movilizaciones en discapacidad a nivel nacional le fue más difícil al Gobierno. La protesta que pudimos hacer jugó el peso necesario para que saliera la ley y vimos cómo negociaron con los jubilados y los gobernadores. Pero vamos a seguir los miércoles con los jubilados para exigir el tratamiento en el Senado de la ley en discapacidad.

Ahora tiene que tratarse el veto en el Senado. Mantenemos la lucha hasta el final, hasta que se caiga por completo. Quisimos que se trate el jueves en el Senado pero no entró. Hay diez días para que los senadores convoquen, traten y derriben el veto. Ahí fue donde la ley más fuerza tuvo y creemos que puede caer el veto.

Pero dilatar tanto el proceso hace que la emergencia que pedíamos ya quede chica, porque sigue sin haber aumentos en el nomenclador. Con certificado hay unas 5 millones de personas, el 16% de la población total. Y alrededor de un millón son los que están cobrando pensiones contributivas, pero ya hay 60.000 recortadas. Las bajas son de quienes no se presentaron a chequear la pensión porque nunca les llegó la información.

La pensión está en 270 mil pesos con el bono congelado, como los jubilados. A eso la ley impone una actualización y también la posibilidad de que sea compatible con un trabajo, porque ahora directamente te dan de baja. El nomenclador de los profesionales —como los acompañantes terapéuticos— está en unos 3000 pesos la hora, que también la ley busca actualizar. Por último, se contempla la condonación de deudas, por ejemplo con el monotributo, y obliga a las empresas privadas a que contraten personal con discapacidad.

Ahora le explotó un escándalo de corrupción en la ANDIS y habrá que ver cómo se desarrolla, porque el caso llega hasta Milei. Veníamos denunciando a Spagnuolo desde que asumió: fue el de los insultos a Ian Moche. Ya ahí empezábamos a ver este perfil. Sin perspectiva ni trayectoria en discapacidad, estaba ahí más por una amistad con Milei que por una trayectoria en el sector. Hoy nos damos cuenta de que se están enriqueciendo a costa de las personas con discapacidad: no entregan sillas de ruedas ni bastones y recortan las prestaciones.“

Julieta Boedo, trabajadora delegada de ATE en el INTA

“El jueves tuvimos una victoria contundente en el Senado con el rechazo al DNU 462, pero en poco tiempo nos notificaron los pases a disponibilidad. A las doce de la noche tuvimos en nuestras casillas de mail notificaciones del pase a disponibilidad: 286 trabajadores del INTA, 8 en el Instituto Nacional de Semillas (INASE) y 49 del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). Y este viernes a la mañana en el Boletín Oficial salió que en la Agencia de Seguridad Vial hay pase a disponibilidad de 97 trabajadores.

El pase a disponibilidad implica que quedás en una lista, una especie de bolsa, a la espera de que te anoticien si alguien requiere tu capacidad. Te sacan del escritorio y te ubican de acuerdo a tu antigüedad. Si tenés hasta 15 años de antigüedad, tenés seis meses en disponibilidad. Ellos nos convierten en ñoquis. Es un despido encubierto con unos meses de margen. Además nos sacan las funciones específicas, solo nos dejan las básicas y nos bajan el viático. Son improvisados y están fuera de la ley. Y no lo decimos solo nosotros: lo dice la Justicia y lo dice el Congreso.

Porque todo eso ocurrió no solo habiéndose volteado el decreto, sino dos días después de que la Justicia fallara a favor nuestro, porque el tribunal de San Martín exigió al Ejecutivo no innovar y abstenerse de pases a disponibilidad y traslados. Entonces, avasallaron la Justicia y el Congreso a pleno, no solo es contra los trabajadores del INTA. Es totalmente ilegal e irregular lo que hicieron.

Esto lo vamos a dar vuelta: tenemos con qué. Es una embestida contra la gran victoria en el Senado. Esta semana cambió el escenario político. Se viene una resistencia más dura. Están liberando otro escenario, hay denuncias de coimas hacia el Ejecutivo.

Pero en concreto desde el jueves a la tarde, cuando se cayó el DNU, el INTA volvió a ser autárquico: no dependemos de la Secretaría de Agricultura ni del Ministerio de Economía. Lo que hicieron con el pase a disponibilidad es totalmente ilegal. Este viernes pudimos entrar a trabajar; el lunes veremos qué sucede.“

Alejandro Lipco, delegado del Hospital Garrahan

“La sanción de la ley de emergencia en pediatría se vive como un triunfo. Es indudable que es resultado de una lucha que se dio en forma muy amplia pero con los métodos propios de los trabajadores y trabajadoras: paros, movilizaciones y organización tanto dentro del hospital como fuera.

Tuvimos un apoyo social enorme que se canalizó en movilizaciones, con la más significativa el 17 de julio con la Plaza de Mayo llena. No tenemos la opinión de que se trató simplemente de un gesto del Parlamento, que le viene dando la espalda a los reclamos populares, sino que acá la lucha impuso una agenda y que se vio reflejada en este proyecto de ley.

Que se haya aprobado la ley es una primera conquista. Al mismo tiempo no se nos escapa que con la sola aprobación de la ley no basta. Ahora se tiene que implementar y habrá que quebrar la política del Gobierno, que anticipa el veto. Estamos a la espera de que eso ocurra.

Tenemos un plan de acción sin esperar el veto. Primero, porque ya sabemos que está planteado. Segundo, porque no podemos esperar que el Gobierno lo vete y que las mayorías en el Congreso se cambien o se compren de acuerdo a la relación de los gobernadores con el Ejecutivo. Por eso este jueves 28 tenemos lanzado un paro: queremos que se implemente la ley cuanto antes.

