Los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez pidieron ampliar las declaraciones indagatorias, avanzar con nuevas imputaciones y dictar medidas cautelares en la causa que investiga presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Entre los principales implicados se encuentra su extitular, Diego Spagnuolo, quien volverá a ser citado a declarar en el marco de nuevos hechos incorporados al expediente.

El pedido, dirigido al juez Ariel Lijo, alcanza a más de una veintena de funcionarios y empresarios -27 indagatorias en total- y se produce tras la aparición de “nuevos hallazgos” que ampliaron la estructura delictiva bajo análisis. Entre los convocados también figura el empresario Miguel Ángel Calvete, considerado junto a Spagnuolo como una pieza central del esquema.

La investigación sostiene que entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 funcionó dentro del organismo un sistema destinado a direccionar contrataciones de insumos médicos de alto costo. Según el dictamen fiscal, las maniobras implicaron la erogación de al menos $75.478 millones de fondos públicos en favor de un grupo reducido de proveedores.

Un entramado entre funcionarios y empresarios

De acuerdo con la acusación, la estructura habría sido conducida desde el sector público por Spagnuolo y Daniel María Garbellini, mientras que desde el ámbito privado habrían tenido roles clave Calvete y Pablo Atchabahian. A ellos se suman más de 20 empresarios que operaban a través de unas 30 firmas.

El expediente describe un mecanismo en el que funcionarios de la ANDIS direccionaban compras de insumos -conocidos como PACBI- para beneficiar a empresas allegadas, a cambio de retornos y dádivas. Los productos bajo análisis incluyen prótesis de alta gama, implantes cocleares, materiales quirúrgicos complejos y sillas de ruedas motorizadas.

Estos insumos eran canalizados a través del programa Incluir Salud, destinado a personas con discapacidad o enfermedades graves en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, según la fiscalía, el circuito habría sido desviado de sus objetivos para favorecer a proveedores determinados, en perjuicio de la población destinataria.

Simulación de competencia y sobreprecios

Los fiscales sostienen que el esquema se apoyó en el sistema de compras SIIPFIS, que debía garantizar transparencia, pero que habría sido utilizado para simular competencia entre empresas vinculadas. Entre las irregularidades detectadas se mencionan la filtración de información privilegiada, la manipulación de compulsas de precios, acuerdos de cartelización y la participación directa de empresarios en decisiones internas del organismo.

Además, se registraron incrementos injustificados en los valores de medicamentos e insumos médicos. En algunos segmentos, como el de amputaciones, se detectaron adjudicaciones por más de $5.600 millones entre 2024 y 2025 con una distribución equilibrada entre grupos empresariales, lo que refuerza la hipótesis de un reparto previamente acordado.

La causa también apunta a posibles maniobras de lavado de activos vinculadas al circuito del dinero generado por estas contrataciones.

Más imputados y avance sobre el patrimonio

Entre los nuevos citados a indagatoria figuran, además de Spagnuolo y Calvete, Emilio César Olguín, Evangelina Ileana García, Claudio Alejandro Kahn, Gerardo Raúl Angarami, Oscar Alberto Capello, Guido Capello, Pablo Alejandro Rivero, Martim Goncalo Armella, Hernán Darío Rasmussen, Máximo Ariel Perdiechizi, Osmar Mariano Caballi y Mariano Sagués, entre otros.

En paralelo, los fiscales solicitaron la inhibición general de bienes de personas físicas y jurídicas vinculadas al caso, con el objetivo de evitar el movimiento de activos mientras avanza la investigación.

Hasta el momento, 19 personas ya fueron procesadas, consideradas en algunos casos como jefes de una asociación ilícita. La fiscalía continúa recolectando pruebas para determinar el alcance total de las responsabilidades y profundizar el análisis del circuito financiero.

Con la colaboración de áreas especializadas de la Procuración General de la Nación, la investigación sigue en desarrollo. Para los fiscales, el expediente expone “una enorme trama de corrupción” en la que la ANDIS habría sido utilizada como una estructura para canalizar pagos indebidos, en desmedro de políticas públicas destinadas a sectores especialmente vulnerables.

CRM

El Gobierno eligió el silencio. Ni defensa cerrada, ni contraataque, ni operación visible. Apenas mutismo. La decisión del juez federal Sebastián Casanello de procesar al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, y a otras 18 personas por asociación ilícita, fraude contra la administración pública y pago de sobornos volvió a encender una alarma que en la Casa Rosada creían encapsulada. El expediente, que en su origen parecía circunscripto al entorno de Karina Milei, terminó desplazando el foco y golpeando también al otro vértice del poder libertario: el universo de Santiago Caputo.

El fallo judicial describe a la ANDIS como un “centro de operaciones” de un esquema que, entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, direccionó compras de medicamentos de alto costo, habilitó sobreprecios millonarios y garantizó pagos privilegiados a un puñado de proveedores. En ese entramado aparecen, además de Spagnuolo y su segundo Daniel Garbellini, el operador farmacéutico Miguel Ángel Calvete —señalado como nexo con las droguerías beneficiadas— y su hija Ornella, funcionaria del Ministerio de Economía hasta noviembre pasado y ahora una de las procesadas, cuando renunció en silencio tras el estallido del escándalo.

Ese dato reconfigura el mapa político del caso. La causa ANDIS había sido leída inicialmente como un problema del karinismo, sobre todo tras la difusión, en agosto pasado, de los audios del titular del área (y abogado personal de Milei) Diego Spagnuolo en los que se mencionaba un presunto “3% para Karina”. En esas grabaciones también aparecía el nombre de Eduardo “Lule” Menem, uno de los principales armadores políticos del oficialismo y figura central del dispositivo territorial de la secretaria general de la Presidencia.

Pero el avance judicial, los procesamientos y la reconstrucción del circuito de intermediación empezaron a rozar también al sector ligado a Santiago Caputo. No solo por la figura de Calvete y su hija, sino por las conexiones operativas entre ANDIS y el PAMI —dos áreas que compartían proveedores, mecanismos de compra y circuitos de autorización— y por la aparición de iniciales políticamente sensibles en cuadernos incautados por la Justicia.

