Se supone que las conversaciones de los grandes empresarios reunidos en el Foro Llao Llao la semana pasada debían mantenerse en secreto, pero el diario La Nación contó que la exejecutiva de Marvel Studios Victoria Alonso expuso que podría haber sido la desaparecida 30.001 si no se hubiese exiliado en la última dictadura. Entonces Cristiano Rattazzi, dueño del Grupo Modena, de alquiler de helicópteros y concesionario de Ferrari y Maserati, le cuestionó la cifra: “8.001”. Pero fuera de esa anécdota y lo que dejaron las disertaciones, en los pasillos del exclusivo hotel de Bariloche, propiedad del empresario inmobiliario y agricola Eduardo Elsztain, se debatió sobre el futuro del jefe de Gabinete, Manuel Adoni, según pudo reconstruir elDiarioAR de dos fuentes directas que estuvieron en el cónclave.

Las conversaciones permitieron revelar que en el Llao Llao hubo quienes pidieron la cabeza del jefe de Gabinete por considerarlo “corrupto” y otros porque está dañando la imagen del gobierno en el que confían y temen un giro político en 2027. Pero también hubo optimistas inquebrantables que minimizaron la cuestión.

“Hay un consenso de que el caso Adorni es inaceptable”, comentó uno de los más de 150 empresarios que asistieron. “A algunos nos parece éticamente indefendible y a otros les parece que daña al Gobierno, porque hay bastante preocupación de que aparezca un candidato no de mercado”, agregó quien se ubica entre los primeros, mientras Myriam Bregman y Axel Kicillof aparecen como los políticos con mejor imagen en la última encuesta de Atlas Intel.

“Cada vez más se piensa que hay corrupción en este gobierno, no de Toto (Luis Caputo, ministro de Economía) ni de (Federico) Sturzenegger (de Desregulación), pero sí de Caputito (Santiago Caputo, asesor presidencial), sus amigos los Neuss (Juan y Patricio, accionistas de Edison Energía, que ganó tres de las cinco privatizaciones de empresas eléctricas) y Karina (Milei, la secretaria general de la Presidencia). (Javier) Milei critica a (Paolo) Rocca y (Javier) Madanes Quintanilla, está perfecto, pero después aparece con los Neuss y (José Luis) Manzano”, resumió.

Dicho empresario mendocino ahora presentó un proyecto de extracción de hidrocarburos al Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI), que antes excluía a este tipo de actividad por considerarla lo suficientemente rentable y que este año se abrió a admitirla. Una línea que aprovecha Manzano y su petrolera Phoenix, pero también todo el sector de Vaca Muerta lo está haciendo.

Entre los empresarios asistentes al encuentro figuraron Marcos Galperin, Agustín Otero Monsegur, Roberto Murchison, Verónica Cheja, Gonzalo Tanoira, los anfitriones Eduardo y Daniel Elszatin, Tomás Mindlin, Martín, Manuel y Facundo Migoya, Nicolás Aguzín, la venezolana Adriana Cisneros, Andrea Pagani, Verónica y Larisa Andreani, Diego Finkelstein, los también embajadores Alec Oxenford (en EE UU) e Ian Selecki (en Francia), Guibert Englebienne, Manuel Antelo, Gustavo y RosendoS Grobocopatel, Karina Román, Sofía Pescarmona, Matías Woloski, Eduardo Bastitta, Gastón Irigoyen, Nicolás Nocetti, Gastón Parisier, Alejandro Gorodish, Juan Gurfinkiel, Albert Gozzi, Facundo Gómez Minujin, Franco Mignacco, Saúl Zang, Max Cavazzani, Federico Braun, Marcos Bulgheroni y los chilenos Andrónico Luksic Lederer y Manfred Paulmann.

Otro hombre de negocios que asistió al encuentro patagónico negó, en cambio, que en sus conversaciones apareciera Adorni. “Ninguna decisión importante de inversión depende del caso Adorni”, justificó. “Una minera o una petrolera miran a largo plazo y están acostumbradas a los cambios políticos en cualquier país del mundo. En términos generales hay mucho entusiasmo y buenas perspectivas a futuro. Incluso en tecnología hay más apetito de fondos internacionales, desde China a Estados Unidos, por invertir en la Argentina, que antes ni figuraba. Aunque es más caro producir que antes, seguimos siendo baratos, sigue habiendo una buena ponderación del talento argentino y es una industria que está acostumbrada a contratar gente cara, a invertir mucho para un retorno alto”, agregó.

Sin embargo, después admitió: “Los buenos empresarios miran si habrá seguridad jurídica o no”. Entonces se sumó al coro de colegas que admite que las inversiones llegarán de manera gradual. Mientras algunos siguen la consigna de quien no arriesga no gana -y por eso participan de privatizaciones, por ejemplo-, otros prefieren esperar a 2028, una vez que se conozca quién ganará las elecciones presidenciales del año próximo. El empresario consultado, por último, admitió que también hay empresarios “muy preocupados” porque sus sectores no arrancan o cae, como los industriales y los dedicados al consumo interno.

El primer consultado, por el contrario, se mostró más pesimista: “Los sentimientos están muy divididos. Muchos tenemos decepción, frustración y pesimismo. Otros siguen con ganas de defender a Milei”.

El interlocutor quedó desconcertado con la disertación de Luis Caputo en el foro: “No me gustó nada. Otros opinaron lo mismo, que fue un desastre, una depresión. Es un papelón decir que hizo todo bien y que si no funciona es porque en la Argentina no funciona. ¿Cómo puede decirnos que el que piensa que Milei no gana con el 40% debe ir al psicólogo? El Gobierno decía que aplicando esta receta monetaria iba a haber crecimiento, pero la realidad es que todos los países que la aplicaron pasaron muchos años de recesión y eso trae riesgos. Encima fortalece el cepo y se atrasa en la devolución de impuestos... Cada vez hay menos empresarios relevantes que siguen confiando, sólo algunos comprando lo de Toto”, sentenció.

AR/MC

En un día crítico tras una declaración de un testigo que lo compromete aun más, Manuel Adorni negó haber gastado US$245.000 en refaccionar su casa en el barrio privado Indio Cua, partido de Exaltación de la Cruz, según una fuente oficial.

El jefe de Gabinete desmintió el monto declarado este lunes por el contratista Matías Tabar, quien dirigió las reformas en Indio Cua entre 2024 y 2025. “Ese no es el monto. Seguramente vayamos a solicitar un peritaje porque cualquiera que conozca mi casa sabe que no vale ese dinero”, dijo Adorni a interlocutores de Casa Rosada.

Adorni indicó que plantea solicitar una inspección ocular en la vivienda inscripta a nombre de su esposa, Bettina Angeletti, en 2024.

Según una persona que lo escuchó cerca del despacho presidencial, el jefe de Gabinete dijo: “Seguramente vayamos a solicitar un peritaje, porque cualquiera que conozca mi casa sabe que no vale ese dinero” .

El funcionario, bajo múltiples sospechas por un cúmulo de gastos en nuevas propiedades, refacciones y viajes sunutosos al exterior, sembró dudas sobre Tabar, el titular de un estudio de arquitectura que prestó declaración ante el fiscal federal Gerardo Pollicita esta mañana. “Los costos nos parecen exagerados y contamos con la buena voluntad del arquitecto que nos iba a entregar la factura por todos los costos y gastos realizados, y nunca la entregó”, denunció.

Incluso, Adorni fue a más, y anticipó que podría presentar una denuncia contra Tabar.

El contratista aportó documentación vinculada a la obra y también entregó su teléfono celular para que sea peritado. Según explicó, había borrado mensajes intercambiados con el funcionario, por lo que Pollicita buscará recuperarlos mediante análisis técnico del dispositivo.

Tabar dijo que la obra se desarrolló entre octubre de 2024 y mayo de 2025. Entre los trabajos mencionados figuran la construcción de pisos y paredes, la instalación de una pileta con revestimiento, una cascada en el jardín, un quincho y cerramientos nuevos, además de equipamiento para cocina y baños.

El testimonio de Tabar resultó perjudicial para la estrategia de Adorni y del gobierno. En una entrevista con radio El Observador el fin de semana y en la conferencia de prensa de esta mañana, el jefe de Gabinete aseguró que no piensa renunciar, al tiempo que trató de retomar una agenda no intervenida por las sospechas de corrupción.

En plena estrategia para recomponer la iniciativa del Ejecutivo luego de cincuenta días de tormenta en torno a Adorni, la declaración del arquitecto causó consternación en el gobierno. Un pago de US$245.000 en efectivo, sin factura, y sin la contrapartida de un préstamo como los que solventaron las incorporaciones de propiedades en 2024 y 2025, desbarató la esperanza de dar vuelta la página hasta en los más férreos oficialistas. “Lo va a tener que explicar”, dijo una fuente que lo respaldaba hasta hora. Otros funcionarios se refugiaron en el silencio.

Desde que este diario informó que Adorni había gastado USD9.000 en un vuelo privado a Punta del Este durante el feriado de Carnaval, una sombra de dudas apuntaló la causa por supuesto enriquecimiento ilícito radicada en el juzgado federal de Ariel Lijo.

Hasta ahora, se sabe que el jefe de Gabinete gastó algo menos de US$9.000 en el vuelo a Punta del Este en febrero pasado, US$5.150 en el regreso de Angeletti desde Nueva York a Buenos Aires en marzo, $9,1 millones en una estadía en el hotel Llao Llao de Bariloche en junio de 2024, y unos US$14.000 en un viaje a Aruba en diciembre de 2024. También hay registro de un tour de Angeletti con amigas por España a fines de 2025.

En el rubro inmobiliario, Adorni adquirió, en 2024, la casa en Indio Cua por US$120.000 (hipoteca por US$100.000), a lo que se suman las reformas por US$245.000. En 2025, adquirió una deuda de US$200.000 por la compra del departamento de Miró 550, Caballito, escriturado en US$230.000. Se agregan US$65.000 por reformas pactadas con el prestamista Pablo Feijoo. A todo ello, se agregan al menos unos US$30.000 por comisiones a escribanías e inmobiliarias, y gastos de entrada a Indio Cua por US$5.000. También erogó US$13.000 en alquilar una casa en el barrio privado mientras construía la propia, declaró Tabar.

Los gastos corrientes de la familia Adorni-Angeletti parten de $3,5 millones, sólo entre expensas de sus propiedades (mantiene bajo su patrimonio al menos tres viviendas más en Capital Federal y la provincia de Buenos Aires) y la cuota de colegio de sus hijos.

El sueldo de Adorni era de cerca de $3 millones hasta enero, y es de $7 millones desde entonces. Angeletti, coach ontológica de profesión, era monotributista hasta el año pasado, cuando se anotó como autónoma.

El jefe de Gabinete aseguró que todo quedará aclarado en su próxima presentación jurada ante la Oficina Anticorrupción.

SL

slacunza@eldiarioar.com

Diego Spagnuolo siente que lo abandonaron. Aquellas noches en Olivos —38 visitas en los primeros 16 meses de gobierno— son un recuerdo surrealista bajo este frío otoño. Todo un abismo que va del privilegio de arreglar sobre la marcha una cena con su íntimo amigo Javier Milei, con menú comprado en La Farola de la avenida Maipú, a cinco cuadras de la Quinta, a este presente del teléfono callado y un procesamiento como jefe de una asociación ilícita y fraude al Estado.

“McBain” —como lo llamaban en el mundo Milei-Espert-Villarruel antes de llegar a la cumbre— se sitúa protagonista de una pesadilla que comenzó a vivir apenas echó a andar el gobierno ultra. Al constatar que la “traición” provino de personas en las que confió y lo elevaron adonde nunca creyó llegar, y verse ahora indagado de hecho por la cronista Mercedes Ninci frente a un ascensor de Comodoro Py, se asume como chivo expiatorio de un latrocinio perpetrado por otros. No concibe una salida aceptable. Tiene que rearmar su vida y necesita despejar el horizonte de la cárcel.

Con tiempo libre infinito que pasa en la galería reformada de su casa en un barrio cerrado de Pilar, Spagnuolo observa cómo “los Menem” —a quienes se ocupó de describir en infinidad de diálogos como jefes de una gavilla que copó la Agencia de Discapacidad (ANDIS)— se pasan la gran vida y administran poder.

Para colmo, la Justicia mantiene incautados los USD 82.000 hallados en una caja de seguridad de la casa de Pilar. Spagnuolo dice que puede justificar ese tesoro y piensa que es poco y nada para acusarlo de recibir coimas. Al fin y al cabo, no le alcanzaría ni para comprar medio departamento de esos baratos que consiguen Manuel Adorni y Bettina Angeletti.

Ni las viejas relaciones pueden dar la cara por él. José Luis Espert, a quien alguna vez Spagnuolo creyó su mejor amigo, también cayó en desgracia y transcurre sus días a la sombra de otra galería reformada. Otra amiga, Victoria Villarruel, esa mujer chispeante que hacía bromas homofóbicas y tomaba de punto a “McBain” —por un personaje de los Simpsons que resolvía todo a los tiros—, quedó raleada del mundo Milei. Cuando se dividieron las aguas entre la fórmula presidencial, el contertulio de las noches de Olivos quedó del lado del Soez. ¿La sombra del despoder volvió a encontrar a esos compinches —Victoria y Diego— que viajaban por las montañas del Norte? ¿Habrá insistido la vicepresidenta en la humillación de Spagnuolo como su caniche toy?

A la filtración de los audios que se le atribuyen al extitular de ANDIS y titularon una era, “el 3% de Karina”, le siguió un cúmulo de pruebas documentales, mails, cientos de miles de dólares en efectivo apilados en cajones y mochilas, y whatsapps indiscretos.

Las noticias de que los Menem y Karina habían instalado una burocracia proveniente del macrismo “para afanar” de los fondos de discapacitados dispararon una investigación que, entre agosto de 2025 y febrero pasado, llevaron al juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi a revelar una red de corrupción sistemática. La pregunta de fondo: ¿Se trató de una célula autónoma compuesta por decenas de personas para robar uno de los presupuestos más diezmados por la motosierra, o fue otra de las terminales para satisfacer la avidez por el dinero de los Hermanos Milei?

¿La sombra del despoder volvió a encontrar a esos compinches —Victoria y Diego— que viajaban por las montañas del Norte?

El turno de Lijo

El trayecto desde esa trama a la mentada voracidad de Karina y los Menem requiere ser probado en el expediente. Antes de dejar la causa en manos de Ariel Lijo, en febrero, Casanello procesó a 19 personas: empresarios, ejecutivos de droguerías, lobistas y exfuncionarios de segundas líneas. Esta semana comenzó un nuevo capítulo con la nueva ronda de 35 indagatorias y el horizonte de decenas de nuevos procesamientos relacionados a sobreprecios en insumos de alto costo por un valor estimado en $75.400 millones, con beneficio en las firmas Indecomm; Laboratorio Ortopédico Sagues; Probock; Prolite Orthopedics y Resposane Salud. Ese monto se suma otros $43.000 millones detectados en otra instancia del expediente, con sobreprecios estimados en 1.900%.

Las citaciones a indagatoria fueron el primer paso de Lijo en la trama ANDIS. Significativo, porque había expectativa sobre la actitud que adoptaría el excandidato a juez de la Corte Suprema que congregó las causas más sensibles para Ejecutivo en el último bimestre, a excepción de la más grave, la estafa $LIBRA, que la mantiene secuestrada el fiscal Eduardo Taiano.

El segundo paso del juez a cargo de ANDIS fue ordenar, el jueves, un peritaje sobre los audios atribuidos a Spagnuolo. La dirección de Criminalística de Gendarmería deberá dilucidar si esos archivos fueron adulterados mediante inteligencia artificial. Esa fuerza, sometida a injerencias de Patricia Bullrich, se transforma en una usina sórdida que puede llegar a cualquier conclusión —como se demostró en el caso Nisman—. El peritaje asoma como una herramienta de negociación entre la polifacética senadora y su amiga/enemiga Karina. Probablemente, la candidatura de la ultraderecha en la Ciudad para 2027 se jugará en el dictamen de un grupo de gendarmes.

Spagnuolo se aferró a la impugnación de los audios como su tabla de salvación. La estrategia le sirve a él, al resto de los procesados y a los hermanos Milei, aunque sus objetivos finales sean divergentes. Se formó así una comunidad de intereses en torno a un frágil silencio, que pende de un hilo, porque impera la desconfianza mutua.

La llegada del abogado Mauricio D’Alessandro a la defensa de Spagnuolo, en noviembre de 2025, tres meses después de iniciada la causa y con la victoria legislativa de La Libertad Avanza de por medio, apuntó a que los audios del “3% de Karina” eran creaciones de inteligencia artificial. En paralelo, los Kovalivker —los supuestos “helvéticos” de la Droguería Suizo-Argentina en los diálogos de la banda que pactaba licitaciones y coimas— habían avanzado en una estrategia similar. Los helvéticos denunciaron tempranamente que los audios difundidos por el sitio Carnaval y el portal Data Clave obedecían a una operación de inteligencia y, por lo tanto, toda la investigación debería caer como fruto del árbol prohibido.

Se formó así una comunidad de intereses en torno a un frágil silencio, que pende de un hilo, porque impera la desconfianza mutua

En la línea sostenida por Casanello y Picardi, los audios fueron apenas un indicio que disparó una noticia periodística y luego una denuncia judicial, y así comenzó la investigación, como ocurrió decenas de veces en Comodoro Py. Para no pisar el palito del “árbol prohibido”, el juez y el fiscal se ocuparon de evitar cualquier mención al contenido de los audios en sus resoluciones. Ambos situaron el componente de verosimilitud de la sospecha en el hecho de que el Ejecutivo licenció a Spagnuolo de su puesto en ANDIS en cuanto se conocieron los audios. ¿No eran artificiales?

Lo malo y lo peor

La apuesta a anular la causa tendría un altísimo costo político para un gobierno anegado por casos de corrupción, desde las pequeñas a las grandes estafas, pero no deja de ser el mal menor para los Hermanos Milei. Confirmar la percepción generalizada de que el Presidente y su hermana manejan los hilos del poder para garantizar impunidad a ellos mismos y sus elegidos es una mala opción. Dar lugar a que se investigue una sospecha de que coparon el Estado para succionar fondos de los más vulnerables de la sociedad es peor.

Con los expedientes Adorni, préstamos del Banco Nación al equipo de Luis Caputo y ANDIS en un mismo juzgado, la dupla que comanda el Ministerio de Justicia, Juan Bautista Mahiques y Santiago Viola, trata por todos los medios de incidir en la voluntad de Lijo. En un territorio —Comodoro Py— en el que inciden estamentos del macrismo, una corporación judicial a la defensiva, tentáculos de Inteligencia y los grupos Clarín y La Nación, el engranaje ya no funciona como antes.  

Spagnuolo mide su silencio. En las dos indagatorias que enfrentó —la última, el miércoles—, eligió hacer uso de su derecho a no declarar. Lo mismo hizo el jueves Daniel Garbellini, un hombre del riñón del PRO que reingresó a ANDIS con Milei para —según Spagnuolo— manejar la caja. Con intereses enfrentados, a ambos les conviene el paso del tiempo, con la mira en la invalidación de las grabaciones.

A poco de ingresar al expediente, el defensor D’Alessandro presentó un peritaje privado a cargo del experto español Miguel Ángel de la Torre. El estudio indica que la parte del audio en la que Spagnuolo aparece hablando en un bar tiene una probabilidad “baja” de ser una creación de inteligencia artificial, pero otro segmento de una conversación telefónica tendría chances “razonables” de contener “trazos de voz sintetizada”. El contenido más grave de los dichos atribuidos a Spagnuolo —incluido el 3% de Karina (8% de coimas totales sobre el precio de venta de medicamentos e insumos) y el comentario de que puso al tanto a Javier Milei de la situación— está en la parte del diálogo en el bar.

D’Alessandro afirma que los audios fueron editados, y que se incorporó ruido ambiente de una confitería para enmascarar la voz artificial. Tanto Mauro Federico e Ivy Cángaro, los periodistas que difundieron las grabaciones en Data Clave, como fuentes de la fiscalía de Picardi dan por sentado que los audios fueron editados, pero no adulterados. El fin de la edición fue borrar al interlocutor de Spagnuolo, que sería quien registró y divulgó la grabación.

Hay que prestar atención a dónde llega la explicación del extitular de ANDIS. Su desmentida es sobre haber denunciado el 3% de Karina, pero no sobre el papel de los Menem. Según fuentes que escucharon sus argumentos, tampoco niega haber transmitido a Milei el desfalco que estaban cometiendo Garbellini y el exfuncionario del PRO y exempleado del laboratorio Roche Pablo Atchabahian, a quienes definió como “delincuentes”. A partir de su aviso al Presidente, hace exactamente un año, cesaron las invitaciones nocturnas a elegir comida en el menú de La Farola de Olivos.

Spagnuolo afirma que lo único que lo vincula a los delitos investigados son los audios. Le interesa salir del foco de la causa, pero se desentiende de la suerte de “los delincuentes” y los Menem. En la fiscalía de Picardi leen eso y no entierran la posibilidad de lograr la adhesión a la figura del arrepentido. Es por ello que el silencio del extitular de ANDIS es tanto una estrategia que agradecen los Milei, como una bomba de tiempo. Aunque “McBain” parezca disimular el papel de Karina y guarde mayor encono con los Menem, dos más dos es cuatro. Por lo pronto, Spagnuolo dejó una frase sugestiva el miércoles, durante la indagatoria informal ante la periodista Ninci en un pasillo de Comodoro Py: “No es la única oportunidad en que se puede declarar”.

Una mano estuvo detrás del abismo que se creó entre Spagnuolo y quienes le manejaban la caja en ANDIS: Santiago Caputo.

El poderoso asesor tiene bajo su órbita al ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, padre de su socio, Rodrigo Lugones. Esa cartera, aun diezmada por la motosierra, es una fuente inagotable de negocios. Por el reparto inicial de responsabilidades en el gobierno ultraderechista, los medicamentos y tratamientos para discapacitados fueron capturados por los Menem. Se desató entonces una sórdida batalla por esa caja. Spagnuolo, un abogado sagaz, con poca experiencia política, débil de carácter y nulo conocimiento del mercado de la salud, fue la vía a través de la cual intentó penetrar Santiago Caputo.

En sus extensas tardes en Pilar, frente a la pantalla en negro de su celular, Spagnuolo también piensa en la impunidad del asesor que imita a los personajes de Peaky Blinders.

Cuentas pendientes en la Cámara Federal

En la fiscalía de Picardi surgen datos incesantes sobre el desfalco al Estado. Emanuel y Jonathan Kovalivker, Atchabahian, el lobista Miguel Calvete, Laboratorios Roche y Garbellini tienen motivos para preocuparse, pero la pelota está en la Cámara Federal. Se bifurca otro capítulo.

A partir de su aviso a Milei, hace exactamente un año, cesaron las invitaciones nocturnas a Olivos a elegir comida en el menú de La Farola de la avenida Maipú

La sala de la Cámara Federal que trata el expediente está compuesta por Roberto Boico, Martín Irurzun y Eduardo Farah. El primero —exabogado de Cristina— y el segundo —veterano del fuero penal federal, vinculado a la UCR— impusieron su voto mayoritario para hacer lugar al reclamo de los Kovalivker y ordenaron a Casanello que investigara el origen de esas grabaciones. Casanello tiró la pelota afuera con medidas procesales, Boico e Irurzun insistieron y ahora Lijo hizo lugar al peritaje.

Los movimientos de Boico, una de las pocas designaciones en el Poder Judicial que pudo concretar Alberto Fernández, vienen provocando desconcierto en estamentos de Comodoro Py que esperaban romper el statu quo que se había instalado. Si la mirada se detiene en Irurzun —el autor de la doctrina de la influencia de los exfuncionarios que sirvió para mantener a kirchneristas en la cárcel durante años—, la historia se vuelve más compleja. Cumple 75 años el próximo 18 de julio, por lo que debería cesar su función de camarista. El juez bregó para que se enviara al Senado la prórroga de su designación por otros cinco años, como ocurrió con colegas muy allegados al Ejecutivo, pero hasta ahora no tuvo suerte y es probable que no la tenga.

Boico e Irurzun tienen en sus manos reproducir la mayoría contra Farah para cortar la causa ANDIS de raíz, con la teoría del fruto del árbol prohibido, y satisfacer así los múltiples intereses cruzados de los imputados y de quienes miran de afuera, por ejemplo, desde varios despachos de Balcarce 50. No sería una decisión fácil para ambos camaristas, que no están entre lo más desprestigiado de Comodoro Py. De todas maneras, quedaría la instancia de Casación, donde la conformación de la sala que intervendría no sería la más oficialista posible.

En la exposición de argumentos frente a la Cámara Federal, Picardi citó jurisprudencia asentada en la causa por el soterramiento del tren Sarmiento, un fraude millonario que abarca los gobiernos de los Kirchner y Macri e involucra al gigante brasileño Odebrecht. Allí los imputados también plantearon que la acusación debía desmerecerse porque provenía de filtraciones de celulares de lobistas asociados al Lava Jato de Brasil.

En esa instancia, la Cámara Federal sostuvo que el planteo de nulidad debía fundarse en la “verificación fehaciente” de que la prueba había sido originada de forma ilegal, y no una mera suposición. Uno de los jueces firmantes de aquella resolución fue Irurzun, el 11 de marzo de 2019.

SL

slacunza@eldiarioar.com

Tres empresarios acusados en la causa Cuadernos argumentaron ante el Tribunal Oral Federal 7 que sus confesiones de haber pagado sobornos durante la investigación a cargo del fallecido juez federal Claudio Bonadio fueron falsas y que las realizaron bajo presión para evitar la detención. En el juicio, Cristina Fernández de Kirchner está acusada como presunta jefa de una asociación ilícita, además del delito de cohecho.

Los tres imputados son Mario Rovella, de la constructora Rovella-Carranza, y Oscar Sansiseña y Guillermo Escolar, dueño y gerente de la empresa Cleanosol, dedicada a la señalización de rutas. Se suman así a Daniel Pitón, integrante de José Eleuterio Pitón S.A., quien la semana anterior había recurrido a la misma estrategia defensiva.

Los tres afirmaron haber dejado constancia de sus intenciones antes de declarar. Rovella dijo que el 28 de febrero de 2019, un día antes de su declaración indagatoria, concurrió a una escribanía de la Ciudad de Buenos Aires, donde dejó asentado el contenido de lo que iba a manifestar junto con una nota en la que señalaba expresamente que lo allí consignado no era verdad. Sansiseña y Escolar hicieron el mismo procedimiento: un día antes de declarar ante la Justicia, se presentaron ante un escribano y dijeron que no habían pagado coimas pero que declararían que sí porque estaban coaccionados por Bonadio.

En su declaración ante el tribunal, Rovella negó de manera rotunda los hechos que se le atribuyen: sostuvo que nunca entregó dinero a Ernesto Clarens ni personalmente ni a través de terceros, y que su confesión fue un invento que acomodó al relato del financista arrepentido. Describió la situación en su indagatoria original como de “coacción psicológica” y dijo que se le hizo saber que si no declaraba en ese sentido, sería privado de su libertad.

Escolar, por su parte, explicó que junto a Sansiseña observaban que los empresarios que no confesaban quedaban presos y los que decían haber pagado a Clarens quedaban en libertad. Ante la pregunta del presidente del tribunal, Enrique Méndez Signori, sobre cómo se gestó su declaración, respondió que la noche anterior acordaron afirmar que habían realizado pagos en dólares “por la época de las llamadas”. El juez Fernando Canero le preguntó si era consciente de que iba a confesar la comisión de un delito, a lo que respondió afirmativamente, pero que prefería eso a “sufrir lo que sufrieron” otros empresarios que quedaban detenidos.

Escolar también detalló la secuencia de detenciones de agosto de 2018: el 25 de ese mes quedó detenido Gustavo Dalla Tea, al día siguiente otro empresario, y el 27 los medios informaron la detención de Hugo Dragonetti, con casco y chaleco antibalas.

Rovella aceptó prestar declaración indagatoria pero no respondió preguntas. Escolar, en cambio, sí aceptó responder al tribunal. En el inicio de la jornada, se negaron a declarar Tito Biagini, José Gerardo Cartellone, Luis Armani y Juan Bautista Pachela.

Pedido de investigar a Stornelli y rechazo de la fiscal

Ante las declaraciones, los abogados defensores Maximiliano Rusconi, José Manuel Ubeira y Federico Paruolo pidieron que se extraiga testimonio para investigar si hubo coacción del fiscal Carlos Stornelli. En el caso de Bonadio, aclararon, la acción penal no puede prosperar porque falleció.

La fiscal Fabiana León rechazó los planteos al sostener que el juicio pretende convertir a los imputados en víctimas y en victimarios a los miembros del Poder Judicial, y que no se puede permitir que se ponga en crisis la actividad judicial. Los jueces dispusieron un cuarto intermedio y finalmente resolvieron diferir la decisión al momento del veredicto.

El juez Germán Castelli fundamentó la decisión al señalar que no se advierte una situación de extrema gravedad que autorice la intervención inmediata y excepcional del tribunal.

Las afirmaciones de estos empresarios sobre coacciones durante la investigación ya habían sido planteadas ante la Cámara Federal y la Cámara de Casación Penal, y en todos los casos fueron rechazadas.

El marco del juicio

El debate oral está a cargo del Tribunal Oral Federal 7, integrado por los jueces Fernando Canero, Germán Castelli y Enrique Méndez Signori, con la intervención de la fiscal Fabiana León y la querella de la Unidad de Información Financiera. El expediente investiga un presunto sistema de recaudación de sobornos vinculado a la adjudicación de obra pública entre 2003 y 2015. En ese marco, Cristina Fernández de Kirchner está acusada como presunta jefa de una asociación ilícita, además del delito de cohecho.

Las declaraciones indagatorias de las que se desdicen los empresarios fueron actos de defensa que no se realizaron bajo juramento de verdad, y lo mismo rige para las declaraciones que realicen durante el juicio oral. El juicio continuará este jueves.

Cuando Manuel Adorni se paró por primera vez frente a los micrófonos de la Casa Rosada, en diciembre de 2023, tenía dos departamentos, un auto y poco más de diez mil dólares en el exterior. Dos años y cuatro meses después, ostenta $2,5 millones y más de US$48.000 en ahorros, cuatro inmuebles –incluida una casa en un country–, dos vehículos –entre ellos, una camioneta–, deudas con jubiladas cuya conexión es la amistad con uno de sus hijos –dueño de una constructora–, viajes al Caribe, al menos un vuelo a Punta del Este en un jet privado y una causa judicial abierta por supuesto enriquecimiento ilícito. Las preguntas que hoy instruye el fiscal federal Gerardo Pollicita ante el juez Ariel Lijo son simples y contundentes: ¿puede el actual jefe de Gabinete justificar su patrimonio? ¿De dónde salió la plata?

Diciembre de 2023: lo que declaró al asumir

En su primera declaración jurada como funcionario público, presentada el 29 de enero de 2024, Adorni declaró que tenía dos cuentas en el exterior con un total de $8,2 millones de pesos (unos diez mil dólares al tipo de cambio de entonces), diez millones de pesos en un fondo de inversión y apenas 182 mil pesos en cajas de ahorro locales. En efectivo, tenía 2.400 dólares.

Llegó al Gobierno con dos inmuebles: un departamento de 115 metros cuadrados en la calle Asamblea, en Parque Chacabuco, que informó que tiene desde 2014 y figura a medias con su mujer. Lo adquirió mediante una hipoteca que canceló en 2019. El otro, un departamento de 107 metros cuadrados en La Plata, 100% de él por una donación familiar, que declara como suyo desde 2016. Sus bienes al inicio del período sumaban $11,6 millones de pesos. Era, en apariencia, un funcionario de clase media con propiedades modestas. Pero lo que vino después no encaja con ese punto de partida.

Cierre de 2023: el salto que no cierra

Al comparar su declaración jurada inicial con la anual correspondiente al período 2023 –presentada el 7 de noviembre de 2024, fuera de término–, surge una diferencia enorme: sus bienes pasaron de $11,6 millones a $61 millones. Un incremento patrimonial de más del 500%, según reveló El Destape.

La aparente justificación está en un crédito familiar. Adorni declaró que al final de 2023 incorporó a su patrimonio 42.500 dólares en efectivo, provenientes de préstamos de su madre, Silvia Pais, y de una jubilada de 95 años llamada Norma Zuccolo, presuntamente también familiar suya. Los montos coincidían exactamente con el valor en pesos que el funcionario adjudicó a los dólares.

Exintegrantes de la Oficina Anticorrupción señalaron que simular préstamos de familiares es la maniobra habitual para “blanquear” dinero que no se había declarado con anterioridad y que factiblemente se utiliza para comprar algún bien. El patrón se repetiría, con otras personas, en los dos años siguientes.

2024: camioneta y casa en un country

En 2024, su primer año completo como funcionario, Adorni incorporó a su patrimonio una Jeep Compass Sport 2.4, modelo 2021, valuada en $11,3 millones. Fue en marzo de ese año. En relación con los vehículos, el funcionario informó haber tenido el 50% de un Renault Captur modelo 2019, aunque al cierre del período figura con valor declarado cero, una situación que en el sistema de la Oficina Anticorrupción suele registrarse cuando un bien es vendido entre un período y otro.

El mismo 2024 la familia Adorni llegó al country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz. Al principio alquilaban una vivienda en el lote 2 del mismo predio. El barrio privado –ubicado sobre la Ruta 6 a 82 kilómetros de CABA– tiene 61 hectáreas, cancha de golf de 18 hoyos, caballerizas, canchas de tenis y fútbol. Los precios de venta oscilan entre USD 90.000 y USD 200.000, y el costo de las expensas mensuales varía entre $600.000 y $800.000.

Evidentemente el lugar les gustó y mucho, porque el 15 de noviembre de ese 2024, Bettina Angeletti –esposa del jefe de Gabinete– registró a su nombre la Unidad Funcional 380 en el country. Figura como única titular de desde esa fecha. El documento deja constancia de que está casada con Manuel Adorni.

La fecha es por demás sugestiva: porque ese mismo día de noviembre, Adorni hipotecó el departamento de Parque Chacabuco donde vivía con su familia. Le había pedido a su escribana de confianza, Adriana Nechevenko –que lo conoce hace más de 20 años y lo llama “Manu”– que le buscara gente para que le prestara dinero. Ella le consiguió como financistas a una oficial de la Policía Federal ya retirada y su hija, actual miembro de la fuerza. Así, Graciela Isabel Molina de Cancio le aportó US$85.000 y Victoria María José Cancio, 15.000 dólares. El acuerdo de 100.000 dólares era al 11% anual a pagar en 24 cuotas mensuales. 

Según declaró Nechevenko en sede judicial, una vez recibidos los 100.000 dólares en efectivo, Adorni depositó el dinero en un banco y aportó otros 20.000 dólares propios. Así compró la casa del country, que colocó a nombre exclusivamente de su mujer. El funcionario no informó esta casa en el anexo público de su última declaración jurada. Tampoco lo hizo en su DDJJ como candidato porteño, como reveló elDiarioAR.

Tras concretar la compra, la familia inició una obra de gran magnitud. Antiguos moradores del barrio afirman que la vivienda original era una casa antigua que fue prácticamente demolida y reconstruida desde cero. La Justicia citó a declarar como testigos para los próximos días a Juan Ernesto Cosentino, el vendedor de la casa en el country, y a Matías Tabar, de la empresa “Grupo AA”, que estuvo a cargo de las obras en el lote 380.

Fin de 2024: vacaciones

Mientras Milei pedía a sus funcionarios que evitaran los destinos de lujo y mostraran austeridad, la familia Adorni viajaba a Aruba entre el 24 de diciembre de 2024 y el 10 de enero de 2025. El traslado se habría realizado en vuelos comerciales de LATAM Airlines, con escalas en Perú a la ida y en Ecuador al regreso. La Justicia intenta confirmar que se hayan alojado en el complejo Tamarijn Aruba All Inclusive, bajo modalidad todo incluido. El costo estimado del viaje ronda los 12.000 dólares.

Según informes oficiales, no hay registros de Adorni en la Casa Rosada entre el 27 de diciembre de 2024 y el 6 de enero de 2025, ambos días incluidos. El 31 de diciembre de 2024, Adorni y su mujer publicaron una foto posando frente a una pileta iluminada para recibir el Año Nuevo, con Vancouver como ubicación en Instagram. El problema es que en esa época del año, esa ciudad canadiense está en pleno invierno, con temperaturas bajo cero.

Cuando el escándalo explotó meses después, Adorni dijo que en un año y medio no había tomado vacaciones.

Agosto de 2025: la DDJJ con más preguntas

La declaración jurada correspondiente al ejercicio 2024, presentada el 4 de agosto de 2025, muestra que Adorni declaró más de USD 48.000 en ahorros, dinero en efectivo en pesos, dos propiedades y dos vehículos. 

Sus pasivos también crecieron. A fines de 2024 reportó deudas por $95,4 millones, frente a los $34,2 millones declarados en 2023, un crecimiento del 178% en un año. Se trata de deudas en dólares con cuatro acreedores: su madre Silvia Pais, Victoria María José Cancio, la sucesión de Norma Zuccolo y Graciela Isabel Molina.

La casa del country no figuraba. El departamento de Caballito, que compraría meses después, tampoco. La foto patrimonial que presentó no se condecía con la realidad que ya se estaba construyendo.

Noviembre de 2025: el departamento de Caballito, con una hipoteca que no cierra

El jefe de Gabinete firmó en noviembre de 2025 la escritura de compraventa del departamento de la calle Miró 550, en Caballito, donde vive actualmente con su familia. La operación quedó registrada a un valor de 230.000 dólares que provienen, casi en su totalidad, de una hipoteca no bancaria con dos particulares Esto ocurrió dos semanas después de que fuera confirmado como jefe de Gabinete en reemplazo de Guillermo Francos.

El inmueble había sido ofrecido a USD 295.000 por la inmobiliaria Rucci en noviembre de 2024. Las compradoras, la jubilada Beatriz Viegas (72 años) y Claudia Sbabo (64 años), lo adquirieron seis meses antes, en mayo de 2025, por US$ 200.000, al ex jugador Hugo Morales, que lo había comprado 20 años atrás por el mismo valor de venta. 

La propiedad, por su alta categoría y ubicación, debería constar en realidad cerca de US$ 450.000. El tasador de Reporte Inmobiliario calculó un valor cercano a los 375.000 dólares. El departamento terminó en manos de Adorni por un valor registrado de US$ 230.000, un 22% más barato que el aviso original. 

Sin vender su departamento en Parque Chacabuco, Adorni pagó un anticipo en efectivo de solo 30.000 dólares y se comprometió a saldar el resto mediante una hipoteca a pagar a noviembre de 2026. Lo curioso es que las jubiladas Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, cuando se lo compraron a Morales y luego cuando se lo vendieron a Adorni, siempre estuvieron acompañadas de dos hombres que no figuran en la compra, pero sí en la reserva.

Uno de ellos es hijo de Viegas, Pablo Martín Feijoo, que elDiarioAR reveló que figura en los registros de ingreso a la Casa Rosada. Entró, autorizado por el propio Adorni, el 22 de octubre de 2025, semanas antes de concretar la venta. El otro hombre detrás de las jubiladas se trata de Leandro Miano. Ambos “muchachos” –como los definió Morales en su declaración ante la Justicia– forman parte de la empresa desarrolladora TJS Group y de la constructora Avda SRL. La escribana de la operación fue, nuevamente, Adriana Mónica Nechevenko de Schuster.

