Con una escasa diferencia de menos de un punto porcentual en vista al balotaje de este domingo 13, el presidente derechista de Ecuador, Daniel Noboa por Acción Democrática Nacional (ADN) y su rival izquierdista Luisa González por Revolución Ciudadana (RC), cerraron el jueves 10 de abril  sus campañas en el puerto de Guayaquil, capital económica del país dividido y convulso, centro de operaciones del narcotráfico, cuna de Noboa y bastión del ex presidente socialista Rafael Correa(2007-2017).

Bajo una fuerte lluvia y ante varios miles de simpatizantes en el centro porteño, González apeló a las mujeres para “dejar atrás estos días oscuros” y les pidió apoyo para convertirse en la primera presidenta electa en el país. “En este año y medio (de gobierno de Noboa), la violencia, la pobreza y el desempleo ha sido más profundo en nosotras las mujeres”, aseveró y ofreció préstamos de hasta 40.000 dólares e interés de un dígito para las madres solteras como ella.

En un coliseo cubierto, el presidente vestido de jeans y camiseta violeta del color de su partido, pronunció otro de sus brevísimos discursos custodiado por militares armados y acompañado por su madre, la congresista más votada. “El ecuatoriano no quiere más guerra (...) quiere esperanza”, afirmó  Noboa, cuya imagen es quizás su mayor fortaleza. Su cuenta de TikTok e Instagram junto con las de su esposa, una influencer del fitness, que cuentan con millones de seguidores, están repletas de publicaciones de él con gafas de sol oscuras y chalecos antibalas, haciendo ejercicio con camisetas sin mangas y bailando con los votantes. “Son figuras aspiracionales”, afirma Sebastián Hurtado, analista político en Quito.

El debate presidencial del 13 de marzo

El 13 de marzo, puntualmente un mes antes del día en el que se sabrá quién ocupará el  Palacio de Carondelet, sede de gobierno ubicado en el centro histórico de la ciudad capital de Quito, tuvo lugar el debate presidencial que generó, tanto en la clase política como en la sociedad civil,  el interrogante respecto quién de los dos candidatos  quedó mejor parado. El careo, marcado por más pullas que propuestas, se basó en  preguntas sobre cinco ejes escogidos por el Comité Nacional de Debates: el crimen organizado, la economía (con la polémica de la dolarización), la corrupción, la educación, la salud y la seguridad social.

El día del debate, que coincidió con el inicio oficial de la campaña para las elecciones de la segunda vuelta, estuvo  acompañado por la incertidumbre en torno a si el primer mandatario  hijo de Álvaro Noboa,  el empresario millonario del banano y cinco veces candidato presidencial, que aspira la reelección, solicitó efectivamente una licencia para participar en este proceso. Sin ambigüedad alguna, la candidata del correísmo, Luisa González, apenas llegó a en la sede del debate presidencial,  cuestionó que el presidente y candidato a la reelección Daniel Noboa, no haya pedido licencia para esta etapa.

“Esperamos (que el debate) se lleve con orden. Y con una gran inquietud también: ¿Pidió o no pidió licencia el candidato Noboa? ¿Encargó o no encargó la Presidencia de la República, a quien por Constitución y Ley le corresponde, a la vicepresidenta electa en las urnas, la señora (Verónica) Abad? Con esta gran inquietud empezamos esta jornada”, declaró ante la prensa. Noboa, hasta el día que empezó la campaña presidencial de cara al balotaje, no había expedido decretos ejecutivos para encargar el poder.

Mucho ruido, pocas nueces

La dinámica de la confrontación estuvo marcada por mutuas acusaciones más que por aportes, planes o proyectos para el próximo mandato. “Lo que diga el candidato Noboa es mentira y no lo va a cumplir”, machacó González, primera en llegar al edificio del canal estatal  Ecuador TV, en la ciudad capital de Quito sede del debate. “Yo no estoy aquí para defender cuentos viejos, de la narcopolítica y la corrupción”, respondió Noboa, que logró enfurecer  a su contrincante, cuando varias veces la llamó “rana rené”, en referencia a los alias de unos polémicos chats atribuidos al ex consejero Augusto Verduga.

Andrea Endara, catedrática de la Universidad Casa Grande, considera que “no hay un ganador del debate”, por no dejar propuestas claras para que la ciudadanía decida “sobre el mejor modelo de país al que apuntan”. Endara manifestó su pesar debido a que los candidatos evadieron profundizar en temas de importancia. “Con este debate quien pierde es la ciudadanía que buscaba una propuesta clara en cada uno de los temas, que buscaba certezas”, señaló. “No se dijo cómo se va a luchar contra la corrupción ni solucionar la falta de empleo e inseguridad que nos aqueja a los ecuatorianos”. En la misma línea, la analista Caroline Ávila Nieto manifestó  las dudas sobre la licencia del presidente y las descalificaciones de Noboa hacia González, que “no criticaban las propuestas sino las actitudes de la candidata (...) puede ser considerado una especie de machismo o misoginia”.

No se abordó tampoco la  crisis ambiental que ha agravado los problemas que padece la sociedad ecuatoriana. La grave sequía del año pasado frenó la producción de las represas hidroeléctricas del país, lo que provocó apagones que duraron hasta 14 horas.

Con todo, al interrogante respecto quien de los dos candidatos quedó mejor parado en el debate presidencial se le sumó la campaña previa al balotaje del próximo domingo estuvo focalizada en arruinar la popularidad del contrincante, enfrascados en una contienda proselitista marcada por un empate técnico en las encuestas previas a las votaciones. La casa encuestadora Comunicaliza muestra un empate virtual entre ambos candidatos, con 41,5% para Noboa y 41,1% para González, mientras que la encuesta de Informe confidencial da una ligera ventaja para el actual presidente, que gozaría del 45% de la preferencia, sobre la opositora izquierdista, que acumula el 41,3 por ciento. Sin embargo, las encuestas previas a las elecciones son sólo un indicio que puede guiar las predicciones tentativas sobre un posible resultado del 13 de abril; no son  infalibles.

“Noboa, no, no  mienta”

En el cara a cara el primer eje temático se centró en torno a la educación. La candidata correista González, quien tuvo el primer turno, aseguró que “más de 72.000 niños y jóvenes abandonaron el sistema educativo en este último año” y que otros 133 fueron víctimas de muertes violentas. “Vamos a declarar zonas seguras a las áreas educativas con cámaras de seguridad y patrullaje permanente, con línea de denuncia anónima”, añadió la candidata. Por su parte, Noboa precisó que está dispuesto a “fortalecer el sistema de becas”, del cual ya ha ntregado 107.000, y adelantó que además va a trabajar en la construcción de más infraestructura.

“Tenemos siete millones de personas pobres que quieren llevar a sus hijos a las escuelas, pero como en este Gobierno no se ha arreglado las escuelas, les cobran a los padres que no tienen para comer el arreglo de la infraestructura y eso es una barrera de acceso” replicó González y agregó que las estadísticas eran recabadas de los ministerios. Noboa sostuvo que las cifras que su oponente manejaba eran incorrectas y aseguró que durante este año y medio había reabierto escuelas, inaugurado otras más y dado nombramiento a maestros. “Noboa, no, no mienta”, le contestó González a cada afirmación y defensa que hacía el mandatario, quien sostuvo que la verdadera razón por la que los niños están dejando de ir a la escuela es por la “tabla de drogas del correísmo”.

El impacto en los más jóvenes de la ‘tabla de drogas’

Ecuador,  ‘estado tapón’ entre  los países de Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, se ha convertido en los últimos años en un punto clave del tráfico mundial de esa droga; las mafias aprovechan sus puertos y costas para enviar toneladas hacia Europa y EEUU. Si bien el consumo de drogas en Ecuador está despenalizado por ser considerado un problema de salud pública, la eliminación decidida por Noboa de la llamada ‘tabla de drogas’, un instrumento que regulaba las cantidades máximas (diez gramos de marihuana, dos gramos de pasta básica de cocaína y un gramo de clorhidrato de cocaína) que puede portar una persona para autoconsumo sin ser detenida ni procesada por narcotráfico, generó en meses previos discusiones sobre cómo se diferenciará entre el consumo y el tráfico de sustancias ilícitas. Noboa, el presidente más joven de la historia democrática de Ecuador, aseveró. en varias ocasiones durante el debate,  que la ‘tabla’, puesta en marcha  en 2013 durante el mandato presidencial de Correa fomentaba el microtráfico de droga.

González, recusó la eliminación de la ‘tabla’ argumentando que la misma evitaba que los  consumidores sean castigados con prisión y también les permitia acceder a programas de salud pública. “¿Vas a reinstalar cualquier tipo de tabla de drogas», cuestionó el jefe de Estado. ”Lo invito a que llamemos a alguien a que nos haga una prueba antidoping“, respondió González.

“Luisa te desdolariza” o el futuro de la dolarización 

“Luisa te desdolariza”, repitió constantemente Noboa a lo largo de todo el debate en tanto destacó que durante su mandato se ha fortalecido la dolarización al atacar el déficit fiscal que encontró al llegar al poder, porque “la dolarización es esencial”. El presidente afirmó que “el mundo confía” en él y como prueba de ello recordó que la prima de riesgo de Ecuador estaba en 900 puntos antes de la primera vuelta y se disparó a más de 1.500 enteros al conocerse que habrá segunda vuelta porque, según Noboa, “(el mundo) le tiene pánico a la candidata González”. La candidata de RC, partido que lidera el ex presidente Correa, respondió: “la dolarización es muy importante para este país. Y quiero ser muy clara y enfática: (la dolarización) se garantiza y se fortalecerá, con orden, trabajo y paz”. Sin retroceder en sus aseveraciones,  Noboa retrucó “por una parte dicen una cosa y por otra, a cada rato (Andrés) Arauz (candidato presidencial del correísmo en las elecciones de 2021) habla de una moneda paralela, de los 'ecuadólares', y así devaluar todo en la economía nacional”.

Violencia, sin respuestas

En el debate del domingo 13 de marzo, a igual que en campaña previa al balotaje, los candidatos buscaron convencer al 8,96% de los electores que votaron en blanco o nulo el pasado 9 de febrero y sumar a quienes se decidieron por alguno de los otros 14 postulantes. Con ese propósito, un tema que marcaba la agenda, pero de la que se ofrecieron pocas respuestas, fue la crisis de violencia, que llevó a Ecuador  a situarse en 2023 como el país de Latinoamérica con índice más alto de homicidios y por la que ya se registra en 2025 el inicio de año más violento desde que se tiene registro, con un promedio de un asesinato por hora.

En su breve mandato, Noboa ha enfrentado más desafíos abrumantes que la mayoría de otros presidentes en un mandato completo. Semanas después de asumir el poder, las bandas orquestaron una demostración de fuerza, matando a guardias de prisiones, incendiando autobuses y tomando como rehenes a presentadores de televisión en directo. Noboa declaró un “conflicto armado interno”, enviando al ejército a las calles y a las cárceles. Miles de personas fueron arrestadas. Los resultados parecían prometedores al principio: los asesinatos por cada 100.000 personas cayeron de alrededor de 46 en 2023 a alrededor de 39 el año pasado. Sin embargo, los asesinatos volvieron a aumentar a mediados de 2024 y en enero alcanzaron su nivel mensual más alto registrado. La espiral desatada por la violencia criminal empaña algunos de los éxitos económicos del gobierno de Noboa: el  aumento del IVA del 12% al 15%; la reducción  de los costosos subsidios a los combustibles, evitando las protestas habituales que acompañan a este tipo de reformas; el acuerdo con el FMI que dará al país acceso a 4.000 millones de dólares en préstamos durante cuatro años y  los términos de un acuerdo de libre comercio con Canadá.

 Los analistas subrayaron que no se abordaron propuestas puntuales y se evadió, en especial, tratar el asesinato de “los cuatro niños de Guayaquil”, que conmocionó a la entera sociedad civil de Ecuador en diciembre pasado y en el que se han visto involucrados miembros del Ejército. Sin embargo,  Noboa aseguró que los índices delictivos han ido a la baja durante su mandato de dos años. Sin vacilación, González respondió que el país ha tenido “el inicio del año más violento de la historia de Ecuador” y ofreció “mano dura para combatir al crimen organizado, al narcotráfico y a la delincuencia”. “No dudaré en usar toda la fuerza del Estado para reprimir a quienes nos matan, nos roban y extorsionan”, subrayó. “Vamos a tomar el control de puertos, aeropuertos, fronteras y a combatir el enriquecimiento ilícito”.. 

Eje temático, Salud y Seguridad Social

Respecto al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Noboa propuso: “Hay que eliminar ese maldito call center del IESS”, “No usaremos el IESS como caja chica”, “No vamos a subir ni la edad de jubilación ni el valor de las aportaciones”. González,  sostuvo que “la única manera” de garantizar la sostenibilidad del IESS “es incrementar el número de afiliados,  generar en cuatro años cerca de dos millones de empleos. Mi primera medida será declarar la emergencia en el área de la salud”, interpeló al presidente: “Si hay que eliminar el maldito call center  ¿Por qué no lo ha hecho, por qué no lo hizo en este año y medio. En mi periodo de gobierno hubo hospitales, equipamiento, salud, medicinas que hoy no hay. La gente se nos muere, mil enfermos usted deja morir”.

En la última parte del debate, González afirmó que, en caso de ganar en la segunda vuelta, reconocería a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela; una decisión que favorecería “devolver a los venezolanos que ingresaron a Ecuador de manera desordenada y no tienen empleo”.

La UE advierte “tensión”

El jefe adjunto de la misión de observación electoral de la Unión Europea (UE), José Antonio de Gabriel, declaró que “nota tensión y nervios”  para este balotaje después de  las inconformidades surgidas de la primera vuelta con un  ajustado resultado entre ambos candidatos.  Esa vez, ambos candidatos denunciaron sin aportar pruebas presuntas irregularidades en la votación y en el escrutinio.  Con todo, las misiones de observación electoral de la UE y de la Organización de Estados Americanos (OEA) subrayaron que no había indicios que pudieran apuntar a un presunto “fraude” en el proceso electoral.

Licencia del presi Noboa y la suspensión  de la vice Abad

Hasta el 1 de abril se desconocía qué haría el presidente Noboa respecto a la delegación de su cargo apenas concluyó la polémica licencia que tomó por varios días en la primera vuelta, incluida la fecha del debate. Una situación que fue aprovechada por la aspirante correísta quien le reprochó en el debate que no hubiera cumplido con el requisito constitucional de pedido licencia del cargo para la campaña electoral ni delegado las funciones en la vicepresidenta, Verónica Abad, con quien está enfrentado. “¿Eres el presidente de la República o eres candidato? ¿Qué eres?”, preguntó González. “¿Estás aquí como presidente en funciones o como candidato? ¿Encargaste la Vicepresidencia a Verónica Abad, que es a quien corresponde constitucionalmente, o no? ¿Estás violando la Constitución y las leyes, que es lo que nos pone en el temor de la inversión extranjera, o no?”, ametralló la candidata.

De acuerdo con la normativa ecuatoriana, cualquier autoridad que busque su reelección inmediata debe pedir licencia del cargo para participar en la campaña y, según la Constitución de Ecuador, la vicepresidenta es la persona contemplada para reemplazar al presidente en estos casos.

Durante la primera vuelta Noboa nombró por decreto a la secretaria de la Administración Pública, Cynthia Gellibert, como “vicepresidenta encargada” en lugar de la vicepresidenta Abad, una decisión que fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional. 

En esta ocasión, Abad en ejercicio de su cargo estaría habilitada para reemplazar temporalmente a Noboa, si no hubiera mediado que el lunes 24 de marzo,  la decisión del  Tribunal Contencioso Electoral de Ecuador (TCE) que desestimó negó el recurso de apelación presentado por Abad y ratificó la suspensión por dos años de los derechos de participación a la vicepresidenta del país.

Abad  había presentado una demanda ante el TCE contra el presidente Noboa, su asesora Diana Jácome,  la canciller Gabriela Sommerfeld y el viceministro de Gobierno Esteban Torres por violencia política de género. Sin embargo, el TCE no consideró válida la denuncia de Abad contra Noboa y sí lo hizo con la contrademanda de Sommerfeld contra  Abad. En consecuencia, la vicepresidenta constitucional de Ecuador se encuentra suspendida en sus derechos políticos por dos años. En este marco,  el 1 de abril, Noboa promulgó un decreto para nombrar como vicepresidenta a Cynthia Natalie Gellibert Mora, secretaria general de la Administración Pública y Gabinete de la Presidencia de la República.

El escenario electoral de la segunda vuelta

El 13 de abril no será la primera vez que Noboa de 37 años y González de 47 compiten en un balotaje. Ambos ya participaron en las elecciones extraordinarias de 2023. En esa ocasión, los dos  ex legisladores protagonizaron el debate previo a los comicios. González llegó como favorita al balotaje, después de  quedar en primer lugar en la primera vuelta con un 33, 61% de los votos frente al 23,47% de Noboa.  Aun así, el millonario empresario  fue el candidato ganador para completar el período de gobierno  2021-2025 que el ex presidente derechista  Guillermo Lasso, interrumpió en mayo de 2023 al aplicar la ‘muerte cruzada’, con la que disolvió la Asamblea, de mayoría opositora, en el momento que ésta buscaba su destitución, y forzó unas nuevas elecciones generales.

Esta vez la situación está más polarizada. Noboa quedó en primer lugar pero  la diferencia entre él y González, fue de menos de 20.000 votos. Más de 13,7 millones de ecuatorianas y ecuatorianos están convocados el 13 de abril para decidir quién de los regirá el próximo período presidencial del 2025-2029.

Si es reelegido, Noboa contará con poderosos aliados. Fue como Javier Milei uno de los pocos presidentes extranjeros invitado a la toma de posesión de Donald Trump en Washington. Robert F. Kennedy Jr., titular del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), que  dispone de un presupuesto que es como todo el PBI anual de Australia,  del gobierno Trump es amigo del padre de Noboa y ha dicho que Noboa Jr. se crió en su casa.  Pero, el aumento de la migración y la firma de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con China en 2023 (los autos fabricados en China dominan las calles de Quito) podría irritar a Trump.

De ganar  González sería la primera mujer presidenta de la historia de Ecuador y el regreso del correísmo al poder. En la ajustada diferencia que sostiene con su rival Noboa, González cuenta con el apoyo del poderoso  movimiento indígena Pachakutik, una adhesión clave en la polarizada elección dado que  líder indígena Leonidas Iza quedó tercero en la primera vuelta con 5,25%, poco más de 538.000 votos.   La alianza entre González, candidata por el movimiento RC de Correa y Pachakutik marca un nuevo acuerdo entre las dos fuerzas políticas después de que los indígenas rompieran durante años con el correísmo por diversos desacuerdos durante sus mandatos.

AGB

La presidenta de México y el presidente electo de EEUU sostuvieron una conversación telefónica el 26 de noviembre. Los temas fueron la guerra arancelaria declarada por futuro inquilino republicano de la Casa Blanca, la migración y la colaboración bilateral en materia de seguridad. Donald Trump comentó en su red Truth Social: la conversación fue “maravillosa”. Desde su victoria electoral del martes 6 de noviembre fue maravilloso conversar con Benjamin Netanyahu, Emanuel Macron, Volodimir Zelensky, Shigeru Ishiba o Viktor Orbán. (Oficialmente, Vladimir Putin que no realizó ninguna llamada, así que sólo oficiosamente sabemos que esa conversación fue también una maravilla). No menos maravillosas, faltaría más, fueron las empoderadas palabras trumpianas oídas de su lado de la línea telefónica, replicaban, diplomáticos, esos y otros líderes. Tal monotonía celebratoria contrasta con la versión ofrecida por Sheinbaum acerca de qué fue lo que hablaron la actual presidenta y el futuro presidente el último martes de noviembre. Qué se dijeron sobre los comercios que circulan muy libremente, a las buenas y a las malas, y que alternativamente cruzan en un sentido u otro la línea fronteriza que traza la separación legal entre el territorio de uno y otro Estado federal norteamericano.

Como presidente electo, Trump ha sido fiel a su promesa de seguir prometiendo todo cuanto propagó en campaña  y lo repitió como presidente electo:  la amenaza furiosa  de imponer aranceles del 25 por ciento a todas las importaciones estadounidenses provenientes de México, Canadá y China. Puntualmente en el caso de México,  la amenaza podrá suspenderse  si este país impide que los migrantes y el fentanilo “ingresen” a EEUU. 

La estrategia integral de México: los DDHH de los migrantes

Sheinbaum, que ya había hablado con Trump el 6 de octubre, el día posterior de las elecciones presidenciales estadounidenses, después de la llamada del 26 de noviembre  pronunció su versión en la plataforma X : “En conversación con el presidente Trump, le expliqué la estrategia integral que sigue México para enfrentar el fenómeno migratorio respetando los derechos humanos. Con esta estrategia los migrantes serían atendidos antes de que lleguen a la frontera. Reiteramos que México no quiere cerrar sus fronteras, sino tender puentes entre gobiernos y pueblos”. “También hablamos de reforzar la colaboración en temas de seguridad en el marco de nuestra soberanía y de la campaña que estamos realizando en el país para prevenir el consumo de fentanilo”, dijo la mandataria mexicana acompañada del canciller Juan Ramón de la Fuente. 

“Trágicamente, es en nuestro país donde se pierden vidas a causa de la violencia que resulta de satisfacer la demanda de drogas en el suyo”, le dijo Claudia Sheinbaum con acritud a Donald Trump, según su propio resumen de las conversaciones con el presidente electo de EEUU. La presidenta de México, que ya ha superado un primer bimestre al frente del gobierno, sugiere que los desafíos nacionales interrelacionados de los dos países subrayan la necesidad de una cooperación transfronteriza en lugar de una confrontación trumpiana.

Sheibaum calificó su intercambio con Trump, como una “excelente conversación”. El lenguaje cortés (y eufemístico) de su declaración no ocultó sino más bien resaltó  su mordaz afirmación de que las armas estadounidenses traficadas a México están alimentando el crimen y la violencia allí entre las pandillas que abastecen los mercados estadounidenses con drogas. “Trágicamente, es en nuestro país donde se pierden vidas a causa de la violencia que resulta de satisfacer la demanda de drogas en el suyo”, señaló Sheinbaum con acritud, sugiriendo que los desafíos nacionales interrelacionados de los dos países subrayan la necesidad de una cooperación transfronteriza en lugar de una confrontación trumpiana.

En esta dura crítica a toda la cosmovisión de Trump, está presente  que México está actuando ampliamente para frustrar a los migrantes que viajan a través de ese país, originarios del sur de México, para que no lleguen a la frontera sur de EEUU. Como resultado de estas acciones las detenciones fronterizas en EEUU han disminuido drásticamente en los últimos tiempos.

Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), los encuentros en la frontera entre México y EEUU han disminuido en un 75% entre diciembre de 2023 y noviembre de 2024.  Se han detenido a decenas de miles de migrantes que viajan a los EEUU a través de México cada mes (y a veces más de 100.000) hasta agosto, el último mes del que hay datos disponibles.

La explicación de la presidenta mexicana contradice conceptualmente la versión difundida por Trump, que escribió en la red Truth Social: “México impedirá ahora que la gente venga a nuestra frontera sur. Esto contribuirá de manera importante a poner fin a la inmigración ilegal en el país Estados Unidos. Muchas gracias”. También “hablamos sobre qué se puede hacer para detener el flujo masivo de drogas hacia Estados Unidos y también para parar el uso de estas drogas en Estados Unidos”, agregó Trump.

 Recuperación del peso mexicano

El 28 de noviembre, el peso mexicano mostró una fluctuación intradía positiva de 0.9% con un rango de cotización entre 20.19 y 20.43. Este movimiento siguió a una jornada previa marcada por una fuerte depreciación, cuando la divisa alcanzó los 20.82, su nivel más alto del año, como respuesta a las declaraciones sobre un posible arancel del 25% a productos mexicanos en EEUU.

Sin dudas, un factor clave en la recuperación del peso mx fue lo que se conoció  de la llamada entre Sheiman y Trump, quien comentó en su red Truth Social que la conversación de con la presidenta de México fue “maravillosa”.  

‘México tan lejos de Dios y tan cerca de EEUU’

México es el país que mayor gravitación tiene en la vida cotidiana de los estadounidenses. Un diez por ciento de la población de EEUU tiene sus orígenes en México. Sin embargo,  entre los gobiernos de los dos países existe una larga historia de desconfianza, sospecha y franca amargura; ocasionalmente, enfrentamientos armados. A la vez, en el concierto de los países latinoamericanos, México es el más estrecho socio comercial de EEUU;   también el primer exportador de migrantes, legales e ilegales, y el centro de operación de los principales carteles del narcotráfico en el continente.

La política agresiva del primer  mandato de Donald Trump (2017-2021) renovó la frase atribuida al presidente Porfirio Díaz (1884-1911) de “Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos”. Más allá de la construcción de un muro, Trump avisó en su campaña previa a su primer mandato imponer un arancel del 35% a las importaciones mexicanas como respuesta al hecho de que México ha ganado en su comercio bilateral con su vecino del norte un plus de 49 mil millones de dólares americanos. Trump había  exigido además que empresas mexicanas que producen en EEUU fueran  deslocalizadas, amenazó que remesas de inmigrantes ilegales serían o gravados con altos impuestos y, además, dos o hasta tres millones de migrantes ilegales (del total de 11 millones) serían repatriados.

A pesar de estos datos y del hecho de que el candidato republicano había  insultado durante su campaña electoral a los mexicanos con los términos “criminales”, “violadores” y “narcotraficantes” y alardeado con la idea de obligar a sus vecinos a pagar la construcción de un muro en la frontera común, el entonces presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) del Partido Revolucionario Institucional (PRI) fue  uno de los primeros gobernantes con los que Trump sostuvo una conversación telefónica tras su primera elección como presidente de EEUU. Peña Nieto hizo divulgar un mensaje optimista e ingenuo sobre las futuras relaciones bilterales.