Esa ley es un primer paso para poner un freno al vaciamiento, por la recomposición salarial de todos los trabajadores, la actualización de los residentes y el refuerzo del presupuesto. En el Garrahan hay aproximadamente 4.500 trabajadores de planta y residentes hay unos 420. La ley plantea en el artículo 3 la recomposición salarial llevando la grilla a los niveles de noviembre de 2023: implica un 70% de aumento, clave porque es para todos los trabajadores.

La ley también deroga la resolución ministerial de Mario Lugones que degrada las residencias y las convierte en becas, precarizando ese plan laboral. La ley plantea además garantizar insumos, equipamiento y condiciones críticas para la pediatría. Y también la eximición del impuesto a las Ganancias a los trabajadores en pediatría porque hay quienes entran a la cuarta categoría por cobrar apenas unos pesos.

El costo electoral para el Gobierno es un activo de la lucha que hay que explotar. Y hay que derrotar. Por eso no solo tenemos el llamado al paro la semana que viene, sino que nos mantenemos en asambleas. Si el veto ocurre, y se combina con el veto a las universidades —donde tenemos muchos vasos comunicantes con docentes, no docentes y estudiantes—, se está planteado que reventemos las calles.“

Nahuen Corbeletto, estudiante universitario, dirigente de la agrupación CEPA

“La ley de financiamiento universitario es un triunfo de la lucha por la universidad pública que viene desde el año pasado y ya logró por segunda vez una ley de financiamiento. Ahora nos preparamos para enfrentar de nuevo el veto. Porque el Gobierno, como hizo con todas las cosas que se conquistaron en la calle, anuncia que las va a vetar.

Queremos construir una gran marcha universitaria para mediados de septiembre y desde cada lugar del país volver a decirle al Gobierno que deje de atacar a la universidad pública. La marcha de septiembre está charlada en el gran frente: autoridades, gremios y estudiantes. Entre el 28 y 29 de agosto, la semana que viene, se pondrá fecha a la movilización. Sabemos que está la ley, pero tenemos que lograr que se rechace el veto.

Lo principal va a pasar por la capacidad de movilizar y demostrar fuerza de vuelta en la calle. El conjunto de luchas afectadas por las medidas del Gobierno hizo que en el Congreso se rechazaran varios vetos. El punto está en generar fuerza desde cada curso, facultad y universidad para que el Congreso escuche lo que viene de abajo, y no que haya diputados o senadores que están escuchando más al Gobierno que a los universitarios.

Los puntos clave de la ley son el aumento de las becas Progresar —congeladas en 35 mil pesos— y Manuel Belgrano —en 81 mil pesos—; la paritaria docente, con una pérdida salarial del 38% cuando el Gobierno no convocó a paritarias y dio solo un 5% de aumento; y las partidas para funcionamiento e investigación, que siguen congeladas. Estudiantes somos 2 millones y, en proporción, el presupuesto está en niveles de 2004, cuando había apenas un poco más de un millón de estudiantes.

Se empieza a escuchar que muchos que lo votaron con alguna esperanza están arrepentidos o decepcionados. Otros ya no creen que las elecciones puedan cambiar algo, por eso no van a votar. Pero la llave para resolver esto la tiene el Gobierno. Está en juego terminar o no el año académico, porque ahora los docentes van a paros rotativos, se afectan las mesas de exámenes y los estudiantes no podemos avanzar en las carreras ni recibirnos.“

Laura Jordan, trabajadora de Vialidad Nacional

“Yo tengo un cariño familiar por la repartición: en Vialidad trabajaron mi papá y dos tíos míos. Por eso viajamos desde varias provincias a Capital Federal para estar en la marcha por la votación en el Congreso con el DNU que disolvía Vialidad Nacional. Yo me había perdido la votación en diputados y quería estar en el Senado. Compramos el pasaje hasta Retiro y de ahí nos fuimos en subte hasta la sede, y de ahí salió la marcha al Congreso. A las diez y media de la mañana llegamos y a las diez y media de la noche ya nos volvimos.

El momento de la votación fue parecido a cuando salimos campeones en el Mundial: querer gritar, que se te va la garganta, saltar. Corríamos riesgo como repartición de dejar de existir. En los momentos previos, escuchando si ya se votaba el decreto nuestro o no, se nos cortaba la voz.

Tuvimos que aprender sobre cuestiones parlamentarias cuando salió el decreto del 8 de julio, que se anunciaba como que se quería fusionar Vialidad, pero en realidad la dejaba directamente sin existir. Preguntamos cómo llegar a diputados y senadores para que nos escuchen, buscamos el acta de votación y el orden de los oradores.

Ahora podemos decir que el decreto no tiene vigencia: Vialidad sigue existiendo como repartición. No nos van a desaparecer. Vamos a seguir teniendo el mismo convenio de trabajo. Al volver para atrás seguimos existiendo, aunque no quiere decir que no vayan a despedir gente o cambiar jefes, porque los jefes de distrito son políticos.

Los cambios con este Gobierno se hicieron de a poco: en Córdoba en agosto nos cambiaron el jefe de distrito. Nos pidió el legado de cada uno y pidió reuniones. La verdad es que necesitábamos que nos ordene, pero no echar gente, sino acomodar prioridades.

En Vialidad sí hay ñoquis, pero no nos tienen que meter a todos en la misma bolsa. Además, se minimiza el trabajo administrativo, que es base para los que van a rutas, campamentos u otros distritos. A nivel nacional somos 5.100 trabajadores; en Córdoba éramos 260, aunque unos diez renunciaron y otros se jubilaron. Hay que pensar lo duro que es que uno da 30 o 40 años de trabajo y el día que te jubilás te vas como si nada, habiendo entregado más de la mitad de tu vida. Eso somos para el país: tristísimo.

Después de esas primeras reuniones, en febrero nos cambiaron los horarios de trabajo. Nos avisaron por WhatsApp un jueves para el lunes siguiente. Fue terrible: mucha gente tuvo que pedir licencia para acomodarse con su familia.

