El gobierno de Pedro Sánchez afronta, otra vez, unas horas críticas. La histórica sentencia al exministro de Transportes y exdirigente del PSOE, José Luis Ábalos, condenado a 24 años de cárcel por coimas en la compra de barbijos durante la pandemia, pesa ya como una losa sobre un Ejecutivo que se abrió paso mediante una moción de censura, precisamente, contra la corrupción del PP. A la espera de la comparecencia de este miércoles del presidente español, Moncloa traslada un mensaje de contundencia contra la corrupción pero pide no hacer “causa común” con la cascada de investigaciones que afectan a los socialistas.

“No vale confundirlo todo, no todos los casos son iguales. Hay algunos que están empeñados en mezclarlo todo para hacer una causa común. Pero lo importante es actuar y el PSOE actuó, mientras el PP está volcado en tapar la corrupcion de Ayuso”, dijo en rueda de prensa el ministro de Transformación Digital, Óscar López.

Aunque ni el ministro ni la portavoz del Ejecutivo quisieron entrar a valorar los detalles de la sentencia, sí que insistieron en el mensaje de que la corrupción no se combate igual en todas las formaciones políticas. “Quienes creemos en la política, en la democracia y en la separación de poderes sabemos que lamentablemente se dan casos de corrupción en la politíca. Y sabemos que la inmesa mayorría de políticos hace un trabajo honesto, como la mayoría de los jueces o los periodistas. Pero que también hay veces que algunos no”, prosiguió López.

Preguntado expresamente por las responsabilidades políticas en el seno del Gobierno y del partido tras la condena a un hombre que tuvo todo el poder político y económico tanto en el Consejo de Ministros como en Ferraz, el ministro de Transformación Digital puso en valor las decisiones tomadas en su día para suspenderlo de militancia y expulsarlo del grupo parlamentario. “Nosotros tenemos muy claro que el que la hace, la paga. Se llame Ábalos o se llame Ayuso. Lo importante es combatir la corrupción. Y en el PSOE se actuó meses antes de que hubiera una sentencia”.

En esa misma línea, Elma Saiz destacó que el Gobierno asumió “desde el primer momento” las responsabilidades políticas tras las primeras investigaciones judiciales que salpicaron al exministro José Luis Ábalos. La portavoz del Ejecutivo también aseguró que desde Moncloa insistieron en que iban a respetar los tiempos de la justicia y que condenan “sin matices” los comportamientos “que se alejan de los valores que lleva a gala este Gobierno”.

“De integridad, de transparencia, de mérito. Esos son los valores que sustentan la acción política del Gobierno. Y vamos a trabajar con el compromiso firme por parte del Gobierno de que la corrupción ni se tolere ni se aplauda”, apuntó Saiz, que ha evitado además valorar los “detalles” de la sentencia que condena al que fuera ministro de Transportes, su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama.

Nadie —a excepción de Javier Milei y un fan, el cineasta Santiago Oria—le asignó el más mínimo crédito a la historia de la caja de zapatos repleta de dólares legada por el padre de Manuel Adorni y la multiplicación de los billetes a través de una inversión cripto. En una presentación televisiva lacerante, el jefe de Gabinete confirmó su condición de mentiroso empedernido. Fue demasiado: los leales que le quedaban en el prime time de las pantallas televisivas se bajaron del barco.

No obstante, esta conclusión casi unánime habilita lecturas en diferentes planos.

En el arco político, especialmente en el oficialismo y sus aliados, el acento de las conversaciones es elucubrar los motivos por los que los Hermanos Milei no sólo mantienen a su creación Adorni en el cargo, sino que obligan a los ministros a sacarse fotos con impostura de normalidad y a sobreactuaciones como las protagonizadas por Sandra Pettovello y Luis Caputo en la Cámara de Diputados en abril, cuando gritaban desde las gradas “Vamos Manuel”, mientras el jefe de Gabinete se aprestaba a leer un texto ficcional sobre sus bienes.

En el ámbito colindante de los tribunales, la interpretación corre por otro carril. La estrategia de Adorni fue evaluada por una fuente clave de Comodoro Py como “inteligente desde lo jurídico y contable”, aunque con escasas chances de prosperar por el nivel de “truchadas” en continuado perpetradas por el imputado.

Primero, la clave política.

¿Por que no lo echan?

El CEO de una de las empresas que más facturan en el país, de diálogo fluido con el Ejecutivo, elaboró una hipótesis días atrás. “Para mí, es a propósito. Le dan visibilidad para que no se hable de otras cosas”. “¿$LIBRA”?, consultó este medio, en referencia a la supuesta criptoestafa por volúmenes mucho mayores que involucra a los Milei y al propio jefe de Gabinete. “$LIBRA, pero, sobre todo, la economía. Si se habla de Adorni, no se habla del consumo y de los sueldos, que están por el piso”.

Esa interpretación conjuga con una idea que explica por qué medios, economistas y otras voces influyentes muy allegadas a los Hermanos Milei vuelcan su presión sobre Adorni, con saña, sin ahorrarse desprecio personal ni insultos.

El oficialismo está ávido de contradecir la realidad de ingresos reducidos y empleo en riesgo en los hogares y los barrios, y trata de convencer de que se viene el despegue definitivo, tras dos años de motosierra cruel: los “mejores 18 meses de la historia económica argentina” vaticinados por Caputo en marzo (quedan 16, los primeros dos ya se perdieron). El lenguaje festivo de los Milei y los Caputo abreva en los anuncios de adhesiones al RIGI y ciertos papers que siembran optimismo.

En esa lógica, cuando llegue el punto caramelo, la salida de Adorni, reclamada hasta por Luis Majul y Mauricio Macri, podrá ser proclamada por el mileísmo como el “ahora sí” que faltaba: con la crisis política despejada, la inflación “resuelta” (2%) y el riesgo-país en baja, el camino a la reelección está asegurado, se lee en el esperanzado texto oficialista. Riesgoso, porque quizás se pasa del punto caramelo y la faena queda chamuscada.

Un economista de alto perfil y cercano al gobierno apeló a una razón de índole psicológico-política para explicar el sostenimiento de Adorni: “Es lo que los yankees llaman ‘escalation of commitment’. Ante una decisión equivocada y contra la evidencia, deja de jugar el análisis de los costos y beneficios futuros, y pesa el tiempo, el dinero y el prestigio invertidos”. “Es la falacia del costo hundido, pero igual creo que se irá”, resume.

Cuando llegue el punto caramelo, la salida de Adorni, reclamada hasta por Luis Majul y Mauricio Macri, podrá ser proclamada por el mileísmo como el 'ahora sí' que faltaba. Riesgoso.

Hay acciones enigmáticas que alimentan la teoría de que hay algo más detrás del respaldo de los Milei al funcionario que mejor transmitió sus ejes argumentales y provocaciones. Dan la cara por él, incluso cuando les miente y oculta datos. Por menos que eso, otros advenedizos a los que el Presidente consideró “hermanos” (Nicolás Posse, Diego Spagnuolo) fueron expelidos sin honra.

“¿Sabián esto?”

En el anochecer del martes, una pregunta pobló los whatapps de la cumbre del oficialismo y sus aliados: “¿Sabían de esto?”.

Las horas previas habían quedado monopolizadas por la noticia de que Adorni, puesto en el ojo de la tormenta por su imposibilidad de explicar su progreso patrimonial apenas pisó un despacho oficial, se había adherido al régimen de Inocencia Fiscal para no ser auditado. La respuesta desde los despachos de Eduardo “Lule” Menem (mano derecha de Karina) y Santiago Caputo fue que se habían enterado del ardid de Adorni por los medios.

Ello no impidió que la secretaria general de la Presidencia organizara una foto con Patricia Bullrich soplando una velita por sus 70, Lule Menem abrazando a su enemigo y competidor por los presupuestos Santiago Caputo, y Adorni mostrando una sonrisa descompuesta. (Dato colateral: El calamitoso encuadre de la foto despertó la sospecha de la autoría de Oria, pero fuentes oficiales lo desmintieron, porque el cineasta sólo gatilla la cámara en presencia de Milei, y éste no estuvo en el reparto de la torta de Bullrich. La obra fue atribuida a una secretaria que pasaba por ahí).

Si hay alguna especulación estratégica de los Hermanos Milei en dejar correr a Adorni, los costos no son menores y van más allá de la erosión en las encuestas.

La inscripción del jefe de Gabinete en Inocencia fiscal despertó el interés por ver qué otros funcionarios se habían anotado, y resultó que allí estaban Federico Sturzenegger, José Luis Espert; los mentores del régimen, el director ejecutivo de ARCA, Andrés Vázquez, y su predecesor y exsocio de Luis Caputo, Juan Pazo; y los aprovechadores todoterreno de beneficios estatales como el embajador Fernando Iglesias, el asesor Felipe Núñez y el propio cineasta Oria.

Cundió así la percepción generalizada de que, antes que “inocencia”, se trató de una verdadera “autoamnistía fiscal”. Un aliado parlamentario clave del oficialismo vaticinó el destino del proyecto de ampliación de la ley de Inocencia Fiscal mediante la cual Luis Caputo intenta tratar de convencer a los dólares que se niegan a dejar el colchón. “Eso está muerto. Caputo lo quiere matar a Adorni”, dijo la voz a este diario.

Mueve Villarruel

Definitivamente fuera del cerco oficialista, en el gobierno miran los movimientos de Victoria Villarruel. Menospreciada hasta hace poco, crece la pregunta en el búnker ultra por su capacidad de daño si Villarruel logra armar una propuesta política, algo que hasta el momento no ocurrió. Es una de las incógnitas para 2027.

La vicepresidenta tomó impulso a partir del último episodio de Adorni y trascendió su estilo de respuestas sutiles o alguna foto-oportunidad para dirigir un mensaje, por lo general a la defensiva.

Villarruel ironiza ante quien quiera escucharla sobre la “vara moral” que alguna vez mencionó Milei. En su enumeración, a las andanzas del jefe de Gabinete, suma los créditos del Banco Nación del que se aprovecharon allegados a Luis Caputo y cientos de funcionarios, y el cúmulo de designaciones en el Estado de militantes mileístas manifiestamente inhábiles para el cargo.

Sabe dónde pegar. Villarruel apunta a los dos expedientes que más preocupan a los Hermanos Milei: $LIBRA y las coimas de la Agencia Nacional de Discapacidad. Son causas en las que se vislumbran puentes claros entre corrupción a gran escala y los bolsillos presidenciales, y que también explican los diques levantados en torno al jefe de Gabinete.

Si la investigación por la criptoestafa avanza, el destino de Milei y Adorni es indisociable

El hacedor de $LIBRA Mauricio Novelli es más que un contratante de Adorni y los Milei en los años previos a 2023. La relación entre el Presidente y su jefe de Gabinete se forjó al calor del negocio conjunto con la cueva de Novelli, donde ambos fueron influencers, y llegó a la cúspide cuando organizaron las reuniones en Casa Rosada, previas al lanzamiento de $LIBRA en febrero de 2025, presuntamente a cambio de millones de dólares, tal como anotaron los criptoestafadires en sus celulares. Si la investigación avanza, el destino de Milei y Adorni es indisociable.

Esta semana, Villarruel se mostró a la ofensiva cuando conminó al jefe de Gabinete a presentar su informe ante el Senado, casi en simultáneo con el anuncio de Adorni de que lo haría en julio. La coincidencia fue interpretada en Casa Rosada como una viveza de “la traidora” para anotarse un punto que no le correspondía. Como fuera, se lo anotó. Comenzó a correr el reloj para evaluar si Adorni permanecerá en el cargo hasta la fecha de presentación, o si habrá hinchada en las gradas del Senado el 2 de julio.

La lectura del expediente

La suerte política y penal de Adorni se jugarán en gran medida en el expediente radicado en el juzgado federal de Ariel Lijo y cuya investigación instruye el fiscal Gerardo Pollicita.

El trámite de la causa tuvo un avance firme en los primeros dos meses, algo que no ha sido la norma en Comodoro Py cuando los imputados fueron del mundo Macri y sus aliados políticos y económicos. Desde marzo, se exploraron puntas surgidas de la causa y de los medios sobre las propiedades ocultas y los viajes de lujo.

El ritmo de la investigación se ralentizó en el último mes, probablemente por un motivo razonable: la presentación de la declaración jurada de Adorni, finalmente concretada el miércoles, marcaría un punto de inflexión a partir del cual se podría decidir una citación a indagatoria y posterior procesamiento.

Adorni explicitó en LN+ el consejo de su abogado, Matías Ledesma, de que presentara una explicación sobre el patrimonio precedente a la función pública. De esa manera, al jefe de Gabinete no le quedó otra que admitir la omisión perpetrada y la evasión fiscal, como mal menor ante un procesamiento por enriquecimiento ilícito, tipología que para Adorni equivale a ser “chorro”, lo que, al parecer, lo ofende.

Así surgió el relato de la herencia en 2002 y la inversión cripto en 2013 hasta llegar a los US$506.000 de ahorro inesperado. Ello más algunos retoques sobre sus ingresos y los de su esposa, Bettina Angeletti, y las deudas reconocidas con jubiladas y amigos, calzarían con los departamentos y gastos exorbitantes que Adorni mantuvo en la oscuridad hasta que este medio informó sobre su viaje a Punta del Este en avión privado a un costo de US$9.000, realizado entre el 12 y el 17 febrero pasados.

En los papeles, la estrategia elegida por el abogado Ledesma fue “inteligente” y “lo mejor que podía hacer con lo que tenía”, según la mirada de la fuente citada con acceso al expediente y un segundo observador relevante de Comodoro Py. Ahora le toca a Pollicita reconstruir la trazabilidad de las inversiones cripto para corroborar una versión que, cerca de su fiscalía, consideran “incongruente”.

Grosso modo, Adorni se enfrenta a tres tipos penales: omisión maliciosa con el fin de eludir controles y pagar menos impuestos, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

De los tres, el jefe de Gabinete eligió el de menor pena, omisión maliciosa, mientras intenta evitar el costo en multas que supondría el fraude a partir de la adhesión a la Inocencia Fiscal, describe el observador judicial ajeno a la causa. “Quedaría invalidado como funcionario, pero le saldría barato y no comprometería el patrimonio”, resume.

Como informó este diario, funcionarios judiciales clave que accedieron a movimientos económicos asentados en el expediente barajan el lavado de dinero como la hipótesis principal. Sería el tipo penal más gravoso, tanto por la pena de prisión que conlleva (5 a 22 años), como por la multa de diez veces el monto lavado. Además, la trama de lavado supone más imputados, como Angeletti y los escribanos, prestanombres y socios que lo acompañaron en el camino de dar “apariencia de legitimidad” a las operaciones. Algunos de ellos fueron citados como testigos, lo que presenta una eventual dificultad a la hora de una probable imputación, indica el abogado de una persona que pasó por esa instancia.

Adorni se enfrenta a tres tipos penales: omisión maliciosa con el fin de eludir controles y pagar menos impuestos, enriquecimiento ilícito y lavado de activos

En etapa de definiciones, circularon interpretaciones suspicaces sobre el juez y el fiscal intervinientes.

Esta semana, Lijo viajará junto al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, el juez Sebastián Casanello y otros funcionarios judiciales, del Banco Central y de la Unidad de Información Financiera, para representar al país en un encuentro en París del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

En principio, la hipótesis de que Mahiques premia a Lijo con un viaje a París o que podría pactar la impunidad de Adorni en un salón VIP de un hotel o un aeropuerto no debería tener mucho recorrido. Si algo no falta a un juez de Comodoro Py son recursos para viajar a París cuatro días por su cuenta o buscar una conferencia ad hoc, ni salones apartados en Puerto Madero o un barrio cerrado para conciliar posiciones con un Mahiques. Los viajes al GAFI con funcionarios del Ejecutivo, el fuero penal federal y organismos descentralizados son periódicos y no representan nada en sí mismos en cuanto a acuerdos políticos.

A Pollicita se lo describe como “muy amigo” de Mahiques. El ministro es leído en un ámbito muy extendido como alguien dedicado a reorganizar los tribunales federales y despejar el horizonte judicial a una dupla presidencial que muestra una avidez descontrolada.

El fiscal es uno de los habitantes de Comodoro Py que nada con mayor ductilidad entre las diferentes terminales del edificio (Angelici, la corporación judicial, la SIDE, los Grupos Clarín y La Nación), sin estar enteramente encasillado en ninguna de ellas. Hasta ahora, la citada amistad con Mahiques no impidió que el fiscal avanzara sobre Adorni mucho más allá de lo que los Milei hubieran preferido. La contracara con respecto a la parálisis de su colega Eduardo Taiano en la causa $LIBRA es palmaria.

Nunca faltan reproches en la relación entre jueces y fiscales federales, pero en general, prima la cercanía. Son pocos y se conocen mucho.

La fuente clave con acceso al expediente recuerda un dato obvio. Si en algún momento el ruido sobre la velocidad y la orientación crece más de lo esperado, Lijo podría retomar la instrucción de la causa, que hoy está en manos de Pollicita.

slacunza@eldiarioar.com

SL

Federico “Fred” Machado, el empresario argentino procesado por narcotráfico, lavado de dinero y fraude en un tribunal federal de Texas, podría recibir una pena de seis años de prisión, si prospera el acuerdo negociado con la fiscal federal de Texas Heather Rattan.

El financista del exdiputado de La Libertad Avanza José Luis Espert admitió haber cometido los delitos de lavado de dinero y fraude entre 2010 y 2021, y el fiscal dejaría caer la acusación por narcotráfico, sostenida ante el tribunal desde 2020, según documentos presentados en el expediente radicado en la ciudad de Sherman, Texas, y anticipados por este diario.

La pena de seis años que —de acuerdo fuentes cercanas a la causa— Machado habría negociado con el fiscal y el acuerdo en general, que el lenguaje jurídico estadounidense denomina plea bargain, requiere la aprobación del juez de la causa, Amos Mazzant.

El delito de lavado de dinero y el fraude contemplan, cada uno, un rango de penas desde tres años de libertad condicional hasta 20 años de cárcel, y una multa de dos veces el monto lavado, según el código penal estadounidense.

Uno de los aspectos abiertos es si el tribunal aceptará computar el período que Machado estuvo detenido en Argentina

Esas penas pueden ser sustancialmente reducidas si prospera el plea bargain. Negociaciones de ese tipo son habituales en los tribunales estadounidenses, al punto de que el 90% de las acusaciones termina en reducción de las condenas máximas, en virtud de la complejidad del caso, la contundencia de las pruebas y el costo económico del procedimiento, indican documentos del Departamento de Justicia.

En el inicio de la acusación, Ernest González, exfiscal y actual juez federal de Texas, acusó a Machado y a Mercer-Erwin de ser cómplices del Cartel de Sinaloa y el Chapo Guzmán, y sostuvo que la detención de ambos había sido decisiva para una sustancial reducción en el tráfico de cocaína desde Sudamérica y Centroamérica a Estados Unidos.

Uno de los aspectos abiertos es si el tribunal aceptará computar el período que Machado permaneció detenido en Argentina.

En marzo de 2021, el financista de Espert se fugó desde Guatemala a Buenos Aires, y fue detenido en abril a pedido de Interpol, en el aeropuerto de Bariloche. Desde entonces, pasó la mayor parte del tiempo en prisión domiciliaria, en una vivienda a nombre de una hermana en las afueras de Viedma, provincia de Río Negro. Es la misma casa que Espert visitó durante la campaña electoral de 2019.

El expediente de extradición se aceleró luego de la investigación de este diario y la comprobación, en septiembre pasado, de que Machado le había transferido US$200.000 a Espert en enero de 2020. El empresario, dueño de un negocio de minas en Guatemala y de la empresa de aviación South Aviation, fue extraditado el 5 de noviembre de 2025. Desde entonces, se encuentra alojado en la prisión del condado de Cimarrón, estado de Oklahoma.

Si las cuentas le salen bien a Machado y el juez de Texas admite que ya cumplió cinco de los seis años de la probable condena, la expectativa del examigo de Espert es regresar al país antes de fin de año. Podría darse si el tribunal estadounidense le concede la repatriación para cumplir el resto de la condena en Argentina, o si se le da la pena por cumplida en Texas.

La admisión de culpabilidad indica que Machado y su socia, la estadounidense Debra Mercer-Erwin, utilizaron el fideicomiso Aircraft Guaranty Corporation Holdings y la empresa Wright Brothers Aircraft, radicada en Texas, para canalizar dinero del fraude, y que el argentino en particular prestó sus firmas South Aviation y Pampa Aircraft como vehículos de las operaciones. A Machado, además, se lo acusa de haber organizado un esquema Ponzi de recaudación de fondos millonarios para la compra de aviones que no estaban a la venta o eran vendidos múltiples veces.

Mercer-Erwin fue condenada a 16 años de prisión en 2023. En su caso, la pena incluyó el delito de narcotráfico.