En la Casa Rosada, hace tiempo que la decisión fue replegarse. Sin declaraciones públicas de peso ni una narrativa oficial que ordene el episodio, el Gobierno apuesta a una estrategia de enfriamiento. “Es un tema que está investigando la Justicia”, se limitan a responder oficialmente. El objetivo es evitar que el expediente se convierta en un nuevo campo de batalla interno entre el karinismo y el caputismo, una tensión que se mantiene y que la causa ANDIS vuelve a poner en escena bajo una forma incómoda: la de una trama judicial que ya no distingue facciones.

La incomodidad es doble. Porque el caso no solo expone presuntas maniobras de corrupción en un área sensible, como es la provisión de medicamentos para personas con discapacidad, sino que además toca fibras del propio diseño de poder del oficialismo. La ANDIS, hoy convertida en secretaría dentro del Ministerio de Salud tras su disolución formal, había sido presentada por el Gobierno como un organismo a “sanear” por irregularidades heredadas. Pero el avance del expediente sugiere algo distinto: que el problema no quedó encapsulado en el pasado y que las responsabilidades podrían escalar más allá de los nombres ya procesados.

El esquema Calvete

En ese esquema, la figura de Miguel Ángel Calvete adquirió un peso particular. Exconcejal de La Matanza por Cambiemos y dirigente del sector supermercadista —fue presidente de la Federación de Supermercados y Autoservicios Chinos (FESACH)—, sin cargo formal dentro del Estado, la investigación lo ubica como un operador con acceso a decisiones sensibles del área de discapacidad. Según la hipótesis judicial, habría funcionado como nexo entre el entorno de Spagnuolo, su segundo Daniel Garbellini y droguerías beneficiadas por el esquema de compras, con capacidad para influir en adjudicaciones, circuitos administrativos y flujos de pagos.

La dimensión política del caso se amplificó por el vínculo familiar. Su hija, Ornella Calvete, se desempeñó como Directora Nacional de Desarrollo Regional y Sectorial en la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía hasta noviembre pasado, cuando presentó su renuncia en medio del avance judicial. Durante la investigación, la Justicia allanó su domicilio y secuestró 700.000 dólares en efectivo, los cuales no pudo justificar.

El expediente del fiscal Franco Picardi incorporó además intercambios entre padre e hija que, según la acusación, ayudan a reconstruir el funcionamiento del circuito bajo sospecha. En uno de esos chats, del 10 de septiembre de 2025, Ornella le escribe a su padre —a quien tenía agendado como “Carmela Vivaldi”— para que intermedie en favor de una empresa.

Calvete responde que ya había concretado una reunión y ella le dice que, si todo salía bien, le compraría “una lambo, una granja, lo que quieras”, a lo que él contesta: “No hace falta… con el 3% a KM está perfecto”. Dos días después, tras advertir la presencia policial en su domicilio, Ornella le consulta por la situación de una firma vinculada a su padre y por la existencia de “cash blanco”, mientras él le sugiere “hacerse la gila”. Esa superposición entre el rol del operador y la presencia de su hija dentro de la estructura estatal terminó de ampliar el alcance político de la causa más allá del núcleo original del caso ANDIS.

Por el escándalo, también renunció en noviembre la pareja de Ornella y yerno de Miguel Calvete, Javier Cardini, ni más ni menos que el subsecretario de Gestión Productiva del Ministerio de Economía. Tras una trayectoria en el sector tecnológico privado, su desembarco se produjo en un área atravesada por el reparto de influencia entre Karina Milei y Santiago Caputo, a partir de su vínculo personal con el asesor presidencial y su hermano Francisco Caputo, mediado a su vez por Georgie Neuss, amigo de la infancia de ambos, según publicó Alejandro Rebossio en elDiarioAR. Con Cardini ingresó además la tía de Ornella, Susana Calvete, hermana del operador farmacéutico, que también fue despedida.

En los tribunales, la investigación avanzó sobre un esquema preciso. Según la resolución, la ANDIS operó durante casi dos años con un mecanismo paralelo de compras —las llamadas “compulsas especiales”— en el que la competencia era ficticia y las adjudicaciones estaban definidas de antemano.

Cuatro droguerías concentraron más del 90% de ciertas contrataciones por montos superiores a los 30 mil millones de pesos, con incrementos abruptos de precios en medicamentos esenciales y accesos irregulares al sistema informático del organismo por parte de personas ajenas a la estructura estatal. El cuadro que describe el juez Casanello va más allá de una anomalía puntual. Se trata de una arquitectura diseñada para garantizar retornos, pagos privilegiados y direccionamiento sistemático.

La Salud como caja

Ese diagnóstico es el que complica políticamente al Gobierno. Porque el caso ya no se limita a los audios de Spagnuolo ni a la hipótesis inicial de un pedido de aportes irregulares. El volumen de pruebas empujó la causa hacia una reconstrucción más amplia del circuito de decisiones, donde la frontera entre funcionarios y operadores privados aparece deliberadamente difusa. Y en ese punto, el expediente vuelve a cruzarse con el mapa real del poder libertario.

En paralelo, el Ministerio de Salud atraviesa una fase de tensión silenciosa, pero el dato político central no es el desgaste de Mario Lugones sino la consolidación de Santiago Caputo. Tras el último reacomodo interno, el asesor presidencial terminó de afirmar su control sobre el área, convertida en uno de los núcleos de mayor peso dentro de su arquitectura de poder. En la lógica del oficialismo, Salud funciona como una caja de gestión y financiamiento bajo su influencia directa, con el PAMI como pieza clave operada por funcionarios de su máxima confianza.

Las conexiones entre ANDIS y el organismo previsional que conduce Esteban Leguizamo comenzaron a ser cada vez más evidentes, sobre todo a partir de que el nombre de su número 2, Carlos Zamparolo, apareciera en los registros incautados a Calvete junto a siglas políticamente sensibles. El rediseño del PAMI impulsado por el caputismo buscó centralizar aún más las decisiones, en un intento por controlar la gestión de insumos de alto costo, en medio de denuncias de pactos subterráneos con sectores del peronismo hechas por referentes libertarios del conurbano.

El Gobierno, por ahora, evita cualquier reacción que amplifique el tema. Más allá de en un principio desdecir a Spagnuolo, hasta el momento no hubo intento alguno de desacreditar la investigación judicial ni un discurso defensivo que ordene la escena. La apuesta, por el contrario, fue dejar que el expediente siga su curso sin transformarlo en un conflicto público. Pero ese silencio oficial también refleja una dificultad: el caso no golpea a un sector aislado, sino que toca simultáneamente a las dos alas del poder puertas adentro de la Casa Rosada.