Económicamente estamos sin guardia, así que la cubrimos entre compañeros. Hace un año no tenemos aumento. Siempre está la amenaza de que nos cortan luz, gas o internet. Ya nos cortaron en la oficina el agua potable, así que la pagamos entre nosotros.

Y la última bomba fue el 8 de julio, con el decreto de Milei. Por eso la alegría del jueves fue como salir campeones. Ya dijimos que si tenemos que volver a Buenos Aires, vamos a volver. Esta lucha entre compañeros, incluso con o sin los sindicatos, nos une más. Un día estás arriba y otro día abajo. En estos momentos es así, hay que estar juntos.“

MC

A minutos de que arranque la sesión clave en la Cámara de Diputados, el Gobierno dio una señal en busca de desactivar la presión opositora. El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó este miércoles que “se está considerando” un aumento en las prestaciones destinadas a personas con discapacidad, uno de los temas más sensibles que aparecen en el temario del recinto y que pondrá a prueba el blindaje legislativo de Javier Milei.

“El Gobierno Nacional está considerando un aumento en todas las prestaciones destinadas a personas con discapacidad. Nuestra decisión es priorizar la atención de las personas con discapacidad, fortaleciendo las prestaciones médicas, terapéuticas y de apoyo”, publicó Adorni en su cuenta de X. El funcionario aclaró que, de concretarse, la medida se ejecutaría con fondos obtenidos “a partir de auditar las pensiones por invalidez mal otorgadas y terminar con ‘curros’ de muchos años”.

El mensaje, sin embargo, no constituye un anuncio formal ni detalla montos ni plazos. Se trata de un gesto político en la antesala de una sesión donde la oposición buscará insistir con la Ley de Emergencia en Discapacidad, una de las tres normas que Milei vetó a comienzos de agosto junto con la movilidad jubilatoria y la moratoria previsional. Desde el oficialismo reconocen que la idea de una medida paliativa estuvo siempre en evaluación, aunque remarcan que cualquier definición quedará atada a lo que ocurra en el recinto.

La declaración de Adorni llega en medio de un cuadro de presión creciente. En las calles, jubilados y organizaciones sociales volverán a movilizarse hoy en rechazo al veto, mientras que en el plano judicial, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, acaba de declarar inconstitucional el decreto 534/2025 que anuló la ley de discapacidad, al sostener que vulnera compromisos internacionales de la Argentina en materia de protección de la infancia y los derechos de las personas con discapacidad.

A esa presión se suma ahora la incertidumbre sobre la propia dinámica parlamentaria. Según confiaron fuentes parlamentarias a elDiarioAR, en la reunión de labor parlamentaria Unión por la Patria pidió retrasar el inicio de la sesión a las 13 por demoras en vuelos, pero Martín Menem no aceptó. El quórum para abrir la sesión se consiguió igualmente con 136 diputados y la oposición propone una sesión de diez horas. El presidente de la Cámara baja, sin embargo, ya adelantó que exigirá dos tercios para habilitar el tratamiento de los vetos, al considerar que deben pasar primero por comisión. Como ninguno de los cuatro vetos pasó por comisiones, el oficialismo apelará a ese argumento reglamentario para frenar su debate sobre tablas.

El escenario es difuso: sólo habría dos tercios para habilitar y rechazar el veto en discapacidad, pero no en el resto de los vetos. Esta maniobra, advierten en el Congreso, “empioja todo” y abre la posibilidad de que la sesión arranque con un temario recortado o directamente quede empantanada. Si Menem se mantiene en esa posición, la oposición podría optar por pedir un emplazamiento a las comisiones para que saquen dictamen y recién entonces volver a sesionar en algunas semanas.

En este sentido, el gesto de Adorni es, en los hechos, un movimiento preventivo: un intento de enviar señales antes de que los diputados se sienten a votar si respaldan o no la principal herramienta de poder que el Presidente desplegó desde el inicio de su gestión: el veto presidencial. Lo que suceda en las próximas horas es una incógnita. La oposición promete dar pelea, el oficialismo apuesta a frenar el debate con recursos reglamentarios y la calle presiona por resultados. Milei, mientras tanto, se juega su blindaje legislativo en plena campaña electoral.

PL/MC

La marcha de jubilados y de personas con discapacidad de este miércoles buscará presionar desde la calle a los diputados que discutirán dentro del Congreso los vetos de Javier Milei al aumento de los haberes, la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad. Pero la protesta tiene un condimento extra: será la primera que tenga que reprimir Patricia Bullrich ya como flamante candidata a senadora del Gobierno por la Ciudad de Buenos Aires.

En el entorno de la ministra de Seguridad consideraron ante elDiarioAR que es “un activo” para su campaña la insistencia de la mano dura. Desde hace meses, cada miércoles las fuerzas federales saturan las inmediaciones del Palacio Legislativo para evitar que la marcha semanal de los jubilados se acerque apenas al edificio parlamentario.

Pero el protocolo antipiquete genera igualmente problemas de tránsito y ya tuvo momentos de extrema violencia contra los manifestantes. La semana pasada se detuvieron a dos trabajadoras de prensa de ATE que tuvieron que ser liberadas a las pocas horas por falta de pruebas.

En los primeros seis meses de este año, la represión de Bullrich provocó más heridos y detenidos que en todo 2024. Hasta julio se registraron 1.251 personas heridas y 130 detenciones.

En ese marco, ayer elDiarioAR reveló en exclusiva que fue identificado el prefecto que atacó a Jonathan Navarro en un ojo durante la protesta del 12 de marzo, el mismo día en que un gendarme hirió de gravedad al fotógrafo Pablo Grillo. La jueza María Servini llamó a indagatoria a ambos agentes -el prefecto Sebastián Emanuel Martínez y el gendarme Héctor Guerrero- para septiembre y les prohibió salir del país.