Día a día de los dos primeros meses de Claudia Hegemonía

Claudia Sheinbaum científica y académica, militante política de izquierda, ingeniera especializada energías renovables y agitadora ambientalista, ex alcaldesa de Tlalpan y ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México, confesa favorita del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la primera mujer en llegar a la presidencia  de su país y también la primera persona judía en ser elegida presidente en uno de los países católicos y más poblados del mundo, asumió el martes 1 de octubre, aclamada por sus simpatizantes en el Zócalo de la CDMX, con el decidido respaldo de AMLO y acompañada de una mayoría calificada en el Congreso de la Unión, y con el aval que brinda el partido de izquierda Morena, la nueva formación política hegemónica en México.

Sheinbaum y su equipo seguramente contaban con una continuidad tersa de un escenario económico -las grandes empresas mantuvieron y ampliaron sus ganancias; el número de personas en la pobreza ha disminuido, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), con el incremento del salario mínimo y las transferencias directas de dinero a través de programas sociales - y político tanto a la hegemonía lograda por el gobierno como a la debilidad de la oposición conservadora. Sin embargo, la presidenta en el día a día de su  primer mes de su mandato debió enfrentar las consecuencias de la última gran reforma del sistema judicial que legó de AMLO.

A este  principal y conflictivo escenario de la política nacional durante octubre, el triunfo de Donald Trump recargado 2.0, dejó sobre el tapete una renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) que ponga cepos a China -cuya inversión en México ha crecido más de lo que reconocen los datos oficiales, y una restricción todavía mayor en las normas de origen. Y el   endurecimiento de las políticas antimigratorias que puede implicar no solo el cierre de las fronteras y la deportación masiva de indocumentados, sino también la expulsión de millones de beneficiarios de distintos programas de legalización, como la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). De producirse deportaciones masivas,  tendrán  un fuerte efecto económico sobre México: con más de 30 millones de mexicanos o descendientes de ellos  que viven en EEUU, las remesas son una fuente de ingresos crítica para muchas familias en México. En 2023, el Banco de México reportó ingresos por remesas de 63,313 millones de dólares, que representan un 4 % del PIB.

Más las nuevas exigencias en torno a la llamada “guerra contra las drogas”. De manera literal, Trump “prometió que va a bombardear los laboratorios de fentanilo en México, bloquear los puertos mexicanos que transporten sus precursores y designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas” Una medida contenta a su base social y electoral, y alienta el fortalecimiento de bandas paramilitares antinmigrantes en la frontera, como correlato de las fuerzas policiales y armadas.

Segundo mandato de un Trump recargado

El gobierno de Trump llega a la presidencia en un contexto internacional mucho más convulsivo que el que rodeó su primera presidencia.  Las guerras son más letales y el conflicto entre superpotencias  ha vuelto a la agenda.  El fortalecer el control sobre el “espacio vital” y desplegar medidas proteccionistas que pongan un freno a su principal competidora (China) es lo esperable.

Trump cuenta para esto con una fortaleza institucional superior a la que tuvo en 2016: el lunes 11 de noviembre en la noche una proyección daba como irreversible la ganancia republicana de una ajustada mayoría, la mínima, la que otorga la obtención de 218 bancas en la cámara baja del Congreso.  Trump había ganado la trifecta, triple victoria de la Casa Blanca y de las cámaras alta y baja del Capitolio.

De negociaciones, verdades y mentiras

En su primera comunicación telefónica, Trump le dijo a Sheinbaum “Está el tema de la frontera”. La presidenta mexicana se despidió con un amistoso “See you soon”, mientras anunciaba su participación en la cumbre del G20.  Una continuación de la diplomacia obradorista, que  su círculo cercano llaman apelar al espíritu “transaccionalista” del republicano y negociar.

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, que aparece con mayor protagonismo, no se mostró impresionado por las amenazas arancelarias. “Las narrativas no necesariamente coinciden, pero lo importante es que el diálogo fluyó y ya es el segundo. Y los temas que le preocupaban al presidente Trump se aclararon en una primera instancia, y la prueba de ello es que no volvió a salir el tema de los aranceles” sostuvo.

La seguridad expresa de Ebrard se sostiene en su conocimiento de las acciones del gobierno de su país, que Trump parece desconocer, Como documentan The Washington Post y The Wall Street Journal, el gobierno mexicano está utilizando operaciones de seguridad elaboradas para trasladar a los migrantes que se dirigen a la frontera de EEUU de regreso al sur a través de México. Según The Post, los funcionarios mexicanos lo llaman “El Carrusel”.

Algunos expertos consideran que la diplomacia privada del presidente saliente Joe  Biden con el presidente AMLO  fue positiva para favorecer  la cooperación, más las restricciones impuestas por Biden a las solicitudes de asilo y el programa de la aplicación CBP One, son todos factores que contribuyen en gran medida a las menores cifras de detenciones de este año.

“Si Trump quiere que México tome medidas enérgicas contra la migración no autorizada a través de su territorio”, sostiene Adam Isacson, director de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), “entonces Biden ya ha logrado que México lo haga en mayor medida que nadie antes. Lo hizo sin aranceles”.

Durante la campaña, Trump simplemente mostró o fingió desconocer esas acciones. La idea misma de que hay que intimidar a México con aranceles para que tome medidas enérgicas contra los migrantes está diseñada para dar a entender que no está haciendo nada en este momento  y que solo sus amenazas temibles pueden obligarlo a someterse. Gran parte de la cobertura mediática  se centra en las posibles consecuencias de los aranceles, como la alteración del comercio en todo el continente americano y las consecuencias negativas para las industrias estadounidenses.

El daño podría ser grave pero también es grave que no se informe México ya está haciendo mucho de lo que Trump quiere que haga. Y que esto se logró mediante la diplomacia, sin la fanfarronería trumpiana.

AGB

Al cumplirse el primer año de gobierno del presidente Daniel Noboa, su promesa de solucionar las crisis más urgentes de los ecuatorianos, en cambio, no se ha cumplido.La tensión política se ha agudizado por la escalada del crimen organizado contra el que declaró el “conflicto armado interno”, la crisis económica agravada por las impopulares medidas adoptadas, la crisis externa  abierta con México después del asalto a su embajada; crisis interna con el enfrentamiento con  su vicepresidenta Verónica Abad y la crisis energética con apagones de hasta  14 horas. La oposición habla que no se trata sólo de un ‘apagón eléctrico’ sino de ‘apagón democrático’.

Hijo del empresario bananero Álvaro Noboa, hombre más rico del país que dolarizó y cinco veces candidato sin éxito a la presidencia, Daniel Noboa ganó como candidato de Acción Democrática Nacional (ADN) a la correísta Luisa González en la segunda vuelta electoral del 20 de junio 2023. Eran elecciones anticipadas, después de que el ex presidente Guillermo Lasso, también multimillonario, ex banquero, de derecha conservadora en cuestiones sociales y liberal en economía, para evitar el juicio político decretara la “muerte cruzada” a fin de evitar un juicio político. Lasso disolvió el Congreso y adelantó las elecciones en el marco de una crisis de seguridad y un avance del crimen organizado como nunca Ecuador vivió en su historia.

El empresario millonario Noboa, liberal anti tradicionalista,  asumió a los 36 años sin experiencia de gestión política previa el 23 de noviembre de 2023, el año donde la violencia llegó a su clímax con el asesinato del postulante presidencial Fernando Villavicencio, uno de los candidatos que con mayor franqueza denunció los vínculos entre el crimen organizado y las autoridades gubernamentales.

Noboa  llegó al Palacio Candorelet, la sede del gobierno nacional en la ciudad capital de Quito, sin plan de seguridad ni cuadros para implementarlo. Aún con este déficit, el flamante presidente instrumentó dos vías para campear la difícil situación del país.

La primera armó una coalición legislativa antes de su asunción  con el Partido Social Cristiano (PSC)  de derecha y de orientación neoliberal y Revolución Ciudadana (RC), de izquierda liderado por ex presidente Rafael Correa a cambio de ceder el control de la Asamblea Nacional, el poder legislativo del país andino.  Un pacto inicial que le permitió aprobación de leyes pero que mostró en el tiempo un imparable deterioro. Los últimos proyectos legales, que fueron motivo de rispidez entre el Ejecutivo y el Legislativo, recibieron vetos parciales por inconstitucionalidad. Además, las relaciones entre la Asamblea y la Presidencia se tensaron aún más por un segundo veto inconstitucional a la Ley que prevé una nueva conformación del Directorio Ejecutivo del Instituto Ecuatoriano de Previsión Social (IESS)

La segunda estuvo centrada en la lucha contra el narcotráfico. Si bien el operativo Metástasis  encabezado por la Fiscal General de Estado Diana Salazar detuvo 30 personas acusadas de integrar la red de crimen organizado y narcotráfico (entre los detenidos, el juez presidente del Consejo de la Judicatura, un general de la Policía Nacional y el jefe de Antinarcóticos), la sonada fuga de Alias Fito, el delincuente vivo más nombrado de Ecuador, líder de Los Choneros, vinculados a las masacres carcelarias que desde 2020 se suceden en Ecuador, puso nuevamente al Gobierno en vilo.

Los DDHH en caída libre

Ante los hechos, Daniel Noboa sólo encontró la opción de decretar el 8 de enero el estado de excepción en todo el territorio nacional. La respuesta fue inmediata: esa misma noche autos incendiados en vía pública, secuestros de guías penitenciarios, fuego dentro y fuera de las cárceles, fuga de detenidos. El martes 9 de enero, TC Television durante el noticiero del mediodía sufrió un asalto criminal que se transmitió en vivo y en directo con el equipo periodístico a merced de delicuentes armados; las imágenes de este hecho se viralizaron. En la tarde el mimo día, se decretó por parte del gobierno por primera vez en la historia de Ecuador “conflicto armado interno” y “objetivo militar” a los 22 grupos criminales.

La  medida encuadra con  la estrategia del Pentágono a partir de la propuesta de Plan Ecuador del ex presidente Lasso a la Casa Blanca, en junio de 2022. En diciembre de 2022 resultado en el acuerdo de inversión de más de 3.100.  millones de dólares en el fortalecimiento de las FFAA ecuatorianas se instaló en país un Grupo de Trabajo Bilateral de Defensa. En  octubre 2023, se firmó el Acuerdo Relativo al Estatuto de las Fuerzas  que refiere al personal de defensa y sus contratistas extranjeros en suelo ecuatoriano. El 22 de enero llegó a Quito  una delegación de EEUU para coordinar la implementación del Acuerdo.

La declaración de “conflicto armado interno”, que la Corte Constitucional declaró inconstitucional, dispone que las FFAA asuman el control del Estado, subordinan a la Policía y cierran el paso a cuestionamientos sobre sus miembros por presenta vinculación con el crimen organizado. Favorece a las elites económicas y a la derecha neoliberal para liberar de manera total la economía con una progresiva militarización de la sociedad.

Con todo, la militarización ha mostrado su relativa y peligrosa eficacia: 16 masacres carcelarias, la última el 12 de noviembre, en la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más grande Ecuador ubicada en Guayaquil, se produjo una nueva masacre, directores fallecidos, 15 presos muertos y 14 heridos en ámbitos donde se registran 200 denuncias por violaciones de los DDHH, cuyos defensores son considerados ‘antipatrias’ : por ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual contra varones y mujeres trans en las cárceles, detención de ciudadanxs inocentes..

Si bien entre enero y septiembre 2024 hubo una disminución en las cifras de crímenes violentos, los secuestros, robos y extorsiones se dispararon. 

Precarización de la vida cotidiana

El primer año de presidencia de Daniel Noboa estuvo marcado por la implementación de dos medidas económicas poco populares que otros gobiernos intentaron y no pudieron concretar, y que le han permitido a su administración tener más recursos disponibles. La primera fue el incremento de tres puntos del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que pasó de 12% a 15% desde el 1 de abril de 2024. Y un par de meses después, la segunda, la reducción del gasto en subsidios a las gasolinas de bajo octanaje (Extra y Ecopaís), con la implementación de un sistema de bandas de precios que varía cada mes desde el 12 de julio de 2024.

Sin embargo, aunque esas medidas y otros incrementos de impuestos en este año han permitido al gobierno de Noboa tener más recursos disponibles, la economía ecuatoriana sigue con síntomas de estancamiento y lo más probable es que 2024 cierre como un año de decrecimiento del Producto Interno Bruto (PIB). No hay mejoras en la vida cotidiana: la canasta familiar de 782 subió a 812 dólares No hay mejoras en personal de policía ni en el desempleo que Noboa en su discurso inaugural prometió solucionar y al término de este primer año de gobierno se incrementó en otras causas debido a los cortes de luz.

A partir de marzo de 2024, los cortes de luz sin previo aviso tomaron por sorpresa a la ciudadanía de Ecuador. Sin embargo, el gobierno de Daniel Noboa, que ese momento realizaba la campaña para su consulta popular relacionada con la seguridad, no reconoció la crisis; llamó "desconexiones de emergencia" a los apagones.

Un país sumido en la oscuridad

Solucionar la crisis eléctrica en nueve meses con una inversión de USD 300 millones en transmisión eléctrica fue una de las promesas de campaña del actual presidente. Promesa fallida. A partir de marzo de 2024, los cortes de luz sin previo aviso tomaron por sorpresa a la ciudadanía. Sin embargo, el Gobierno, que ese momento realizaba la campaña para su consulta popular relacionada con la seguridad , no reconoció la crisis;  llamó “desconexiones de emergencia” a los apagones y anunció que desde el 12 de abril que no habría cortes de luz programados. Apenas cuatro días después, con el embalse de Mazar en niveles críticos, tuvo que publicar los cronogramas de los cortes programados que durarían hasta mayo. 

Los meses de octubre y noviembre de 2024 han sido los peores meses para Ecuador, en medio de una severa sequía que no se había visto en 61 años y cortes de luz de hasta 14 horas. Ante la evidencia de la crisis, el Gobierno dijo que se había vaciado el embalse de Mazar a propósito en solo 12 días, lo que técnicamente no es posible. Incluso, puso una denuncia por paralización de servicio público en contra de su entonces ministra de Energía, Andrea Arrobo, quien sostuvo que advirtió con tiempo la crisis, y otros 21 funcionarios.

La licitación de emergencia por parte del gobierno no sólo fue insuficiente para cubrir la cantidad necesaria de megavatios sino que también se han anunciado demoras. Se espera que parte de la energía pendiente empiece a operar a finales de diciembre, pero no hay certeza de las fechas.  Con todo, La crisis  recrudeció en septiembre de 2024, con cortes de luz más prolongados, que sólo  pudieron ser reducidos a ocho horas al día, tras el reinicio de la venta de electricidad de Colombia por una mejora en la situación de sus embalses.

Octubre y noviembre fueron los peores meses con restricciones en el suministro de hasta 14 horas. Expertos eléctricos han mencionado que habría sido mejor empezar con los racionamientos desde septiembre con dos o cuatro horas, para evitar cortes prolongados en los siguientes meses. La preservación o fortalecimiento de los embalses tampoco ha sido posible, y eso no se debe solo a la falta de lluvias.

El jueves 27 de noviembre, las nuevas protestas en  doce provincias del país, incluida Quito, organizadas por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la Unión Nacional de Educadores (UNE) y el Frente Popular, y se centraron en reclamos relacionados con la crisis energética, los “despidos intempestivos”, la “persecución sindical” y el aumento de la inseguridad.

Crisis políticas internacionales, irrupción en la embajada de México en Quito

Las decisiones del gobierno en materia de relaciones exteriores han generado conflictos con otros Estados. En apenas un año, el gobierno del ‘nuevo Ecuador’ suma episodios que han puesto en jaque relaciones bilaterales.  

En rápida sumatoria: la ruptura de relaciones con México y la condena de la comunidad internacional por el asalto a su Embajada en Quito para arrestar el ex vice presidente Jorge Glass: el ‘castigo’ a las exportaciones ecuatorianas a Rusia, después del intento de venderle ‘chatarra’ soviética a EEUU; las desatinadas declaraciones sobre los presidentes Javier Milei (Argentina), Nayib Bukele (San Salvador), Gustavo Petro (Colombia).

La inédita inasistencia de mandatarios continentales a la primera Cumbre Iberoamericana llevada a cabo en Quito una semana antes de lo previsto por la crisis energética y de seguridad, reflejó la soledad internacional del gobierno de Noboa.

El 10 de noviembre, la vicepresidenta ecuatoriana Verónica Abad fue apartada del gobierno por 150 días, sancionada por el presidente Noboa, sin goce de remuneración, “por abandono injustificado del cargo”: una figura jurídica no aplicable en su caso porque fue elegida por voto popular.

Desafíos políticos, conflictos internos y oposición creciente

El 10 de noviembre, la  vicepresidenta Verónica Abad fue apartada del gobierno por 150 días sancionada sin goce de remuneración “por abandono injustificado del cargo” una figura jurídica no aplicable en su caso porque fue elegida por voto popular. Según el Ministerio de Trabajo debería haber cumplido la orden de trasladarse el 1° de septiembre desde Israel -donde se desempeñaba como “embajadora de paz” designada por el presidente- hacia Turquía debido al conflicto bélico que afronta el primer país. Abad llegó a la ciudad de Ankara, capital de Turquía- ocho días más tarde.  La justificación de Abad se sostuvo en que su traslado a  Turquía no fue “debidamente preparado” y que se cometieron atropellos porque el gobierno planteó “que dejara a mis hijos en Israel para irme sola a Turquía”.  Afirmó, además, que se busca su destitución para “evitar la sucesión presidencial”.

El presidente Noboa aspira de manera irrenunciable a un nuevo mandato del 2025-2029 y para la campaña de las próximas elecciones presidenciales deberá solicitar una licencia.  De acuerdo con la Constitución, Abad debía asumir la presidencia, pero con la última sanción impuesta se frena la sucesión. Por esta y otras acciones, Abad denunció al presidente Noboa y tres funcionarios del gobierno, incluida la canciller, Gabriela Sommerfeld, por supuestamente cometer ocho actos de violencia política de género en su contra. La violencia política de género es considerada una falta electoral “muy grave” en la legislación ecuatoriana y se sanciona con multa, destitución y/o suspensión de los derechos de participación política por hasta cuatro años.

Abad, en lo que ella misma llamó ‘acto de rebeldía’ ante la decisión del gobierno, regresó por recursos propios el miércoles 20 de noviembre a Ecuador. Aunque no tiene impedimentos legales ni de otro tipo para retornar al territorio, denunció que se encuentra en total indefensión. “La ruptura constitucional nos va a llevar a un abismo”, resaltó Abad a su llegada a la capital y pidió al presidente ecuatoriano que recapacite.

La sanción a la vice y el posterior nombramiento de Sariha Moya para el cargo de vicepresidenta promovió el debate político. La Asamblea Nacional ha condenado la suspensión y ha solicitado a la Corte Constitucional que intervenga, alegando que se trata de un ataque al equilibrio de poderes.  

Las crecientes críticas a la administración de Noboa y la posibilidad de que Verónica Abad decida postularse como candidata presidencial suma un nuevo elemento de incertidumbre en el país que en tiempos de Rafael Correa, era uno de las naciones más tranquilas de América. Después de la acumulación de droga en la pandemia, el ingreso de mafias europeas en una economía abierta y la libertad de moneda, hoy Ecuador es como México en los 90s: el lugar más peligroso de los Andes.

AGB

El candidato por el centroizquierdista Frente Amplio, Yamandú Orsi ganó al postulante del oficialismo de centro derecha, Álvaro Delgado en la segunda vuelta  de las elecciones presidenciales de Uruguay celebrada el domingo 24 de noviembre. Con la victoria  del nuevo presidente electo regresa al poder de Estado la coalición de izquierda  que gobernó la República Oriental del Uruguay entre 2005 y 2020 con Tabaré Vázquez (en dos períodos) y José ‘Pepe’ Mujica. 

Una victoria histórica en una efemérides nacional

El balotaje, que  coincidió con el  40° aniversario de las elecciones que marcaron el regreso a la democracia en  el ‘país de las cercanías’,  contó con  una alta participación de votantes que rondó  el 90% del padrón de habilitados. 

Las ciudadanas y ciudadanos eligieron entre la fórmula de Álvaro Delgado y Valeria Ripoll del Partido Nacional (PN) o Blanco en representación de la Coalición Republicana (CR)y la de Yamandú Orsi y Carolina Cosse del Frente Amplio (FA)  para que ocupen los futuros cargos de presidente y vicepresidenta, respectivamente, durante el período de cinco años a partir del  1º de marzo de 2025.  

“Sigamos en el camino de la fraternidad y solidaridad, que es el del respeto por los demás. Pero hoy hay otra parte de nuestro pueblo, que también nos tendrá que ayudar a construir un país mejor. A ellos también los necesitamos”, afirmó el flamante vencedor, en un puente tendido al derrotado oficialismo a poco de conocerse los resultados de las urnas.

Momentos antes, el candidato de la coalición oficialista, Álvaro Delgado, había reconocido el resultado y felicitó a su rival. “Un fuerte abrazo y saludo a Yamandú y al Frente Amplio. Quiero felicitar a quien ganó, con sinceridad y de corazón, con desprendimiento y sentido muy republicano”, afirmó Delgado. “Las elecciones se ganan y se pierden. Una cosa es perderlas y otra, ser derrotados. Nosotros no estamos derrotados”, añadió. 

Uno de los primeros en ir a votar fue el expresidente José Mujica, quien apoyó la candidatura de Orsi. “Muchas gracias al pueblo uruguayo. Uruguay, a pesar de ser un país pequeño, se ha ganado un reconocimiento de ser estable, de tener una ciudadanía que respeta las formalidades institucionales. No es poca cosa en nuestra pobre y golpeada América Latina”, manifestó en declaraciones a la prensa.

“En nuestra pobre golpeada América Latina”, caracterizada por el expresidente, los mensajes proferidos por los dos adversarios que midieron sus fuerzas en el balotaje parecen traslucir una firme confianza en “la necesidad de acuerdos en temas relevantes”.

Entre los primeros los  líderes políticos que felicitaron al triunfante Orsi,  el presidente de Brasil Lula da Silva, la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner; luego   Claudia Sheinbaum (México); Luis Almagro (OEA), Javier Milei (Argentina); Joe Biden (EEUU) José Raúl  Mulino (Panamá), Xiomana Castro (Honduras); Gustavo Petro (Colombia); Bernardo Arévalo de León (Guatemala), Nicolás Maduro (Venezuela); el gobierno de Perú y el de España.  

 Prospectivas y balance

El triunfo de Orsi, que fue por dos períodos consecutivos secretario general y dos veces sucesivas intendente de Canelones, el segundo departamento más poblado del país, el mismo en el que nació hace 57 años en el seno de una modesta familia, conduce a una sucinta evaluación de la gestión de gobierno de Luis Lacalle Pou que logró mantener unida una Coalición Republicana que ahora se proyecta hacia el futuro inmediato sin poderse precisar aún con qué vigor.

El mandato de la Coalición tuvo como impulso, en buena parte, una agenda liberal pro-empresa, con medidas acaso necesarias y válidas para la competitividad de la economía; y tuvo su freno,  esas medidas no fueron ni son populares. Una agenda que, además, resultó bastante acotada por las discrepancias surgidas en el interior del propio espacio. La temprana salida del excanciller y senador del Partido Colorado Ernesto Talvi y -desde el comienzo- los cortocircuitos con Cabildo Abierto, dificultaron la tarea ministerial a varios niveles.

Los escándalos que involucraron al  narcotraficante de peso Sebastián Marset,  la acusación penal contra el ex ministro de Turismo Germán Cardozo, la falsificación de documentos por parte del jefe de seguridad de Lacalle Pou, Alejandro Astesiano, y otros más, que si bien muy distintos entre sí, causaron al gobierno costos políticos importantes. A eso se sumaron problemas con varios gobiernos departamentales.

Apenas a los 40 días de llegada al poder de Lacalle Pou, el gobierno aprobó la Ley de Urgente Consideración (LUC), normativa que abarca temas de seguridad pública, asuntos laborales, educación y libertad financiera aprobada en referéndum de marzo de 2022; y una reforma de la seguridad social no precisamente popular, pero que también resistió el referéndum de octubre.

En simultáneo el gobierno de Lacalle Pou debió gestionar crisis ajenas históricas: la pandemia, la inflación global y la sequía. En el primer caso la formación del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) y el acceso a las mejores vacunas, fueron logros destacados. Cuando se comenzaba a salir de la pandemia irrumpió un empuje de inflación global que generó nuevas complicaciones y, tras eso, crisis por sequía. Con todo, la gestión gubernamental consolidó el descenso de la inflación, la recuperación del salario y el empleo, que llegaron a niveles récord.

La izquierda post derrota del 2020 comenzó a trabajar principalmente a dos niveles. Por un lado, un despliegue territorial de recomposición, liderado por el Movimiento de Participación Popular (MPP) y con el trabajo del nuevo presidente del FA, Fernando Pereira. Una, dos o tres visitas a casi todos los lugares, para revitalizar la base militante y política. Porque solo con redes sociales no alcanza y hay que verse cara a cara.

Por otro lado, una oposición dura al gobierno desde el comienzo, empezando por las críticas a las difíciles decisiones sanitarias. Siguió luego el enfrentamiento a la LUC con el referéndum impulsado por el Plenario Intersindical de Trabajadores - Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT), en esa tensa pero exitosa relación de poder político entre la central sindical y el FA. Pocos meses después, arrancó la recolección de firmas contra la reforma de la seguridad social y la convocatoria a un plebiscito.  