En ese cruce, el expediente adquiere otra dimensión. No solo por lo que ya probó la Justicia, sino por lo que sugiere el propio fallo del juez Casanello cuando advierte que el esquema “no se agota en los hechos aquí probados” y que podría existir “otro nivel de complicidades”. Esa frase, leída con atención en Balcarce 50, es la que explica el clima de repliegue: nadie sabe hasta dónde puede escalar la causa ni qué nombres podrían aparecer en la próxima etapa.

PL/CRM

Un abogado que defendía a Miguel Ángel Calvete, uno de los implicados en la causa que investiga las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), renunció al cargo que ejercía en la Oficina Anticorrupción (OA).

Camilo Cordero Fabbri se desempeñaba como coordinador en el área de Admisión y Derivación de Denuncias en el organismo estatal.

El letrado representa a Miguel Ángel Calvete en un caso que derivó en su condena a cuatro años de prisión por explotación de la prostitución ajena.

El fiscal Franco Picardi acusa a Miguel Ángel Calvete, al extitular de la ANDIS Diego Spagnuolo y otros 14 exfuncionarios de integrar una organización que digitaba las compras para las llamadas Prestaciones e Insumos de Alto Costo y Baja Incidencia (PACBI).

“Se caracterizan por tener un costo económico elevado o un tratamiento prolongado, como las prácticas quirúrgicas de alta complejidad que se realizan una vez, así como también medicamentos biológicos para enfermedades ‘raras’”, dijo.

Con información de Noticias Argentinas

JIB

En octubre de 2024, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que nombraba a su exsocio en el fondo de inversión Axis y en la construcción del edificio Ola Palermo (ex Paseo Gigena), el constructor Martín Maccarone al frente de una nueva Secretaría de Coordinación de Infraestructura. La secretaría se creó formalmente y bajo su ala están otras dos secretarías, la inactiva de Obras Públicas y la de Transporte, pero desde hace más de un año que Maccarone se mueve como jefe pero nunca fue nombrado en los papeles. No es ni como Santiago Caputo, que tiene contrato de asesor. Maccarone, ni eso. Sin embargo, los negocios se aceleran a su alrededor.

Uno de esos son las son las concesiones viales que empezó a repartir. En una licitación con seis ofertas por los 741 kilómetros de ruta del Mercosur, Cartellone se quedó con el tramo principal y un consorcio integrado por Obring, Rovial, Edeca, Pitón y Pietroboni con el de conexión. Las seis constructoras seleccionadas aparecieron en la Causa Cuadernos, aunque sólo los hermanos Gerardo, José y María Cartellone y Daniel Pitón están sentados ahora en el banquillo de los acusados. En el negocio de la construcción juran que esta vez la subasta fue limpia, pero no descartan que se enturbie el proceso cuando reciban el financiamiento de $56.000 millones del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) para las obras. En el directorio del BICE se sienta el veloz abogado Maximiliano Voss, Evert Van Tooren; dos espadas twitteras de Luis Caputo, Martín Vauthier y Felipe Núñez, y Nicolás Scioli, hermano de Daniel, el incombustible secretario de Turismo, Ambiente y Deportes. Pronto se licitarán otros 1.800 kilómetros, de los cuáles sólo 72 serán de autopistas nuevas.

Después del accidente del tren San Martín, con 90 heridos, el año pasado, se declaró la emergencia ferroviaria para apurar con discrecionalidad los procesos de compras para reparar vías, señales y estaciones y así evitar una tragedia. También se incluyeron sistemas de wifi y cámaras que proveyó OCP Tech, la empresa de Leonardo Scatturice. En los primeros diez meses de 2025 se triplicó la casi inexistente inversión del área en el mismo periodo de 2024, según datos oficiales recopilados por la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP). Sin embargo, se ha ejecutado la mitad del gasto anual previsto cuando falta sólo un mes para que termine 2025. Eso sí, ahora se apuraron en lanzar una contratación directa por compulsa abreviada, es decir, sin los pormenores de una licitación formal, para que antes de que termine el año se adquieran 43 trenes.

A pesar de la alianza vertical con EE.UU., los proveedores chinos parten con todas las de ganar. Hace añares, el argentino de ascendencia china Fernando Lin era quien hacía lobby por los trenes del gigante asiático cuando Franco Macri quería quedarse con el Belgrano Cargas y después fue quien acompañó a Florencio Randazzo, ministro del Interior y Transporte de Cristina Fernández de Kirchner, a renovar el material tras la tragedia de Once. Eran tiempos en los que se hablaba del 15%, ni de diegos ni del 3%. Ahora los nombres de Lin y Randazzo figuran en los cuadernos de Miguel Calvete, exrepresentante de los supermercados chinos y uno de los principales acusados de las supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Maccarone controla todo, aunque también tiene sus hombres de confianza. Uno de ellos es el cordobés Mariano Plencovich, que hasta agosto pasado era subsecretario de Transporte Automotor y como tal era el amo y señor de las autorizaciones de cambios de recorridos de colectivos que cruzan del conurbano a la capital y viceversa. También manejaba la revisión técnica obligatoria (RTO) de ómnibus y camiones que cruzan jurisdicciones –inclusive los que iban a actos de La Libertad Avanza (LLA)– o el pago de subsidios al transporte público para personas con discapacidad y jubilados. Dimitió porque había llegado al Gobierno con el anterior secretario de Transporte, su coterráneo Franco Moggetta, que también se alejó en la previa electoral. Pero Plencovich se reconvirtió y reporta directo –por ahora sin contrato– al poderoso secretario sin nombramiento, que a su vez opera en tándem con su exsocio Caputo.