La protesta de este miércoles se aventura masiva, ante la convocatoria realizada tanto por las agrupaciones de jubilados como de las personas con discapacidad. La convocatoria en la plaza frente al Congreso es desde las 12 y también habrá concentraciónes en distintas plazas del país.

“La expectativa es que se logre derogar los vetos de Milei y que la leyes se hagan efectivas. Este segundo veto es un sinceramiento del Gobierno de una política muy mala para las jubilados. La vamos a pasar peor a lo mal que ya venimos. Ya esto es una reforma jubilatoria, quieren que desaparezcan las jubilaciones y que se transformen en pensiones a la vejez”, señaló a elDiarioAR Manuel Gutiérrez, secretario general de la Mesa Coordinadora de los jubilados.

La iniciativa que busca imponer la oposición implica un aumento para todas las jubilaciones y pensiones del 7,2% -excepto los regímenes especiales- y un incremento para el bono, que pasaría de $ 70 mil a $ 110 mil y se actualizaría por inflación. La segunda iniciativa dispone la extensión por 2 años de la moratoria previsional, que perdió vigencia el 23 de marzo de 2025.

Por su lado, la Ley de Emergencia en Discapacidad busca declarar la emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027. Propone regularizar pagos, actualizar aranceles para los prestadores de servicios, reformar el sistema de pensiones no contributivas, reforzar la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y cumplir con el cupo laboral para personas con discapacidad.

“La situación es muy grave en el sector discapacidad: los tratamientos interdisciplinarios están caídos, los transportistas no pueden salir y cada vez hay más recortes en las pensiones no contributivas. Por eso apuntamos a que caiga el veto, porque las votaciones para la sanción salió con más de dos tercios. Apelamos a que los diputados rechacen el veto antidemocrático y que rápidamente el Senado lo pueda votar también”, apuntó a elDiarioAR Natt Rodríguez, referente de la Red de Discapacidad.

MC

Un tetris de ausencias, votos afirmativos y abstenciones podría pavimentar la próxima (y más grande) derrota de Javier Milei en el Congreso. En eso trabaja la oposición desde hace más de 24 horas: un intrincado juego de seducción y presiones para con los aliados heridos del Gobierno y los gobernadores que amagan con independizarse para lograr, así, poner contra las cuerdas a un Gobierno que pretende sostener la bandera del déficit cero frente a una multitud de jubilados y familiares de personas con discapacidad, que reclaman respuestas en plena campaña electoral.

El ariete social de la sesión de la Cámara de Diputados, que comenzará al mediodía, será la insistencia en la emergencia en discapacidad, que el presidente de la Nación vetó este mes. La ley tuvo un espaldarazo de la Justicia el lunes, luego de que el juez de Campana, Adrián González Charvay, declarase la inconstitucionalidad del veto. Este dato, sumado a la presencia de las organizaciones de familiares de personas con discapacidad en la calle, servirá de caldo de cultivo para impulsar un operativo presión que permita romper la red de alianzas del Ejecutivo.

La ley actualiza las prestaciones y fortalece el financiamiento de las pensiones por discapacidad, y será el primer tema a discutir en el recinto. En la oposición consiguió 136 diputados para el quórum y ahora busca el plato fuerte con las votaciones. Es decir: conseguir, por primera vez en la era Milei, los dos tercios para insistir en una ley vetada en la Cámara de Diputados.

De todas los vetos a tratar en la sesión, la emergencia en discapacidad es la ley que tiene más posibilidades de salir, en eso coinciden tanto los jefes opositores como las espadas oficialistas. Los primeros con entusiasmo, los segundos casi con resignación. La Cámara de Diputados ya había logrado alcanzar los dos tercios cuando aprobó la ley en junio: con 149 votos a favor, 71 en contra y 3 abstenciones, la oposición había logrado anotarse el número mágico gracias a las 32 ausencias de algunos aliados oficialistas incómodos. El objetivo, ahora, será sostener los positivos y torcer la mayoría de las ausencias a su favor.

La base de los votos a favor de la ley la garantizarán el peronismo de Unión por la Patria, el pichettismo de Encuentro Federal, la izquierda, el radicalismo díscolo de Democracia para Siempre y la Coalición Cívica. En junio, cuando la ley se aprobó, el radicalismo oficialista que conduce Rodrigo de Loredo votó a favor de la ley y, frente al resultado de los cierres de listas nacionales —que dejaron a varios radicales, como este mismo cordobés— por fuera de la boleta violeta de La Libertad Avanza, la oposición confía en que el resentimiento contra Karina Milei funcionará como insumo para sostener su voto afirmativo.

Entre las abstenciones está la cordobesa Alejandra Torres, que ya prometió que, esta vez, sí acompañará la ley. El gobernador Martín Llaryora, incluso, salió fuerte con un video respaldando la iniciativa: “En Córdoba le decimos no al veto. La ley no pone en riesgo el equilibrio fiscal, pero sí la vida de miles de personas”, anticipó a través de sus redes sociales.

Sus pares en el nuevo artificio electoral de centro denominado “Provincias Unidas”, que incluye a Ignacio Torres (Chubut), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Carlos Sadir (Jujuy), guardaron silencio. Cada uno de ellos competirá con La Libertad Avanza en sus provincias y deberá hacer correr a sus candidatos y candidatas con la votación de discapacidad y jubilaciones sobre la cabeza. En plena campaña electoral, la oposición jugará a la presión y al escrache como mecanismo para conseguir votos a favor de las leyes.

Esta estrategia se hará carne, fundamentalmente, cuando llegue el momento de voltear el veto al aumento del bono y del 7,2% para las jubilaciones. La insistencia de la ley, que se tratará justo después de la de discapacidad, se encuentra en un empate técnico. La oposición necesita torcer más de 10 votos para que jueguen a favor y, en simultáneo, asegurarse de que los que coquetean con abstenerse o votar en contra no lo hagan, sino que se ausenten.