Un delfín para el Pepe Mujica

Fue José ‘Pepe’ Mujica quien había alentado a Yamandú Orsi como precandidato y después como candidato a la Presidencia. El expresidente no había tenido mucha suerte con los apoyos a candidatos en elecciones previas, pero esta vez acertó.  Ambos se conocieron en la capitalina Montevideo. Durante los años que Orsi estudió historia en el Instituto de Profesores Artigas se contactó con el Movimiento de Participación Popular (MPP), liderado por Mujica. Al igual que su mentor, que prefirió vivir en su chacra durante su mandato, Orsi ya anunció tampoco ocupará la residencia presidencial.

No es la única semejanza entre ellos. “Mujica, además de ser un referente internacional, se ha convertido en un hombre que ha impulsado la moderación en la política interna, en la negociación. Orsi es muy parecido, pero, por sus orígenes, tiene un talante todavía más negociador”, sostiene el historiador y politólogo uruguayo Gerardo Caetano.  Si la figura de Mujica se ha transformado mucho desde sus tiempos como guerrillero, con una postura actual cercana a la socialdemocracia. También lo es la de Orsi. “El referente de la izquierda regional es Lula, pero el liderazgo joven de Gabriel Boric tiene eco en figuras como Orsi, como opiniones muy críticas hacia el régimen venezolano, el nicaragüense o el cubano”, agrega Caetano.

Una figura de recambio para tiempos por venir cambiados

La propia estrategia seguida por FA muestra  cambios, con una predominancia del MPP y un Partido Comunista (PC) fuerte (en especial si se considera que tiene una mayoría implícita en la Mesa Política). El sector astorista-seregnista (no marxista) se redujo significativamente. También en la Coalición Republicana (CR) hubo cambios con el derrumbe de Cabildo Abierto (CA).

 El FA necesita atar acuerdos en la Cámara de Diputados. Cabildo y Gustavo Salle (con su partido Identidad Soberana) pueden ser posibles apoyos puntuales. La posibilidad de grandes acuerdos bipartidarios (CR-FA) -más allá y más acá de los discursos- parece baja, aunque pueden darse para asuntos específicos. Por otra parte, hay un compromiso político implícito con su electorado de revisar y -eventualmente- revertir cosas que aprobó el actual gobierno y que el FA criticó duramente. ¿LUC?, ¿Seguridad Social?; habrá que ver cuánto y cómo.

El escenario económico no es sencillo para el próximo gobierno. Yamandú Orsi enfrenta numerosos desafíos en su propio país: salarios, subsidios a los estudiantes, jubilaciones, pobreza infantil, seguridad social, educación, el sistema nacional de cuidados en un país envejecido, la agenda de género.

En la lista, el tema de inseguridad es el más candente en las preocupaciones de la población uruguaya. El país tiene indicadores de homicidios por cada 100 mil habitantes muy elevados, su índice duplica el argentino. En barrios pobres, la inseguridad es muy elevada y, en un porcentaje muy alto, está vinculada al narcotráfico acrecentado, entre otras razones, por la indefensión uruguaya en tierra, mar y aire. El puerto de Montevideo se ha convertido en el puerto de salida de grandes expediciones de droga con rumbo a Europa.

A nivel global se viene un nuevo empuje proteccionista, hay un déficit fiscal importante y Uruguay tiene problemas de competitividad. Y con el mapa político que surgió de las elecciones, hay más posibilidades para que los partidos acuerden aumentos de gastos, en lugar de reducciones. El futuro ministro de Economía y Finanzas y único integrante del ahora Poder Ejecutivo electo designado, Gabriel Oddone, quien gusta autodefinirse como “liberal de izquierda” tiene trabajo.

La Argentina y otros extremos americanos 

En el escenario continental, Yamandú Orsi se vio obligado a posicionarse claramente en campaña contra el régimen de Nicolás Maduro.  El gobierno de Lacalle Pou cuestionó   el proceso electoral de julio 2024 del país caribeño y ordenó el retiro del personal diplomático de Venezuela. Aun así, “Va a tratar de mantener buenos términos con Venezuela, pero con una prudencia quirúrgica”, sostiene el politólogo uruguayo Alejandro Guedes.

Respecto a la vecina Argentina, presidida por el primer mandatario Javier Milei en las antípodas ideológicas y personales de Orsi, Guedes enfatiza Guedes. “Uruguay sabe mantener la diplomacia con los países vecinos porque, obviamente, la economía de Uruguay depende en buena medida no solo de Mercosur sino de Argentina y de Brasil. Y es algo que se tiene claro y nunca se dinamitó ese puente en la campaña de Orsi respecto a Milei”. Esta posición sostiene una tradición política uruguaya donde la idea de la autonomía nacional es muy importante:“ yo no me meto en la política argentina, entre otras cosas, porque no quiero que se metan en la mía”.

AGB

A 40 años de la histórica elección del 25 de noviembre de 1984 que puso fin a la dictadura cívico-militar iniciada con el golpe de Estado perpetrado el 27 de junio de 1973, Uruguay elige este domingo 24 de noviembre en segunda vuelta quién gobernará la República Oriental en el próximo quinquenio. El 1° de marzo culminará el mandato de Luis Lacalle Pou y comenzará el del ganador del balotaje y sucesor en el poder del actual presidente blanco. El candidato oficialista por el Partido Nacional (PN o Blanco) y por la Coalición Republicana, Álvaro Delgado, y el candidato centro izquierdista Yamandú Orsi por el Frente Amplio (FA), respaldado por el popular ex presidente de izquierda José ‘Pepe’ Mujica, disputarán por llegar a la Torre Ejecutiva, sede del Poder Ejecutivo oriental, emplazada frente a la Plaza Independencia en la ciudad capital de Montevideo.

En la primera vuelta del 27 de octubre, Orsi obtuvo el 43,82% de los votos que lo consolidaron como el líder entre todos los aspirantes a suceder en el poder al blanco Luis Lacalle Pou, que concluye su mandato de cinco años en marzo de 2025. El importante y sólido respaldo no fue sin embargo suficiente para alcanzar la mayoría absoluta de la mitad más uno de los sufragios necesaria para evitar un balotaje. La figura opositora, Delgado con un 26, 84% de votos ganados, quedó más de diez puntos debajo de su contrincante frenteamplista. De acuerdo con la Corte Electoral, 2.7 millones de uruguayas y uruguayos, que representa el 89,1% del padrón habilitado para sufragar, emitieron su voto ese último domingo de octubre

En las vísperas del parejo balotaje

No hay más spots, no hay más actos, ni recorridas, ni jingles, ni encuestas, ni entrevistas, ni debates. Sólo quedan pocas horas de una incertidumbre que se resolverá este  domingo. Porque ni los spots, ni los actos, ni las recorridas, ni los jingles, ni las encuestas, ni las entrevistas, ni el debate parecen haber definido la preferencia de la ciudadanía por uno de los dos candidatos que compiten en el balotaje: Yamandú Orsi y Álvaro Delgado. Así aseguran las últimas mediciones de la encuestadora Factum que proyectan una ventaja de medio punto o de seis décimas para el candidato opositor “dentro de los márgenes de error estadístico”.

En la segunda vuelta gana la fórmula presidencial que reúna más votos, así sea uno. La posibilidad de un empate, es decir, que las dos fórmulas tengan exactamente la misma cantidad de votos, es posible pero muy improbable,  afirmó en entrevista con En perspectiva José Garchitorena, ministro de la Corte Electoral. Si se diera esa situación, la ley no establece cómo actuar, por lo que la Corte Electoral tendría que tomar una decisión.

En el escenario de balotaje, y aún más en uno que se anticipa ajustado, tomó relevancia la existencia del voto swing, aquel que un bando consigue captar del otro y por esto vale doble. Refiere al de aquellos electores que no están alineados a ninguno de los partidos y pueden virar o cambiar su preferencia entre una elección y otra. Este concepto, proveniente de la política de EEUU, según el politologo Daniel Chasquetti, “resulta relevante y muy cómodo para indicar que, en competencias entre dos candidatos, cada cambio supone una suma cero, o sea, todo lo que gana uno lo pierde el otro”.

En la base del balotaje está presente que se trata de “una elección de matices”, caracteriza el consultor político Federico Irazábal. “Hay un parecido cada vez mayor entre las propuestas y eso hace que no se puedan aventurar grandes cambios. Es cierto que tienen diferencias, pero estas no implican modificaciones muy importantes”, añade. Todo tiene que ver, apunta, con la estabilidad política del país, y con la necesidad de los ciudadanos de aferrarse a certezas que, de momento, han dado resultados.

Yamandú Orsi, 'el hombre de sus raíces, de su pueblo natal, de los afectos'

De 57 años, casado con Laura Alonso Pérez y con dos hijos mellizos, Lucía y Victorio,  Yamandú Orsi nació en el departamento de Canelones, donde sus padres instalaron un almacén que fue hogar y primer lugar de trabajo del hoy candidato a la presidencia del país. Se inició en la militancia política durante los años de estudiante en el Liceo Tomás Berreta. Luego, egresado del profesorado de historia en el Instituto de Profesores  Artigas, ejerció la docencia en Maldonado, Canelones y Florida. Que no fue obstáculo para continuar con la actividad política durante décadas en el espacio sector liderado por el expresidente  Mugica.

De su primer cargo político, como secretario general de la Intendencia de Canelones, pasó a la etapa que es hoy la faceta más y mejor reconocida de su biografía política. Los años que pasó al frente del Departamento de Canelones, vecino a la metrópolis montevideana. Orsi fue votado intendente en dos elecciones consecutivas. Su primer período se extiende de 2015 a 2019 y el segundo desde 2020 hasta principios de 2024, cuando renunció para proyectarse a escala nacional y presentó su precandidatura presidencial. En ese momento, contaba con el 70% de aprobación entre la comunidad canaria (gentilicio de Canelones): en 2020 había sido reelecto para el gobierno departamental con el 51% de los votos

Álvaro Delgado,  'el componedor nato'

Montevideano, de 59 años, Álvaro Delgado se recibió de veterinario por la Universidad de la República en 1995. Esa institución educativa es la mayor alta casa de estudios en la República Oriental (cuya forma de estado, como la de Chile o Bolivia, y a diferencia de la Argentina o Brasil, es unitaria y no federal). Delgado se acercó a la militancia gremial estudiantil en el ambiente de esa carrera volcada al campo en un país agroexportador de 176.215 km² donde el 92% de la población es, sin emargo, urbrana. Fue allí, según el candidato presidencial del Partido Blanco (tradicionalmente el partido del interior) que se marcó su carácter. Allí empezó a aprender, dice su campaña, “un estilo de administrar las discrepancias, de buscar las coincidencias” y, sobre todo, de “dialogar mucho”. En la Facultad conoció a su actual esposa, Leticia Lateulade, madre de sus tres hijo, Agustina, Felipe y Pilar.

En el 2000, luego de la victoria en balotaje de Jorge Batlle Berres, del Partido Colorado (tradicionalmente el partido de las ciudades), seobre contra el frenteamplista Tabaré Vázquez, y ante un nuevo gobierno de entendimiento del secular bipartidismo nacional, Delgado fue funcionario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Se desempeñó como Inspector general de Trabajo hasta diciembre de 2004. En 2004 fue electo diputado por primera vez, por el sector Correntada Wilsonista (sector del PN) de Francisco Gallinal, pero en 2008 abandonó la agrupación.

Al año siguiente, con el entonces diputado Luis Lacalle Pou fundaron Aire Fresco, y en la elección de 2009 fue electo representante por segunda vez. En el período siguiente (2015-2020) fue senador, al igual que en este período que termina, pero antes de asumir la banca el entonces novel presidente Lacalle Pou lo designó secretario de la Presidencia, desde donde cobró protagonismo mediático al encabezar varias de las conferencias de prensa sobre la situación de la pandemia del covid.

El balotaje elige el gobierno, pero no tuerce el futuro

Gane quien gane enfrentará un mismo día después de la elección. Quien resulte vencedor en el balotaje del domingo deberá enfrentar desafíos no menores. Uno, la gobernabilidad, porque ninguno tiene mayoría en la Cámara de Diputados, y el FA cuenta con ella en el Senado. Otro es la seguridad, especialmente el problema del narcotráfico. Y finalmente el gran tema, que es si aumentará la carga impositiva .

El académico y ex director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto durante la actual gestión de gobierno, Conrado Hughes agrega otros elementos: “Tenemos el problema de la educación, con una mala tasa de egreso de secundaria, y la pobreza infantil, que llega al 18 por ciento en menores de 15 años”.

Sin embargo en esta elección entre Orsi y Delgado no solo se define el rumbo interno de Uruguay, sino también su posicionamiento en una América Latina que enfrenta una disyuntiva política histórica. No es sólo una disputa electoral. Es el retrato uruguayo de las tensiones geopolíticas que atraviesan a toda América Latina, influida tanto por la creciente disputa hegemónica mundial, entre China y EEUU, como por la propia disputa estratégica hacia el interior del gran capital de origen angloamericano, entre globalistas y neoconservadores, expresada en las últimas elecciones que determinaron el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

AGB

A partir del 17 de octubre, noticia principal y sostenida en los medios de comunicación chilenos fue la denuncia por abuso sexual y violación en contra de Manuel Monsalve hasta ese momento sub secretario del Ministerio del Interior del gobierno de izquierda del presidente  Gabriel Boric.  Horas después de que el padre de la víctima ofreciera una entrevista en televisión nacional donde expresó  su temor de que los contactos del ex subsecretario en las fuerzas de seguridad estuvieran siendo usados para ocultar pruebas y emitir amenazas, Monsalve fue arrestado. Sin embargo, la oposición y la prensa denuncian a la Moneda de un 'pacto de silencio': de haber protegido al médico socialista de 59 años, entonces subsecretario del Ministerio del Interior (según la terminología del escalafón en el Derecho Administrativo chileno) y tercer cargo en importancia en el Ejecutivo de la República. De haber disimulado o escamoteado fuera de la luz pública una noticia tan dañina para un gobierno que hizo compaña como abanderado de las políticas de género. Más acá, más tácticamente, lo acusan de haber retaceado cuanta más información pudieran, para evitar daños en las elecciones municipales del 26 y 27 de octubre.

Del Ministerio del Interior a la cárcel de Rancagua

Médico de 59 años, de extendida trayectoria en el Partido Socialista (PS), Manuel Monsalve ocupó por dos años y siete meses un puesto estratégico en La Moneda, responsable de la seguridad pública y en uno de los momentos más complejos para Chile, que  atraviesa por una inédita crisis de seguridad en el país que hasta principio del siglo XXI era considerado uno de los más seguros de América Latina, por la irrupción de una nueva delincuencia, marcada por homicidios cada vez más violentos y cometidos con armas de fuego junto a  la aparición de las llamadas “casas de pique” , así se llama en otras latitudes a la tortura-, la exhibición de cadáveres para mostrar presencia, el uso de redes sociales como mecanismo de vanagloria de los delincuentes.

El ex sub secretario Monsalve, considerado hasta hace poco tiempo un de los funcionarios más populares y de mayor proyección del gobierno, el domingo 22 de septiembre se reunió con una subalterna en el segundo piso del restaurante Ají Seco Místico de calle Mac Iver.  Según la denunciante de 32 años, luego de la cena el ex ministro la llevó al Hotel Panamericano de Santiago, donde se hospedaba esa semana, y la agredió sexualmente. Estos hechos  valieron la denuncia y formalización por delitos de violación y abuso sexual.

A dos meses de conocerse la denuncia, el martes 19 de noviembre, en una maratónica jornada llevada a cabo en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago el juez Mario Cayul,  conforme a la petición del Ministerio Público y de la parte querellante, dictaminó la prisión de Monsalve en la cárcel de Rancagua. Un plazo de cuatro meses quedó establecido para la  investigación.

La ‘impericia’  de un gobierno con sello feminista

Al día siguiente de la renuncia de Monsalve, el presidente Boric brindó una  errática conferencia de prensa en Lampa. En esa ocasión, el primer mandatario explicó que se enteró de la denuncia cuando se lo comunicó la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD).

Antes de que la prensa difundiera la denuncia por delitos de violación y abuso sexual, según los términos en el lenguaje jurídico chileno, contra el viceministro del Interior -el socialista Manuel Monsalve-, la derecha tradicional vivía en Chile una encrucijada de descrédito debido al llamado “Caso Audios” o “Caso Hermosilla”, mega trama de corrupción y tráfico de influencias, que compromete a espacios de poder chileno incluida la Corte Suprema, y de la que aún no se conocen todos sus alcances .

Significativamente, transcurrieron  48 horas desde ese momento a la salida de Monsalve, quien había ordenado sin tener orden judicial revisar las cámaras del hotel donde ocurrió la violación denunciada.  El lapso de demora, que originó razonables críticas por parte de propios  y de  ajenos, se replicó en las primeras horas de silencio de la Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo (PC), que solo habló del tema el lunes siguiente a la renuncia de Monsalve ocurrida el jueves. El desconocimiento del caso por parte de la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana.

En este marco, se inscribe la  decisión del opositor Chile Vamos de crear una comisión investigadora en la Cámara de Diputados, debido a que “no existe claridad sobre las actuaciones llevadas adelante por los organismos del Gobierno involucrados, durante al menos las primeras 18 horas tras conocerse la situación”. El pedido de la bancada de parlamentarios del partido de derecha  Unión Demócrata Independiente (UDI) a la Fiscalía para que cite a Boric a declarar en calidad de testigo por posible omisión. El énfasis en que el abogado defensor , Roberto Ávila es cercano a la presidenta del PS, Paulina Vodanovic. 

El círculo que se cierra sobre el presidente Gabriel Boric

En su declaración como testigo ante el fiscal Xavier Armendáriz, el 30 de octubre y difundida por el noticiero T13,  la ministra Tohá, en la audiencia de formalización de Monsalve, respecto al acucioso tema de no haber cesado inmediatamente al ex ministro imputado  apenas enterado de los hechos, se desligó de las decisiones de Boric. Entre otros puntos sostuvo que el mandatario sostuvo una reunión con Monsalve la tarde del martes 15 de octubre a la que ella no asistió; que en esa reunión Boric le dio permiso a Monsalve para viajar al sur a informarle a su familia de su situación; que recién el jueves 17 asistió a la reunión en la que le pidió la renuncia -cita en la que ella no dijo palabra-; y que fue él quien autorizó que  Monsalve renunciara desde La Moneda.

“La afirmación de que la decisión de que el exsubsecretario Monsalve viajase a Concepción, fue una decisión del propio Presidente en que no participó ninguna otra autoridad, me parece que es dejar al desnudo al Presidente”, razonó el vicepresidente de la Cámara de Diputados Eric Aedo (PDC) .

Verdades y consecuencias

El 26 y 27 de octubre se celebraron los  comicios municipales y regionales considerados un termómetro de las presidenciales de 2025.  El oficialismo contaba  con cierta ventaja, sobre todo en las municipales, por  concurrir  en una única lista, con la inclusión de la Democracia Cristiana (DC), que no forma parte del Ejecutivo pero es su aliado en muchas votaciones.

La fragmentación en la derecha, en cambio, parecía  total: las fuerzas del ala tradicional agrupadas en Chile Vamos (Renovación Nacional, UDI y Evópoli) no lograron ponerse de acuerdo ni con la ultraderecha del Partido Republicano (PLR) y del Partido Social Cristiano (PSC ) ni con los populistas del Partido de la Gente, que eventualmente  favorecía  la dispersión del voto.

El objetivo del oficialismo de  evitar la fragmentación y un avance significativo de ésta en términos de poder territorial. A la vista de los resultados resulta evidente que la estrategia tuvo un éxito parcial.

La centroderecha recuperó municipios: pasó de 87 a 122 alcaldías; en tanto, la centroizquierda bajó de 150 a 111. La nueva derecha radical articulada en torno al Partido Republicano, ganó 8 alcaldías.  A la vez, el número de alcaldes independientes se mantuvo estable: de 105 a 104, en parte porque varios ‘independientes’ pasaron a integrar listas parlamentarias. Los resultados de consejeros regionales y concejales presentaron similar panorama; avance significativo de la oposición de derecha y una centroizquierda e izquierda que lograron resistir. En referencia a los gobernadores, casi todos van a segunda vuelta.

En apretada síntesis, el retroceso del oficialismo y el crecimiento de la derecha (además de la desaparición de los autodenominados partidos de centro) es indiscutible, sin embargo,  ninguna fuerza tuvo un resultado arrollador que le permita atribuirse la victoria en estos comicios.

A la incógnita planteada en la izquierda y la centroizquierda si en estas elecciones surgiría un liderazgo capaz de suceder a Boric, sin posibilidades de reelección, la respuesta se tornó tanto más difícil debido al escándalo Monsalve que enturbió la imagen del gobierno incluidos  ministros con proyección presidencial. Antes de que la prensa difundiera la denuncia contra Monsalve, la derecha tradicional estaba muy desacreditada debido al llamado “Caso Audios” o “Caso Hermosilla”, mega trama de corrupción y tráfico de influencias, que compromete a espacios de poder chileno incluida la Corte Suprema, y de la que aún no se conocen todos sus alcances .

La lógica de los medios y de las redes sociales enfatizan “ellos versus nosotros”: “Los zurdos son cómplices de violación”; “¿qué pasa con los machos violadores de los merluzos?”; “la derecha ahora quiere hacerse cargo de la violencia contra la mujer”; “derechistas violadores” son algunos de los comentarios. Una lógica que reduce el escándalo Monsalve a lo político, y  sus consecuencias inmediatas de los resultados electorales parecen probarlo. Sin embargo,  no se  ha ameritado en el mismo escándalo la gravedad de la violencia de género, que aparece tratada como un hecho aislado y como un factor sustentado en el cálculo político, y no como violación de los DDHH.

AGB

El candidato del centro-izquierdista Frente Amplio (FA) obtuvo el 43,82% de los votos el domingo 27 de octubre en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de la República Oriental del Uruguay. A título singular, Yamandú Orsi se consolidó como el líder entre todos los aspirantes a suceder en el poder al blanco Luis Lacalle Pou, que concluye su mandato de cinco años en marzo de 2025. El importante y sólido respaldo no fue sin embargo suficiente para alcanzar la mayoría absoluta de la mitad más uno de los sufragios necesaria para evitar un balotaje. El domingo 24 de noviembre rivalizará con el opositor en segunda vuelta electoral el oficialista Álvaro Delgado. El candidato del gobernante Partido Nacional (PN, o Partido Blanco), con un 26, 84% de votos ganados, quedó a título personal más de diez puntos debajo de su contrincante frenteamplista. De acuerdo con la Corte Electoral, 2.7 millones de uruguayas y uruguayos, que representa el 89,1% del padrón habilitado para sufragar, emitieron su voto el último domingo de octubre.  

De los dos plebiscitos propuestos con simultaneidad a la elección general, uno sobre seguridad social y otro sobre la ley de allanamientos nocturnos, ninguno consiguió los votos necesarios. “No vamos a llamar victoria a lo que no lo es y vamos a reconocer el resultado”, reconoció el presidente de la Central Única de Trabajadores de Uruguay (PIT-CNT), Marcelo Abdala. A la vez, destacó que más de un millón de ciudadanos respaldaron la propuesta impulsada además por los movimientos sociales y por sectores del Frente Amplio. Aunque no por toda la oposición frenteamplista, que fue a la elección dividida sobre este tema, y con Yamandú Orsi opuesto a la iniciativa sindical.

Montevideo se mira en un cromo de Brasilia

El Frente Amplio, cuyo candidato fue el más votado de todos, no festejó el triunfo. A diferencia del oficialista Partido Nacional que celebró como si ya tuviera el gobierno asegurado.

Un escenario, que desde un punto de vista medianamente distante, remite a la primera vuelta de las  elecciones presidenciales de Brasil del 2 de octubre de 2022, cuando Luiz Inácio Lula da Silva del Partido de los Trabajadores (PT),  líder de la izquierda  en la alianza hoy gobierno, logró una elección extraordinaria con el 48,4% de los votos. Un porcentaje muy pequeño para obtener el necesario 50%  para ganar en primera vuelta. El bunker de campaña petista lucía sombrío, en tanto que el del derechista Jair Bolsanaro, era un festejo. Porque habría segunda vuelta, que habían juzgado con altas probabilidades de que no sucediera. En el balotaje,  la victoria correspondió a Lula con el 50, 84% de  los votos seguido por 49, 16% de Bolsonaro, primer presidente brasileño que no logró la reelección, con la diferencia de solo un punto.

A igual que en ese escenario electoral de Brasil, donde los sondeos de intención de voto le habían otorgado al actual presidente Lula entre el 50 y 51% de los votos válidos, en Uruguay, el propio comando de la oposición de Uruguay  instaló la vara muy alta y en el ánimo de la militancia cundió la euforia de que la victoria sería en primera vuelta con la mayoría parlamentaria en ambas cámaras. El jefe de campaña de Orsi, Alejandro 'Pacha' Sánchez días antes, en entrevista con el semanario Búsqueda, supo declarar “el FA ya ganó”. Una vara que impidió o al menos amortizó la valoración de  la buena elección lograda. Si bien aún no están perdidas las expectativas que se han frustrado.

El Frente Amplio reconquista el Senado

El recuento de los sufragios  muestra que  el Frente Amplio, respecto a cinco años atrás, recuperó parte de los votos que había perdido en la pasada elección de 2019, pasó del 39% a casi 44% que le otorga la mayoría parlamentaria en el Senado, donde obtuvo 16 bancas.

El guarismo de 16 bancas ganadas en la elección del último domingo de octubre, que dieron la mayoría a la oposición en la cámara alta del Congreso uruguayo, fortalece al candidato presidencial del Frente Amplio para el balotaje del último domingo de noviembre. Pero la campaña de la izquierda se cuestiona hasta qué punto este dato, que es meramente cuantitativo, entra a tallar en otro ámbito, cualitativo, de carácter subjetivo o acaso emocional. Y se enfrenta a la convicción, de la misma campaña, de que rumbo a la segunda vuelta deben remontar un ‘desinfle’.