En otros asuntos se maneja con su secretario de Transporte, Luis Pierrini, y con el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne. Por ejemplo, en los intensos proyectos de la electrónica fueguina Mirgor, de Nicolás Caputo, alias Nicky, primo de Luis y tío de Santiago, un triángulo no exento de tensiones mutuas. Por un lado, el aperturista y antipolítica industrial Lavigne viene abriendo la competencia a Mirgor y sus vecinos de la isla, pero, por otro, esta empresa está en un plan fuerte de reconversión. Planea un hotel y una terminal de cruceros en Ushuaia, un puerto en Río Grande y este jueves consiguió la autorización de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) para probar vuelos turísticos desde Tierra del Fuego a la Antártida. No por nada el CEO de Mirgor, José Luis Alonso, se reunió un par de veces con el ministro saliente de Defensa, Luis Petri. La compañía además comenzó a operar hace dos meses un corredor aéreo de cargas junto con Mercado Libre y Aerolíneas para cubrir una ruta que une Ezeiza con Neuquén y Trelew. Josefina Sanz, que fue secretaria de Simplificación del Estado en el inicio del gobierno de Javier Milei, ahora asesora a Mirgor.

De Calvete a los Neuss

Quienes también metían cuchara sobre Mirgor eran tres funcionarios que pertenecían a la órbita de Lavigne: Esteban Marzorati, Javier Cardini y su novia Ornella Calvete. Marzorati venía de trabajar en la empresa de servicios de comercio exterior Global Trade and Shiping, donde supo tejer lazos con los funcionarios massistas a cargo de autorizar las importaciones, Matías Tombolini y Germán Cervantes, y llegó a ser secretario de Industria y Comercio hasta agosto pasado, cuando de manera repentina dejó el cargo. Ahora consiguió contrato en la Aduana, la dependencia que dirige José Vélis pero que está bajo la órbita de Santiago Caputo y su consejero Scatturice. No por nada los aduaneros no revisaron aquel avión de Scatturice tras un presunto llamado del Organismo Regulador de Aeropuertos (Orsna), que encabeza Facundo Leal. ¿Hará honor a su apellido en su relación con el dueño de Flybondi? Por lo pronto, la desregulación aérea ha multiplicado vuelos internacionales, pero no domésticos, donde Aerolíneas, Flybondi y Jetsmart siguen compitiendo sin nuevos rivales.

Debajo de Marzorati estaban Cardini, subsecretario de Gestión Productiva, y Ornella Calvete, directora nacional de Desarrollo Regional. La pareja de funcionarios tenía bajo su control el régimen de electrónica fueguina y por eso solían viajar seguida a la isla. Las empresas del sector aportan a un Fondo de Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina, que a su vez financia sus incursiones en nuevos negocios como los que planea Mirgor. Habrá que ver quiénes reemplaza ahora a Cardini y Ornella Calvete, que renunciaron tras el hallazgo en su casa de US$700.000 en efectivo en un allanamiento de la causa Andis. En sus declaraciones juradas al 31 de diciembre pasado, estana lejos de acumular tanto dinero. Cardini tenía un patrimonio declarado de US$166.000, de los cuales 34.000 tenía en cash, y su novia, activos por US$45.000, incluidos seis departamentos donados (cuatro al 100%, uno al 50% y otro al 25%), sin contado y con US$1.700 depositados. Su padre está condenado en prisión por regentear inmuebles para la prostitución. Pero no son ellos los únicos que manejaban crocante en el Ministerio de Economía.

Otros negocios bajo la órbita de Maccarone son la desafección de terrenos ferroviarios para que la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) profundice su senda de privatización de inmuebles. El BICE de Voss interviene en las valuaciones. Es de esperar que el secretario sin nombramiento mantenga a sus empresas alejadas de posibles compras. Donde sí mete cuchara es en la prórroga de concesiones de ferrocarriles de carga. Claro que mientras a Ferroexpreso Pampeano, del grupo Techint, y a Ferrosur Roca, de la cementera Loma Negra –recientemente pasó de manos brasileñas a las de Marcelo Mindlin–, sólo se les extendió el contrato por un año, hasta 2026, a Nuevo Central Argentino (NCA), de Aceitera General Deheza (AGD), de Roberto Urquía, se lo alargaron por siete. No por nada después AGD fue la única gran empresa local que blanqueó aportes a la última campaña electoral de LLA.

De todos estos procesos participa Trenes Argentinos Carga, cuyo presidente, Alejandro Núñez, fue antes socio de la familia Neuss, amiga de Santiago Caputo. No es el único funcionario que aportaron los Neuss a la administración de LLA, a cuya reciente campaña también contribuyeron. También sugirieron a Cardini; Osvaldo Rolando, un experto de larga trayectoria que encabezó el Ente Regulador de la Electricidad (ENRE); o Iñaki Arreseygor, jefe de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, otra área bajo la órbita de Maccarone que avanza en un nuevo intento de licitación de la hidrovía del río Paraná. Igual hay que diferenciar al simpático Georgie Neuss de sus primos más voraces por los negocios, Juan y Patricio, que a su vez actúan de manera independiente de su hermano Germán. Sus negocios abarcan sectores como la energía, el campo, las finanzas, la tecnología y los inmuebles.

De industriales a importadores

Pero no todas las actividades prosperan en la Argentina de Milei. La Unión Industrial Argentina (UIA) se parece cada vez más a la Cámara de Importadores de la República Argentina (CIRA). Los empresarios que antes producían manufacturas en el país ahora las traen de afuera, sobre todo de China, el origen que más crece entre las compras externas. Son los casos de la norteamericana Whirpool con sus lavarropas –había hecho una fábrica hace tres años para exportar–, la autopartista sueca SKF, la estadounidense Dana, la metalúrgica santafesina DBT Cramaco, su coterránea fabricante de ollas Essen, la cordobesa de muebles Color Living, la norteamericana de productos de higiene Kenvue, la brasileña de calzado Dass –que fabricaba marcas Nike o Adidas–, la ceramista bonaerense ILVA, su coterránea de termos Lumilagro, la automotriz alemana Volkswagen –el Taos se deja de fabrica en Pacheco y se traerá de México, aunque sigue produciendo acá la pick up Amarok y prepara una sucesora– y la japonesa Nissan. También hay despidos o suspensiones masivas en Mirgor, su rival fueguina Newsan, en la azucarera y papelera Ledesma, las de electrodomésticos Mabe, Briket y Electrolux, la de motos Corven, la textil Mauro Sergio, la de calzado Bicontinentar, las de alimentos Tía Maruca y Georgalos, la de colchones Bedtime, la láctea La Suipachense y la de partes de camiones Scania, según una recopilación propia, del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) y del Instituto Argentina Grande. Mientras, llega la ropa de Shein, Temu o Decatlhon, los autos BYD, Baic, Haval o Foton o los colectivos a gas King Long, que reemplazarán a los Mercedes-Benz o Scania con chasis brasileño y carrozado argentino.

Lavigne pasó vergüenza por no controlar a sus empleados, pero se jacta de haber dejado de controlar el mercado interno y las importaciones. Después de que el dueño de Techint, Paolo Rocca, reclamara una política industrial, el secretario dijo esta semana que “la mejor política pública es la inexistencia”. No es lo mismo que opina Donald Trump con su America First, Xin Jinping con su Made In China 2025, la Unión Europea con su Estrategia Industrial Europea, su Plan Industrial del Pacto Verde o su ley de chips, Japón con su Estrategia de Seguridad Económica, el Make In India, el Future Made In Australia, Lula con su Nova Indústria Brasil o Claudia Sheinbaum con su Plan México. Pero el Peluca y su equipo tienen otra cabeza.

AR/MG

La causa que investiga sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó este sábado una nueva renuncia. Se trata de Javier Ignacio Cardini,  yerno de Miguel Ángel Calvete, el operador en las sombras en la trama de los supuestos sobornos en el organismo, y amigo de Santiago Caputo.

Cardini renunció este sábado como subsecretario de Gestión Productiva. Fue quien llevó al Estado a Ornella Calvete, su pareja, y quien hasta este martes ocupaba un puesto en la Secretaría de Industria y Comercio en el ministerio de Economía de Luis Caputo. La joven yahabía presentado su renuncia este martes, el mismo día que su padre abrió la ronda de indagatorias ante el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, a cargo de la causa.

Aunque uno de los principales implicados es el ex titular de la Agencia, Diego Spagnuolo, según la fiscalía, Calvete era el nexo entre un grupo reducido de droguerías –Profarma, Génesis, New Farma y Floresta– y funcionarios de la ANDIS, a quienes dirigía e incluso financiaba con dinero en efectivo. Ante la justicia, Calvete optó por no declarar.

Calvete está detenido por orden del Tribunal Oral Criminal N° 8, que en junio de 2019 lo condenó a cuatro años de prisión por el delito de explotación económica del ejercicio de la prostitución ajena. De acuerdo a la Justicia, el empresario y consulltor cercano a Spagnuolo formó parte entre 2015 y 2016 de “una organización destinada a facilitar la prostitución de mujeres a quienes les asignaban departamentos en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires donde les ‘permitían’ vivir y donde ejercían la prostitución a cambio de un rédito económico por sobre los valores de alquiler de mercado y con condiciones contractuales leoninas”.

Cardini se había desempeñado como vicepresidente de operaciones en GreenTech Science; director ejecutivo en Grupo-Tek S.A., en QEV Argentina y director general en Calandra. También se desempeñó como jefe de producción en Cervecería y Maltería Quilmes y como director en una consultora enfocada en procesos productivos de industria y movilidad para PyMes.

Además de su hija y su yerno, Calvete también tenía a su hermana Susana Carmen trabajando en el Estado, como funcionaria del Ministerio de Economía, tal como informó elDiarioAR. La mujer figura en los cuadernos de su hermano en los que identificaba a los integrantes de su banda de presuntos sobornos de la ANDIS, que dirigía Spagnuolo, a las droguerías. También fue señalada en la causa por explotación de la prostitución de su hermano como la encargada de cobrar los alquileres. Terminó renunciando poco después de que se conociera que cumplía funciónes en Economía.

Despidos. Maltrato psicológico. Vaciamiento de áreas. Mudanzas intempestivas. Mientras el escándalo por las supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) tiene su desarrollo en los tribunales de Comodoro Py, puertas adentro del organismo encargado de atender a ese sector vulnerable de la población vive momentos de extrema tensión desde que fue eyectado Diego Spagnuolo –abogado y amigo de Javier Milei–.

En los últimos días en la agencia hay movimientos particulares por un hecho muy puntual: el cambio de sede de áreas internas. En ese marco se está trasladando una oficina que a la luz de la supuesta trama de corrupción ya genera suspicacia internamente: la mudanza de la Dirección de Asuntos Jurídicos, a cargo de Florencia de Paoli desde el 23 de septiembre de 2024. Justamente es un área de donde salieron algunos chats filtrados sobre la suspensión de pensiones en medio del escándalo de corrupción, supo elDiarioAR de fuentes internas.

El argumento que se le dio a los trabajadores para el traslado de áreas es económico: se está dejando un edificio alquilado para mudarse a inmuebles propios de la agencia. La ANDIS se creó en 2017 con la unificación de tres organismos con sedes separadas: Incluir Salud, en la avenida Rivadavia –el único que se alquila–, la Comisión Nacional de Pensiones, en la calle Yrigoyen, y el Sistema Nacional de Rehabilitación, en la calle Ramsay. 

Así se está llevando a cabo una mudanza doble: algunas áreas desde la sede Yrigoyen se trasladan a la sede de Ramsay, y otras áreas de Rivadavia a Yrigoyen, para no pagar más alquiler en Rivadavia. La decisión la comanda el interventor tras la salida de Spagnuolo, Alejandro Alberto Vilches.

La mudanza y las denuncias públicas echaron leña al fuego al clima adverso que tienen que soportar los trabajadores desde que asumió Milei. Ya se recortó casi la mitad de la planta: comenzó con unos 1600 y se corrió a 600 personas. “La dotación óptima del organismo es de 881 agentes”, se lee en un apartado sobre el personal en la web https://www.argentina.gob.ar/andis/.

Esos despidos o baja de contratos incluyeron a funcionarios con larga trayectoria. “A mí me destrozaron la vida. Yo tenía mucha demanda laboral y una antigüedad de 23 años”, denunció ante elDiarioAR Ivonne Guanuco, ex empleada de la ANDIS en Humahuaca, Jujuy, trabajadora social encargada de asistir a una importante cantidad de municipios en el NOA. Solo en su sector echaron a 14 personas y vaciaron las oficinas de profesionales, ya que solo quedaron algunos administrativos.

“Yo tenía 9 años de antigüedad cuando me rajaron, con contratos de planta transitoria, con renovación anual. Esa precariedad de contratación hizo que nos rajen y que no nos indemnicen y que no tengamos derecho a un seguro de desempleo”, se sumó al coro de quejas otra despedida, que prefirió guardar su anonimato. 

Las entrevistadas aseguraron que el caso de corrupción que encabezaron Spagnuolo y Miguel Calvete, entre otros, revela la mala gestión libertaria en la política de acompañamiento a las personas con discapacidad. En el medio el Gobierno vetó la ley de emergencia y, tras la insistencia del Congreso, tampoco la aplicó. “Acá diariamente están pasando tantas cosas a nivel laboral, derechos, etc, que nos pasan por arriba 20 veces. Estamos esperando un diciembre nefasto. Estamos bajo un régimen y cualquier cosa que digamos es para que nos despidan. Y que se entienda que el organismo además está intervenido por una presunta causa de coimas en medicamentos, no por culpa de los trabajadores”, señaló otra de las personas consultadas.

Uno de los trabajadores relató que una compañera fue maltratada al ser reincorporada. Sufrió violencia verbal por parte de la entonces Directora Nacional de Inclusión, Romina Núñez, quien después pasó a ser Subdirectora Ejecutiva y que fue destituida con la intervención tras la salida de Spagnuolo. “Se encargó de hablar delante de todo el mundo en voz alta y decirle que ahora que había vuelto a la oficina ese lugar no era un circo para andar haciendo videítos”, comentó un testigo. Según apuntó, en marzo de 2024 varios trabajadores hicieron un video contando cómo habían sido expulsados y denunciando el vaciamiento de la agencia. 

La interna sindical

A la problemática en ANDIS se le suma la complejidad de su representación gremial. Como es un organismo que ensambló distintos entes, las juntas internas de UPCN se unificaron, pero en ATE quedaron separadas. Este miércoles voces sindicales confirmaron a elDiarioAR la salida de nuevos funcionarios y empleados de la agencia, algunos mencionados en la causa judicial de los sobornos y otros por otras cuestiones de mala gestión. 

Los casos más destacados en la reciente depuración son el de Roger Grant, coordinador de Gestión de Urgencias de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud, y Diego D’Giano, director de Prestaciones Médicas y médico auditor, piezas clave en la trama Spagnuolo-Grant. Pero también aparecieron como desplazados el director de Administración, Técnica y Legal de Andis, Nahuel Andrés Tavernelli, así como uno de sus colaboradores: el coordinador de Asuntos Contenciosos de la Dirección de Asuntos Jurídicos, Edmundo Gaspar Sentis. “Todos los que bajaron están más sucios que una papa”, dijo un delegado. Según apuntó, Tavernelli “robaba para UPCN”.

En octubre pasado ATE se movilizó a la sede de Yrigoyen, donde funciona la histórica oficina de Andis, y denunció que el Gobierno “busca desmantelar el espacio que actualmente brinda atención a la ciudadanía para trámites esenciales”. El Sindicato también exigió que cesen las auditorías arbitrarias y se restablezcan las pensiones suspendidas. 

Reclamo de los familiares

El desfalco que habrían ocasionado las compras con sobreprecios dirigidas supuestamente por Spagnuolo y Calvete beneficiando a un puñado de droguerías alcanzaría los $40.000 millones. Y el sector de discapacidad entiende que es un absurdo justo cuando el Gobierno rechazó la Ley de Emergencia, que implicaba aumentos en las prestaciones. “El desvío de fondos que son para los tratamientos revelan que la situación sigue muy vulnerable. La asistencia en escuelas y hogares sigue sostenida por el aporte de las familias y de los trabajadores. Los transportistas siguen sin recibir una actualización y hoy un acompañante terapéutico sigue cobrando 3 mil pesos”, denunció Natt Rodríguez de la Red en Discapacidad.

Como corolario al panorama, este mismo jueves se supo que el juez de Campana Adrián González Charvay, que iba a fallar por la implementación de la ley, fue corrido de la causa, por lo que se sigue dilatando la implementación de la Ley de Emergencia. Por eso desde los trabajadores, las familias y los pacientes están organizando una movilización contra el Gobierno para el 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

MC/MG

Casi dos horas después de que elDiarioAR difundiera que la abogada Susana Calvete, hermana de uno de los principales acusados de la causa de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), era funcionaria del Ministerio de Economía, el secretario de Coordinación de la Producción, Pablo Lavigne, la despidió de su cargo. La hermana de Miguel Calvete figura en sus cuadernos en los que identificaba a los integrantes de su banda de presuntos sobornos de la ANDIS, que dirigía Diego Spagnuolo, a las droguerías.

Miguel Calvete oficiaba como intermediario de las supuestas coimas. Y a su estructura, a la que llamaba Tuco, pertenecía su hermana; su hija Ornella, que era directora nacional de Desarrollo Regional y Sectorial del Ministerio de Economía hasta que renunció hace dos días por el escándalo; su yerno Javier Cardini, que resiste como subsecretario de Gestión Productiva en la misma cartera; y Mariano Gaibisso, que era asesor en la Subsecretaria de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial hasta que esta tarde Lavigne le pidió la renuncia tras una consulta de elDiarioAR.

El secretario de Coordinación de la Producción se sacó de encima a tres de los cuatro involucrados de su área. En su entorno aseguran que no tenía trato con los tres que se marcharon y que a Cardini lo conoció cuando asumió el cargo en diciembre de 2023, al iniciar el gobierno de Javier Milei. En estos casi dos años de gobierno, Lavigne se había diferenciado de su antecesor en la Secretaría de Comercio Interior, Matías Tombolini, porque no le habían recaído sospechas de presunta corrupción. Sin embargo, bajo su área se colaron cuatro funcionarios que ahora aparecieron en la trama de negociadados de la ANDIS.

Si no es el secretario de Coordinación de la Producción, ¿quién banca entonces al único de los cuatro que permacen en su cargo, Cardini? El asesor presidencial Santiago Caputo. Fue él quien lo llevó a cargo. Son amigos a partir de otra amistad que tienen en común: el empresario Juan Neuss, que fue además compañero del colegio Champagnat con el ahora subsecretario cuestionado.

Susana Calvete era abogada de Economía. Hasta febrero pasado, de la Secretaría de Industria, en concreto. Su hermano, además de estar en la causa ANDIS, fue condenado a prisión por explotación sexual, dado que tenía una red de departamentos que funcionaban como prostíbulos. Ella fue señalada en esa causa como la encargada de cobrar los alquileres.

Cardini, a su vez, el yerno del presunto intermediario de Spagnuolo, es un ingeniero industrial que trabajó en diversas empresas privadas antes de entrar a la gestión pública con Milei. Se desempeñó en la cervecería Quilmes y en las compañías Calandra, QEV, Grupo Tek y Greentech Science. Como subsecretario, por sus modos no se ha ganado precisamente el cariño de secretarias, mozos y demás personal de la administración pública. Pero es el escándalo de su suegro y su novia el que ahora lo ponen en la cuerda floja. Por ahora lo sostiene Santiago Caputo. Y eso que la trama de presunta corrupción en la ANDIS desemboca presuntamente en coimas que llegarían a la rival interna del asesor presidencial, Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.

AR/CRM

Miguel Ángel Calvete, acusado de ser el vínculo de las presuntas coimas de las droguerías al ex jefe de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo, no sólo tenía a su hija Ornella trabajando tanto en su red delictiva, según consta en sus cuadernos, como también en el Ministerio de Economía. Su hermana Susana Carmen Calvete también figura en su estructura de supuestos sobornos y a la vez es contratada del Palacio de Hacienda. Es más, hasta febrero pasado dependía de la Secretaría de Industria. A diferencia de su sobrina, que renunció tras conocerse el escándalo, la abogada Susana Calvete sigue en su cargo.

En total, cuatro de los mencionados en sus cuadernos por Miguel Calvete en su grupo apodado “Tuco” han sido funcionarios de la Secretaría de Coordinación de la Producción, a cargo de Pablo Lavigne dentro de Economía. Una es su hermana Susana. Otra es su hija Ornella, exdirectora nacional de Desarrollo Regional y Sectorial. Otro es su yerno, pareja de Ornella, y actual subsecretario de Gestión Productiva, Javier Cardini. El cuarto es Mariano Gaibisso, asesor en la Subsecretaria de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, a quien Lavigne le pidió la renuncia este jueves. Los cuatro aparecen en la extensa lista, fueron identificados por el diputado peronista Rodolfo Tailhade y sus contratos fueron confirmados por elDiarioAR.

En las huestes de Lavigne se intentaron desligar del caso: “A Cardini no lo puso él. Lo conocimos acá en diciembre de 2023. A Susana Calvete y a Gaibisso no los conoce. Ellos y Ornella reportaban a Cardini”. En el gobierno de Mauricio Macri, Lavigne había sido subsecretario de Facilitación del Comercio; y Gaibisso, director del programa El Mercado En Tu Barrio, de la Secretaría de Comercio. Patricia Canavesi, secretaria de Miguel Calvete e integrante de Tuco, también había trabajado en la Secretaría de Industria en el era Macri.

En aquel gobierno, Miguel Calvete era concejal de Cambiemos en el municipio de La Matanza. Fue en ese tiempo cuando la Justicia lo empezó a investigar por explotación sexual, dado que tenía una red de departamentos que funcionaban como prostíbulos. Su hermana Susana fue señalada en ese causa como la encargada de cobrar los alquileres. Él está preso ahora, no por la causa Andis, por la que hasta Spagnuolo sigue libre, sino por aquel caso.

La mala fama de Calvete tiene larga data. Así lo cuentan sus compañeros en los 90 del Movimiento por la Dignidad y la Independencia (Modin), el partido del carapintada Aldo Rico, que se había levantado contra el gobierno de Raúl Alfonsín para frenar los juicios por los crímenes de la última dictadura.

Ya en ese entonces se desconfiaba de sus manejos. Por esas casualidades de la vida estaba en la esquina de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) cuando la volaron en 1994. Y trabajó como asesor del concejal porteño del Modin Alejandro Montiel, que después de una noche con Calvete terminó extorsionado con fotos comprometedoras para votar a favor del menemismo. Montiel se negó y terminó divorciado.

También despertó recelos en los 2000 cuando se recicló como presidente de una de las dos cámaras empresariales en las que estaba dividido el supermercadismo chino. Por aquellos años llegó a comprarse los minimercados Eki, donde tuvo como empleado a Gaibisso. Por entonces supo cultivar buenos vínculos con la prensa y como tal aparecía en su rol de representante de los almaceneros asiáticos o más tarde como consultor de consumo masivo. Incluso algunos periodistas figuran en su listado Tuco.

Pero el nombre más comprometedor de los cuadernos de Calvete es que el resume con dos letras: KM. Un par de siglas que haría referencia a Karina Milei, la secretaria general de la presidencia, que según esos escritos y los presuntos audios de Spagnuolo se quedaría con el 3% de los supuestos sobornos.

AR/MC

La diputada electa por La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires Karen Reichardt salió a rechazar de manera categórica en declaraciones a elDiarioAR las versiones que vinculan a su ex marido Gustavo Balabanian con presuntas operaciones irregulares mencionadas en el marco de la causa que investiga al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo. También afirmó que un giro de 230.000 dólares revelado por elDiarioAR que aparece en el fideicomiso del empresario Fred Machado corresponde a una operación aeronáutica “en blanco” realizada en 2015.

Reichardt sostuvo que la operación financiera se desarrolló en el marco de actividades comerciales habituales. “Ese giro de 230.000 es algo que está totalmente en blanco, porque mi ex marido tuvo aviones y Fred Machado primero fue piloto, pero después también vendía aviones”, aseguró. Según su relato, el movimiento bancario podría corresponder a la compra, venta o arreglo de una aeronave: “Fue una operación de aeronáutica. Puede ser un arreglo del avión, puede ser el avión, pero está en blanco”.

A su vez, la dirigente remarcó que su ex marido, empresario del sector asegurador y propietario de Paraná Seguros, no tiene vínculo alguno con la política ni con el entramado que se investiga en torno a la gestión de Spagnuolo. “No hay relación entre todo esto y el ANDIS. No hay relación de ningún tipo”, afirmó. También descartó cualquier nexo entre los apuntes atribuidos a Calvete y el ex funcionario: “Esto que están poniendo del cuaderno de este señor… ya decantará. Pero no inventen”.

El audio de Karen Reichardt

Reichardt denunció además que la difusión del dato forma parte de una “opereta destinada a ensuciar” a su entorno a raíz de su exposición política. “Desde que entré en la política me están tratando de hacer cosas. Hablaron mal de mi padre, de mi hermano, dijeron barbaridades… ahora van por mi ex marido”, señaló. Aseguró que la repercusión del giro carece de sustento: “Obviamente que esto no va a tener trascendencia, porque como está en blanco es solamente manchar y difamar”.

Por último, insistió en que su ex esposo se dedica exclusivamente a actividades empresariales y que la operación citada se explicará fácilmente cuando avance la investigación. “Un juez no llama a una persona porque esté anotadito. Tiene que tener una relación. Y acá no la hay”, afirmó. Respecto de los aviones involucrados en las anotaciones, añadió: “Mi ex marido ya vendió el avión hace un montón. Fue una transacción legal, en blanco. Lo que aparece en ese cuaderno es un disparate más, y ya se va a demostrar”.

Después de que la semana pasada el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, y otras 14 personas vinculadas a la causa fueran llamadas a indagatoria en el marco de la investigación sobre supuestas coimas en esa dependencia, este martes arrancó la ronda de declaraciones con Miguel Ángel Calvete, quien se presentó ante el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi pero optó por no hacer declaraciones.

El empresario fue concejal de La Matanza por Cambiemos entre 2015 y 2019 y presidente de la Federación de Supermercados y Autoservicios Chinos de la República Argentina (FESACH), y está apuntado por la fiscalía por sus vínculos con Spagnuolo y su segundo, Daniel Garbellini, y de ser un nexo entre el organismo y proveedores, una pieza clave para “garantizar un esquema de corrupción” para beneficiar a diferentes laboratorios.

Además, Calvete está detenido por orden del Tribunal Oral Criminal N° 8, que en junio de 2019 lo condenó a cuatro años de prisión por el delito de explotación económica del ejercicio de la prostitución ajena. De acuerdo a la Justicia, el empresario y consulltor cercano a Spagnuolo formó parte entre 2015 y 2016 de “una organización destinada a facilitar la prostitución de mujeres a quienes les asignaban departamentos en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires donde les ‘permitían’ vivir y donde ejercían la prostitución a cambio de un rédito económico por sobre los valores de alquiler de mercado y con condiciones contractuales leoninas”.

15 indagatorias y una investigación que atraviesa al corazón del Gobierno de Milei

En su resolución, el fiscal federal Franco Picardi, a cargo de la investigación por la causa ANDIS, consideró: “Frente a ese cuadro fáctico, construido en función de los elementos probatorios recopilados por la fiscalía a cargo de la investigación, considero reunido el grado de sospecha previsto en el art. 294 del Código Procesal Penal de la Nación para hacer lugar al pedido del acusador público y disponer el llamado a indagatoria” a Spagnuolo, Pablo Atchabahian; Miguel Ángel Calvete, Daniel María Garbellini, Eduardo Nelio González, Lorena Di Giorno, Roger Edgar Grant, Luciana Ferrari, Federico Maximiliano Santich, Guadalupe Ariana Muñoz, Patricio Gustavo Rama, Ruth Noemí Lozano, Andrés Horacio Arnaudo, Silvana Vanina Escudero y Alejandro Gastón Fuentes Acosta.

“ANDIS se constituyó como una agencia en la cual existió un esquema estructurado y sostenido de direccionamientos de contrataciones públicas y, en consecuencia, por las características, de defraudación al erario nacional, instrumentado mediante el uso del sistema informático SIIPFIS como herramienta de aparente transparencia”, agregó Picardi.

La causa se inició cuando salieron a la luz audios donde supuestamente Spagnuolo aseguraba que había coimas alrededor de la compra de medicamentos para discapacitados.

Esa situación derivó luego en su salida del cargo y un sinfín de idas y vueltas sobre la veracidad de los audios, difundidos por un medio de comunicación.

La investigación judicial se centra en las supuestas coimas que se pagaron en el marco de la compra de medicamentos para los adheridos al Programa Incluir Salud, destinado a personas que poseen pensiones no contributivas y tiene cobertura médica.

La defensa de Spagnuolo, encabezada por el abogado Mauricio D’Alessandro, aseguró en un escrito presentado días atrás que los audios no eran reales y que sospechaba de inteligencia artificial.

La agenda de las indagatorias

A quiénes investiga el fiscal Picardi

La causa que investiga presuntas maniobras de corrupción en la ANDIS tiene a 15 personas involucradas, entre exfuncionarios del organismo y representantes del sector privado, señalados por su participación en un supuesto esquema de direccionamiento de compras, sobreprecios y manejo irregular de fondos vinculados a la provisión de medicamentos e insumos de alto costo, que salpica también al corazón del Gobierno tras los audios que mencionan a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Entre los principales implicados se encuentran el ex titular del organismo, Diego Spagnuolo, y el ex director de Acceso a los Servicios de Salud, Daniel Garbellini, a quienes la fiscalía señala como responsables del direccionamiento de compras y del ingreso de terceros ajenos al organismo en decisiones sobre fondos públicos.

Spagnuolo, Garbellini y Miguel Ángel Calvete enfrentan además el secuestro de todos sus dispositivos electrónicos, mientras que en los domicilios de Eduardo Nelio González, Lorena Di Giorno y Pablo Atchabahian se ordenaron allanamientos para incautar documentación, dinero y elementos tecnológicos vinculados a contrataciones con diversas droguerías.

Junto a ellos, deberán declarar como imputados Roger Edgar Grant, Luciana Ferrari, Federico Maximiliano Santich, Guadalupe Ariana Muñoz (novia de Calvete), Patricio Gustavo Rama, Ruth Noemí Lozano, Andrés Horacio Arnaudo, Silvana Vanina Escudero y Alejandro Gastón Fuentes Acosta, todos mencionados por su presunta participación en el esquema investigado.

En paralelo, se dispusieron allanamientos en los domicilios de Sebastián Nuner Uner, Sergio Daniel Mastropietro, Julio César Viera, Diego D’Giano, Ornella Calvete, Fernando Jensen, Fernando Daniel Domínguez y en la sede de Baires Fly S.A.

La causa seguirá su curso en los próximos días con la ronda de indagatorias y las medidas de prueba ordenadas, mientras el juzgado y la fiscalía avanzan en determinar el rol de cada uno de los imputados dentro del presunto circuito de irregularidades en la ANDIS.