El Ministerio de Salud envió insumos a los países afectados por el hantavirus y brindó asistencia técnica para el manejo clínico de los casos, mientras impulsa investigaciones para determinar el posible origen de los contagios, en el marco del brote vinculado al buque MV Hondius.

Tal como indicó la cartera nacional, la variante corresponde a la cepa Andes, ocho casos ya fueron confirmados entre los pasajeros y la tripulación del buque, mientras que tres de ellos fallecieron.

Esta variante sólo presenta antecedentes de circulación en Chubut, Río Negro, Neuquén y en el sur de Chile. Asimismo, la colaboración surgió porque el transporte zarpó desde Argentina el pasado 1 de abril.

La ANLIS-Malbrán puso a disposición su capacidad técnica, experiencia y recursos para asistir a los sistemas de salud que así lo requieran. A partir del relevamiento de los requerimientos de cada país, Argentina enviará los elemento necesarios.

Los destinatarios son los laboratorios de España, Senegal, Sudáfrica, Países Bajos y el Reino Unido que recibirán ARN del virus Andes, insumo fundamental para la detección del virus en personas, y placas de ELISA sensibilizadas con antígenos del virus Andes, para su uso en estudios serológicos orientados a la detección de anticuerpos específicos contra el virus en sueros humanos.

Con estos insumos se pueden realizar aproximadamente 2.500 determinaciones diagnósticas. También enviará guías para diagnóstico y protocolos de tratamiento para garantizar el correcto manejo de los casos.

Con información de Noticias Argentinas

JIB

Después de varios días en los que el conflicto en el PAMI escaló desde el terreno sanitario al político, el Gobierno ensayó un primer movimiento para descomprimir uno de los frentes más urgentes, aunque lejos de resolver el problema de fondo. El Ministerio de Salud dispuso el giro de $150.000 millones al organismo con fondos propios, en un intento por empezar a regularizar los pagos atrasados a prestadoras, en un sistema que ya mostraba signos de saturación.

La secuencia no fue casual. Ayer, en la cumbre de AmCham, el ministro de Salud, Mario Lugones, había reconocido públicamente la existencia de una crisis en el organismo. “Sí, hay crisis”, admitió, en una frase que en el Gobierno interpretaron como un sinceramiento necesario después de semanas de tensión acumulada. Pero también buscó llevar calma: “Hoy están pagando”, repitió, como una señal que ahora empieza a materializarse con el desembolso de fondos.

El dinero comenzó a moverse en las últimas horas. Según pudo reconstruir elDiarioAR, el PAMI inició transferencias a prestadoras desde el martes, con la expectativa de continuar durante los próximos días. En la Casa Rosada hablan de cubrir “una buena parte” de los $500.000 millones que el sector privado reclama como deuda, una cifra que se convirtió en el principal factor de presión sobre el organismo.

Ese movimiento apunta a desactivar el frente con clínicas, sanatorios y proveedores, pero no resuelve el conflicto abierto con los médicos de cabecera, que mantienen el paro de 72 horas en rechazo al nuevo esquema de pagos por afiliado. En otras palabras, el giro de fondos busca estabilizar la cadena de prestaciones, pero deja intacta la discusión sobre el modelo de remuneración que detonó la protesta.

Desde el oficialismo, sin embargo, buscan relativizar el volumen de la deuda. “Esos $500.000 millones no son deuda. O al menos no la gran mayoría”, explican desde el organismo. La distinción no es menor: se trata, sostienen, de pagos que en otras gestiones se acreditaban el primer día del mes y que ahora se están demorando algunos días más. “Mucho de este monto es sobre facturación vigente. Si el servicio lo prestaron en febrero, pero lo presentan ahora, nosotros todavía tenemos margen para pagarlo”, agregan.

Esa lectura choca con la percepción de quienes operan dentro del sistema. “Es un baldecito de agua en el incendio de Roma”, grafica a elDiarioAR una fuente con acceso a los movimientos internos del PAMI. “No alcanza ni para cubrir un mes”, agrega, al tiempo que señala que el problema excede largamente la coyuntura financiera. En esa mirada, el conflicto actual sería la expresión más visible de un desorden más profundo, vinculado a la forma en que hace años se toman decisiones dentro del organismo y a la concentración de poder en su estructura, con figuras clave como el actual subdirector Carlos Zamparolo.

Los datos duros confirman un estado de situación. Un informe reciente de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) mostró que el gasto en prestaciones del PAMI cayó un 41,3% en términos reales durante el primer trimestre del año respecto del mismo período anterior. La cifra circula en despachos oficiales y privados como una confirmación de lo que, en el territorio, ya se percibe como ajuste.

Ese trasfondo explica, en parte, la fragilidad del esquema. Aunque el PAMI se financia con aportes de jubilados y pensionados, ese flujo resulta insuficiente frente a la magnitud de prestaciones que debe cubrir para casi seis millones de afiliados. En ese equilibrio siempre inestable, la disponibilidad de recursos dentro del propio sistema es determinante. Por eso, cuando se activan desembolsos como el actual, apenas alcanzan para recomponer parcialmente una cadena que ya venía tensionada.

La crisis llega a la calle

La crisis, además, ya se trasladó con fuerza a la calle. Este miércoles, el Plenario de Trabajadores Jubilados convocó a una concentración frente a la sede central del PAMI, sobre la avenida Corrientes, donde realizaron una olla popular para visibilizar la falta de medicamentos e insumos gratuitos. La protesta se replicó en distintas sedes del organismo en las principales ciudades del país, en el marco de una jornada de reclamo que incluyó denuncias por agresiones a manifestantes en Tucumán y la entrega de petitorios a autoridades locales. En la ciudad de Buenos Aires, las movilizaciones confluirán a las 15 en una marcha hacia el Congreso, con el foco puesto tanto en los haberes como en el deterioro de la cobertura sanitaria.

En Córdoba, la escena tuvo un volumen particular. Una multitud de jubilados, médicos y familiares se movilizó hacia las sedes del PAMI para denunciar la interrupción de servicios básicos y la falta de respuesta del organismo. La convocatoria estuvo atravesada por reclamos concretos, como la ausencia de turnos en especialidades críticas, reprogramación constante de cirugías y dificultades crecientes para acceder a tratamientos esenciales.

La situación en los centros de atención aparece como uno de los puntos más sensibles. Afiliados denuncian que medicamentos que antes contaban con cobertura total o descuentos significativos dejaron de estar garantizados, obligando a muchos adultos mayores a costearlos con ingresos que no alcanzan. En paralelo, la falta de turnos para oncología y otras especialidades de alta complejidad agrava el cuadro.

En Tucumán, el conflicto se expresó con escenas de tensión en la puerta de la sede local del PAMI, sobre la calle Córdoba al 900. Jubilados se concentraron para reclamar por la falta de atención médica en el marco del paro nacional de 72 horas impulsado por prestadores de cabecera. La medida, que involucra a unos 300 profesionales, responde al rechazo a la nueva resolución que modificó el esquema de pagos y que, según denuncian, implicó una fuerte caída en sus ingresos.

La protesta escaló cuando un grupo de afiliados intentó ingresar al edificio para presentar un petitorio a las autoridades, en medio de un clima de malestar por la imposibilidad de acceder a consultas. “El paciente y el médico tienen que estar a la par, nos necesitamos mutuamente”, repitieron durante la jornada, en una consigna que busca visibilizar una crisis que ya no distingue entre quienes brindan el servicio y quienes dependen de él.

PL/CRM

En el marco de la cumbre de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham), realizada este martes en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, el ministro de Salud, Mario Lugones, hizo alusión al frente más sensible que por estas horas aqueja a su cartera. “Sí, hay crisis”, admitió sobre la situación del PAMI, la mayor obra social del país. Pero enseguida buscó bajar la tensión. “Hoy están pagando”, repitió, como una garantía mínima en medio del conflicto con prestadoras, a las que se les debe, según cálculo oficiales, más de 500.000 millones de pesos. En diálogo con la periodista Daniela Blanco, el ministro dejó en claro que el Gobierno es consciente del cuadro, aunque evitó refirse al paro de 72 horas que llevan adelante los médicos de cabecera.

El contexto no es menor. La situación del PAMI se convirtió en uno de los puntos más delicados de la gestión sanitaria, con tensiones por los cambios en los esquemas de pago y una transición que todavía no termina de ordenarse. En paralelo, Lugones atraviesa su propio frente interno, con cuestionamientos a su gestión, dudas sobre la velocidad de las reformas y presión por mostrar resultados en un área especialmente sensible. En ese marco, su definición funcionó más como una señal de contención que como una solución de fondo.

A partir de ese punto, el ministro amplió el foco. Habló de un sistema “en crisis”, atravesado por un problema estructural vinculado al envejecimiento de la población. “Cuanto más grandes somos, más dependemos de los médicos o de los medicamentos”, graficó Lugones. Y continuó: “El PAMI tiene un millón de personas, más o menos, con más de 80 años, sobre las cinco millones que hay en total”. A ese número, el ministro le sumó “los casi 6.000 afiliados” que tienen “más de 100 años”. Y remató: “Ya hay abuelos, hijos y nietos”. El diagnóstico, para nada novedoso, en boca del funcionario adquiere otra dimensión porque justifica la necesidad de reformular el modelo desde parámetros “descentralizadores”.

En ese rediseño, Lugones hizo especial hincapié en el rol de las provincias. Insistió en que la salud es una responsabilidad “jurisdiccional” y que no tiene sentido intentar conducir el sistema desde la Casa Rosada. “¿Qué mejor que el gobernador de cada jurisdicción para saber qué necesita su gente?”, planteó, al comparar realidades tan disímiles como las de Jujuy y Tierra del Fuego, punto sobre el que ya había hablado el año pasado. En esa línea, explicó que el Ministerio de Salud avanzará con recomendaciones y planes generales, pero que la ejecución quedará en manos de los distritos. Algunas provincias, dijo, ya están trabajando más articuladas con el sector privado, mientras que otras avanzan a otro ritmo.

Esa lógica implica un repliegue del Estado nacional como ejecutor y su reconversión en un actor que orienta y ordena. El objetivo, según planteó, es “nivelar la cancha” para que el sistema funcione con mayor eficiencia y cada jurisdicción asuma la responsabilidad que le corresponde. En paralelo, abrió la puerta a una mayor participación del sector privado, especialmente en aquellas provincias donde el sistema público muestra más limitaciones.

El otro eje fuerte de su intervención fue la transformación de la salud en un vector de inversión. Lugones vinculó esa estrategia al acuerdo con Estados Unidos, que según planteó abre la puerta a la llegada de capitales, al desarrollo tecnológico y a la generación de patentes en el país. Habló de reuniones recientes con laboratorios internacionales, de la necesidad de eliminar “tercerizaciones” que no agregan valor y de avanzar en regulaciones que impulsen la producción de “biosimilares” para fortalecer a la industria local.

En ese esquema, la refuncionalización de la ANMAT aparece como una pieza clave. El organismo, dijo, tendrá mayor protagonismo en investigación clínica y ensayos, en línea con la intención de convertir a la Argentina en un polo regional. Incluso proyectó al país como un “faro” en la región, en articulación con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), para exportar medicamentos a otros países de América Latina.

Sobre el final, el ministro volvió sobre uno de los puntos más sensibles: las personas con discapacidad. En el marco del escándalo por la causa que investiga el supuesto pago de sobornos en lo que fue la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Lugones econoció desorden administrativo, con convenios vencidos desde 2009 que debieron prorrogarse para poder pagar, y denunció la existencia de intermediaciones que, según su mirada, desvían recursos. Pero cerró con una promesa política. “No los vamos a dejar solos [a los discapacitados], de ninguna manera”.

Entre el reconocimiento de la crisis y la apuesta a una transformación estructural, Lugones dejó expuesta la tensión que atraviesa hoy al sistema. Mientras el Gobierno avanza con su idea de descentralizar, desregular y abrir la salud a la inversión privada, el PAMI sigue siendo el termómetro más inmediato de esa transición. Un organismo que, aun en crisis, necesita seguir pagando para que todo lo demás no se detenga.

PL/MC

El paro de los médicos del PAMI que comenzó este lunes dejó de ser solo un reclamo sectorial para transformarse en un síntoma más visible de una crisis que se venía gestando puertas adentro del sistema hace tiempo. Mientras los profesionales de cabecera paralizan la atención en todo el país por 72 horas, en rechazo al nuevo esquema de pagos por afiliado, la tensión expone una dinámica que ya no se limita a lo sanitario: también habla de cómo se toman hoy las decisiones dentro de la obra social más grande del país.

El conflicto con los médicos tiene un eje concreto. El esquema de cápitas fija un ingreso mensual de $2.100 por afiliado, en reemplazo del sistema mixto anterior. Según las asociaciones profesionales, eso implica una caída de hasta el 50% en los ingresos y obliga a aumentar el volumen de pacientes para sostener la actividad. “Es imposible”, repiten en el sector.

