Por primera vez desde que presentó su denuncia por escrito, la diputada nacional Lourdes Arrieta asistió este martes de forma presencial a la Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso. Durante poco más de dos horas, en una reunión a puertas cerradas celebrada en el sexto piso del Anexo del Senado, la legisladora mendocina ratificó punto por punto su acusación contra el jefe de la SIDE, Sergio Neiffert; su hijo Lautaro; el empresario argentino radicado en Miami Leonardo Scatturice, y el asesor presidencial Santiago Caputo, a quien señala como figura clave detrás de lo que considera una red paralela de poder montada desde los márgenes del Estado.

“Fue una reunión anodina”, resumió a elDiarioAR una fuente del entorno de uno de los legisladores que participó del encuentro. “Arrieta ratificó todo, le cuestionaron algunas cosas a partir de una respuesta que mandó Neiffert”, agregó. Desde el entorno de la diputada, por el contrario, celebraron haber entregado “un montón” de documentación respaldatoria. “Lo más sólido de todo es lo de Tactic”, se escuchó incluso entre algunos opositores. Fue el PRO, sin embargo, el que asumió el rol más crítico: “La corrieron lindo”, dijo uno de los presentes sobre el tono inquisitivo de los legisladores amarillos, que operan en defensa del oficialismo ya que La Libertad Avanza cuenta solo con Gabriel Bornoroni como representante dentro de la comisión.

Arrieta, exintegrante de La Libertad Avanza y hoy parte del monobloque Transformación, sostiene que la SIDE está operando por fuera de los canales institucionales, con fondos reservados destinados a actividades diplomáticas y logísticas que deberían estar bajo control del Congreso. En su denuncia, presentada el 18 de junio, apuntó a un conjunto de relaciones y operaciones que tienen su anclaje en tres puntos concretos: el edificio de 25 de Mayo 11, sede de la SIDE; el círculo íntimo de asesores de Javier Milei; y la ciudad de Miami, donde se consolidó un polo de influencia del oficialismo con ramificaciones políticas, comerciales y de inteligencia.

Uno de los ejes más contundentes de su presentación fue la contratación directa de la firma estadounidense Tactic Global LLC, dirigida por Scatturice y registrada en el estado de Florida, como “enlace estratégico” entre el Gobierno argentino y sus contrapartes en Washington. Según consta en el sistema FARA del Departamento de Justicia, la SIDE le paga US$10.000 mensuales para realizar tareas de lobby diplomático que, en circunstancias normales, serían competencia de la Cancillería o de la embajada. El contrato fue firmado en abril, sin licitación ni publicación oficial. “El contrato refleja una anomalía: la inteligencia argentina ha contratado una firma extranjera para realizar gestiones políticas ante el gobierno norteamericano”, denunció Arrieta.

La diputada pidió identificar qué partida presupuestaria financia ese gasto y describió a Tactic como parte de una estructura más amplia, en la que también aparece CPAC Argentina, la usina libertaria con terminales en el trumpismo. Ambas entidades, sostiene, funcionarían como pantallas legales para canalizar recursos, gestiones y alianzas políticas por fuera del control del Estado.

Scatturice —nuevo dueño de Flybondi a través del fondo COC Global Enterprise— no puede salir de Estados Unidos por problemas migratorios. Fue en Miami donde, en enero, recibió al propio Caputo, a su hermano Francisco y al dirigente Manuel Vidal, en una gira que terminó en la asunción de Donald Trump. Según Arrieta, esa ciudad funciona como una suerte de embajada paralela del oficialismo libertario, donde se negocian nombramientos, financiamiento y relaciones internacionales en el más absoluto hermetismo.

Otro capítulo de la presentación estuvo dedicado al avión privado matrícula N18RU, vinculado a Scatturice, que aterrizó en Aeroparque a fines de febrero con una decena de valijas que no pasaron por controles aduaneros. Las imágenes del desembarco, difundidas esta semana por el canal TN, contradicen la versión oficial, que afirmaba que las valijas ni siquiera habían ingresado al país. Según el parte de vuelo, solo se declararon cinco, aunque el material audiovisual muestra al menos diez. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) —la fiscalía especializada en corrupción— ya abrió una investigación y solicitó información a PSA, Migraciones, Aduana y ANAC.

La Triple Frontera, en la mira

Para Arrieta, ese episodio no es anecdótico: es la postal concreta de una estructura que combina blindaje institucional, privilegios logísticos y negocios opacos. Y que, además, tiene ramificaciones internacionales. Un ejemplo: el rol de Ignacio “Nacho” Jiménez, actual jefe de la delegación de inteligencia en la Triple Frontera y número dos de la Agencia de Seguridad Nacional (ASN), uno de los organismos en que se reestructuró la SIDE. Según Arrieta, Jiménez organizó reuniones fuera de agenda con el comisario paraguayo Nimio Cardozo en el restaurante Il Ombú —de su propiedad— que funciona como base informal del oficialismo en Parque Patricios. En el mundillo del espionaje, Jiménez es vinculado a Antonio “Jaime” Stiuso a través del abogado Lucas Nejamkis.

Desde Paraguay, el ministro del Interior Enrique Riera admitió los contactos entre Cardozo y la inteligencia argentina, aunque negó que haya habido intercambio de dinero. “Hay demasiadas coincidencias”, dijo la diputada en una entrevista con el medio ABC. A eso se suma una novedad geopolítica de las últimas horas: el ministro de Defensa paraguayo, Óscar González, confirmó públicamente que su país, junto a los gobierno de Brasil y Argentina, ultiman los detalles para instalar en diciembre una oficina antiterrorista conjunta en la ciudad de Puerto Iguazú. La iniciativa, liderada por el propio Riera y difundida por los medios del país vecino, contaría con participación militar y tendría como eje las tareas de inteligencia en la zona. El objetivo formal es “marcar presencia” frente a amenazas regionales.

Sin embargo, en paralelo a esa coordinación oficial, crece la versión de que un sector de la SIDE ya estaría montando una estructura paralela en la zona, financiada con fondos del FBI estadounidense. Según pudo saber elDiarioAR de fuentes con acceso directo a los organismos de inteligencia, se trata de una red operativa propia, sin articulación con el comando tripartito formal. La operación sería llevada adelante por la ASN, que dirige Alejandro Cecati, y tendría como articulador local a Jiménez.

La Comisión Bicameral de Inteligencia, presidida por el senador radical Martín Lousteau, está compuesta por catorce legisladores: siete diputados y siete senadores de distintos bloques. Pero la práctica demuestra que sus investigaciones, muchas veces, terminan en la nada. Un antecedente reciente es el caso de Diego Kravetz, actual jefe de Operaciones de la SIDE, quien fue citado por la comisión en enero tras la difusión de un video en el que golpeaba a un joven detenido. Pese al escándalo, Kravetz fue confirmado en el cargo y quedó al frente de casi toda la estructura operativa del organismo.

Por eso, en los márgenes del encuentro de este martes, el escepticismo seguía flotando. Aunque el contenido de la reunión se mantiene bajo reserva, fuentes parlamentarias aseguran que no hubo mayores avances ni definiciones políticas. Arrieta, al menos, logró lo que se había propuesto: ratificar su acusación frente a los catorce miembros de la comisión, entregar documentación respaldatoria y poner en circulación, dentro del Congreso, una hipótesis de poder que hasta hace semanas se comentaba solo en voz baja. El resto, como casi siempre, dependerá de la voluntad política.

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Este martes, la diputada nacional Lourdes Arrieta comparecerá por primera vez de forma presencial ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos de Inteligencia para ampliar y detallar la denuncia que presentó por escrito hace dos semanas. Será en el Congreso, pero la escena estará atravesada por el mismo clima de opacidad que marcó la reunión anterior: aquella sesión inusual que se celebró dentro del propio edificio de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), donde Sergio Neiffert defendió el nuevo Plan de Inteligencia Nacional (PIN) sin despejar los temores sobre tareas de seguimiento interno a actores sociales.

Exintegrante de La Libertad Avanza, hoy parte del monobloque Transformación, Arrieta acusa al propio Neiffert, a su hijo Lautaro y al empresario Leonardo Scatturice de formar parte de una estructura paralela de poder financiada con fondos reservados, que tendría al asesor presidencial Santiago Caputo en el centro. En su presentación inicial, la diputada pidió investigar contrataciones, vuelos privados, vínculos diplomáticos informales y circuitos de negocios que, asegura, se mueven por fuera del control parlamentario.

Arrieta comparecerá junto a su abogado y promete entregar documentación adicional. En su entorno creen que el caso crecerá y podría derivar en un dictamen y eventualmente en una causa penal. Todo dependerá de cómo se muevan las piezas del oficialismo en el Congreso y en Comodoro Py. En paralelo, ya hay contactos entre legisladores peronistas, kirchneristas e incluso algunos radicales que ven con preocupación la opacidad del vínculo entre inteligencia y política exterior.

Es que uno de los ejes centrales de la denuncia de Arrieta es la contratación directa de la firma estadounidense Tactic Global LLC —dirigida por Scatturice y registrada en el estado de Florida— como “enlace estratégico” entre el Gobierno argentino y sus contrapartes en Washington. La empresa, inscripta en el sistema FARA del Departamento de Justicia, cobra 10.000 dólares mensuales por tareas diplomáticas que, en otras circunstancias, estarían a cargo de la Cancillería o de la embajada. El contrato fue firmado por la SIDE en abril, sin licitación ni difusión oficial.

La diputada solicitó identificar qué partida presupuestaria financia ese gasto y denunció que Tactic forma parte de una estructura más amplia, en la que también aparece CPAC Argentina, la usina libertaria local con terminales en el trumpismo que tuvo su evento en diciembre del año pasado en el Hotel Hilton. Según Arrieta, ambas entidades funcionarían como pantallas legales para canalizar gestiones diplomáticas, aportes financieros y campañas políticas sin pasar por las instituciones formales del Estado.

Con sede en Florida, Tactic Global se convirtió, en los hechos, en un enclave de poder del oficialismo en el exterior. Fue allí donde Scatturice recibió, en enero, a Santiago Caputo, a su hermano Francisco —integrante de la Fundación Faro, órgano “académico” y recaudatorio de La Libertad Avanza— y al dirigente de origen PRO Manuel Vidal, con escala final en la asunción de Donald Trump. La escena se repitió luego con otros postulantes a cargos en inteligencia, que viajaron a Miami a entrevistarse con el empresario. Scatturice no puede salir de Estados Unidos por problemas migratorios: quien quiera verlo, debe ir hasta allá. “El contrato refleja una anomalía: la inteligencia argentina ha contratado una firma extranjera para realizar gestiones políticas ante el gobierno norteamericano”, señaló Arrieta en su escrito, que exige investigar “la trazabilidad” del dinero.

Una línea de trabajo que la diputada ampliará este martes es la de las empresas satélite: menciona firmas radicadas en Paraná y en Florida como parte de una red vinculada a Scatturice, que a su vez es el nuevo dueño de la aerolínea Flybondi, a través del fondo COC Global Enterprise. Según la legisladora, la operación no sólo responde a una estrategia empresarial sino a una lógica de “logística paralela” del oficialismo.

En el Congreso ya se hablaba del avión N18RU, presuntamente propiedad de Scatturice, que habría traído valijas sin control aduanero desde Estados Unidos, y permaneció una semana en Aeroparque antes de partir a París. En las últimas horas, nuevas revelaciones fortalecieron esta línea de investigación. El canal TN publicó imágenes del ingreso a suelo argentino de una decena de valijas pertenecientes a Laura Belén Arrieta, la mujer que arribó en ese vuelo y que está ligada a la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), la organización derechista con terminales en el oficialismo.