Según había previsto el politólogo Diego Luján en el streaming de El Observador, por ser un único partido y la coalición oficialista estar formada por varios partidos, el Frente Amplio “hace un aprovechamiento mejor de los cocientes, y lo beneficia por lo que le daría una banca más”. El guarismo de 16 bancas que dieron la mayoría a la oposición en la cámara alta del Congreso uruguayo fortalece al Frente Amplio en el balotaje. Esta realidad, que es meramente cuantitativo, entra a tallar en otra, de carácter subjetivo o acaso emocional, sostenida en la convicción de la campaña frenteamplista de que rumbo a la segunda vuelta las aspiraciones presidenciales opositoras deben remontar un ‘desinfle’ en el electorado, aun en el propio.

Diferencias cuantitativas que inciden cualitativamente

El resultado de los votos obtenidos por el blanco Álvaro Delgado, candidato del Partido Nacional en el poder, fue mayor de lo esperado con su 26,8 por ciento. De ahí el festejo como si hubiera ganado. Sin embargo, si  se comparan los datos de 2019 donde el presidente Luis Lacalle Pou en la misma noche de la primera vuelta se transformó en ganador, obtuvo solo dos puntos menos que el actual presidente.

Delgado salió sonriente de su sede acompañado de la candidata a vicepresidenta Valeria Ripoll hacia el escenario montado en la Plaza Varela, emplazada en una zona céntrica de la capitalina Montevideo, donde se reunió con todos los candidatos de la coalición. “La coalición es el proyecto político más votado en nuestro país”, afirmó Delgado y marcó que es la cuarta vez que “la población le dio a la coalición la mayoría”, tras las elecciones de primera y segunda vuelta de 2019, y el referéndum sobre la Ley de urgente consideración (LUC), sancionada en junio de 2020.

Aun con este escenario ‘triunfalista’ del oficialismo,  para obtener la victoria definitiva Delgado necesitará retener los votos que tuvo cada partido de la coalición por pocos votos que hayan obtenido. Un retado desafío: Lacalle Pou que obtuvo la  la mayoría en octubre de 2019, en noviembre Lacalle Pou superó a Daniel Martínez del Frente Amplio por sólo 30 mil votos.

Otro de los ganadores de la noche, el abogado Gustavo Salle por Identidad Soberana (IS), partido fundado en 2022. Su discurso crítico basado en el repudio a todos los partidos que gobernaron si bien  logró 62.000 votos que  le aseguraron el ingreso al Parlamento con  una bancada de dos diputados. “Entramos en la cueva de los vendepatria”, afirmó Salle.

La victoria colorada que (por ahora) ayuda al candidato blanco

El abogado mediático Andrés Ojeda por el tradicional Partido Colorado,  que forma parte de la coalición oficialista, superó el 12,80% que había obtenido Ernesto Talvi en 2019. Este caudal de votos le ha conferido un papel decisivo no solo dentro de la coalición polarizada entre Delgado y el mismo Ojeda, sino que también lo convierte en figura clave para que Delgado pueda retener al oficialismo en el gobierno.

El colorado Ojeda no desconoce su nuevo lugar en el ajedrez político. Triunfalista, declaró que “el primer objetivo estaba cumplido”: superó la votación partidaria de 2019. Y de paso, también dio por cumplidos dos segundos cometidos: “ampliar el diámetro de la coalición” y “cambiar la correlación de fuerzas”. “Somos el cogobierno del Uruguay que se viene”, dijo. También destacó ser “el partido que más creció de la elección pasada a esta”, ignorando que el Frente Amplio creció más que los colorados.

Hay matices y no menores en este proclamado triunfo. La lista que impulsaba como senador a Ojeda (Lista 25) no pudo superar la del abogado, ex candidato a la presidencia en las elecciones del 2009 y senador en las de 2014, Juan Pedro Bordaberry (Lista 10). Como consecuencia inmediata, la conducción del Partido Colorado, acéfalo desde el retiro de ella del dos veces presidente del país oriental Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000), había parecido posible y a la vez inevitable que quedara en Ojeda. Una lógica que sin embargo queda en veremos con la reaparición de Bordaberry con su lista parlamentaria Vamos Uruguay.

La reunión de Bordaberry con el candidato presidencial del Partido Nacional, Álvaro Delgado y su intención de reunirse también con el presidenciable del Frente Amplio, Yamandú Orsi, con quien cruzó un abrazo en plena campaña, no pasaron inadvertidas. Una figura colorada tradicional sería mucho más cómoda que Ojeda en la famosa institucionalidad uruguaya.

Una izquierda con más anhelos (y chances) que nostalgias

En un extremo del arco electoral trazado por los resultados del domingo, el Frente Amplio confirmó la excelente votación del sector liderado por el ex presidente izquierdista José ‘Pepe’ Mujica (2010-2015), impulsor de la candidatura de Yamandú Orsi, que convierte al sector ampliamente mayoritario con nueve senadores, seguido del Partido Comunista con dos bancas en la cámara alta. .

En el otro extremo, el derrumbe de Cabildo Abierto, fundado en 2019. “Soy claramente el responsable de la votación que tuvo Cabildo Abierto, que no quepa ninguna duda”, afirmó el líder del partido, Guido Manini Ríos, el gran perdedor de la noche tras reconocer que la votación mostraba una caída importante del partido que había sido la novedad en la pasada elección y le había disputado el segundo puesto de la coalición a los colorados.

Mejor le fue al Partido Independiente que la instancia hacia el ballotage del 2019 que se unió a la coalición. Luego de haber integrado el gobierno con varios cargos -el más destacado el de Mieres como ministro de Trabajo- no logró más de una banca en Diputados aunque mejoró la votación. Un dato indicador cuantitativa y cualitativamente: su llegada revierte que no es un partido testimonial.

Los denominados partidos chicos que durante la campaña no figuraban en las encuestas por marcar menos de 1% confirmaron su suerte y ninguno logró bancas en diputados. Incluso se perdió la banca que en la elección pasada había obtenido el partido ecologista, dirigido por César Vega.  El detalle de la votación que obtuvieron: Partido Constitucional Ambientalista 0,49%, PERI 0,38%, Asamblea Popular 0,41%, el Partido por los Cambios Necesarios 0,13% y el Partido Avanzar Republicano 0,08 por ciento.

La suma de la coalición oficialista promete alta expectativa a cómo jugará  en los  votos en la segunda vuelta del 24 de noviembre. Con un Uruguay atento al desenlace, el ballotage definirá quién regirá los destinos del  país a partir de marzo de 2025, en un marco que plantea desafíos de crecimiento, seguridad y cohesión social.

AGB

Aun con la propuesta en ciernes de una dramática reforma del sistema de jubilaciones y pensiones que dirimirá uno de los dos plebiscitos convocados en simultáneo con las presidenciales, en las elecciones uruguayas del domingo 27 de octubre “no está en juego nada dramático”. Al menos, esto sostiene Adolfo Garcé, doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República (UDELAR). A primera vista no hay rumbos contradictorios. Pero sí está en juego si en 2025 Uruguay va a seguir profundizando levemente el giro hacia el mercado, hacia la empresa, impreso por la actual administración de centro-derecha del presidente Luis Lacalle Pou, del Partido Nacional (PN, o Partido Blanco). O si va a volver a recorrer el camino hacia el fortalecimiento del Estado, a afianzar el papel del Estado en la economía, de la protección social, del welfare state con la izquierda del Frente Amplio (FA) que en el siglo XXI gobernó el país durante una década y media.

Crecimiento con igualdad, y con libertad, y viceversa, o el arte de la moderación sin tedio

El candidato frenteamplista Yamandú Orsi ha definido el tema de las elecciones uruguayas 2024 con otras palabras. Según él, lo que está en juego en las elecciones uruguayas es “un modelo de crecimiento con igualdad”, que él mismo considera representar, “o uno que siempre que le tocó estar hizo crecer la desigualdad”, dijo en entrevista al diario montevideano El Observador. En cambio, el candidato oficialista blanco Álvaro Delgado promete en su programa de gobierno “un segundo nivel de transformaciones” a través de un modelo “centrado en la libertad de las personas, en un Estado que contribuye desde las distintas políticas públicas a que cada persona pueda llevar adelante sus propios proyectos”.

En estas elecciones presidenciales hay un tercero en discordia, el candidato opositor Andrés Ojeda, del resucitado Partido Colorado. el consultor político ecuatoriano Jaime Durán Barba, ex asesor del ex presidente argentino Mauricio Macri y del ex presidente ecuatoriano Guillermo Lasso, destacó que  “está haciendo algo interesantísimo con la campaña de Andrés Ojeda, que no tenía nada y va subiendo (en las encuestas)”,  en el canal argentino La Nación +, y agregó: “No sé si para ganar, pero cobra un gran espacio estrictamente haciendo esto: la nueva política, las nuevas formas de comunicación, que es lo que la gente actual entiende”.

El libro La nueva sociedad (2022) de Durán Barba y Santiago Nieto es lectura de cabecera de Ojeda.  “Durán Barba es el que mejor leyó el cambio de época. Cuando veo que hoy las campañas tradicionales están 30 años atrás, hablan de ciertas cosas, tienen un formato sobre cómo manejarse, una territorialidad vieja, y por esa razón Javier Milei, con todas sus cuestiones, es una persona que entendió el cambio de época, y por eso conecta de otra manera”, dijo en una entrevista el candidato colorado. Y fundamentó: “Todo es fugaz ahora y todo es muy cómico; el humor ha invadido todo. Es mucho más importante tener un buen productor de memes, que alguien que escriba un buen programa de gobierno, porque ‘memes ve toda la gente’”. Las declaraciones de Ojeda alertan sobre la presencia en estas elecciones de elementos novedosos en el electorado uruguayo que a primera vista parecieran ausentes si sólo se tiene en cuenta que el recién formado Partido Libertario, alineado con las ideas del presidente argentino Javier Milei, no superó el umbral de los 500 votos necesarios para competir en las elecciones generales. Con solo 485 votos, el precandidato Nelson Petkovich quedó fuera de la carrera presidencial.

Reforma constitucional del sistema previsional: el impulso y su freno  

Los tres candidatos más populares, presentan visiones diversas sobre temas económicos y sociales, pero han coincidido en un asunto clave: tienen que oponerse entre sí pero pueden oponerse los tres al plebliscito de reforma constitucional del sistema de jubilaciones y pensiones.

El plebiscito sobre la seguridad social fue convocado por la Central sindical uruguaya, Pit-CNT con más de 276.000 firmas. El mismo propone modificar aspectos importantes del sistema jubilatorio a través de una enmienda constitucional. De triunfar el SÍ y aprobarse el plebiscito se modificará el artículo 67 de la carta Magna y se incorporará la equiparación de las jubilaciones y las pensiones al salario mínimo nacional; la posibilidad que tanto varones como mujeres puedan acceder a la jubilación a los 60 años de edad en vez de 65, es decir, adelantar la edad jubilatoria, y retirar a las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAPs) de los fondos de jubilaciones y pensiones privados.

Propuesto por la Central Única de Trabajadores de Uruguay, el plebiscito de reforma constitucional del sistema previsional contó en sus orígenes en la población con una aprobación que llegó a superar el 51%. A fines de septiembre, el apoyo que apenas superaba el 30 por ciento, después de que 122 expertos en economía frentaamplistas y el candidato presidencial Yamandú Orsi opinaran en contra. Resultados indicadores de por primera vez se ha producido una división en el interior del mismo FA, que después de su derrota en el 2019 realizó un proceso de autocrítica, amplió sus bases y renovó sus liderazgos manteniendo la unidad.

Un amplio espectro de sectores políticos se han opuesto a referéndum, desde el gobierno que ve amenazada la reforma de seguridad social que propulsó hasta sectores del Frente Amplio, incluyendo al propio Yamandú Orsi y al economista Miguel Oddone que sería su ministro de Economía si este candidato frenteamplista ganara las presidenciales uruguayas. Hay también quienes, entre ellos el Partido Socialista y el Partido Comunista dentro del FA, respaldan la reforma. La consulta, según los sondeos, contó en sus orígenes en la población con una aprobación que llegó a superar el 51% p pero terminó a fines de septiembre con un apoyo que apenas superaba el 30% según un sondeo de la encuestadora Equipos. Resultados indicadores de por primera vez se ha producido una división en el interior del mismo FA, el cual después de su derrota en el 2019 realizó un proceso de autocrítica, amplió sus bases y renovó sus liderazgos manteniendo la unidad.

La mayor parte de los economistas y del sistema político han advertido que esa reforma constitucional es fiscalmente inaplicable, e implicaría consecuencias en materia económica. Si el referéndum se aprobara, sostienen que el impacto en la economía y en la agenda del próximo gobierno sería enorme. En el corto plazo, vincular la pensión mínima al salario mínimo impondría una carga fiscal de más de 1.500 millones de dólares al Estado, que limitaría el margen de maniobra para la próxima administración y obstaculizaría cualquier esfuerzo de consolidación fiscal, que Uruguay necesita llevar a cabo para reducir su elevada carga de deuda pública y mantener su estatus de grado de inversión. También existe el riesgo de costos legales y de reputación con el fin del sistema privado de pensiones, que ha generado ahorros por más de 20 mil millones de dólares.

Ley de allanamientos nocturnos: una sociedad amortiguadora

El plebiscito de allanamientos nocturnos presentado  por parlamentarios de los cinco partidos de la coalición gobernante busca modificar  el artículo 11 de la Carta Magna: “El hogar es sagrado inviolable. De noche nadie podrá entrar en él sin consentimiento de su jefe, y de día, solo de orden expresa de Juez competente, por escrito y en los casos determinados por la ley”.

Con la papeleta amarilla del SI amarilla, el oficialismo con el argumento de que Uruguay es uno de los pocos países que no cuenta con esta herramienta propone  otorgar a la Policía la autoridad para allanar hogares en horas de la noche con orden judicial. Se trata del segundo intento consecutivo por habilitar estos allanamientos por la vía de consulta popular, incluidos en el plebiscito conocido como “Vivir sin miedo” que obtuvo el 46,8%  de los votos en las elecciones de 2019 y no el 50% +1 que se requiere. Esa propuesta incluía también crear una guardia nacional con 2.000 militares, el cumplimiento efectivo de las penas en determinados delitos, y la cadena perpetua también para ciertos delitos muy graves.

AGB

La vicepresidenta ecuatoriana Verónica Abad (47 años de edad) presentó el lunes 12 de agosto ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) una denuncia por violencia política de género contra el presidente ecuatoriano Daniel Noboa (36 años). Además de al primer mandatario, la denuncia involucra a su asesora Diana Jácome, a la canciller Gabriela Sommerfeld y al viceministro de Gobierno Esteban Torres. La Vicepresidenta reúne como pruebas las disposiciones, decretos y oficios generados desde la Presidencia y la Cancillería nacionales, además de declaraciones de estos funcionarios, que Abad  considera misóginas y atentatorias de su alta representación ganada en las urnas junto a Noboa y con la misma legitimidad democrática que el propio presidente.

La violencia política de género es considerada en Ecuador como una infracción electoral muy grave según el Código de la Democracia. Puede ser sancionada con multa desde 21 salarios básicos unificados hasta setenta salarios básicos unificados, destitución y/o suspensión de derechos de participación desde dos hasta cuatro años. Abad y su defensa ejercida por los abogados Oswaldo Trujillo y Jéssica Jaramillo denunciaron  hechos que incurren en lo tipificado en los numerales 1, 3, 7, 10, 11, 12 y 13 del Artículo 280. 

Llegada antes que Noboa a la política, la vice Abad es empresaria como el presidente. Fue candidata en elecciones municipales que no ganó, pero ocupó un cargo en el gabinete del ex presidente Guillermo Lasso. Desde ahí  trabó una alianza con Noboa, que los hechos han demostrado rápidamente bien efímera. El empresario liberal Daniel Noboa es hijo de Álvaro Noboa, magnate bananero que es el hombre más rico del país y que fue cinco veces candidato derrotado a la presidencia de Ecuador. Noboa Jr, que asumió por un breve período para completar el mandato 2021-2025 del renunciante Lasso, denunció que su vice Abad intenta truncar su carrera electoral con miras a los comicios del 9 de febrero de 2025 por medio de “un golpe de Estado”.

Memorial de agravios misóginos

Noboa se distanció de su vice en plena campaña electoral. El motivo nunca fue oficializado ni hecho público.  Nadie lo sabe. Es el secreto mejor guardado del Ecuador“, declaró Fenando Larenas, exdirector del diario El Comercio.  En la oposición afín al expresidente Rafael Correa se deja trascender que la pelea comenzó por el manejo de fondos durante la campaña. Pero oficialmente ni entonces ni después los candidatos a Presidente y Vice hablaron del  tema.

Dado que en Ecuador el presidente puede asignar funciones a su vice, después de asumir la presidencia Daniel Noboa envió a Verónica Abad al Estado de Israel en calidad de embajadora pro paz de su gobierno cuando ya había sido iniciada antes, en octubre de 2023, la ofensiva militar israelí contra la organización arnada del movimiento islámico Hamas que todavía continúa.

No quedó ahí el desacuerdo. Una vez que asumió en noviembre de 2023 la presidencia, el 4 de diciembre Noboa nombró a su vice Abad embajadora en Israel, en medio de la guerra contra Hamas en la Franja de Gaza. En Ecuador, el presidente tiene la potestad de atribuirle funciones a su vice. La quería bien lejos del país. El quiebre fue total. Y denunciado por la vice ‘exiliada’ : “Aceptar la candidatura a la Vicepresidencia de la República y haber ganado la elección ha sido un condena para mí, en mi condición de mujer, en mi condición de madre y en mi condición de política, puesto que he sido prácticamente desterrada a otro país, en medio de una guerra, me han retirado la seguridad que merezco y merece mi familia por el cargo que ocupo, poniendo así en riesgo mi vida, mi integridad y la de mi familia, pero no contentos con esto, desde el gobierno y sus funcionarios se inicia un feroz campaña de desprestigio”.

No sorprende que Abad se convirtiera en una acérrima crítica del gobierno. Incluso, denunció una “persecución” en su contra orquestada desde el propio ejecutivo que incluyó el arresto de su hijo, Sebastián Barreiro, por presunto tráfico de influencias en la causa conocida como “Nene”. El sonado episodio tiene su desagravio en la denuncia que hace Abad de que en su condición de “vice presidenta de la República (sic) no he podido ejercer como me corresponde mis derechos, ni he podido garantizar la seguridad y la tranquilidad de mi familia, puesto que he sido víctima de una persecución contra mi familia, en donde se ha usado a mi hijo como carnada, sin garantizar el principio de inocencia que en toda sociedad democrática y justa debe primar”.

Y, luego, en una de las más vehementes opositoras. Se expresó públicamente en contra de Noboa cuando ordenó irrumpir en la embajada de México para retirar detenido al exvicepresidente Jorge Glas, quien estaba en esa sede diplomática asilado.

Más aún, después de que su partido Acción Democrática Nacional (ADN) designara a Noboa como su candidato oficial a la presidencia para las elecciones de febrero próximo. En la fórmula oficialista irá acompañado por María José Pinto, su actual secretaria del programa Crece Sin Desnutrición Infantil. Causalmente, un día después la vice Abad presentó su denuncia por violencia política de género ante el TCE.

El contraataque llegó el jueves 15 de agosto. Jácome, asesora del presidente, presentó una denuncia electoral contra Abad por tratar de usar la ley como un arma política contra el gobierno. En una presentación judicial, pidió al TCE que suspenda los derechos políticos de la vice y le aplique una multa. Incluso la ministra del Interior, Mónica Palencia apareció rechazando la denuncia y enarbolando la tesis del golpe rodeada de altos mandos policiales y aseguró que la fuerza pública no dejaría que esto ocurra. Palencia dijo que (Abad) “pretende hacerse con el poder de Gobierno y además inhabilitarlo (a Noboa) para ser candidato a la presidencia de la República. No lo vamos a permitir”.

Se sumaron otras voces. Horas antes, el ministro de Gobierno Michel Sensi Contugi, afirmó que la denuncia “es un burdo intento de desestabilización y constituye un descarado intento de golpe de Estado”. También, la canciller Sommerfeld, denunciada por Abad,  expresó que “se fragua de la manera más ruin un golpe de Estado disfrazado de sanción electoral, que solo busca inestabilidad y atentar contra la voluntad del ciudadano”. 

Un día después de estas declaraciones, el juez electoral Fernando Muñoz dictó una providencia en la cual dispuso que en el término de dos días la denunciante cumpla con lo dispuesto en el artículo 6 del reglamento de trámites del TCE. Esto es: los fundamentos de la denuncia, fundamentos del recurso, acción o denuncia, con expresión clara y precisa de los agravios que cause el acto, resolución o hecho y los preceptos legales vulnerados.

Ajedrez político ¿quién hará jaque mate?

Sin embargo, la pelea tiene mayores implicancias. Noboa debe  pedir una licencia obligatoria cuando inicie su campaña electoral. Será reemplazado por su vice. La eventual situación encendió todas las alarmas en el gobierno. Temen que Abad haga estragos en su ambición de venganza.

Fuentes del correísmo han sostenido que Abad prometió  a sus asesores que si llega a la presidencia eliminará las medidas económicas implementadas por Noboa, como el incremento del IVA o de los combustibles. Además, cambiaría a todo el gabinete y hasta revisaría el acuerdo con el FMI.

Desde el gobierno, afirman que la vicepresidenta busca granjearse el respaldo de la izquierda y amenaza con decretar un indulto para beneficiar a Correa, actualmente exiliado en Bruselas, tras ser condenado en 2020 a ocho años de cárcel por corrupción. Aunque la oposición lo desmiente y sostiene que la vicepresidenta es una dirigente de ultraderecha con lazos con el Opus Dei y que no tiene nada que ver con el correísmo.

Si Abad quiere ser presidenta interina,  la Constitución la avala. Podría gobernar entre octubre y hasta al menos el 9 de febrero, si Noboa gana o pierde en primera vuelta. Si el presidente va a un balotaje, previsto para abril, su gestión se alargaría otros dos meses, mientras Noboa sigue en campaña. El nuevo presidente asumiría recién el 24 de mayo.

No queda descartado que Noboa hará todo lo posible para impedir que su vicepresidenta asuma el gobierno.  De lograrlo, tendrán que haber encontrado una  figura legal para que siga en la presidencia al mismo tiempo que lucha por su reelección.

AGB

El resultado de las elecciones presidenciales en Venezuela que se celebrarán el próximo domingo 28 de julio  definirá el nombre del hombre que dirigirá el país caribeño en el próximo sexenio. Los candidatos con mayores posibilidades de permanecer o acceder al Palacio de Miraflores son el actual presidente Nicolás Maduro por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), y el ex diplomático Edmundo González por Plataforma Unitaria (PUD).

María Corina Machado lideresa del partido Vente Venezuela  y ganadora por el 90% de los votos en las primarias de 2023- fue inhabilitada  por la Contraloría General de la República para ejercer cargos de elección popular por estar involucrada de una causa de corrupción junto con Juan Guaidó, quien en 2019, se autoproclamó “presidente encargado” del país. Y,  la académica Corina Yoris, su sustituta no pudo inscribirse.   El candidato postulado para el domingo 28,  González era el apoderado de la coalición y contaba con firma habilitada ante las autoridades electorales.

El oficialismo chavista que quiere seguir siendo oficial

El chavismo como llamaron  los analistas, no sin descalificación, a la ‘Revolución Bolivariana’  cuyo mentor  el carismático y fallecido presidente Hugo Chávez,  más adelante denominó como el ‘Socialismo del Siglo XXI’, el gran giro de Venezuela hacia una sociedad de izquierda,  es la fuerza política oficialista desde hace 25 años.  Los mandatos de Chávez, victorioso  en las cuatro presidenciales, entre 1998 y 2012, siempre con al menos 10 puntos de ventaja sobre su más cercano contrincante fueron beneficiados por el aumento del precio del petróleo de alrededor de 1.000%, a inicios de 1999, hasta los picos del segundo boom petrolero.

Luego de su fallecimiento, Nicolás Maduro, elegido por Chávez como su sucesor, se impuso a Henrique Capriles por escaso margen en las elecciones de abril de 2013, menos de 1,5 puntos de ventaja según el escrutinio oficial, una distancia de 223.599 votos. Cinco años después, Maduro fue reelegido en un proceso que no fue reconocido por la oposición y por varios países de la comunidad internacional, tras la exclusión de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD). “En 2013 la elección fue muy cuestionada, muchos pensamos que el Gobierno pudo haber perdido. En (las legislativas de) 2015, sin duda las perdió. Para 2018, la oposición no tenía ninguna oportunidad de ganar, le quitaron los medios”, repasó Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).

Entre los motivos que explican la  expectante atención que rodea al acto electoral se encuentra el deterioro del modelo chavista: problemas económicos y políticos, como masivas protestas de calle y una depresión económica inédita con una baja del 80% entre 2013 y 2020. Una caída de 100 a 20. El crecimiento actual del país es de 5% pero a partir de 20.  En valores absolutos,  el PIB  se acerca a los 100 millones de dólares cuando supo superar  en los años de Chávez los 400 mil millones de dólares.  A la vez, este lento viraje de una economía marcada por los controles a un modelo que permite la libre circulación del dólar estadounidense en el país sudamericano ha generado grietas en la coalición que apoya a Maduro. El Partido Comunista de Venezuela (PCV) decidió  apoyar a otro candidato, Enrique Márquez. Aunque el PCV jamás aportó muchos votos ni a Chávez ni a Maduro, su apoyo legitimaba el discurso de izquierda de la Revolución Bolivariana.