Desde el Instituto, sin embargo, defienden la medida. Fuentes del PAMI sostienen que el cambio implica “un aumento del ingreso fijo de los médicos de cabecera” y que apunta a “ordenar y proyectar la inversión del Instituto en esta materia, controlando posibles desvíos”. Según esos cálculos oficiales, un profesional con 800 afiliados pasó de percibir $756.800 a $1.680.000 mensuales, lo que representa “un incremento del 121% en el ingreso fijo”.

El delegado organizador de APPAMIA Córdoba, Atilio Rossi, detalló cómo funcionaba el sistema anterior y el impacto del cambio. “Nos pagaban a través de un sistema mixto, una mitad que era la cápita —945 pesos por paciente por mes— y otra parte que correspondía a consultas, aunque el PAMI solo reconocía el 40% de las que realizábamos”, explicó a Radio Mitre. “Si yo hacía 100 consultas, el PAMI me abonaba nada más que 40, que iban entre 6 y 10 mil pesos según el caso. Eso en un médico con 400 afiliados representaba aproximadamente un ingreso de 1.650.000 pesos”, ejemplificó.

El giro llegó de manera abrupta. “El PAMI tomó una medida intempestiva, retroactiva al 1 de abril, donde pasa de un sistema mixto a un sistema capitado, donde únicamente le va a pagar la cápita”, agregó Rossi, quien advirtió que el resultado ya empieza a verse, con turnos reprogramados, derivaciones restringidas y una sobrecarga que impacta directamente en la calidad de la atención.

Zamparolo, el apuntado

Pero detrás de ese esquema aparece un nombre que se repite en todas las conversaciones. Carlos Zamparolo, expresidente del Consejo de Administración de la obra social de los empleados de la Universidad de Buenos Aires (DOSUBA), hoy subdirector del PAMI y hombre de confianza del asesor presidencial Santiago Caputo, es señalado por distintos actores del sistema como el principal responsable de la reconfiguración actual del organismo. Formalmente, responde a la conducción de su superior, Esteban Leguizamo. En la práctica, es quien concentra las decisiones más sensibles.

Las críticas apuntan, sobre todo, a un proceso de centralización. La Libertad Avanza redujo las cuatro gerencias sociales a una sola, subdividida en seis subgerencias, y concentró el poder operativo en una Unidad Técnica que responde a Zamparolo. “Él controla el ecosistema de los proveedores del PAMI. Concentró todas las compras bajo su ala, decidiendo proveedores a conveniencia”, describen desde el sector. La lógica, agregan, no sería nueva. “De la misma manera que utilizó DOSUBA como caja para bancar políticamente a Rojo-Yacobitti, ahora lo hace con el PAMI”, sostienen al describir un entramado de poder que siempre encuentra la forma de sobrevivir.

En ese escenario, el paro de 72 horas aparece menos como una medida excepcional que como la consecuencia de un esquema que empezó a tensionarse hasta el límite y que se proyecta sobre el funcionamiento cotidiano del sistema. Prestadores médicos denuncian no solo la reducción del valor de las cápitas, sino también demoras en los pagos que afectan la cadena completa. “Además de bajarle el 50% el valor de la prestación, no les pagaron a ninguno”, sintetizan.

En paralelo, en el territorio empiezan a circular versiones que agravan el cuadro. El cierre del hospital de Hurlingham —o su reconversión operativa— es uno de los casos que más ruido generó en los últimos días. “Se lo entregaron a La Cámpora”, denuncian. El municipio, gobernado por Damián Selci, aparece en el centro de esas sospechas. Según esas versiones, parte del personal sería trasladado al Hospital del Bicentenario de Ituzaingó, mientras que equipamiento médico sería derivado a otros centros como el Milstein. Nada de eso fue confirmado oficialmente, pero el clima interno se carga de interpretaciones.

En enero, elDiarioAR se había hecho eco del enojo de los referentes de La Libertad Avanza local por el desplazamiento repentino del director de esa institución, ubicada en aquel partido del oeste del Gran Buenos Aires. La llegada de un reemplazante con vínculos con la intendencia comandada por Pablo Descalzo alimentó sospechas sobre posibles acuerdos territoriales entre la Casa Rosada y el peronismo.

Es que detrás del episodio sanitario asoma una trama más amplia, donde la gestión pública en general suele funcionar como moneda de negociación política. Desde la creación de la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES) en julio del año pasado, los cinco hospitales descentralizados que dependen del Ministerio de Salud dejaron de comprar de manera autónoma y pasaron a depender de un esquema centralizado. Un rediseño que, lejos de transparentar, abrió nuevas ventanillas de poder, contratos y control de cajas sensibles, con el Hospital Posadas de Morón como eslabón principal.

Gestos políticos

La conflictividad, además, ya desbordó al sistema médico. Jubilados comenzaron a movilizarse frente a la sede central del PAMI para reclamar por la falta de medicamentos e insumos, en una protesta que incluyó olla popular y que se proyecta hacia el Congreso. A eso se suma la presión política: en el Senado, la cordobesa Alejandra Vigo pidió informes al Ejecutivo por la situación del organismo y advirtió sobre el impacto de los recortes en la cobertura.

En paralelo, la situación volvió a poner en cuestión la figura de Mario Lugones. En la última semana, el ministro de Salud quedó en el centro de versiones sobre una posible salida del cargo, tal como reveló elDiarioAR y luego fuera desmentido por la Oficina de Respuesta Oficial. Lugones participó de una reunión con su par de Economía, Luis Caputo, en la que no logró asegurar los fondos que reclamaba para sostener el funcionamiento del sistema. El encuentro, que en lo formal fue presentado como “productivo”, dejó sin embargo un saldo ambiguo, sin anuncios concretos y con la confirmación implícita de que el ajuste no se flexibilizará.

Con ese telón de fondo, Lugones buscó este lunes volver a mostrarse en escena. Lo hizo durante una recorrida por la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) Malbrán, donde participó junto a Karina Milei de la inauguración de un laboratorio de máxima bioseguridad. La imagen funcionó como gesto político en medio de la tormenta. Una suerte de respaldo en público, mientras la crisis en el PAMI sigue sin una salida clara.

Nada parece haber cambiado. Por el contrario, la aparición de los cuadernos del operador farmacéutico Miguel Ángel Calvete, en el marco de la causa que investiga supuestos sobornos en la gestión de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), y los nombres que asoman en esas anotaciones —como las iniciales del propio Zamparolo en una de sus páginas— funcionan como una prueba irrefutable de que persisten las mismas prácticas opacas que el propio Javier Milei había prometido erradicar.

En ese esquema, la figura de Zamparolo aparece como síntesis de una forma de gestión que privilegia la articulación política, al preservar esas dinámicas históricas puertas adentro del organismo. Por eso, mientras el conflicto escala, en los pasillos del PAMI empieza a instalarse la idea de que el problema no es solo el ajuste, sino quién administra sus efectos. Y quiénes son los que siempre se benefician.

PL/MG

La escena se repite, casi cíclicamente. Cada crisis del PAMI esconde lo mismo: debajo de los nombres que se suceden en la superficie, persiste un entramado que atraviesa gobiernos, colores políticos y reformas administrativas. La semana que pasó, marcada por los rumores de salida de Mario Lugones del Ministerio de Salud —que el Gobierno se ocupó de desmentir—, volvió a poner en primer plano el estado crítico de la obra social más grande del país. Con sus seis millones de afiliados en vilo, la situación dejó al descubierto algo menos visible: la estructura de poder que logra sostenerse incluso cuando la olla parece estar a punto de explotar.

Ese mapa no es nuevo. Conviven en él capas que responden a lógicas distintas, al menos a simple vista. Por un lado, el poder permanente, con figuras que llevan décadas orbitando el organismo. Carlos Rojo es quizás el nombre más representativo de ese esquema. Médico formado en la Universidad de Buenos Aires (UBA), construyó desde allí una carrera que lo llevó a dirigir el PAMI Capital entre 2005 y 2012 —fue designado en ese cargo por la otrora ministra de Salud, Graciela Ocaña— y a consolidarse como referente de la Asociación de Médicos Municipales.

Desde las sombras, Rojo tejió una alianza estratégica con el radical Emiliano Yacobitti que terminó por reconfigurar el equilibrio de poder en la UBA. Esa sociedad, que unió a la Facultad de Medicina con Económicas, fue clave para definir rectorados, desplazar hegemonías históricas y consolidar un esquema que todavía hoy ordena la política universitaria. Pero la influencia del tándem Rojo-Yacobitti excede largamente esos claustros. Con el tiempo, trascendió el ámbito académico y encontró en el PAMI un terreno fértil para proyectarse: la lógica de acuerdos cruzados entre espacios que en otros planos compiten se trasladó también al organismo.

Durante la actual gestión, la reestructuración interna desplazó a algunos nombres y redujo jerarquías, pero en ningún momento se puso en duda esa red. Sergio Barrionuevo —ligado al operador peronista porteño Juan Manuel Olmos— está hoy al frente de la Subgerencia de Promoción Social, en una posición que, aunque con menor visibilidad que en etapas anteriores, conserva incidencia en el funcionamiento cotidiano del área.

Junto a Barrionuevo, otros cuadros vinculados a distintas líneas políticas permanecen en roles intermedios, muchas veces sin capacidad formal de decisión, pero con conocimiento del terreno y capacidad de supervivencia. En ese nivel, la lógica no es la confrontación abierta sino la convivencia forzada, atravesada por internas que terminan condicionando el funcionamiento cotidiano. “No hay línea para laburar nada… todo es así”, describió a elDiarioAR, resignado, un actor con conocimiento directo del organismo, en alusión a una dinámica que, lejos de ordenar, tiende a bloquear.

Sobre esa base se montó el nuevo esquema. La llegada de Javier Milei implicó una reorganización que redujo las cuatro gerencias sociales a una sola, subdividida en seis subgerencias, y concentró el poder operativo en una Unidad Técnica que responde a Carlos Zamparolo. Formalmente, Zamparolo es el número dos del PAMI, por detrás de su titular, Esteban Leguizamo. Pero en la práctica es quien maneja la batuta. Proveniente de la obra social de los empleados de la Universidad de Buenos Aires (DOSUBA), su desembarco en el organismo también se inscribe en la red de vínculos construida en torno al binomio Rojo-Yacobitti. Con llegada directa a Santiago Caputo, Zamparolo funciona como articulador entre ese entramado previo y el núcleo político del Gobierno, en un rol que combina gestión, control y negociación interna.

El lobby del Güemes

La presencia de Guido Giana como número dos del Ministerio de Salud tampoco es un dato aislado. Distintas fuentes lo ubican como la figura que concentra hoy el manejo cotidiano del área. Su relación con Lugones es tan funcional como íntima —“Para Mario es como un hijo”, dicen en su entorno—. Y su vínculo con el PAMI es directo: todo lo que pasa en el organismo termina, de una u otra forma, orbitando su despacho. No es la primera vez que ocupa un rol clave como funcionario. Durante el gobierno de Cambiemos se desempeñó como gerente económico-financiero de la obra social de los jubilados, una experiencia que lo conecta con su funcionamiento interno más allá de las gestiones. Incluso decisiones que se atribuyen al ministro muchas veces se procesan en otro nivel.

Esa centralidad de Giana no se explica solo por su posición formal. Su trayectoria está íntimamente ligada a la del propio Lugones. Ambos comparten origen en el Sanatorio Güemes, uno de los actores más relevantes del sistema de salud privado, donde confluyen negocios, política y gestión. Allí también se proyecta otro vínculo clave: el de Mario Lugones con Enrique “Coti” Nosiglia, histórico operador del radicalismo, con quien comparte intereses en lo privado. No es un dato menor: la trayectoria de Lugones está profundamente ligada al mundo de los prestadores. Desde su paso por el PAMI en los años noventa hasta su rol en la Cámara de Entidades Prestadoras de Salud (CEPSAL) y sus participaciones empresariales en el sector, su recorrido refleja una inserción sostenida en el negocio.

En ese ecosistema aparece otra figura que no ocupa cargos formales pero es mencionada de manera recurrente cuando se reconstruyen las decisiones sensibles del área: Rodrigo Lugones, hijo del ministro y socio de Santiago Caputo en la consultora Move Group. Con vínculos fluidos con el mundo de la salud privada, funciona como un articulador informal entre clínicas, financiadores y prestadores y el núcleo político del Gobierno. En distintos despachos lo describen como el verdadero “monje negro” de Caputo en Salud, alguien que no necesita firma para incidir en la dinámica del ministerio y, por extensión, en el PAMI.

El triángulo que conforman Giana, Zamparolo y el entorno de Santiago Caputo convive con el esquema histórico representado por Rojo y sus derivados. Pero el loteo no garantiza la armomía. Tanto Lugones como Giana desconfían del poder persistente del exdirector e intentaron, en distintos momentos, correr a su gente de posiciones clave. Pero la estructura resiste. Y en ese punto, Zamparolo aparece como una figura de equilibrio. Un mediador que permite que las tensiones no escalen a una ruptura abierta, aun cuando las diferencias se acumulan.