Este lunes, el juez que supervisó la legalidad de la negociación, Don Bush, recomendó a su par Mazzant la aceptación del acuerdo. Mazzant podría tomarse varias semanas o meses para decidir, o hacerlo de inmediato.

Machado contó con la asistencia legal de Jamie Solano, una abogada con amplia experiencia en fiscalías de Texas y New Jersey. También participó de su defensa Alex Spiro, socio del estudio Quinn Emanuel, uno de los más cotizados de Manhattan, que tiene a Elon Musk como uno de sus clientes. Los abogados del empresario en Argentina son Roberto Rallín y Franciso Oneto. Éste también representa a Milei.

Si el acuerdo en Texas se lleva a cabo, el plan de Machado es regresar a Argentina de inmediato y dedicarse al negocio de las tierras raras

El empresario oriundo de Río Negro y radicado en Estados Unidos desde comienzos de la década de 1990 fue considerado durante décadas como uno de los principales comercializadores de aviones privados en el mercado argentino, con magnates, figuras del deporte, la política y el espectáculo como clientes. Si el acuerdo en Texas se lleva a cabo, su plan es regresar a Argentina de inmediato y dedicarse al negocio de las tierras raras.

En el plano de la política local, Milei dijo haber interpretado que el acuerdo de Machado con la fiscalía de Texas beneficia a Espert. Con insultos y groserías irreproducibles, pidió una reivindicación para el diputado que debió renunciar a su candidatura para renovar el cargo, a raíz de la investigación de éste y otros medios. Luego de años de negar o minimizar el vínculo con Machado, el cúmulo de pruebas se tornó insostenible para el aliado de Milei.

En rigor, dado que Machado admitió el delito de lavado, la sospecha de que Espert fue parte de ese engranaje cobra fuerza, según fuentes con acceso al expediente radicado en tribunales federales de San Isidro.

Espert recibió de Machado un pago de US$200.000 en enero de 2020, con el supuesto fin de asesoramiento contable en la empresa Minas del Pueblo, de Guatemala. Esa transferencia, más otros US$100.000 de pago inicial, fueron parte de un contrato por US$1 millón firmado a mediados de 2019, a cambio de un trabajo que el exdiputado nunca realizó.

A partir de esa transferencia, el fiscal federal Fernando Domínguez indagó en los bienes y el flujo de dinero de Espert en los últimos años. El economista, rebautizado como “El Profe” por Milei tras la última reconciliación, adquirió propiedades, formó fideicomisos y y emergió como titular o beneficiario de cuentas bancarias en el exterior que no formaban parte de sus declaraciones juradas ante la Cámara de Diputados.

Sus bienes permanecen embargados.

SL/MC

slacunza@eldiarioar.com

El empresario uruguayo Rolando Rozenblum, uno de los constructores de la Trump Tower de Punta del Este, confirmó este lunes que Manuel Adorni dio una charla sobre la economía argentina ante una docena de empresarios en febrero pasado, en ocasión del viaje del jefe de Gabinete durante el feriado de carnaval, como informó elDiarioAR el domingo. La cita fue organizada por Rozenblum y Marcelo Grandio, pero —según dijo— tuvo un caracter “de camaradería”, sin cobro del cubierto.

El desarrollador puntaesteño, concejal de Punta del Este por el Partido Nacional (PN), negó ante dos radios de su ciudad que el encuentro en su propio departamento en la Trump Tower hubiera tenido una meta “empresarial o política”, y resaltó la presencia de su familia y la de Adorni.

Sin embargo, Rozenblum detalló que el jefe de Gabinete brindó una charla de entre cuarenta minutos y una hora ante unos doce empresarios.

“Manuel hizo una explicación de cuarenta minutos o casi una hora sobre la economía argentina, la situación política y, como la mayoría éramos uruguayos, qué impacto genera (el gobierno de Javier Milei) en Uruguay”. Según pudo reconstruir este diario, además de esos temas, los asistentes argentinos se interesaron por la ley de Inocencia Fiscal que estaba siendo reglamentada en esos días por el Poder Ejecutivo.

De acuerdo a lo narrado por el empresario a las radios Cadena del Mar y FM Gente de Punta del Este, también estuvieron presentes los padres y los hijos del anfitrión, la exsenadora del PN Verónica Alonso y Bettina Angeletti, esposa de Adorni, entre otras personalidades. En suma, la reunión congregó a unas veinte personas, más que la docena informada por este diario, aunque una de las fuentes indicó que hubo un momento apartado para la agenda empresarial.

El constructor uruguayo dijo que había organizado el encuentro porque le interesa “recibir bien al turista” y por el impacto que tiene Argentina en la economía esteña.

“Manuel Adorni vino a pasar un fin de semana largo de carnaval a Punta del Este y en torno a ese fin de semana, Marcelo (Grandio) y yo le propusimos recibirlo en mi casa una noche”, contó Rozenblum. El empresario se desentendió del pago del vuelo privado en torno a los US$9.000, operado por la firma Alpha Centauri, que habría sido abonado por Grandio y el propio jefe de Gabinete, según declararon ambos.

'Es totalmente falso, es mentira, no hubo ningún tipo de pago', dijo en referencia al abono de US$1.000 el cubierto, narrado a este diario por dos fuentes

“Es fundamental que nosotros aprovechemos a explicar mano a mano a estos referentes, cuál es el funcionamiento de Uruguay, de Punta del Este, las costumbres y la sana política mayoritaria que tenemos”, argumentó Rozenblum en el estudio de Cadena del Mar.

“Es totalmente falso, es mentira, no hubo ningún tipo de pago”, dijo en referencia al abono de US$1.000 el cubierto, narrado a este diario por dos fuentes. “(Los asistentes) no se llevaron más que buenas empanadas y buenas pizzas. No vendo tickets en mi casa para eventos”, agregó.

La nota del domingo informó que el lugar del encuentro fue un salón de la Trump Tower, donde tanto Rozenblum como Grandio tienen departamentos. El cobro de un fee para escuchar a Adorni generó objeciones en empresarios convocados a la cita. El periodista deportivo y Adorni no respondieron la consulta de elDiarioAR, y Rozenblum indicó que no haría declaraciones a la prensa, como se consignó.

La admisión tardía del empresario uruguayo choca con la explicación de Adorni de que había optado por ir en vuelo privado a Punta del Este porque quería pasar un fin de semana largo con sus hijos, agotado tras permanecer dos años sin vacaciones. Luego se supo que Adorni y/o Angeletti, durante 2024 y 2025, habían recorrido Bariloche, Aruba, Madrid y Gualeguaychú, en general, en estadías de lujo, con un costo de decenas de miles de dólares. Ahora queda desmentido que el propósito haya sido sólo pasar un fin de semana con sus hijos, sino que incluyó una cena de tono político-empresarial en la torre Trump de Parada 9 de Punta del Este.

De todas maneras, Adorni sí pasó días de playa y compró churros en Manolo, aclaró el constructor.

“Manu, brillante”

Rozenblum —un empresario que estuvo preso en Brasil, acusado de fraude y luego resultó absuelto—, aprovechó las entrevistas con las radios uruguayas para defender a Adorni y atacar a elDiarioAR.

“Manu Adorni es un tipo brillante. Para estar en esa función, como también Javier Milei, uno tiene que estar medio enfermo, en el buen sentido”, describió. “Esto va a pasar y ojalá Argentina siga el camino del bien que está construyendo… El esfuerzo que esta gente está generando en la economía argentina es titánico”, se entusiasmó.

En el sentido opuesto, Rozenblum consideró que elDiarioAR es “un medio de izquierda que quiere politizar y dramatizar una cena de camaradería, forma parte de una prensa muy voraz, con pauta de los K, para dañar al gobierno de Milei”.

“Están en esa onda de que ‘esto es amarillo y chicaneo’, es una mala práctica”, dijo Rozenblum en referencia a este medio.

El constructor y concejal del PN hizo una defensa integral ante la sospecha de corrupción que pesa sobre Adorni.

“Hay una politización tremenda de la información. Si uno evalúa todo lo que pasa con una persona durante 24 horas, algún chicle puede tirar a la calle sin querer. Un contratista paga algo en negro y lo responsabilizan a Adorni”, se quejó.

Rozenblum y Grandio ya habían sido artífices de la visita de Adorni y Javier Milei en febrero de 2022, en los orígenes del proyecto presidencial de ultraderecha. El entonces diputado y Adorni brindaron una conferencia el 11 de febrero de hace cuatro años, en el auditorio de la escuela International College, a la que asistieron algunos cientos de personas, que pagaron una entrada de hasta US$30.

Quién es Rozenblum

El anfitrión de Adorni vivió años en Brasil, donde montó un negocio de bicicletas junto a su padre, Isidoro. En 2006, ambos terminaron condenados en Curitiba por “corrupción activa” y evasión, en la llamada Operación Pôr do Sol, con un supuesto desfalco al Estado de decenas de millones de dólares. Padre e hijo se escaparon de un hospital y fugaron a Uruguay, hasta que el juicio fue anulado en 2008 por el Tribunal Superior de Justicia de Brasil, por vicios procesales.

Afincado en Punta del Este, Rozenblum se dedicó a la construcción y el negocio de la videovigilancia, y en 2017 fundó el International College, una escuela orientada al público extranjero y de alto poder adquisitivo. El amigo de Grandio presidió la Cámara Empresarial del departamento de Maldonado y la ONG Comunidad Israelita de Punta del Este y Maldonado-Uruguay.

Desde esas posiciones, se conectó con colegas argentinos, también dedicados al desarrollo inmobiliario, algunos de los cuales participaron de la cena con Adorni.

Ante la parálisis de la construcción de la Trump Tower durante varios años, Rozenblum, Grandio y otros formaron un consorcio para hacerse cargo de la obra. El edificio de Parada 9 fue inaugurado en 2022.  

Con tiempo y dólares, Rozenblum irrumpió en la vida interna del PN. En ese camino, fue el promotor de la incursión del ultraderechista español Javier Negre, socio de La Derecha Diario, durante todo 2024, año electoral en Uruguay. En abierta tarea promocional, LDD lo bautizó “el Milei de Uruguay”.

Rozenblum chocó con la estructura tradicional del PN —hoy más bien crítica de Milei— y perdió las primarias, pero mantiene su proyecto político en pie.

SL/CRM

slacunza@eldiarioar.com

Sin explicaciones para dar sobre quién pagó los cerca de US$9.000 que costó el vuelo en avión privado a Punta del Este durante el feriado de carnaval, Manuel Adorni apeló a un argumento de la esfera íntima: “Tengo derecho a irme de vacaciones con mis hijos”.

El relato del jefe de gabinete incluyó una primera mentira, que resultaría un eslabón de una larga cadena. “Hacía dos años que no me iba de vacaciones, no tengo por qué dar explicaciones”. A esa altura, la cuenta turística de la familia Adorni-Angeletti en el bienio 2024-2025 acumulaba decenas de miles de millas y dólares gastados en destinos de lujo en el país y en el mundo.

De acuerdo a una información reconstruida por este diario con dos fuentes con conocimiento directo de los hechos, Adorni también faltó a la verdad sobre el motivo principal del viaje a Punta del Este, entre el 12 y el 17 de febrero pasados.

Durante su estadía, el funcionario encabezó una reunión con empresarios uruguayos y argentinos radicados en esa ciudad oriental. Unos doce asistentes al reservado ágape en la Trump Tower, cerca de la Parada 9, sobre la rambla Lorenzo Batlle Pacheco, abonaron US$1.000 el cubierto. Los artífices del negocio fueron el socio de Adorni y exconductor en la TV Pública, Marcelo Grandio, y el empresario y directivo de la Comunidad Israelita de Punta del Este y Maldonado-Uruguay (CIPEMU) Rolando Rozenblum.

Grandio y Adorni no respondieron preguntas de este medio. Rozenblum —figura polémica de la política uruguaya— pidió conocer el motivo de la consulta y se comprometió a devolver el llamado, pero finalmente informó que no hablaría con la prensa. Un funcionario de Casa Rosada dijo que trasladaría la inquietud a Adorni, sin respuesta.

El revuelo suscitado por la difusión del viaje de los Adorni y Grandio en el Honda Jet de cinco plazas encendió los corrillos en el mundo empresarial de Punta del Este

La información dada por elDiarioAR de que Adorni, su pareja Bettina Angeletti, los hijos de ambos y el amigo Grandio habían viajado a Punta del Este el 12 de febrero, en un vuelo operado por la empresa Alpha Centauri, fue el disparo de largada para conocer una vida dispendiosa: propiedades por centenares de miles de dólares, refacciones por otro tanto, misteriosos préstamos otorgados por jubiladas, viajes, deudas, alquileres y un gasto mensual en blanco que no baja de los US$18.000. Todo ello, mientras Adorni llevaba la voz cantante de los recortes en universidades, hospitales y asistencia a discapacitados.

El revuelo suscitado por la difusión del viaje de los Adorni y Grandio en el Honda Jet de cinco plazas encendió los corrillos en el mundo empresarial de Punta del Este. De inmediato, el encuentro en la Trump Tower —del que hay registro visual— trascendió el cono del silencio al que se comprometieron los asistentes.

A algunos de asistentes les pareció impropio e incluso ilegal que se cobrara un fee para escuchar a Adorni, más allá de que prevaleciera una adhesión entusiasta al gobierno ultraderechista argentino en el ambiente empresarial de Punta del Este, en particular, en el rubro de desarrolladores inmobiliarios y el negocio de la tecnología de seguridad. Las fuentes dijeron no saber si Adorni cobró por su presentación o si lo recaudado fue para cubrir los gastos del lugar y el traslado en vuelo privado.

La conversación de los empresarios con Adorni se centró en el panorama legislativo y electoral de cara a 2027, las chances de retorno del peronismo a Casa Rosada y un tema de específico interés para los oyentes argentinos: la ley de Inocencia Fiscal, la norma que restringe al mínimo el control estatal e impositivo sobre el flujo de fondos, hasta un extremo sin precedentes, y entró en vigencia en el mismo mes del encuentro en la Trump Tower.

Joint Venture

Adorni, Milei, Rozenblum y Grandio ya habían armado un pequeño joint venture cuatro años atrás, auspiciado por el estudio Insight Trust, especializado en la creación de fideicomisos en Islas Vírgenes, una guarida fiscal. El 11 de febrero de 2022, organizaron un “talk show” de Milei y Adorni en el International College, colegio bilingüe que era propiedad de Rozenblum. Cobraron entre US$15 y US$30 la entrada a un recinto con aforo para unas mil personas. Grandio fue el moderador y la producción integral estuvo a cargo de Imhouse, la empresa a nombre de la cual se emitieron las facturas del vuelo privado de Adorni en febrero pasado, en lo que parece ser la repetición de un esquema.

Aquel viaje de 2022 fundó la amistad de los matrimonios Adorni-Angeletti y Grandio-Nofal, que tanto rédito les traería después.

En esa oportunidad, Milei —que conocía a Grandio hacía años— cantó “Panic sow” y anticipó los trazos de su proyecto presidencial, y Adorni bromeó con que sería su vocero. Faltaba año y medio para la elección que consagró al Soez en la Casa Rosada.

Con dos décadas como emigrado a Punta del Este junto a su esposa, Mónica Nofal, Grandio se familiarizó con la Trump Tower apenas quedó inaugurada, en 2022. “Hablaba como si fuera de él y jodía con que la rebautizaría Grandio Tower”, dijo una persona que lo escuchó. A caballo de una vida relajada en su casa de Rincón del Indio, un reducto caro de Punta del Este, producto de la fortuna de su familia política —exaccionista de Torneos y Competencias—, el periodista deportivo Grandio aceleró la frecuencia de sus viajes a Buenos Aires desde que su socio Adorni le consiguió contratos en la TV Pública.

El papel de Rozenblum es más importante que el de Grandio en el ambiente esteño. No “juega” de local en la Trump Tower; es local. Formó parte del grupo empresarial que terminó la construcción y comercialización, que había quedado empantanada por problemas de los argentinos que iniciaron la obra. Rozenblum vive en un departamento de la torre junto a su pareja brasileña.

Emigrado de joven a Brasil, él y su padre, Isidoro, montaron un negocio de bicicletas y, en 2006, terminaron condenados en Curitiba por “corrupción activa” y evasión, en la llamada Operación Pôr do Sol, con un presunto desfalco al Estado de decenas de millones de dólares. Padre e hijo se escaparon de un hospital en una escena cinematográfica y fugaron a Uruguay, hasta que el juicio fue anulado en 2008 por el Tribunal Superior de Justicia de Brasil. Los magistrados detectaron abusos procesales del juez federal Sergio Moro y del fiscal Deltan Dallagnol, la misma dupla que cometería ilegalidades para encarcelar a Lula da Silva una década más tarde.  

Con tiempo y dólares, Rozenblum irrumpió en la vida interna del Partido Nacional (PN, o Partido Blanco), uno de los tres que protagonizan la política oriental. El ascenso del economista argentino lo entusiasmó al punto de presentarse como “el Milei uruguayo”. Rozemblum fue el promotor de la incursión del ultraderechista español Javier Negre, socio de La Derecha Diario (LDD), durante todo 2024, año electoral en Uruguay. El cubo del cronista de LDD comenzó a aparecer en todos los actos de campaña Rozenblum, en forma tan asidua como las entrevistas que le concedió a Grandio en sus ciclos televisivos.

Finalmente, Rozenblum perdió la primaria del PN ante Javier Carballal en la puja por la alcaldía de Punta del Este, pero le alcanzó para ser electo concejal. Mantiene desde hace dos años la condición de aliado tenso de Carballal y del intendente de Maldonado, Miguel Abella. La desconfianza entre la estructura tradicional de los blancos y el cuentapropista Rozenblum es profunda.

Derecha en alquiler

El papel de Negre expone el tejido regional de la ultraderecha. En su país, articula con Vox, la derecha del Partido Popular y otros grupúsculos de esa vertiente. Con problemas judiciales en España, Negre se trasladó a Buenos Aires, donde fue mimado por Adorni y el aparato comunicacional de Casa Rosada durante más de un año, al tiempo que hizo negocios con gobiernos provinciales, incluidos libertarios y peronistas. Consumado el objetivo, viajó a combatir el comunismo en México y en Uruguay, hasta que se afincó en la Casa Blanca, donde se dedica a dar pelea por Donald Trump.

La vocación política no es la más importante para Rozenblum. Antes, presidió la Cámara Empresarial de Maldonado y el CIPEMU, en el que hoy sigue integrando la comisión directiva. Desde esos pilares, vio una oportunidad con los cerca de 1.000 argentinos emigrados a Punta del Este en los últimos años, comunidad que tiene a figuras tan connotadas como Marcos Galperin, dueño de Mercado Libre, y Martín Migoya, de Globant. Ninguno de esos dos grandes empresarios estuvo en la reunión con Adorni en la Trump Tower, llevada a cabo o el domingo 15 o el lunes 16 de febrero (difieren las fuentes).

Según Rozenblum, cerca de la mitad de la matrícula de 400 alumnos del International College —escuela fundada por él en 2017, vendida en 2025— eran argentinos.

El CIPEMU es hoy una entidad binacional, con tantos uruguayos como argentinos, que se dedica a la vida comunitaria, la defensa del Estado de Israel y la asistencia social. Como organización judía apartidaria, no estuvo involucrada en la visita de Adorni a Punta del Este, más allá de lo que pudieran haber hecho Rozenblum y otros referentes a título individual, indicó a elDiarioAR una voz de la entidad. Una de las fuentes indicó que el CIPEMU, con la impronta de Rozenblum, se transformó en una plataforma de promoción política y económica, y en ese marco, se dio la visita de Adorni.

La realización de una actividad comercial brinda algo de sentido al pago de un vuelo privado por cinco días, cuyo costo duplica el sueldo que Adorni comenzó a ganar este año, y cuadruplica el ingreso mensual durante 2025. Si bien el jefe de Gabinete dijo —sin demostrarlo— que pagó el traslado de su familia a Punta del Este, la alternativa —que Grandio hubiera sido generoso con su amigo— tampoco parecía del todo lógica.

Entre las hipótesis que manejan en el juzgado federal de Ariel Lijo para explicar una carrera desenfrenada hacia el lujo del jefe de Gabinete, se encuentra el cobro de entrevistas y gestiones, un camino en el que los hermanos Milei desarrollaron expertise en cuanto saltaron a la fama.

slacunza@eldiarioar.com

SL

Federico “Fred” Machado llegó a un acuerdo con la fiscalía federal del distrito Este de Texas, mediante el que se declara culpable de lavado de dinero y fraude, según documentos presentados este martes ante un juzgado de la ciudad de Sherman, este de Texas.

Tras pasar seis meses en prisión en el penal del condado de Cimarrón, estado de Oklahoma, Machado intenta así lograr un drástico acortamiento de la pena. El fiscal Jay Combs dejaría caer la imputación por narcotráfico, uno de los delitos por los que se lo acusó inicialmente en 2020.

La defensa de Machado aspira a que el tribunal compute los cuatro años que permaneció en prisión domiciliaria en las afueras de Viedma, provincia de Río Negro, tras ser detenido en Bariloche en abril de 2021. El acuerdo con el fiscal Combs no especifica una pena, aunque la expectativa del entorno del exfinancista de José Luis Espert es que recupere la libertad en cuestión de meses o pocos años.

Una vez en libertad, el objetivo de Machado sería regresar a Argentina, donde tiene planeado hacer negocios. Sus conexiones empresariales son cuantiosas. En su época dorada, el empresario vendió cerca de cien aviones en el país, entre otros, al exgobernador y actual senador de Salta Juan Carlos Romero, al fallecido banquero Jorge Brito, y a las famlias Neuss, Frávega y Bada Vidal (Lácteos Vidal). Es amigo de personalidades como Juan “Pico” Mónaco, se entrevistó con gobernadores y transportó a figuras del espectáculo, el deporte y los medios de comunicación.

El argentino, dueño de la firma de aviación South Aviation y un protagonista central del negocio aéreo privado en lo que va del siglo, fue extraditado desde Argentina a Estado Unidos el 5 de noviembre, luego de que este diario informara detalles sobre su vínculo económico con Espert. El socio político de Javier Milei recibió aportes del empresario en su campaña presidencial de 2019, de entre US$200.000 y US$2,5 millones, según fuentes muy próximas a aquel armado electoral. Un registro de una transferencia de US$200.000 realizado en enero de 2020, publicado por elDiarioAR y Perfil en septiembre pasado, terminó de comprobar la relación. A partir de allí, tras días vertiginosos, Espert debió abandonar la candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y la política en general, y se aceleró la extradición de Machado.

La acusación contra Machado y su socia, Debra Lynn Mercer-Erwin, incluía narcotráfico a gran escala desde países de Centroamérica y el norte de Sudamérica a Estados Unidos, un extremo que el argentino siempre negó. Mercer-Erwin, en cambio, se declaró culpable por ese delito y recibió una condena de 16 años de prisión en 2023. Ambos se valieron de un fideicomiso para inscribir aviones con licencia estadounidense, una herramienta por la que circularon cientos de millones de dólares.

Machado se declaró culpable de haber formado una asociación para lavar dinero mediante transacciones financieras que procuraban ocultar el origen, la propiedad y el control de los fondos, indican los documentos presentados este martes. También admite haber cometido un fraude.

En un caso intrincado, que contiene más de 20 terabytes de documentación, entre correos electrónicos, transferencias y registros financieros, y propiedades y movimientos comerciales en media docena de países, la hipótesis de un juicio oral suponía para Machado el riesgo de enfrentar décadas en la cárcel.

El empresario argentino se declaró culpable de haber formado una asociación para lavar dinero mediante transacciones financieras que procuraban ocultar el origen, la propiedad y el control de los fondos, indican los documentos presentados este martes. También admitió haber cometido fraude, que es uno de los núcleos de la acusación.

Druante unos veinte años, Machado se presentaba como el puente para la compra-venta de aviones privados, y habría utilizado decenas de millones de dólares de inversores para otros fines, que el acuerdo no especifica.

El pacto con la fiscalía debe ser homologado por el juez federal de Texas Amos Mazzant. Según las prácticas de los tribunales estadounidenses, la probabilidad de corroborar el acuerdo entre la fiscalía y el acusado es alta.

Entre los detalles clave que falta dilucidar, es el grado de cooperación de Machado. Es probable que haya suministrado o prometido nombres de otros involucrados e ingenierías financieras que permitieron el fraude.

El frente Espert

Espert, por su parte, enfrenta una acusación en un juzgado federal de San Isidro, cargo de Lino Mirabelli. El fiscal Fernando Domínguez encontró indicios de lavado de dinero para la compra de propiedades e ingresos de dinero inexplicables. Aquella transferencia de Machado a Espert realizada en enero de 2020, con el supuesto objetivo de pagar una consultoría para una mina de Guatemala, fue el disparador que permitió detectar una trama de la que Espert se habría enriquecido en los últimos años.

La expectativa del exdiputado —“el profe” para Milei— era que el acuerdo de Machado lo liberara de la sospecha de lavado. Luego de negar un vínculo comercial con el empresario de los aviones durante años, una vez que el pago de US$200.000 salió a la luz, Espert adujo que se trató de un contrato real para auditar las finanzas de Minas del Pueblo, en Guatemala, pese a que el economista no contaba con ningún antecedente en la materia. Con la documentación incautada por Domínguez, Espert no pudo negar que el acuerdo con Machado era por US$1 millón, del que se habría pagado una cuota. No hay ningún elemento que haya demostrado que la asesoría técnica se llevara a cabo, lo que alimenta la hipótesis del delito.

Con la admisión de culpabilidad de Machado, el frente judicial para Espert se ensombrece. Dado que el empresario reconoce haber lavado dinero, la transferencia de cientos de miles de dólares al exdiputado de ultraderecha podría haber sido un eslabón de ese delito.

Días atrás, el exdiputado hizo una presentación en el expediente para trasladarlo a los tribunales federales de Comodoro Py, en Capital Federal. La petición fue rechazada en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi, donde tramita una causa surgida en 2021, luego de que Machado fuera detenido en Bariloche, a pedido de un tribunal de Texas.

slacunza@eldiarioar.com

SL

El expediente de Manuel Adorni acumula datos de propiedades, refacciones, préstamos de jubiladas y viajes que disparan la sospecha, pero hay otra cuenta reconstruida que concita la atención en funcionarios judiciales de Comodoro Py: gastos mensuales consecutivos de entre US$18.000 y US$ 20.000.  

Ese monto, que sólo se refiere a la parte en blanco de una familia con alta propensión a gastar en efectivo y sin factura, quintuplica el sueldo que Adorni comenzó a ganar en febrero de 2026, de $5,5 millones (USD 3.900) en mano, y decuplica los $2,7 millones (USD 1.900) que obtenía hasta enero. Con ese panorama, una fuente clave, al tanto de los pormenores del expediente, da cabida a la hipótesis de un delito con pena no excarcelable (5 a 22 años): lavado de activos.

Comprobantes obtenidos en allanamientos, requerimientos a bancos y oficinas públicas o aportados por testigos indican que la familia Adorni-Angeletti afronta mensualmente erogaciones por unos $2,5 millones de expensas (USD 1.700) entre el departamento de Caballito en el que vive, el de Parque Chacabuco que está a la venta, otra unidad en La Plata y la casa en el barrio privado Indio Cua en Exaltación de la Cruz, norte de Buenos Aires. A ello se suman montos fijos de servicios, seguros, tasas e impuestos sobre las propiedades y la camioneta Jeep Compass adquirida en 2024, la cuota del colegio de los dos hijos ($ 1,6 millones o USD 1.100), y resúmenes de tarjeta de crédito que, en los últimos 24 meses, tuvieron un piso de $10 millones en septiembre de 2024 y un máximo de $22millones en el mismo mes de 2025.

La estrategia del abogado de Adorni, por ahora, es el silencio, como quien evita dar un paso en falso, porque no sabe qué más se va a encontrar

El 10 de abril, el juez federal Ariel Lijo levantó el secreto bancario, financiero y fiscal de Adorni, su esposa, Bettina Angeletti, la firma AS Innovación Profesional, propiedad de ambos, y +BE, de la mujer.

Según la fuente citada, la suma de gastos que, tomados por separado, no llamarían la atención en una familia de ingresos medios-altos, es una vía por la que Adorni trataría de dar “apariencia de legitimidad” a ingresos que provendrían de un delito precedente.

El complemento de esos resúmenes pagados en el banco serían los viajes a Aruba, Punta del Este, Llao Llao, Gualeguaychú, Madrid y Nueva York, realizados desde 2024, por al menos US$30.000. En el rubro turístico, la familia del jefe de Gabinete abonó en efectivo y, cuando pudo, en negro. No se trata de un gasto mensual, pero sí habitual para el nivel de vida que Adorni y Angeletti decidieron darse.

El funcionario no respondió una consulta de este medio sobre sus gastos mensuales.

Con la mira en el notable incremento patrimonial, el fiscal Gerardo Pollicita, a cargo de la instrucción de la causa, maneja la hipótesis de enriquecimiento ilícito como principal delito.

Desde diciembre de 2023, Adorni y Angeletti sumaron a su patrimonio una casa en Indio Cua escriturada a US$120.000, a la que le agregaron US$245.000 en refacciones; un departamento en la calle Miró, Caballito, anotado a US$ 230.000, más US$ 65.000 en obras; la camioneta Jeep valuada en al menos US$28.000. Todo ello, sin vender las propiedades en Parque Chacabuco y La Plata, declaradas tras la designación de Adorni como secretario de Comunicación, su primer puesto en el gobierno.

Cada una de sus adquisiciones tuvo el consiguiente gasto de escribanía e inmobiliaria, nuevamente, sin factura cuando fue posible. Parte de los US$690.000 abonados sólo en propiedades —un valor que de por sí genera dudas por indicios de subfacturación—, fue solventada mediante singulares préstamos de mujeres policías, dos jubiladas y amigos por unos US$ 365.000, de los cuales ya habría devuelto US$30.000.

El papel de la defensa de Adorni, en manos del penalista Matías Ledesma, llama la atención en fuentes que siguen el expediente. Hasta ahora, el abogado presenció declaraciones de testigos y constató los movimientos, pero no requirió una sola medida ni presentó ninguna aclaración o posicionamiento de Adorni. La estrategia es el silencio, como quien evita dar un paso en falso, porque no sabe qué más se va a encontrar, evalúan.

Además de los tipos penales de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, que serían los más graves que se barajan hasta ahora, Adorni enfrenta la sombra de negociaciones incompatibles con la función pública, por los contratos de su amigo y socio Marcelo Grandio con Canal 7-TV Pública, y dádivas, si se comprueba la menor de las hipótesis del viaje en vuelo privado a Punta del Este, entre el 12 y el 17 de febrero. A propósito, la excursión carnavalesca, ¿se trató sólo de un viaje de descanso con sus hijos, como el propio Adorni se encargó de publicitar en los últimos días?

La figura del lavado de activos despierta polémica entre penalistas y funcionarios de Comodoro Py. Es un delito cuya prueba es trabajosa y tiene pocos condenados en comparación a otros tipos asociados a la corrupción (fraude, cohecho, evasión), en la medida en que se requiere establecer con claridad cuál fue el delito precedente que condujo al lavado.  

La excursión a Punta del Este en carnaval, ¿se trató sólo de un viaje de descanso con sus hijos, como el propio Adorni se encargó de publicitar en los últimos días?

Uno de los casos más emblemáticos es la condena a Lázaro Báez, en 2021. El excontratista allegado a la familia Kirchner fue sentenciado a 12 años de prisión por lavado de activos provenientes de la evasión fiscal y el fraude con la obra pública en la provincia de Santa Cruz, entre 2010 y 2013.

Por ahora, el criterio tanto de Pollicita como de Lijo es avanzar en la recolección de pruebas, sin descartar ninguna hipótesis. Llegado el caso, el fiscal podrá proponer indagatorias y describir los hechos investigados, y el juez determinará procesamientos y el tipo penal en juego.  

El precedente $LIBRA

Hay, sin embargo, indicios del delito precedente. El vínculo de Adorni con los hermanos Novelli y otros cryptobros que acercaron la estafa $LIBRA al despacho presidencial es nítido.

Cuando el actual jefe de Gabinete era panelista en programas de La Nación + y Radio Rivadavia, también recibió ingresos por dar una “master class exclusiva a los alumnos gold del mejor instituto de inversiones de toda Latinoamérica”. La “master class” fue dictada el 2 de mayo de 2022. Además de Adorni, otros promotores de los negocios de esa firma fueron Milei y José Luis Espert.

N&W (Mauricio Novelli y Jeremías Walsh) son hacedores de la presunta estafa que generó beneficios de decenas de millones de dólares para unos pocos avisados de un tuit presidencial, en febrero de 2025. Algunas visitas que Novelli y sus socios (Manuel Terrones Godoy, Hayden Davis, Pía Novelli) hicieron a despachos de Milei en Casa Rosada y Olivos fueron con Adorni presente. En definitiva, reuniones de camaradería nacida antes de que cualquiera de ellos pusiera un pie en Casa Rosada.

“Cerré un deal tremendo. Quiero festejar”, celebró Novelli al salir de la oficina presidencial, el 30 de enero de 2025. Desde la misma Casa de Gobierno, el empresario transfirió US$500.000 dólares a un destinatario por ahora desconocido. Por la tarde, se precipitó a comprarse relojes Rolex, y buscó que fueran sin factura.

En el celular de Novelli quedó registrado un modelo de contrato por el que se le pagaría al menos US$5 millones al Presidente si éste promocionaba $LIBRA y declaraba a sus mentores como asesores en blockchain, hitos que, en efecto, ocurrieron. También fueron grabadas órdenes de pago para “Javi-Kari” y “los 4.000 que hay que darle a Karina”, cuando el Soez y su hermana ya reinaban en Casa Rosada. Davis —otro jefe de la presunta banda— se vanaglorió de manejar al mandatario a control remoto porque le enviaba dólares a su hermana.

El rastro de Adorni en los negocios montados por Novelli y los presuntos pagos relacionados con el “deal tremendo” debe ser probado.

La diputada Marcela Pagano, exintegrante del entorno de Milei y hoy opositora, denunció que Adorni recibió US$3 millones depositados en billeteras virtuales, provenientes de $LIBRA y el cobro de reuniones y gestiones. No es un dato que conste a Pollicita ni a Lijo, aunque el fiscal recibió informes de que el funcionario realizó movimientos de entrada y salidas con criptomonedas, informó ayer el diario Clarín. Por su parte, mediante un comunicado, la firma de inversiones cripto Lemon Cash confirmó que el jefe de Gabinete tiene una cuenta a su nombre, pero desmintió el monto mencionado por Pagano.

La investigación de Comodoro Py también sigue la pista vinculada a los negocios de Angeletti como coach ontológica y su empresa +BE, en particular, con el Grupo Foggia. Esta firma, que perteneció a Mara Gorini, una asesora plenipotenciaria de Karina Milei, puja con La Nación y Fénix Entertainment por quedarse con la concesión del predio de Tecnópolis.

Una tercera pista que no descartan en Comodoro Py es el cobro de entrevistas y gestiones, un rubro en el que Milei podría dar una verdadera “master class”. Una cuarta serían las versiones sobre sobresueldos, algo que en la exótica conferencia de prensa del viernes, ni Adorni ni los ministros Luis Caputo y Alejandra Monteoliva se animaron a desmentir.

La frutilla del postre, reveladora cabal de la vara ética de los Hermanos Milei, sería que el gobierno que propagó a los cuatro vientos que congeló los sueldos de los altos funcionarios durante dos años, en realidad funcionaba aceitado por fajos de billetes en negro, mientras hacía padecer lo indecible a profesores universitarios, médicos del Garrahan, jubilados y empleados públicos en general.

¿Por qué no lo echa?

Adorni, vocero del Ejecutivo ultra, permanece imposibilitado de esbozar un argumento sobre su repentina riqueza o de cambiar el eje de la agenda gubernamental mediante algún anuncio. Se esfuerza, el gobierno monta escenas, pero no lo logra. Las encuestas, unánimes, señalan un descenso sensible en la aprobación del gobierno y de Milei, aunque el mandatario sigue siendo un firme candidato a la reelección.

Patricia Bullrich se activa como si oliera sangre mientras las internas del oficialismo se dirimen en las pantallas de Clarín, La Nación, América 24, Carajo y Neura. Adorni ni siquiera junta fuerzas para responderle y atina a calificar a la senadora como “una fenómena”, ante un ataque indisimulado de quien fuera, hasta hace dos meses, su competidora para la candidatura en la Ciudad en 2027.

Aquí se impone la pregunta de por qué Milei hace trascender que está dispuesto a perder una elección antes que despedir a su jefe de Gabinete.

Semanas atrás, podría leerse que el ultraderechista tenía razones para no conceder una victoria a la oposición, con el desprendimiento de uno de los máximos responsables del entramado oficialista, pese al alto costo de su permanencia. Un equipo pequeño, reducido al Presidente, su hermana y pocos más, tenía en Adorni a un vocero dañado, probablemente anulado para siempre, pero la apuesta a que el tiempo subsanara heridas e hiciera olvidar las explicaciones pueriles sobre hipotecas concedidas por jubiladas era atendible.

El testimonio del constructor Matías Tabar de que Adorni le había abonado US$245.000 en efectivo y sin factura entre 2024 y 2025, y que había intentado influir en su declaración ante Pollicita, desbarató por completo la precaria ingeniería de préstamos y propiedades subvaluadas. Adorni maneja cientos de miles de dólares como si le quemaran.

¿Por qué no lo echa?, se preguntan dentro y fuera del Ejecutivo, incluso en tribunales. Milei se desprendió en su momento de Nicolás Posse y Diego Spagnuolo cuando complicaron la vida de la Casa Rosada y afectaron el equilibrio con Santiago Caputo. El Presidente se olvidó en cuanto lo necesitó de las cuarenta veladas en Olivos con Spagnuolo y los abrazos desmesurados con quien consideraba su otro yo, Posse. Con Manuel es distinto.

Una probable respuesta es que el salto económico de Adorni es inescindible del de los Milei. No podría existir un flujo de fondos desde Novelli y $LIBRA al jefe de gabinete sin que el Presidente recibiera su parte, mucho mayor, ni se daría un esquema de sobresueldos y cobro de entrevistas y charlas, una práctica con tanta pregnancia en los Milei. La ruta del Grupo Foggia, asociado al privilegiado Grupo Werthein para el proyecto en Tecnópolis, también remite a Karina, la protectora principal de Adorni.

No faltan quienes apuntan a la particular psiquis de Milei como razón última de todo. Como su flamante vara moral se basa en preguntarse “si mató a alguien”, y Adorni no es sospechado de asesinato, entonces que se quede.

Milei asume un riesgo. Podría darse que, de buenas a primeras, la investigación judicial entre en un pantano por intervención de la Cámara, que los indicadores económicos reviertan en parte la pérdida de ingresos que lastra a la población, que la inflación se quede entre el 1% el 2%, que la oposición se hunda en sus traumas y, con ello, cambie el “humor social”, y Adorni permanezca como un pasivo asumible de cara a 2027.

O podria ocurrir lo contrario: que la economía de Milei continúe mostrando su cara recesiva para la gran mayoría y Adorni sucumba ante pruebas irrefutables.

Así las cosas, su hundimiento sería el del gobierno. Bullrich se dio cuenta.

slacunza@eldiarioar.com

SL

Se supone que las conversaciones de los grandes empresarios reunidos en el Foro Llao Llao la semana pasada debían mantenerse en secreto, pero el diario La Nación contó que la exejecutiva de Marvel Studios Victoria Alonso expuso que podría haber sido la desaparecida 30.001 si no se hubiese exiliado en la última dictadura. Entonces Cristiano Rattazzi, dueño del Grupo Modena, de alquiler de helicópteros y concesionario de Ferrari y Maserati, le cuestionó la cifra: “8.001”. Pero fuera de esa anécdota y lo que dejaron las disertaciones, en los pasillos del exclusivo hotel de Bariloche, propiedad del empresario inmobiliario y agricola Eduardo Elsztain, se debatió sobre el futuro del jefe de Gabinete, Manuel Adoni, según pudo reconstruir elDiarioAR de dos fuentes directas que estuvieron en el cónclave.

Las conversaciones permitieron revelar que en el Llao Llao hubo quienes pidieron la cabeza del jefe de Gabinete por considerarlo “corrupto” y otros porque está dañando la imagen del gobierno en el que confían y temen un giro político en 2027. Pero también hubo optimistas inquebrantables que minimizaron la cuestión.

“Hay un consenso de que el caso Adorni es inaceptable”, comentó uno de los más de 150 empresarios que asistieron. “A algunos nos parece éticamente indefendible y a otros les parece que daña al Gobierno, porque hay bastante preocupación de que aparezca un candidato no de mercado”, agregó quien se ubica entre los primeros, mientras Myriam Bregman y Axel Kicillof aparecen como los políticos con mejor imagen en la última encuesta de Atlas Intel.

“Cada vez más se piensa que hay corrupción en este gobierno, no de Toto (Luis Caputo, ministro de Economía) ni de (Federico) Sturzenegger (de Desregulación), pero sí de Caputito (Santiago Caputo, asesor presidencial), sus amigos los Neuss (Juan y Patricio, accionistas de Edison Energía, que ganó tres de las cinco privatizaciones de empresas eléctricas) y Karina (Milei, la secretaria general de la Presidencia). (Javier) Milei critica a (Paolo) Rocca y (Javier) Madanes Quintanilla, está perfecto, pero después aparece con los Neuss y (José Luis) Manzano”, resumió.

Dicho empresario mendocino ahora presentó un proyecto de extracción de hidrocarburos al Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI), que antes excluía a este tipo de actividad por considerarla lo suficientemente rentable y que este año se abrió a admitirla. Una línea que aprovecha Manzano y su petrolera Phoenix, pero también todo el sector de Vaca Muerta lo está haciendo.

Entre los empresarios asistentes al encuentro figuraron Marcos Galperin, Agustín Otero Monsegur, Roberto Murchison, Verónica Cheja, Gonzalo Tanoira, los anfitriones Eduardo y Daniel Elszatin, Tomás Mindlin, Martín, Manuel y Facundo Migoya, Nicolás Aguzín, la venezolana Adriana Cisneros, Andrea Pagani, Verónica y Larisa Andreani, Diego Finkelstein, los también embajadores Alec Oxenford (en EE UU) e Ian Selecki (en Francia), Guibert Englebienne, Manuel Antelo, Gustavo y RosendoS Grobocopatel, Karina Román, Sofía Pescarmona, Matías Woloski, Eduardo Bastitta, Gastón Irigoyen, Nicolás Nocetti, Gastón Parisier, Alejandro Gorodish, Juan Gurfinkiel, Albert Gozzi, Facundo Gómez Minujin, Franco Mignacco, Saúl Zang, Max Cavazzani, Federico Braun, Marcos Bulgheroni y los chilenos Andrónico Luksic Lederer y Manfred Paulmann.

Otro hombre de negocios que asistió al encuentro patagónico negó, en cambio, que en sus conversaciones apareciera Adorni. “Ninguna decisión importante de inversión depende del caso Adorni”, justificó. “Una minera o una petrolera miran a largo plazo y están acostumbradas a los cambios políticos en cualquier país del mundo. En términos generales hay mucho entusiasmo y buenas perspectivas a futuro. Incluso en tecnología hay más apetito de fondos internacionales, desde China a Estados Unidos, por invertir en la Argentina, que antes ni figuraba. Aunque es más caro producir que antes, seguimos siendo baratos, sigue habiendo una buena ponderación del talento argentino y es una industria que está acostumbrada a contratar gente cara, a invertir mucho para un retorno alto”, agregó.

Sin embargo, después admitió: “Los buenos empresarios miran si habrá seguridad jurídica o no”. Entonces se sumó al coro de colegas que admite que las inversiones llegarán de manera gradual. Mientras algunos siguen la consigna de quien no arriesga no gana -y por eso participan de privatizaciones, por ejemplo-, otros prefieren esperar a 2028, una vez que se conozca quién ganará las elecciones presidenciales del año próximo. El empresario consultado, por último, admitió que también hay empresarios “muy preocupados” porque sus sectores no arrancan o cae, como los industriales y los dedicados al consumo interno.

El primer consultado, por el contrario, se mostró más pesimista: “Los sentimientos están muy divididos. Muchos tenemos decepción, frustración y pesimismo. Otros siguen con ganas de defender a Milei”.

El interlocutor quedó desconcertado con la disertación de Luis Caputo en el foro: “No me gustó nada. Otros opinaron lo mismo, que fue un desastre, una depresión. Es un papelón decir que hizo todo bien y que si no funciona es porque en la Argentina no funciona. ¿Cómo puede decirnos que el que piensa que Milei no gana con el 40% debe ir al psicólogo? El Gobierno decía que aplicando esta receta monetaria iba a haber crecimiento, pero la realidad es que todos los países que la aplicaron pasaron muchos años de recesión y eso trae riesgos. Encima fortalece el cepo y se atrasa en la devolución de impuestos... Cada vez hay menos empresarios relevantes que siguen confiando, sólo algunos comprando lo de Toto”, sentenció.

AR/MC

En un día crítico tras una declaración de un testigo que lo compromete aun más, Manuel Adorni negó haber gastado US$245.000 en refaccionar su casa en el barrio privado Indio Cua, partido de Exaltación de la Cruz, según una fuente oficial.

El jefe de Gabinete desmintió el monto declarado este lunes por el contratista Matías Tabar, quien dirigió las reformas en Indio Cua entre 2024 y 2025. “Ese no es el monto. Seguramente vayamos a solicitar un peritaje porque cualquiera que conozca mi casa sabe que no vale ese dinero”, dijo Adorni a interlocutores de Casa Rosada.

Adorni indicó que plantea solicitar una inspección ocular en la vivienda inscripta a nombre de su esposa, Bettina Angeletti, en 2024.

Según una persona que lo escuchó cerca del despacho presidencial, el jefe de Gabinete dijo: “Seguramente vayamos a solicitar un peritaje, porque cualquiera que conozca mi casa sabe que no vale ese dinero” .

El funcionario, bajo múltiples sospechas por un cúmulo de gastos en nuevas propiedades, refacciones y viajes sunutosos al exterior, sembró dudas sobre Tabar, el titular de un estudio de arquitectura que prestó declaración ante el fiscal federal Gerardo Pollicita esta mañana. “Los costos nos parecen exagerados y contamos con la buena voluntad del arquitecto que nos iba a entregar la factura por todos los costos y gastos realizados, y nunca la entregó”, denunció.

Incluso, Adorni fue a más, y anticipó que podría presentar una denuncia contra Tabar.

El contratista aportó documentación vinculada a la obra y también entregó su teléfono celular para que sea peritado. Según explicó, había borrado mensajes intercambiados con el funcionario, por lo que Pollicita buscará recuperarlos mediante análisis técnico del dispositivo.

Tabar dijo que la obra se desarrolló entre octubre de 2024 y mayo de 2025. Entre los trabajos mencionados figuran la construcción de pisos y paredes, la instalación de una pileta con revestimiento, una cascada en el jardín, un quincho y cerramientos nuevos, además de equipamiento para cocina y baños.

El testimonio de Tabar resultó perjudicial para la estrategia de Adorni y del gobierno. En una entrevista con radio El Observador el fin de semana y en la conferencia de prensa de esta mañana, el jefe de Gabinete aseguró que no piensa renunciar, al tiempo que trató de retomar una agenda no intervenida por las sospechas de corrupción.

En plena estrategia para recomponer la iniciativa del Ejecutivo luego de cincuenta días de tormenta en torno a Adorni, la declaración del arquitecto causó consternación en el gobierno. Un pago de US$245.000 en efectivo, sin factura, y sin la contrapartida de un préstamo como los que solventaron las incorporaciones de propiedades en 2024 y 2025, desbarató la esperanza de dar vuelta la página hasta en los más férreos oficialistas. “Lo va a tener que explicar”, dijo una fuente que lo respaldaba hasta hora. Otros funcionarios se refugiaron en el silencio.

Desde que este diario informó que Adorni había gastado USD9.000 en un vuelo privado a Punta del Este durante el feriado de Carnaval, una sombra de dudas apuntaló la causa por supuesto enriquecimiento ilícito radicada en el juzgado federal de Ariel Lijo.

Hasta ahora, se sabe que el jefe de Gabinete gastó algo menos de US$9.000 en el vuelo a Punta del Este en febrero pasado, US$5.150 en el regreso de Angeletti desde Nueva York a Buenos Aires en marzo, $9,1 millones en una estadía en el hotel Llao Llao de Bariloche en junio de 2024, y unos US$14.000 en un viaje a Aruba en diciembre de 2024. También hay registro de un tour de Angeletti con amigas por España a fines de 2025.

En el rubro inmobiliario, Adorni adquirió, en 2024, la casa en Indio Cua por US$120.000 (hipoteca por US$100.000), a lo que se suman las reformas por US$245.000. En 2025, adquirió una deuda de US$200.000 por la compra del departamento de Miró 550, Caballito, escriturado en US$230.000. Se agregan US$65.000 por reformas pactadas con el prestamista Pablo Feijoo. A todo ello, se agregan al menos unos US$30.000 por comisiones a escribanías e inmobiliarias, y gastos de entrada a Indio Cua por US$5.000. También erogó US$13.000 en alquilar una casa en el barrio privado mientras construía la propia, declaró Tabar.

Los gastos corrientes de la familia Adorni-Angeletti parten de $3,5 millones, sólo entre expensas de sus propiedades (mantiene bajo su patrimonio al menos tres viviendas más en Capital Federal y la provincia de Buenos Aires) y la cuota de colegio de sus hijos.

El sueldo de Adorni era de cerca de $3 millones hasta enero, y es de $7 millones desde entonces. Angeletti, coach ontológica de profesión, era monotributista hasta el año pasado, cuando se anotó como autónoma.

El jefe de Gabinete aseguró que todo quedará aclarado en su próxima presentación jurada ante la Oficina Anticorrupción.

SL

slacunza@eldiarioar.com

Diego Spagnuolo siente que lo abandonaron. Aquellas noches en Olivos —38 visitas en los primeros 16 meses de gobierno— son un recuerdo surrealista bajo este frío otoño. Todo un abismo que va del privilegio de arreglar sobre la marcha una cena con su íntimo amigo Javier Milei, con menú comprado en La Farola de la avenida Maipú, a cinco cuadras de la Quinta, a este presente del teléfono callado y un procesamiento como jefe de una asociación ilícita y fraude al Estado.

“McBain” —como lo llamaban en el mundo Milei-Espert-Villarruel antes de llegar a la cumbre— se sitúa protagonista de una pesadilla que comenzó a vivir apenas echó a andar el gobierno ultra. Al constatar que la “traición” provino de personas en las que confió y lo elevaron adonde nunca creyó llegar, y verse ahora indagado de hecho por la cronista Mercedes Ninci frente a un ascensor de Comodoro Py, se asume como chivo expiatorio de un latrocinio perpetrado por otros. No concibe una salida aceptable. Tiene que rearmar su vida y necesita despejar el horizonte de la cárcel.

Con tiempo libre infinito que pasa en la galería reformada de su casa en un barrio cerrado de Pilar, Spagnuolo observa cómo “los Menem” —a quienes se ocupó de describir en infinidad de diálogos como jefes de una gavilla que copó la Agencia de Discapacidad (ANDIS)— se pasan la gran vida y administran poder.

Para colmo, la Justicia mantiene incautados los USD 82.000 hallados en una caja de seguridad de la casa de Pilar. Spagnuolo dice que puede justificar ese tesoro y piensa que es poco y nada para acusarlo de recibir coimas. Al fin y al cabo, no le alcanzaría ni para comprar medio departamento de esos baratos que consiguen Manuel Adorni y Bettina Angeletti.

Ni las viejas relaciones pueden dar la cara por él. José Luis Espert, a quien alguna vez Spagnuolo creyó su mejor amigo, también cayó en desgracia y transcurre sus días a la sombra de otra galería reformada. Otra amiga, Victoria Villarruel, esa mujer chispeante que hacía bromas homofóbicas y tomaba de punto a “McBain” —por un personaje de los Simpsons que resolvía todo a los tiros—, quedó raleada del mundo Milei. Cuando se dividieron las aguas entre la fórmula presidencial, el contertulio de las noches de Olivos quedó del lado del Soez. ¿La sombra del despoder volvió a encontrar a esos compinches —Victoria y Diego— que viajaban por las montañas del Norte? ¿Habrá insistido la vicepresidenta en la humillación de Spagnuolo como su caniche toy?

A la filtración de los audios que se le atribuyen al extitular de ANDIS y titularon una era, “el 3% de Karina”, le siguió un cúmulo de pruebas documentales, mails, cientos de miles de dólares en efectivo apilados en cajones y mochilas, y whatsapps indiscretos.

Las noticias de que los Menem y Karina habían instalado una burocracia proveniente del macrismo “para afanar” de los fondos de discapacitados dispararon una investigación que, entre agosto de 2025 y febrero pasado, llevaron al juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi a revelar una red de corrupción sistemática. La pregunta de fondo: ¿Se trató de una célula autónoma compuesta por decenas de personas para robar uno de los presupuestos más diezmados por la motosierra, o fue otra de las terminales para satisfacer la avidez por el dinero de los Hermanos Milei?

¿La sombra del despoder volvió a encontrar a esos compinches —Victoria y Diego— que viajaban por las montañas del Norte?

El turno de Lijo

El trayecto desde esa trama a la mentada voracidad de Karina y los Menem requiere ser probado en el expediente. Antes de dejar la causa en manos de Ariel Lijo, en febrero, Casanello procesó a 19 personas: empresarios, ejecutivos de droguerías, lobistas y exfuncionarios de segundas líneas. Esta semana comenzó un nuevo capítulo con la nueva ronda de 35 indagatorias y el horizonte de decenas de nuevos procesamientos relacionados a sobreprecios en insumos de alto costo por un valor estimado en $75.400 millones, con beneficio en las firmas Indecomm; Laboratorio Ortopédico Sagues; Probock; Prolite Orthopedics y Resposane Salud. Ese monto se suma otros $43.000 millones detectados en otra instancia del expediente, con sobreprecios estimados en 1.900%.

Las citaciones a indagatoria fueron el primer paso de Lijo en la trama ANDIS. Significativo, porque había expectativa sobre la actitud que adoptaría el excandidato a juez de la Corte Suprema que congregó las causas más sensibles para Ejecutivo en el último bimestre, a excepción de la más grave, la estafa $LIBRA, que la mantiene secuestrada el fiscal Eduardo Taiano.

El segundo paso del juez a cargo de ANDIS fue ordenar, el jueves, un peritaje sobre los audios atribuidos a Spagnuolo. La dirección de Criminalística de Gendarmería deberá dilucidar si esos archivos fueron adulterados mediante inteligencia artificial. Esa fuerza, sometida a injerencias de Patricia Bullrich, se transforma en una usina sórdida que puede llegar a cualquier conclusión —como se demostró en el caso Nisman—. El peritaje asoma como una herramienta de negociación entre la polifacética senadora y su amiga/enemiga Karina. Probablemente, la candidatura de la ultraderecha en la Ciudad para 2027 se jugará en el dictamen de un grupo de gendarmes.

Spagnuolo se aferró a la impugnación de los audios como su tabla de salvación. La estrategia le sirve a él, al resto de los procesados y a los hermanos Milei, aunque sus objetivos finales sean divergentes. Se formó así una comunidad de intereses en torno a un frágil silencio, que pende de un hilo, porque impera la desconfianza mutua.

La llegada del abogado Mauricio D’Alessandro a la defensa de Spagnuolo, en noviembre de 2025, tres meses después de iniciada la causa y con la victoria legislativa de La Libertad Avanza de por medio, apuntó a que los audios del “3% de Karina” eran creaciones de inteligencia artificial. En paralelo, los Kovalivker —los supuestos “helvéticos” de la Droguería Suizo-Argentina en los diálogos de la banda que pactaba licitaciones y coimas— habían avanzado en una estrategia similar. Los helvéticos denunciaron tempranamente que los audios difundidos por el sitio Carnaval y el portal Data Clave obedecían a una operación de inteligencia y, por lo tanto, toda la investigación debería caer como fruto del árbol prohibido.

Se formó así una comunidad de intereses en torno a un frágil silencio, que pende de un hilo, porque impera la desconfianza mutua

En la línea sostenida por Casanello y Picardi, los audios fueron apenas un indicio que disparó una noticia periodística y luego una denuncia judicial, y así comenzó la investigación, como ocurrió decenas de veces en Comodoro Py. Para no pisar el palito del “árbol prohibido”, el juez y el fiscal se ocuparon de evitar cualquier mención al contenido de los audios en sus resoluciones. Ambos situaron el componente de verosimilitud de la sospecha en el hecho de que el Ejecutivo licenció a Spagnuolo de su puesto en ANDIS en cuanto se conocieron los audios. ¿No eran artificiales?

Lo malo y lo peor

La apuesta a anular la causa tendría un altísimo costo político para un gobierno anegado por casos de corrupción, desde las pequeñas a las grandes estafas, pero no deja de ser el mal menor para los Hermanos Milei. Confirmar la percepción generalizada de que el Presidente y su hermana manejan los hilos del poder para garantizar impunidad a ellos mismos y sus elegidos es una mala opción. Dar lugar a que se investigue una sospecha de que coparon el Estado para succionar fondos de los más vulnerables de la sociedad es peor.

Con los expedientes Adorni, préstamos del Banco Nación al equipo de Luis Caputo y ANDIS en un mismo juzgado, la dupla que comanda el Ministerio de Justicia, Juan Bautista Mahiques y Santiago Viola, trata por todos los medios de incidir en la voluntad de Lijo. En un territorio —Comodoro Py— en el que inciden estamentos del macrismo, una corporación judicial a la defensiva, tentáculos de Inteligencia y los grupos Clarín y La Nación, el engranaje ya no funciona como antes.  

Spagnuolo mide su silencio. En las dos indagatorias que enfrentó —la última, el miércoles—, eligió hacer uso de su derecho a no declarar. Lo mismo hizo el jueves Daniel Garbellini, un hombre del riñón del PRO que reingresó a ANDIS con Milei para —según Spagnuolo— manejar la caja. Con intereses enfrentados, a ambos les conviene el paso del tiempo, con la mira en la invalidación de las grabaciones.

A poco de ingresar al expediente, el defensor D’Alessandro presentó un peritaje privado a cargo del experto español Miguel Ángel de la Torre. El estudio indica que la parte del audio en la que Spagnuolo aparece hablando en un bar tiene una probabilidad “baja” de ser una creación de inteligencia artificial, pero otro segmento de una conversación telefónica tendría chances “razonables” de contener “trazos de voz sintetizada”. El contenido más grave de los dichos atribuidos a Spagnuolo —incluido el 3% de Karina (8% de coimas totales sobre el precio de venta de medicamentos e insumos) y el comentario de que puso al tanto a Javier Milei de la situación— está en la parte del diálogo en el bar.

D’Alessandro afirma que los audios fueron editados, y que se incorporó ruido ambiente de una confitería para enmascarar la voz artificial. Tanto Mauro Federico e Ivy Cángaro, los periodistas que difundieron las grabaciones en Data Clave, como fuentes de la fiscalía de Picardi dan por sentado que los audios fueron editados, pero no adulterados. El fin de la edición fue borrar al interlocutor de Spagnuolo, que sería quien registró y divulgó la grabación.

Hay que prestar atención a dónde llega la explicación del extitular de ANDIS. Su desmentida es sobre haber denunciado el 3% de Karina, pero no sobre el papel de los Menem. Según fuentes que escucharon sus argumentos, tampoco niega haber transmitido a Milei el desfalco que estaban cometiendo Garbellini y el exfuncionario del PRO y exempleado del laboratorio Roche Pablo Atchabahian, a quienes definió como “delincuentes”. A partir de su aviso al Presidente, hace exactamente un año, cesaron las invitaciones nocturnas a elegir comida en el menú de La Farola de Olivos.

Spagnuolo afirma que lo único que lo vincula a los delitos investigados son los audios. Le interesa salir del foco de la causa, pero se desentiende de la suerte de “los delincuentes” y los Menem. En la fiscalía de Picardi leen eso y no entierran la posibilidad de lograr la adhesión a la figura del arrepentido. Es por ello que el silencio del extitular de ANDIS es tanto una estrategia que agradecen los Milei, como una bomba de tiempo. Aunque “McBain” parezca disimular el papel de Karina y guarde mayor encono con los Menem, dos más dos es cuatro. Por lo pronto, Spagnuolo dejó una frase sugestiva el miércoles, durante la indagatoria informal ante la periodista Ninci en un pasillo de Comodoro Py: “No es la única oportunidad en que se puede declarar”.

Una mano estuvo detrás del abismo que se creó entre Spagnuolo y quienes le manejaban la caja en ANDIS: Santiago Caputo.

El poderoso asesor tiene bajo su órbita al ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, padre de su socio, Rodrigo Lugones. Esa cartera, aun diezmada por la motosierra, es una fuente inagotable de negocios. Por el reparto inicial de responsabilidades en el gobierno ultraderechista, los medicamentos y tratamientos para discapacitados fueron capturados por los Menem. Se desató entonces una sórdida batalla por esa caja. Spagnuolo, un abogado sagaz, con poca experiencia política, débil de carácter y nulo conocimiento del mercado de la salud, fue la vía a través de la cual intentó penetrar Santiago Caputo.

En sus extensas tardes en Pilar, frente a la pantalla en negro de su celular, Spagnuolo también piensa en la impunidad del asesor que imita a los personajes de Peaky Blinders.

Cuentas pendientes en la Cámara Federal

En la fiscalía de Picardi surgen datos incesantes sobre el desfalco al Estado. Emanuel y Jonathan Kovalivker, Atchabahian, el lobista Miguel Calvete, Laboratorios Roche y Garbellini tienen motivos para preocuparse, pero la pelota está en la Cámara Federal. Se bifurca otro capítulo.

A partir de su aviso a Milei, hace exactamente un año, cesaron las invitaciones nocturnas a Olivos a elegir comida en el menú de La Farola de la avenida Maipú

La sala de la Cámara Federal que trata el expediente está compuesta por Roberto Boico, Martín Irurzun y Eduardo Farah. El primero —exabogado de Cristina— y el segundo —veterano del fuero penal federal, vinculado a la UCR— impusieron su voto mayoritario para hacer lugar al reclamo de los Kovalivker y ordenaron a Casanello que investigara el origen de esas grabaciones. Casanello tiró la pelota afuera con medidas procesales, Boico e Irurzun insistieron y ahora Lijo hizo lugar al peritaje.

Los movimientos de Boico, una de las pocas designaciones en el Poder Judicial que pudo concretar Alberto Fernández, vienen provocando desconcierto en estamentos de Comodoro Py que esperaban romper el statu quo que se había instalado. Si la mirada se detiene en Irurzun —el autor de la doctrina de la influencia de los exfuncionarios que sirvió para mantener a kirchneristas en la cárcel durante años—, la historia se vuelve más compleja. Cumple 75 años el próximo 18 de julio, por lo que debería cesar su función de camarista. El juez bregó para que se enviara al Senado la prórroga de su designación por otros cinco años, como ocurrió con colegas muy allegados al Ejecutivo, pero hasta ahora no tuvo suerte y es probable que no la tenga.

Boico e Irurzun tienen en sus manos reproducir la mayoría contra Farah para cortar la causa ANDIS de raíz, con la teoría del fruto del árbol prohibido, y satisfacer así los múltiples intereses cruzados de los imputados y de quienes miran de afuera, por ejemplo, desde varios despachos de Balcarce 50. No sería una decisión fácil para ambos camaristas, que no están entre lo más desprestigiado de Comodoro Py. De todas maneras, quedaría la instancia de Casación, donde la conformación de la sala que intervendría no sería la más oficialista posible.

En la exposición de argumentos frente a la Cámara Federal, Picardi citó jurisprudencia asentada en la causa por el soterramiento del tren Sarmiento, un fraude millonario que abarca los gobiernos de los Kirchner y Macri e involucra al gigante brasileño Odebrecht. Allí los imputados también plantearon que la acusación debía desmerecerse porque provenía de filtraciones de celulares de lobistas asociados al Lava Jato de Brasil.

En esa instancia, la Cámara Federal sostuvo que el planteo de nulidad debía fundarse en la “verificación fehaciente” de que la prueba había sido originada de forma ilegal, y no una mera suposición. Uno de los jueces firmantes de aquella resolución fue Irurzun, el 11 de marzo de 2019.

SL

slacunza@eldiarioar.com

Tres empresarios acusados en la causa Cuadernos argumentaron ante el Tribunal Oral Federal 7 que sus confesiones de haber pagado sobornos durante la investigación a cargo del fallecido juez federal Claudio Bonadio fueron falsas y que las realizaron bajo presión para evitar la detención. En el juicio, Cristina Fernández de Kirchner está acusada como presunta jefa de una asociación ilícita, además del delito de cohecho.

Los tres imputados son Mario Rovella, de la constructora Rovella-Carranza, y Oscar Sansiseña y Guillermo Escolar, dueño y gerente de la empresa Cleanosol, dedicada a la señalización de rutas. Se suman así a Daniel Pitón, integrante de José Eleuterio Pitón S.A., quien la semana anterior había recurrido a la misma estrategia defensiva.

Los tres afirmaron haber dejado constancia de sus intenciones antes de declarar. Rovella dijo que el 28 de febrero de 2019, un día antes de su declaración indagatoria, concurrió a una escribanía de la Ciudad de Buenos Aires, donde dejó asentado el contenido de lo que iba a manifestar junto con una nota en la que señalaba expresamente que lo allí consignado no era verdad. Sansiseña y Escolar hicieron el mismo procedimiento: un día antes de declarar ante la Justicia, se presentaron ante un escribano y dijeron que no habían pagado coimas pero que declararían que sí porque estaban coaccionados por Bonadio.

En su declaración ante el tribunal, Rovella negó de manera rotunda los hechos que se le atribuyen: sostuvo que nunca entregó dinero a Ernesto Clarens ni personalmente ni a través de terceros, y que su confesión fue un invento que acomodó al relato del financista arrepentido. Describió la situación en su indagatoria original como de “coacción psicológica” y dijo que se le hizo saber que si no declaraba en ese sentido, sería privado de su libertad.

Escolar, por su parte, explicó que junto a Sansiseña observaban que los empresarios que no confesaban quedaban presos y los que decían haber pagado a Clarens quedaban en libertad. Ante la pregunta del presidente del tribunal, Enrique Méndez Signori, sobre cómo se gestó su declaración, respondió que la noche anterior acordaron afirmar que habían realizado pagos en dólares “por la época de las llamadas”. El juez Fernando Canero le preguntó si era consciente de que iba a confesar la comisión de un delito, a lo que respondió afirmativamente, pero que prefería eso a “sufrir lo que sufrieron” otros empresarios que quedaban detenidos.

Escolar también detalló la secuencia de detenciones de agosto de 2018: el 25 de ese mes quedó detenido Gustavo Dalla Tea, al día siguiente otro empresario, y el 27 los medios informaron la detención de Hugo Dragonetti, con casco y chaleco antibalas.

Rovella aceptó prestar declaración indagatoria pero no respondió preguntas. Escolar, en cambio, sí aceptó responder al tribunal. En el inicio de la jornada, se negaron a declarar Tito Biagini, José Gerardo Cartellone, Luis Armani y Juan Bautista Pachela.

Pedido de investigar a Stornelli y rechazo de la fiscal

Ante las declaraciones, los abogados defensores Maximiliano Rusconi, José Manuel Ubeira y Federico Paruolo pidieron que se extraiga testimonio para investigar si hubo coacción del fiscal Carlos Stornelli. En el caso de Bonadio, aclararon, la acción penal no puede prosperar porque falleció.

La fiscal Fabiana León rechazó los planteos al sostener que el juicio pretende convertir a los imputados en víctimas y en victimarios a los miembros del Poder Judicial, y que no se puede permitir que se ponga en crisis la actividad judicial. Los jueces dispusieron un cuarto intermedio y finalmente resolvieron diferir la decisión al momento del veredicto.

El juez Germán Castelli fundamentó la decisión al señalar que no se advierte una situación de extrema gravedad que autorice la intervención inmediata y excepcional del tribunal.

Las afirmaciones de estos empresarios sobre coacciones durante la investigación ya habían sido planteadas ante la Cámara Federal y la Cámara de Casación Penal, y en todos los casos fueron rechazadas.

El marco del juicio

El debate oral está a cargo del Tribunal Oral Federal 7, integrado por los jueces Fernando Canero, Germán Castelli y Enrique Méndez Signori, con la intervención de la fiscal Fabiana León y la querella de la Unidad de Información Financiera. El expediente investiga un presunto sistema de recaudación de sobornos vinculado a la adjudicación de obra pública entre 2003 y 2015. En ese marco, Cristina Fernández de Kirchner está acusada como presunta jefa de una asociación ilícita, además del delito de cohecho.

Las declaraciones indagatorias de las que se desdicen los empresarios fueron actos de defensa que no se realizaron bajo juramento de verdad, y lo mismo rige para las declaraciones que realicen durante el juicio oral. El juicio continuará este jueves.

Cuando Manuel Adorni se paró por primera vez frente a los micrófonos de la Casa Rosada, en diciembre de 2023, tenía dos departamentos, un auto y poco más de diez mil dólares en el exterior. Dos años y cuatro meses después, ostenta $2,5 millones y más de US$48.000 en ahorros, cuatro inmuebles –incluida una casa en un country–, dos vehículos –entre ellos, una camioneta–, deudas con jubiladas cuya conexión es la amistad con uno de sus hijos –dueño de una constructora–, viajes al Caribe, al menos un vuelo a Punta del Este en un jet privado y una causa judicial abierta por supuesto enriquecimiento ilícito. Las preguntas que hoy instruye el fiscal federal Gerardo Pollicita ante el juez Ariel Lijo son simples y contundentes: ¿puede el actual jefe de Gabinete justificar su patrimonio? ¿De dónde salió la plata?

Diciembre de 2023: lo que declaró al asumir

En su primera declaración jurada como funcionario público, presentada el 29 de enero de 2024, Adorni declaró que tenía dos cuentas en el exterior con un total de $8,2 millones de pesos (unos diez mil dólares al tipo de cambio de entonces), diez millones de pesos en un fondo de inversión y apenas 182 mil pesos en cajas de ahorro locales. En efectivo, tenía 2.400 dólares.

Llegó al Gobierno con dos inmuebles: un departamento de 115 metros cuadrados en la calle Asamblea, en Parque Chacabuco, que informó que tiene desde 2014 y figura a medias con su mujer. Lo adquirió mediante una hipoteca que canceló en 2019. El otro, un departamento de 107 metros cuadrados en La Plata, 100% de él por una donación familiar, que declara como suyo desde 2016. Sus bienes al inicio del período sumaban $11,6 millones de pesos. Era, en apariencia, un funcionario de clase media con propiedades modestas. Pero lo que vino después no encaja con ese punto de partida.

Cierre de 2023: el salto que no cierra

Al comparar su declaración jurada inicial con la anual correspondiente al período 2023 –presentada el 7 de noviembre de 2024, fuera de término–, surge una diferencia enorme: sus bienes pasaron de $11,6 millones a $61 millones. Un incremento patrimonial de más del 500%, según reveló El Destape.

La aparente justificación está en un crédito familiar. Adorni declaró que al final de 2023 incorporó a su patrimonio 42.500 dólares en efectivo, provenientes de préstamos de su madre, Silvia Pais, y de una jubilada de 95 años llamada Norma Zuccolo, presuntamente también familiar suya. Los montos coincidían exactamente con el valor en pesos que el funcionario adjudicó a los dólares.

Exintegrantes de la Oficina Anticorrupción señalaron que simular préstamos de familiares es la maniobra habitual para “blanquear” dinero que no se había declarado con anterioridad y que factiblemente se utiliza para comprar algún bien. El patrón se repetiría, con otras personas, en los dos años siguientes.

2024: camioneta y casa en un country

En 2024, su primer año completo como funcionario, Adorni incorporó a su patrimonio una Jeep Compass Sport 2.4, modelo 2021, valuada en $11,3 millones. Fue en marzo de ese año. En relación con los vehículos, el funcionario informó haber tenido el 50% de un Renault Captur modelo 2019, aunque al cierre del período figura con valor declarado cero, una situación que en el sistema de la Oficina Anticorrupción suele registrarse cuando un bien es vendido entre un período y otro.

El mismo 2024 la familia Adorni llegó al country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz. Al principio alquilaban una vivienda en el lote 2 del mismo predio. El barrio privado –ubicado sobre la Ruta 6 a 82 kilómetros de CABA– tiene 61 hectáreas, cancha de golf de 18 hoyos, caballerizas, canchas de tenis y fútbol. Los precios de venta oscilan entre USD 90.000 y USD 200.000, y el costo de las expensas mensuales varía entre $600.000 y $800.000.

Evidentemente el lugar les gustó y mucho, porque el 15 de noviembre de ese 2024, Bettina Angeletti –esposa del jefe de Gabinete– registró a su nombre la Unidad Funcional 380 en el country. Figura como única titular de desde esa fecha. El documento deja constancia de que está casada con Manuel Adorni.

La fecha es por demás sugestiva: porque ese mismo día de noviembre, Adorni hipotecó el departamento de Parque Chacabuco donde vivía con su familia. Le había pedido a su escribana de confianza, Adriana Nechevenko –que lo conoce hace más de 20 años y lo llama “Manu”– que le buscara gente para que le prestara dinero. Ella le consiguió como financistas a una oficial de la Policía Federal ya retirada y su hija, actual miembro de la fuerza. Así, Graciela Isabel Molina de Cancio le aportó US$85.000 y Victoria María José Cancio, 15.000 dólares. El acuerdo de 100.000 dólares era al 11% anual a pagar en 24 cuotas mensuales. 

Según declaró Nechevenko en sede judicial, una vez recibidos los 100.000 dólares en efectivo, Adorni depositó el dinero en un banco y aportó otros 20.000 dólares propios. Así compró la casa del country, que colocó a nombre exclusivamente de su mujer. El funcionario no informó esta casa en el anexo público de su última declaración jurada. Tampoco lo hizo en su DDJJ como candidato porteño, como reveló elDiarioAR.

Tras concretar la compra, la familia inició una obra de gran magnitud. Antiguos moradores del barrio afirman que la vivienda original era una casa antigua que fue prácticamente demolida y reconstruida desde cero. La Justicia citó a declarar como testigos para los próximos días a Juan Ernesto Cosentino, el vendedor de la casa en el country, y a Matías Tabar, de la empresa “Grupo AA”, que estuvo a cargo de las obras en el lote 380.

Fin de 2024: vacaciones

Mientras Milei pedía a sus funcionarios que evitaran los destinos de lujo y mostraran austeridad, la familia Adorni viajaba a Aruba entre el 24 de diciembre de 2024 y el 10 de enero de 2025. El traslado se habría realizado en vuelos comerciales de LATAM Airlines, con escalas en Perú a la ida y en Ecuador al regreso. La Justicia intenta confirmar que se hayan alojado en el complejo Tamarijn Aruba All Inclusive, bajo modalidad todo incluido. El costo estimado del viaje ronda los 12.000 dólares.

Según informes oficiales, no hay registros de Adorni en la Casa Rosada entre el 27 de diciembre de 2024 y el 6 de enero de 2025, ambos días incluidos. El 31 de diciembre de 2024, Adorni y su mujer publicaron una foto posando frente a una pileta iluminada para recibir el Año Nuevo, con Vancouver como ubicación en Instagram. El problema es que en esa época del año, esa ciudad canadiense está en pleno invierno, con temperaturas bajo cero.

Cuando el escándalo explotó meses después, Adorni dijo que en un año y medio no había tomado vacaciones.

Agosto de 2025: la DDJJ con más preguntas

La declaración jurada correspondiente al ejercicio 2024, presentada el 4 de agosto de 2025, muestra que Adorni declaró más de USD 48.000 en ahorros, dinero en efectivo en pesos, dos propiedades y dos vehículos. 

Sus pasivos también crecieron. A fines de 2024 reportó deudas por $95,4 millones, frente a los $34,2 millones declarados en 2023, un crecimiento del 178% en un año. Se trata de deudas en dólares con cuatro acreedores: su madre Silvia Pais, Victoria María José Cancio, la sucesión de Norma Zuccolo y Graciela Isabel Molina.

La casa del country no figuraba. El departamento de Caballito, que compraría meses después, tampoco. La foto patrimonial que presentó no se condecía con la realidad que ya se estaba construyendo.

Noviembre de 2025: el departamento de Caballito, con una hipoteca que no cierra

El jefe de Gabinete firmó en noviembre de 2025 la escritura de compraventa del departamento de la calle Miró 550, en Caballito, donde vive actualmente con su familia. La operación quedó registrada a un valor de 230.000 dólares que provienen, casi en su totalidad, de una hipoteca no bancaria con dos particulares Esto ocurrió dos semanas después de que fuera confirmado como jefe de Gabinete en reemplazo de Guillermo Francos.

El inmueble había sido ofrecido a USD 295.000 por la inmobiliaria Rucci en noviembre de 2024. Las compradoras, la jubilada Beatriz Viegas (72 años) y Claudia Sbabo (64 años), lo adquirieron seis meses antes, en mayo de 2025, por US$ 200.000, al ex jugador Hugo Morales, que lo había comprado 20 años atrás por el mismo valor de venta. 

La propiedad, por su alta categoría y ubicación, debería constar en realidad cerca de US$ 450.000. El tasador de Reporte Inmobiliario calculó un valor cercano a los 375.000 dólares. El departamento terminó en manos de Adorni por un valor registrado de US$ 230.000, un 22% más barato que el aviso original. 

Sin vender su departamento en Parque Chacabuco, Adorni pagó un anticipo en efectivo de solo 30.000 dólares y se comprometió a saldar el resto mediante una hipoteca a pagar a noviembre de 2026. Lo curioso es que las jubiladas Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, cuando se lo compraron a Morales y luego cuando se lo vendieron a Adorni, siempre estuvieron acompañadas de dos hombres que no figuran en la compra, pero sí en la reserva.

Uno de ellos es hijo de Viegas, Pablo Martín Feijoo, que elDiarioAR reveló que figura en los registros de ingreso a la Casa Rosada. Entró, autorizado por el propio Adorni, el 22 de octubre de 2025, semanas antes de concretar la venta. El otro hombre detrás de las jubiladas se trata de Leandro Miano. Ambos “muchachos” –como los definió Morales en su declaración ante la Justicia– forman parte de la empresa desarrolladora TJS Group y de la constructora Avda SRL. La escribana de la operación fue, nuevamente, Adriana Mónica Nechevenko de Schuster.

Actualmente, Feijoo ofrece a la venta el departamento de Parque Chacabuco que los Adorni abandonaron cuando se fueron a vivir a Caballito. Es ofrecido a US$289.990, más caro que el de Caballito, que es más grande y de más categoría.

2026, cuando todo estalla

En el feriado de Carnaval, Adorni viajó con su esposa, sus hijos y el periodista Marcelo Grandio en un HondaJet privado con matrícula LVHWA, que salió el jueves 12 de febrero a las 20.21 y aterrizó en Punta del Este 35 minutos después.

El viaje duró cinco días. Al volver, el 17 de febrero, el funcionario solicitó hacer el trámite de migraciones en un hangar de San Fernando para no ser visto. Grandio tiene un programa en la TV Pública, que depende de la Jefatura de Gabinete. La emisora estatal le firmó al menos seis contratos desde 2024.

Adorni dijo que pagó todo de su bolsillo. Pero la secretaria del broker aeronáutico ratificó ante la Justicia que Grandio pagó el vuelo, y que el periodista le dijo que quería “invitar a una familia a Punta del Este”. El vuelo de vuelta también lo pagó Grandio, en efectivo, a través de un intermediario. El vuelo costó ida y vuelta, unos 10.000 dólares.

El expediente Adorni explotó mediáticamente en marzo, cuando se difundió una fotografía que mostraba a Bettina Angeletti junto a la comitiva presidencial en Nueva York, durante la Argentina Week 2026. Adorni confirmó que su esposa había viajado en el avión presidencial. Dijo que ella tenía pasaje comprado por US$5.348 pero que, por un cambio de agenda, él la invitó a sumarse al avión oficial, algo que impide el artículo 2 de la Ley de Ética Pública. Se consideró un “deslomado”. 

Adorni volvió de Nueva York junto a su mujer en el vuelo JFK-EZE, DL 115, del 14 de marzo de 2026, con partida a las 22:25 desde Estados Unidos y arribo a Ezeiza a las 10:15 del día siguiente. El servicio fue directo y sin escalas. El importe total de los tickets superó los US$10.000: el pasaje del jefe de Gabinete se facturó en 4.910,35 dólares, mientras que el de Angeletti en 5.154,55 dólares. En cuanto a la reserva, aparece asociada a “RESERVASPASAJES//JEFATURA.GOB.AR”, Cytric y marcas de “MISIÓN OFICIAL”.

En pocos días salieron a la luz el vuelo privado a Punta del Este, la casa en el country, el departamento de Caballito y el presunto viaje a Aruba. El escándalo ya no tiene retorno. Cada hilo que tira la Justicia lleva a las mismas preguntas: ¿puede el actual jefe de Gabinete justificar su patrimonio? ¿De dónde salió la plata?

MC

Luis Caputo explicó que los funcionarios que accedieron a alguna de las hipotecas del Banco Nación suman apenas 0,2% de los 27.000 receptores de esos créditos a baja tasa, por lo tanto, su insignificancia anula la sospecha de delito. Es una forma de medirlo; hay otras. Por ejemplo, la que apunta un ministro de una provincia aliada del oficialismo. “Metieron a la mitad de la consultora Anker en esos créditos”.

El funcionario provincial se refiere a la consultora boutique que encabezaban Caputo y Santiago Bausili. Cuando fueron convocados por Javier Milei, en diciembre de 2023, el primero se hizo cargo del Ministerio de Economía, el segundo, del Banco Central (BCRA), y los economistas del staff pasaron a ocupar despachos oficiales.

El listado de beneficiados con hipotecas del banco público —a una tasa entre la mitad y un tercio de la de una entidad privada, mayor cobertura sobre el precio de la vivienda y menores exigencias en cuanto a ingresos del solicitante— incluye a unos doce funcionarios del Poder Ejecutivo.

De ellos, tres trabajaron para Anker, y están entre quienes recibieron los préstamos de mayor monto, no sólo entre los otorgados a funcionarios, sino entre los 27.000 clientes a los que aludía Caputo.

Encabeza el listado el ex-Anker y actual director del Banco Central Juan Pedro Inchauspe, quien cosechó $509 millones en diciembre pasado, según el sitio “Cuánto Deben”, del analista Andrés Snitcofsky, que sistematizó la información. Otro responsable de la consultora y actual secretario de Finanzas, Federico Furiase, recibió $367 millones en agosto de 2025. Le siguió Felipe Berón, exanalista en la firma de Caputo-Bausilli y actual segundo de Furiase, con $362 millones.

Del resto de los economistas de Anker —Caputo, Bausili y el director del BCRA Martín Vauthier— no hay registro de que hubieran aprovechado la gran oportunidad de endeudarse a la tasa subsidiada del Nación, al menos a su nombre.

En cambio, sí lo hicieron más hombres del Ministerio de Economía: Matías Mana, subsecretario de Relaciones Financieras Internacionales (otro en la línea Furiase, $243 millones) y Juan Manuel Garzón (subsecretario de Programación Macroeconómica).

El foco mayor se colocó sobre Felipe Núñez, asesor de Caputo y director del BICE. Juntó $373 millones en febrero de 2025. Toda una contradicción con sus provocaciones en redes sobre el cierre del Banco Nación, al que definía antes de ocupar su función actual como “una cueva de acomodados políticos que lo único que sirve es para timbearse los ahorros de la gente para salvar a inviables”.

Inusualmente apichonado para quien suele actuar como un matón virtual, Núñez mintió en el streaming fascistoide Carajo. Antes de acudir al medio preferido del equipo económico, Núñez se hizo asesorar por un abogado y leyó: “No hicimos nada moral ni ilegal, fuimos como cualquier hijo de vecino a sacar un crédito a la misma tasa y plazo que puede sacar todo el mundo. Nuestras familias se endeudaron a 30 años”. Se abstuvo de pedir que le agradecieran.

A su lado, Furiase explicó lacónico —ajeno a su novedosa preferencia por la provocación— que su préstamo fue para comprar “una segunda vivienda, y no tercera como se dijo por ahí”. Se refirió a la información dada por Alejandro Bercovich en C5N, quien mostró la suntuosa casa que Furiase compró en el barrio privado Los Pilares e informó que sus ingresos se multiplicaron en febrero, cuando pasó a cobrar honorarios como director de Aeropuertos Argentina, la empresa encabezada por Eduardo Eurnekián en la que el Estado es accionista. Con los al menos $10 millones que ganará por una tarea a la que no dedicará ni un minuto al mes, el secretario podrá afrontar la cuota de la hipoteca sin problemas.

Furiase –era director del BCRA cuando recibió el préstamo– y otros receptores de Anker probablemente deban explicar ante tribunales la tentación en la que incurrieron en momentos en que contaban con información privilegiada sobre el comportamiento de las tasas y supervisaban las condiciones del crédito.

El hecho de que más de la mitad de los funcionarios de alto rango del Poder Ejecutivo que recibieron un crédito del Nación pertenecieran a las inmediaciones de la oficina de Caputo explica la pelea en sordina que se desató esta semana entre el titular de Hacienda y colegas del gabinete.

La lista de libertarios que recibió un crédito es extensa. Como informó este diario, durante unos meses de 2025, se desató un radiopasillo en varios ministerios para sacar un crédito del Banco Nación y ofertas “te paso el contacto”. Las fuentes calculan en decenas entre las segundas líneas de su entorno que se endeudaron, entre asesores, directores y jefes de gabinete con menos nombre que los sesenta que salieron a la luz entre los tres poderes del Estado, con una clara preponderancia de integrantes de La Libertad Avanza.

Sandra Pettovello sobreactuó al fulminar a su jefe de gabinete, el radical Leandro Massacessi, receptor de $439 millones. La ministra de Capital Humano se quejó de que no le había avisado y lo echó. En la particularísima escala ética de la amiga y contenedora psicológica de Javier Milei, otros hipotecados entre funcionarios que la rodean no merecieron reparo, apunta una fuente de Economía. En la cartera de Caputo vieron en Pettovello una aprovechamiento político para desmarcarse al costo de exponer al staff de Anker, a riesgo de generarles un frente judicial.

¿Qué piensa sobre este asunto el líder cuya lógica de razonamiento y sus principios tienen encandilado a todo el elenco gobernante?

En un diálogo en penumbras con dos fans emitido por la TV Pública, Milei se hizo preguntas referidas a los créditos del Banco Nación: “Haber tomado un crédito, ¿mató gente? No”. Siguió: “¿Alguien perdió la libertad por esto? Tampoco”. Abundó: “¿La tasa es la tasa de mercado? Afirmativo. No violentaste la propiedad privada”.

Esa secuencia de preguntas condensa problemas de diverso orden. Primero, intelectual. No hay forma de que una persona que comprende de qué se trata atine a interrogantes tan absurdos. Luego, en relación con la verdad, conflicto esencial en el Mundo Milei. La tasa para primera vivienda del Banco Nación para el público en general es el doble del 4,5% que rige en la línea de créditos a la que accedieron funcionarios de Economía que hace dos años gozaban con la idea de cerrar el banco “prebendario”. No fue “tasa de mercado”.

El conflicto con la verdad del Presidente remite a un aspecto que parece haberse instalado como motor del Gobierno ultraderechista: la amoralidad. No asoma una convicción ética que priorice unos valores sobre otros, aunque sean polémicos, o que dé lugar a un prisma rector para todo el Gobierno. Prevalece una ausencia de toda moral, que da lugar a un cúmulo de comodines ramplones para tratar de justificar o esconder lo que haga falta, con lo que surja en el momento, sin línea de razonamiento o reparos sobre el procedimiento.

La presunción de corrupción sistemática que refleja el caso ANDIS y el 3% para Karina, la organización de una aparente estafa desde el propio despacho presidencial expresada por $LIBRA, la pulsión por comprar propiedades y viajar en aviones caros de los Adorni o la avivada de casta por excelencia que reflejan los créditos de Banco Nación demuestran un menú variopinto de podredumbre que tiene entretenido al Gobierno, al punto de paralizarlo en aspectos básicos de la administración.

Se suma a ello otro plano identitario del ascenso del Soez. Para Milei, el insulto y la grosería forman parte de la necesidad de “llamar a las cosas por su nombre”, hablar “sin hipocresía” para denunciar el latrocinio de la casta o, en sus términos, “políticos de mierda”. El éxito electoral del ultra tuvo un correlato en las pantallas de canales de noticias, columnas de opinión, redes, humoristas y streamings fascistoides.

Los últimos episodios de canales como Carajo –cada vez con menos audiencia– muestran a esas voces no ya para apuntar a quienes ellos consideran infrahumanos (por trabajar en el Estado, ser científico, feminista, zurdo o gay), sino para el goce del latrocinio propio. Una variante todavía de alta difusión no se preocupa por negar lo evidente, sino por decir que los anteriores fueron peores. Otra vez, la amoralidad.

Todo esto ocurre mientras millones de personas no pueden viajar en colectivo a trabajos en los que ganan menos en términos reales que hace cinco meses o tres años, otros millones están impedidos de atenderse con el médico de PAMI porque el instituto de salud de los jubilados entró en un déficit inmanejable, y unos cuantos millones más viven bajo el agobio de lidiar con escuelas, hospitales, universidades y programas de asistencia amputados por la motosierra. Todo ese mal vivir cotidiano encuentra al Gordo Dan vomitando agravios que perdieron gracia y al Presidente haciéndose entrevistar por una lista de periodistas tan restrictiva, que más temprano que tarde se reducirá a un único nombre posible: Luis Majul.

Maniatado

Se desató una guerra con Irán. La acción del Estado argentino fue limitarse a las palabras “apoyo total”, “vamos a hacer todo lo que pida Estados Unidos”. La adhesión irrestricta viene en combo con el pegoteo con Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí con pedido de arresto por crímenes de guerra e investigado por genocidio.

Semejante grandilocuencia pavloviana impide atender un aspecto tan básico como el desfasaje generado en los costos del transporte público a raíz del aumento del petróleo derivado de la crisis en el Golfo Pérsico. El precio de viajar en el área metropolitana triplicó el aumento de la inflación desde que asumió Milei, mientras trenes, subtes y colectivos no cesaron de recortar servicios. Se viaja más caro y peor.

Entre otras razones, el Gobierno está maniatado para, por ejemplo, intervenir en el mercado de combustibles, porque el dogma económico lo impide. Con las capacidades del Estado acechadas o abandonadas, los organismos de control resignan capacidad para exigir cumplimientos y auditar costos. Tampoco es posible aumentar los subsidios para mitigar el alza, porque la persistente caída de la recaudación producto de la recesión resta recursos al Estado, que profundiza los recortes y acelera la retracción del consumo.

¿Sorprendidos?

slacunza@eldiarioar.com

SL

Manuel Adorni suma una nueva opacidad en el registro de sus bienes. En una declaración jurada patrimonial presentada en marzo de 2025 ante el Tribunal Electoral de la Ciudad de Buenos Aires, el jefe de Gabinete omitió consignar la casa de fin de semana en el country Indio Cua, incorporada cuatro meses antes a nombre de su esposa, Bettina Angeletti. Debió hacerlo, porque se trató de un bien ganancial.

El 29 de marzo de 2025, el entonces vocero presidencial y candidato a primer legislador por la Ciudad de Buenos Aires por La Libertad Avanza informó sus bienes ante el Tribunal Electoral, requisito establecido para todos los postulantes.

La declaración incluyó el 50% del departamento en la avenida Asamblea 1132, de Parque Chacabuco —compartido con Angeletti—, y el 100% de una casa en La Plata, ambas anotadas por valores fiscales exiguos. Además, consignó depósitos bancarios que sumaban unos $50 millones. A grandes rasgos, el documento coincide —si bien es mucho más escueto— con lo informado a la Oficina Anticorrupción en 2024, cuando Adorni presentó una declaración similar como secretario de Comunicación del Gobierno de Javier Milei.

La ley electoral de CABA, en su artículo 104, es nítida: “La declaración jurada patrimonial debe contener una nómina detallada de todos los bienes, créditos, deudas e ingresos, tanto en el país como en el extranjero, propios y gananciales, del declarante”.

Los bienes gananciales son aquéllos “creados, adquiridos por título oneroso o comenzados a poseer durante la comunidad por uno u otro de los cónyuges”, según el código civil y comercial. Por si quedara alguna duda, el inciso cuatro del artículo 104 de código electoral porteño especifica que el candidato debe consignar cualquier bien del que tenga “posesión, tenencia, uso, goce, usufructo por cualquier título, motivo o causa”, aunque no esté a su nombre.

La obligación de Adorni de declarar la casa en el Indio Cua Golf Club, ubicado en Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires, era ineludible, según contadores, fuentes del Tribunal Electoral y legisladores de la Ciudad consultados por elDiarioAR. Escriturada el 15 de noviembre de 2024 a nombre de Angeletti, se trataba de un bien ganancial.

No cabe la hipótesis de que la casa de Indio Cua fuera adquirida por Angeletti mediante la venta de algún bien propio previo al matrimonio, el producto de una explotación comercial individual u otra excepción a lo que se considera “ganancial”. La vivienda en cuestión, tal como declaró el miércoles la escribana Adriana Nechevenko ante el fiscal Gerardo Pollicita en Comodoro Py y se constata en el registro de la propiedad inmueble, fue comprada a través de una hipoteca de US$100.000 sobre el departamento en común de Adorni y Angeletti en la calle Asamblea 1132. La trazabilidad del carácter ganancial del bien está expuesta en la hipoteca, indica un contador con clientes entre legisladores de diferentes partidos.

“Un bien adquirido por uno de los cónyuges es considerado ganancial, más allá de quién figure como titular, salvo excepciones establecidas en la ley. Ante la duda, mi consejo profesional es que las declaraciones juradas son una oportunidad para consignar bienes gananciales, para evitar inconvenientes posteriores”, dice el contador, que prefiere no revelar su identidad.

En la presentación del jefe de Gabinete ante el Tribunal Electoral porteño, no figura ni la casa en Indio Cua, ni la deuda hipotecaria sobre el departamento de Asamblea, ni ninguna otra deuda, pese a lo prescripto en el código electoral de la Ciudad.

Adorni no respondió la consulta de este medio. Una fuente oficial sugirió que la omisión podría deberse a que la casa del barrio privado está a nombre de Angeletti, y deslizó que podría haber sido anotada en un anexo confidencial presentado ante el Tribunal Electoral, sin precisiones. La ley electoral porteña estipula que la confidencialidad se restringe a números de cuentas o identidad de acreedores y deudores, no a bienes gananciales.

Total normalidad

Transcurridas tres semanas a los tumbos, sin capacidad de respuesta sobre la notable evolución patrimonial de Adorni, el Gobierno se apega a una secuencia para explicar que “todo es legal”.

Por un lado, el testimonio del exfutbolista Hugo Morales, vendedor del departamento de Miro 550, barrio de Caballito, y los documentos entregados por la inmobiliaria Rucci coinciden en que la operación se concretó por US$200.000, en mayo de 2025. Como se trata de un precio muy inferior al de mercado e incluso al publicado por Rucci para esa propiedad en febrero de 2024 (US$340.000), la explicación es que el departamento se encontraba en mal estado y necesitaba refacciones.

Meses más tarde, las jubiladas Beatriz Viegas y Claudia Sbabo les vendieron el departamento a Adorni y Angeletti por US$230.000, y les otorgaron un préstamo hipotecario por US$200.000.

Como informó este diario, el jefe de Gabinete dijo a los Milei que la hipoteca de su nuevo departamento sería saldada con la venta del anterior, en Asamblea 1132, todavía en veremos. En cuanto al misterioso préstamo de las jubiladas vendedoras, el argumento fue que una de ellas, Viegas, es la madre de un supuesto amigo de Adorni, de quien el miércoles se conoció el nombre: Pablo Martín Feijoo. Este desarrollador inmobiliario está, a su vez, a cargo de la venta de la unidad en Parque Chacabuco.

Sobre la casa en Indio Cua, la escribana Nechevenko dijo en la fiscalía que ella misma contactó a otras dos mujeres, policías de profesión, que actuaron como prestamistas para la adquisición. “Un mutuo que se hace regularmente”, dijo la fuente gubernamental.

Las incongruencias saltan a la vista, más allá del bajo precio del semipiso en la calle Miró.

El departamento en el que vivían los Adorni en el barrio de Parque Chacabuco está hipotecado en una parte de su valor, por US$100.000 —usados para comprar parte de Indio Cua—, y se supone que del producto de su venta también saldrán los fondos para afrontar la compra de la unidad en Caballito. La vivienda en avenida Asamblea está ofrecida a US$290.000, un precio muy superior al que pagó por Miró, que tiene mayor superficie y se encuentra en un edificio y un barrio de marcado mayor valor.

El incremento patrimonial de la sociedad Adorni-Angeletti comenzó pocos meses después de la asunción de los Milei en la Presidencia.

Ello combina con gastos mensuales sucesivos de más de $10 millones con tarjeta de crédito, la compra del vuelo privado a Punta del Este, con ida el 12 de febrero pasado y regreso cinco días más tarde (a un costo, según Adorni, de US$3.800, y según lo facturado, de US$9.000), más el pasaje de Angeletti de regreso de Nueva York en marzo por US$5.154.

Desde que elDiarioAR informó sobre el vuelo privado a Punta del Este y Adorni se mostró imposibilitado de dar explicaciones, el Gobierno insiste en que la renovación de la declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción, prevista para el 30 de mayo, aclarará todas las dudas.

Dado que el sueldo de Adorni era algo superior a $3 millones hasta diciembre de 2025 y de unos $7 millones desde febrero, la clave para entender la suma de propiedades y gastos exorbitantes de la pareja seguramente surgirá del presunto éxito fulgurante de la consultora BE, dedicada al coaching ejecutivo y de vida, fundada por Angeletti a mediados de 2024.

Al parecer, desde entonces se acumularon cuantiosos ingresos producto de convenios de BE con empresas vinculadas a negocios estatales. Es una de las hipótesis que manejan en el juzgado federal de Ariel Lijo y la fiscalía de Pollicita.

slacunza@eldiarioar.com

SL/CRM

El departamento del segundo piso de Asamblea 1132, en el que vivieron Manuel Adorni y su familia durante más de una década, se transformó en un comodín que multiplica su valor en el entramado de bienes del jefe de Gabinete.

Quien mostró el departamento de Parque Chacabuco “un par de veces” a interesados y se declara a cargo de la venta es Pablo Feijoo, hijo de Beatriz Viegas, una de las dos mujeres a las que Adorni y Bettina Angeletti compraron la vivienda en Miró 550, Caballito.

En diálogo con elDiarioAR, Feijoo se plegó a la versión de que las operaciones “están en regla” y “no hay nada raro”, tal como sostiene Adorni. El registro de ingresos a Casa Rosada constata que el desarrollador inmobiliario de 36 años visitó a Adorni en octubre de 2025, un mes antes de la operación de Miró.

Feijoo es el “Pablo” a quien el exfutbolista Hugo Morales mencionó como el comprador del departamento de Miró en mayo de 2025 a US$200.000, pese a que la inmobiliaria Rucci lo había publicado quince meses antes a US$340.000. Según declaró Morales en sede judicial y ratifican responsables de Rucci, en el momento de la escritura se presentó la madre del interesado, Viegas, y una allegada a ésta, Claudia Sbabo. Seis meses más tarde, las dos mujeres vendieron el departamento de Miró a Adorni y su esposa a US$230.000.

Si bien el amigo de Adorni prefirió no abundar sobre sus negocios y su papel, trascendió que es directivo de la desarrolladora TJS Group y de la constructora Avda SRL, y tiene como socio Leandro Miano, quien sería familiar de Sbabo.

Ante la inquietud generada por la concesión de una hipoteca de parte de Viegas y Sbabo por el 87% del valor del departamento de Miró, la versión de Adorni fue que se trataba de la madre de un amigo. La escribana Adriana Nechevenko confirmó la naturaleza de ese vínculo porque “los hijos (de Adorni y Feijoo) van al mismo colegio”.

Adorni necesita que la venta se concrete antes de noviembre, cuando deberá pagar el capital de US$100.000 prestado para Indio Cua, más los US$200.000 que quedaron pendientes ante la madre y otra familiar de Feijoo por la hipoteca de Miró

El departamento de Asamblea fue hipotecado en noviembre de 2024, y con esos fondos, el jefe de Gabinete y Angeletti compraron la casa en el barrio privado Indio Cua. La escritura fue anotada a nombre de la esposa del funcionario.

A su vez, la promesa de pago de la hipoteca de Viegas y Sbabo por Miró fue contra la venta de Asamblea, de tal manera que ese bien serviría para pagar una casa en un country que tiene expensas por $700.000 y un departamento con expensas por $1 millón. Como parámetro de valor, la vivienda de Asamblea registra expensas por $500.000. El contraste con el semipiso de Miró tanto por la categoría del edificio como por la cotización del barrio —Caballito—, es evidente.

Feijoo afirmó que el carácter de hipotecado del departamento de Asamblea no obstaculizará la venta y ello será constatado por el escribano que intervenga.

La escribana Nechevenko declaró ante la fiscalía de Franco Picardi que acercó las prestamistas de US$100.000 a Adorni y Angeletti —dos mujeres policías— para la compra de la casa de fin de semana en Indio Cua contra la hipoteca de Asamblea. El plazo de pago es dos años y paga un interés de 11% anual.

El intermediario se negó a responder más allá de las características del departamento de Asamblea, y afirmó que brindará las explicaciones requeridas por la fiscalía de Picardi.

Desde que fue publicada, sólo dos interesados visitaron la propiedad de Asamblea 1132.

Adorni necesita que la venta se concrete antes de noviembre, cuando deberá afrontar el capital de US$100.000 prestado para Indio Cua, más los US$200.000 que quedaron pendientes ante la madre y otra familiar de Feijoo por la hipoteca de Miró.  

slacunza@eldiarioar.com

SL / NB

El 22 de octubre del 2025, menos de un mes antes de escriturar como propio el departamento en Caballito donde vive con su familia, Manuel Adorni tuvo en la Casa Rosada una reunión con un personaje clave en la trama sobre sus propiedades: recibió a Pablo Martín Feijoo, hijo de unas de las jubiladas que le vendió inmueble y que le dio una hipoteca por US$100.000. El mismo día también estuvo en la sede gubernamental la esposa del funcionario, Bettina Angeletti.

Feijoo ingresó a Balcarce 50 a las 10.16 de ese día y se retiró a las 21.34, según pudo constatar elDiarioAR en los registros de visitas de la Casa Rosada. Adorni, que por entonces era vocero presidencial, fue el funcionario que le autorizó el ingreso. Feijoo estuvo acompañado por Gisela Kocsis, según la misma planilla. Angeletti ingresó a las 9.58 y se retiró a las 11.25.

Feijoo, de 36 años, es hijo de Beatriz Alicia Viegas, una de las dos mujeres que le vendió el departamento de la calle Miró al 500 a Adorni. La segunda vendedora y también prestamista de otros US$100.000 es Claudia Sbabo. Ambas le dieron a Adorni una hipoteca sin intereses por el 87% del valor escriturado, según declaró este miércoles en Comodoro Py la escribana Mónica Nechevenko.

La figura de Feijoo toma relevancia porque según el primer dueño del departamento de Adorni, el exfutbolista Hugo Morales, cuando él le vendió el inmueble a Viegas y Sbabo, las mujeres estaban acompañadas “por dos chicos”. Esa fue su declaración este martes ante el fiscal Gerardo Pollicita.

Según pudo reconstruir elDiarioAR, el exdeportista profesional accedió a vender el departamento en mayo pasado a US$200.000 porque “quería sacárselo de encima”, pese a que el precio original de venta era por US$340.000. En varios ocaciones en su declaración testimonial indicó la presencia de “dos hombres”.

Este miércoles el diario La Nación reveló la identidad de Feijoo como uno de esos hombres. El otro se trata de Leandro Miano. Ambos forman parte de la empresa desarrolladora TJS Group y de la constructora Avda SRL. Así como Feijoo es hijo de Viegas, Sbabo está casada con Omar Leonardo Miano, mismo apellido que el otro de los miembros de la desarrolladora. Tanto Feijoo como Miano serían citados a declarar como testigos por el fiscal Gerardo Pollicita. Las jubiladas lo iban a hacer este jueves, pero se postergó para la semana próxima.

Adorni, según pudo saber elDiarioAR, relató puertas adentro de la Casa Rosada que una de las mujeres que le vendió el departamento “es madre de un amigo”. Así cobraría sentido la visita de Feijoo en Balcarce 50 menos de un mes antes de la escritura del departamento, que fue el 14 de noviembre. El del 22 de octubre es el único ingreso de Feijoo a la Casa Rosada en 2025.

La escriba Nechevenko también tuvo llamativos ingresos a la Casa Rosada para verse con Adorni en los últimos dos años. La profesional, que intervino en las distintas operaciones inmobiliarias de Adorni, ingresó al menos siete veces a la Casa Rosada entre 2024 y 2025 para reunirse con el funcionario.

La primera visita fue el 30 de julio de 2024 y duró poco más de una hora; luego volvió el 19 de agosto y el 7 de octubre de ese año, en encuentros también registrados con horarios precisos de ingreso y egreso. En diciembre de 2024 se produjo una cuarta reunión, en un período en el que la escribana participaba en la operación de la casa en el country Indio Cuá.

Las visitas continuaron en 2025: el 27 de mayo se registró el encuentro más extenso —casi once horas dentro de la Casa Rosada— en paralelo a la escrituración del departamento de Caballito; luego hubo una reunión breve el 14 de julio y otra el 15 de septiembre, ambas de menos de media hora. Según los registros obtenidos vía acceso a la información pública, estos encuentros se produjeron en los mismos períodos en que se concretaron o avanzaron las operaciones inmobiliarias bajo investigación judicial, lo que puso el foco en el vínculo entre el funcionario y la profesional.

MC

La causa que investiga el presunto enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni tuvo este martes su primera declaración testimonial y una seguidilla de citaciones que marcan el ritmo acelerado de la investigación. Hugo Alberto Morales, exfutbolista de Lanús, Huracán y la Selección nacional, fue el primero en sentarse frente al fiscal federal Gerardo Pollicita para contar los detalles de la venta del departamento de Caballito que hoy pertenece al ministro coordinador. Este martes será el turno de la escribana que intervino en varias de las operaciones clave. Y en los próximos días declararán las cuatro mujeres que aparecen en los registros como prestamistas de Adorni con garantías hipotecarias.

Qué dijo el exfutbolista

Morales participó de la audiencia de manera remota, a través de la plataforma Jitsi del Ministerio Público Fiscal, ya que actualmente reside en la provincia de Corrientes. La declaración se extendió por más de dos horas y contó con la presencia del abogado defensor de Adorni, Matías Ledesma.

El exdeportista confirmó que en mayo de 2024 vendió el departamento de Miró al 500 —que había comprado en 1996 y que durante la última década mantuvo alquilado— por US$200.000 a las jubiladas Beatriz Viegas y Claudia Sbabo. Había pedido inicialmente 250.000 dólares, pero cerró por ese valor porque el inmueble necesitaba refacciones importantes y porque, viviendo lejos, quería resolver la operación rápido.

Un dato que captó la atención de los investigadores: Morales dijo que en la operación, además de las dos jubiladas, participaron “dos chicos” que no pudo identificar ni recordó si figuraban en algún papel, según reconstruyó elDiarioAR. El exjugador también aportó los datos de la inmobiliaria Rucci que intermedió en la venta —la de la esposa de un amigo suyo, también exfutbolista— y los chats de su celular con las personas involucradas.

Seis meses después de comprarle a Morales, en noviembre de 2024, esas mismas jubiladas le vendieron el departamento a Adorni y a su esposa, Bettina Angeletti, por 230.000 dólares, financiado mediante un crédito hipotecario del que Viegas y Sbabo son acreedoras de US$100.000 cada una (la pareja Adorni-Angeletti aportó por su cuenta los 30.000 dólares restantes). En otros términos: las jubiladas fueron a un tiempo vendedoras y prestamistas, y le facilitaron al jefe de Gabinete más del 85% del valor que él les pagó.

Este miércoles, la escribana

Este miércoles a las 10.30 deberá presentarse en Comodoro Py la escribana Adriana Nechevenko, considerada una testigo central de la causa. Intervino en la escrituración del departamento de Caballito, en la hipoteca que Adorni constituyó sobre otro de sus inmuebles —un departamento en Parque Chacabuco— y en la compra de la casa del country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, a nombre de Angeletti.

Tiene que declarar bajo juramento ante el fiscal Pollicita. Será indagada sobre su relación con Adorni y cómo fueron las operaciones inmobiliarias de la familia del jefe de Gabinete.

Las cuatro prestamistas, citadas

El fiscal Pollicita también dispuso la convocatoria de las cuatro mujeres que aparecen en registros oficiales como otorgantes de créditos a Adorni con garantías hipotecarias.

Para este jueves están citadas las propias Viegas y Sbabo, que ya esquivaron ante la prensa dar detalles sobre cuál es su relación con Adorni. Como anticipó elDiarioAR, el jefe de Gabinete aseguró puertas adentro del Gobierno que una de las mujeres es la madre de un amigo suyo.

Por otro lado, el lunes siguiente deberán presentarse Graciela Isabel Molina de Cancio —comisario retirada de la Policía, acreedora por 85.000 dólares— y su hija Victoria Cancio, también uniformada, que habría aportado 15.000 dólares. Ambas aparecen como prestamistas sobre el departamento de Parque Chacabuco, operación que se formalizó el 15 de noviembre de 2024, exactamente el mismo día que Angeletti compró la casa del country.

Según la denuncia de la diputada Marcela Pagano que originó la causa, Adorni habría adquirido esas propiedades sin desprenderse de los inmuebles que ya tenía. La investigación, a cargo del juez Ariel Lijo, también abarca viajes en jet privado a Punta del Este y al exterior. La Fiscalía además ya recibió el anexo reservado de la declaración jurada de Adorni —que incluye los bienes declarados por su esposa entre 2022 y 2025— enviado por la Oficina Anticorrupción.

MC

“Tenés que sacar un crédito del Nación. ¿Querés el contacto?”. La voz, segunda línea en un ministerio, narra el diálogo de un año atrás y da cuenta de un reparto que define como “una locura” de los préstamos hipotecarios del principal banco público, ése que Javier Milei propuso cerrar o privatizar. “Lo ofrecían por los pasillos”, recuerda ahora, cuando en los despachos oficiales repasan de memoria quiénes aceptaron y quiénes se perdieron la oportunidad.

La cartera más comprometida es —una vez más— la de Luis “Toto” Caputo. Allí se anotan como receptores el secretario de Finanzas, Federico Furiase (US$280.000), y el asesor y director del BICE, el picante Felipe Núñez (US$315.000), entre otros. Una y otra vez, se demuestra que un plantel “exitosísimo” en el mundo privado llega a la función pública y exprime al Estado. En este caso, se hace entregar un crédito a tasa subsidiada, que cubre un porcentaje de la “primera vivienda” mucho más alto que cualquier entidad privada.

Si pueden y quieren, los tribunales deberán evaluar si los créditos a decenas de funcionarios y diputados transfugas al oficialismo cumplieron con las exigencias de ingresos, o si se trató de un favoritismo a la hora de darles prioridad sobre ciudadanos de a pie, o nada de eso. El listado de violetas que usufructuaron la línea del Banco Nación habla por sí solo de la anormalidad en curso.

En el Palacio de Hacienda se vive un clásico: tirria contra Sandra Pettovello, la ministra de Capital Humano que se desprendió de su jefe de Gabinete, Leandro Massacessi, apenas veinte minutos después de leer un tuit que lo sindicaba como beneficiario de una hipoteca del Banco Nación por unos US$ 300.000. Pettovello le pidió explicaciones por teléfono al hijo del “Menem Rubio” Horacio Massacessi, éstas fueron insatisfactorias y dispuso su despido inmediato.

“Los dejó reexpuestos a todos, están recalientes”, razona un testigo de la pelea con Caputo. Ayer, inmerso en la realidad paralela en la que se autopercibe domador del universo, Milei se desgañitaba en X para aclarar que el despido del jefe de Gabinete de Pettovello nada había tenido que ver con el crédito del Banco Nación, contra lo obvio explicado por el propio expulsado y por múltiples fuentes oficiales.

La rivalidad entre Pettovello y el ministro de Economía se remonta a comienzos de la gestión ultraderechista, cuando la ministra trataba de destrabar partidas urgentes para asistencia social, salud y educación, y se encontraba con la negativa tajante de su colega, porque “no hay plata”. Aquellos tironeos derivaron en al menos una renuncia de la ministra, finalmente retirada.

Núñez o el jefe de campañas digitales de Casa Rosada, Juan Pablo Carreira (Juan Doe, US$76.000), caen bajo el mismo tipo de daño autoinfligido que padece Manuel Adorni. Fueron tan agraviantes, abusaron tanto de la injuria y la calumnia, que ahora, cuando quedan expuestos por avivadas, corruptelas o corrupción a gran escala, se acumularon los enemigos y son pocos los dispuestos a dar la cara por ellos. Señalados por los vecinos del consorcio del edificio al que se mudaron o los tribunales, nada los incrimina tanto como el goce expresado en redes ante el dolor social generado por la motosierra.

Aunque los oficialistas beneficiados con los créditos que detectó el diseñador gráfico y experto en datos Andrés Snitcofsky pertenecen a las distintas tribus, el escándalo no escapa a la interna. Unos trataban de hilvanar explicaciones y otros buscaban salir por arriba, con imposturas que decían no entender “qué está mal” de solicitar un crédito.

La misma fuente gubernamental antes citada acotaba ayer: “Qué barato le está saliendo a Darío Wasserman. ¿Por qué nadie lo nombra?”. Se trata del presidente del Banco Nación, responsable principal de un esquema de créditos canalizado por el método de la casta voraz enquistada en el Estado. Además de administrador de una pauta publicitaria generosa, Wasserman es esposo de Pilar Ramírez, una ex filocamporista que se volvió inseparable de Karina Milei, la terminal donde conducen casi todos los indicios de corrupción en el Gobierno del Soez.

Territorio Mahiques

El martes tuvo lugar una reunión clave y reveladora entre el nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y ocho de los nueve jueces de la Cámara de Casación Federal. El único ausente entre los magistrados fue Alejandro Slokar, quien prefirió ahorrarse la foto de una cita convocada sin agenda. En un dato elocuente, el lugar central en la foto protocolar lo ocupó el décimo participante del encuentro, Santiago Viola, el viceministro de Justicia, proveniente de la línea SIDE y otro de los adoptados por Karina.

El comienzo de la cita tuvo un tono emotivo. El más veterano de los jueces, Carlos Mahiques, no es el presidente de la máxima instancia penal del sistema judicial, pero ofició como anfitrión. Se mostró movilizado por el hecho de ser visitado por el ministro Juan Bautista. No fue ni de cerca el primer encuentro semipúblico del que participan padre e hijo. Por caso, ambos compartieron el inolvidable viaje a Lago Escondido organizado por el Grupo Clarín, en 2022, periplo de lujo que incluyó a jueces, espías, directivos del conglomerado mediático y funcionarios del entonces gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta.

La filtración oral y escrita del Telegram del grupo de Lago Escondido, en plena efervescencia por esconder el hecho, alumbró el papel de Mahiques padre caracterizado por la irascibilidad y la promesa de venganza, mientras que a Mahiques hijo le tocó pergeñar el invento de “una facturita” para justificar gastos y el diseño para trasladar la investigación a Comodoro Py, donde consiguió un éxito rotundo meses después, cuando la causa fue archivada.

Mahiques padre se juega mucho en las próximas semanas. En noviembre próximo cumple 75 años, edad de retiro para los jueces, pero Javier Milei quiere que permanezca en esa silla. La conexión con el ministro será fundamental en la instancia penal por la que pasan todas las investigaciones de corrupción de funcionarios nacionales y que además interviene en los procesos inferiores, reasignando causas entre juzgados, separando jueces, vetando pruebas o atrayendo expedientes a Comodoro Py.

El 3 de febrero, el Gobierno envió al Senado el pedido para extender el acuerdo de Mahiques padre hasta sus ochenta años, lo que tiene altas chances de prosperar. El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) ya impugnó el proyecto. Esa organización menciona los antecedentes de Lago Escondido y el festejo de la familia Mahiques en el predio de la AFA como razones para que el patriarca efectivice su jubilación de una vez por todas, pero se basa en un argumento de mayor peso.

En 2013, Mahiques fue designado por concurso como juez de la Cámara de Casación Penal (fuero ordinario, no federal). Tras un interregno como ministro del Gobierno de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, Mahiques volvió a tribunales, pero fue trasladado por decreto de Mauricio Macri a la estratégica Casación federal, sin concurso, en 2017. Al año siguiente, ante las quejas por esa práctica de la que abusó el Ejecutivo de Cambiemos, el Senado votó el nombramiento, pero —recuerda INECIP— ello no salva la falta de concurso establecida en la ley. En esa línea, la extensión del mandato de Mahiques con la que ahora pretenden premiarlo los Milei sería la prolongación de una ilegalidad. Si el Senado consigue los 37 miembros que levanten la mano, les tocará al Presidente y a Mahiques hijo firmar la extensión. Otro brindis emotivo.

El encuentro en la sala de Acuerdos de Casación Federal no fue sólo camaradería, emoción y protocolo. El juez Guillermo Yacobucci —otro veterano del fuero— aprovechó para reforzar la idea de que no es necesario completar las cuatro vacantes de la Cámara (son trece asientos y hay nueve ocupados). Según dos fuentes al tanto del contenido de la reunión, varios de sus colegas y el ministro Mahiques celebraron la idea, que podría materializarse en un proyecto de ley para reducir el número de integrantes del tribunal o, más sencillo, con la simple inacción del Ejecutivo. Si no propone a nadie, las sillas siguen vacías. Son varios los jueces de Casación que enfrentaron pedidos de juicio político, algunos de ellos con mucho cuerpo, pero todos fueron anulados o hibernados. Mejor dejar todo como está y ganan todos.

El frente de Casación Federal parece despejado con la influencia de los Mahiques, mientras la Corte Suprema reducida a tres miembros tampoco presenta mayores problemas para el Gobierno ultraderechista. Ninguno de los supremos supone un desafío para los deseos de Karina, y la mala relación entre los cortesanos contribuye a neutralizar algún intento individual de salirse del guion.

Más abajo, en la segunda y primera instancia del fuero criminal federal de la Ciudad de Buenos Aires, parece estar en curso un tránsito desde un esquema que en la última década y media pareció orbitar en el macrismo, sea por adhesión ideológica o comunidad de intereses, a otro de impronta mileista. Hasta ahora, el Ejecutivo de La Libertad Avanza convivió a gusto con esa trama dominada por la mesa judicial constituida en el Gobierno de Macri, estamentos tradicionales del fuero federal y la SIDE. Algo está cambiando bajo la dirección de la dupla Mahiques-Viola. Una terminal propia permitiría a los Milei moverse con soltura sin tener que pedir lealtades prestadas.

Vetos

Los movimientos alcanzan a la Cámara Federal, dividida en dos salas de tres miembros cada una. Martín Irurzun también tiene 74 años y aspira a lograr una extensión de su designación como camarista federal. Uno de los más veteranos de Comodoro Py y considerado afín a la UCR, fue el autor de la doctrina que sirvió para encarcelar a varios funcionarios de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, bajo el argumento del peso residual que podrían conservar para entorpecer el proceso judicial. El concepto se restringió exclusivamente a funcionarios peronistas, que pasaron meses y años en la cárcel sin sentencia. La relación con el macrismo de Irurzun, considerado propio por la UCR, fue inmejorable, pero por algún motivo —acaso ése— el tándem Mahiques-Viola no muestra intenciones de enviar al Senado la solicitud de extensión del mandato.

Milei tiene la oportunidad de congelar la foto actual de Casación, designar a tres de los seis jueces que integran la Cámara Federal porteña, unos cuantos de la primera instancia, además de magistrados federales en todo el país.

Meses atrás, Irurzun tuvo una intervención que dio que hablar en el expediente de las presuntas coimas asociadas a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), conocida como “el 3% de Karina”. En línea con las defensas de los lobistas y empresarios imputados, el camarista puso el foco en la necesidad de constatar la legalidad de los audios del amigo de Milei Diego Spagnuolo. El argumento está en el aire y podría definirse en los próximos días.

A la vacante que dejaría Irurzun en la Cámara, se podrían sumar las de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. Ambos fueron trasladados, en 2018, sin concurso por Macri a Comodoro Py, al igual que Mahiques padre, pero sin siquiera contar con el acuerdo posterior del Senado. La Corte Suprema ya estableció que su designación fue ilegal, aunque permitió su permanencia hasta que la Cámara alta nombre a sus reemplazantes. En el edificio de Retiro se narra que el hoy viceministro Viola les hizo la cruz por su intervención en un expediente de inteligencia ilegal contra el juez Sebastián Casanello. Bruglia y Bertuzzi votaron por procesar a Viola, quien oficiaba como abogado de los hijos de Lázaro Báez y había armado una operación con sello de la SIDE. El interinato de Bruglia y Bertuzzi se da por acabado.

De tal manera que Milei tiene la oportunidad de congelar la foto actual de Casación, designar a tres de los seis integrantes de la Cámara Federal porteña, unos cuantos de la primera instancia, además de jueces y fiscales federales en todo el país.

Apellidos permanentes

El concepto de “familia judicial” es más viejo que la democracia argentina. Hay un montón de Mahiques en diferentes cargos judiciales. Por aludir a otro apellido ya mencionado en la nota, el camarista de Casación Yacobucci —un juez muy receptivo a los pedidos de las defensas de los represores de la dictadura— tiene a su hijo, Ignacio, como secretario de la vocalía de su colega Javier Carbajo. La endogamia es ley, pero se avizora una nueva escala.

En la primera tanda de 62 propuestas de designación de jueces, fiscales y defensores oficiales, Mahiques se propuso agrandar la familia. Entre ellos, el hijo del fallecido fiscal ultramenemista y macrista Germán Moldes, Juan Andrés Moldes, para cubrir un puesto de juez penal económico; Ana María Juan, esposa de Marcelo Martínez de Giorgi, el juez federal que tiene paralizada la causa $LIBRA, como titular de un juzgado federal en Hurlingham; y Emilio Rosatti, hijo del supremo Horacio Rosatti, para el Tribunal Oral Federal de Santa Fe. De unos cuarenta jueces propuestos en esta instancia, al menos el 10% tienen relaciones de parentesco primario con apellidos de primer orden de la magistratura.

Los problemas de Emilio Rosatti con el alcohol —en dos oportunidades, 2021 y 2022, fue hallado al volante con más de 2 gramos de alcohol en sangre, unas cinco veces lo permitido, en caminos de su provincia, Santa Fe— y una denuncia por un divorcio turbulento que en el pasado lo obligaron a retirarse de un concurso, parecen zanjados para la vara moral de los hermanos Milei.

Una voz con peso en Comodoro Py define el mapa que quedará con los movimientos, remociones y designaciones que lleva adelante la sociedad Mahiques-Viola. “Con un promedio de edad de unos cincuenta años y horizonte de jubilación a los 75, se están asegurando un cuarto de siglo de dominio de Comodoro Py mediante un clan asociado al Gobierno”.

Procesión sin resurrección

En el corto plazo, los reacomodamientos en curso dejan capítulos a dilucidar. Uno de ellos es la investigación por las coimas en ANDIS. El fiscal Franco Picardi, quien instruyó una primera parte de la causa que derivó en 19 procesamientos, acaba de solicitar otras treinta indagatorias. El juez Ariel Lijo recibió en febrero la causa de manos de su colega Sebastián Casanello y debe decidir ahora si da curso a las indagatorias en una causa que, si escala, tocaría las puertas de la Presidencia.

Entre Martínez de Giorgi y el fiscal Eduardo Taiano tienen estaqueada la investigación por la criptoestafa $LIBRA, pero las pruebas difundidas por medios periodísticos que apuntan directamente a los hermanos Milei son tan contundentes, que enterrar ese expediente no será tan fácil.

Cada vez que sale un posteo con la foto y a Adorni le surge otra propiedad, otro viaje, otra trapisonda.

En cuanto a José Luis Espert y el financiamiento por parte de un presunto narco, la causa está radicada en un juzgado federal de San Isidro. El último movimiento del exdiputado fue para mudar la investigación a Comodoro Py.

La causa que aportó más color y efervescencia en las últimas semanas es la de los gastos desmesurados y la expansión de bienes de Adorni, verdadero monotema puertas adentro de Casa Rosada. Sin voz, el exvocero y jefe de Gabinete petrificó su sonrisa para sacarse selfies con ministros que se acercan para mostrarle su apoyo y darle el pésame. Cada vez que sale un posteo con la foto y a Adorni le surge otra propiedad, otro viaje, otra trapisonda.

El miércoles deberá prestar declaración testimonial la escribana Adriana Nechevenko, en apariencia, la armadora del pase de manos, hipoteca sospechosa y subfacturación del departamento en la calle Miró 550, barrio de Caballito, y de la casa en el country Indio Cua. El fiscal Gerardo Pollicita, en quien Lijo delegó la investigación, prepara más citaciones a testimoniales para encontrar la punta del ovillo. Dilucidar los pasos de Lijo en pleno reacomodamiento de Comodoro Py y tras haber sido rechazado para ocupar una silla en la Corte Suprema despierta múltiples elucubraciones en despachos oficiales.

Nechevenko conoce bien a Adorni, a quien frecuentó en Casa Rosada. Tienen un punto en común. El jefe de Gabinete no pagó las expensas de enero, febrero y marzo de la calle Miró, por lo que acumula una deuda de $3 millones. Nechevenko, por su parte, debería siete meses de expensas en su oficina del edificio de Luis Sáenz Peña 259, unos $2,2 millones.

El jefe de Gabinete designó abogado en la causa por los vuelos a Punta del Este y el presunto enriquecimiento ilícito. Su letrado es Matías Ledesma, hijo de un juez que condenó a las Juntas militares. Entre varios clientes famosos, Ledesma representó a Rosatti en un juicio por enriquecimiento ilícito en Santa Fe, que no prosperó, y a Silvio Robles, mano derecha de Rosatti en su vocalía de la Corte Suprema. En este caso, lo defendió por su indebida asesoría a Marcelo D’Alessandro, ministro de Justicia de Larreta y pasajero de Lago Escondido, en el marco de una disputa entre Nación y Ciudad. Para sorpresa de nadie, la causa tampoco avanzó.

El hijo de Robles es el community manager de Martín Menem.

slacunza@eldiarioar.com

SL

En la Cámara de Diputados, que preside Martín Menem, crece el malestar de los empleados por los sueldos y porque, al mismo tiempo, observan que algunos de los nuevos integrantes de la bancada de La Libertad Avanza usan los autos con chofer para pasar a retirar objetos personales. Los casos de corrupción suelen tolerarse cuando la economía va bien. Pero no cuando empeora.

A poco de comenzar el gobierno libertario, el que venía a ponerle fin a la casta política, han surgido escándalos y la aparición de nuevos se acelera: la criptoestafa $LIBRA promovida por Javier Milei, el cobro de presuntas coimas a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, para que empresarios vean a su hermano presidente; las valijas sin control aduanero de Leonardo Scaturicce, hombre de negocios ascendentes con vínculo directo con el asesor presidencial Santiago Caputo; sobreprecios en la compra de pañales del Programa de Atención Médica Integral (PAMI); supuestos sobornos del 3% a la hermana presidencial por la compra de medicamentos para la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis); vuelos privados y compra de inmuebles del jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y ahora créditos hipotecarios del Banco Nación para un director del Banco Central, Pedro Inchauspe ($527 millones), el secretario de Finanzas, Federico Furiase ($408 millones), el director y agreviso twittero del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Felipe Núñez ($475 millones), y el director nacional de Comunicación Digital, Juan Pablo Carreira ($115 millones), conocido como Juan Doe en la red X.

En la entidad, que antes había sido denunciada por contratos de una empresa de seguridad de Adrián Menem, hermano del jefe de Diputados, no responden por el nuevo caso. ¿Tantos curros en tan poco tiempo de gestión demostraría que la nueva dirigencia que venía a enterrar la casta llegó tan angurrienta como su antecesora? Se van acumulan las denuncias de corrupción de diversos diputados opositores como Esteban Paulón, Maximiliano Ferraro, Mónica Frade, Diego Giuliano, Rodolfo Tailhade y la exlibertaria Marcela Pagano.

Pero antes de los últimos destapes, en octubre pasado, el 40% de los argentinos ratificó el apoyo a Milei en una elección con una abstención historica. Enfrente estaba un Partido Justicialista (PJ) cuya líder, Cristina Fernández de Kirchner, está bajo arresto domiciliario condenada por corrupción. La inflación mensual, que era del 12% cuando el Presidente ganó el balotaje en 2023, había bajado al 2,3% y eso provocó que el Instituto de Estadística (Indec) informara este martes que la pobreza bajó del 40% en el primer semestre de aquel último año peronista al 28% en el segundo semestre de 2025. Aunque hay más desempleados y el salario alcanza para menos –eso demuestran los propios datos oficiales–, los menores saltos de los alimentos, el aumento de la asignación universal por hijo (AUH) –no así las otras ayudas sociales como la Tarjeta Alimentar– y la necesidad de trabajar más horas en la economía informal para llegar a fin de mes explican la merma, aunque no la magnitud.

La mayoría de los expertos en estadísticas de pobreza coincide en que hay menos pobres que en el final del gobierno de Alberto Fernández –con Cristina Kirchner de vice y Sergio Massa como ministro de Economía– pero considera que la metodología estadística ha llevado a sobreestimar la cantidad que había en la gestión anterior y a infravalorar la que hay ahora. Es decir, ni era tanto como 40% antes ni era 28% al segundo semestre de 2025, antes de que en los últimos meses la inflación se afinque cerca del 3% mensual –la consultora Equilibra calcula 3,3% en marzo, por impacto de la guerra de Irán en la nafta y todo lo que se transporta, como la carne– y de que se acrecientes los despidos de industrias devenidas importadoras. O sea, digamos que la pobreza no bajó tanto como 12 puntos porcentuales, como indica el Indec, pero sí descendió. Milei dice que la bajó de 53% en el primer semestre de 2024 al 28%, pero se olvida de mencionar que él la empujó a ese 53% con la devaluación inicial de su gestión.

Y no es que la estadística esté manipulada como hacía Guillermo Moreno, condenado por haberlo hecho en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Se trata de artilugios más sofisticados en los que habían incurrido otras administraciones antes también. Leopoldo Tornarolli, investigador del Centro de Estudios Distributivos (Cedlas) de la Universidad de La Plata, señala que la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), a partir de la cual se elabora el índice, sobreestima desde mediados de 2024 los ingresos registrados, es decir, los encuestados declaran más ingresos que los efectivamente cobrados y computados en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), y se supone que lo mismo sucede con las entradas informales. “¿A qué obedece eso? No sabemos, mi principal hipótesis es que la baja de la inflación ayuda a que encuestados reporten mejor porque sus ingresos ahora son mas estables, varían con menos frecuencia. ¿Qué consecuencias tiene eso en la medición de la pobreza? Exagera la caída, dado que una parte de la mejora en los ingresos de los hogares no obedece a la situación real, sino a que la encuesta ahora los capta mejor”, concluye Tornarolli.

La junta de la Asociacion de Trabajadores del Estado (ATE) en el Indec aclaran que el costo del reciente endeudamiento de las familias no se incluye en la canasta de pobreza y que la EPH tampoco considera transferencias no monetarias que fueron restringidas por este gobierno, como los bolsones alimentarios, las raciones en comedores, los medicamentos gratuitos y los otros recortes del PAMI y las obras sociales desfinanciadas.

En tanto, el director del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica (UCA), Agustín Salvia, primero juzga que es cierto que bajó la pobreza, lo atribuye a la menor inflación y la mejor de la AUH, pero advierte que existe una “ficción estadística”: “Hay una mejor captación de ingresos del sector asalariado y no asalariado (cuentapropista) informal, que es el gran motor de la caída de la pobreza. ¿Cuánto es por el crecimiento de la economía informal y cuánto por efecto de la medición? Es lo que ponemos en discusión. Además, tampoco se actualizó la canasta básica de la pobreza con el parámetro de la encuesta de ingresos y gastos de 2017/2018, por lo cual los ingresos disponibles de la población se vienen achicando”. La canasta se basa en los gastos de 2004/2005, cuando pesaban menos las tarifas y los alquileres que ahora suben más que los alimentos.

Mariana González, coordinadora del Centro de Investigación y Formación (Cifra) de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA), señala que siempre los encuestados declaran menos ingresos de los que tienen, pero la subdeclaración se redujo a partir de 2024, en coincidencia con nuevas preguntas que se agregaron ese año en el sondeo. Por eso, en Cifra-CTA ha dejado de usar la estadística de pobreza. También lo había hecho en la era kirchnerista, a pesar de su sintonía política. El Centro de Economía Política Argentina (CEPA), en el que se desempeña Hernán Letcher, también señala el problema de la composición de la canasta y la captación de ingresos no laborales a partir de más de 20 preguntas nuevas o modificadas respecto a 2023. Aquí abajo se las transcribe.

Pero Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, festejan la reducción de la pobreza. El jefe del Palacio de Hacienda desbordó optimismo en la reunión de este lunes con la Asociación de Supermercados (ASU), con su director ejecutivo, Juan Vasco Martínez, y los representantes de las grandes cadenas La Anónima, atendida por sus propios dueños Nicolás y Federico Braun; Carrefour, Néstor Sist; Changomás (de Francisco de Narváez, que se quedó con las ganas de comprar la filial del gigante francés porque no le alcanzó el financiamiento de Jorge Brito, dueño del Banco Macro), Juan Quiroga; la española Día, Agustín Ibero; la chilena Cencosud, Alejandro Arruiz; y Coto, Rodolfo Bava. Aunque uno de ellos le reconoció que vende 30% menos, Caputo dijo que la economía crece al 5%, que sin la guerra estaría en 10% y prometió que en dos meses la construcción “explotará” y derramará sobre el consumo. ¿Será por el inicio de obras mineras y gasíferas del Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI)? Por lo pronto, la economía habría caído 1,5% en febrero y apuntaría a crecer sólo 2,5% en todo 2026, según Equilibra, la firma que dirige Martín Rapetti.

En el empresariado resuenan incógnitas. En primera lugar, si este modelo económico generará trabajo. Por ahora las empresas cierran producción local para abastecer desde China o incluso Brasil, donde tienen menos costos, más apoyo estatal, más escala y no hay cepo cambiario. Con los dólares del campo, Vaca Muerta y la minería se pueden cubrir las importaciones, pero no crear trabajo, que sólo se expande en la informalidad, a imagen y semejanza de Perú, el ejemplo citado por Caputo. La segunda duda es justamente cuándo se liberará el cepo a las compañías. Hay quienes en el equipo económico sugieren hacerlo ahora que sobran divisas, sobre todo de la cosecha de soja y maíz, pero en las charlas de madrugada de Milei y el ministro de Economía el presidente le explica por qué en el mercado cambiario es mejor que la libertad no avance. Le temerá quizás a un salto cambiario en la segunda mitad del año, cuando finalice la recolección de granos.

En el establishment, que se reunirá a fin de mes en el Foro Llao Llao, también preocupa lo que perciben como odio de Milei a los empresarios, empezando por Paolo Rocca. No por nada suenan eventuales presidenciables que salgan del propio mundo de los negocios. Mauricio Macri, cuyo nombre no se descarta para que el PRO retenga la ciudad de Buenos Aires en 2027, habla de Marcos Galperin, que dejó este año el día a día como CEO de Mercado Libre aunque sigue de presidente. En el PJ, el armador Juan Manuel Olmos dice que se necesita un outsider para desplazar al outsider y sondeó al presidente y accionista de Prestige Auto, Daniel Herrero, que tiene la licencia de Mercedes-Benz para vender acá sus autos y fabricar la Sprinter. Olmos también motoriza un armado federal y unas primarias para definir el candidato junto a diputados como Guillermo Michel, Kelly Olmos, Victoria Tolosa Paz y Gustavo Bordet. Creen que hay que disipar los temores del electorado a una victoria peronista prometiendo equilibrio fiscal, pero no a costa de hipotecar el futuro destruyendo ahora la infraestructura, la ciencia y la educación.

Habrá que ver si uno de los pretendientes presidenciales peronistas, Axel Kicillof, logra alejar esos miedos, como lo hizo Luiz Inácio Lula da Silva en su primer triunfo electoral en 2002, cuando abjuró de su anticapitalismo de elecciones pasadas. Kicillof no es anticapitalista, pero necesita despejar fantasmas. Ahora que la Cámara de Apelaciones de Nueva York le dio la razón con la expropiación del 51% de YPF, puede demostrar que no estaba equivocado. Una victoria para él, para su entonces jefa, Cristina Kirchner, y para Milei, que logró el fallo a pesar de que estaba en contra de la reestatización. En cambio, entre los perdedores está el estudio litigante Burford, pero también Repsol y los Eskenazi. Si el fondo británico ganaba el juicio por US$16.000 millones -todavía puede apelar a la Corte Suprema de EE UU o recurrir al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI)-, debía destinar el 30% de lo ganado a solventar la quiebra de Petersen Energía, la empresa que armaron los Eskenazi para comprar en 2008 el 25% de YPF que estaba en manos de Repsol en una negociación mediada por Néstor Kirchner.

Cuando Cristina Kirchner y su viceministro de Economía Kicillof nacionalizaron el 51% de YPF y decidieron que las ganancias de la petrolera se destinaran a la inversión y no a los accionistas, los Eskenazi se quedaron sin plata para pagar el préstamo que Repsol y bancos internacionales les dieron para adquirir el 25% de YPF. Por eso, iniciaron su concurso preventivo en el juzgado de instrucción 3 de Madrid, donde habían radicado Petersen Energía. En ese proceso fue que Burford adquirió el derecho de los Eskenazi a litigar por la expropiación. Como el estudio británico por ahora perdió la batalla legal en EE UU, no podrá dirigir el 30% a pagar las deudas de Petersen Energía: se trata de US$2.126 millones verificados en 2013, más los intereses de 13 años. Más de la mitad se le debe a Repsol. El resto, al Santander, el Credit Suisse y el brasileño Itaú, entre otros. Curiosamente, en Repsol niegan que estén involucrados en ningún proceso vinculado a su etapa en Argentina, después que CFK y Kicillof los indemnizaran en 2014. Los Eskenazi, que se exponen a dejar impagas sus deudas y el consiguiente desprestigio, también se deslindan del caso y lo dejan en manos del administrador concursal.

El asesor financiero Sebastián Maril, que sigue el juicio de Burford desde el inicio, asegura que si el fondo logra revertir la sentencia, los dueños de los bancos Santa Fe, Santa Cruz, San Juan y Entre Ríos no ganarán dinero sino que podrán saldar las deudas de Petersen Energía con Repsol y las entidades internacionales. A su vez, sostiene que en ese caso -por ahora remoto- si Repsol algún día cobra, podría enfrentar una demanda del Estado argentino con el argumento de que no puede reclamar más después del contrato amigable de indemnización de 2014. “Repsol se va a quedar con lo que le llegue y la peleará para no devolverlo”, pronosticó Maril.

AR/MG

Javier y Karina Milei se ocuparon de difundir este miércoles que la confianza en Manuel Adorni sigue intacta y que permanece “inamovible” como jefe de Gabinete. Ante el cúmulo de cabos sueltos que aparecen a diario sobre su incremento patrimonial y gastos desmesurados, el Presidente y su hermana trataron de escenificar algo parecido a la normalidad y le armaron una agenda de reuniones con ministros para delinear “la recta final de la segunda etapa de Gobierno”.

Detrás de la retórica grandilocuente, nadie en el Ejecutivo da crédito a esa pantalla de “crisis superada”, otro de los conceptos que surgió de las entrañas oficialistas. Todos en el Gobierno —incluidos los Milei— saben que la situación de Adorni se define día a día, al calor de las propiedades y los gastos que se van conociendo, las sospechosas transacciones y la causa judicial en Comodoro Py que con alta probabilidad tendrá al funcionario indagado más temprano que tarde.

Uno de los últimos datos que alimentó la presunción de ilegalidades en el ascenso económico de Adorni es que las dos mujeres que figuran como prestamistas de US$200.000 para concretar la compra del departamento en la calle Miró 550 del barrio de Caballito parecen no conocer al jefe de Gabinete. Beatriz Viegas, jubilada de 72 años, negó algún vínculo con Adorni, así como haberle concedido un crédito hipotecario, en un diálogo a través de un portero eléctrico con el periodista de La Nación Ignacio Grimaldi. Una mujer que atendió el celular de la otra prestamista en partes iguales, Claudia Sbabo, de 64 años, también dio a entender que no estaba al tanto de la operación.

De acuerdo a datos consignados en el registro de propiedad de la Ciudad de Buenos Aires, Viegas y Sbabo compraron la unidad de 200 m2 en Miró 550 al exjugador de fútbol Hugo Morales, a un precio de US$200.000, en mayo de 2025. Ambas vendieron el departamento a Adorni siete meses más tarde a cambio de US$230.000. Los valores consignados se ubican en la mitad del precio por metro cuadrado en esa zona de Caballito.

Los Milei le habían pedido a Adorni que agotara la información sobre los pormenores de su patrimonio, para evitar enterarse por la prensa de novedades inexplicables. Ante la versión de que las mujeres no conocían a Adorni, éste debió volver a responder preguntas ante la cúpula del Gobierno, pudo constatar este diario. El jefe de Gabinete les explicó al Presidente y a la secretaria general que una de las mujeres, Viegas, es la madre de un amigo, y que Sbabo es familiar de la primera.

De esta manera, el jefe de Gabinete se apresta a desmentir la versión publicada en La Nación, y también tratará de anular otra presunción que circuló en los últimos días: que Viegas y Sbabo no se conocen entre sí.

Adorni dice ahora que la hipoteca concedida será saldada con la venta del departamento en la avenida Asamblea, en Parque Chacabuco, cerca de la nueva propiedad en la calle Miró. Otra anomalía es que el precio publicado por la unidad de 191 m2 en Asamblea, US$ 289.000, es sustancialmente más alto que el abonado por Miró, pese a que esa zona de Caballito es bastante más cara.

El jefe de Gabinete insiste en que tanto la propiedad en Caballito como la casa en el barrio privado Indio Cua, en Exaltación de la Cruz, adquirida en 2024 y anotada a nombre de Angeletti, formarán parte de la declaración jurada a ser presentada el 30 de mayo. Allí también deberá dar cuenta de un nuevo automóvil, un Jeep Compass Sport de 2021, que adquirió sin haber vendido el anterior. “Los números cierran”, insistió una fuente que escuchó las explicaciones de Adorni.

El presunto enriquecimiento ilícito que investiga el fiscal federal Gerardo Pollicita incluye el flujo de gastos, como el vuelo a Punta del Este en un avión privado entre el 12 y el 17 de febrero junto al amigo Marcelo Grandio, por el que uno de ellos o entre ambos oblaron cerca de US$9.000. Desde que este diario publicó la información, el 11 de marzo, Adorni se adentró en un galimatías para explicar su vida dispendiosa del que no pudo salir.

No es el único viaje bajo la lupa de la fiscalía federal, que quedó a cargo de la causa por delegación del juez Ariel Lijo. Hay otros vuelos de Adorni y Angeletti a playas de la región que llamaron la atención de Pollicita, supo elDiarioAR de fuentes con acceso al expediente. El destino en cuestión no es Hawaii, como circuló este miércoles.

Aunque Adorni no parece tener margen para recuperar la palabra en el corto plazo, los Milei creen que podrán dar vuelta la página con la apertura de nuevos debates, siempre y cuando no aparezcan más propiedades y gustos suntuarios. Las encuestas sobre el caso difundidas hasta ahora son demoledoras para la imagen del jefe de Gabinete.

Como sea, el operativo “olvido” deberá superar el escollo judicial, que comenzó a paso firme. Como anticipó este diario, la escribana Adriana Nechevenko, quien parece una figura clave en el armado de las compras de Adorni y Angeletti, fue citada a prestar declaración testimonial el 8 de abril. Ya pasaron por el juzgado de Lijo otros testigos vinculados al vuelo a Punta del Este y la lista de convocados por Pollicita promete crecer.

Una vez superada la primera ronda de testigos y con la documentación recabada en allanamientos y pedidos de informe, será el turno de las indagatorias.

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