A esta disidencia se suman por  otros motivos declarados la de los dos líderes izquierdistas de la región más escuchados en el contexto internacional: Gabriel Boric, presidente de Chile y Luiz  Inácio Lula da Silva, de Brasil, con nítida diferencia respecto  a la que ellos mismos han mantenido con antelación

La retórica del ‘baño de sangre’

El detonante del repudio asumido por Boric y Lula se encuentra en las amenazantes palabras proferidas por Maduro en  el marco de un acto público en la comunidad de La Vega, al oeste de la ciudad capital de Caracas. El mandatario afirmó que “el destino de Venezuela, en el siglo XXI, depende de nuestra victoria el 28 de julio”. Y advirtió “Si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida, producto de los fascistas, garanticemos el más grande éxito, la más grande victoria de la historia electoral de nuestro pueblo”.

El presidente Boric -quien anteriormente había reconocido entre su país y Venezuela la presencia de “casos complejos”,  con expectativas de solucionarse,  como las expulsiones de migrantes venezolanos y el asesinato del disidente político Teniente Ojeda-,  en un encuentro con medios internacionales llamó a Venezuela a dar garantías de transparencia y competitividad en las elecciones presidenciales de este domingo 28 de julio y  afirmó que “no se puede amenazar bajo ningún punto de vista con baños de sangre, sino que lo que reciben los mandatarios y los candidatos son baños de votos”.  Puntualizó respecto a las tan próximas elecciones que  “es un acontecimiento que es decisivo para que este país logre superar la severa crisis económica, política y social que ha vivido en los últimos años. 

Chile, estaño y mineral, y la nación caribeña de los máximos hidrocarburos

La estabilidad y progreso de Venezuela es un asunto que por cierto está en interés de su propio pueblo, pero también de toda América Latina según Gabriel Boric. El presidente chileno rubricó sus declaraciones con referencia a la masiva migración venezolana de los últimos años.  “El éxodo de más de 6 millones de venezolanos, ha sido muy disruptivo en los países”, sostuvo el mandatario.  Y mantuvo su firmeza su postura crítica respecto a los DDHH en Venezuela, “el respeto irrestricto por los derechos humanos, sea quien sea el color político de quien gobierne, es una política del Estado de Chile desde los últimos 34 años.

Si bien, el presidente Boric  afirmó que no le corresponde referirse a la situación interna de Venezuela, pero que sí puede exigir garantías electorales a la vez que se refirió a las sanciones que EEUU ha establecido sobre los sectores del petróleo y el gas del país gobernado por Maduro.  El hito inicial de los castigos norteamericanos se remonta a 2014,   cuando durante la presidencia de Barack Obama. En enero de este año, el gobierno de Joe Biden volvió a imponer una sanción a Caracas después de que la Corte venezolana confirmara la inhabilitación de Machado.  

El Brasil verde-amarillo no enviará observadores al país color azul petróleo

En consonancia con Boric,  Lula ha repudiado el eventual “baño de sangre” con que amenazó Maduro.  El presidente de Brasil  respondió a Caracas. “Me asusté con esa declaración”. Y,  pidió a Maduro que reconozca los resultados electorales: “Tiene que aprender que cuando uno gana se queda y cuando pierde se va y se prepara para otras elecciones” .

La contra réplica no tardó en llegar. En otro acto proselitista, Maduro advirtió “Yo no dije mentiras, solo hice una reflexión, el que se asustó que tome una manzanilla porque este pueblo de Venezuela está curado de espanto y sabe lo que estoy diciendo , y en Venezuela va a triunfar la paz, la unión cívico- miliar-policial perfecta”.

Acaso a este primer cruce de palabras entre Maduro y Luiz Inácio Lula da Silva, uno de sus grandes aliados en la región a pesar de las tensiones provocadas por el tema del Esequivo, se sumaron otras en  el acto de campaña del jueves 23 de julio. En esa oportunidad,  Maduro cuestionó sin pruebas la equidad de las urnas en Brasil. Afirmó que “Venezuela tiene el mejor sistema electoral del mundo” con auditorías en el 54% de las urnas. “¿En qué otro lugar del mundo hacen esto? ¿En Estados Unidos? ¿Es auditable el sistema electoral? ¿En Brasil? No auditan ningún boletín. ¿En Colombia? No auditan  ningún boletín.

El tema es delicado en Brasil. Durante las elecciones presidenciales de 2022, el entonces presidente Jair Bolsonaro, derrotado por Lula, aseguró en varias ocasiones que las máquinas de votación electrónica no eran fiables, cuestión que los expertos refutaron sobre el principio de que las urnas sí se auditan y que no hubo indicios de fraude.

El Tribunal Electoral de Brasil (TSE) desmintió  las afirmaciones de Maduro y difundió al respecto un comunicado que expresa su posición sin ambages: “El Tribunal Electoral brasilero no admite que, interna o externamente, mediante declaraciones o actos irrespetuosos, se descalifique con mentiras la seriedad e integridad de las elecciones y de las máquinas de votación electrónica de Brasil”. De  hecho como aseveró el TSE, las máquinas electrónicas del país son seguras y las autorías ocurren antes, durante y después del proceso electoral. En consecuencia al agravio de Maduro y conforme a la posición seguida se difundió que “el Tribunal Superior Electoral no enviará técnicos”  a la invitación hecha por la Comisión Nacional Electoral de Venezuela  para el seguimiento de las elecciones del domingo 28.  No es menor la importancia de esta decisión; la presencia de observadores electorales independientes se considera importante, sobre todo para países que están bajo sanciones económicas y comerciales.

AGB

Venezuela celebró un simulacro electoral para afianzar el uso del sistema previsto para el 28 de julio, una primera cita que el chavismo ha aprovechado para defender su gestión y en la que la oposición ha optado por mantenerse en un segundo plano, sin llamar a la participación de los ciudadanos

El domingo 30 de junio, a menos de un mes de las elecciones presidenciales del 28 de julio, se realizó con toda normalidad un simulacro de votación en 1174 centros de votación, en su mayoría unidades educativas, convocado por el Consejo Nacional Electoral (CNE). El jefe del Comandando Nacional de Campaña Venezuela Nuestra Siglo XXI, Jorge Rodríguez, felicitó a todo el pueblo, protagonista de “una jornada cívica extraordinaria nuevamente, de profundización de la democracia”.

Un mes atrás, todo salió bien en el simulacro electoral dirimente de la rivalidad presidencial entre el oficialist Nicolás Maduro por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), que aspira a su tercer período de gobierno para los próximos seis años, y el ex diplomático septuagenario Edmundo González Urrutia, por la mayor coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD) con el respaldo de la lideresa María Corina Machado, por Vente Venezuela.

En la tan próxima contienda electoral, dos son los candidatos más competitivos, entre los diez postulantes que figuran en los tarjetones, como se llaman en el país a las boletas electorales, que la ciudadanía podrá elegir en el cuarto oscuro el domingo 28 de julio. El presidente Nicolás Maduro por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), que aspira a su tercer período de gobierno para los próximos seis años; y, el ex diplomático septuagenario Edmundo González Urrutia, por la mayor coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD) con el respaldo de la lideresa María Corina Machado, por Vente Venezuela , ganadora por el 90% en las primarias del 2023 e inhabilitada por la Contraloría General de la República, con una sanción que la dirigente política considera ilegal e inconstitucional.

Todas y todos (o muchas y muchos) al simulacro electoral

Les 21.392.464 venezolanas y venezolanos que conforman el padrón electoral del país caribeño estuvieron habilitados para participar en el simulacro. Sin embargo, a esa cifra indicada se resta al menos unos cinco millones que corresponde al número de migrantes en edad de sufragar.

 El horario previsto, para la concurrencia de la ciudadanía de Venezuela a participar en el simulacro, entre  las 08:00 am y las 04:00 pm se prolongó hasta las 7:00 pm a causa de la cantidad de personas que aun guardaban su turno en la fila en espera de ejercer su derecho.  

Ensayo general antes del estreno total

El propósito de la puesta en escena de este ensayo electoral, cuyo material fue distribuido a partir del 20 de junio La distribución del material para el simulacro se inició el 20 de junio, según   informó Elvis Amoroso presidente del CNE, se sostuvo en la confianza de que el mismo, a modo de un ejercicio considerado esencial para el oficialismo,  garantiza la familiarización de los votantes con el procedimiento de votación, la verificación del funcionamiento de las máquinas de votación y los sistemas de transmisión de datos, la capacitación del personal electoral y la identificación y solución de posibles problemas logísticos y técnicos.

Durante el simulacro, ciertos centros de votación en distintas regiones del país fueron habilitados conforme las condiciones reales del día de las elecciones. En esta oportunidad, por no estar habilitados los 15.800 centros preparados para el 28 de julio y a diferencia del día de las elecciones, se pudo ejercer el sufragio (simulado) en cualquier centro de votación.  

Los ciudadanos que participaron de forma voluntaria, siguieron todos los pasos habituales del proceso de votación, desde la presentación de su cédula de identidad y verificación en el registro electoral hasta la emisión del voto en las máquinas electrónicas y la recepción de un comprobante de votación.

En las esquinas de las cuadras donde se encontraban los centros electorales, los espacios políticos improvisaron pequeños escenarios con parlantes que transmitían sus respectivos jingles de campaña. No faltaron los puestos callejeros que ofrecían arepas, cachapas y sopas venezolanas.

Organizaciones de la sociedad civil como Voto Joven y la Red Electoral Ciudadana (REC) han exhortado a la participación. La oposición no ha llamado a sus seguidores a participar en el simulacro; sin embargo, informó que han monitoreado todos los procesos para observar y verificar que técnicamente se hayan cumplido lo establecido por la normativa.

El simulacro estuvo acompañado por representantes del Centro Carter, el panel de expertos de Naciones Unidas y miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC que llegaron recientemente al país para participar como observadores internacionales en este proceso. Ante su presencia, Amoroso, indicó que si alguien está interesado en observar y vigilar este proceso electoral, es el CNE porque están seguros de que tienen el sistema electoral más transparente del mundo. Aclaró que lo primero que piden es que se respeten las leyes electorales y la Constitución, “que establece lo que se necesita para ser candidato”.

En camino para el 28 de julio, la 31 elección desde la llegada de la Revolución Bolivariana

Para algunos partidos y, tradicionalmente, para el gobernante PSVU, el simulacro fue una oportunidad para poner a prueba la maquinaria electoral prevista para el día de la elección del 28 de julio. El jefe del Comando Nacional de Campaña Nuestra Venezuela Siglo XXI, Jorge Rodríguez, que el  viernes 28 había enfatizado la convocatoria a participar con la promesa de que se probaría el programa lanzado en 2023 para “promover la eficiencia en la administración pública”, a poco tiempo de finalizar el simulacro y sin revelar detalles subrayó que los resultados del simulacro se asemejan a los resultados de la elección definitiva; tal como, afirmó, ha sido desde el inicio de los ensayos comiciales en 2004. Rodríguez, también presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento), declaró que el pueblo convirtió esta jornada “en una verdadera fiesta democrática”, y da una lección a los que han atacado la Revolución.

 “El pueblo vota donde tiene que votar y le está cumpliendo a la patria, al país y al futuro”, manifestó Diosdado Cabello, vicepresidente del PSUV y alegó aun en las peores circunstancias bajo la presión de sanciones y bloqueos que padece el país “siempre hemos cumplido con la Constitución y con la ley” como las próximas del 28 de julio, que será la número 31 desde 1998 cuando se inició durante la primera presidencia del fallecido Hugo Chávez el proceso político, ideológico y social conocido como la Revolución Bolivariana. Con marcado contraste a la euforia oficialista, el principal candidato opositor, Edmundo González, ha limitado sus publicaciones en las redes sociales a dar ánimos a la selección venezolana de fútbol, que el domingo jugaba un partido de la Copa América.

AGB

A 25 años del inicio y continuidad del  chavismo, el mismo día del  natalicio de ex presidente Hugo Chávez, el mentor del llamado “socialismo bolivariano”, 28 millones de venezolanas y venezolanos podrán elegir, entre diez candidatos,  la continuidad o el cambio de la gestión presidencial de gobierno para los seis años venideros.  Dos de los postulantes que participan en la contienda concentran la posibilidad de un triunfo que habilitará la permanencia o un nuevo arribo en el Palacio de Miraflores de Caracas. El presidente Nicolás Maduro por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV),  aspirante de su  tercer mandato  y su mayor contrincante, el ex diplomático de carrera de 74 años  Edmundo González Urrutia,  por la mayor coalición opositora Plataforma Unitaria (PUD). Hasta ahora las mediciones de intención de voto realizadas por las encuestas no son unánimes; unas favorecen al oficialismo; otras, a la oposición.  

La postulación de González,  apodado  “candidato de los gringos” por  Diosdado Cabello, diputado  y hombre fuerte del oficialismo, se debe a la inhabilitación de María Corina Machado- lideresa del partido Vente Venezuela  y ganadora por el 90% de los votos en las primarias de 2023- y  a los impedimentos interpuestos para la inscripción su sustituta,  la académica Corina Yoris. Pero también por otra razón meramente técnica: González era el apoderado de la coalición y contaba con firma habilitada ante las autoridades electorales.

Riesgos y posibilidades de las elecciones presidenciales

A despecho de lo que muchos creyeron, de que el gobierno apelaría al referéndum sobre el Esequivo de 2023 como el motivo de “conmoción interna”, las elecciones fueron convocadas en el marco del Acuerdo de Barbados entre el gobierno y la oposición acompañados por observadores internacionales. A cambio, EEUU retiró algunas de las sanciones económicas.

En esa oportunidad, la oposición nucleada en Plataforma Unitaria (PUD) -cuyo sello electoral es la Mesa de Unidad Democrática y congrega a Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia, entre otros partidos-, logró que se  pautaran derechos políticos, garantías electorales y levantamiento de sanciones. Sin embargo, la  Contraloría General de la Nación como la Justicia Nacional (TCJ) ratificaron la inhabilitación por 15 años de la lideresa Machado para ocupar cargos públicos por estar involucrada de una causa de corrupción junto con Juan Guaidó, quien en 2019, se autoproclamó “presidente encargado” del país.

A despecho de lo que muchos creyeron, de que el gobierno apelaría al referéndum sobre el Esequivo de 2023 como el motivo de “conmoción interna”, las elecciones presidenciales venezolanas del 28 de julio fueron convocadas en el marco del Acuerdo de Barbados entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición acompañados por observadores internacionales. A cambio, EEUU retiró algunas de las sanciones económicas que mantiene contra Caracas.

Tampoco se le permitió la inscripción a la filósofa octogenaria Yoris  que no cuenta con causa judicial ni cuestionamiento en la Justicia electoral. “Hemos agotado todas las vías”, declaró Yoris en rueda de prensa. “Se queda todo el país sin opción si no me puedo inscribir”. Una vez cada seis años, tanto para el gobierno como para la oposición, las elecciones presidenciales en Venezuela ponen en escena certidumbres y sorpresas. El riesgo para el gobierno radica en  que no logre obtener la voluntad de la ciudadanía. La oposición enfrenta una nueva posibilidad para desplazar al oficialismo por medios legales y legítimos. En 2015, ganó las parlamentarias pero anuló su triunfo en parte por seguir una estrategia insurreccional como antes en 2014, con la serie de movilizaciones contra el gobierno que se conoció como “La Salida”.

Transferencia de liderazgos intransferibles

La oposición en plena marcha contra reloj y convencida de que la elección de un candidato único por consenso  presentaba  la vía adecuada para evitar insurrecciones, abstenciones y/o gobiernos interinos que en suma la desvían de su propósito de sacar el gobierno chavista del Palacio de Miraflores eligió al magister en Relaciones Internaciones  González , quien escasamente conocido por la opinión pública es un actor clave dentro de la oposición desde hace años y cosechó una larga trayectoria diplomática.

En ese escenario, el apoyo de Machado fue decisivo y seguirá siendo decisivo en cuanto el liderazgo de la lideresa se une a la demanda social de cambio político y de cuestionamientos al gobierno en el propósito de lograr una transferencia de votos. La  misma Machado está haciendo campaña con y a favor de él.

Sin embargo, el propio González Urrutia, consideró que el caudal electoral de María Corina es “importante”, pero no transferible a otra persona. “No es cuestión de transferible, lo tiene y ahí está”, dijo en una entrevista en mayo

La forja de un candidato rebelde

González en 1972 se desempeñó en la embajada de Bruselas y de EEUU y en El Salvador durante el conflicto armado interno. Entre otros cargos, fue secretario pro témpore de la Cumbre Iberoamericana, en 1997. Embajador en Argelia y en Argentina. En nuestro país estuvo en dos momentos históricos importantes, en la última como representante diplomático de su país: la vuelta a la democracia y entre 1998 y 2002, cuando Hugo Chávez ganó la Presidencia. En Venezuela recuerdan esos años como “la transición” y González asumió una posición clave para la época y la posteridad: se pronunció en contra del intento de golpe de Estado contra Chávez. Durante esos años estuvo a cargo de las negociaciones para el ingreso de Venezuela al Mercosur.

Junto a su actividad académica, fue uno  los fundadores de la Mesa de Unidad Democrática (MUD), en 2008, la coalición en la que confluyeron 22 partidos opositores y que hoy tiene como herramienta electoral a la PUD, con el aval de 11 partidos. Fue la primera alianza unitaria contra el chavismo

Venezuela más allá y más acá de sus límiites internacionales

El país enfrenta importantes asuntos que tendrán impacto más allá de sus fronteras. Entre ellos y acaso el primero, la supervisión del futuro de las vastas reservas petroleras nacionales, las mayores del mundo; el restablecimiento o no de las maltrechas relaciones con EEUU. El hito inicial de los castigos norteamericanos se remonta a 2014,   cuando durante la presidencia de Barack Obama. En enero de este año, el gobierno de Joe Biden volvió a imponer una sanción a Caracas después de que la Corte venezolana confirmara la inhabilitación de Machado.  

En otro orden pero implicado fuertemente con el primero, la decisión de permitir que Irán, China y Rusia – que fueron los apoyos buscados por Maduro ante ese bloqueo que Washington, a su vez, justifica al sostener que el castigo se deriva de las violaciones de la democracia en el país- sigan apoyándose en Venezuela como aliado clave en el hemisferio occidental y el manejo de la  grave crisis de su economía que entre 2013 y 2020 cayó de 100 a 20, un promedio de 80 por ciento. El PIB del país que estuvo en otros momentos cercanos a los 400 mil millones de dólares se acerca a los 100 mil millones de dólares. Una de las causas y lejos de ser menor que explica la persistencia de la migración; tan solo en 2023 más de medio millón de venezolanas y venezolanos abandonaron el país.

En una Venezuela dividida entre los que  poseen dinero y gustan de consumos de niveles europeos;  y los del  pluriempleo o “matando tigritos” en el marco de una dolarización de facto, según la encuesta reciente sobre las próximas elecciones de  la agencia venezolana Hinterlaces, Maduro lidera la intención de voto con 55,6 por ciento. Una  espaciosa diferencia frente a  González con 22,1 % de votos.

Sin embargo, la suerte no está echada. Según los números de la firma Poder y Estrategia hay una diferencia de 30 puntos entre Maduro y González Urrutia. El opositor alcanza el 55 % de intención de voto, mientras el actual jefe de Estado tiene un techo de 30 puntos. La incógnita se resolverá después del domingo 28 de julio: “El pueblo venezolano siempre sorprende”  escribió el afamado ensayista venezolano, Mariano Picón Salas en 1964.

AGB

En México una de las dos mujeres que son las candidatas de las dos coaliciones políticas con posibilidades de imponerse en las elecciones del domingo 2 de junio será la primera presidenta de la historia nacional mexicana. La oficialista Claudia Sheinbaum es la gran favorita de las encuestas de intención de voto, que la colocan a un tranquila distancia por encima de la opositora Xóchitl Gálvez. Todo parece indicar que la heredera de las políticas sociales del actual presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) será también su sucesora al frente del gobierno de México por los próximos cuatro años- En buena medida en virtud de la intervención redistributiva del Estado de recursos entre los sectores más pobres y la institución de una pensión universal para las personas mayores, con aportes o sin aportes previos en su haber.

En EEUU, sólo habrá una mujer en el Poder Ejecutivo en el próximo período presidencial, la actual vicepresidenta Kamala Harris, si la fórmula que comparte con Joe Biden como titular gana las elecciones y un segundo mandato el martes 5 de noviembre. Para ello, la campaña electoral demócrata ha colocado en su corazón las caravanas migrantes que penetran la Frontera que comparte con México y la relación con las autoridades mexicanas. Porque Donald Trump, el ex presidente republlicano que quería blindar con un Muro el límite entre México y EEUU, aventaja en intención de voto al demórcrata que aspira a permanecer por cuatro años más en la Casa Blanca. A pesar del haber sido encontrado culpable el jueves en un juicio penal neoyorquino por fraude fiscal y electoral, el candidato presidencial republicano sigue siendo favorito en los sondeos.

El flujo migratorio México-EEUU, en campaña electoral

La campaña proselitista del  presidente demócrata Joe Biden en busca de próxima reelección el 5 de noviembre lanzó un spot televisivo para recordar a los votantes latinos la política de separación familiar en la frontera.  El anuncio llamado Ripped Apart (Despedazados) recupera declaraciones del  ex presidente Donald Trump (2016-2020), que salió perdedor de la Casa Blanca y vuelve a competir con Biden en noviembre por el Partido Republicano (GOP) , respecto a las medidas migratorias anunciadas ya hace seis años con voces grabadas de menores de edad que fueron separados de sus familiares.

La política de separación fue implementada desde mediados  de 2017,  con la separación de los niños de sus padres como parte de un “programa piloto” realizado en El Paso, en el estado de Texas,  y a lo largo de otras partes de la frontera. Bajo ese plan,  los adultos que cruzaron la frontera sin permiso, un delito menor para quien delinque por primera vez, fueron detenidos y acusados penalmente. No se hicieron excepciones para los padres que llegaron con niños pequeños. Los niños fueron quitados, y los padres no pudieron ni rastrearlos  o reunirse con ellos sus hijos porque el gobierno no pudo crear un sistema para facilitar la reunificación. Si antes de la administración Trump, las familias migrantes permanecían reunidas y con libertad condicional en espera del permiso de entrada a EEUU, a finales de 2017, las familias quedaron separadas lo largo de la frontera entre EEUU y México, incluso aquellas que arribaron por  puertos de entrada oficiales.

El 7 de mayo de 2018, el Departamento de Justicia de EEUU (DOJ) anunció formalmente la implementación de la  política de “tolerancia cero”. Todos los migrantes que cruzaran la frontera sin permiso, aun  los que iban en busca de silo, serían remitidos al DOJ para el enjuiciamiento. Los solicitantes de asilo indocumentados fueron encarcelados, y cualquier niño acompañante  menor de 18 años fue entregado al Departamento de Salud y Servicios Humanos de EEUU (HHS), que los envió a millas de sus padres y los dispersó entre 100 oficinas de reasentamiento de refugiados y otros lugares de atención en todo el país. Cientos de estos niños, incluidos bebés y niños pequeños, tenían menos de 5 años.

Familias mexicanas y latinoamericanas destrozadas

El torrente de la cobertura de noticias sobre la dramática situación de las familias migrantes separadas movió la opinión pública contra Trump. El ex presidente fue obligado a detener su estrategia por orden judicial en junio de 2018 debido a que  la justicia de San Diego, California, prohibió la separación de los niños de sus padres en la frontera y ordenó que todas las familias que ya habían sido separadas fueran  reunidas en un plazo máximo de 30 días.

En refuerzo del mensaje trasmitido por el spot Destrozados,  Julie Chávez Rodríguez encargada de la campaña del candidato demócrata dice en un comunicado; “Si Trump es reelegido, el caos y la crueldad que vimos en su primer término es el piso de lo que vendrá después: irá aún más lejos para atacar y demonizar a los inmigrantes, mientras no hará nada para abordar los problemas reales que afectan a nuestro sistema de inmigración que se encuentra roto”.

La alocución de Chávez de manera implícita sostiene a Biden el antagonista ejemplar que debe ser elegido.  Sin embargo, la probabilidad de éxito  de poner en primer plano el tema de la migración como centro de la campaña demócrata a primera vista presenta sus flancos para sus partidarios debido a las medidas tomadas por Biden al respecto. En esta materia, una encuesta reciente de Whashington Post y ABC, centrada en el manejo de la migración por parte de Biden, el actual presidente  obtuvo su índice de aprobación más bajo: sólo el 30% de los estadounidenses expresaron aprobación sobre su manejo de la frontera.

Un doble desafío de proselitismo político que presenta dos estrategias a primera vista contradictorias: la campaña contra la política migratoria de Trump, evidente en el spot divulgado, y toma de medidas de política migratoria ajenas al progresismo de las primeras de la gestión Biden, precisamente para mantener el caudal de votos demócrata y aun seducir al republicano.

Balance de la gestión migratoria, promesas cumplidas e incumplidas

El presidente Biden asumió el cargo con las promesas de “restablecer el asilo y gestionar la frontera de forma ‘humana’”, escribe Priscilla Álvarez de CNN, reportera de la Casa Blanca, “Pero su Gobierno se ha enfrentado a las duras realidades y desafíos de la frontera entre Estados Unidos y México en medio de una migración récord a través del hemisferio occidental, lo que la convierte en una vulnerabilidad política aprovechada por los republicanos”.  Y esta ‘vulnerabilidad política’ aumenta justamente su calidad de vulnerable al tener lugar central en la campaña demócrata.

Finalizando su mandato se estima que unos tres millones de migrantes que han sido encontrados en la frontera sur desde que asumió el cargo en enero de 2021 permanecen en EEUU, según cifras de la administración Biden. Pero la afluencia masiva de solicitantes de asilo en la frontera entre EEUU  y México ha afectado significativamente los recursos de migración estadounidenses. Recientemente, la Casa Blanca cambió su retórica hacia las “ciudades santuario”, instándolas a cumplir con las autoridades encargadas de aplicar la ley con respecto a los migrantes que han cometido un delito. Y Biden ha adoptado un proyecto de ley fronterizo- ahora estancado- que habría endurecido significativamente las leyes de asilo e incluido una serie de otros temas de la agenda conservadora. “Durante demasiado tiempo, todos supimos que se había roto la frontera”, dijo Biden en enero en apoyo al proyecto de ley. “Ya es hora de arreglarla”.

La forja del presidente que busca la relección

En muchos aspectos, el cambio de Biden se alinea estrechamente con una posición anterior sobre la migración que mantuvo lo largo de su carrera  política. Durante décadas como senador estadounidense y en sus anteriores candidaturas presidenciales, Biden mantuvo posiciones más centristas. Fue principalmente como reacción a las políticas de la administración Trump que Biden comenzó a adoptar posturas notablemente progresistas en materia de migración durante la campaña presidencial de 2020.

Al asumir el cargo, Biden emitió órdenes ejecutivas que pusieron fin a la construcción del muro fronterizo; sin embargo, en octubre 2023 ordenó reforzar “de inmediato” la construcción del muro fronterizo con México en una de las áreas donde más cruces de migrantes se registraron. La medida supone el primer gran uso del poder ejecutivo del Gobierno, que tuvo que levantar 26 leyes federales en la zona de Texas afectada, revocó la llamada prohibición musulmana, que prohibía viajar desde varios países de mayoría musulmana; ordenó a las agencias policiales que redujeran el grupo de migrantes indocumentados vulnerables al arresto, la detención y la expulsión; y elevó el límite máximo de reasentamiento de refugiados a 125.000 personas. La administración Biden también anuló el programa llamado “Permanecer en México”, que exigía que los solicitantes de asilo esperaran en México mientras sus casos eran revisados por los tribunales de inmigración estadounidenses, y puso fin al Título 42 instituido por Trump, la orden de salud pública que permitía la rápida expulsión de migrantes sin escuchar sus solicitudes de asilo, en la primavera de 2023.

Después de dar por terminado el Título 42, el gobierno volvió a su sección del código estadounidense de décadas de antigüedad, conocida como Título 8. Luego, la administración Biden implementó reglas nuevas y más estrictas que prohíben las solicitudes de asilo para los migrantes que pasaron por otro país en su camino para buscar asilo en los EE.UU. Si bien quedaron  exentos quienes reserven su cita online.

Sin embargo, de las 5.550 familias desgarradas en la gestión de Trump no todas se han reunificado  y todavía se encuentran  separadas a través de la detención y la deportación bajo la actual administración del presidente demócrata Biden, quien al asumir se había comprometido a terminar con las separaciones familiares y al inicio de su administración comenzó a reunir a algunas familias.

Las autoridades fronterizas detuvieron 1,3 millones de migrantes desde octubre a marzo. Aún más, Biden ha explorado una orden ejecutiva para limitar los cruces en la frontera sur. Si bien Biden extendió una rama de olivo a Trump, en su pedido  al expresidente que se uniera a sus esfuerzos para persuadir al Congreso de reconsiderar un acuerdo fronterizo bipartidista, Trump efectivamente echó por tierra toda posibilidad de aprobación conjunta. Aun así se espera que el jueves 9 de mayo, una normativa del gobierno endurezca el actual sistema de migración.  La medida  propuesta permitiría a los funcionarios de migración rechazar rápidamente en cuestión de días a algunos migrantes para que no soliciten asilo en una etapa más temprana del proceso,  que actualmente puede llevar años,  si se determina que no son elegibles. Según trascendió, no se espera que la regulación, que aún necesitaría pasar por un periodo de evaluación pública, arroje una red más amplia de personas a las que se les restringiría la posibilidad de solicitar asilo.

El mensaje centrado en el repudio de la política migratoria de Trump ¿es un imán electoral eficaz?

Una encuesta publicada el jueves 25 de abril en el portal Axios realizada por The Harris Poll informa que la mitad de los estadounidenses (un 51%) apoya la deportación de migrantes. Los datos tienen un margen de error de 1,5 porcentuales  con un nivel de confianza del 95 por ciento.

La encuesta de 1.859 adultos estadounidenses que se identifican como republicanos fue realizada entre el 29 de marzo al 14 de abril de 2024. Según el sondeo, 68% de los republicanos apoyarían la medida de deportación masiva; en tanto  en menor medida los demócratas (42%) e independientes (46%). De acuerdo a un rango étnico, 56% de blancos a favor, seguido por 45% de latinos y 40 de los afroamericanos.

Las divergencias aumentan de acuerdo a la franja etaria. Los baby boomers (nacidos entre 1946 y 1964) dan un fuerte respaldo de 60% a la deportación masiva; seguidos por la Generación X (1965-1981) con 53% a favor. La generación de los más jóvenes muestran menos apoyo: un 48% de los millennials (nacidos a  principios de los ’80 hasta finales de los ’90); y la Generación Z (nacidos a finales de los 90’ o inicios de los 2000) sólo – y no es menor- un 35 por ciento.

A la vez, la misma encuesta revela que una de las razones importantes de preocupación para el 58% de los  republicanos encuestados respecto a este tema está asentada que proviene de entornos étnicos que no les gusta; en tanto un 43%  la apoya circunscripta a las ciudades o estados de “santuario”.

Los guarismos señalan que los jóvenes republicanos son notablemente más moderados respecto a la migración que las personas de mayor edad de ese partido, y consecuentemente menos entusiastas respecto tanto a las narrativas políticas del Partido Republicano sobre el tema o del Partido demócrata para seducir su voto.

Solo el 33% de los republicanos de la Generación Z “fuertemente” acordaron que la migración ilegal es injusta para los inmigrantes que vienen legalmente, frente al 70% en las generaciones mayores.

Solo el 28% de la Generación Z asintió firmemente que el carácter de los migrantes es peor hoy que hace 50 años y el 63% dijo que la migración ilegal es un problema para las comunidades estadounidenses, en comparación con el 39% de los demócratas de la Generación Z. Y, el 61% de los republicanos de la Generación Z creen que la migración ilegal está vinculada a los picos de delitos, en comparación con el 45% de los demócratas de la Generación Z.

En tanto la encuesta muestra que los republicanos más jóvenes pueden no ser comprados por completo, entre las preocupaciones del electorado latino está la economía y el aumento en el costo de vida, un tema que Biden aborda con distinto tipo de programas que buscan generar alivios y oportunidades. Sin embargo, gran parte del mensaje de campaña de reelección del presidente se ha centrado en “salvar la democracia”, algo que parece lejano para la mayoría del electorado latino.

De acuerdo a The Hill , otro problema que Biden debe considerar es el crecimiento de Robert F. Kennedy Jr. Si el candidato que rompió con los demócratas aparece en las boletas electorales en estados cambiantes y decisivos como Nevada y Arizona puede convertirse en un factor que debilite a Biden en donde se define la elección. Equis Research, un grupo demócrata, reveló una investigación a principios de este mes que mostraba que Kennedy ganaba el apoyo de 1 de cada 5 votantes latinos.

AGB

Después del fracaso de las intentonas golpistas de la élite de derecha de Guatemala, el socialdemócrata Bernardo Arévalo pudo jurar el 15 de enero en Ciudad de Guatemala como el primer presidente de izquierda del país centroamericano en los tres últimos cuartos de siglo. Analistas políticos y líderes empresariales e indígenas destacan que su gobierno es, por lo menos, “decente”. Algo no menor en Guatemala que ocupa el puesto 154 entre 180 países en el ranking de corrupción de la ONG Transparencia Internacional. Y la aprobación del presidente se mantiene en un 78 por ciento

En el Parque Concordia de la Ciudad de Guatemala, el mismo lugar donde  un año atrás pronunció su compromiso con el pueblo guatemalteco, el presidente Bernardo Arévalo, líder del movimiento progresista Semilla, transcurrido los primeros 100 días de su asunción al poder, el 15 de enero luego de triunfar por 20 puntos de superioridad en la segunda vuelta electoral ante la empresaria derechista Sandra Torres,  ex esposa y viuda del ex presidente Álvaro Colom, por Unión por la Esperanza (UNE), pronunció  la primera prospectiva política y social de su gestión.

El país más indígena y la economía más grande de Centroamérica

El triunfo electoral del  académico y ex diplomático Arévalo, el primer presidente de izquierda elegido después de 75 años, hijo del afamado presidente Juan José Arévalo (1944-1951),  significó la derrota de una alianza consolidada en la gestión anterior presidida por Alejandro Giammattei, empresario derechista más repudiado como ningún otro. El apoyo que le otorgó la ciudadanía fue la expresión de  un decidido rechazo a la política tradicional que ha llevado a las profundas desigualdades que padece el país centroamericano para las cuales la migración a EEUU ha sido una válvula de escape crítica.

Con 17 millones de habitantes, Guatemala cuenta con la economía más grande de América Central y registra algunos de los peores indicadores de pobreza. El sistema de Justicia e instituciones estatales ejercen violencia sobre los liderazgos indígenas y de mujeres y criminalizan a militantes de DDHH y medioambientalistas.

Con una población de 17 millones de habitantes, Guatemala cuenta con la economía más grande de América Central y registra algunos de los peores indicadores de pobreza. El sistema de Justicia e instituciones estatales ejercen violencia sobre liderazgos indígenas y de mujeres y criminalizan a los defensores de los DDHH y del medio ambiente. Los partidos políticos respaldados por las élites ricas y el crimen organizado cooptaron las instituciones estatales y debilitaron el sistema de justicia a medida que los grupos de extrema derecha se volvieron más poderosos en un sistema de alianzas que se reconoce como el “Pacto de Corruptos”. 

En su discurso de apertura del año legislativo, Arévalo reconoció que “llegamos al Gobierno sabiendo que los retos eran muchos. Y uno de ellos, tal vez el más importante, el combate a la corrupción”,  afirmó que “con la cautela necesaria y con la certeza de que vamos en dirección a tierra firme, lejos del pantano de la corrupción en donde nos habían mantenido sumidos. Esa minoría perversa engordó sus bolsillos. Ya no lo podrán hacer más”.

En este sentido destacó  una reducción del 13% de la criminalidad. “Hemos iniciado con la construcción de un país que avanza con los pueblos, con seguridad y sin miedo” enfatizó el primer mandatario. Enumeró como logros el fin de 39 estructuras del crimen organizado de las cuales 22 dedicadas a extorsiones, y 34 denuncias por corrupción por millones de dólares en la administración pública que incluyem las irregularidades en la compra de vacunas contra el covid-19 a una empresa rusa. Anunció la reducción de su salario en un 25 por ciento, marcando una diferencia con anteriores mandatarios. En Guatemala el salario presidencial era uno de los mayores del continente. Positivamente, destacó los avances en Salud y Educación como así también la revisión de los planes sociales.

Si su mensaje de campaña se había centrado en la urgencia de combatir la corrupción endémica de Guatemala, con la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción, un fortalecimiento de la Policía Nacional Civil y el control de las cárceles y, también, la generación de empleo mediante la inversión de obra pública, en el tiempo transcurrido de su mandato ha enfrentado una resistencia feroz a sus esfuerzos. “Hay instituciones que todavía están cooptadas por estas élites políticas criminales que intentaron anular las elecciones, y definitivamente estamos en un esfuerzo por recuperar el control”, dijo Arévalo en una entrevista televisada que le realizó Pedro Pablo Marroquín, director del diario La Hora, ,el 15 de abril.

¿Canción de otoño en primavera?

 Muchos de sus más convencidos partidarios miran con recelo la gestión oficial en tanto consideran la morosidad en la toma de medidas y se preocupan de que la oportunidad  para un cambio significativo deje trunca una esperada “primavera guatemalteca”.  Si bien es cierto que los primeros 100 días de gobierno son el 6% de un mandato de cuatro años y que en tan corto plazo, no es mucho lo que puede lograrse en términos de concretar objetivos estratégicos de política ni lo que puede decirse sobre el futuro desempeño del gobierno; sin embargo, esos primeros días tienen un significado simbólico y son interpretados muchas veces como un barómetro del poder de un presidente entrante.

El presidente de los 48 cantones de Totonicapán, un departamento en las tierras altas del noroeste donde se encuentra la confederación indígena integrada por comunidades Ki’che’,  la más influyente de Guatemala, Luis Haroldo Pacheco transmite su desengaño: “Es triste ver cómo parte de la nueva administración está codificando a aquellos que intentaron anular las elecciones” y recuerda “Nuestra demanda... fue que renunciaran o sean  expulsados”. Una expectativa fundamentada al menos -y no es poca cosa- en las palabras del entonces candidato electo  “una de las primeras acciones, si no la primera, será exigirle la renuncia a la señora fiscal general”.

Resulta significativo que  la principal figura antagonista de Arévalo, la Fiscal General Consuelo Porras, sancionada por EEUU por participar en hechos significativos de corrupción, continúa en el cargo. Mientras tanto, Arévalo, la vicepresidenta Karin Herrera y otros miembros de Semilla permanecen bajo investigación y están amenazados con la posibilidad de enjuiciamiento, junto con los jueces de los tribunales electorales que se negaron a descertificar la victoria del actual presidente.

Pacheco participó en el liderazgo de  la protesta de 105 días, la más larga en la historia reciente de Guatemala. Los manifestantes bloquearon el tráfico en 142 puntos en todo el país para garantizar el juramento presidencial de Arévalo nuevamente amenazado por el cuarto allanamiento de los  agentes de la Fiscalía a la sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para el decomiso de  los documentos originales con los resultados de las elecciones del pasado 25 de junio. Numerosas expresiones de rechazo, incluidas las de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE), EEUU y otras organizaciones internacionales,  señalaron que la acción violaba la ley electoral de Guatemala, que establece que toda la documentación de los comicios solo puede ser resguardada por el TSE.

El enfrentamiento entre la Fiscalía y el TSE no era novedoso, por el contrario su punto de partida data del 12 de julio pasado  cuando el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad FECI, Rafael Curruchiche trató de cancelar la personalidad jurídica de Semilla, ante el triunfo de Arévalo, por supuestas anomalías en su inscripción, una petición avalada por el juez séptimo penal, Fredy Orellana. La decisión del magistrado puso en jaque el balotaje; provocó una presentación legal de Arévalo y una ola de indignación en el país,  donde se sintió la gravitación de repudio  de las comunidades indígenas,  y en el extranjero. La Corte Superior dejó sin efecto el fallo.

“Tenía demasiadas esperanzas”, dijo Erwin Rivera, líder comunitario en El Incienso, uno de los vecindarios más difíciles de la ciudad de Guatemala, donde las casas estrechas con techos de hojalata están acurrucadas en un barranco profundo, quien  desempeñó un papel principal en las protestas de 2023. “No tienen el coraje de imponerse o no saben cómo hacerlo”, concluye Rivera.

Los viejos dueños del poder continúan en sus poltronas derechistas

Toda sensación de mayor libertad se socava periódicamente. La fiscal Miriam Reguerero, conocida por sus fuertes investigaciones sobre delitos a la propiedad, fue arrestada el 11 de abril, por presunto abuso de autoridad aparentemente el más reciente funcionarie en ser perseguido por asumir las investigaciones contra la corrupción. Su arresto se produjo solo dos semanas después de ser atacada en un intento de asesinato en el que su madre y su guardaespaldas fueron asesinados.

En la medida que Porras continúa en su cargo, la Corte de Constitucional (CC) y los miembros obstruccionistas del Congreso han obstruido las medidas de Arévalo y han fallado que los diputados del oficialista Semilla deberán continuar como independientes en el Congreso y no podrán establecerse como bancada. Y el 14 de abril, el juez de la CC Néster Vásquez, sancionado por los EEUU por presuntos vínculos con la corrupción y con la entrada prohibida a la UE por “socavar” la democracia guatemalteca, se convirtió en el presidente de la CC. Vásquez estuvo a punto de ser detenido en junio de 2021, cuando ya había concluido su mandato como magistrado de la Corte Suprema de Justicia. El Ministerio Público lo acusaba de varios delitos relacionados con una trama ilegal de influencias para nombrar magistrados de las altas cortes del país, incluido él. Si zafó de la captura fue porque una aliada poderosa, la fiscal general  Porras, lo protegió y le dio tiempo para que el Congreso del país lo juramentara como miembro del otro alto tribunal del país, la CC y, obtuviera así de nuevo el blindaje que le da la inmunidad del cargo.

La situación preocupa a los observadores alertados de que las redes de corrupción superarán a Arévalo durante la próxima prueba importante del sistema de justicia: nuevas nominaciones a la Corte Suprema de Justicia y Tribunales de Altos Apelaciones en octubre.

La administración ha tratado de detener  a esta rancia  oposición a través de la Comisión Nacional Anticorrupción, ahora encabezada Santiago Palomo. Designado por Arévalo, Palomo es un funcionario de carrera en la Corte y graduado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard con sólidos antecedentes. Palomo ha prometido “fortalecer la integridad y la transparencia” en los contratos gubernamentales, abordar los desafíos planteados por el lavado de dinero e identificar a los mayores beneficiarios de las redes organizadas de crimen y corrupción. Estas medidas de llevarse a cabo podrían mejorar drásticamente la eficiencia del gasto público y las perspectivas para la inversión extranjera directa. Pero sin los activos del Ministerio Público a su disposición, no queda claro cuánto progreso puede haber.

Guatemala sale del aislamiento internacional

Los viajes de Arévalo que quebraron el aislamiento internacional del país, principalmente durante el gobierno de Giammattei, ha representado el principal logro de Arévalo. En febrero, visitó Alemania, Francia, Bélgica, Suiza y España, en un esfuerzo por reabrir la colaboración en nuevas inversiones, mientras que un mes después, realizó su primera visita oficial a EEUU, revisando temas como la migración y la transparencia. A su regreso, destacó los logros de esa primera gira: nuevas promesas de inversión y ayuda extranjera, y nuevas propuestas sobre migración y seguridad. Aun así, queda por ver si estas promesas y propuestas tienen algún fruto tangible. Hay señales que apuntan en la dirección correcta, que incluyen visitas alentadoras de inversores potenciales, que van desde empresarios españoles hasta representantes del conglomerado mexicano Grupo Salinas. Sin embargo, el resultado arroja luces y sombras. En las segundas, se explican por el hecho de que se tuvo que alinear por completo la política internacional con los intereses occidentales, lo que descarta por completo cualquier acercamiento con países como China.

Logros menores, objetivos mucho mayores

Los logros obtenidos en los primeros 100 días de Arévalo parecen a primera vista de poca gravitación para las expectativas de un electorado que puso sus esperanzas en un político y diplomático quen sin figurar como candidato favorito en las encuestas alcanzó un inesperado triunfo. Con todo, el analista y profesor Marielos Chang observa que “es crucial recordar que su elección frenó una regresión autoritaria rápida que parecía imparable antes de las elecciones del año pasado; pero Arévalo no ha demostrado que entienda la urgencia del momento” y vaticina que “si Semilla no hace un buen trabajo, después de cuatro años [Arévalo] no entregará el poder a solo otro candidato, lo entregará a las mafias”.

El líder de Totonicapán, Pacheco no ha perdido la esperanza. “Estoy seguro de que pueden volver a la pista escuchando a las autoridades indígenas, valorando nuevas voces y purgando a aquellos que deben ser purgados” asegura. Y Rivera desde El Incienso sostiene que  los problemas que afectan a los vecindarios urbanos los de las regiones rurales empobrecidas del país son políticos en la raíz.

Hasta ahora, Arévalo sigue siendo abrumadoramente popular. La última encuesta de CID Gallup muestra un índice de aprobación del 78%, el tercero más alto de América Latina. El Banco Mundial espera que la economía de Guatemala continúe superando el promedio regional, y su crecimiento sea 3% este año. La atmósfera de la Ciudad de Guatemala, capital del país, ha mejorado a medida que ha disminuido una ola de enjuiciamientos de periodistas anticorrupción, jueces y fiscales.

AGB

El domingo 5 de mayo, un padrón de 3 millones de votantes estaba convocado en Panamá para concurrir a las urnas y elegir el nuevo Ejecutivo, los 71 escaños del Poder Legislativo unicameral de la Asamblea Nacional, la 20 bancas del Parlamento Centroamericano, 81 alcaldes, 701 representantes de corregimiento y 11 concejales, todos cargos con sus suplentes, para el período 2024-2029.

“¡Misión cumplida, carajo (...), misión cumplida Ricardo!”  proclamó este domingo el ganador en las elecciones presidenciales, el abogado, diplomático y político panameño José Raúl Mulino, por el partido de derecha Realizando Metas, en el festejo con sus seguidores de su triunfo en los comicios.

Bajo la sombra del Caudillo

Con toda intención, el reciente presidente electo nombraba al ex presidente Ricardo Martinelli (2009-2014), el creador en 2021 de Realizando Metas que otorgó todo su apoyo y caudal político durante la campaña a Mulino.

El ex mandatario se encuentra refugiado en la embajada de Nicaragua debido a la condena a diez años de cárcel por blanqueo de capitales que lo inhabilitó de participar en la contienda electoral. Antes de la descalificación, el expresidente era el favorito de las encuestas.  Su administración es recordada en gran medida por el crecimiento económico y la reducción de la pobreza, que resuena con los votantes que enfrentan altas tasas de inflación y desempleo. La proscripción no fue obstáculo para que Martinelli desde la embajada interviniera activamente en la campaña electoral, razón por la cual el presidente Laurentino Cortizo, quien rechazó el pedido del refugiado de un salvoconducto para salir del país,  reclamó a Nicaragua por intromisión en sus “asuntos internos”.

Cántaros a la fuente; el 28 de abril, Martinelli estuvo presente “virtualmente” en el cierre de campaña de Mulino y no se privó de pronunciar un discurso en línea en su apoyo. El domingo 5 de mayo,  Mulino visitó a Martinelli en la embajada nicaragüense quien difundió por la red X su agradecimiento por la visita.

“Un abrazo Ricardo (Martinelli) hasta allá donde estás. Como dije se acabó la persecución política en este país, el país está harto de las peleas politiqueras que no nos han conducido a nada bueno, no me considero enemigo de nadie, y espero que nadie me considere su enemigo”, declaró Mulino apenas se conocieron los resultados que consagraban su triunfo el 34% del total de los votos ante otros siete contrincantes.

Mulino resultó ganador ante el expresidente Martín Torrijos (2004-2009), quien aspiraba a la reelección por el centroderechista Partido Popular (PP); Rómulo Roux, por la alianza de los centroderechistas Cambio Democrático (CD) y Partido Panameñista (PPA); Ricardo Lombana, por el variopinto partido Movimiento Otro Camino (MOCA); José Gabriel Carrizo, actual vicepresidente del país del Partido Revolucionario Democrático(PRD, centroizquierda); y los candidatos de libre postulación Melitón Arrocha, Maribel Gordón y Zulay Rodríguez.

Presidir sobre un país y sobre un canal bioceánicos

Mulino, abogado de 64 años,  fue el compañero de fórmula de Martinelli hasta que los tribunales lo descalificaron. Ejerció el cargo de ministro de Relaciones Exteriores en el gobierno de Guillermo Endara (1989-94) elegido democráticamente en la sucesión presidencial del dictador Manuel Noriega. Más tarde, Ministro de Justicia (2009-10) y luego Ministro de Seguridad Pública (2010-14) de la gestión de Martinelli. El ex presidente refugiado inicialmente había elegido a su esposa Marta Linares como su compañera de fórmula, pero debido a la protesta pública la reemplazó por Mulino, cuya candidatura observada ante la Justicia por no haber sido elegido en elecciones primarias, sólo fue autorizada por el Tribunal Supremo el viernes 3 de mayo, dos días antes de la votación.

La cadena local ‘tvn’ describió a José Raúl Mulino como un político “de pocas sonrisas, directo, pero leal”. Sin embargo, también hay quienes lo califican como un hombre “de mano dura”. Y entre las críticas en su contra se destaca la represión policial en su desempeño como ministro de Seguridad contra protestas antigubernamentales como la ocurrida en Boca de Toro en 2010, donde al menos diez personas fueron asesinadas, entre ellos la mitad fueron niños y hubo 716 heridos.

Mulino, quien estuvo en prisión preventiva por supuestos delitos de corrupción y fue liberado por errores procesales, se ufana de haber sido “preso político” como también de que “para la izquierda no voy a coger nunca”. Casado con Maricel Cohen, dueña de un negocio para mascotas, el católico Mulino asegura que le encanta pasar el tiempo, entre gallinas y conejos, en la finca que su esposa le regaló cuando cumplió 50 años. 

La herencia del socialdemócrata Laurentino ‘Nito’ Cortizo, presidente saliente

El candidato electo Mulino asumirá la presidencia el 1 de julio por un período de cinco años. El balance de la gestión saliente del social democráta Laurentino Cortizo del país centroamericano de 75 517 kilómetros cuadrados,   escenario geográfico del canal de Panamá que asegura la unión y el paso entre las costas de los océanos Atlántico y Pacífico; con una población de 4 279 000 habitantes, que atravesó la pandemia del Covid-19 y la invasión de Rusia a Ucrania que acrecentó la crisis migratoria y la inflación,  aparece signado  por la corrupción del Ejecutivo y de la Asamblea Nacional, un sistema de fondos de pensiones con problemas y revueltas sociales.

La primera, la  de los estudiantes universitarios y movimientos feministas y LGB panameño contra las reformas constitucionales en 2019. En noviembre 2021,  los sectores populares organizados salieron a las calles por la defensa de un sistema de pensiones público, gratuito y de calidad, el desempleo superior al 20% sin incluir las miles de personas con contratos suspendidos, la reforma electoral, el rechazo a la política minera metálica y reclamo de los colectivos feministas por seguridad social. En agosto de 2022, educadores, obreros de la construcción, movimientos indígenas y campesinos, trabajadores, médicos y estudiantes cantaron, bailaron y bramaron por vivir bajo la amenaza de inundaciones , de cortes diarios de agua y transporte con deficiente frecuencia, con los salarios que se esfuman entre alimentos y medicinas, precarios sistemas de salud y donde gran parte de la población trabaja y cobra cuando puede, sin saber lo que devendrá el mañana.