Entre la caja y los pactos

Sin embargo, está claro que el mecanismo no se sostiene solo por afinidades políticas o trayectorias compartidas. Menos por el encono. Descansa sobre un interés común que atraviesa a todos los actores involucrados: el negocio de la salud. En un sistema donde el volumen de recursos es constante y la demanda nunca desaparece, el PAMI funciona como un nodo estratégico. “La obra pública puede acabarse, pero la caja de la Salud no”, resumió, sin rodeos, una fuente con años de experiencia en el sector.

Esa lógica también se expresa en el modo en que se reorganiza hoy el sistema. En distintos niveles del PAMI empieza a consolidarse una dinámica de transferencia de recursos hacia el sector privado, con derivación de cápitas y contratos que reconfiguran el rol del Estado. Buena parte de esas decisiones se concentran en áreas técnicas menos visibles del organigrama. Un ejemplo es la Unidad de Gestión y Control de la Prestación Médica (UGCPM), encargada de auditar contratos, negociar con laboratorios y definir qué medicamentos integran la cobertura.

Desde allí, su titular, el médico Alejandro Wittenberg, supervisa precios, autoriza licitaciones millonarias y establece relaciones con prestadores, en un esquema donde la capacidad de decisión se concentra en pocos actores. Pero su poder no se limitaría a eso. ¿Será cierto que Wittenberg acaba de dar la orden de empezar a ceder el manejo de hospitales del PAMI a municipios peronistas de la provincia de Buenos Aires? “Van a echar a todos los empleados”, denuncian desde el conurbano. Algunos hasta mencionan que la bajada estuvo acompañada de un pedido explícito: que se traslade el resonador del nosocomio de Hurlingham al Hospital del Bicentenario de Ituzaingó.

En enero, elDiarioAR se había hecho eco del enojo de los referentes de La Libertad Avanza local por el desplazamiento repentino del director de esa institución, ubicada en aquel partido del oeste del Gran Buenos Aires. La llegada de un reemplazante con vínculos con la intendencia comandada por Pablo Descalzo alimentó sospechas sobre posibles acuerdos territoriales entre sectores de La Libertad Avanza y el peronismo.

Es que La Cámpora seguiría teniendo presencia en el PAMI. Como figura fuerte se menciona a Roberto “Pampa” Armagno, exgerente de Prestaciones Médicas en tiempos de Alberto Fernández y operador territorial vinculado a Hurlingham. En ese mismo plano circula una denuncia más amplia: que durante la campaña municipal de 2023, cuando el organismo todavía era conducido por Luana Volnovich, se habrían utilizado recursos de hospitales del sistema para financiar candidaturas como la de Damián Selci. Nada que pase de los rumores.

Innacción y crisis

La superposición de capas tectónicas tiene efectos concretos en la gestión, especialmente en áreas sensibles como la social, históricamente uno de los ejes del PAMI. La falta de conducción clara se traduce en inacción: programas que dejan de ejecutarse, presupuestos que no se utilizan y equipos que operan sin una línea definida conviven con disputas internas entre subgerencias que responden a distintos espacios, según pudo saber elDiarioAR. “Parálisis total”, resumió una fuente, en una definición que se repite en distintos niveles del organismo.

El retroceso es visible en la desaparición práctica de los medicamentos gratuitos o los subsidios para afiliados, mientras la atención territorial —que supo ser una herramienta clave a la hora de la construcción política— hoy aparece desdibujada. “No se está haciendo nada”, graficaron desde adentro. En algunos casos, incluso, los recursos asignados no se ejecutan y terminan reasignándose, en un contexto donde decisiones como el corrimiento físico de equipos a sectores marginales del edificio de la calle Corrientes funcionan como un síntoma del lugar que hoy ocupa la política social en la agenda del Gobierno.

Los pasillos de la sede central del PAMI, en el centro porteño, tienen su propia lógica de poder. Designaciones como las de María Antonella Racunti al frente del Área de Participación e Inclusión Social; de Yamil Salerno como titular —en su momento— de Derecho y Ciudadanía, ahora jefe de división de la secretaria privada de la gerencia; o el ascenso de Lucas Catalín Malin a la jefatura de Gabinete del organismo, responden menos a trayectorias técnicas que a alineamientos políticos. Es la capa más visible del caputismo dentro del PAMI, con vínculos directos con la militancia digital y el círculo de confianza del asesor presidencial.

Racunti, militante libertaria de La Plata y parte de la organización Universitarios de La Libertad Avanza (ULLA), llegó al organismo tras la reestructuración que concentró las antiguas gerencias. Malin, por su parte, es hoy uno de los nombres con mayor peso en la estructura cotidiana. Desde la jefatura de Gabinete, actúa como ordenador interno del esquema que impulsa el oficialismo. A esa trama se sumó recientemente el karinista Juan Pablo Scalese, designado en diciembre pasado al frente del Departamento de Políticas Sociales. Economista y hombre de estrecha cercanía con Pilar Ramírez, su desembarco responde a la necesidad dela hermana del Presiente de construir presencia propia.

Mientras tanto, la crisis del organismo avanza por carriles cada vez más evidentes. Los prestadores reducen servicios y, en algunos casos, trasladan esa falta de liquidez a sus propios trabajadores. “La cadena de pagos está rota”, sintetizó una fuente al describir un esquema en el que las deudas del PAMI impactan directamente en clínicas, médicos y personal sanitario. Para este lunes está anunciado un paro de médicos de cabecera por 72 horas por rebaja del 55% de los honorarios. En distintas regiones del país, la atención se restringe a lo urgente y empiezan a aparecer señales de ruptura en el sistema.

Entre los cuadros más antiguos del organismo aparece, además, una lectura que atraviesa gestiones: la sensación de estar frente a un proceso conocido. La combinación de atraso en los pagos, reducción de personal, retiros voluntarios y retracción de políticas públicas remite, según esa mirada, a otros momentos de “vaciamiento” del PAMI, como el ocurrido en 2001, en los tiempos del interventor Raúl Pistorio. “Es como un déjà vu”, dicen quienes llevan décadas trajinando sus oficinas.

Ese deterioro, sin embargo, convive con una constante puertas adentro de la obra social con más afiliados de América Latina. Es su capacidad de adaptación. Aun en contextos de ajuste, reestructuración o crisis abierta, el PAMI encuentra la forma de seguir funcionando, sostenido por una trama de relaciones que excede a cualquier gestión. Cambian los nombres de los funcionarios que dan la cara, se reordenan las jerarquías según nuevos parámetros y se reconfiguran las alianzas. Pero las capas profundas y sus representantes permanecen, a costa de los negocios, aunque muchas veces la propia realidad se encargue de ponerlos en jaque.

PL/CRM

La reunión del miércoles entre el ministro de Salud, Mario Lugones, y su par de Economía, Luis “Toto” Caputo, dejó algo más que una foto de coordinación entre carteras. El balance oficial que se difundió esa misma tarde habló de un encuentro “productivo” y de “avances” entre equipos técnicos. Pero puertas adentro, la lectura fue otra. En el Palacio de Hacienda escucharon el planteo de Lugones, tomaron nota de la dimensión del problema, pero evitaron cualquier compromiso concreto de asistencia. Lejos de abrir una excepción, ratificaron el rumbo. El ajuste no se negocia.

Según fuentes al tanto del encuentro, Caputo fue explícito en ese punto. No solo no habilitó una respuesta inmediata para el PAMI —que por estas horas atraviesa una situación crítica por la falta de pagos—, sino que planteó que el recorte del gasto debe profundizarse incluso en un área sensible como la sanitaria. “La postura es que si tienen que bajar las prestaciones, que las bajen”, resumieron cerca de la negociación ante la consulta de elDiarioAR. La frase, más que una definición técnica, funcionó como una señal política hacia adentro del gabinete.

Es que, en ese esquema, la capacidad de maniobra del Ministerio de Salud aparece cada vez más acotada. La decisión no pasa solo por Economía. Hoy el poder real se articula en un tándem entre Luis Caputo y Federico Sturzenegger, que desde el Ministerio de Desregulación actúa como garante ideológico del “déficit cero”. “Se podría habilitar una partida, pero si Sturzenegger no da el OK, no pasa”, sintetizó una fuente con acceso a la dinámica interna. La lógica es clara: no hay margen para soluciones que contradigan la línea de fondo que es avalada, a su vez, por el propio Javier Milei.

En línea con el peso que viene acumulando en las decisiones sensibles, Sturzenegger avanzó en las últimas semanas, tras varios intentos fallidos, con la flexibilización del régimen de patentes farmacéuticas mediante la derogación de una resolución de 2012 que durante años protegió a los laboratorios nacionales. La medida, alineada con exigencias del acuerdo con Estados Unidos, impacta de lleno en intereses con los que Lugones mantiene vínculos históricos. El ministro de Salud había resistido esa modificación e incluso demorado su implementación durante meses, pero terminó cediendo en un episodio que dejó expuesto su margen acotado frente a las definiciones que bajan desde el núcleo económico.

¿Un PAMI provincializado?

El PAMI, en ese contexto, empieza a ser leído más como un problema estructural que como una urgencia coyuntural. Entre los objetivos que circulan por la cabeza de Sturzenegger aparece la idea de avanzar, más temprano que tarde, en un proceso de provincialización del sistema, una transformación que implicaría redefinir el rol del Estado nacional en la cobertura de millones de jubilados. No es, en rigor, un propósito ajeno al propio Lugones. Durante su exposición en la cumbre de AmCham del año pasado, el ministro planteó la necesidad de “volver a los orígenes” y trasladar a las provincias la gestión de hospitales nacionales, al tiempo que reivindicó la posibilidad de concesionar su administración al sector privado. En esa visión, la Nación debería retirarse del rol de prestadora y limitarse a regular.

Mientras tanto, lejos de esas elucubraciones, la situación operativa de la obra social más grande de América Latina sigue deteriorándose. Con una deuda que ya supera el mes de prestaciones y se acerca a los 500 mil millones de pesos, clínicas y sanatorios comenzaron a restringir servicios, postergar cirugías y priorizar únicamente los casos urgentes.

En paralelo, crecen los cobros informales a afiliados como mecanismo de compensación ante la falta de pagos, una práctica que el propio PAMI intenta contener sin demasiado margen. En el sector advierten que el sistema está entrando en una zona crítica, donde la continuidad de la atención empieza a depender más de la tolerancia de los prestadores que de la capacidad de financiamiento del Estado.

En ese escenario, el Gobierno intentó en los últimos días reforzar el control interno del organismo. Tras la reunión que Lugones mantuvo el lunes con Santiago Caputo, el PAMI oficializó la designación de María Florencia Zicavo como nueva síndica general. Su llegada, en un contexto atravesado por auditorías y denuncias por irregularidades, fue leída en la Casa Rosada como un movimiento para ordenar la gestión y monitorear el uso de los recursos en una etapa de máxima tensión.

Karina, al acecho

La señal que bajó el Ministerio de Economía no hizo más que profundizar la incertidumbre. En el Ministerio de Salud, donde la crisis ya venía generando ruido, la sensación es que el resultado de la reunión dejó todo tal y como estaba. Según distintas fuentes, es una situación que empezó a inquietar también a la propia Karina Milei, que observa con atención el devenir de un organismo clave en términos de recursos y poder territorial. “Ella quiere quedarse con el PAMI”, deslizan voces convencidas.

En la superficie, cerca del karinismo intentan relativizar ese interés y evitan mostrarse involucrados en la disputa. Pero puertas adentro, la lectura es otra: si se abre una ventana de oportunidad, no va a dudar en avanzar. El problema, repiten incluso dentro del propio oficialismo, es el mismo que atraviesa a otras áreas del Gobierno: la secretaria General de la Presidencia no cuenta con una estructura propia consolidada para ocupar esos espacios. Y Salud no es la excepción.

Ese límite convive con un movimiento más silencioso. En paralelo, comenzaron a circular versiones sobre posibles alternativas en caso de que la figura de Lugones siga debilitándose. Entre los nombres que aparecen en ese radar está el del médico Pablo Sisco, jefe de la División Cirugía del Hospital Pirovano, con vínculos en la Asociación de Médicos Municipales que lidera el poderoso Carlos Rojo. Según ese runrún, el entorno de los primos Menem lo tiene como referencia técnica y podría empezar a impulsarlo si el escenario se deteriora.

En ese tablero, la continuidad del actual ministro de Salud vuelve a quedar atada a una ecuación que ya no depende solo de su respaldo político. Lugones fue ratificado en los últimos días, pero la reunión con Toto Caputo dejó en claro que el problema que lo puso en duda sigue sin resolverse. Y que, en un gobierno donde el poder se concentra en quienes controlan los recursos, esa diferencia puede ser determinante.

PL/MC

En medio de los cimbronazos por el caso Adorni y el debate de la Ley de Glaciares en el Congreso, la agenda del Gobierno se reordenó este miércoles alrededor de una serie de reuniones que, más allá de su carácter formal, concentran el núcleo de una crisis que dejó de ser silenciosa. El punto más sensible tuvo lugar esta tarde en el Palacio de Hacienda, donde el ministro de Salud, Mario Lugones, se reunió con su par de Economía, Luis Caputo, en un intento por destrabar la falta de financiamiento que mantiene al PAMI en una situación cada vez más delicada, con un resultado que, por ahora, se resumió en referencias generales a “avances” entre los equipos técnicos.

