“El incendio finalmente cruzó la ruta 40”, informa Manuel Jaramillo, director general de la Fundación Vida Silvestre de Argentina. Se refiere al incansable fuego que avanza desde el 5 de enero sobre los bosques y poblados de la provincia de Chubut, en la Patagonia, donde otra vez, otro año más, los incendios forestales no dan tregua.

“Es la peor tragedia ambiental en 20 años”, aseguró en declaraciones públicas Abel Nievas, secretario de Bosques de la provincia de Chubut. Hay al menos 3000 evacuados y se habla de más de 21 000 hectáreas de bosques, pastizales, plantaciones y viviendas afectadas, incluso Parques Nacionales. Se trata de una superficie equivalente a la de la Ciudad de Buenos Aires.

Jaramillo está en contacto con brigadistas, funcionarios y pobladores de la zona y explica por qué el escenario se repite cada verano. Cada enero parece ser peor.

“A diferencia de lo que solía pasar en otros momentos con el clima, ahora el fuego quema casi igual de noche que de día. De noche, usualmente, bajaba un poco la temperatura y la intensidad de los vientos. El fuego, podríamos decir, bajaba su violencia, su agresividad. Ahora, el fuego sigue quemando de noche, sigue habiendo viento, sigue habiendo altas temperaturas, y esto hace que sea muy difícil asegurar el control”, agrega Jaramillo en diálogo con Mongabay Latam. Hace más de un mes que no hay precipitaciones significativas en la zona, afirma. “Las temperaturas están llegando a 32 °C y estamos recién empezando enero”.

“Ese es otro tema que también me transmiten mis colegas -asegura-. Estamos en enero y ya tenemos condiciones extremas de fuego, como solíamos tener en marzo, después de que nos comimos todo el calor del verano”.

En Argentina, la Patagonia arde pero el fuego amenaza también otras regiones. “Se ha declarado un riesgo extremo de incendio en 16 provincias y las autoridades consideran que la situación debe ser considerada potencialmente explosiva o extremadamente crítica por las altas temperaturas, la baja humedad, los fuertes vientos y el déficit de lluvia”, asevera Jaramillo. Y añade: “Algunos investigadores dicen que estamos en la era del Piroceno”.

—¿Por qué?

—Hemos visto incendios emblemáticos en los últimos años y esto está muy condicionado con las variables del cambio climático, que se están manifestando cada vez más fuertemente. Tiene que ver, en primer lugar, con el cambio de las variables de temperatura y de humedad, pero también con un aumento en la carga de combustibles [la biomasa] y en la continuidad de estos combustibles. Los expertos hablan de un triángulo del fuego que es el calor, el combustible y el oxígeno. El calor es natural o puede ser aportado por el hombre, justamente cuando enciende un fuego. El oxígeno está siempre disponible, generalmente en mayor o menor medida. Cuando hay vientos, obviamente hay más oxígeno y eso hace mover el fuego.

El combustible es lo que más podemos manejar, pero es lo que no se está haciendo bien. No se está controlando la cantidad y la continuidad del combustible. Eso hace que cuando empieza un foco ígneo se desate un incendio y sea cada vez más difícil de controlar. El fuego camina, podríamos decir, siguiendo la disponibilidad de combustible y siguiendo las condiciones del oxígeno, que muchas veces está orientado por el viento. En la Patagonia argentina, también en la provincia de Córdoba, el fuego toma velocidades y condiciones que son casi explosivas. Los incendios en Argentina son la manifestación, año a año, de situaciones cada vez más críticas.

—Se repiten incluso las zonas afectadas...

—En 2021 tuvimos una tragedia en esta misma zona donde estaba ocurriendo este incendio en la provincia de Chubut, que esperamos que no tenga las mismas consecuencias. En 2021 se quemaron más de 600 casas y más de 1500 personas fueron afectadas en el incendio de Las Golondrinas, cuando se manifestó lo que son los incendios de interfase, es decir, que se desarrollan en áreas de transición entre zonas urbanas y rurales o forestales. Cuando estudié ingeniería forestal, hace ya casi 30 años, los incendios de interfase se estudiaban como algo potencialmente posible, con ejemplos de Estados Unidos y España. Hoy se están manifestando en Argentina.

—¿Qué características tienen los incendios de interfases?

—Se hace mucho más complicado porque lo que se quema tiene otras características. Es mucho más explosivo, hay mucho más riesgo de daño a personas, hay electricidad, en algunos casos y hay gas. Empieza a haber más riesgo de pérdidas de vidas humanas, de afectaciones de las personas. Entonces, los combatientes de incendios forestales que están entrenados para trabajar en una línea de fuego, generalmente en ambientes rurales aislados, tienen que tener elementos para poder ayudar en incendios de estructura. Ahí se colabora mucho con los bomberos locales, que no suelen dar abasto. Es como una multiplicidad de incendios domiciliarios, todos a la vez. Lo conversaba con algunos combatientes hace poquito.

—¿Qué ve cuando visita y habla con los rescatistas?

—Un incendio común los somete a un estrés importante, pero, por ejemplo, encontrar tantas personas dañadas, quemadas, animales dañados y quemados, es algo para lo cual los bomberos locales a veces no están preparados ni siquiera emocionalmente. Entonces, estos incendios tienen una complejidad en el abordaje que requiere mayor preparación, mayor cantidad de recursos, mayor atención también sobre los propios combatientes y los bomberos, que son los héroes en estos casos.

Hay que pensar en la seguridad de las personas, de los brigadistas. La naturaleza es importante, hay que preservarla, es la fuente para muchos elementos centrales, pero, con trabajo y esfuerzo, la naturaleza se puede recuperar, se puede restaurar. Las vidas de las personas no. Es importante que se haga todo asegurando el mayor cuidado de la vida de los habitantes, de los pobladores, de los combatientes, del personal afectado.

—Hubo recortes de recursos económicos por parte del Gobierno de Javier Milei al área de prevención de incendios. ¿En qué estado está el país para afrontar estas crisis?

—En 2013 se creó por ley el Sistema Federal de Manejo del Fuego, que integra cuatro sectores: el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, las provincias, la Administración de Parques Nacionales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ese sistema es colaborativo y lo que hace es ayudar a cada jurisdicción provincial con personal, recursos, logística, operativos y medios aéreos cuando es necesario y cuando lo solicitan.

Los medios aéreos los administra el Sistema Federal de Manejo del Fuego, por eso la Nación es la que suele precontratarlos, y en gran medida se alquilan porque el Estado no puede mantener un avión. Lo que hace el Servicio Nacional es precontratar las horas de vuelo. Si vos no tenés una buena contratación, la cual pagues bien y en término, las empresas le alquilan los aviones a Brasil, a Paraguay, a Chile y perdés justamente la posibilidad de tener buen material disponible.

Luego, hay una Ley de Manejo del Fuego de 2012, que es para prevenir y combatir los incendios forestales y otorga la responsabilidad a las autoridades nacionales sobre el Servicio Nacional del Manejo del Fuego, que está a cargo ahora de la Subsecretaría de Ambiente y la Administración de Parques Nacionales.

La ley obliga a realizar los planes de manejo del fuego para prevenir y suprimir incendios a nivel provincial, regional y nacional, y otorga fondos del presupuesto nacional para su cumplimiento. Lamentablemente, en este año, en particular, el presupuesto que tenemos es solo el 0.014 % del total del presupuesto del Sistema Nacional de Manejo del Fuego, y eso refleja que las condiciones que hay para planificar estos eventos no son las mejores. Es importante mencionar que esto es recurrente, nunca ha sido muy alto en ningún gobierno.

A pesar de eso, en los últimos 30 años podríamos decir que todo lo que es el Sistema Nacional de Manejo de Fuego se ha fortalecido, hay muchos más combatientes, están en mejor condición en muchas provincias, ya son personal de planta y tienen tareas de prevención o de control de combustible cuando es temporada baja de incendios. Lo que ocurre es que, cuando no hay un incendio, debería haber igual o más cantidad de recursos para trabajar en la prevención.

—¿Cómo se debería prevenir?

—En términos muy generales: reducir la carga de combustible [biomasa] y preparar estructuras de respuesta para cuando hay una emergencia. Y acá hay un tema: se pueden prevenir los incendios con quemas controladas. Son esenciales para reducir la continuidad y la carga de combustible, quizás no tanto en los ecosistemas boscosos, donde al quemar desechos de podas se pueden quemar pastizales que generan continuidad, pero mucho más en los ecosistemas de pastizales, como en la provincia de Corrientes, donde tuvimos graves incendios en 2022, 2023 y sucesivamente. Se deben realizar quemas en condiciones controladas cuando el clima lo permite, con personal capacitado, con los elementos necesarios para controlar cualquier escape de esas quemas.

Esto es central para que no haya tanto combustible disponible y tanta continuidad. Es importantísimo entonces promover el fortalecimiento del Sistema Nacional de Manejo del Fuego.

—La Fundación Vida Silvestre dialoga permanentemente con las autoridades nacionales y provincias de Argentina. ¿Qué respuestas reciben cuando plantean estos problemas en torno al manejo del fuego y a los incendios?

—Desde que inició la Ley de Manejo del Fuego, en 2012, la Fundación ha tenido diferentes vínculos con diferentes gobiernos. Generalmente, a nivel político, el fuego empieza a ser un tema de conversación cuando ya hay un incendio declarado y cuando ha tomado una envergadura tal que se ha transformado en un tema público. A nivel técnico, dentro de las estructuras de gobierno, hay mucha preparación, mucha preocupación para poder mejorar las coordinaciones, tanto técnicas como políticas.

En algunos casos también se ha dado que lamentablemente la falta de comunicación entre algunas provincias y Nación, en diferentes periodos de gobierno, ha favorecido o ha demorado el accionar del Servicio Nacional. A veces intentamos articular, como cuando hubo desencuentros entre las autoridades durante los incendios en Corrientes de hace unos años. Tardaron bastante en ponerse de acuerdo. Es lamentable.

Hace varios años se habló de unos 82 millones de dólares que llegaban del Fondo Verde del Clima para el pago por resultados, por deforestación evitada. Se asignaron a las 24 provincias para diferentes actividades. Una de ellas era justamente el desarrollo de estos planes de manejo del fuego que tienen que hacerse a nivel provincial. Lamentablemente esos fondos no se han asignado y los que se han asignado no se han ejecutado correctamente, según trascendió en publicaciones periodísticas.

—¿Qué le contaron los brigadistas y contactos sobre los incendios en Chubut?

—Estuve en la zona ahora afectada en octubre, en Puerto Patriada, justo donde empezó el incendio a principios de enero. La Fundación Vida Silvestre está colaborando con la Agencia Alemana de Cooperación Internacional, con Fundación Avina y con otras instituciones en un plan de restauración de los incendios que ocurrieron entre 2011 y 2014. En las reuniones en la zona, lo que uno escucha es lo de siempre: hay una continuidad de combustible muy grande.

Hay un tema específico: los pinos. En las décadas de 1960 y 1970 existió una política fomentada por el Estado nacional de desmontar, de quitar el bosque nativo e implantar diferentes especies de pinos, de piceas, de abetos, de cupressus y coníferas exóticas para promover la industria maderera. Lo mismo que estaban haciendo en Chile, donde transformaron el bosque nativo en pino.

En Argentina eso no funcionó, en parte porque las condiciones climáticas en la zona son distintas. Afortunadamente no funcionó porque si no tendríamos hoy mucho menos bosque nativo y muchas más plantaciones de pinos exóticos, como en Chile. El problema que quedó es enorme porque esas plantaciones se abandonaron y al abandonarse no tuvieron raleos, no tuvieron podas. Al no haber podas, los pinos mantienen las ramas durante mucho tiempo, que son como escaleras para el fuego. Entonces, cada vez que llega el fuego, rápidamente alcanza las copas, como se ve en los incendios bien altos.

Los pinos exóticos son muy resinosos y están adaptados a lugares donde los fuegos naturales son recurrentes [no a la Patagonia]. Usan el fuego como dispersión. Las piñas explotan, vuelan prendidas fuego, con lo cual inician nuevos focos de incendio. A su vez, la semilla es tan resistente que luego del incendio lo que vos tenés es un semillero de pinos. Se transforma en una enorme oferta de combustible que vuelve a quemarse frecuentemente.

—Las estadísticas oficiales sostienen que el 95 % de los incendios forestales en Argentina son causados por la acción humana, según el Servicio Nacional de Manejo del Fuego. ¿Cuáles pueden ser las razones?

—Pueden ser por diferentes motivos. Se inician por descuidos, por intencionalidad, porque uno se peleó con el vecino, porque se quiere quedar con la tierra. Hay muchas razones por las cuales la gente inicia fuegos. En algunos casos porque quieren que las áreas queden quemadas y limpias para actividad productiva. Mientras estamos hablando la provincia de Chubut tiene unos ocho focos de incendios forestales. Si no se trabaja mucho en la prevención y en la reducción de la carga de combustible, esto casi que no tiene solución.

También están apareciendo muchísimos incendios por rayos. Hace 30 años no pasaba o, si pasaba, no estaba del todo registrado. El clima está cambiando, hay cada vez más tormentas eléctricas en la Patagonia, algo que antes no era nada común. Caen los rayos y generalmente no llueve, cuando antes sí llovía. Entonces, hoy te cae un rayo y te desprende un fuego en un lugar recóndito y perdido en la Cordillera [de los Andes]. Y no llueve. Es imposible la llegada con personal. Ahí sí, los medios aéreos son importantes.

—¿Los aviones son esenciales?

—Son importantes, pero ningún incendio forestal se va a apagar solo con medios aéreos. Hay que trabajar en terreno, frenando la carga con la continuidad e intentando generar espacios de sacrificio, quemas seguras. Además, en Argentina, por diferentes regulaciones, y por costos también, no se está usando mucho el retardante que se lanza desde los aviones.

Nota: la cifra de hectáreas afectadas se actualizó el lunes 12 de enero a las 11:51.

ED/MF

La provincia de Tierra del Fuego se encuentra atravesada por un debate socioambiental: el Gobierno provincial impulsa un proyecto de ley para habilitar la cría industrial de salmones en jaulas, una actividad prohibida por ley en la provincia.

La discusión ha dividido a la clase política y a un sector de la sociedad que sigue atento los vaivenes legislativos en torno al proyecto, una iniciativa cargada de críticas por la forma en la que ha avanzado en el sistema legislativo de espaldas a la sociedad civil y frente a un modelo del vecino país que viene demostrando los impactos socioambientales de las salmoneras: el modelo chileno, donde la industria es uno de los pilares económicos.

La discusión tiene antecedentes. En marzo de 2018, Argentina anunció un convenio de cooperación con Noruega, el principal productor de salmones en el mundo, para estudiar la factibilidad de desarrollar la salmonicultura en el país, específicamente, en el Canal de Beagle, en Tierra del Fuego. Entonces, como ahora, sectores de la sociedad civil, entre ellos ambientalistas, científicos y habitantes, se organizaron para oponerse a un modelo de industria que aseguraban atentaría contra el ambiente, el turismo y la producción pesquera local. Además, sostenían que la implantación de la salmonicultura a nivel industrial echaría por la borda proyectos alternativos, que se encontraban en marcha, para intentar desarrollar la actividad de manera sustentable, como informó entonces Mongabay Latam.

La resistencia a la salmonicultura en la provincia activó el debate legislativo y la sanción de una ley que prohibió en 2021 la cría de salmones en jaulas en el mar y habilitó con límites la cría en tanques en tierra. Sin embargo, la discusión está de regreso.

Desde julio último, el Poder Ejecutivo provincial busca modificar aquella ley de 2021. Plantea prohibir la producción de salmónidos únicamente en el Canal de Beagle, el estrecho austral entre Argentina y Chile que conecta parcialmente las aguas del océano Pacífico con las del océano Atlántico. Se trata de una zona de alto valor en biodiversidad marina, donde habitan lobos marinos y diversas especies de delfines, además de aves como cormoranes, pingüinos y el cóndor andino, y fauna marina como la centolla patagónica. El canal cumple un papel como recurso de carbono azul, como corredor biológico entre océanos y tiene una ubicación estratégica como puerta de entrada a la Antártida.

Esta iniciativa del gobernador Gustavo Melella implica habilitar las salmoneras en el resto de la isla, tanto en mar como en tierra. De aprobarse el proyecto oficialista, la zona de producción industrial de salmones se concentraría en el mar del norte de la isla, ya que otra ley protege el sureste desde 2022, cuando se declaró a la Península Mitre como área natural protegida, impidiendo allí actividades industriales. 

No a las salmoneras 

El colectivo “No a las salmoneras” está compuesto por organizaciones de la sociedad civil, pueblos originarios, ambientalistas científicos, artistas, cocineros, trabajadores, docentes, estudiantes, cátedras libres, integrantes de partidos, vecinos y vecinas, entre otros sectores de la provincia de Tierra del Fuego.

En un documento, el colectivo detalló las razones por las cuales se opone a la cría extensiva de salmones que se crían en jaulas en el mar. Los salmones, una especie carnívora e introducida por el hombre en Chile, “se escapan de a miles [de las jaulas] y devoran todo lo que encuentran a su paso: centollas, langostillas, peces más pequeños”. De esta forma, “las especies nativas disminuyen por depredación y por competencia de espacio y alimento. Estos escapes de salmones alteran gravemente el frágil equilibrio que sostiene la vida marina, desde el pequeño y esencial plancton hasta la inmensa y magnífica ballena”. 

Pero no se trata solo de los otros animales que se comen los salmones cuando se escapan, aseguran. “Estos peces, que crecen hacinados de miles en jaulas flotantes, consumen harinas ultraprocesadas y están sobremedicados, tienen enfermedades propias de esas condiciones y también contagian a las otras especies marinas”, afirman.

Otra de las razones es la supuesta matanza de lobos marinos y pequeños cetáceos asociada a la salmonicultura, que se alimentan en las zonas donde se encuentran las jaulas flotantes con miles de salmones. “Estos animales son eliminados intencionalmente en los diferentes centros de cultivo”, aseguran. “Cuando no los matan, mueren atrapados en las mallas y redes antidepredadores que se colocan alrededor de las jaulas”. 

La potencial destrucción del fondo marino es otra de las razones detalladas en el documento. “El alimento ultraprocesado, las fecas y los cuerpos de miles de salmones se acumulan en el lecho [marino]. Esto hace que proliferen algas que consumen el oxígeno y que entonces se generen zonas muertas, sin vida acuática”, explican. Los ejemplos, aseguran, están a la vista en el modelo chileno.

Nancy Fernández, especialista en Educación Ambiental y profesora en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, es, además, presidente de la ONG Asociación Mane´kenk, que integra este colectivo “No a las salmoneras”. En diálogo con Mongabay Latam y elDiarioAR, explica que el principal cuestionamiento de su organización es la forma en la que el Gobierno de la provincia quiere cambiar la ley que actualmente prohíbe la salmonicultura extensiva.

“Desde nuestra organización, siempre tuvimos una posición conciliadora y asistimos a las mesas de diálogo y a las comisiones legislativas para participar, aportar técnicos, datos, información. Hubo muchos episodios en la provincia durante los cuales se quisieron sancionar leyes controversiales, pero, incluso entonces, se tomaron en cuenta algunos de nuestros aportes. Esta vez, se trata de un proceso oscuro”, asegura Fernández.

Las ONG y sectores de la ciudadanía y la ciencia critican que la ley haya llegado al recinto de la legislatura provincial con un dictamen cuestionado por la forma “apurada e irregular” en la que fue aprobado el 8 de agosto último, en una autoconvocatoria del oficialismo -FORJA, partido del gobernador Melella- y el opositor La Libertad Avanza -el partido de Javier Milei-, que apoya el proyecto de ley para legalizar la salmonicultura extensiva. 

Con apenas cuatro votos -lo mínimo exigido- se autoconvocaron durante un cuarto intermedio y aprobaron un dictamen a favor del proyecto. “Queremos que abran el debate”, exige Fernández. “Existen intereses económicos muy grandes detrás de esta industria”, asegura.

El colectivo también critica las condiciones de trabajo de las personas dedicadas a la salmonicultura. “Para cumplir con la demanda de las empresas, realizan malas prácticas de buceo, con inmersiones continuas, sin respetar los tiempos de descompresión y en profundidades para las que no están habilitados”, afirmaron en el documento. “Esto [se realiza] para arreglar las mallas y jaulas o levantar los cadáveres de miles de salmones que se acumulan en el fondo marino, entre otras tareas”. 

Los opositores a las salmoneras en Tierra del Fuego también resaltan otro punto: se trata de una industria que demanda un alto nivel de fiscalización y control por parte del Estado, y cuando este no está lo suficientemente presente, los impactos de la salmonicultura se extienden, como arrojar salmones en descomposición al mar y derrame de combustible.

Los altos consumos de energía que conlleva la cría de salmones en piletones con el Sistema de Recirculación Acuícola (RAS, por sus siglas en inglés), que cría peces en tanques cerrados en tierra, también es otro punto del debate. Actualmente, la ley provincial habilita los tanques en tierra con límites de hasta 50 toneladas de reproducción anual. El proyecto del oficialismo provincial busca eliminar el límite. 

También señalan “la crueldad animal que implica criar animales en escalas industriales”. “Una jaula flotante o un piletón en tierra tienen en su interior miles de salmones hacinados, adormecidos con benzocaína para enlentecer sus movimientos instintivos y vitales, que desarrollan conductas caníbales, nadan entre su excremento y los cadáveres de otros peces”, aseguran.

“No estoy en contra del desarrollo de la actividad, es importante para la provincia, con un potencial muy grande, pero sí estoy de acuerdo con mantener la prohibición de la salmonicultura en el mar”, afirma el legislador Matías Lapadula, del partido Provincia Grande y ex secretario de Producción del municipio de Río Grande, Tierra del Fuego.

Lapadula cree que será muy difícil poder llevar a la práctica la salmonicultura en la costa norte de la provincia con un sistema con jaulas, debido a grandes amplitudes de marea. Pero el legislador resalta que el proyecto oficialista habilita a la actividad en otros cuerpos de agua de la provincia, como lagos, lagunas y ríos. “Estoy a favor de la acuicultura, pero tiene que ser sí o sí de forma sostenible y siendo absolutamente celosos del cuidado ambiental porque es una actividad dañina, con impacto y, mal hecha, todo lo que acarrea produce daños irreversibles”, explica.

Además, Lapadula afirma: “Como está planteado el proyecto, estamos haciendo un negocio para pocos. Es verdad que en Chile son 60.000 puestos de trabajo, pero el 90% de estos puestos de trabajo tiene que ver con el procesamiento y envasado del salmón. Chile ha desarrollado toda una cadena de valor a lo largo de 40 años, que Tierra del Fuego no tiene. Ellos manejan prácticamente el mercado. Como está planteado este proyecto, nosotros engordaríamos y criaríamos salmones para luego vendérselos a Chile y que ellos terminen exportando el pescado como producto chileno”.

La semana pasada, Mongabay Latam y elDiarioAR se comunicaron con dos voceros de la gobernación de Tierra del Fuego para conocer las razones del oficialismo provincial para impulsar esta industria y conocer si ha realizado estudios de impacto ambiental y social de la actividad. Sin embargo, al cierre de esta nota, ninguno de ellos había respondido las consultas. 

Ante la consulta de estos medios, Lapadula afirma que el oficialismo no ha presentado a los legisladores ningún tipo de estudio ambiental previo en la provincia que analice los posibles impactos de la salmonicultura en el mar argentino, así como en lagos, lagunas y ríos. Tampoco en la extensión industrial de tanques en tierra.

“Sí a las salmoneras”

Agustín Coto, legislador de La Libertad Avanza en Tierra del Fuego, es uno de los cuatro legisladores de la provincia que aprobó el dictamen del proyecto de ley oficialista para que sea tratado en el recinto.

Tras la aprobación del dictamen el 8 de agosto pasado, la Legislatura intentó tratar el proyecto durante noviembre pero sorpresivamente la sesión se canceló sin que el oficialismo y sus aliados pudieran aprobarlo. Las versiones en la provincia sostienen que no tenían los votos suficientes. El partido de Merella sostiene que fue por un paro de trabajadores legislativos, pero el gremio salió a negarlo con un comunicado. 

Coto había presentado en un primer momento un proyecto para extender la cría de salmones en tanques en tierra, sin tocar la prohibición que pesa actualmente sobre la actividad en el mar y cuerpos de agua. Sin embargo terminó apoyando la iniciativa del oficialismo.

En diálogo con Mongabay Latam y elDiarioAR, Coto defiende su decisión y asegura que antes de hacer cualquier estudio de impacto socioambiental debe modificarse la ley. “No se puede hacer un estudio sobre una actividad que está prohibida”, argumenta.

Al igual que el oficialismo provincial, el legislador aliado del presidente Milei sostiene que la salmonicultura tiene potencial económico y generará empleo. 

El oficialismo, además, enmarca la discusión en la acuicultura no solo en la cría de salmón, sino también trucha, erizo, mejillones, algas y centollas. Diego Marzoni, subsecretario de Pesca y Agricultura provincial, dijo al medio ADNSUR que el proyecto contempla “todas las salvaguardas ambientales necesarias” y que el Gobierno provincial proyecta que en los próximos seis u ocho años se podrían producir 100.000 toneladas de pescado, de las cuales un máximo de 80.000 toneladas serían de salmón.

El funcionario dijo, además, que la salmonicultura podría generar “entre 4.000 y 4.500 puestos de trabajo” y una inversión de hasta 400 millones de dólares.

“Hay discusiones que están saldadas -afirma Coto-. Por ejemplo, la discusión de si estamos de acuerdo o no con actividades de salmonicultura en el Canal de Beagle. Eso está claro: no hay un legislador de los 15 que estamos en la Legislatura que esté de acuerdo con eso. Lo que este dictamen permitiría sería la posibilidad de establecer la actividad en mar abierto, o sea en agua salada”.

Sin embargo, reconoce que no hay un estudio científico oficial sobre cómo podría afectar la actividad a la zona cercana al canal. Mongabay Latam y elDiarioAR preguntaron a Coto si cree que la provincia tiene las herramientas, la capacidad y los recursos para poder controlar o fiscalizar la actividad. El legislador respondió que sí, pero este es uno de los puntos centrales de la oposición de las ONG, científicos y ambientalistas, quienes creen que la salmonicultura en el mar sobrepasará las capacidades de fiscalización de Tierra del Fuego.

ED/CRM

Desde que llegó al poder, en diciembre de 2023, la vicepresidenta Victoria Villarruel ha cambiado tres veces sus equipos y tuvo ya varias manos derecha. En marzo último, comenzó a reconfigurar su entorno hasta dar con el equipo que se mantiene desde entonces. Se desprendió o perdió colaboradores clave en la toma diaria de decisiones, así como figuras centrales en la configuración de su perfil político. 

En el marco de su pelea con el presidente Javier Milei y su hermana, Karina, secretaria general de la Presidencia, Villarruel, reacomodó sus fichas humanas con el objetivo de potenciar su carrera política y sobrevivir al Presidente y a La Libertad Avanza (LLA). Sus ambiciones políticas son, para los Milei, contrarias a los intereses del mandatario y la Casa Rosada.

En ese camino, expulsó o perdió directores del Senado que la aconsejaban diariamente, como Juan Martín Donato, el exj efe de los Villarruelines, la juventud militante de la vicepresidenta. Lo sustituyó por Mario “Pato” Russo, consultor político de Milei durante la campaña de 2021. 

Además, repatrió a Claudia Rucci, quien había renunciado a su cargo formal como directora del Observatorio de Derechos Humanos del Senado en enero pasado. La dirigente peronista regresó a su cargo y sumó además una segunda dirección: Atención Ciudadana, que hasta marzo ocupó Donato y central en el armado político. 

Villarruel también encumbró a otros colaboradores, como Claudio Gallardo, militar retirado de la Inteligencia del Ejército, director general de Seguridad del Senado y su principal consultor en temas de seguridad personal. 

La vicepresidenta también tiene su “triángulo de hierro”. Lo conforma junto a Russo y Gallardo, aseguran quienes han pasado por el Senado en los últimos meses.

El entorno de la funcionaria se completa con amigas, hijas e hijos de amigos, muchos de los cuales son sus ahijados -Villarruel tiene muchos ahijados-, hijos de militares acusados de delitos de lesa humanidad e integrantes del lefebvrismo, una corriente tradicional y preconciliar del catolicismo. Muchos de los miembros de su equipo se identifican como “peronistas del 55” o el ala más a la derecha del peronismo.

Además, es asesorada por un grupo de académicos católicos especializados en relaciones internacionales, denominado en el Senado como el Grupo de Geopolítica, vinculados también al lefebvrismo.

Inteligencia militar

Claudio Gabriel Gallardo, un hombre de Infantería, expareja de Villarruel y ex director de Inteligencia del Ejército está a cargo de la seguridad en el Senado, según explicaron a elDiarioAR cuatro fuentes directas del villarruelismo. Sin embargo, su nombre no figura formalmente en el organigrama de la Cámara Alta. Seguridad es la única dirección del Senado que figura vacante en la web oficial.

Gallardo llegó a ser director de Inteligencia del Ejército durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando fue ascendido en 2018. Luego se retiró. 

A Gallardo se le adjudica una extrema vigilancia del personal del Senado. Tres fuentes directas de la Cámara Alta sostuvieron que a principios de año, estalló una crisis con Donato, entonces mano derecha de Villarruel, y el equipo de los villarruelines, quienes enfrentaron a la vice al fiscalizar para la candidata de Karina Milei en las elecciones porteñas, Pilar Ramírez.

Entonces, el militar asumió la función virtual de jefe de Gabinete y se encargó de entrevistar a cada integrante del equipo para reorganizar el entorno de la vicepresidenta. Luego de las entrevistas, vinieron los despidos/renuncias. Además de Donato y los directores del Senado que le respondían al dirigente, renunció el director de Comunicaciones y vocero oficial, Gaspar Bosch.

La mano derecha de Gallardo en el Senado es el también militar retirado Jorge Vives, otro hombre de la Inteligencia militar.

En el Senado, le adjudican a Gallardo un control extremo de la seguridad, algo que en el triángulo del hierro de la vice niegan tajantemente y donde agregan: “Se ha derramado tinta sobre el General -por Gallardo-. nada de lo que dicen es cierto”. Agregan: “Y no es gorila”.

En mayo último, el nombramiento de otro exmilitar puso a Villarruel en el centro de las críticas.  La vicepresidenta designó a Juan Manuel Gestoso Presas como número dos de la Dirección de Auditoría. Se trata de un ex oficial de Inteligencia relevado en 2008 después de que se lo acusara de haber ordenado quemar información solicitada para investigar el robo de bebés durante la dictadura.

Amigas e hijos de militares

María Eugenia Tasende es contadora y directora general de Auditoría del Senado. Fue compañera de Villarruel en el Instituto Social Militar Doctor Dámaso Centeno, donde cursaron juntas cuarto y quinto año de la secundaria, en los años 90. Tasende, al igual que Villarruel, es hija de un militar del Ejército. Son amigas en la vida personal y en su equipo la consideran una especie de “mano derecha invisible” de la vicepresidenta. Además, dicen, se encarga de coordinar parte de las cuentas de redes sociales que apoyan -otros las llaman trolls- a la funcionaria. Una de sus hijas es secretaria privada en el área de Recursos Humanos del Senado y ahijada de Villarruel.

Guadalupe Jones es secretaria administrativa del Senado, en rigor, secretaria privada de la vicepresidenta. Se conocen de la militancia en las asociaciones que reclamaban por los derechos de los militares detenidos por delitos de lesa humanidad y se hicieron amigas. Cuando Villarruel viajaba a Salta como presidenta del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv) se hospedaba en su casa. 

Con los años, se distanciaron, cuando Villarruel dejó de hablar de los militares presos por lesa humanidad para concentrarse solo en la defensa de las víctimas de las guerrillas. Pero retomaron su amistad.

Jones es también una de las personas que figuran en el contrato de alquiler de la casa del barrio privado El Encuentro, que habitó Villarruel durante 2024, pero no porque haya vivido allí, sino porque aparecía para proteger la identidad de su jefa y amiga. “Victoria no habla de dónde vive por seguridad”, dicen en su círculo íntimo.  

Jones es hija de Juan Carlos Jones Tamayo, un militar salteño acusado por violaciones a los derechos humanos, que murió cumpliendo prisión perpetua. Jones Tamayo fue jefe de la Central de Inteligencia del Regimiento de Montaña 20 del Ejército Argentino, con sede en San Salvador de Jujuy, durante la última dictadura militar.

La secretaria privada de la vice siempre fue una activa militante contra el proceso de juicios por lesa humanidad contra militares, a quienes considera “presos políticos” del kirchnerismo. 

Marcelo Cinto Courteaux es otro hijo de militar preso por lesa humanidad. Es director de Relaciones Parlamentarias del Senado. Colaboró también en el equipo de Villarruel durante su paso por Diputados. Su padre lleva el mismo nombre y se encuentra detenido por la represión a la Contraofensiva montonera, a finales de la década de 1970. Cinto Courtaux padre era miembro de inteligencia del Ejército: fue jefe de la sección I del Destacamento 201 de Inteligencia del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo, entre 1979 y 1980.

El grupo de Geopolítica/lefebvrismo

Se trata de un grupo de académicos especializados en política internacional que aconseja a Villarruel. Suelen reunirse cada tanto para debatir marcos teóricos. Está integrado por profesores de la Universidad del Salvador (USAL) y miembros de la iglesia lefebvrista, especialmente la de la localidad de La Reja, en Moreno. Suelen estar detrás de algunos posicionamientos de Villarruel con respecto a la política internacional de Milei.

Los padres de Villarruel solían frecuentar la iglesia lefebvrista de la calle Venezuela, en el barrio porteño de San Cristóbal y las misas en latín son las preferidas de la vicepresidenta.

Algunos de sus miembros son el abogado Facundo Genis, Saturnino Funes y el juez penal de Mercedes Ignacio Gallo, cuya hija es ahijada de Villarreal y secretaria privada en el Senado.

Peronistas de Perón

Mario “Pato” Russo es consultor político y nacionalista católico. Proviene del peronismo bonaerense y es un practicante de la batalla cultural de la derecha. Hizo un posgrado en Etología (estudio del comportamiento animal) en la Universidad Nacional de La Plata y se especializó en comunicación no verbal. Tiene muchas coincidencias ideológicas con Villarruel. Su mentor intelectual es el politólogo, periodista y empresario Vicente Massot. Ambos son de Bahía Blanca.

Fue consultor de Milei en las elecciones de 2021 en el distrito porteño. Se adjudica haber introducido el concepto de “la casta” en aquella campaña. Entonces recibió tres opciones para elegir a la segunda del economista en la lista de diputados de ese año: la humorista y conductora Lizy Tagliani, la comunicadora libertaria Rebeca Fleitas y la presidenta del Celtyv, Victoria Villarruel. No dudó ni un segundo. Fue por Villarruel.

Luego se peleó con Milei pero mantuvo puentes con la vice. Se incorporó a su equipo formalmente a principios de año como jefe de Asesores de la funcionaria en el Senado. Actualmente, acompaña a Villarruel en sus viajes por las provincias y sus reuniones con gobernadores e intendentes.

Tiene una hipótesis: cree que Milei no podrá completar su mandato. Suele decir que no es un deseo sino una presunción, en base a su conocimiento sobre la personalidad del Presidente. Russo está convencido de que Milei no podrá sobreponerse ante una eventual crisis social y dejará el poder antes de 2027. Entonces, dice Russo, Villarruel asumiría el control del Gobierno hasta las elecciones. 

Iris Speroni también es de las peronistas del grupo. Es economista y nacionalista católica. Directora general de Relaciones Institucionales del Senado desde junio de 2025. Antes fue directora de Auditorías, desde diciembre de 2023. Critica abiertamente en sus redes sociales al presidente Milei.

Claudia Rucci es otra peronista del equipo. Es hija de la víctima más célebre que se adjudica a Montoneros: la mano derecha de Juan Domingo Perón, el sindicalista José Ignacio Rucci, asesinado en septiembre de 1973. Fue actriz desde pequeña y pasó por varias telenovelas, hasta que decidió dedicarse de lleno a la política en el mismo espacio de su padre.

Fue aliada de Francisco De Narváez, de Eduardo Duhalde y de José Manuel De La Sota. Fue dos veces diputada por la provincia de Buenos Aires y senadora provincial. Desde 2021, forma parte de Encuentro Republicano Federal, un ala del peronismo antikirchnerista que nuclea también a Miguel Ángel Pichetto, Joaquín De la Torre, Juan Carlos Romero y Miguel Ángel Toma. La fundación del espacio le llevó a Villarruel el plan de reestructuración de las áreas de Seguridad, Defensa e Inteligencia cuando era candidata a vicepresidenta.

Tras su incorporación al Senado, durante los primeros meses de 2024, Rucci se dedicó a construir políticamente para Villarruel. La sentó con intendentes, cuadros políticos, gobernadores del peronismo y del PRO para que se sumen a su armado. “Uno de ellos le escribió 14 páginas sobre cómo ella debía insertarse en el escenario nacional”, cuentan en el Senado. Ese plan nunca se activó para evitar la ruptura con los Milei. Hasta que el Presidente la llamó traidora y la interna no tuvo vuelta atrás.

Esta nota fue realizada gracias al soporte del Consorcio para Apoyar el Periodismo Independiente en la Región de América Latina (CAPIR), un proyecto liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).

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La difusión de audios atribuidos al director de la agencia de Discapacidad, Diego Spagnuolo, y a la secretaria general de la Presidencia y hermana presidencial, Karina Milei, activaron los intentos del Ejecutivo para censurar a periodistas y medios de comunicación y reinstalaron el debate sobre la legalidad de las grabaciones privadas.

De acuerdo al Código Procesal y la Ley de Inteligencia Nacional, las escuchas telefónicas sólo son válidas como prueba judicial si son ordenadas por un juez. Sin embargo, existe jurisprudencia que ha sentado precedentes sobre grabaciones realizadas por particulares, como el caso Skanska. 

En cuanto a la censura previa, el penalista Andrés Gil Domínguez, explica a elDiarioAR que no es constitucional ni legal en Argentina y que ningún juez puede ordenarla, como lo hizo el magistrado civil Alejandro Maraniello, ya que viola la Constitución Nacional y los tratados internacionales a los que adhiere el país. Aquí ocho preguntas y respuestas para entender el caso.

¿Cuáles son los audios que el Gobierno pide que no se difundan?

El Ejecutivo pretende frenar la difusión de cualquier audio, pero tiene un especial interés en evitar que se conozcan los audios atribuidos a la hermana del presidente en el canal de streaming Carnaval. Por eso, Karina Milei recurrió a los tribunales civiles y el Ministerio de Seguridad presentó una denuncia penal por presunto espionaje ilegal.

El intento de censura previa se da luego de que la difusión de audios atribuidos a Spagnuolo, quien además de ex director de la agencia de Discapacidad es abogado y amigo del Presidente. De acuerdo con diferentes pedidos de acceso a la información realizados por el Centro de Datos de Chequeado, Spagnuolo es la cuarta persona que más veces ingresó a la Quinta de Olivos: 38 visitas, entre enero de 2024 y marzo de 2025 (último dato disponible).

En los audios que se le atribuyen, Spagnuolo habla de supuestas coimas dirigidas a Karina Milei por el 3% de los montos de los contratos en la dirección de Discapacidad. Por este caso, hay también una investigación penal.

¿Qué investiga la Justicia en torno a los audios?

La primera causa fue iniciada es una causa penal por el contenido de los audios de Spagnuolo. El abogado Gregorio Dalbón –quien suele patrocinar a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner– denunció penalmente a los hermanos Milei, a Spagnuolo y a otros funcionarios y empresarios por el presunto delito de pago de coimas en la compra de medicamentos.

La causa quedó radicada en el juzgado federal de Sebastián Casanello, quien delegó la investigación en el fiscal Franco Picardi. Se dispusieron más de una decena de allanamientos y se dictó secreto de sumario.

La investigación se centra en presuntas coimas que articularía Eduardo “Lule” Menem, funcionario a cargo de Karina Milei.

Luego de los allanamientos y el avance de esta causa, se difundieron audios atribuidos a Karina Milei hablando sobre la crisis institucional y política en el Gobierno. En uno de los audios, la hermana del Presidente dice: “No podemos entrar en la pelea entre nosotros. Nosotros tenemos que estar unidos, imaginate”. En el segundo, agrega: “Entonces, acá ni siquiera. Porque en verdad acá no tienen que estar las 24 horas. Porque yo entro a las 8 de la mañana y me voy a las 11 de la noche de la Casa Rosada”.

A pesar de lo inocuo del contenidos de los audios hasta el momento, el Ejecutivo respondió activando otros dos expedientes judiciales: una causa penal a cargo del juez Julián Ercolini y el fiscal Carlos Stornelli y otra causa civil, que tramita en el juzgado de Maraniello.

¿Qué planteó el Gobierno en la Justicia?

En el fuero civil, Karina Milei presentó un escrito alegando que los audios que se le atribuyen fueron “recabados ilegal e ilícitamente y sin su consentimiento”. Además, hizo alusión a los audios de Spagnuolo, que “habrían sido obtenidos también de manera ilegal e ilegítima y que perjudicarían gravemente su honor, reputación, la actividad profesional que desarrolla y el buen nombre y honor de su familia y del gobierno que integra”.

“Sin reconocer su veracidad y desconociendo el modo en que los medios que los reproducen pudieran haberlos obtenido, requiere que se prohíba su circulación”, planteó la hermana del Presidente, reclamando una acción de censura previa. 

En el fuero penal, el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, solicitó que “se adopten medidas cautelares urgentes a fin de impedir la propagación de nuevas filtraciones ilícitas, disponiendo la prohibición de difundir, propalar o divulgar nuevos registros relacionados con el caso, bajo apercibimiento de incurrir en el delito de desobediencia, y requiriendo a las personas, los organismos, los medios de comunicación y los prestadores de servicios digitales la debida colaboración para hacer efectiva tal decisión”.

La presentación penal fue realizada por el funcionario de Seguridad Fernando Oscar Soto, quien sostuvo que los audios habrían sido grabados y difundidos por una “organización criminal”, mediante el desarrollo de “actividades prohibidas y penadas por la Ley Nacional de Inteligencia”, que habrían consistido en “la captación y obtención ilegal de supuestos audios de conversaciones y/o comunicaciones privadas que corresponderían a la Secretaria General de la Presidencia” mediante prácticas de “espionaje ilegal”, para luego procederse a su “edición, manipulación, tergiversación y difusión clandestina”, a través de redes sociales y medios de prensa. 

Soto dice que estos medios “habrían sido elegidos deliberadamente” con el supuesto fin de “alarmar y desinformar a la población, desestabilizar los principales indicadores de la política económica, influenciar en el proceso electoral en las próximas elecciones legislativas”, por las elecciones de este domingo en la provincia de Buenos Aires. “Lo ocurrido formaría parte de una trama más amplia, que involucra a la oposición kirchnerista en una campaña de desinformación para derrocar al Gobierno”, sostuvo Soto en su escrito. Sin embargo, los audios salieron de la propia Casa Rosada.

El ministerio que dirige Patricia Bullrich solicitó allanar el canal de streaming Carnaval, el primero en difundir los audios, y los domicilios de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, de Pablo Toviggino –principal accionista de Carnaval– y del abogado Franco Bindi, pareja de la diputada Marcela Pagano.

Soto abre camino en su presentación para que la causa se extienda a los audios atribuidos a Spagnuolo: menciona también que lo ocurrido “formaría parte de una trama más amplia y que algunos de los periodistas de los que señala se animan a chantajear a funcionarios espiados ilegalmente”, algo sobre lo que ningún funcionario se manifestó hasta el momento.

En un intento por sentar las bases para involucrarse en el objeto de investigación del juez Casanello y el fiscal Picardo en la causa por las supuestas coimas en la agencia de Discapacidad, el fiscal Stornelli, en base a esa presunción de Soto, sostiene en el dictamen que dio inicio a la causa: “Podemos afirmar que la maniobra que será objeto de estudio no debe limitarse a los audios mencionados de Karina Milei sino en la génesis de la operación que encuentra su puntapié inicial en supuestas grabaciones del mismo tenor efectuadas sobre otro entonces funcionario público”.

¿Qué decidió el juez del caso civil?

El juez federal en los Civil y Comercial Alejandro Maraniello concedió la medida cautelar solicitada por Karina Milei y prohibió la difusión de los audios que se le atribuyen a la funcionaria. 

El magistrado ordenó el “cese de la difusión” a través de “cualquier medio de comunicación de forma escrita y/o audiovisual y/o a través de redes sociales desde todo sitio, plataforma y/o canal web”. Además, ordenó cursar una comunicación urgente al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) para que controle que los medios de comunicación cumplan con la orden judicial.

El objetivo, dijo Maraniello, es “resguardar bienes jurídicos de igual jerarquía constitucional (que la libertad de prensa), tales como la intimidad y el honor de las personas involucradas, así como la seguridad institucional derivada de la eventual divulgación de contenidos sensibles para el funcionamiento del Estado”. “Lo expuesto no importa convalidar la figura de la censura previa, en tanto la medida bajo análisis se circunscribe únicamente a una restricción de carácter provisorio y excepcional al ejercicio de la libertad de prensa”, sostuvo el juez.

Sin embargo, un nuevo audio atribuido a Karina Milei –que involucraría al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem– fue difundido en Uruguay por el streaming Dopamina, donde la orden judicial no tiene alcance.

¿Qué decidió el fiscal del caso penal con respecto a la censura?

Stornelli hizo lugar a la apertura de una causa pero no a la censura. “En primer lugar, debo decir que en la investigación no podrá hurgar en las fuentes de algún periodista, merezca el concepto que merezca por parte de quien lo analice, ello por mandato constitucional y sin perjuicio de que alguno quiera voluntariamente, en ese sentido, aportar datos que considere puedan servir al descubrimiento de la verdad”.

También se negó, por el momento, a allanar a los periodistas denunciados por el ministerio de Bullrich: “Esto incluye la inviolabilidad del domicilio, salvo orden fundada de juez competente”.

El fiscal penal también se refirió a la supuesta ilegalidad de los audios: “Estamos frente a una operación de inteligencia ilegal, de factura indudablemente clandestina, elaborada en consabidos y oscuros sótanos, lo que debe ser materia incansable de investigación”.

¿Puede el Poder Judicial censurar a los medios y periodistas?

No, no puede hacerlo porque se lo prohíbe la Constitución Nacional y los pactos internacionales de derechos humanos a los que adhiere Argentina y que tienen rango constitucional, explicó el penalista Andrés Gil Domínguez a elDiarioAR.

El artículo 14 de la Constitución Nacional, ley máxima de Argentina, prohíbe la censura previa y diversos tratados internacionales que suscribe el país sólo restringen la libertad de expresión mediante “responsabilidad ulteriores” a la publicación. Por ejemplo, el Pacto de San José de Costa Rica, en su artículo 13, establece el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, que incluye la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, sin importar las fronteras, y por cualquier medio. Este derecho no puede estar sujeto a censura previa, sino solo a responsabilidades posteriores establecidas por ley y necesarias para proteger derechos o el orden público.

También hay jurisprudencia internacional, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). En el Caso Olmedo, la última tentación de Cristo versus Chile, el tribunal se pronunció en contra del país y eso obligó a Chile a reformar su Constitución y quitar la censura previa como una posibilidad en su sistema.

¿Hay antecedentes de censura previa?

Sí, la jueza María Servini demandó al cómico y conductor Tato Bores en 1992, a través de una acción de amparo para evitar la publicación de un tape en el que se la mencionaba en el programa de Bores. En primera instancia la Justicia rechazó la solicitud por considerar que se trataba de un acto de censura previa.

Sin embargo, al día siguiente, tras la apelación de la jueza, la Cámara en lo Civil y Comercial Federal revocó el fallo de primera instancia y otorgó la cautelar, prohibiendo provisionalmente la proyección de cualquier imagen o concepto vinculado con Servini. 

El tribunal argumentó que la prohibición de la censura previa no es absoluta y que la protección del honor de la jueza justificaba la medida. 

La Corte Suprema revocó el fallo porque la Cámara no había siquiera visto los tapes en cuestión para analizar si correspondía hacer lugar al pedido de la jueza.

¿Pueden utilizarse los audios de Karina Milei y Spagnuolo como prueba judicial?

Las opiniones son disímiles, pero existen antecedentes que avalan el uso de grabaciones telefónicas aportadas por particulares, que se grabaron sin la intervención de un juez. 

En la causa “Skanska”, se utilizaron grabaciones del gerente comercial de la compañía sueca, Javier Azcárate, admitiendo que la empresa pagó coimas a funcionarios del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) y Nación Fideicomisos SA, una empresa del Banco Nación. 

En 2008 la Cámara Federal de Apelaciones declaró la nulidad de esa prueba. Eso desembocó en el sobreseimiento de los acusados. Sin embargo, en 2016, la Cámara de Casación Penal resolvió que las pruebas eran válidas y el juez de primera instancia, Sebastián Casanello, reabrió la causa.

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La vicepresidenta Victoria Villarruel aumentó su patrimonio en un 217% en 2024, de acuerdo con su última declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción (OA) analizada por elDiarioAR. La compañera de fórmula de Javier Milei declaró bienes por más de $80,2 millones a diciembre del año pasado. Había comenzado aquel año con poco más de $36,8 millones.

Sin embargo, el salto en su patrimonio no se debe a la adquisición de nuevos bienes sino que se da debido a la revaluación de sus dos propiedades inmuebles que posee desde 2005 y 2016 y al aumento de sus ahorros.

A finales de 2023, Villarruel había declarado ingresos como diputada nacional por poco más de $14,3 millones. Al final de 2024, sus ingresos anuales se duplicaron: ascendían a más de $32,5 millones.

Sus gastos también se duplicaron: de $14 millones en diciembre de 2023 a $31,4 millones un año después. Aun así, su patrimonio es uno de los más austeros del Gabinete.

A pesar de su austero patrimonio, hay un punto nunca aclarado. En enero de 2024, tras asumir como Vicepresidenta, Villarruel decidió dejar su departamento porteño para refugiarse en El Encuentro, un exclusivo barrio privado con ingreso principal sobre el corredor Bancalari–Benavídez, en la localidad de General Pacheco, en el partido de Tigre, a metros de la Panamericana y del camino del Buen Ayre. Allí, las propiedades no bajan del medio millón de dólares.

La Vicepresidenta alquiló una de las casas pegadas al ingreso secundario del barrio, donde hay menos movimiento de gente. Buscó el anonimato y se cuidó de no realizar el contrato de alquiler a su nombre, sino que figuraron su secretaria privada y un familiar que no lleva su apellido: Santiago Guimaraes, esposo de Virginia, su hermana, de acuerdo a la investigación realizada para el libro La Generala, la biografía no autorizada de Villarruel (Plantea).

En El Encuentro comentan que pagó un año de alquiler por adelantado más un mes de anticipo. Durante 2024, el alquiler de una casa en El Encuentro rondaba los 4.000 dólares mensuales. El año, entonces, podría costar alrededor de 52.000 dólares. Ante la consulta de elDiarioAR, en el entorno de Villarruel desmintieron categóricamente que haya gastado esa cifra en un año de alquiler pero tampoco accedieron a informar cuánto pagó la Vicepresidenta para vivir en el barrio privado durante 2024. Ni el origen de los fondos.

En mayo de 2024, el entonces jefe de Gabinete, Nicolás Posse, informó a pedido de los senadores cuánto ganaban el Presidente y los ministros, en medio de la controversia por el aumento de las dietas de los integrantes del Senado. Aunque Villarruel es la presidenta de la Cámara Alta, su escala salarial es acorde a la del Ejecutivo y los aumentos de los senadores no se aplican a su sueldo. Entonces, la Vicepresidenta ganaba un salario neto de alrededor de 2.400.000 pesos. ¿Cómo costeó el alquiler en El Encuentro?

El barrio

El Encuentro tiene una laguna central de once hectáreas, unos cuatro mil árboles y dos plazas de siete mil metros cuadrados cada una. Además, el barrio tiene su propio gimnasio, canchas de tenis —uno de los deportes preferidos de la Vicepresidenta—, pileta, restaurante y dos canchas de fútbol. Las expensas rondaban los 700 dólares mensuales a principios de 2025, cuando Villarruel decidió abandonar la casa que alquilaba.

En enero de 2025, la Vicepresidenta dejó la casa del barrio privado. Días antes, el escritor Nicolás Mázquez, biógrafo y amigo de Milei, publicó en X: “Si la novel indigente Villarruel gana ‘dos chirolas’ [se refería a una declaración de la Vicepresidenta quejándose por su salario] puede renunciar y seguir usando su kioskito privado del Celtyv. A propósito: si gana tan poco como Vice, ¿de dónde sacó la plata para alquilar su mansión en el Tigre (Barrio cerrado El Encuentro)?”.

Luego, Márquez afirmó: “Otra necesaria inquietud: ¿de dónde sale el dinero para la mansión de fin de semana que se estaría comprando esta semana en otro country exclusivo? Serían buenas las aclaraciones pertinentes para el bien de la austeridad y la salud republicana, ¿no creen?”.

Ante la consulta, el entorno de Villarruel sostuvo en el libro La Generala que el alquiler en El Encuentro se pagó con una plata ahorrada que le había dejado su abuela, desmintiendo los rumores de que fue costeado por un empresario que la ayudó económicamente y lo que implicaría un potencial conflicto de intereses. En el libro, su entonces jefe de asesores, Emilio Viramonte Olmos, confirmó que desde principios de 2025 la Vicepresidenta vive en una nueva casa propia, no alquilada.

El patrimonio

Los bienes muebles e inmuebles declarados de la Vicepresidenta no se modificaron desde su asunción como diputada pero cuando llegó a la Vicepresidencia de la Nación, Villarruel aumentó cinco veces su patrimonio. El incremento se debió a su tenencia en pesos, gracias a sus ingresos como diputada.

Cuando asumió su banca en el Congreso de la Nación, en diciembre de 2021, Villarruel declaró que tenía cero pesos de ingresos y que su patrimonio era de unos $2.600.000. Tenía US$2.000 ahorrados debajo del colchón y menos de $100.000, un departamento de 55 metros cuadrados en la ciudad de Buenos Aires y el 50 por ciento de una casa en Funes, en la provincia de Santa Fe, de donde es oriunda su familia paterna. Ambos bienes eran donaciones con reserva de usufructo. También tenía la mitad de una “casa habitación” de 43 metros cuadrados en Buenos Aires, que declaró haber comprado con ingresos propios.

Durante su paso por Diputados, su patrimonio, al menos el declarado ante el fisco, casi se duplicó en pesos gracias a que sus ingresos como legisladora le permitieron ahorrar en pesos. Pasó de cero pesos a unos 5 millones.

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La vicepresidenta Victoria Villarruel reacomoda su estrategia. Durante el último año se había llamado a silencio para evitar que escalara la confrontación con su propio gobierno. En las últimas semanas, impulsada por el enojo, tiró por la borda lo acordado con su equipo y salió a responder los ataques de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y se metió de lleno en la interna con los hermanos Milei, criticando las políticas del Ejecutivo que integra. Ahora, cuando todavía la pelea está caliente, debe barajar y dar de nuevo. “Perdió el miedo”, le dicen en su entorno a elDiarioAR. El miedo a enfrentarse abiertamente al Presidente y pagar las consecuencias.

¿Cómo sigue Villarruel tras la crisis política e institucional que desató su interna con Javier Milei? “Victoria no quiere parecerse a Cristina Kirchner, no quiere mostrarse obstaculizando al Gobierno al que pertenece y que eso funcione además como excusa para tratarla de traidora”, explican cerca de Villarruel. “Hasta la pelea de los últimos días, ella ponía la otra mejilla” ante los embates presidenciales, es la lectura que hacen en su entorno.

Ahora, intenta retomar esos ánimos casi bíblicos. Mientras Milei la llamaba “bruta traidora” en el Derecha Fest –lo mismo hizo en el acto en la Sociedad Rural–, Villarruel se mostraba en Catamarca y Santiago del Estero, posando en las montañas, acariciando perros de la calle y rezando en capillas.

Su paso por ambas provincias implicó además reuniones con los gobernadores Raúl Jalil y Gerardo Zamora, en medio de la pelea del Presidente con los mandatarios provinciales por el reparto de fondos públicos. Villarruel se calla pero se mueve, resaltan en su equipo. No está paralizada ante la interna. El plan original de activar su proyecto político después de las elecciones de 2025 y con miras a 2027 parece haberse adelantado.

Algunos sondeos publicados en los últimos días destacan un impacto negativo de la pelea con Milei en la imagen de la Vicepresidenta. En su equipo, sin embargo, creen que puede capitalizar la embestida oficial en su contra. Atrás quedó la frase que repetían hace tan solo semanas: “Para romper hay tiempo”.

El divorcio con Milei

Lo que la Vicepresidenta vivió como un divorcio, ya fue superado, aseguran en su entorno. ¿Será así? Mientras tanto, sumó a dos personas clave para su construcción política por fuera de La Libertad Avanza (LLA): el consultor político Mario “Pato” Russo y Claudia Rucci, quien se había ido en enero y regresó en mayo al Senado.

Russo y Rucci son peronistas, de la provincia de Buenos Aires y de la batalla cultural contra el progresismo. Russo piensa candidatos y campañas electorales. Fue el consultor político de Milei en la elección legislativa de 2021, que llevó al economista y a Villarruel a la Cámara de Diputados. Trajo el concepto de la “casta” a la campaña, ha asegurado en entrevistas. Estuvo en las reuniones con los gobernadores de los últimos días y analiza sus posibilidades.

Rucci construye alianzas con la política tradicional, una herramienta clave de lo que los libertarios llaman “la casta” o la “vieja política”. Construye también en los barrios, con la gente. Uno de los objetivos es quitarle el tufillo militar, algo que cuando se trata de Villarruel es una odisea, debido a su relación directa con las Fuerzas Armadas y acusados de delitos de lesa humanidad durante los años 70 y las familias poderosas que apoyaron la última dictadura cívico-militar.

No sólo hay coqueteos con el peronismo sino también con los heridos de LLA, aseguran en el Senado. “Se les dio libertad de acción a los aliados en las legislativas de este año, se va a jugar más adelante”, aseguran.

En el villarruelismo replican los señalamientos de Patricia Bullrich y Milei que asociaron a la Vicepresidenta con el kirchnerismo y critican tres características del mileísmo, que, dicen, los asemeja al kirchnerismo: es un proyecto hegemónico, tiene un componente familiar en el poder -por la hermana del Presidente, Karina Milei-, y tienen a su propio Julio De Vido, por Santiago Caputo, asesor presidencial. Y se guardan una carta que no terminan de blanquear pero que apunta a Sergio Massa. Se preguntan: “¿Quién bancó la campaña de Milei en 2023? ¿Quién le impuso candidatos en la provincia de Buenos Aires?”. “Victoria eligió no ir al corazón”, aseguran sobre su silencio con respecto a la supuesta alianza con el candidato presidencial del kirchnerismo en las elecciones de 2023.

Reinsertarse

“No hace falta construir una estructura propia por ahora”, aseguran en el villarruelismo. “Victoria puede insertarse en estructuras ya formadas y generar un negocio compartido con otros espacios políticos porque ella tiene alto conocimiento en la gente, peso propio, perfil atractivo y hoy con los celulares haces una campaña e instalás un candidato”, sostienen.

“Ella entra bien en zonas del peronismo, tiene buena relación con el campo, la provincia es una opción que se está pensando para 2027”, afirman. “¿Renunciar? No está en ninguno de sus análisis por el momento”. “Por el momento”, remarcan porque saben que la Vicepresidenta es cambiante. En el último año y medio modificó tres veces a sus equipos y tuvo cuatro manos derechas.

“Está entusiasmada en la etapa que viene y en la transición de vicepresidente a dirigente política para lo cual el Gobierno la está ayudando porque la convirtió en la principal opositora. Lo que la hacía llorar hace meses, ahora la fortalece”, explicó a elDiarioAR un hombre de su espacio. “Hay llamados de gente de la oposición, que pregunta qué va a hacer”. Si no le va como espera en 2027, hay tiempo, apenas cumplió 50 años el 13 de abril último. “Tiene una carrera por delante”. Y ambiciones presidenciales. Y quiere un bloque propio en Diputados.

“Cuando ella diga ‘juego’, los aliados van a estar ahí”, se convencen en su equipo. Ella nunca se sintió dentro del Gobierno. “Ahora tiene más libertad, está suelta. Ya está”. Mientras tanto, se ocupa de los partidos de paddle los fines de semana para descansar de las recorridas por las provincias y de los actos para suplir las ausencias del Presidente.

Emilia Delfino es autora de La Generala, la biografía no autoridaza de Victoria Villarruel, la vicepresidenta que desafía a los Milei (editorial Planeta).

El Canal de la Patria, un canal de riego que se extiende por unos 250 kilómetros en la provincia de Santiago del Estero, se ha convertido en una trampa mortal. Cientos de animales, incluso especies en peligro de extinción, han muerto ahogados ante la inacción de las autoridades nacionales y provinciales.

Por eso, tras varios meses sin solución oficial, tres ONG –Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Vida Silvestre y Aves Argentinas– demandaron al Estado Nacional y a la provincia de Santiago del Estero ante la Corte Suprema de Justicia por violar derechos ambientales y humanos ante los impactos de esta megaobra. Solicitaron al máximo tribunal que tome cartas en el asunto y frene la masacre de fauna silvestre en la segunda extensión boscosa más importante de Sudamérica: el Chaco americano.

El objetivo del Canal de la Patria era asegurar el abastecimiento de agua a poblaciones y explotaciones (básicamente ganaderas) a lo largo de esos 250 kilómetros, proporcionar el volumen necesario de agua para su potabilización en Quimilí y brindar agua potable al Acueducto del Sudeste y Acueducto Quimilí-Vilelas.

Comenzó a construirse en 2021 y las obras se finalizaron parcialmente en 2024, con un presupuesto estimado en más de 36.265 millones de pesos (poco menos de 29 millones de dólares). El canal fue construido por medio de una excavación en tierra a fines de los 1970, pero no cumplía sus objetivos por tener deficiencias técnicas y falta de mantenimiento. Por eso, Santiago del Estero decidió construir un nuevo canal, esta vez revestido en hormigón, desde su toma de agua en el río Salado hasta la localidad de Quimilí, sumando además un segundo ramal.

El nuevo canal fue diseñado con paredes de hormigón resbaladizas e inclinadas, lo que lo convierte en una trampa mortal para animales y un peligro para las personas, de acuerdo a los estudios técnicos presentados ante la Corte Suprema. Cientos de animales caen al intentar cruzar o tomar agua y no pueden salir. Mueren ahogados.

Si bien el canal cuenta con algunos dispositivos como esclusas o escaleras, los técnicos de las ONG comprobaron que no sirven para que la fauna pueda salir del canal, especialmente si se trata de animales medianos o pequeños.

La obra se ubica en la ecorregión del Chaco Seco, una de las regiones más amenazadas del planeta: se encuentra entre los sitios con mayor deforestación del mundo y los niveles más altos de degradación ambiental, de acuerdo con FARN. Santiago del Estero lideró la deforestación a nivel nacional entre 2009 y 2023: en ese período, el 27,9% de la deforestación en Argentina ocurrió en la provincia, donde se desmontaron 1.223.750 hectáreas de bosques nativos.

Entre los años 2023 y 2025, Fundación Vida Silvestre Argentina, Aves Argentinas y el Centro para el Estudio y Conservación de las Aves Rapaces en Argentina (CECARA) realizaron numerosos viajes a territorio para hacer relevamientos. Estos permitieron documentar la muerte de más de 250 ejemplares de más de 40 especies en apenas seis meses, incluyendo mamíferos, anfibios, aves y reptiles. A estos registros iniciales se sumaron nuevos casos, detectados a través de relevamientos posteriores y reportes ciudadanos, lo que confirma que el impacto sobre la fauna continúa.

Entre las especies afectadas se encuentran el oso hormiguero gigante (Myrmecophaga tridactyla, declarado en estado Vulnerable), la tortuga terrestre argentina (Chelonoidis chilensis, Vulnerable), la corzuela parda (Subulo gouazoubira), el pecarí de collar (Pecari tajacu, Vulnerable para Argentina), la mulita (Dasypus hybridus), el oso melero (Tamandua tetradactyla) y el mataco bola (Tolypeutes matacus). La mayoría de estas especies están en peligro de extinción o sufren tendencias poblacionales negativas a nivel mundial.

Además de las muertes directas, el canal fragmenta el hábitat, actuando como una barrera física que impide el desplazamiento natural de la fauna, limitando su acceso a recursos, aislando poblaciones y restringiendo el flujo genético, lo que aumenta la probabilidad de extinción local, explicaron las ONG en la demanda. “Este impacto es tan severo que atenta contra especies protegidas y declaradas monumentos naturales en provincias vecinas como Chaco, Formosa y Córdoba”, sostuvo FARN.

Además, los científicos alertaron sobre la potencial contaminación del agua. La gran mortandad de animales y su consecuente putrefacción dentro del canal podría alterar la calidad del agua. Esto representa un riesgo significativo para la salud pública de las personas que dependen del canal para su consumo y abastecimiento.

Cristian Fernández, coordinador del área de Asuntos Legales de FARN, explicó a elDiarioAR y Mongabay Latam que decidieron presentar la demanda ante la Corte Suprema y no ante los tribunales de Santiago del Estero, ya que se trata de una problemática que afecta a especies migratorias entre las provincias vecinas de Santiago del Estero, por lo que corresponde la intervención de la Corte cuando se trata de una causa que involucra a varias jurisdicciones.

“Al construirse con cemento, los animales entran a tomar agua, en medio de una región seca, pero luego no pueden salir. No cuenta con corredores de fauna. Cuando se empezaron a dar los ahogamientos se instalaron como medidas de mitigación ciertas escaleras. Pero la verdad es que las escaleras no eran adecuadas para que los animales pudieran salir”, afirmó Fernández.

“Además, todo depende de cómo viene el agua. Cuando aumenta el caudal, por precipitaciones, por ejemplo, los animales son arrastrados. Quedan incrustados contra la reja con el agua que viene en dirección bajando y no pueden escapar de ninguna manera. Además, el canal tiene una especie de reja justamente para que no pasen residuos sólidos que se van acumulando, que quedan atrapados ahí. Y ahí quedaban atrapados también los animales”, agregó el abogado que interviene en la demanda.

Fernández destacó que en el estudio de impacto ambiental del canal no se analizó seriamente cómo la obra iba a afectar a la fauna local: “Justamente por esos problemas metodológicos y puntos ciegos en el estudio de impacto ambiental, se terminó aprobando una obra muy perjudicial”.

Las autoridades no han dado respuestas concretas ni una solución real, sostiene Fernández: “Sólo, con el problema ya consumado, se construyeron esas escaleras que no funcionaron. Fueron tardías, fueron insuficientes, fueron superficiales y eso es lo que generó que la problemática no cese”.

La problemática llegó a las ONG gracias a investigadores que estaban relevando la situación, como el biólogo Diego Gallego, quienes armaron una especie de censo de todos los animales que iban apareciendo muertos. “Y esto se repitió luego con el equipo de Vida Silvestre. También hubo un tercer censo. Todos demostraron que esas medidas de mitigación, las escaleras, fueron a todas luces insuficientes”, asegura Fernández.

Mongabay Latam y elDiarioAR se comunicaron con la provincia de Santiago del Estero para conocer su versión de los hechos, si responderán la demanda y si se encuentran realizando nuevas medidas de mitigación para solucionar el impacto. Hasta el cierre de esta nota, las autoridades aún no habían enviado respuestas.

La demanda ante la Corte Suprema plantea una solución técnica: entubar el canal, de manera que los animales no continúen cayendo.

Fernández también explicó por qué demandaron al Estado Nacional: “Es el que hizo el estudio de impacto ambiental, a través del Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento”, entidad disuelta por el presidente Javier Milei en 2024, durante su plan de achicamiento del Estado, por lo que no se han podido localizar a las autoridades.

Con el caso en la Corte, dependerá ahora de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkratz y Ricardo Lorenzetti, quienes marcarán los tiempos del litigio contra Santiago del Estero y la Nación por el Canal de la Patria.

*Producción realizada en colaboración de con Mongabay Latam

ED/MC

El misterioso vuelo privado que trajo al país a una mujer ligada a la derechista Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), que tiene como aliado local a Javier Milei, volvió al centro de la escena pública esta semana. El caso resurgió luego de que el canal Todo Noticias (TN) revelara imágenes de las valijas que Laura Belén Arrieta ingresó al país en un vuelo privado y que se habrían hecho sin control aduanero, pese a que desde el Gobierno negaron en primer momento que el equipaje haya pisado suelo argentino.

El avión con matrícula PRV N18RU llegó al país el 26 de febrero y permaneció hasta el 5 de marzo de 2025 en el Aeropuerto Jorge Newbery. Una investigación preliminar de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) detectó presuntas irregularidades en los controles aeroportuarios y aduaneros, con posible participación de funcionarios públicos.

La causa se encuentra en el fuero Penal Económico, donde se investiga una posible violación a la ley 22.415, el Código Aduanero de Argentina, que regula la entrada y salida de mercaderías y medios de transporte, y el despacho aduanero.

A continuación, ocho claves sobre el trasfondo del caso que expone al Gobierno libertario, en base a las actuaciones judiciales realizadas hasta la fecha y que parten del análisis de la información oficial e imágenes. Las dudas que persisten y que tal vez nunca se logren responder: qué había en las valijas y por qué no se controlaron.

¿Cuál fue la ruta del avión?

El Bombardier Global 5000 aterrizó en el aeroparque de Buenos Aires el 26 de febrero de 2025, a las 08:15 de la mañana, procedente del aeropuerto de Fort Lauderdale (KFLL) o del aeropuerto de Opa-locka (KOPF), ambos ubicados en Florida, Estados Unidos. No está claro debido a inconsistencias en la información que analizó la PIA.

La aeronave permaneció en territorio argentino hasta el 5 de marzo de 2025 a las 20:30, cuando partió hacia el aeropuerto de París–Le Bourget (LFPB), pero realizó una escala previa en el aeropuerto de Tenerife Sur (GCTS), en las Islas Canarias, España.

Finalmente, el 12 de marzo partió desde París–Le Bourget hacia el aeropuerto de Opa-locka (KOPF). A pesar de ello, el registro oficial de Migraciones indica que dos tripulantes y dos pasajeros partieron con destino al aeropuerto de Fort Lauderdale (KFLL), Estados Unidos.

¿Quiénes iban a bordo?

El avión ingresó al país con dos tripulantes (José Luis Donato Bresciano y Juan Pablo Pinto) y una pasajera (Laura Belén Arrieta). A la salida, se sumó un cuarto ocupante, Víctor Germán Du Plooy, quien había llegado previamente al aeropuerto de Ezeiza el día 3 de marzo, en un vuelo comercial.

La PIA pudo corroborar que todos los ocupantes mencionados -tripulantes y pasajeros- tienen vínculos con OCP TECH, una firma especializada en la integración de soluciones tecnológicas que opera en la Argentina y en Miami.

La compañía informó que Bresciano y Pinto ingresó a la empresa en 2024 y operan como pilotos. Arrieta ingresó en junio de 2024 y cumple la función de Corporate Operation Manager (Gerente de Operaciones Corporativas), mientras que Du Plooy ingresó en febrero de 2024 y cumple la función de Corporate Business Manager (Gerente de Negocios Corporativos).

El avión es propiedad de otra empresa, COC Global Enterprise. Ambas compañías tienen el mismo dueño: Leonardo Scatturice, un poderoso empresario argentino radicado en Miami y ligado al negocio del espionaje.

¿Qué controles (no) fueron realizados sobre la aeronave y el equipaje de pasajeros y tripulación al momento de su ingreso?

En cuanto a la inspección de la aeronave, las autoridades sostuvieron que el procedimiento aplicado se ajustó al protocolo general.Tras la finalización del proceso migratorio y la intervención de la Declaración General de Arribo por parte de la autoridad migratoria, el personal aduanero procedió a acompañar a la tripulación, a la pasajera Arrieta y al personal de la compañía aérea hasta el sector de equipajes.

Las autoridades dejaron asentado que la pasajera transportaba un total de cinco bultos. Sin embargo, esto no coincide con las imágenes aportadas en la investigación preliminar. Entre los tripulantes y la pasajera tenían más de diez bultos que ingresaron al país.

A partir del análisis de las imágenes remitidas por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), la PIA advirtió que el grupo vinculado al vuelo en cuestión atravesó un circuito de control aduanero distinto al que de manera simultánea se aplicaba al resto de los pasajeros que ingresaban al país en ese mismo momento.

Del material fílmico aportado por la PSA se constató que el punto operativo contaba con tecnología de control no intrusivo (escáner) y con un dispositivo tipo “semáforo” destinado a activar el mecanismo de revisión selectiva. A pesar de ello, mientras el área se encontraba libre de aglomeraciones, los tripulantes y la pasajera del vuelo N18RU fueron reconducidos por personal aduanero hacia una vía secundaria, sin atravesar los escáneres ni ser sometidos a revisión de equipaje.

Durante el mismo lapso -entre las 08:56 y las 09:20 de la mañana- comenzaron a ingresar otros pasajeros al mismo sector, los cuales, sin excepción, fueron sometidos al control de equipajes mediante escáner.

¿Qué llamó la atención de los investigadores?

La diferencia en el tratamiento a los pasajeros del vuelo privado “resulta particularmente significativa” para la PIA, ya que no obedeció a una situación de congestión ni a una saturación operativa que justificara una alteración en la dinámica de control, sostuvieron los investigadores.

Tampoco se trató de un procedimiento aleatorio accionado por el semáforo u otro dispositivo automatizado, sino que, según revelan las imágenes, desviaron las valijas y a los viajeros por decisión expresa y directa del personal aduanero, a pesar de la disponibilidad de medios tecnológicos para llevar a cabo la inspección.

Hubo un “tratamiento diferenciado”, justificado por las autoridades por la “inexistencia de alertas activas sobre el grupo”, según lo manifestado por el jefe de División.

Además, otras dos valijas ingresaron al país pero permanecieron dentro de la aeronave en calidad de equipaje en tránsito.

También se observaron inconsistencias en los registros migratorios correspondientes a los dos tripulantes y a los dos pasajeros. En particular, los datos del destino de salida “Estados Unidos”, cuando en realidad la aeronave partió con destino final París, realizando una escala intermedia en Tenerife, y recién retornó a Estados Unidos el 12 de marzo.

¿Cuáles son las conclusiones de la investigación preliminar?

Se constató una omisión en el control del equipaje ingresado al país por los dos tripulantes y la pasajera al momento del arribo de la aeronave, pero aún no se sabe por qué. No se descarta, como hipótesis, que alguien haya dado la orden.

Además, no hay registros oficiales que acrediten un control continuo sobre la aeronave durante su permanencia en el hangar de la firma Royal Class ni documentación que garantice su inmovilización e inviolabilidad durante dicho período.

También se detectaron inconsistencias en los registros migratorios vinculados a los tripulantes y pasajeros y sobre el origen del vuelo.

Se detectaron inconsistencias vinculadas al equipaje declarado a las autoridades nacionales y en relación con el contenido de la bodega del avión.

¿Cómo salió el caso a la luz pública?

Las sospechas de irregularidades fueron hechas públicas por el periodista Carlos Pagni, en Odisea Argentina, en LN+ en marzo último. Desde entonces se conocieron detalles del vuelo y de su pasajera. Arrieta es argentina, tiene 32 años y trabaja en las compañías de Leonardo Scatturice. Ambos organizaron la Conferencia de la Acción Política Conservadora (CPAC) en Buenos Aires, de la que participó Milei. La CPAC fue la plataforma para que el Presidente accediera en Estados Unidos a Donald Trump.

Scatturice también está ligado al gobierno libertario y sería intermediario entre el Ejecutivo y el gobierno de Estados Unidos. Es el nuevo dueño de Flybondi.

¿Qué dijo el Gobierno ante las revelaciones?

Tras las revelaciones de Pagni, el vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo que era “imposible” que hubieran ingresado diez valijas en ese vuelo sin controles. También sostuvo que la pasajera Arrieta había entrado al país con un carry on y una valija que pasaron por los “chequeos correspondientes”. Los fiscales, sin embargo, probaron lo contrario.

¿Cómo sigue la causa?

En la causa intervienen el fiscal Claudio R. Navas Rial, interinamente a cargo de la Fiscalía Juzgado Nacional en lo Penal Económico números 2, y el juez Pablo Yadarola, a cargo del Juzgado en lo Penal Económico número 2 del mismo fuero. Con base en la investigación preliminar, la PIA y Navas Rial solicitaron una serie de medidas de pruebas que el magistrado deberá llevar adelante en las próximas semanas.

ED/MC

Seis provincias firmaron un acuerdo climático en Córdoba frente a expertos nacionales e internacionales, y miembros de la sociedad civil. Los organizadores la llamaron la primera Conferencia Climática Internacional y no contó con la presencia del Gobierno Nacional, liderado por un presidente negacionista del cambio climático causado por el accionar humano.

La reunión, que duró entre el 1° y el 3 de julio en la provincia de Córdoba, fue organizada por el gobierno de Martín Llaryora y la Municipalidad de Córdoba y marcó líneas de acción conjunta de seis provincias argentinas de cara a la COP30, la cumbre mundial sobre el clima que tendrá lugar en Belém, Brasil, en noviembre próximo, donde se espera que el mundo avance para intentar acercarse a una meta que parece casi imposible de alcanzar a esta altura: frenar el cambio climático.

El encuentro reunió a seis gobernadores argentinos para firmar un compromiso que Córdoba llamó “histórico” y que significa una clara diferenciación, una contraposición, al Gobierno Nacional.

Los seis mandatarios son Llaryora; Maximiliano Pullaro, de Santa Fe; Ignacio Torres, de Chubut; Sergio Zillioto, de La Pampa; Carlos Sadir, de Jujuy; y la vicegobernadora de Entre Ríos, Alicia Griselda Aluani.

Participaron más de 40 reconocidos especialistas internacionales, y 90 expositores de Córdoba, Argentina y otros 20 países. Hubo más de 6.000 asistentes a las exposiciones y actividades

Mariano Vallares, cofundador de la ONG Sustentabilidad sin Fronteras, experto legal ambiental y activista climático, es uno de los miembros de la sociedad civil que estuvo presente en Córdoba. “El objetivo de esta reunión, como yo lo veo, es fortalecerse, demostrar que Argentina sigue vinculado a las temáticas de cambio climático y que sigue queriendo promover la acción climática, pese a que el Gobierno Nacional es negacionista. Creo que es el mensaje que se quiso transmitir”, explicó a elDiarioAR.

“Mi balance es positivo –afirma Villares–. Me parece interesante que se logre organizar un evento y que haya tanta participación en un tema que hace bastante que está en decaída, con el que está costando convocar y traccionar”. Además, plantea el especialista, “que seis gobernadores hayan tomado la decisión de reunirse para hablar de cambio climático me parece sumamente relevante”.

Llaryora cuestionó en su mensaje inaugural al “negacionismo climático” y remarcó que uno de los objetivos centrales de la conferencia de Córdoba fue “elevar nuestra voz para defender el ambiente”. “Nuestra mirada se dirige al ambiente, pero es también una mirada productiva. No somos negacionistas, entendemos las nuevas oportunidades”, aseguró el gobernador cordobés. El resto de los mandatarios habló en la misma sintonía. El gobernador de Jujuy defendió la explotación de litio en su provincia, por ejemplo.

“Si todos los intendentes se ponen de acuerdo, el país cambia. Argentina es el octavo país más grande del mundo y ha desaparecido de la agenda climática. Seremos las provincias quienes vamos a representar al país en la COP30 y este esfuerzo no puede ser desoído”, aseguró Llaryora. al remarcar el rol de los gobiernos locales en la lucha contra el cambio climático.

Villares es positivo pero no ingenuo. Los gobernadores que acaban de firmar el acuerdo climático pertenecen a provincias mineras, petroleras y agropecuarias, actividades económicas catalogadas como extractivas y señaladas por sus impactos en el ambiente y el clima. “Quedan los desafíos de qué sucederá a partir de ahora. Se firmó un acuerdo, cuyos puntos no conocemos aún. Entonces también estaría bueno ver qué dice el acuerdo como para también tomar mejor magnitud de qué tan relevante fue esa firma”, advierte el experto.

–Deberíamos ser escépticos…

–Sí, totalmente. Siempre entendiendo que la vara es baja. Esa es una realidad también, pero quizá (los gobernadores) quieran sumarse a esta agenda e impulsarla, que entiendan que también es una cuestión económica. No solo una cuestión ambiental. Cuando expusieron, te das cuenta de que algunos gobernadores manejan mejor el lenguaje, que están más interiorizados. Hace dos o tres años , escuchábamos a los funcionarios hablar de temas climáticos sin la menor idea de lo que estaban diciendo y equivocándose muy fuerte con los conceptos técnicos. No estoy diciendo que ahora sean una maravilla, pero por lo menos se están puliendo un poquito más. Se están interiorizando un poco más.

–¿Se están adecuando a los tiempos que corren? ¿A las exigencias internacionales?

–El hecho de que estos gobernadores hayan dicho que van a ir a la COP, no sé cómo se plasmará y si realmente van a ir todos o no, pero sería un símbolo político relevante que los gobernadores vayan a la COP a llevar el mensaje de que las provincias siguen involucradas en cambio climático y siguen impulsando la agenda. La presencia de los gobernadores en la COP va a generar tal vez una confrontación con un Gobierno Nacional ausente o con muy poca presencia y las provincias muy presentes. Eso no ha sucedido nunca, en ninguna de las COP.

–¿Cuál es su expectativa y la de su organización con respecto a la cumbre climática de noviembre en Brasil?

–A nivel nacional es muy baja, todavía no sabemos si va a ir alguien o no en representación del Gobierno Nacional. Hace una o dos semanas hubo reuniones interseccionales en Bonn (Alemania). Solo fueron una o dos personas del Gobierno Nacional vía Cancillería. Así que el mejor de los escenarios es que no se opongan a nada, o sea, que no traten de trabar las negociaciones, que tengamos un perfil bajo, porque ya sabemos que si somos ambiciosos no vamos a obtener nada.

–Y a nivel internacional, ¿cuál es la expectativa?

–Es complejo porque uno siempre va con muchas expectativas y en general nunca cumplen las expectativas de la sociedad civil. Esta COP arranca muy complicada por el hecho de que es muy difícil participar, porque hay un problema muy grande que yo no no vi en ninguna de las cumbres en las que venimos participando desde hace ocho años, que es el tema del alojamiento. Belém es una ciudad inviable para hacer una COP y no es una apreciación personal. De hecho, el hecho de que los presidentes, las máximas autoridades y los ministros se tengan que reunir tres semanas antes de la COP es porque justamente las instalaciones no dan abasto. Nunca pasó esto de que los presidentes y las máximas autoridades vayan antes del evento oficial porque no se puede hacer todo en simultáneo. Las autoridades brasileñas están diciendo que quieren una COP de 30.000 personas y las últimas fueron de 80.000, de 100.000 personas. Se están cobrando precios exorbitantes por alojamientos muy precarios, por ejemplo.

–Eso va a dificultar la participación de la sociedad civil y de los pueblos indígenas…

–Y es contradictorio porque se transmitió y se comunicó desde Brasil que iba a ser la COP más inclusiva, la COP de Latinoamérica, y está sucediendo todo lo contrario. En la COP más exclusiva, más expulsiva de todas las que tuvimos.

–¿La falla es del gobierno de Brasil?

–Sí, 100%. ¿Qué avances se van a lograr? Y bueno, es un desafío muy grande, pero también el rol de de Estados Unidos con Donald Trump, ahora en la Presidencia, también genera muchas expectativas: hasta donde se va a poder avanzar, va a ser complejo. Los avances que tuvimos desde la COP anterior hasta la actualidad no son significativos para nada. No se ve que se esté armando una previa relevante como para lograr un acuerdo significativo en Brasil. Ojalá que sí, pero los indicios hoy no están como para que eso suceda.

–En general, lo que desde la sociedad civil se espera de las COP es que los gobiernos y las industrias, como la petrolera, la minera, la agropecuaria, pasen de los discursos a la acción.. ¿Esa es un poco la expectativa que nunca se llena?

–Si, además tenés un tema: el Acuerdo de París (firmado por los países en 2015, incluida Argentina). Estamos muy cerca de los plazos más importantes, el año 2030, y hay que rendir cuentas. ¿Qué se hizo, hasta dónde se avanzó (con los compromisos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para reducir el calentamiento global)? Porque cuando se aprobó el Acuerdo de París uno tenía la ventaja de decir “bueno, de acá a 2030 tenés un margen de tiempo”. Pero los años fueron pasando y ahí se pone en evidencia que muchos países se quedaron en anuncios y después no lo pudieron bajar a la realidad. Justamente por eso, ahora en agosto, vamos a presentar una página web que es un Observatorio Nacional de Acción Climática, en donde monitoreamos 97 objetivos que se propuso el Gobierno Nacional, desde el momento del Acuerdo de París. Y así decir cómo estamos hoy y si vamos a llegar a cumplir estos objetivos a 2030. Y los resultados ya sabemos que son muy malos. Hemos prometido un montón de cosas y el grado de cumplimiento va a ser muy malo.

-Hubo mesas sobre biodiversidad en Córdoba. ¿Qué pudo escuchar? ¿Qué se planteó?

-Se plantearon los avances que están teniendo las provincias al respecto. Cuáles son las herramientas que utilizan, cuáles son los sistemas de protección, y todo ello, muy apoyado en la ciencia y en las universidades.

–Otra diferencia central con el Gobierno Nacional…

–Primero hablaban los funcionarios y después los científicos, los representantes de universidades, del CONICET, del INTA, explicando “nosotros hicimos esto, estos son los resultados”.

–Volviendo a los gobernadores… ¿qué cree que los motivó a firmar este acuerdo?

–Surge el tema del negacionismo del Gobierno Nacional. Entonces estas provincias dicen nosotros queremos seguir impulsando la acción climática, necesitamos financiamiento, armemos una alianza y empecemos a tratar de negociar y a conseguir financiamiento en conjunto. Y eso es lo que están planteando a organismos internacionales, planteando esta dificultad que están teniendo: si le pide el aval a Nación nunca van a poder conseguir financiamiento y ahí se les complica muchísimo avanzar con la acción climática, que es un poco lo que transmiten. Creo que lo más importante es que se volvió a poner el cambio climático en la agenda política. Ahora hay que hacer un seguimiento y acompañamiento a ver qué queda en esto, si se va a seguir avanzando o va a quedar solo en un evento lindo. Yo tengo esperanza de que sí, de que esto va a seguir avanzando.

ED/MG

Prima donna

Victoria Eugenia Villarruel nació el 13 de abril de 1975, unos veinte minutos antes de las 13, con el sol en Aries. Cincuenta años más tarde, festejó su medio siglo de vida cantando con su círculo íntimo. Recibió de regalo una máquina de karaoke.

Cantó canciones de Cristian Castro, León Gieco y Silvio Rodríguez. Su repertorio incluyó también temas de Almafuerte —la banda de heavy metal de su amigo fallecido, Ricardo Iorio—, Los Ratones Paranoicos y Andrés Calamaro. No se privó de entonar la marcha peronista y la canción del Mundial de 1990, “Un’estate italiana”.

Del himno peronista pasó a “Cara al Sol”, la canción de la Falange española.

Estaba encantada con la cantidad de correos electrónicos y mensajes que recibió por su cumpleaños. Su equipo realizó una campaña en las redes para incentivar los saludos. Victoria Villarruel es vicepresidenta pero a veces parece reducida a una función meramente protocolar, como una princesa en un reino hostil. Sin embargo, detrás de esa cara pública hay una historia mucho más profunda que cuenta cómo la derecha construyó a su mejor vocera. También, cómo la resistió.

Es la historia de un plan, de una estrategia, de una mujer dispuesta a vencer a los enemigos de un pasado que, para ella, es el presente. Es un capítulo del negocio del odio, ese que atraviesa las décadas argentinas, sembrada de tormentas y traiciones, de revanchas y figuras ocultas, que giran en torno a la violencia. Villarruel no puede escapar de las guerras. Tampoco parece querer hacerlo.

Su padre, militar, se negó a enseñarle a disparar un arma y a manejar un auto. Cuando viaja, Villarruel prefiere sentarse en el asiento del copiloto. Nunca aprendió a conducir un vehículo, pero sí aprendió a tirar. Se considera una buena tiradora. Aunque no tan buena como cuando dispara con las palabras. Argumentar desde la oralidad es su estado puro: en soledad y con las municiones precisas. Como un francotirador. Además de la consulta a documentos, libros, expedientes judiciales y la revisión de archivos, este libro implicó alrededor de 60 entrevistas. Muchos entrevistados, incluso abiertamente enemistados con ella, pidieron que no se los nombre. Villarruel despierta miedo en sus adversarios. Otros debieron pedir permiso. La necesidad de controlar.

Villarruel tiene el don de la palabra. Mira a los ojos sin respiro, transmite seguridad y franqueza. También que es capaz de todo con tal de lograr su objetivo. El gobierno de Javier Milei la dejó ciega, no puede ver hacia dónde van, qué planean. Ella se propuso sobrevivir al Presidente, su compañero de fórmula. “Ya superó el divorcio”, afirma Emilio Viramonte Olmos, su amigo cordobés, quien asumió como mano derecha y secretario Administrativo del Senado y continuaba en el cargo al menos hasta mayo de 2025.

La vicepresidenta, quien no tiene un trabajo registrado hasta su ingreso en la cámara de Diputados en diciembre de 2022, está convencida de que puede gobernar la Argentina. ¿Qué hizo antes de ser diputada nacional? Victoria Villarruel llegó al poder luego de recorrer un camino consistente dentro de la derecha más conservadora, de ganar la confianza de los hombres que la financiaron y de relacionarse con militares acusados de delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. ¿Es un mascarón de proa?

—Yo le pido a Victoria que todas las noches piense para qué está acá y si quiere ser Presidente, para qué quiere serlo. Si es una muestra de egoísmo y vanidad no tiene sentido. Que escuche su voz interior. El tiempo dirá si tiene o no futuro político—afirma Viramonte Olmos.

“Hace veinte años que me preparo para esto”, suele decir Villarruel. A mediados de 2025, se propuso volver a rearmar su equipo, negocia traer de nuevo a Claudia Rucci, una de sus armadoras políticas, reconstruir alianzas frustradas, superar la ruptura con Milei. ¿Cómo construye poder? ¿Cómo maneja la tensión permanente con el Presidente?

Está esperando que aparezca un espacio que la cobije. No se resigna al destierro libertario. Recién llegó y está dispuesta a quedarse. Su ambición es crecer políticamente. Como dice Whitesnake, una de las bandas de rock que escucha, “here I go again”. Su peor pronóstico es que se cumpla la premisa del himno franquista, aquel que cantó en su cumpleaños: “Si te dicen que caí, me fui al puesto que tengo allí”.

La Virgen es la Generala del Ejército Argentino. Manuel Belgrano declaró a la Virgen de la Merced como Generala y Patrona del Ejército, luego de la batalla de Tucumán, en 1812. José de San Martín también proclamó a la Virgen del Carmen de Cuyo como Generala y Patrona de su Ejército de los Andes. Eduardo Villarruel, padre de la Vicepresidenta, llevó a la Virgen del Valle a la guerra de Malvinas. Victoria Villarruel le reza. La difunde. Le es devota. Su padre le inculcó una visión épica, el deseo de ser la protagonista de su propia vida. La generala de su propia batalla.

El caso Paseo Gigena suma un nuevo capítulo. El edificio ubicado en Dorrego y Libertador, rebautizado como Ola Palermo, y en cuyo financiamiento participaron el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, sigue generando controversia.

Esta vez no es porque los responsables del millonario emprendimiento inmobiliario que se levantó sobre un terreno público de la Ciudad de Buenos Aires continúan sin cumplir con el contrato que firmaron con el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.

Tampoco porque el edificio fue construido sobre caños maestros de Aysa, lo que pone en riesgo la seguridad de quienes circulan por el edificio y la provisión de agua potable a 500.000 vecinos porteños. Ni siquiera porque el error le costará a la Ciudad más de $3.000 millones en obras públicas para desviar los caños y salvar el emprendimiento privado.

No es porque los privados debían destinar al menos 1.000 metros cuadrados a un espacio público dentro del predio concesionado por la Ciudad, donde antes se encontraba el estacionamiento del Hipódromo de Palermo, y aunque la parte comercial ya está habilitada para su explotación y los alquileres se cobran en dólares, la zona que se reservó como espacio público sigue sin habilitarse en su totalidad.

Tampoco porque el metro cuadrado en Paseo Gigena oscilaba en mayo de 2025 entre los US$34 y US$38 para el alquiler mientras la empresa BSD, desarrolladora del proyecto, paga a la Ciudad un canon en pesos. O mejor dicho, comenzará a pagarlo recién dentro de ocho años, en compensación por una obra extra que debió hacer por la presencia de los caños de Aysa y para poder inaugurar el edificio.

Esta vez, Paseo Gigena generó murmullo en el ámbito político de la Ciudad, luego de que Álvaro García Resta, ex secretario de Desarrollo Urbano porteño anunciara su incorporación al estudio ODA de New York como asesor en Urbanismo. ODA es el estudio de arquitectura que diseñó Paseo Gigena durante la gestión de García Resta en el gobierno de Rodríguez Larreta (2019-2023). El funcionario continuó a cargo de Desarrollo Urbano durante la Administración de Jorge Macri hasta finales de 2024.

¿Puede García Resta trabajar para un privado involucrado en un proyecto que él debía supervisar como funcionario a sólo meses de haber dejado la función pública? Es lo que se preguntaban en un pequeño grupo de entendidos sobre el millonario proyecto inmobiliario. Es un posible caso de lo que se llama “la puerta giratoria” entre el sector público y privado.

De acuerdo con la Ley de Ética Pública de la Ciudad de Buenos Aires, los funcionarios deben esperar al menos un año después de finalizar en la gestión pública para “mantener relaciones contractuales con entidades directamente fiscalizadas por el organismo en que haya prestado funciones”. Toda la ejecución de la obra estuvo a cargo de Desarrollo Urbano, de acuerdo al pliego de bases y condiciones de la licitación del terreno público.

En 2020, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que trabaja sobre incompatibilidades y conflictos de intereses de los funcionarios públicos, presentó propuestas de modificación al proyecto de Ley de Ética Pública de la Ciudad, entre las que incluyeron una sobre puerta giratoria y el período de “enfriamiento”, como se llama al lapso de tiempo que debe pasar entre el cese en la función pública y el ingreso a un privado que fue fiscalizado o mantuvo contratos con el área del funcionario saliente. “La propuesta temporal de un año es muy limitada y se aleja de cualquier plazo razonable contenido en recomendaciones internacionales”, explicó Clara Lucarella, coordinadora de los Programas de Fortalecimiento de la Democracia y Apertura del Poder Judicial de ACIJ.

“De acuerdo al análisis realizado por la OCDE en el documento ‘La gestión de los conflictos de intereses en el servicio público’, en gran parte de la legislación comparada el tiempo de apartamiento es siempre mayor al tiempo establecido en este proyecto de ley”, afirmó Lucarella. Por ejemplo, el plazo en la legislación de Francia es de cinco años. “Eso resulta más apropiado para cumplir con el objetivo esperado, ya que supera un mandato de Jefe/a de Gobierno y las probabilidades de poder tener información o vínculos en la administración se disminuyen”, aseguró la abogada.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recomendó en su informe a Argentina que incorporara regulaciones de “puerta giratoria” en la normativa de ética pública. En los ejemplos de otros países, hay casos en los que el período de enfriamiento es de dos a cinco años, según el cargo ocupado. Transparencia Internacional, por otro lado, recomienda un período de enfriamiento de por lo menos dos años.

García Resta ni siquiera esperó el corto año que plantea la ley porteña. Sin embargo, en diálogo con elDiarioAR, el exfuncionario destacó que a pesar de que el diseño del edificio de oficinas y locales estuvo a cargo de ODA, el estudio arquitectónico no firmó ningún contrato con el Gobierno porteño sino con los desarrolladores privados que son concesionarios del Estado capitalino. Este medio también se comunicó con el estudio ODA pero al cierre de esta nota no había recibido respuesta sobre su posición al respecto.

Su caso es una delgada línea gris, dicen en la Dirección de Ética Pública de la Ciudad. Incluso con esa salvedad, García Resta se mostró durante años en la obra de Paseo Gigena, de acuerdo con las notas de prensa y fotografías publicadas por el Gobierno porteño, e incluso entrevistó al arquitecto líder del estudio ODA, Eran Chen, en medio de la construcción del complejo. El exfuncionario dijo a elDiarioAR que conoció a ODA y su fundador gracias a Paseo Gigena.

A pesar de las visitas a la obra, los videos que lo muestran en Paseo Gigena supervisando el desarrollo del proyecto y lo establecido en el pliego de la licitación de 2019, García Resta aseguró a elDiarioAR que él no tuvo “ninguna función específica” en torno al emprendimiento inmobiliario, lo que, afirmó, lo eximiría de un posible incumplimiento de la Ley de Ética Pública de la Ciudad.

“Le agradezco especialmente al Arquitecto Eran Chen y a su equipo por su recibimiento, estoy seguro de que haremos grandes cosas juntos”, publicó recientemente en su cuenta de Instagram. Cuando entrevistó a su nuevo jefe en octubre de 2023, en plena obra del Paseo Gigena, Chen definió a García Resta como “un amigo” y “el arquitecto de la Ciudad de Buenos Aires”. También le aseguró: “Gracias a vos y a esta Administración (por la de Rodríguez Larreta) hemos podido convencer al desarrollador (BSD) y a ustedes, y con suerte, al público, de que esta es una situación en la que todos ganan. Si podemos hacer una asociación privado y público, podemos abrir edificios al público, podemos mantener y extender el terreno público y crear experiencia que de lo contrario no obtendrías”.

A más de un año y medio de esas declaraciones del arquitecto, el espacio público de Paseo Gigena continúa sin terminar de inaugurarse en su totalidad y la obra le costará miles de millones de pesos extra a los porteños para desviar los caños de Aysa que siempre estuvieron debajo del predio público sobre el que se construyó un negocio privado.

ED/DTC

Un nuevo informe de la organización internacional Global Witness, que investiga desde hace más de 30 años abusos ambientales y de derechos humanos en distintos puntos del mundo, puso al empresario argentino Eduardo Elsztain, del círculo cercano al presidente Javier Milei, y al Banco Santander en el centro de una denuncia por supuesta deforestación de bosques nativos en Argentina, Brasil, Bolivia y Paraguay. 

El reporte se centró en cómo el Santander, banco de capitales españoles, financió mediante la compra de bonos a Cresud, la empresa agropecuaria que controla Elsztain. El análisis de datos satelitales realizado por Global Witness sugiere que Cresud ha deforestado más de 170.000 hectáreas en Argentina, Brasil, Bolivia y Paraguay desde 2001 –un área tres veces mayor que Madrid y ocho veces mayor a la Ciudad de Buenos Aires– para convertirlas en tierras de cultivo y venderlas posteriormente a un mejor precio. 

Cresud es una compañía agropecuaria con negocios en Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay. Se centra en cultivos extensivos, caña de azúcar y ganado. Entre esos cuatro países acumula más de 800.000 hectáreas. 

Elsztain es el dueño de IRSA, la empresa propietaria de los principales shoppings y centros comerciales de Argentina, además de supermercados, bancos, financieras, telecomunicaciones, tecnología, energía, turismo y hoteles, como el Libertador, elegido por La Libertad Avanza (LLA), el partido de Milei, como bunker de campaña en las últimas dos elecciones.

Los bosques supuestamente afectados por la empresa incluyen las regiones del Gran Chaco en Argentina y Paraguay; el Chiquitano, en Bolivia; y el Cerrado, en Brasil. “La expansión de la empresa también ha provocado conflictos con los pueblos indígenas y las comunidades locales en Brasil, Paraguay y Bolivia”, aseguró Global Witness. 

El Gran Chaco, el segundo ecosistema forestal de Sudamérica, después de la Amazonía, comprende en Argentina a las provincias de Salta, Chaco, Santiago del Estero y Formosa, en el noreste del país. En la región chaqueña de estas cuatro provincias conviven 3.400 especies de plantas, 500 especies de aves, 150 mamíferos –entre ellos, el yaguareté, del que se estima, quedan unos 20 ejemplares en esta región de Argentina–, 120 reptiles, unos 100 tipos de anfibios y más de 4 millones de personas, de las cuales cerca del 8% es indígena, sostiene un estudio de la organización Greenpeace. Los pueblos originarios dependen del bosque para obtener alimentos, agua, maderas y medicamentos.

“Con toda la deforestación, los estuarios y las quebradas y el agua dulce, se han secado, y eso ahora es un gran problema”, afirmó a Global Witness Sergio Rojas, un activista indígena de la comunidad Qom. “Estamos en una situación muy difícil porque no hay nada que comer, nada que beber y las temperaturas en este momento también son extremas”, agregó. 

En el caso de Cresud, sus campos se encuentran en Salta, donde más de 60.000 hectáreas de vegetación han sido arrasadas en una única área, la Estancia Los Pozos, desde su adquisición en 1997, dice el informe de Global Witness.

elDiarioAR se comunicó con el área de Ambiente del gobierno de Salta, donde informaron que los permisos de deforestación concedidos a Cresud corresponden a otras gestiones en la provincia.

Cresud vende terrenos a otras firmas. En este análisis, Global Witness solo pudo examinar la supuesta deforestación en propiedades que están actualmente en manos de la empresa, lo que  significa que las verdaderas cifras de desmonte serían muy superiores. 

De hecho, según el análisis satelital de otra organización, Greenpeace, entre 1998 y 2018, se han deforestado un total de 120.000 hectáreas en los campos de Cresud en la provincia de Salta.

“Cresud se dedica a comprar grandes extensiones de tierras forestales, las deforesta y las convierte en tierras de cultivo para soja, trigo, girasoles o cría ganado. Luego cuando el terreno se revaloriza, la empresa suele venderlo al mejor postor”, afirmó a elDiarioAR Charlie Hammans, autor del reporte.  

“Bienes raíces agrícolas”

Elsztain es uno de los reyes del real estate en Argentina. En 1994, un nuevo director ejecutivo de Cresud tomó el enfoque de las inversiones en bienes raíces y lo aplicó a las propiedades rurales, detalla el informe.

Tres décadas más tarde, la empresa ha tenido un extraordinario éxito financiero. Pasó de registrar ingresos por US$49 millones en 2010 a US$1.400 millones en 2024.

En 2005, estableció una filial en Brasil, BrasilAgro, con el objetivo de expandir el modelo empresarial argentino. Luego se extendió a Paraguay y Bolivia.

Cresud y BrasilAgro son empresas que cotizan en la bolsa de valores de Nueva York.

“El proyecto comercial es sencillo”, afirma Hammans. “En julio de 2024, el gerente argentino de Cresud, Diego Chillado Biaus, dijo: ‘Vamos a las áreas a las que las personas no quieren ir, enfrentamos la volatilidad de la producción, nos encargamos de estabilizarlos (los campos) y los vendemos para comenzar otra vez’”. “Mientras Cresud aguarda por la fijación de los precios de los terrenos, la tierra se usa para el cultivo de soja, trigo y girasoles, así como para la cría de ganado”, sostiene Hammans.

Cresud se dedica a comprar grandes extensiones de tierras forestales, las deforesta y las convierte en tierras de cultivo para soja, trigo, girasoles o cría ganado

Charlie Hammans — Autor del informe de Global Witness

El rol de Santander

El banco Santander ha tenido un rol central en el avance de las topadoras en el monte chaqueño, según Global Witness. La organización determinó que la sede argentina del banco español ha contribuido a financiar a Cresud desde 2011 con unos US$1.300 millones para el gigante de la agroindustria.

“Cresud no podría obtener ganancias sin poder deforestar porque todo su modelo de negocio depende de poder arrasar grandes extensiones de bosques de vital importancia para el clima”, afirmó Giulia Bondi, activista sénior de Global Witness. “Y sin embargo, cuando el banco Santander introdujo una política para limitar la financiación de empresas deforestadoras, sus inversiones en Cresud aumentaron”.

Global Witness utilizó una combinación de datos proporcionados por la plataforma Eikon Refinitiv e informes financieros disponibles públicamente, realizados por Cresud, para calcular la financiación del banco a la compañía argentina.

El banco de capitales españoles suele ser el colocador principal de las emisiones de bonos emitidas por Cresud. De hecho, el estudio sostiene que 35 de las 47 emisiones de bonos emitidas por Cresud para recaudar dinero de inversionistas desde 2002 han sido suscritas por Santander como suscriptor principal. Los consorcios bancarios, incluido Santander, representaron más del 90% del valor total de los bonos emitidos por Cresud desde 2002. Santander coloca frecuentemente el bono en consorcios de hasta otros 10 bancos.

“Santander desempeñó un papel fundamental en la recaudación de estos 1.300 millones de dólares para Cresud al actuar como suscriptor principal de la empresa, conjuntamente con varios bancos argentinos e internacionales”, explicó a elDiarioAR el autor del informe. Cuando un banco como Santander suscribe un bono para una empresa, la ayuda a recaudar fondos de otros inversionistas y le garantiza comprar el bono si no se vende. 

Esta financiación se incrementó a pesar de la adopción por parte de Santander en 2018 de una política para “limitar” la deforestación, y el establecimiento en 2021 de un objetivo de deforestación neta cero, sostiene el investigador de Global Witness.  

Además de suscribir sus bonos en busca de financiamiento, “el banco le ha proporcionado directamente a Cresud préstamos de más de US$50 millones”, concluye el informe.

elDiarioAR se comunicó con dos voceros de Elsztain, pero ninguno de ellos respondió. Cresud tampoco respondió a los autores del informe. En respuesta a una solicitud de comentarios en 2021, en el marco de una investigación centrada en la deforestación y realizada por el medio brasileño Agencia Pública, la filial de Cresud en Brasil, BrasilAgro, declaró: “Llevamos a cabo nuestro negocio implementando las mejores prácticas de gobernanza empresarial”.  Luego, agregó: “Nos gustaría reiterar que todos los acuerdos y transacciones realizados por la empresa están en consonancia con la legislación pertinente”.

Ante la consulta de elDiarioAR sobre si financiar a Cresud no implicaba una violación a su propia política ambiental, la filial argentina de Santander respondió: “Tenemos políticas estrictas de compromiso ambiental”. “Por temas de confidencialidad no tenemos permitido comentar cuestiones de nuestros clientes”, añadieron sus voceros.

La política ambiental del banco establece que, en cuanto a sus clientes, Santander diseñará “productos y servicios de carácter social y ambiental” para “contribuir a la conservación del medio ambiente y la mitigación del cambio climático”. “El banco se compromete a considerar tanto el impacto ambiental de sus instalaciones y operaciones internas como de su actividad bancaria y financiera”, dice su propio protocolo.

Santander también establece entre sus políticas ambientales “la ambición del banco de ser cero emisiones netas de carbono en 2050 para luchar contra el cambio climático”. Sin embargo, de acuerdo con el cálculo de Global Witness, la deforestación de Cresud equivaldría a un estimado de 30 millones de vuelos trasatlánticos, ya que los bosques afectados constituyen una de las zonas con mayor biodiversidad y carbono del mundo. 

Ola Janus dirige la campaña Banks and Nature de BankTrack, una ONG que organiza campañas para que los bancos respondan por sus compromisos. Consultada por Global Witness, sostuvo en el informe: “Las ambiguas políticas de Santander les abren las puertas a la deforestación y los abusos de derechos humanos relacionados con los negocios agrícolas en América del Sur”. La especialista afirmó que en aras de mostrar su verdadero compromiso con el fin de la deforestación, “Santander debería comenzar por pedirles explícitamente a sus clientes y proveedores que no contribuyan a la conversión o degradación de los ecosistemas naturales”.  

Cuando el banco Santander introdujo una política para limitar la financiación de empresas deforestadoras, sus inversiones en Cresud aumentaron

Giulia Bondi — Activista sénior de Global Witness

Bondi, por su parte, agregó: “Esto demuestra la urgente necesidad de que la Unión Europea (UE) establezca normas para impedir que el sector financiero subvencione la destrucción de bosques de vital importancia para el clima”. 

El bloque postergó la entrada en vigencia de una ley denominada La Ley Cero Deforestación. La norma debía entrar en vigencia el 30 de diciembre de 2024 para grandes operadores y comerciantes, y el 30 de junio de 2025 para micro, pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, el Parlamento Europeo decidió que este plazo será extendido por un año más, luego de que 17 países de Latinoamérica, Asia y África enviaran una carta solicitando el cambio.

La normativa europea plantea que países como Argentina se deben preparar para cumplir la norma de la Unión Europea que prohibirá el ingreso de productos provenientes de zonas deforestadas después de 2020. 

ED/DTC

El juez federal Ariel Lijo analizará las declaraciones juradas de Juan Alberto Pazo, titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex-AFIP), por presuntas irregularidades en la declaración de su patrimonio, informaron fuentes judiciales a elDiarioAR. El funcionario ayer protagonizó junto al ministro de Economía, Luis Caputo, el anuncio del nuevo blanqueo de dólares “bajo el colchón”

Pazo, quien es el encargado de controlar el patrimonio de los contribuyentes y quien anunció este jueves una serie de flexibilizaciones en el control del patrimonio, gastos y transacciones de las personas y entidades jurídicas, continúa sin aclarar las dudas sobre su propio patrimonio. En 2024, elDiarioAR informó que el funcionario llegó al gobierno de Javier Milei rodeado de potenciales conflictos de intereses y un punto, como mínimo, poco claro en la declaración de sus bienes.

Hay un punto central que Pazo debe aclarar: su declaración como dueño de una compañía en Florida, Estados Unidos, creada para adquirir un departamento en Miami que nunca figuró en las declaraciones juradas de Pazo como funcionario de Mauricio Macri, entre 2016 y 2019.

Además, en diciembre último surgieron nuevos datos sobre el patrimonio de Pazo, en el marco de la investigación sobre el patrimonio en el extranjero del diputado Cristian Ritondo y su esposa, Romina Diago. De acuerdo con la investigación publicada en este medio, uno de los inmuebles pertenecientes a la sociedad Goformore, en la que la esposa del jefe de la bancada PRO en Diputados aparece como administradora, fue adquirido en marzo de 2013 a la empresa de Pazo (Harbour House 1533 Corp.). El inmueble, comprado por US$580.000, está ubicado en el 10275 de Collins Ave, Miami Beach.

Pazo viene del sector privado. Fue CEO del grupo dueño de las marcas de indumentaria Rapsodia, Caro Coure y Baby Cottons, entre otras. También fundó en 2020 la empresa Invernea, un grupo de fondos de inversión en ganado vacuno y otras inversiones del agro. 

Sin embargo, su ingreso al gobierno libertario no es su primera incursión como funcionario. Pazo fue director de Comunicación Institucional de la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo antilavado del Ejecutivo, entre 2016 y 2017. Luego, a principios de 2017 asumió como superintendente de Seguros de la Nación. 

Tras las revelaciones periodísticas, el diputado Rodolfo Tailhade (Unión por la Patria) presentó una denuncia para que se investigue si Pazo omitió de manera deliberada información sobre la empresa y el departamento a su nombre en sus declaraciones juradas.

La omisión maliciosa en la declaración de bienes ante la Oficina Anticorrupción es un delito con penas de prisión de hasta dos años -excarcelable-, que requiere que la Justicia pruebe que el imputado obró con malicia al ocultar dicha información al Estado. Es lo que el juez Lijo deberá determinar.

Luego de la denuncia de Tailhade, el fiscal federal Ramiro González abrió una causa para investigar a Pazo y el juez Lijo solicitó acceso a las declaraciones juradas públicas y reservadas del funcionario en la Oficina Anticorrupción. Los documentos llegaron recién en estos días, sostuvo una fuente judicial con conocimiento del caso, tras la consulta de este medio.

El caso

En 2024, elDiarioAR accedió a un documento publicado en el registro público de propiedades de Miami, gracias a la colaboración del equipo ID de la organización internacional OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project), que asiste a periodistas de todo el mundo en la búsqueda de documentación.

Harbour House 1533 Corp. es una sociedad radicada en Florida. Un documento fechado el 24 de agosto de 2018 relata una resolución del board de directores y accionistas de la compañía. “Juan Pazo” figura en dicha acta, no sólo como director de la compañía, sino también como accionista, es decir, como dueño de una parte de la sociedad.

En el documento, “Juan Pazo” figura sin número de pasaporte ni nombre completo, al igual que “Josefina Helguera”, quien también figura como directora y accionista de la compañía. Josefina Helguera es el nombre de la esposa de Juan Alberto Pazo. 

El escrito está sellado por un notario de Florida, quien certificó la identidad de “Juan Pazo” a través de la presentación de su “pasaporte argentino”, dice el acta, pero no incluyó el número de identidad en el documento público. 

Si en 2018 Pazo era accionista de la sociedad y funcionario público, ¿por qué no figuran estas acciones entre sus bienes declarados ante la Oficina Anticorrupción? elDiarioAR consultó a Pazo en reiteradas oportunidades a través de una persona de su entorno, quien respondió que el departamento en Miami y la sociedad son de su esposa, Helguera. Sin embargo, Pazo no explicó por qué figura en el registro público de Miami como accionista de la compañía y por qué no declaró esas acciones en 2018. 

Los departamentos

La sociedad Harbour House 1533 Corp. era, en 2018, titular de un departamento en el condominio ubicado en Collins Avenue 10275. En Florida, una práctica usual y legal es que las propiedades inmuebles estén a nombre de sociedades y no de las personas que las adquirieron. Es una forma utilizada por la mayoría de los argentinos por cuestiones legales e impositivas.

Harbour House 1533 Corp. adquirió el departamento en 2013. Antes tenía otra propiedad en el mismo condominio. La propiedad adquirida en 2013 tiene dos dormitorios, dos baños y un living en la zona de Bal Harbour, frente al mar. Si bien tenía una hipoteca por US$400.000, cuando se vendió, tres años más tarde, en 2021, el valor de mercado y el de tasación era de casi un millón de dólares (US$996.100).

Ese año, la sociedad vendió el departamento y adquirió otra propiedad. Esta vez, compró una unidad en el condominio Beach Club Apts Condo, ubicado en la misma avenida, Collins, pero al 9940. El nuevo departamento fue tasado en US$376.530, de acuerdo a los registros públicos de Miami.

Al menos hasta mayo de 2023, Helguera y Juan Pazo figuraban como directores de la compañía dueña del departamento.

ED/MC

El edificio Paseo Gigena, rebautizado como Ola Palermo, en cuyo financiamiento participaron el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, sigue su carrera contra el tiempo. Los responsables del millonario emprendimiento inmobiliario que se levantó sobre un terreno público de la Ciudad de Buenos Aires, continúan sin cumplir con el contrato que firmaron con el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, de acuerdo a los documentos y fuentes consultadas por elDiarioAR. 

El complejo de oficinas y locales es un dolor de cabeza para la Ciudad. Fue construido sobre el viejo estacionamiento del Hipódromo de Palermo, en Dorrego y Libertador, gracias a un fideicomiso montado por Caputo y Bausili. En 2024, fue inaugurado por el presidente Javier Milei. 

El edificio arrastra una cadena de malas decisiones. Este medio reveló en 2023 que Paseo Gigena se construyó sobre caños maestros de Aysa, lo que para la empresa estatal de aguas pone en peligro la seguridad de quienes circulan por el edificio y es un riesgo para la provisión de agua potable a 500.000 vecinos porteños. Además, el error le costará a la Ciudad más de $3.000 millones en obras públicas para desviar los caños y salvar el emprendimiento privado. Durante el debate de candidatos porteños, el vocero presidencial y candidato a legislador Manuel Adorni eludió responder sobre las problemáticas en torno al negocio y la participación de dos funcionarios del Gobierno Nacional, Caputo y Bausili.

Ahora, además, se suman demoras en la entrega de una parte central de la obra. Una de las cláusulas del contrato, al que accedió elDiarioAR, sostiene que los privados debían destinar al menos 1.000 metros cuadrados a un espacio público dentro del predio concesionado por la Ciudad. Sin embargo, aunque la parte comercial ya está habilitada para su explotación y los alquileres se cobran en dólares, la zona que se reservó como espacio público sigue sin habilitarse en su totalidad.

En un pedido de acceso a información pública, la Dirección General de Registro de Obras y Catastro respondió que, de acuerdo a los planos que obran en su poder, el espacio público será de 1.002 metros cuadrados y consta de bicicleteros (234 metros cuadrados en la planta baja), bancos (131 metros cuadrados, también en la planta baja) y 637 metros cuadrados de gradas y bancos en la terraza del segundo piso del edificio. 

Los planos del espacio público fueron presentados por la desarrolladora de Paseo Gigena, BSD, el 3 de noviembre de 2023. Pero aún no ha terminado con su construcción. 

“Con respecto a la terraza y al uso público que tendrá, estamos terminado las obras de infraestructura”, respondió la empresa ante la consulta de elDiarioAR. “Se están ultimando detalles finales para poder abrir las puertas en el segundo semestre de 2025”.

La terraza tendrá acceso por las tres calles del proyecto: avenida Dorrego, avenida Freyre y avenida Libertador. Hasta el momento, BSD sólo terminó “el paseo botánico” y la “obra de arte de Carola Czech”, cuyos atributos harán del espacio “un recorrido público relevante y novedoso para toda la Ciudad”.

Antecedentes

En junio de 2021, BSD firmó un contrato con la Ciudad en el que se comprometió a finalizar la obra en un plazo de 12 meses, con una prórroga de entre 3 y 7 meses más. Los plazos vencieron en marzo de 2023. 

BSD afirmó que la empresa sufrió “restricciones de insumo”, como sucedió en muchos otros desarrollos inmobiliarios y que eso determinó que “los tiempos se estiraron en todos los proyectos de construcción”. “No fuimos la excepción”, aseguraron ante la consulta de elDiarioAR en febrero de 2024.

Lo cierto es que, entre demoras aludidas por la compañía, surgió el problema de los caños: Aysa informó a la Ciudad que se negaba a habilitar el edificio debido al problema con los caños maestros. En caso de rotura de uno de los caños dentro del predio la consecuencia sería una inundación casi inmediata, con potenciales daños estructurales y edilicios, que pondrían en grave riesgo a las personas allí presentes, sostuvo una de las fuentes consultadas. 

La rotura de uno de estos caños ya sucedió en julio de 2017, cuando Paseo Gigena no existía. Entonces, la zona quedó totalmente inundada sobre la avenida Dorrego, frente al Hipódromo de Palermo.

Los alquileres de oficinas en Paseo Gigena se cotizan en dólares, de acuerdo a las publicaciones en sitios inmobiliarios online. El metro cuadrado oscila en mayo de 2025 entre los US$34 y US$38 para el alquiler. Un espacio como el que ocupa la fintech Ualá cotizaría con esos valores de referencia a un mínimo de US$76.000 mensuales. Sin embargo, la empresa BSD, desarrolladora de Paseo Gigena, paga a la Ciudad un canon en pesos. O mejor dicho, comenzará a pagarlo recién dentro de ocho años, en compensación por una obra extra que debió hacer por la presencia de los caños y para poder inaugurar el edificio. Así consta en el acta de inicio de la explotación comercial al que accedió elDiarioAR.

ED/DTC

Manuel García-Mansilla ya no tiene acceso a las causas que tramitan ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Desde el jueves por la noche, el juez nombrado en comisión y por decreto en el máximo tribunal por el presidente Javier Milei puede incurrir en un delito si cumple con el mandato presidencial. Es que por esas horas el máximo tribunal fue notificado de la medida cautelar dispuesta por el juez federal Alejo Ramos Padilla para que el nuevo juez cortesano se abstenga de intervenir en los expedientes que tramitan en la Corte hasta que se analice el procedimiento por el cual fue nombrado.

Este último viernes, García-Mansilla tampoco acudió a su despacho del Palacio de Justicia ni presentó la prometida nota a sus colegas de la Corte para plantearles que sean ellos quienes decidan sobre su futuro: si puede o no seguir siendo juez de la Corte en comisión y por decreto, luego de que el Senado rechazó su pliego. Los caminos del abogado conservador se bifurcan pero terminan en el mismo lugar: la preciada Corte. Por un lado, ejerce como juez en comisión y por decreto hasta fines de 2025; por otro, la mayoría de los senadores decidieron que no podrá ser juez de la Corte por el mecanismo que plantea la Constitución. Es como si estuviera disociado en dos entidades.

En el tribunal, atravesado por el destino de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el decreto de Javier Milei, los colaboradores de los jueces se preguntan quién será capaz de inmolarse por García-Mansilla, con qué objeto. Les parece un sinsentido. “La decisión sobre si seguir o no como juez en comisión tiene que tomarla García-Mansilla, no sus colegas”, explican muy cerca de los jueces.

El jueves de esta semana será un día clave para entender cómo sigue la dinámica en la Corte. Ese día, los jueces deben reunirse en el acuerdo semanal para despachar fallos pendientes. ¿Se presentará García-Mansilla o acatará la cautelar de Ramos Padilla? ¿Qué va a pasar con las resoluciones administrativas de la Corte -–as que generan las peleas entre los jueces– y con los fallos judiciales que ya firmó García-Mansilla en estas últimas semanas? ¿Se caen como su pliego en el Senado?

En las horas siguientes a la sesión en la que los senadores votaron contra el deseo de Milei, la caída de los pliegos de los dos postulantes a la Corte tuvo una serie de lecturas políticas que no pasaron desapercibidos en terminales peronistas que tienen un pie en el ámbito judicial. Y en el fondo aparece la figura de Fernández de Kirchner.

Se esperaba que la historia diera un vuelco de 180 grados en la sesión del jueves. En febrero lo llamativo fue que García-Mansilla logró jurar como juez del máximo tribunal y el juez federal Ariel Lijo no pudo. Lijo eligió no renunciar como titular del juzgado federal número 4 y pedir una licencia al cargo para poder asumir como ministro de la Corte por decreto, pero el máximo tribunal le negó la licencia, con un voto del flamante juez mileísta. 

Sin embargo, en las puertas de la sesión del jueves Lijo era el único de los dos candidatos que contaba con despacho favorable en la comisión de Acuerdos, paso previo a que los senadores voten en el recinto. García-Mansilla sumaba solo firmas de rechazo. Todo indicaba que Lijo tenía muchas más chances que su compañero de candidatura.

En los meses previos se especuló con que el peronismo-kirchnerismo podía llegar a negociar con el Gobierno aprobar los pliegos de los candidatos a la Corte a cambio de que se completen las vacantes en un sinfín de juzgados federales y se amplíe el número de miembros del máximo tribunal. Así Fernández de Kirchner podría definir una candidata propia como jueza cortesana: “Si ellos tienen sus monstruos, nosotros tenemos los nuestros”, planteó entonces a elDiarioAR una senadora alineada con la expresidenta.

En ese ida y vuelta se nombraba como pasamanos a Sebastián Amerio, secretario de Justicia Nacional y delfín de Santiago Caputo; al senador camporista Wado de Pedro; y al armador peronista Juan Manuel Olmos. Pero lo que se manejó siempre de manera crítica, con oscurantismo y especulaciones, terminó de estallar con la jura de García-Mansilla y la no-jura de Lijo. 

En medio de ese berenjenal cortesano, el máximo tribunal recibió la causa judicial de la expresidenta por el caso Vialidad, en el que fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación especial y perpetua para el ejercicio de cargos públicos por corrupción en la obra pública de Santa Cruz. 

Cuando el expediente llegó a la Corte para analizar las condenas y absoluciones, Fernández de Kirchner recusó a García-Mansilla para que no intervenga en la causa y Milei declaró que “va a ir presa”. Se empezó a especular con que la Corte podría acelerar los tiempos y confirmar rápidamente la condena contra la exmandataria, dejar la sentencia firme y obligarla a ir presa y quedar inhabilitada para postularse este año en las elecciones.

En el máximo tribunal, aseguran que eso no sucederá y que el trámite de la causa contra Fernández de Kirchner tramitará con la normalidad (y lentitud) habitual. Nada de tiempos exprés. El reloj está a cargo del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, quien maneja ciertos tiempos de los expedientes. Por ejemplo, cuándo enviarlo a la Procuración General de la Nación para que el procurador interino, Eduardo Casal, dictamine la posición del organismo sobre el caso. Es el primer paso antes de que los jueces analicen la causa. Puede demorar un año en manos del Procurador. O no. Depende ahora dle reloj de Casal.

Pero, claro, también hay factores externos: la presión política, la presión mediática, destacan en el tribunal.

Con García-Mansilla fuera de la Corte, se dilataría aún más una decisión sobre el futuro de Fernández de Kirchner. Salvo que Ricardo Lorenzetti se alinee con Rosatti y Carlos Rosenkratz, el máximo tribunal debería apelar a conjueces para alcanzar el mínimo de tres firmas para definir sobre la cuestión. Mientras tanto el tiempo electoral sigue corriendo y la fecha para definir candidaturas –tanto para la elección nacional, que es en octubre, como para la bonaerense, aún en suspenso– se acerca a pasos agigantados.

“La más beneficiada con lo del Senado fue Cristina. Se le dio una sobreviva, se le dio vuelta el reloj de arena”, interpretó un operador que ha entrado a la oficina principal del Instituto Patria. 

“El kirchnerismo buscó esa jugada y le salió bien. A qué conjueces va a llamar Rosatti para definir la suerte de Cristina. Ahora se le complican los tiempos al Gobierno”, planteó otra fuente que siguió muy de cerca el proceso de los pliegos de Lijo y Mansilla. 

Con una derrota que se avecinaba ya desde el comienzo de la semana, el manotazo de ahogado de la Casa Rosada fue intentar que ni siquiera haya sesión. Pero fracasaron los intentos de Guillermo Francos de convencer a los gobernadores peronistas para que no den quórum y tampoco pudo negociar con otros espacios, como los radicales Martín Lousteau o Pablo Blanco. Sin contar con lo caro que le salió la expulsión de Francisco Paoltroni de La Libertad Avanza (LLA). El jefe de la bancada de la UCR, Eduardo Vischi, hizo contorsiones para que Santiago Caputo retirara los pliegos pero también fue en vano. “Querían postergar la sesión, pero lo que pasó con los jueces por decreto más el caso $LIBRA envalentonó a la oposición”, contó una voz.

El último intento del oficialismo fue avanzar en el Senado con Ficha Limpia, proyecto que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados: la vicepresidenta Victoria Villarruel convocó a una sesión especial para el miércoles 9, mismo día en que la CGT apoyará la marcha de los jubilados y un día antes de la huelga de 24 horas. 

En caso de ser sancionada la ley, impulsada por LLA y el PRO, quitaría de la carrera electoral a Fernández de Kirchner porque impide que cualquier persona condenada en segunda instancia se presente a un cargo electivo. La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena a 6 años de prisión contra la expresidenta en la causa Vialidad, la expresidenta presentó su recurso ante la Corte para revertir ese fallo y sólo queda que el máximo tribunal decida si deja o no firme la sentencia. Al final, todo termina en el mismo lugar.

ED/MC/MG

Desfinanciados y atacados por el presidente argentino, Javier Milei, los científicos sienten que el sistema del que dependen sus investigaciones, descubrimientos y metas ha tocado fondo. Así lo explica la doctora en química e investigadora Valeria Levi, vicedecana de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), una de las casas de estudios más prestigiosas de la región y uno de los semilleros de investigadores científicos del país.

Especializada en biología celular y biofísica, además de ciencias químicas, Levi se ha convertido en una de las voceras del sector científico y académico de Argentina frente a la embestida que el presidente Milei encomendó a su gobierno: reducir drásticamente el financiamiento del Estado al sistema científico nacional y a la universidad pública, que hasta su llegada al poder dependía en gran medida de los fondos oficiales del Gobierno Nacional y de la gestión gubernamental para conseguir aportes de los organismos multilaterales.

Milei sostiene que los científicos son una “casta”, un supuesto grupo de selectos que “se creen seres superiores a quienes hay que financiarles la vocación”. El presidente argentino no cree que el calentamiento global sea consecuencia de las actividades humanas posteriores a la Revolución Industrial. “Todas esas políticas que culpan al ser humano del cambio climático son falsas y lo único que buscan es recaudar fondos para financiar vagos socialistas que escriben papers de cuarta”, afirmó durante la campaña electoral de 2023, la que lo llevó a la Presidencia en diciembre de 2023 con más del 55% de los votos en la segunda vuelta electoral.

En los últimos días de 2024, la Jefatura de Gabinete de la Nación anunció que el Estado sólo financiará a la ciencia que se encuentre “al servicio del sistema productivo”. Léase: minería, explotación de hidrocarburos, actividades agropecuarias, entre otras. Pero Levi explica que las acciones en la práctica ni siquiera se condicen con ese discurso y que el desfinanciamiento es total, en un país que viene de afrontar una escalonada inflacionaria que parece haber cesado en las estadísticas oficiales pero que poco se percibe en los bolsillos.

Un informe reciente del Grupo EPC-CIICTI estableció, en base al análisis de decisiones administrativas del gobierno argentino, que en 2024 los fondos destinados a ciencia y tecnología disminuyeron un 32.9 % en el Presupuesto Nacional. Levi sostiene que esos fondos, incluso reducidos, ni siquiera se ejecutaron. A ello se suma que en 2025 caerán un 2.9 % adicional.

Estas cifras significan que el Estado argentino invertirá en ciencia apenas un 0.194% de su PBI, el mínimo en la serie histórica, que sólo supera el de 2002, cuando el país se sumió en una profunda crisis económica y política.

El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) tendrá un deterioro mucho más profundo, sostiene el informe. Se trata del principal organismo científico del país. Perderá un 12.2 % de su presupuesto en términos reales.

–Argentina siempre se caracterizó por un sistema científico referente en la región. ¿Cómo describiría la situación actual de la ciencia en Argentina?

–La situación es calamitosa. No digo catástrofe porque las catástrofes muchas veces se asocian a fenómenos naturales y este no lo es. Es un fenómeno inducido políticamente. Es ideológico. La realidad es que durante el año pasado se eliminó totalmente el financiamiento a todo lo que son proyectos de investigación y desarrollo. Se suspendieron tanto los proyectos vigentes como las convocatorias a proyectos futuros. Estamos en un parate absoluto. Todos los grupos de investigación y desarrollo en Argentina no tienen la plata para lo mínimo. En mi caso, por ejemplo, para comprar reactivos que necesitamos para hacer experimentos. Por otro lado, hay una situación bastante grave: al tener frenado el financiamiento, los estudiantes más jóvenes, los investigadores más jóvenes no ven un futuro próspero como científicos en Argentina. La gente que estaba motivada, que tiene vocación científica, va dándose cuenta de que es imposible tener un futuro científico en la Argentina. Eso también se ve en el segundo problema más grande que tenemos: se frenó el ingreso a la carrera de investigador científico de Conicet. Allí es donde los investigadores pueden trabajar como científicos. Pero desde el año pasado se frenaron los ingresos a la carrera de Conicet. Hay gente que ya había sido seleccionada para ser investigadora en Argentina y no se le da el alta. Este bloqueo hace que los jóvenes vean que no hay futuro como científicos en Argentina. Vemos que este segundo año va a ser tan grave o peor. Lo que está pasando es que se están yendo los más jóvenes, ya sea a empresas privadas o al exterior del país, con perspectivas de no volver. Entonces vaciamos al país de lo que nosotros llamamos el semillero de la ciencia argentina, los jóvenes que de acá a cinco años iban a poder resolver situaciones que requieran de la ciencia y la tecnología en Argentina.

–Milei ha dicho que los científicos son “una casta”. ¿Qué le respondería?

–Milei no cree que la ciencia sea importante para desarrollar un Estado o un país. Sí, en contra de la evidencia que se ve acumulada en los años en los distintos países del mundo que basados en ciencia y la tecnología se desarrollaron. Ese no es el modelo de Milei. Entonces no llama la atención que nos llame “casta”. Ha llamado casta también a los artistas. Ha llamado casta a cualquiera que se oponga a lo que él cree, piensa y siente. Diría más, creo que es un odio ideológico, sabiendo que también la ciencia da respuestas tecnológicas, permite un crecimiento que en muchos casos puede permitir una redistribución porque aumentas el know how, aumentas la tecnología. Doy un ejemplo: generas una empresa que pueda hacer productos de más alto costo, generas obreros que puedan ser formados en nuevas tecnologías. Eso mejora también la calidad de vida de la gente. Todo eso no es el modelo de Milei. Entonces, es razonable que nos quiera expulsar del país.

–¿Qué está pasando en la sociedad? ¿Esa agresión de arriba se traslada hacia abajo?

–Creo que la ciencia sigue siendo valorada. En Argentina hemos cumplido roles importantes. Todavía falta un montón. La ciencia fue golpeada muchas veces. Venimos de subibajas tremendos que no nos permiten estabilizar un modelo científico, tecnológico, de desarrollo. En la mayoría de los países del mundo pueden cambiar los gobiernos, pero las políticas científicas se plantean a diez, 20 años. Acá tenemos tantos vaivenes políticos, que llevan también a vaivenes científicos que no permiten desarrollar completamente un modelo basado en ciencia. Creo que la gente percibe la seriedad y honestidad de quienes trabajamos en ciencia porque cobramos nuestro salario y hacemos lo que tenemos que hacer. En situaciones como la pandemia, hemos dado respuesta, ya sea desde (la fabricación de) los barbijos, desde (la elaboración de) kit de detección (del COVID-19). Gente como yo, como el decano que estaba en ese momento en la Facultad, que no estábamos formados en tema y empezamos a estudiar para ver cómo podíamos contribuir a estos problemas. Y lo hicimos.

Hay una campaña fuerte en contra de la ciencia, pero creo que todavía no permea porque tenemos una tradición muy grande y porque el Conicet sigue siendo por ahora una institución muy reconocida a nivel mundial. Mientras perdure eso vamos a seguir manteniendo este vínculo virtuoso con la población de Argentina.

–¿Cómo fue posible esa experiencia durante la pandemia? Esa posibilidad de responder ante un problema gigante…

–Hicimos lo que hacen los científicos. Había un cuello de botella en ese momento, una situación muy clara en la que se ve la importancia de tener ciencia soberana. Era el primer pico de la pandemia. Todos los países del mundo compraban kit de detección del COVID-19. Un país como el nuestro no podía acceder a reactivos. Entonces los científicos tratamos de dar soluciones locales a problemas tan tontos como que no había hisopos para hacer los hisopados. En mi caso particular lo que trabajamos fue un kit que facilitaba el proceso de detección de COVID-19. Las muestras pasaron a procesarse en 15 minutos en lugar de en tres horas. Y en vez de salir 6 dólares, salía un dólar. Esas son las ventajas que te da la ciencia argentina.

–Existía un conocimiento previo que permitió todo ese desarrollo…

–Yo no estaba formada en el área, pero sí estoy formada en el pensamiento científico, entonces sé encarar un problema inesperado. Sé dónde buscar la información, sé qué tipo de respuestas dar, cómo probar esas respuestas y, como yo, toda la comunidad científica. Entonces tenemos esa versatilidad de poder elaborar soluciones para problemas inesperados.

–Explicó que no se trata de que “no hay plata” para la ciencia, como dice el presidente Milei, sino que hay plata pero no se utiliza como debería. ¿Cómo se percibe esa situación en la práctica? 

–Por ejemplo, en el Conicet sí habría plata disponible, por ejemplo, de jubilaciones, de bajas naturales, plata para dar las nuevas altas. Pero la política es reducir el organismo. La Secretaría de Ciencia y Tecnología de Innovación, que antes era un ministerio, ejecutó en 2024 más o menos un 6 % de los fondos que tenía disponible. O sea, el 94 % del dinero que tenía, que ya era poco, no lo ejecutó. Entonces ahí había plata, no mucha, pero había plata.

Con la Agencia I+D+I, que se utiliza para financiar a los grupos de investigación y desarrollo en el país, pasó algo similar. Eso se acabó el año pasado y no hubo nuevas convocatorias y la perspectiva es que siga así. Estados Unidos, Israel, Corea cumplen un rol fundamental en financiar la ciencia, porque no la financian los privados, debido a que hay proyectos que son arriesgados, que no van a dar beneficios a corto plazo, pero son fundamentales para dar beneficios a mediano y largo plazo. Entonces, el Estado en cualquier lugar del mundo, cumple un rol fundamental en esa primera etapa, que es cuando los proyectos son arriesgados. Después los privados pueden financiar, pero no existe el después si no tenés primero al Estado. Es el modelo argentino, es el modelo de Uruguay, de Chile, de Estados Unidos, de Israel.

La sensación es que el gobierno argentino está haciendo exactamente lo opuesto a lo que hace el resto de los países. Es un momento en el que necesitás soluciones tecnológicas, soluciones científicas, porque tenés desafíos en alimentos, por el cambio climático, en un momento en el que se necesita ciencia. Todos los países están orientando muchos recursos a eso. Argentina está yendo en el sentido totalmente opuesto.

–Una parte de su formación la hizo en Estados Unidos. Decidió volver. ¿Cómo fue ese regreso?

–Me fui en 2002…

–Plena crisis política y económica…

–Una situación un poco menos grave que la de hoy, al menos para el mundo científico. Me fui como parte natural de la formación científica porque es desafiante irte a otro país, aprender cosas nuevas. Mi idea siempre fue volver. Pero lo cierto es que veía difícil la posibilidad de hacerlo. Regresé en 2006, con el programa de repatriación de científicos. Volví en mejores condiciones de las que esperaba.

–Dijo que los científicos más jóvenes ahora están en esa situación en la que usted estuvo, quieren dejar el país. ¿Qué está viendo en la universidad y en el laboratorio?

–La situación de los jóvenes es gravísima. Al tener el ingreso del Conicet cerrado, una persona que busca un futuro científico se da cuenta de que en Argentina no lo va a tener, al menos si todo sigue así, con lo cual están eligiendo distintos caminos. Eso lo estamos viendo en todas las estadísticas. No es solamente una percepción. Se van al sector privado, muchos otros se van del país. Muchos, además, se sienten atacados con estos discursos y eligen irse, en la mayoría de los casos, sin perspectiva de volver. Se sienten expulsados. Durante el año pasado hubo un 30 % menos de aspirantes a la carrera de investigación de Conicet. También hubo menos candidatos en ciertas áreas, por ejemplo, las ciencias sociales, otro de los focos grandes de ataque de este gobierno.

En la Facultad, hemos hecho un relevamiento de la cantidad de recursos humanos que hemos perdido durante el año pasado y rondan un poquito menos del 10 %, que para un año es un montón. Son todos números que van mostrando el primer año del desastre. Nuestras predicciones es que este año va a ser peor porque muchos de estos chicos durante el año pasado se dedicaron a tratar de buscar a donde huir y este año por ahí ya tienen donde hacerlo.

–El último anuncio del Gobierno fue una resolución de la Jefatura de Gabinete en el que se establece que el Estado argentino sólo financiará los proyectos científicos que estén “al servicio del sistema productivo”. ¿Cómo se interpreta desde la academia y la ciencia esa frase? ¿Qué es lo que pretende el Gobierno?

–Me parece una expresión de deseos con mucho nivel de ignorancia sobre cómo se genera el conocimiento y cómo ese conocimiento se transforma en un bien social.

Por un lado, esa resolución, en teoría, hace referencia a un plan de ciencia y tecnología, que es gracioso porque es para 2024-2025 y se presentó en diciembre de 2024, y hasta ahora lo que tenemos son dos carillas y un tweet. Eso no es un plan de ciencia. Primero, porque no se dice cuáles son los objetivos, en qué se fundamenta que se elijan esos objetivos y no otros, ni cómo se va a concretar el plan. No se sabe quién participó en la elaboración de esas dos carillas. Entonces es todo muy improvisado.

Por otro lado, marca un desconocimiento absoluto de cuál es el camino que se necesita para el desarrollo del sistema productivo. Por ejemplo, nosotros tenemos la carrera de computación y la carrera de ciencia de datos. La facultad fue desfinanciada. Los proyectos científicos y tecnológicos relacionados con inteligencia artificial se cortaron, al igual que los de todas las áreas. Entonces, hay una contradicción entre lo que ellos dicen y lo que es la realidad.

Milei tiene un modelo donde cree que el sector privado puede todo y se ha demostrado en el mundo que no es así. Los grandes desarrollos, los grandes inventos vienen apalancados por conocimientos que surgen de universidades, instituciones públicas, del Estado. Desconocer eso no solo va a frenar nuestro trabajo como científicos, sino que va a frenar el desarrollo del país.

–¿La ciencia argentina está dependiendo casi exclusivamente del financiamiento de organismos multilaterales o de organismos extranjeros?

–La Agencia I+D+I estaba prácticamente financiada por el BID, el Banco Mundial y algún otro organismo de financiación internacional. Sabemos que no se ejecutaron los fondos que venían de esas fuentes y que no se han renovado los créditos, que se vienen dando desde hace unos 30 años. Esta es la primera vez que el financiamiento es cero. Hubo períodos de más financiamiento, de menos financiamiento, pero nunca fue cero. Están desmantelando grupos de investigación, líneas de desarrollo que vienen de 20 o 30 años.

–Además de la inteligencia artificial, ¿qué otras áreas o proyectos están siendo ya afectados? 

–Todos. No han discriminado: desde biología básica hasta energía y geología. Todo ha sido cortado. Ciencia básica, ciencia aplicada, proyectos con empresas.

–¿Cómo se puede resistir un contexto como este? 

–El año pasado lo hemos resistido con las cosas que teníamos. En el caso de los experimentales, usar reactivos que todavía teníamos. Estamos apelando mucho a la solidaridad de nuestros científicos y científicas en todo el mundo, colaboraciones externas, pedidos de subsidios internacionales. Pero así no es viable el sistema. Creemos que es imprescindible para Argentina que haya un sistema científico, pero no podemos resistir mucho más. Por un lado no tenemos fondos para trabajar y por el otro lado no tenemos recursos humanos porque se están yendo.

–¿Diría que esta es la peor etapa para la ciencia?

–Sí. Yo estoy convencida. Empecé como estudiante, trabajando en un laboratorio durante el menemismo -presidencias de Carlos Menem entre 1989 y 1999-, que fue un período también difícil, pero había financiación. No mucho, pero había. Entonces te permitía cierta continuidad. Por ahí, teníamos que reciclar materiales que usábamos en el laboratorio que en verdad son descartables, pero en este momento, al tener cero, ni siquiera podemos hacer eso. Entonces. Desde la vuelta a la democracia no hubo un periodo tan grave para la ciencia argentina como este.

–Afirmó que la decisión de cortar el financiamiento estatal a la ciencia no es presupuestaria sino ideológica. ¿A qué se debe ese posicionamiento?

–Me parece que ahí necesitás más la palabra de psiquiatras, sociólogos, periodistas. No es un buen momento para la ciencia a nivel mundial por la expansión de pseudociencias, las fake news. Lo hemos visto durante el COVID. Siempre tuviste una población antivacunas, pero ahora esa población antivacunas no es una población dispersa a nivel mundial, sino que se asocia con ciertas ideas de ultraderecha. Lo mismo un poco pasa acá.

Creo que la ciencia da respuestas humanas, basadas en lo que es el método científico y la evidencia. Y muchos de los discursos vigentes no pueden, no son soportados o no son avalados por la evidencia práctica. Entonces somos objeto de ataque justamente porque podemos dar respuestas o porque criticamos ciertos conceptos, ciertas ideas. Los científicos éramos reconocidos como voces autorizadas para hablar de determinados temas y eso se está tratando de cambiar. A pesar de que somos de los sectores más evaluados.

–¿Cómo sería una Argentina sin ciencia?

–Argentina sin ciencia es una Argentina sin universidad. Eso es algo de lo que no estuvimos hablando, pero que es fundamental. La mayoría de los científicos de Conicet son docentes universitarios. Si se nos van los científicos, dejamos de tener docentes. Si dejamos de tener docentes, no vamos a tener egresados. Ciencia y universidad van de la mano. Lo que estás decidiendo cuando decidís que no haya ciencia es que no haya universidad. Y tampoco lo suplantas con universidades privadas. Esa es la segunda falacia porque la mayoría de las universidades privadas no tienen docentes formados en ciencia.

–¿Cómo sería una Argentina sin universidad pública?

–Sería un país sin los profesionales que necesitas porque la universidad privada actualmente no genera la cantidad de recursos humanos que necesitamos. No tendríamos suficientes ingenieros, por ejemplo, o cualquiera de las profesiones que elijas. Por otro lado, lo que haces es anular las oportunidades de un montón de gente que no tiene para bancarse una carrera universitaria. Argentina es uno de los únicos países donde la universidad es una herramienta virtuosísima para progresar. Eliminas la posibilidad de ascenso social de la mano de la educación. Son medidas que disuelven la matriz argentina, el corazón de la Argentina.

ED

Una década atrás, durante la noche del domingo 18 de enero de 2015, el fiscal Alberto Nisman fue hallado muerto en el baño del departamento que habitaba en Puerto Madero, uno de los barrios más vigilados de la Ciudad de Buenos Aires.

Nisman había citado a sus custodios para las 11 de la mañana, pero cuando llegaron nunca pudieron comunicarse. El fiscal de la causa AMIA no respondía sus llamados. Pasadas las 17 de aquel domingo, dos de sus custodios subieron al piso 13 de las torres Le Parc. En la puerta del departamento, encontraron un ejemplar del diario de ese día. Nisman no lo había tomado. Comenzaron a llamarlo, en vano. Decidieron ir por su madre, Sara Garfunkel, la única que tenía copia de las llaves.

Cuando regresaron, minutos después de las 20, intentaron ingresar al departamento pero tanto la puerta principal como la de servicio estaban trabadas desde adentro. Llamaron a un cerrajero, que llegó recién pasadas las 22.30. Lograron abrir la puerta. Encontraron un departamento limpio y ordenado. Los escritos de Nisman sobre su denuncia por Memorándum con Irán estaban sobre la mesa. La televisión estaba encendida.

En el baño, el cuerpo de Nisman yacía junto a la bañera, rodeado de un charco de sangre. El primer médico que llegó a la escena, poco después de las 23, confirmó la muerte del fiscal: “Se pegó un tiro”, afirmó. No había carta de despedida, no había signos de lucha. 

Desde entonces, distintos fueros del Poder Judicial ordenaron peritajes para determinar cómo murió Alberto Nisman. Los resultados de ambos informes son oficiales pero contradictorios.

El primer peritaje fue realizado en 2015 por una junta del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Fue ordenado por la fiscal Vivana Fein, del fuero penal ordinario, donde se investigan los crímenes comunes: homicidios, muertes dudosas, robos, violaciones, entre otros delitos. 

El segundo peritaje fue elaborado por una junta interdisciplinaria de la Gendarmería Nacional, dos años más tarde, en 2017. Fue realizado a pedido del fiscal federal Eduardo Taiano y ordenado por el juez federal Julián Ercolini, luego de que el expediente por la muerte del fiscal de la causa AMIA pasara al fuero federal por decisión de la Corte Suprema. 

Los resultados de la primera pericia inferían que Nisman se habría suicidado. Los resultados de la segunda, concluyó que lo asesinaron. Aquí un resumen de ambos peritajes.

La Junta Médica de la Corte

En abril de 2015, tres meses después de la muerte de Nisman, se conformó una junta médica integrada por 15 expertos de diversas áreas forenses. Incluyó a diez profesionales del Cuerpo Médico Forense de la Corte; dos peritos de la Policía Federal; dos peritos de la querella -que representaban a la familia de Nisman- y uno de la defensa del único acusado en ese entonces, el técnico informático Diego Lagomarsino, el colaborador de Nisman que le llevó un arma durante la tarde del sábado, horas antes de que apareciera muerto. 

Durante los encuentros de la Junta Médica los peritos de la querella mantuvieron siempre posiciones encontradas con el resto de los expertos durante el análisis de las piezas documentales (filmación del lugar del hecho, fotografías y antecedentes de interés médico-legal). También, el informe de la autopsia.

A finales de mayo, la Junta Médica elevó su informe final. Fue firmado por todos sus integrantes, con excepción de los dos peritos de la querella. El documento tenía unas 200 páginas e incluyó las respuestas a un extenso cuestionario elevado por la fiscal Fein.

Los dos peritos de la querella siempre sostuvieron que a Nisman lo mataron. Los trece peritos restantes sostuvieron que, en base a las pruebas recolectadas, no podían descartar ninguna hipótesis y que no les correspondía hacer la calificación legal del hecho.

La Junta Médica afirmó que Nisman habría muerto entre la mañana y poco después del mediodía del domingo 18 de enero. 

Durante las deliberaciones de la prueba, ninguno de los integrantes de la Junta Médica, incluidos los dos peritos de la querella, advirtieron golpes en el cuerpo de Nisman. Establecieron que el cuerpo no había sido movido y no encontraron signos de lucha. 

No hallaron orificio de salida de la bala, que quedó alojada en el cráneo. Los peritos de la Policía Federal establecieron que las manchas de sangre en el baño y el cuerpo evidenciaban que Nisman se paró frente al espejo al momento del disparo. Hallaron restos de ansiolíticos en el organismo del fiscal.

Además, el Cuerpo de Investigadores Fiscales que analizó las manos de Nisman determinó que presentaban partículas incompletas de residuos de disparo. La querella sostuvo entonces que Nisman no pudo apretar el gatillo porque están incompletas.

La Junta Médica no pudo determinar la participación de terceras personas en la muerte de Nisman: no hallaron huellas ni rastros de ADN extraños.

La Gendarmería

En 2017, la Gendarmería, que dependía entonces del ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich durante el mandato de Mauricio Macri, dio un vuelco al caso Nisman. Cuando a pedido del fiscal Taiano quedó a cargo del peritaje final sobre la muerte del titular de la UFI-AMIA, la fuerza conformó una junta interdisciplinaria y construyó una réplica del baño del departamento que habitaba Nisman en Puerto Madero.

Los expertos de Gendarmería sostienen que Nisman murió a las 2.46 de la madrugada del domingo. Esta es una de las principales diferencias con el peritaje inicial de la causa: la data de muerte. 

Además, Gendarmería afirma que el tabique de Nisman estaba roto y que había una lesión en el hígado. Se trata de otra contradicción con el informe inicial, en el que ninguno de los 15 peritos advirtió una rotura de tabique ni golpes en el cuerpo.

Esta vez, a diferencia del primer peritaje, Gendarmería encontró restos de ketamina en baja concentración en las vísceras de Nisman. El juez Ercolini relativizó el hallazgo.

La principal diferencia, además, es que los gendarmes sostienen que existió la participación de terceros en la escena del hecho y que el fiscal fue reducido por dos personas. Uno de estos sujetos habría empuñado el arma mientras el segundo sostenía a Nisman.

Nunca fueron identificadas ni se aclaró cómo ingresaron al departamento -estaba cerrado desde adentro- o cómo escaparon del lugar. No hay registros de terceros en las cámaras de seguridad ni movimientos de personas sospechosas. También se contradice con la hipótesis inicial de los peritos de la familia Nisman que sostenían en un primer momento la participación de un único homicida. Actualmente, la querella avala la teoría de Gendarmería.

Los gendarmes cambiaron la hipótesis sobre la posición del cuerpo de Nisman al momento del disparo. En lugar de estar parado frente al espejo, afirmaron que el fiscal tenía una rodilla en el suelo y que estaba ubicado de costado al espejo. 

Tras los resultados del peritaje, el fiscal Taiano denunció que las conclusiones de las pericias iniciales podrían ser negativas frente a la hipótesis de un homicidio, ya que las huellas y rastros habrían sido levantados incorrectamente. Existe un expediente por esta denuncia a cargo del fiscal. Su colega Fein siempre negó las acusaciones. Diez años después, siguen las contradicciones entre los peritajes oficiales sobre la muerte de Nisman

ED/MC

Tras el primer año de gobierno de Javier Milei, la Argentina se adentra en la etapa con mayores desafíos ambientales de su historia reciente. Con un negacionista del cambio climático en el poder, un gobierno al mando de una “batalla cultural” contra los ambientalistas y conservacionistas y una cartera reducida a una subsecretaria de Estado, 2025 será un año para la resistencia, la unidad y el diálogo por parte de las organizaciones no gubernamentales, las asambleas de ciudadanos y las comunidades indígenas dedicadas a la protección del ambiente y la biodiversidad.

Este será también un año electoral, en el que los argentinos deberán renovar parte de las bancas del Congreso y en el que el Gobierno pondrá a prueba el nivel de aprobación de la sociedad a sus políticas económicas, sociales y ambientales.

Al clima electoral y la alta imagen positiva de Milei, se suma la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, un aliado que potencia las ideas y objetivos del gobierno libertario.

Además, el Gobierno tiene dos candidatos para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, máximo tribunal del país, que fija la doctrina también en cuestiones ambientales. Uno de los dos candidatos es el abogado Manuel García Mansilla, perteneciente al sector más conservador del derecho, que viene de representar y defender a la corporación petrolera. Podría llegar a la Corte en 2025.

La Argentina finaliza un año en el que petroleras y mineras avanzaron en el proceso administrativo para concretar varios proyectos de extracción de minerales, como el litio en el noroeste del país, o petróleo y gas natural en el sur y en el mar Argentino. Esos desarrollos han despertado las críticas y protestas de comunidades locales y pueblos indígenas por rehuir la consulta previa, libre e informada y forzar audiencias públicas sin participación ciudadana real, con promesas de trabajo a poblaciones empobrecidas y aisladas.

“Creo que el principal desafío es la desarticulación de las narrativas impuestas, como por ejemplo que Argentina necesita dólares y los dólares van a venir de los combustibles fósiles”, sostuvo Hernán Pérez Orsi, activista e investigador de océanos y energía. “Las recurrentes crisis económicas han puesto a la sociedad en la búsqueda de una solución fácil, rápida y efectiva sin contemplar la sustentabilidad (social, financiera y ambiental). La carne, el trigo y la soja le están dejando a los fósiles ese pedestal en la eterna e infructuosa búsqueda de Eldorado para la economía”, afirmó. 

El avance sobre los bosques nativos también se agudizó en 2024, explicó Noemí Cruz, coordinadora de la Campaña de Bosques de Greenpeace. La Justicia avanzó durante 2024 en un expediente contra empresarios y autoridades de la provincia del Chaco por la tala de bosques nativos y prohibió transitoriamente la deforestación, pero el caso planteará serios desafíos en 2025: las órdenes judiciales, aseguró Cruz, no se están cumpliendo.

“Tendremos la COP30 en Belén (Brasil) sobre Cambio Climático y la estrategia que estamos llevando adelante muchas organizaciones es llevar toda la temática de biodiversidad de la COP16 a las discusiones climáticas”, sostuvo Manuel Jaramillo, director ejecutivo de Fundación Vida Silvestre. “Argentina tiene mucho que aportar y el desafío es incentivar al Gobierno Nacional y a los gobiernos regionales a formar parte de este proceso”, afirmó. “La intención es levantar la vara en la discusión sobre cambio climático”, dijo Jaramillo.

Entre los desafíos para 2025, Jaramillo también sostuvo que como “el gobierno de Milei anunció que el proceso de ajuste se va a mantener, será necesario identificar los puntos donde va ser necesario reforzar el control y la fiscalización del Estado sobre los emprendimientos productivos o extractivistas”.

A los potenciales conflictos sociales y ambientales motivados por la política oficial de Milei y los gobiernos provinciales de distintos signos políticos, se suma la decisión del Gobierno de suspender la normativa que prohibía los desalojos de las comunidades indígenas de las tierras en litigio. “Uno de los desafíos es evidenciar más la violacion de los derechos indígenas en Argentina. Es una discusión social que se tiene que abrir, una discusión sobre la historia de Argentina”, reflexionó Orlando Carrique, dirigente del pueblo originario Mapuche-Tehuelche y vocero del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro.

Resistencia en el norte, en el centro y en el sur

Tanto los proyectos de litio como de petróleo y gas, de acuerdo a las denuncias de las comunidades locales e indígenas, atentan contra la forma de vida de los habitantes de dos zonas clave para el ambiente y la biodiversidad, el turismo y la pesca artesanal: el golfo San Matías, en la provincia de Río Negro, en la Patagonia, donde las petroleras y el Estado quieren desarrollar tres proyectos para exportar gas y petróleo de Vaca Muerta; y Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc, en Jujuy, en la frontera con Bolivia, donde tres petroleras buscan litio a través de sus propias empresas mineras. 

Además, en 2025 continuará el avance de la extracción de petróleo en la cuenca Norte del mar Argentino, a 350 kilómetros mar adentro de la ciudad de Mar del Plata, el balneario más ícono de Argentina. También se profundizó la extracción offshore en la cuenca Austral del mar argentino, en la provincia de Tierra del Fuego.

“Todo lo que tiene que ver con proceso de explotación de minerales o de hidrocarburos, que además está apalancado por un régimen oficial de inversiones (el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, RIGI) van a traer, sin duda, consecuencias ambientales para Argentina”, afirmó Andrés Nápoli, director ejecutivo de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

Nápoli explicó que en 2025 algunos focos de conflicto se van a potenciar. Un desafío central será pelear un lugar en esa agenda: la del poder. Al tratarse de un año electoral, 2025 será casi monotemático tras el inicio de la campaña política  y el Parlamento tendrá poca actividad. “Por eso, creo que el trabajo en 2025 se va a concentrar mucho en los territorios, a nivel local, y en las provincias”, agregó Nápoli. “Es en esos lugares donde hay que estar cada vez más sólidos en la defensa de los territorios, en el acompañamiento a las comunidades locales y originarias”, sostuvo el ambientalista. 

En la zona de periglaciares, en la región andina del país, en la frontera con Chile, la minería está posando los ojos nuevamente sobre los glaciares de montañas y si bien en 2024 parte de la oposición y los ambientalistas lograron frenar una modificación de la ley que protege estas áreas, el temor es que Milei cambie las reglas por decreto. 

La pelea también será en el exterior

“Si no conseguimos respuesta en las audiencias públicas, lo estaremos llevando a tribunales. Y si no conseguimos la respuesta de los tribunales, también lo haremos a nivel internacional, tanto en las casas matrices de las empresas como ante los financiadores y los organismos multilaterales”, explicó Nápoli. 

La diputada Margarita Stolbizer alertó también sobre el incumplimiento de Argentina en la  implementación de convenios y compromisos ambientales a nivel internacional. “El despegue o la disociación de la agenda de futuro de la Argentina con respecto a los países de la OCDE y de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible de la agenda 2030) son retrocesos en materia ambiental y tienen costos a nivel internacional. Esa es una de las deudas más grandes que tenemos”, advirtió la diputada por el partido GEN y el bloque Consenso Federal.

En los organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya existen casos argentinos sobre materia medioambiental y derechos indígenas sobre los que se esperan novedades en 2025. Representantes de comunidades indígenas de la cuenca de Salinas Grandes presentaron sus demandas en una audiencia pública y solicitaron la creación de zonas libres de minería.

Otro caso, esta vez de la provincia de Catamarca, en la frontera con Chile, también llegó ante la ONU y la CIDH. Allí, en el Salar del Hombre Muerto, una comunidad indígena resiste el avance minero por el litio. 

La resistencia en los bosques

Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace Argentina, coincide con Napoli. “El desafío principal es mantener la resistencia y persistencia de las organizaciones de base que defienden los bosques nativos, los glaciares, los humedales en distintas regiones del país. Mientras eso se mantenga va a ser posible alzar la voz y seguir denunciando lo que está sucediendo”, opinó Cruz.

Desde Greenpeace Argentina vienen denunciando el avance del sector agroexportador y ganadero sobre los bosques nativos del Chaco Argentino, en el noreste del país, en las fronteras con Brasil, Bolivia y Paraguay. Sólo en los primeros diez meses de 2024, la organización detectó la desaparición de más de 100 000 hectáreas de bosques nativos en la región. Por eso, la ambientalista resume el desafío 2025 con una frase: “No callarnos en ningún momento y usar todas las herramientas a nuestro alcance de manera colectiva y pacífica”.

Esa resistencia será necesaria frente a lo que los gobiernos provinciales de Salta, Santiago del Estero y Chaco se proponen: cambios en los mapas de Ordenamientos Territoriales, que establece qué zonas de bosques nativos se pueden talar y qué otras deben ser conservadas. Santiago del Estero y Salta ya anunciaron que ampliará las zonas a deforestar. Chaco está evaluando cómo modificar un mapa regresivo ya propuesto.

La cuarta provincia del Chaco argentino, Formosa, no ha anunciado un nuevo ordenamiento pero la provincia tiene prácticamente toda su superficie boscosa catalogada como zona verde, es decir, donde el monte (como se conoce aquí al bosque nativo) puede ser destruido. Incluso ha avanzado sobre zonas que operan como corredores biológicos en el Gran Chaco para especies clave como el yaguareté, en peligro de extinción en esta región, explicó Cruz.

Además, la activista alertó: “Estamos preocupados por las amenazas de desalojos de campesinos. Cuando son desalojados se da paso a proyectos que no implican la conservación de los bosques”.

Pueblos indígenas en alerta

A principios de diciembre de 2024, Milei eliminó a través de un decreto la protección legal con la que contaban los pueblos indígenas para frenar los desalojos en sus territorios. La decisión presidencial contradice al artículo 75 de la Constitución Nacional, que reconoce “la preexistencia étnica” de los pueblos originarios y garantiza “la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan”.

Orlando Carriqueo es dirigente del pueblo Mapuche-Tehuelche en la Patagonia argentina y  uno de los voceros de la Coordinadora del Parlamento de este pueblo originario en la provincia de Río Negro. Sostiene que entre los desafíos de Argentina en 2025 el principal es “ponerle un freno a los procesos extractivos” y diseñar la estrategia de ya no litigar contra el Estado argentino sino ante los tribunales internacionales.

“El Poder Judicial es funcional a la línea política, no aplica los convenios internacionales ni las normas ambientales y el derecho indígena. Indefectiblemente, esta lucha terminará en los tribunales internacionales y va a llevar su tiempo”, dijo Carriqueo.

El dirigente indígena plantea que otro desafío será litigar contra las empresas mineras y petroleras que no respetan el derecho a la consulta previa, libre e informada cuando operan en territorios de los pueblos originarios.

Sobre el decreto de Milei que permitirá los desalojos de sus pueblos, Carriqueo sostiene que habrá resistencia y que a pesar de esta crisis hay una ventana a un mundo posible. “Otro mundo posible desde otra mirada del buen vivir. Es uno de los desafíos más grandes para 2025: aportar a una mejor manera de vida”.

En defensa de la biodiversidad 

Más allá de que no existan condiciones propicias para la defensa de los derechos ambientales, las organizaciones tienen el desafío de seguir impulsando sus agendas. “Hay una agenda que nos quedó trunca y que debemos seguir impulsando: la protección de los humedales, por ejemplo”, resaltó Nápoli. La demora de este proyecto de ley arrastra más de una década. Los lobbies de grupos económicos, como el inmobiliario, forestal y agropecuario, han logrado frenarlo en el Parlamento en varias oportunidades. Los humedales en la Argentina ocupan casi 277 000 kilómetros cuadrados, el 9,5 % de la superficie del país, según un estudio de 2022 del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). 

“En la COP16 de Biodiversidad el Estado argentino presentó una estrategia nacional de biodiversidad, que fue desarrollada con participación ciudadana”, destacó Jaramillo. “Va a ser un desafío ver y promover la real implementación de aquí al 2030”, agregó el ambientalista. 

El biólogo e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) Luciano Valenzuela destaca tres aspectos importantes para la conservación de la fauna marina que están sufriendo complicaciones: un gobierno negacionista del cambio climático que se retira de los acuerdos internacionales; los sistemas de monitoreos que están en gran proporción dependiendo de los trabajos de científicos y científicas que también están sufriendo la falta de financiamiento del Estado Nacional y la destrucción de las instituciones científicas; y un tercer aspecto: se están introduciendo cambios en la actividad pesqueras, con más desregulación y liberalización de la actividad.

“Las ONGs no están bajando los brazos, todo lo contrario, están fortaleciendo sus alianzas para lograr cosas y se están apoyando en los gobiernos provinciales en algunos casos. como en el caso de Chubut para el monitoreo de ballenas francas australes”, explicó Valenzuela.

Desde la organización Aves Argentinas, su director ejecutivo, Hernán Casañas reflexionó: “Tenemos muchos desafíos pero seguir integrando prácticas productivas verdaderamente sustentables es uno de ellos. Las formas en las cuales producimos va a tener un efecto categórico en el futuro de la biodiversidad del planeta y esas formas de producción tienen correlato con las formas de consumo que tenemos”.

Además, sostuvo, “hay que seguir atendiendo a la necesidad de más áreas protegidas que se transformen en motores de desarrollo a través del ecoturismo. Es un desafío hacerle entender al Gobierno que eso no se debe detener”.

Pérez Orsi también destaca que “los impactos sobre los ecosistemas clave del mar Argentino, que genera la exploración petrolera mar adentro, han quedado expuestos y corroborados por la comunidad científica”. 

“El movimiento socio ambiental continúa utilizando todas las herramientas de las que dispones que son muy escasas frente al arsenal del aparato del establishment, pero con una ventaja estratégica fundamental -dijo Pérez Orsi-: el tiempo está de nuestro lado. Mientras más se demore el avance de la frontera hidrocarburífera en el mar, más cerca estaremos de que se conviertan estos proyectos en económicamente inviables”. 

El desafío es mantenerse “unidos y motivados en una discusión que es de largo aliento y donde hay fuerzas desiguales”, aseguró el investigador y activista. 

*Esta nota se publicó en Mongabay Latam el miércoles 15 de enero.

Federico Morgenstern (43) ocupa uno de los cargos más importantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, detrás de los jueces supremos. Es uno de los secretarios letrados del máximo tribunal, en la vocalía del juez Carlos Rosenkrantz. Fue, además, uno de los integrantes del equipo encargado –entre tantos otros proyectos– del proyecto del voto del magistrado en el fallo conocido como el 2x1, que reconoció como válido aplicar el beneficio a un condenado por delitos de lesa humanidad. Aquel fallo de la Corte hizo estallar una crisis política durante el gobierno de Mauricio Macri, manifestaciones y protestas de organismos de derechos humanos ante el tribunal y la vuelta atrás de la mayoría de los jueces que lo habían votado. Menos, de Rosenkrantz, quien se mantuvo firme en su posición original.

En 2024, Morgenstern publicó su segundo libro, Contra la corriente (Planeta), un ensayo –también homenaje–, sobre Jaime Malamud Goti, uno de los cerebros del Juicio a las Juntas Militares, durante la presidencia de Raúl Alfonsín. También fue ideólogo de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

Al igual que como su protagonista, el libro de Morgenstern es incómodo y complejo, pero se zambulle de lleno en una herida abierta de Argentina, una cuestión pendiente que no se salda más: los ecos de la violencia de los años 70. El libro analiza el rol de Malamud Goti durante aquel proceso histórico, sus oposiciones a la reapertura de los juicios por delitos de lesa humanidad durante el kirchnerismo y su apoyo al fallo de la Corte que permitió aplicar el beneficio del 2x1 a un represor de la dictadura cívico-militar. Es la historia de un hombre que dice no estar orgulloso de lo que hizo por los derechos humanos pero que marcó un antes y un después en la historia del país.

–¿Por qué Malamud Goti? ¿Por qué no otro? ¿Qué lo impactó o atravesó? 

–Ahora soy amigo de él y me interesa su elegancia humana, pero además siempre me interesó su fineza como escritor y sobre todo, su consistencia y su profundidad como jurista. Y su amplitud. Jaime no es sólo un jurista jurídico, es un tipo que apela a la antropología, a la sociología, al psicoanálisis, a la literatura. Tal vez después terminó siendo poco jurídico. Me interesó mucho rescatar a Jaime porque me parece que es un tipo súper importante para lo que fue el proceso de los 80 y la transición a la democracia y me parece que fue injustamente ignorado, olvidado. Tal vez en la comunidad jurídica se rescata demasiado a Carlos Nino porque tenía muchos discípulos, porque era un tipo más taquillero y porque murió joven. Como dijo (Carlos) Pagni en la presentación del libro: si yo fuera Jaime Malamud Goti le pasaría lustre a todo lo que hice. Y Jaime es un tipo que ni siquiera terminó el libro porque le da pudor ser el protagonista. Además, como jurista fue muy inspirador, sus textos rompieron con ciertos dogmas, por ejemplo, en el caso Simón, con la reapertura de los casos de lesa humanidad; el juicio a Pinochet, con la extradición de Garzón. Él se opuso a todo eso.

–¿Cómo fueron los diálogos con él para el libro? 

–Jaime es un tipo permeable a la crítica, incluso a la crítica retrospectiva. Yo preguntaba por qué. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué no abarcaron más hechos en la Conadep? ¿Por qué no incriminaron a más gente? Me dice: sí, me equivoqué. Me equivoqué en traer a la Corte Interamericana (de Derechos Humanos). Me equivoqué con muchas cosas. Era caminante y no hay camino, se hace camino al andar. Como explico en el libro, tenían muchísima resistencia, poca ayuda. Tenían a los intelectuales del exterior que los tironeaban para un lado; a los intelectuales de acá, que los tironeaban para el otro; a sus amigos que tampoco eran muy receptivos a sus problemas; y ellos eran intelectuales del derecho sin experiencia en la función pública, con un líder que les dio muchísimo lugar, que era muy receptivo a sus reclamos y a sus argumentos, pero al que también le costaba decidir y que tenía al partido radical casi totalmente en contra. Esto fue una corazonada de Alfonsín y de sus intelectuales.

–Al principio parece un libro sobre un hecho histórico pero es un libro sobre una discusión presente que Argentina no ha podido superar: la violencia de los 70, el terrorismo de Estado, la respuesta de la Justicia. ¿Cree que es justo juzgar lo que decidieron Malamud Goti y Alfonsín, entre otros, con el diario del día después?

–Sobre el final del libro, yo lo llamo a Jaime un héroe imperfecto, un héroe que metió las manos en el barro, al igual que mi juez preferido de la historia del derecho, que es Félix Frankfurter. Un tipo que también tuvo que tomar decisiones duras. Cuando se retiró Philip Roth hizo una entrevista final para un diario sueco y le preguntaron si estaba contento con su carrera. Él citó a Joe Louis, al boxeador, y dijo: “Hice lo que pude con lo que tenía”. Jaime hizo lo que pudo con lo que tenía, con los recursos humanos, con la situación de poder en ese momento, con un peronismo en contra, con los movimientos de derechos humanos con posiciones maximalistas que no colaboraban mucho, con la prensa mayoritaria en contra. Eran ellos, sus cerebros y el apoyo de Alfonsín y de algunos jóvenes valiosos del radicalismo, tanto del plano político como del plano intelectual, como Carlos Rosenkrantz, Agustín Zbar, Hernán Gullco. Eran un poco la armada Brancaleone.

La historia que juzga

–Entre los muchos hechos históricos de la transición entre dictadura y democracia que detalla el libro, se destacan algunos como la autoamnistía de los militares en 1982. ¿Cuál fue el rol de Malamud Goti ante esa autoamnistía?

–La dictadura emite una ley de Amnistía. Luder dice: “Esto es válido, yo no me voy a meter con esto. Está el principio de ley más benigna involucrado”. En cambio, Alfonsín les encomienda a (Martín) Farrell, Jaime y Genaro Carrió, el padre de Alejandro: “¿Qué es esto? ¿Qué hago con esto?” Y rápidamente le dan argumentos jurídicos y sacan un comunicado durante la campaña diciendo: esta no es la palabra final. Y después dictan la anulación de la autoamnistía porque “no reúne los requisitos básicos para ser considerada una ley”. Eso hizo posible el Juicio a las Juntas.

–¿Cree que a Alfonsín la historia también lo juzgó mal?

–Yo a Alfonsín lo consideraba un cobarde y un traidor. Y hoy es un héroe trágico para mí, un héroe imperfecto, uno de los pocos héroes imperfectos y un tipo que no fue reconocido suficientemente durante su vida. Por todo lo que hizo y por cómo lideró la transición a partir de ciertos principios morales. No hay otro político, me parece, de ese tiempo que podría haberle dado lugar a una persona como Jaime. De hecho, el radicalismo no homenajea a esta gente en vida, a Martin Farrell, a Jaime. Las leyes de Obediencia Debida y Punto Final son muy defendibles, por más feas que sean desde el punto de vista moral. Esto está desarrollado en el libro. Igualmente, estoy de acuerdo con la decisión de la Corte en que la ley de Punto Final fue inconstitucional porque viola la división de poderes, le impone un criterio a los jueces respecto de hechos ya pasados. Pero la ley de Obediencia Debida… yo creo que Alfonsín hizo lo máximo que pudo. Lo elaboro mejor en el libro. Es muy fácil criticar desde afuera.

–Cómo se le explica a una ex detenida de un Centro Clandestino de Detención de la dictadura que fue torturada y violada sistemáticamente por militares o policías que la Ley de Obediencia Debida y Punto Final son leyes defendibles? ¿O a los hombres y mujeres apropiados de bebés o niños?

–De la misma manera en que se paró un juez como Rosenkrantz ante un caso como el 2x1, o como me paré yo como asesor letrado de Rosenkrantz ante ese mismo caso. O como nos paramos ante el caso de un político corrupto o de un cura pedófilo. De la manera más neutral posible. Aplicando el derecho. Las emociones y la compasión no están para los jueces. Un jurista no tiene que tomar partido en base a las emociones, sino en base a las normas y los principios.

–Malamud Goti, sin embargo, como usted cita en el libro, años después dice que no está orgulloso de lo que hicieron por los derechos humanos. ¿Por qué cree que no está orgulloso?

–Creo que habla de lo evolucionado emocionalmente y de lo sabio que es Jaime. Y de que no necesita honores. Y de que es un tipo que es muy consciente de que no hay héroes perfectos. Hay héroes imperfectos. Ni siquiera los patriarcas de la Torá, del Antiguo Testamento. Jacobo era un tipo que había mentido. Abraham era un tipo que había sido violento con su padre. No dejan de ser héroes, aunque sean imperfectos. Tanto Jaime como Alfonsín.

–Usted también cita a Malamud Goti explicando que Nino quería juzgar a cientos de militares en el Juicio a las Juntas. ¿Cree que hubiese sido distinto eso para la discusión presente?

–No estamos en ese momento. Pero todo indica que el balance de poder en ese momento hubiese hecho que cayera la democracia. Pero me parece que la mirada debería estar puesta en cómo era el tema al final del gobierno de Alfonsín. El indulto de Menem abarcó a entre 350 y 400 tipos, entre militares, guerrilleros, etcétera, y durante el gobierno de Alfonsín estuvieron presos (José) López Rega, estuvieron presos miembros de las Juntas, (el ex líder montoneros Mario) Firmenich. Y muchos más. Fue bastante amplia y corajuda la acción jurídica del Poder Judicial durante el gobierno de Alfonsín, empujados por la decisión política de Alfonsín. Lo que yo sí le critico al proceso que lideraron es que, por ejemplo, la Conadep debería haber sido más amplia. La revisión extrajurídica debería haber abarcado los crímenes de la guerrilla, para que hoy no tengamos a familiares de estos más de mil muertos de la guerrilla que dicen: “Che, a mí también me hicieron algo en ese proceso y eran organizaciones guerrilleras y eran paraestatales”, según reclaman ellos. También está todo lo que hizo la Triple A durante un gobierno peronista. Y tal vez si no se hubiesen generado condiciones tan punitivas, hubiesen generado incentivos para que los militares acerquen datos sobre el destino de los cuerpos de los desaparecidos. Pero bueno, es lo que se hizo y es lo que pasó. Y fue un proceso único a nivel mundial.

–En el libro se resalta una crítica muy fuerte de Malamud Goti a la sociedad argentina y su relación con el golpe de 1976 y el terrorismo de Estado. Él habla de la vergüenza por haber permitido lo que sucedió, de exculparse a sí misma condenando a los militares. Habla de una sociedad cómplice, de una sociedad que se quiere lavar las culpas…

–Que expía todo centrando la responsabilidad en los militares. Exacto.

–¿Cuál es su posición sobre estas ideas de Malamud Goti?

–Las comparto totalmente y creo que esto sigue pasando con el 2x1 y con las resonancias de ese caso. Suponer que un juez como Rosenkrantz o Rosatti en ese momento, que fue ministro de Justicia de Néstor Kirchner y que es un tipo con una carrera democrática en los derechos humanos; que el propio Rosenkrantz, que participó en sus tempranos 20 años en el juicio a las Juntas, cuando no era fácil, suponer que dos jueces como Rosenkrantz o Rosatti estaban de acuerdo con los hechos que cometieron los criminales porque los beneficiaron en una decisión procesal es tomar una postura infantil. Es lo que Jaime criticaba respecto de lo que pasó en el país a partir de la reapertura de los juicios (de lesa humanidad, a partir de 2004). Se busca expiar todos los males a partir de la focalización en algunos militares que cometieron hechos aberrantes y a los cuales no se les respetó determinadas garantías constitucionales, procesales y de fondo. Pero la sociedad pedía la violencia en ese momento y la gente no aguantaba más. Nací en 1981. No tengo ningún vínculo con ningún militar, ni familiar, ni amistoso, ni social, nada. Simplemente analizo la historia y las secuencias jurídicas. La Cámara Federal Penal, conocida como El Camarón, que había creado (Agustín) Lanusse, con sus imperfecciones, había juzgado y había metido presos a muchísimos guerrilleros. Y después llegó (Héctor) Cámpora. Y de un día para el otro liberaron a todos y pasaron a ser héroes. Y los jueces del Camarón pasaron a ser exiliados o asesinados. Entonces, ¿qué respuesta institucional podían dar las fuerzas de seguridad? ¿Esto justifica después el robo de bebés, la violencia? No, de ningún modo. Ahora tratemos de entender de un modo más adulto en este momento. Y esa es una de las características de Jaime que a mí más me atrajo desde el principio. Fijémonos quién empezó. Cuáles son las consecuencias. No nos dejemos llevar por ímpetus adolescentes y repartamos un poco la culpa. 

–Es una encerronada en la que volvemos a caer… las dictaduras, las guerrilla, la violencia… Las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

–Aprendí de Jaime a mantener cierta humildad. No quiero incurrir en lo que yo llamo el dogma Verbitsky, de pontificar permanentemente acerca de las responsabilidades del pasado. Alfonsín, al hacer esto, no sólo no violó el contrato electoral que había asumido con los argentinos, sino que lo cumplió. Alfonsín nunca prometió justicia total. A diferencia del candidato peronista que estaba a favor de la autoamnistía. Alfonsín dijo: “No podemos recrear un sistema y un ambiente democrático sin juzgar, sin castigar a los máximos responsables. Pero no podemos castigar a todo el sistema militar”. Jaime era un jurista de 40 y pocos años que tenía que ir armado, al que secuestraron, que se metía en líos. Era un tipo muy valiente. Tenía un coraje enorme.

El intermediario

–En el libro cuenta que era el nexo de Alfonsín con la Corte Suprema y con los militares…

–Y con la Cámara Federal -que llevó adelante el juicio a las Juntas-, que él creó y al  que él le daba letra. Jaime fue el productor en las sombras de todo el proceso del juicio a las Juntas. Él y Nino inspiraron a Alfonsín. Seleccionaron a los jueces de la Cámara, les dieron letra. Seleccionaron a los jueces de la Corte. Contenían a los militares. Hablaban con la prensa. Hablaban con el resto de la política. Fue impresionante el rol.

–El libro hace un recorrido de las decisiones centrales en materia de derechos humanos del Poder Judicial hasta el 2x1. ¿Qué tiene que ver Malamud Goti con el 2x1?

–Creo que la decisión del 2x1 se liga con las posiciones históricas de Jaime. Jaime nunca animalizó a los militares. En muchos sectores del Poder Judicial, en algunos sectores de la propia Corte, se los consideró, se los considera cucarachas. Ratas humanas. Jaime hizo un ejercicio antropológico, quiso entender humanamente a estos tipos, por qué llegaron a hacer lo que hicieron. Incluso se hace amigo de Seineldín. Nunca dejó de considerarlos seres humanos y la decisión del 2x1 no deja de considerar a los militares, por más cosas aberrantes que hayan hecho, en seres humanos con garantías constitucionales, y que sí tienen que tener razón con determinadas decisiones, tienen la razón. La decisión del 2x1 en ningún momento atenta contra las políticas de memoria, verdad, justicia. No apunta contra las bases de la reapertura de los juicios. Simplemente se refirió a la violación de la garantía de la ley más benigna en el cómputo final de la pena a partir del tiempo transcurrido en prisión preventiva. Punto.

–¿Existe una manzana podrida, un fruto envenenado del derecho, de la Justicia que haya originado que no podamos superar toda esta violencia, que todavía arrastramos con nosotros?

–No sé si señalar un solo punto de origen. Uno puede ser la decisión de lo que hizo la política en el 73 con los presos del Camarón. Otro, los indultos de Menem, que dejaron en la sociedad una sensación, y sobre todo para mi generación, de que acá no pasó nada, no hay nadie preso. Y eso hizo que cuando llegó el gobierno de Kirchner en 2003… Alberto Fernández cuenta que los jueces que nombró Néstor Kirchner llegaron con el compromiso de dos temas: corralito y derechos humanos. Y ahí se dicta esa decisión con la disidencia de Fayt –que se opuso a la reapertura de los juicios–. 

Fue bastante amplia y corajuda la acción jurídica del Poder Judicial durante el gobierno de Alfonsín, empujados por la decisión política de Alfonsín

–En el libro hacé hincapié en el juez de la Corte Suprema, Enrique Petracchi, también como el cerebro de los fallos contra Obediencia Debida y Punto Final…

–Petracchi dictó decisiones súper valiosas desde el punto de vista del derecho penal liberal en los 80. Consumo de drogas, discriminación, divorcio, etcétera. Incluso algunos temas de garantías, allanamientos, autoincriminación, etcétera. Ahora, en materia de lesa humanidad, Petracchi zigzagueó como nadie. Y fue más un político que un juez. La judicatura y el ejercicio mental del jurista no puede ser solamente una cuestión de prudencia y de pragmatismo. Tiene que haber normas y principios neutrales, sostenibles en el tiempo y eso no se verifica en la jurisprudencia de Petracchi en esta materia.

–El libro trata temas muy complejos, da para la polémica, el debate, la contradicción. ¿Qué ideas le gustaría que le queden a los lectores después de leer Contra la corriente? 

–Que vale la pena valorar y tener héroes imperfectos. Y sostener conversaciones intertemporales, basadas en argumentos. Como las que yo sostengo en el libro con Jaime, con (el penalista Marcelo) Sancinetti y con otros juristas. Y que tanto Alfonsín como Jaime fueron la mayor expresión del coraje civil de las últimas décadas en el poder político.

Nota: se corrigió el apellido de Agustín Zbar el 12 de enero de 2025 a las 08:58.

ED/MG

Como anillo al dedo o como regalo de Papá Noel. El 27 de diciembre último, la Corte Suprema de Justicia tomó una decisión en el expediente de la quiebra de Correo Argentino SA, empresa de la familia del expresidente Mauricio Macri y principal dolor de cabeza en los tribunales para el exmandatario, ya que puede costarle la extensión de la quiebra a las principales compañías del grupo: Socma y Sideco.  

La empresa Correo Argentino SA tiene a la familia envuelta en denuncias de presunto fraude a los acreedores y los Macri estaban desde 2021 a la espera de una resolución clave para el futuro judicial del conglomerado económico. A instantes de perder los tres votos necesarios para beneficiar con un fallo a Correo, la Corte Suprema actuó y decidió hacer lugar a un planteo de los Macri: que la causa pase a la órbita de un tribunal amigables con el expresidente: el Supremo Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, máxima instancia judicial porteña.

En este artículo, elDiarioAR repasa el estado del caso Correo, sus implicancias para los Macri, el peso de la decisión de la Corte y su timing. Estas son algunas de las claves sobre un fallo que sacudió al sistema judicial en territorio porteño.

El caso: antecedentes y presente

Correo Argentino SA es una empresa fundada por Franco Macri que tenía a su cargo la concesión del servicio postal del Estado Nacional, cuando se privatizó durante el menemismo. En 2001, la empresa entró en concurso de acreedores. Su principal acreedor era y sigue siendo el Estado Nacional. La deuda con el Estado era entonces de 300 millones de pesos/dólares.

En 2003, Néstor Kirchner ordenó la estatización del servicio portal y el correo regresó a manos del Estado. Correo Argentino SA pierde entonces la concesión. Para entonces, seguía el trámite de su concurso de acreedores para resolver sus deudas sin supuesta solvencia económica. 

El primer juez del caso firmó un decreto de quiebra, pero sería revocado por la Cámara de Apelaciones en lo Comercial.

En 2016, la empresa reclamó ante la Justicia que el Estado le pague por la estatización y la falta de pago de servicios postales durante los años 90. Mientras tanto, en junio, el gobierno de Macri firmó un pre-acuerdo con Correo Argentino SA para el pago de la deuda del Estado por la falta de pago del canon de la concesión. Acuerdan que los Macri paguen sólo $296 millones.

En octubre de 2016, el expediente ingresó a la fiscalía general ante la Cámara Comercial, a cargo de Gabriela Boquin. En diciembre, Boquin firmó su primer dictamen en contra del acuerdo entre el Ejecutivo y Correo. En un informe contable, el Ministerio Público Fiscal estableció que el acuerdo garantizaba una quita del 98,87% de la deuda de la empresa, ya que ascendería en 2017 a $4.000 millones.

En febrero de 2017, sale a la luz en el diario La Nación el segundo dictamen de la fiscal, en el que se opuso al acuerdo por “abusivo” y contrario a los intereses del Estado. Ante el escándalo mediático, Macri ordenó volver a “foja cero” y renegociar la deuda. 

En abril, Boquin denunció el supuesto vaciamiento de Correo Argentino SA por parte de los administradores de los Macri ante el supuesto desvío de fondos hacia Socma y Sideco, empresas del grupo familiar. Los responsables de Correo, Socma y Sideco niegan las acusaciones.

Desde entonces, comenzó un derrotero judicial en torno al caso, en el que la jueza no definía la quiebra y los Macri intentaban apartar a la fiscal del caso. Tras la orden judicial de intervenir la compañía, intentaron también apartar a la jueza. 

En 2021, Socma cambia de estrategia: aunque presentaba recursos ante la Corte Suprema de la Nación, decide acudir al Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires para insistir con el apartamiento de la fiscal Boquin. La decisión es controvertida porque el tribunal porteño no tiene competencia sobre la Justicia Nacional, donde tramita la quiebra. Es como si un correntino acudiera a un tribunal de Chaco para pedirle que intervenga en un expediente que tramita en Corrientes. Con una salvedad en la que hizo hincapié el grupo Macri: está pendiente el traspaso de los tribunales nacionales (no federales, como el fuero penal ordinario, el civil, el comercial) a la órbita de la Justicia porteña.

Sin embargo, el traspaso dista mucho de estar en condiciones de decretarse, advirtieron desde abogados, magistrados y hasta los gremios judiciales en sendos comunicados realizados en los últimos días. 

Mientras Socma planteaba al Tribunal Superior de la Ciudad que debía intervenir para apartar a Boquin del caso, el Ministerio Público Fiscal sostenía que la deuda de la empresa con el Estado Nacional ya se acercaba a los $5.000 millones. También intenta apartar a la jueza ante algunas decisiones contrarias a sus intereses.

Si la compañía no llegaba a un acuerdo con sus acreedores, entonces la jueza debía decretar la quiebra.

El 5 de julio de 2021, la jueza dictó la quiebra de la empresa. Los representantes de la firma apelaron la decisión, recusaron a la fiscal y a la jueza e interpusieron otros recursos para dilatar la concreción de la quiebra.

El 4 de mayo de 2022, dos juezas de la Sala B de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial –Matilde Ballerini y María Elsa Uzal– resolvieron suspender el trámite de la quiebra, haciendo lugar a lo solicitado por los representantes de Correo. Ante dicha decisión de la Cámara, la fiscal Boquín interpuso un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Los Macri también acudieron a la Corte, pero con otro objetivo: plantearon al tribunal que la causa no era competencia de la Corte sino del Tribunal Superior de la Ciudad.

El Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, rechazó la intervención de ese tribunal y sostuvo que el expediente de la quiebra debía seguir tramitando en la Justicia Nacional y en la Corte.

¿Qué decidió la Corte Suprema a fines de diciembre?

Unas 72 horas antes de que finalizara 2024 y cuando el juez Juan Carlos Maqueda estaba a punto de jubilarse, la Corte, por mayoría tomó una decisión a favor de Correo: envió el expediente de la quiebra al Superior Tribunal de la Ciudad. Pero primero sentó las bases para poder hacerlo: el tribunal dictó un fallo en otra causa, del fuero civil, en el que una de las partes sostenía lo mismo que Correo: que en su caso, el tribunal revisor de las decisiones tomadas en el expediente por el tribunal de apelaciones es el Superior de la Ciudad y no la Corte. 

El caso civil no está relacionado con el expediente de los Macri pero la Corte se encargó de que así fuera. Tras la Navidad, los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Maqueda establecieron que en el caso civil correspondía la intervención del tribunal porteño. Luego, con la jurisprudencia establecida, la Corte remitió el expediente de Correo a dicho tribunal.

De esta manera, tres de los jueces supremos establecieron que el tribunal superior y última instancia judicial de las causas que tramitan ante la Justicia Nacional ordinaria situada en esta ciudad de Buenos Aires es el Tribunal Superior de Justicia porteño y no la propia Corte Suprema de la Nación, como venía siendo.

La Corte se basó en “la existencia de una situación anómala” en la Ciudad de Buenos Aires, donde aún coexisten la Justicia local y la nacional con competencia ordinaria (civil, comercial, laboral y penal). Es decir, los fueros que no son federales.

Los jueces argumentaron que su decisión va en sintonía con lo establecido en el artículo 129 de la Constitución Nacional, que garantiza la autonomía local de la Ciudad; en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires; y en los compromisos asumidos por las autoridades legislativas nacional y local para traspasar las competencias judiciales de Nación a Ciudad.

La Corte decidió que esta nueva jurisprudencia se aplique a los “casos pendientes de decisión en los cuales ya se hubiera planteado un conflicto análogo y a las apelaciones dirigidas contra sentencias de cámaras nacionales […] que fueran notificadas con posterioridad a este fallo”. El caso Correo entra en estas categorías.

El juez Carlos Rosenkrantz, en disidencia, sostuvo que la decisión de sus colegas implica que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad pase a revestir, aunque sea transitoriamente, el carácter de tribunal nacional, “transformación que no registra precedentes, pues no existe en el ordenamiento constitucional argentino la posibilidad de que un tribunal local revise decisiones de tribunales nacionales”.

¿Por qué el caso Correo Argentino SA es central para la familia Macri?

Si Correo no puede pagar la deuda millonaria establecida por la Justicia, la quiebra podría extenderse a Socma y Sideco, principales accionistas de la compañía en las últimas décadas. 

Además, Macri, representantes de Correo y dos exfuncionarios de Cambiemos tienen abierta una causa penal en el juzgado del juez federal Ariel Lijo por presunto fraude al Estado por el pre-acuerdo entre el gobierno macrista y la empresa de la familia Macri.

Además, tienen también una investigación en su contra por el presunto vaciamiento de la compañía Correo Argentino en la fiscalía de Boquín.

¿A quién beneficia esta decisión de la Corte?

La Corte venía fallando en contra de los planteos de la compañía de los Macri hasta diciembre último. La decisión favorece a Correo y le da la razón a Socma, principal accionista. Beneficia a la familia Macri.

Ahora, el fiscal general que intervendrá en el caso como instancia superior es Juan Bautista Mahiques, exfuncionario de Macri en el ministerio de Justicia, representante de su gobierno ante el Consejo de la Magistratura e hijo de Carlos Mahiques, el ex ministro de Justicia de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires.

El Superior Tribunal de la Ciudad tiene jurisdicción en el distrito gobernado por el primo de Macri, Jorge Macri.

¿Cómo influye la decisión de la Corte en el caso Correo Argentino SA?

El objetivo de Correo en todos los movimientos que realiza en el expediente es el mismo: desplazar a la fiscal. Luego se sumó un segundo objetivo: desplazar a la jueza. De fondo, hay un tercer objetivo: evitar pagar una deuda multimillonaria al Estado y la extensión de la quiebra a Socma y Sideco.

Lo que suceda en el expediente de la quiebra y en el del vaciamiento de Correo también es central en el destino de la causa penal que tiene el juez Lijo y en el que Macri está imputado.

Ahora, los accionistas de Correo podrán plantear sus reclamos ante un tribunal integrado por algunos jueces de estrecha relación con Macri cuando era jefe de Gobierno porteño. Una de las juezas del Superior Tribunal porteño es Inés Weinberg, candidata del expresidente de Cambiemos a la Procuración General de la Nación. Otro es Santiago Otamendi, exsecretario de Justicia del gobierno de Macri. Marcela De Langhe asumió en el tribunal en junio de 2019, durante el mandato de Horacio Rodríguez Larreta, entonces aliado de Macri. Estos tres jueces ya habían votado a favor de Socma en 2021, cuando la empresa de los Macri pidió al Superior de la Ciudad que intervenga en el caso.

ED/MG