De la seguidilla de protestas, las del 2023, las más grandes que ha tenido Panamá en tres décadas comenzaron el 23 de octubre, en vísperas de las fiestas patrias, con un par de cientos de personas en las vías. Cuando el gobierno firmó un contrato de concesión minera con la multinacional canadiense First Quantum por hasta 40 años, más de 70 000 personas salieron todos los días a las calles de la ciudad de Panamá , otras tantas miles en las capitales del interior y pueblos remotos, y hasta en el mar: pescadores aceleraron sus lanchas por el golfo de Los Mosquitos hasta el puerto Punta Rincón, que controla la mina, con el mismo reclamo: Panamá libre de minería. El máximo tribunal panameño declaró inconstitucional el contrato en noviembre pasado

Simultáneamente, las previsiones económicas son poco halagüeñas. Panamá durante gran parte del este siglo tuvo la economía con mejor desempeño en América Latina,  sin embargo su crecimiento caerá del 7,3% en 2023 al 2,5% en 2024, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), además de una deuda pública de 50.000 millones de dólares. Se suman el desempleo, con una tasa en torno al 10 por ciento; la tasa de 45% de los puestos de trabajo en el mercado informal y un tercio de la población rural vive en la pobreza.

Al mismo tiempo, el Canal de Panamá, un motor económico por lo que transita por allá alrededor del 6% del comercio marítimo mundial, ha tenido que limitar su tráfico debido a una sequía que ha desencadenado los lagos de agua dulce que abastecen las esclusas, poniendo en entredicho su supervivencia a largo plazo.

Promesas de campaña: cerrar rutas migratorias, reactivar la economía, combatir al narco

Mulino afirmó que, de llegar a la Presidencia, “cerraría” el paso fronterizo en el Tapón del Darién. En 2023, más de medio millón de migrantes en busca de una vida mejor en EEUU cruzaron la peligrosa selva del Darién, que une a Panamá y Colombia, para sucumbir en gran número en manos de bandas criminales. Aseguró también que pediría apoyo a los países de la región implicados en el flujo migratorio de personas que vienen de América del Sur, África y el Caribe.  “Panamá no es un país de tránsito” sostuvo Mulino; pero no dio más detalles sobre cómo podría cumplir con esa promesa de detener la migración.

Al igual que otros candidatos, Mulino ha dicho que se centraría en el empleo, el crimen y el acceso al agua potable. Buscará mejorar la infraestructura y el transporte público. Ha prometido expandir el sistema metropolitano de la ciudad de Panamá, un proyecto popular de la presidencia de Martinelli, a la cercana ciudad de La Chorrera, renovar el mantenimiento de las carreteras del país y un “ataque frontal” contra el narcotráfico.

Con todo, según una encuesta de Doxa, el 65% de los panameños sostienen que Martinelli será quien gobernará en la sombra. Como sea el próximo gobierno no cuenta con mayoría en la Asamblea Nacional y por lo tanto tendrá que negociar con las fuerzas políticas, sentarse en torno a la mesa y encontrar soluciones a los problemas graves y estructurales: la Caja de Seguro Social es uno, las consecuencias del Cambio Climático es otro, la situación fiscal es bastante crítica y la calidad de los servicios públicos. Después de una campaña con poca política y más bien con disputas de personas y liderazgos se abre una incógnita de cuál va a ser el tipo de política que dominará.

AGB

La crisis bilateral sin precedentes entre Ecuador y México  estalló el pasado 5 de abril cuando el presidente derechista de  Ecuador, Daniel Noboa autrizó a la policía a ingresar por la  fuerza en la Embajada de México de la ciudad capital de Quito y arrestar al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas del gobierno progresista del presidente Rafael Correa. El 11 de abril, México, que a las 24 horas del asalto había anunciado el quiebre de las relaciones entre ambos gobiernos, demandó al país andino ante la Corte Internacional de Justicia de la ONU. El 30 de abril Ecuador, presentó una contrademanda ante la misma Corte.

El asilo otorgado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), al exmandatario Glas  honró  la tradición del país azteca basada en  el artículo 15 de su Carta Magna. Desde 1853, México ha sido el destino de miles de exiliados de diferentes puntos del mundo, entre ellos  España, Cuba, Perú, Chile, Argentina y el Estado Plurinacional de Bolivia.

 En la rueda de prensa que brindó AMLO,  el martes 9 de abril,  calificó sin ambages al allanamiento de “vil y autoritario” y presentó un revelador video sobre el escandaloso hecho. La filmación muestra cómo Glas fue sacado de una habitación por al menos una docena de policías, y que Roberto Canseco, jefe de la misión de la Embajada, quien trató de impedir que los agentes ingresaran,  fue apuntado por uno de ellos con un arma de fuego. Una secuencia posterior revela que Canseco quedó  detenido por las fuerzas de seguridad.

El ex vicepresidente Glas se encontraba en  la sede diplomática mexicana de Quito desde el 17 de diciembre de 2023, momento en que la Fiscalía ecuatoriana había emitido una orden de captura. El caso se fundaba en  malversación de fondos públicos durante  el proceso de reconstrucción de la provincia de Manabí, devastada tras el terremoto de 2016. Glas solicitó asilo como perseguido político y víctima de ‘lawfare’.

Los hechos ocurrieron en un momento de máxima tensión entre ambos países debido a la expulsión, ordenada por el gobierno de Ecuador, de la embajadora mexicana, Raquel Serur. El antecedente inmediato fueron las  declaraciones de AMLO que relacionaban el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio con el triunfo de Noboa  en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales ante  la candidata correísta Luisa González.

A principios de marzo de 2024, Ecuador pidió permiso al gobierno de México para ingresar a  la embajada mexicana en Quito para apresar a Glas. Que México no haya concedido el pedido, no fue obstáculo para el presidente Noboa haya ordenado a la policía irrumpir en la sede diplomática.  Después de su forzada salida de la embajada, Glas fue llevado  detenido a la cárcel de máxima seguridad de La Roca, en Guayaquil. El lunes 8 de abril debió ser  hospitalizado por sobredosis de ansiolíticos y antidepresivos.

Correísmo e indígenas unidos contra Noboa, el hijo del magnate bananero

Los repudios no se hicieron esperar. Tanto por el partido Revolución Ciudadana (RC), y por su líder el ex presidente Correa, exiliado en Bélgica quien  declaró,  “Ni en las peores dictaduras se ha violado la embajada de un país. No vivimos un Estado de derecho, sino un Estado de barbarie, con un improvisado que confunde la patria con una de sus haciendas bananeras”,  en referencia al actual presidente, cuya familia posee el mayor emporio bananero del país, primer exportador mundial de ese fruto. Miles de ciudadanos compartieron la opinión de RC, que representó a un 34% de los electores en agosto de 2023. 

Este duro enfrentamiento entre  RC y el presidente Noboa dista de ser mera querella; por el contrario, podría  acarrear bajas en el gabinete ministerial debido a que los asambleístas de la bancada correista solicitaron enjuiciamiento político contra las ministras Gabriela Sommerfeld de Relaciones Exteriores y Mónica Palencia de Gobierno, por la incursión en la Embajada mexicana y “el secuestro de un asilado político”.  A la vez, la captura de Glas podría restarle  votos al oficialismo en la Asamblea Nacional que hasta el momento ha logrado aprobar cinco leyes económicas urgentes, obligado a alianzas con el correismo y Partido Social Cristiano (PSC) debido a que no cuenta desde su asunción al poder  con apoyo legislativo propio.

La poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la mayor organización social del país, señaló que “la violación de la embajada de México en Ecuador es un acto fascista de extrema gravedad que atenta contra las relaciones diplomáticas y el derecho internacional”. Sin embargo la Conaie no defendió  al ex vicepresidente Glas.

Ajeno del correísmo y del movimiento indígena el  ex vicepresidente del mandato presidencial de Lenín Moreno (2017-2021) y excandidato presidencial Otto Sonnenholzner, recordó que “la soberanía de las embajadas es inviolable”.

Después de 186 años, México rompe las relaciones bilaterales con Ecuador

La primera  consecuencia previsible tras un asalto de estas características se ha cumplido con el quiebre de relaciones entre ambos países. Menos de veinticuatro horas después haber irrumpido la policía ecuatoriana en la sede diplomática de Quito, el Gobierno de México anunció formalmente que rompía relaciones diplomáticas con Ecuador y ordenó retirar a todo el personal diplomático de Quito. Una puesta pausa indefinida  de la relación diplomática entre ambos países iniciada  hace 186 años con la firma del primer Tratado de Paz, Amistad, Comercio y Navegación.

El jueves 11 de abril,  México formalizó la denuncia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) contra Ecuador por el ingreso violento de sus fuerzas policiales a la embajada mexicana en Quito y anunció que solicitará la suspensión del país andino de la Organización de Naciones Unidas (ONU) hasta que emita una disculpa por sus actos. La acción denunciada ,  que diversos expertos han calificado de “grave vulneración” de los tratados internacionales, así como de la propia soberanía de México, recibió múltiples condenas y expreso apoyo  a México por parte de los gobiernos de Argentina, el Estado Plurinacional de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y el estado Bolivariano de Venezuela, así como de la Unión Europea (UE) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Un asalto bajo el sello del ‘Plan Fénix’

Inmediatamente después del operativo en la sede diplomática y la detención de Glas, la noche del 6 de abril, el Gobierno del Ecuador difundió un mensaje digital: “ningún delincuente puede ser considerado un perseguido político”. La imagen acompañada del sello del secreto Plan Fénix muestra cómo  el Ejecutivo utilizó la misma línea gráfica de su guerra contra el terrorismo, para respaldar su decisión de violar la inmunidad de la sede diplomática mexicana y capturar al ex vicepresidente a quien considera  un ciudadano prófugo de la justicia y sentenciado por corrupción.

El mensaje presidencial, difundido por la canciller Sommerfeld y el secretario de  Comunicación, Roberto Izurieta, sostiene abuso de las inmunidades y privilegios diplomáticos; México violentó la Convención de Caracas sobre el asilo, que prohíbe otorgarlo a personas procesadas o sentenciadas por delitos comunes ante tribunales ordinarios;  Glas pretendía fugarse del país; AMLO   intervino en los asuntos internos de Ecuador y  contribuyó a que el ex vicepresidente incumpla las órdenes judiciales.  

Todos los argumentos arbitrarios esgrimidos por el gobierno de Noboa carecen de fundamente jurídico. Ni el gobierno de facto boliviano de Jeanine Áñez ·nacido en 2019 tras derrocar al presidente Evo Morales (asilado en la Ciudad de México antes de venir a la Ciudad de Buenos Aires) violó el refugio pedido y obtenido por funcionaries del Movimiento al Socialismo (MAS) en la Embajada de México en ciudad de La Paz. Sólo hay un precedente que responde a un gobierno dictatorial. En 1976, el gobierno venezolano de Carlos Andrés Pérez, le dio asilo a una militante que huía de la dictadura uruguaya. Los cuerpos represivos uruguayos ingresaron a la embajada venezolana y se la llevaron. El gobierno venezolano rompió relaciones con Uruguay hasta 1985.

Las razones declaradas por el oficialismo más que mostrar celo por el cumplimiento de los fallos del Poder Judicial, parecen responder a las medidas adoptadas en sintonía con la declaración de “conflicto armado interno” y el permiso a las autoridades a utilizar a las FFAA y a la policía,  debido a la grave situación de inseguridad. Aun así, las medidas tomadas por el gobierno de Noboa mostraron su ineficacia y las últimas encuestas revelan una espiral de descenso  en la popularidad que gozaba el  presidente al inicio de su gestión en tanto se sostiene la oleada de crímenes violentos y secuestros.  

El 9 de abril,   el presidente Noboa publicó una carta dirigida a la ciudadanía y la comunidad internacional.  En el texto se justificó y dijo que ha “tomado decisiones excepcionales para proteger la seguridad nacional, el Estado de Derecho y la dignidad de un pueblo que rechaza cualquier tipo de impunidad a criminales, delincuentes, corruptos o narcoterroristas”.

Mientras que en las redes se multiplican los comunicados de condena de la comunidad internacional y de respaldo al Gobierno mexicano, en Ecuador el tema se ha politizado  entre los que consideran a Glas un delincuente común y quienes lo califican como un perseguido político.  Noboa, quien encabeza el primer grupo, no solo lidera un conflicto interno sino también una campaña electoral, clave en materia de seguridad y también para su futura relección. 

El gobierno de Ecuador ha intercalado mensajes sobre la detención del ex vicepresidente con la propaganda sobre la consulta popular y referendo que se celebró el domingo 19 de abril.  Con un ausentismo del 28 %, Noboa ganó en nueve de las once preguntas con un promedio del 65% de apoyo. El NO se impuso en las preguntas sobre el trabajo por horas y el arbitraje internacional con 64.88% y 68.83%, respectivamente.  Si  la campaña gubernamental previa se había centrado precisamente en la pregunta G de la consulta, ubicada en el octavo lugar en la papeleta  que plantea el incremento de las  penas para una decena de delitos relacionados con el crimen organizado;  ninguno de esos delitos se aplica al exmandatario Glas.

Las Embajadas mexicanas, un santuario inviolable y sin embargo violentado

La decisión del gobierno Noboa quebrantó otro principio fundamental en relación con el papel y la inviolabilidad de las embajadas. Expertos y organismos como la Organización de los Estados Americanos (OEA) hacen referencia a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, a partir de la cual se establece que el Estado receptor de la embajada tiene la obligación de no violar esa sede,  de no ingresar, y de proveer seguridad.  En este caso puntual,  la embajada allanada  representa al Estado de México, sus intereses y los de sus nacionales. El ingreso por la fuerza no respetó la inviolabilidad de que gozan  sus instalaciones para proteger las funciones de representación y defensa de intereses del Estado acreditado (México) ante el Estado receptor (Ecuador) con total independencia y sin injerencias.

Ecuador demandado dobla la apuesta y contrademanda a México

El 29 de abril,  a un día que la CIJ comenzara a escuchar los alegatos  de los países en conflicto, la Cancillería ecuatoriana informó  en un comunicado:  “En esta fecha, a las 12 del mediodía, hora de La Haya, el Agente de Ecuador presentó en la Corte Internacional de Justicia la demanda del Ecuador contra México, por las violaciones de México de una serie de obligaciones internacionales, por la conducta de ese país desde el 17 de diciembre de 2023”.  El pronunciamiento señala que la demanda indica que México incumplió su obligación de no otorgar asilo a personas que se encuentren procesadas o en juicio por delitos comunes, o que hayan sido condenados por tribunales ordinarios competentes. El texto agrega que México “ha violado su obligación de cooperar en asuntos de anticorrupción” y acusa a AMLO de haber violado el principio de no intervención en los asuntos internos de otros Estados al realizar “declaraciones falsas e injuriosas” que cuestionan la legitimidad de las elecciones de 2023.

Esta última presentación en la CIJ es vista por expertos de derecho internacional como un intento del país andino de “nivelar la cancha” que sigue el orden jurídico de lo que se conoce como ‘contrademanda’. Con todo,  Ecuador pudo haberla presentado desde el mismo momento en que se conoció que el gobierno de AMLO había otorgado asilo político a Glas.

La CIJ debe decidir, si admite las dos causas, si se coge al principio de economía procesal  para que el mismo tribunal trate a ambas. Sin embargo, el analista y catedrático de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad de las Américas (UDLA), Esteban Santos, subraya que “Ecuador no podrá borrar con el codo la violación al artículo 22 de la Convención de Viena”. Y en referencia a la acción interpuesta por México, “salvo que exista una negociación o una disculpa de Ecuador, veo muy difícil que podamos desvirtuar esta demanda”  sostiene Santos.

Durante las audiencias celebradas el 30 de abril y el 1 de mayo, se escucharon los argumentos sobre las medidas cautelares solicitadas por México a espera del inicio del juicio y de la sentencia final del procedimiento que enfrenta a los dos países. Y los esgrimidos por Ecuador. En unas semanas se conocerá el dictamen del tribunal respecto a la necesidad de las cautelares. Aun no se ha fijado fecha para  entrar en el contenido mismo del procedimiento.

En caso de proceder la denuncia de México, que en términos del CIJ se conoce como memoria, el proceso podría durar meses, con revisión de pruebas, respuestas como  la efectiva  contrademanda de Ecuador a la que México puede presentar réplica y luego el país andino podría ofrecer una contraréplica. Un desahogo de pruebas de manera escrita y luego se pasa a la fase oral de acuerdo al artículo 43 del estatuto de la CIJ.

Posibles escenarios mínimos

En la fase oral “se presentan los alegatos de los Estados. Cada Estado, tanto México como Ecuador, nombrará un representante, que no necesariamente tiene que ser un abogado, sino que puede ser una persona de confianza, lo que se llama un plenipotenciario, un agente o un abogado”,  detalla  Myrhge Spross Bárcenas, abogada y académica de derecho internacional en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Cuando México termine sus alegatos, será el turno de Ecuador de presentar los suyos para defender su posición. Una vez finalizados los alegatos, la CIJ se retira a deliberar por tiempo indefinido. La resolución de la CIJ es inapelable y vinculante, lo que significa que cada país ha decidido voluntariamente acatar la decisión de la Corte.

La resolución de la CIJ en la controversia México vs. Ecuador puede incluir varias cuestiones, entre ellas: la reparación de los daños causados al edificio de la embajada de México en Quito; la reparación del daño sufrido por el personal diplomático; la restitución de las relaciones diplomáticas o, por lo menos, la negociación para que se restituyan las relaciones diplomáticas; una disculpa pública por escrito que debe ser enviada a la Asamblea General de la ONU y también, una sanción económica para Ecuador. No quedan excluidas otras  implicaciones como que se acrediten cuestiones comerciales, un bloqueo económico o cuestiones de otro tipo.

AGB

El presidente mexicano de izquierda Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pudo celebrar el 15 de diciembre la apertura del primer tramo del Tren Maya,  llamado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), que conecta la localidad de Medias Aguas del Estado de Veracruz con el puerto de Salina Cruz del Estado de Oaxaca. “Celebro que se haya tenido la visión de reiniciarlo, de rehabilitar los puertos, de rehabilitar las vías, de tener listo el ferrocarril para carga y pasajeros”, declaró ese día durante su conferencia de prensa matutina, que se llevó a cabo en Oaxaca con motivo de la inauguración de la obra.

De acuerdo con el Vicealmirante Raymundo Pedro Morales Angeles, director del CIIT, este tramo comprende 227 km de vía, con una capacidad de carga de hasta 5 mil toneladas por viaje, con hasta 65 vagones y 270 contenedores, recorre 4 estados, 115 municipios y más de 9 mil localidades. Y  suma, la rehabilitación de las estaciones Salina Cruz, Ixtepec, Mogoñé y Medias Aguas, y la construcción  de las  Chívela y Donají

Un megaproyecto personal del presidente AMLO

El Tren Maya, también llamado Transístmico por su prevista  conexión con el Istmo de Tehuantepec y Guatemala,  fue anunciado por el presidente AMLO (AMLO) en diciembre de 2018  como un proyecto para “mejorar la calidad de vida de las personas, cuidar el ambiente y detonar el desarrollo sustentable”. El megaproyecto,  que supone  una inversión de al menos 30 millones de dólares, implica la construcción de un circuito ferroviario de 1.554 km, conectando ciudades, pueblos y sitios turísticos en los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En su recorrido se encuentra la presencia de los pueblos maya,  yucateco, ch’ol, tseltal, tsotsil, y otros.

El tren, con 19 estaciones y 15 paraderos, servirá para el turismo, transporte de mercancías y desplazamiento local. De sus siete tramos, cuya inauguración se ha previsto en tres fases, la primera, de Campeche a Cancún, se cumplió el 15 de diciembre. Restan  la segunda, de Cancún a Palenque, el 31 de diciembre; y la tercera, para el recorrido completo, el 29 de febrero de 2024.

El Tren Maya, ¿un tren militar?  

Desde su inicio en el 2018, el  Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) había sido designado  como encargado del megaproyecto. Sin embargo,  a partir de febrero de 2022 como fue anunciado por el presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) se quedó a cargo  de las tareas operativas y administrativas del tren, sus estaciones y paraderos, mediante la empresa paraestatal Olmeca-Maya-Mexica (OMM), que  también opera en la Mexicana de Aviación, once aeropuertos nacionales y seis hoteles a lo largo de la ruta del Tren Maya..

El protagonismo concedido por AMLO a las FFAA no ha dejado de suscitar críticas observaciones sobre los proyectos que llevan a cabo. “Entre 2006 y 2021, casi 250 tareas gubernamentales, que antes eran gestionadas por autoridades civiles, fueron transferidas al Ejército después de que López Obrador llegara al poder hace cinco años” señala el Frankfurter Allgemeine Zeitung . El diario alemán de Frankfurt, capital de las finanzas europeas, precisa en estos términos su interpretación: “el presidente nacionalista de izquierdas aumentó el presupuesto militar y transfirió amplias tareas de seguridad, construcción y administración al ministerio de Defensa y a la Marina. El Ejército gestiona ahora instituciones y proyectos con una facturación anual de dos dígitos de miles de millones de dólares, incluida la administración aduanera del país, que recauda unos 60.000 millones de dólares al año. El Ejército también construirá y explotará dos acueductos, un nuevo aeropuerto y varios hoteles. También se le ha encargado la construcción de 2.700 sucursales del estatal Banco de Bienestar en todo el país”.

Al transferir a las FFAA  tareas y proyectos que deberían ser llevados a cabo por personas e instituciones civiles, AMLO logró cumplir con  éxito la puesta en marcha del Tren Maya,  de manera  rápida y poco burocrática. Sin embargo, la influencia de los militares en el Estado y la política se ha hecho tan fuerte que la evolución difícilmente pueda revertirse, a pesar que el primer mandatario en la celebración del 110 aniversario del Ejército Mexicano, lo haya negado:   “Pese a lo que sostienen nuestros adversarios (políticos), la mayor participación de la Fuerzas Armadas en tareas de seguridad no implica ni autoritarismo ni militarismo, o militarización del país; por el contrario, ha quedado demostrado que la sociedad se siente más segura y protegida con el cumplimiento de esta misión por parte del Ejército”.  

El Tren Maya, emblema del sexenio en que gobernó MORENA

El tren se enlazará con otros actuales proyectos federales, como la nueva refinería de Dos Bocas, en el estado de Tabasco, que busca lograr el autoabastecimiento energético nacional. Otro, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), que busca unir los océanos Atlántico y Pacífico por ferrocarril, ofreciendo diez parques industriales a lo largo del corredor con incentivos fiscales para atraer inversiones nacionales y extranjeras.

La importancia del Tren Maya compromete proyectos energéticos, industriales, de infraestructura turística y de comunicaciones  cuyo potencial puede  transformar radicalmente el territorio en sus dimensiones sociales, culturales, demográficas, económicas y ambientales.   Con todo, y a causa de todo, se abren los interrogantes sobre quiénes serían los principales beneficiados por estas transformaciones; y si es razonable la distribución social de riesgos y oportunidades.

La materialización del megaproyecto  ha generado polémica por los cambios en el trazo; el riesgo de colapso por las condiciones del suelo kárstico en el tramo 5; inconsistencias en el requisito fundamental de la Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA); la inadecuada consulta indígena; vulneración del patrimonio arqueológico; casos de  denuncias de fraude en las negociaciones con ejidatarios; dudas sobre su viabilidad económica; el progresivo aumento de los costos constante;  conflictos  sindicales y partidistas en contratos de construcción; la construcción del tramo 5 Norte, 6 y 7 y la operación a cargo de la SEDENA; el desacato de resoluciones judiciales y su blindaje según palabras del propio AMLO como asunto de “interés público y de seguridad nacional”.

Una región dibujada, y desdibujada

Los cuidados de protección a lo  ambiental, social y legal cedieron ante la coyuntura política partidista. La administración de AMLO parece haber previsto que la culminación de esta obra emblemática contribuye y muy fuertemente como  respaldo político al Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) y a la candidata presidencial del partido, Claudia Sheinbaum Pardo, en la elección del 2024.

El futuro, que había prometido  AMLO -“se inaugurará en diciembre llueva, truene o relampaguee” -,  se ha cumplido en parte;  como se sabe la infraestructura en su totalidad está aún incompleta, y con la nueva administración federal se iniciará un nuevo periodo político. Acaso  una  última oportunidad para la voluntad de actores civiles, que ofrecieron no poca resistencia. 

Detalla el diario de Munich Süddeutsche Zeitung “Hubo repetidos intentos de detener la construcción; se presentaron objeciones, se organizaron manifestaciones, artistas y celebridades se opusieron públicamente al proyecto. Hubo resistencia no sólo en México, sino también en Europa, ya que empresas como la francesa Alstom participaron y siguen participando en el Tren Maya, al igual que (la red ferroviaria alemana) Deutsche Bahn. Hubo incluso ataques a sus trenes por parte de activistas”.

Sin embargo, como se ha visto, la sola voluntad de la sociedad civil no basta. Y pareciera que  todos los esfuerzos fueron en vano. El futuro por venir dirá.

AGB

El 14 de diciembre se reunieron los presidentes Nicolás Maduro y Mohamed Irfaan Ali  para explorar vías pacíficas de solución al conflicto limítrofe que enfrenta a Venezuela y Guyana por Esequibo. De una población guyanesa que asciende a 791 mil personas, 25 mil viven en estos 160 mil km2. Un territorio pródigo en petróleo, en recursos minerales (como la bauxita, materia prima del aluminio), forestales, e hídricos, y reivindicado como propio por Venezuela desde hace más de un siglo. El encuentro en la insular nación caribeña de San Vicente y las Granadinas fue el primero entre los mandatarios después del referéndum celebrado 3 de diciembre en la República Bolivariana, cuando el 95% de los votos respaldó la soberanía venezolana del Esequibo. El pacto de los Ejecutivos de Caracas y Georgetown fue criticado después por el  Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales (Covri). Y el día anterior a Navidad se supo del envío de un buque de guerra de Gran Bretaña hacia su ex colonia imperial de Guyana, cuya joven independencia como República data de 1970. 