En un escenario de mayorías de 145-150 votos a favor de las leyes, la oposición necesita que quienes no acompañen se ausenten. Una abstención, en este contexto, es un guiño al Gobierno. “Votar afirmativo es defender a los jubilados. Votar en contra o abstenerse es defender al Gobierno”, grafica, pedagógico, el pichettista Oscar Agost Carreño, uno de los principales armadores de la oposición junto a diputados como Germán Martínez y Paula Penacca (UxP), Carla Carrizo (DPS), Maximiliano Ferraro (CC) y “Chipi” Castillo (FIT).

El ojo estará puesto, entonces, en 18 diputados y diputadas del PRO y la UCR que se abstuvieron en la última votación. En el caso del PRO son pocos los diputados que están dispuestos a cruzar al Gobierno luego de haber cerrado alianzas en casi todo el territorio nacional. Hay algunas excepciones, como Silvia Lospennato, Germana Figueroa Casas, María Eugenia Vidal o Sofía Brambilla: todas diputadas que resienten la fusión con LLA y buscan maneras de diferenciarse.

En el caso de la UCR, la mira estará puesta en todas las víctimas de los cierres provinciales. Este es el caso de los cordobeses, como De Loredo, Gabriela Brouwer y Soledad Carrizo, así como de los porteños y bonaerenses, como Karina Banfi o Martín Tetaz. Algunos, como Tetaz, ya anticipan que rechazarán todos los vetos. Otros, como De Loredo, aguardarán hasta último momento para tomar una decisión.

No son los únicos. Los cierres de listas dejaron muchos heridos, incluso entre algunos de los más fieles aliados del Gobierno. Es el caso de los radicales “con peluca” como Mariano Campero o Martín Arjol, que quedaron por fuera de las boletas. O el jefe del MID, Oscar Zago. O todos los gobernadores norteños, como Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Hugo Passalacqua (Misiones), que dependen de los recursos de la Nación, pero ahora tendrán que competir con LLA en sus distritos.

La oposición tiene una estrategia para estos sectores: la inclusión, más adelante en el temario, de los dos proyectos de los gobernadores destinados a fondear las cuentas públicas. Es decir el que reparte de manera automática los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el que coparticipa parte de lo que se recauda con el impuesto a los combustibles líquidos. De aprobarse, las dos leyes se convertirán ley y es probable que arrastren una mayoría muy cercana a los dos tercios. Es decir, que llegaran bien paradas para un futuro veto presidencial.

La oposición, sin embargo, tomó una decisión estratégica: dejará los proyectos para el final de la sesión, de modo de tener garantizado un gancho que evite que los gobernadores ayuden al oficialismo a dejar sin quórum la sesión. Especialmente cuando llegue uno de los temas más delicados de la jornada: la comisión $LIBRA.

Comisión $LIBRA: la tercera es la vencida

La oposición, este miércoles, volverá a insistir para reactivar la comisión encargada de investigar el criptoescándalo que viene sacudiendo el corazón del gobierno libertario desde que, el 14 de febrero, Milei difundió una criptomoneda que terminó generando pérdidas millonarias.

El objetivo es modificar la resolución que creó la comisión investigadora hace ya cuatro meses y que nunca pudo funcionar debido a un empantanamiento digitado desde la oficina de Martín Menem. El riojano había logrado llevar a la comisión a una situación de empate entre el oficialismo y la oposición que imposibilitó, durante meses, que la comisión pudiera designar a sus autoridades y, así, tener las herramientas para recabar pruebas y citar a testigos.

La oposición busca, ahora, establecer una cláusula que especifique que, ante la imposibilidad de designar las autoridades, la presidencia de la comisión quedará en manos del bloque mayoritario de la oposición. Es decir, UxP.

De conseguir mayoría —y en la oposición están seguros de que la conseguirán— la Cámara de Diputados podría abrirle la puerta a uno de los mayores temores del Gobierno: habilitar el funcionamiento de una comisión que investigue el criptoescándalo en plena campaña electoral.

MC/JJD

La Casa Rosada atraviesa horas de máxima tensión política en la antesala de la sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados, donde la oposición intentará avanzar con una batería de proyectos que ponen en jaque al oficialismo. El recuerdo fresco de la derrota sufrida en julio en el Senado alimenta el temor de que Javier Milei pueda encadenar otro traspié legislativo, esta vez en plena antesala electoral y con las listas recién cerradas.

El clima de confrontación se instaló a comienzos de agosto, cuando el Presidente decidió volver a apelar al veto. En el filo del plazo legal y con un guiño explícito del Fondo Monetario Internacional (FMI), Milei rechazó tres leyes sancionadas por el Congreso: la movilidad jubilatoria, la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad. “Somos coherentes: todo lo que afecte el equilibrio fiscal va a ser rechazado”, defendieron fuentes oficiales ante elDiarioAR. El organismo internacional respaldó la jugada en su último Staff Report, al destacar el uso del veto como herramienta para “preservar el ancla fiscal y las ganancias de estabilidad económica”.

Los vetos de Milei alcanzaron a tres normas sensibles: una que establecía un aumento de emergencia del 7,2% para jubilados, con un bono de $110.000; otra que reinstalaba la moratoria previsional por dos años; y una tercera que declaraba la emergencia nacional en discapacidad hasta 2026, con nuevas pensiones no contributivas y compensaciones extraordinarias para prestadores del sistema.