Las imágenes muestran cómo el equipaje fue desembarcado sin pasar por controles aduaneros, contradiciendo la versión oficial que aseguraba que las valijas no habían ingresado al país. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), especializada en casos de corrupción, ya había iniciado una causa de oficio y solicitó a la PSA, a Migraciones, a la Dirección de Aduanas y a la ANAC los registros de pasajeros, cámaras de seguridad del hangar, y movimientos del avión entre el 26 de febrero y el 5 de marzo. Según trascendió, el vuelo declaró solo cinco valijas, pese a que transportaba al menos diez. Para Arrieta, este episodio es una muestra más de la existencia de una estructura paralela que combina privilegios logísticos, blindaje institucional y negocios opacos.

Altas conexiones

La oposición quiere saber desde cuándo Scatturice trabaja para el Estado y cómo se conecta con el asesor presidencial Santiago Caputo, figura central en el ecosistema libertario. También por qué el nombre de Lautaro Neiffert —hijo del “Señor 5” y accionista de la firma SEGUR&PROTECCIÓN SRL— aparece en registros de ingreso a Casa Rosada, autorizado al menos en una oportunidad a ingresar al sector de “Asesores SP”.

Otro de los señalados en la denuncia es Ignacio “Nacho” Jiménez, número dos de la Agencia de Seguridad Nacional (ASN), una de las cuatro áreas en que fue reestructurada la SIDE. Arrieta lo acusa de haber organizado una reunión con el comisario paraguayo Nimio Cardozo en el restaurante Il Ombú —del que Jiménez es propietario—, ubicado en Parque Patricios. Según su presentación, ese lugar funcionaría como una suerte de base operativa paralela, sin control ni supervisión oficial.

Según pudo saber elDiarioAR, Jiménez fue designado hace poco más de un mes como jefe de la delegación de inteligencia en la triple frontera, tras ganar una pulseada interna con otro grupo del organismo. Su gestión en la zona de Iguazú, en Misiones, no es menor. Allí confluyen intereses de agencias extranjeras como la CIA, el Mossad y la Policía Federal brasileña, y su rol como articulador informal genera inquietud dentro y fuera del Congreso. En el mundo del espionaje se vincula a Jiménez con el exdirector de Operaciones Antonio “Jaime” Stiuso, a través del abogado Lucas Nejamkis, actual secretario privado del hombre fuerte del espionake en tiempos del kirchnerismo.

La denuncia de Arrieta también alude al exsenador Edgardo Kueider, detenido en Asunción con 200 mil dólares no declarados al cruzar desde Brasil. La diputada sugirió que los fondos podrían estar relacionados con operaciones de la SIDE y mencionó una posible conexión con inversiones inmobiliarias. “Hay demasiadas coincidencias”, dijo en una entrevista con ABC Paraguay. Desde el país vecino, la reacción fue inmediata. El ministro del Interior, Enrique Riera, reconoció los contactos entre Cardozo y la inteligencia argentina, aunque negó que haya habido un cobro de dinero. Para Arrieta, sin embargo, las declaraciones del funcionario exponen una “vulnerabilidad del sistema de inteligencia argentino”.

Por ahora, Arrieta —que dejó La Libertad Avanza en septiembre pasado, tras una fuerte disputa con Martín Menem y denuncias por haber visitado a genocidas en Ezeiza— avanza sola. Pero este martes no lo estará del todo: por primera vez se presentará en persona ante la Bicameral, con las cámaras apagadas y los micrófonos vedados, para exponer en detalle lo que hasta ahora había planteado sólo por escrito.

La comisión, que hoy preside el senador radical Martín Lousteau, está compuesta por catorce legisladores: siete diputados y siete senadores de distintos bloques. Fue creada por la Ley Nacional de Inteligencia (Nº 25.520) y, según su artículo 32, tiene amplias facultades para controlar e investigar de oficio el funcionamiento de los organismos del Sistema Nacional de Inteligencia. Entre sus atribuciones está la fiscalización del uso de los gastos reservados, la evaluación de las actividades que puedan vulnerar derechos constitucionales y el seguimiento de documentos clave como el PIN. Sin embargo, la práctica demuestra que rara vez sus investigaciones trascienden.

Aunque la Bicameral tiene atribuciones amplias, los antecedentes muestran que pocas veces logra traducir sus intervenciones en consecuencias concretas. Un ejemplo reciente fue el caso de Diego Kravetz, designado como jefe de Operaciones de la SIDE, a quien la comisión citó en enero tras la filtración de un video en el que aparecía golpeando a un joven detenido. Las denuncias acumuladas por su pasado como funcionario de Seguridad derivaron en un sumario parlamentario, pero el expediente nunca prosperó. Finalmente, Kravetz fue confirmado como número dos del organismo con más atribuciones que antes: quedó a cargo de todas las áreas operativas de la SIDE, a excepción de Asuntos Internos. “Están emulando la AFI de Stiuso”, advirtió entonces un dirigente opositor, sin que sus advertencias modificaran el curso de los hechos.

PL/JJD

La filtración del Plan de Inteligencia Nacional elaborado por la SIDE llegó al Congreso. La difusión del plan secreto que, según publicó el diario La Nación, habilita a realizar inteligencia y recolectar información sobre “actores estratégicos” que, por ejemplo, generen “pérdida de confianza” sobre las políticas económicas de Javier Milei, hizo disparar las alarmas de la oposición, que alertan sobre la posibilidad de que el Gobierno utilice la SIDE para realizar espionaje interno. La Bicameral de Inteligencia, que preside Martín Lousteau, se reunirá la semana que viene para analizar el plan del Gobierno, y no destaca convocar al jefe de los espías, Sergio Neiffert, a dar explicaciones. 

La Bicameral de Inteligencia, que se encarga de supervisar los organismos de inteligencia, está al tanto de los lineamientos estratégicos de la SIDE desde noviembre del año pasado. Fue el propio Neiffert quien, en una reunión secreta en la sede oficial de la Secretaría, ubicada en frente a Casa Rosada, les detalló a los senadores y diputados que integran la comisión cuál era el Plan de Inteligencia Nacional del gobierno de Milei. 

Reunidos en el edificio ubicado en la calle 25 de mayo, Neiffert dio cuenta de las prioridades del Gobierno en prevención del terrorismo y lucha contra el crimen organizado, asi como los objetivos generales estratégicos de inteligencia y las acciones operativas para llevarlos a cabo. Según pudo constatar elDiarioAR, fue allí que los legisladores comenzaron a elevar las primeras objeciones, de manera informal, respecto a cómo las ambigüedades e imprecisiones del plan podrían derivar en casos de espionaje interno, algo que va en contra de la Ley de Inteligencia.

El Plan de Inteligencia admitía, por ejemplo, “producir información” sobre “actores estratégicos” que pretendieran “erosionar el sistema financiero” o generar una “pérdida de confianza” en las políticas económicas del Presidente. También habilitaba recabar información sobre “actores estratégicos” que difundan información falsa de manera deliberada con el objetivo de “influir o manipular” la opinión pública.

El problema principal es que el documento, al que elDiarioAR pudo acceder indirectamente a través de terceros, no precisa nunca a qué se refiere cuando menciona “actores estratégicos”. ¿Se refiere a organismos de inteligencia extranjeros o a cualquier opositor que critique en X las medidas económicas del Gobierno? ¿Se refiere a organizaciones terroristas que sembraban pánico a través de la difusión de fake news o a notas periodísticas que no coinciden con la línea oficial del Ejecutivo?

El Plan de Inteligencia, a su vez, admite recolectar inteligencia sobre “actores, hechos o circunstancias que condicionen, impidan o limiten el relacionamiento estratégico con Estados Unidos”. Admite lo mismo para las relaciones estratégicas con Israel. ¿Significa eso que una movilización en contra de cualquiera de los dos países pueda ser objeto de espionaje interno? La ambigüedad es tal que, a propósito o no, el Plan de Inteligencia de Milei abre la puerta al ejercicio de espionaje político. 

“La Ley de Inteligencia prohíbe producir información sobre la base de ideas políticas, sociales o religiosas. Y el Plan de Inteligencia, según lo que pudimos conocer, tiene como hipótesis de conflicto todas cuestiones asociadas al debate público o a la disidencia política”, explica Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS, y advierte: “El riesgo es que el Plan actúa en base a unas directivas que luego son aplicadas en términos operativos por la SIDE que, después, podrán justificarse por los lineamientos del Plan. Se le suma, además, que históricamente el sistema de inteligencia argentino, y la SIDE en particular, se ha utilizado para la persecución política”.

Palabras más, palabras menos, estas fueron algunas de las objeciones que los legisladores de la oposición le plantearon a Neiffert cuando dio a conocer el Plan de Inteligencia hace unos meses. Desde entonces, la Bicameral que preside Lousteau amagó con citar al “Señor 5”, que es como se conoce al jefe de la SIDE, para que brindara explicaciones sobre cómo fueron las intervenciones operativas del Plan, pero nunca se avanzó.

Desde su conformación el año pasado, la comisión apenas sí se ha reunido en un par de ocasiones. Hubo un encuentro, hace dos meses, para citar a Patricia Bullrich para que brinde explicaciones sobre el operativo de Seguridad en la marcha de los jubilados que terminó con el fotógrafo Pablo Grillo internado por un cartuchazo de gas lacrimógeno que le rompió el cráneo. En ese mismo encuentro, el kirchnerismo y Lousteau –cuya alianza les permitió hacerse con el control de la Bicameral– acordaron citar también a Neiffert. Pero nunca se llevó a cabo. 

La revelación de Hugo Alconada Mon en La Nación el fin de semana, sin embargo, sirvió como excusa para que el ala opositora más dura de la Bicameral presione para volver a convocar a una reunión. Si bien el Gobierno salió a desmentir la nota, los legisladores que integran la comisión consultados por este medio confirman que el Plan de Inteligencia es lo suficientemente ambiguo como para abrirle la puerta al espionaje político. Lousteau, incluso, se solidarizó, en tanto presidente de la UCR, con el periodista por las agresiones y los hackeos.

El próximos paso, ahora, será citar a la Bicameral de Inteligencia la semana próxima. Y un sector del kirchnerismo se entusiasma con poder llevar, finalmente, a algún funcionario del gobierno libertario a dar explicaciones.

MC/MG

La Oficina del Presidente desmintió este domingo “versiones” periodísticas sobre “supuestos objetivos del Plan de Inteligencia Nacional”, difundidos por el matutino porteño La Nación.

“Este es el primer Gobierno en décadas que ha tomado la decisión política de no utilizar la SIDE para perseguir opositores, periodistas o adversarios políticos”, aseguró el Gobierno de Javier Milei.

“La Oficina del Presidente desmiente las versiones periodísticas publicadas en medios sobre los supuestos objetivos del Plan de Inteligencia Nacional. Este es el primer gobierno en décadas que ha tomado la decisión política de no utilizar la SIDE para perseguir opositores, periodistas o adversarios políticos”, afirma el escrito.

El comunicado señala que “el Presidente Javier Milei ordenó reconstruir el Sistema de Inteligencia Nacional, destruido por las anteriores administraciones en su afán de saldar internas políticas abusando de sus recursos”.