La cumbre bilateral, promovida  por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños(CELAC) y la Comunidad del Caribe (CARICOM), contó con la presencia del Primer Ministro de Dominica y Presidente Pro-Témpore de la Caricom, Roosevelt Skerrit; y en carácter de observadores, el asesor de asuntos internacionales del gobierno de Brasil , Celso Amorin, con atribuciones de garante de la cumbre bilateral;  el canciller de Colombia, Antonio Leyva Durán; el Vicecanciller de Honduras, Gerardo Torres Zelaya, y sendos enviados del Secretario General de la ONU, António Guterres.

Declaraciones protocolares y documento conjunto

El presidente Maduro, quien en los últimos meses ha acusado a Ali de ser un “títere provocador” de la petrolera estadounidense ExxonMobil, de haberse “puesto a la orden” de EEUU y  de ser un “instrumento del Comando Sur”, agradeció al mandatario guyanés por “su disposición al diálogo amplio en todos los temas” que abordaron “de manera directa”. A su  vez, Ali declaró a la prensa que en la reunión había sostenido “posición clara de Guayana de que somos un país un pueblo respetuoso de la paz”  y enfatizó:  “Dejamos en claro que Guayana no es el agresor, Guyana no busca la guerra; pero se reserva el derecho de trabajar con todos nuestros socios para garantizar al defensa de nuestro país”.

Ambos mandatarios  se comprometieron a abstenerse, “ya sea de palabra o de hecho, de intensificar cualquier conflicto o desacuerdo de cualquier controversia”, según el comunicado conjunto difundido. Y  acordaron  “establecer, inmediatamente, una comisión conjunta” con sus respectivos ministros de Exteriores y técnicos para “tratar los asuntos mutuamente acordados”, que deberá presentar una actualización a Maduro y Ali “en un plazo de tres meses”. Los gobiernos de Caracas y Georgetown  tienen previsto celebrar en el próximo trimestre, o “en otro momento acordado”, una reunión en Brasil, para abordar  “cualquier asunto con implicaciones”  para Esequibo. 

Tregua de paz sin solución al conflicto territorial

El delegado del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, Celso Amorín  definió la reunión como una “victoria” diplomática.   Sin embargo,  agregó “no me hago ilusiones, no estoy diciendo que el acuerdo significa una solución al problema, pero establece nuevas coordenadas”.  Una preocupación por muchos compartida: que el acuerdo solo sea una tregua y la cuestión derive en una confrontación bélica, por ahora poco probable pero no imposible.

La región  desde la breve guerra del Cenepa,  librada entre Ecuador y Perú, a principio de 1995 ocasionada por la ausencia de fronteras claras y definidas, se ha mantenido como zona de paz con una larga tradición de encausar este tipo de conflictos a través de la diplomacia y la mediación.   Sin embargo,  el académico del Instituto Leibniz de Investigaciones de Paz, de Fráncfort, Jonas Wolf  advierte  que “ha habido pocas guerras, pero sí las ha habido, y entonces no se puede descartar esa posibilidad tampoco. Yo diría que sí hay un riesgo real, porque esos conflictos territoriales son difíciles de solucionar y, obviamente, si son territorios que tienen valor estratégico por recursos naturales, como en este caso, el asunto se vuelve aún más difícil”.

Las reclamaciones por determinados territorios en América Latina han mostrado un uso y costumbre visitado con frecuencia, en virtud de lo establecido en el Pacto de Bogotá (1948),  sobre resolución pacífica de conflictos, que contempla mecanismos como mediaciones, arbitrajes o recursos judiciales. Aun así se ha constatado que hay gobiernos que en búsqueda de liderazgo o de su consolidación no guardan estricta observancia de estos parámetros y  buscan el papel de árbitro  para lograr inclinar en un potencial balance a favor de los beneficios antes que perjuicios ocasionados en caso de no evitar el uso de las armas

América Latina, zona de paz

El presidente Lula de Brasil,  el país de mayor  peso económico, político y militar  en la región,  declaró el 7 de diciembre en la cumbre del Mercosur, celebrada en la ciudad de Río de Janeiro, “Nosotros queremos que América del Sur sea una zona de paz. Y pedimos también que junto con la CELAC y la Unasur, podamos intervenir para crear un diálogo entre las partes. No precisamos de guerra en nuestra región”.  

En puntual referencia al conflicto del Esequibo, Brasil tiene una  posición clave por ser vecino directo de Guyana y por mantener relaciones con el gobierno de Maduro, con quien restableció la confianza diplomática que interrumpida durante el gobierno de Jair Bolsonaro (2019-2022) y con su determinación de enviar a Amorín al encuentro que sostuvieron  Maduro y Ali del 14 de diciembre.

Tensiones internas en la República Bolivariana

La comparación del conflicto venezolano del Esequibo y el argentino por las Malvinas acaso es exagerada. Pero sirve para explicar el resultado del voto en el referéndum del domingo convocado por el gobierno de Caracas. Cuando un gobierno argentino convocara una consulta popular para preguntar al electorado si las Malvinas son argentinas y si el Estado nacional puede proceder a la organización administrativa de las islas del Atlántico Sur como provincia n°25 de la República Federal, los votos afirmativos serían arrolladora mayoría. Otro tanto le ha ocurrido al gobierno de Maduro.  Tanto en un caso como en el otro, el tema ayuda a consolidar la identidad nacional. “El tema de la Guyana Esequiba me remite un poco al tema de las Malvinas, cuando la junta argentina empieza a sufrir una deslegitimación por parte de la población argentina, y entonces se retoma ese tema, un tanto para consolidar la identidad nacional. Y  el Gobierno de Caracas ante las próximas elecciones, enfrenta un panorama que será el más complicado. Para nadie es un misterio que Maduro viene pasando ya varios períodos de problemas en el ámbito interno” sostiene Hugo Harvey, doctor en estudios internacionales y profesor titular de la Universidad de las Américas, en Santiago de Chile, en clara referencia al autoproclamado presidente interino Juan Guiadó  y , ahora, con la emergencia  de la lideresa opositora María Corina Machado.

Del acuerdo y de sus contradicciones

El mismo día 14 de diciembre, cuando el presidente guyanés recibió a su par venezolano en el aeropuerto Argyle llevaba en su muñeca una pulsera que tenía la imagen del mapa de Guyana, con el Esequibo incluido. El gesto fue objeto de airada crítica   del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales (Covri) presidido por  Kenneth Roddgers Ramírez Domínguez, doctor en  Relaciones Internacionales y profesor de la Universidad Central de Venezuela :  “en forma contundente la inmadurez y hostilidad hacia varias generaciones de venezolanos que han estado involucrados en la reclamación de la Guayana Esequiba y hacia el espíritu del Acuerdo de Ginebra de 1966, exhibida por Mohamed Irfaan Alí al presentarse con una pulsera irrespetuosa y provocadora con una versión espuria del mapa de Guyana. Asimismo, lamentamos profundamente que Nicolás Maduro haya aceptado retratarse con este elemento irrespetuoso, lo que supone haber permitido una humillación a Venezuela Toda, denotando la triste situación de debilidad estratégica a la que ha llevado al país”.

Si bien Covri deja en claro que recibieron con beneplácito que todos los Estados asistentes hayan reiterado su compromiso de que América Latina y el Caribe siga siendo Zona de Paz,  así como la labor de moderación constructiva que hizo la Celac, Caricom y el gobierno de Brasil, consideraron “que Brasil ha sido el gran ganador del Encuentro de Argyle, el cual le permitirá mostrar a otros actores el éxito de su política de diálogo y normalización de relaciones con Venezuela, aumentar su influencia en la región del Caribe, así como exhibirse a nivel global como una ‘potencia emergente responsable’ que ha logrado mantener la paz y estabilidad regional”.

Con todo, en el documento  donde se califica de “imprudente” el referéndum del 3 de diciembre se manifiesta la preocupación  por  las medidas tomadas por el gobierno de Maduro después de la consulta que califican más de “efectivistas” que de “eficaces”. Y respecto a la nota del desacuerdo persistente entre Guyana y Venezuela sobre el proceso judicial seguido en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), afirma que Guyana “está comprometida con los procesos y procedimientos de la Corte Internacional de Justicia para la resolución de la controversia fronteriza”.  De acuerdo a la interpretación del Covri, el Ejecutivo venezolano  ha aceptado formalmente retroceder  en su intento de presionar al gobierno de Guyana para que acepte volver a las negociaciones directas como mecanismo para resolver la controversia de la Guayana Esequiba, mientras que la posición de Guyana no se ha movido ni un ápice.

Covri ratifica ante la opinión pública que “no estamos ante una vuelta de las negociaciones directas respecto a la controversia de la Guayana Esequiba, sino ante el establecimiento de un mecanismo peculiar de diplomacia preventiva que combina los buenos oficios y el diálogo político directo”.  La pregunta implícita que persiste es si se logrará el propósito de lograr un desescalamiento de las tensiones y a la vez una paulatina normalización de las relaciones bilaterales, que son dos cuestiones muy diferentes.

Horizonte global

El damero del sistema internacional presenta otros actores. Ante este cambio,  China muestra expectación y “EEUU no tiene la capacidad material para estar presente en la región”, analiza Wolff. Una de las consecuencias de estas mudanzas en el orden global es un debilitamiento del derecho internacional que puede facilitar o aun justificar agresiones militares.

En América Latina, según Wolff: “Me parece todavía bien claro que en la región va a haber poco apoyo a agresiones militares. Entonces, un Gobierno que decidiera tomar esa ruta se enfrentaría a mucho rechazo. La pregunta es si eso importa”, recordando la invasión rusa a Ucrania. En los hechos, una guerra que todos los actores del ajedrez político tienen como claro objetivo evitarla parece poco probable, pero no imposible.

Las alarmas se han encendido con la información,  divulgada por  gobierno de Venezuela  el domingo de Nochebuena, de  que Gran Bretaña anunció el envío de un buque de guerra a Guyana, su ex colonia. “Seguimos alertas ante estas provocaciones que ponen en riesgo la paz y estabilidad del Caribe y nuestra América”, expresó en X (antes Twitter) el ministro venezolano de Defensa,  Vladimir Padrino López, quien cree que este anuncio amenaza el acuerdo suscripto en San Vicente y las Granadinas entre ambos países.

AGB

En diciembre de 2022, ocurrió el episodio que los medios calificaron “autogolpe de Estado” del izquierdista Pedro Castillo. El presidente había anunciado por radio que renunciaba y disolvía el Congreso para convocar nuevas elecciones. Fue detenido por la fiscal Patricia Benavides y después destituido por un voto de vacancia del Congreso unicameral peruano, donde un conjunto de fuerzas fragmentadas de derecha gozan de la mayoría. La vicepresidenta Dina Boluarte juró como presidenta, e inició un gobierno aliada con la ex oposición, la mayoría derechista del Congreso. El gobierno está fundado en el pacto de que ella no renunciará, porque en ese caso el Congreso debería disolverse. Como el cargo de congresista no es reelegible en el Perú, significaría el fin de la carrera política legislativa de quienes actualmete ocupan el centenar y tres decenas de escaños. Las manifestaciones reclamaron la renuncia de la mandataria, en un contexto de profunda crisis social, económica y política. Fueron reprimidas con sangre. En Lima hay apoyo a esta situación. Que podría quebrarse tras el arresto e incriminación de la máxima autoridad del Ministerio Público, la fiscal Patricia Benevides que arrestó a Castillo, la antes incorruptible Sergio Moro de todos los Lava Jatos peruanos, por integrar una banda criminal con vínculos con el narco que extorsionaba al Congreso con datos obtenidos en investigaciones para ganar votos en el Legislativo.

Diecisiete intentos frustrados de gobernar sobre el Perú

El 7 de diciembre de 2022, el presidente izquierdista Pedro Castillo anunció la disolución del Parlamento. La medida frustraba  el propósito del  Congreso unicameral de Perú preparado  para votar una tercera moción de destitución al primer mandatario.  Sin pausa alguna,  el Legislativo destituyó a Castillo por “incapacidad moral” al considerar que el gobernante “violó la Constitución”, decisión que el Ejército respaldó. Finalmente,  la  vicepresidenta Dina Boluarte  asumió el más alto cargo del país andino.

Los 17 meses de gestión de gobierno  del ex presidente Castillo estuvieron marcados por constantes acusaciones en su contra e intentos de destitución de su mandato. La llegada al poder de un  docente rural y sindicalista de izquierda sorprendió y provocó una reacción negativa en los sectores más conservadores del país que de inmediato pusieron en tela de juicio hasta su propia elección democrática. Agrupaciones empresariales y civiles le declararon la guerra desde el segundo cero y lo señalaron de presunta corrupción en repetidas ocasiones. 

Después de su vacilante y aun contradictoria gestión de gobierno, el 7 de diciembre de 2022, se interrumpió la programación habitual en la televisión nacional y Castillo leyó un discurso que, sin saberlo en el momento, firmaba el acta de defunción de su mandato. El castillo de Pedro empezó a derrumbarse ante la inminencia de una tercera moción de destitución y comunicó al público de la nación el cierre del Legislativo y la conformación de un Ejecutivo de emergencia que gobernaría por decreto. 

La prensa nacional e internacional, calificó el suceso como un “autogolpe de Estado” que no tuvo respaldo de ningún sector, ni siquiera de los militares. Castillo fue destituido por el Congreso, detenido por su escolta y recluido en prisión por delitos de rebelión y conspiración sin el debido proceso. 

Más de 20 días después, Castillo publicó en su cuenta X ( Twitter) una extensa respuesta a los señalamientos en su contra:

“Yo no he cometido delito de conspiración. Quienes sí lo han hecho son aquellos que, desde el Congreso y otras instituciones, han venido maquinando la caída de mi Gobierno, a través de sucesivos pedidos de vacancia presidencial y otras artimañas. Si mi familia ha tenido que salir del país y refugiarse es porque en Perú corría peligro, no solo su libertad, sino también su integridad y sus propias vidas,

Sin embargo, yo me quedaré aquí para afrontar cualquier proceso porque tengo la verdad de mi lado. Deben tener conocimiento, señores jueces supremos, que, hasta la fecha, estoy incomunicado. No he tenido acceso a un número telefónico para llamar a mi familia“.

Un período de transición sin viabilidad

La destitución de Castillo lleva como necesario correlato  la asunción de Dina Boluarte: la entonces vicepresidenta del país juró como la nueva mandataria con la esperanza de comenzar un nuevo periodo de transición que nunca hasta el día de hoy lo ha logrado. Las  peruanas y peruanos, algunos en apoyo del destituido presidente y otros desanimados por la constante inestabilidad política, salieron a las calles reclamando el adelanto de las elecciones generales. 

El pedido se gritaba en las calles pero se silenció puertas adentro del Congreso. Las masivas protestas marcaron la temperatura in crescendo de la  crisis social que involucró  la mayor parte de la región urbana del país andino, con más de medio centenar de muertes directas y otra veintena adicional por sucesos aledaños a las protestas. 

Los poderes desacreditados del Estado

En los meses posteriores,  el Legislativo se engrandeció y el Ejecutivo se achicó considerablemente. El Congreso, a pesar de tener más del 90% de desaprobación en las encuestas oficiales, ha tomado un peso político que puede ayudarlo a permanecer por varios años más. “El Ejecutivo es débil, es una presidenta que ya se ha dicho reiteradamente que carece de partido, de bancada, carece de apoyo ciudadano, carece de referencias sociales fuertes, regionales y locales”, sostiene Fernando Tuesta,  analista político.  

El Parlamento comenzó a desarrollar su propia agenda, “a través del poder que ejerce y la coalición amplia que ha establecido” entre las más diversas bancadas, detalla Tuesta. Las medidas aprobadas por el Legislativo favorecen no sólo a entidades políticas, como los partidos o alianzas políticas de izquierda o derecha, sino también a intereses privados, mercantilistas e incluso mafiosos. No en vano un grueso número de congresistas, que puede llegar a un tercio de los 130 legisladores, afrontan investigaciones por presunta corrupción y otros delitos, algunas de las cuales fueron archivadas convenientemente por el pleno.

Los debe sin haber de la presidenta Boluarte

Boluarte debe enfrentar una agenda prioritaria que no gestionarla con éxito acrecentará la ira de la población. La inseguridad ha dejado los casos de extorsión quintuplicados, la tasa de  homicidio ha aumentado casi en un 90% y el  incremento del delito llevó al Gobierno a declarar el estado de emergencia en varias zonas de la capital peruana. 

 La situación económica es la peor del país en tres décadas, sin contar la recesión de la pandemia, por la caída de inversiones y del golpe por las protestas antigubernamentales. Al contexto económico se suma la falta de confianza en las instituciones como el Congreso, tradicionalmente desprestigiado. Esta semana la crisis en el Ministerio Público se agudizó con la suspensión de la fiscal general, Patricia Benavidez  por una investigación criminal.

En el primer aniversario de gobierno de la mandataria, miles de peruanos se manifestaron en las calles y la plaza San Martín de Lima y reclamaron: “Que se vayan todos”. Con banderas, pasacalles, y danzas  típica en un marco de protesta, pidieron por el cierre del Congreso y elecciones anticipadas, reiterando los reclamos de principios de 2023 que quedaron marcados por fuerte represión policial. Luego de aquellas manifestaciones, que dejaron más de 50 muertos en el país, la Fiscalía presentó a fines de noviembre ante el Congreso una acusación constitucional contra Boluarte, por presunto delito de “homicidio calificado”. La misma Fiscalía que antes garantizaba impunidad o le evitaba la apertura de procesos por la gestión de los fondos de la campaña de Castillo ahora puede ser su delatora.

Acorralada, la ex fiscal suprema Benavídes podría buscar traficar información incriminatoria de modo de intentar apurar un voto de vacancia contra Boluarte promovido por congresistas a quienes preocupe más su futuro judicial que el fin de su futuro legislativo. Investigada, la ex Fiscal no contaría con tesis ni de licenciatura ni de doctorado en Derecho, aunque sí certificados con calificaciones máximas por esos logros, que contribuyeron a jusificar la nota de 100 puntos otorgada en el Concurso para el cargo supremo en el Ministerio Público hoy perdido. Un jurado que exaltó la mirada ética de la entonces concursante vio a su esposa promovida como bibliotecaria en sede fiscal (como la ausencia de cualificaciones fue advertida demasiado rápido, duró un día en esa posición): La busca por ejemplares o rastros físicos o digitales de las tesis de Benavides prosigue.

El Gobierno entretatanto elevó elevó las penas contra las personas que provoquen violencia en las protestas, destruyan propiedad pública o privada o cierren vías clave. “Congreso, fiscalía, ¡basta ya de corrupción! Queremos vivir en paz”, vociferaba  una mujer sentada en suelo como tantas otras en las calles de la capitalina Lima, la otrora Ciudad de los Reyes.

AGB

De 85 años de edad, Alberto Fujimori salió en libertad del penal de Barbadillo gracias al restablecimiento del indulto que el Tribunal Constitucional (TC) reconoció como válido. Otorgado en 2017, había sido promulgado seis años bajo el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. A pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció la ilegalidad de este indulto. Su hija Keiko fue derrotada tres veces como candidata presidencial y ahora se ve haciendo campaña triunfante de la mano de su padre libre y octogenario. En el último balotaje presidencial, Keiko fue vencida por su rival de Izquierda Pedro Castillo. El vencedor fue destituido por el Congreso peruano y la liberación coincide con el primer aniversario de la destitución.

Alberto Fujimori fue condenado por violaciones a los DDHH durante su gobierno que se extendió entre 1990 y 2000. Armó “escuadrones de la muerte” con bandas parapoliciales, secuestró, asesinó y desapareció a trabajadores, referentes campesinos, periodistas y opositores políticos. Además de su condena, tiene todavía abierta otras causas de lesa humanidad por las que todavía no fue condenado.

Entusiasmada por el desenlace del largo proceso que liberó a su padre de sufrir penas por su condena como genocida, Keiko ya se ve en campaña asegurando que sólo un y una Fujimori darán estabilidad al Perú, país de 6 presidentes en 6 años.

En 2017 , Fujimori estuvo cuatro meses en libertad, hasta que la CIDH declaró el indulto ilegal, instrucción que fue acatada por el entonces presidente izquierdista opositor al fujimorismo  Pedro Castillo, quien se encuentra en prisión preventiva desde hace un año también en Barbadillo.  En el momento de su salida del centro penitenciario, el expresidente llevaba puesta una mascarilla que provee oxígeno y, justo después de atravesar la puerta, abrazó a su hija Keiko, líder del partido fujimorista Fuerza Popular (FP), y a su hijo Kenji.

Desafío a la Corte Interamericana de DDHH

El mismo día 7 de diciembre, la CIDH publicó una resolución en la que requiere al Estado peruano que se abstenga de liberar al político derechista y empresario multimillonario dilecto de la constructora brasileña Odebrecht, con el fin de garantizar la justicia para las víctimas de violaciones a los DDHH. Con antelación,  la institución había instado en 2018 al país andino a garantizar la administración de justicia para las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, cometidas en 1991 y 1992, respectivamente,  por las que Fujimori fue condenado por 25 años de cárcel  como autor mediato ( con dominio de hecho), así como por los secuestros de un empresario y un periodista tras el auto golpe de Estado que dio en 1992.

El estado de derecho en crisis

Toda argumentación que busque validar el indulto aduciendo razones humanitarias por  la avanzada edad de Fujimori y su estado de salud quedan inválidas debido a la profunda crisis institucional que ensombrece desde hace tiempo el horizonte político del país. “La liberación de Alberto Fujimori forma parte de un proceso de descomposición, de debilitamiento de múltiples instituciones en el país, que tienen que ver con Estado de derecho, con administración de justicia”,  sostiene Elizabeth Salmón, profesora principal de Derecho Internacional en la Pontificia Universidad Católica del Perú.  Sus afirmaciones remiten a la reciente suspensión de la fiscal general  Patricia Benavidez debido a una investigación de tráfico de influencias.

El diagnóstico de Alfredo Serrano Mansilla,  director ejecutivo del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), no deja lugar a dudas ni engaño. “Es un momento de gran dificultad para la democracia, dado que hay una suerte de estafa electoral”, dice, y explica: “Estamos en una especie de dilema democrático electoral, donde se puede gobernar sin ganar las elecciones, y el fujimorismo hoy en día está gobernando en el país, con alianzas en el Poder Legislativo, un Legislativo altamente fragmentado e inestable, con una suerte de coacción permanente a la actual presidenta, Dina Boluarte, y con una cooptación del Poder Judicial”. En directa consecuencia,  el indulto que se ha llevado a cabo, incumpliendo incluso el marco de la legalidad internacional, resalta Serrano Mancilla “es el resultado de un acuerdo político que en gran en gran medida viola la esencia de las reglas electorales y democráticas”

Perú se encuentra comprometido al sistema interamericano de DDHH desde 1978, cuando aceptó la convención americana, y desde el momento en que es miembro de la OEA. El otorgamiento del indulto a Fujimori  significa que el TC, o varios de sus  miembros han desconocido  el valor jurídico de los compromisos internacionales. Al respecto, Salmón subraya  que “la Corte Interamericana ya ha establecido claramente que, para ser válido este indulto, tenía que cumplirse con algunos estándares”. Enumera, por ejemplo, el arrepentimiento del perpetrador, o consideraciones como la de si se pagó o no indemnización a las víctimas. Muy por el contrario, Fujimori no se ha arrepentido por los asesinatos por los que fue condenado. En octubre, le dijo a un juez: “yo me considero totalmente inocente”. Y añadió que su gobierno practicó una “estrategia de total respeto a los derechos humanos” .

La posición del Perú respecto al incumplimiento de lo dispuesto por la CIDH no es nueva. “Hay ciclos que se van repitiendo cada cierto tiempo, en que se pide que Perú se retire de la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana” estima Salmón. Lo ocurrido funciona como un pretexto más para tratar de renunciar a la Corte interamericana y crear un espacio de impunidad.

El contexto latinoamericano

A nivel regional también se observan corrientes de este tipo, que anteponen, por ejemplo, el tema de la seguridad al de los DDHH. “Hay varios países que no ven con buenos ojos el sistema interamericano, porque indica los límites que tienen que respetar en la implementación de políticas jurídicas, de políticas públicas”, opina Salmón. “Yo creo que la Corte va a tener que saber estar a la altura de las circunstancias, y también dar una visibilidad muy importante al discurso de los derechos humanos, de la democracia”, afirma la académica.

El impacto político de hechos como la liberación de Fujimori es bien perceptible.  Otra vez en la televisión peruana se les otorga espacio a políticos de la época de Fujimori que  bien ufanos  vuelven a proclamar  que el ex dictador y autogolpista  fue quien salvó al Perú del terrorismo, el que arregló la situación económica.  Narrativas que suponen el fortalecimiento de movimientos como el fujimorista, que en su afán de regresar al poder plantean  posiciones muy alejadas de los DDHH y, además, practican el negacionismo con relación a los crímenes de lesa humanidad cuyo responsable ha quedado en libertad. .

Respecto a  las repercusiones de la decisión del TC peruano, Serrano Mansilla llama también la atención sobre el rol determinante que tienen los poderes judiciales a nivel regional. En este sentido, sentencia: “Hoy en día, deberíamos conocer los nombres y apellidos de los fiscales, porque, aunque no se presentaran a elecciones, tienen a veces mayor poder de decisión que un presidente electo democráticamente. Y esto es para repensar las democracias en la región latinoamericana”, con un claro llamado de atención sobre el rol determinante que tienen los poderes judiciales a nivel regional.

AGB