Aunque la estrategia libertaria combina dureza discursiva con blindaje legislativo, en Balcarce 50 también se barajan concesiones puntuales. Una medida paliativa en discapacidad —como la actualización parcial del nomenclador— podría anunciarse tras la votación. “Sería mucho más barato que incrementar jubilaciones o reabrir la moratoria”, deslizan en el oficialismo. Con respecto a los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), en julio la Nación distribuyó $10.500 millones de manera discrecional a provincias afines. Ahora no descartan aceptar cambios en el reparto si eso ayuda a mantener el escudo de los vetos.

Es que el temario de este miércoles incluye también los proyectos impulsados por los gobernadores, dictaminados la semana pasada en las comisiones de Presupuesto y de Energía y Combustibles. Se trata del reparto de los ATN y de lo recaudado por el impuesto a los combustibles líquidos, dos cajas claves en tiempos de ajuste. La oposición llevó al recinto un dictamen de mayoría que avala lo aprobado en el Senado, mientras que La Libertad Avanza, el PRO y legisladores cercanos a mandatarios aliados presentaron un dictamen alternativo. Entre ellos, los radicales mendocinos que responden a Alfredo Cornejo y la sanjuanina Nancy Picón Martínez, alineada con Marcelo Orrego.

El oficialismo activó hace algunas semanas un operativo blindaje. Con asistencia perfecta, se requieren 172 votos para insistir con una ley vetada. El presidente de la Cámara baja, Martín Menem, busca repetir la fórmula de 2024, cuanfo Milei logró sostener sus vetos con 87 votos. “Con un tercio alcanza, no necesitamos más. El programa económico depende de que no nos volteen los vetos”, confesó un funcionario a elDiarioAR. La ingeniería legislativa consiste en inducir ausencias, promover abstenciones y acordar discretamente con gobernadores para evitar que la oposición junte los dos tercios.

Sin embargo, del otro lado, el bloque opositor no se quedó atrás y comenzó a detectar fisuras en el oficialismo. Entre los posibles aliados en la votación de mañana figuran los llamados “heridos políticos”, legisladores que quedaron al margen de la disputa electoral tras el cierre de listas. El caso más resonante es el de Rodrigo De Loredo. El jefe del bloque de la UCR rechazó sumarse a la estrategia electoral libertaria y decidió no ser candidato, en un gesto que golpeó a Balcarce 50. “A un cordobés pueden pedirle muchas cosas, pero no sumisión”, lanzó, en una frase que se leyó como un portazo a Milei y un mensaje de autonomía hacia sus propios votantes. Para la oposición, su definición es más que un detalle: deja abierta la posibilidad de que el radical cordobés se sume a los votos contra el Gobierno en temas clave, alterando el fino equilibrio que necesita el oficialismo para sostener su escudo legislativo.

La calle también presiona. Jubilados y organizaciones sociales volverán a marchar al Congreso este miércoles, a lo que se sumó también otro hecho inesperado: el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, declaró la inconstitucionalidad del decreto 534/2025 con el que Milei había vetado la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad.

El fallo, dictado en el marco de un amparo presentado por dos padres de niños con discapacidad, sostuvo que la medida vulnera compromisos internacionales asumidos por la Argentina y reafirmó que “el derecho a la salud, educación y rehabilitación de niños con discapacidad debe prevalecer frente a restricciones presupuestarias”. La resolución restituyó las prestaciones para los menores involucrados y podría sentar un precedente en materia de control judicial sobre los vetos presidenciales, reabriendo un debate de alto voltaje en el Congreso.

Con las negociaciones agotadas, lo que suceda en el recinto este miércoles se volvió una incógnita. Entre la pulseada con los gobernadores, la presión de los sectores más castigados por el ajuste y el ruido electoral, Milei enfrenta una semana que condensa el drama de su gestión: defender el equilibrio fiscal en campaña y evitar que su principal herramienta de poder —el veto presidencial— se resquebraje en Diputados.

PL/JJD

La Justicia Federal le propinó un revés al Gobierno Nacional al declarar la invalidez del veto presidencial a la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad. El fallo, dictado por el Juzgado Federal de Campana, responde a una acción de amparo y, si bien sus efectos se limitan al caso particular, establece un importante precedente judicial.

La decisión judicial declaró específicamente la invalidez del Artículo 3 del Decreto 534/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo vetó por completo la Ley 27.793. Es importante aclarar que, como señaló la periodista Vanesa Petrillo al difundir el fallo, la medida aplica únicamente al caso concreto de los demandantes y no tiene alcance general.

El caso y sus consecuencias inmediatas

La resolución judicial responde a una demanda iniciada por dos personas contra el Estado Nacional y tiene efectos directos sobre las prestaciones que reciben dos menores de edad involucrados en la causa.

Aunque el Gobierno puede apelar la medida, este fallo representa la primera resolución judicial que anula los efectos del veto presidencial en materia de discapacidad y abre la puerta a que se presenten recursos de amparo similares en otros juzgados del país.

Con información de la agencia NA

El presidente Javier Milei hablará este jueves a las 21 en cadena nacional en un mensaje en el que busca exponer los vetos a las leyes y responder ante la derrota legislativa que sufrió el Poder Ejecutivo el pasado miércoles en la Cámara de Diputados.

Así lo confirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en la habitual conferencia de prensa, en la que detalló que abordará la derogación de los decretos delegados que anulan la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Dirección Nacional de Vialidad, los cambios sobre el INTA y el INTI, así como las reformas en el Banco Nacional de Datos Genéticos y sobre institutos culturales.

“No cuestionamos la función del INTA, pero sí la burocracia administrativa que tenía. Tenía como seis mil empleados y tres mil automóviles. Una cosa ridícula, ¿no?”, dijo Adorni.

“Es medio ridícula la situación. Si te delegan y después te rechazan cuando utilizás la delegación, es como una cosa medio ilógica”, cuestionó el portavoz.