Finalmente asegura que “el Plan de Inteligencia Nacional es un documento secreto que establece los lineamientos del Sistema de Inteligencia para promover los intereses estratégicos de la Argentina”.

Además, explica que a dicho plan “solo tienen acceso el Presidente, la Secretaría de Inteligencia y la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia del Congreso de la Nación”.

La investigación

Por su parte, el periodista Hugo Alconada Mon publicó en su cuenta de X: “Reafirmo y ratifico lo publicado hoy: La SIDE pone la mira en quienes 'manipulen la opinión pública' o erosionen la confianza en los funcionarios”.

De acuerdo con una copia del documento de 170 páginas obtenida el periodista, el Plan de Inteligencia Nacional (PIN) amplía los márgenes de acción de los servicios de inteligencia en áreas tradicionalmente sensibles, sin especificar con claridad los alcances de las tareas que podrían desarrollarse ni los límites entre inteligencia externa e interna.

Entre los lineamientos se incluye el monitoreo de actores que generen “pérdida de confianza” en las políticas económicas o que incidan en procesos “cognitivos” de la opinión pública, por medio de nuevas tecnologías o inteligencia artificial.

También se menciona la desinformación durante procesos electorales como un eje de interés estratégico, sin detallar si se refiere a operaciones extranjeras o a actores locales como periodistas, analistas o ciudadanos.

El documento elaborado bajo la dirección del actual titular de la SIDE, Sergio Neiffert, también afirma que será objeto de interés cualquier conducta que afecte la percepción social mediante “distorsión” o manipulación, una formulación ambigua que podría alcanzar a economistas críticos del Gobierno, periodistas, influencers e incluso funcionarios oficialistas, dependiendo de su comportamiento en redes sociales.

El plan también confirma el alineamiento estratégico del Gobierno argentino con Estados Unidos e Israel, en sintonía con la política exterior anunciada por el presidente Javier Milei.

Tras la reasignación presupuestaria de principios de mayo, la SIDE recibió 25.250 millones de pesos (22 millones de dólares) adicionales, con lo que su presupuesto total para 2025 asciende a 80.872 millones de pesos (71 millones de dólares), de los cuales 13.436 millones de pesos (11 millones de dólares) están asignados al rubro de “gastos reservados”, de acuerdo con datos del Ministerio de Economía y el Boletín Oficial. 

MU con información de las agencias NA y EFE.

Fue una decisión tomada por unanimidad. O casi, porque Cristian Ritondo y los dos libertarios que integran la Bicameral de Inteligencia después se arrepintieron y salieron a querer diferenciarse del kirchnerismo y de Martín Lousteau. Pero en una decisión consensuada y mayoritaria, la Bicameral que se encarga de controlar a los organismos de inteligencia definió citar a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para que dé explicaciones sobre el operativo de Seguridad que terminó, durante la marcha en defensa de los jubilados, con el fotógrafo Pablo Grillo con un disparo de gas lacrimógeno en la cabeza.

La Bicameral de Inteligencia -que es una comisión integrada por diputados y senadores que tiene la potestad de hacer un seguimiento sobre el accionar de la SIDE y sus integrantes- se reunió, en secreto, durante más de dos horas. Hace varios días que Martín Lousteau, en tanto presidente de la Bicameral, venía recibiendo denuncias de organismos –como el CELS y la Comisión Provincial de la Memoria— respecto a la presencia de infiltrados en las marchas contra el Gobierno. Especialmente en la última marcha en defensa de los jubilados. Por lo que el senador radical tomó la decisión de convocar a una reunión para discutir las denuncias y analizar si se citaría a los funcionarios responsables, tal como reclamaba el peronismo.

El foco estaba puesto en la reunión que Bullrich había tenido con el jefe de la SIDE, Sergio Neiffert, en la oficina de Santiago Caputo hace dos semanas. El encuentro había sido organizado luego del fracaso del operativo de Seguridad que había terminado, hace ya tres miércoles, con Pablo Grillo y la jubilada Beatriz Blanco heridos, así como con decenas de detenidos. Caputo, entonces, había decidido intervenirle de facto el Ministerio y coordinar, junto al Señor 5 de la SIDE, un hombre de su riñón, un nuevo operativo para la nueva marcha en defensa de los jubilados que se estaba organizando para el día siguiente. Fue allí donde se definió vallar los alrededores del Congreso y establecer un control vehicular en los accesos de Capital Federal.

Fue allí, a su vez, donde se definió que habría una participación orgánica de las fuerzas de inteligencia junto a las fuerzas policiales. Esta decisión fue lo que terminó motivando la intervención de la Bicameral de Inteligencia, que aduce que la reunión en el despacho del asesor todoterreno junto al jefe de la SIDE y, luego, la presencia de espías e infiltrados en la marcha rerpesentaba una violación a la Ley de Inteligencia. 

Bullrich y Neiffert al banquillo

Después de un largo debate, la Bicameral resolvió establecer un cronograma de citaciones para que los funcionarios responsables de los operativos de Seguridad brinden explicaciones. El primero no será el más taquillero, pero es la gran apuesta del peronismo en esta investigación: el ex director de Inteligencia Criminal, Ricardo José Ferrer. 

Bullrich echó a Ferrer de la Dirección hace una semana, poco después de la represión que terminó con Grillo herido. Desde el Ministerio se encargaron de señalarlo como el responsable de, por ejemplo, recolectar la información falsa que Bullrich repetiría por televisión poco después de la marcha. Como que Grillo era empleado del Municipio de Lanús o que estaba detenido (cuando, en realidad, estaba internado en el hospital). O el dato de que los 114 detenidos tenían, todos, algún tipo de antecedentes. O que eran todos barrabravas. Todas declaraciones que, poco después, se comprobarían que eran falsas. 

Ferrer, entonces, fue utilizado como chivo expiatorio del Ministerio de Seguridad. Y los legisladores, ahora, pretenden citarlo para que brinde algunas precisiones sobre cómo fue que se organizó el operativo. “Es el eslabón más débil”, coincide la oposición en la Bicameral. 

El plato fuerte, sin embargo, será cuando se cite a Bullrich y Neiffert. Ambos funcionarios están obligados a comparecer y, de negarse, la Bicameral tiene la potestad de forzar su presencia a través de la orden de un juez. Primero convocarán al Señor 5 de la SIDE y, la semana siguiente, a la ministra de Seguridad.

Esta resolución fue adoptada casi por unanimidad por la Bicameral, que viene ya de reunirse, hace un par de meses, para analizar la designación del número 2 de la SIDE, Diego Kravetz. Además de Lousteau, que preside la comisión, el hombre fuerte de la Bicameral es Leopoldo Moreau: el diputado cristinista que encabezó la comisión durante el gobierno del Frente de Todos y que, ahora, impulsa muchas de las investigaciones sobre el accionar del organismo de inteligencia durante el gobierno de Javier Milei. El kirchnerismo sospecha que, en la SIDE, se está gestando un Ministerio de Seguridad paralelo, con mucha influencia de Santiago Caputo, y que la Bicameral debe estar atenta. 

Las citaciones fueron aprobadas por Lousteau, Moreau, Oscar Parrilli (UxP), Wado de Pedro (UxP), Florencia López (UxP), Mariela Coletta (UCR) y Blanca Osuna (UxP). Participaron también Cristian Ritondo y los libertarios César Treffinger y Facundo Correa Llano, que no se opusieron a citar a los funcionarios del Ejecutivo. Pocas horas después, sin embargo, en La Libertad Avanza buscaron diferenciarse, aludiendo que no habían votado a favor. Pero las autoridades de la comisión insistieron: nadie, ni Ritondo ni los libertarios, se habían oponido verbalmente a convocar a los funcionarios.

MC/JJD

No fue la eliminación de las PASO ni los pliegos de los jueces de la Corte Suprema o el proyecto de Ficha Limpia lo que abrió la discusión parlamentaria en el verano. En el Congreso se discutió con dureza este miércoles la polémica designación de Diego Kravetz como número 2 de la SIDE.

Alertada por las denuncias en contra del flamante funcionario libertario –todas vinculadas al video en el que Kravetz aparece golpeando a un joven retenido por la policía de la Ciudad en una vereda del barrio de Palermo–, la Comisión Bicameral de Inteligencia decidió romper con la modorra de las vacaciones para analizar la “idoneidad” del exmacrista. Hubo fuertes críticas al “Señor 8” de la SIDE mileísta. “Que Kravetz sepa que lo estamos mirando”, advirtió una de las autoridades de la comisión presidida por Martín Lousteau que definió, al final de la reunión, abrir un sumario de investigación. 

Atrapado en la batalla interna entre Mauricio Macri y Santiago Caputo por el alma de los dirigentes del PRO, Kravetz apenas si pudo dar unos pasos como Jefe de Operaciones sin que lo persiguiera la polémica. A la filtración del video golpeando a un adolescente que, supuestamente, le había robado a su hijo cuando era secretario de Seguridad porteño, le siguió una ola de repudio que derivó en una denuncia penal y numerosas objeciones a su designación. Estás críticas se convirtieron en notas formales y estos documentos llegaron a la Bicameral de Inteligencia, que decidió actuar de oficio. 

Todos los bloques dieron el presente para atestiguar lo que Juan Grabois e Itai Hagman, de Patria Grande, y Esteban Paulón y Mónica Fein, del Partido Socialista, tenían para decir. Estuvieron los radicales Lousteau y Edith Terenzi, los kirchneristas Leopoldo Moreau, Rodolfo Tailhade y Florencia López, y el libertario Lisandro Almirón. Hasta el jefe del PRO, Cristian Ritondo, dio el presente, aunque en su caso para respaldar a Kravetz. No estuvo el expulsado senador entrerriano Edgardo Kueider, quien casi termina presidiendo la Bicameral de Inteligencia con el auspicio de Caputo. 

La mayoría de los legisladores salieron alarmados de la reunión. Las denuncias de los socialistas y Grabois calaron hondo, ya que allí se enteraron que el video filtrado era solo un anticipo de los varios delitos que le podían ser imputados a Kravetz. La comisión analiza, ahora, que el flamante “Señor 8” de Milei podría haber incurrido en abuso de la autoridad, vejaciones y realización de denuncias falsas. Se definió abrir un sumario de investigación que es probable que derive en un dictamen reclamando por su remoción, aunque no es de carácter vinculante. 

Las imputaciones a Kravetz

Según pudo averiguar elDiarioAR, dado que las reuniones de la Bicameral de Inteligencia son cerradas y secretas, a Kravetz le imputaron otros cuatro episodios durante sus tiempos como funcionario de Seguridad de Jorge Macri y de Néstor Grindetti, en Lanús. Uno fue en agosto del año pasado, cuando Kravetz participó de la detención de un chico en la Villa 31 y, al igual que sucedió con el video filtrado, el exfuncionario porteño terminó golpeando al adolescente con violencia dentro de su casa.

El segundo fue el caso Morena, la nena de once años de Lanús asesinada días antes de las elecciones de 2023. Kravetz, entonces, era candidato a intendente del partido y previo a la elección detuvo a dos adolescentes que, luego, se comprobaría que no habían participado del crimen. “Esos dos chicos no tenían nada que ver, pero hubo una espectacularización de una detención ilegal con un propósito político”, cuestionó Grabois a la salida de la reunión.

El tercero de los hechos con el que se vincula a Kravetz fue en 2016, cuando ya era secretario de Seguridad de Lanús. Los dirigentes de Patria Grande recordaron un hecho represivo en el comedor popular “Sueños Bajitos” de Villa Caraza que, comandado por Kravetz, derivó en gases lacrimógenos y balas de goma.