Actualmente, Feijoo ofrece a la venta el departamento de Parque Chacabuco que los Adorni abandonaron cuando se fueron a vivir a Caballito. Es ofrecido a US$289.990, más caro que el de Caballito, que es más grande y de más categoría.

2026, cuando todo estalla

En el feriado de Carnaval, Adorni viajó con su esposa, sus hijos y el periodista Marcelo Grandio en un HondaJet privado con matrícula LVHWA, que salió el jueves 12 de febrero a las 20.21 y aterrizó en Punta del Este 35 minutos después.

El viaje duró cinco días. Al volver, el 17 de febrero, el funcionario solicitó hacer el trámite de migraciones en un hangar de San Fernando para no ser visto. Grandio tiene un programa en la TV Pública, que depende de la Jefatura de Gabinete. La emisora estatal le firmó al menos seis contratos desde 2024.

Adorni dijo que pagó todo de su bolsillo. Pero la secretaria del broker aeronáutico ratificó ante la Justicia que Grandio pagó el vuelo, y que el periodista le dijo que quería “invitar a una familia a Punta del Este”. El vuelo de vuelta también lo pagó Grandio, en efectivo, a través de un intermediario. El vuelo costó ida y vuelta, unos 10.000 dólares.

El expediente Adorni explotó mediáticamente en marzo, cuando se difundió una fotografía que mostraba a Bettina Angeletti junto a la comitiva presidencial en Nueva York, durante la Argentina Week 2026. Adorni confirmó que su esposa había viajado en el avión presidencial. Dijo que ella tenía pasaje comprado por US$5.348 pero que, por un cambio de agenda, él la invitó a sumarse al avión oficial, algo que impide el artículo 2 de la Ley de Ética Pública. Se consideró un “deslomado”. 

Adorni volvió de Nueva York junto a su mujer en el vuelo JFK-EZE, DL 115, del 14 de marzo de 2026, con partida a las 22:25 desde Estados Unidos y arribo a Ezeiza a las 10:15 del día siguiente. El servicio fue directo y sin escalas. El importe total de los tickets superó los US$10.000: el pasaje del jefe de Gabinete se facturó en 4.910,35 dólares, mientras que el de Angeletti en 5.154,55 dólares. En cuanto a la reserva, aparece asociada a “RESERVASPASAJES//JEFATURA.GOB.AR”, Cytric y marcas de “MISIÓN OFICIAL”.

En pocos días salieron a la luz el vuelo privado a Punta del Este, la casa en el country, el departamento de Caballito y el presunto viaje a Aruba. El escándalo ya no tiene retorno. Cada hilo que tira la Justicia lleva a las mismas preguntas: ¿puede el actual jefe de Gabinete justificar su patrimonio? ¿De dónde salió la plata?

MC

Luis Caputo explicó que los funcionarios que accedieron a alguna de las hipotecas del Banco Nación suman apenas 0,2% de los 27.000 receptores de esos créditos a baja tasa, por lo tanto, su insignificancia anula la sospecha de delito. Es una forma de medirlo; hay otras. Por ejemplo, la que apunta un ministro de una provincia aliada del oficialismo. “Metieron a la mitad de la consultora Anker en esos créditos”.

El funcionario provincial se refiere a la consultora boutique que encabezaban Caputo y Santiago Bausili. Cuando fueron convocados por Javier Milei, en diciembre de 2023, el primero se hizo cargo del Ministerio de Economía, el segundo, del Banco Central (BCRA), y los economistas del staff pasaron a ocupar despachos oficiales.

El listado de beneficiados con hipotecas del banco público —a una tasa entre la mitad y un tercio de la de una entidad privada, mayor cobertura sobre el precio de la vivienda y menores exigencias en cuanto a ingresos del solicitante— incluye a unos doce funcionarios del Poder Ejecutivo.

De ellos, tres trabajaron para Anker, y están entre quienes recibieron los préstamos de mayor monto, no sólo entre los otorgados a funcionarios, sino entre los 27.000 clientes a los que aludía Caputo.

Encabeza el listado el ex-Anker y actual director del Banco Central Juan Pedro Inchauspe, quien cosechó $509 millones en diciembre pasado, según el sitio “Cuánto Deben”, del analista Andrés Snitcofsky, que sistematizó la información. Otro responsable de la consultora y actual secretario de Finanzas, Federico Furiase, recibió $367 millones en agosto de 2025. Le siguió Felipe Berón, exanalista en la firma de Caputo-Bausilli y actual segundo de Furiase, con $362 millones.

Del resto de los economistas de Anker —Caputo, Bausili y el director del BCRA Martín Vauthier— no hay registro de que hubieran aprovechado la gran oportunidad de endeudarse a la tasa subsidiada del Nación, al menos a su nombre.

En cambio, sí lo hicieron más hombres del Ministerio de Economía: Matías Mana, subsecretario de Relaciones Financieras Internacionales (otro en la línea Furiase, $243 millones) y Juan Manuel Garzón (subsecretario de Programación Macroeconómica).

El foco mayor se colocó sobre Felipe Núñez, asesor de Caputo y director del BICE. Juntó $373 millones en febrero de 2025. Toda una contradicción con sus provocaciones en redes sobre el cierre del Banco Nación, al que definía antes de ocupar su función actual como “una cueva de acomodados políticos que lo único que sirve es para timbearse los ahorros de la gente para salvar a inviables”.

Inusualmente apichonado para quien suele actuar como un matón virtual, Núñez mintió en el streaming fascistoide Carajo. Antes de acudir al medio preferido del equipo económico, Núñez se hizo asesorar por un abogado y leyó: “No hicimos nada moral ni ilegal, fuimos como cualquier hijo de vecino a sacar un crédito a la misma tasa y plazo que puede sacar todo el mundo. Nuestras familias se endeudaron a 30 años”. Se abstuvo de pedir que le agradecieran.

A su lado, Furiase explicó lacónico —ajeno a su novedosa preferencia por la provocación— que su préstamo fue para comprar “una segunda vivienda, y no tercera como se dijo por ahí”. Se refirió a la información dada por Alejandro Bercovich en C5N, quien mostró la suntuosa casa que Furiase compró en el barrio privado Los Pilares e informó que sus ingresos se multiplicaron en febrero, cuando pasó a cobrar honorarios como director de Aeropuertos Argentina, la empresa encabezada por Eduardo Eurnekián en la que el Estado es accionista. Con los al menos $10 millones que ganará por una tarea a la que no dedicará ni un minuto al mes, el secretario podrá afrontar la cuota de la hipoteca sin problemas.

Furiase –era director del BCRA cuando recibió el préstamo– y otros receptores de Anker probablemente deban explicar ante tribunales la tentación en la que incurrieron en momentos en que contaban con información privilegiada sobre el comportamiento de las tasas y supervisaban las condiciones del crédito.

El hecho de que más de la mitad de los funcionarios de alto rango del Poder Ejecutivo que recibieron un crédito del Nación pertenecieran a las inmediaciones de la oficina de Caputo explica la pelea en sordina que se desató esta semana entre el titular de Hacienda y colegas del gabinete.

La lista de libertarios que recibió un crédito es extensa. Como informó este diario, durante unos meses de 2025, se desató un radiopasillo en varios ministerios para sacar un crédito del Banco Nación y ofertas “te paso el contacto”. Las fuentes calculan en decenas entre las segundas líneas de su entorno que se endeudaron, entre asesores, directores y jefes de gabinete con menos nombre que los sesenta que salieron a la luz entre los tres poderes del Estado, con una clara preponderancia de integrantes de La Libertad Avanza.

Sandra Pettovello sobreactuó al fulminar a su jefe de gabinete, el radical Leandro Massacessi, receptor de $439 millones. La ministra de Capital Humano se quejó de que no le había avisado y lo echó. En la particularísima escala ética de la amiga y contenedora psicológica de Javier Milei, otros hipotecados entre funcionarios que la rodean no merecieron reparo, apunta una fuente de Economía. En la cartera de Caputo vieron en Pettovello una aprovechamiento político para desmarcarse al costo de exponer al staff de Anker, a riesgo de generarles un frente judicial.

¿Qué piensa sobre este asunto el líder cuya lógica de razonamiento y sus principios tienen encandilado a todo el elenco gobernante?

En un diálogo en penumbras con dos fans emitido por la TV Pública, Milei se hizo preguntas referidas a los créditos del Banco Nación: “Haber tomado un crédito, ¿mató gente? No”. Siguió: “¿Alguien perdió la libertad por esto? Tampoco”. Abundó: “¿La tasa es la tasa de mercado? Afirmativo. No violentaste la propiedad privada”.

Esa secuencia de preguntas condensa problemas de diverso orden. Primero, intelectual. No hay forma de que una persona que comprende de qué se trata atine a interrogantes tan absurdos. Luego, en relación con la verdad, conflicto esencial en el Mundo Milei. La tasa para primera vivienda del Banco Nación para el público en general es el doble del 4,5% que rige en la línea de créditos a la que accedieron funcionarios de Economía que hace dos años gozaban con la idea de cerrar el banco “prebendario”. No fue “tasa de mercado”.

El conflicto con la verdad del Presidente remite a un aspecto que parece haberse instalado como motor del Gobierno ultraderechista: la amoralidad. No asoma una convicción ética que priorice unos valores sobre otros, aunque sean polémicos, o que dé lugar a un prisma rector para todo el Gobierno. Prevalece una ausencia de toda moral, que da lugar a un cúmulo de comodines ramplones para tratar de justificar o esconder lo que haga falta, con lo que surja en el momento, sin línea de razonamiento o reparos sobre el procedimiento.

La presunción de corrupción sistemática que refleja el caso ANDIS y el 3% para Karina, la organización de una aparente estafa desde el propio despacho presidencial expresada por $LIBRA, la pulsión por comprar propiedades y viajar en aviones caros de los Adorni o la avivada de casta por excelencia que reflejan los créditos de Banco Nación demuestran un menú variopinto de podredumbre que tiene entretenido al Gobierno, al punto de paralizarlo en aspectos básicos de la administración.

Se suma a ello otro plano identitario del ascenso del Soez. Para Milei, el insulto y la grosería forman parte de la necesidad de “llamar a las cosas por su nombre”, hablar “sin hipocresía” para denunciar el latrocinio de la casta o, en sus términos, “políticos de mierda”. El éxito electoral del ultra tuvo un correlato en las pantallas de canales de noticias, columnas de opinión, redes, humoristas y streamings fascistoides.

Los últimos episodios de canales como Carajo –cada vez con menos audiencia– muestran a esas voces no ya para apuntar a quienes ellos consideran infrahumanos (por trabajar en el Estado, ser científico, feminista, zurdo o gay), sino para el goce del latrocinio propio. Una variante todavía de alta difusión no se preocupa por negar lo evidente, sino por decir que los anteriores fueron peores. Otra vez, la amoralidad.

Todo esto ocurre mientras millones de personas no pueden viajar en colectivo a trabajos en los que ganan menos en términos reales que hace cinco meses o tres años, otros millones están impedidos de atenderse con el médico de PAMI porque el instituto de salud de los jubilados entró en un déficit inmanejable, y unos cuantos millones más viven bajo el agobio de lidiar con escuelas, hospitales, universidades y programas de asistencia amputados por la motosierra. Todo ese mal vivir cotidiano encuentra al Gordo Dan vomitando agravios que perdieron gracia y al Presidente haciéndose entrevistar por una lista de periodistas tan restrictiva, que más temprano que tarde se reducirá a un único nombre posible: Luis Majul.

Maniatado

Se desató una guerra con Irán. La acción del Estado argentino fue limitarse a las palabras “apoyo total”, “vamos a hacer todo lo que pida Estados Unidos”. La adhesión irrestricta viene en combo con el pegoteo con Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí con pedido de arresto por crímenes de guerra e investigado por genocidio.

Semejante grandilocuencia pavloviana impide atender un aspecto tan básico como el desfasaje generado en los costos del transporte público a raíz del aumento del petróleo derivado de la crisis en el Golfo Pérsico. El precio de viajar en el área metropolitana triplicó el aumento de la inflación desde que asumió Milei, mientras trenes, subtes y colectivos no cesaron de recortar servicios. Se viaja más caro y peor.

Entre otras razones, el Gobierno está maniatado para, por ejemplo, intervenir en el mercado de combustibles, porque el dogma económico lo impide. Con las capacidades del Estado acechadas o abandonadas, los organismos de control resignan capacidad para exigir cumplimientos y auditar costos. Tampoco es posible aumentar los subsidios para mitigar el alza, porque la persistente caída de la recaudación producto de la recesión resta recursos al Estado, que profundiza los recortes y acelera la retracción del consumo.

¿Sorprendidos?

slacunza@eldiarioar.com

SL

Manuel Adorni suma una nueva opacidad en el registro de sus bienes. En una declaración jurada patrimonial presentada en marzo de 2025 ante el Tribunal Electoral de la Ciudad de Buenos Aires, el jefe de Gabinete omitió consignar la casa de fin de semana en el country Indio Cua, incorporada cuatro meses antes a nombre de su esposa, Bettina Angeletti. Debió hacerlo, porque se trató de un bien ganancial.

El 29 de marzo de 2025, el entonces vocero presidencial y candidato a primer legislador por la Ciudad de Buenos Aires por La Libertad Avanza informó sus bienes ante el Tribunal Electoral, requisito establecido para todos los postulantes.

La declaración incluyó el 50% del departamento en la avenida Asamblea 1132, de Parque Chacabuco —compartido con Angeletti—, y el 100% de una casa en La Plata, ambas anotadas por valores fiscales exiguos. Además, consignó depósitos bancarios que sumaban unos $50 millones. A grandes rasgos, el documento coincide —si bien es mucho más escueto— con lo informado a la Oficina Anticorrupción en 2024, cuando Adorni presentó una declaración similar como secretario de Comunicación del Gobierno de Javier Milei.

La ley electoral de CABA, en su artículo 104, es nítida: “La declaración jurada patrimonial debe contener una nómina detallada de todos los bienes, créditos, deudas e ingresos, tanto en el país como en el extranjero, propios y gananciales, del declarante”.

Los bienes gananciales son aquéllos “creados, adquiridos por título oneroso o comenzados a poseer durante la comunidad por uno u otro de los cónyuges”, según el código civil y comercial. Por si quedara alguna duda, el inciso cuatro del artículo 104 de código electoral porteño especifica que el candidato debe consignar cualquier bien del que tenga “posesión, tenencia, uso, goce, usufructo por cualquier título, motivo o causa”, aunque no esté a su nombre.

La obligación de Adorni de declarar la casa en el Indio Cua Golf Club, ubicado en Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires, era ineludible, según contadores, fuentes del Tribunal Electoral y legisladores de la Ciudad consultados por elDiarioAR. Escriturada el 15 de noviembre de 2024 a nombre de Angeletti, se trataba de un bien ganancial.

No cabe la hipótesis de que la casa de Indio Cua fuera adquirida por Angeletti mediante la venta de algún bien propio previo al matrimonio, el producto de una explotación comercial individual u otra excepción a lo que se considera “ganancial”. La vivienda en cuestión, tal como declaró el miércoles la escribana Adriana Nechevenko ante el fiscal Gerardo Pollicita en Comodoro Py y se constata en el registro de la propiedad inmueble, fue comprada a través de una hipoteca de US$100.000 sobre el departamento en común de Adorni y Angeletti en la calle Asamblea 1132. La trazabilidad del carácter ganancial del bien está expuesta en la hipoteca, indica un contador con clientes entre legisladores de diferentes partidos.

“Un bien adquirido por uno de los cónyuges es considerado ganancial, más allá de quién figure como titular, salvo excepciones establecidas en la ley. Ante la duda, mi consejo profesional es que las declaraciones juradas son una oportunidad para consignar bienes gananciales, para evitar inconvenientes posteriores”, dice el contador, que prefiere no revelar su identidad.

En la presentación del jefe de Gabinete ante el Tribunal Electoral porteño, no figura ni la casa en Indio Cua, ni la deuda hipotecaria sobre el departamento de Asamblea, ni ninguna otra deuda, pese a lo prescripto en el código electoral de la Ciudad.

Adorni no respondió la consulta de este medio. Una fuente oficial sugirió que la omisión podría deberse a que la casa del barrio privado está a nombre de Angeletti, y deslizó que podría haber sido anotada en un anexo confidencial presentado ante el Tribunal Electoral, sin precisiones. La ley electoral porteña estipula que la confidencialidad se restringe a números de cuentas o identidad de acreedores y deudores, no a bienes gananciales.

Total normalidad

Transcurridas tres semanas a los tumbos, sin capacidad de respuesta sobre la notable evolución patrimonial de Adorni, el Gobierno se apega a una secuencia para explicar que “todo es legal”.

Por un lado, el testimonio del exfutbolista Hugo Morales, vendedor del departamento de Miro 550, barrio de Caballito, y los documentos entregados por la inmobiliaria Rucci coinciden en que la operación se concretó por US$200.000, en mayo de 2025. Como se trata de un precio muy inferior al de mercado e incluso al publicado por Rucci para esa propiedad en febrero de 2024 (US$340.000), la explicación es que el departamento se encontraba en mal estado y necesitaba refacciones.

Meses más tarde, las jubiladas Beatriz Viegas y Claudia Sbabo les vendieron el departamento a Adorni y Angeletti por US$230.000, y les otorgaron un préstamo hipotecario por US$200.000.

Como informó este diario, el jefe de Gabinete dijo a los Milei que la hipoteca de su nuevo departamento sería saldada con la venta del anterior, en Asamblea 1132, todavía en veremos. En cuanto al misterioso préstamo de las jubiladas vendedoras, el argumento fue que una de ellas, Viegas, es la madre de un supuesto amigo de Adorni, de quien el miércoles se conoció el nombre: Pablo Martín Feijoo. Este desarrollador inmobiliario está, a su vez, a cargo de la venta de la unidad en Parque Chacabuco.

Sobre la casa en Indio Cua, la escribana Nechevenko dijo en la fiscalía que ella misma contactó a otras dos mujeres, policías de profesión, que actuaron como prestamistas para la adquisición. “Un mutuo que se hace regularmente”, dijo la fuente gubernamental.

Las incongruencias saltan a la vista, más allá del bajo precio del semipiso en la calle Miró.

El departamento en el que vivían los Adorni en el barrio de Parque Chacabuco está hipotecado en una parte de su valor, por US$100.000 —usados para comprar parte de Indio Cua—, y se supone que del producto de su venta también saldrán los fondos para afrontar la compra de la unidad en Caballito. La vivienda en avenida Asamblea está ofrecida a US$290.000, un precio muy superior al que pagó por Miró, que tiene mayor superficie y se encuentra en un edificio y un barrio de marcado mayor valor.

El incremento patrimonial de la sociedad Adorni-Angeletti comenzó pocos meses después de la asunción de los Milei en la Presidencia.

Ello combina con gastos mensuales sucesivos de más de $10 millones con tarjeta de crédito, la compra del vuelo privado a Punta del Este, con ida el 12 de febrero pasado y regreso cinco días más tarde (a un costo, según Adorni, de US$3.800, y según lo facturado, de US$9.000), más el pasaje de Angeletti de regreso de Nueva York en marzo por US$5.154.

Desde que elDiarioAR informó sobre el vuelo privado a Punta del Este y Adorni se mostró imposibilitado de dar explicaciones, el Gobierno insiste en que la renovación de la declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción, prevista para el 30 de mayo, aclarará todas las dudas.

Dado que el sueldo de Adorni era algo superior a $3 millones hasta diciembre de 2025 y de unos $7 millones desde febrero, la clave para entender la suma de propiedades y gastos exorbitantes de la pareja seguramente surgirá del presunto éxito fulgurante de la consultora BE, dedicada al coaching ejecutivo y de vida, fundada por Angeletti a mediados de 2024.

Al parecer, desde entonces se acumularon cuantiosos ingresos producto de convenios de BE con empresas vinculadas a negocios estatales. Es una de las hipótesis que manejan en el juzgado federal de Ariel Lijo y la fiscalía de Pollicita.

slacunza@eldiarioar.com

SL/CRM

El departamento del segundo piso de Asamblea 1132, en el que vivieron Manuel Adorni y su familia durante más de una década, se transformó en un comodín que multiplica su valor en el entramado de bienes del jefe de Gabinete.

Quien mostró el departamento de Parque Chacabuco “un par de veces” a interesados y se declara a cargo de la venta es Pablo Feijoo, hijo de Beatriz Viegas, una de las dos mujeres a las que Adorni y Bettina Angeletti compraron la vivienda en Miró 550, Caballito.

En diálogo con elDiarioAR, Feijoo se plegó a la versión de que las operaciones “están en regla” y “no hay nada raro”, tal como sostiene Adorni. El registro de ingresos a Casa Rosada constata que el desarrollador inmobiliario de 36 años visitó a Adorni en octubre de 2025, un mes antes de la operación de Miró.

Feijoo es el “Pablo” a quien el exfutbolista Hugo Morales mencionó como el comprador del departamento de Miró en mayo de 2025 a US$200.000, pese a que la inmobiliaria Rucci lo había publicado quince meses antes a US$340.000. Según declaró Morales en sede judicial y ratifican responsables de Rucci, en el momento de la escritura se presentó la madre del interesado, Viegas, y una allegada a ésta, Claudia Sbabo. Seis meses más tarde, las dos mujeres vendieron el departamento de Miró a Adorni y su esposa a US$230.000.

Si bien el amigo de Adorni prefirió no abundar sobre sus negocios y su papel, trascendió que es directivo de la desarrolladora TJS Group y de la constructora Avda SRL, y tiene como socio Leandro Miano, quien sería familiar de Sbabo.

Ante la inquietud generada por la concesión de una hipoteca de parte de Viegas y Sbabo por el 87% del valor del departamento de Miró, la versión de Adorni fue que se trataba de la madre de un amigo. La escribana Adriana Nechevenko confirmó la naturaleza de ese vínculo porque “los hijos (de Adorni y Feijoo) van al mismo colegio”.

Adorni necesita que la venta se concrete antes de noviembre, cuando deberá pagar el capital de US$100.000 prestado para Indio Cua, más los US$200.000 que quedaron pendientes ante la madre y otra familiar de Feijoo por la hipoteca de Miró

El departamento de Asamblea fue hipotecado en noviembre de 2024, y con esos fondos, el jefe de Gabinete y Angeletti compraron la casa en el barrio privado Indio Cua. La escritura fue anotada a nombre de la esposa del funcionario.

A su vez, la promesa de pago de la hipoteca de Viegas y Sbabo por Miró fue contra la venta de Asamblea, de tal manera que ese bien serviría para pagar una casa en un country que tiene expensas por $700.000 y un departamento con expensas por $1 millón. Como parámetro de valor, la vivienda de Asamblea registra expensas por $500.000. El contraste con el semipiso de Miró tanto por la categoría del edificio como por la cotización del barrio —Caballito—, es evidente.

Feijoo afirmó que el carácter de hipotecado del departamento de Asamblea no obstaculizará la venta y ello será constatado por el escribano que intervenga.

La escribana Nechevenko declaró ante la fiscalía de Franco Picardi que acercó las prestamistas de US$100.000 a Adorni y Angeletti —dos mujeres policías— para la compra de la casa de fin de semana en Indio Cua contra la hipoteca de Asamblea. El plazo de pago es dos años y paga un interés de 11% anual.

El intermediario se negó a responder más allá de las características del departamento de Asamblea, y afirmó que brindará las explicaciones requeridas por la fiscalía de Picardi.

Desde que fue publicada, sólo dos interesados visitaron la propiedad de Asamblea 1132.

Adorni necesita que la venta se concrete antes de noviembre, cuando deberá afrontar el capital de US$100.000 prestado para Indio Cua, más los US$200.000 que quedaron pendientes ante la madre y otra familiar de Feijoo por la hipoteca de Miró.  

slacunza@eldiarioar.com

SL / NB

El 22 de octubre del 2025, menos de un mes antes de escriturar como propio el departamento en Caballito donde vive con su familia, Manuel Adorni tuvo en la Casa Rosada una reunión con un personaje clave en la trama sobre sus propiedades: recibió a Pablo Martín Feijoo, hijo de unas de las jubiladas que le vendió inmueble y que le dio una hipoteca por US$100.000. El mismo día también estuvo en la sede gubernamental la esposa del funcionario, Bettina Angeletti.

Feijoo ingresó a Balcarce 50 a las 10.16 de ese día y se retiró a las 21.34, según pudo constatar elDiarioAR en los registros de visitas de la Casa Rosada. Adorni, que por entonces era vocero presidencial, fue el funcionario que le autorizó el ingreso. Feijoo estuvo acompañado por Gisela Kocsis, según la misma planilla. Angeletti ingresó a las 9.58 y se retiró a las 11.25.

Feijoo, de 36 años, es hijo de Beatriz Alicia Viegas, una de las dos mujeres que le vendió el departamento de la calle Miró al 500 a Adorni. La segunda vendedora y también prestamista de otros US$100.000 es Claudia Sbabo. Ambas le dieron a Adorni una hipoteca sin intereses por el 87% del valor escriturado, según declaró este miércoles en Comodoro Py la escribana Mónica Nechevenko.

La figura de Feijoo toma relevancia porque según el primer dueño del departamento de Adorni, el exfutbolista Hugo Morales, cuando él le vendió el inmueble a Viegas y Sbabo, las mujeres estaban acompañadas “por dos chicos”. Esa fue su declaración este martes ante el fiscal Gerardo Pollicita.

Según pudo reconstruir elDiarioAR, el exdeportista profesional accedió a vender el departamento en mayo pasado a US$200.000 porque “quería sacárselo de encima”, pese a que el precio original de venta era por US$340.000. En varios ocaciones en su declaración testimonial indicó la presencia de “dos hombres”.

Este miércoles el diario La Nación reveló la identidad de Feijoo como uno de esos hombres. El otro se trata de Leandro Miano. Ambos forman parte de la empresa desarrolladora TJS Group y de la constructora Avda SRL. Así como Feijoo es hijo de Viegas, Sbabo está casada con Omar Leonardo Miano, mismo apellido que el otro de los miembros de la desarrolladora. Tanto Feijoo como Miano serían citados a declarar como testigos por el fiscal Gerardo Pollicita. Las jubiladas lo iban a hacer este jueves, pero se postergó para la semana próxima.

Adorni, según pudo saber elDiarioAR, relató puertas adentro de la Casa Rosada que una de las mujeres que le vendió el departamento “es madre de un amigo”. Así cobraría sentido la visita de Feijoo en Balcarce 50 menos de un mes antes de la escritura del departamento, que fue el 14 de noviembre. El del 22 de octubre es el único ingreso de Feijoo a la Casa Rosada en 2025.

La escriba Nechevenko también tuvo llamativos ingresos a la Casa Rosada para verse con Adorni en los últimos dos años. La profesional, que intervino en las distintas operaciones inmobiliarias de Adorni, ingresó al menos siete veces a la Casa Rosada entre 2024 y 2025 para reunirse con el funcionario.

La primera visita fue el 30 de julio de 2024 y duró poco más de una hora; luego volvió el 19 de agosto y el 7 de octubre de ese año, en encuentros también registrados con horarios precisos de ingreso y egreso. En diciembre de 2024 se produjo una cuarta reunión, en un período en el que la escribana participaba en la operación de la casa en el country Indio Cuá.

Las visitas continuaron en 2025: el 27 de mayo se registró el encuentro más extenso —casi once horas dentro de la Casa Rosada— en paralelo a la escrituración del departamento de Caballito; luego hubo una reunión breve el 14 de julio y otra el 15 de septiembre, ambas de menos de media hora. Según los registros obtenidos vía acceso a la información pública, estos encuentros se produjeron en los mismos períodos en que se concretaron o avanzaron las operaciones inmobiliarias bajo investigación judicial, lo que puso el foco en el vínculo entre el funcionario y la profesional.

MC

La causa que investiga el presunto enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni tuvo este martes su primera declaración testimonial y una seguidilla de citaciones que marcan el ritmo acelerado de la investigación. Hugo Alberto Morales, exfutbolista de Lanús, Huracán y la Selección nacional, fue el primero en sentarse frente al fiscal federal Gerardo Pollicita para contar los detalles de la venta del departamento de Caballito que hoy pertenece al ministro coordinador. Este martes será el turno de la escribana que intervino en varias de las operaciones clave. Y en los próximos días declararán las cuatro mujeres que aparecen en los registros como prestamistas de Adorni con garantías hipotecarias.

Qué dijo el exfutbolista

Morales participó de la audiencia de manera remota, a través de la plataforma Jitsi del Ministerio Público Fiscal, ya que actualmente reside en la provincia de Corrientes. La declaración se extendió por más de dos horas y contó con la presencia del abogado defensor de Adorni, Matías Ledesma.

El exdeportista confirmó que en mayo de 2024 vendió el departamento de Miró al 500 —que había comprado en 1996 y que durante la última década mantuvo alquilado— por US$200.000 a las jubiladas Beatriz Viegas y Claudia Sbabo. Había pedido inicialmente 250.000 dólares, pero cerró por ese valor porque el inmueble necesitaba refacciones importantes y porque, viviendo lejos, quería resolver la operación rápido.

Un dato que captó la atención de los investigadores: Morales dijo que en la operación, además de las dos jubiladas, participaron “dos chicos” que no pudo identificar ni recordó si figuraban en algún papel, según reconstruyó elDiarioAR. El exjugador también aportó los datos de la inmobiliaria Rucci que intermedió en la venta —la de la esposa de un amigo suyo, también exfutbolista— y los chats de su celular con las personas involucradas.

Seis meses después de comprarle a Morales, en noviembre de 2024, esas mismas jubiladas le vendieron el departamento a Adorni y a su esposa, Bettina Angeletti, por 230.000 dólares, financiado mediante un crédito hipotecario del que Viegas y Sbabo son acreedoras de US$100.000 cada una (la pareja Adorni-Angeletti aportó por su cuenta los 30.000 dólares restantes). En otros términos: las jubiladas fueron a un tiempo vendedoras y prestamistas, y le facilitaron al jefe de Gabinete más del 85% del valor que él les pagó.

Este miércoles, la escribana

Este miércoles a las 10.30 deberá presentarse en Comodoro Py la escribana Adriana Nechevenko, considerada una testigo central de la causa. Intervino en la escrituración del departamento de Caballito, en la hipoteca que Adorni constituyó sobre otro de sus inmuebles —un departamento en Parque Chacabuco— y en la compra de la casa del country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, a nombre de Angeletti.

Tiene que declarar bajo juramento ante el fiscal Pollicita. Será indagada sobre su relación con Adorni y cómo fueron las operaciones inmobiliarias de la familia del jefe de Gabinete.

Las cuatro prestamistas, citadas

El fiscal Pollicita también dispuso la convocatoria de las cuatro mujeres que aparecen en registros oficiales como otorgantes de créditos a Adorni con garantías hipotecarias.

Para este jueves están citadas las propias Viegas y Sbabo, que ya esquivaron ante la prensa dar detalles sobre cuál es su relación con Adorni. Como anticipó elDiarioAR, el jefe de Gabinete aseguró puertas adentro del Gobierno que una de las mujeres es la madre de un amigo suyo.

Por otro lado, el lunes siguiente deberán presentarse Graciela Isabel Molina de Cancio —comisario retirada de la Policía, acreedora por 85.000 dólares— y su hija Victoria Cancio, también uniformada, que habría aportado 15.000 dólares. Ambas aparecen como prestamistas sobre el departamento de Parque Chacabuco, operación que se formalizó el 15 de noviembre de 2024, exactamente el mismo día que Angeletti compró la casa del country.

Según la denuncia de la diputada Marcela Pagano que originó la causa, Adorni habría adquirido esas propiedades sin desprenderse de los inmuebles que ya tenía. La investigación, a cargo del juez Ariel Lijo, también abarca viajes en jet privado a Punta del Este y al exterior. La Fiscalía además ya recibió el anexo reservado de la declaración jurada de Adorni —que incluye los bienes declarados por su esposa entre 2022 y 2025— enviado por la Oficina Anticorrupción.

MC

“Tenés que sacar un crédito del Nación. ¿Querés el contacto?”. La voz, segunda línea en un ministerio, narra el diálogo de un año atrás y da cuenta de un reparto que define como “una locura” de los préstamos hipotecarios del principal banco público, ése que Javier Milei propuso cerrar o privatizar. “Lo ofrecían por los pasillos”, recuerda ahora, cuando en los despachos oficiales repasan de memoria quiénes aceptaron y quiénes se perdieron la oportunidad.

La cartera más comprometida es —una vez más— la de Luis “Toto” Caputo. Allí se anotan como receptores el secretario de Finanzas, Federico Furiase (US$280.000), y el asesor y director del BICE, el picante Felipe Núñez (US$315.000), entre otros. Una y otra vez, se demuestra que un plantel “exitosísimo” en el mundo privado llega a la función pública y exprime al Estado. En este caso, se hace entregar un crédito a tasa subsidiada, que cubre un porcentaje de la “primera vivienda” mucho más alto que cualquier entidad privada.

Si pueden y quieren, los tribunales deberán evaluar si los créditos a decenas de funcionarios y diputados transfugas al oficialismo cumplieron con las exigencias de ingresos, o si se trató de un favoritismo a la hora de darles prioridad sobre ciudadanos de a pie, o nada de eso. El listado de violetas que usufructuaron la línea del Banco Nación habla por sí solo de la anormalidad en curso.

En el Palacio de Hacienda se vive un clásico: tirria contra Sandra Pettovello, la ministra de Capital Humano que se desprendió de su jefe de Gabinete, Leandro Massacessi, apenas veinte minutos después de leer un tuit que lo sindicaba como beneficiario de una hipoteca del Banco Nación por unos US$ 300.000. Pettovello le pidió explicaciones por teléfono al hijo del “Menem Rubio” Horacio Massacessi, éstas fueron insatisfactorias y dispuso su despido inmediato.

“Los dejó reexpuestos a todos, están recalientes”, razona un testigo de la pelea con Caputo. Ayer, inmerso en la realidad paralela en la que se autopercibe domador del universo, Milei se desgañitaba en X para aclarar que el despido del jefe de Gabinete de Pettovello nada había tenido que ver con el crédito del Banco Nación, contra lo obvio explicado por el propio expulsado y por múltiples fuentes oficiales.

La rivalidad entre Pettovello y el ministro de Economía se remonta a comienzos de la gestión ultraderechista, cuando la ministra trataba de destrabar partidas urgentes para asistencia social, salud y educación, y se encontraba con la negativa tajante de su colega, porque “no hay plata”. Aquellos tironeos derivaron en al menos una renuncia de la ministra, finalmente retirada.

Núñez o el jefe de campañas digitales de Casa Rosada, Juan Pablo Carreira (Juan Doe, US$76.000), caen bajo el mismo tipo de daño autoinfligido que padece Manuel Adorni. Fueron tan agraviantes, abusaron tanto de la injuria y la calumnia, que ahora, cuando quedan expuestos por avivadas, corruptelas o corrupción a gran escala, se acumularon los enemigos y son pocos los dispuestos a dar la cara por ellos. Señalados por los vecinos del consorcio del edificio al que se mudaron o los tribunales, nada los incrimina tanto como el goce expresado en redes ante el dolor social generado por la motosierra.

Aunque los oficialistas beneficiados con los créditos que detectó el diseñador gráfico y experto en datos Andrés Snitcofsky pertenecen a las distintas tribus, el escándalo no escapa a la interna. Unos trataban de hilvanar explicaciones y otros buscaban salir por arriba, con imposturas que decían no entender “qué está mal” de solicitar un crédito.

La misma fuente gubernamental antes citada acotaba ayer: “Qué barato le está saliendo a Darío Wasserman. ¿Por qué nadie lo nombra?”. Se trata del presidente del Banco Nación, responsable principal de un esquema de créditos canalizado por el método de la casta voraz enquistada en el Estado. Además de administrador de una pauta publicitaria generosa, Wasserman es esposo de Pilar Ramírez, una ex filocamporista que se volvió inseparable de Karina Milei, la terminal donde conducen casi todos los indicios de corrupción en el Gobierno del Soez.

Territorio Mahiques

El martes tuvo lugar una reunión clave y reveladora entre el nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y ocho de los nueve jueces de la Cámara de Casación Federal. El único ausente entre los magistrados fue Alejandro Slokar, quien prefirió ahorrarse la foto de una cita convocada sin agenda. En un dato elocuente, el lugar central en la foto protocolar lo ocupó el décimo participante del encuentro, Santiago Viola, el viceministro de Justicia, proveniente de la línea SIDE y otro de los adoptados por Karina.

El comienzo de la cita tuvo un tono emotivo. El más veterano de los jueces, Carlos Mahiques, no es el presidente de la máxima instancia penal del sistema judicial, pero ofició como anfitrión. Se mostró movilizado por el hecho de ser visitado por el ministro Juan Bautista. No fue ni de cerca el primer encuentro semipúblico del que participan padre e hijo. Por caso, ambos compartieron el inolvidable viaje a Lago Escondido organizado por el Grupo Clarín, en 2022, periplo de lujo que incluyó a jueces, espías, directivos del conglomerado mediático y funcionarios del entonces gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta.

La filtración oral y escrita del Telegram del grupo de Lago Escondido, en plena efervescencia por esconder el hecho, alumbró el papel de Mahiques padre caracterizado por la irascibilidad y la promesa de venganza, mientras que a Mahiques hijo le tocó pergeñar el invento de “una facturita” para justificar gastos y el diseño para trasladar la investigación a Comodoro Py, donde consiguió un éxito rotundo meses después, cuando la causa fue archivada.

Mahiques padre se juega mucho en las próximas semanas. En noviembre próximo cumple 75 años, edad de retiro para los jueces, pero Javier Milei quiere que permanezca en esa silla. La conexión con el ministro será fundamental en la instancia penal por la que pasan todas las investigaciones de corrupción de funcionarios nacionales y que además interviene en los procesos inferiores, reasignando causas entre juzgados, separando jueces, vetando pruebas o atrayendo expedientes a Comodoro Py.

El 3 de febrero, el Gobierno envió al Senado el pedido para extender el acuerdo de Mahiques padre hasta sus ochenta años, lo que tiene altas chances de prosperar. El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) ya impugnó el proyecto. Esa organización menciona los antecedentes de Lago Escondido y el festejo de la familia Mahiques en el predio de la AFA como razones para que el patriarca efectivice su jubilación de una vez por todas, pero se basa en un argumento de mayor peso.

En 2013, Mahiques fue designado por concurso como juez de la Cámara de Casación Penal (fuero ordinario, no federal). Tras un interregno como ministro del Gobierno de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, Mahiques volvió a tribunales, pero fue trasladado por decreto de Mauricio Macri a la estratégica Casación federal, sin concurso, en 2017. Al año siguiente, ante las quejas por esa práctica de la que abusó el Ejecutivo de Cambiemos, el Senado votó el nombramiento, pero —recuerda INECIP— ello no salva la falta de concurso establecida en la ley. En esa línea, la extensión del mandato de Mahiques con la que ahora pretenden premiarlo los Milei sería la prolongación de una ilegalidad. Si el Senado consigue los 37 miembros que levanten la mano, les tocará al Presidente y a Mahiques hijo firmar la extensión. Otro brindis emotivo.

El encuentro en la sala de Acuerdos de Casación Federal no fue sólo camaradería, emoción y protocolo. El juez Guillermo Yacobucci —otro veterano del fuero— aprovechó para reforzar la idea de que no es necesario completar las cuatro vacantes de la Cámara (son trece asientos y hay nueve ocupados). Según dos fuentes al tanto del contenido de la reunión, varios de sus colegas y el ministro Mahiques celebraron la idea, que podría materializarse en un proyecto de ley para reducir el número de integrantes del tribunal o, más sencillo, con la simple inacción del Ejecutivo. Si no propone a nadie, las sillas siguen vacías. Son varios los jueces de Casación que enfrentaron pedidos de juicio político, algunos de ellos con mucho cuerpo, pero todos fueron anulados o hibernados. Mejor dejar todo como está y ganan todos.

El frente de Casación Federal parece despejado con la influencia de los Mahiques, mientras la Corte Suprema reducida a tres miembros tampoco presenta mayores problemas para el Gobierno ultraderechista. Ninguno de los supremos supone un desafío para los deseos de Karina, y la mala relación entre los cortesanos contribuye a neutralizar algún intento individual de salirse del guion.

Más abajo, en la segunda y primera instancia del fuero criminal federal de la Ciudad de Buenos Aires, parece estar en curso un tránsito desde un esquema que en la última década y media pareció orbitar en el macrismo, sea por adhesión ideológica o comunidad de intereses, a otro de impronta mileista. Hasta ahora, el Ejecutivo de La Libertad Avanza convivió a gusto con esa trama dominada por la mesa judicial constituida en el Gobierno de Macri, estamentos tradicionales del fuero federal y la SIDE. Algo está cambiando bajo la dirección de la dupla Mahiques-Viola. Una terminal propia permitiría a los Milei moverse con soltura sin tener que pedir lealtades prestadas.

Vetos

Los movimientos alcanzan a la Cámara Federal, dividida en dos salas de tres miembros cada una. Martín Irurzun también tiene 74 años y aspira a lograr una extensión de su designación como camarista federal. Uno de los más veteranos de Comodoro Py y considerado afín a la UCR, fue el autor de la doctrina que sirvió para encarcelar a varios funcionarios de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, bajo el argumento del peso residual que podrían conservar para entorpecer el proceso judicial. El concepto se restringió exclusivamente a funcionarios peronistas, que pasaron meses y años en la cárcel sin sentencia. La relación con el macrismo de Irurzun, considerado propio por la UCR, fue inmejorable, pero por algún motivo —acaso ése— el tándem Mahiques-Viola no muestra intenciones de enviar al Senado la solicitud de extensión del mandato.

Milei tiene la oportunidad de congelar la foto actual de Casación, designar a tres de los seis jueces que integran la Cámara Federal porteña, unos cuantos de la primera instancia, además de magistrados federales en todo el país.

Meses atrás, Irurzun tuvo una intervención que dio que hablar en el expediente de las presuntas coimas asociadas a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), conocida como “el 3% de Karina”. En línea con las defensas de los lobistas y empresarios imputados, el camarista puso el foco en la necesidad de constatar la legalidad de los audios del amigo de Milei Diego Spagnuolo. El argumento está en el aire y podría definirse en los próximos días.

A la vacante que dejaría Irurzun en la Cámara, se podrían sumar las de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. Ambos fueron trasladados, en 2018, sin concurso por Macri a Comodoro Py, al igual que Mahiques padre, pero sin siquiera contar con el acuerdo posterior del Senado. La Corte Suprema ya estableció que su designación fue ilegal, aunque permitió su permanencia hasta que la Cámara alta nombre a sus reemplazantes. En el edificio de Retiro se narra que el hoy viceministro Viola les hizo la cruz por su intervención en un expediente de inteligencia ilegal contra el juez Sebastián Casanello. Bruglia y Bertuzzi votaron por procesar a Viola, quien oficiaba como abogado de los hijos de Lázaro Báez y había armado una operación con sello de la SIDE. El interinato de Bruglia y Bertuzzi se da por acabado.

De tal manera que Milei tiene la oportunidad de congelar la foto actual de Casación, designar a tres de los seis integrantes de la Cámara Federal porteña, unos cuantos de la primera instancia, además de jueces y fiscales federales en todo el país.

Apellidos permanentes

El concepto de “familia judicial” es más viejo que la democracia argentina. Hay un montón de Mahiques en diferentes cargos judiciales. Por aludir a otro apellido ya mencionado en la nota, el camarista de Casación Yacobucci —un juez muy receptivo a los pedidos de las defensas de los represores de la dictadura— tiene a su hijo, Ignacio, como secretario de la vocalía de su colega Javier Carbajo. La endogamia es ley, pero se avizora una nueva escala.

En la primera tanda de 62 propuestas de designación de jueces, fiscales y defensores oficiales, Mahiques se propuso agrandar la familia. Entre ellos, el hijo del fallecido fiscal ultramenemista y macrista Germán Moldes, Juan Andrés Moldes, para cubrir un puesto de juez penal económico; Ana María Juan, esposa de Marcelo Martínez de Giorgi, el juez federal que tiene paralizada la causa $LIBRA, como titular de un juzgado federal en Hurlingham; y Emilio Rosatti, hijo del supremo Horacio Rosatti, para el Tribunal Oral Federal de Santa Fe. De unos cuarenta jueces propuestos en esta instancia, al menos el 10% tienen relaciones de parentesco primario con apellidos de primer orden de la magistratura.

Los problemas de Emilio Rosatti con el alcohol —en dos oportunidades, 2021 y 2022, fue hallado al volante con más de 2 gramos de alcohol en sangre, unas cinco veces lo permitido, en caminos de su provincia, Santa Fe— y una denuncia por un divorcio turbulento que en el pasado lo obligaron a retirarse de un concurso, parecen zanjados para la vara moral de los hermanos Milei.

Una voz con peso en Comodoro Py define el mapa que quedará con los movimientos, remociones y designaciones que lleva adelante la sociedad Mahiques-Viola. “Con un promedio de edad de unos cincuenta años y horizonte de jubilación a los 75, se están asegurando un cuarto de siglo de dominio de Comodoro Py mediante un clan asociado al Gobierno”.

Procesión sin resurrección

En el corto plazo, los reacomodamientos en curso dejan capítulos a dilucidar. Uno de ellos es la investigación por las coimas en ANDIS. El fiscal Franco Picardi, quien instruyó una primera parte de la causa que derivó en 19 procesamientos, acaba de solicitar otras treinta indagatorias. El juez Ariel Lijo recibió en febrero la causa de manos de su colega Sebastián Casanello y debe decidir ahora si da curso a las indagatorias en una causa que, si escala, tocaría las puertas de la Presidencia.

Entre Martínez de Giorgi y el fiscal Eduardo Taiano tienen estaqueada la investigación por la criptoestafa $LIBRA, pero las pruebas difundidas por medios periodísticos que apuntan directamente a los hermanos Milei son tan contundentes, que enterrar ese expediente no será tan fácil.

Cada vez que sale un posteo con la foto y a Adorni le surge otra propiedad, otro viaje, otra trapisonda.

En cuanto a José Luis Espert y el financiamiento por parte de un presunto narco, la causa está radicada en un juzgado federal de San Isidro. El último movimiento del exdiputado fue para mudar la investigación a Comodoro Py.

La causa que aportó más color y efervescencia en las últimas semanas es la de los gastos desmesurados y la expansión de bienes de Adorni, verdadero monotema puertas adentro de Casa Rosada. Sin voz, el exvocero y jefe de Gabinete petrificó su sonrisa para sacarse selfies con ministros que se acercan para mostrarle su apoyo y darle el pésame. Cada vez que sale un posteo con la foto y a Adorni le surge otra propiedad, otro viaje, otra trapisonda.

El miércoles deberá prestar declaración testimonial la escribana Adriana Nechevenko, en apariencia, la armadora del pase de manos, hipoteca sospechosa y subfacturación del departamento en la calle Miró 550, barrio de Caballito, y de la casa en el country Indio Cua. El fiscal Gerardo Pollicita, en quien Lijo delegó la investigación, prepara más citaciones a testimoniales para encontrar la punta del ovillo. Dilucidar los pasos de Lijo en pleno reacomodamiento de Comodoro Py y tras haber sido rechazado para ocupar una silla en la Corte Suprema despierta múltiples elucubraciones en despachos oficiales.

Nechevenko conoce bien a Adorni, a quien frecuentó en Casa Rosada. Tienen un punto en común. El jefe de Gabinete no pagó las expensas de enero, febrero y marzo de la calle Miró, por lo que acumula una deuda de $3 millones. Nechevenko, por su parte, debería siete meses de expensas en su oficina del edificio de Luis Sáenz Peña 259, unos $2,2 millones.

El jefe de Gabinete designó abogado en la causa por los vuelos a Punta del Este y el presunto enriquecimiento ilícito. Su letrado es Matías Ledesma, hijo de un juez que condenó a las Juntas militares. Entre varios clientes famosos, Ledesma representó a Rosatti en un juicio por enriquecimiento ilícito en Santa Fe, que no prosperó, y a Silvio Robles, mano derecha de Rosatti en su vocalía de la Corte Suprema. En este caso, lo defendió por su indebida asesoría a Marcelo D’Alessandro, ministro de Justicia de Larreta y pasajero de Lago Escondido, en el marco de una disputa entre Nación y Ciudad. Para sorpresa de nadie, la causa tampoco avanzó.

El hijo de Robles es el community manager de Martín Menem.

slacunza@eldiarioar.com

SL

En la Cámara de Diputados, que preside Martín Menem, crece el malestar de los empleados por los sueldos y porque, al mismo tiempo, observan que algunos de los nuevos integrantes de la bancada de La Libertad Avanza usan los autos con chofer para pasar a retirar objetos personales. Los casos de corrupción suelen tolerarse cuando la economía va bien. Pero no cuando empeora.

A poco de comenzar el gobierno libertario, el que venía a ponerle fin a la casta política, han surgido escándalos y la aparición de nuevos se acelera: la criptoestafa $LIBRA promovida por Javier Milei, el cobro de presuntas coimas a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, para que empresarios vean a su hermano presidente; las valijas sin control aduanero de Leonardo Scaturicce, hombre de negocios ascendentes con vínculo directo con el asesor presidencial Santiago Caputo; sobreprecios en la compra de pañales del Programa de Atención Médica Integral (PAMI); supuestos sobornos del 3% a la hermana presidencial por la compra de medicamentos para la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis); vuelos privados y compra de inmuebles del jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y ahora créditos hipotecarios del Banco Nación para un director del Banco Central, Pedro Inchauspe ($527 millones), el secretario de Finanzas, Federico Furiase ($408 millones), el director y agreviso twittero del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Felipe Núñez ($475 millones), y el director nacional de Comunicación Digital, Juan Pablo Carreira ($115 millones), conocido como Juan Doe en la red X.

En la entidad, que antes había sido denunciada por contratos de una empresa de seguridad de Adrián Menem, hermano del jefe de Diputados, no responden por el nuevo caso. ¿Tantos curros en tan poco tiempo de gestión demostraría que la nueva dirigencia que venía a enterrar la casta llegó tan angurrienta como su antecesora? Se van acumulan las denuncias de corrupción de diversos diputados opositores como Esteban Paulón, Maximiliano Ferraro, Mónica Frade, Diego Giuliano, Rodolfo Tailhade y la exlibertaria Marcela Pagano.

Pero antes de los últimos destapes, en octubre pasado, el 40% de los argentinos ratificó el apoyo a Milei en una elección con una abstención historica. Enfrente estaba un Partido Justicialista (PJ) cuya líder, Cristina Fernández de Kirchner, está bajo arresto domiciliario condenada por corrupción. La inflación mensual, que era del 12% cuando el Presidente ganó el balotaje en 2023, había bajado al 2,3% y eso provocó que el Instituto de Estadística (Indec) informara este martes que la pobreza bajó del 40% en el primer semestre de aquel último año peronista al 28% en el segundo semestre de 2025. Aunque hay más desempleados y el salario alcanza para menos –eso demuestran los propios datos oficiales–, los menores saltos de los alimentos, el aumento de la asignación universal por hijo (AUH) –no así las otras ayudas sociales como la Tarjeta Alimentar– y la necesidad de trabajar más horas en la economía informal para llegar a fin de mes explican la merma, aunque no la magnitud.

La mayoría de los expertos en estadísticas de pobreza coincide en que hay menos pobres que en el final del gobierno de Alberto Fernández –con Cristina Kirchner de vice y Sergio Massa como ministro de Economía– pero considera que la metodología estadística ha llevado a sobreestimar la cantidad que había en la gestión anterior y a infravalorar la que hay ahora. Es decir, ni era tanto como 40% antes ni era 28% al segundo semestre de 2025, antes de que en los últimos meses la inflación se afinque cerca del 3% mensual –la consultora Equilibra calcula 3,3% en marzo, por impacto de la guerra de Irán en la nafta y todo lo que se transporta, como la carne– y de que se acrecientes los despidos de industrias devenidas importadoras. O sea, digamos que la pobreza no bajó tanto como 12 puntos porcentuales, como indica el Indec, pero sí descendió. Milei dice que la bajó de 53% en el primer semestre de 2024 al 28%, pero se olvida de mencionar que él la empujó a ese 53% con la devaluación inicial de su gestión.

Y no es que la estadística esté manipulada como hacía Guillermo Moreno, condenado por haberlo hecho en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Se trata de artilugios más sofisticados en los que habían incurrido otras administraciones antes también. Leopoldo Tornarolli, investigador del Centro de Estudios Distributivos (Cedlas) de la Universidad de La Plata, señala que la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), a partir de la cual se elabora el índice, sobreestima desde mediados de 2024 los ingresos registrados, es decir, los encuestados declaran más ingresos que los efectivamente cobrados y computados en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), y se supone que lo mismo sucede con las entradas informales. “¿A qué obedece eso? No sabemos, mi principal hipótesis es que la baja de la inflación ayuda a que encuestados reporten mejor porque sus ingresos ahora son mas estables, varían con menos frecuencia. ¿Qué consecuencias tiene eso en la medición de la pobreza? Exagera la caída, dado que una parte de la mejora en los ingresos de los hogares no obedece a la situación real, sino a que la encuesta ahora los capta mejor”, concluye Tornarolli.

La junta de la Asociacion de Trabajadores del Estado (ATE) en el Indec aclaran que el costo del reciente endeudamiento de las familias no se incluye en la canasta de pobreza y que la EPH tampoco considera transferencias no monetarias que fueron restringidas por este gobierno, como los bolsones alimentarios, las raciones en comedores, los medicamentos gratuitos y los otros recortes del PAMI y las obras sociales desfinanciadas.

En tanto, el director del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica (UCA), Agustín Salvia, primero juzga que es cierto que bajó la pobreza, lo atribuye a la menor inflación y la mejor de la AUH, pero advierte que existe una “ficción estadística”: “Hay una mejor captación de ingresos del sector asalariado y no asalariado (cuentapropista) informal, que es el gran motor de la caída de la pobreza. ¿Cuánto es por el crecimiento de la economía informal y cuánto por efecto de la medición? Es lo que ponemos en discusión. Además, tampoco se actualizó la canasta básica de la pobreza con el parámetro de la encuesta de ingresos y gastos de 2017/2018, por lo cual los ingresos disponibles de la población se vienen achicando”. La canasta se basa en los gastos de 2004/2005, cuando pesaban menos las tarifas y los alquileres que ahora suben más que los alimentos.

Mariana González, coordinadora del Centro de Investigación y Formación (Cifra) de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA), señala que siempre los encuestados declaran menos ingresos de los que tienen, pero la subdeclaración se redujo a partir de 2024, en coincidencia con nuevas preguntas que se agregaron ese año en el sondeo. Por eso, en Cifra-CTA ha dejado de usar la estadística de pobreza. También lo había hecho en la era kirchnerista, a pesar de su sintonía política. El Centro de Economía Política Argentina (CEPA), en el que se desempeña Hernán Letcher, también señala el problema de la composición de la canasta y la captación de ingresos no laborales a partir de más de 20 preguntas nuevas o modificadas respecto a 2023. Aquí abajo se las transcribe.

Pero Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, festejan la reducción de la pobreza. El jefe del Palacio de Hacienda desbordó optimismo en la reunión de este lunes con la Asociación de Supermercados (ASU), con su director ejecutivo, Juan Vasco Martínez, y los representantes de las grandes cadenas La Anónima, atendida por sus propios dueños Nicolás y Federico Braun; Carrefour, Néstor Sist; Changomás (de Francisco de Narváez, que se quedó con las ganas de comprar la filial del gigante francés porque no le alcanzó el financiamiento de Jorge Brito, dueño del Banco Macro), Juan Quiroga; la española Día, Agustín Ibero; la chilena Cencosud, Alejandro Arruiz; y Coto, Rodolfo Bava. Aunque uno de ellos le reconoció que vende 30% menos, Caputo dijo que la economía crece al 5%, que sin la guerra estaría en 10% y prometió que en dos meses la construcción “explotará” y derramará sobre el consumo. ¿Será por el inicio de obras mineras y gasíferas del Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI)? Por lo pronto, la economía habría caído 1,5% en febrero y apuntaría a crecer sólo 2,5% en todo 2026, según Equilibra, la firma que dirige Martín Rapetti.

En el empresariado resuenan incógnitas. En primera lugar, si este modelo económico generará trabajo. Por ahora las empresas cierran producción local para abastecer desde China o incluso Brasil, donde tienen menos costos, más apoyo estatal, más escala y no hay cepo cambiario. Con los dólares del campo, Vaca Muerta y la minería se pueden cubrir las importaciones, pero no crear trabajo, que sólo se expande en la informalidad, a imagen y semejanza de Perú, el ejemplo citado por Caputo. La segunda duda es justamente cuándo se liberará el cepo a las compañías. Hay quienes en el equipo económico sugieren hacerlo ahora que sobran divisas, sobre todo de la cosecha de soja y maíz, pero en las charlas de madrugada de Milei y el ministro de Economía el presidente le explica por qué en el mercado cambiario es mejor que la libertad no avance. Le temerá quizás a un salto cambiario en la segunda mitad del año, cuando finalice la recolección de granos.

En el establishment, que se reunirá a fin de mes en el Foro Llao Llao, también preocupa lo que perciben como odio de Milei a los empresarios, empezando por Paolo Rocca. No por nada suenan eventuales presidenciables que salgan del propio mundo de los negocios. Mauricio Macri, cuyo nombre no se descarta para que el PRO retenga la ciudad de Buenos Aires en 2027, habla de Marcos Galperin, que dejó este año el día a día como CEO de Mercado Libre aunque sigue de presidente. En el PJ, el armador Juan Manuel Olmos dice que se necesita un outsider para desplazar al outsider y sondeó al presidente y accionista de Prestige Auto, Daniel Herrero, que tiene la licencia de Mercedes-Benz para vender acá sus autos y fabricar la Sprinter. Olmos también motoriza un armado federal y unas primarias para definir el candidato junto a diputados como Guillermo Michel, Kelly Olmos, Victoria Tolosa Paz y Gustavo Bordet. Creen que hay que disipar los temores del electorado a una victoria peronista prometiendo equilibrio fiscal, pero no a costa de hipotecar el futuro destruyendo ahora la infraestructura, la ciencia y la educación.

Habrá que ver si uno de los pretendientes presidenciales peronistas, Axel Kicillof, logra alejar esos miedos, como lo hizo Luiz Inácio Lula da Silva en su primer triunfo electoral en 2002, cuando abjuró de su anticapitalismo de elecciones pasadas. Kicillof no es anticapitalista, pero necesita despejar fantasmas. Ahora que la Cámara de Apelaciones de Nueva York le dio la razón con la expropiación del 51% de YPF, puede demostrar que no estaba equivocado. Una victoria para él, para su entonces jefa, Cristina Kirchner, y para Milei, que logró el fallo a pesar de que estaba en contra de la reestatización. En cambio, entre los perdedores está el estudio litigante Burford, pero también Repsol y los Eskenazi. Si el fondo británico ganaba el juicio por US$16.000 millones -todavía puede apelar a la Corte Suprema de EE UU o recurrir al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI)-, debía destinar el 30% de lo ganado a solventar la quiebra de Petersen Energía, la empresa que armaron los Eskenazi para comprar en 2008 el 25% de YPF que estaba en manos de Repsol en una negociación mediada por Néstor Kirchner.

Cuando Cristina Kirchner y su viceministro de Economía Kicillof nacionalizaron el 51% de YPF y decidieron que las ganancias de la petrolera se destinaran a la inversión y no a los accionistas, los Eskenazi se quedaron sin plata para pagar el préstamo que Repsol y bancos internacionales les dieron para adquirir el 25% de YPF. Por eso, iniciaron su concurso preventivo en el juzgado de instrucción 3 de Madrid, donde habían radicado Petersen Energía. En ese proceso fue que Burford adquirió el derecho de los Eskenazi a litigar por la expropiación. Como el estudio británico por ahora perdió la batalla legal en EE UU, no podrá dirigir el 30% a pagar las deudas de Petersen Energía: se trata de US$2.126 millones verificados en 2013, más los intereses de 13 años. Más de la mitad se le debe a Repsol. El resto, al Santander, el Credit Suisse y el brasileño Itaú, entre otros. Curiosamente, en Repsol niegan que estén involucrados en ningún proceso vinculado a su etapa en Argentina, después que CFK y Kicillof los indemnizaran en 2014. Los Eskenazi, que se exponen a dejar impagas sus deudas y el consiguiente desprestigio, también se deslindan del caso y lo dejan en manos del administrador concursal.

El asesor financiero Sebastián Maril, que sigue el juicio de Burford desde el inicio, asegura que si el fondo logra revertir la sentencia, los dueños de los bancos Santa Fe, Santa Cruz, San Juan y Entre Ríos no ganarán dinero sino que podrán saldar las deudas de Petersen Energía con Repsol y las entidades internacionales. A su vez, sostiene que en ese caso -por ahora remoto- si Repsol algún día cobra, podría enfrentar una demanda del Estado argentino con el argumento de que no puede reclamar más después del contrato amigable de indemnización de 2014. “Repsol se va a quedar con lo que le llegue y la peleará para no devolverlo”, pronosticó Maril.

AR/MG

Javier y Karina Milei se ocuparon de difundir este miércoles que la confianza en Manuel Adorni sigue intacta y que permanece “inamovible” como jefe de Gabinete. Ante el cúmulo de cabos sueltos que aparecen a diario sobre su incremento patrimonial y gastos desmesurados, el Presidente y su hermana trataron de escenificar algo parecido a la normalidad y le armaron una agenda de reuniones con ministros para delinear “la recta final de la segunda etapa de Gobierno”.

Detrás de la retórica grandilocuente, nadie en el Ejecutivo da crédito a esa pantalla de “crisis superada”, otro de los conceptos que surgió de las entrañas oficialistas. Todos en el Gobierno —incluidos los Milei— saben que la situación de Adorni se define día a día, al calor de las propiedades y los gastos que se van conociendo, las sospechosas transacciones y la causa judicial en Comodoro Py que con alta probabilidad tendrá al funcionario indagado más temprano que tarde.

Uno de los últimos datos que alimentó la presunción de ilegalidades en el ascenso económico de Adorni es que las dos mujeres que figuran como prestamistas de US$200.000 para concretar la compra del departamento en la calle Miró 550 del barrio de Caballito parecen no conocer al jefe de Gabinete. Beatriz Viegas, jubilada de 72 años, negó algún vínculo con Adorni, así como haberle concedido un crédito hipotecario, en un diálogo a través de un portero eléctrico con el periodista de La Nación Ignacio Grimaldi. Una mujer que atendió el celular de la otra prestamista en partes iguales, Claudia Sbabo, de 64 años, también dio a entender que no estaba al tanto de la operación.

De acuerdo a datos consignados en el registro de propiedad de la Ciudad de Buenos Aires, Viegas y Sbabo compraron la unidad de 200 m2 en Miró 550 al exjugador de fútbol Hugo Morales, a un precio de US$200.000, en mayo de 2025. Ambas vendieron el departamento a Adorni siete meses más tarde a cambio de US$230.000. Los valores consignados se ubican en la mitad del precio por metro cuadrado en esa zona de Caballito.

Los Milei le habían pedido a Adorni que agotara la información sobre los pormenores de su patrimonio, para evitar enterarse por la prensa de novedades inexplicables. Ante la versión de que las mujeres no conocían a Adorni, éste debió volver a responder preguntas ante la cúpula del Gobierno, pudo constatar este diario. El jefe de Gabinete les explicó al Presidente y a la secretaria general que una de las mujeres, Viegas, es la madre de un amigo, y que Sbabo es familiar de la primera.

De esta manera, el jefe de Gabinete se apresta a desmentir la versión publicada en La Nación, y también tratará de anular otra presunción que circuló en los últimos días: que Viegas y Sbabo no se conocen entre sí.

Adorni dice ahora que la hipoteca concedida será saldada con la venta del departamento en la avenida Asamblea, en Parque Chacabuco, cerca de la nueva propiedad en la calle Miró. Otra anomalía es que el precio publicado por la unidad de 191 m2 en Asamblea, US$ 289.000, es sustancialmente más alto que el abonado por Miró, pese a que esa zona de Caballito es bastante más cara.

El jefe de Gabinete insiste en que tanto la propiedad en Caballito como la casa en el barrio privado Indio Cua, en Exaltación de la Cruz, adquirida en 2024 y anotada a nombre de Angeletti, formarán parte de la declaración jurada a ser presentada el 30 de mayo. Allí también deberá dar cuenta de un nuevo automóvil, un Jeep Compass Sport de 2021, que adquirió sin haber vendido el anterior. “Los números cierran”, insistió una fuente que escuchó las explicaciones de Adorni.

El presunto enriquecimiento ilícito que investiga el fiscal federal Gerardo Pollicita incluye el flujo de gastos, como el vuelo a Punta del Este en un avión privado entre el 12 y el 17 de febrero junto al amigo Marcelo Grandio, por el que uno de ellos o entre ambos oblaron cerca de US$9.000. Desde que este diario publicó la información, el 11 de marzo, Adorni se adentró en un galimatías para explicar su vida dispendiosa del que no pudo salir.

No es el único viaje bajo la lupa de la fiscalía federal, que quedó a cargo de la causa por delegación del juez Ariel Lijo. Hay otros vuelos de Adorni y Angeletti a playas de la región que llamaron la atención de Pollicita, supo elDiarioAR de fuentes con acceso al expediente. El destino en cuestión no es Hawaii, como circuló este miércoles.

Aunque Adorni no parece tener margen para recuperar la palabra en el corto plazo, los Milei creen que podrán dar vuelta la página con la apertura de nuevos debates, siempre y cuando no aparezcan más propiedades y gustos suntuarios. Las encuestas sobre el caso difundidas hasta ahora son demoledoras para la imagen del jefe de Gabinete.

Como sea, el operativo “olvido” deberá superar el escollo judicial, que comenzó a paso firme. Como anticipó este diario, la escribana Adriana Nechevenko, quien parece una figura clave en el armado de las compras de Adorni y Angeletti, fue citada a prestar declaración testimonial el 8 de abril. Ya pasaron por el juzgado de Lijo otros testigos vinculados al vuelo a Punta del Este y la lista de convocados por Pollicita promete crecer.

Una vez superada la primera ronda de testigos y con la documentación recabada en allanamientos y pedidos de informe, será el turno de las indagatorias.

slacunza@eldiarioar.com

SL

Esta semana se reveló que hay un empresario local experto en contratos con el Estado participando de la licitación de una de las principales concesiones y privatizaciones que planea el gobierno de Javier Milei, la hidrovía del río Paraná. Se trata de Ricardo Román, dueño de la dragadora Servimagnus y del grupo logístico Loginter, integrante de la familia Román, de larga tradición en el negocio de los puertos argentinos. Su hermano, Alfredo, era el zar de las grúas, pero ya está retirado. A su vez, Ricardo trabaja con su hijo Leonardo. Pretendent un negocio de US$300 millones de dólares anuales, en el que se deben invertir 400 millones en los primeros cinco años para aumentar la profundidad del río y permitir así que los buques entren y salgan del río más cargados y, por tanto, con menos costos por unidades transportadas.

Cuando a fines de febrero se abrieron los sobres de la licitación por 25 años del Paraná, por el que circula 80% de las exportaciones argentinas, el Ejecutivo había anunciado que había tres contendientes: dos gigantes belgas, Jan de Nul, que draga el río desde hace 31 años, y su archienemigo DEME, así como una brasileña, DTA, cuya propuesta se cayó a los pocos días porque no presentó las garantías requeridas. Pero en Aquel; momento no se aclaró que Jan de Nul iba acompañado. Esta semana, Jan de Nul presentó diez objeciones contra DEME, por diversos supuestos como invalidez de la garantía, contradicciones en los antecedentes y falta de equipos suficientes, pero en esa presentación se aclaró que encabeza un consorcio en el el 40% pertenece a Servimagnus, de Román.

Servimagnus opera en izamientos de gran porte, en dragado y balizamiento a menor escala que Jan de Nul o DEME, pero en alianza con la empresa estatal china CCCC; en salvamento y reflotamiento de buques y en obras portuarias. Loginter, a su vez, gestiona los puertos de Bahía Blanca, Dock Sud, San Nicolás y La Plata. Además ofrece logística en Vaca Muerta y minería, almacenamiento y distribución y transporte terrestre, como en el de aspas de molinos eólicos.

No es la primera vez que Jan De Nul elige un socio local para sus negocios en la Argentina. En la primera concesión de la hidrovía, en 1995, bajo el gobierno de Carlos Menem, fue en sociedad con Emepa, de Gabriel Romero, que en la causa cuadernos confesó que pagó a coimas para que la entonces presidenta Cristina Fernandez de Kirchner le prorrogara el contrato. Jan de Nul aclara que no tenía nada que ver con esos sobornos. Pero no seria la primera vez que una multinacional usa un socio local para adornar funcionarios porque las normas internacionales que las rigen las castigan duramente si las descubren cometiendo un cohecho. Claro que quizás no sea el caso el de Román, más allá de su experiencia en conseguir contratados del Estado.

Uno de los puntos criticados de la licitación de la hidrovía es que el Gobierno obliga al ganador no sólo a completar tareas de dragado y balizamiento, como en el anterior contrato, sino también en otras tareas que expertos como Alejandro Bustamante consideran que no tienen que ver con la finalidad de la concesión y obligan a abrir el negocio a la subcontratación. Por ejemplo, el relevamiento batimétrico e hidrométrico, el control de derrames, el reflotamiento y salvamento de buques y la provisión y el mantenimiento de infraestructura para control de tráfico.

Y ahí es donde rivales de Jan de Nul sospechan que podría subcontratar a los hermanos Juan y Patricio Neuss, amigos del asesor presidencial de Santiago Caputo y también del encargado de la licitación, Iñaki Arreseygor, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación. Los hermanos Neuss son grandes empresarios, con una firma de servicios petroleros, Gracco, pero en ascenso en la era libertaria. Con este gobierno ya ganaron la concesión de dos de las cuatro hidroeléctricas de la región patagónica del Comahue.Su eventual subcontratación es un misterio que sólo se revelará si Jan de Nul y Román ganan la licitación.

Bustamante, director de la consultora Almatea Agro y profesor de la Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos (Ucema), también critica que la licitación establece un peaje mínimo, cuando él considera que si los contendientes pudiesen ofrecer menores precios podría llegar a abaratarse el servicio a la mitad. También objeta que el tramo final del Paraná, desde Rosario al río de la Plata, deba profundizarse de 34 a 40 pies, cuando él sostiene que debería llegarse a los 44 para llenar los barcos y ahorrar así mayores costos. En cambio, Luciano Orellana, militante del Foro por la Recuperación del Paraná, critica la licitación, entre otros motivos, por el impacto ecológico de llegar a los 40 pies, además de por la cesión de soberanía de un activo geoestratégico en manos de empresas privadas de otros países.

Por las exigencias establecidas en la licitación, Jan de Nul llevan todas las de ganar. Por ejemplo, porque se exige experiencia en el dragado de largos ríos de llanura con fuerte sedimentación. En el mundo sólo hay tres concesiones de dragados de ríos en el mundo tan extensos como estos 1.400 kilómetros del Paraná, desde el noreste de la Argentina hasta el río de la Plata, que viene operando la empresa belga desde 1995. Los otros dos son el Misisipi, en manos del Ejercito norteamericana, y el Yang Tsé Kiang, en China, que está operado por CCCC. Esta empresa asiática estaba interesada por la hidrovía, pero Arreseygor impidió que participara en la subasta al prohibir que lo hicieran compañías estatales con el argumento razonable de evitar que este activo geoestratégico quede en poder de una firma del Estado de otra nación. Claro que también influyó la oposición de EE UU a que fuera una empresa china la que se lo apropiara.

Al gobierno de Milei, por el contrario, no le incomoda que el río vaya a parar al control de empresarios privados belgas. Por cierto, Jan de Nul y DEME llevan décadas de hostilidad entre sí. En los 80, DEME filtró a la prensa datos de sobornos de su rival en Bélgica, que la Justicia terminó comprobando. Desde entonces Jan Pieter de Nul, cuyo nombre puso a la empresa, y DEME, que ahora está encabezado por Luc Bertrand, mantienen una pésima relación. El año pasado, DEME recurrió a la justicia argentina contra la primera licitación de la hidrovía que organizó el gobierno de Milei porque supuestamente iba a favorecer a Jan de Nul. Finalmente, el Ejecutivo la anuló y ahora va por su segundo intento.

Ahora es Jan de Nul la que objeta a DEME. Pero esta última también se ha conseguido un aliado. Así como en el mundillo del dragado se apunta a que Jan de Nul cuenta con el apoyo de Caputo y los Neuss, ejecutivos de DEME fueron recibidos a principios de mes por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, según La Política Online. Menem responde a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, rival interna de Caputo.

Pero más allá de la concesión de la hidrovía, que se define en mayo o junio, a los Neuss también les interesa otra privatización del Gobierno, la de la mayor transportista eléctrica del país, Transener, que conecta a todo el territorio. Valuada en US$200 millones, en abril finaliza el plazo para presentar ofertas. Los Neuss ha formado Edison Energía, con la que ganaron las hidroeléctricas. Allí tienen varios socios, incluidos Rubén Cherñajovsky, que con Newsan produce desde los televisores Noblex hasta las toallitas Always, y Guillermo Stanley y los demás socios de los alfajores Havanna.

Otros candidatos para Transener son los accionistas de Edenor, de José Luis Manzano -que ha pasado de promotor de Sergio Massa a fan de Milei-, Daniel Vila y Mauricio Filiberti; la familia Sielecki, que como socios de Laboratorios Elea producen medicamentos como el Geniol, además tienen acciones en Transportadora Gas del Sur (TGS, que mueve todo lo de Vaca Muerta) y hasta el embajador libertario en Francia, Ian Sielecki; Central Puerto, entre cuyos accionistas están Guillermo Reca, la familia Miguens Bemberg y Eduardo Escasany, del Banco Galicia; y Genneia, de Jorge Brito, del Banco Macro. En el Gobierno dice que hay interesados internacionales, pero no da sus nombres. Hay dudas después de que se quedaran con las manos vacías en las licitaciones de las hidroeléctricas.

Con esta y otras privatizaciones, como la de Intercargo (servicio de rampa y asistencia en aeropuertos) y AySA, el Gobierno busca hacer caja. El economista Ricardo Delgado, de la consultora Analytica, lo atribuye a la falta de acceso a los mercados internacionales de deuda. Es decir, que con la transferencia a largo plazo de negocios al sector privado el Gobierno cubre los baches coyunturales del pago de pasivos en divisas, con lo que consigue un alivio fiscal pero también en el balance cambiario para seguir sosteniendo la apreciación del peso, en su complicado intento por contener la inflación.

AR / NB

La versión de Manuel Adorni y Marcelo Grandio sobre el vuelo en un avión privado Hondajet a Punta del Este se transformó en un callejón sin salida para ambos.

Las declaraciones de testigos de ese periplo de carnaval y los documentos incautados no hicieron más que acumular dudas sobre el vuelo, el patrimonio y la vida dispendiosa del funcionario enaltecido por los Hermanos Milei. Con diez días en el candelero por malas razones, Adorni enfrenta una imputación judicial, en principio, por enriquecimiento ilícito.

Tras titubeos iniciales, Adorni y su amigo sostuvieron que cada uno pagó su parte, y redujeron el monto abonado lo máximo posible, hasta un precio inverosímil para el mercado: US$3.600-3.800 el funcionario y US$800 el periodista acomodado en la TV Pública. En condiciones normales, un vuelo ida y vuelta a Punta del Este cotiza entre US$10.000 y US$12.000.

Con el corset de su propia declaración y la necesidad de achicar el monto pagado, Grandio acosó a Vanesa Tossi, la empleada de la firma Jag Executive Aviation, cuando la mujer se comunicó para emitir la factura con tres semanas de retraso, tal como declaró el viernes en la causa radicada en el juzgado federal de Ariel Lijo.

Tossi, con más precisión que su jefe, Agustín Issin, el piloto y broker que revendió el vuelo de regreso, narró el presunto amedrentamiento de Grandio para que no emitiera el comprobante una vez que el viaje se transformó en un problema para Adorni, según una fuente con acceso al expediente.

La secuencia explica el nerviosismo de Grandio descripto por Tossi.

El 9 de marzo pasado,, en el editorial del programa “Odisea Argentina” en La Nación +, el periodista Carlos Pagni se preguntó si Adorni había viajado en vuelo privado a Punta del Este. La mención de Pagni se dio tras un fin de semana en que el jefe de Gabinete ocupó el centro de la escena por la inclusión su esposa, Bettina Angeletti, en la comitiva oficial que viajó a Nueva York por la Argentina Week ante inversores.

En su primera defensa fallida, cuando se dijo “deslomado” en Nueva York, Adorni explicó en el canal A24 que Angeletti había comprado su pasaje a la ciudad estadounidense por US$ 5.345, se supone que en primera clase en un vuelo de línea, sin dejar claro si el monto había sido devuelto tras el traslado de su esposa en el avión oficial ARG-01. En esa entrevista, el jefe de Gabinete se negó a dar cuentas de su escapada a Punta del Este porque —dijo— se trataba de su “vida privada”.

A partir de la difusión del vuelo a Punta del Este, Issin, dueño de la comercializadora de vuelos privados Jag Executive Aviation y empleado de la firma Consultatio, se inquietó por emitir la factura del regreso del 17 de febrero por la tarde. En su declaración, el broker negó que hubiera buscado emitir la factura a raíz del revuelo generado, sino que atribuyó la demora a que estuvo de vacaciones. La factura a nombre de Grandio fue confeccionada unos días después y predatada al 9 de marzo.

El tramo de ida, del 12 de febrero, había sido facturado directamente por la operadora del vuelo, Alpha Centauri, a la productora televisiva de Grandio, Imhouse, según reconstruyó el fiscal federal Franco Picardi. 

Hasta allí, el monto de la factura por la ida, US$4.830, era cercano a la versión de Adorni y su amigo, entre los US$3800 abonados por el jefe de Gabinete y los US$800 de su exsocio y amigo.

Este diario informó el 11 de marzo la declaración jurada de salida de los Adorni y Grandio, desde San Fernando a Punta del Este, y todos los detalles del vuelo con matrícula LVHWA, así como el regreso con la familia del jefe de Gabinete, sin el amigo, en el cierre del Carnaval.

La presión de Grandio sobre Tossi para que no emitiera la factura se incrementó. “¿Viste lo que está pasando, vos lo filtraste?”, acusó el amigo de Adorni a la empleada del broker de vuelos. Uno de los mensajes de Grandio al celular de Tossi atacó a Pagni. Lo trató de “pseudoperiodista al que se le cayó la pauta”, un argumento similar la que utilizan Adorni y Milei para defenestrar a sus críticos.

En un raid de entrevistas disparadas por la nota de elDiarioAR, Grandio —un hombre adinerado, yerno del exdirectivo de Torneos y Competencias Luis Nofal y beneficiado por múltiples contratos con la TV Pública y Radio Nacional desde la asunción de Milei— arremetió con contradicciones sobre el precio y el pagador del vuelo.

Para Adorni y Grandio resultaba imperioso que no apareciera otra factura más allá de los US$4.830 emitida por Alpha Centauri, porque ello daría cuenta de más fondos que el jefe de Gabinete no puede explicar

Cuando el amigo de Adorni se volvió demasiado insistente y envió una carta documento desconociendo la factura del regreso, Tossi dejó de contestarle, declaró en el juzgado de Lijo. El dato de la carta documento fue aportado por la empleada y omitido el jueves por su jefe, el piloto Issin, por lo que deberá ampliar su testimonial.

Para Adorni y Grandio resultaba imperioso que no apareciera otra factura más allá de los US$4.830 registrados por Alpha Centauri, porque ello daría cuenta de más fondos que el jefe de Gabinete no puede explicar, o de un favor tampoco justificable por parte del amigo beneficiado con contratos en la TV Pública, además de contradecir la versión inicial.

Sobre el precio del viaje de regreso desde el aeropuerto de Laguna del Sauce, en Punta del Este, a San Fernando, norte del Gran Buenos Aires, hay varias lagunas. La primera factura hallada por Picardi fue emitida por Alpha Centauri a nombre de Issin por un paquete de diez vuelos con un valor de US$42.250, uno de los cuales utilizó Adorni a su regreso. Issin, en tanto broker, trataría de revender cada tramo a un precio cercano a US$4.800.

Según declararon Tossi y su jefe, el precio acordado con Grandio para el regreso fue de US$3.000, en virtud de un descuento por asientos comercializados en el Hondajet en el tramo de regreso de la ida a Punta del Este, y en el de ida para buscar a los Adorni, cinco días más tarde. Ese tipo de descuentos es inusual y en cambio pudo haberse tratado de una subfacturación, bastante frecuente en el mercado de la aviación privada, dedujo una fuente del sector.

En sendas exposiciones, Issin y Tossi sostuvieron que tanto el pasaje de ida como el de regreso habían sido abonados por Grandio, lo que va en sentido contrario a lo afirmado por Adorni y su amigo en varias entrevistas.

De los US$4.830 de la ida hay registro tanto por la factura como por la transferencia bancaria, pero en cuanto a los presuntos US$3.000, el comprobante está en disputa porque Grandio lo desconoce, y además fue saldado en efectivo, según la empleada Tossi.

En la hipótesis más beneficiosa para Adorni, debería explicar cómo hizo para pagar US$3.800 por un vuelo ocasional en febrero, monto no acorde a sus ingresos ni su patrimonio declarado. Si a eso se suma el monto de regreso, la complicación es mayor, tanto si abonó el jefe de Gabinete, como si fue un favor de alguien acomodado junto a sus hijos en la TV Pública.

El descontrol que transita Grandio se vio corroborado cuando envió mensajes a Tossi en el medio de su declaración en el edificio de Comodoro Py en la mañana del viernes, para sorpresa del juez y el fiscal.

Por ahora, Grandio y Adorni mantienen versiones unificadas, aunque tanto en Comodoro Py como en el Gobierno, fuentes estiman que podrían tomar caminos separados si sus intereses comienzan a distanciarse. Una persona con peso en el Gobierno sugiere que Adorni podría declararse desconocedor del precio de los vuelos privados y admitir que su amigo le ocultó detalles.

En la imputación por enriquecimiento ilícito, Pollicita solicitó una docena de medidas de prueba, que incluyen informes de dominio pedidos a los registros de propiedad de la provincia de Buenos Aires y la Capital Federal, secuencia de viajes, el anexo reservado de la declaración jurada de Angeletti ante la Oficina Anticorrupción y datos del country Indio Cuá.

A los pasajes por más de US$10.000 a Nueva York y Punta del Este abonados sólo en febrero, se suman elevadísimos gastos con tarjetas de crédito varios meses seguidos, al menos dos propiedades —una casa en el country Indio Cua y un departamento en Caballito— que no figuran en la declaración jurada y otras excentricidades.

El departamento en la calle Miró, en el barrio porteño de Caballito, tuvo un costo en el orden de los US$300.000, pagados en 2025. Se agregan refacciones profundas antes de la mudanza, reveladas por el periodista Fabián Waldman en el sitio La Patriada.

Entre expensas de $900.000 y la cuota del colegio de $800.000 por cada uno de sus hijos, más las expensas en Indio Cua y los gastos asociados a la camioneta de alta gama que adquirió, por citar los bienes que salieron a la luz en los últimos días, la sospecha generalizada que se constata en encuestas de opinión y entre sus acusadores es que el ascenso económico de Adorni en apenas dos años parece no tener fin.

SL

slacunza@eldiarioar.com

El círculo sobre el viaje a Punta del Este de Manuel Adorni parece cerrarse.

La factura del tramo de regreso del 17 de febrero pasado fue emitida a nombre de Agustín Issin, un piloto que trabaja a sueldo para la firma Consultatio, de Eduardo Costantini, y además vende vuelos por su cuenta.

Como informó este diario, la ida desde el aeropuerto de San Fernando a Laguna del Sauce, en Punta del Este, fue facturada por el operador de vuelos Alpha Centauri a la productora Imhouse, del amigo de Adorni Marcelo Grandio, por US$4.830.

La ruta del regreso, el 17 de febrero por la tarde, fue pagada a Alpha Centauri por Issin, como parte de un paquete de diez vuelos por US$42.250. Issin dijo a este diario que revendió el tramo a Grandio, un cliente habitual.

En diálogo con elDiarioAR, el piloto privado de Costantini informó que él, en un negocio independiente, sin vinculación con Consultatio, actúa como broker de vuelos. Es decir, vende tramos aéreos y recibe una comisión de las operadoras dueñas de los aviones, como Alpha Centauri. La función es habitual en el mercado de la aviación privada.

En ese punto, la versión del piloto —que no fue quien comandó los vuelos de Adorni— es coincidente con la que dio el propio Costantini a este medio. El empresario afirmó que Issin es uno de sus tres pilotos registrados a sueldo en Consultatio, y que no tenía conocimiento de su actividad como broker.

Costantini, dueño de emprendimientos inmobiliarios como Nordelta y edificios de alta gama, el museo Malba y la financiera y consultora Consultatio, dijo no haberse encontrado nunca con Adorni y sólo haber visto una vez a Javier Milei. “No tengo vínculo habitual con funcionarios del Gobierno”, afirmó quien fue listado este año como fortuna número 2.858 en el mundo y quinta en Argentina (Forbes).

En cualquier caso, el viaje de Adorni sigue dejando varios cabos sueltos. Por un lado, se sabe que el jefe de Gabinete y su amigo mintieron cuando dijeron que el vuelo sólo había costado US$4.600, entre los US$3.800 dólares pagados por el primero y el resto, pr el segundo. Las facturas indican que, entre los US$4.830 de ida y los US$4.200 de vuelta, la suma ascendió a US$9.000, de los cuales Grandio se hizo cargo de US$800, correspondientes a su asiento de ida (no regresó con los Adorni).

En el expediente que instruyen el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita figura la factura emitida a nombre de Imhouse y el regreso, con Issin como destinatario por US$42.250. Éste se muestra dispuesto a aportar la factura de la reventa al expediente.

La fecha de la factura informada por Issin no es neutra: 9 de marzo, unas tres semanas después de concretado el vuelo. Ese día, el periodista Carlos Pagni deslizó en su editorial de La Nación + que Adorni había viajado a Punta del Este en un avión privado

El piloto y broker de vuelos indicó que una colaboradora recibió en febrero un llamado de Grandio, el periodista acomodado por su exsocio Adorni en la TV Pública, para contratar el vuelo de regreso, y que le hizo una oferta. No le cobró US$4.200, sino US$3.000.

La fecha de la factura informada por Issin no es neutra y despierta sospechas: 9 de marzo, unas tres semanas después de concretado el vuelo. Ese día, el periodista Carlos Pagni deslizó en su editorial de La Nación+ que Adorni había viajado a Punta del Este en un avión privado, en otro signo de una vida dispendiosa, incoherente con sus ingresos. A esa altura, ya se había desatado el revuelo por la inclusión de Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete, en la comitiva presidencial que visitó Nueva York para la denominada Argentina Week.

Dos días después de lanzada la versión de Pagni, elDiarioAR informó día y horarios de los vuelos en el Hondajet de Alpha Centauri, la matrícula LV-HWA, los pasajeros, las declaraciones juradas de ingreso y egreso y el costo. Partieron cuatro Adorni y Grandio a la ida, y sólo la familia del jefe de Gabinete a la vuelta.

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Al final, no todos los despedidos consiguen trabajo manejando para Uber, Cabify o Didi o repartiendo mercadería para Mercado Libre, Rappi o Pedidos Ya. No todos los que pierden empleo formal lo consiguen en el informal, como se vanagloriaba el gobierno de Javier Milei. El desempleo saltó de un año a otro del 6,4% al 7,5%, comparando los cuartos trimestres. Hasta los sectores a los que les va bien como la minería y la banca destruyen trabajo en tiempos de robótica e inteligencia artificial.

Mientras, los sobreocupados, los que trabajan más de nueve horas diarias, se mantienen en 29,2% respecto de un año atrás, pero vienen creciendo trimeste a trimestre desde principios de 2025. Es decir, a cada vez más gente le cuesta conseguir laburo, mientras que otros se ven obligados a deslomarse más tiempo para conseguir la misma plata. Es que el salario sigue 5,8% abajo del de por sí deteriorado nivel en que lo dejó el anterior gobierno, según calcula a partir de datos oficiales la economista Mariana González, del Centro de Investigación y Formación (Cifra) de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA). En una encuesta de QSocial, la consultora del analista político Rafael Prieto, se advierte que la principal preocupación económica de los argentinos son los sueldos (35%), seguida por el empleo (24%), mientras el 74% debió recortar gastos para llegar a fin de mes.

Pero esta vez, como otras, no se evidencia la llamada curva de Phillips: a mayor desempleo, menor inflación. Pese a que el Gobierno pisa el tipo de cambio con altas tasas de interés, el consumo y el salario –la pauta subió del 1% al 2%, pero sigue lejos del índice de precios al consumidor (IPC) del 2,9%–, la inercia, los tarifazos para evitar que suban más los subsidios y ahora el encarecimiento de los combustibles por la guerra de Irán y su impacto ya inmediato en los alimentos están impulsando mes a mes el indicador hacia arriba desde mediados de 2025.

Y esa inflación mayor a la esperada está complicando el equilibrio de las cuentas públicas, una de las banderas de Milei junto a la increíble promesa de IPC cero para agosto próximo. El vicepresidente de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), Güido Rangugni, advierte que el gasto presupuestado por el Gobierno para 2026 se quedará corto. Sucede que hizo el cálculo a partir de una inflación prevista del 24% en 2025, cuando fue 31%, y del 10% para este año, cuando el consenso de economistas recogido por el Banco Central refiere un 26%.

Un 45% del presupuesto es gasto de la seguridad social, que en su mayoría se ajusta por inflación (jubilaciones y pensiones, ya no la asignación por hijo). O sea que casi la mitad del gasto irán aumentando a la par de un IPC creciente. Y mientras buen parte de las erogaciones se actualizan de manera automática, desde mediados de año, a la par de una inflación ascendente, se repiten las caídas de la recaudación tributaria, entre las rebajas que otorga el gobierno libertario –sobre todo a los que más tienen, como con el gravamen a los autos de lujo– y el consumo alicaído.

“No sé cómo van a resolver el equilibrio de las cuentas: la evolución para el resto de los gastos que no son los previsionales es incierto” analiza Rangugni. Ya de por sí se aplicó la motosierra en 2024, apenas repuntaron las erogaciones en 2025, pero queda poco margen para seguir podando porque los niveles están por el piso, según el vice de ASAP. En 2025, de los $123 billones de egresos, 56 billones fueron de la seguridad social; 22 billones de subvenciones al sector privado, que ahora están subiendo pese a los tarifazos y que serán difíciles de ajustar en tiempos de disparada del petróleo por la guerra; 13 billones de salarios a empleados estatales, cuya planta ya se recortó en cantidad y sueldo pero se prevén más despidos; 10 billones de intereses de la deuda, que son intocables, pues para Milei los acreedores son prioridad; 7 billones de giros a empresas públicas, lo que incluye las ferroviarias y Aysa, en supuestas vías de privatización; 4,4 billones a las universidades, que arrancaron el año de paro, para perjuicio del capital humano que Milei dice cultivar; 2,5 billones las raquíticas transferencias a las provincias, a las que necesita para seguir aprobando sus reformas en el Congreso; y 2,4 billones de la decadente inversión en infraestructura.

Desequilibrio fiscal y estanflación

“El problema es que la preocupación trasciende lo fiscal, sino que traspasa a la economía real”, añade el vicepresidente de ASAP. Es que por un lado caen los ingresos y, por otro, un ajuste drástico del gasto puede afectar la actividad económica. En 2024, la motosierra desalentó la economía menos de lo esperado, entre la recuperación de la cosecha y el efecto expansivo de la baja de la inflación alta a moderada. Pero con cierto retardo se corre el riesgo de que el ajuste de los egresos estén derivando en una merma de los ingresos, que después obligue a bajar otra vez las erogaciones y así sucesivamente, como círculo vicioso, como ha ocurrido en Argentina y en otros países del mundo en el pasado. No por nada el exministro de Economía Domingo Cavallo vuelve a advertir que puede regresar la estanflación de hace dos años, es decir, estancamiento económico con ascenso de precios.

En este contexto, el ministro de Economía y fan de la compra de ropa en el extranjero, Luis Caputo, sigue apostando a la apertura comercial para disciplinar los valores internos. Y lo hace aunque eso cueste el cierre de empresas y el despido de su personal. Lo curioso es que no toda liberalización trae baja de precios, como las que enfrentaron el grupo Techint, de Paolo Rocca, contra los tubos chinos, o los neumáticos de cerrada Fate, de Javier Madanes Quintanilla. Este miércoles, Caputo y su par de Salud, Mario Lugones, firmaron un decreto que favorece a los laboratorios extranjeros (Pfizer, Roche, MSD, Novartis, Abbot, Bayer, GSK, Merck, entre otros) y sus medicamentos patentados y desalientan los remedios genéricos que a partir de aquellos elaboran las farmacéuticas nacionales. Así cumplieron el compromiso de la Argentina con los Estados Unidos de Donald Trump por el reciente tratado comercial. Pero la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA) sostuvo que la legislación del año 2000 ahora modificada había permitido abaratar entre 45% y 87% los precios de determinadas medicinas, aliviando el bolsillo de pacientes y del Estado, que también es comprador.

Pero no todas son malas noticias para todos los laboratorios nacionales. Dos semanas antes Lugones se preocupó de firmar un acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), donde la Argentina y EE.UU. siguen como miembros tras su salida de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Ese convenio arranca con un contrato para que la local Sinergium exporte vacunas a la región por US$240 millones. ¿A quién le pertenece la empresa? A Laboratorios Bagó, de los hermanos Juan Carlos y Sebastián Bagó, y a Elea, de Hugo Sigman, su esposa Silvia Gold y la familia Sielecki, la misma del embajador en Francia, Ian Sielecki.

La estratégica aduana de Campana y la mano de Santiago Caputo

En tiempos de dólar bajo y contrabando alto, otra novedad que atañe a las importaciones se registró en pleno verano en una de las principales aduanas del país, la de Campana. Quedó a cargo de Julio César Nieto, un antiguo funcionario de carrera que carga con una investigación judicial por enriquecimiento ilícito –lo allanaron en 2024–, que militaba en el peronismo de Quilmes junto a Mayra Mendoza hasta 2023, pero el 8 de enero pasado se mostró con su contrincante el intendente de Avellaneda, Julio Ferraresi. Sin embargo, el 23 de ese mes el jefe de la Aduana, Andrés Vázquez, lo ascendió en Campana. Se sabe que el mandamás de Vázquez, el asesor presidencial Santiago Caputo, siempre prefirió a los funcionarios con prontuario porque confía en que son mejores para hacer los trabajos sucios. A su vez, Santiago Caputo coordina estos nombramientos con su amigo y consejero Leonardo Scaturicce.

Claro que el exespía residente en EE.UU. que se compró Flybondi, Oca y el grupo logístico Flecha el año pasado ahora está más preocupado por la supervivencia de la low cost, en medio del encarecimiento del petróleo, que por rellenar los ravioles de la Aduana. Ahora le ofreció un poco tentador retiro voluntario a todos los 1.500 empleados de la aerolínea: antes de fin de mes deben decidir si aceptan la indemnización legal más medio o un cuarto de sueldo. La pregunta que se formulan los trabajadores es qué pasará de ellos si rechazan la oferta: ¿sobrevendrá un procedimiento preventivo de crisis, por el que les pagarán menos por echarlos? Al menos en la empresa prometen que no serán reemplazados por las tripulaciones extranjeras que vinieron con aviones alquilados por el verano. Se supone que tras la temporada alta los pilotos y tripulantes de España, Francia, Portugal o Brasil ya dejarán de venir. Son empleados de empresas de aeronaves de renta, las mismas que días atrás se negaron a prestar servicios a Flybondi y dejaron a los pasajeros en tierra porque la firma de Scaturicce no les había pagado a tiempo. Pero por más que haya cancelaciones y vuelos la low cost respira tranquila que el jefe de la Administración Nacional de la Aviación Civil (ANAC), Oscar Villabona, por ahora no la ha multado ni sancionado, ni siquiera por usar talleres no habilitados.

Milei, su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, andan por estos días entretenidos por las revelaciones judiciales de la causa $LIBRA y la nueva de los vuelos. Pero el otrora poderoso Santiago Caputo y su gente tampoco descansan. Uno de ellos es el secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Darío Genua, que en la gira del Presidente por EE.UU. de la semana pasada firmó un memorando de entendimiento con la empresa norteamericana Salesforce para que, sin mediar licitación, introduzca inteligencia artificial en el Estado. Está claro que el sector público debe modernizarse pero llama la atención la eventual contratación directa y vale la pena seguir el ejemplo de países europeos que toman recaudos para que tampoco quede delegado el control total de la administración estatal en manos de estas grandes corporaciones privadas. Porque mientras el empleo retrocede, otros negocios avanzan.

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El vuelo de Manuel Adorni a Punta del Este el 12 de febrero y el regreso el 17 del mismo mes costaron algo más de US$9.000, informaron fuentes judiciales a elDiarioAR. El dato surge de las primeras medidas de prueba solicitadas por el fiscal Gerardo Pollicita y el juez federal Ariel Lijo, quienes llevan adelante la investigación.

El tramo de ida, desde el aeropuerto de San Fernando, fue facturado a nombre de la productora Imhouse SA, del periodista Marcelo Grandio, el quinto pasajero y amigo de Adorni, por un monto de $6,9 millones de pesos (US$ 4.830).

El regreso desde el aeropuerto de Laguna del Sauce, Punta del Este, en el último día del feriado de Carnaval, sólo con los Adorni como pasajeros, fue por un monto algo inferior, contratado bajo otra modalidad y a nombre de un tercero, dijeron las fuentes. La vuelta formó parte de un paquete prepago de US$42.000 por diez viajes, es decir, US$4.200 por tramo, con lo que el periplo completo de Adorni, entre la ida del 12 y regreso del 17, tuvo un costo de unos US$9.000.

El precio informado desmiente de plano la versión dada tanto por Adorni y Grandio desde que elDiarioAR, el 11 de marzo, hizo público el viaje del que participaron el jefe de Gabinete; su esposa, Bettina Angeletti; dos integrantes de su familia y el conductor de varios ciclos en la TV Pública desde la asunción de Javier Milei.

La vuelta formó parte de un paquete prepago de US$42.000 por diez viajes, es decir, US$4.200 por tramo, con lo que el vuelo completo tuvo un costo de unos US$9.000.

La información dada por este medio indicó que el vuelo del Hondajet matrícula LVHWA tuvo un costo de US$10.000 entre ida y vuelta, de acuerdo a fuentes del mercado de la aviación privada y a un presupuesto emitido por la empresa Alpha Centauri, que operó el traslado de los Adorni, aunque faltaba —como se aclaró— corroborar el dato con una factura.

Tras incurrir en un mar de contradicciones sobre quién pagó —él mismo, el jefe de Gabinete o el Estado—, Grandio consolidó la versión de que el vuelo había salido US$3.600 o US$3.800 a los Adorni, y que él había abonado su parte, unos US$800. Esa versión fue luego ratificada por voceros del Gobierno y el propio jefe de Gabinete en entrevista con LN+.

El monto declarado por Grandio y Adorni (US$4.600 en total) resulta menos de la mitad del valor del mercado, y ahora se demuestra falso o premeditadamente incompleto, si ambos se refirieron sólo a la ida.

El exsocio de Adorni y conductor de los ciclos Giros y Gritalo Mundial en la TV Pública explicó que el vuelo había sido contratado a la firma Alpha Centauri bajo el formato de “pata vacía”, que significa que las operadoras de vuelos hacen una oferta especial cuando son requeridas por un tramo e intentan amortizar el costo del regreso, cobrando mucho menos. De acuerdo a lo recabado por este diario con fuentes del mundo de la aviación y estatales, la explicación dada por Grandio no era cierta ni coherente.

La causa radicada en el juzgado de Lijo se originó en una denuncia de los diputados Esteban Paulón (socialista), Pablo Juliano (UCR opositora) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica).

El dato de la facturación surge de las primeras medidas de prueba, pero la instrucción de la causa apunta en las próximas horas a dilucidar, por un lado, quién está detrás del pago de regreso por US$4.200 y si el jefe de Gabinete utilizó más cupos de los diez viajes contratados.

Adorni y Grandio no respondieron las consultas de este medio.

Mientras, surgen novedades sobre viviendas, gastos desorbitantes con tarjetas de crédito y contratos, en apariencia imposibles de abordar con los ingresos declarados del jefe de Gabinete y su esposa.

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A esta altura, la pregunta que cabe es si hay alguna acción emprendida por la cúpula del Gobierno que no conduzca tarde o temprano a un episodio de corrupción desenfrenado, voraz y chapucero.

Los indicios y las pruebas se amontonan. Incluyen giros bancarios, testimonios, whatsapps impúdicos, frenesí de llamadas, fotos, videos y tropiezos de sus protagonistas cuando no les queda otra que defenderse, hasta en entrevistas arregladas.

Existen contratos sospechosos de menor y mayor escala que involucran arribistas criados bajo el ala presidencial y emporios permanentes que se adaptan a todo escenario, vigentes desde mucho antes de la patria contratista. Hasta allí, más o menos la historia de todos los Gobiernos. Lamentable, pero real.

La novedad que aporta la administración libertaria es la frecuencia e intensidad con que los rastros conducen a Javier y Karina Milei en persona, sin mediaciones, con dedicación particular por la contabilidad y los giros. No tan inesperado si se tienen en cuenta los cobros de US$25.000 por charlas de cuarenta minutos que daba el economista cuando ya se había lanzado a la carrera presidencial, en un conflicto de intereses —razonarían los hermanos— de “costo marginal” para el Estado.

El arco narrativo de la presunta corrupción mileista va desde la coima sistemática de 3% en las licitaciones de medicamentos descripta por el exíntimo amigo del Presidente, Diego Spagnuolo; la organización de una criptoestafa global; o el abuso de bienes del Estado y funcionarios que de buenas a primeras se lanzan a pagar miles y miles de dólares por vuelos privados.

La bajísima vara ética expone ejemplos de poca monta, pero reveladores. En su enésimo viaje a una convención de la ultraderecha, en este caso en Madrid, Milei recibió ayer el premio Ludwig von Mises por parte de Philipp Bagus, un fan alemán. Su esposa, la española Eva María Carrasco Bañuelos, fue designada al frente de la residencia para estudiantes Colegio Mayor Argentino en Madrid, dependiente de la Secretaría de Educación, con un sueldo de € 7.500, tal como reveló este diario hace un año. Bagus parece extasiado con la recompensa y no para de escribir libros sobre Milei.

El sello personalísimo de los Milei en casos tan variados de probable corrupción tiene un correlato en el ascenso de dos hermanos con traumática vida social y familiar, y exigua foja laboral. Por diversos motivos —talento escénico, crisis económica, fascistización de una sociedad, frustraciones políticas, azar de la historia—, los Milei están ahora en la cabeza del Estado argentino y hacen y deshacen con su sello indeleble.

Los casos de corrupción salvaje abarcan todas las magnitudes. Por lo general, chocan con la complicidad del fuero federal criminal de la Ciudad de Buenos Aires conocido como Comodoro Py, por la calle en que se encuentra su principal edificio.

Esta semana, la periodista Natalia Volosin reveló en el sitio La Justa que el fiscal Eduardo Taiano escondía hacía meses documentación clave como un borrador del contrato entre Javier Milei y Mauricio Novelli, mentor del presunto criptofraude $LIBRA. Taiano también cajoneaba registros de transferencias por cientos de miles de dólares y mensajes entre protagonistas de la estafa.

Los indicios sobre la gestión directa de Milei en el asunto —confesión del cryptobro Hayden Davis, otro mentor; visitas a Casa Rosada; movimientos de dinero; retiro de bolsos de cajas de seguridad— tenían un largo recorrido en medios nacionales e internacionales, incluidos algunos de los locales que son habitualmente amables con el Soez. Se sabía que Taiano remoloneaba, es su expertise. Descubierto su encubrimiento por la publicación de Volosin, el fiscal se vio forzado a habilitar las pruebas a las partes. El jueves, el periodista Ariel Zak reveló en C5N más información obtenida de peritajes que dormían en el expediente. Las huellas de Milei como coorganizador de la presunta estafa aparecen por todas partes.

El Presidente y su amigo y contratante Novelli se comunicaron varias veces antes y después de las 19.01 del 14 de febrero de 2025, momento en que Milei lanzó la criptomoneda $LIBRA en X. Uno en Olivos y otro en Dallas.

El mensaje del especialista en crecimiento con o sin dinero incluyó la dirección del contrato, un conjunto de más de cuarenta caracteres entre letras, números y signos. Casi en simultáneo, Novelli, Davis y otros secuaces disparaban giros, como lo habían hecho cuando visitaron la Casa Rosada dos semanas antes. Las llamadas y mensajes con Milei, su hermana, el asesor Demian Reidel y Santiago Caputo son decenas, ese día, los anteriores y los posteriores.

El mensaje del especialista en crecimiento con o sin dinero incluyó la dirección del contrato, un conjunto de más de cuarenta caracteres entre letras, números y signos. Casi en simultáneo, Novelli, Davis y otros secuaces disparaban giros

Algunos de los datos fueron recuperados por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) desde archivos borrados en el teléfono de Novelli.

El 17 de febrero de 2025, días después de la estafa que habría generado ganancias de decenas de millones hasta US$180 millones para un puñado de personas, Milei dio una entrevista al periodista Jonatan Viale en el canal TN. El diálogo se hizo famoso en el mundo porque el asesor Santiago Caputo intervino y obligó a reeditar una pregunta, con anuencia de Viale y el canal de Clarín. Según informó Hugo Alconada Mon en La Nación, Milei y Novelli habían intercambiado mensajes para coordinar qué ocultar durante la entrevista, según surge del teléfono del segundo.

En un último hecho conocido que podría ser un golpe letal para la estrategia de los Hermanos, el celular de Novelli también contendría un archivo en el que se detallan pagos escalonados hasta US$5 millones a Milei, divididos en US$1,5 millones como adelanto, US$1,5 millones por un posteo en X en el que el Presidente anunciaría que Davis y la empresa Kelsier Ventures eran sus asesores, y US$2 millones por la firma del contrato.

La información fue dada a conocer ayer por los periodistas Ari Lijalad y Franco Mizrahi en El Destape. El archivo, creado el 11 de febrero de 2025, tres días antes de la estafa lanzada por Milei, reproduce un mensaje de Novelli sobre su acuerdo con “H”, que sería Hayden Davis, y fue rescatado del teléfono del cryptobro por la DATIP.

Milei mintió en todo lo que adujo sobre el caso. Por empezar, en su posteo de la misma noche de la estafa, cuando borró el tuit fijado y dijo ser totalmente ajeno al asunto. Sin su intervención, la estafa no se habría consumado. Hasta ahora, eligió entrevistadores que se privaron de preguntar quién le pasó la dirección del contrato $LIBRA que posibilitó la comercialización, y que hasta entonces sólo estaba en manos de un puñado de adelantados que compraron activos minutos antes del posteo presidencial y luego se retiraron con sus ganancias exorbitantes, dejando miles de damnificados.

Ahora, ante el grave delito descripto en el celular de Novelli, le queda un camino: soltarle la mano, algo que siempre resistió. Si ocurre, todo puede pasar.

El sistema de impunidad judicial respondió con actos autómatas ante la difusión de la información escondida en el expediente. Taiano convocó a declarar a Volosin en calidad de testigo, mientras la Procuración General, a cargo del interino Eduardo Casal, formuló una denuncia por la filtración del informe de la DATIP.

Llueven datos que denotan enorme gravedad institucional, ¿aguanta el dique de impunidad?

Política marginal

Antes de las últimas informaciones sobre $LIBRA, la semana estuvo dominada por los vuelos de Manuel Adorni.

Primero, por el aventón en el ARG-01 a la experta en “coaching de vida” Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete. Iba para la Gran Manzana, pagó US$ 5.345 por un pasaje, se enteró Milei y la subió al avión estatal. ¿Le devolvieron lo pagado por el ticket de línea? No tan marginal sería ese costo. Un tuit involuntario de la radio amiga FM Jai en una visita a una secta judía y una rápida lectura del periodista de Clarín Emiliano Russo arruinaron la estadía.

Siguió la información sobre el vuelo privado a Punta del Este el 12 de febrero. Adorni, Angeletti, dos integrantes de la familia y el amigo Marcelo Grandio completaron los asientos disponibles en el Hondajet, matrícula LVHWA. En el regreso, el 17 de febrero, sólo viajaron los Adorni, tal como informó este diario.

Dada la precisión de los datos informados, que incluyó la declaración jurada de entrada y salida del país, el foco se posó en el jefe de Gabinete y vocero presidencial, con ingresos y patrimonios incoherentes con el pago de US$10.000 sólo en vuelos por un fin de semana largo. Desde Nueva York, Adorni, atribulado, remó como pudo la escasez de asistentes extranjeros a la Argentina Week, algo que quedó reflejado en fotos y selfies de funcionarios nacionales y provinciales, siempre con argentinos.

La primera línea de defensa corrió a cargo de Grandio, un periodista deportivo radicado en Uruguay al que Adorni acomodó con varios contratos en la TV Pública. En su raid mediático, Grandio dio al menos cuatro versiones: que Adorni pagó el vuelo, que cada uno se pagó lo suyo, que lo pagó él y Adorni le dio su parte y que lo pagó el Estado.

Agregó, fuera de sí, que la Argentina le debía agradecer el hecho de que hubiera viajado semanalmente a Buenos Aires en vuelos privados para hacer los programas que le consiguió Adorni en la TV Pública, que se caracterizaron por entrevistar al propio Adorni. Como según Grandio no cobraba honorarios, su presencia en la emisora estatal era inocua, similar concepto que utilizó Milei para explicar por qué había subido a Angeletti al ARG-01.

Como único recurso a su alcance, el amigo del jefe de Gabinete pretendió bajarle el precio al costo del viaje en el Hondajet operado por la empresa Alpha Centauri. Afirmó que toda la excursión le costó a Adorni US$ 3.600 o US$ 3.800.

Los ingresos declarados del jefe de Gabinete están lejos de poder afrontar ese monto, pero quedan menos lejos de los US$10.000, sobre todo, luego de que el propio Adorni dijera que el primer pasaje de Angeletti a Nueva York costó US$5.345. Sean US$8.000 o U$S15.000 en un bimestre sólo en pasajes, vuelan los dólares en el día a día de los Adorni.

El valor barajado por Grandio, luego asumido como propio por voceros del Gobierno, no sólo está largamente fuera de mercado por lo bajo, sino de lo que ofrece la propia empresa Alpha Centauri que voló con los Adorni el 12 de febrero.

Fuentes del negocio de la aviación afirman que un tramo de ida desde Aeroparque o San Fernando a Punta del Este y otro de regreso cinco días después tiene un precio de US$11.600, lo que es concordante con el presupuesto de US$10.000 emitido por una empresa menos reconocida como Alpha Centauri, adjunto en esta nota. Las firmas que dominan el mercado son Baires Fly, de Luis Grande; Royal Class, de socios de la familia Yabrán o Leonardo Scatturice; y Flyzar, de Gustavo Carmona.

Grandio explicó que el descuento en el viaje de su amigo se debió al esquema de “pata vacía”. En la jerga de la aviación, significa que una empresa es contratada con determinado destino, a precio de mercado, y luego, si consigue un interesado circunstancial, comercializa el regreso con una oferta especial para no volar vacío.

Resume una fuente del negocio. “La pata vacía existe poco en verano a Punta del Este, porque la demanda es alta, y nadie cobraría más barata la ida porque a la vuelta el avión podría estar ocupado. Si una empresa puede ganar el doble, con el avión lleno ida y vuelta, obviamente lo cobra”.

Luego, voceros gubernamentales exploraron la teoría del “taxi aéreo”, y arriesgaron valores de US$450 por persona por tramo, para tratar de que cuadrara dentro de los US$3.600 que Grandio afirmó que pagaron los Adorni. Ese precio muy barato por un vuelo privado —máxime si se lo compara con un pasaje de línea a Punta del Este, sacado a último momento, de cara a un feriado de carnaval— requeriría frecuencias regulares a un mismo destino, en horarios estables.

La teoría del “taxi aéreo” falla por varios motivos. Los vuelos de Alpha Centauri no son en horarios regulares y cambian de destino con frecuencia, según la demanda. La empresa no ofrece “taxi aéreo” en la página web ni en ninguna publicación en la web, entre otros motivos, porque sus naves son de alta gama, pero pequeñas, ineficientes para el negocio taxi.

El vuelo de ida de los Adorni y Grandio en el Hondajet LVHWA fue el 12 de febrero a las 20.21, desde San Fernando a Punta del Este. Se trató del primer movimiento de la nave ese día, es decir, el modelo “pata vacía” —se aprovecha un vuelo de regreso y se cobra menos— no corre. El avión hizo el camino inverso esa misma noche a las 21.56 —dejar el Hondajet a dormir en el aeropuerto de Laguna del Sauce en Punta del Este habría tenido un costo de US$2.000, indicó una fuente del negocio—. Una versión indica que el avión regresó vacío, aunque este diario no pudo constatar la declaración jurada presentada ante las autoridades aeroportuarias.

El valor de US$3.600 es de por sí inexplicable para la economía de Adorni y Angeletti y su declaración jurada de bienes. “Eso no quiere decir que no se haya facturado a ese valor y el resto haya sido en negro, es algo frecuente en el negocio”, indicó la misma fuente.

Ante las consultas de este diario sobre un recibo o alguna aclaración coherente, Adorni no respondió. Grandio, en cambio, solicitó dejar de ser molestado.

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Después de las numerosas denuncias internas y judiciales por presuntas irregularidades en las licitaciones de los servicios de limpieza y el parquizado, el directorio de la empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina SA (NASA), que controla las centrales de Atucha y Embalse, resolvió este miércoles apartar a su gerente general, Marcelo Famá, y a su gerente de Coordinación Administrativa, Hernán Pantuso, ambos hombres de confianza del presidente de la compañía, Demian Reidel.

Mientras Reidel y el presidente Javier Milei, expositor en el Foro de Davos, presentaban en redes un paper por el que se creen merecedores del Nobel de economía, 'Cuando regulación mata crecimiento', en el directorio de NASA, que integra el físico y economista, decidió apartar a sus gerentes de confianza. En paralelo, continúa la investigación de las denuncias que lleva adelante el comité de integridad de la empresa pública.

Una empresa de limpieza y parquizado, M&G, había presentado una denuncia interna en NASA, otra competidora, Distribón, había recurrido a la Justicia, mientras que el gerente de planta, Juan Pablo Nolazco Sáenz, un hombre de la línea de la compañía, también había acusado a la conducción ante el mencionado comité. Los tres apuntaron a que se favorecía a una tercera firma. LX, propiedad de Gabriel Bonetto, exaportante del PRO. Otras compañîa habían cuestionado las licitaciones: Euro Clean y Claryty.

Pantuso expuso entonces este miércoles ante el directorio para rebatir las denuncias y contraatacó acusanco a Nolazco Sáenz por lo mismo que este acusa ahora a aquel, por aceptar una oferta de una empresa pese a que está por encima de los precios sugeridos por auditorías independientes. “Con el ingreso de la denuncia de Pantuso, se decidió que él y Fama delegaran la firma hasta que el comité termine de investigar los hechos”, comentaron en el entorno de Reidel.

Pero otras fuentes de NASA, donde el economista y físico se ha ganado más de un enemigo, aclaran que se investigarán todas las denuncias, no sólo de la de Pantuso. Interinamente, se resolvió que las funciones de dichos gerentes sean asumidos por el exgerente general y el gerente de administración y finanzas, respectivamente. El exgerente general de Nucleoeléctrica es Fernando Monserrat, un ingeniero que lleva en la empresa 43 años, estaba cerca de jubilarse, Milei lo había nombrado presidente de la empresa al inicio de su mandato pero después lo desplazó para poner a Reidel.

En el directorio de NASA está Reidel, tres ingenieros nucleares, Germán Guido Lavalle, Axel Larreteguy y Marco Campolonghi, y el abogado Diego Chaher, el hombre que el asesor presidencial Santiago Caputo ha puesto a monitorear las privatizaciones. Precisamente, Reidel y Caputo mantienen una relación tensa porque el primero está al frente de esta empresa energética que se venderá en un 49% al sector privado, mientras que el segundo pretende controlar todas las ventas. Caputo impulsó el año pasado la creación de una Secretaría de Asuntos Nucleares en el Ministerio de Economía y puso a su encargado, Federico Ramos Napoli. Por ahora no se han privatizado muchos negocios, pero, por ejemplo, las dos de las cuatro centrales hidroeléctricas que se concesionaron terminaron en manos de amigos del asesor presidencial, Juan y Patricio Neuss, junto a otros socios.

AR