Contra los dichos de Mondino

Adorni, además, cargó contra Diana Mondino luego de que la excanciller criticara al presidente Javier Milei en una nota que brindó a la cadena internacional Al Jazeera y señaló que la funcionaria “tal vez se vio envuelta en una entrevista para la que no estaba preparada”.

En la habitual conferencia de prensa, Adorni expresó: “Cuando uno ha representado al Gobierno y, más en el caso de Mondino, que ha representado a la Argentina ante el mundo, muchas veces las declaraciones hablan más de la persona que del propio Presidente, en este caso”.

Su expresión llega luego de que la ex funcionaria opinó sobre el escándalo por la criptomoneda $LIBRA y planteara que el mandatario es poco “inteligente” o “es una forma de corrupto”. Además, habló de los perros presidencial y evitó rechazar que el libertario sea “insano”.

Horas más tarde de la entrevista, Adorni retrucó: “Mondino es una persona inteligente que se ve que no estaba en un buen día o que no tenía claridad en lo que estaba diciendo. Tal vez se vio envuelta en una entrevista para la que no estaba preparada”.

Para el vocero presidencial, la ex ministra “hizo un comentario desafortunado” contra el mandatario y remarcó: “Efectivamente hizo un comentario absolutamente desafortunado de una persona que le dio la posibilidad no solo de trabajar para el Gobierno, de hacer su aporte a la patria, sino, además, de representar a la Argentina”.

La ex canciller se desempeñó al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto hasta 31 de octubre de 2024, luego de que la Argentina votara de manera diferencial de Estados Unidos e Israel, cuando se pronunció en contra el bloqueo a la economía de Cuba en la Organización de las Naciones Unidas. En su lugar, el Poder Ejecutivo designó a Gerardo Werthein.

El Congreso vs. Milei

La oposición en la Cámara de Diputados le propinó este miércoles una de las derrotas parlamentarias más duras al gobierno de Javier Milei, al unirse para imponer su agenda y ganar las 12 votaciones clave que se realizaron durante una sesión maratónica que se extendió hasta la madrugada.

La jornada estuvo marcada por la tensión y los fuertes cruces, pero el resultado fue contundente: el oficialismo no pudo frenar la aprobación de dos leyes de alto impacto social, el rechazo a cinco Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y el emplazamiento a comisiones para tratar otros cinco temas sensibles.

Dos leyes con media sanción

Cinco temas forzados a comisión

Además, la oposición logró emplazar a las comisiones para que traten de forma obligatoria los siguientes temas:

Los 5 DNU que volteó Diputados

La votación en el recinto fue contundente contra las medidas de reforma del Estado impulsadas por el Poder Ejecutivo. Los decretos rechazados son:

Qué dice el DNU que transformaba el Banco de Datos Genéticos

El rechazo de este DNU por parte de la Cámara de Diputados fue celebrado por organismos de derechos humanos, que veían en la medida un intento de quitarle independencia y control a una institución fundamental para la memoria, la verdad y la justicia en Argentina.

Qué dice el DNU que disolvía el Instituto del Teatro y la CONABIP

El rechazo de este DNU por parte de la Cámara de Diputados fue celebrado por amplios sectores de la cultura, que veían en la medida un intento de quitarle independencia, presupuesto y control a instituciones fundamentales para el patrimonio histórico y la promoción artística del país.

Qué dice el DNU que disolvía Vialidad Nacional

Disolución de Vialidad Nacional (DNV)

El punto más controvertido del DNU era la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad, un organismo autárquico con más de 60 años de historia.

Disolución de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV)

El decreto también disponía la disolución de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

Reorganización de la CNRT y la Junta de Transporte

Qué dice el DNU que desregulaba la Marina Mercante

Los argumentos del Gobierno

En los considerandos del decreto, el Poder Ejecutivo justificaba la necesidad y urgencia de estas medidas argumentando que la Marina Mercante Nacional se encuentra en una “evidente tendencia a su disminución y un peligro latente de su total extinción”.

A pesar de los argumentos del oficialismo, la Cámara de Diputados rechazó el DNU 340/25 por 118 votos afirmativos (en contra del decreto), 77 negativos y 8 abstenciones.

Con información de agencias.

“Nos van a voltear todo”, anticipaba el lunes pasado, con resignación, una fuente habituada a caminar los pasillos de Balcarce 50. La frase, deslizada a elDiarioAR, funcionó como premonición. Tras una sesión maratónica en la Cámara de Diputados, el Gobierno sufrió una derrota legislativa total. Desde Olivos, donde permaneció toda la jornada de miércoles, el presidente Javier Milei siguió la votación a la distancia. La Casa Rosada, que ya venía en modo defensivo desde el arranque de la semana, apostó a resistir con lo que tiene: el poder del veto presidencial.

“Perdimos todo, perdimos todas las votaciones”, reconoció el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en Radio Mitre, en el primer pronunciamiento oficial tras la jornada de reveses. La Cámara baja le propinó al oficialismo una batería de rechazos que superó en varios casos los 150 votos: media sanción al financiamiento universitario y la emergencia pediátrica; rechazo a decretos clave del programa de desregulación impulsado por Federico Sturzenegger; y una serie de señales políticas en pleno cierre de alianzas rumbo a las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre.

El malestar de Francos no solo apuntó contra el kirchnerismo. “¡Votaron todos con ellos!”, se quejó, en referencia a los bloques con los que La Libertad Avanza supo articular desde el inicio del mandato. “Casi todos los radicales, prácticamente todos, la Coalición Cívica, algunas fuerzas provinciales...”, enumeró. El argumento oficial, repetido en cadena por funcionarios libertarios, es que se trató de una maniobra “electoralista” para sabotear al Gobierno. “Se aprovecharon de la situación electoral para hacer un poco de demagogia”, acusó el ministro coordinador.