El cuarto y último hecho fue también durante sus épocas de funcionario de Grindetti. Los denunciantes acusaron a Kravetz de haber participado de “aprietes” contra un niño de once años, conocido como “El polaquito”, para que se autoincriminara en una serie de asesinatos para un programa que conducía Jorge Lanata. 

“Acá tenés un delincuente filmado in fraganti, que además es una persona que imputó falsamente gente en la muerte de una niña para sacar un provecho político, que ahora va a ser el tipo que maneja los servicios de Inteligencia y que nos va a perseguir a todos nosotros”, cerró Grabois. A la salida de la reunión, más de un legislador manifestaba su mismo malestar.

El rol de Kravetz en la SIDE

“Si fuera por nosotros, Kravetz no duraría dos minutos más en la SIDE”, mascullaba, a la salida de la reunión, un diputado peronista. La preocupación de los dirigentes opositores estaba directamente relacionada al rol y al poder que Kravetz tendrá como Jefe de Operaciones de la SIDE.

Un cargo que, sin embargo, recién fue oficializado hace dos días de manera interna, es decir sin publicación en el Boletín Oficial. Mucho después de que el vocero Manuel Adorni hiciera, a mitad de diciembre, el anuncio rimbombante de que Kravetz se pasaba definitivamente a las Fuerzas del Cielo. Fue, según sospechan en la oposición, la convocatoria de la Bicameral de Inteligencia la que terminó acelerando los tiempos. 

Dado que el DNU 614 de Javier Milei que reorganizó la estructura de la ex AFI eliminó el cargo de “Subsecretario” de la SIDE, el 2 de la agencia de espías tendría que tener otro cargo. Fue así que se volvió a reorganizar la estructura del organismo de Inteligencia y se creó el puesto de “Jefe de Operaciones” que tendrá a su cargo el Servicio de Inteligencia Argentino, la Agencia de Seguridad Nacional y la Agencia Federal de Ciberseguridad. Es decir, todas las áreas de la SIDE excepto una, Asuntos Internos, que quedará en manos directamente de Sergio Neiffert, titular del organismo. 

Este organigrama deja a Kravetz virtualmente a cargo de casi toda la SIDE. “Están emulando la AFI de Jaime Stiuso”, denunció un dirigente K que estaba cuando el espía era “Secretario de Operaciones” de Cristina Fernández de Kirchner. Hay sospechas hace tiempo, incluso, de que Stiuso colaboró en la reorganización de la nueva vieja SIDE. Y si no él, su alter ego Lucas Nejamkis, quien hoy es fuente de consulta de Caputo.

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El más flamante botín de guerra de la interna entre el gobierno libertario y Mauricio Macri, Diego Kravetz, fue oficializado como 2 de la SIDE. La decisión fue tomada a través de una resolución secreta, no publicada en el Boletín Oficial, que designa a Kravetz como “Jefe de Operaciones” del organismo de Inteligencia. Con este nuevo cargo, que quedó cristalizado poco después de la filtración de un video en el que aparece golpeando a un chico retenido por la policía de la Ciudad, Kravetz estará al frente del Servicio de Inteligencia Argentino, la Agencia de Seguridad Nacional y la Agencia Federal de Ciberseguridad. Resta, ahora, que la comunicación sobre la reestructuración llegue a la Bicameral de Inteligencia, que hoy a las 16 horas se reunía para analizar las impugnaciones recibidas contra el nombramiento de Kravetz.

La designación interna fue publicada el lunes con la firma de Sergio Neiffert, director de la SIDE y hombre de Santiago Caputo, pero el organismo no la dio a conocer hasta la previa de la reunión de la Bicameral de Inteligencia. “Se modificó la estructura, se nombró a Diego Kravetz y quedó como Jefe de Operaciones, que quedó a cargo de las tres agencias. Todas excepto Asuntos Internos, que queda debajo del secretario”, confirmaron a elDIarioAR desde el organismo de Inteligencia. Kravetz, como flamante “Señor 8”, tendrá así casi el control total de la SIDE.

Si bien Kravetz ya se venía moviéndo hace días por los pasillos del organismo de Inteligencia como Jefe de Operaciones de hecho, la oficialización había tardado en llegar. El vocero Manuel Adorni había anunciado su nombramiento, fruto del pase de Kravetz del PRO a las Fuerzas del Cielo, el 17 de diciembre, pero el decreto tardaba en llegar. Habían dos motivos. Por un lado, el escándalo generado por el video de Kravetz agrediendo a un joven, supuesto delincuente, cuando todavía era secretario de Seguridad porteño. Y, por el otro, el detalle de que el cargo para el que Adorni lo había anunciado –la subsecretaría de la SIDE– no existía legalmente. El DNU 614 que reorganizó la ex AFI lo había eliminado.

Por más secreta e interna que sea la resolución, el organismo de Inteligencia tendrá que informar de la decisión a la Bicameral de Inteligencia, que se encarga de monitorear, desde el Congreso, el mundo de los espías. Hasta el miércoles a la mañana, sin embargo, la resolución no había llegado. Pero será igual motivo de discusión para la reunión de las 16 en el Anexo del Senado, en donde los diputados y senadores se reunirán para analizar las impugnaciones realizas a la designación de Kravetz.

Debate en la Bicameral de Inteligencia

La Comisión Bicameral de Inteligencia, que preside el radical Martín Lousteau, había recibido dos notas objetando la designación de Kravetz. Una firmada por los socialistas Esteban Paulón y Mónica Fein, la otra firmada por los dirigentes de Patria Grande Itai Hagman y Natalia Zaracho, que habían presentado además una denuncia penal por “vejaciones, apremios e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Con distintos argumentos, los dos sectores políticos cuestionaban la “idoneidad” de Kravetz para funcionar como jefe operativo de la SIDE en base al mismo hecho: el ataque a un pibe cuando era secretario de Seguridad porteño.

El hecho ocurrió el 17 de noviembre, en el barrio de Palermo, cuando Kravetz todavía era funcionario de Jorge Macri, del PRO, y no había hecho el pase a La Libertad Avanza. El video —cuya filtración fue rápidamente asociada a un escarmiento por su desembarco en el armado de Santiago Caputo— lo muestra golpeando tres veces a un chico que, supuestamente, le había robado el celular al hijo del funcionario. Todo en el marco de un operativo policial que, finalmente, termina teniendo que intervenir para evitar que Kravetz siga maltratando al chico.

Anoticiados por los legisladores opositores, la conducción de la Bicameral de Inteligencia decidió intervenir para recibir las denuncias. Paulón, Fein y Juan Grabois asistirán para expresar sus objeciones a la designación de Kravetz. Si bien no necesita quórum para funcionar, se espera la presencia de la mayoría de los legisladores que integran la Bicameral. Cristian Ritondo, presidente del bloque PRO, denunciado junto a su esposa por un entramado de sociedades y propiedades en el exterior —a partir de una investigación periodística de elDiarioAR— y otro de los dirigentes macristas que LLA busca sumar a sus filas, dará el presente.

El impacto del encuentro es más político que judicial. De querer avanzar con una investigación, el dictamen que produzca la Bicameral no será de carácter vinculante. El Congreso, además, no tiene voz ni voto en las designaciones del organismo que hoy lidera Sergio Neiffert: una consecuencia del DNU 614 que reformó la ex-AFI y que, entre otras cosas, eliminó el cargo en que originalmente debía desempeñarse Kravetz. En efecto, el DNU de Inteligencia, firmado por Milei pero craneado por Caputo, eliminaba el cargo de “subsecretario” de la SIDE, que era el puesto con el que se conocía al “Señor 8”, es decir: el 2 de la SIDE.

El objetivo final, sin embargo, es el DNU 614. Fue un movimiento doble, de pinzas. Un día antes de coordinar, junto a Lousteau, la convocatoria de la Bicameral de Inteligencia para tratar las impugnaciones a Kravetz, el peronismo convocó a otra comisión, la de Trámite Legislativo, para tratar el DNU con el que Milei reformó todo el sistema de Inteligencia. Fue a través de una nota al senador libertario Juan Carlos Pagotto, quien, a pesar del más de medio centenar de DNUs que Milei firmó desde que asumió, solo convocó la reunión en cinco ocasiones. La última vez fue el 8 de agosto.

Unión por la Patria viene intentando derogar el DNU 614 desde septiembre. Exitoso en el caso del decreto de los fondos reservados millonarios para la SIDE, en el otro decreto que reformó el organismo de Inteligencia, en cambio, no tuvo mucha suerte. Intentó tratarlos en simultáneo, pero el resto de la oposición —entonces “dialoguista”— solo se sumó a la estrategia del rechazo del de fondos reservados. 

Ahora, de la mano de la designación informal de Kravetz, el peronismo vuelve a la carga. “Este anuncio (por el nombramiento de Kravetz) justifica la necesidad de reiterar nuestra solicitud, dado que pone de manifiesto inconsistencias graves en la implementación del DNU, al pretender designar a un funcionario para un cargo que fue expresamente eliminado por el mencionado decreto”, explican los legisladores peronistas, entre los que se encuentran las diputadas Carolina Gaillard y Vanesa Siley, y los senadores Mariano Recalde y Anabel Fernández Sagasti, entre otros.

Esta estrategia doble es posible solo porque la Bicameral de Trámite Legislativo y la Bicameral de Inteligencia son las únicas comisiones que no respetan el receso parlamentario, sino que funcionan los 365 días del año. La diferencia, en todo caso, es política: la de Inteligencia, al estar presidida por Lousteau, que accedió al cargo gracias a un acuerdo con el peronismo, cuenta con una conducción que pretende darle empuje al tema. “Con Martín hay empatía política”, admiten en el cristinismo. En la de Trámite Legislativo, en cambio, no.

Espionaje ilegal en el régimen Milei

Desde que Milei asumió la presidencia, la Bicameral de Inteligencia se puso al frente de la investigación del accionar de las fuerzas policiales frente a la protesta social. Primero con Leopoldo Moreau en la presidencia y luego con Lousteau, la Bicameral se abocó a ahondar sobre las detenciones encabezadas por Patricia Bullrich en el marco de las movilizaciones contra la Ley de Bases. Luego de recibir tres denuncias de manifestantes que habían sido detenidos e interrogadas sobre sus afiliaciones políticas luego de participar en una de las movilizaciones, la comisión abrió un sumario de investigación para analizar si, en el marco de los interrogatorios, se había violado la Ley de Inteligencia.

En paralelo a este trabajo, la comisión se abocará, el miércoles a las 16, al caso de Kravetz. Recibirá a sus denunciantes, entre los que también habrá representantes del CELS, y pedirá copias de los expedientes judiciales en los que podría estar involucrado el 2 de la SIDE. Será una reunión dedicada a analizar si corresponde abrir un sumario de investigación contra Kravetz, pero no será todo: un sector de UxP analiza también incluir una denuncia de la Comisión Provincial de la Memoria (CPM), presidida por Adolfo Pérez Esquivel y Dora Barrancos, respecto a supuestas tareas de espionaje ilegal en una actividad de impulsada por organismos de Derechos Humanos.

La CPM había advertido que a fines de diciembre, cuando se realizó un “abrazo” en la ex-ESMA contra los despidos en la Secretaría de Derechos Humanos, había habido presencia de personal policial de civil sin identificación realizando filmaciones. El organismo realizó una denuncia ante la Justicia Federal y, por estas horas, la Bicameral de Inteligencia analiza la posibilidad de pedir acceso al expediente para analizar si la ministra Patricia Bullrich llevó a cabo tareas de espionaje ilegal. 

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El jefe de la SIDE, Sergio Neiffert, pasó este martes por la bicameral de Inteligencia del Congreso, pocos días después de que el Senado rechazara el DNU que le otorgaba una partida extraordinaria de $100.000 millones para gastos reservados. Ante los senadores y diputados, el funcionario aseguró que ese dinero no llegó a usarse y que el organismo lo va a “devolver”, aunque fueron incorporados en el Presupuesto 2025 que Javier Milei envió al Congreso.

Neiffert buscó así cerrar la polémica que motivó que por primera vez el Parlamento rechazara un decreto de necesidad y urgencia presidencial. Según había denunciado la Coalición Cívica a partir de datos abiertos brindados por el propio Gobierno, de esa abultada partida se habían gastado el 80%. El jefe de los espías afirmó que enviará a la Bicameral el documento bancario que acredita que el dinero está intacto, supo elDiarioAR de al menos tres fuentes distintas vinculadas a la comisión.

Pero más allá de ese punto, a los miembros de la bicameral les llamó la atención que Neiffert no presentó el plan nacional de operaciones de la rebautizada Secretaría de Inteligencia. El funcionario explicó que “se está terminando” dicho plan.

La SIDE mileísta fue creada el 16 de julio pasado para reemplazar a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Tiene coordinación y control directo de los ministerios de Defensa y Seguridad, que dependen respectivamente de Luis Petri y Patricia Bullrich, y su estructura se divide en distintos subórganos: el Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), la Agencia de Seguridad Nacional (ASN), la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC) y la División de Asuntos Internos (DAI). También tiene a cargo el control y coordinación de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DNIC) y de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM). Las fuentes consultadas apuntaron que Neiffert no detalló el organigrama de las distintas áreas, sino que se limitó a dar “generalidades” sobre el cuerpo de espías.

La reunión de la Bicameral con el “Señor 5” comenzó a las 16 y duró unas tres horas. El secretario de Inteligencia del Estado fue acompañado por la plana mayor del área: el Director del Servicio de Inteligencia, Alejandro Colombo; el director de la Agencia de Seguridad Nacional; Alejandro Cecati; el director de la Agencia Federal de Ciberseguridad, Ariel Waissbein; el jefe de gabinete, Andrés Spitzer, y el subsecretario de Planeamiento, Mariano Cholakian.

Al grupo lo escucharon los miembros de la comisión, presidida por el senador radical Martín Lousteau, secundado por el diputado kirchnerista Leopoldo Moreau (vicepresidente primero). Entre los demás integrantes están los diputados jefes del bloque del PRO, Cristian Ritondo, y de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, así como otros legisladores de Unión por la Patria, de la UCR y de fuerzas provinciales.

El cónclave en el sexto piso del Senado, según recogió este medio, fue en términos respetuosos y sin cruces ni chicanas. Sí hubo un intercambio cuando desde la oposición le preguntaron a Neiffert para qué el Gobierno había pedido una sesión secreta del Senado la semana pasada si efectivamente aún no existía un plan de operaciones. La intención de la Casa Rosada era que Bullrich y Petri, junto al jefe de la SIDE, den explicaciones a los legisladores para evitar que la Cámara alta termine rechazando el DNU 656/24. La cuestión quedó en el aire.

El jefe de los espías se despegó de la narrativa bullrichista de que ahora el área quedó desfinanciada. Según el proyecto de presupuesto de Milei para el año que viene, la SIDE tendrá un aumento del 94%, pasando de los $101.816 millones actuales a $197.238 millones en 2025. Una fuente anotó que cuando el funcionario criticó a Bullrich, no hubo una defensa tajante en la reunión de los macristas. El titular de espionaje también se desentendió del polémico protocolo de ciberpatrullaje en redes y sitios web de Bullrich.

Otro de los elementos que sobresalieron de la exposición de Neiffert es que afirmó que no fue elegido en la agencia por el dedo de Santiago Caputo, el asesor estrella del Presidente. Planteó que responde directamente a Milei. Y también confió, según una de las fuentes consultadas, que “no viene a hacer espionaje interno”.

Estas dos últimas afirmaciones chocan con hechos que ocurrieron hace apenas semanas cuando se supo del accionar de abogados de la SIDE en causas judiciales que involucran al expresidente Mauricio Macri. En su momento las espadas del PRO sospechaban de una maniobra en contra de su jefe político pergeñada por Caputo. La polémica escaló al punto de Neiffert no solo le transmitió al expresidente sus disculpas, sino que también admitió que los dos abogados involucrados trabajaban en su área, publicó en su momento elDiarioAR.

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El Congreso espera el martes próximo la visita del jefe de la SIDE, Sergio Neiffert, en una presentación de alto voltaje por el golpe que le asestó el Senado este viernes a la madrugada al Gobierno con el rechazo definitivo del DNU que le otorgaba $100.000 millones a la agencia de espías. El “Señor 5”, como es conocido el titular de organismo de espionaje, tiene cita con la bicameral de Inteligencia, que preside el radical Martín Lousteau y que intengran senadores y diputados.

La reunión fue confirmada a elDiarioAR por una fuente parlamentaria al tanto de la agenda oficial, ratificada apenas horas después de la votación en la Cámara alta. Anoche 49 votos en contra sellaron la suerte del decreto de necesidad y urgencia 656/24, que le otorgaba una abultada partida en fondos reservados.

En la bicameral ya esperaba a Neiffert esta semana, en las vísperas de la sesión del Senado, para que dé explicaciones sobre cómo se gastaron ya el 80% de esas partidas reservadas, según datos oficiales. La bicameral le había remitido a la secretaría de Inteligencia una serie de preguntas para que el funcionario responda. Pero el jefe de los espías, con fuertes vínculos personales con el asesor presidencial Santiago Caputo, no asistió.

Si sus explicaciones podrían haber cambiado la definición en la Cámara alta es contrafáctico. Pero sí se supo que el Gobierno intentó a toda costa que la sesión no ocurra: el miércoles el Ejecutivo le envió una nota a Victoria Villarruel para que convocara a una sesión “secreta” para que tanto Neiffert como los ministros Patricia Bullrich (Seguridad) y Luis Petri (Defensa) le den explicaciones a los senadores, propios y ajenos, sobre la estrategia oficial de inteligencia. Ayer, apenas comenzó la sesión, una mayoría opositora integrada por el kirchnerismo y algunos radicales rechazaron esa propuesta, que necesitaba de dos tercios de los votos para que ocurra.

Esa alianza circunstancial entre Unión por la Patria y la UCR determinó el fin del DNU, como terminó ocurriendo a la madrugada de este viernes. Este medio publicó que anoche había presiones de la Casa Rosada para que se posponga la discusión. En la oposición identificaron que uno de los que motorizó la operación oficial fue el senador Juan Carlos Romero (Cambio Federal-Salta). Finalmente el salteño nunca pidió esa moción para patear la votación otra semana. Cerca de las 3 la Cámara alta rechazó el decreto y el Gobierno escaló en su cruzada contra lo que considera “un nido de ratas”.

“La Oficina del Presidente condena el voto irresponsable de un grupo de los legisladores que dejaron al Sistema de inteligencia argentino sin recursos en un momento histórico del país”, indicó a través de un comunicado difundido en las redes sociales. “Fue el Senado el que le falló al pueblo argentino. El kirchnerismo y el radicalismo deberán decidir si es parte de la transformación de la Argentina o es parte de lo peor del pasado rechazaron una ampliación de fondos que simplemente buscaba llevar el presupuesto de la SIDE a nivel de un promedio histórico y que tenía por objetivo garantizar su normal funcionamiento”, agregó el parte oficial.

La narrativa de Bullrich siempre fue que los fondos reservados servían para operaciones de inteligencia secreta, pero desde la oposición cuestionaban que esas partidas podrían haber sido auditadas públicamente, aunque nunca se brinden detalles que pongan en riesgo la seguridad nacional.

Según argumentó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, durante su reciente informe de gestión ante el Congreso, los fondos reservados para la SIDE respondían a “garantizar la seguridad, defensa e integridad de la República Argentina”, con el fin de acceder a nuevo equipamiento y “fortalecer” así el “diezmado” sistema de inteligencia. Pero la versión que recorre como un fantasma los despachos oficiales es que parte de esos fondos serían utilizados, entre otros fines espurios, para financiar los “tanques” digitales de Milei. Con el DNU caído, aún no hay definiciones cómo hará el Gobierno ahora para “devolver” esos $100.000 millones. Es que la declaración que se votó establecía que el decreto era “nulo de nulidad absoluta”, tal como propuso la Coalción Cívica de Elisa Carrió.

En “La Caja”, como se conoce a la sala de reuniones secretas de la bicameral en el quinto piso del Senado, donde no puede acceder la prensa, Neiffert deberá dar explicaciona a Lousteau pero también al kirchnerismo, que ocupa la vicepresidencia, con Leopoldo Moreau, y Oscar Parrilli, secretario. Además tiene algunas respuestas pendientes para el macrismo, a partir de las preguntas que le transmitió otro miembro del cuerpo, Cristian Ritondo.

Durante la primera reunión de comisión, se aprobó también un pedido de informes sobre el accionar de abogados de la SIDE de Milei en causas judiciales que involucran al expresidente Mauricio Macri. En su momento las espadas del PRO sospechaban de una maniobra en contra de su jefe político pergeñada por Caputo. La polémica escaló al punto de Neiffert no solo le transmitió al expresidente sus disculpas, sino que también admitió que los dos abogados involucrados trabajaban en su área. Anoche en el Senado, la bancada del PRO se dividió a la hora de votar sobre el DNU: tres votaron a favor, dos en contra y dos se abstuvieron.

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En menos de 24 horas el radicalismo rasgó sus vestiduras y se sobregiró políticamente dos veces. Así como en Diputados sufrió ayer una sangría de ochos diputados que fueron funcionales al Gobierno para avalar el veto al aumento para los jubilados, en el Senado la UCR acompañó la moción del kirchnerismo-peronismo para que se vuelva a incluir en el debate de la sesión de este jueves el DNU de financiamiento de la SIDE. Ese acuerdo opositor da por descontado que el decreto 656/24 de los $100.000 millones sería volteado por la Cámara alta durante la madrugada, siempre y cuando se mantenga el quórum reglamentario. 

Las volteretas del partido centenario en el Congreso tuvo en realidad como escenario simbólico la Casa Rosada. Javier Milei, en uso de su nueva piel de político pragmático, se puso al frente de la mesa que armó para blindar su endeble estructura parlamentaria. Así activo debajo suyo una serie de hilos que salieron a la luz esta semana ante las distintas votaciones clave. Se mostró con los diputados radicales conversos el martes y ayer con el jefe del espacio en el Senado.

A Balcarce 50 fue Eduardo Vischi, jefe de la bancada radical y espada del gobernador Gustavo Valdés. Luego de Unión por la Patria, que tiene 33 bancas, el radicalismo es la segunda minoría, con 13 senadores. En la foto con Milei, Vischi aparece con los demás jefes de los bloques dialoguistas de la Cámara alta, como Luis Juez del PRO, Juan Carlos Romero de Cambio Federal y Camau Espínola de Unidad Federal. 

En esa cumbre el Gobierno buscó convencer a los aliados de que se quite de la orden de la sesión de este jueves el DNU de la SIDE. La alternativa fue pedir una sesión secreta, en la que pudiera exponer Bullrich, el ministro de Defensa, Luis Petri, y el titular de la agencia de inteligencia, Sergio Neiffert, sobre cómo se están gastando los $100.000 millones. Si había acuerdo de dos tercios del hemiciclo, esa reunión se habría llevado a puertas cerradas, con el compromiso de que cada participante guardaría absoluto silencio público. 

Con esa moneda en el aire, Victoria Villarruel convocó a una reunión de Labor Parlamentaria por la tarde para ajustar los detalles de la sesión de este jueves. Volvieron a verse las caras los libertarios y aliados, y se sumaron los peronistas que claramente no habían ido a la Rosada: José Mayans y Juliana Di Tullio. La vice impuso que en el plan de la sesión finalmente se quitara el DNU, pero no fue firmado por UP ni por la UCR.

Es que el jefe de bloque no tiene preponderancia sobre toda la bancada, sobre todo por la presencia en el bloque del titular del partido, Martín Lousteau, cada vez más opositor a Milei y ahora cabeza de la bicameral de Inteligencia. Vischi sometió la cuestión de quitar el DNU del temario en una votación interna y rápidamente cosechó 9 votos en contra. A favor solo se mostró él, su par correntino, Victor Zimmermann, que integra además la bicameral de Tratamiento Legislativo que no discutió el DNU en el plazo reglamentario de los diez primeros días tras su publicación, y la mendocina Mariana Juri.

Sin aval partidario, el jefe de la bancada no tuvo otra alternativa este jueves que darse vuelta y terminar acompañando al kirchnerismo cuando Mayans propuso que vuelva a incorporarse el DNU en el temario. El radicalismo había quedado en una situación incómoda porque necesita de los votos del peronismo para imponer la sanción a la ley que busca garantizar el financiamiento universitario, otra bandera histórica de la UCR y que Milei también amenazó con vetar. Pero la fuerza ya estaba golpeada por la sangría que sufrió en Diputados.

Es que lo ocurrió en la Cámara baja está conectado con la realidad partidaria en el Senado. El dique que armó el oficialismo en Diputados para que la oposición no consiga los dos tercios con los que podía insistir con el aumento jubilatorio contó con la ayuda de al menos ocho radicales: allí están los que votaron explícitamente a favor del Gobierno, pero también se cuentan las sugestivas ausencias de último momento. En el primer grupo aparece Mariano Campero a la cabeza, y lo completan Martín Arjol, Luis Picat, Federico Tournier y Pablo Cervi. Justo al momento de la votación se ausentaron Roxana Reyes y Gerardo Cipolini. Y el lunes ya había renunciado Pedro Galimberti para aceptar un cargo ejecutivo. Todos ellos en junio, durante la media sanción, habían votado por la ley jubilatoria. 

La conversión de los radicales había tomado forma siete días atrás, cuando Patricia Bullrich le avisó a Milei que tenía a ese puñado de opositores dispuestos a sumarse a las fuerzas del cielo. Esos diputados a su modo le debían lealtad política a la ministra, ya que algunos, como por ejemplo el tucumano Campero, llegaron al Congreso de la mano de Damián Arabia, el armador que tuvo Bullrich en las provincias en su campaña presidencial. Ya habían dado una muestra de mileísmo en sangre cuando votaron a favor del DNU de la SIDE en Diputados. El salto definitivo llegaba ahora justo antes de la sesión por las jubilaciones.

La mano de Bullrich en la jugada queda demostrada en que la ministra aparece en la foto del martes de Milei con el grupo de los radicales. Allí también se muestra Petri, otro dirigente de extracción radical que se sumó a LLA, luego de ser el candidato a vice de Juntos por el Cambio. Que el ministro sea oriundo de Mendoza señala otra interna latente en el radicalismo: el gobernador Alfredo Cornejo lo ve como un potencial rival en próximas elecciones en la provincia. 

En el oficialismo sí se sorprendieron porque los diputados que responden al mandatario de Mendoza –Pamela Verasay y Lisandro Nieri– finalmente acompañaron la insistencia por los jubilados, cuando se descontaba que iban a acompañar al Gobierno. “Votaron mal porque él quería conducir a los conversos y nosotros le ganamos de mano”, apuntó una voz al tanto de las negociaciones por los radicales libertarios. Por eso también se ausentaron y no terminaron jugando explícitamente Reyes y Cipolini, referenciados en Cornejo.

Para saber qué recibirán a cambio los flamantes radicales con peluca habrá que esperar, pero ya hay especulaciones. Campero justificó su voltereta al entender que la ley le hacía un agujero fiscal al Gobierno, incluso acusó al kirchnerismo, pero en las conversaciones privadas mostró aspiraciones políticas propias para alcanzar la gobernación de Tucumán. En 24 horas consiguió mucha difusión mediática gratis. 

También de Cervi hay especulaciones políticas, porque aparece como suplente de la senadora por Neuquén Lucila Crexell, quien está siendo tentada para ocupar una embajada o un cargo en un organismo multilateral. Si la legisladora deja su banca, el diputado saltaría de cámara. Además Neuquén es una de las provincias que tienen pendiente cobrar la deuda de la Nación por su caja previsional. Lo mismo ocurre con Misiones, de donde es oriundo Arjol; Córdoba, el terruño de Picat; Santa Cruz, provincia de Reyes; Chubut, de Cipolini; y Entre Ríos, donde tendrá un cargo en el gobierno el flamante renunciado Galimberti. Y también tiene deuda pendiente Corrientes, el distrito de los senadores radicales Vischi y Zimmerman. 

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El vínculo personal y político de Mauricio Macri con Javier Milei no deja de alimentar suspicacias puertas adentro del Gobierno. Como es sabido, quien mira de reojo al líder del PRO es el asesor presidencial Santiago Caputo, uno de los vértices del “triángulo de hierro” que conforma la mesa chica de La Libertad Avanza, junto al Presidente y su hermana Karina. Una desconfianza que es mutua y que se escenificó esta semana en un tema que tuvo a ambos como protagonistas: el intento de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) por involucrarse en las causas judiciales que se tramitan en la Justicia federal por supuesto espionaje ilegal durante la gestión de Cambiemos.

El malestar macrista se hizo público durante la primera reunión de la Bicameral de Inteligencia del Congreso. El martes pasado, los representantes del PRO presentaron un pedido de informe para saber por qué abogados del organismo tocaron el timbre de los tribunales, algo que en el partido amarillo interpretaron como una amenaza directa a Macri por parte de Caputo. 

Cristian Ritondo, integrante de la comisión, fue el encargado de solicitarle al jefe de la SIDE, Sergio Neiffert, que brinde explicaciones y envíe documentación acerca del tema. “¿Quién le encomendó la presentación en el expediente? ¿Y en qué carácter fue que se presentó? ¿Qué pidió respecto del expediente? ¿Con qué fundamento?”, inquirieron los legisladores del PRO a través de un escrito, en el que se pone énfasis en la “gravedad de los hechos trascendidos”. 

Fuentes del oficialismo reconocieron las visitas, pero sostuvieron que la consulta en expedientes que involucran al expresidente no tuvo que ver particularmente con él. “Eran parte de un movimiento que incluyó consultas en todos los juzgados del país en los que se tramitan causas que tienen participación de agentes de inteligencia y con el objetivo de poder conocer más sobre cómo funcionan”, fue la respuesta formal. 

En un principio, trascendió un solo contacto: al juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi, donde se tramita la causa por el espionaje ilegal a jueces, periodistas, allegados y familiares de Macri. Luego se supo que hubo otras cuatro consultas a distintos jueces, como Daniel Rafecas, que investigó y cerró una causa por la compra de 290 armas en desuso durante la gestión de Cambiemos. En ninguna de ellas, sin embargo, se les permitió a los abogados acceder al expediente.

En las filas libertarias hay malestar con Macri, pese a la buena sintonía que el líder del PRO cultiva con Milei. El expresidente volvió a cenar el miércoles pasado en Olivos, en un nuevo intento por convencer al líder de La Libertad Avanza de que su gobierno necesita un volumen político del que, a su entender, todavía carece. En el PRO no dudan en presentarse como la salvación a los problemas de “calidad” en la gestión libertaria. Un balance que poco tendría de desinteresado: los amarillos buscan desembarcar con su tropa en lugares estratégicos del organigrama del Estado, como son, entre otros, el área de Energía o Transporte, más allá de la discusión en torno al control de la Hidrovía.

Dardos cruzados

Las consultas de abogados de los servicios de inteligencia en los tribunales se conocieron por primera vez el sábado pasado, poco después de la sesión convocada en la Cámara de Diputados y que rechazó el DNU que elevó en $100.000 millones los gastos reservados de la SIDE. El PRO tuvo participación en los dos reveses que sufrió el oficialismo en el Congreso la semana pasada: además del rechazo al decreto en la Cámara baja, los senadores que responden a Macri votaron a favor del aumento en las jubilaciones. Al día siguiente, el exmandatario apoyó el veto que Milei recién firmó anoche.

Macri desconfía de Caputo y su ascendencia en la SIDE. Una explicación que dio una fuente que conoce la mesa chica del PRO es que al expresidente le preocupa sobremanera lo que puede hacer el asesor estrella del libertario con $100.000 millones sin control. “Mauricio conoce lo que pueden hacer los servicios. Por eso le teme a Caputo, que ya le demostró el músculo de contragolpe que tiene con sus haters en Twitter”, apuntó la voz consultada.

Cerca de Macri reconocen que sirvió para aplacar los ánimos la aclaración que le hicieron llegar desde el Gobierno. Con el objetivo de bajar la tensión con el PRO, Neiffert no solo le transmitió al expresidente sus disculpas, sino que también admitió que los dos abogados trabajaban en su área, por lo que le aseguró que los había desplazado. En la SIDE, sin embargo, niegan abiertamente esa afirmación. “Eso no es cierto”, aducen, tajantes. La pulseada entre Macri y Caputo promete tener nuevos capítulos.

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Tras la conformación de la estratégica Comisión Bicameral de Inteligencia en el Congreso, su flamante presidente, el senador radical Martín Lousteau, mantuvo este miércoles una reunión con el director de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Sergio Neiffert, según confirmaron fuentes oficiales a elDiarioAR. El “Señor 5” acaba de ser citado por el órgano encargado de auditar el accionar de los espías. Deberá dar explicaciones acerca de los $100.000 millones en fondos reservados que le fueron otorgados al organismo recientemente reestructurado a mediados de julio, a través de un DNU firmado por Javier Milei. Un monto que, según denuncian desde la oposición, ya habría sido gastado en un 80%.

El martes, por mayoría, la comisión votó avanzar con un plan basado en dos instancias. En primer lugar, enviarle a Neiffert un cuestionario acerca de su plan de gestión al frente de la SIDE. Y, recién después de eso, invitarlo a exponer sobre el aumento presupuestario. El funcionario debería presentarse recién en dos semanas. Además, durante el primer encuentro de la comisión, también se aprobó un pedido de informes sobre una presentación como querellantes de abogados del organismo en una causa por supuesto espionaje ilegal en la que Mauricio Macri fue sobreseído. Quienes lo motorizaron fueron los representantes del PRO, que sospechan de una maniobra en contra de su jefe político pergeñada por el asesor presidencial Santiago Caputo.

Por parte del oficialismo, en el debut de la bicameral estuvieron presentes Gabriel Bornoroni y César Treffinger, mientras que el partido amarillo contó con sus dos integrantes Cristian Ritondo y la senadora Carmen Álvarez Rivero, quien reemplazó a su colega Martín Goerling, uno de los que durante semanas sonaron para ocupar la presidencia de la bicameral. El otro era el entrerriano Edgardo Kueider. Ambos contaban con el auspicio de La Libertad Avanza, algo que no fue suficientes: la titularidad de ese órgano clave quedó finalmente en manos de Lousteau, que se vendió ante los legisladores kirchneristas —con Leopoldo Moreau a la cabeza, con quien terminó acordando— como una garantía de oposición al Gobierno.

La novela había comenzado en julio, pocos días antes del lanzamiento del nuevo organigrama de la SIDE, cuando desde Balcarce 50 le bajaron la orden al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para que ponga en marcha la conformación de la comisión. La Bicameral de Inteligencia cuenta con algunas peculiaridades: a diferencia del resto, sus miembros sesionan en secreto, en una oficina del quinto piso del edificio anexo del Senado, donde reciben a los agentes y estudian la documentación enviada por los funcionarios. Durante los cuatro años del gobierno del Frente de Todos, el órgano estuvo presidido por Moreau, que hoy conserva su silla, al igual que sus compañeros de bancada Rodolfo Tailhade y Blanca Osuna.

Polémico aumento

La flamante SIDE no deja de dar que hablar en la opinión pública, y no precisamente por sus logros. El rearme de un área siempre delicada como es el espionaje, encabezada hoy por el inexperto Neiffert, pero comandada en las sombras por el poderoso asesor presidencial Santiago Caputo, abrió una incógnita alrededor de un tema que siempre generó polémica: el carácter secreto de esas partidas presupuestarias, cuyos gastos únicamente pueden ser controlados por una comisión bicameral del Congreso. Exceptuando esa instancia, prima la total discrecionalidad.

El inminente rechazo legislativo al DNU de Javier Milei que le asignó $100.000 millones en materia de fondos reservados a la central de espías logró poner en el centro de la escena otro dato que, paradójicamente, suma mayor incertidumbre al asunto: cerca del 80% de ese dinero, girado al organismo el pasado 23 de julio, ya habría sido gastado. En el Gobierno aseguran que eso es falso. Y explican que cuando el Ministerio de Economía transfiere fondos que son de carácter reservado, estos figuran en el Presupuesto Abierto como “devengados” aunque no hayan sido gastados, debido a que no requieren rendición de cuentas.

Según datos oficiales, desde la llegada de La Libertad Avanza a Balcarce 50, los gastos reservados de la ahora ex AFI (Agencia Federal de Inteligencia, el nombre con que la SIDE fue rebautizada durante el kirchnerismo) se incrementaron en un 778%. Su presupuesto general, en tanto, también tuvo un aumento exponencial y al mes de julio contaba con una partida de $136.741 millones, mientras que el gasto total que se destinaba al sistema nacional de inteligencia en su conjunto era de $168.490 millones.

En el Gobierno lo que abunda es el hermetismo. Y pese a que en el decreto de julio se especifica que la decisión de tal excepcional incremento presupuestario es para “garantizar la seguridad, defensa e integridad de la República Argentina”, con el fin de acceder a nuevo equipamiento y “fortalecer” así el “diezmado” sistema de inteligencia, una versión recorre como un fantasma los despachos oficiales: que esos fondos son utilizados, entre otros fines espurios, para financiar los “tanques” digitales de Milei.

Desde la llegada de La Libertad Avanza al poder, el Congreso no pudo estudiar los informes de gastos que cada mes envió la ahora SIDE comandada hasta mayo por el abogado Silvestre Sívori, mano derecha del malhadado exjefe de Gabinete, Nicolás Posse. La salida de quien fuera uno de los funcionarios más cercanos a Milei estuvo signada por los rumores de supuesto espionaje ilegal hacia importantes figuras del propio oficialismo, una versión emanada de las usinas gubernamentales. La comisión bicameral, puesta en marcha esta semana, podría desmentir esas sospechas que salpican al mundo del espionaje libertario. O, por el contrario, terminar de confirmarlas.

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El Gobierno tuvo una semana negra en el Congreso, frente a una oposición activa y rápida de reflejos para confluir en torno a distintos temas. Hubo alianzas tácticas, hasta ahora impensadas, que ponen en evidencia el cambio crucial que sufrió el mapa político: la centralidad de Javier Milei obliga a los demás actores a reorganizarse en torno de él, con movimientos que dejan atrás la polarización entre el kirchnerismo y el antikirchnerismo. Es un escenario que potencia el diálogo entre viejos adversarios, por ahora limitado al terreno legislativo, aunque demuestra una voluntad compartida de ponerle un freno al oficialismo. 

La debilidad política de Milei quedó expuesta con la pérdida de la jefatura de la Comisión Bicameral de Inteligencia en manos de Martín Lousteau, el revés que sufrió en Diputados con el decreto que asignaba fondos reservados para la SIDE y la sanción en el Senado de la reforma previsional de la oposición. En ambas Cámaras hubo una novedad: el PRO votó contra el oficialismo junto a la UCR, el peronismo, el kirchnerismo y otros aliados provinciales. 

Los seguidores de Milei no escatimaron críticas a Mauricio Macri e incluso lo acusaron de haber “negociado” con el peronismo. El expresidente zigzagueó: primero le marcó la cancha a Milei con el rechazo a los suyos al decreto de la SIDE, luego cenaron juntos el miércoles para “acercar posiciones”, y un día después los senadores del PRO votaron a favor de la reforma jubilatoria de la oposición. Milei la vetó de inmediato y el jefe del PRO apoyó el veto. Un doble juego incesante que expresa los altibajos de un vínculo cargado de desconfianza.

“Macri quiere la Hidrovía, AFIP, la Aduana y Energía. Es tan simple como eso”, dijo a elDiarioAR un dirigente de diálogo cotidiano con Milei, que enseguida aclaró: “La relación entre ellos sigue bien; Macri está disputando poder y jugó mal, eso explica por qué al día siguiente reculó. No se va a poder cargar a Santiago Caputo”. En la Rosada, frente a versiones de tensión, aseguran que la relación de Milei con su asesor preferido sigue igual. 

Además de la sorpresiva reacción del macrismo, para muchos lo que se vio en el Congreso es un punto de inflexión en la oposición hasta ahora “dialoguista”. En Diputados hubo conversaciones concretas que posibilitaron la votación contra el decreto para asignar fondos a la SIDE. El miércoles por la mañana, Miguel Pichetto (Hacemos Coalición Federal) convocó a Germán Martínez y Paula Penacca (Unión por la Patria), Juan Manuel López (Coalición Cívica), Nicolás del Caño (FIT), Karina Banfi (UCR) y Álvaro González (PRO), un hombre de Horacio Rodríguez Larreta, a una reunión para organizar la sesión. Esa cumbre, a la que se sumó otro puñado de dirigentes de esos espacios, fue posibilitada por otros acercamientos. “Durante todo el lunes y martes hubo distintas charlas informales entre nosotros. El día anterior ya habíamos tenido una aproximación con la UCR por la Bicameral de la Inteligencia, la semana anterior aprobamos el proyecto de universidades, venimos de dos semanas de mucho diálogo y trabajo juntos”, confirmó a elDiarioAR un diputado peronista que participó de las negociaciones. 

Durante estos días, los llamados entre estos espacios políticos traspasaron las puertas del Congreso: hubo diálogos con gobernadores —incluidos algunos del PRO— e incluso con el propio Larreta. Con Santiago Caputo de vacaciones en el sur y Guillermo Francos sin pisar el Congreso, ningún funcionario de primera línea se acercó a tantear el clima o ponerse al tanto de estas charlas que terminaron de sellar un pacto que golpeó al oficialismo. 

La carga negativa de “votar con el kirchnerismo” empezó a menguar en los últimos meses. Los diputados y senadores de UP dejaron de tener el estigma de “mancha venenosa” para el resto de los bloques. La actitud del senador radical Martín Lousteau se volvió un ejemplo de eso. Su armador y socio político, Emiliano Yacobitti, tejió puentes y negoció con el diputado Leopoldo Moreau, que se quedó con la vicepresidencia. 

Conflictos en el horizonte 

En la Rosada vaticinan que la actitud de Macri va a cambiar y acompañará al Gobierno, aunque también admiten que con el PRO no alcanza. La votación por la reforma jubilatoria en el Senado terminó con 61 votos a favor y apenas 8 en contra. Un resultado que deja a la oposición en condiciones de consolidar los dos tercios e insistir en contra del veto presidencial. Eso le torcería la mano a Milei y marcaría un camino sinuoso para el oficialismo, en el que otros proyectos con impacto presupuestario podrían tener la misma suerte. 

En la Rosada siguen con desconfianza la relación de Macri y la vicepresidenta, Victoria Villarruel, con más de un objetivo e interés en común. Uno de los más inminentes será impugnar la candidatura de Ariel Lijo para la Corte Suprema. Dejan entrever que el diálogo entre ellos es fluido, aunque en el entorno de Villarruel lo desmienten. “No habla con Macri desde hace meses. Cuando Victoria quiere hacer algo va y lo hace. Con Macri no se reúne, y si se llegara a reunir se va a enterar todo el mundo, porque ella no tiene nada que ocultar”, aseguró un colaborador de la vicepresidenta a elDiarioAR, sin ocultar su fastidio con la Casa Rosada. En el caso de la reforma jubilatoria, aseguran que la presidenta del Senado hizo un “esfuerzo grande” para dilatar dos meses la discusión y que se pudiera llegar a un acuerdo “sin necesidad de usar el veto”, pero no hubo una negociación política que la acompañe. 

En los últimos días también se expresó la relación cordial de la vice con el peronismo, en el marco de un acercamiento que molesta a la Rosada, sobre el que dio cuenta este medio. Un chiste del formoseño José Mayans acerca del “jamoncito” —apodo con el que Villarruel bautizó a Milei y le generó una charla áspera entre ambos— desató risas cómplices. “Tenemos que profundizar la amistad, Presidenta”, le dijo Mayans a Villarruel en su rol de titular del Senado. Ella respondió con una sonrisa.

No hubo una coordinación para evitar la sucesión de derrotas; tampoco para frenar las peleas a los gritos entre los diputados del propio bloque. “En 2025 ya saben: La Libertad Avanza boleta completa”, escribió en sus redes sociales Agustín Romo, estratega digital y jefe del bloque libertario en la Legislatura Bonaerense. Militantes y expresaron el clima de desconfianza con los espacios y dirigentes que hasta ahora funcionaron como aliados; exigen una “depuración” del espacio.

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La impericia política de la Casa Rosada en una cuestión tan sensible como es la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) llevó al oficialismo hacia una derrota política de consecuencias todavía insondables. El contundente rechazo de la Cámara de Diputados al DNU que incrementó en $100.000 millones los fondos reservados para el flamante nuevo-viejo organismo no solo expuso, de manera descarnada, la debilidad legislativa de Javier Milei. Por sobre todo, le demostró a Santiago Caputo, el todopoderoso asesor presidencial, que a veces no todo marcha acorde con el plan.

Finalmente, ni Edgardo Kueider ni Martín Goerling, los dos candidatos opositores que auspiciaba La Libertad Avanza, lograron alcanzar los votos necesarios para alzarse con la presidencia de la estratégica comisión bicameral de Inteligencia, conformada este martes y que se erige como contralor de la SIDE ya que cuenta con la potestad de auditar lo que haga el Poder Ejecutivo con sus partidas presupuestarias secretas. La titularidad de ese órgano clave quedó en manos del senador radical Martín Lousteau, que se vendió ante los legisladores kirchneristas —con Leopoldo Moreau a la cabeza, con quien terminó acordando— como una garantía de oposición al Gobierno.

“Me gustaría ver un bloque radical que mañana baje, que dé el debate y vote en contra de este DNU”, lanzó el martes el actual titular de la UCR apenas salió de la reunión de comisión en la que fue entronado con el voto de siete de los 14 legisladores que conforman la bicameral. Las declaraciones de Lousteau, y el posterior aporte del radicalismo al rechazo del decreto en Diputados, ahuyentaron las sospechas, que comenzaron a circular la semana pasada, acerca de un supuesto pacto subterráneo entre Santiago Caputo y el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, con el fin de dilatar el debate a cambio de conformar la bicameral y colocar en su presidencia al exministro de Economía.

Lousteau comparte la hipótesis, extendida en gran parte de la opinión pública y en la oposición, de que el incremento de los fondos reservados de la SIDE está directamente vinculado a una estrategia de hostigamiento por parte del Gobierno. “Hay indicios lo suficientemente fuertes de que están siendo utilizados para perseguir periodistas, para hacer campaña, para perseguir opositores y entonces me parece importante controlar eso”, apuntó, sin mayores vueltas.

Mientras tanto, en Balcarce 50 acusan de “irresponsables” a quienes acompañaron la moción impulsada originalmente por el diputado Nicolás Massot de Encuentro Federal, la bancada encabezada por Miguel Ángel Pichetto, entre los que figuró el grueso del bloque PRO que responde a Mauricio Macri. “Lo que hicieron atenta contra la seguridad de todos los argentinos”, sostenían este miércoles fuentes oficiales, sin disimular la indignación por el inédito 156 a 52 en contra. Repetían, además, que tal aumento presupuestario tiene como fin adquirir nuevo equipamiento y “fortalecer” así el “diezmado” sistema de inteligencia. “¡Los narcoterroristas festejan!”, tituló, por su parte, un comunicado la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

En el oficialismo, por lo bajo, tampoco dudan en echar mano a una justificación un tanto más inquietante. Es la que da cuenta, según pudo saber elDiarioAR, de una advertencia de los servicios de inteligencia de Israel, ocurrida a mediados de julio, acerca de la inclusión de la Argentina entre los potenciales objetivos de ataque de Hamas. Milei agregó esa organización al listado de entidades terroristas el 12 de julio. Durante la semana posterior a esa fecha, en la que tuvo lugar el acto por los 30 años del atentado a la AMIA, pudo vérselo al Presidente rodeado de una custodia reforzada. El polémico DNU 656/24 de los $100.000 millones se publicó pocos días más tarde, el 23 de julio.

A algunos miembros en la oposición aliada no deja de llamarles la atención un dato: la decisión del Gobierno de girar tamaña cantidad de fondos a través de un decreto público y no mediante mecanismos que preserven el secreto, algo que el Estado garantiza para casos de extrema gravedad como el que se denuncia. Otros, en tanto, cargan las tintas contra Santiago Caputo, el hombre fuerte detrás de la reestructuración de la SIDE, al que acusan de haber puesto “el carro por delante del caballo”. “Firmar un decreto que asigna miles de millones de pesos en fondos reservados sin previamente garantizarte el control de la bicameral es un error de principiante”, señalan, pedagógicos.

La Coalición Cívica asegura que la SIDE, comandada en los papeles por Sergio Neiffert, ya dilapidó el 80% del dinero que se le asignó hace tan solo menos un mes. En La Libertad Avanza aseguran que eso es falso. Y explican que cuando el Ministerio de Economía transfiere fondos que son de carácter reservado, estos figuran en el Presupuesto Abierto como “devengados” aunque no hayan sido gastados, debido a que no requieren rendición de cuentas. ¿Contará realmente Lousteau, de nexos innegables con el histórico operador radical Enrique “Coti” Nosiglia, con la voluntad política para auditar esas partidas? ¿O primará, una vez más, la defensa de los contubernios opacos que hace décadas cruzan transversalmente al submundo del espionaje criollo? Más allá de la suerte que corra el DNU de Milei en el Senado, estas incógnitas tarde o temprano se despejarán.

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En un salón a puertas cerradas en el sexto piso del Senado, con una celosa custodia de seguridad, sin prensa ni transmisión pública. En ese contexto de fuerte hermetismo se reunirá hoy a las 16 la comisión bicameral de Inteligencia del Congreso para elegir a su nuevo presidente tras una larga demora. 

La definición del sensible cargo se da en un contexto por demás complejo para el Gobierno: Javier Milei acaba de refundar la SIDE y está en el ojo de la tormenta la partida presupuestaria de $100.000 millones destinada a gastos reservados, de los que el organismo de inteligencia ya se habría dilapidado casi el 80% en apenas un mes, según denunció la oposición. De hecho, justo para mañana está agendada en Diputados una sesión especial para voltear ese DNU de financiamiento y fuentes parlamentarias consultadas por elDiarioAR anticiparon que la misma suerte podría correr en el Senado.

El primer escollo que tendrá que sortear este martes la Casa Rosada será delegar la bicameral a un extralibertario. No puede estar al frente ningún legislador de La Libertad Avanza ya que no habrá senadores propios y este año la presidencia tiene que quedar en manos de la Cámara alta. Tal dificultad obligó al Gobierno a abrir una negociación con bloques aliados: la nominación está entre el macrista Martín Göerling (PRO-Misiones) y el peronista disidente Edgardo Kueider (Unidad Federal-Entre Ríos). 

El deseo de Santiago Caputo, mano derecha de Milei y el hombre detrás del director de la SIDE, Sergio Neiffert, es que sea Kueider. Ayer en Balcarce 50 esa aspiración se mantenía intacta. Y en el despacho de Victoria Villarruel evitar pronunciarse al respecto, en medio de la tensión de la vice con el Presidente. 

Parece difícil que los libertarios le den a Mauricio Macri semejante resorte de poder que tiene la potestad, entre otras prerrogativas, de “supervisar y controlar” los gastos reservados asignados al Sistema de Inteligencia Nacional. La comisión podría entonces –en reuniones secretas y de las cuales está prohibido hacer cualquier tipo de difusión– poner la lupa sobre en qué y cómo se gastan los flamantes $100.000 millones, de los que solo quedaría un 20%, de acuerdo a la Coalición Cívica de Elisa Carrió. 

Junto con Kueider o Göerling trascendió un tercero en discordia en los últimos días para capitanear la comisión: el radical Martín Lousteau (CABA). En su círculo negaron esa posibilidad, pero su nombre podría esconder una estrategia opositora para arrebatarle al oficialismo el control de la bicameral: el presidente tiene que conseguir el apoyo de al menos ocho de los 14 miembros, y el kirchnerismo ostenta seis. 

Por Unión por la Patria integrarán la comisión los diputados Germán Martínez, Leopoldo Moreau y Paula Penacca, y los senadores Oscar Parrilli (Río Negro), Wado de Pedro (Buenos Aires) y Florencia López (La Rioja). Por el radicalismo, además de Lousteau, se sumará la diputada María Coletta, referenciada en el economista. Los libertarios serán los diputados Gabriel Bornoroni y César Treffinger. Por el PRO estará, junto con Göerling, el diputado Cristian Ritondo. Y además de Kueider, también será de la partida la senadora Edith Terenzi (Chubut-Cambio Federal).

El DNU de la SIDE en Diputados

Casi sin peso propio, el oficialismo aceleró para hoy la conformación de la comisión –que estaba demorada desde principios de la gestión libertaria– para contrarrestar la avanzada opositora que se concretará mañana sobre el DNU 656/24 que financió la SIDE. Fue la “zanahoria” que le ofreció el oficialismo a los aliados para que ese decreto de necesidad y urgencia no se discuta en el ámbito de la otra comisión bicameral de importancia: la de Trámite Legislativo, que avala o no los DNU. Como ya se cumplió el plazo de diez días para su tratamiento en comisión, ahora las cámaras parlamentarias están habilitadas para votarlo en los recintos. Si tanto Diputados como el Senado lo rechazan, el decreto se cae.

Diputados avanzará primero este miércoles desde el mediodía. Fue una propuesta del espacio de Miguel Pichetto, Encuentro Federal, luego de que Martín Menem dejara a Emilio Monzó afuera de la bicameral de Inteligencia. En la oposición estiman que el poroteo les da a favor, gracias al apoyo del kirchnerismo, la izquierda y parte del radicalismo. “Si tiene quórum, lo van a voltear”, aventuró a elDiarioAR una diputada ligada a Milei. Se necesitan dos tercios para el rechazo. “Espero que el Gobierno no opere sobre el bloque radical u otros bloques para bajar diputados, porque el número tendría que estar ya consolidado”, alertó el lilito Juan Manuel López en CNN Radio.

Ayer la Coalición Cívica ajustó la convocatoria formal a la sesión al agregar que la resolución que se va a discutir declarará “nulo de nulidad absoluta e insanable” el DNU. Ese detalle busca pelear “los efectos jurídicos” del decreto, explicaron en la bancada de Carrió, para que en caso de ser rechazado se puedan recuperar los fondos ya gastados. 

“Nuestra Constitución Nacional es clara: el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. El DNU por lo tanto, es nulo de nulidad absoluta. Frente a una declaración de este tipo sobre el DNU, el efecto implicará que el mismo nunca existió. El Poder Legislativo, en este caso la Cámara de Diputados, tiene el derecho de declarar que se han usurpado sus funciones legislativas”, apuntó a elDiarioAR Maximiliano Ferraro, quien reveló la semana pasada cómo se habían esfumado casi la totalidad de los fondos reservados. En menos de un mes, apuntó ayer, se gastaron un total de $80.060 millones, lo que representa el 77.57% del presupuesto ampliado de la SIDE.

La polémica por el funcionamiento de la nueva-vieja SIDE traspasa al Congreso y expertos de la sociedad civil también cuestionan la reestructuración que tuvo el área de Inteligencia –también a través de otro DNU– y sus usos en el mileísmo. “El tema con los 100 mil millones de pesos en fondos reservados es que los asignan después de haber reformado el sistema por DNU y de haber decidido que el sistema de inteligencia vuelva a regir casi exclusivamente bajo el parámetro del secreto. Entonces la discusión no es tanto cuánto financiamiento requiere la agencia de inteligencia ni un planteo de que no hay que financiarla, sino que es un financiamiento secreto, apuntó a este medio Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS.

Para la experta son varios los cuestionamientos sobre el organismo de los espías: “¿Por qué la SIDE tiene que tener el 75% de los fondos reservados, para qué los van a usar, cómo los van a rendir, quién va a controlar eso, cómo se sabe que no van a usar esos fondos para operaciones ilegales o para sostener una práctica bastante histórica de la estructura de las agencias de inteligencia de la Argentina que está dedicadas más al espionaje político que a los objetivos estratégicos de una agencia?”. En ese sentido, señaló: “Hay una línea que plantea que la clave hoy no es necesariamente el secreto sino la inteligencia y la estrategia a partir de la cual se plantea el funcionamiento de estas agencias, cuáles son los objetivos estratégicos del país y qué tipo de análisis de la información se hace más que la posibilidad de trabajar bajo el secreto y funcionar con fondos secretos y, hasta donde sabemos, discrecionales”.

MC/JJD