Desde el Ministerio de Economía, el balance fue escueto. Se limitaron a señalar que fue “una reunión muy productiva”, y agregaron que “se pusieron de acuerdo para avanzar en los próximos días en la resolución de los temas que tenían en agenda”. “Misma sintonía”, agregaron, por su parte, fuentes de la cartera sanitaria consultadas por elDiarioAR. Ambas orillas evitaron dar precisiones acerca de definiciones concretas sobre la asistencia financiera que reclama Salud.

No se trató de un encuentro más. A diferencia de otras reuniones de coordinación entre ministerios, esta vez la expectativa no estaba puesta en el diagnóstico sino en la decisión. El sistema de salud arrastra una deuda con prestadores que supera los 500 mil millones de pesos, con clínicas y sanatorios que advierten que no pueden sostener la atención en estas condiciones. En ese marco, la mesa que tuvo lugar esta tarde se perfilaba como el momento en el que el Gobierno debía dar una solución real a la cuestión. No pasó.

La reunión llegó además después de varios días de tensión política en torno a la continuidad de Lugones, que la Oficina de Respuesta Oficial salió a desmentir de manera enfática tras la nota de elDiarioAR, pero que no logró disipar del todo las dudas hacia adentro. El ministro fue ratificado en su cargo, pero el problema que puso en discusión su permanencia sigue intacto: la imposibilidad de sostener el funcionamiento del sistema sin asistencia financiera. Aunque algunos ya, por lo bajo, no dudan en definirlo como un liso y llano “vaciamiento”.

Presión

El planteo de Lugones a Economía es directo. Desde hace semanas reclama una ampliación de partidas para el PAMI que, según distintas fuentes, ronda en realidad el equivalente a mil millones de dólares. Del otro lado, el ministro Caputo había evitado hasta ahora involucrarse de lleno en el conflicto, en una dinámica que dejó a Salud administrando en soledad una crisis que excede largamente sus capacidades presupuestarias. Esa distancia empezó a tensarse en los últimos días, cuando la presión del sistema privado dejó de ser preventiva y empezó a traducirse en advertencias concretas.

El conflicto, en ese sentido, ya no es solo sanitario. Dejó de ser un problema del Ministerio de Salud para convertirse en un problema del Gobierno. Es que medidas que hasta hace poco parecían excepcionales entraron en evaluación por parte de clínicas, sanatorios y laboratorios, mientras distintas instituciones ajustan su funcionamiento para sostener la atención en un contexto cada vez más crítico.

Según pudo saber elDiarioAR, ya se registran recortes en la oferta de turnos y demoras en prácticas no urgentes, mientras que el cobro de copagos aparece como una salida de emergencia que el organismo intenta frenar sin demasiado éxito. En el sector advierten que, sin una señal concreta en los próximos días, el margen para sostener la atención se agota y el impacto podría trasladarse de lleno a los afiliados. “En 20 años nunca vivimos una situación así”, deslizan.

Este miércoles, además del cónclave Lugones-Caputo, las autoridades del PAMI, con su titular Esteban Leguizamo a la cabeza, abrieron una mesa de negociación con las principales cámaras del sector para intentar acordar un cronograma de pagos que evite una interrupción de servicios. Los prestadores reclaman una deuda acumulada que supera el mes de prestaciones, a lo que se suma la falta de actualización de aranceles frente al aumento de costos.

Ruidos internos

El nivel de tensión es tal que incluso dentro del gabinete comenzaron a marcar límites. La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, salió a despegar públicamente su cartera de la crisis con un mensaje explícito. “El Ministerio de Capital Humano no tiene competencia sobre el PAMI ni sobre el área de Discapacidad”, señalaron desde esa cartera, para luego subrayar que ambos ámbitos “dependen del Ministerio de Salud”. La aclaración, difundida en medio de la escalada del conflicto, fue leída como algo más que un ordenamiento administrativo. En un contexto de responsabilidades difusas, implicó también una forma de delimitar costos políticos.

Todo ocurre después de una secuencia de gestos que buscaron sostener a Lugones en su cargo tras el temblor de los últimos días. El lunes fue recibido por Santiago Caputo, su principal respaldo dentro del esquema oficial, en un encuentro que sirvió para ratificarlo en medio del ruido, aunque no terminó de disipar del todo algunas fricciones que comenzaron a asomar en ese vínculo. El martes volvió a la Casa Rosada para reunirse con Manuel Adorni en el marco del seguimiento de gestión.

Pero la ratificación del ministro convive con una contradicción difícil de disimular. El Gobierno decidió respaldar a Lugones, pero todavía no resolvió el problema que puso en duda su continuidad. Lo sostiene en público, pero lo expone en la gestión. En ese punto, la discusión deja de ser únicamente política y pasa a ser operativa.

Por eso, la reunión de esta tarde con Luis Caputo condensó algo más que una negociación presupuestaria. Más allá de los “avances” informados oficialmente, el encuentro dejó abierta la incógnita central sobre la asistencia que necesita el sistema. En ese punto, lo que está en juego no es solo una partida, sino el margen real de la gestión sanitaria, en un equilibrio que sigue tensándose. Y que, en un esquema que ya muestra signos de agotamiento, puede volverse insostenible mucho más rápido de lo previsto.

PL/CRM

“FALSO”. La palabra apareció en mayúsculas, como apertura y síntesis del mensaje que el Gobierno decidió difundir cuando comenzó a ser inatajable la circulación de la nota de elDiarioAR que ponía en duda la continuidad de Mario Lugones al frente del Ministerio de Salud. No fue una desmentida más. Se trató de una reacción política en tiempo real frente a un movimiento que, puertas adentro, ya había empezado a producir efectos concretos.

El comunicado, publicado en la cuenta de X de la Oficina de Respuesta Oficial que comanda el director de Comunicación Digital Juan Pablo Carreira, no se limitó a negar la versión. Buscó encuadrarla al hablar de un sistema “destruido” y “en emergencia sanitaria desde hace más de 20 años” y reivindicar la gestión de Lugones como parte de un proceso de ordenamiento, además de apuntar directamente contra lo que definió como “operetas mediáticas”. En la Casa Rosada esa frase se repitió como una consigna, pero también como una señal de alarma: la preocupación no era solo la nota, sino lo que la nota podía activar.

Es que el artículo de elDiarioAR no se interpretó únicamente como una hipótesis sobre la continuidad del ministro, sino como un factor capaz de alterar el equilibrio en un área especialmente sensible. Durante varias horas, la nota se convirtió en un factor de decisión interna. En el Ministerio de Salud y en los despachos de Balcarce 50 se activaron llamados cruzados, consultas urgentes y lecturas en voz baja sobre el alcance de la versión. Funcionarios de segunda y tercera línea empezaron a preguntar “qué hay de cierto”, mientras otros recalibraban posiciones frente a un escenario que, aunque no confirmado, había dejado de parecer imposible.

La ratificación política tomó forma ayer por la tarde, en un movimiento más silencioso que explícito. Tras la reunión de gabinete encabezada por Javier Milei, Lugones se dirigió junto a Santiago Caputo al despacho del asesor en el primer piso de la Casa Rosada. No hubo declaraciones. Tampoco imágenes difundidas. Pero en la lógica interna del Gobierno, la escena funcionó como un mensaje hacia adentro: el ministro seguía en su lugar y mantenía el vínculo operativo con quien es su padrino dentro del esquema oficial.

Ese respaldo se completó este martes, cuando Lugones volvió a pisar la Casa de Gobierno para participar de una “reunión de trabajo” con Manuel Adorni, en el marco del seguimiento de gestión que el jefe de Gabinete viene realizando sobre cada cartera. Una decisión que empezó a tomar forma días atrás, cuando Milei recibió al ministro coordinador en Olivos. Allí hablaron de la “segunda etapa de la gestión” y de la necesidad de recuperar coordinación y centralidad política tras semanas en las que el oficialismo quedó absorbido por la crisis.

El encuentro entre Lugones y Adorni fue difundido oficialmente junto a una foto y un comunicado que buscó reforzar la idea de continuidad. En él se repasaron los resultados del período 2024/2025 y se delinearon los objetivos para la etapa 2026/2027, con foco en “la eficiencia del sistema, la transparencia, la articulación federal y la transformación digital”. También se avanzó en la agenda legislativa, con especial mención a la nueva Ley de Salud Mental.

Ruidos internos

“Nunca estuvo ni remotamente sobre la mesa el cambio en Salud, mucho menos en este contexto”, aseguraron a elDiarioAR desde el entorno presidencial, en referencia al impacto político del caso Adorni y sus derivaciones abiertas. La frase no solo buscó desmentir la versión, sino también fijar un criterio: en medio de un frente sensible, el Gobierno no está dispuesto a abrir otro. “¿Cómo vamos a echar un ministro ahora?”, resumió otra fuente, con una mezcla de pragmatismo y advertencia.

La mención de Guido Giana como posible reemplazo de Lugones, en un contexto de crisis del PAMI y desgaste acumulado, tampoco cayó bien. “No es verdad que eso vaya a suceder”, salieron a aclarar, tajantes, desde el entorno del viceministro. En un Gobierno donde la verticalidad convive con tensiones permanentes, ese tipo de versiones no circulan en el vacío.

“Parece una nota intencionada para que Mario y Guido se peleen. Guido es como un hijo para Mario”, buscó desactivar un funcionario con llegada directa al área. La aclaración apuntaba a un punto específico: evitar que la lectura de una interna abierta en la cúpula se consolide como dato. Otra voz oficial, en la misma línea, relativizó el cuadro y desplazó el foco hacia los escalones inferiores. “Hay subalternos que prefieren a uno o a otro y pueden estar intentando generar una pelea”, señaló, en un intento por encapsular el conflicto y reducirlo a una dinámica secundaria.

Sin embargo, el cierre hacia afuera convive con un trasfondo menos ordenado, según pudo saber elDiarioAR. Fuentes al tanto de la dinámica interna coinciden en que la cuestión lejos está de pasar por una pelea entre Lugones y Giana. El punto de fricción sería otro, más difícil de exponer y más incómodo de administrar: un supuesto desgaste progresivo en la relación entre el ministro y Santiago Caputo. Un vínculo que durante años funcionó como sostén político del área y que ahora muestra signos de erosión.

“Hay cosas de las que Mario chapeaba, recostándose sobre su hijo, que después eran desmentidas por el propio Rodrigo [Lugones]”, explicó una fuente con acceso a la trastienda del ministerio. El consultor, con residencia en Madrid, funciona como nexo entre el ministerio, el sector privado de la salud y el propio asesor. Su rol, construido sobre vínculos con clínicas, laboratorios y prestadores, le permitió convertirse en un operador de peso en las decisiones sensibles del área. Justamente por eso, cualquier desalineación entre lo que se le atribuye a su influencia y lo que efectivamente convalida el esquema de Caputo no hace más que generar ruido.

En ese equilibrio se mueve hoy Mario Lugones. La desmentida oficial alcanzó para cerrar la discusión hacia afuera y estabilizar la superficie. ¿Bastó para que desaparezcan las tensiones que cruzan el área? Todo indica que, al menos, quedaron encapsuladas en un esquema donde el ministro aparece respaldado en público, pero monitoreado en privado. En un gobierno donde el poder se construye sobre la cercanía y la confianza, ese matiz no es menor. Suele ser, más bien, el anticipo de lo que viene.

PL/CRM

Mientras todos los focos mediáticos se posan sobre las desventuras del jefe de Gabinete Manuel Adorni, en el Ministerio de Salud se respira una incertidumbre difícil de ignorar para quienes siguen su día a día desde adentro. En medio de versiones que se acumulan y cambian de forma, el nombre del titular de esa cartera, Mario Lugones, volvió a aparecer en el centro de la escena: la posibilidad de su salida empezó a circular por lo bajo este fin de semana, como parte de un escenario que ya nadie se anima a descartar. “Es cuestión de días”, deslizaron a elDiarioAR fuentes inobjetables al tanto de la situación.

Pero el dato nuevo no es el desgaste del ministro sino la alternativa. Guido Giana, su número dos, aparece como reemplazo posible en una jugada que, leída en clave interna, dice más de lo que parece. Giana no es un técnico de consenso ni un bombero de crisis. Es, como Lugones, un hombre del riñón de Santiago Caputo. Su virtual ascenso —negado tajantemente por miembros de su entorno— no implicaría un cambio de rumbo, sino un intento de preservar el control del área en medio de la asfixia presupuestaria y de una disputa intestina que se volvió más explícita desde marzo: la avanzada de Karina Milei sobre los espacios donde todavía gravita el asesor presidencial.

La escena tiene algo de déjà vu, pero con otro fondo. Hace unos meses, cuando el caso del fentanilo contaminado lo empujaba al centro de la escena, Lugones todavía encontraba un resguardo en la interna oficialista. Se lo veía golpeado hacia afuera, pero sostenido hacia adentro, como parte de ese equilibrio inestable que le permitía a Caputo retener piezas propias en un gabinete cada vez más ajeno. “Pese a todo, el ministro parece estar más afirmado que hace un mes”, se leía entonces en medio de un reacomodamiento que, lejos de desplazarlo, lo había reforzado. Hoy ese diagnóstico quedó viejo.

Lo que cambió no fue solo la presión política sino también el contexto material. La actual crisis del PAMI, que durante meses circuló como advertencia, se volvió una realidad insoslayable: las deudas se acumulan mientras las prestaciones se caen y las clínicas se retiran, con jubilados que pagan de su alicaído bolsillo lo que antes cubría el sistema. Es un deterioro que ya no se explica en planillas sino en consultorios y que, por primera vez, empieza a impactar de lleno en la lógica de supervivencia del ministro.

Es que la obra social más grande de América Latina se transformó en un dolor de cabeza a esa misma escala. Lo que durante los primeros años de gobierno libertario funcionó como caja política bajo la gestión de su segundo, el misterioso Carlos Zamparolo, empezó a mostrar su contracara cuando la crisis financiera dejó de ser administrable. La lógica de control y distribución interna que había ordenado el organismo se volvió insuficiente frente a un sistema que ya no cierra en números ni en prestaciones. El PAMI, que supo ser un activo de poder, hoy aparece como un pasivo difícil de contener.

A ese cuadro se le sumó en las últimas semanas otro frente que terminó de erosionar la posición de Lugones dentro del gabinete. Federico Sturzenegger avanzó, tras varios intentos fallidos, con la flexibilización del régimen de patentes farmacéuticas mediante la derogación de una resolución de 2012 que durante años protegió a los laboratorios nacionales. La medida, alineada con exigencias del acuerdo con Estados Unidos, impacta de lleno en los intereses de actores centrales del sector con quien el actual ministro mantiene vínculos históricos. Lugones había resistido esa modificación e incluso demorado su implementación durante meses.

Enroque caputista

La tensión puertas adentro de la cartera de Salud escaló a un punto tal que obligó a ciertos movimientos excepcionales. Según pudo saber elDiarioAR, Rodrigo Lugones habría viajado de urgencia desde España, donde reside, para involucrarse de lleno en la gestión de la crisis. Su presencia no es un dato menor. Consultor político, socio de Santiago Caputo en Move Group —la consultora de su propiedad— y habitué de los circuitos empresariales de la salud, el hijo del actual ministro funciona desde el inicio del gobierno como el nexo entre los laboratorios y el propio asesor presidencial, con quien mantiene una relación aceitada desde hace años.

Aunque no ocupa un cargo formal en el organigrama, su nombre aparece una y otra vez cuando se reconstruyen las decisiones sensibles del área. En el ministerio lo describen como “la extensión natural del poder de Caputo”, pero también como el operador que permitió que su padre se moviera con lógica política incluso antes de asumir formalmente al frente de la cartera. ¿Estará interviniendo Rodrigo para evitar el inminente corrimiento de su progenitor? ¿O es, en cambio, quien debe garantizar el enroque de él con su segundo, el ingeniero Guido Giana?

Sea cual sea la respuesta, queda claro que cualquier movimiento en la cúpula del Ministerio de Salud se lee en clave política antes que técnica. Giana pasó por el PRO, tuvo inserción territorial en la provincia de Buenos Aires y formó parte del PAMI durante el gobierno de Cambiemos, donde se especializó en el manejo de números, contratos y auditorías. Envuelto en acusaciones por supuestos sobreprecios en distintas compras, la trayectoria del hoy viceministro no responde al perfil clásico de sanitarista, sino al de operador con recorrido en la gestión y en la rosca.

El salto que terminó de ubicar a Giana en el radar del actual oficialismo se dio en el sector privado. Desde la dirección administrativa del Sanatorio Güemes —propiedad de la familia Lugones— consolidó un vínculo directo con el mundo de los prestadores, al tiempo que profundizó su relación con Caputo. Ese doble anclaje, entre lo público y lo privado, lo convirtió en una pieza funcional para un esquema que necesita interlocutores capaces de moverse en ambos planos sin fricción.

Quienes lo conocen lo describen como un perfil bajo, con capacidad de ejecución y sin necesidad de exposición. Giana no parece pretender construir volumen propio ni buscar protagonismo. Su fortaleza es otra: la confianza. En un gobierno donde ese atributo vale más que cualquier currículum técnico, su nombre aparece como una opción lógica si la decisión es sostener el control del área sin alterar el equilibrio interno. Porque si algo dejó en claro la crisis de Salud es que, más allá de los nombres, lo que está en juego es quién continúa administrando ese poder.

PL

La escena se repite desde el inicio de la gestión de Javier Milei como Presidente, con la situación del Hospital Garrahan como símbolo, pero las protestas y medidas de fuerza se sostienen en distintos centros de salud cada vez con mayor intensidad, con trabajadores sanitarios reunidos en asambleas improvisadas, carteles que reclaman reincorporaciones y pasillos hospitalarios que funcionan con menos personal del necesario. La última tanda de despidos en el Hospital Posadas y en el Ministerio de Salud profundizó un conflicto que ya lleva años, pero que en los últimos meses adquirió un carácter estructural.

Según datos relevados por organizaciones sindicales, más de 200 trabajadores fueron cesanteados en la órbita del Ministerio de Salud, mientras que al menos 84 empleados del Hospital Posadas —entre enfermeras, médicos, técnicos, personal de laboratorio y vigilancia— fueron desvinculados en los últimos días. Estos hechos no son aislados; entre junio y octubre de 2024 se registraron casi 120 despidos de profesionales de diversas áreas.

Los gremios advierten que se trata de una política sostenida de reducción del Estado nacional en materia sanitaria. La Federación Sindical de Profesionales de la Salud (FESPROSA) y la seccional Posadas de CICOP coinciden en que el objetivo es “naturalizar la precarización y el miedo como forma de disciplinamiento laboral”.

Los afiliados a Fesprosa realizaron una asamblea esta semana con los trabajadores del hospital Posadas, en rechazo “a los 84 despidos arbitrarios e injustificados”.

Jorge Yabkowski, Secretario de Organización de Fesprosa, habló de un “plan sistemático para dinamitar la salud pública que vienen llevando a cabo Milei y su ministro Mario Lugones”, que “está impactando directamente en los índices de salud colectiva”. 

En ese sentido, el gremialista detalló que, por primera vez en muchos años, la mortalidad infantil subió un 0,5% (de 8 a 8,5%) y subió un 34% la mortalidad materna, “reflejo de la crisis social y del sistema de salud pública”. 

La asamblea del Posadas resolvió exigir una mesa de negociación a la conducción del hospital para reincorporar a los despedidos, mantener el estado de asamblea permanente y participar el miércoles 4 a las 16 horas del Cabildo Abierto que tendrá lugar en el Hospital Garrahan, como parte de la confluencia de todas las luchas de salud.

Asimismo, la conducción de Fesprosa resolvió la participación activa en el plan de lucha nacional que los gremios del Frente de Sindicatos Unidos reunidos en la UOM resolvieron la semana pasada. En tal sentido, una delegación de la Federación, encabezada por su presidenta, María Fernanda Boriotti, participará de las marchas en la ciudad de Córdoba el 5 de febrero y en Rosario el 10, y ratificó la voluntad de llevar a cabo un paro nacional de salud para el día en que se trate la reforma laboral en el Senado (sería el miércoles 11), con una gran movilización al Congreso de la Nación.

Por su parte, la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud del Hospital Posadas (CICOP-Seccional Posadas) denunció la nueva ola de despidos y advirtió que los recortes “no son hechos aislados ni un error administrativo, es una política deliberada. Buscan naturalizar la inestabilidad, el miedo y la precarización como forma de disciplinamiento laboral”, apuntaron desde el gremio.

En tanto, advirtieron “el grave impacto que tendrá en la atención de los pacientes, ya que es cuestión de ver cuántas personas han tenido que pagar de su propio bolsillo a alguien para que las asista durante la internación, debido a la falta crónica de personal”. “No sobra nadie”, remarcaron. 

De acuerdo al sindicato, “a los despidos en el Posadas se sumaron 220 en el Ministerio de Salud y un número aun a determinar en el PAMI, pero que sería de varias decenas”, al tiempo que instaron “a toda la comunidad a que acompañe las medidas de fuerza que se definan para defender la salud pública de todos los argentinos y argentinas”.

Con respecto a la reforma laboral que busca aprobar el gobierno libertario, desde CICOP consideran que “replica y profundiza la Ley Banelco, atacando derechos laborales, convenios colectivos y el poder de negociación sindical. No hay margen para negociaciones parciales de una ley que sólo busca ampliar los beneficios de los grupos económicos más poderosos”, concluyeron.

El Hospital Posadas, un símbolo de la salud

El Hospital Posadas, el mayor centro asistencial nacional, ubicado en el Oeste del conurbano bonaerense, es desde hace años un termómetro del estado del sistema público. Cada ola de despidos repercute de inmediato en la atención: menos personal en áreas críticas, demoras crecientes y servicios que funcionan al límite.

Los trabajadores denuncian que la falta crónica de personal obliga a que pacientes deban pagar de su bolsillo asistencia privada durante internaciones prolongadas, una situación que se agrava con cada nueva cesantía.

El Ministerio de Salud, también en retroceso

La cartera sanitaria nacional atraviesa un proceso de ajuste que incluye 220 despidos en su organigrama, el cierre o desfinanciamiento de programas estratégicos y la reducción de direcciones clave. Entre las áreas afectadas figuran políticas de prevención, provisión de medicamentos y atención de patologías complejas.

En paralelo, se registran cesantías en delegaciones del PAMI y demoras en pagos a farmacias, lo que ya provocó interrupciones en la entrega de medicamentos en algunas provincias.

Los gremios sostienen que este proceso forma parte de un “achicamiento deliberado” del rol del Estado nacional en salud, que en los últimos dos años sufrió una caída presupuestaria cercana al 30% en términos reales.

Un conflicto que se expande

El caso del Posadas no es aislado. Otros hospitales nacionales —como el Garrahan y el Bonaparte— también enfrentan recortes, reestructuraciones y falta de personal. La coordinación entre trabajadores de distintos centros asistenciales empieza a tomar forma, con movilizaciones conjuntas y reclamos unificados.

La pregunta que sobrevuela es qué modelo de sistema sanitario se está configurando. Para los gremios, el ajuste abre la puerta a procesos de privatización, sistemas mixtos (entre público y privado) o transferencia de responsabilidades a las provincias, en un contexto de creciente desigualdad en el acceso a la salud.

El impacto en la vida cotidiana

Más allá de las cifras, el conflicto se traduce en historias concretas: pacientes que esperan meses para un turno, profesionales que encadenan contratos temporales durante años, servicios que funcionan con dotaciones mínimas y familias que deben cubrir gastos que antes asumía el Estado.

En un país donde el sistema público sostiene buena parte de la atención de alta complejidad, cada despido tiene un efecto multiplicador.

Los despidos en el Garrahan que celebró el Gobierno

En las últimas horas, el Gobierno celebró desde redes sociales la decisión de cesantear a once trabajadores del Hospital Garrahan, diez de ellos delegados gremiales, por su participación en la toma de oficinas de la Dirección Médica ocurrida el 31 de octubre de 2025, en el marco de un conflicto laboral por descuentos salariales aplicados tras medidas de fuerza.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, posteó desde su cuenta de X que el Hospital Garrahan “ha solicitado el desafuero de 10 gremialistas para proceder con sus despidos, tras haber dirigido y tomado ilegalmente las oficinas de la dirección del establecimiento en octubre de 2025. El motivo del conflicto: la pretensión de cobrar por días no trabajados. Además, otras 29 personas recibirán sanciones. La era de la izquierda intentando vivir a costa de los argentinos de bien está llegando a su fin”, escribió el funcionario para descalificar a los delegados gremiales que desde el inicio de la gestión Milei defienden los derechos de los trabajadores de la salud contra los recortes presupuestarios y salariales.

La decisión fue adoptada por el Consejo de Administración del hospital luego de la finalización de los sumarios administrativos iniciados tras aquel episodio. Según la evaluación oficial, los hechos revistieron “gravedad institucional” porque implicaron la ocupación de un área clave de la conducción médica y la interrupción del normal funcionamiento administrativo.

Entre las personas alcanzadas por la cesantía se encuentran Norma Lezana, dirigente de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), y Alejandro Lipcovich, de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). De acuerdo con la reconstrucción administrativa, ambos habrían tenido un rol activo en la organización y conducción de la protesta.

La lista de trabajadores alcanzados incluye a diez delegados gremiales y a una trabajadora sin tutela sindical. Además de Lezana y Lipcovich, figuran Maximiliano Bares Fara, Diego Rubén Saavedra, Beatriz Haydeé, Ximena Jessica Pared, Gabriela Beatriz Malgarejo, Sinforosa Recalde, Gerardo Fernando Oroz, Emilce Correa Lousao y Silvia Verónica Cipollini Araujo.

En el caso de los delegados gremiales, la cesantía no será de ejecución inmediata. Diez de los once trabajadores cuentan con tutela sindical, una protección legal que impide su desvinculación sin autorización judicial previa. Por ese motivo, el hospital deberá aguardar que la Justicia se expida sobre el levantamiento de esa tutela para avanzar con las cesantías. La única trabajadora sin protección gremial podrá ser desvinculada una vez concluido el proceso administrativo.

Con infomación de agencias y gremios.

IG

En el conurbano bonaerense los discursos sobre el “fin de la casta” chocan seguido con prácticas que sobreviven a todos los cambios de gobierno. El reciente desplazamiento del director del Hospital del Bicentenario PAMI, ubicado en el partido de Ituzaingó, expuso esa contradicción con crudeza. No fue un recambio administrativo ni una corrección técnica: fue una remoción abrupta, sin explicaciones formales, ordenada desde la cúpula del organismo previsional y ejecutada mientras el funcionario estaba de vacaciones.

Según pudo saber elDiarioAR, el mensaje fue directo y brutal. “No estás más, te tengo que echar”, le dijeron por teléfono, con una excusa tan vaga como inquietante: había que “cuidarlo” por un supuesto escándalo que nunca fue precisado. La resolución formal del PAMI llegó de inmediato, el 7 de enero, cuando el corrimiento ya era un hecho consumado.

El funcionario desplazado era el médico Santiago Cerneaz, designado el 1° de septiembre y referenciado políticamente en La Libertad Avanza local. En su lugar asumió Christian Varela, un nombre con recorrido conocido en el sistema sanitario de la provincia de Buenos Aires y con vínculos políticos explícitos con el peronismo territorial: fue director del Hospital Vicente López de General Rodríguez entre 2020 y 2024, durante gestiones alineadas con el PJ, y se lo relaciona al exministro de Salud bonaerense Alejandro Collia.

La secuencia desató un fuerte malestar en el armado libertario de Ituzaingó. El enojo fue inmediato en Hugo Equiza, flamante concejal de La Libertad Avanza y candidato a intendente en 2023. Para Equiza, el desplazamiento de Cerneaz no fue casual ni aislado, sino la consecuencia directa de haber empezado a intervenir en zonas sensibles del hospital.

“Cuando se empezó a meter y a toquetear cosas que evidentemente eran arreglos extraños o temas de corrupción, empezaron a decir que se estaban encendiendo las alertas”, sostuvo el dirigente libertario en diálogo con elDiarioAR. Y fue más allá: “En el PAMI hay toda una runfla que está enquistada desde siempre. No se nota que haya una voluntad real de cambiar de manera estructural organismos atravesados por corrupción, falta de transparencia y clientelismo”.

Para muestra basta un botón. Según relatan en el distrito, uno de los casos que mejor grafica lo denunciado por Equiza fue el de una persona que figuraba en la nómina del hospital pero a la que nadie conocía ni había visto trabajar durante años. En noviembre, ante esa situación, la dirección encabezada por Cerneaz resolvió darle de baja por vía administrativa. Sin embargo, dos semanas después, el empleado fue reincorporado de manera directa por el titular del PAMI, Esteban Leguizamo, un episodio que fue leído como una señal explícita de hasta dónde llegan las resistencias internas a cualquier intento de reordenamiento.

El Hospital del Bicentenario PAMI Ituzaingó atiende por guardia a unas 15.000 personas por mes, sean o no afiliados al organismo previsional. Comenzó a funcionar a pleno recién en octubre de 2023, más de una década después de haber sido anunciado. Con una inversión inicial cercana a los 11.000 millones de pesos, según informaron oficialmente en su momento, el hospital —el primero del distrito desde su creación en 1995— es de alta complejidad y cuenta con seis quirófanos, áreas de terapia intensiva e intermedia, 120 camas de internación y consultorios para múltiples especialidades.

Pactos son pactos

Detrás del episodio sanitario asoma una trama más amplia, donde la gestión pública en general suele funcionar como moneda de negociación política. Desde la creación de la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES) en julio del año pasado, los cinco hospitales descentralizado que dependen del Ministerio de Salud dejaron de comprar de manera autónoma y pasaron a depender de un esquema centralizado. Un rediseño que, lejos de transparentar, abrió nuevas ventanillas de poder, contratos y control de cajas sensibles, con el Hospital Posadas de Morón como eslabón principal.

En los territorios la incomodidad es creciente. Militantes y referentes locales de La Libertad Avanza no terminan de entender por qué, a dos años de gestión, siguen ocupando posiciones clave cuadros ligados no solo a La Cámpora o al massismo, sino también al PRO y hasta, en menor medida, a la UCR, mientras quedan relegadas figuras que se reivindican fieles a las ideas de Javier Milei. La explicación que empieza a circular puertas adentro no es ideológica sino pragmática: acuerdos de supervivencia con la “línea histórica” enquistada en los organismos del Estado.

La reciente aparición de los cuadernos del operador farmacéutico Miguel Ángel Calvete, en el marco de la causa de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), y los nombres que asoman en esas anotaciones —como el del número 2 del PAMI, Carlos Zamparolo— funcionan, para ese universo libertario cada vez más desencantado, como una prueba irrefutable de que persisten las mismas prácticas opacas que el propio Presidente había prometido erradicar.

Como parte de ese entramado aparece una figura clave: Guido Giana, viceministro de Salud de la Nación. Su llegada al cargo tras la salida de Cecilia Loccisano, en noviembre pasado, no debilitó al ministro Mario Lugones. Por el contrario, le permitió a Santiago Caputo reacomodar su propio dispositivo dentro del área. Giana no solo reemplazó a la funcionaria saliente: consolidó un esquema aún más alineado con el asesor presidencial, con acceso directo al Salón Martín Fierro, el centro de operaciones de Las Fuerzas del Cielo en la Casa Rosada. Sin ir más lejos, a esa agrupación reportan los principales funcionarios que dirigen el PAMI central, tal y como relató elDiarioAR en marzo de 2025.

Aunque hoy se mueve con comodidad en el corazón del poder, Giana no proviene del mundo libertario puro. Su recorrido político comenzó en el PRO y en el vidalismo, donde fue concejal y armador territorial en Presidente Perón. Luego pasó por el PAMI durante la gestión de Cambiemos, una etapa clave en la que manejó números, contratos y auditorías dentro de uno de los organismos más estratégicos del Estado.

El salto definitivo a la primera línea se produjo cuando asumió la dirección administrativa del Sanatorio Güemes, la institución privada propiedad de Lugones, donde el ministro comparte sociedad con Enrique Nosiglia y Luis Barrionuevo. Ese cruce entre política, negocios y gestión sanitaria explica el peso específico que hoy tiene Giana en el control de las cajas de salud.

Es que el viceministro integra los directorios de al menos tres empresas vinculadas a ese rubro de manera directa, según consta en el Boletín Oficial. Al observar la red de vínculos que rodea a Giana, emergen cruces entre familiares, operadores políticos y actores de peso del sector privado. Como publicó Giselle Leclercq en Perfil, uno de sus socios es Ramiro Eugenio Negro, quien a su vez comparte sociedades en otras firmas con Daniel Walter Román, fundador de Urbano Express S. A., la empresa de logística que en mayo pasado ganó una polémica licitación del PAMI para la distribución de pañales.

Según apuntó Equiza, Giana mantendría además una relación estrecha con Gastón Di Castelnuovo, referente del PRO en Ituzaingó, de diálogo fluido con Diego Santilli y, como denuncia el propio concejal libertario, aliado silencioso del intendente local. También se desempeña como vicepresidente primero de Autopistas Urbanas S. A. (AUSA), la empresa del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires encargada de la construcción y mantenimiento de las autopistas dentro de los límites de la General Paz. “Di Castelnuovo quiere ser candidato en 2027. No quieren que yo levante cabeza ni tenga poder porque soy el que le va a ir a discutir a Descalzo”, acusó Equiza al vincular el desplazamiento del director del hospital con una trama de intereses políticos cruzados.

El último “barón”

Ese apellido no es menor. Ituzaingó es gobernado por la familia Descalzo desde hace más de tres décadas: primero por Alberto, histórico barón del conurbano que llegó al poder en 1995, y desde diciembre de 2023 por su hijo Pablo Descalzo. Aunque se autopercibe peronista y hoy se recueste enteramente sobre Axel Kicillof, el clan construyó su supervivencia política a partir de una lógica pragmática: vínculos transversales, acuerdos silenciosos y una notable capacidad de adaptación a cada gobierno nacional de turno. La llegada de Milei a la Casa Rosada no alteró ese patrón. Por el contrario, lo reactivó bajo nuevas formas.

Un caso emblemático fue revelado por elDiarioAR en agosto de 2024, cuando el Gobierno nacional, a través de la ANSES, extendió el contrato de Juan Cruz Descalzo, otro de los hijos de Alberto y hermano del actual intendente. Aunque cobra su salario del organismo previsional, “presta servicios” en el municipio, cuya sede central está a apenas una cuadra de la Unidad de Atención Integral (UDAI) local. En diciembre de 2023, una semana antes de la asunción de Milei, Descalzo logró renovar su comisión por 180 días. En julio de 2024, con el vencimiento encima y ya con el libertario sentado en Balcarce 50, el trámite volvió a activarse.

El entramado familiar dentro del organismo previsional completa el cuadro: Juan Cruz Descalzo ingresó a la ANSES en 2005, fue jefe de la UDAI Ituzaingó entre 2009 y 2015, y hoy comparte la dependencia con su esposa y las dos hermanas de ella, es decir, las tres cuñadas del intendente. Un esquema que se mantuvo inalterado pese al cambio de signo político nacional y que refuerza la idea de una “buena vecindad” persistente entre la Casa Rosada libertaria y uno de los últimos barones del conurbano bonaerense.

Sin embargo, tras el corrimiento de Cerneaz del Hospital del Bicentenario, se produjo una sorpresa: el desplazamiento del hermano del intendente de su cargo en la ANSES local, lo que amenaza con tensar aun más el clima político en Ituzaingó. “Luego de más de diez años de estar como ñoqui, parece que el organismo decidió ponerse los pantalones y cuidar el dinero de todos los jubilados de la Argentina”, celebró Equiza, que confirmó el episodio. La coincidencia entre ambos hechos no deja de llamar la atención, justo cuando queda al descubierto que, detrás del discurso libertario de ruptura, lo que prima son los favores mutuos.

PL/MG

El Ministerio de Salud de la Nación salió este lunes a negar que el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas (PNCC) haya sido desmantelado, en medio de denuncias de familias, profesionales de la salud y organizaciones médicas que alertan por el impacto de la medida en la atención de miles de bebés y niños con malformaciones cardíacas.

Colectivos de familias de pacientes con cardiopatías congénitas y referentes del sector sanitario difundieron comunicados y declaraciones críticas tras la desvinculación de los siete profesionales especializados que integraban hasta finales de 2025 el equipo técnico del PNCC, una política pública que funcionaba desde 2008 y fue consagrada por la Ley 27.713.

Desde el colectivo Cardiocongénitas Bonaerenses advirtieron que la desvinculación del equipo técnico implica “riesgos directos e inmediatos: aumento de la mortalidad infantil y adulta, demora en derivaciones y cirugías, y ruptura de la Red Federal de atención”.

Una de las impulsoras de la ley, Lucía Wajsman, subrayó que “lo que implica el desmantelamiento del programa es literalmente la muerte de niños y de bebés que esperan una cirugía de corazón para poder vivir”, y denunció que ya existen casos de pacientes que quedaron en lista de espera por demoras en derivaciones fundamentales, consignó Tiempo Argentino.

La Federación Argentina de Cardiología (FAC) también expresó su preocupación: en un comunicado destacó que la desarticulación del programa atenta contra la continuidad de un equipo con experiencia acumulada en más de quince años y solicitó a las autoridades reconsiderar la medida.

La excoordinadora del PNCC, Alejandra Villa, señaló en carta abierta que sin un centro médico coordinador con cardiólogos de distintos hospitales y sin un modelo federal de derivación y tratamiento, el programa pierde su esencia y constituye “un grave retroceso para la salud pública”.

La versión oficial: reorganización sin afectación de la atención

Frente a estas críticas, el Ministerio de Salud de la Nación publicó un comunicado en redes sociales rechazando la narrativa de desmantelamiento. El texto oficial sostiene que “el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas sigue funcionando y su continuidad está plenamente garantizada”, aunque admitió que se llevaron a cabo cambios en su estructura de personal.

Según la cartera, en 2025 el programa contaba con 13 personas y registraba un promedio de 7,4 llamados diarios, lo que —a juicio del ministerio— justificó una “reorganización y optimización de su funcionamiento, sin afectar la atención”. El Ministerio agregó que el personal desafectado respondió intentando “vaciar el programa” al renunciar en bloque.

En el mismo comunicado se afirma que, “a pesar de ello, en lo que va de 2026 todas las consultas recibidas fueron atendidas y correctamente derivadas dentro de la red de atención”, y que el programa “continúa operativo a través del equipo administrativo activo y con la coordinación médica del Hospital Garrahan, garantizando la articulación con los centros de alta complejidad de todo el país”.

El Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas fue diseñado para articular la derivación, el traslado, la atención y el seguimiento de niños y niñas con malformaciones cardíacas, y con el tiempo consolidó una red federal que permitió disminuir los índices de enfermedad y muerte en miles de pacientes. A través de este esquema se realizaban alrededor de 800 cirugías por año y se tramitaban más de 6.000 notificaciones anuales.

El Gobierno Nacional oficializó la renuncia de Agustina Bisio como titular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT) y designó en su cargo a Luis Fontana, un reconocido médico cirujano y los cambios se dan en medio del escándalo por el fentanilo adulterado y la falta de controles por parte de dicho organismo.

A través del Decreto 3/2026, publicado en el Boletín Oficial, Mario Iván Lugones, ministro de Salud de la Nación, confirmó que el nuevo titular de la ANMAT es Luis Eduardo Fontana, luego de que Bisio haya presentado la renuncia por problemas personales.

La designación de Fontana responde a una definición clara del Gobierno: “un Estado que controle bien y funcione mejor, sin burocracia innecesaria, sin superposición de áreas y sin estructuras que se reproducen sin impacto real en la salud de las personas”.

El eje de esta etapa es que los medicamentos “sean seguros y que los controles sean efectivos”, por lo que se va a requerir de una ANMAT “más ágil, profesional y responsable, que cuide a los pacientes, respalde al equipo de salud y garantice reglas claras para todo el sistema, en línea con una gestión que prioriza resultados, transparencia y rendición de cuentas”.

Quién es el nuevo titular

Luis Fontana es médico cirujano, egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA), con formación complementaria en administración de empresas de salud, dirección estratégica, sistemas de información y negociación en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE).

Cuenta con una amplia trayectoria en el sistema de salud donde realizó las residencias en cirugía general y en cirugía oncológica, sumado a que se desempeñó como jefe de residentes y cirujano de planta en instituciones de referencia como el Instituto Ángel Roffo.

Posee más de 30 años de experiencia en gestión, con una extensa carrera en una de las empresas de medicina prepaga más conocidas, donde ocupó cargos de alta responsabilidad, incluyendo gerente médico, director médico de servicios asistenciales y director general.

A lo largo de su carrera lideró procesos de ordenamiento, modernización y mejora de la eficiencia, con foco en trazabilidad, digitalización, estandarización de procesos y decisiones basadas en datos, siempre orientadas a mejorar el funcionamiento del sistema y la calidad de las prestaciones.

El Ministerio de Salud y las carteras sanitarias de 22 provincias difundieron este sábado un comunicado conjunto en defensa del Calendario Nacional de Vacunación, en el que reafirmaron la seguridad, eficacia y necesidad de las vacunas frente al avance de discursos negacionistas.

Según el texto oficial las vacunas del calendario “cuentan con décadas de uso seguro, están respaldadas por evidencia científica sólida y demostraron su capacidad para prevenir enfermedades graves y evitar millones de muertes”.

El documento, también difundido por el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, sostuvo además que cada dosis incorporada atravesó “evaluaciones rigurosas” para garantizar su calidad, seguridad y efectividad, controles que se mantienen de manera permanente.

El mensaje remarcó que la vacunación es una política sanitaria “indispensable” y una responsabilidad compartida entre Nación, a cargo de la adquisición y distribución, así como de las provincias y municipios, responsables de la aplicación: “El compromiso es común, porque proteger a los niños es la prioridad”.

El escrito fue firmado por los ministros de Salud de todas las jurisdicciones, con excepción de Buenos Aires y Formosa, y ratifica un posicionamiento federal en medio de la caída de coberturas y del incremento de mensajes desinformativos en redes sociales.

La publicación fue difundida también en la red social X (antes Twitter) por funcionarios nacionales y provinciales, como parte de una estrategia coordinada para reforzar la confianza pública en el Calendario Nacional y sostener la vacunación gratuita y obligatoria en todo el país.

Carlos Zamparolo no suele aparecer en fotos. En Corrientes 655, donde se ubica la sede central del PAMI, lo describen como un técnico obsesivo, esquivo a las cámaras y con poder real sobre la arquitectura interna. Pero esta semana fue distinto: el martes pasado, el número dos del organismo subió al escenario para la entrega de los Martín Fierro de Salud a recibir un premio por la app Mi PAMI y posó en una imagen que circuló con rapidez entre funcionarios, periodistas y dirigentes del oficialismo.

Fue una postal mínima, pero significativa: ocurrió justo cuando la causa de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) vuelve a tomar fuerza judicial y sus iniciales aparecen anotadas en los cuadernos del operador farmacéutico Miguel Calvete, junto a otras dos abreviaturas inquietantes: “SC” y “ML”. Para quienes lo rodean, no se trató solo de una premiación: fue una salida al centro de la escena institucional en el peor momento posible, justo cuando crecían preguntas hacia adentro y hacia afuera sobre la trazabilidad de decisiones en la obra social.

Zamparolo, expresidente del Consejo de Administración de DOSUBA y hoy subdirector ejecutivo del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, aterrizó en el PAMI con un perfil técnico, bajo la órbita política de Santiago Caputo y del ministro de Salud Mario Lugones. En los registros oficiales figura como prestador de servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial, con trayectoria en directorios privados. Su legajo y su historia profesional lo presentan como alguien más cercano al mundo corporativo y financiero que a la militancia libertaria.

Esa combinación de expertise técnica y distancia de la rosca partidaria lo convirtió en pieza funcional al proyecto de reorganización que impulsó el caputismo durante el 2024: una estructura más vertical, con control sobre procesos operativos, recortes presupuestarios y una Unidad Técnica que articula autorizaciones de insumos de alto costo, órdenes directas por vía judicial, contrataciones con droguerías y supervisión de delegaciones. No es un cargo decorativo: ahí se cruzan política, caja y gestión diaria.

Ese diseño tuvo impacto político. Tras estallar la polémica por el supuesto pedido de diezmos, la conducción del PAMI reaccionó con una orden de auditoría interna en todas las delegaciones del país. La resolución, firmada el 30 de abril por Esteban Leguizamo y Zamparolo, buscó tomar distancia de las acusaciones y encapsular el escándalo.

Siglas que inducen

En los pasillos, sin embargo, la jugada fue leída también como una movida defensiva del esquema Caputo frente a la avanzada del núcleo político construido por Karina Milei y los Menem en el territorio. La auditoría tuvo un segundo efecto menos dicho: recentralizó decisiones que, hasta ese momento, dependían de estructuras territoriales con autonomía de hecho y vínculos partidarios propios.

En ese sentido, la foto del Martín Fierro no se leyó solo como un reconocimiento público a la digitalización del organismo. Internamente, se interpretó como un síntoma: Zamparolo salía a la superficie justo cuando más crecían las sospechas alrededor de la gestión de insumos médicos y cuando sus iniciales figuraban en los cuadernos incautados a Calvete, donde se registraban compras vinculadas a firmas como Profarma e Indecomm.

La aparición de “CZ” no prueba vínculos delictivos ni vuelve imputable a nadie, pero encendió alarmas entre funcionarios del organismo y entre quienes siguen la causa judicial, sobre todo porque las anotaciones conviven con siglas como “SC” y “ML”, iniciales políticamente sensibles en el ecosistema libertario. ¿Son acaso las iniciales de Santiago Caputo y del ministro Mario Lugones? Lo relevante no es solo la sigla, sino el contexto: ANDIS y PAMI comparten proveedores, circuitos de compra y mecanismos de autorización, por lo que la línea entre ambos organismos es más institucional que operativa.

La paradoja es evidente: mientras el Gobierno busca capitalizar el premio a Mi PAMI como muestra de modernización tecnológica, la obra social queda asociada —otra vez— a denuncias que reproducen viejas lógicas de intermediación, retornos, pedidos de aportes partidarios y disputas de poder. Los relevos de delegados, las denuncias de este año en Chaco y La Plata, y los testimonios que señalan exigencias del 10% de los sueldos a militantes y funcionarios formaron parte de una escena más amplia: el PAMI como caja territorial.

El caso de los audios de Diego Spagnuolo, donde se describían direccionamientos de contratos y pedidos de retornos a proveedores, actuó como catalizador y puso bajo la lupa decisiones que habían pasado desapercibidas en la reorganización inicial. En paralelo, creció un clima de blindaje preventivo dentro del organismo: archivos respaldados, pedidos formales de informes y movimientos administrativos que buscan evitar quedar en el lugar equivocado si el expediente escala.

Puja interna

Hoy, el mapa interno vuelve a moverse. El diputado nacional elector Sebastián Pareja —en tándem con Eduardo “Lule” Menem— revisa designaciones hechas el año pasado en agencias del interior, varias de ellas alineadas con Las Fuerzas del Cielo, la agrupación juvenil que responde a Caputo. Cerca de la negociación aseguraron a elDiarioAR que, si Diego Santilli conserva el control operativo de la ANSES, Pareja buscará quedarse con el mando político del PAMI.

Ese reacomodamiento podría correr del tablero a funcionarios vinculados al armado inicial de Caputo y, por arrastre, tensionar la posición de Zamparolo, no tanto por acusaciones directas, sino porque es él quien administra la estructura operativa sobre la cual se libra la disputa.

Para el subdirector ejecutivo, que evitó la exposición pública incluso cuando la gestión multiplicó compras por vía abreviada bajo justificaciones judiciales, el frente más delicado no está en esa foto sino en lo que ocurra en tribunales. La reactivación de la causa Andis abre la puerta a seguir trazas entre proveedores, funcionarios intermedios, órdenes de compra y delegaciones con autonomía administrativa. Cada anotación de Calvete es interpretada como posible ruta de investigación o como argumento interno para desplazar funcionarios y mover fichas. En ese tablero, Zamparolo no es el protagonista visible, pero sí el engranaje que sostiene la estructura.

Hace tiempo que el PAMI dejó de ser simplemente un prestador de salud: es una arena donde se juegan negocios, territorio, legitimidad partidaria y poder institucional dentro del mileísmo. La exposición pública de Zamparolo tensiona su rol original. Ya no alcanza con el bajo perfil: el número dos de la obra social más grande del país quedó en el centro de un tablero donde confluyen una causa judicial en expansión, la disputa por la caja territorial y una interna que redefine quién manda en la estructura del Estado libertario. La pregunta no es si tiene poder. La incógnita es si podrá seguir siendo invisible cuando las fotos empiezan a hablar más que los expedientes.

PL/MG

El llanto ocurrió hace apenas unos meses. En agosto, sentado en su despacho del Ministerio de Salud, frente a una cámara de TN y con la investigación del fentanilo contaminado encima, Mario Lugones se quebró al hablar de las muertes ocurridas hasta ese momento. “Me pongo muy mal cuando hablo de esto porque soy médico… es un atentado a la gente”. Era un gesto de humanidad por parte de Lugones justo cuando recibía la mayor presión pública desde su designación al frente de la cartera sanitaria en septiembre de 2024.

Sin embargo, esa imagen hoy no le alcanza. Lugones llega a la segunda etapa del gobierno de Javier Milei con un desgaste público evidente, presiones judiciales crecientes y una vulnerabilidad mediática que se volvió peligrosa. Pero puertas adentro su situación es distinta. Pese a todo, el ministro parece estar más afirmado que hace un mes, sostenido por el reacomodo interno que confirmó a Santiago Caputo en el control político del área (el asesor también maneja el PAMI a través de funcionarios sin experiencia, pero de su máxima confianza), aun en medio del avance persistente de Karina Milei sobre sectores de su influencia.

La señal más evidente del desgaste externo del ministro tuvo lugar el jueves pasado en Diputados, cuando su ausencia se hizo notar en la comisión investigadora por el fentanilo. No fue la primera vez que Lugones evitó dar explicaciones. Tampoco asistió a la interpelación por las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), ni a la comisión de Salud, ni a la citación de esta semana, cuando dejó plantados por segunda vez a legisladores y familiares de las víctimas. “Son unos truchos los funcionarios que no dan la cara”, lanzó el diputado Pablo Juliano en un clima donde incluso los libertarios se quedaron sin defensa retórica y optaron por desviar el foco hacia Axel Kicillof y Nicolás Kreplak, una maniobra que los enfrentó con los presentes.

Pero la suerte de Lugones se juega sobre todo al interior de la Casa Rosada. Y mejoró con un movimiento clave: la reciente renuncia de su vice, Cecilia Loccisano, funcionaria que manejaba la botonera administrativa del área y que era la bisagra entre Caputo y un actor menos visible pero decisivo para entender la trama sanitaria: Rodrigo Lugones, el hijo del ministro.

Consultor político, socio de Caputo en la consultora Move Group y presencia frecuente en Madrid, Rodrigo funciona desde el inicio de la gestión como enlace natural entre el sector privado de la salud y el propio ministerio. Es él quien mantiene los vínculos con clínicas, laboratorios, farmacéuticas, aseguradoras y prestadores, y quien traduce la lógica del negocio sanitario al lenguaje de la política y viceversa. En Salud lo definen como “la extensión del poder de Caputo en el área” y, al mismo tiempo, como el engranaje silencioso que permitió que su padre operara como ministro en las sombras incluso antes de ser designado.

Por eso la salida de Loccisano no debilitó a Lugones. Abrió, en cambio, una ventana para que Caputo reacomodara su propio dispositivo. La reemplazó Guido Giana, un operador aún más cercano al estratega presidencial que la funcionaria saliente. Aunque es alguien con acceso directo al Salón Martín Fierro –el centro de operaciones de Las Fuerzas del Cielo en la Casa Rosada– no es una figura que provenga del mundo libertario puro.

Su recorrido arrancó en el PRO y en el vidalismo, fue concejal y armador en Presidente Perón, un tránsito breve pero suficiente para adquirir lectura política y oficio territorial. Después pasó por el PAMI durante la gestión de Cambiemos, donde manejó números, contratos y auditorías. Pero el salto definitivo de Giana al ecosistema Lugones ocurrió cuando asumió la dirección administrativa del Sanatorio Güemes, la institución privada propiedad del hoy ministro, donde es socio de Enrique “Coti” Nosiglia y Luis Barrionuevo.

Frentes acumulados

Con el correr de los meses, los frentes se fueron acumulando para Lugones. El conflicto sin resolución en el Garrahan fue uno de los que más lo desgastó: la protesta salarial en el principal hospital pediátrico del país derivó en afiches que lo acusaban de “vaciar” la institución y lo expuso como responsable político de un ajuste que nadie quiso asumir. Sin embargo, incluso en ese episodio, Lugones eligió correrse de escena. En lugar de encabezar la defensa oficial, delegó la exposición pública en su entonces viceministra: Loccisano negó cualquier desfinanciamiento y acusó a médicos y enfermeros de responder a “fines partidarios”.

La maniobra buscó evitar que el ministro pagara el costo político, pero terminó consolidando la percepción de un funcionario que aparece en el diseño de las decisiones, pero no en la explicación de sus consecuencias. A ese desgaste se sumaron otras denuncias todavía más sensibles: los 33.000 pacientes que recibieron dosis adulteradas de fentanilo, las más de 11.000 ampollas cuyo paradero aún se desconoce y la decisión del juez Ernesto Kreplak de apartarlo como querellante para investigar las posibles omisiones de los organismos de control bajo su mando. Fue un golpe técnico y político: por primera vez, la Justicia lo ubicó en el centro del problema sanitario y no como un mero acusador externo.

Pero allí ocurrió algo inesperado: el caso Spagnuolo. En agosto, los audios sobre supuestas coimas en la compra de medicamentos sacudieron a la Andis, a los Menem y al ecosistema directo de Karina Milei, pero paradójicamente descomprimieron la situación de Lugones. El foco político y mediático se desplazó hacia ese escándalo y dejó de enfocar al ministro, del que todos pedían su renuncia. Por primera vez en meses, recuperaba aire.

El Gobierno reaccionó rápido: desplazó a Spagnuolo y designó como interventor a Alejandro Vilches, un funcionario propio del equipo de Lugones. La maniobra generó ruido afuera, pero internamente reforzó otra cosa: el ministro retuvo influencia sobre la agencia y el dispositivo quedó intacto, por más que la imagen del médico se haya deteriorado en el camino.

Equilibrios inestables

Con este paisaje, el diagnóstico interno es claro: Lugones está debilitado hacia afuera, pero políticamente estabilizado hacia adentro, sostenido en un equilibrio precario que depende menos de su desempeño individual y más de la disputa mayor entre Santiago Caputo y Karina Milei. Salud se transformó, al mismo tiempo, en su problema y en su refugio: es el área donde acumula cuestionamientos públicos, pero también uno de los pocos espacios donde el asesor presidencial logró conservar poder real en un gabinete que le es cada vez más adverso.

Es que el sostén de Caputo no vuelve a Lugones indestructible. Lo vuelve estratégico, que es distinto. Su ministerio enfrenta semanas sensibles: el inicio del verano siempre vuelve a encender la alarma del dengue, además de los reclamos salariales abiertos y la expectativa de que la ANMAT entregue respuestas concretas a la Justicia. Un error de gestión podría recalibrar todo el tablero.

Karina sigue de cerca todo. No porque a la hermana del Presidente le interese la política sanitaria, sino porque cada territorio donde Caputo retiene influencia es un territorio que ella no domina. En el oficialismo sostienen que, si Lugones cayera, la puerta para disputar Salud quedaría abierta. “Sería piedra libre”, sintetizó un funcionario consultado por elDiarioAR. Es un escenario que Caputo busca evitar a toda costa.

Hoy, la pregunta no es si Lugones está fuerte o no. La incógita es si Milei puede prescindir de él sin alterar el delicado equilibrio que sostiene a Santiago Caputo tras las elecciones del 26 de octubre. Una virtual salida podría leerse como la caída de un pedazo fundamental de su poder. Detrás del ministro, ya lo saben todos, también está Rodrigo. Y en un gabinete que vive de la tensión contenida, ese vínculo es el único salvavidas verdaderamente estable.

PL/MG

La viceministra de Salud, Cecilia Loccisano, presentó en las últimas horas su renuncia, en medio de los cambios en el Gabinete del presidente Javier Milei. 

“El día de hoy presenté mi renuncia al Ministro de Salud, Mario Lugones, al cargo de Secretaria de Gestión Administrativa y Viceministra de Salud de la Nación”, escribió la funcionaria en su cuenta de X.

Loccisano reportaba a Lugones, un hombre que desembarcó en el equipo de Milei de la mano del asesor Santiago Caputo.

“Durante muchos años tuve el honor de formar parte de este Ministerio, aportando mi experiencia y conocimiento al servicio de la salud de los argentinos. Este recorrido me permitió acompañar grandes transformaciones y desafíos que fortalecieron mi compromiso con una gestión eficiente, responsable y enfocada en quienes más lo necesitan”, siguió Loccisano en su mensaje de despedida.

Para cerrar, le agradeció al mandatario nacional y al propio Lugones: “Desde el lugar en el que me encuentre, seguiré acompañando y trabajando para contribuir al desarrollo de un sistema de salud moderno, menos burocrático y cercano a las verdaderas necesidades de las personas”.

“Mi agradecimiento al Presidente de la Nación, Javier Milei, y al ministro de Salud, Mario Lugones , por la confianza y oportunidad de haber sido parte del equipo”, concluyó.

El Ministerio de Salud dejó de ser querellante en la causa por fentanilo contaminado ante la sospecha de que organismos públicos tengan cierta responsabilidad en las omisiones o connivencias en la causa.

Luego de las detenciones de Ariel García Furfaro, junto con directivos, accionistas y directores técnicos, se impulsó la investigación sobre la tarea de los organismos públicos encargados del contralor de los laboratorios.

Frente a esta pesquisa, el juez Ernesto Kreplak le revocó el rol de parte querellante que fuera concedido al Ministerio de Salud de la Nación. En este marco, se expuso que lo alegado por las autoridades en su solicitud, para ejercer el rol de acusador particular, “no resulta suficiente argumento para mantener su legitimación activa en ese carácter”.

Este miércoles por la noche Diego y Damián García, quienes estaban en el control de HLB Pharma y Ramallo; Nilda Furfaro, accionista y vicepresidente de HLB Pharma; el director general de ambos laboratorios Javier Tchukran; Carolina Ansaldi y Víctor Boccaccio, directores técnicos de Ramallo; José Antonio Mairorano, director técnico de HLB; Horacio Tallarico, presidente de Ramallo; y Rodolfo Labrusciano, director suplente, fueron detenidos tras las órdenes de allanamiento en sus domicilios.

Respecto a Ariel García Furfaro, dueño de ambos laboratorios, antes de las 23.00 se entregó, junto con su abogado, en la alcaidía de Ezeiza. Allí se cree que pasó la noche y se espera que hoy, junto con los otros detenidos, presten declaración indagatoria.

Con información de la agencia NA

El vocero presidencial Manuel Adorni comunicó, en la habitual conferencia de prensa que, a raíz de una investigación que “relevó resultados sospechosos” en el examen de aspirantes a residencias médicas el Ministerio de Salud dispuso “suspender el orden de mérito vigente, reprogramar el cronograma y convocar a un nuevo examen” para los postulantes que hayan obtenido “86 puntos o más”.

“El análisis técnico reveló un patrón de desempeño anómalo con resultados inusuales, que obligaron a revisar el proceso completo. Usualmente, un diploma de honor de la Universidad de Buenos Aires obtiene entre 80 y 90 puntos en el examen”, indicó el vocero.

Por otra parte, sostuvo que en el ranking del examen “aparecen notas sospechosas”, con puntajes “mayores a 90”, obtenidos por estudiantes recibidos en universidades extranjeras, “cuyos alumnos no solían aparecer entre los primeros 500 puestos”.

En la misma línea, sostuvo que, esta medida alcanza a un total de “268 postulantes, de los cuales 149 poseen títulos habilitantes de universidades extranjeras y 119 (de los 268) con títulos habilitantes de universidades nacionales”; asimismo, calificó a esta situación de “llamativa” porque ocurre en el mismo año en que el Ministerio de Salud de la Nación “corrigió una injusticia que perjudicaba a los médicos formados en universidades argentinas por sobre quiénes lo hicieron en las universidades extranjeras”, otorgándoles cinco puntos más a quienes estudiaron en universidades del país.

“Los puntajes son incongruentes con los antecedentes académicos de sus universidades y con sus promedios de carrera”, concluyó.

Con información de la agencia NA

En plena jornada de protestas por parte de trabajadores del Hospital Garrahan, el Gobierno de Javier Milei avanza con un plan que apunta a reorganizar el funcionamiento del hospital pediátrico, bajo la consigna de la “eficiencia” en el uso de recursos. Entre las medidas que evalúa el Ministerio de Salud, figura la implementación de un sistema de control biométrico de asistencia y un posible adicional por productividad para el personal médico.

El conflicto en el hospital tiene como trasfondo los reclamos salariales y las condiciones laborales de los profesionales de la salud. Desde la cartera que dirige Mario Lugones aseguran que el problema responde a “desórdenes administrativos”, y no a un recorte presupuestario. “El Garrahan no tiene un problema de plata, tiene un problema de estructura”, sintetizó una fuente oficial.

Durante una breve aparición en Casa Rosada, la viceministra Cecilia Loccisano detalló que el hospital cuenta con 953 empleados administrativos y solo 478 médicos de planta. “Hay un desequilibrio muy grande en la dotación que estamos tratando de corregir para priorizar a los médicos y mejorar las prestaciones”, afirmó.

El Gobierno afirma que el objetivo es reordenar el presupuesto —que aseguran fue incrementado en un 244% entre 2023 y 2024— para concentrar los recursos en la atención médica. A partir del 1 de junio, se activará un sistema de ingreso biométrico para registrar el presentismo del personal. “Los que no cumplan no van a cobrar. Se terminó el tiempo de los ñoquis”, deslizaron desde el ministerio.

Entre los trabajadores, la situación es crítica. Médicos residentes denuncian jornadas de hasta 60 horas semanales con una remuneración que ronda los $3.000 por hora, lo que representa ingresos por debajo del umbral de pobreza. Según sus cálculos, el salario mensual debería casi duplicarse para empatar la inflación.

Desde enero, rige un ítem de alta complejidad que representa un 15% adicional sobre el salario básico, y también hubo una suba en la hora de guardia, que pasó de $8.000 a $9.600. Aun así, los profesionales insisten en que esas mejoras son insuficientes.

En paralelo, el Ejecutivo analiza la implementación de un plus por productividad vinculado a la complejidad de los procedimientos realizados, aunque esa medida aún se encuentra en etapa de estudio.

Otra línea de conflicto gira en torno a las contrataciones de servicios tercerizados, como limpieza, vigilancia y alimentación. Según fuentes oficiales, se detectaron irregularidades en licitaciones previas y señalan que “algunos actores buscan interferir en la comunicación directa con los residentes para sostener sus privilegios”.

Tras el anuncio de un paro para este jueves, el Ministerio de Capital Humano dictó la conciliación obligatoria y se convocó una mesa de diálogo que reunió a representantes del Gobierno nacional, de la Ciudad, autoridades del hospital y delegados médicos. Según el Ejecutivo, la instancia busca abrir un canal institucional para resolver los desacuerdos.

No obstante, desde la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT) alertan sobre un posible colapso sanitario si no se atienden los reclamos: “El hospital necesita recomponer salarios, cubrir vacantes y frenar el vaciamiento”, sostienen.

También hay diferencias en los números. Esteban Argañaraz, delegado de ATE, cuestionó los datos oficiales y aseguró que el hospital cuenta con 4.728 trabajadores, de los cuales más de 3.000 están afectados directamente a tareas asistenciales. “El ajuste es real, y lo están disfrazando con discursos de orden y eficiencia”, denunció.

Mientras el Gobierno destaca como logro haber alcanzado “el equilibrio financiero del hospital por primera vez en una década”, los trabajadores insisten en que ese equilibrio se sostiene a costa del deterioro de las condiciones laborales y la atención.

MM con información de la agencia NA.