El debate arrancó el miércoles al mediodía y terminó este jueves a la madrugada. Para entonces, ya estaban aprobadas dos iniciativas que ahora irán al Senado: la que refuerza el presupuesto para las universidades públicas y la que declara la emergencia pediátrica y exige aumentos salariales en el Hospital Garrahan. Ambas surgieron tras reclamos de sectores sociales y gremiales, y se impusieron con amplio respaldo opositor. En paralelo, Diputados rechazó seis decretos de necesidad y urgencia firmados por Milei: algunos de ellos anulaban o reformaban organismos clave como Vialidad Nacional, el INTA, el INTI y el Banco Nacional de Datos Genéticos. Los DNU siguen vigentes hasta que el Senado también los rechace.

Francos anticipó lo que viene: más vetos. “Todo lo que podamos vetar, lo vetaremos”, prometió. Y fue más allá: advirtió que algunas leyes que el Congreso busca insistir —como la de aumento para jubilados o la de emergencia en discapacidad— ya no podrían ser vetadas otra vez por el Ejecutivo. En ese caso, su vigencia sería automática. “Si el Congreso quiere imponernos gasto público, va a costar mucho salir”, alertó el ministro, que volvió a blandir el argumento del superávit fiscal como pilar del programa económico.

La estrategia oficial, mientras tanto, es blindarse en el Senado y reforzar la narrativa del ajuste virtuoso. Francos recordó que desde la asunción de Milei se redujo la deuda en USD 34.000 millones, y que el superávit fiscal acumulado llega al 2,4% en lo que va del 2025. “Es imposible sacar a la Argentina del pozo si no recortamos el gasto público”, insistió.

Puertas adentro, el golpe no sorprendió a nadie. En la Casa Rosada sabían desde el lunes que no contaban con los votos necesarios para frenar las embestidas opositoras. La secuencia había sido anticipada en silencio. Pero eso no evitó que la derrota duela. En términos políticos, los rechazos de Diputados apuntan directo contra el modelo de desregulación que lidera Sturzenegger y exponen el desgaste de los puentes legislativos del oficialismo.

En plena campaña, y con las provincias en disputa, el Congreso le marcó la cancha a Milei. La respuesta del Presidente, previsiblemente, volverá a escribirse con la tinta de un decreto. Sin embargo, ayer optó por posponer un día la foto de campaña prevista para este miércoles con sus ocho candidatos seccionales de la provincia de Buenos Aires: se mostró en una barriada popular del conurbano con el mensaje “Kirchnerismo nunca más”, que nacionaliza la campaña. En la Casa Rosada sabían que la sesión en Diputados sería un campo minado y prefirieron no superponer el relanzamiento electoral con una jornada de alta exposición legislativa.

El armado de la foto se organizó el martes por la noche, en una reunión en Balcarce 50 entre Karina Milei, Sebastián Pareja y Cristian Ritondo. Allí sobrevoló la idea de nacionalizar la campaña nacional por las dudas sobre el desempeño electoral del oficialismo en el conurbano. “Es un terreno muy hostil y muy difícil”, reconoció Pareja, que días atrás ya había relativizado la eficacia de la foto si no está acompañada de buenos números en las encuestas. En el Gobierno admiten que varias secciones siguen siendo esquivas, a pesar de la voluntad de nacionalizar la campaña.

La escenografía planificada incluyó a Milei rodeado por los ocho postulantes seccionales de La Libertad Avanza en territorio bonaerense. Por un día la postal, pensada como gesto de unidad y proyección, quedó atrapada en un limbo entre la coyuntura legislativa adversa. La imagen fue acompañada por un mensaje conjunto firmado por LLA y el PRO para formalizar el pacto electoral, al filo del cierre de alianzas, este jueves. Sobrevuela aún la posibilidad de otra imagen —más potente, más incómoda—: la de Karina y Mauricio Macri, juntos y en pose electoral. En el tablero de la política argentina, también las fotos son una forma de disputa.

PL/MC

La oposición en la Cámara de Diputados le propinó este miércoles una de las derrotas parlamentarias más duras al gobierno de Javier Milei, al unirse para imponer su agenda y ganar las 12 votaciones clave que se realizaron durante una sesión maratónica que se extendió hasta la madrugada.

La jornada estuvo marcada por la tensión y los fuertes cruces, pero el resultado fue contundente: el oficialismo no pudo frenar la aprobación de dos leyes de alto impacto social, el rechazo a cinco Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y el emplazamiento a comisiones para tratar otros cinco temas sensibles.

Dos leyes con media sanción

Cinco DNU rechazados

La Cámara baja también rechazó cinco decretos clave de la reforma del Estado impulsada por Milei:

Cinco temas forzados a comisión

Además, la oposición logró emplazar a las comisiones para que traten de forma obligatoria los siguientes temas:

Con información de agencias.

IG

La oposición en la Cámara de Diputados busca este miércoles darle un revés al Gobierno al intentar votar una serie de proyectos con fuerte impacto social, pero que según Javier Milei atentan contra el déficit cero y el ajuste permanente. El temario es tan extenso que se espera una sesión de unas 13 horas, según los cálculos parlamentarios preliminares. Los ítems más importantes que se van a votar serán el aumento de recursos para las universidades y la emergencia en pediatría, a partir de la crisis del Hospital Garrahan. Los vetos a las leyes de aumento de las jubilaciones, la prórroga de la moratoria y declaración de emergencia en discapacidad se tratarían recién en dos semanas.

Hoy sí se buscaría rechazar el veto a la ley de creación de un fondo para la reconstrucción de Bahía Blanca tras la inundación (insistencia que ya tiene el visto bueno del Senado). Los gobernadores impulsan la coparticipación de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la eliminación del impuesto a los combustibles líquidos, proyectos que serán emplazados por el cuerpo para obligar a la comisión de Presupuesto, que preside el libertario José Luis Espert, que los discuta. Aquí, un resumen de los principales proyectos y su situación parlamentaria: